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• El email que compromete a capitán de Carabineros y al creador del software “Antorcha”

Los títulos falsos de Álex Smith, el hasta ahora perito informático estrella de la policía, son solo una anécdota en la más grave crisis de Inteligencia de Carabineros. CIPER accedió a documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia de La Araucanía, cruzó los datos con las declaraciones de los imputados y otros registros, y descubrió que la trama de la “Operación Huracán” esconde una segunda operación: “Andes”. Entre ambas se teje un escenario subversivo mapuche afincado en territorio chileno y argentino. Huracán y Andes se alimentan de la información capturada por las “herramientas” creadas por el “profesor” Smith. Todo ello avalado por el general Gonzalo Blu, director de Inteligencia y por su jefe: el general director Bruno Villalobos.

Las medidas cautelares que el Juzgado de San José de la Mariquina acaba de decretar en contra de Álex Smith, son un tímido paso hacia el nudo de la trama. Esto recién comienza.

SMITH, UNA PIEZA EN EL TABLERO

Álex Smith Leay no solo está acusado por el Ministerio Público de proporcionar pruebas falsas para inculpar a comuneros mapuche y de presentar títulos falsos para acreditar su idoneidad en seguridad informática. Hay otras mentiras de Smith que CIPER acreditó en el curso de esta investigación.

A pesar de que el “profesor” declaró ante la Fiscalía que Carabineros lo contrató recién en octubre de 2017, registros de la AFP Cuprum, a los que accedió CIPER, muestran que los pagos comenzaron tres meses antes. En julio Smith recibió $756.757 pagados por el Departamento de Tesorería de Carabineros. En agosto su sueldo llegó a $1.621.628, renta que mantuvo en los meses siguientes.

Lo anterior muestra que en septiembre de 2017, en pleno desarrollo de la hoy investigada “Operación Huracán”, Smith ya era un funcionario público pagado por Carabineros. Es más, documentos oficiales de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de La Araucanía (UIOE), muestran que Smith trabajó en ella desde enero de ese año. Lo que no se sabe es cómo se le remuneró entre enero y julio de 2017.

Ya como un funcionario a sueldo, las labores del “profesor” Smith se concentraron en los comuneros mapuche. En noviembre de 2017, cuando la “Operación Huracán” ya había sido ejecutada, sus pericias se dirigieron a la que sería la segunda parte de esa historia: la “Operación Andes”.

El primer rastro de que la UIOE de La Araucanía trabajaba en la continuación de Huracán, lo encontramos el 17 de noviembre de 2017. Ese día desde la casilla de correo electrónico curso2017uc@gmail.com se envió un email a Álex Smith con dos link a una noticia de marzo de 2012: “FPMR y MIR asumen responsabilidad en muerte de policía en Argentina”.

Los miembros de esa unidad de Inteligencia habían fijado su mira en Jorge Salazar, un mirista que se encuentra prófugo desde hace seis años, acusado de dar muerte a un policía trasandino en la zona de San Junín de Los Andes. Supuestamente, los software creados por Álex Smith (Antorcha, para interceptar chats, y Tubicación, para geolocalizar objetivos) habrían obtenido comunicaciones electrónicas y rutas por las que se movería el subversivo chileno, a quien iban a acusar de proveer armas a comunidades mapuche.

Supuesto recorrido de “Guille” reconstruido con las “herramientas” de Smith

Entre esas pruebas estaban las conversaciones que la UIOE de La Araucanía había supuestamente interceptado entre los hombres que ayudarían a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) a obtener armamento.

Fue así que el 28 de noviembre del año pasado, Álex Smith envió un correo electrónico con esos chats a Héctor Olave, el cabo de la policía que, según declaró Smith, era el encargado de descargar la información suministrada por Antorcha. En esos diálogos los protagonistas son dos miristas que han operado por años en la zona sur del país: Jorge Salazar y Guillermo Romero. En las conversaciones que figuran en ese email se habla de “fierros” y pagos “mitad en pesos y mitad en dólares”.

LA “OPERACIÓN ANDES”

El 4 de diciembre de 2017 la operación ya había sido bautizada: Andes. Ese día la unidad de Inteligencia de La Araucanía resumió en un documento los blancos de esa operación. Allí se individualizó a Romero y Salazar como partícipes de un intercambio de armas y dinero, el que debió realizarse dos días antes, el 2 de diciembre, en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, cerca de Puerto Varas. La fuente de esa información era la supuesta interceptación de los chats entre Guillermo Romero y Jorge Salazar.

En la entrega de armas habrían participado al menos otras cinco personas. A la única que la UIOE identifica es a “Norita”, encargada de entregar el dinero y recepcionar las armas.

El archivo que sistematizó esa información fue denominado “Operación Andes”.

A Guillermo Romero y Jorge Salazar, Álex Smith los relacionó con Héctor Llaitul, el vocero de la CAM, el principal inculpado en la “Operación Huracán” y luego sobreseído por la justicia. Uno de los chat que avalaría esa ligazón, según Smith, es el siguiente:

Guillermo: detuvieron al comandante (LLaitul)

Jorge: che mi hermano

Jorge: audio.mp3

Guillermo: la causa

Jorge: me hecho a varios primero

En un archivo PDF en poder de la UIOE se señala que este diálogo ocurrió el 24 de septiembre de 2017, un día después de las detenciones de la “Operación Huracán”. Junto a la captura de la imagen de ese chat, aparece una foto de Héctor Llaitul, a quien Romero y Salazar le dirían el “comandante”.

Según varios documentos elaborados por Smith, los celulares de los miristas estaban intervenidos desde hace meses. El respaldo de los chats que el “profesor” compiló y que envió en un correo electrónico fechado el 28 de noviembre, incluye conversaciones desde el 17 de noviembre y en ellas aparecen participando otras personas.

En uno de esos chat de la “Operación Andes”, supuestamente interceptado con las “herramientas” de Smith, aparece una comunicación de “Guille” (Guillermo Romero) con Jorge Salazar el 17 de noviembre, dos días antes de las elecciones presidenciales de 2017.

Guille: audio.mp3

Guille: 8 fierros cortos

Jorge: noche hablamos

No hay rastros de otra conversación esa misma noche, pero el chat se reanuda en la noche del 19 de noviembre, cuando se vuelve a hablar de “fierros” (armas) y de los resultados de la primera vuelta de la contienda presidencial (reproducción textual):

Álex Smith, el “profesor”

Guille: cago el hdp de piñera

Guille: no de da el 50 para la segunad vuelta

Guille: quería que pasara la sanchez

Guille: sera próxima

NUMERO PRIVADO: este es mi nuevo numero

Guille: ok

Guille: me están apurando por los fierros

NUMERO PRIVADO: el 3 en La madrugada

Guille: cascada?

NUMERO PRIVADO: ??

NUMERO PRIVADO: audio.mp3

Guille: igual hermano

Un día después la trama por los “fierros” da un nuevo paso.

NUMERO PRIVADO: hermano compañero

Guille: hola

NUMERO PRIVADO: viernes hablamos

NUMERO PRIVADO: tengo los fierros

Guille: audio.mp3

NUMERO PRIVADO: ok

Ese chat está fechado el 20 de noviembre, a 12 días de la cita fijada para el intercambio de dinero por armas: 2 de diciembre. Todas las acciones estaban supuestamente monitoreadas desde muy cerca por los miembros de la UIOE de La Araucanía. De hecho, el 24 de noviembre habrían capturado un nuevo chat sobre estos “fierros”.

Guille: Todo listo

Guille: en billetes

Guille: mitad en pesos y dólares

[][][][]: [][][][][][][][][][]

Guille: ok viejo

Guille: nos vemos

[][][][]: [][]

Cinco días antes de la entrega de los “fierros”, aparece en escena “Alexis”, quien sería según los chats interceptados por Smith el encargado de la entrega de las armas. Así reproduce la UIOE el chat del 27 de noviembre:

Alexis: YO VOY

Guille: que paso

Alexis: Enfermo che Jorge

Guille: de que

Alexis: guata

Guille: confírmame fecha

Alexis: tranquilo estare

Ese reporte de chats que Smith supuestamente capturó y envió por correo electrónico al cabo Olave de la UIOE, finaliza el 28 de noviembre con una nueva conversación entre Guillermo Romero y Jorge Salazar.

Guille: como esta la salud hermano

Jorge: mejor

Jorge: Alexis va con encargo

Jorge: sino igi llaima

Guille: legua esta apuradoGPS

Jorge: confirmo mañana

El 2 de diciembre, según el reporte de Smith, Romero y Salazar habrían intentado hacer contacto durante toda la jornada, pero no fue posible. De los siguientes reportes de Smith se deduce que la entrega de armas no se habría concretado por la presencia de “búhos” y “ratas” (ver detalles de esa eventual conversación).

En los reportes que Smith hace a los miembros de la unidad de Inteligencia de Carabineros, se indica que los chat entre Romero y Salazar se reanudan el 4 de diciembre. Allí habrían acordado una nueva fecha para la entrega de los “fierros”, ahora en Santiago:

Gonzalo Blu, director nacional de Inteligencia de Carabineros (anepe.cl)

Guille: FIERROS LARGOS

Guille: 6

Guille: MECANICO SANTIAGO

Guille: NAVIDAD

Jorge: Comprendido

Guille: David quiere tu numero

Jorge: noche hablamos

Guille: ok

Guille: dos palos cada una

Guille: 21 llegan

¿CUÁNDO SE PRENDIÓ LA ANTORCHA?

Las cuestionadas pruebas proporcionadas por los miembros de la UIOE de La Araucanía para inculpar a comuneros mapuche, acusación asumida por Carabineros al llamar a retiro a cuatro de sus integrantes, tiene otros ingredientes que son falsos y que hasta ahora no han sido conocidos.

Según declaró Álex Smith a la Fiscalía, el software Antorcha recién comenzó a ser desarrollado en julio de 2017 y se tardó “cerca de un mes en entregar un primer prototipo operativo”. Eso nos lleva al mes de agosto de 2017 en su primera aplicación práctica. Esos plazos calzan con otra aseveración que hizo Smith ante los fiscales: que Antorcha funcionaba en un servidor (“airs.cl”). La indagación de CIPER indica que efectivamente ese registro -“airs.cl”- fue inscrito el 22 de agosto de 2017.

Lo que no calza es que casi cinco semanas antes de que Antorcha y “airs.cl” estuvieran habilitados, Smith hubiera interceptado con sus “herramientas” conversaciones por chat entre Jorge Salazar y su hermana Nelly.

Y ello, porque en los documentos de la UIOE a los que accedió CIPER, consta que tanto Álex Smith como el capitán Leonardo Osses (subjefe de la UIOE), les informaron al resto de los funcionarios de esa unidad de Inteligencia de Temuco, que uno de los celulares interceptados con las “herramientas” creadas por Smith, sería el de la hermana de Jorge Salazar: Nelly. De ese aparato telefónico se habrían captado chats del 17 de julio de 2017 entre ella y su hermano:

Hermano: como estas hermanita

Nelly: super, que es de tu vida hermanito?

Hermano: quiero ir a fin de año

Nelly: Osorno… como siempre

Nelly: tengo ganas de abrazarte

Hermano: te quiero mucho

Hermano: como esta mi viejita

Hermano: el 24 de diciembre vengo

Nelly: estoy con la viejita

Nelly: audio.mp3

Hermano: audio.mp3

Hermano: las amo

De ser real el chat entre ambos, este no se captó mediante Antorcha. Tampoco otros chats que respaldan la “Operación Huracán” y que son anteriores al 22 de agosto de 2017. ¿Con qué “herramientas” se interceptaron esas comunicaciones? Es una de las preguntas que Carabineros deberá responder en la causa en curso.

La última comunicación por whatsapp entre Guillermo Romero y Jorge Salazar que habría sido interceptada por las “herramientas” de Smith, está fechada el 17 de enero de 2018, solo días antes de que la Fiscalía de Temuco disparara el misil que destruyó la “Operación Huracán”.

Guille: están destrozando al negro (emoticon televisión)

Guille: prensa momia

Guille: lo traicio los chuecos ani

Guille: vendidos traidores

Guille: hermano

Jorge: che

Jorge: los pinochetistas

Jorge: capitalismo

Jorge: comandante no se dara su brazo a torcer

Jorge: va quemar todos los camiones

Jorge: a los mate y angelini

Jorge: lo conozco

Jorge: morirá luchando

Jorge: igual que yo

Guille: toda razón hermano

Guille: necesito (emoticon dinero)

“TUBICACION”: EL OTRO INVENTO DE SMITH

En diciembre de 2017 el trabajo pericial de Smith y sus colegas en la “Operación Andes” acrecentaron su reputación. Es en esa fecha cuando la información generada por esa unidad de Inteligencia comienza a ser firmada por la “Oficina informática forence” (SIC).

Bajo esa denominación, el lunes 11 de diciembre Álex Smith tuvo en su poder el “Anexo informe”, un archivo Word donde aparecen mapas y los supuestos recorridos de Jorge Salazar y Guillermo Romero, los dos blancos principales de la “Operación Andes”.

Los recorridos habrían sido elaborados con la nueva creación de Smith: “Tubicación”. En ese documento Word se detalla que la información se obtuvo a través de redes wifi a las que se habrían conectado Salazar y Romero.

Según los peritajes del “profesor” Smith, Romero habría transitado entre las localidades San Juan de la Costa, Osorno, Cascadas, Puerto Octay, Ensenada y Petrohué. Salazar se habría movido por caminos que conectan la provincia de Neuquén, en Argentina, con Osorno, en Chile.

En su reporte, Smith afirma que pudo interceptar mensajes de whatsapp de Romero a Salazar, los que se habrían geolocalizado, construyendo así las rutas de sus desplazamientos. Ese cruce de información habría permitido precisar la ubicación de la cabaña que estaría utilizando Salazar, a 77 kilómetros al este de Osorno.

Smith explicó en detalle a los miembros de la UIOE cómo funcionaba su nueva creación para geolocalizar celulares, en una presentación en power point el 20 de diciembre de 2017. “La aplicación determina la ubicación de un móvil y números de simcard, a través de la identificación del router al que se ha conectado o que él detectó, en un rango de hora y fecha determinada” (SIC), se lee en esa presentación. También utilizaría la información de antenas celulares: “Directamente por el receptor interno del GPS del dispositivo entregando la ubicación geográfica por medio del dispositivo móvil” (ver archivo).

Técnica que habría utilizado Álex Smith para geolocalizar celulares

La nueva “herramienta” que Smith decía haber creado, era uno de sus primeros objetivos que proclamó ante los jefes de la UIOE desde enero de 2017, cuando empezó a realizar peritajes para Carabineros. Desde esa fecha Smith intentó demostrarles que él podía geolocalizar páginas web, blogs y personas que estuvieran siendo investigadas. Pero su sistema fallaba.

Así ocurrió con el peritaje de inteligencia que entregó la UIOE a la Fiscalía de Los Ríos, donde se identificó al comunero Patricio Antiago en las cercanías del atentado que el 28 de agosto de 2017 destruyó 29 camiones en San José de la Mariquina. Pero a esa misma hora, Antiago estaba en su casa, a varios kilómetros de distancia, siendo controlado por Carabineros, ya que cumplía arresto domiciliario.

Por esta razón la Fiscalía debió aclarar que Patricio Antiago no está siendo investigado en esta causa y acto seguido formalizó al “profesor” Smith por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público.

Junto a Smith fue formalizado el cabo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), Manuel Riquelme, quien habría trabajado junto al “profesor” en el supuesto software que serviría para geolocalizar celulares. Así lo declaró Smith ante la Fiscalía el 30 de enero:

“Otra de las aplicaciones que desarrollé fue una para determinar la ubicación de los teléfonos en determinados lugares. Esta herramienta la desarrollé para una investigación a cargo de la Fiscalía de San José de la Mariquina. Este software existe en el mercado y fue ofrecido a Carabineros por la misma empresa que vendió el equipo “Oxygen foresnse” y a través de él es posible, ingresando el número telefónico, determinar en qué lugar se encuentra un determinado teléfono celular, sin embargo, esta herramienta no permite determinar donde estuvo el teléfono con anterioridad. El valor de este software, según entiendo, es de cerca de $200 millones, y la empresa que lo desarrolló es norteamericana. Como el valor es muy elevado comencé a desarrollar esta herramienta, pero aún no concluyo el trabajo, a pesar de que he realizado pruebas de campo”.

Smith agregó en su declaración (después se ha negado a testificar) que esa aplicación la comenzó a desarrollar después de la “Operación Huracán”, que ese software iba a ser utilizado por el Labocar y que para ello se compró el hosting “Tubicacion” y que, además, a diferencia del software norteamericano (que costaba $200 millones), el suyo permitiría conocer el historial de ubicaciones de un celular. Dijo también que desarrolló “Tubicación” junto al cabo Riquelme, a quien conoció en la unidad de Inteligencia de Carabineros en Temuco mientras periciaban los celulares de los detenidos en la “Operación Huracán”.

Al cruzar el relato que hizo Smith ante los fiscales sobre el desarrollo de “Tubicacion” con los documentos de la UIOE obtenidos por CIPER sobre la “Operación Andes”, hay algo clave que no calza. El dominio de “Tubicacion” (tubicacion.cl) recién se inscribió en Nic Chile el 9 de enero de 2018, casi un mes y medio después de que supuestamente Smith logró con esa “herramienta” geolocalizar a Salazar y Romero.

ALEUY SE SUBE AL AVIÓN

A fines de septiembre, cuando la “Operación Huracán” estaba en marcha y el vocero de la CAM Héctor Llaitul ya estaba detenido, algunos medios de prensa comenzaron a exhibir los supuestos chats incautados por el “profesor” Smith. Y fue en ese momento que en La Moneda comenzó a hablarse de tráfico de armas desde Argentina hacia las comunidades mapuche.

Ese fue uno de los temas que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, trató con la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando viajó especialmente para ello a fines de ese mes. La alerta la había encendido otro supuesto chat interceptado por Álex Smith.

El 4 de agosto Jorge Huenchullán, uno de los detenidos en la “Operación Huracán” y líder de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, le habría enviado a Héctor Llaitul un archivo Excel con un listado de armamento: “seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas y dos fusiles”. Llaitul habría respondido: “de Argentina me van a llegar, el 15”.

Pero CIPER accedió a otro archivo interno de la UIOE que pone en duda la veracidad de ese chat. En la presentación en power point que resume la inteligencia desarrollada por la unidad de La Araucanía sobre comunidades mapuche (“Exposición coordinación zona control orden público”), se dice que el 2 de agosto de 2017 lograron capturar información de una reunión realizada en la Comunidad Autónoma de Temucuicui, gracias a “trabajo de fuentes cerradas información A-1”.

Armamento con el que contaría la Comunidad de Temucuicui, según la UIOE

El informante (“fuentes cerradas A-1”) indicó –se lee en la presentación- que Temucuicui poseía el siguiente armamento: “seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas y dos fusiles”. Es decir, el mismo listado de armamento que después aparece en uno de los chats instalados en un celular de Héctor Llaitul, y que remitiría a una comunicación de este con Jorge Huenchullán, donde supuestamente le solicitaría esas armas para ser traídas desde Argentina.

En la misma presentación oficial de Inteligencia -“Exposición coordinación zona control orden público” (ver power point)-, fechada el 4 de agosto de 2017, se dice que el armamento ya estaría en Chile.

¿Quién puso sobre el escritorio del subsecretario Aleuy los antecedentes que apuntaban a un tráfico de armas desde Argentina a las comunidades mapuche en Chile? ¿Tuvo otros antecedentes antes de decidir reunirse con la ministra Bullrich en Argentina, o solo se basó en los chats del “profesor” Smith?

CARTA DEL SUBSECRETARIO DE INTERIOR, MAHMUD ALEUY: 

Mónica González Mujica

Directora de Ciper Chile

Presente

Señora directora:

En el reportaje publicado el lunes 19 de febrero, titulado: “Operación Andes: el otro plan de Inteligencia que se vino abajo con el  Huracán”, el redactor deja planteadas dos interrogantes respecto de mi labor como subsecretario del Interior que, pese a ser respondidas públicamente en reiteradas oportunidades, creo necesario volver a recordar.

En primer lugar, los antecedentes que apuntaban a un supuesto tráfico de armas desde Argentina hacia Chile por la zona sur del país no me fueron informados personalmente por nadie sino que fueron publicados por el diario El Mercurio el martes 26 de septiembre de 2017 (C2). De hecho, durante la tarde del mismo día en que esa información se hizo pública, señalé a los medios de comunicación que “no teníamos antecedentes. Los antecedentes que han salido a la luz pública tienen que ver con lo pertinente que se informa a la Fiscalía. Por lo tanto, nosotros nos informamos a través de la Fiscalía sobre este tipo de hechos”.

En segundo lugar, la reunión que sostuve el 29 de septiembre de 2017 con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, tenía como propósito establecer las coordinaciones fronterizas necesarias para abordar la visita del Papa; avanzar en la materialización del cierre de pasos fronterizos no habilitados en el sur de ambos países, ante el aumento de incautaciones de droga en la zona; y realizar las coordinaciones necesarias para activar la cooperación judicial en caso de que existieran antecedentes en manos del gobierno argentino sobre un supuesto tráfico de armas.

Tras la reunión, señalé que las autoridades argentinas habían indicado tener información relevante respecto de la vinculación de grupos organizados en ambos lados de la frontera, mas no de tráfico de armas. Además, fui preciso en sostener que el Ministerio del Interior no podía recibir antecedentes de procesos penales, sino que lo correcto era activar las instancias de cooperación policial y judicial para aquello.

Cumpliendo lo comprometido el 29 de septiembre de 2017, la Subsecretaría del Interior ofició al fiscal nacional del Ministerio Público informando lo planteado por las autoridades argentinas, con el fin de que se establecieron los nexos correspondientes.

Con motivo de un reportaje del programa Informe Especial, en el mes de noviembre, volví a señalar que no existían antecedentes respecto del supuesto  tráfico de armas y lo mismo indiqué en el mes de diciembre, en una entrevista en Radio Cooperativa.

Por lo tanto, nunca tuve acceso a información previa de la Operación Huracán ni tampoco del tráfico de armas, por cuanto las investigaciones penales son llevadas adelante por el Ministerio Público y no por el Ministerio del Interior.

Mahmud Aleuy Peña y Lillo

Subsecretario del Interior

20 de febrero de 2018

Todo comenzó en enero de 2017, al menos oficialmente. El primer peritaje que Inteligencia de Carabineros le encomendó a su nuevo asesor informático Álex Smith Leay (44 años), fue analizar el blog donde se publicó el comunicado que reivindicaba la bomba que el 13 de enero de ese año estalló en la casa del presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, en Santiago. Cuatro días después, el “profesor”, como lo apodaban en la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de La Araucanía (UIOE), entregó a su jefe, el capitán Leonardo Osses, su primer informe.

Álex Smith, el “profesor”

Smith llegó a esa unidad de Inteligencia exhibiendo un extenso curriculum académico. La  carpeta, en donde guardaba documentos y papeles firmados y timbrados, daba cuenta de sus profundos conocimientos en computación, agricultura, negocios y docencia. Todo ello lo plasmó en la ficha de postulación que hizo a Inteligencia de Carabineros como “asesor informático”, el 20 de marzo de 2017. Allí, entre otros títulos y cursos, Smith se presenta con tres profesiones: ingeniero de ejecución agrícola de Inacap (titulado el 5 de septiembre de 2000) con la “Especialización Relevante” de “Analista Programador”, entregada en 2003 por el mismo Inacap; ingeniero de ejecución forestal, también de Inacap (titulado el 15 de noviembre de 2000) y magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Santo Tomás (titulado el 15 de enero de 2016).

Pero este lunes 19 de febrero de 2018, en la audiencia en que Smith Leay fue formalizado por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público en el Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina, el fiscal Juan Agustín Meléndez agregó un nuevo delito: “Según lo informado por Inacap, el señor (Smith) no obtuvo en esa casa de estudios el título de analista programador. La Universidad Mayor señaló que no registra títulos profesionales, ni tampoco realizó estudios, solamente realizó funciones de docencia”.

Lo que el fiscal no dijo en esa audiencia es lo que CIPER acreditó en esta investigación: que precisamente en los años en que Smith Leay registró la obtención de esos títulos ahora cuestionados, el rector de INACAP Temuco era su abuelo materno: Guillermo Leay Vera, quien dirigió esa institución al menos entre 1999 y 2006.

El abuelo de Álex Smith es un empresario prominente en La Araucanía. Fue presidente durante 20 años (hasta 2017) de uno de los gremios más poderosos de esa zona: la Asociación de Industriales de Malleco y Cautín (Asimca), entidad que forma parte de la Sofofa y de la Multigremial de la Araucanía, y que en reiteradas ocasiones ha pedido al gobierno declarar el Estado de Excepción en la zona.

“Por su importante labor dirigencial, destacamos y reconocemos la importante labor ejercida por don Guillermo Leay Vera, quien ejerció en nuestro gremio el cargo de Presidente durante 20 años”, dice la memoria 2017 de Asimca.

LAS REDES DEL “ABUELO”

Inacap no es solo la institución de educación superior donde Álex Smith realizó los principales estudios profesionales que dice haber completado. También inició allí su actividad laboral. Eso al menos es lo que se desprende de los antecedentes académicos y laborales que Smith entregó a Carabineros cuando postuló a esa institución en marzo de 2017.

Su primer trabajo -entre enero de 1998 y mayo de 2001- fue como administrador del predio “La Cantera” de propiedad de Inacap Temuco. A partir de 2001 y hasta 2008, Smith Leay declara haber trabajado como coordinador de sedes, carreras y laboratorios de diferentes especialidades en esa misma institución, cuyo rector era su abuelo materno: Guillermo Leay Vera.

Considerado un hombre público en Temuco -en enero de 2006 el Diario Austral le dedicó un perfil de dos páginas con el título de “El contador más importante de Chile”-, el abuelo de Smith Leay ha sido representante de otros gremios empresariales con gran influencia en la zona, como la Corporación de la Madera (Corma) entre 2004 y 2005. Leay Vera también figura como protagonista de diversas iniciativas culturales locales y como un destacado dirigente del básquetbol. Su nombre además, se asocia a la Fundación Mi Casa, de la que fue director; a la visita de Juan Pablo II a la capital de La Araucanía el 5 de abril de 1987 y a la Iglesia Católica, principalmente como director del Hogar de Cristo.

Inacap, sede Temuco.

En la memoria 2017 de Asimca, aparece una breve reseña de Guillermo Leay Vera: contador del Banco Central de Chile (Santiago); gerente general de la Asociación de Ahorro y Préstamo de la Frontera (Temuco), gerente de sucursales Ahorramet (Santiago), gerente general de Diners Club de Chile y vicerrector de INACAP Temuco y ocasionalmente de Valdivia. De su trayectoria académica se destaca su especialización en política monetaria.

Según los registros del Diario Oficial, Guillermo Conrado Leay Vera es miembro fundador y ha sido gerente y presidente de la Corporación Privada de Desarrollo Social IX Región (Corprix), creada en 1977. En noviembre de 1986 esa entidad se hizo cargo de cuatro colegios en La Araucanía: los liceos industriales de Temuco, Angol, Nueva Imperial y Curacautín. Los convenios fueron renovados en 1996, por el entonces ministro de Educación, José Pablo Arellano, cuando Leay Vera era el presidente de Corprix. Tres años después esa corporación recibió un comodato del Estado para ocupar dos terrenos en Nueva Imperial y Lautaro con el fin de ampliar los colegios e impartir clases de educación física.

Pero en septiembre de 2006, tras varias denuncias, la Contraloría General de la República cuestionó la compra de oficinas que hizo Corprix en el tercer piso de un edificio ubicado en pleno centro de Temuco. A ese negocio, la corporación –de la que ahora era gerente Leay Vera- destinó más de $300 millones del dinero fiscal que debió ser utilizado para la educación de los jóvenes de escasos recursos. En 2007, el Mineduc puso fin al contrato y hoy los colegios son administrados por la Universidad de Santiago (Usach).

A fines de los años 90, esa misma Corporación Privada de Desarrollo Social IX Región, constituyó la sociedad educacional, inmobiliaria y de inversiones “Corprix Limitada”, aportando el 50% de su capital. El otro 50% quedó en manos de los mismos socios de Corprix: Guillermo Conrado Leay Vera, Guillermo Olhagaray Cisterna, Luis Enrique Durán Gutiérrez y Abel Sergio Varas Fierro (con el 12,5% cada uno).

Otra de las empresas de Leay Vera es la sociedad anónima “Orbita Comunicaciones”, creada en octubre de 1998 junto al diputado Germán Antonio Becker Alvear (RN), el presidente interino de la Multigremial de La Araucanía, Gastón Carlos Caminondo Vidal; el periodista Gustavo Cid; el ex dirigente deportivo René Rosas Bombín y el empresario local José Araya Massry.

EL NEXO ACADÉMICO CON CARABINEROS

El abuelo de Alex Smith no aparece mencionado en ninguno de los documentos con los que avaló su postulación a Inteligencia de Carabineros en marzo de 2017. En su extenso curriculum vitae (29 páginas), “el profesor” se presenta con las profesiones de ingeniero agrícola, ingeniero de ejecución forestal, analista programador y magister en administración de empresas. Adjunta 18 fotocopias –algunas legalizadas- de sus diferentes títulos y certificados de cursos tanto en su calidad de alumno (desde Manejo y Manipulación de Carnes hasta Primeros Auxilios) como de docente.

Todos sus documentos académicos están fechados entre 2000 y 2016. El certificado de título de “analista programador” de Inacap –el que hoy esa casa de estudios niega haberle otorgado- está emitido en Santiago el 17 de octubre de 2003 por el Centro de Formación Técnica Inacap. Este documento exhibe un timbre de copia certificada de la notaría de Carlos Alarcón Ramírez en Temuco, el 28 de diciembre de 2012 y revalidado en esa misma notaría el 20 de marzo de 2017. El certificado de título aparece firmado por Verónica Pereira (actual directora curricular de Inacap) y tiene el N° 6401 del folio 270 del registro general de títulos de esa institución de educación superior.

Fiscal Juan Agustín Meléndez.

El lunes 19 de febrero, el fiscal Meléndez informó que la Universidad Mayor negó el título profesional de seguridad informática que Smith se adjudica en esa institución, afirmando que allí solo habría ejercido como docente. Los únicos dos certificados emitidos por esa casa de estudios que están en el dossier que Smith Leay entregó en su postulación a Carabineros, dan cuenta de un “Curso de certificación para la enseñanza online” de 65 horas académicas, extendido en Santiago, en agosto de 2013 por la Coordinación de Educación Virtual de esa universidad, firmado por el jefe del área Luis Cabrera Fuenzalida. El segundo curso, es un “Diploma de Docencia Efectiva”, otorgado en Temuco el 25 de abril de 2016 y que corresponde a una capacitación de 120 horas.

Pero la investigación de CIPER encontró otro dato importante en la carrera docente de Smith en las universidades Mayor y Santo Tomás, ambas en sus sedes en Temuco, que lo liga a Carabineros. La Universidad Mayor suscribió un convenio con la policía uniformada para entregarle cupos a la institución en distintos cursos. Entre 2012 y 2014, por ejemplo, aparecen cuatro cursos adjudicados por licitación a esa institución de educación superior. Entre ellos, dos diplomados en “Análisis de Inteligencia Comunicacional” (2013 y 2014).

El 17 de noviembre de 2017, a través de trato directo, la Prefectura Cautín contrató a la Universidad Mayor (sede Temuco) para desarrollar un curso de “Computación, rastreo, búsqueda y posicionamiento de personas, a través de la informática forense”, los mismos contenidos que Smith impartía en dicha universidad. El curso, que tuvo un valor por alumno de $144 mil, se llevó a cabo el 20 de noviembre y contó con la participación de 16 alumnos (cabos, sargentos, un subteniente y un capitán) de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Temuco. El costo total del curso, con descuentos aplicados, fue de $1.987.200.

En su dossier académico, Smith registró dos capacitaciones como docente en la Universidad Santo Tomás: cursos de “Autocad” (software de diseño para dibujo) y otro de animación (programa “Sketchup” de diseño gráfico). Según Smith, sería en esos cursos donde se habría producido el primer contacto con los policías de Temuco, los que fueron sus alumnos.

“Hace tres años más o menos, a través de la Universidad Santo Tomás, Carabineros me contactó para que hiciera un curso de ‘Autocad’ para Labocar. A los meses me contactaron nuevamente para realizar un curso de ‘Sketchup’… Hice varios cursos para Labocar no solo en Temuco, también en Valdivia. Me contactaron por diferentes universidades e impartí cursos no solo al Labocar sino al SEBV. Debido al hecho de que yo les hacía cursos a los carabineros, y ya me conocían, en enero de 2017 me contacta el capitán Osses y me pide ayuda en un asunto asociado al caso Laderretche”, afirmó en esa declaración judicial del 30 de enero pasado.

Leonardo Osses había sido uno de los alumnos de los cursos que Smith impartió. Fue así que cuando llegó a las dependencias de la UIOE de Temuco fue inmediatamente apodado como el “profesor”.

DOS INGENIERÍAS Y UN MBA

En el dossier que Smith presentó a Carabineros para su contratación como “asesor informático” de Inteligencia, el certificado de título como ingeniero de ejecución agrícola fue otorgado por el Instituto Profesional Inacap el 5 de septiembre de 2000. Es una fotocopia, sin sellos, firmada y timbrada por la secretaria general de esa casa de estudios, María Teresa Merino Gamé. Y también fue legalizado ante el notario Carlos Alarcón Ramírez de Temuco, el 28 de diciembre de 2012. El original se encontraría en el N° 6401 del folio 270 del registro general de títulos de esa institución.

La misma secretaria general aparece firmando el 15 de noviembre de ese año (2000) la copia de otro certificado de título de Smith: esta vez como ingeniero de ejecución forestal, cuyo original se encontraría en el N° 5.623, folio 375 del registro de la institución educacional. Este título también figura legalizado ante el notario Alarcón de Temuco, el 28 de diciembre de 2012.

El “profesor” Smith impartiendo clases de Excel.

Del mismo Inacap son otras tres “copias” de certificados por igual número de cursos:  uno de “Formación Pedagógica de Instructores o Relatores”, realizado en Temuco entre el 20 de marzo y el 8 de mayo de 2001, firmado por el subgerente de Capacitación, Fernando Bedregal; un segundo curso, “Actualización pedagógica para instructores o relatores según ISO 9001: 2000”, que tomó ocho horas académicas en Santiago entre el 24 y 25 de abril de ese mismo año, y lo firma el director de Empresas y Educación Continua, Tomás Irarrázaval Llona. El tercer curso es uno en línea: “Aplicaciones computacionales para la administración”, dictado en 40 horas entre el 13 de mayo y el 31 de agosto de 2015. El certificado lleva las firmas de Isabel Labra (gerente de Personas) y Alejandro Toth (director de Capacitación).

Otra casa de estudios de la que Smith acompañó tres certificados es la Universidad Santo Tomás (UST). El más antiguo (2009) es por un “Diplomado de Formación Pedagógica en Educación Superior” que duró 95 horas y fue realizado en Temuco entre septiembre y diciembre de 2009. El segundo certificado es por un “Diplomado en Gestión de Negocios” realizado en la capital de La Araucanía durante 180 horas pedagógicas en 2015 y fue emitido por la Dirección de Investigación y Postgrado. El tercer certificado de la UST es una fotocopia donde esa universidad acredita que Alex Guillermo Smith Leay obtuvo el grado académico de magíster en Administración de Empresas (MBA) el 15 de enero de 2016. El original se encontraría en el registro N° 24368 y la fotocopia contiene el timbre del mismo notario Carlos Alarcón Ramírez, el 20 de marzo de  2017.

Entre los certificados académicos que exhibe Smith Leay llama la atención uno extendido en 2005 por la Fundación Chile: el curso Licencia Digital ICDL Start, que entrega competencias en el uso de computadores personales al nivel más básico (procesador de  texto, hojas de cálculo y uso de Internet).  Lo extraño es que Smith habría tomado este curso dos años después de haberse titulado de “Analista Programador” (octubre de 2003) en Inacap.

Otro certificado que contiene el dossier de Smith es el que acredita que hizo el curso “Plan de entrenamiento para proveedores (PEP)” de 20 horas pedagógicas entre julio y agosto de 2014, dictado online por el portal de compras del Estado, Chilecompra. En ese mismo mercado público, “el profesor” se inscribió con la marca “Smith & Smith Capacitaciones”, en el rubro de capacitaciones y asesorías agrícolas, forestales e informáticas. Solo dos adjudicaciones a esa marca registra el “profesor” en 2012 y 2016: para cursos de Word y Excel por un total de $1.634.600 al Sence.

En su curriculum Smith también incorpora su experiencia como instructor en un taller digital de robótica en el Liceo Padre Hurtado de Loncoche y como relator en 16 cursos de capacitación de computación básica.

SMITH, EL GEOLOCALIZADOR

En enero de 2017, cuando Álex Smith inició su trabajo en la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía (UIOE), la bomba que estalló en la casa del presidente de Codelco le dio la oportunidad para mostrar sus dotes. No obstante, a juzgar por los resultados que entregó a la UIOE, el peritaje de la bomba enviada a Landerretche fue muy básico: con información abierta disponible en internet.

En el informe  entregado al capitán Leonardo Osses, Smith detalló paso a paso su indagación. Primero buscó la dirección IP del servidor donde se alojaba el blog de los llamados “Individualistas tendientes a lo salvaje”, el grupo que se adjudicó la autoría del artefacto explosivo. Para ello, utilizó la consola de Windows, herramienta disponible en todo computador, y en la que basta introducir el comando “PING” más la dirección web que interesa ubicar, para conocer la dirección IP. Luego, “el profesor” buscó esa IP en páginas web que geolocalizan esas direcciones, para concluir: “el servidor que la aloja está ubicado en Grecia”.

Ese primer informe incluye datos del dominio web de la página, el que se obtiene de sitios como “Whois.domaintools.com” y análisis del código fuente de la misma, el que se logra marcando la tecla F12 con un navegador abierto en cualquier página web.

Abogada Marisa Navarrete, cabo Manuel Riquelme y Álex Smith.

En su informe a Osses, Smith afirmó haber logrado detectar que hubo dos ingresos desde Chile a esa publicación: en las comunas de Estación Central y La Pintana. Pero esa información solo sirve para saber desde dónde ingresaron en Chile a leer ese comunicado, no para identificar a su autor. Expertos informáticos consultados por CIPER señalaron que es técnicamente imposible conocer quién ingresa a un sitio web usando los códigos que en su informe dice Smith haber analizado.

Muy pronto el trabajo de Smith en la UIOE se concentró en el conflicto mapuche. Y a pesar de que el “profesor” afirmó en su declaración judicial haber sido contratado por Carabineros solo a partir de octubre de 2017, los documentos de la AFP Cuprum que revisó CIPER indican que fue a partir de julio de ese año cuando la policía uniformada comenzó a pagarle a través de la vía institucional: el Departamento de Tesorería de Carabineros.

En su única declaración judicial hasta ahora (después se ha negado a declarar), Smith también afirmó haber hecho 180 “reportes” ad honorem a la UIOE entre marzo y julio de 2017. Dos fechas significativas: marzo es el mes que Smith Leay postuló a Carabineros como funcionario civil de Inteligencia y julio el mes en que la AFP Cuprum registra los primeros pagos regulares.

Hay otros archivos que dan luces del trabajo que realizó Álex Smith en las dependencias de la UIOE de La Araucanía: manejaba un archivo Excel que contenía una base de datos con información de 25.272 antenas celulares de todas las empresas proveedoras de servicios móviles repartidas por todo Chile. Pero serían los programas “Antorcha” y “Tubicación” los que Smith asegura haber creado, los que lo convertirían en pieza clave de la hoy dinamitada “Operación Huracán”.

El lunes 19 de febrero Smith y el cabo Manuel Antonio Riquelme, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), fueron imputados por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público en la causa “Huracán 2”, una arista de la denominada “Operación Huracán”, que investiga la quema de 29 camiones ocurrida el 28 de agosto pasado en San José de la Mariquina. El Ministerio Público acusó al “profesor” de proporcionar pruebas adulteradas para inculpar a comuneros mapuche. Smith quedó con firma semanal y prohibición de salir del país.

El fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, dijo en la audiencia que el creador de “Antorcha” y “Tubicación”, dos software que según Smith son capaces de interceptar mensajes y ubicación de sospechosos para investigaciones policiales, no posee el título de analista programador (Inacap), ni tampoco un diplomado en seguridad informática (Universidad Mayor). En enero pasado ante la Fiscalía de La Araucanía, Smith aseguró poseer esas credenciales.

Al finalizar la audiencia en que su formación y competencias en el área informática fueron demolidas por el Ministerio Público –al igual que la “Operación Huracán”-, un Smith cabizbajo enfrentó a la prensa. “Yo construí un vehículo y fueron otros los que lo manejaron…A mí me quieren desacreditar y así quedan todos liberados. Soy el hilo más delgado”, fueron sus palabras registradas por el Diario Austral de Temuco. Solo, fumando compulsivamente, se retiró del tribunal. En la sede de Inacap de Temuco, la sombra de su abuelo, por años rector de esa institución, volvió a merodear por sus pasillos.

Vea también:

• Los 18 certificados académicos que Smith presentó para ser contratado por Carabineros
• “Operación Andes”: el otro plan de Inteligencia que se vino abajo con el “Huracán”
• “Operación Huracán”: la trama que dinamitó los puentes entre Carabineros y la Fiscalía de Temuco
• El email que compromete a capitán de Carabineros y al creador del software “Antorcha”

La tarde del 10 de agosto de 2017 fue la primera vez que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, le habló a los fiscales de La Araucanía sobre evidencias que ayudarían a combatir los atentados incendiarios en la zona. Esas evidencias eran tan precisas que les anticipó que un día después se produciría un nuevo atentado en la Ruta 5 Sur. Les dijo que se trataba de información de Inteligencia, y que él mismo había entregado los antecedentes al Ministerio del Interior y a la Fiscalía Nacional. A esa reunión con la Fiscalía Regional de Temuco, Villalobos llegó escoltado por el coronel Marcelo Teuber y por el mayor Patricio Marín Lazo, dos estrechos colaboradores a quienes seis meses después llamaría a retiro por su eventual responsabilidad en la instalación de pruebas falsas en los celulares de comuneros mapuche.

Según han declarado funcionarios de Inteligencia de Carabineros, en agosto de 2017 el software“Antorcha” ya estaba operativo. Ellos han dicho que ese software es capaz de interceptar mensajería electrónica y que, por esa vía, descubrieron una mega organización violentista en el sur del país que se dedicaba a quemar camiones, y que mezclaba a las distintas corrientes políticas del movimiento mapuche. Los mismos funcionarios también aseguraron que Álex Smith –el perito contratado por Carabineros, quien sería el padre de los software innovadores de la policía-, era un experto informático capaz de capturar mensajería electrónica de forma remota.

A juzgar por lo que planteó Bruno Villalobos en las reuniones que sostuvo con los fiscales de La Araucanía, el general estaba exultante con las innovaciones informáticas logradas en su unidad de Inteligencia de Temuco. Una repartición creada en 2013 con el objetivo de mejorar los resultados  de la persecución a los atentados en el sur del país. Un grupo especializado que no solo se dedicaba a investigar a comunidades mapuche: durante todo 2017 realizó pericias para identificar a quienes difundían información negativa sobre Villalobos y también noticias falsas sobre la Presidenta Michelle Bachelet.

Michelle Bachelet y Bruno Villalobos

Pero hoy la situación es distinta. Han pasado seis meses de esa reunión de Bruno Villalobos con los fiscales, y hoy el general ya no está tan contento. Tuvo que llamar a retiro a cuatro de sus hombres, y las inconsistencias de los supuestos software creados por Álex Smith se ventilan masivamente por la prensa y son motivo de burla en redes sociales. En audiencias desarrolladas en juzgados de garantía, persecutores afirman que esas aplicaciones de la unidad de Inteligencia son falsas, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se suma a esa tesis ingresando como querellante a la causa que indaga la eventual inoculación de pruebas para inculpar a dirigentes mapuche de los atentados.

Todo mal para el general Villalobos. Sus hombres son el hazme reír nacional.

No ha sido un verano fácil para el general director. Cuando las irregularidades de la “Operación Huracán” comenzaban a salir a flote, tuvo la idea de salir del país, de vacaciones según se informó. El 27 de enero partió a Miami en un vuelo de American Airlines. Su plan era regresar recién el 26 de febrero. Pero se frustró, tuvo que volver a Chile a los pocos días. La paciencia del gobierno comenzaba a agotarse y la subsecretaría del Interior difundió un comunicado público donde ordenaba su vuelta inmediata al país.

Los cuestionamientos a la “Operación Huracán” (que culminó con la detención de ocho comuneros mapuche a los que acusó de formar una asociación ilícita terrorista usando como evidencia chats electrónicos) se acrecentaban. Hasta que llegó el misil: el Ministerio Público denunció a funcionarios de Inteligencia policial de falsificar pruebas para inculpar a comuneros mapuche.

VILLALOBOS ENTREGA ANTECEDENTES

Un panorama muy distinto era el que se vivía el 30 de agosto del año pasado, en pleno desarrollo de la “Operación Huracán”, cuando Bruno Villalobos llegó por segunda vez en menos de un mes a la Fiscalía Regional de La Araucanía, para poner al tanto a los fiscales de las evidencias obtenidas por su unidad de Inteligencia de Temuco. Esa vez también concurrió acompañado por el entonces coronel Marcelo Teuber, quien participó en la cita junto a los fiscales Luis Arroyo, Alberto Chifelle y Roberto Garrido.

El fiscal Luis Arroyo entregó detalles de esa reunión en su declaración en la indagatoria abierta por las irregularidades de la “Operación Huracán”:

“En esta reunión el general Villalobos nos informó a los concurrentes que poseía importante información de inteligencia sobre los sujetos que habrían participado de los últimos atentados incendiarios de Transportes Calafquen, en Metrenco , y en San José de la Mariquina, que había ocurrido dos días antes. Quería conocer los canales a través de los cuales nos podía entregar la información para que fuera útil en las investigaciones y se pudiera utilizar”.

Esos dos atentados incendiarios (Calafquen y San José de la Mariquina) estaban en el núcleo de la “Operación Huracán”. Los comuneros inculpados de haberlos provocado habían sido identificados gracias a los software creados por Álex Smith. Se trataba de chat de Whatsapp y Telegram donde los dirigentes mapuche lucían su coordinación y se revelaban como autores al felicitarse por el éxito de los ataques.

Arroyo afirmó en esa misma declaración, que el general Villalobos Krumm les informó que todos esos datos se los había hecho llegar a La Moneda. No hubo ninguna duda en sus palabras sobre la veracidad de esa evidencia.

Gonzalo Blu, director nacional de Inteligencia de Carabineros (anepe.cl)

Una semana después Villalobos retornó a la Fiscalía Regional. El miércoles 6 de septiembre llegó al edificio ubicado a los pies del Cerro Ñielol, en Temuco, junto al director nacional de Inteligencia de Carabineros, el general Gonzalo Blu. Ambos entraron a la sala de reuniones del Fiscal Regional, Cristián Paredes, quien los esperaba junto a los fiscales Roberto Garrido, Luis Arroyo y al jefe de la unidad jurídica de esa fiscalía, Felipe Mardones.

En la misma declaración que hizo Luis Arroyo en la causa por las irregularidades de la “Operación Huracán”, relató los detalles de esa tercera cita:

“Esta vez, el general Villalobos nos mencionó que tenía información concreta sobre los autores de los últimos atentados incendiarios para entregárnosla; consultó sobre la posibilidad de pedir órdenes de detención en contra de estos sujetos si se nos entregaban dichos antecedentes”.

En su versión, Arroyo dice que los fiscales le respondieron que la información debía canalizarse por las vías formales. “Fue en esta reunión que el Fiscal Regional  me instruyó oficiar de coordinador de la entrega del informe que se iba a elaborar por Carabineros y que a la postre se trató del ya tantas veces mencionado oficio N° 130”.

El Informe 130 fue el que finiquitó la “Operación Huracán”. Allí se presentaron los supuesto chats de los dirigentes mapuche coordinando atentados, financiamiento para sus acciones y se identificó a los supuestos responsables de los mismos. Todas las conversaciones electrónicas contenidas en dicho informe hoy están bajo sospecha, y los responsables directos de su “interceptación” llamados a retiro.

Quienes se mantienen en Carabineros son los dos generales que le presentaron esos antecedentes al Ministerio Público: el general jefe nacional de Inteligencia, Gonzalo Blu, y el general director de la institución, Bruno Villalobos. Blu, de hecho, firmó el Informe 130 y avaló públicamente su contenido. Cuando la Fiscalía denunció un montaje, él respondió que “la situación planteada por el Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo en regiones del sur del país”. Esta semana Gonzalo Blu solicitó días administrativos a Carabineros.

El general director, Bruno Villalobos, ya declaró ante el fiscal de Aysén, Carlos Palma, por la indagatoria judicial sobre el supuesto montaje contra comuneros mapuche. Quienes conocen los detalles de esa declaración, señalan que Villalobos afirmó que no conoció los detalles de los chats que habría capturado el software ‘Antorcha’, y que en la mayor parte de su declaración “descansó” en Gonzalo Blu, señalándolo como quien manejaba las minucias de esas maniobras. Las mismas fuentes agregan que Villalobos no profundizó en los supuestos software creados por Álex Smith: “Antorcha” y “Tubicación”.

LA INTELIGENCIA DE LA ANTORCHA

Bruno Villalobos fue dos veces director de Inteligencia de Carabineros. Desde 2008 a 2012, cuando debió enfrentar el derrumbe del Caso Bombas por pruebas inconsistentes, y entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, cuando estuvo a cargo de la reestructurada Dirección de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal.

Entre esos dos periodos se creó la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de La Araucanía. Una decisión de la policía uniformada que buscaba mayor efectividad en el control del conflicto con las comunidades mapuche. El ofició que selló su nacimiento es la Orden General N° 2173 del 27 de febrero de 2013 y quedó bajo la dependencia directa de la Dipolcar, cuyo jefe es Gonzalo Blu.

En 2016, con Villalobos instalado como general director, la UIOE fue reforzada. La resolución N° 01 del 20 de enero de 2016 creó un “equipo multidisciplinario de investigación” al interior de la unidad de Inteligencia, al que se le entregaron recursos humanos y logísticos de los departamentos OS-9 (investigación de organizaciones criminales), OS-7 (drogas) y del SEBV (Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos).

Informe entregada por Smith a la UIOE sobre noticias falsas relacionadas a Michelle Bachelet

Hoy la UIOE funciona en una casa de la calle Pablo Neruda, en Temuco, y su dotación llega a 45 hombres, los que se dividen entre “operativos” y “analistas”. Está a cargo de un jefe superior (hasta 2017 fue Marcelo Teuber) y un jefe de operaciones (hasta ahora era Patricio Marín Lazo). Cuenta con una oficina de análisis y varias patrullas operativas a cargo de “oficiales de caso” (encargados de reclutar “fuentes vivas”). También funciona allí una oficina de partes y otra de operaciones. Al menos desde agosto de 2017 opera allí además la “Oficina Informática Forense”.

Es precisamente en esa “Oficina Informática Forense” donde desarrollaba sus peritajes Álex Smith, quien decía tener el título de analista programador. Su jefe era Leonardo Osses, el capitán de Carabineros que fue llamado a retiro por Villalobos. Un tercer integrante de esa oficina era el cabo Héctor Olave, quien según la versión de Smith, era el encargado de recoger los reportes diarios de “Antorcha”, el software que interceptaba Whatsapp. El cabo Olave fue quién le relató a los fiscales cómo funcionaba esa oficina.

Olave declaró que se integró a la UIOE en mayo de 2014, pocos meses después de que fuera creada: “Esta unidad se avoca a recabar información, especialmente respecto de temas de conflicto mapuche, y asesora al mando de Carabineros; sin embargo, es también una Unidad Operativa, es decir, cumple órdenes judiciales emanadas de la Fiscalía de Alta Complejidad y realiza estudios de seguridad”.

Cuando le pidieron al cabo Olave que explicara el funcionamiento de la Oficina Informática Forense, a la que se incorporó el 23 de agosto de 2017, sus palabras se tornaron cautas: “Debo aclarar que esa oficina funcionaba con tal hermetismo que yo no podría señalar cuál era su objetivo preciso o cómo funcionaba. Yo tengo claro lo que me correspondía realizar a mí, pero no sé lo que realizaban los demás integrantes de la misma”.

Aseguró, además, que no conoce la aplicación “Antorcha”, que nunca escuchó hablar de ella y que su trabajo consistía solo en copiar de la bandeja de entrada de un email el texto que allí aparecía a un archivo Word. Y que todo ello era supervisado por el capitán Leonardo Osses.

Olave también declaró que su trabajo en esa Oficina Informática Forense consistía en revisar una sola cuenta de correo: contactos@airs.cl. Pero la indagación de CIPER indica que esa oficina utilizaba al menos otras cuatro cuentas de correos electrónicos para enviarse información entre sus integrantes.

Pericias realizadas en la UIOE sobre noticias falsas publicadas en internet que mencionaban a Bruno Villalobos y a Michelle Bachelet

La indagación de CIPER también arroja que a fines de 2016 la UIOE comenzó a reestructurarse. Acicateados por una demanda desde Santiago de mayores resultados, la Inteligencia de Carabineros en la zona ejecutó cambios, entre ellos estaría la contratación de Álex Smith.

Un cambio importante del cual también debió tomar nota el fiscal Luis Arroyo, quien hasta antes de “Huracán” era el persecutor recurrente de las causas de violencia rural. A fines de 2016 –declaró Arroyo- cambió la relación oficial que tenía con Carabineros. Ya no hubo más reuniones de coordinación de los equipos de trabajo de la UIOE con el fiscal, ahora su interlocución era solo con el mayor Patricio Marín Lazo, quien por esos días aterrizó en Temuco como nuevo mando operativo de la UIOE. Y fue Marín Lazo, hoy llamado a retiro por Villalobos,  quien separó dos líneas de acción de la UIOE: Inteligencia de la Operativa. En la versión de Arroyo, con la llegada de Marín Lazo la UIOE ganó en autonomía, pero perdió en coordinación con la Fiscalía.

Los cambios incluyeron la incorporación del nuevo “asesor civil”, quien dice haber empezado a “colaborar” con la unidad en enero de 2017. Álex Smith prometía romper las barreras de la seguridad informática.

La defensa que ha hecho Gonzalo Blu del polémico Informe N°130 que se entregó al Ministerio Público, no es solo porque lo firmó, lo que le correspondía como jefe máximo de todas las unidades de Inteligencia del país. Tanto Blu como Bruno Villalobos forman parte del núcleo selecto de los hombres de Inteligencia de la policía, y han forjado gran parte de su carrera y ascensos en esas lides. Ambos generales se han preocupado de tejer confianzas y complicidades con los mandos a su cargo en esa área. Siguen la tradición de la institución: históricamente han sabido cuidar espaldas y secretos a través de sucesiones cuidadosamente ejecutadas.

En esa línea, descabezar en estos momentos la Dirección Nacional de Inteligencia, es una decisión que tendría un alto costo. Más aún cuando todos ellos saben que en pocos días más, apenas asuma Sebastián Piñera, el nuevo gobierno tomará medidas.

Pero esa es otra historia que en estos precisos días se teje en la trastienda.

LOS PERITAJES PARA EL “1”

Que La Moneda no le hubiera pedido al general Villalobos dar un paso al costado con el escándalo del millonario fraude en esa institución, ya era extraño. Lo que resulta inconcebible es que no lo haya hecho ahora, después que se develara la madeja de las operaciones “Huracán” y “Andes”, donde quedó grabada la impronta de Villalobos.

En la documentación de la UIOE que revisó CIPER aparecen varios archivos relacionados con Bruno Villalobos. Como dato anecdótico, está la evidencia de que cada vez  que alguien insultaba al general director en las redes sociales, el capitán Leonardo Osses le ordenaba a Smith seguir la huella de ese mensaje por Twitter, Facebook o Whatsapp.

El 13 de julio de 2017, en medio del escándalo por el fraude en Carabineros, desde uno de los emails utilizados por la UIOE – extracciondatosinfo@gmail.com-, se reportó a otra de sus cuentas electrónicas -ANALISISFORENCE.ARAUCANIA@gmail.com-, un diálogo supuestamente capturado por ellos entre dos personas -“Esteban” y “Claudio”-, que encendió las alarmas:

Esteban: Necesito información de sobre sueldos de Villalobos…

Claudio: cambiaron de jefe deja ver

Esteban: solo sobre sueldos

Claudio: documento.pdf

Esteban: los últimos 10 años será posible?

Claudio: entendido

Esteban: GIF

Claudio: documento.pdf

Esteban: GIF

Eso quería decir que el llamado “Claudio” tendría acceso a supuestos sobre sueldos del general director. En el archivo revisado por CIPER no se ahonda más en el asunto, pero sí queda claro que se siguió trabajando con ese chat, porque el 2 de agosto de 2017 fue reenviado desde ANÁLISIS INFORMÁTICO (analisisforence.araucania@gmail.com) a la cuenta Hotmail del “profesor” Álex Smith.

El 23 de marzo de 2017 hay una pericia que Smith presentó en la UIOE que revela cómo seguían lo que sucedía con Villalobos en las redes sociales. Es un análisis de una cuenta de Facebook  de Juan Del Valle, en cuya foto de perfil aparece Villalobos con una X roja sobre la cara y el texto ¡¡VERGÜENZA NACIONAL!! ¡¡RENUNCIA GENERAL!!

La presentación preparada por Smith es como casi todas las que él hacía: geolocalizó el servidor de Facebook en San José, California (dice que extrajo esa información de la web www.elhacker.net), identificó el email tras la cuenta, sacó pantallazos de sus otras publicaciones, fotografías y amistades; e individualizó a quienes le dieron un like a los posteos de esa cuenta llamando a Villalobos a renunciar.

Dos meses antes, el 20 de mayo de 2017, Álex Smith le había entregado a Osses otra pericia. Esta vez le seguía la pista a un panfleto de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), entregado en una manifestación frente a la dirección general policial (Alameda, a pocos pasos de La Moneda), increpando a la institución por el millonario fraude descubierto.

Pericia realizada por Álex Smith sobre panfleto entregado en protesta de la ACES

Junto al rostro de Bruno Villalobos se lee en el panfleto estudiantil: “Con su robo y corrupción nos dejan sin educación”. Lo que hizo Smith fue periciar la cuenta de Twitter de la ACES: enumeró a los usuarios que más veces habían retuiteado, sacó pantallazos de sus publicaciones, enlistó las aplicaciones de celular utilizadas para gestionar la cuenta, precisó las horas más frecuentes en que posteaban y supuestamente geolocalizó dos direcciones desde donde tuiteaban: barrio Toesca y las cercanías del metro Pedro de Valdivia (ambas en Santiago). En ese último lugar fijó a la supuesta autora del panfleto: Sara Robles, la vocera nacional de la ACES en 2017 (no explica cómo llegó a esa conclusión).

Parte de los recursos destinados a la UIOE se ocupaban en hacer seguimiento a estas cuentas de internet. El mismo 20 de mayo del reporte del panfleto de la ACES, Smith hizo entrega de otro archivo al capitán Osses: el análisis de un video que por entonces circulaba masivamente en redes y que con sorna se refería al fraude en Carabineros: “Universidad del paco chileno” (SIC).

Luego de identificar al supuesto autor de la pieza audiovisual, el periodista Leo Piagneri, Smith dice en su informe que usó la base de datos de Carabineros para conocer su edad, estado civil y dirección particular, además de geolocalizar el lugar desde donde se habría viralizado el video: La Red TV. Un cálculo extraño incluyó en ese informe: precisó en 125.789 las veces que ese video habría sido reenviado por Whatsapp.

Informe sobre el video de la “La universidad del paco chileno”

Las indagaciones de Smith no dejaban fuera a los propios miembros de Carabineros. El 21 de abril de 2017 el “profesor” le entregó al capitán Osses un reporte sobre el seguimiento hecho a un llamado interno de Carabineros a paralizar actividades el 1 de mayo para exigir que les pagaran el “bono riesgo”. La imagen se compartía vía Whatsapp. En su informe, Smith aseguró que la geolocalización lo llevó a la subcomisaria El Castillo (La Pintana) y su autor sería el “Stgo. González”.

Al correo de Smith llegaban las alertas cuando alguien intentaba vulnerar una cuenta de correo electrónica que él protegía. Es lo que sucedió el 16 de septiembre de 2017, con un correo enviado desde la casilla electrónica huracan@airs.cl. Y que llegó a la cuenta de Smith. El asunto: “Fwd: REPORT ALERT BVILLALOBOSK@HOTMAIL.COM”. Al parecer “el profesor” Smith protegía una cuenta de correo no institucional del general director.

FAKE NEWS SOBRE BACHELET

Varios de los encargos que recibió Álex Smith en la UIOE en 2017 estaban relacionados con noticias falsas sobre la Presidenta Michelle Bachelet y su familia. En concreto, se le pedía identificar al autor.

Eso hizo “el profesor” en mayo de 2017, cuando el capitán Osses –a pedido del “1”- le encargó seguir la huella de una noticia publicada en el sitio efecto2017.com, con declaraciones falsas de Sofía, la hija menor de Bachelet: “Falta de respeto, hija de Michelle Bachelet insulta fuertemente a los chilenos: Son unos muertos de hambre miserables”, se titulaba la paparrucha.

El 3 de mayo Smith entregó su peritaje. Su conclusión no fue muy elaborada: había sido publicada el 28 de abril y su autora era una tal “Katiusca”. El sitio efecto2017.com se dedicaba a difundir noticias mentirosas de autoridades políticas de toda Latinoamérica.

Smith puso como ejemplo otra noticia falsa difundida por el mismo sitio también sobre la hija menor de Bachelet. “Alto escándalo, hija de Bachelet: ‘Me voy aquí hay pura gente de mierda’ (+ Video)”. A diferencia del anterior informe, esta vez Smith dijo haber  identificado a quien habría enviado la noticia falsa a “Katiusca”: Carlos José Vial Ochagavía, quien en Twitter mantendría la cuenta “100% pinochetista”.

Un tercer informe de Smith relacionado con Bachelet y que CIPER revisó está fechado el 28 de mayo. Ahora la paparrucha era otra: “Última hora, hija de Bachelet es internada por sobredosis de droga, la presidenta pretende censurar la noticia”. Fue publicada en efectonoticia.com, otra web de noticias falsas.

La pericia que Smith dijo haber utilizado le permitió identificar al autor: la cuenta de Twitter @fuera_bachelet, pero no encontró al dueño. En cambio, con otra cuenta desde la que se atacaba recurrentemente a Bachelet -@pago_de_chile- Smith afirmó haber llegado hasta su autor: Veronica Nieto Infante, de quien entrega en su reporte estado civil, domicilio particular, causas judiciales, y los bienes que tiene junto a su marido. El informe agrega que la gran mayoría de los tuits se publican desde la sede de la UDI en Santiago (Suecia 286), donde ella se desempeñaría como secretaria.

Pericia realizada sobre cuenta de Twitter que atacaba la administración de Michelle Bachelet

CIPER quiso confirmar con el general Bruno Villalobos su asistencia a las tres reuniones con la Fiscalía Regional de La Araucanía, realizadas entre agosto y septiembre de 2017, en pleno desarrollo de la “Operación Huracán” y que aparecen aquí relatadas.

“El general director (Bruno Villalobos) concurrió a dichas reuniones. La primera de ellas en el mes de marzo del año pasado, donde se limitó a efectuar las coordinaciones generales y presentaciones de los equipos de trabajo con los fiscales respectivos”, fue la respuesta que envió el Departamento de Comunicaciones de Carabineros y que lleva la firma del jefe de Comunicación Social, el teniente coronel Álex Chavan.

Un correo electrónico con el asunto “honorarios” recibieron en la penúltima semana de febrero los 23 ministros que asumirán el próximo 11 de marzo. Remitido por el presidente electo Sebastián Piñera, el mensaje contenía un documento adjunto, titulado “Criterios para la contratación de personal a honorarios en ministerios”, con una clara instrucción sobre el monto de los salarios que se podrán pagar a quienes concentran los mayores sueldos del aparato público.

En la minuta, Piñera pidió a sus ministros tener una “especial consideración” respecto de las ofertas salariales a jefes o encargados de prensa o comunicaciones, periodistas o asesores comunicacionales, jefes de gabinete, asesores de gabinete de ministros o subsecretarios, coordinadores de asesores o áreas, asesores legislativos, asesores en general y directores de programas. Ello, con el fin de evitar que se repitan las críticas por los altos salarios pagados a quienes ocuparon esos cargos durante su primera administración, entre 2010 y 2014.

Sebastián Piñera

En el documento de página y media, el presidente electo instruyó a sus ministros a rebajar hasta en 10% el gasto en contratación de personal a honorarios. Y les ordenó además, que los sueldos ofrecidos “en ningún caso” superen el 90% de la remuneración bruta mensual del jefe o superior de servicio.

Está por verse si la instrucción de Piñera será cumplida. De ser así, se estaría poniendo freno al aumento sin control de los sueldos de los principales cargos de confianza en el gobierno y en la administración pública en general. Según estudios especializados, ello reproduce la desigualdad en Chile.

Según datos de Transparencia analizados por CIPER, en 2017, 109 funcionarios del gobierno central percibieron sueldos iguales o superiores a $6 millones mensuales. A la cabeza del grupo figuran profesionales y directivos de la Presidencia y de los ministerios Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, Educación, Secretaría General de Gobierno y Defensa. En este equipo titular de los empleados públicos mejor pagados de Chile, aparecen precisamente los cargos a los que aludió Piñera en la minuta a sus ministros.

En el estudio “Desiguales”, publicado a fines de 2017 por el PNUD, los investigadores Matías Cociña, Raimundo Frei y Osvaldo Larrañaga sostienen que el Estado chileno replica en sus sueldos la disparidad de ingresos existente en la economía. Mientras el aparato público paga a unas 400 personas de diversas reparticiones y entidades fiscales una remuneración mensual sobre $5,9 millones, el sueldo promedio de los 5,5 millones de trabajadores que cotizan en una AFP alcanza apenas a $753.477 mensuales.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son claras: la mitad de los trabajadores chilenos recibe un ingreso mensual de $350 mil o menos y sólo el 1,2% alcanza un salario superior a los $3 millones cada mes. Es en ese 1% donde se ubica gran parte de los mandos medios de la administración pública.

CIPER revisó las remuneraciones mensuales brutas pagadas a los empleados de planta, contrata y honorarios de 19 ministerios y subsecretarías del gobierno central en diciembre de 2013 y junio de 2017, correspondientes al último año de las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, respectivamente. De la nómina se excluyó a los ministros y subsecretarios, cuyos sueldos están fijados por  ley (Escala Única de Remuneraciones) y que van incrementándose cada año según los reajustes que negocia el sector público, además de algunos bonos.

LOS MINISTERIOS DE LOS “TOP”

Las cifras analizadas por CIPER revelan que, mientras en junio de 2017, en pleno gobierno de Bachelet, había 109 trabajadores del Estado recibiendo sueldos por $5,9 millones o más, en los últimos meses del primer gobierno de Piñera (diciembre de 2013) 119 funcionarios registraban un ingreso de ese monto o superior ($5,1 millones de entonces, dinero que a junio de 2017 equivale a $5,9 millones). Las conversiones se hicieron utilizando el valor de la UF para cada período.

Michelle Bachelet

Las cifras llaman la atención, ya que en marzo de 2014 el entonces recién asumido ministro de Hacienda de Bachelet, Alberto Arenas, envió un oficio a todas las reparticiones públicas fijando un tope de sueldo para los asesores de gobierno. El texto, distribuido a ministros, subsecretarios, intendentes y jefes de servicio, establecía que los montos brutos mensuales de los honorarios “no podrán superar la remuneración bruta mensualizada del correspondiente subsecretario, intendente o jefe superior”.

Con esa medida, el gobierno de Bachelet le dio sustento a la fuerte crítica que desplegó la Nueva Mayoría durante la administración de Piñera a los altos sueldos pagados por su gobierno para lograr atraer personal altamente capacitado desde el sector privado. Pero lo prometido se quedó en las intenciones. Porque el análisis de CIPER muestra que en 2017 los salarios de los funcionarios públicos se asemejaron bastante a los de 2013.

Y como en política hay amnesia, durante la última campaña presidencial los altos sueldos y el aumento de los empleos públicos fueron un blanco frecuente de la coalición que apoyó a Sebastián Piñera.

Las cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que consideran sólo al gobierno central, muestran que mientras en 1995 el Estado empleaba a 130 mil personas, en 2010 la cifra había dado un salto a 203 mil y para 2018 se considera una planta de 250.664 funcionarios, casi el doble en 23 años. “Este incremento corresponde principalmente al programa de traspaso de personal de honorarios a contrata, destacando además un importante aumento de la dotación (2.544 personas) asociado a la puesta en marcha de nuevos jardines infantiles”, se explica en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) incorporado en la Ley de Presupuestos de este año. El monto total destinado a este aumento de personal fue cifrado en US$12.765 millones.

Solo en 2017 la Encuesta Nacional de Empleo del INE evidenció que el sector público generó 71.109 puestos de trabajo a través de sus diversas reparticiones, oficinas y programas.

REGALÍAS DE LAS QUE SE HABLA POCO

Cada año el número máximo total de empleados que tendrá cada ministerio, tanto en planta como contrata y honorarios, lo fija el Ministerio de Hacienda a través de la Dipres. En la misma operación se determina la cuantía de bonos y asignaciones. Un acápite que es mirado con mucha atención por los funcionarios y su gremio (ANEF), ya que en el sector público tienen un carácter relevante: las regalías pueden llegar a representar el 76% del sueldo.

Según publicó La Tercera en noviembre de 2017 (ver artículo) entre enero y septiembre de 2017 la suma de los casi 50 incentivos de remuneraciones que existen para los distintos servicios del aparato público implicó un desembolso para el Estado de unos US$5.841 millones. Solo entre bonos y aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad los funcionarios recibieron unos US$795 millones adicionales, un alza de 16,6% (unos US$107 millones) respecto de lo que se pagó durante el gobierno de Sebastián Piñera.

EL PAGO DE CHILE

Usualmente,  el fichaje de personal a contrata y a honorarios permite a cada gobierno incorporar su sello ideológico al aparato estatal. Una facultad del sistema presidencial imperante que se ha transformado en un importante coto de caza político ya que los sueldos que se pagan son de los mejores.

Maria Luisa Brahm

En las 24 reparticiones analizadas durante ambas administraciones se encontraron funcionarios de alto rango que recibieron ingresos por más de $7 millones: 42 personas en la administración Piñera (sueldos de más de $6,1 millones de diciembre de 2013) y 14 durante el actual gobierno.

En 2013, el mayor monto correspondió a los honorarios de la abogada y jefa de asesores del gobierno, María Luisa Brahm. La actual ministra del Tribunal Constitucional, cuyo voto fue clave para la aprobación del proyecto de ley de aborto en tres causales, registró un ingreso de $8.041.635 (325 UF, equivalentes a unos $9,1 millones).

En el actual gobierno de Bachelet, el salario público más alto corresponde al abogado Óscar Sandoval Navarrete, contratado en planta de la Presidencia como director administrativo con un sueldo mensual de $7.765.742 (291 UF).

Si se cotejan esas cifras con el sector privado, un estudio de la consultora Mercer informó en 2016 que su última encuesta de remuneraciones arrojó que el sueldo base de un gerente en Chile es de al menos $6 millones mensuales. El estudio añade que los ejecutivos locales de ese nivel son los mejor pagados de la región entre sus pares.

“SÚPER SUELDOS” PARA ABOGADOS E INGENIEROS

Al analizar los mejores sueldos de la administración central reportados por Transparencia, CIPER constató que en 2013 estos corrieron por cuenta de los ministerios Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y Energía, además del área de la Presidencia. En 2017 el ranking lo lideran tres carteras: los ministerios de Educación, Energía y nuevamente la Secretaría General de la Presidencia.

Si se examina qué carteras concentraron el mayor número de los “súper sueldos” del gobierno, se verá que en 2013 fueron los ministerios de Educación, Hacienda e Interior (36,98% del total de los mayores ingresos); mientras que en  2017 al inicio de la tabla se ubican los ministerios de Hacienda, Energía e Interior (33,34% del número total de los mejor pagados).

Ministerio de Hacienda

Otro factor que es necesario incorporar en este análisis es si esos sueldos corresponden a funcionarios pagados por planta, contrata o a honorarios. En 2013, el 52,1% de los sueldos altos correspondía a personal de planta. En promedio fueron 62 funcionarios que percibieron un sueldo equivalente a $6,6 millones (llevado a valor actual). La mitad de ellos cumplía labores en las carteras de Educación, Energía e Interior.

Si se examina la planta de junio de 2017, el 59,6% de los funcionarios de altos ingresos -65 personas con sueldos que promediaron $6,6 millones- están adscritos a los ministerios de Agricultura, Secretaría General de la Presidencia y Energía.

Respecto de los funcionarios mejor pagados bajo la modalidad “honorarios”, en la administración Piñera (2013) encontramos a 41 personas repartidas entre los ministerios de Economía, Hacienda y Educación (34,45%), recibiendo un ingreso mensual promedio de $6,3 millones (unos $7,1 millones de junio de 2017). En esa misma condición laboral, bajo la administración Bachelet (junio 2017) había 35 trabajadores con un sueldo mensual promedio de $6,5 millones, ubicados en Presidencia, Hacienda y Economía, principalmente.

A contrata, en tanto, había 16 personas en 2013 con “súper sueldos”, ganando en promedio $5,6 millones (unos $6,3 millones actuales) y se les podía encontrar mayoritariamente en los ministerios de Agricultura, Educación y Energía. En junio de 2017, bajo esa misma condición laboral, había solo nueve “súper sueldos”, con un ingreso promedio de $6,4 millones instalados en Educación, Energía e Interior.

Si se analiza por profesión, los datos de Transparencia arrojan que en ambos períodos los abogados lideraron el ranking de los mejor pagados. No sólo en número, sino que también en montos: en 2013 hubo 38 abogados entre los “súper sueldos” de la función pública,  cobrando en promedio $7 millones mensuales (valor actual). La mitad estaba en Agricultura, Defensa y Energía.

Las carteras donde se concentraron los abogados en la administración Bachelet fueron distintas: en junio de 2017 encontramos a 29 abogados repartidos en Hacienda, Interior y Educación , cobrando una remuneración mensual promedio de $6,6 millones.

Las otras profesiones con mayores sueldos pagados por el Estado en 2013 fueron ingeniería civil, sobre todo en los ministerios de Energía y Educación; mientras que en 2017 los ingenieros comerciales se convirtieron en el segundo grupo con mayor participación en los “súper sueldos”, principalmente en Hacienda y Energía.

En ambos períodos también encontramos periodistas entre los “súper sueldos” del gobierno: seis en 2013 con un sueldo mensual promedio de $6,7 millones (valor actual) y siete periodistas en la actual administración, con un ingreso mensual promedio de $6,6 millones.

La discriminación de la que son víctimas las mujeres en sus remuneraciones también se evidencia en este análisis que hizo CIPER de los “súper sueldos” que paga el gobierno de turno. En ambos períodos el porcentaje de mujeres no supera el 25%.

1% MÁS RICO

El análisis realizado por CIPER es solo una muestra de los “súper sueldos” que paga el gobierno. Pero el fenómeno se extiende a toda la administración del Estado. En su estudio “Desiguales”, Cociña, Frei y Larrañaga sostienen que existen al menos 400 funcionarios del sector público que reciben más de $5,9 millones mensuales. Con ese nivel de ingresos, todos ellos pertenecen al exclusivo grupo de casi 99.000 personas que en Chile forman parte del 1% más rico de la población.

En ese listado están la Presidenta de la República ($10,1 millones mensuales) y sus ministros ($9,1 millones mensuales en promedio), además de sus asesores más cercanos con ingresos mensuales iguales o superiores a los $6 millones.

“Desiguales” también considera en su análisis los ingresos establecidos por ley para los 21 jueces de la Corte Suprema ($9,1 millones), los parlamentarios ($9,1 millones los senadores y $8,6 millones los diputados); treinta empleados del Banco Central, incluyendo a sus consejeros ($8,7 millones o más cada uno) y algunos funcionarios de las universidades estatales. En total, la investigación de los tres académicos identificó a 230 empleados del sector público que reciben ingresos equivalentes al sueldo base de un gerente de empresa mediana e incluso de algunas grandes, sin contar sus bonos (ver tabla).

La investigación de Matías Cociña, Raimundo Frei y Osvaldo Larrañaga detalla un segundo grupo de altos ingresos con $5,9 millones mensuales bruto en promedio. En este segmento se ubican médicos y directivos de hospitales; los presidentes de las Cortes de Apelaciones ($6,7 millones) y los 169 jueces y fiscales de las Cortes de Apelaciones ($6,3 millones). También se incluye a 51 funcionarios del Senado y la Cámara ($5,7 millones).

En los sueldos de este segmento no se contabilizaron las asignaciones complementarias. “En este rango de remuneraciones se ubica la mayoría de los jefes de división ministerial, y algunos altos funcionarios del gobierno central, como fiscales, asesores de primera línea y otros. Su número varía por ministerios, pero en total suman alrededor de 150 funcionarios”, se lee en “Desiguales”.

A ese grupo, los investigadores suman otros 100 profesionales que trabajan en las superintendencias, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Dirección de Presupuestos (Dipres), del Ministerio de Hacienda.

Otro cálculo realizado por El Mercurio con cifras de Transparencia a diciembre de 2016, indicó que los funcionarios que reciben una remuneración bruta igual o superior a los $5 millones en la administración central son 600. Señala además,que seis autoridades de gobierno registraron ese año un salario mayor al de Bachelet: la ministra de Educación, Adriana Delpiano ($11,4 millones, monto que incluye un bono por modernización) y los subsecretarios Francisco Díaz (Trabajo) y Valentina Quiroga (Educación), con $10,6 millones al mes cada uno. En esa nómina de “súper sueldos” también figura el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz ($10,5 millones) y  la intendenta de Aysén, Karina Acevedo ($10,2 millones).

RAYADO DE CANCHA

Determinar si un mismo funcionario hubiera ganado lo mismo, más o incluso menos por una función similar de gestión en el sector privado, es altamente complejo. Quien se lanzó al agua es el próximo director de Dipres, Rodrigo Cerda, quien como director alterno del Instituto Clapes UC, realizó el estudio “Remuneraciones del sector público”. Allí sostieneque, “en promedio, los trabajadores del sector público están mejor remunerados que sus contrapartes del sector privado con similares características observables”.

Rodrigo Cerda

Distinta es la conclusión que hacen en las empresas “cazatalentos”. Desde allí se advierte que no siempre los funcionarios públicos ganan más que sus pares en el sector privado, porque lo que no se contabiliza a la hora de sacar cuentas es la confianza y el compromiso que significa el trabajo público. Un ejemplo claro de ello son las horas extraordinarias que un profesional debe estar a disponibilidad del gobierno. Un cargo de confianza implica también una apuesta personal por horarios y condiciones a veces menos rígidas.

Otro sector que se equipara al menos en el nivel de sueldos con su símil en el sector privado, es Salud. Representantes de los gremios de funcionarios públicos dijeron a CIPER que los sueldos en esta área deben estar alineados con el mercado, ya que se requieren trabajadores de alta experiencia técnica y manejo de personas, y como son escasos, hay que levantarlos del mundo privado.

En las próximas semanas, los ministros, subsecretarios e intendentes recién nombrados por Sebastián Piñera seguirán conformando sus equipos de trabajo con gente de su extrema confianza política. Cada uno de esos movimientos se hará bajo el atento escrutinio de los partidos del nuevo oficialismo. Todos ellos buscan poner allí a su gente, para ganar espacios, influencia y poder en vistas de las próximas elecciones en el horizonte.

Esta vez habrá un manual presidencial sobre la mesa: el instructivo “Criterios para la contratación de personal a honorario en ministerios”. Después de unos meses se verá si el nuevo gobierno llega con el cuchillo del carnicero, cortando de un lado grasa y “súper sueldos” a tajo abierto para engrosar con lo mismo en otro; o con el bisturí del cirujano: terminando con una desigualdad odiosa y ejecutando la reingeniería que el Estado necesita con urgencia.

En julio de 2016 el capitán de Carabineros Leonardo Osses Sandoval (hoy en retiro) fue sometido a proceso por la Fiscalía Militar. Se lo acusó del extravío de un arma 9 milímetros semiautomática que estaba a su cargo, y de la quema del libro de guardia que daba cuenta de su desaparición. Todo ello mientras cumplía funciones en Angol en 2013. Esa noticia fue recogida por Radio Biobio que la publicó en su página web.

Once meses después, en mayo de 2017, cuando la Fiscalía Militar ordenó la prisión preventiva para Osses, quien ya trabajaba en la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE), ese equipo de Carabineros de La Araucanía rastreó esa publicación. Y también la que dio a conocer la misma Radio Biobio sobre el castigo del que era objeto el capitán Osses.

Fueron pericias realizadas por Álex Smith, el civil de esa unidad de inteligencia que luego aseguró haber desarrollado “herramientas” para interceptar aplicaciones como Whatsapp o Telegram, las que sirvieron de sustento de la “Operación Huracán”.

Ese monitoreo no fue el único que hizo Smith para seguir el rastro de los autores de informaciones publicadas en los medios y que afectaban a algún integrante de la UIOE o de los altos mandos de Carabineros. El espionaje a periodistas fue también su foco de atención.

Quien le ordenó a Alex Smith realizar ese rastreo fue el mismo capitán que protagonizó las noticias publicadas por Radio Biobio: Leonardo Osses Sandoval (34 años, nacido en Nueva Imperial), quien en mayo de 2017 estaba a cargo de la Oficina Informática de la UIOE, la que funcionó como laboratorio de aplicaciones espías de Carabineros.

Leonardo Osses, capitán (r) de Carabineros, prestando declaración ante el Juzgado de Garantía de Temuco

El descalabro de esas aplicaciones (cuestionadas por peritos de la Fiscalía, de la PDI y por expertos informáticos) hoy tiene al general director de Carabineros, Bruno Villalobos y a su director de inteligencia, general Gonzalo Blu, en el banquillo de los acusados.

Cuando la “Operación Huracán” se vino abajo, luego que se detectara que los supuestos chats interceptados a comuneros mapuche habían sido implantados en sus celulares, el general Villalobos decidió llamar a retiro a la cúpula de la UIOE en Temuco: un general, un mayor y un capitán. Ese capitán fue Leonardo Osses.

Villalobos también despidió de la institución a Álex Smith, quien habría sido el cerebro de las aplicaciones cuestionadas. Pero Villalobos y el general Blu siguen en sus puestos. A pesar de haber respaldado las pruebas que se presentaron a la justicia como resultado de las pesquisas logradas por el equipo que integraban Smith y Osses (ver reportaje de CIPER).

CIPER accedió a documentos internos y secretos de la unidad de Inteligencia de Temuco y descubrió otros monitoreos a periodistas y medios de comunicación. Entre ellos aparece un informe que culpa a una periodista de La Segunda de difundir noticias falsas sobre la Presidenta Michelle Bachelet, otro que apunta a un periodista de El Ciudadano por publicar una información que vincula al general Villalobos con la ex ministra Javiera Blanco, y otras pericias sobre medios de comunicación mapuche, como Mapuexpress y Werkén.

En la unidad de Inteligencia de La Araucanía (UIOE) los carabineros estaban obsesionados por saber quiénes eran los periodistas que publicaban noticias sobre ellos, y la identidad de las fuentes que les entregaban los antecedentes.

RADIO BIOBIO EN LA MIRA

A las 16:34 del 31 de mayo de 2017, el capitán Leonardo Osses le envió por correo electrónico a Álex Smith un link a una noticia de Radio Biobio: “En prisión preventiva queda carabinero que habría destruido libro tras extravío de arma”. Y le agregó un número de celular, el horario de publicación de la noticia y el nombre de los autores de la misma: Carlos Martínez, el periodista que recogió y envió la información y la periodista que la publicó, Nicole Briones.

Cuatro minutos después, a las 16:38, a través de dos correos que la investigación de CIPER identificó como los vehículos utilizados por esa unidad de Inteligencia para enviarse mensajes interceptados, aparece un supuesto chat entre un informante y un periodista:

Text (SIC): CARLOS, TE INFORMO QUE AYER QUEDO EN PRISIÓN PREVENTIVA EL CAPITÁN LEONARDO OSSES SANDOVAL, QUE PERTENECE A UNA UNIDAD DE INTELIGENCIA DE LA ZONA DE LA ARAUCANÍA DE TEMUCO, POR PERDIDA DE UN ARMA POLICIAL Y POSTERIOR DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS QUE LO INCULPABAN. SGO. 1RO (sargento 1°).

Text: TE PIDO DISCRECION COMO SIEMPRE

Text: no te preocupes…

Ese supuesto chat lo recibió 28 minutos después quien debía realizar el rastreo: Álex Smith. Por simple lógica “Carlos” sería el periodista autor de la noticia (Carlos Martínez) y “Sgo 1ro”, su fuente.

Efectivamente ese 31 de mayo de 2017 el capitán Leonardo Osses Sandoval estuvo en prisión preventiva. La investigación sobre el arma que perdió en 2013 en Angol y la destrucción del libro de guardia, seguía vigente. Pero hay algo que no se entiende de ese chat entre una supuesta fuente y un periodista. Según ha declarado Álex Smith y el mismo Leonardo Osses a la Fiscalía, la aplicación “Antorcha” (que tendría la capacidad de hackear whatsapp y otras aplicaciones de mensajería) recién comenzó a operar en agosto de 2017. Por lo que hay dos opciones: o el chat es falso o no fue captado por “Antorcha”. Y si es real, cabe preguntarse: ¿cómo capturaron esa conversación los carabineros de la UIOE?, ¿existían órdenes judiciales para hacerlo?

En todo caso la hora de la supuesta conversación entre el periodista y su fuente (16:38) no coincide con la publicación de la noticia: estaba en línea varias horas antes, desde las 08:47.

En mayo de 2017, justo en la víspera de que Leonardo Osses cumpliera prisión preventiva, se realizaron seguimientos en la UIOE a otras noticias publicadas por la Radio Biobio. El 13 de mayo está fechado el informe sobre el monitoreo a dos noticias aparecidas en biobiochile.cl (la web de la radio) durante 2016. Allí se analizan dos publicaciones, una que daba cuenta de la investigación sobre Osses en Angol, y otra que anunciaba: “Regresará a La Araucanía el ex jefe de Inteligencia que reconoció uso de informante mapuche”.

Informe de la UIOE sobre publicaciones de Radio Biobio

Ese ex jefe de inteligencia era el mayor Patricio Marín Lazo, quien en ese momento era el jefe de la UIOE.

Ese informe (“Análisis publicaciones”) de Álex Smith, recibido por Leonardo Osses el 13 de mayo, contiene datos generales de la web de Radio Biobio y solo en su última lámina aporta información relevante. Sin explicar cómo, el análisis concluye que desde dos celulares y un número telefónico fijo se informaba al periodista Rodrigo Aguilera de estas noticias.

En el informe se dice que Aguilera habría transmitido esa misma información a dos periodistas de Radio Biobio. Al parecer, en la UIOE no entendían bien el funcionamiento de la página web de la emisora, porque las dos periodistas que individualizan en el informe como recibiendo finalmente los datos, son solo las encargadas de publicar las noticias (integran la sección Internet de la radio). Son otros los periodistas responsables de recoger la información, hablar con las fuentes y elaborar los artículos.

Infografía del informe de la UIOE donde se establecería cómo la información llegó a los periodistas

Contactado por CIPER el periodista Rodrigo Aguilera, quien abandonó la Radio Biobio en enero de 2017, señaló: “Ese número de teléfono que tú me das y que aparece en ese informe como el que yo utilizaba en ese momento, no me parece que sea el correcto”.

CIPER encontró otro informe de la unidad de Inteligencia que también apunta al mismo periodista. En un análisis fechado el l 10 de junio de 2016 se rastrea otra noticia publicada por Radio Biobio: “General de Carabineros de La Araucanía indagado por gastos reservados: No puedo hablar”.

Esa nota periodística publicada en la página web de la radio, se basó en una noticia aparecida en el vespertino La Segunda el 23 de mayo de 2017. Según la pericia de la UIOE, el periodista Rodrigo Aguilera habría recibido vía whatsapp la información y luego entregado los datos a la periodista Viviana Candia (La Segunda) y a Alberto González (Radio Biobio).

Infografía elaborada por Carabineros donde se sitúa al periodista Rodrigo Aguilera al centro de informaciones aparecidas en La Segunda y Radio Biobio

Hay otro supuesto chat entre un “periodista” al que no se individualiza y su fuente. El 17 de mayo de 2017 un mail de la UIOE contiene un extracto de conversación entre ese “periodista” y otra persona desde un número de celular que en otro rastreo figura como una “fuente” que le daba a Rodrigo Aguilera información desde el interior de Carabineros.

Text (SIC): JUNTEMONOS A TOMAR UN CAFÉ

Text: en el café austral?

Text: OK

Text: TE INFORMO QUE LLEGA UN MAYOR CON MALA FAMA, Y COMO LAS…

Text: Ok lo conversamos

Ese chat fue enviado desde la cuenta de correo electrónico extracciondatosinfo@gmail.com a analisisforence.araucania@gmail.com. Esas dos cuentas electrónicas eran utilizadas por los miembros de la unidad de Inteligencia para enviarse supuestas conversaciones capturadas. El capitán Leonardo Osses tenía acceso y manejaba ambos correos electrónicos.

SEGUIMIENTO A PERIODISTAS

Mayo de 2017 fue un mes en que la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía estuvo especialmente preocupada de lo que publicaban algunos periodistas. Hubo una noticia que llamó la atención de los uniformados: “La amistad que une a Javiera Blanco, el director de Carabineros y el general indagado en el caso TIC”. Fue publicada por El Ciudadano el 10 de mayo. Lleva la firma del periodista Matías Rojas.

En ese artículo se relata la amistad que existiría entre la ex ministra de Justicia de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, y el general (R) Gerardo González Theodor, indagado en el Caso TIC (ver reportaje de CIPER). La noticia se acompaña con una foto de cabecera donde se ve a Blanco y a su pareja, el senador Pedro Araya, compartiendo una comida con González Theodor y con el general Bruno Villalobos.

La pericia de la UIOE sobre esa noticia es básica. Se consignan datos generales de la web de El Ciudadano y las características de la foto de portada. Además, se incluye una lámina con otras noticias firmadas por el mismo periodista en el sitio web verdadahora.cl. Matías Rojas ya se había enfrentado con Carabineros en 2016 cuando solicitó vía transparencia los detalles de la investigación interna de la institución por la compra irregular de 29 jeeps blindados a la empresa Gildemeister (información revelada por CIPER en 2013, ver reportaje). La respuesta de Carabineros fue llegar a la Corte de Apelaciones para no entregar copia del sumario administrativo.

El informe sobre la noticia del periodista Matías Rojas fue recibido por el capitán Leonardo Osses, esta vez en su correo Gmail, el 2 de junio de 2017 a las 09:23.

Informe de la UIOE sobre noticia publicada en El Ciudadano

En junio de 2017 hay otro rastreo, pero ahora sobre un medio de comunicación: Mapuexpress.org, el que se define como un “colectivo de comunicación mapuche”. El 13 de junio de ese año, pasadas las 12 de la noche, el capitán Leonardo Osses recibió ese informe elaborado por Álex Smith en su correo electrónico.

Lo que encontró Osses fue un somero análisis de la página web y las cuentas de Facebook y Twitter del medio, a lo que se adjuntó un punteo de los dirigentes mapuche que eran usuarios de Mapuexpress.org., apuntando hacia Patricio Melillanca como responsable del hosting del sitio. En su informe Smith también afirmó haber identificado el lugar desde donde se emitirían sus mensajes de Twitter: en la precordillera de Las Condes, en medio de un bosque.

Otro comunicador mapuche que estaba en la mira de la UIOE era Richard Curinao, editor responsable del portal Werken.cl. En los reportes de las interceptaciones supuestamente capturadas por “Antorcha”, aparecen chats cuyo autor sería Curinao y que habrían sido enviados el 17 de enero de 2018, durante la visita del Papa Francisco a Temuco.

Mapuchon lef: maten pakos kuliaos !!!!!!

Mapuchon lef: NOCHE (emoticon llamas de fuego)

Mapuchon lef: ENVIEN (emoticon cámara fotográfica)

Mapuchon lef: COMO VA BLOQUEO!!!!

Mapuchon lef: LA IDEA BLOQUEAR LOS ACCESOS

Mapuchon lef: NORTE Y SU

Mapuchon lef: (emoticon llamas de fuego) PASTISALES

Mapuchon lef: TODA LA NOCHE

Mapuchon lef: MARICHIWEU !!!!!!

Pero Richard Curinao estaba desde antes en el radar de la UIOE. El 19 de abril de 2017 el capitán Leonardo Osses recibió un correo electrónico de Álex Smith con un link de werken.cl. Allí se informaba de un listado de 37 presos políticos mapuche, una dirección de Gmail, su usuario y su contraseña. Esos datos fueron obtenidos por Smith con xploitz.net, un sitio web utilizado por escolares para hackear cuentas de redes sociales.

El sistema consiste en que se le envía un link a una persona con alguna información que le interese, al abrirlo debe ingresar su nick y su password de una red social, luego esa información es enviada por Xploitz a la persona que ordenó el hackeo. Ese sistema habría utilizado Smith con el comunicador mapuche Richard Curinao.

-No tenía idea de este supuesto espionaje a mi correo. Y sobre los mensajes… jamás los escribí yo. Yo jamás escribo así –afirmó a CIPER, Richard Curinao.

LA SEGUNDA EN EL RADAR

En un reportaje anterior CIPER informó sobre la preocupación continua del personal de la UIOE por rastrear el origen de las noticias falsas o informaciones que perjudicaran al general Bruno Villalobos o a la Presidenta Michelle Bachelet y que circulaban en las redes sociales (ver reportaje “Las tres reuniones en las que Bruno Villalobos respaldó las pericias de Smith”).

Allí se entregó un informe de Álex Smith sobre un video parodia de Carabineros que publicó el periodista Leo Piagneri (actualmente en The Clinic). Luego de revisar el Facebook del periodista, Smith concluyó que el video había sido publicado desde las dependencias de La Red TV, donde Piagneri trabajó antes.

En entrevista con The Clinic, Piagneri dijo:

“Todo lo que dice Álex Smith en su informe, es falso: el video no se viralizó inmediatamente ni fue publicado en La Red. Es cierto que trabajé en ese canal pero fue hace como cinco años. Quizás el profesor chanta de Smith vinculó esa información con mi facebook donde dice que aún trabajo en ese canal (…) El informe de Smith explica también que el video fue viralizado como 128 mil veces por whatsapp, pero eso es imposible de medir. Si se pudiera, ya existiría un modelo de negocios de publicidad por whatsapp y eso no se ha hecho”.

El video de Piagneri no fue la única noticia que afectaba al general Villalobos o a Michelle Bachelet que rastreó la UIOE. Hay otro correo que recibió el capitán Leonardo Osses el 13 de abril de 2017, que contiene un interesante informe. Bajo el título “Pericia La Segunda”, se analiza el origen de una noticia falsa sobre la hija de la Presidenta Bachelet.

“Hija de @mbachelet esta detenida en Argentina x tráfico de drogas Michelle Bachelet se comunica con gobierno argentino para resolver caso” (SIC), decía el Twitter publicado por la cuenta @Cap_Caleuche el 3 de abril de 2017, la que ese mismo día fue replicada 507 veces.

El informe de la UIOE primero reprodujo pantallazos de diversas reacciones generadas en la red social sobre esta paparrucha, hasta que en la lámina número 14 geolocaliza desde dónde se publican los tuits de esta cuenta (@Cap_Caleuche): Vitacura, junto a una imagen satelital y las coordenadas del edifico de El Mercurio en esa comuna.

Lámina del informe de Carabineros que geolocaliza la cuenta de Twitter @cap_caleuche en el edificio de El Mercurio, en Vitacura

La última lámina de la presentación identifica a los supuestos autores de la noticia falsa: Gerardo Martínez y Paula Pincheira. Ambos aparecen con sus correos electrónicos. La periodista Paula Pincheira figura con su correo de La Segunda, diario en el que trabaja en la sección política.

-Casi no uso Twitter, no conozco a Gerardo Martínez y tampoco la cuenta @cap_caleuche. No opino de política, porque me parece incompatible con mi trabajo. Todo esto es medio delirante –respondió molesta y sorprendida la periodista Paula Pincheira, cuando fue contactada por CIPER.

Este domingo 11 de marzo 155 diputados y 43 senadores serán los protagonistas de la inauguración de un nuevo período del Poder Legislativo. La novedad es que, por primera vez desde la recuperación de la democracia, todos ellos fueron elegidos sin sistema binominal. CIPER revisó en detalle las sociedades de los 92 parlamentarios que debutan en el Congreso y de los 17 que, luego de uno o más periodos de ausencia, retomarán su función legislativa.

Son más de 200 las sociedades vinculadas a esos 109 parlamentarios, las que operan principalmente en los rubros de comercio e inversiones, agrícola, inmobiliario y construcción, asesorías y consultorías, transporte, publicidad y comunicaciones. Todas áreas sensibles con las que se cruzará directamente la agenda legislativa y que les abrirá a varios congresistas flancos por potenciales conflictos de interés.

Para inscribir su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), todos ellos tuvieron que cumplir con la normativa legal que los obliga a entregar una declaración de patrimonio e intereses. CIPER chequeó esos documentos e identificó a 20 parlamentarios que por distintos motivos no incluyeron en su declaración jurada sociedades en las que figuran como controladores o accionistas, vulnerando la Ley 20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (promulgada en abril de 2016).

La revisión de CIPER detectó además 14 sociedades vinculadas a siete parlamentarios, que registran multas por infracciones a distintas normas laborales, algunas de ellas básicas, como no pagar remuneraciones, exceder jornadas de trabajo y no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones.

Allí destacan dos casos paradigmáticos: el senador Rodrigo Galilea Vial (IND-RN) propietario de siete empresas que acumulan un total de 130 sanciones de la Dirección del Trabajo (DT) y el diputado del Partido Comunista Boris Barrera Moreno, socio de dos empresas (una no incluida en su declaración de patrimonio) que en conjunto suman 15 multas de la DT.

La normativa exige además a diputados y senadores desprenderse de todos sus negocios –como personas naturales o a través de sus sociedades– con cualquier organismo del Estado. Ello, en un plazo de 120 días luego de asumir en el cargo.

Son cinco los parlamentarios que deberán acogerse a esta disposición, poniéndole término a una fuente de ingresos que en algunos casos asciende a varios millones de pesos. Uno de ellos es el diputado del Frente Amplio Tomás Hirsch (PH),quien a través de dos sociedades se ha adjudicado licitaciones con organismos públicos por cerca de $300 millones.

En la nómina de los 109 parlamentarios revisada por CIPER, aparece también un puñado de diputados y senadores que han sido objeto de cuestionamientos de la Contraloría General de la República o que aparecen involucrados en investigaciones del Ministerio Público. En esa última situación se encuentran los diputados Frank Sauerbaum (RN) y Sergio Bobadilla (UDI), quienes han sido investigados por la Fiscalía por los contratos y pagos que recibieron de empresas pesqueras que se beneficiaron con la cuestionada Ley de Pesca.

SOCIEDADES OMITIDAS

La revisión de CIPER arrojó que al menos 20 de los legisladores que se sumarán al Congreso no cumplieron con la obligación de incorporar todas las sociedades comerciales que integran y que cuentan con iniciación de actividades ante el SII.

La Declaración de Patrimonio es requisito para que una postulación al Congreso sea aceptada por el Servel. La norma indica que esa declaración no debe contener errores ni imprecisiones para que sea válida, por lo que el Servel establece un plazo para correcciones. Si los errores no son subsanados, la declaración se considera como no presentada, lo que implica el rechazo de la candidatura. Para un mejor control, se envían copias a Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La revisión de CIPER, detectando omisiones o imprecisiones en 20 casos de parlamentarios electos, demuestra que el control descrito en la ley no es más que letra muerta.

Inicialmente, esta investigación arrojó que 35 de los nuevos parlamentarios figuraban en sociedades que no fueron registradas en sus declaraciones. CIPER tomó contacto con casi todos –solo cuatro no respondieron– y 15 aclararon que se trataba de sociedades que fueron disueltas; que no tienen inicio de actividades en el SII; que tenían término de giro o bien que habían vendido su participación en ellas.

Rodrigo Galilea

Entre los parlamentarios que no respondieron a CIPER se cuenta el senador por la Región del Maule, Rodrigo Galilea, quien tiene la mayor cantidad de sociedades entre los nuevos legisladores. Galilea incluyó 19 sociedades en su declaración de patrimonio, 15 de ellas en Chile y cuatro en el exterior (tres en Perú y una en Ecuador). El arco de actividades que desarrollan es amplio, lo que puede significar futuros conflictos de interés cuando legisle sobre materias que afectan sus negocios: construcción, actividad inmobiliaria, cultivo de frutales, tratamiento y distribución de aguas, inversiones y asesorías.

Galilea es también el parlamentario debutante que más sociedades ha constituido y que no fueron incluidas en su declaración de patrimonio (nueve): Inversiones Futuro, Inversiones Alto Las Cruces, Diseños Mcgráfica, Agroservicios, Servicios de Comunicación Médica, Salmones Plata, Galilea Dos, Marketing ARM Internacional Chile y Servicios Comunicacionales. Como no respondió las consultas de CIPER, no se pudo establecer por qué no las consignó.

Galilea debuta en el Congreso pero no en la política. En 2010 Sebastián Piñera lo nombró intendente del Maule, con la misión de liderar la reconstrucción de una región devastada por el terremoto del 27/F. Recibió duras críticas debido a que varias de las villas residenciales que sufrieron más daños fueron edificadas por su constructora Galilea S.A. (vea ese reportaje CIPER).

El nuevo senador aterriza en Valparaíso con el apoyo de importantes empresarios: Wolf Von Appen, controlador de Ultramar, y Nicolás Ibáñez, ex controlador de D&S (supermercados Líder), figuran entre los que le aportaron dinero a su campaña. Galilea llega a la Cámara Alta precedido por su rol como director de la Zona Sur de la Cámara Chilena de la Construcción y consejero nacional de la misma entidad.

OLVIDO Y CONFUSIÓN

Los parlamentarios que omitieron sociedades en sus declaraciones de patrimonio van desde el PC hasta la UDI.

Boris Barrera

En el flanco izquierdo figura el diputado Boris Barrera (PC, distrito de Renca, Recoleta, Conchalí, Cerro Navia). Barrera no declaró su Sociedad Industrial Sami, dedicada al servicio de aseo. “A lo mejor me traspapelé”, dijo a CIPER, agregando que hizo su declaración el último día. Barrera ingresó a esa sociedad en diciembre de 2016, por lo que estaba obligado a declararla.

En la nómina también aparece el diputado Tomás Hirsch (PH, distrito de Peñalolén, La Reina, las Condes, Vitacura). La sociedad que omitió es FIC Digital, dedicada a la confección de material para campañas, como gigantografías y pendones. Hirsch explicó a CIPER que la empresa quebró y dejó de operar. Pero reconoció que no ha hecho el término de giro. Y mientras no haga ese trámite, debe declararla.

Karim Bianchi asumirá como diputado por Magallanes. Llega a la Cámara como independiente apoyado por el PRSD. La sociedad que no declaró es Karim Antonio Bianchi Retamales Servicios Comunicacionales EIRL. Su explicación es simple: “Se me olvidó”. Según dijo, está inactiva y nunca ha hecho una boleta.

El diputado Daniel Verdessi (DC, Los Andes, Quillota, La Ligua) participa en la sociedad Centro Médico Ecotomográfico Ligua Tres, pero la omitió. Explicó que está esperando aclarar si puede mantenerse dentro de la sociedad después de asumir como diputado. Si es incompatible, dijo, se retirará. Pero la norma es clara: al momento de rubricar la declaración debió incorporarla.

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Jaime Mulet (Copiapó, Chañaral, Vallenar) y Pedro Velásquez (Coquimbo, La Serena, Ovalle), también omitieron sociedades. Mulet no incluyó a Atacama Innova (producción y venta de publicidad) ni a TSC Atacama (transportes). El diputado explicó a CIPER que como persona natural solo participa en tres sociedades, las que sí incorporó en su declaración. Sin embargo, las dos sociedades que omitió son controladas por las sociedades que sí declaró, por lo que debió consignarlas.

Pedro Velásquez no registró tres sociedades: Comercial e Inversiones Uriel, Servicios y Representaciones AMP Chile e Inmobiliaria e Inversiones del Rocío. “Me he dejado estar”, reconoció el diputado a CIPER. Y agregó que, aunque no tienen movimiento, no las ha cerrado y ahora lo hará.

Luciano Cruz-Coke

El ex ministro de Cultura y diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli, Santiago, Providencia, Ñuñoa), no declaró Santa Javiera SpA (elaboración de estudios para medios sobre arte y cultura). “Está en proceso de disolución”, dijo a CIPER.

El diputado Frank Sauerbaum (RN, Chillán, San Carlos, Yumbel), quien retorna a la Cámara tras un periodo fuera del Congreso, no declaró Bío Masa Ñuble SpA (desarrollo y explotación de energía renovable). Se confundió, señaló a CIPER, porque pensó que era lo mismo que su sociedad Planta Bio-E Ñuble, ya que ambas participan en el mismo proyecto de generación de energía. Pero las dos tienen RUT diferente y están activas, por lo que estaba obligado a transparentarla.

Otros cinco diputados de RN integran la lista de los nuevos parlamentarios que omitieron sociedades: Eduardo Durán (San Miguel, El Bosque, San Ramón); Carlos Kuschel (Puerto Montt, Castro, Chaitén); José Miguel Castro (Antofagasta, Calama, Tocopilla) y Jorge Durán (Renca, Recoleta, Conchalí, Cerro Navia).

Eduardo Durán, hijo del obispo evangélico del mismo nombre, no declaró la Compañía Minera Alfa Omega. La sociedad, explicó Durán, funcionó un año y medio, hasta 2007. Ahora, dijo, está inactiva y tiene que hacer el trámite para cerrarla. Durán tampoco transparentó su participación en la Catedral Evangélica de Chile Jotabeche Cuarenta Metodista Pentecostal, la que administra el principal templo protestante del país, lo que sí debió incluir en su Declaración de Intereses.

Carlos Kuschel reconoció a CIPER que omitió declarar la Comunidad Kuschel Silva (sucesión que heredó bienes de su padre), Monte Verde (cuyo patrimonio es un predio de 111 hectáreas) y Servicios Tenglo (administra el arriendo de cabañas).

José Miguel Castrono consignó la Sociedad Transportes y Arriendo de Maquinarias José Miguel Castro Bascuñán EIRL: “No ha tenido movimiento hace años, debería estar cerrada”, dijo a CIPER.

El diputado Jorge Durán no incluyó Lavaya SpA (limpieza de vehículos y venta de artículos de aseo). Durán indicó que se pudo haber confundido porque la sociedad se creó en la misma época en que hizo la declaración. Pero la fecha de su declaración es 17 de agosto de 2017 y la sociedad se constituyó el 6 de abril de 2017, por lo que debió incorporarla. En todo caso –dijo- que se está retirando.

Jorge Alessandri

Los nuevos diputados de la UDI Juan Manuel Fuenzalida Cobo (Coquimbo, La Serena, Ovalle), Jorge Alesandri Vergara (Santiago, Providencia, Ñuñoa) y Gastón Von Muhlenbrock (Valdivia, La Unión, Panguipulli), también dejaron sociedades sin declarar. A ellos se une Sandra Amar Mancilla (Magallanes), quien conquistó un escaño en la Cámara como independiente con apoyo de la UDI.

Fuenzalida dijo que no declaró Rentas Juan Manuel Fuenzalida Cobo EIRL, porque está sin movimiento comercial y no mantiene activos.

Alessandri omitió las sociedades Recreo Entretenimientos y Producciones After Office. Sobre la primera, señaló que él no es dueño director, porque la constituyó a través de otra sociedad: “No sabía que había que declararla, voy a preguntar para hacerlo bien”. Sin embargo, los registros indican que la constituyó como persona natural y que tiene su control, por lo que debió declararla. Respecto de Producciones After Office, participa en ella a través de otra sociedad: Zintex Producciones, la que sí está declarada.

En los registros revisados por CIPER Gastón Von Muhlenbrock figura con participación en Agrícola San Alberto, pero no la declaró. Von Muhlenbrock no respondió los mensajes de CIPER, por lo que no se pudo establecer por qué la omitió.

La situación de Sandra Amar es bastante menos grave que la del resto: se confundió y no declaró su empresa Sandra Haydee Amar Mancilla, Estudios, Asesorías Profesionales, Capacitación y Eventos EIRL, pero sí la consignó en su declaración de intereses, como una de las actividades económicas que realiza.

SENADORES QUE OMITIERON

Cuatro de los nuevos integrantes de la Cámara Alta también omitieron sociedades. Al ya mencionado Rodrigo Galilea, se agregan Rafael Prohens (RN, Atacama), José Durana (UDI, Arica y Parinacota) y David Sandoval (UDI, Aysén).

Rafael Prohens

El futuro senador por Atacama reconoció a CIPER que fue un error no incluir Prohens Servicios (asesorías contables, financieras y computacionales). Formó esa sociedad con sus hermanos, dijo, y ya no trabaja con ellos: “Tengo oficina aparte”. Pero su participación societaria está vigente, por lo que corregirá su declaración.

José Durana no declaró tres sociedades: Editorial del Sur, F&S Consultores y Durana, Mc Conell Cía Limitada. La información proporcionada por su encargada de prensa indica que respecto de las dos primeras sociedades el senador cometió el error de declararlas solo como actividades económicas. Sobre la omisión de la tercera sociedad –Durana, Mc Conell Cía Limitada–, no respondió la consulta de CIPER.

David Sandoval admitió a CIPER que se equivocó al no incluir la Sociedad Comercial, Agrícola, Ganadera y Forestal Ventisquero en su declaración. Se confundió, dijo, porque al llenar el formulario del Servel el sistema le arrojaba que la sociedad llevaba muchos años inactiva, por lo que pensó que no debía incluirla. Consultando a otros parlamentarios supo que varios enfrentaron la misma situación y le explicaron que de todas maneras debía registrar la sociedad. A través de su asesora de prensa informó su intención de subsanar el error.

INFRACCIONES LABORALES

Los ajustes a la Reforma Laboral del gobierno de Michelle Bachelet están entre las prioridades de la administración de Sebastián Piñera. El nuevo equipo económico quiere introducir cambios en dos hebras sensibles: los servicios mínimos, en los que se buscará morigerar los efectos de la prohibición del reemplazo en huelga; y los grupos negociadores, donde se pretende “corregir” la figura de los sindicatos como únicos representantes de los trabajadores en una negociación colectiva.

Varios parlamentarios con sociedades en rubros que requieren un fuerte contingente de mano de obra (como el agrícola y la construcción), deberán legislar sobre esas materias. Lo grave es que en el desarrollo de sus negocios personales, un puñado de ellos no se ha caracterizado por cumplir con la normativa laboral. CIPER detectó 14 sociedades de siete nuevos parlamentarios a las que la Dirección del Trabajo (DT) les ha cursado sucesivas multas.

El caso más grave es el de Rodrigo Galilea: siete de sus sociedades acumulan 130 multas entre 2013 y 2018. Las empresas de Galilea sancionadas son: Constructora Pehuenche (61 multas); Constructora Galilea (36 multas); Aguas y Riles (17 multas); Aguas San Pedro (11 multas); Aguas y Riles Servicios (2 multas), Inversiones e Inmobiliarias Comerciales (2 multas) y Agrícola y Comercial El Volcán (1 multa).

Entre las sanciones figuran: no pago de remuneraciones, no otorgar descanso semanal compensatorio, no cumplir estipulaciones de instrumento colectivo, no suprimir los factores de peligro en el lugar de trabajo, no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones, no disponer de duchas con agua fría y caliente, exceder jornada ordinaria máxima de 10 horas e implementar un sistema ilegal de distribución de la jornada laboral.

CIPER intentó comunicarse con Rodrigo Galilea, por teléfono y a través del equipo de comunicaciones de su partido. No hubo respuesta.

El diputado Boris Barrera es socio de dos empresas de mantenimiento industrial que suman en total 15 sanciones: Tecmaqin SpA y Sami Limitada. Tecmaqin acumula ocho multas de la DT, todas cursadas en 2017, por no declarar cotizaciones previsionales y no registrar contrato de trabajo de menores de 18 años, entre otras. Sami ha sido sancionada en siete oportunidades (2014 y 2015) por no otorgar finiquito de trabajo, incumplir el plazo de pago al trabajador y no presentar documentación completa.

La empresa de seguridad Zintex Eventos, cuyo controlador es el diputado Jorge Alessandri Vergara, registra tres multas entre mayo y septiembre del 2017. Alessandri señaló a CIPER: “Es una empresa de seguridad con 300 trabajadores y todo el tiempo nos están cursando multas, pero por temas menores (…) Soy uno más de los pymes de Chile que tiene que sufrir y cumplir con toda la normativa con poco personal. Encuentro súper bueno que los parlamentarios tengan experiencia emprendiendo, contratando, desvinculando, así uno puede legislar desde la experiencia”.

La sociedad RPE Maquinarias, propiedad del senador Rafael Prohens, registra tres multas en marzo de 2017 por extensión de horas de trabajo y no pago de horas extraordinarias.

-Entramos a una faena minera con un régimen 4X4, jornada que debe ser aprobada por la Inspección del Trabajo. En esa inspección nos pidieron que hiciéramos un depósito y nos dieron un número de cuenta en el BCI. Hicimos el depósito pero ellos se equivocaron y la cuenta correcta era del Banco del Estado. Por ese error la jornada no quedó aprobada y nos pasaron las tres multas. Aunque el error no fue nuestro, tuvimos que pagarlas y hacer el trámite de nuevo –explicó Prohens.

Medios y Cultura SpA, sociedad del diputado Luciano Cruz-Coke, y de la que también es socio el nuevo subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva Aldunate, ha sido infraccionada tres veces (por no entregar el trabajo convenido y no comparecer a citación). Cruz-Coke declinó abordar el problema y solo dijo que esas multas ya estaban pagadas y resueltas.

Ximena Ossandón

En mayo de 2014, la Dirección del Trabajo aplicó tres sanciones a la sociedad Agrícola Santa Ximena, de la que es socia la ex directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y hoy diputada por el Distrito 12 (Región Metropolitana) Ximena Ossandón Irarrázabal (RN). Los motivos: no informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales y no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, entre otras.

-En Agrícola Santa Ximena tengo un 0,2%, no participo ni he participado de su administración, por lo que no tengo nada que ver con esas multas -explicó a CIPER.

A la lista de sociedades de parlamentarios con infracciones de la DT se suma una empresa en la que participa la diputada por el Distrito 11 Catalina del Real (RN). La sociedad Comercial e Inmobiliaria El Coigüe registra dos multas (una por distribuir la jornada laboral en más de cinco días y otra por exceder las 12 horas diarias de permanencia en el trabajo). Del Real respondió a CIPER que esa sociedad “operaba el restorán de mi hermano, el Miraolas, entonces por eso deben ser las multas y debe estar solucionado. Yo me retiré del restorán cuando salí concejal de Vitacura”.

NEGOCIOS CON EL ESTADO

Son al menos cinco los nuevos parlamentarios que figuran con sociedades que tienen (o han tenido) como clientes a organismos del Estado: Tomás Hirsch, José Durana, Jaime Mulet, Karim Bianchi y Miguel Mellado. Los contratos, en algunos casos, son millonarios.

La nueva ley de probidad y prevención de conflictos de interés obliga a que en los próximos días todos ellos se retiren de esas empresas o que estas se abstengan de hacer negocios con el Estado. La norma también incluye aquellas sociedades que exploten concesiones públicas, como las de radiodifusión.

Uno de los parlamentarios afectado es el diputado Tomás Hirsch. Desde 2006, su sociedad Matrix Limitada se ha adjudicado cerca de 200 licitaciones con municipios, universidades estatales, las Fuerzas Armadas y hasta la propia Cámara de Diputados. El monto total de las órdenes de compra cursadas a esta sociedad de comercialización de equipos e insumos para la industria gráfica, alcanza los $192 millones.

Una segunda empresa de Hirsch, Decosolar SpA, ha obtenido $109 millones en adjudicaciones de las municipalidades de Antofagasta, Calbuco y del Parque Metropolitano, a los que les prestó servicios de iluminación. La última orden de compra data del 28 de febrero de este año.

Hirsch indicó a CIPER que para evitar conflictos de interés está vendiendo sus acciones en Decosolar. Respecto de Matrix, afirmó que permanecerá como accionista, pero que se restará de hacer negocios con el Estado.

El ex intendente de Arica y Parinacota y senador por esa misma región, José Durana, es socio de Anticípate F&S Consultores Limitada, la que registra seis órdenes de compra en 2014 y 2015 ($6,7 millones en total) por servicios de consultoría y capacitación a los municipios de Puerto Montt, Cholchol, Ollagüe y Macul.

En F&S es socio de Durana el recién nombrado subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry. Esa consultora asesoró al Consejo de Rectores de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica (Vertebral), mientras se discutía la reforma educacional. Siglos SpA, sucursal de F&S, registra otras cuatro órdenes ($1,6 millón en total).

A través de Inversiones Mallorca EIRL, el diputado por Atacama Jaime Mulet participa de la sociedad Rodríguez y Compañía, propietaria de la Radio 100.1 de Vallenar. La emisora tiene concesión con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y entre 2015 y 2018 registra once órdenes de compra por un total de $3,1 millones con la Municipalidad de Vallenar, la Gobernación de Huasco y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros. El 2 de febrero pasado Rodríguez y Compañía se adjudicó una licitación del Servicio de Salud de Atacama ($750 mil) por la compra de ocho cápsulas radiales.

Mulet señaló a CIPER que había cedido la administración y dirección de la radio a un tercero y que al asumir como diputado dará “estricto cumplimiento” a sus “obligaciones legales y constitucionales”.

Quien también participa en el rubro de la radiodifusión es el diputado electo Karim Bianchi, socio de Radio Soberanía y de Voz Austral. A través de ambas le ha prestado servicios de publicidad a municipios, Sernam, SAG y varias seremis.

Entre 2012 y 2015, Voz Austral registra 83 órdenes de compra por un total de $39 millones. Radio Soberanía, en tanto, tiene 51 órdenes de compra por $20,1 millones. Ambas sociedades también recibieron recursos públicos del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales en 2017.

Bianchi señaló a CIPER que se está desprendiendo de sus negocios radiales: “Radio Soberanía se está vendiendo y toma tiempo porque depende de los plazos de la Subtel”.

Miguel Mellado

Las comunicaciones es un rubro en el que otros nuevos parlamentarios mantienen negocios con el Estado. El diputado Miguel Mellado Suazo constituyó en 1992 –junto a los controladores de la Universidad Autónoma– la Sociedad de Televisión y Radiodifusión.De 2006 a la fecha la empresa se ha adjudicado más de 60 licitaciones por cerca de $280 millones con distintas reparticiones públicas de La Araucanía: municipios, Serviu, Sernam, Conaf, Fonasa y Conadi. La sociedad también registra adjudicaciones de la Gobernación de Cautín en 2010 y 2011, justo en el periodo en que Mellado Suazo asumió como máxima autoridad de esa entidad pública.

Miguel Mellado indicó a CIPER que mantuvo hasta el 2010 una porción minoritaria en la propiedad de esa sociedad (un 1% o 2%, dijo) y que se desprendió de ella, también de su administración, antes de asumir como gobernador en marzo de ese año. Mellado envió copia de los documentos legales que registran su retiro de la sociedad (ver reportaje de CIPER).

LA LUPA DE LA CONTRALORÍA

Rolando Rentería Möller (UDI), diputado electo por el Distrito 18 (El Maule), estuvo 16 años en el municipio de Linares, primero como concejal (2000-2008) y luego como alcalde (2008-2016).

En los ocho años de Rentería como alcalde, la Contraloría acumuló una larga lista de acusaciones en su contra. Entre las que más lo comprometían figuran un proceso de licitación para la mantención de las cuentas corrientes del municipio con el Banco BCI y un viaje de funcionarios y dirigentes deportivos al Mundial de Brasil en 2014.

En un informe de noviembre de 2014, el organismo contralor determinó que la contratación del Banco BCI favoreció la gestión de Rentería con diversos “aportes” monetarios a cambio de publicidad. Uno de esos aportes (mayo de 2014) sirvió para costear gran parte de la gira de 105 dirigentes deportivos, seis funcionarios municipales y dos concejales al Mundial de Fútbol. Contraloría desestimó que fuera un beneficio para la comunidad y reprochó que nunca se aclarara cómo fueron seleccionados los participantes y en qué consistieron las supuestas capacitaciones que recibieron en Brasil.

Rolando Rentería

En 2016, el cúmulo de irregularidades detectadas por Contraloría puso a Rentería contra las cuerdas: el organismo le solicitó al Concejo Municipal evaluar una acusación contra el ex alcalde por abandono de deberes y sugirió aplicarle una sanción de cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Rentería ya había dejado el sillón municipal para asumir su candidatura al Congreso y esa sanción le habría puesto fin a su carrera política. Pero el Concejo Municipal nunca llevó adelante esa acusación. La concejala de Linares desde 2012, Myriam Alarcón (PPD), explicó a CIPER que el actual alcalde Mario Meza (RN) no puso el tema en tabla con la celeridad necesaria y que las veces en que se programó, no hubo quórum para sesionar. Finalmente, las faltas prescribieron y Rentería no pudo ser acusado.

Rentería atribuye todo a una persecución política: “Tenían claro que yo tengo la primera mayoría histórica en Linares”, dijo a CIPER. Respecto del viaje a Brasil, responsabilizó a una abogada contratada por el municipio, quien habría acreditado que todo estaba en regla. Argumentó, además, que la decisión del viaje no fue solo suya, sino del Concejo Municipal.

Quien también estuvo en la mira de la Contraloría es la diputada Andrea Parra (PPD). En 2016 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) la contrató a honorarios para realizar labores de seguimiento y articulación en mesas territoriales del programa Chile Indígena.

La Contraloría descubrió numerosas irregularidades en esa contratación. La más grave: de las 16 mesas que Parra incluyó en sus reportes mensuales, nueve ya contaban con consultoras contratadas por licitación pública para las mismas labores. Además, se investigó la veracidad de las reuniones que Parra detalló en sus informes. Varios organismos negaron su existencia y una fue completamente descartada, pues la funcionaria municipal que figuraba como contraparte ya no prestaba servicios cuando Parra fechó el encuentro.

Andrea Parra

El órgano fiscalizador ordenó a Conadi restituir los $9,9 millones que le pagó a Parra entre noviembre de 2016 y abril de 2017 (ver informe). La diputada aclaró a CIPER que la sanción está en proceso, tras una apelación de la Conadi: “Solo hay un par de reuniones que no se realizaron, pero eso no implica que tengas que devolver meses de trabajo”.

La Contraloría también investigó los pagos que recibió de la Municipalidad de Linares el ahora diputado por el Distrito 17 (Maule) Hugo Rey (RN). En enero de 2017 fue contratado como “asesor técnico educativo” por más de $1 millón mensual, a pesar de que en mayo y junio debía trabajar por contrato solo ocho horas semanales. La Contraloría ni siquiera pudo comprobar si cumplió con esa jornada mínima. La investigación determinó que no se pudo acreditar la ejecución del trabajo y que Rey nunca visitó los establecimientos educacionales (ver informe).

-Yo hice las solicitudes de información a la municipalidad y me entregaron gran parte de los planes que hice, con letra manuscrita mía, y los más de 30 correos que intercambié con la Dirección de Educación. En unos días la Contraloría resolverá la apelación del municipio y no me cabe duda de que finalizará de manera favorable para mí –afirmó Hugo Rey a CIPER.

Esa no fue la primera vez que Contraloría cuestionó al ahora diputado. En 2010, cuando Rey era alcalde de Curicó, el organismo lo acusó de pagar a funcionarios por trabajos que no estaban debidamente respaldados (ver informe).

Sergio Bobadilla y Frank Sauerbaum volverán a pisar el Congreso este 11 de marzo. Ambos perdieron sus escaños en 2013, pero apenas dejaron la Cámara prestaron servicios a empresas pesqueras. Bobadilla y Sauerbaum habían integrado la Comisión de Pesca de la Cámara, instancia donde el lobby de las pesqueras se hizo sentir con fuerza para proteger sus intereses en la discusión de la cuestionada Ley de Pesca. Ambos aparecen en las pesquisas del Ministerio Público por sus nexos con Asipes.

Varios correos electrónicos publicados por CIPER dejaron en evidencia la estrecha relación entre Sauerbaum y el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada. El rol de Sauerbaum consistía en enlazar a otros parlamentarios de RN con Moncada, recibir minutas y coordinar pagos por sus servicios a través de boletas presuntamente falsas de la empresa de su hermano. Por sus trabajos para Asipes, Sauerbaum recibió $6 millones en 2016.

Sergio Bobadilla

Bobadilla y Asipes formalizaron su relación a través de un contrato con la consultora Bobadilla & Crovetto (de su propiedad) para la entrega de resúmenes noticiosos mensuales. Según un artículo de La Tercera, la consultora del diputado estaría siendo investigada por el Ministerio Público por asesorías a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y que fueron pagadas por Asipes.

Jorge Soria Quiroga (IND-PPD), nuevo senador por Tarapacá, fue alcalde de Iquique durante siete periodos. En 2006 Soria fue destituido como alcalde. Se le acusó de pagos irregulares por más de $100 millones hechos por el municipio a una empresa contratista cuyo dueño era cercano a Soria. En 2009 la justicia lo condenó por fraude al Fisco, negociación incompatible y cohecho. En 2012 la Corte Suprema revocó de manera unánime la condena y ese mismo año volvió a ser electo alcalde de Iquique.

Esta investigación contó con la participación de las estudiantes en práctica Constanza Cabrera (Universidad de Chile) y Constanza Pastor (Universidad Diego Portales).

Con una experiencia laboral de 14 años en el área de las cobranzas judiciales llega este domingo a la Cámara de Diputados el ingeniero comercial Miguel Mellado Suazo (RN, 59 años), para  iniciar su primer periodo por el Distrito 23 (La Araucanía).

Uno de los primeros proyectos de ley que deberá discutir el Congreso es el que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE), enviado esta semana por el actual gobierno. La discusión se anuncia candente pues el controvertido CAE mantiene endeudados a más de 600 mil estudiantes, reportándole ingentes utilidades a la banca.

Miguel Mellado conoce bien de cerca la realidad del endeudamiento universitario. Fue allí donde supo explotar una oportunidad de negocios. Junto a su esposa (Marcia Morales), Mellado Suazo creó en 1997 la sociedad Ferycec Servicios y Compañía Limitada, una empresa de cobranza judicial entre cuyos clientes más importantes está la Universidad Autónoma.

La indagación de CIPER arrojó que desde 2004 a la fecha, la empresa de Mellado ha iniciado cerca de siete mil acciones judiciales de cobranza por montos que van desde los $100 mil a los $5 millones.

Paralelo a su empresa de cobranza, Miguel Mellado ha sido gobernador de la Provincia de Cautín (2010-2013) y consejero regional (core) en La Araucanía (2014-2016). Tras su salida de la gobernación de Cautín, y simultáneamente a sus labores como core, Mellado asumió como director de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Autónoma, la misma donde estudian los alumnos a los que su empresa Ferycec les cae encima por el retraso en el pago de sus mensualidades (ver aquí).

El vínculo de Mellado Suazo y la Universidad Autónoma –propiedad de la familia Ribera Neumann y cuyo rector es el ex ministro de Justicia de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera– es de larga data. Y no solo porque fue allí donde el hoy diputado obtuvo su título de ingeniero comercial (ver aquí).

Entre 2002 y 2010, Mellado se desempeñó como director ejecutivo del canal de televisión de la universidad, el que es controlado por la “Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A.”, constituida en diciembre de 1992 por el propio Mellado junto a Jaime Ribera Neumann y a la Inmobiliaria Teodoro Ribera y Compañía (rebautizada como Inmobiliaria Gaudí).

Televisión y Radiodifusión se ha adjudicado decenas de licitaciones con distintas reparticiones públicas por más de $280 millones. Al menos nueve de ellas corresponden a licitaciones adjudicadas por la Gobernación de Cautín a esa sociedad justo en el periodo en que Mellado se desempeñaba como máxima autoridad de esa gobernación.

Esa no ha sido la única vez en que el diputado ha estado en ambos lados de la vereda. Porque pese a ser propietario de una empresa de cobranza, distintas circunstancias lo han llevado a vivir en carne propia el endeudamiento.

Un artículo de Radio Bío Bío de marzo de 2010 reveló que en 1984 Mellado fue acusado en 15 querellas por giro doloso de cheques “avaluados en cientos de millones de pesos, dictando los juzgados de la época órdenes de detención”. La nota señala que para eludir la acción de la justicia, Mellado decidió emigrar a Argentina, permaneciendo “prófugo por varios años hasta que, según fuentes de tribunales, retornó al país en 1989 cuando sus causas ya estaban prescritas, no cancelando nunca dichos compromisos”.

Más tarde, en 1995, Mellado Suazo volvió a tener problemas con la justicia por deudas contraídas con la banca de Temuco.

FERYCEC SERVICIOS Y COMPAÑÍA

“Por el presente instrumento, las partes acuerdan que en conformidad al artículo 37 de la Ley N° 19.496, la Universidad Autónoma de Chile podrá en caso de mora, simple retardo o atraso en el pago de la obligación a que se refiere el presente documento, cobrar además, en forma directa o a través de la empresa de cobranza externa Ferycec Servicios y Compañía, los gastos de cobranza extrajudicial sobre las deudas morosas o atrasadas que permita la ley antes indicada”.

Así se lee en el “Contrato de prestación de servicios educacionales”, el documento que deben firmar cada año los apoderados de los alumnos de la Universidad Autónoma para su inscripción y regularización (ver aquí).

En la declaración de Patrimonio e Intereses -a la que por ley está obligado- que presentó para inscribir su candidatura a diputado (agosto de 2017), Mellado Suazo declaró poseer el 50% de la propiedad de Ferycec (ver aquí). El resto está en manos de su cónyuge quien, además, es la “secretaria ejecutiva” de la empresa de cobranza que tiene como clientes a la Universidad Autónoma, la Universidad Santo Tomás, a dos colegios y a un instituto (ver aquí).

Consultado por CIPER, el diputado afirmó que si bien Ferycec sigue siendo una sociedad familiar, él se salió de la administración de la empresa en 2010, antes de asumir como gobernador, y de su propiedad en diciembre del año pasado.

Entre las cerca de siete mil acciones judiciales emprendidas por Ferycec desde 2004 a la fecha, hay varios cientos que corresponden a cobros por aranceles atrasados de alumnos de la Universidad Autónoma, la misma en la que él se desempeñaba como director de Extensión y Comunicaciones hasta mayo de 2017.

Quien figura patrocinando gran parte de las demandas de Ferycec es el abogado Carlos Llancaqueo Mellado,ex subsecretario de Bienes Nacionales (2010-2011) del gobierno de Sebastián Piñera y socio del estudio Zúñiga, Llancaqueo, Colil, Abogados.

En una entrevista al diario El Austral de Temuco de abril de 2010,poco después de que asumió su cargo de subsecretario, Llancaqueo indicó que mientras se mantuviera en el cargo se restaría de emprender acciones judiciales. Quien lo relevó durante ese periodo en el patrocinio de las demandas de la empresa de Mellado Suazo, fue la hermana del abogado Llancaqueo. Las causas revisadas por CIPER en la base de datos del Poder Judicial indican que Carlos Llancaqueo retomó la representación de Ferycec en noviembre de 2015.

La última demanda patrocinada por Carlos Llancaqueo en representación de Ferycec data del 27 de febrero pasado. En ella –al igual que en centenares de otras revisadas por CIPER– se le solicita al tribunal que se “despache mandamiento de ejecución y embargo” en contra del deudor (la deuda asciende a $1,4 millón).

EN LA VEREDA DE LOS DEUDORES

En 1984, Miguel Mellado supo por primera vez y en primera persona lo que implica ser deudor de un banco y enfrentar las consecuencias.

La información entregada por Radio Bío Bío indica que ese año el diputado electo arrastraba cerca de 15 demandas por giro doloso de cheques, avaluados, según la nota, “en cientos de millones de pesos”. La información de la radio agregó que Mellado habría pasado una larga temporada en Argentina, a la espera de que sus deudas prescribieran, regresando recién en 1989.

–No me escapé. Fui a Argentina a trabajar para poder pagar las deudas. Ese es un tema ya arreglado, están las deudas pagadas. Si no, no podría haber postulado a ningún cargo público –indicó Miguel Mellado a CIPER.

El diputado explicó que en todos los años que lleva como funcionario público “nadie ha venido a tocarme la puerta por algún tipo de deuda. Eso quedó en el pasado”, dijo, junto con insistir en que cualquier persona tiene el derecho a “caerse y a levantarse”.

Demanda del Banco Sudamericano

La indagación de CIPER arrojó que en junio de 1995 Mellado supo por segunda vez lo que era ser perseguido judicialmente como deudor de un banco. En esa fecha, fue demandado por el Banco Sudamericano ante el Segundo Juzgado Civil de Temuco. Casi tres años antes, en septiembre de 1992, Mellado había solicitado un crédito hipotecario con esa casa financiera por UF 1.456 (casi $13 millones de la época), para la compra de un bien raíz de 650 hectáreas en Loncoche. El valor del inmueble ascendía a $30 millones y Mellado, además de solicitar el préstamo, asumió la deuda por $20 millones que el vendedor del predio tenía con el mismo banco.

“El deudor Miguel Alejandro Mellado Suazo no ha cumplido con las obligaciones emanadas de las escrituras de mutuo hipotecario, adeudando los últimos 15 dividendos, incluido el correspondiente al mes de junio de 1995 (…) La deuda asciende a la cantidad de 261 UF por concepto de 15 dividendos en mora y 1.221 UF que, al 10 de junio de 1995, equivalen a $17.583.565”.

El banco exigió el pago inmediato de la deuda, otorgándole a Mellado un plazo de diez días para saldarla. De lo contrario, señala la demanda, “se decretará el remate judicial del inmueble hipotecado a favor del Banco Sudamericano”.

En varias oportunidades y en distintas horas, receptores judiciales visitaron a Mellado en la dirección que consignó como su domicilio. Fue imposible notificarlo, ya sea porque informaban que ya no vivía allí o porque simplemente no estaba. Finalmente, como se lee en la carpeta judicial del caso, el 6 de septiembre de 1995 se decretó el remate del bien raíz.

Rematada la propiedad, apareció en escena el abogado Carlos Llancaqueo, el mismo que ahora patrocina las demandas de la empresa de cobranza de Mellado Suazo: Ferycec.

El 25 de octubre de 1996 Llancaqueo solicitó al tribunal la devolución del saldo restante de la venta del inmueble (vendido en $72,3 millones) por considerar que “dado el monto de los créditos cobrados y el valor de la adjudicación pareciera que ha quedado un saldo favorable para mi representado”.

La intervención de Llancaqueo fue inútil. El banco respondió al tribunal que la venta del bien raíz no logró cubrir la deuda. No había saldo a favor.

El ’95 no fue un buen año para Mellado Suazo. El 14 de diciembre de ese año, el Primer Juzgado Civil de Temuco lo notificó por un cheque protestado que giró a nombre de la sociedad Salfa (Salinas y Fabres) por $133.295.

Durante la preparación de la demanda por giro doloso de cheques, nuevamente entró en acción el abogado Carlos Llancaqueo. El 10 de enero de 1996 notificó al tribunal del pago de la deuda con el comprobante del depósito.

CIPER le preguntó al diputado Miguel Mellado cómo había transitado en el transcurso de una década de deudor a cobrador, a través de su empresa familiar de cobranza Ferycec. Mellado señaló que ese era un emprendimiento que cumplía con toda la normativa legal y que no veía ningún tipo de contradicción. “No hay que buscar cosas donde no las hay”, acotó.

CONFLICTO DE INTERÉS

La Sociedad de Televisión y Radiodifusión, creada en 1992 y en cuya constitución participó Miguel Mellado Suazo -junto a los hermanos Jaime y Teodoro Ribera (a través de una inmobiliaria de su propiedad)- figura con más de 60 licitaciones adjudicadas por distintas reparticiones públicas de La Araucanía: municipios, Serviu, Sernam, Conaf, Fonasa y Conadi, entre otras. Desde 2006 a la fecha, el monto total de las licitaciones adjudicadas a esta sociedad asciende a más de $280 millones.

Entre las licitaciones que beneficiaron a la Sociedad de Televisión y Radiodifusión figuran once por un total de $10 millones otorgadas por la Gobernación Provincial de Cautín. Ynueve de ellas justo en el periodo en que Mellado Suazo se desempeñó como gobernador de esa provincia (desde marzo de 2010 al 15 de agosto de 2013).

Miguel Mellado indicó a CIPER que mantuvo hasta el 2010 una porción minoritaria en la propiedad de esa sociedad (un 1% o 2%, dijo) y que se desprendió de ella -así como de su administración- antes de asumir como gobernador en marzo de ese año.

Para refrendar sus dichos, Mellado envió un extracto de la asamblea general de socios de esa empresa (5 de abril de 2010) donde quedó registrada la venta de sus acciones y su renuncia como director de ella (18 de marzo de 2010) (ver documentos).

Sin embargo, CIPER identificó cuatro órdenes de compra de la Gobernación de Cautín – octubre y diciembre de 2010, y junio de 2011-, en las que el gobernador Miguel Mellado aparece en ambos lados del mesón: como el destinatario de las órdenes de compra para Televisión y Radiodifusión  y como gobernador (ver órdenes de compra). Las resoluciones administrativas que dan luz verde a esas licitaciones también llevan la firma de Mellado Suazo (ver aquí).

El diputado aseguró a CIPER que esa dualidad de roles es “un error” ya que en esas fechas quien estaba a cargo de la administración de Televisión y Radiodifusión era Sergio Zúñiga Ibáñez. Y afirmó que lo más probable es que la gobernación no actualizó esa información.

Mellado descartó que hubiera incompatibilidad para adjudicarle licitaciones como gobernador de Cautín a una empresa de la que él era poco antes socio y administrador, y a la que se reincorporó en ese mismo rol en 2014, meses después de dejar la gobernación.

-La sociedad de Televisión y Radiodifusión controla uno de los medios de comunicación (el Canal 2 de la Universidad Autónoma) más importantes de La Araucanía, por lo que cualquier política de comunicaciones no puede dejarla afuera. Se emite por señal abierta y por cable llegando desde Talca a Cochrane –fue la explicación de Mellado.

Esta investigación contó con la participación de las estudiantes en práctica Constanza Cabrera (Universidad de Chile) y Constanza Pastor (Universidad Diego Portales).

Vea también:

• Las tres reuniones en las que Bruno Villalobos respaldó las pericias de Smith

Transcurridos 47 días desde que el fiscal de Temuco, Luis Arroyo, encendiera la mecha que finalmente incendió el alto mando de Carabineros, al denunciar la existencia de pruebas falsas en la investigación de la “Operación Huracán”, parte del engranaje clave de ese oscuro episodio terminó reconociendo judicialmente que todo fue un montaje.

El principal efecto de esas confesiones judiciales fueron las renuncias que presentaron a sus cargos el general director de Carabineros, Bruno Villalobos y el director de Inteligencia de esa institución, general Gonzalo Blu, tercero en la línea de mando.

Las renuncias de los principales mandos de Carabineros fueron la consecuencia inevitable luego de que el funcionario civil de Inteligencia, Álex Smith, y cuatro efectivos del Laboratorio de Criminalística (Labocar), reconocieran el mecanismo por el cual se falsificaron las pruebas presentadas.

En el desarrollo de la llamada “Operación Huracán” I y II, las huellas de la participación de Blu y Villalobos quedaron estampadas en las reuniones e informes en los que validaron las pruebas que hoy se reconocen como “implantadas”.

Otra de las consecuencias de estas últimas declaraciones judiciales es que ahora el fiscal Carlos Palma, nombrado por el fiscal nacional para investigar las irregularidades cometidas por la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Temuco, acumula bajo su jurisdicción tres causas. Dos de ellas están alojadas en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, y la tercera en Iquique.

En las dos primeras las pruebas obtenidas a través de las “herramientas” que la UIOE afirmó que habían sido creadas por Álex Smith, se utilizaron para incriminar a ocho comuneros mapuche. En Iquique, la captura de chats e imágenes a través de esas mismas “herramientas” sirvieron para inculpar a tres cabos de Carabineros en la pérdida de armas.

Casa donde opera la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros en La Araucanía (UIOE)

A pesar de todos los movimientos que hizo la dirección de Carabineros, principalmente su director de Inteligencia, Gonzalo Blu, para acotar los daños tras el desplome de la “Operación Huracán”, finalmente no solo terminó todo el alto mando de la institución cuestionado y contaminado, sino que se abrió un flanco que podría traer graves consecuencias.

Y ello, porque a partir de las confesiones de los integrantes de esa unidad policial, fue quedando al descubierto otra área más secreta de esos mismos equipos. La evidencia de que servidores y discos duros que utilizaba el personal de la UIOE desaparecieron y no pudieron ser incautados, y algunos testimonios de sus integrantes recogidos por CIPER, indican que entre los métodos que utilizaban para capturar información está la interceptación ilegal de teléfonos.

Los antecedentes acumulados tanto en las investigaciones del Ministerio Público, así como en la indagación de CIPER, abren un flanco que podría llevar al nudo ciego que aún no está dilucidado: quiénes y con qué objetivo idearon esta operación de Inteligencia.

SEPTIEMBRE: HURACÁN SALE A LA CALLE

Cuando el 9 de agosto de 2017 el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, le dio el vamos a la nómina de teléfonos que la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía quería monitorear, jamás imaginó que ese sería el punto de partida del mayor escándalo de Inteligencia de Carabineros desde el retorno de la democracia. Y menos de que con su firma avalaría un montaje.

Porque fue en esa fecha que comienzan a acumularse en el servidor de la UIOE, instalado en calle Pablo Neruda en Temuco, las decenas de chats que supuestamente inculpaban a comuneros mapuche en los más graves atentados en la zona en los últimos meses. Junto a los chats también se alojaron en ese servidor informes sobre otras operaciones de monitoreo a teléfonos y correos electrónicos de personas que también estaban en la mira del equipo de Inteligencia de Carabineros.

Siguiendo al pie de la letra las disposiciones de la Ley de Inteligencia, el equipo que comanda el general Gonzalo Blu no informó a la Fiscalía de Temuco de esas operaciones. Y ello, aunque en los fluidos contactos que entonces existían entre los mandos de la UIOE y los fiscales de esa región, ya se mencionaba que estaban sobre una pista clave que apuntaba a los principales responsables de atentados en la zona.

Camiones quemados en San José de la Mariquina, atentado que formó parte de la “Operación Huracán”

Recién un mes y medio después, el 20 de septiembre de 2017, el general Gonzalo Blu decidió levantar el secreto de la “Operación Huracán” en pleno desarrollo. Fue entonces que en una reunión con el fiscal Arroyo –el favorito de la UIOE para las investigaciones de violencia en la región- le hicieron entrega de un resumen con los principales hallazgos de esa operación. El “Informe 130” firmado por Blu y que haría historia, tuvo allí su bautizo.

Inteligencia de Carabineros puso ese día sobre la mesa un dato adicional clave que obligaba a la Fiscalía a tomar decisiones inmediatas. Las comunicaciones capturadas por la UIOE indicaban que esa misma semana los ocho cabecillas mapuche identificados tenían programadas otras quemas masivas de camiones en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

La Fiscalía no tardó mucho en decidir que se debía ordenar de forma inmediata la detención de los ocho comuneros identificados. La indagatoria de CIPER indica que, en ese momento, nadie dudó de la veracidad de la información entregada por Carabineros, y avalada con la firma del general Blu.

El 23 de septiembre de 2017 se desarrolló la “Operación Huracán”, con allanamientos y detenciones simultáneas en las regiones de La Araucanía, Biobio y Los Ríos. En poder del equipo de la UIOE quedaron celulares, pendrives y discos duros encontrados en esos operativos.

Con los ocho comuneros ya en prisión preventiva –Héctor y Ernesto Llaitul, Rodrigo y Jaime Huenchullán, Martín Curiche, Fidel Tranamil, David Aedo y Claudio Leiva-, y con los supuestos chats siendo exhibidos en El Mercurio y en Canal 13, personal de Labocar inició las pericias a los celulares de los acusados. Estas comenzaron a realizarse en las oficinas de Labocar de Temuco, la noche del 23 de septiembre de 2017.

La indagación de CIPER arroja que a las 21:08 de ese mismo día el capitán Leonardo Osses, el tercero al mando de la UIOE,envió un correo electrónico a Álex Smith. En ese correo iba adjunto un archivo de texto llamado “Llaitul.txt”, el que contenía las mismas conversaciones que después aparecerían en un celular marca Lenovo de Héctor Llaitul, ahora con el nombre “Text.txt” (ver reportaje de CIPER).

HUELLAS QUE DELATAN

Tendrían que transcurrir seis meses para que emergiera la hebra que llevaría al origen de ese supuesto chat. Y lo hizo un peritaje de la Policía de Investigaciones (PDI), el que estableció que a las 4:32 de la madrugada del 24 de septiembre el celular de Héctor Llaintul fue conectado a internet a través de un modem Huawei.

El hallazgo sorprendió a los peritos de la PDI. Porque las normas que rigen la cadena de custodia de los celulares incautados, indican que los equipos deben estar en “modo avión”, y no pueden ser conectados a internet, incluso cuando son sometidos a peritaje, para evitar que ingresen datos que modifiquen la información alojada en el teléfono.

Utilizando ese acceso a internet, desde el celular de Llaitul alguien ingresó a Gmail y 25 minutos después apareció en ese celular el archivo Text.txt que inculpaba al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Ese archivo tenía el mismo contenido del que le envió Osses a Smith pocas horas antes.

Héctor Llaitul, líder de la CAM

El hallazgo de esa conexión a internet del celular de Héctor Llaitul en la madrugada del 24 de septiembre fue determinante para lo que vendría más tarde.

Debieron trascurrir siete meses y muchos titulares sobre la “Operación Huracán” antes de que los cuatro funcionarios de Labocar de Temuco que hacían los peritajes de los celulares incautados a los comuneros mapuche, confesaran.

El 5 de marzo pasado, los efectivos Marvín Marín, Darwin Vásquez, Manuel Riquelme y Marcos Sanhueza declararon ante el fiscal Carlos Palma. Los cuatro apuntaron al capitán Leonardo Osses como el dueño del modem Huawei utilizado para conectar a internet al celular de Llaitul la madrugada del 24 de septiembre de 2017.

“DÍAS DE GLORIA”

Pero en esos días de septiembre de 2017 el personal de la UIOE vivía, según sus mismos relatos, “días de gloria”. A ninguno de ellos se le pasaba por la mente que se cuestionarían ni sus pruebas ni sus “herramientas”.

Por ello, a nadie le pareció extraño que el mayor Patricio Marín Lazo, segundo al mando de la UIOE, recibiera esa misma madrugada del 24 de septiembre una llamada desde Santiago en la que le ordenaron trasladar los celulares desde las oficinas de Labocar hasta las dependencias de la UIOE en Temuco. “Por seguridad”, le dijeron. Así lo confirmaron a CIPER testigos de lo que ocurrió esa madrugada.

Dos días después, el 26 de septiembre, los equipos telefónicos ya estaban en la oficina de la UIOE. En esas dependencias permanecieron durante 32 días, resguardados en una sala que por las noches quedaba bajo llave.

Los cuatro funcionarios de Labocar también coincidieron en sus declaraciones en el sumario interno y ante el fiscal Palma: el único que tenía las llaves de esa sala era el capitán Leonardo Osses.

Leonardo Osses, capitán (r) de Carabineros

Es muy probable que la misma fórmula que se utilizó para implantar archivos inculpatorios al celular de Llaitul, se usara con los equipos de los otros comuneros. Porque en el celular marca Alcatel de Claudio Leiva, apareció un archivo txt que registra como fecha de creación el 28 de septiembre de 2017 a las 15:02. La pericia de la PDI arrojó que ese mismo día ese celular fue conectado a internet, para descargar el programa Root kit, el que permite, en teoría, acceder a Whatsapp.

Recién el 25 de octubre los celulares salieron de la UIOE y fueron entregados al Ministerio Público. Para entonces el clima en la Fiscalía de Temuco había cambiado. Había crispación. Ya en septiembre la UIOE denunció que una funcionaria de la Fiscalía filtraba información de las pesquisas a la CAM. El celular de la funcionaria venía siendo intervenido desde hacía semanas. La sospecha de que los celulares de todos los fiscales estaban intervenidos se instaló.

A ello se agregó que desde fines de septiembre la Fiscalía venía pidiendo a la UIOE los informes periciales de los celulares de los comuneros. Primero les dijeron que los tendrían, máximo, en una semana. Pero las semanas pasaban, y no había respuesta.

Los informes llegaron un mes después, junto con los equipos telefónicos. Ya era tarde. Porque el escándalo se iniciaba. El 19 de octubre los ocho comuneros fueron dejados en libertad por la Sala Penal de la Corte Suprema que acogió un recurso de amparo. El dictamen estableció que la resolución de la jueza Luz Arancibia (de Temuco) que dispuso su prisión preventiva, carecía de la fundamentación exigida por la ley.

Los comuneros denunciaron la existencia de un montaje. No hubo mayor eco. Pero en completo secreto, se iniciaban movimientos tanto en Inteligencia de Carabineros como en la Fiscalía de Temuco.

Un mes y medio después, el 11 de diciembre de 2017, la Fiscalía le solicitó a la Uldecco (organismo interno del Ministerio Público) que sometiera a un nuevo peritaje los celulares de los comuneros. Fue el inicio del descalabro. Faltaba aún que ocurrieran otros hechos, para que estallara el escándalo.

LA MUJER EQUIVOCADA

El ambiente estaba tenso. Al tiempo que la Fiscalía pide un segundo peritaje a los celulares, prescindiendo de Labocar, la Dirección de Inteligencia de Carabineros ofició su denuncia de filtración desde la Fiscalía de Temuco y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) hacia la CAM. Fue allí que surgió el nombre de la acusada: el “Informe 202” individualizó a la abogada Mónica Palma, asistente del fiscal Luis Arroyo. El informe decía que tenía una relación amorosa con su jefe.

Hay dos versiones de la entrega de ese informe. Fuentes de la UIOE señalaron a CIPER que se entregó el 11 de diciembre al fiscal nacional, Jorge Abbott. El mismo día que la Fiscalía solicitaba pericias adicionales a la Uldecco. En la Fiscalía dicen que el “Informe 202” fue recibido recién el 22 de diciembre.

Fiscal Luis Arroyo

Como sea, es allí donde se quiebra la relación entre la UIOE y la Fiscalía de Temuco. La indagación de CIPER arroja que no había pruebas sobre las supuestas filtraciones desde la ANI a la CAM, ni existía un romance entre Arroyo y su asistente. Sí hubo un lío de faldas y pantalones entre oficiales de la UIOE y fiscales y que tuvo su punto álgido en diciembre de 2017, lo que llevó a que funcionarios de ambas instituciones se quitaran hasta el saludo. Pero en esa historia no tuvo nada que ver la abogada Mónica Palma.

Lo importante vendría con nuevos peritajes. La supuesta cita amorosa entre el fiscal Arroyo y Mónica Palma, capturada por la intervención de celulares, era inexistente: ese día Arroyo estaba fuera de Chile. Y la dirección IP desde donde se habría intentado hackear celulares de policías y fiscales, y que se afirmaba que correspondía a la sede de la ANI, pertenecía a una oficina del Ministerio del Interior. Nada calzaba. La desconfianza crecía.

UIOE: DEL CIELO AL INFIERNO

Mientras en la Fiscalía no terminaban de convencerse de la falsedad de las pruebas contra los comuneros, en la oficina de la UIOE saboreaban el triunfo. “Estábamos en la gloria”, señaló a CIPER uno de sus integrantes.

A fines de 2017 el jefe de la UIOE, Marcelo Teuber, había sido ascendido de coronel a general, pasando a liderar la Zona Araucanía Control Orden Público. Al mayor Patricio Marín Lazo la vida le sonreía: había asumido la jefatura de la unidad de Inteligencia, y caminaba como general por los pasillos de la casa ubicada en calle Pablo Neruda. Su autoridad había sido reforzada luego de que el propio general Gonzalo Blu advirtiera al personal bajo su mando que el que desobedeciera las órdenes de Marín Lazo lo pagaría caro.

Marcelo Teuber, general (r) de Carabineros

Para mostrar la eficacia de la UIOE, desde Santiago les ordenaron trabajar en otras causas. Fue así como el capitán Leonardo Osses y Álex Smith desembarcaron en Iquique el 27 de noviembre de 2017. Debían utilizar las “herramientas” (“Antorcha” y “Tubicación”, para interceptar chats y geolocalizar celulares, ambas inexistentes) creadas por Smith para colaborar en la investigación sobre la pérdida de 28 armas desde la Primera Comisaría de esa ciudad.

Osses y Smith tuvieron en su poder los equipos telefónicos de los cabos acusados y según dijeron extrajeron la información que luego vaciaron en un disco duro. Y regresaron a Temuco. Fue allí donde entregaron el mismo disco duro a Labocar para que sus efectivos hicieran el informe del peritaje.

Tres meses después, esa operación también se vino abajo. El 2 de marzo pasado Álex Smith dio su primer paso de colaboración efectiva con la justicia: ante el fiscal militar de Iquique, Jaime Arriagada, declaró que cuatro imágenes de armas habían sido implantadas en los celulares de los cabos acusados.

Los efectivos de Labocar habían firmado un informe que inculpaba a los cabos de Iquique sin nunca haber accedido a sus equipos telefónicos.

“TUBICACIÓN” NUNCA EXISTIÓ

En la Región de Los Ríos se desarrollaba otra de las causas en la que trabajó la UIOE. El incendio de 28 camiones de la empresa Sotraser (del holding Bethia) en la madrugada del 28 de agosto de 2017, en San José de la Mariquina, pasó a denominarse “Operación Huracán II”.

El 4 de octubre de 2017 la Dirección de Inteligencia de Carabineros liberó los peritajes que identificaron a los responsables de esa quema de camiones. El informe lo recibió el fiscal Juan Agustín Meléndez, quién de inmediato halló inconsistencias. Esta vez nadie fue detenido.

Utilizando “Tubicación”, el segundo software creado por Álex Smith, la UIOE afirmó en su informe haber determinado la presencia de dos personas en el lugar del atentado, a la misma hora en que este se produjo. El problema: a esa misma hora, uno de los acusados, Patricio Antiago, era controlado por Carabineros ya que cumplía medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

La indagatoria de CIPER indica que el software “Tubicación” no existe. Fue un nombre que inventó Álex Smith para el simple cruce de una aplicación disponible en internet, que supuestamente permitía obtener información desde routers que comparten señales wifi, con el sistema de control de antenas que maneja Carabineros (identifica a qué antena se conectó un celular para hacer llamados o utilizar internet). El segundo sistema es el único que funciona, pero es impreciso.

Patricio Marín Lazo, mayor (r) de Carabineros

Lo confirma la fundamentación que hizo el fiscal de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, al formalizar a Álex Smith por falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia: “Este software no estuvo alojado en el sitio web (Tubicación.cl), y tampoco se encontró en los computadores de las unidades policiales donde se desempeñaban los imputados, porque nunca existió”.

Mientras el informe de ese falso peritaje sobre el incendio de los camiones de Sotraser era redactado por efectivos de Labocar, en la UIOE trabajaban en su siguiente gran golpe: la “Operación Andes”.

Tal como publicó CIPER (ver reportaje), en este segundo capítulo de la “Operación Huracán”, se culparía a Héctor Llaitul de tener contacto con ex miristas para traficar armas desde Argentina, las que luego serían entregadas a distintas organizaciones mapuche.

La información de esa operación fue entregada por la UIOE al fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, quien según La Tercera tenía a su cargo desde 2012 una investigación por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Moya solicitó probar los software “Antorcha” y “Tubicación”, antes de tomar medidas. A Rancagua viajaron Álex Smith, el capitán Leonardo Osses y otros funcionarios de la UIOE para demostrarle la efectividad de las “herramientas”. No lo lograron.

DECLARACIÓN DE GUERRA

La prueba en Rancagua la hizo Osses y su equipo en la segunda quincena de enero. Solo días antes de que el fiscal Luis Arroyo presentara una querella contra quienes resulten responsables por falsificación de instrumento público, denuncia calumniosa, obstrucción a la investigación, violación de reserva y a la Ley de Inteligencia.

En esa querella, presentada el 25 de enero, Arroyo afirmó que los chats que la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) aseguró que intercambió con Mónica Palma, son falsos, y acusó la existencia de un “montaje”.

Fue el comienzo del fin. Porque el Ministerio Público, convencido a esas alturas de que también eran falsas las pruebas que entregó Carabineros para inculpar a comuneros mapuche, ese mismo 25 de enero anunció el cierre de la investigación contra los comuneros. La última decisión que adoptó ese mismo día la Fiscalía, sería leída en la dirección de Carabineros como una declaración de guerra: ordenó el allanamiento de las dependencias de la UIOE en Temuco.

Hubo nuevos errores de la cúpula de la policía. Porque el 26 de enero, cuando la Fiscalía y la PDI intentaron allanar la sede de la UIOE, Carabineros rodeó la casa de la unidad de Inteligencia de Temuco con un contingente armado para la guerra: fuerzas especiales, buses y carros lanza gases. Fue un “ejercicio de enlace”, acusó el fiscal nacional, Jorge Abbott.

Hubo llamadas de alerta roja entre Santiago y Temuco. Al inédito enfrentamiento entre el Ministerio Público y Carabineros siguieron otros dos hechos que dieron cuenta de que la “Operación Huracán” se había salido de control: el general Gonzalo Blu acusó al Ministerio Publico de “amparar a quienes se han dedicado a causar el miedo en regiones del sur”, un gesto claramente deliberante; y el Ministerio del Interior lo apoyó.

Allanamiento a la sede de la UIOE en Temuco

Cuando finalmente el allanamiento pudo ejecutarse, los efectivos de la PDI se encontraron con una sorpresa. En el segundo piso, en un rincón, había un lugar habilitado para tres torres de computadores (las que también sirven para alojar un servidor), pero solo había dos torres. En el piso estaban las marcas que evidenciaban que allí había estado hasta muy poco antes un tercer aparato. También había cables sueltos. Minutos después, en una bodega del mismo segundo piso, apareció una tercera torre tapada con un género. A esa torre le había sido extraído su disco duro.

CIPER pudo establecer que la información más delicada que manejaba la UIOE de sus pesquisas se alojaba en un servidor que funcionaba al interior de la casa ubicada en la calle Pablo Neruda, en Temuco. Pero también la guardaban sus jefes en los notebooks personales con los que se desplazaban.

Un episodio que ha pasado inadvertido cobra ahora importancia. El día del allanamiento a la sede de la UIOE, estuvieron ausentes al menos dos de sus 48 integrantes (ver aquí nómina): el capitán Leonardo Osses y Álex Smith. Ambos estaban en Santiago de paso, de regreso de su presentación fallida ante el fiscal Moya de Rancagua. Y tanto Osses como Smith tenían consigo sus notebooks personales.

Testimonios recogidos por CIPER entre los miembros de la UIOE señalaron que entre la información alojada en el servidor y en los notebooks personales de los jefes de la unidad, había otro tipo de archivos. Estos tenían relación con personas sin vínculos con comunidades mapuche y que estaban siendo monitoreadas en sus comunicaciones telefónicas de manera ilegal.

Esos testimonios fueron corroborados por CIPER: entre los archivos relativos a la “Operación Huracán” encontramos otros, que también se guardaban en los servidores de la UIOE, donde estaba el monitoreo a celulares y correos electrónicos de periodistas (ver reportaje de CIPER).

Los mismos testimonios recogidos en la UIOE señalaron que esas interceptaciones ilegales eran posibles gracias a los excelentes contactos que los jefes de Inteligencia de Carabineros mantienen con los encargados de seguridad de algunas compañías telefónicas que operan en Chile. Entre ellos, hay ex oficiales de Carabineros, y son los que reciben los requerimientos de interceptaciones telefónicas legales, una vez que el juez da la luz verde.

CIPER intentó obtener de todas las compañías -Entel, Claro, Movistar y Wom- el nombre de sus jefes o encargados de Seguridad. La única que entregó sin dilación la información, fue Wom: “El director de Regulación y Asuntos Corporativos, el abogado Felipe Simonsohn, es el encargado de responder los requerimientos por interceptaciones telefónicas desde el Ministerio Público”. Las otras compañías se negaron aduciendo que la información era confidencial por “razones de seguridad”.

En medio de la explosión que hoy remece a los efectivos de Inteligencia de Carabineros, al menos una planilla de unas seis páginas con nombres de personas cuyos teléfonos están intervenidos, fue rescatada desde los archivos de la UIOE.

La última operación, la que ordenó que se bloqueara el allanamiento a la UIOE de Temuco, y luego el rescate de los servidores y notebooks personales, que contenían la información más sensible de lo que hacía esa unidad de Inteligencia, salió de Santiago y desde el más alto nivel. Después de las renuncias de los generales Villalobos y Blu el control de daños aún no termina. Hay demasiada información suelta.

Vea también: Historia de un despojo II: las tierras de la Reforma Agraria de las que no se habla

En marzo de 1996, seis años después de recuperada la democracia y en completo secreto, el Ejército le vendió 16.700 hectáreas de la antigua Hacienda Río Colorado, un privilegiado terreno en San José de Maipo, a Cementos Bío Bío. La empresa era controlada por el empresario Hernán Briones Gorostiaga, quien presidía la Fundación Pinochet. Su venta contenía una clausula sorpresa: la empresa de Briones pagó por ese extenso paño solo $430 millones: $25.700 por hectárea. En rigor, el terreno que llega hasta la zona limítrofe con Argentina, no era propiedad del Ejército: la institución castrense se lo apropió después del Golpe de Estado, despojando a los campesinos que habían constituido allí un asentamiento luego de que la hacienda fuera expropiada en 1969 por la Ley de Reforma Agraria. Hernán Briones fue presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y uno de los más influyentes dirigentes empresariales que apoyaron la dictadura. Fue en esos años que Briones entabló con el general Pinochet un lazo de amistad y complicidad. Con otros dos dirigentes del gremio patronal -Eugenio Heiremans y Ernesto Ayala- formaron un poderoso e influyente trío al que el actual senador Andrés Allamand (RN) incluyó en lo que llamó en los ’90 “el poder fáctico”. Fue el propio Pinochet quien autorizó la venta de una parte de la Hacienda Río Colorado a la empresa que controlaba Briones. Así consta en la escritura de compraventa que lleva la firma del general Sergio Espinosa Davies, jefe del Comando de Ingenieros del Ejército, y el vicepresidente de Cementos Bío Bío, Alfonso Rozas Ossa (ver documento compraventa). Un año después de ese beneficioso negocio, Hernán Briones –junto a otros militares y empresarios- creó la Fundación Presidente Pinochet, para preservar su legado. Hasta su muerte, en diciembre de 2005, Briones mantuvo un estrecho lazo con el dictador. Realizó todo tipo de gestiones en Chile y Londres para terminar con su detención en el Reino Unido (1998-2000) y sus últimas apariciones públicas estuvieron ligadas a su rol de presidente de esa fundación.

Hernán Briones (Fuente: Fundación Educacional Hernán Briones)

Cementos Bío Bío no era cualquier empresa para Briones. La presidió hasta poco antes de su muerte y los terrenos de Río Colorado tenían para él un interés bien preciso. Seis meses después de que adquiriera las más de 16 mil hectáreas de Río Colorado, Cementos Bío Bío junto a “Soprocal, Calerías e Industrias S.A.” -del socio de Hernán Briones, Alfonso Rozas Ossa, que hasta hoy preside su directorio- constituyeron la sociedad anónima Minera Río Colorado (ver aquí registro Diario Oficial). El 25 de septiembre de 1996, en la Notaría de Camilo Valenzuela, se registró la escritura de la nueva minera que permite la explotación de carbonato de calcio del yacimiento La Perla, ubicado a 65 kilómetros del cruce Las Vizcachas. Cementos Bío Bío mantiene el 51% de la propiedad de la minera, sus socios el 49% y su capital asciende a US$3,7 millones (Memoria de 2016 de la cementera). Aunque los activos de la minera representan menos del 1% de Cementos Bío Bío, su directorio lo preside el hijo de uno de sus fundadores, Hernán Briones Goich, y su vicepresidente hasta hace pocos días era el economista José Ramón Valente (también era vicepresidente de Cementos Bío Bío), quien renunció antes de asumir como ministro de Economía el pasado 11 de marzo.

NEGOCIO EN TIEMPO RÉCORD

La autorización de Pinochet para la venta del terreno a la empresa de su amigo Hernán Briones, consta en una escritura hallada en el curso de esta investigación. Allí se cita un documento reservado del Ejército del 28 de diciembre de 1995 (Resolución N° 4.180/326), la que autoriza la enajenación del “Lote B” de Río Colorado, precisamente el que terminó en manos de Cementos Bío Bío. Para que esa venta fuera viable, un mes antes, el 23 de noviembre de 1995, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de San José de Maipo dictó la Resolución N°18 que autorizó dividir la Hacienda Río Colorado en dos lotes: el “Lote A”, de 142.498 hectáreas y el “Lote B”, de 16.700 hectáreas. Un mes después de la resolución de la DOM, Pinochet firmó -como comandante en jefe del Ejército- la autorización para vender el “Lote B” a la empresa de Briones. Como sustento de la operación se cita la “necesidad institucional de obtener fondos para reparación y ampliación de la infraestructura militar”. Pinochet también dejó constancia en ese oficio que ese terreno “es prescindible para el cumplimiento de los fines institucionales”. Faltaba solo el último paso: el oficio por el cual Pinochet autorizó al general Sergio Espinosa Davies, a enajenar el lote “en venta directa, propuesta pública o propuesta privada”, fijar condiciones, precios y señalar la forma de pago.

Sergio Espinosa Davies (Fuente: Memoriaviva.com)

No hubo licitación y todo se hizo en trámite exprés. El 29 de diciembre de 1995, Sergio Espinosa Davies emitió la resolución que enajenó la propiedad, aceptando la oferta de Cementos Bío Bío por las 16.700 hectáreas de la ex Hacienda Río Colorado: $430 millones. “En atención a que dicha oferta es conveniente a los intereses de la institución”, se lee en el documento, donde también se dice que los fondos “ingresarán a la cuenta especial en la Tesorería General de la República, para la Subsecretaría de Guerra bajo el Código 525”. Pinochet dejó estipulado que los fondos provenientes de esta venta se destinarían a las finalidades descritas en los Decretos Leyes 1.113 (1975) y 2.569 (1979) y la Ley 17.174 (1969), esto es, para “ser invertidos en el estudio, planeamiento, proyección, construcción, demolición, ampliación, reparación, conservación, reposición o adquisición de bienes destinados al uso de la respectiva institución”. Por Ley de Transparencia, la Tesorería General de la República respondió a CIPER que, en los registros de su División de Finanzas Públicas, efectivamente existe un ingreso de $430 millones en abril de 1996 “a la cuenta complementaria asociada al Ejército de Chile” (ver documento). CIPER consultó al Ejército, también vía Ley de Transparencia, sobre el destino final de los $430 millones. La respuesta fue que no se puede establecer en qué fue invertido este monto (ver respuesta del Ejército).

LA HUELLA QUE PERDURA EN RÍO COLORADO

Han transcurrido 48 años pero lo que se vivió en la Hacienda Río Colorado a fines de los ’60, ninguno de los campesinos que allí vivían ni sus hijos lo han podido olvidar. Se venían vientos de cambio. Se sentía en el aire, en la tierra y en los ánimos de la Hacienda Río Colorado, donde Lorenzo Astorga y su familia venían trabajando por generaciones. La exultación también se palpaba en las conversaciones que sostenían Astorga con el Lucho López, Agustín Carrasco y con la treintena de campesinos que habían creado un comité para concretar el lema “la tierra para el que la trabaja”, el eje de la Reforma Agraria profundizada en 1967 por el presidente Eduardo Frei Montalva con la Ley 16.640. Esa ley permitía la expropiación de fundos mal explotados o que tuvieran un tamaño mayor a 80 hectáreas de riego, para ser entregadas a campesinos,lo que potencialmente correspondía a casi 10 millones de hectáreas: más del 40% de la superficie agrícola del país. Un sueño que en Río Colorado parecía imposible y por el que incluso algunos campesinos estuvieron detenidos tras tomarse un potrero en 1967, pero que se concretó en agosto de 1969. Ese año, la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), entidad estatal a cargo de las expropiaciones de tierras y de administrar el profundo cambio estructural en el agro, expropió a Alfredo Palazuelos Buzeta las 159.199 hectáreas de la Hacienda Río Colorado, en San José de Maipo (Región Metropolitana) (ver documento). Cuando se constituyó el Asentamiento Río Colorado, Lorenzo Astorga, de entonces 31 años, supo que su vida y la de sus 31 compañeros de tierras tomarían un rumbo distinto. Los campesinos recuerdan que el día de la fiesta con que se celebró el acontecimiento, participó el ex senador Rafael Moreno (DC), vicepresidente ejecutivo de la CORA. Allí se hizo la elección de la directiva que iba a administrar el asentamiento. Lorenzo Astorga fue elegido presidente. Fue así como los 32 campesinos de Río Colorado pasaron de ser inquilinos a administrar las tierras que por décadas habían trabajado, pero para otros. Lorenzo Astorga, hoy de 82 años, no olvida esos días: -Fue la época cuando mejor estuvimos. Sin problemas, porque con lo que teníamos nos daba para vivir y nosotros mismos administrábamos todo. El banco nos daba la plata mensualmente para los sueldos de los campesinos y en abril se le pagaba, porque ya había venta de animales, vacunos, corderos, pasto. Todo lo que se vendía.

Gerardo Ortega con su familia

Gerardo Ortega Martínez (61 años) es hijo de uno de los asentados originales ya fallecido: “Mi papá fue uno de los que se organizaron para quitarle el fundo a los patrones, a los Palazuelos. Antes trabajaban por la ‘pastilla’ que le llamaban, que era el pan, porque no tenían sueldo. Tenían que cortar leña, venderla y al final tenían que darle la mitad al patrón, aparte de trabajar en el fundo”, recuerda. Con la Reforma Agraria las cosas fueron distintas: -Cuando se formó el asentamiento, los campesinos tuvieron acceso a préstamos. Para trabajar los potreros se llegaron a comprar dos tractores completos, con maquinaria para arar y prensar, se compraron como mil ovejas y 500 vaquillas. Tenían su sueldo, trabajaban en conjunto y bien. Uno hacía el tiempo de las ovejas, otros trabajaban los pastos y hasta se hicieron esas casas que hasta hoy están con la ayuda del gobierno. Estaban muy bien organizados. De todos los asentamientos que hubo, Río Colorado destacaba por su organización -relata Ortega, quien hoy integra la Agrupación Quempo, creada hace 16 años por 14 pequeños ganaderos, ex asentados e hijos de asentados, todos nacidos y criados en la zona. Fueron tiempos felices. Pero no duró demasiado. A partir de septiembre de 1973 la vida en todo el país dio un brusco giro. También en Río Colorado.

EL FIN DEL SUEÑO

Corría 1962 y el gobierno de Jorge Alessandri, acicateado por una fuerte presión internacional y local, incluida la de la Iglesia Católica, promulgó la primera ley de Reforma Agraria (N° 15.520), conocida como “la reforma de macetero”. Aunque tímido y muy limitado, fue el primer paso para remover la estructura agraria tradicional, sustentada en grandes latifundios, donde miles de campesinos vivían en condiciones miserables, lo que llevó a muchos a migrar a la ciudad. También originó una profunda crisis productiva. Pero fue la Reforma Agraria impulsada por Frei Montalva, con la ley dictada en julio de 1967, la que pasaría a la historia al generar condiciones para un cambio estructural del agro. El 28 de julio pasado se cumplieron 50 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de Frei Montalva. Un hito que fue celebrado en La Moneda. En esa ceremonia, la presidenta Michelle Bachelet la definió como “el inicio del proceso de transformación social más importante vivido por el  país durante el siglo XX, aquel que terminó con un sistema de relaciones sociales injusto y arcaico -el inquilinaje-, que condenaba en forma directa a casi 500 mil personas a vivir en la dependencia y sin derechos ciudadanos básicos”. En Río Colorado la percepción de los pocos campesinos que quedan de aquellos que pelearon por ser dueños de sus tierras, es muy distinta. Lorenzo Astorga dice que la Reforma Agraria efectivamente buscaba el objetivo que destacó Bachelet, pero que la irrupción de la dictadura dio un vuelco en la historia del país y en su vida. Cuando en 1973 Río Colorado se encaminaba hacia esa meta –dice Astorga- “las autoridades que llegaron nos perjudicaron: el mismo Estado nos quitó lo que nos había dado”.

Lorenzo Astorga

Tras el Golpe de Estado los campesinos de Río Colorado se inquietaron. Aún eran un asentamiento, una propiedad colectiva y transitoria, administrada en conjunto por una directiva elegida en asamblea y la CORA. Según la Ley 16.640, los asentamientos se formarían en todo el sector reformado y deberían durar entre tres y cinco años. Luego, los asentados deberían definir entre tres formas de asignación de la tierra bajo la cual se les entregaría el título de propiedad: unidad familiar individual, cooperativa o en forma mixta. Los de Río Colorado estaban ad portas de esa asignación, cuando recibieron una información que los conmocionó: les anunciaron que las más de 159 mil hectáreas del fundo pasarían a manos de los militares. El traspaso se inició con una solicitud hecha por el Ejército el 17 de diciembre de 1975 (N° 4180/143) (vea ese documento). Seis meses después, el 25 de junio de 1976, el Consejo de la CORA aprobó transferir a título oneroso 159.199 hectáreas de Río Colorado al Ministerio de Defensa, para ser destinadas al Ejército (revise aquí ese documento). El precio de la transacción se fijó en $2,84 millones, suma que se cancelaría en un lapso de 30 años y sería cargada “a los fondos del ítem 52 ‘Terrenos y Edificios’ del Presupuesto de Capital de la Subsecretaría de Guerra, a contar de 1979”. Pero en los hechos el Ejército no pagó nada por el terreno. Esa regalía se logró luego de un intenso lobby que quedó registrado en los expedientes que contienen el historial de Río Colorado, y que están archivados en dependencias del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), junto a la documentación de la extinta CORA. El 8 de noviembre de 1976, el general Jaime Estrada Leigh, comandante de Ingenieros del Ejército y asesor directo de Augusto Pinochet, solicitó al vicepresidente ejecutivo de CORA que reconsiderara el acuerdo que obligaba al Ejército a pagar por el enorme terreno (vea documento). A petición del ministro de Defensa de la época (general Herman Brady), el ministro de Agricultura informó de la petición del Ejército al vicepresidente de la CORA. Una “necesidad importante de la Defensa Nacional” fue el argumento central de la petición hecha por Estrada Leigh para la cesión gratuita  del predio: proporcionará “terrenos para entrenamiento de efectivos y posibilitará un racional desarrollo del fomento equino nacional, lo que beneficiará directamente al agro”. El Ejército logró su objetivo: la Resolución N° 2.128, sin fecha, de la Oficina de Normalización Agrícola (Odena) -nombre bajo el cual funcionó la ex CORA entre 1978 y 1979- dispuso el traspaso de Río Colorado sin pago (ver documento). El 15 de septiembre de 1980, el SAG transfirió el predio al Ejército en forma gratuita, el que se comprometió a contratar a los 32 socios del asentamiento y “darles facilidades para la cosecha de sus actuales cultivos” (ver documento). Aunque el Ejército había tomado posesión del ex Asentamiento Río Colorado en 1975, el traspaso legal y la inscripción en el registro del Conservador de Bienes Raíces de Santiago solo se hizo por Decreto Exento N°12 el 4 de abril de 1984.

General Herman Brady (Fuente: Biblioteca Nacional Digital)

Campesinos y lugareños hacen memoria y dicen que solo unos 22 de ellos fueron contratados. Otros quedaron fuera y tuvieron que arreglárselas por su cuenta y hubo quienes simplemente se fueron. Uno de los que quedó fuera fue Emilio Martínez (76 años), antiguo campesino de Río Colorado: -Yo en ese tiempo era socio no más del asentamiento. Emilio Aranda, el administrador de los milicos, me dejó fuera, porque según él yo no era asentado. Por eso, quedé solo como talajero -cuenta el anciano, que hasta hoy vive en el sector. José Agustín Carrasco Salinas, quien también fue presidente del Asentamiento Río Colorado, fue contratado. Su hijo, Rodrigo Carrasco (42), recuerda que su papá –quien falleció en 2016– trabajó para los militares. Años más tarde él también fue contratado: “Yo trabajé como 16 años con el Ejército, igual que mi papá: como obrero jornal. Hace como dos años me finiquitaron”. Sus tareas, por las que recibía el sueldo mínimo, consistían en producir pasto. Rodrigo, como otros campesinos del predio, tenía que comprar el pasto que producía él mismo para alimentar a sus animales, pagando “unos $500 mil en la temporada, por lo que gastaba parte importante de mi sueldo en comprar este pasto”, asegura.

PAGANDO TALAJE

Cuando llegaron al Asentamiento Río Colorado, los militares empezaron a liquidar todo lo que había: tractores, herramientas y animales. La explicación que les dieron a los campesinos y sus familias es que debían pagar la deuda por los animales que habían comprado con préstamos de la CORA. Los vacunos y ovejas que no fueron vendidos, se repartieron entre la treintena de ex asentados Gerardo Ortega Martínez, un adolescente en la época, recuerda que “pasadito el Golpe, en 1975, antes de que Río Colorado pasara a ser propiedad militar, los militares se apoderaron del fundo, pusieron una barrera de control a la entrada y empezaron a vender cosas que eran de los campesinos. Fue un periodo bien crítico”. -Llegaron a la casona principal y ahí se establecieron. Llegaron imponiéndose. Mi papá tenía en las pesebreras vacas lecheras, vendíamos leche. Ellos llegaban y decían “dame leche”, ¿y quién se podía oponer? ¡Qué miedo! Llegaban y sacaban…le mataron un ternero a mi papá para comérselo, ¿y quién se podía oponer? Fueron pasando muchas cosas. De ahí se hicieron cargo del fundo y vino lo más duro. Nosotros, que éramos casi propietarios, tuvimos que empezar a pagarle al Ejército talaje, lo que empezó a fines de los ‘70 y duró hasta hace como seis años, cuando nos pusimos firmes para no pagar. Yo no sé adónde fue a dar esa plata –cuenta Ortega.

Carlos Arenas, Rodrigo Carrasco y Lorenzo Astorga

El cobro, recuerda Gerardo Ortega, era mensual: “Se cobraba por animal. En ese tiempo $200, $300 por oveja. Por vacuno eran como $1.200. Mis papás pagaban, luego nosotros también tuvimos que pagar. Entre todos calculamos que hay un historial de casi $500 millones de pesos que se le han pagado al Ejército”. Los campesinos jamás tuvieron claridad de cuál fue el destino de esos pagos. Gerardo Ortega continúa recordando: -Siendo un fundo de los campesinos, ellos se apropiaron y nosotros no podíamos hacer nada. No podíamos sembrar, para poder ir arriba había que sacar un permiso. (…) Ellos mismos nos vendían el pasto para nuestros animales, porque nosotros no podíamos producirlo y los potreros los tenían ellos. Si yo quería sembrar chacras teníamos que sacar a medias: si cosechaba 10 sacos tenía que darles cinco… En la práctica, asegura Gerardo Ortega, de lo que producían terminaban quedándose con un 40%. El resto, terminaba en manos de los militares. Lo hechos que relata Ortega coinciden con los testimonios que recogió CIPER de Emilio Martínez y del hijo del ya fallecido asentado Carlos Arenas, del mismo nombre. A sus 42 años, hoy preside la Agrupación Asentados y Ganaderos de la Hacienda Río Colorado, constituida legalmente en agosto de 2016 y cuyo objetivo es recuperar las tierras y el fundo en su plenitud. CIPER consultó al Ejército sobre el manejo financiero que ejecutaron en Río Colorado. La respuesta fue: “Las actividades realizadas en el predio ‘Río Colorado’, se ajustaron a la normativa, materializándose contratos por este rubro hasta el año 2002. En otros períodos no hay registros. Actualmente allí no se realiza ninguna actividad productiva”. Corría 1996, y un día, ya en plena democracia, los campesinos de Río Colorado se enteraron que debían agregar un pago extra. Esta vez, a Cementos Bio Bio, empresa que pertenecía a uno de los grandes amigos y defensores de Augusto Pinochet.

NUEVO DUEÑO, NUEVOS PAGOS

Para los campesinos del ex Asentamiento Río Colorado, la venta de una gran parte de la hacienda a Cementos Bío Bío solo tuvo una consecuencia: desde que la Minera Río Colorado se instaló en la hacienda, han tenido que pagarle talaje. Rodrigo Carrasco afirma que desde 1996 es la minera la que les cobra: -Y todavía lo hace. En 2016 cobraban $300 mensuales por animal chico, cabra u oveja; y mil pesos por animal grande, vacuno o caballar. Ese año pagamos con mi hermano, mi mamá y mi familia como $800 mil pesos entre vacunos y cabras. Y no recibimos ningún comprobante. El cobro, asegura Carrasco y otros campesinos que se mantienen en el predio, no lo pagan todos, solo los que necesitan pasar por las tierras propiedad de la minera para llevar a pastar a los animales: -La verdad es que la minera nunca ha cobrado directamente. Siempre ha tenido un intermediario. Pero le seguimos pagando para no tener problemas y poder llevar nuestros animales a la cordillera -asegura Carrasco. CIPER consultó a Cementos Bío Bío sobre estos cobros y el proceso de compra del predio, pero se negaron a entregar su versión. Próxima entrega y final: “Historia de un despojo II: las tierras de la Reforma Agraria de las que no se habla. Vendieron a GENER 66 hectáreas para que instalara allí su Central Alfalfal”.

Vea también: Historia de un despojo: las tierras de la Reforma Agraria que el Ejército arrebató a campesinos

El despojo de sus tierras del que fueron víctimas los asentados de la Hacienda Río Colorado, no fue excepcional. Así lo develan dos estudios sobre el destino que se le dio bajo dictadura a las tierras de la Reforma Agraria, realizados por equipos del Departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas de la Universidad Arcis (en 2000 y 2004), por encargo del gobierno de Ricardo Lagos.

En base a esos informes y a respuestas obtenidas por Ley de Transparencia, la investigación de CIPER logró identificar 18 predios afectados a la Reforma Agraria y que terminaron en manos del Ejército entre 1975 y 1993 (revisar el listado aquí). Entre ellos, los fundos Río Colorado y San Antonio de Ancoa.  

En total, esos 18 predios llegaron a sumar 234.596 hectáreas, de las cuales el 68% corresponden a la Hacienda Río Colorado. De este total, la institución castrense conserva aún 145.667 hectáreas. Y ello, porque después de recuperada la democracia el Ejército ha ido devolviendo al Ministerio de Bienes Nacionales parte de esos terrenos.

Una de estas “devoluciones” afectó precisamente a otras 66 hectáreas del ex Asentamiento Río Colorado, la que se ejecutó en diciembre de 1987. Pero la operación que hizo el Ejército con esas tierras, no buscaba palear el despojo inicial. Porque solo meses más tarde, en agosto de 1988, las mismas 66 hectáreas fueron vendidas a Chilectra Generación, empresa que apenas siete meses antes (enero de 1988) había culminado su proceso de privatización, iniciado en 1981.

Central El Alfalfal, en el Cajón del Maipo.

La investigación de CIPER no logró precisar el precio de venta de esas 66 hectáreas, pero sí el decreto que contiene el objetivo principal de la “devolución” que hizo el Ejército. Está fechado el 30 de diciembre de 1988 y también lleva la firma del general Pinochet: es el decreto por el cual se le otorga a la empresa eléctrica ya privatizada la concesión definitiva para establecer precisamente en esos mismos terrenos la Central Alfalfal.

En su artículo 1° se lee: “Otórgase a la Compañía Chilena de Generación Eléctrica S.A. concesión definitiva para establecer en la Región Metropolitana, provincia de Cordillera, comuna de San José de Maipo, una central hidráulica productora de energía eléctrica denominada Alfalfal, de una potencia instalada de 140 MW, destinada a optimizar el uso de los recursos hidroeléctricos de la Región Metropolitana. El presupuesto del costo de las obras asciende a US$ 194.863.000”.

Y en su artículo 5: “La totalidad de las obras se ubicarán en terrenos fiscales, pertenecientes a la Hacienda Río Colorado, respecto de los cuales el Ministerio de Bienes Nacionales autorizó su venta, en una parte, y la constitución de servidumbres, en otra, mediante los Decretos Ns. 666 (1987), y 365 (1988), de la citada Secretaría de Estado” (ver decreto publicado en el Diario Oficial el 6 de febrero 1989).

Los derechos de agua para esa central ya habían sido entregados a la empresa sin costo alguno en 1984 y 1985. Así, la compañía eléctrica que fue estatizada en 1970, y entregada a Endesa en dictadura, obtuvo un enorme beneficio para su negocio. Luego de algunas restructuraciones societarias, finalmente esa empresa se transformó en Gener, compañía que hoy impulsa en la misma zona de la Hacienda Río Colorado el polémico proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

EL EJÉRCITO DUEÑO DE TIERRAS

Del destino que se le ha dado a las 145.667 hectáreas de predios afectados a la Reforma Agraria y que el Ejército aún conserva bajo su dominio, la información no es precisa. Tras una serie de preguntas por Transparencia, desde el Ejército detallan que esas hectáreas son utilizadas con distintos fines: instrucción y entrenamiento del personal de la institución, uso agropecuario, crianza de ganado equino, cultivo de forraje para el autoabastecimiento de la alimentación del ganado y uso agrícola.

En algunos casos parte de estos predios fueron licitados a privados para su uso. Otros, fueron o están en proceso de devolución al Estado.

Según la información entregada por el Ejército para esta investigación, el único terreno de los que se apropió y que luego fue vendido a privados, fue Río Colorado: las 16.700 hectáreas que el Ejército vendió en $430 millones a Cementos Bio Bio y las 66 hectáreas que terminaron en manos de Gener.

Cementos Bío Bío

Hoy, en las tierras en las que se creó el pujante Asentamiento Río Colorado en 1969 aún viven y trabajan varios de los asentados originales y sus hijos. Pero no saben hasta cuándo.La incertidumbre los vuelve a rondar ya que todos esos terrenos, que suman 70.333 hectáreas, están en la recta final del proceso de devolución al Ministerio de Bienes Nacionales en virtud del “Acuerdo de las Actas de Chena IV”.

-Esta devolución es resultado de un proceso de conversaciones entre el Ejército y los ministerios de Bienes Nacionales y de Defensa, con el objeto de avanzar en la entrega de bienes de interés del Fisco, que el Ejército está dispuesto a entregar para una serie de usos de gran importancia para el país y la ciudadanía –explicó a CIPER la entonces ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma.

LOS ESTUDIOS DEL GOBIERNO DE LAGOS

El primer estudio realizado por el equipo de la Universidad Arcis, fue encargado por el Ministerio de Agricultura cuyo titular era Jaime Campos (quien fue ministro de Justicia hasta el pasado 11 de marzo). Después de nueve meses de trabajo, el 17 de noviembre de 2000 los abogados Roberto Celedón, Sergio Fuenzalida, José María Bulnes y Matías Coll entregaron su primer informe.

Allí se condensó el análisis de documentos y 650 testimonios de campesinos de siete regiones del país, sobre cómo y cuándo perdieron las tierras que habían obtenido gracias a la Reforma Agraria. De estos, 221 relatos fueron chequeados con la documentación de la CORA que mantenía el SAG y los registros oficiales de conservadores de Bienes Raíces de regiones. El resultado fue una base estadística sobre los distintos procedimientos utilizados durante la dictadura para apropiarse de las tierras repartidas por la Reforma Agraria.

En ese primer informe se dejó constancia de la necesidad de una nueva investigación que hiciera posible diseñar políticas de reparación. Así nació un segundo convenio del Ministerio de Agricultura de la administración Lagos con la Universidad Arcis: debían dimensionar el universo y situación de los campesinos beneficiados por la Reforma Agraria para tener una idea del número de posibles destinatarios de medidas de reparación y el costo asociado.

Jaime Campos, ex ministro de Justicia

Este segundo estudio fue realizado por los abogados José María Bulnes, Sergio Fuenzalida y el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, y contó con el apoyo de los profesionales Juan Vergara, Pelagia Bulnes, Ema Salomé y María José Middleton.

El informe fue entregado al gobierno en ‘2003 (“Catastro Nacional de Tierras derivadas  de la Reforma Agraria que no se adjudicaron a los beneficiarios de este proceso o que las perdieron y estudio de la situación socioeconómica de dichos originales beneficiarios”).

Sus conclusiones son lapidarias: 50.277 familias campesinas asignadas con tierras de la Reforma Agraria fueron impedidas de ejercer su derecho de propiedad, tal como establecía la Ley 16.640. Además, 57% de las 41.445 familias que sí fueron asignatarias de tierras terminaron vendiendo sus parcelas: en su mayoría fueron sometidas a situaciones de venta forzada, endeudamientos, fraudes notariales y otras ilegalidades.

Según detalla el informe, entre 1962 y el 11 de septiembre de 1973, el 43% de las tierras agrícolas de Chile (9,3 millones de hectáreas) habían sido incorporadas a la Reforma Agraria a través de expropiaciones llevadas a cabo por la CORA. Solo 1.057.250 hectáreas estaban definitivamente asignadas para campesinos, mientras que el 88% de la superficie reformada se encontraba en proceso transitorio de asentamiento: una situación jurídica inestable. Ese fue el caso del Asentamiento Río Colorado.

La Ley N° 16.640 del presidente Frei Montalva, determinaba que el gobierno tendría de tres a cinco años para asignar el título definitivo de propiedad a los campesinos, plazo que muchas veces se dilató. Mientras tanto, se formarían asentamientos y comités campesinos, donde el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) actuaba a través de cursos de capacitación técnica y alfabetización.

Este carácter transitorio de los asentamientos fue aprovechado por la dictadura para revocar el 27% de las expropiaciones realizadas por los gobiernos de Frei y Allende, devolviendo estas tierras a sus antiguos dueños, bajo la consigna “normalización agraria”.

Otra cantidad importante de tierras reformadas (llamadas “Reservas CORA”), no fueron entregadas a sus antiguos dueños y permanecieron bajo control del Estado, siendo paulatinamente transferidas a organismos públicos y privados. Al Ministerio de Defensa, entre ellos.

La investigación que hizo CIPER en base a los dos estudios encargados por el gobierno de Lagos, permitió profundizar en un acápite que aparecía citado en ellos: la apropiación de grandes predios expropiados por la Ley de Reforma Agraria por el Ministerio de Defensa. Esa apropiación se hizo “haciendo una interpretación abusiva de normas dictadas por ellos mismos”, se lee en uno de los informes.

Para ello se utilizó el artículo 67 de la Ley de Reforma Agraria, que disponía que las tierras adquiridas por la CORA podían ser transferidas cuando se tratara de “terrenos inaptos para el cumplimiento de los fines de la corporación”. En 1975 a esa normativa se le agregó una frase clave: “el Consejo de la CORA calificará qué se entenderá por inaptos”. Fue a través de ese artilugio que vastos terrenos expropiados terminaron en manos del Ejército.

Presidente Eduardo Frei Montalva en Lontué, en junio de 1970 (Fuente: Casa Museo Eduardo Frei Montalva)

La arbitrariedad con que se utilizó la calificación de “inaptos” se hizo evidente en el caso de la Hacienda Río Colorado. Algo similar ocurrió con el Fundo San Antonio de Ancoa, en Linares (Región del Maule).

Ese predio de 13.774 hectáreas, fue transferido al Ejército el 14 de abril de 1987. En el primer informe realizado por el equipo liderado por José María Bulnes el año 2000, se relata: “Hasta hoy los militares les imponen a los campesinos que viven allí una serie de obligaciones inicuas. Estos se ven obligados al pago de un tercio de la producción del carbón que producen, de una décima parte de la producción de ganado y se les impone la obligación de trabajar seis días mensuales de trabajo-hombre por puebla (conjunto de casas donde habitan una o dos familias) en faenas en un bosque de pinos que explota el Ejército en la zona. Como se comprende, los campesinos están en una situación de auténticos siervos de la gleba”.

La situación se tornó aún peor en 2012. Según relata The Clinic, ese año apareció un maderero de la zona que les anunció que había firmado un contrato con el Ejército para explotar forestalmente el predio. Las ya malas condiciones empeoraron. Nuevamente se instaló la incertidumbre sobre la permanencia de las familias en el predio al no existir ningún contrato ni documento que regulara su situación.

Para el Ejército, en cambio, la situación era muy clara. Así respondieron a CIPER cuando se les preguntó a través de la Ley de Transparencia sobre lo que ocurría en el ex asentamiento de Linares:

“En el predio San Antonio de Ancoa, históricamente se ha realizado una tala indiscriminada de bosque nativo por personas que habitan de manera irregular en el lugar, y para normalizarlo, y de acuerdo al marco legal vigente (DFL N° 130 y RL N° 1506), se establecieron contratos de mediería con estos pobladores hasta el año 2009, los cuales no fueron renovados por la negativa de las diferentes familias”.

INFORMES QUE FUERON A UN CAJÓN

Tal como fue solicitado por el gobierno de Lagos, los datos recogidos por los equipos de la Universidad Arcis en 2000 y 2003 fueron utilizados para elaborar una propuesta de reparación a los campesinos afectados.

Dos fueron las medidas principales recomendadas. Recuperar las tierras que estén en manos del Fisco para los destinatarios originales de la Reforma Agraria y garantizar –a través de INDAP– inversiones para crédito y formación técnica, asegurando la productividad de los asignatarios. Se recomendó una inversión total de US$23 mil por jefe de hogar durante cuatro años, estimando que 17 mil familias campesinas estarían “dispuestas a un endeudamiento razonable en el marco de una política de reparación”.

La propuesta no tuvo eco en el gobierno. Uno de los autores del informe, el abogado Sergio Fuenzalida, quien hoy coordina el equipo de Derechos Humanos de la Universidad Central, recordó lo que pasó luego de entregado el informe al entonces ministro de Agricultura, Jaime Campos:

-Hicimos una presentación del informe en data show al ministro Campos. Él no reaccionó, no dijo nada (…). Y yo recordaba perfectamente que antes de esa presentación tuvimos mucho contacto con organizaciones campesinas y en una de esas reuniones estaba el ministro Campos y ellos plantearon el problema de las tierras perdidas de la Reforma Agraria. Recuerdo perfectamente que el ministro les dijo: “pero si encargamos este estudio justamente para buscar una solución” –relató a CIPER Fuenzalida.

Sergio Fuenzalida (Fuente: Universidad Central)

CIPER consultó a Jaime Campos qué pasó con ese informe y por qué no hubo ninguna solución para los campesinos afectados. Campos declinó referirse al tema.

Los abogados Sergio Fuenzalida y Roberto Celedón, recuerdan que la situación respecto a las tierras de Río Colorado transferidas al Ejército fue objeto de una reunión especial con la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet.

En esa reunión, a la que también asistió el abogado José María Bulnes (ya fallecido), se le planteó a la ministra el problema de los campesinos del ex Asentamiento Río Colorado. Y se le pidió, recuerda Celedón, “que se devolvieran las tierras al Fisco o que una parte pudiese recuperarse para indemnizar a los campesinos. La reunión era para eso: cómo indemnizar a gente que sufrió en los procesos políticos sociales de la época”.

-Le representamos que parte de esas tierras fueron entregadas al señor Hernán Briones, presidente de la Fundación Pinochet. No hubo resultados positivos. No hubo voluntad de las autoridades o del Ejército de devolver las tierras o resolver los problemas concretos que se denunciaron. Las autoridades políticas no tuvieron la capacidad o la fortaleza de imponer un mínimo criterio de justicia –afirma Roberto Celedón.

Y concluye: “En todo aquello que tenía incidencia en las arcas fiscales, nunca hubo una disposición positiva, clara. Y los campesinos de la Reforma Agraria estaban en la mayor marginalidad. Los exonerados políticos estaban organizados, no así los campesinos de la Reforma Agraria, los que fueron atomizados, humillados y quedaron en completo desamparo”.

Hasta hoy miles de campesinos beneficiados por la Reforma Agraria siguen sin derecho a tierras propias.

EL DESTINO DE LOS ASENTADOS DE RÍO COLORADO

Cuando CIPER llegó hasta los terrenos del ex Asentamiento Río Colorado, constató que los campesinos que aún se mantienen allí no tenían idea de que había un acuerdo entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ejército para que esas tierras se devolvieran al Estado. Se enteraron por las autoras de esta investigación.

La entonces ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, reconoció: “En ese territorio que va a ser devuelto a la brevedad a nuestro ministerio, efectivamente hay ocupaciones. Según la información disponible, 26 familias son ocupantes históricas y beneficiarias de lo que fue la Reforma Agraria”.

Palma aseguró a CIPER en agosto pasado que iniciaría “un trabajo en el que solicitaremos la colaboración del Ministerio de Agricultura y de todos los organismos que dependen de ese ministerio, para poder establecer con precisión cuáles son las familias que fueron directamente beneficiarias de la Reforma Agraria o bien son herederos de sus padres asentados, para estudiar la factibilidad de otorgar títulos gratuitos de dominio y así, de alguna manera, reparar la injusticia que ocurrió durante la dictadura con aquellas familias”.

Nivia Palma, ex ministra de Bienes Nacionales

La ministra Palma también aseguró que había pedido que en su ministerio se hiciera un estudio que decida la procedencia de declarar Bien Nacional Protegido (BNP) “a la zona de Río Colorado para proteger el patrimonio natural que allí existe. Ello complementaría el terreno de 26.074 hectáreas fiscales ya protegidas como BNP en esa zona”.

Los ex asentados y sus hijos llevan décadas intentando obtener de vuelta las tierras de las que fueron despojados.

Hasta ahora, la única reparación que algunos obtuvieron hace un par de años, fue la entrega de los títulos de dominio de las casas que los propios campesinos habían construido durante el asentamiento.

En marzo de 2017, la Agrupación Asentados y Ganaderos de la Hacienda Río Colorado entregó un legajo de documentos al Ministerio de Bienes Nacionales que acreditaban que el fundo había sido expropiado para fines de la Reforma Agraria y que sus padres habían sido los beneficiados.

Un año después, el martes 27 de febrero pasado, fueron recibidos por primera vez por la aún ministra Nivia Palma. A la cita no llegó el antiguo campesino del asentamiento, Emilio Martínez, a quien los militares dejaron fuera de los contratados cuando se apropiaron del fundo y aun así se quedó en Río Colorado. A sus 76 años Martínez falleció en enero de este año sin haber cumplido su más ansiado sueño: recuperar “su tierra”. En esa cita, Palma les explicó que mediante un decreto que estaba en su última etapa de tramitación, el Ejército había devuelto los terrenos de Río Colorado a su ministerio.

Pero el Ejército aún no ha hecho la entrega material del fundo, ya que los ex asentados todavía deben pedirle autorización para entrar a ciertos sectores y se topan con vigilantes de la institución recorriendo los terrenos.

En esa reunión, la entonces ministra se comprometió a buscar una solución a lo que ellos consideran una deuda histórica con los ex asentados de Río Colorado.

Gerardo Ortega y su familia

-No fue un portazo, escuchó nuestra petición y sentimos que va a hacer algo. Es imposible que lo solucione antes del cambio de mando (11 de marzo), pero entendemos que no es un tema de izquierda ni de derecha, sino de derechos humanos y sociales de personas que fueron despojadas de sus tierras y de todo lo que buscaba la Reforma Agraria- aseguró a CIPER, Sudy Ortega, secretaria de la agrupación.

Pero la incertidumbre es grande, porque recién concretado el cambio de gobierno las promesas y buenas intenciones pueden quedar en nada. Y una vez más terminar sin soluciones.

-El sueño siempre ha sido poder recuperar el fundo, que sea de nuevo nuestro. ¿Por qué el Ejército y Bienes Nacionales no nos devuelven las tierras? ¿O las destina a las agrupaciones que hay aquí? ¿Y si el Ejército entrega el fundo a Bienes Nacionales y lo venden? ¿Adónde vamos a quedar los campesinos? Van a llegar los nuevos dueños y vamos a volver a lo mismo o a algo peor. A lo mejor el nuevo dueño dice “no quiero animales”. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? -se pregunta Gerardo Ortega.

Los temores de Gerardo Ortega son los mismos que se anidan en las casas de los campesinos que aún viven y trabajan en Río Colorado. Porque existe la posibilidad latente de que en este nuevo proceso una vez más terminen dejados de lado y sin derecho a las tierras que el mismo Estado una vez les entregó.

El miércoles 21 de marzo Sebastián Dávalos pidió “sentidas disculpas” por haber calificado al Ministerio Público de “corrupto”. Dávalos habló cuando la Corte Suprema revisaba el sobreseimiento que lo favoreció y que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua el 2 de enero sobre su rol en el negocio inmobiliario en Machalí que dio origen al “Caso CAVAL”. Es probable que el máximo tribunal confirme el sobreseimiento del hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, pero el 28 de marzo tendrá lugar una audiencia en Rancagua que le abre a él y a su esposa, Natalia Compagnon, un complejo escenario.

Ese día, los dueños de CAVAL, Compagnon y Mauricio Valero, además de Dávalos, enfrentarán una nueva audiencia de formalización tras la querella por estafa presentada en junio de 2016 por el empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha.

La figura de Vial Concha, dueño del holding Graneles del Sur, está estrechamente atada a CAVAL. Desde su creación en febrero de 2012, Vial fue prácticamente el único cliente de esa empresa, con pagos solo ese año de más de $1.200 millones por asesorías mineras, portuarias e inmobiliarias (ver reportaje de CIPER). Con el correr de los meses, Natalia Compagnon se ganó su confianza y a las asesorías ya mencionadas, se sumaron otras en seguridad informática.

Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos

La seguridad, en su más amplio espectro, ha sido la gran obsesión de Gonzalo Vial Concha en la última década y, a la vez, su talón de Aquiles. CIPER indagó en esa cara poco explorada del empresario rancagüino y tiró de un hilo que lleva a lo menos a 2008, cuando el dueño de Graneles del Sur comenzó a pagar altas sumas de dinero para hacer frente a supuestas amenazas de secuestro, fraudes y feroces conspiraciones en contra suya, de su familia y de sus negocios.

Acicateado por alertas que le anunciaban el posible rapto de uno de sus hijos, en 2010 Vial Concha tomó la decisión de dejar Rancagua y trasladarse junto a su familia a vivir a Santiago. En 2012 dio por verídicos los informes que le proporcionó un asesor sobre el supuesto complot que altos ejecutivos de Agrosuper –la empresa de su progenitor, Gonzalo Vial Vial–, maquinaban para enemistarlo con su padre. El episodio terminó por quebrar la compleja relación entre ambos.

Casi en paralelo, Vial Concha se convenció de la existencia de un mega fraude al interior de Agrosuper –donde él y sus hermanas también tienen participación– el que amenazaba con extenderse a su holding Graneles del Sur. Fue entonces que le dio luz verde a CAVAL para que con expertos informáticos llevaran a cabo una exhaustiva auditoría para identificar a los responsables.

En su querella por estafa, Vial Concha acusó a Natalia Compagnon de haberle entregado más de 300 correos electrónicos con información que apuntaba a esa estafa. En los correos –que fueron revisados por CIPER- aparecen supuestas comunicaciones entre ejecutivos de Agrosuper en las que se habla de millonarios desvíos de dinero hacia cuentas en el paraíso fiscal de Panamá; adulteraciones de balances y estados financieros, y hasta se sugieren líos amorosos entre trabajadores. En ese “complot” también se incluye a un ex alto ejecutivo de Graneles del Sur.

Hoy el empresario rancagüino afirma que esos emails fueron manipulados e incluso “falsos”. Pero en 2012 esa información incendió sus miedos e inseguridades llevándolas al paroxismo. Y si el fuego prendió rápido fue porque Vial Concha venía lidiando desde hace años con la sombra de intrigas en su contra.

En esa trama febril aparece un personaje que hasta ahora ha pasado inadvertido: Roberto Standen Pérez, empresario penquista experto en seguridad, amigo de Vial, y su asesor desde 2008. Reconocido por su estilo “militar” al interior de Graneles del Sur, poco después de que Vial Concha lo instalara en la cúpula gerencial de su holding, Standen se transformó en un poder omnipresente.

Gonzalo Vial Concha

Fueron sus alertas las que hicieron que el empresario de los granos abandonara Rancagua. Y bajo su influencia Graneles del Sur sufrió una completa reestructuración que incluyó –además de guardias y cámaras– la creación de un departamento para indagar fraudes con auditorías confidenciales y también el cambio de ejecutivos.

Con carta blanca para operar, Standen llevó a la compañía de Vial Concha a un informático responsable del área de sistemas. Lo que el dueño de Graneles del Sur probablemente no supo, fue que la persona que su asesor en seguridad introdujo en su compañía había sido condenada poco antes por estafa cibernética.

No contento con eso, a mediados de 2012 Vial Concha le pidió a CAVAL ejecutar una completa auditoría en seguridad informática en su compañía. “La empresa se encuentra altamente expuesta y completamente vulnerable”, se lee en las conclusiones de ese informe que, según el rastreo de CIPER, fue revisado por Sebastián Dávalos, quien era entonces gerente de Proyectos de CAVAL.

El intento de Vial Concha por quitarse de encima la sombra de la traición le ha costado caro. A Standen le pagó varios millones y aunque el empresario reconoció que la empresa de Compagnon y Valero no le cobró por los reportes de asesoría informática (la auditoría y los más de 300 emails), sí dijo que estuvo dispuesto a desembolsar “cifras importantes por los otros trabajos realizados por CAVAL (…) solo en función de esos informes que me hacían llegar de manera reservada”.

Cuando en marzo de 2013 cortó relaciones comerciales con CAVAL, Vial Concha siguió obsesionado con obtener información de inteligencia para enfrentar supuestas maquinaciones en el corazón de sus negocios.

Así, a comienzos de 2015, contrató directamente a Victorino Arrepol Garrido, quien había sido hasta pocos meses antes asesor de CAVAL y uno de los responsables de los más de 300 correos electrónicos adulterados que Vial asegura le entregó Natalia Compagnon. El contrato firmado por Arrepol y Vial fijó un pago de $122 millones anuales (UF 5.000), cifra que llevada a 12 meses es similar al sueldo de una alta autoridad de la República.

En esas labores y con la venia de Vial Concha, Arrepol realizó espionaje informático a ejecutivos de su holding. Una carpeta con cientos de correos electrónicos del gerente general de Graneles del Sur, Juan Pablo Correa, y que habrían sido interceptados durante varios meses por Arrepol cuando ya trabajaba directamente para Vial, evidencia que las desconfianzas del empresario rancagüino habían llegado a un punto de no retorno.

1^er ACTO: NOTICIAS DE UN SECUESTRO

En su declaración de enero pasado, Natalia Compagnon reveló detalles desconocidos de la vida de Gonzalo Vial. Relató que el empresario acostumbraba a portar en la guantera de su camioneta Mercedes Benz una pistola “para su seguridad”.

El dato entregado por la socia de CAVAL resulta verosímil a la luz de antecedentes recabados para esta investigación. Todos los testimonios recogidos por CIPER apuntan a que, desde al menos 2008, el dueño de Graneles del Sur había sido advertido por su asesor de seguridad, Roberto Standen, de fraudes, complots e intrigas en su contra. Esas alertas no solo lo llevaron a creer que su patrimonio estaba en riesgo, también la seguridad de su familia.

Roberto Standen (Fuente: caballoyrodeo.cl)

Dos fuentes consultadas por CIPER indicaron que Roberto Standen le advirtió al empresario que ejecutivos de Agrosuper lo “querían cagar”. También que algunos sindicalistas de la empresa de su padre habrían estado planeando el rapto de uno de sus cinco hijos.

Esas amenazas que Vial Concha creyó como ciertas, lo hicieron tomar la decisión de emigrar en 2010 junto a su familia desde su casa en la apacible comuna de Doñihue a un departamento en Santiago, en Santa María de Manquehue. La tesis del secuestro levantada por Standen también lo llevó a pensar que la seguridad de su padre, Gonzalo Vial Vial, estaba en riesgo. Fue así como, para la celebración de uno de los campeonatos nacionales de rodeo en Rancagua (Champion), puso a un guardia a seguirle los pasos sin que su progenitor lo supiera.

Fue precisamente la afición por el rodeo la que juntó a Vial y Standen. Ambos son dueños de criaderos de caballos. En 2008, Vial Concha asumió como presidente de la nueva Federación Chilena de Rodeo y Pruebas Ecuestres y Standen como vicepresidente. Esa organización se creó como entidad paralela a la Federación del Rodeo Chileno, fundada en 1961 y con su padre, Gonzalo Vial Vial, como presidente honorario. Un tercer nombre se sumó a esa lista como tesorero: el del empresario agrícola Pedro Santa María Torrealba, también amigo de Vial Concha, y cuyo nombre –como se verá– reflota misteriosamente en el contexto de la millonaria asesoría de Arrepol al dueño de Graneles del Sur en 2015.

A través de su empresa de seguridad Conmax, integrada por ex carabineros y militares en retiro, cuya sede está en Concepción, Roberto Standen le presta servicios de vigilancia a empresas forestales, entre ellas a Arauco, propiedad del Grupo Angelini. Comuneros mapuche con tierras en litigio con esa forestal han denunciado constantes hostigamientos por parte de los guardias de la empresa de Standen para desalojarlos. “Se pasean por fuera de nuestra rucas sacando fotos… nos disparan cuando pasamos por caminos interiores del fundo”, acusó uno de los afectados (ver aquí).

Quienes lo conocen confirman que una de las prácticas comunes de Standen es hacer seguimiento fotográfico a las personas que tiene bajo su lupa. Hay quienes incluso aseguran que esa información la utiliza para “juegos peligrosos”. “En su teléfono anda con una especie de catálogo de mujeres que le gusta exhibir sin que nadie se lo pida”, dice alguien que compartió reuniones con el empresario de la seguridad privada.

Roberto Standense transformó con el tiempo en el asesor más próximo de Vial Concha y terminó blindando a Graneles del Sur con guardias, cámaras y una serie de protocolos de seguridad. También con guardaespaldas para su resguardo y el de su familia.

“Vial le pagó muchísima plata a Standen”, contó a CIPER un ex trabajador de la compañía que asegura que la influencia que tuvo sobre Vial llegó a tal punto que incluso trajo a profesionales de su confianza –la mayoría de Concepción– para que ocuparan puestos claves en Graneles del Sur.

A esas alturas, Standen, quien de acuerdo a la indagación de CIPER comenzó a facturarle a Vial Concha por sus trabajos de seguridad en 2008, aparcaba su vehículo de turno (principalmente un Porsche) en uno de los tres estacionamientos reservados para la plana mayor del holding (junto a Vial y al gerente general Juan Pablo Correa).

“PROVOCA TEMOR EN LA GENTE”

Julio Escobar Hornung, quien trabajaba con Roberto Standen desde 2004, fue uno de los profesionales que el asesor en seguridad incorporó a la compañía de Vial a mediados de 2012. Llegó a Graneles del Sur como auditor interno de Tecnologías de la Información con la misión de adaptar, revisar y supervisar “el comportamiento de las políticas de seguridad de la información que rigen a nivel de holding”.

Escobar Hornung –quien entre agosto de 2014 y febrero de 2015 asumió como jefe de Sistemas y Tecnologías de la Información– no se presentaba en Graneles con sus papeles limpios. Un expediente judicial revisado por CIPER muestra que poco antes, en abril de 2011, Escobar había sido condenado como autor de delitos informáticos por un tribunal de Concepción. Diseñó una página web ficticia del Banco Santander para robar el dinero de clientes que ingresaban sus datos personales y bancarios creyendo que era el sitio oficial de la entidad financiera.

Otro de los profesionales que Standen incorporó en 2012 a Graneles del Sur fue el contador auditor Pablo Cabello Medina, quien estuvo en esa compañía hasta julio de 2014. Lo llevó para liderar la nueva área de contraloría financiera corporativa, responsable de elaborar reportes de detección de fraudes al interior de Graneles del Sur.

CIPER revisó parte de esos reportes, todos marcados con un timbre “confidencial”. En uno de ellos se cuestiona los bonos de desempeño autorizados por el gerente general, Juan Pablo Correa, a un jefe zonal de la compañía. “Se solicitó a través de correo electrónico explicación de estos pagos al gerente general del holding (…) a la fecha de este reporte nuestra área no ha tenido respuesta alguna”, dice el informe.

En otro documento interno del holding de Vial y que tiene fecha de creación el 16 de junio de 2012, se da cuenta de los problemas organizacionales provocados por la “metodología militar”, la “agenda propia” y el “concurso de despidos” de Standen. “[Standen] provoca temor en la gente, eso está bien en términos de controles, pero no en la administración del día a día (…) al estar bajo la espada de Damócles se nos puede ir gente que no queremos que se vaya”, se lee en ese archivo que habría sido elaborado por Juan Pablo Correa en el contexto de una reunión con Vial Concha y otros gerentes.

La tensión creada por el rol de Standen al interior de Graneles del Sur llegó a su climax en septiembre de 2014, cuando el gerente general Juan Pablo Correa puso su cargo a disposición ante Vial Concha. Su renuncia no se hizo efectiva y Correa continuó en su cargo, aunque probablemente sin saber que para entonces su correo institucional estaba siendo intervenido y manipulado por terceros.

El empresario de seguridad privada Roberto Standen ya no trabaja para Vial. La información recogida por CIPER indica que se mantiene cierta cercanía entre ambos, pese a que la familia de Vial Concha “no puede ver” al empresario penquista.

–Es demasiada la información que maneja Standen sobre él y sus empresas como para que Gonzalo (Vial Concha) rompa ese vínculo de un día para otro –acota un cercano al empresario.

Al menos en 2012, las asesorías de seguridad informática de Standen y CAVAL para el holding de Gonzalo Vial se traslapan, sin que CIPER haya podido establecer un vínculo explícito entre ambos actores. En la declaración que prestó en Fiscalía el 16 de enero pasado, Natalia Compagnon dejó huella de que al menos conocía a Standen: solicitó que se periciaran las cuentas de correo electrónico de varias personas, standen@maxcon.cl fue una de las que listó.

Con información bajo el brazo levantada por sus asesores en seguridad, la que le informaba de una supuesta cofradía de ejecutivos de Agrosuper que quería estafarlo y además enemistarlo con su padre, el empresario rancagüino visitó en 2012 a su progenitor Gonzalo Vial Vial. Allí le expuso los antecedentes: la reunión, lejos de lo que esperaba Vial hijo, dinamitó la relación entre ambos a tal punto que se dejaron de hablar.

Hay quienes ven en el origen de las inseguridades de Vial Concha –el menor y único hombre de cuatro hermanos– la tensa relación que arrastra desde hace mucho con su progenitor del mismo nombre y creador de unos de los imperios alimenticios más grandes y exitosos de Chile: Agrosuper. Una figura paterna omnipresente contra la que también tuvo que lidiar en el entorno de otra de sus pasiones: el rodeo. Así lo evidencia la decisión de Vial Concha de retirarse en 2008 de la principal organización de ese deporte en Chile, de la cual es presidente honorario su padre, para crear una nueva federación.

2^do ACTO: FRAUDE EN CIERNES

La indagación de CIPER arrojó que en paralelo a la llegada a Graneles del Sur de Julio Escobar, el informático de confianza de su asesor Roberto Standen, Gonzalo Vial Concha le entregó a CAVAL la tarea de ejecutar una auditoría al sistema informático de su compañía.

“La infraestructura estudiada posee muchas falencias que podrían interrumpir las operaciones de la empresa”, es la principal conclusión del informe que le entregó CAVAL a Vial una vez hecho su análisis. Allí identificó ocho puntos con riesgo “alto” que alertaban sobre la completa vulnerabilidad de su sistema contable y de gestión, y está firmado por el jefe de Sistemas de la empresa de Compagnon y Valero, Humberto López (dueño también de la empresa Advantec).

El documento –que lleva el nombre Informe Graneles de Chile v2– figura adjunto en un correo electrónico enviado el 16 de octubre de 2012por el esposo de Compagnon, Sebastián Dávalos,a la encargada de Proyectos Tecnológicos de CAVAL, Sol Herreros.

Parte del informe de auditoría informática de CAVAL (el subrayado es de CIPER).

Los temores de Vial Concha sobre el supuesto complot en su contra y estafa a su padre que fueron alimentados por su asesor Roberto Standen, cobraron mayor fuerza con las auditorías informáticas de CAVAL. Y es allí donde irrumpe otro personaje importante de esta trama: Victorino Arrepol Garrido. El asesor de CAVAL y oriundo de Concepción, es sindicado como el responsable de realizar barridos informáticos a correos de ejecutivos de Agropesur para obtener información que, una vez manipulada, captara el interés de Gonzalo Vial Concha y reforzara su convicción de que era víctima de una conspiración.

“Natalia Compagnon me pedía que nos juntáramos porque me tenía un ‘dulcecito’ y me entregaba un conjunto de papeles (…) me fui armando la idea de que efectivamente había un fraude al interior de mi empresa”, acusó Vial Concha en su declaración de diciembre ante los fiscales.

Agregó también que varias de las reuniones entre él y Compagnon tenían lugar en un café de la comuna de la Reina, en el restaurant peruano Barandarián en Manuel Montt (Providencia) y en el Hotel Hyatt (Las Condes).

Quienes supieron de esas reuniones señalan que Vial solía utilizar apodos para referirse a esos lugares, bajo la sospecha de que su teléfono estaba intervenido. Al Barandarián le llamaba “el pulpo”, en alusión a uno de las preparaciones estrella de ese restorán –y aparentemente uno de los platillos más solicitados por el dueño de Graneles– y al Hyatt lo solía denominar “el redondo”, por la forma característica de ese hotel.

Tenía motivos para cuidar sus pasos. En los emails manipuladosque CAVAL le habría entregado –así como en la información que periódicamente le proporcionaba Standen– figuran múltiples conspiraciones en contra de sus negocios y los de su padre.

“CACHORRO CAE COMO PIEDRA”

En la mayoría de los más de 300 correos electrónicos (impresiones de pantalla de supuestos emails) que Gonzalo Vial depositó en la Fiscalía afirmando que le fueron entregados por CAVAL, no aparecen nombres. Sus interlocutores figuran con chapas: 00, JG, F1, F3, F6, F7, F11, son algunas.

Solo en un puñado de ellos sus autores aparecen identificados así como las fechas en que fueron enviados. El más antiguo data del 12 de enero de 2012 y dice: “Supe que quieren revisar los informes (…) no creo que sea para algo bueno. Hay que maquillar ahora mismo y salir de esta pronto”. Pocos días después aparece otro en el que se lee: “Debemos esperar que las cosas se calmen para meter mano. En otro del mismo día se habla de “cubrir lo faltante” y luego de que se habían “inflado” los valores porque se debía “generar capital a como dé lugar”.

En esos correos electrónicos adulterados figura como autor José Guzmán, gerente general de Agrosuper; y como destinatario Felipe del Solar, director de Relaciones Políticas y Administrativas de Extend, empresa de comunicación estratégica que tiene a la compañía de Gonzalo Vial padre como cliente.

Natalia Compagnon

Los correos electrónicos que Vial dice que Compagnon le entregó y que le informaban sobre la “estafa” del que era víctima la empresa de su padre, cobraron ese año 2012 más fuerza frente a la difícil situación financiera que atravesaba su propia compañía, Graneles del Sur. De hecho, en 2014 Gonzalo Vial Concha tuvo que renegociar los pasivos de sus empresas (cerca de US$200 millones) con la banca, proceso en el que fue asistido por Herman Chadwick Larraín, el mismo síndico que tuvo a cargo la venta de los terrenos de Machalí que dieron origen al “Caso CAVAL”.

Dos años antes de que el empresario llegara a ese descalabro financiero, el temor de que el supuesto complot de los ejecutivos de la empresa de su padre (Agrosuper) penetrara también en su holding, creció.

En los correos electrónicos, además de los ya mencionados José Guzmán y Felipe Del Solar, se involucra también como destinatarios a Luis Felipe Fuenzalida, gerente de Administración y Finanzas de Agrosuper y a Rodrigo Errázuriz, ex miembro del consejo directivo de esa compañía y hasta 2011 gerente general de Graneles del Sur (actual director ejecutivo de Copesa).

“Les dije, el cacho [Vial Concha] es tan relajado y pienza (sic) que todos lo están cagando… su defecto fortaleza pa (sic) nosotros…”; “cachorro [Vial Concha] cae como piedra”; “se espera un viaje de Vial y ese debe ser el momento para hacer los movimientos bancarios y así no se den cuenta”; “los traspasos hay que hacerlos de 200 en 200, más que eso generaría alerta”, dicen correos electrónicos fechados en marzo y abril de 2012.

EL “GRUPO 201271”

El guión trazado en los correos electrónicos que Vial Concha asegura recibió de CAVAL, sugiere que en agosto de 2012 los supuestos conjurados de Agrosuper comenzaron a sospechar que sus comunicaciones estaban siendo intervenidas. “Borra todo lo que tengas en tu correo, posible robo de información”; “hay un hacker…ojo”; “se están filtrando cosas. Ni una palabra más”, son parte de los intercambios plasmados en los últimos emails que figuran con nombre y fecha.

Tras esas alertas y de acuerdo a la trama plasmada en los correos, los ejecutivos que protagonizaban el fraude ficticio dejaron de utilizar sus correos institucionales y crearon un grupo de mensajería electrónica identificado como “201271”. Las nuevas instrucciones fueron: no utilizar nombres y escribir con faltas de ortografía, para protegerse en caso de ser descubiertos.

En esta nueva serie de emails encriptada artesanalmente se detallan los circuitos por los que transitaría el botín robado. Se hace referencia a la apertura de una cuenta bancaria en Panamá –en el Global Bank– y a la necesidad de seguir una “estrategia de pirámide bancaria” para mover los fondos.

Ciudad de Panamá

“Global Capital Investment Corporation nos presta asesoría y nos acepta facturas de empresas de terceros sin informar a USA; Global Valores opera un puesto en la bolsa de Panamá, esto nos ayudará mucho cuando viela (Gonzalo Vial padre) ingrese a la bolsa en Chile… llegar y ganar; Global Bank Overseas nos recibirá los documentos sin pedir informe alguno y los colocarán de tal forma que no se pueda hacer seguimiento”, se lee en uno de esos correos.

Los emails también dan cuenta de supuestas maniobras de ese grupo para azuzar el conflicto que en esos momentos tenía Agrosuper con su planta de cerdos en la comuna de Freirina (Región de Atacama). La idea era mantener ocupados a los Vial (padre e hijo) para continuar sin trabas con el desfalco: “Freirina… dio resultados… la prensa nuevamente se enfocó al tema… se estaba enfriando… los mandamos a Copiapó a levantar un poco de humo… mientras seguimos con el plan original”.

La telenovela digital que consumió Vial Concha a través de esos correos es parte de la trama de la querella por estafa presentada por Vial Concha en junio de 2016. El empresario además de hacer mención a esos correos electrónicos, los que califica de falsos, se refiere a ocho informes mineros que le fueron entregados por CAVAL. Vial Concha asegura que los más de mil millones de pesos que aparecen en la contabilidad de CAVAL como pagados por él, corresponden principalmente a esos informes. Y acusa a la empresa de Compagnon y Valero de haberlos plagiado de Internet, de trabajos de Cochilco.

Sobre esa supuesta estafa ya existe un informe policial. En junio de 2016 el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) concluyó que no se puede establecer la ocurrencia de ese delito, porque no existe evidencia de que Vial Concha haya pagado por los “informes mineros” que hizo CAVAL. Los pagos “corresponden a otros estudios y asesorías”, concluye Labocar.

Y es en este punto donde surge una gran interrogante: si los $1.200 millones que efectivamente pagó Vial Concha a CAVAL en 2012, incluyeron también las asesorías de seguridad informática que le pidió a Natalia Compagnon.

Lo que sí ha logrado comprobar la Fiscalía de Rancagua es que esos $1.200 millones no son los únicos dineros que el empresario le pagó a la socia de CAVAL. El dueño de Graneles de Chile aseguró en su declaración que le entregó “de su bolsillo y en efectivo” otros $400 millones a Natalia Compagnon para “arreglar el tema que tenía Agrosuper en Freirina”. Mencionó además otros $70 millones que le habría proporcionado como préstamo para que solucionara un problema pendiente con Impuestos Internos.

Personas que tuvieron acceso a las cuentas personales de Vial Concha aseguraron a CIPER que el monto en efectivo entregado por el empresario rancagüino a Compagnon fue mucho más y bordearía los $700 millones. Y que una pericia policial a sus cuentas puede corroborarlo.

Sobre los más de 300 correos electrónicos adulterados que alimentaron el complot y que Vial asegura le fueron entregados por CAVAL, no hay certeza hasta hoy de quién es su autor material e intelectual. Natalia Compagnon y Mauricio Valero han apuntado a Victorino Arrepol. Una aseveración que Arrepol refuta. En sus declaraciones, aseguró que los correos fueron manipulados, pero afirmó que él solo se limitaba a recopilar la información desde la red y que era Compagnon quien “la preparaba para entregársela a Gonzalo Vial”. Y agregó que, antes de entregársela a Vial, “le ponían y le sacaban cosas”.

3^er ACTO: VIAL “ME NECESITA”

“El tema es un poco complicado… gonzalo vial siempre ha pedido información a caval… ahora la persona q provehia de esta informacion era yo… nesesitamos llegar a el… esta complicado y me nesesita… pero caval le cobra muy caro!!! (sic)”.

Ese fue el correo que le mandó el miércoles 9 de julio de 2014, Victorino Arrepol a Sergio Bustos (otro de los asesores de CAVAL en la compraventa de los terrenos de Machalí y quien destapó el escándalo). En ese correo (verídico) Arrepol le propuso a su viejo amigo y socio saltarse a la empresa de Compagnon y Valero y continuar con los barridos informáticos, pero ahora entregándoselos directamente al dueño de Graneles del Sur.

Arrepol Garrido saldaba así un plan añorado por meses: apropiarse sin intermediarios del botín que Vial Concha estaba dispuesto a pagar para aplacar sus temores. En otro correo electrónico del mismo día enviado también a Bustos, Arrepol le insiste que si llegan a Vial de “manera directa”, ganarían “unas buenas lukas”.

Arrepol consiguió lo que quería. Porque el propio Vial Concha reconoció haberle pagado en 2014 al menos $5 millones por algunos trabajos y haber puesto a su disposición un vehículo.

2014 es el año en el que las dudas del empresario sobre la lealtad de sus ejecutivos fueron llevadas a niveles alarmantes por los informes “confidenciales” que le reportaba la nueva área de detección de fraudes montada por Roberto Standen.

Como parte del trabajo inicial que le encargó Vial Concha, esta vez directamente a Victorino Arrepol, hay cientos de emails de 2014 (fotos con impresiones de pantalla) que éste capturó desde la cuenta de correo electrónico institucional del gerente general de Graneles del Sur, Juan Pablo Correa.

Esos emails –que incluyen hasta información de las cartolas bancarias personales del ejecutivo– no dan cuenta de ninguna irregularidad, más bien evidencian la gestión propia de un gerente general.

La confianza que llegó a depositar Vial Concha en Arrepol llegó al punto de que su nuevo asesor no tuvo empacho a fines de 2014 en solicitarle una préstamo de $20 millones para cubrir deudas personales generadas, según él, en dineros que CAVAL le adeudaba. “Ojalá me pueda ayudar, ya que este tema me superó y no me deja concentrarme en lo que estoy haciendo”, se lee en un documento del 5 de diciembre de 2014.

El gran salto de Victorino Arrepol vino a fines de enero de 2015, solo días antes de que el 6 de febrero estallara el “Caso CAVAL” en revista Qué Pasa. El 27 de ese mes, Arrepol firmó un contrato con Gonzalo Vial Concha por UF 5.000 anuales ($122 millones) para “la búsqueda de información dentro del ámbito de internet”. Según Arrepol, Vial Concha quería “antecedentes que le permitieran saber con meridiana exactitud todo lo que pasaba en sus empresas” (ver contrato).

En ese contrato se estipula que Arrepol también recopilara información “del empresario Gonzalo Vial Vial” y de su empresa Agrosuper.

Del contrato no solo sorprenden los montos. También que a la firma de ese acuerdo Vial Concha haya concurrido como representante de una empresa que no le pertenece: la sociedad frutícola La Purísima Limitada, cuyo dueño es su amigo –y ex socio en Puerto Panul, otra de las empresas de Vial– Pedro Santa María Torrealba, tesorero de la federación de rodeo que Vial creó junto a Roberto Standen en 2008.

El 28 de enero de 2015, Arrepol emitió una boleta de honorarios por $41 millones brutos a La Purísima con la glosa “Asesoría y recopilación de información”. Vial Concha le entregó el dinero en efectivo (ver boleta).

Según la versión de Victorino Arrepol, tres meses más tarde, en marzo de 2015, Vial Concha le ordenó anular esa boleta ya que había “un error contable”. Pero como la factura ya había sido emitida, la huella quedó.

Es probable que la decisión de Vial Concha haya sido provocada por el estallido del “Caso CAVAL” que por esos días copaba los titulares. Arrepol anuló la boleta y el pago que le hizo Gonzalo Vial quedó sin respaldo contable, al igual que los $470 millones que el empresario dice haberle entregado a Natalia Compagnon.

Las tareas de seguridad informática que cumplió Victorino Arrepol para Gonzalo Vial Concha, incluyeron desplazamientos fuera del país. De hecho, apenas se hizo público el negocio inmobiliario de CAVAL, el asesor informático tuvo que regresar de emergencia desde Colombia donde se encontraba cotizando –“por instrucciones de Vial Concha”, dijo– un “software de seguimiento para clonar y poder entrar a cualquier red”.

Las esquirlas del escándalo político provocado por el negocio inmobiliario de CAVAL, también golpearon a Arrepol, cuando surgió su nombre entre los protagonistas de esa trama. El último capítulo de la peculiar relación entre el empresario rancagüino y el “asesor informático” ocurrió el 3 de noviembre de 2015. Ese día, Arrepol demandó a Vial Concha por incumplimiento de contrato, acusándolo de no pagarle el saldo restante de las UF 5.000 que estipulaba el contrato. Y aseguró en su demanda que el trabajo que le pidió Vial Concha se hizo. Y entregó pruebas de ello.

CIPER intentó conversar con Victorino Arrepol. Su abogado en esta causa, Marcelo Valenzuela, comunicó a través de su secretaria que ni él ni su cliente hablarían con la prensa. A través del estudio jurídico del abogado Luis Hermosilla, que defiende a Vial Concha, también se solicitó entrevista con el empresario. No hubo respuesta.

CIPER también intentó comunicarse con el empresario penquista Roberto Standen por teléfono y correo electrónico. Fue inútil. No tuvimos respuesta.

El día que presentó la demanda, Arrepol decidió dejar un pendrive con todo el material que recopiló en un sobre bajo custodia judicial. Parte de la información supuestamente obtenida por el asesor informático mientras trabajó exclusivamente para Vial Concha, permanece en secreto. También la cifra exacta de los cientos de millones que el dueño de Graneles ha desembolsado en los últimos diez años para intentar conciliar el sueño.

Por Fernando Vega y Gabriela Pizarro

“Sin miedo, sin límites” fue el slogan de campaña del nuevo senador por el Maule, Juan Castro Prieto (RN, 58 años). La frase refleja lo que fue su administración como alcalde de Talca entre 2008 y 2016. Por esa gestión Castro enfrenta acusaciones graves: cohecho, hacer negocios privados con proveedores del municipio, viajar a Europa simulando una invitación oficial cuando era financiado por empresas que prestaban servicios a la entidad edilicia y adjudicar contratos en licitaciones irregulares.

El senador, quien postuló como independiente y hoy milita en Renovación Nacional, obtuvo la segunda mayoría regional a pesar de estar formalizado desde agosto de 2016 por cohecho, negociación incompatible y malversación de fondos.

No obstante la gravedad de los ilícitos por los que fue imputado por la Fiscalía de Talca, el senador Castro no recibirá castigo penal. El 4 de abril el Juzgado de Garantía de Talca aprobó la suspensión condicional de la causa por dos años.

El acuerdo entre el fiscal regional Mauricio Richard y el ex alcalde Juan Castro para esa salida alternativa, no se hizo sobre la base de la inocencia del actual senador. Las razones esgrimidas por el Ministerio Público para ello son: la prescripción parcial de los delitos que se le imputan y las bajas condenas que arriesga en caso de ser hallado culpable.

Junto a Castro también fueron formalizados dos funcionarios de la Municipalidad de Talca de su círculo íntimo, los que ahora ejercen como altas autoridades: el actual alcalde de esa ciudad, Juan Carlos Díaz (RN), quien fue su administrador municipal; y Juan Valdebenito, su ex jefe de gabinete y hoy consejero regional. Ambos cerraron una beneficiosa venta de terrenos a la empresa CTS tras ampliar su contrato de aseo con el municipio.

Fuente: juancastro.cl

Uno de los dueños de CTS, el empresario Christian Tizza, también fue formalizado en esta causa. Entre 2009 y 2017, su empresa de aseo recibió más de $5.700 millones del municipio talquino gracias a licitaciones y extensiones de contrato.

La salida alternativa aprobada por el tribunal implica que cada uno de los cuatro imputados deberá pagar $5 millones a la Municipalidad de Talca, $3 millones a un hogar de ancianos y rendir un curso sobre regulación y control municipal. 

-El caso de cohecho fue sobreseído. En los otros casos he intentado buscar dicha salida simplemente para evitar un proceso de larga data, asumiendo que no tengo ningún tipo de responsabilidad por ser completamente inocente frente a los hechos que se me imputan –respondió a CIPER por escrito el senador Juan Castro.

En la investigación de CIPER surgieron otras irregularidades del senador Castro cuando se revisó la información entregada por el ex edil en su última declaración de patrimonio e intereses: omitió cuatro sociedades. Una de ellas, la Constructora Indemma,se adjudicó licitaciones por más de $5.640 millones en distintas municipalidades del Maule que hoy Castro representa en el Senado. La empresa obtuvo la mayoría de estos contratos mientras su dueño ejercía como alcalde de Talca.

CTS ATERRIZA EN TALCA

Todo empezó en diciembre de 2008, fecha en que Juan Castro asumió su primer periodo como alcalde de Talca y el empresario metalmecánico, Eduardo Bustamante Matta, le presentó a Christian Tizza Martínez. Este último era dueño (junto a su padre) de CTS Limitada, firma que desde 1992 operaba en el rubro de aseo y mantención de jardines en Melipilla, Linares, Padre Hurtado y Peñaflor, entre otras comunas.

Menos de un año después, CTS aterrizó en Talca.

En septiembre de 2009, el Concejo Municipal de Talca decidió poner fin al contrato de limpieza que mantenía con la empresa Demarco, por deficiente. Y aprobó que la contratación se hiciera, esta vez por trato directo, con un nuevo proveedor. La justificación para el apuro fue que Talca no podía quedar sin aseo: invocando una “emergencia sanitaria” se acordó entregar dos contratos al mejor postor, uno por recolección de basura y otro por el barrido de la ciudad. Ambos sumaron $130 millones mensuales.

El 17 de septiembre, horas antes de que el país se sumergiera en un largo feriado de Fiestas Patrias, el municipio talquino envió un correo electrónico a las empresas que eligió sin concurso, solicitando cotizar los servicios. Les dio cinco días para responder.

En la tarde del 22 de septiembre, Starco, Servitram, Urbana, Transportes CTS, Casino, Dimensión y Ecoser hicieron llegar sus propuestas. Una semana después el Concejo Municipal de Talca adjudicó el negocio a las que ofertaron los precios más bajos: Casino, con $84,3 millones mensuales por la recolección de residuos y CTS, que ofreció $42,4 millones mensuales por barrer las calles, retirar escombros y limpiar los canales.

El 28 de octubre de 2009, Juan Castro firmó el decreto por el cual la Municipalidad de Talca le entregó a CTS el barrido y levante de basurales por cinco meses por un total de $212,4 millones. En los dos años siguientes, CTS fue beneficiada con tres ampliaciones de su contrato: por un monto casi el doble del primer acuerdo y por más tiempo.

Tras el terremoto de 2010, el alcalde le arrendó a CTS una bodega de su propiedad en $500 mil mensuales.

Para entonces, Castro y Tizza ya habían hecho juntos un viaje fuera de Chile.

Fue precisamente ese viaje más el arriendo de la bodega de Juan Castro a CTS la que dio origen en julio de 2014 a una auditoría de la Contraloría Regional del Maule. Su informe (N°34/2015), detalló una serie de irregularidades en la Municipalidad de Talca que favorecieron a CTS. Y fue entonces, en abril de 2015, que la Fiscalía de Talca inició la investigación por los nexos irregulares entre Castro y los funcionarios de su confianza con la empresa de aseo.

EL ASEO LOS LLEVA DE VIAJE

Planta de Scorza en Argentina

En mayo de 2009, en la pequeña ciudad de Oncativo (Córdoba, Argentina), el alcalde Castro, junto al concejal Cristián Garrido (UDI) y su jefe de gabinete, Juan Valdebenito, se encontraron con el dueño de CTS, Christian Tizza, y Eduardo Bustamante Matta, el industrial que fue nexo entre Castro y Tizza. Cuando fueron interrogados en la Fiscalía, todos coincidieron: el viaje se hizo para conocer las instalaciones de Scorza, fabricante de barredoras representada en Chile por Bustamante, un importante proveedor de CTS.

La Fiscalía acreditó que el viaje fue pagado por Bustamante, aunque éste aseguró haber tenido un acuerdo con Tizza para repartirse los gastos. Esa versión fue refutada por Christian Tizza cuando en agosto de 2016 declaró haberse enterado “solo cuando llegué a esa ciudad (Oncativo)” de quiénes participarían en esa actividad. También aseguró que en las conversaciones con las autoridades maulinas “no hubo ninguna referida a las licitaciones”.

Bustamante arremetió: presentó como prueba una cadena de correos electrónicos entre él y Tizza de junio de 2009, un mes después del viaje. En uno de esos emails enviado por Tizza, se lee: “Perdona, Eduardo, he cumplido todos mis compromisos (…) Terminando este pago, pago lo facturado. El impuesto te lo van a pagar. Y el viaje a Scorza lo deposito. Lamento que el viaje fuera infructuoso comercialmente”.

LA BODEGA DEL ALCALDE

El terremoto grado 8,8 que en la madrugada del 27 de febrero de 2010 azotó a gran parte del país y dejó a casi toda Talca en el suelo, destruyó también las instalaciones de CTS. Sin electricidad ni agua potable la firma debió buscar una nueva sede para iniciar el urgente trabajo de limpieza.

Y es ahí donde entra en esta trama una de las empresas del senador Castro. En los primeros días de marzo de 2010, la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva le arrendó a CTS una bodega en calle 3 Sur, N° 1686 en $500 mil mensuales. Esa sociedad tiene como únicos dueños a Juan Castro y a su esposa, Juana Parra Miranda.

Juan Castro durante la campaña al Senado

Sobre ese arriendo, Juan Castro Prieto declaró: “Nunca tuve claro, es más, nunca supe que esa empresa hubiere pagado algo por ocupar mis instalaciones. Eso lo supe a propósito de la investigación de Juan Carlos Díaz (su administrador municipal). No puedo precisar cuánto tiempo ocuparon las instalaciones, tal vez unos seis meses, pero en verdad no me acuerdo (…) Creo que fue a propósito de una publicación en el diario o radio que me enteré que pagaban un arriendo. Imagino que luz y agua también la pagaban ellos” (6 de julio de 2016).

La Fiscalía aportó pruebas del arriendo que se extendió por al menos seis meses: una factura emitida el 1 de julio de 2010, por la Sociedad Santa Malva a CTS por $1,5 millones por tres meses de arriendo de la bodega.

Otra prueba del alquiler fue el acta del Concejo Municipal del 15 de septiembre de 2010. En esa sesión, se acordó prorrogar por un periodo de seis meses el contrato de CTS. Allí Castro reconoció que le comentaron “que era feo que el alcalde facilitara una dependencia a dicha empresa”, omitiendo informar que efectivamente le arrendaba una bodega a CTS por $500 mil mensuales.

EL ASEO AHORA LOS LLEVA A EUROPA

En la investigación de la Fiscalía hay un capítulo especial dedicado a un viaje del ex alcalde Juan Castro a Europa. El periplo a Sevilla y Orense (España) fue autorizado por el Concejo Municipal de Talca el 14 de marzo de 2011. El objetivo: conocer “la gestión de servicios municipales en el ámbito del medio ambiente e infraestructuras públicas”. Todo gracias a una invitación de la “Cámara de Comercio Española”.

Días antes de partir, el acalde le informó al concejo que la invitación se había ampliado: ahora los españoles querían verlo también en París y Roma “para que pueda comparar las distintas alternativas en temas medioambientales y de comercio”, dijo Castro, según registra el acta respectiva.

Juan Valdebenito Mansilla

El 18 de abril de 2011, Castro, su asesor jurídico Walter Barramuño Urra, y su jefe de gabinete, Juan Valdebenito Mansilla, volaron a España. Recibieron en conjunto un viático de $5,4 millones. Las cartolas de sus tarjetas de crédito dan cuenta de un viaje que acabó el 30 de ese mes.

Cuando estalló el escándalo por los ilícitos cometidos por el alcalde de Talca, la Fiscalía indagó el origen de las invitaciones para ese viaje extendidas por la “Cámara de Comercio Española”, las que estaban firmadas por Luis Cid y Xavier Fontanilla. El primero murió en junio de 2011, mientras que sobre Fontanilla la respuesta fue: “No es persona conocida de esta Cámara”.

La información que recibió la Fiscalía la proporcionó el gerente general de la cámara, José María Castillero Guijarro, quien puntualizó un hecho aún más grave: “No se ha extendido invitación alguna al Sr. Juan Castro Prieto, sea para viajar a España ni a otra localidad”. Y precisó que el nombre real de la entidad es “Cámara Oficial Española de Comercio de Chile” y no “Cámara de Comercio Española”, como lo informó Castro al Concejo Municipal.

El peritaje del Laboratorio de Criminalística de la PDI (Lacrim) tampoco pudo dar con la dirección del correo en el que se extendió la invitación. Cuando los detectives intentaron rastrearlo en el computador de la secretaria del alcalde, se encontraron con una segunda sorpresa: el equipo ya no estaba. Dos funcionarios del área de computación del municipio declararon que este se quemó en 2011 y que ese mismo año una inundación dañó el servidor de la municipalidad. No había rastro de invitación ni de ninguna otra gestión del alcalde entre 2009 y 2011.

Lo más grave vino después.

Y fue el asesor jurídico Walter Barramuño quien aportó una pieza clave que faltaba del viaje: declaró que en la comitiva también estaba el empresario Jorge Klein Garfias, entonces gerente general de la empresa Urbana Chile, otra de las grandes compañías del negocio del aseo que presta servicios a varios municipios a lo largo del país.

Urbana no era una empresa desconocida para quienes dirigían la gestión de la Municipalidad de Talca. A pesar de la muerte del servidor del municipio, el Ministerio Público encontró una factura de más de $6 millones emitida dos meses después del viaje (1 de julio de 2011) por Urbana a la Municipalidad de Talca. Motivo: el pago del arriendo de dos camiones durante 11 días. Las máquinas pertenecían a Juan Valdebenito, el jefe de gabinete de Castro.

Madrid, España

La investigación posterior demostró que Valdebenito también se benefició de otros contratos en los que arrendó sus camiones a empresas que prestaban servicios al municipio. Fue el propio Valdebenito quien reconoció haber llegado a tener 15 camiones arrendados a Urbana y a otras empresas del giro. Entre las pruebas que lo inculpan aparecen facturas por $293,5 millones pagados a Valdebenito por Urbana.

Finalmente, ante el cúmulo de pruebas, Castro, Valdebenito y Barramuño debieron reconocer que su viaje a Europa fueron unas vacaciones pagadas por el municipio y Urbana Chile. Que en Sevilla, Orense, Roma y Paris, solo turistearon. No tuvieron reunión alguna con autoridades públicas ni privadas. Después volvieron a Madrid, donde esta vez sí los esperaban con reuniones, pero no con la “Cámara de Comercio Española”, sino con los ejecutivos de COPASA, la constructora dueña de Urbana. Todo ello preparado por el ejecutivo de Urbana, Jorge Klein, quien declaró que el viaje a Europa lo hizo por instrucciones de su jefe, José Cabrerizo Carvajal, accionista de Urbana Chile.

Para sorpresa de la Fiscalía, sería el jefe de gabinete de Juan Castro el que aportaría la última pieza del viaje a Europa. El ex presidente distrital de la UDI, Juan Valdebenito, reveló que, una vez en Madrid, los altos ejecutivo de COPASA les ofrecieron construir el edificio consistorial de la municipalidad, les hablaron de sus filiales dedicadas al retiro de residuos sólidos, intercambiaron regalos y los invitaron a cenar y a recorrer Santiago de Compostela en un tour guiado por un ejecutivo de la firma.

La constructora COPASA tiene un largo historial en España y en Chile. Un reportaje de CIPER (ver reportaje) dio cuenta en 2014 de sus problemas en la ejecución de obras públicas por demoras que provocaron el cierre de sus contratos: la remodelación del Estadio Ester Roa de Concepción, el Puente Bicentenario de la misma ciudad y los arreglos del Estadio de La Serena, que a meses de su reinauguración se inundó. Y todo ello mezclado con denuncias de pago de coimas a autoridades.

Pero en mayo de 2011, nada de todo esto se conocía en el Concejo Municipal de Talca. Tampoco se sabe si algún concejal quiso indagar. De lo que sí hay registro es de lo que contó el entonces alcalde Juan Castro a su regreso de Europa ante ese concejo: “Nos esperaron en Madrid, de ahí a Francia y después a Italia, volviendo nuevamente a Madrid, donde nos mostraron las empresas que conforman la Cámara de Comercio, grandes grupos económicos que tienen presencia en Chile e inversiones en Latinoamérica”, se lee en el acta del 4 de mayo.

LA MUNI PAGA DOBLE

Municipalidad de Talca

Cinco meses después del viaje a Europa, en septiembre de 2011 el municipio de Talca adjudicó a CTS la licitación de barrido y levante de micro basurales. Hubo diferencias con el primer contrato: el monto y la extensión aumentaron. De los $42 millones mensuales iniciales, se pasó a $83 millones; y de un año se pasó a cinco años de duración, agregando solo algunas calles. A esa fecha, CTS seguía como inquilina del alcalde, pagando $500 mil mensuales por la bodega de la calle 3 Sur.

Junto con el fin del arriendo de la bodega del alcalde a CTS, a fines de 2011 el trabajo de la empresa de aseo comenzó a ser duramente cuestionado en el municipio. También se multiplicaron los reclamos de los talquinos por la calidad del aseo de sus calles. Pero nadie la multó. En julio de 2012, el responsable de esa área, Christian Ramírez Quilodrán, anuló una de las pocas multas aplicadas: 146 UTM ($5,8 millones de la fecha). Cuando el funcionario declaró dijo que hubo “un problema de interpretación y desinformación entre la empresa y la inspección técnica”.

En el mismo mes en que se anuló dicha multa, apareció un nuevo nexo entre Castro y CTS. El 11 de julio la constructora del alcalde Juan Castro, Indemma, firmó un contrato con otra de las sociedades de Tizza – Inmobiliaria La Patagua- para levantar un galpón en Linares a un costo de $15 millones. Uno de los socios de entonces de la constructora de Castro, el ingeniero José Miguel Guajardo González, declaró que en 2013 el funcionario de Indemma, Henry Uribe, le comentó sobre el alto precio que se pagaba por un simple galpón.

EL ASEO TAMBIÉN PAGA DOBLE

La Fiscalía también descubrió otra negociación dudosa de los funcionarios municipales Juan Valdebenito y Juan Carlos Díaz con CTS. La reconstrucción de los hechos indica que ambos compraron en julio de 2013 dos terrenos en la Población Mirador de Talca en $25 millones. Solo días después se los vendieron a CTS por $70 millones.

Juan Carlos Díaz

Durante ese mismo mes de julio el Concejo Municipal, encabezado ahora por Juan Carlos Díaz como alcalde subrogante, acordó un importante beneficio para el negocio de la empresa de aseo: aumentó casi $10 millones el valor mensual, pasando de $83 millones a $93 millones.

La auditoría de la Contraloría Regional estableció que la venta de los terrenos a CTS “constituye una falta de probidad de los funcionarios debido al potencial conflicto de interés”.

Díaz y Valdebenito hicieron sus descargos. Para ellos, la compra y venta de los dos terrenos a CTS que les permitió ganar $45 millones en solo días, “fue una oportunidad inmejorable y que se efectuó con ánimo lucrativo”.

SIN PATENTE NI MULTAS

A las multas que el municipio no le cobró a CTS, se sumó otra irregularidad: el no pago de patente por parte de la empresa de aseo. Recién en marzo de 2015, CTS pagó las patentes comerciales de los cuatro años adeudados: $3,7 millones.

En mayo de 2016, Tizza vendió CTS y Ecogreen -otra de sus empresas de limpieza- a Starco y Demarco, filiales de KDM, una de las firmas más grandes en el rubro de la basura. KDM pudo así recuperar el contrato con la Municipalidad de Talca que su filial Demarco había perdido frente a CTS en 2009.

LOS NEGOCIOS DE CASTRO EN LA ZONA

Tras comparar la declaración de patrimonio e intereses que entregó Juan Castro al Servicio Electoral (Servel), requisito para postular a senador (vea la declaración), CIPER identificó al menos cuatro sociedades que omitió: Sociedad de Transportes y Movimiento de Tierras Santa Malva (constituida en 2007), Prime Harvest SpA (creada en 2014), Prime Harvest S.A. (creada en 2010) y Sociedad Constructora Indemma (constituida en 2002).

El senador deberá ahora incluirlas en su nueva declaración luego de haber sido electo. A la nómina deberá agregar una quinta empresa: Kif Pharma SpA, dedicada al negocio farmacéutico y de equipos médicos, la que recién creó en febrero de este año.

-Todas esas empresas existen. En Prime Harvest SpA y Prime Harvest S.A. poseo una participación minoritaria, por lo cual no tengo ninguna responsabilidad en la gestión de las mismas –afirmó Castro a CIPER para justificar su omisión.

Pero el senador incurre en un error: como su participación en estas empresas es a través de sociedades que él sí controla, está obligado a declararlas.

Lo mismo ocurre con Transportes y Movimiento de Tierras Santa Malva, Constructora Indemma y la recién creada Kif Pharma. “Esas sociedades están reflejadas en las empresas matrices del holding, que fueron informadas correctamente”, argumentó Castro en su respuesta a CIPER. Pero la omisión es evidente: según la ley no basta con declarar la matriz del holding (en este caso, Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva y Agrícola Santa Malva). También se deben especificar todas las sociedades constituidas a través de ellas (las controle o no).

El ex alcalde de Talca también deberá incluir en su nueva declaración la información que omitió respecto de los bienes inmuebles que posee a través de sus empresas. A pesar de que insiste en que todo fue declarado, en su declaración no hay mención alguna a las al menos 35 propiedades que están a nombre de esas sociedades. Su avalúo fiscal sobrepasa en total los $1.500 millones.

Entre todas las empresas que los registros oficiales indican que Juan Castro Prieto controla y que omitió en su declaración, hay una que destaca por sus contratos con el Estado: Constructora Indemma. Creada en 2002 por Castro y su esposa, entre 2007 y 2017 se adjudicó más de $5.600 millones en contratos con distintos organismos públicos. De los 30 municipios de la Región del Maule -que hoy representa Castro-, 15 han pagado desde $267 mil a $743 millones a esta constructora.

-No existe en ningún caso un conflicto de interés. Ningún contrato se hizo con organismos estatales en los cuales tuviera alguna influencia y estas adjudicaciones corresponden a licitaciones públicas. Ni como alcalde ni como propietario influí de manera alguna en ellas –respondió Juan Castro a CIPER.

Aunque para el senador no es cuestionable, lo cierto es que su constructora no solo se adjudicó contratos con municipalidades vecinas, sino que también con instituciones instaladas en su propia comuna: la división de la JUNJI en Talca ($320 millones) y la Universidad de Talca ($142 millones).

Y si bien el senador se retiró de la propiedad de Constructora Indemma entre enero de 2008 y diciembre de 2010, en ese lapso su familia no perdió el control ni las ganancias de esa empresa, ya que esta quedó en manos de sus hijos, Cristián y Nicole, junto a un tercer socio: Rodrigo Morales Mella. En diciembre de 2010, Juan Castro ingresó nuevamente a su propiedad a través de otra de sus empresas: Transportes y Movimiento de Tierra Santa Malva.

Respecto de la Constructora Indemma, Juan Castro afirmó a CIPER:

-En septiembre de 2017, según escritura pública, esta firma es transformada en una sociedad por acciones, administrada por un directorio que no integra ningún familiar mío. La empresa controladora, la Sociedad de Transportes y Movimiento de Tierra SpA, también es administrada por un directorio autónomo, del cual no formo parte. No participo en la administración de las empresas de mi propiedad desde el año que fui nombrado alcalde.

La indagación de CIPER arrojó que efectivamente la Constructora Indemma tuvo un cambio importante en la fecha que indica el senador (septiembre de 2017). En esa misma fecha y simultáneamente, Juan Castro aparece haciendo la misma transformación a sociedad por acciones en otras cuatro de sus empresas: Agrícola Santa Malva, Inversiones e Inmobiliaria Santa Malva, Transportes y Movimiento de Tierras Santa Malva y Barraca de Fierro Castro.

Respecto del directorio de su empresa Sociedad de Transportes y Movimiento de Tierra SpA, los registros de febrero de este año indican que la representa Lorena Becerra Muñoz, secretaria personal del senador Juan Castro desde hace 25 años.

Juan Castro jurando como senador en marzo 2018

Este reportaje fue actualizado el 4 de abril de 2018 a las 15:07

Vea también:

• “Operación Huracán”: testimonios y confesiones confirman que fue un montaje

El 12 de septiembre de 2017 el capitán Leonardo Osses sintetizó en un documento la información que personal de Inteligencia de Carabineros capturó desde el exterior del domicilio del actor Daniel Alcaíno. En ese momento el intérprete del famoso personaje “Yerko Puchento” era uno de los blancos predilectos de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de La Araucanía. A través de Alcaíno buscaban mostrar una ruta de financiamiento desde figuras del espectáculo a la causa mapuche. Con ese nuevo ingrediente la UIOE pensaba darle un barniz de espectacularidad a la “Operación Huracán”, la que entraría en escena pocos días después.

Lo que el equipo al mando del capitán Osses capturó afuera de la casa de Alcaíno, fueron las redes wifi disponibles en el sector. Los datos recopilados (que incluían dos números celulares y dos correos electrónicos del actor) fueron sintetizados por Osses y enviados ese mismo 12 de septiembre al mail de Álex Smith, el civil que contrató la UIOE y que dice haber creado herramientas para capturar todo tipo de información electrónica. En el equipo de Osses, las recetas impartidas por Smith les decían que, para interceptar un celular bastaba con conocer su número telefónico, el correo electrónico asociado y las redes wifi activas a su alrededor. Así se podría obtener información de ese equipo, como chats de whatsapp y fotografías internas. Una fantasía tecnológica.

Hace menos de un mes, a mediados de marzo, cuando la “Operación Huracán” y la imagen pública de Inteligencia de Carabineros terminaban de desbarrancarse, se filtró en internet un audio del actor Daniel Alcaíno conversando con su pareja, la también actriz Berta Lasala. El diálogo es del 7 de diciembre del año pasado, y en él la pareja celebra la libertad de Alfredo Canales, un ex mirista que ese día salió de prisión en Brasil y que fue compañero de Alcaíno en el Liceo de Aplicación. Decir que esa grabación “se filtró” es poco preciso. La entregaron quienes tenían acceso a esos audios: los funcionarios que estaban a cargo en la UIOE de las escuchas telefónicas, y que no operaban en la misma casa que el resto de la unidad de inteligencia en Temuco.

La investigación de CIPER descubrió que, con el soporte de equipos especiales con los que cuenta Carabineros, como es la información sistematizada y accesible de todas las antenas instaladas a lo largo del país, un equipo de esa unidad de inteligencia de La Araucanía pinchaba celulares y fonos fijos de centenares de personas que eran monitoreadas en todos sus pasos. La gran mayoría no tenía relación con el conflicto mapuche. Esas interceptaciones telefónicas ilegales se hacían en otra sede de la UIOE, cuyo funcionamiento era secreto.

CIPER encontró esa casa en Temuco, un inmueble cuya función era solo esa: interceptaciones telefónicas de Inteligencia. Con o sin autorización de un juez o de un ministro de corte si se trataba de una investigación de inteligencia.

LA CASA DE HOCHSTETTER

A pocas cuadras de la Avenida Alemania, una de las principales arterias comerciales del centro de Temuco, a la altura del 220 de la calle Hochstetter, se encuentra la casa donde operó desde 2016 y hasta febrero pasado el centro de escuchas telefónicas de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros. El inmueble tenía escaso movimiento, aunque las antenas que se asomaban sobre el techo alimentaban el comidillo del barrio. Había un punto común entre los vecinos: en ese recinto funcionaba alguna oficina o dependencia de Carabineros. Cuando estalló el escándalo por el montaje de la “Operación Huracán” ni siquiera imaginaron que en esa casa ocurrió parte importante de esa trama.

En rigor, la casa de Hochstetter fue la primera sede de la UIOE de Temuco desde que el general Bruno Villalobos decidiera crear ese equipo de inteligencia especializada en enero de 2014. CIPER recogió varios testimonios de efectivos que conocieron ese inmueble desde los inicios de la UIOE o bien que formaron parte del pequeño grupo que fue autorizado más tarde a ingresar a la casa. Todos coinciden en que a mediados de 2016 el recinto “les quedó chico” y debieron buscar otra sede. Fue así que se trasladaron a la casa de calle Pablo Neruda 02431, la sede oficial donde operó la UIOE hasta ahora.

Casa de Hochstetter 220, utilizada por inteligencia de Carabineros

Los testimonios que recogió CIPER difieren en la cuantía de las personas que fueron sometidas a interceptaciones ilegales, pero hay un piso mínimo: sumaron desde más de 200 teléfonos a más de mil. Entre los blancos había dirigentes mapuche, pero mayoritariamente dirigentes políticos y jueces además de fiscales, los que no tenían relación con el conflicto mapuche. La nómina también incluyó actores y periodistas. Un atisbo del grupo de periodistas que era espiado por el equipo de Inteligencia de Carabineros fue ya publicado por CIPER (vea aquí esa investigación).

Cuando la sede oficial de la UIOE (en calle Pablo Neruda) fue allanada en enero por la Fiscalía y la PDI, encontraron una hoja cuadriculada de la Universidad Santo Tomás, con información manuscrita y más de 200 números telefónicos celulares, fechas, horas y duración de llamadas. CIPER tuvo a la vista nóminas con números de teléfonos monitoreados y bajo escucha. Pero en esos listados no había más información.

¿DÓNDE ESTÁN LOS SERVIDORES?

El inmueble de Pablo Neruda fue el que concentró la atención de las autoridades del gobierno de Bachelet el 26 de enero pasado, cuando la Fiscalía decidió allanar esas dependencias dando inicio a la investigación del montaje de Carabineros contra comuneros mapuche, fiscales y abogados del Ministerio Público. En un acto inédito, personal de Fuerzas Especiales de Carabineros rodeó la casa desplegando una fuerza como si fueran a la guerra. Y todo ello con un solo objetivo: impedir el allanamiento. Fue un momento de tensión máxima que solo se superó con la intervención de La Moneda. Finalmente, los fiscales y los efectivos de la PDI pudieron ingresar a la casa y descubrieron con sorpresa que faltaba un disco duro de un servidor (vea reportaje de CIPER).

Pero no solo ese equipos que contenían información sensible y clave sobre los montajes de los que hoy se acusa al equipo de Inteligencia de Carabineros lograron ser ocultados. La investigación de CIPER descubrió que la segunda sede de Inteligencia de Carabineros en Temuco, la casa de Hochstetter 220, nunca fue allanada. El recinto, al que solo ingresaba un reducido grupo de efectivos, logró permanecer fuera del radar de la atención pública y de los fiscales. Y ello, a pesar de que en esa casa estaban instalados y funcionando en perfectas condiciones los servidores y almacenados los respaldos de las escuchas telefónicas que hacía el equipo de Inteligencia. “Pinchazos” a celulares -en muchos casos ilegales- y que comprometen gravemente a sus autores.

Desde que en 2016 los miembros de la UIOE se mudaron a su nueva sede oficial, en calle Pablo Neruda, la indagación de CIPER indica que al menos cuatro efectivos de Carabineros debieron quedarse allí trabajando, aparte de los funcionarios que sabían bien lo que allí se hacía y que entraban y salían. Lo más importante eran los servidores que guardaban la información obtenida de los teléfonos interceptados. Nada de eso fue requisado por la Fiscalía.

La información que busca ocultarse es sensible. En esos servidores está también el listado de los blancos investigados. Hasta ahora, además de todos los imputados en distintas aristas de la “Operación Huracán” a los que se puso bajo escucha con autorización judicial, han ido apareciendo otros personajes que también estaban siendo monitoreados en sus comunicaciones electrónicas, como el actor Daniel Alcaíno (investigado desde agosto de 2017) y la abogada asistente de la Fiscalía, Mónica Palma.Junto al material que se le grabó a la abogada aparecen muchos otros que corresponden a fiscales y abogados de Temuco y cuyas conversaciones versan casi exclusivamente sobre la vida privada y amorosa (o sexual) de los interlocutores y nada relativo al conflicto mapuche.

La sede “oficial” de la UIOE en Pablo Neruda 02431

La desaparición de todo estos equipos y las huellas de que se puso bajo escucha ilegal a muchas personas, resulta una arista especialmente delicada para el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, quien el 9 de agosto de 2017 autorizó a la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros para intervenir 33 celulares. 11 de esos teléfonos pertenecían a dirigentes mapuche investigados en la “Operación Huracán”. Se desconoce a quién pertenecían los otros 22. El 7 de septiembre el ministro Padilla renovó ese permiso, ahora para 23 teléfonos. El 25 de octubre pasado hubo una nueva autorización: Carabineros podía pinchar el celular de la abogada Mónica Palma y de otros cinco equipos telefónicos.

Todas esas peticiones para interceptar legalmente teléfonos de personas bajo sospecha en una investigación del ámbito de “inteligencia”, fueron firmadas por el general Gonzalo Blu.

Según declaró ante la Fiscalía el mayor Patricio Marín Lazo –imputado en la causa y uno de los jefes de la UIOE que fue llamado a retiro en febrero por su responsabilidad en el montaje-, los encargados de las escuchas telefónicas en la unidad de inteligencia eran Leonardo Osses y Álex Smith: “Esta unidad cuenta con las oficinas de análisis, de oficiales de caso (que obtienen información de fuentes cerradas) e informática, siendo esta última la que lleva a cabo las interceptaciones telefónicas, análisis forenses, movimientos de redes sociales, entre otras funciones del área”.

La oficina informática fue creada en enero de 2017 por Leonardo Osses, quien era el jefe a cargo. A su equipo sumó a Álex Smith y luego al cabo Héctor Olave. Ellos funcionaban en una oficina en el segundo piso de la casa de Pablo Neruda, la sede oficial de la UIOE.

CIPER conversó con integrantes de la unidad de inteligencia sobre cómo operaba el sistema de pinchazos telefónicos. Ellos señalaron que el encargado de las escuchas no era ni Osses ni Smith, sino que un oficial de inteligencia que tenía a cargo a los cuatro carabineros que estaban destinados a la casa de Hochstetter. Esa información se enviaba a la sede de Pablo Neruda y allí era analizada y se decidían cursos de acción. Los mismos funcionarios reconocieron que se hacían escuchas ilegales a decenas de personas.

Los testimonios que recogió CIPER entre los funcionarios de Inteligencia dan cuenta de que el equipo de la UIOE utilizaba distintos medios y herramientas para poner bajo escucha -legal o ilegal- a las personas que identificaban como blancos. Eso lo grafica bien el periplo que hicieron juntos Osses y Smith a Iquique para poner a disposición de la fiscalía la herramienta “Antorcha” e interceptar comunicaciones electrónicas de los carabineros acusados de robar armas. Al final, la herramienta que se usó fue el famoso y tradicional maletín con el que se puede poner bajo escucha a una persona en un determinado radio donde se encuentra.

Además de las escuchas telefónicas -legales e ilegales- que realizaba Carabineros en la casa de Hochstetter, también tenía acceso a la información que entrega el software “Vigía“, que es utilizado por todas las compañías telefónicas y que guarda, hasta por un año, los datos de llamadas recibidas, realizadas, la duración de estas y la antena que se utilizó para concretarlas. También conserva los mensajes de texto de un número telefónico.

Si el sistema se ocupa legalmente, un juez debe autorizar el acceso a esta información. Pero ​distintas personas que han integrado o integran equipos de inteligencia relataron a CIPER ​la existencia de una vía paralela. Como en casi todas las compañías telefónicas los encargados de la seguridad y de dar acceso a las interceptaciones son oficiales de Carabineros en retiro, se posibilitan los tratos ​privados ​entre ​efectivos de inteligencia y ejecutivos de las compañías telefónicas para acceder a información ​absolutamente privada de ciudadanos ​sin ​autorización

UNA CASA DE LOS TALADRIZ  

La casa de Hochstetter 220 tiene unos 200 m² de superficie y está emplazada en un terreno de más de 450 m2. Actualmente está en arriendo. Durante el verano, en medio del descalabro de la Inteligencia de Carabineros, fue abandonada por los policías. Su avalúo fiscal llega a $102 millones y su arriendo comercial supera el millón de pesos. Carabineros la arrendó en enero de 2014 para instalar allí su nueva unidad de Inteligencia. Su dueño es el empresario de Temuco, Raúl Benito Taladriz, quienvivió allí con su familia hasta 2012, aunque en los registros de Impuestos Internos la casa figura a nombre de la empresa Construcciones Longisur. CIPERconstató en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco que el inmueble fue comprado por Benito Taladriz a Construcciones Longisur en 1987 por $700 mil. Y desde Longisur respondieron que van a corregir la información errónea (vea la inscripción de título de la propiedad).

En numerosas ocasiones CIPER intentó comunicarse con el empresario para saber entre otras cosas quién había firmado el contrato de arriendo por Carabineros y el precio, fue imposible. Taladriz no quiso hablar con CIPER.

Raúl Benito Taladriz es un empresario conocido por los mapuche de la Región de La Araucanía. Su familia ha encabezado la lucha contra las aspiraciones territoriales de las comunidades. Su primo, Emilio Taladriz Montesinos, fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Temuco hasta 2012 y vocero y presidente de la Multigremial hasta abril de 2015, la organización que agrupa a los gremios empresariales de la región, los que levantaron la campaña “Paz en La Araucanía” y que han solicitado mayor presencia policial y que se declare estado de excepción en la región para controlar los atentados incendiarios contra fundos y camiones forestales.

Manifestación de la Multigremial de La Araucanía. La misma organización que ha solicitado que se aplique estado de excepción en la zona

Emilio Taladriz y otros dirigentes de la Multigremial defendieron en 2016 el retorno a Temuco del oficial de Carabineros Patricio Marín Lazo, luego de que este efectivo de Inteligencia fuera acusado de infiltrar a grupos mapuche. Al diario El Mercurio declararon que faltaba mejorar la efectividad de la inteligencia policial. El mismo Emilio Taladriz también ha reclamado por qué el Estado no financia el alimento de los carabineros que resguardan los fundos bajo protección policial (incluidos los de su familia) en prevención de ataques de comuneros mapuche.

Lo cierto es que los conflictos de Emilio Taladriz con los dirigentes mapuche son de larga data y han ido escalando en agresividad. En 2009 la machi Francisca Linconao le ganó a él y a su familia un juicio, invocando el convenio 169 de la OIT, por un cerro que se disputaban. Y con ese antecedente, Linconao apuntó directamente a los Taladriz cuando fue imputada por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay: “Pienso que aquí existe persecución y que están detrás los Taladriz y todos los ricos de acá. A ellos les dolió cuando gané en la Suprema ese juicio para proteger los lawen (remedios naturales) del huincul (cerro). Yo después reclamé esa tierra en la Conadi y nos dieron la aplicabilidad. Hoy están todos en contra de mi persona”, aseguró a La Tercera.

La familia Taladriz ha sufrido actos de violencia en propiedades inscritas a su nombre. El 19 de julio de 2012 desconocidos quemaron la casa patronal del Fundo Palermo, en Vilcún. En esa ocasión Emilio Taladriz declaró a Radio Agricultura: “Se está llegando a estos extremos peligrosos donde la gente está a punto de tomar las armas ante la nula efectividad del sistema judicial”. Los antecedentes indican que la disputa por las tierras del fundo Palermo sí que son antiguas. Porque un reportaje de El Desconcierto reseñó la investigación “La reforma agraria y las tierras mapuche” (Lom, 2005), que asegura que a la familia Taladriz la reforma le expropió 939 hectáreas del fundo Palermo en 1971 para entregársela a comuneros y a campesinos de la zona.

LA FARSA DE “LAUTARO CAUPOLICAN”

Las intervenciones telefónicas que tenían su centro de operaciones en la casa de Hochstetter 220 no era el único espionaje que realizaba la UIOE. Se sumaba el trabajo que efectivos policiales realizaban con fuentes vivas (informantes) y una desconocida labor a cargo de Leonardo Osses y Álex Smith: la vigilancia e infiltración en cuentas de redes sociales.

Facebook no es un lugar seguro. Ya lo demostró el escándalo de Cambridge Analytica. La oficina de análisis informático de la UIOE aprovechó la información que las personas comparten en Facebook y fue más allá, enviando mensajes con phishing (sistema que busca capturar las contraseñas de las redes personales de quien recibe el mensaje) a blancos que estaban investigando.

Utilizando el correo electrónico exatracciondatosinfo@gmail.com (una de las cuentas a las que supuestamente llegaban los chats interceptados por “Antorcha”, el software falso de Álex Smith) crearon la página de Facebook “Lautaro Caupolican” el 27 de marzo de 2017. Ese mismo día publicaron una foto de perfil de la cuenta: una bandera chilena rajada y de fondo la bandera mapuche. En paralelo enviaron frenéticamente solicitudes de amistad. La gran mayoría de sus 802 amigos son comuneros y dirigentes mapuche.

Facebook falso creado por la UIOE

Cuando lograban que las personas aceptaran su solicitud de amistad, les enviaban enlaces con phishing para intentar obtener sus contraseñas. En un inicio se presentaron con el nombre ficticio de Luis Huenchullán. Luego se denominaron José Huenchullán. Entre las personas a las que les enviaron sus enlaces tóxicos está el ex jesuita Luis García Huidobro, quien ahora es un defensor acérrimo de la forma de vida mapuche, y el comunicador Richard Curinao, editor del medio de comunicación Werken.cl. A través de la cuenta de Facebook también le hablaron a Jorge Huenchullán, uno de los imputados en la “Operación Huracán”, pero este jamás les contestó el mensaje ni tampoco aceptó la solicitud de amistad que le enviaron.

El mismo día en que el Facebook fue creado, 27 de marzo de 2017, realizaron pruebas para saber si el phishing funcionaba. Para ello enviaron enlaces contaminados al Facebook de Álex Smith. Es misma operación se repitió varias veces hasta el 11 de junio. También hay archivos enviados a la inversa: desde el Facebook de Smith hacia Lautaro Caupolicán. Otras pruebas se realizaron utilizando la cuenta de Facebook de Leonardo Osses (que se autodenomina “Oso Spartano”). En ese chat se refieren a él como “Mario Parra”, que era uno de los seudónimos que utilizaba Osses y que precisamente usó para comprar el hosting donde se alojó airs.cl., la máscara con la que pretendieron validar “Antorcha” (vea aquí el chat con Smith y aquí el chat con Osses).

Los archivos contaminados con phishing se enviaron hasta el 10 de febrero de este año. Días después, a mediados de febrero, la cuenta de Facebook cambió bruscamente: comenzó a ser utilizada como catalizador de la frustración de los acusados por el montaje. Los descargos emocionales se hacían comentando noticias relacionadas con la “Operación Huracán”, acusando a los fiscales de corruptos y de querer tapar líos amorosos. La última publicación que registra el muro de esa cuenta de Facebook creada por los miembros de la UIOE, data del 2 de octubre de 2017, cuando se compartió un video de la página “Hoy Cañete” el que muestra las reacciones a la muerte de un joven mapuche luego de una pelea en medio de una fiesta. De ahí en adelante en su muro solo aparecen noticias compartidas por otras personas en las que etiqueta a “Lautaro Caupolicán”. En su inmensa mayoría son publicaciones a favor de las reivindicaciones del pueblo mapuche. Con esta página de Facebook la UIOE lograba colarse como un interlocutor más de la red social que defiende los derechos de los comuneros.

Twitter también se habría usado, al igual que Facebook, para las operaciones de la UIOE. CIPER detectó archivos de la unidad de Inteligencia de Carabineros que se han filtrado a esa plataforma, pero no hay claridad sobre quiénes controlan las cuentas que publican información. El 17 de marzo de este año una de esas cuentas publicó, por ejemplo, supuestos chats obtenidos desde “Antorcha” (el software falso de Álex Smith) entre el comunicador mapuche Richard Curinao y el ex ministro comunista del gobierno de Bachelet, Marcos Barraza (Curinao señaló a CIPER que esos chats nunca existieron). El 27 de febrero esa misma cuenta de Twitter publicó más información reservada de Carabineros: imágenes del peritaje realizado al celular del líder de la CAM, Héctor Llaitul.