Hasta 2011, Agrícola El Canelillo pagó regularmente y sin cuestionamientos las cuentas de electricidad por los suministros en un campo de 350 hectáreas que produce paltas y cítricos de exportación, cerca de Quillota. Pero fue en ese año que su gerente general Luis Macchiavello se llevó una sorpresa. Durante una consultoría para lograr mayor eficiencia energética, al revisar los gastos en electricidad, que representan el 13% de sus costos, descubrió que al menos durante los últimos cinco años le habían cobrado casi $500 mil pesos de más en la facturación. La responsable: Chilquinta, empresa distribuidora para la Quinta Región.

La suma no es significativa para el volumen de costos que maneja esta empresa, sin embargo, decidieron formalizar un reclamo por los cobros extras:

-Consideramos que no corresponde que nos hagan cobros fuera de lo que establece la reglamentación vigente, aunque se trate de montos pequeños. En todo caso, no me extrañó demasiado porque ya hemos tenido antes muchos problemas y lamentablemente, no tenemos alternativa porque Chilquinta es la única empresa distribuidora para nuestra región -dice Luis Macchiavello,

Agrícola El Canelillo se convirtió en la punta de lanza para una pelea de mayor envergadura, que hoy tiene a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) investigando a todas las distribuidoras de electricidad del país. Lo que se busca determinar es qué sistema de cálculo utilizan para aplicar los distintos tipos de tarifa eléctrica que fija la ley, en la facturación para clientes industriales, los que suman más de 92 mil a lo largo del país (ver circular de la SEC). El superintendente Luis Ávila advierte que esos mecanismos de cobro “no pueden vulnerar el derecho de los usuarios de tener una factura que represente lo efectivamente consumido”.

Lo que parecía un caso aislado, detectado por la empresa consultora Dóminet, se convirtió en el primer hallazgo de una serie de cobros indebidos que afectó no sólo a los clientes industriales de Chilquinta, sino también a quienes contrataron servicios con las empresas distribuidoras eléctricas del norte del país, del grupo CGE.

Christian Simpson y Gonzalo Barros, fundadores de la empresa consultora, implementaron el software Cuenta OK, una herramienta de contabilidad energética que permite desagregar los gastos y ahorros en electricidad de una industria.

-Sin que estuviera dentro de nuestros plantes, Cuenta OK se transformó en una herramienta de fiscalización que nos permitió detectar errores no sólo en ésta sino en otras cuentas. En el caso de Agrícola El Canelillo, durante seis meses en el año les cobraron 0,5 kW mensuales adicionales, los que en la práctica ellos nunca consumieron –indica Christian Simpson.

Chilquinta es la cuarta mayor distribuidora de electricidad en Chile, para clientes industriales. De propiedad del holding estadounidense Sempra Energy, junto a sus filiales Energía de Casablanca, Compañía Eléctrica del Litoral, Luz Linares y Luz Parral, abastecen a más de 500 mil clientes en las regiones de Valparaíso, Maule y Concepción, entre residenciales e industriales.

LA PRÁCTICA DEL “REDONDEO”

Las cuentas de los 5,5 millones de clientes residenciales no se ven afectadas por este problema, porque el sistema de cálculo es simple y directo: se cobra según lo que indica el medidor particular. En cambio, los clientes industriales –que corresponden a quienes consumen más de 2.000 kilowatts (kW)- se rigen por cobros diferenciados. Además de la energía mensual consumida, deben pagar un peaje de distribución por el transporte de electricidad que realiza Chilquinta u otra de las 31 compañías existentes en Chile. Y ese monto varía. Las industrias pueden elegir entre 10 tarifas la que más les convenga, según sus requerimientos de energía. Las irregularidades que denuncia Dóminet se producen en cuatro de ellas: las tarifas de baja tensión (BT) 3 y 4.3, y las de alta tensión (AT) 3 y 4.3. Los tres suministros de Agrícola Canelillo emplean la tarifa de peaje de distribución 4.3.

Dentro de ese rango tarifario, cada empresa distribuidora tiene sus propias fórmulas para calcular los cobros. En este caso, Chilquinta utilizó el método del “redondeo”, es decir, cuando el consumo de kilowatts arrojaba decimales, se aproximaba el cobro al entero siguiente, facturando 0,5 KW de más que se fueron acumulando en el tiempo.

La base de ese cobro para el llamado peaje de distribución es la demanda máxima de potencia en horas punta, o la potencia máxima de electricidad que una industria empleó entre las 18:00 hrs. y 23:00 hrs. de los meses de abril a septiembre. Por ejemplo, la mayor potencia diaria en horas de punta que usó Agrícola El Canelillo en abril de 2011, fue de 14 kW, que es lo que ese mes finalmente pagó como peaje de distribución a Chilquinta. El problema se produce entre octubre y marzo, los meses estipulados por la Comisión Nacional de Energía como “fuera de punta”. Para calcular el valor de este peaje se promedian las dos mayores demandas registradas entre abril y septiembre del año anterior.

Por ejemplo, si en un año esas demandas máximas fueron 100 y 102 kW, la empresa pagará 101 kW, adicionales a la energía consumida ese mes.

Los cobros no arrojaron problemas mientras el resultado dio un número entero. El problema se produjo cuando ese promedio arrojó un número decimal como resultado. Si en el ejemplo anterior las dos mayores potencias fuesen 100 y 101, la mayoría de las distribuidoras de electricidad del país cobrarían al consumidor el promedio exacto: 100,5 kW. En cambio, Chilquinta redondeó el decimal y facturó 101 kW. Esto quiere decir que mensualmente cobraron 0,5 kW adicionales que el cliente nunca consumió. Por este concepto, Agrícola El Canelillo pagó $444.465 extras en las facturaciones entre 2007 y 2011.

“NADIE NOS PUEDE OBLIGAR A REFACTURAR LOS COBROS”

El 16 de agosto de 2011, Christian Simpson y Gonzalo Barros presentaron en nombre de Agrícola El Canelillo el primer reclamo frente a Chilquinta por “redondeos” en los cobros de la demanda máxima de potencia de clientes industriales, solicitando una restitución de los $444.465 pesos cobrados erróneamente.

Un mes más tarde, el 5 de septiembre, recibieron una carta de Viviana Urtubia Urbina, jefa de Calidad de Servicio y Gestión de Presentaciones de Chilquinta Energía, quien explicaba: “Históricamente se ha trabajado con números enteros (…) Es del caso señalar que la SEC, en uso de su potestad normativa, no ha hecho referencia a cambios en la modalidad de aproximación. Además, actualmente no existen mecanismos legales que obliguen a la empresa a hacer una refacturación histórica por los montos cobrados”.

La negativa de Chilquinta a compensar $444.465 cobrados erróneamente a Agrícola El Canelillo, motivaron a Christian Simpson y Gonzalo Barros a llevar su denuncia a la máxima autoridad de electricidad en Chile: la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Un año después, el 12 de noviembre de 2012, el director regional del organismo, Marcelo Abril Labra, envió la ordenanza 1930 a Chilquinta Energía, instruyendo la refacturación sin aproximación de decimales de los consumos de Agrícola El Canelillo y, en caso de detectar errores, la restitución de las sumas cobradas irregularmente por el “redondeo”.

El dictamen tuvo como base un memorando del jefe de la División Jurídica de la SEC, Sergio Corvalán Valenzuela, quien el 30 de octubre de ese año estableció que Chilquinta “ha utilizado una forma de cálculo del valor del consumo que pudiera, en principio, no cumplir los estándares de correcta medición y facturación del servicio que impone la normativa vigente”.

En opinión de Chilquinta, ninguna ley u ordenanza prohíbe el redondeo de los cobros de demanda máxima de potencia. Por eso, la compañía interpuso un recurso de reposición ante la SEC. El subgerente de Operaciones Comerciales de Chilquinta, Gabriel Navarro Bello, justificó en su reclamación que el cálculo en base a promedios “trae como consecuencia lógica del proceso matemático de cálculo la aplicación de la regla de aproximación al entero más próximo, pudiendo ser, por ende, el entero superior o el entero inferior, teniendo como referencia el decimal 0,5”.

-Es matemáticamente imposible que haya compensación para el cliente. Jamás el cálculo arrojará un decimal que se redondee hacia abajo, porque los promedios de demandas máximas siempre se calculan con números enteros. Si un mes el promedio da 100,5 lo suben a 101, aclara Christian Simpson.

Es cierto que la normativa no prohíbe explícitamente la aproximación de decimales en los cobros de energía, sin embargo, hay indicios en los artículos 221° y 222° del Decreto Supremo 327 de 1997, que fijó el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. Allí se establece que los concesionarios de distribución de electricidad son los responsables de la calidad del servicio, entre los que se incluye la correcta medición y facturación de los servicios prestados. El superintendente de la SEC, Luis Avila, acota: “Corresponde que el precio que un usuario debe pagar esté directamente relacionado con lo que efectivamente haya consumido, ni un peso más ni un peso de menos, y por lo mismo, las empresas distribuidoras deben asegurarse de realizar correctamente sus procesos de medición y facturación”.

El recurso de Chilquinta no fue acogido. El 1 de abril de 2013, la SEC regional de Valparaíso confirmó el dictamen anterior, de diciembre 2012, que obliga a Chilquinta a refacturar los cobros a Agrícola El Canelillo, saldando luego los montos a favor de la empresa, si los hubiere. (ver documento SEC V Región). Chilquinta respondió oficialmente que no se pronunciará sobre el tema, porque “lo resuelto por la SEC no se encuentra ejecutoriado, existiendo recursos judiciales pendientes que la empresa ejercerá”. Mientras, el gerente general de la Agrícola El Canelillo, Luis Macchiavello, dijo que “hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación por parte de Chilquinta, esperamos que se cumpla el dictamen de la SEC”.

A pesar de que Chilquinta ha defendido sostenidamente su sistema de redondeo, resulta llamativo que haya resuelto modificar el sistema de cobros a partir de diciembre de 2012, con posterioridad al reclamo de Dóminet. La jefa de Calidad de Servicio y Gestión de Chilquinta, Viviana Urtubia, adelantó el cambio de sistema, en una carta que envió a Dóminet el 5 de septiembre de 2011:

“Chilquinta Energía S.A. está en un proceso de innovación en el cálculo de las demandas leídas y facturadas, con el objeto de aplicar un redondeo a un decimal (…) Estamos en un proceso de mejora continua, haciendo las gestiones y cambios que permitan dar mayor agilidad y transparencia a todos nuestros procesos”.

Christian Simpson aporta otro antecedente. Chilquinta eliminó de su sitio web los detalles de facturación de años anteriores. Hoy los clientes sólo pueden acceder a los cobros de 2012, el año en que dejaron de aproximarse los decimales:

-Es raro. Cuando en 2012 Chilquinta deja de “redondear”, dicen que son innovadores, pero la mayoría de las eléctricas había implementado el uso de decimales hace años. A tal punto llega su defensa, que ahora borraron todas las estadísticas de los clientes anteriores al uso de decimales, pero ellos insisten en que “redondear” es correcto.

DEVOLUCIÓN EN ELÉCTRICAS DEL NORTE

Chilquinta no fue la única distribuidora que realizó cobros adicionales a clientes industriales. A partir de ese caso, Christian Simpson y Gonzalo Barros analizaron en detalle la facturación de todos sus clientes de norte a sur, entre los que se incluyen Banco de Chile y Scotiabank. “Así descubrimos que varias filiales del norte del grupo CGE cometían el mismo error de aproximación de decimales, con consecuencias nefastas para sus clientes” explica Christian Simpson, de Dóminet.

Estas son las distribuidoras Emelari, Eliqsa y Elecda, que suman 4.618 clientes industriales. Las tres empresas forman parte del holding CGE, que suma diez distribuidoras y que abastecen un 40% de las necesidades energéticas del país. A modo de ejemplo, tras analizar los consumos de la sucursal Arica de Scotiabank, comprobaron que entre diciembre de 2007 y noviembre de 2012, Emelari cobró a Scotiabank 28,5 kW adicionales por “redondeo” de demandas máximas en la tarifa BT 4.3.

Los gerentes de Dóminet de inmediato se contactaron con Emelari. Con escasas expectativas, dada la negativa anterior de Chilquinta a refacturar los cobros de sus clientes, creyeron que nuevamente sería necesaria la mediación de la SEC. Pero no fue así. Tras reunirse con Israel Luna, supervisor comercial de la distribuidora eléctrica, el 31 de diciembre Dóminet recibió una carta informando la eliminación del redondeo de decimales y la devolución inmediata de los 28,5 kW cobrados erróneamente a Scotiabank.

-Nos hicieron una exposición detallada y concluyeron que efectivamente el problema era de ellos, que lo corregirían y devolverían la plata porque era lo justo. Si CGE admitió el error y tuvo una excelente disposición para compensar a los afectados, ¿por qué Chilquinta sigue argumentando que “redondear” es correcto? –explica el gerente comercial de Dóminet.

LOS OTROS AFECTADOS POR CHILQUINTA

La Agrícola Quintil, de Quillota, es otra de las empresas afectadas por los cobros extra de Chilquinta. Cansados de pagar cuantiosas sumas a Chilquinta, en 2012 contrataron a Dóminet para reducir sus costos de electricidad. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir que la mitad del año pagaba 0,5 kW adicionales por causa del “redondeo”:

-Al principio sólo queríamos reducir los costos de electricidad, pero cuando Dóminet revisó nuestras facturas descubrimos que Chilquinta nos cobraba mal la demanda máxima. No teníamos cómo saberlo, porque en la factura sólo aparece el total a pagar–explica Maricel Araya, gerente de Administración y Finanzas de Agrícola Quintil.

Christian Simpson admite que las facturas no permiten detectar la aproximación de decimales, principalmente porque las boletas no detallan cómo se calcula el promedio de la demanda máxima. Sin un software -como CuentaOK- que permita desglosar las facturas, comprobar el “redondeo” es prácticamente imposible. Por eso en Dóminet aseguran que hoy miles de clientes industriales de Chilquinta desconocen que durante años también pagaron demás.

A pesar de que Chilquinta sigue negándose a devolver los montos facturados erróneamente, el 15 de enero de 2013 Dóminet realizó un segundo reclamo, por las facturaciones de otros 55 suministros a los bancos de Chile y Scotiabank en Valparaíso, Viña del Mar, Quillota, La Calera, Los Andes, San Felipe, San Antonio, Quilpué, Villa Alemana, Quintero y Concón. Todos utilizan las tarifas 3 y 4.3 y, de acuerdo a los cálculos de Dóminet, en cinco años pagaron $13.750.000 extras a causa del “redondeo”.

Agrícola Quintil es una empresa mediana que a causa del “redondeo” de Chilquinta vio perjudicada su estructura de costos y aún no es compensada:

-No tenemos cómo saber lo que Chilquinta nos promedia porque jamás nos han informado cómo calculan los cobros. Y en la práctica, los únicos perjudicados somos los clientes. Lo que anualmente pagamos de electricidad es el 10% del total de nuestros costos y con el redondeo más encima nos cobran más dinero del que corresponde. Es un abuso -enfatiza Maricel Araya, gerente de Administración y Finanzas de Agrícola Quintil.

La pregunta es por qué la Superintendencia no pudo detectar antes este sistema de cobro, que hoy considera indebido. “La SEC posee diferentes herramientas para realizar su labor fiscalizadora –explica el superintendente Luis Ávila-. Se solicita información a las empresas respecto de sus procesos, se reciben denuncias y reclamos que derivan en investigaciones administrativas y se realizan análisis de datos e información disponible, privilegiando aquellos mercados masivos y expuestos a mayores riesgos. En este caso, se inició la investigación correspondiente al caso puntual, y adicionalmente, se instruyo una investigación a nivel nacional, la que está en desarrollo”.

La investigación de la SEC está muy avanzada. Ya informaron las 31 distribuidoras eléctricas sobre las fórmulas que utilizan para los cálculos en el consumo industrial. En la Superintendencia adelantaron que si detectan cobros con sistema de “redondeo”, como en el caso de Chilquinta y CGE, seguramente aplicarán la misma medida: refacturar y restituir cobros indebidos.

Vea además: Renuncia grupo de asesores de confianza del ex director del INE

Fue a fines de junio de 2012 cuando al interior del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estalló el primer conflicto. La dura discusión que se instaló entre el equipo técnico de la entidad y su director Francisco Labbé, fue zanjada por éste con la marginación del cuerpo técnico del proceso de análisis y decisiones en torno al Censo 2012. Y culminó ahora, diez meses más tarde, en un cuestionamiento a la credibilidad del organismo estatal que elabora los índices más sensibles del país, debido a las evidencias de que las cifras del Censo fueron manipuladas.

Todo habría sido distinto si se hubiera puesto atajo a tiempo a la decisión de Labbé de presentar los 16 millones 600 mil habitantes “estimados” en el Censo, como efectivamente censados. Una decisión motivada por su deseo declarado de ser el protagonista del “mejor censo de la historia de Chile”, para lo cual debía exhibir a lo más una “omisión” del 2%,(cantidad de gente a la que no se llegó) lo que fue provocando una cadena de errores que hoy tiene al INE paralizado y al Censo 2012 y también al IPC, otro de sus productos estrella, bajo severo cuestionamiento.

Todos los protagonistas entrevistados por CIPER coinciden en que el hito de la crisis tuvo lugar en una de las últimas reuniones del equipo del Censo 2012 en la que participó el cuerpo técnico del INE. Fue allí que se asumió por primera vez que las cifras preliminares indicaban una enorme diferencia de habitantes respecto de las proyecciones de más de 17 millones para 2012. Y también, que debía reforzarse el trabajo para bajar los altos índices de casas ocupadas pero con moradores ausentes.

Fueron precisamente esas casas ocupadas pero con moradores ausentes el foco principal del conflicto. Porque el análisis indicaba que con los datos a la vista, iban a quedar a lo menos 600 mil personas sin censar. Una cifra que no se condice con el “mejor censo de la historia” en cobertura. Uno de los jefes técnicos del INE, afirmó a CIPER: “Y como el director quería llegar a un 2% de omisión, y no fue así, hizo calzar los datos. Así de simple”.

En esa reunión, los miembros del equipo técnico del INE insistieron en que, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, es posible entregar una cifra de población total que considere una cifra de moradores ausentes o de viviendas que no fueron censadas por falta de cobertura. Pero, en ese caso, debe quedar absolutamente clara la diferencia entre esa estimación y la población efectivamente censada. Otro de los puntos que advirtieron fue que, cualquier tabulado posterior, debe hacerse sobre la “población censada” y no sobre la población estimada por falta de cobertura.

Labbé desestimó cada una de las advertencias e incluso exigencias del cuerpo técnico y decidió marginarlo del proceso. Acto seguido, concentró toda la toma de decisiones de la última etapa del Censo 2012 -validaciones e imputaciones- en un reducido grupo de tres asesores personales. Fue ese team el que decidió presentar la cifra de 16 millones 600 mil personas como efectivamente censadas, sin precisar que la cifra correspondía a las 15 millones 800 mil personas realmente empadronadas, a la que se sumaron los 600 mil moradores ausentes.

Una prueba de ello está en la respuesta que entregó el jefe del Censo 2012 del INE, Eduardo Carrasco, a la jefa de los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan), Carolina Casas-Cordero, el pasado 5 de abril (ver correos).

Su pregunta fue precisa: “El día de ayer me pareció escuchar al ministro Longueira decir que los resultados entregados sobre el Censo 2012 corresponden a una “muestra censal”, que los resultados definitivos serán entregados en un año más, y que por lo tanto, no se podrían realizar -a partir de los resultados entregados ayer- estimaciones de PIB per cápita, entre otros. Revisé el documento “Resultados XVIII Censo de Población y Vivienda” y no encontré ninguna referencia que indique que los resultados publicados hayan sido estimados a partir de una muestra. Tal vez interpreté mal el comentario del ministro. 1. ¿Me puedes aclarar si la  fuente de los datos publicados corresponde al total de las viviendas censadas (4+ millones de viviendas) o corresponde a una muestra del total de las viviendas censadas?”.

La respuesta de Carrasco fue categórica: “Con respecto a tus consultas del correo adjunto, las respuestas son las siguientes: 1.- Los datos entregados y publicados el día martes 2 de abril corresponden al total de viviendas censadas, es decir, son los resultados oficiales del Censo 2012. 2.- Lo que se tendrá a fines de año, una vez determinada la omisión censal, son las nuevas Proyecciones de Población por sexo y grupos de edad para total país, región, provincia y comuna, y que son las que se deben utilizar para el cálculo del PIB per cápita. Lo anterior fue lo que señaló el señor ministro de Economía Pablo Longueira”.

La afirmación de Carrasco, de que los datos entregados y publicados “corresponden al total de viviendas censadas, es decir, son los resultados oficiales del Censo 2012”, no hacen más que ratificar que las cifras abultadas han sido presentadas como las cifras oficiales y definitivas.

Esa manipulación a la cifra global, provocó una cadena de errores. Como las tabulaciones para sacar otros indicadores, por ejemplo, la fecundidad no declarada en mujeres en edad fértil, bajó de 1.100.000 a sólo 200.000. Lo mismo ocurrió con la cantidad de hogares donde el “jefe de hogar” es un hombre y existe servicio doméstico puertas adentro, que subió de 2.228 hogares a 16.206. En el caso de jefas de hogar mujeres con servicio doméstico puertas adentro, el dato inicial era de 20.670 y bajó con la fe de erratas a 7.637.

Una cifra para la cual no hay ninguna explicación hasta ahora es la del 45% de inmigrantes con estudios superiores. A pesar de que la cifra hace ruido usando sólo el sentido común sobre la ola migratoria de los últimos años, existen serias dudas entre los expertos de si se construyó la variable –indispensable- para obtener un resultado más exacto o simplemente la cifra se desprende de un tabulado directo de la pregunta 28 del Censo.

Las tres fe de erratas, cada una con varias correcciones (3, 9 y 22 de abril – ver nota de prensa), que ha debido realizar el INE desde que entregara las cifras del Censo 2012, el 2 de abril pasado, le han dado la razón a su equipo técnico: no era posible agregar datos estimados a la base de datos principal del Censo. Porque tal como ellos lo advirtieron, los datos erróneos ensucian el diseño y ejecución de todas las políticas públicas, las que se verían afectadas por un efecto dominó distorsionador de la fotografía que se supone es la más exacta de la sociedad chilena. Y que, además, debe durar diez años.

Esos errores metodológicos, como la supuesta “pérdida” de más de 200 mil hombres en las cifras oficiales, afectan al propio Presidente de la República, y al ministro de Economía, Pablo Longueira, quienes sin tener conciencia de los errores estadísticos, anunciaron desde el Cerro Santa Lucía, el 2 de abril, las cifras oficiales del Censo 2012.

Los 200 mil hombres “perdidos” bien podrían corresponder a uno de los aspectos más polémicos de este Censo: las omisiones. Un informe hasta ahora desconocido (ver documento), elaborado por el consultor internacional en Demografía, Eduardo Arriaga, sobre la base de datos de las 16 millones 600 mil personas, estimó una omisión censal de 4,8% aproximada, una cifra muy alta para los estándares promedio. Y eso que nadie le advirtió que la cifra incluía la estimación de moradores ausentes.

La alta omisión que registró el Censo 2012, tiene para uno de los mayores expertos del INE en estadísticas sociales un claro significado:

-Se debe a que el levantamiento fue muy mal diseñado y como tienen que construir una imputación muy a la rápida, que pasa a llevar todas las recomendaciones metodológicas del Celade (Centro Latinoamericano de Demografía), ello ineludiblemente redunda en una alteración de la estructura de población.

LA ENTRELINEA DESCONOCIDA DEL IPC

El cuestionamiento a la hasta ahora sólida institución pública -la que entrega el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cifras de seguridad ciudadana y de empleo, entre otras- irrumpe en los precisos momentos en que ésta estaba a punto de lograr la tan ansiada independencia y autonomía a través de una ley que la normara. Un hito que se uniría a la celebración de sus 170 años. A menos de una semana que la Comisión de Economía del Senado inicie la votación de la idea de legislar, la manipulación del Censo 2012 así como los cuestionamientos al IPC, presagian una turbulenta discusión parlamentaria.

Al igual que con el Censo, y tal cual lo pronosticó el equipo técnico del INE hace unos meses, las objecciones a la precisión del IPC terminaron por estallar. Hacía ya algún tiempo que el mercado evidenciaba síntomas de nerviosismo al respecto. Y se entiende: el IPC es la herramienta con la que se calcula la inflación, la UF, los arriendos, dividendos, variación de sueldos y otros indicadores financieros. Al interior del INE estaban conscientes de qué había problemas con el IPC. Los testimonios recogidos por CIPER indican que éstos se arrastran desde 2011 y que ya en 2012 se hicieron algunos ajustes metodológicos. Pero los problemas persistían.

Durante un año se trabajó en el INE en determinar con exactitud la raíz del problema. Hasta que llegaron al convencimiento de cuál era la causa del problema en el ítem “vestuario”. Y trabajaron en la solución, un cambio metodológico que fue conversado con el Banco Central y con un operador del mercado antes de presentársela al director. Siempre teniendo presente que se hacía necesario un ajuste más profundo al momento de cambiar los componentes de la canasta.

La idea del equipo técnico era anunciar los cambios de este “ajuste de temporada”, como lo llamaron, el 1 de abril y llamar a un comité técnico externo para mostrárselos, y así contar en agosto de 2013 con un nuevo IPC. Pero el plan se desmoronó: el director rechazó tajante la existencia de problemas metodológicos y también se negó a convocar a un comité externo técnico. Una idea que refrendó en entrevista con Que Pasa, cuando afirmó “la metodología del IPC es perfecta”. Trece días más tarde, cuando ya distintos actores del mercado advertían del problema e incluso El Mercurio lo abordó en su editorial del miércoles 24 de abril, Labbé asumió la duda sobre su precisión, aceptando que una comisión de expertos revise su metodología. En entrevista con el mismo periódico, afirmó: “Sin la caída del IPC que provoca el precio del vestuario, la inflación en 2012 en lugar de 1,5%, habría sido de 1,9%”.

Un economista del INE, especialista en IPC, afirmó a CIPER:

-Lo que ha dicho el director en esa entrevista es muy grave tanto para el Ministerio de Hacienda como para el Banco Central, porque el órgano oficial de la estadística en Chile no puede cuestionar la cifra oficial del IPC que la misma entidad que dirige sancionó. Podría dar origen a demandas de cualquier inversor institucional por daños económicos. ¡Qué irresponsable!

En la extensa entrevista con El Mercurio (24 de abril), Labbé por primera vez se hizo cargo de los cuestionamientos al IPC al admitir diferencias reales de hasta cuatro décimas de punto porcentual. Sus dichos están generando gran ruido en el mercado, al ratificar los cuestionamientos metodológicos ya expresados por el BCI, Géminis y por economistas como Eduardo Engel y Jorge Selaive, quien sostiene que el INE puede estar utilizando precios de productos desactualizados, subestimando la inflación anual en 1,5 puntos porcentuales.

LA CARTA DE LOS 11

En medio del cuestionamiento público tanto por la precisión del Censo como del IPC, se conoció una carta firmada por 11 de los 14 jefes técnicos operativos y de infraestructura estadística del INE. La suscribieron el 17 de abril, un día después del despido “por temas de feeling” de la subdirectora técnica, Marcela Cabezas. La carta evidenció la magnitud de la enfermedad que hoy paraliza al INE.

En la carta, los profesionales detallan los puntos negros de la gestión de Labbé, la que califican como la “amenaza de un retroceso en el manejo de los temas técnicos…, además de generar incertidumbre en relación al resto de los productos estadísticos actuales y a los futuros proyectos institucionales, lo que no es sano para la institucionalidad estadística del país”.

La misiva fue entregada personalmente por los firmantes a Labbé, quienes profundizaron en ese cara a cara sus duras críticas. A diferencia de lo que Labbé informó después, de que se había producido un acercamiento, la sensación que impera en el equipo técnico es que la crisis recién comienza (ver carta).

JÓVENES LÍDERES

Una vez desmantelado el otrora respetado comité directivo del Censo, Francisco Labbé se ha atrincherado junto a sus tres asesores personales: Eduardo Carrasco, jefe del Proyecto CENSO;  el jefe comunicacional del INE, el ingeniero comercial Sebastián Mathews Capetillo; y Maximiliano Raide Prune.

Mathews comenzó el 27 de octubre de 2010 su relación contractual con el INE, recibiendo honorarios por $1.503.300. Sus ingresos han aumentado año a año por lo que hoy registra $3.678.667 al mes (ver documento). Maximiliano Raide (31 años) no aparece en ninguna dotación del INE a pesar de que goza de todos los privilegios de los miembros de la plana ejecutiva. Por ello, no fue posible encontrar sus honorarios en Gobierno Transparente. Sin embargo, la investigación de CIPER indicaría que sus honorarios actuales, que alcanzan a $3.900.000, se le pagan a través de contratos con dos de sus cercanos: su hermano Juan Pablo Raide, quien recibe honorarios por $1.674.001, pero que nadie conoce en la institución; y Antonio Hartmann Ramírez, quien recibe $2.225.522 como asesor económico, aparece sin título profesional en Gobierno Transparente en el año 2012, aunque el 2013 se registra como ingeniero comercial. También es un “fantasma” en el INE. Los informes de actividades de ambos son visados mensualmente exclusivamente por el director.

En 2012, Raide habría recibido honorarios por $3. 896.000, a través de otros dos contratos triangulados a nombre de Constance Pooley Toplai, relacionadora pública, con $1.670.111 por mes; y el mismo Hartmann, con honorarios que ascendieron en 2012 a $2.225.522.

Raide, quien tampoco tiene título profesional y que registra estudios de Derecho en la Universidad de Los Andes, habría recaudado más de $90 millones en estos dos años de asesoría a Labbé. A pesar de que sigue siendo un misterio la razón por la que no ha firmado contrato en el INE; su rol de asesor del director lo exhibe profusamente, al menos hasta hace pocos días. En Linkedin, registró ser “asesor Director en INE”. En la reciente actualización que hizo a su perfil, eliminó esa función en el INE.

Es muy probable que esa repentina decisión obedezca a la investigación que se inició al día siguiente de la carta de los 11 jefes del INE,  por la filtración de las cifras del Censo a El Mercurio el día antes de la entrega oficial. Una “fuga” que fue denunciada por la entonces directora de Comunicaciones del INE, Marcela Martínez, al director Labbé, en mail del 1 de abril pasado, en el que afirma: “Lamentablemente, y tal como le anticipé después de la reunión que tuvimos en La Moneda, El Mercurio publicará cifras del Censo mañana. Acaban de llamarme para confirmar varios datos. Yo no confirmé nada y nunca he entregado información. Dentro de los datos me llamó la atención que estaba la cifra de cobertura. Esa cifra la sacamos de sus palabras en la presentación debido a que usted mismo me pidió eliminarlas”.

La preocupación por la filtración de datos del Censo también fue motivo de inquietud en La Moneda. Así lo prueba el correo enviado por María Irene Chadwick, encargada de Programación de la Presidencia, al director del INE, a la asesora del director Mariana Alcérreca y a Marcela Martínez, el mismo día de la entrega de los datos por el Presidente. Allí se lee una línea corta y precisa: “¿Quién pasó los datos del Censo a los diarios?” (ver correo).

Juan Radrigán, jefe del Departamento de Infraestructura del INE, envió un mail a la plana directiva del INE pidiendo la instrucción inmediata de un sumario por la filtración de datos a El Mercurio. Días más tarde, e inmediatamente después de haber exigido a su vez que se hiciera esa investigación interna, Marcela Martínez, simpatizante del gobierno de Piñera, fue despedida sin previo aviso. En el INE todos alabaron su profesionalismo.

No es la misma percepción que se recoge en las oficinas del INE cuando se habla de Maximiliano Raide. Por no estar sujeto a contrato en el INE, Raide no firmó la declaración de confidencialidad de los datos del Censo que todos los funcionarios que tuvieron acceso a ellos debieron firmar. Sí lo hizo su amigo Sebastián Mathews, quien por estos días, y según constató CIPER con funcionarios del INE,  ha intentado por todos los medios recuperar el documento que suscribió.

Tanto Raide como su amigo Antonio Hartmann forman parte de Jóvenes Líderes, organización creada por Raide e integrada por estudiantes ABC1 quienes desde mediados del 2000 cenaban con prominentes personajes, políticos y empresarios, como Ricardo Claro, Cristián Larroulet o Sebastián Piñera para intercambiar opiniones sobre la contingencia. Por esos años, Raide destacaba en algunas revistas chilenas como la mezcla perfecta entre lobista bien contactado y ejecutivo joven.

A los  25 años, en revista Capital, aseguraba que cumplidos los 30 años debería tener resuelto si sería un empresario, un ejecutivo o un hombre público. Hasta ahora aparece más inclinado a lo último. Así lo muestra la foto que registra el momento de la entrega de los resultados preliminares del Censo 2012, donde figura en la testera junto a su jefe y amigo, Francisco Labbé, Eduardo Carrasco y Sebastián Mathews.

EL ROL DE VOX COM

Además de sus tres estrechos asesores, Labbé ha enfrentado los avatares del Censo y de esta crisis institucional con el apoyo de Vox Comunicaciones, agencia de la que Gabriele Lothholz es socia y gerenta general. Hasta febrero de 2010, el candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne, tuvo una participación en Vox Com, a través de Inversiones e Inmobiliaria Kos Limitada. Pero una vez que Piñera le ofreció ser ministro de Minería vendió sus 275 acciones, según registra su declaración de patrimonio. Lo anterior no ha impedido que siga ligado a esta agencia estratégica. Profesionales del INE y de fuera de la institución aseguran que una llamada del ex ministro fue clave en la decisión de Labbé de quedarse con la asesoría comunicacional de Vox Com para las actividades del Censo, desechando la propuesta entregada por la agencia de Cristina Bitar y la presentada por la periodista Isabel de Gregorio durante el segundo semestre de 2011. Golborne y Lothholz son muy amigos, además de ex socios. Se conocieron en Cencosud cuando ambos eran ejecutivos de la empresa de Paulmann. Gabrielle fue gerente de Asuntos Corporativos entre 2005 y 2009. En 2010, asumió como asesora del Magister de Gestión de la Comunicación Estratégica de la Universidad de Los Andes, la misma en la que estudió Maximiliano Raide. En ese proyecto Vox Com figura como empresa asociada.

Para evitar pasar el contrato por Contraloría, Labbé no hizo licitación: le paga a Vox Com a través de contratos primero con Gabriele Lothholz, su gerenta y dueña, la que recibió en 2011 más de $27 millones del INE, mientras que en 2012 figura con $33 millones. En diciembre de 2012 se agregó a los pagos para Vox Com la periodista que se hizo cargo de la cuenta del INE en dicha empresa: Carmen Paz Maldonado, a quien se le pagan honorarios por $2.000.000 por media jornada.

Desde hace unos días Carmen Paz Maldonado ha reemplazado a la anterior jefa de Comunicaciones, Marcela Martínez, lo que significa que tiene a su cargo la contingencia y tiene acceso a los principales productos del INE, su patrimonio más sensible para el funcionamiento del mercado. De hecho, la regla número uno de quienes han pasado por comunicaciones en el INE es que las cifras estadísticas no se anticipan nunca a la prensa y las coyunturas deben ser entregadas con horario y calendarios comprometidos anticipadamente.

Por lo mismo, resulta muy complejo que haya una periodista de Vox Com a cargo del manejo de esas cifras cuando entre sus clientes se encuentran empresas como ABCDin, BancoEstado, LAN, la consultora y administradora de fondos  Claro y Asociados, Masvida, Metrogas y la Sociedad Chilena del Litio, entre otras.

Fue la misma Carmen Paz Maldonado quien respondió la solicitud de CIPER de entrevista con Francisco Labbé. No fue posible realizarla, dijeron, porque el director del INE se encontraba aún el jueves 25 en Pucón, en una actividad del instituto.

A las críticas que recaen sobre Francisco Labbé por estar desmantelando los equipos técnicos, mala gestión, ignorancia de los productos del INE y de las funciones de sus encargados, así como por haber dado acceso a datos sensibles y estratégicos a gente externa con claros vínculos con el mundo empresarial, además de pagarles por trabajos no especificados sumas que están en los más alto del escalafón, se suma otra contratación polémica. Esta vez no es un cargo en Santiago, sino en la Región del Maule, donde figura el único relacionador público contratado por el INE en regiones. Es el técnico agrícola y primo de Francisco Labbé Opazo, Hernán Opazo, quien percibe honorarios por $1.433.250.

En el discurso público, Labbé ha sido categórico: “Los resultados del Censo 2012 son una poderosa herramienta que permitirá diseñar políticas públicas adecuadas y, con ello, producir avances importantes en la calidad de vida de la población”. Una declaración de principios que hoy se ve seriamente amenazada –con las consecuencias para el diseño de las más importantes políticas públicas- por una manipulación de datos cuyos efectos múltiples recién empiezan a evidenciarse.

El desenlace de esta historia está por verse. Hay quienes aseguran que la gravedad de lo sucedido impone una urgente auditoría para recuperar la base de datos original del Censo, sin datos erróneos anexados y así parar la cadena de desaciertos. Otros indican que ya es tarde porque tanto en Chile como en el extranjero ya miran de reojo el Censo, el IPC y comienzan a hincarle el diente a otros productos del INE. Para muchos sin embargo, incluidos economistas y especialistas del mundo académico, hay que actuar urgente para recuperar sus equipos y salvar al INE de la crisis. Una decisión que está en manos del ministro Longueira, quien acaba de inaugurar en Pucón la XII Conferencia Estadísticas de Las Américas, con Francisco Labbé en la testera.

El 15 de agosto de 2010, las dos hijas menores del matrimonio Orellana C. regresaron a la casa de su madre, Yamile C. Habían pasado el fin de semana con su padre, Enrique Orellana, siguiendo el régimen de visitas acordado tras la separación de la pareja. Según declaró días después la madre a Carabineros, la segunda de sus hijas, P.O.C., de 4 años, “se fue a la pieza y lloraba y no respondía”.  Al día siguiente, finalmente la niña le contó a su madre “que el papá le echaba hipoglós en la vagina, mostrando el movimiento con su mano, y además le tocaba las tetitas por debajo de la ropa”. En ese momento, la mayor de las niñas, S.O.C., de 9 años, le dijo: “…créele mamá, porque a mí también me hizo lo mismo”.

Recién ahí, Yamile C. tomó conciencia de la advertencia que días antes había recibido por parte de la directora del Colegio Mariano, respecto de su hija mayor. “Le dije que sospechaba que estaba siendo abusada. Cuando la madre escuchó esto se asombró y reaccionó incrédula”, recordó la directora.

Estos fueron los primeros indicios de una larga y compleja investigación judicial que concluyó el 20 de abril de 2013, con la sentencia unánime del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, un fallo que es de acceso público (ver sentencia): Enrique Orellana Cifuentes – gerente de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria del Banco Central- fue condenado a 60 años de presidio efectivo, sin derecho a beneficios, por violación reiterada de sus tres hijas menores de 9, 4 y 3 años, entre agosto de 2009 y agosto de 2010. Un caso que provocó alto impacto por la brutalidad del delito y también, porque su autor es reconocido entre sus pares como “un excelente profesional y muy preocupado de su familia siempre”. Un juicio que se inició por segunda vez, cuando los querellantes pidieron la nulidad de la primera sentencia en que el imputado fue absuelto en fallo dividido.

El extenso fallo contiene el detalle de las pruebas sexológicas forenses y peritajes sicológicos que realizaron especialistas del Servicio Médico Legal, para verificar la credibilidad y validez del relato de las tres menores. Durante el juicio oral, las niñas entregaron sus relatos en forma separada, en una sala contigua a la sala de la audiencia, especialmente acondicionada para que ellas pudieran estar tranquilas y declarar sólo frente a los tres magistrados que presidieron el tribunal.

BULLYING Y ADVERTENCIAS PREVIAS

Yamile C. presentó una denuncia por abuso sexual de sus tres hijas, en contra de Enrique Orellana, ante el 4ª juzgado de familia, el 19 de agosto de 2010, cuando escuchó los primeros relatos de sus tres hijas, que indicaban una conducta a lo menos impropia por parte de su padre. Hasta ese momento, Yamile –psicopedagoga de profesión- estaba algo incrédula y según declaró en el juicio, “con Enrique teníamos una buena relación, era un buen marido y padre”.

Había transcurrido casi un año desde su separación. Fue el 23 de agosto de 2009 cuando el ejecutivo del Banco Central resolvió poner punto final a la relación, y se fue de la casa. “Quería estar con mi pareja, pero lo más duro fue separarme de mis hijas ya que sabía que al irme la relación con las niñas sería compleja ya que la madre de ellas no estaba habilitada para cuidarlas”, declaró en el juicio oral Orellana.

Inicialmente, arrendó un departamento en calle Catedral para vivir solo, donde según los antecedentes aportados por la fiscalía, llevó a sus hijas en cuatro oportunidades. Luego, se fue a vivir con su actual pareja a una casona antigua de calle Capuchinos, donde ella vivía con sus tres hijos; lugar al que Orellana llevó a sus hijas a lo menos en tres oportunidades.

Mucho antes del quiebre matrimonial, hubo señales de alerta a los padres, respecto a la posibilidad de que la mayor de sus hijas, S.O.C., pudiera estar siendo víctima de abuso sexual, por los síntomas que presentaba. En 2006, cuando la niña tenía seis años, fue derivada por especialistas de su colegio, Scuola
Italiana, a la consulta de la sicóloga infantojuvenil, Ximena Rojas por el sistemático maltrato y agresiones que sufría por parte de sus compañeros.

La niña presentaba un cuadro de ansiedad, sobrepeso y baja autoestima. La especialista reparó en un antecedente adicional: masturbación compulsiva. Según declaró en el juicio, trabajó con ella dos años (2006-2008) y en ese tiempo, la niña nunca refirió abuso sexual. Sin embargo, tras analizar los test y pruebas que le realizó, habló con la madre en una sesión donde no fue el padre: “Recuerdo haber conversado de otras posibilidades, como por ejemplo, alguien que estuviera tocando a S. en un contexto más familiar, pero solo quedó en una conversación nada más, ella no me dio nombres en especial”.

Enrique Orellana asistió regularmente a las primeras consultas, pero luego dejó de ir, según declaró la especialista. Orellana aseguró que la doctora Rojas siempre habló del bullying como causa basal de sus problemas y que nunca habló de abuso sexual. “Estas masturbaciones estaban asociadas al estrés en el colegio, en la casa no se producía por lo menos entre el 2006 y 2007, se nos decía que era un comportamiento normal a causa del estrés y nos decían que habláramos con ella para que no lo hiciera frente a la gente sino que lo hiciera cuando estuviera sola en su pieza”, declaró Orellana.

Dado el cuadro complejo que enfrentaba la mayor de sus hijas, los padres consultaron la opinión de la sicóloga Ximena Sepúlveda, especialista infantojuvenil de la Clínica Las Condes. En el juicio, declaró: “Alcanzamos un buen nivel de confianza, me hablaba del colegio y en general muchas cosas de su familia, nunca me dijo que el padre la estuviera abusando sexualmente.  Yo no vi indicios de abuso sexual del padre u otra persona extraña ni de otro tipo de agresión física o psicológica, lo que dada su edad habría sido notorio. La masturbación en ella no me hizo sospechar y si bien al inicio lo exploré, no sospeché nada y si lo hubiera encontrado la habría derivado porque no soy experta”.

En 2008, los padres decidieron cambiar a su hija mayor al colegio Mariano, buscando alternativas al grave acoso escolar que estaba padeciendo la niña de 8 años. Sin embargo, el comportamiento de la menor  no cambió demasiado en el nuevo escenario. “Tenía un problema emocional, era retraída, ansiosa, demostraba tristeza, comía compulsivamente, era gordita, lo que afectaba su autoestima, y nos llamó la atención desde el inicio que se masturbaba dentro de la sala, sobre la silla, y por eso sudaba mucho”, declaró la religiosa Paulina Rodríguez, directora del Colegio.

En 2009, con 9 años, S. fue acentuando su carácter retraído, bajó sus notas y siguió masturbándose. Según cuenta la profesora jefe de S. en ese entonces, la mamá de las niñas “estaba desbordada” por la separación de su marido. “Le comenté sobre lo de la masturbación compulsiva en varias ocasiones –agrega-, incluso le sugerimos que siguiera un tratamiento psicológico para S., ya que pensábamos que su conducta se debía a los problemas conyugales de ellos”.

Durante los once años de matrimonio, no hay registro de denuncias por violencia intrafamiliar. Sólo después de la separación, hay dos denuncias en la Fiscalía de Las Condes, uno de septiembre de 2009 y otro en abril de 2010. En la primera, denunció intento del padre de entrar al hogar con agresiones verbales; en la segunda, maltrato sicológico a su hija mayor tras una de las discusiones en las visitas. Ninguna de ellas se investigó, porque se consideró que no había delito. Hubo un intento de reconciliación entre ambos en diciembre del 2009, que finalmente no prosperó. En los primeros días de enero de 2010, Orellana se llevó a sus hijas a unas cabañas del Banco Central en la playa, junto a la abuela de las niñas. Su madre cuenta que al regreso, la segunda hija de 3 años “empezó a tener conductas raras, como hablar como guagua y hacerse pipí”, pero no observó otras conductas extrañas.

DIRECTORA DEL COLEGIO: “SOSPECHABA EL ABUSO”

El régimen de visitas se estableció en marzo de 2010: cada 15 días, comenzando el viernes a las 20 horas y regresando el domingo a las 19 horas. Según se reconstituyó en el juicio oral, hubo a lo menos siete fines de semana en que Enrique Orellana estuvo con sus hijas (tres de ellos figuran en constancias a Carabineros que dejó Yamile C.). Las primeras cuatro visitas ocurrieron en su departamento de Catedral, donde vivía solo. Luego, las llevó tres fines de semana a la casa de su nueva pareja. Estas siete fechas, sumadas al relato de las menores, fueron el argumento para que el tribunal afirmara en su fallo que el delito de violación se produjo en forma reiterada, durante un periodo de tiempo establecido posterior a la separación del matrimonio.

Yamile C. declaró que “S. llegaba callada y C. y P. muy violentas.  En mayo empezaron las más chicas a hacerse pipí en la noche y hasta hoy es difícil hacerlas dormir; se pusieron agresivas y desordenadas, daban patadas. No entendía qué estaba pasando, llegaban agresivas y con pena; P. lloraba en su pieza, C. despertaba llorando y decía “¡no papá!” y lo mismo pasaba con S.”. Ella dijo que lo atribuyó al impacto por la separación. La mayor de las hijas discutió fuertemente con su padre –relatan testigos- y él la llevó de regreso a su casa en dos oportunidades. Las menores fueron con su papá en todas las fechas acordadas para las visitas.

Según el relato del padre en el juicio, las visitas ocurrieron dentro de total normalidad y él se relacionaba mucho por correo con sus hijas: “Un padre normal ve a sus hijos con normalidad y yo dependía de la voluntad de mi ex mujer, a veces me respondían los correos mis hijas y otras no. Con mi ex mujer no tenía relación, con S. las pocas veces que la veía me decía que quería estar sola conmigo y a las otras dos niñas me las llevaba cuando podía”.

Sin embargo, la situación experimentó un giro cuando citaron a la mamá de las tres niñas al colegio Mariano, el 17 de agosto de 2010. Yamile fue acompañada por su hermana. La religiosa Paulina Rodríguez, directora del colegio, le señaló que S. llegaba distinta después de las visitas durante los fines de semana y que decía no querer ver a su padre. “Le pregunté a la madre de las niñas si no le parecía raro esto y le dije que sospechaba que estaba siendo abusada.  Cuando la madre escuchó esto se asombró y reaccionó incrédula”.

La religiosa Cristina De Mussy, profesora jefe de S.  complementó en el juicio los dichos de la directora del colegio: “Los días lunes se masturbaba con más frecuencia que lo habitual, apreciación que compartían los demás profesores”. Y agregó: “Una vez me comentó que no quería ir a la casa de su padre y que él no la había dejado llamar a su mamá para el Día de la Madre; en otra ocasión me dijo que estaba bien porque no había visto al papá, ese día estaba alegre”. El papá le pidió una reunión a mediados de 2010, y hablaron de las conductas que estaba experimentando su hija en el colegio. “Le dije que la niña no estaba siguiendo el tratamiento psicológico por falta de dinero, pero el papá me dijo que le daba $1.600.000 a la familia, lo que no me cuadraba porque la madre de S. me decía que el marido le daba solo $700.000. Me pidió que le enviáramos información de su hija pero que no le dijera a la madre de esto”, declaró la religiosa. Tras la reunión, le comentó a la directora del colegio que estaba sorprendida porque Orellana “antes era muy seco y ahora muy preocupado de su hija, y le comenté que me parecía que podía ser un muy buen padre o un farsante, porque no me cuadraba esta doble realidad”.

Alarmada por la sugerencia del colegio, la madre de las tres niñas decidió llevarlas a una consulta. Primero las vio el pediatra que las atendía, Eduardo Wolf, de la Clínica Las Condes. El dijo que no podía hacer el examen específico que requería este caso y las derivó a una ginecóloga de la misma clínica, Paulina Merino. La especialista las examinó y luego recomendó a la madre que las llevara al Servicio Médico Legal, para un examen más específico.

Según cuenta la directora del Colegio Mariano, habló por teléfono con la doctora Merino tras la consulta: “Me confirmó que tenían signos de abuso sexual pero no sé si se refería a las tres niñas, a dos o solo a una, y me señaló que las había derivado al Servicio Médico Legal porque tenían signos de abuso”.

SML: “HUBO PENETRACIÓN ANAL”

En el Servicio Médico Legal, las atendió el médico Enrique Roncone, ginecoobstetra especializado en pericias forenses ginecológicas, particularmente en el área infantojuvenil. El examen consistió en un análisis visual previo y luego hizo una revisión de la zona genital y anal con la ayuda de un instrumental de última tecnología (calposcopio) que amplifica y fija con fotografías digitales la observación.

En el caso de la mayor de 10 años, Roncone concluyó “que no estaba desflorada, pero sus lesiones anales sugerían penetración reiterada con objeto contuso”. Sobre el peritaje de la segunda menor, de 6 años, “concluí que al momento del examen no estaba desflorada, pero las lesiones en el ano eran sugerentes de penetración anal reiterada con objeto contuso”. Con respecto a la menor de las niñas, que en 2010 tenía 3 años, “concluí que no estaba desflorada, y que, por las lesiones en el ano, era sugerente de penetración anal reiterada con elemento contuso”.

El médico consultó su diagnóstico con el entonces jefe de Sexología Forense: “Estuvo de acuerdo conmigo y no contradijo nada, por lo que no tengo dudas de que hubo penetración con objeto contuso”, concluyó.

El diagnóstico resultó lapidario. Ya no se trataba de abuso sexual, sino de violación. Para Yamile C., la noticia llegó como un mazazo.

UN CRUDO RELATO

Las tres menores declararon en el juicio oral frente a los tres magistrados, pero en condiciones especiales por su edad. El relato es crudo y entrega otros elementos respecto de lo que sucedía durante las visitas quincenales a su padre, en particular, cuando iban a la casa de su nueva pareja, Jennifer.

S.O.C.: “Cuando esto pasaba en la casa,  yo dormía en un sillón-cama en el living, ocurría cuando yo estaba despierta pero no podía moverme, yo le decía que no lo hiciera pero él no decía nada.  Mis hermanas dormían con mi papá en su cama.  Para mantener el secreto, mi papá me decía que si yo hablaba les haría daño a mi mamá y a mis hermanas, que a mi mamá la iba a matar y a mis hermanas le haría lo mismo que a mí y eso me daba miedo (…) Cuando mi papá se subía encima sentía un fuerte dolor en el ano y ese mismo dolor lo sentía desde antes que empezara a visitar a mi papá”.

P.O.C.: “Me pasaba algo que no me gustaba porque mi papá me pegaba con un palo en el potito y me dolía. Yo veía el palo pero no me acuerdo cómo era. Me dolía el potito pero no me acuerdo por qué y me dolía porque me pegaba fuerte. No me acuerdo cómo me pegaba. Mi papá me pegaba en su casa, durante la noche porque estaba oscuro, mientras yo estaba en mi cama y despierta”.

C.O.P.: “No me gustaba hacer nada con el papá porque era malo, nos hacía cosas malas, nos enterraba clavos en el poto y eso me dolía.  Yo veía el clavo, era con una punta y esto pasaba de día (…)  Cuando el papá me metía el clavo en el potito me dolía siempre, no siempre, lo hizo solo una vez y cuando nos íbamos a su casa”.

Durante la investigación judicial, la mayor de las hermanas había aportado otros detalles en su declaración frente a una oficial de la 48 Comisaría de la Familia de Carabineros: “La niña afirmó que su papá Enrique la tocaba a ella y sus hermanas cuando estaban en la casa de él, que la hacía dormir en un sofá-cama y a sus hermanas en la cama con él, y que al momento de acostarla, el padre le pasaba la mano por debajo del pijama y le tocaba el potito o le metía el dedo en el potito. Declaró que cuando era chica su papá la llevaba al baño y le echaba hipoglós en el poto y que le metía algo que ella no veía y que le decía que era un secreto entre ellos y que no debía contarle a su mamá. Y por último, señaló que su padre siempre la ponía de guatita”.

PERICIAS SICOLÓGICAS: “RELATO CREÍBLE Y VÁLIDO”

Después del examen sexológico que les practicaron a las tres menores en el SML, vinieron las pericias sicológicas. Así lo exige el protocolo en estos casos para determinar la credibilidad y validación de los relatos de las menores, y de ese modo, dar certezas al tribunal de que las menores no fueron influenciadas por terceros (inoculación). Marcela Concha, siquiatra forense del SML, abordó primero a la mayor S., con una serie de test y pruebas especializadas. “Al aplicar la pauta de credibilidad resultaba creíble y el análisis de su testimonio mostraba un relato válido”, declaró.  En cuanto a indicadores de daño relacionado con abuso y maltrato, diagnosticó que “clínica y proyectivamente había indicadores de ello, como en la conducta erotizada de masturbación desde la época de lactante y síntomas ansiosos, como su dificultad para relacionarse con pares y crisis emocional”.

En el SML también la evaluó la sicóloga infantojuvenil especialista en maltrato y abuso sexual, Ximena Navarro. En su informe, destaca que respecto a la figura del padre, “si bien predomina lo negativo, la percepción es ambivalente o polarizada, es decir, se ha convertido en alguien malo, enfermo o loco que genera en ella ansiedades de muerte y rabia, pero además, lo ve como capaz de rehabilitarse; lo percibe con capacidad de ser lúdico y cariñoso, pero con necesidades afectivas que requieren ser satisfechas ahora”.

La especialista explicó que en los test aparecieron “indicadores de maltrato genéricamente entendido, y específicamente, por abuso sexual; hay que aclarar que no se hace una diferencia muy taxativa entre abuso sexual y maltrato, dada la complejidad del ser humano para reaccionar ante el maltrato”. Finalmente descartó manipulación en el testimonio de la menor: “S. no dibuja a la madre buena y al padre malo porque a ambos los ve con cosas buenas y malas y esto es síntoma de que no ha sido inoculada”.

La mayor de las hijas fue tratada por especialistas del CAVAS a partir de la judicialización del caso. La sicóloga María Salas observó conductas suicidas, una autoimagen negativa y mucha inseguridad. En el juicio, aportó antecedentes más detallados entregados por S.O.C durante la terapia: “Refirió que se sentía culpable por sus hermanas, ya que si hubiera hablado antes a lo mejor esto no se habría extendido en el tiempo ni habría ocurrido lo mismo a sus hermanas.  Por eso está molesta con su papá, ya que le mintió porque le dijo que si no contaba, no les pasaría nada a sus hermanas, cosa que comprobó cuando su hermana develó”.

Otra de las sicólogas que trató a S.O.C., María Tornero, declaró en el juicio: “Mi percepción era que llegaba con estrés postraumático agudo, ansiosa, evitaba hablar de lo ocurrido, tenía ideación suicida, pensamientos intrusivos y preocupación en temáticas sexuales no esperables a su edad.  Estos síntomas estuvieron presentes en forma aguda y crónica en el tiempo”.

CONDUCTA SEXUALIZADA EN LAS MENORES

A petición de la fiscalía, las dos niñas menores -P.O.C. y C.O.C.- también fueron evaluadas por personal especializado del CAVAS, en 2010, cuando tenían 4 y 3 años respectivamente. El tratamiento reparatorio siguió hasta 2012.

La sicóloga Ana Bouquillar evaluó a la segunda de las hijas del matrimonio, quien entonces tenía 4 años. Según describe en su relato, “el papá era malo, me pegaba con un palo en el poto. No vi el palo, me dolía. Cuando iba a su casa no me gustaba ir a verlo”. La especialista subrayó que la niña “relacionaba el vínculo afectivo con elementos de la sexualidad”, que no van acorde a su edad.  “Estos signos de auto estimulación en la zona genital que se manifiestan al masturbarse en un contexto inadecuado, como es la sesión terapéutica, lo comienza como un juego y recuerda al padre cuando se le interrumpe. Enlaza un recuerdo del padre con una conducta sexualizada”. Y concluye que “la niña presenta indicadores compatibles con experiencia de agresión sexual asociados al padre”.

La más pequeña de las hijas Orellana C. fue diagnosticada por la sicóloga Carmen Escala Castro, cuando tenía 3 años y tres meses, en octubre de 2010. Los resultados fueron analizados por un equipo clínico compuesto por once profesionales, en reuniones semanales; y en una reunión ampliada de veinticuatro profesionales. “Concluimos que había indicadores psicológicos compatibles con agresión sexual asociados por la niña al padre –declaró la especialista-.  Al referirse al agresor, menciona al padre, lo percibe como una figura omnipotente frente a la cual siente temor”. Y explicó: “Pude darme cuenta que no repetía lo que había escuchado sino lo que había vivido (…) El poco lenguaje no permite verbalizar la experiencia traumática, solo guarda la vivencia y la sensación. Ella relata que el padre le metió un clavo en el potito y siente dolor por esto, porque es lo que ella puede explicar”.

LA DEFENSA DEL PADRE: “JAMÁS HICE NADA”

Durante el juicio, Enrique Orellana no aceptó someterse a los peritajes siquiátricos del Servicio Médico Legal. “No fue por temor a que se encontrara algo en mí, solo seguí el curso de acción que mi abogado me sugirió”, explicó.

Sí aceptó prestar testimonio durante el juicio oral, donde descartó todas las acusaciones en su contra. “Jamás hice nada en contra de mis hijas que no sea quererlas y cuidarlas, siempre trabajando para ellas”, afirmó. Y agregó: “Respecto de C. y P., todo lo que se ha discutido en este juicio versa sobre la influencia de mi ex sobre las niñas en mi contra”.

Orellana declaró tener problemas ocasionales con la mayor de las niñas, por peleas: “Una noche S. llamó a su mamá por teléfono y le vino un ataque de histeria, se pegaba y daba vueltas. Traté de calmarla. Al día siguiente no dejé que hablara con su mamá, pero después de ese fin de semana todo se volvió una locura porque mi ex mujer no pudo soportar que yo tuviera otra familia”.

Con respecto a las dos menores, Orellana declaró: “P. era la más cercana a mí, desde chica, cuando iba a dejarla los domingos en la tarde, lloraba”. Y recordó que el 15 de agosto de 2010, “P. llegó con cara de compungida y me dijo que quiere vivir conmigo y yo, torpemente, le dije que yo también. Se puso contenta”. Con respecto a la menor, C., dijo: “Se despedía sin problemas”.

Su defensa presentó una batería de testigos durante el juicio oral, la mayoría de ellos compañeros de trabajo en el Banco Central. El ejecutivo se inició en 2001 como analista y luego fue nombrado gerente de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria, un cargo de confianza muy cercano al presidente del banco.

José de Gregorio, ex presidente del Banco Central, declaró: “Nunca recibí reclamos en contra de Enrique por acoso sexual ni de ninguna otra índole… Tengo la convicción personal que es inocente, pero yo no pongo las manos al fuego por absolutamente nadie, solo es una percepción que tengo basada en presunciones de todo lo que yo vi e interactué con Enrique”.

Otro de sus compañeros, el ingeniero David Salfate, dijo: “Nunca he estado en la casa de Enrique, solo lo conozco en la parte laboral y lo admiro como profesional, los compañeros de trabajo le tienen mucho cariño, es un economista muy integral”.  Marta Cuevas, ingeniera informática, relató que coincidieron en las cabañas de Punta de Tralca, cuando Orellana veraneaba con su familia: “Lo veía interactuar con sus hijas, era un padre amoroso, se preocupaba que comieran, estuvieran felices, de lo que hacían, jugaba con ellas y era atento con su señora”.

La defensa de Orellana presentó el testimonio del sicólogo Juan Yáñez, quien lo atendió en los meses previos a su separación: “Frecuentemente hablaba de sus hijas y de cómo poder protegerlas sin perder incidencia sobre el control de sus hijas que quedan en estos casos bajo la tuición exclusiva de la madre”.

Por último, la defensa presentó a dos médicos, para refutar las conclusiones entregadas por los especialistas del Servicio Médico Legal: la sicóloga Greter Macurán -quien se presentó como especialista en psicoterapia y en evaluación de delitos sexuales; y participó como perito para la defensa del hoy condenado Jorge Tocornal por abuso sexual de sus hijos- analizó el examen sicológico al que fueron sometidas las tres menores en el SML. Concluyó que los testimonios habían sido inducidos en algunos casos, que el estado emocional era una consecuencia del impacto por la separación de los padres y que las pruebas aplicadas no eran las adecuadas para validar los testimonios. El médico Leonardo González (especialista en Medicina Legal,  trabaja en una empresa privada de peritajes y declaró no tener especialidad en exámenes sexológicos forenses), descartó que las lesiones en la zona anal de las tres niñas permitieran concluir que habían sido objeto de “violación con objetos contundentes”, como concluyó el especialista que las examinó:

-Revisé las fotografías del examen, y en mi opinión, ninguna de las niñas presentaba desgarros antiguos, pero lo que si se observa es una dilatación anal parcial que es normal, explicada más plausiblemente y que no está objetivada por el examen más idóneo.  Además, la existencia de esta dilatación es porque el esfínter de las niñas funcionaba bien.

JUECES: “NO CABE DUDA RAZONABLE”

El fallo de los tres magistrados -Jeni Morales, Pedro Maldonado y Juan Carlos Urrutia- fue unánime en este caso para condenar al imputado por el delito de violación reiterada “sin que exista ninguna duda razonable”.

Una de las consideraciones apunta a que el relato de las niñas “hay que ponderarlo desde la óptica del niño, entendiendo que se trata de víctimas de muy corta edad, de eventos altamente traumáticos que involucran al padre como figura agresora”.

En su extensa argumentación sostienen que existe coincidencia en el relato de las tres niñas: “Hacen referencia a que la penetración les producía dolor; las tres sitúan las acciones en dos lugares físicos distintos”, en el departamento de calle Catedral y la casa de calle Capuchinos.  Establecen que el delito ocurre en el periodo comprendido entre la separación en 2009 y mediados de 2010, y que cada una en su lenguaje se refiere “inequívocamente” al órgano sexual masculino cuando describen estas agresiones.

Uno de los puntos centrales del fallo detalla por qué se aceptan los peritajes realizados por el SML y por qué se descarta la opinión de los especialistas presentados por la defensa de Enrique Orellana. Con respecto al examen sexológico practicado por el doctor Roncone, señalan los jueces: “El doctor González frente a la versación del doctor Roncone (SML), dejó en evidencia su falta de idoneidad y experticia suficientes para afirmar en los términos categóricos que lo hizo, que las menores no presentaban lesiones anales, defectos que en caso alguno tuvieron la virtud de generar una mínima duda razonable en estos jueces que llevara a desvirtuar el mérito probatorio de las conclusiones del perito del Servicio Médico Legal”.

Luego, el tribunal analizó las conclusiones de las sicólogas que periciaron a las menores en el SML, y que apuntaron coincidentemente a diagnosticar abuso sexual por parte del padre. Especialmente se refieren al caso de la mayor, S.O.C.: “Resultó bastante lógico suponer que experimentar de parte del padre sentimientos de afecto y cariño propios del vínculo filial, junto con conductas sexuales de agresión, conlleva una contradicción que le produce el quiebre en la imagen paterna (…) Luego, los sentenciadores también estimaron que dicha conclusión fue perfectamente plausible y se condijo con los hechos descritos por la víctima y la restante prueba”.

Con respecto a las conductas descritas sobre las dos niñas menores, los jueces consideraron que “fueron demostrativas de maltrato en general, en el cual quedó comprendida la agresión sexual”.

Por contraste, descartaron la validez de las opiniones vertidas en el juicio por la especialista de la defensa de Orellana, Greter Macurán: “Su falta de credibilidad y fiabilidad como prueba, dice relación además, con el hecho de que aparece como colaboradora o consultora de la empresa Forensik, a la que pertenece el doctor Leonardo González, quien hizo un peritaje en esta causa tendiente a tratar de demostrar la falta de fiabilidad del informe sexológico”. Y sostienen: “No parece fiable que ella misma se pronuncie acerca de la credibilidad de los relatos de las tres niñas, en circunstancias que el rigor técnico exige que sean peritos distintos los que evalúen a las diversas víctimas, como una forma de evitar el sesgo”.

Los jueces descartaron también la posibilidad de que las niñas hayan sido influenciadas para culpar al padre, porque las menores han mantenido un relato “sostenido en el tiempo”, rodeado de elementos externos en que intervienen terceros. “Lo anterior, torna impensable e ilógico suponer la existencia de una conspiración en la cual la madre, de manera organizada y sistemática, haya podido influir e interferir el relato de sus hijas en las distintas ocasiones que estas han debido prestarlo, tanto ante las diversas profesionales que las han examinado y tratado, como ante carabineros y estos jueces”.

El fallo concluye que, pese a las dificultades para comprender el comportamiento anormal de las tres niñas, “la evidencia científico-técnica da cuenta que las tres niñas fueron penetradas analmente en forma reiterada, y despeja toda duda en cuanto al origen de la sintomatología experimentada por ellas, que no fue otra que la agresión sexual a que las tenía sometidas el padre”.

Por todo lo anterior, el Tribunal condenó a 60 años de presidio mayor en su grado máximo (20 años por cada una de las tres niñas) a Enrique Orellana; inhabilitación absoluta para cargos públicos, para ejercer la profesión y para derechos políticos;  inhabilidad para ejercer la custodia o representación de sus hijas y prohibición para trabajar en contacto con menores de edad, mientras dure la condena. Adicionalmente, se le condenó a pagar un monto de $400 millones, por concepto de daño sicológico a las víctimas y a su madre.

Actualmente, Enrique Orellana está recluido en la Cárcel de Alta Seguridad. Su defensa presentó el 29 de abril un recurso de nulidad ante la Corte Suprema y hasta que no haya un pronunciamiento oficial, la sentencia no está ejecutoriada. Mientras la justicia no diga la última palabra,  Enrique Orellana está suspendido de su cargo como Gerente en el Banco Central y no percibe remuneraciones.

A una semana de que CIPER publicara los antecedentes sobre la manipulación de las cifras del Censo 2012 y la entrevista a la ex asesora del director del INE, Mariana Alcérreca, siguen las repercusiones y los cambios en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La llegada del nuevo director interino, Juan Eduardo Coeymans, marcó un punto de inflexión en la crisis que atraviesa el organismo estadístico no sólo por los problemas del Censo, sino también por los cuestionamientos al cálculo del IPC.

El tema ha sido centro de atención no solo para la prensa nacional, sino también para prestigiosas revistas y diarios ingleses que recogieron los cuestionamientos publicados por CIPER. Uno de ellos es The Economist  (ver artículo) que abordó el tema bajo el sugerente título “¿Cuántos son los chilenos?” y que plantea que “la reputación de Chile está puesta en tela de juicio en lo relativo a la estadísticas oficiales”.

Juan Eduardo Coeymans, economista de la Universidad Católica, se constituyó inmediatamente después de su designación, el 29 de abril, en el edificio corporativo del INE para ponerse al frente de la institución. Tras el feriado del 1 de mayo, el nuevo director divulgó un comunicado de prensa en el que anunció la suspensión transitoria del sitio web www.censo.cl y de las ediciones impresas relacionadas que aún no se han distribuido: “Hasta que se haya llegado a la convicción de que son cifras con niveles de confianza propios de una institución técnica, profesional y de calidad”.

Coeymans informó que “paralelamente, se ha iniciado desde el lunes 29 de abril una auditoría interna sobre el proceso censal, cuyos métodos se someterán a evaluación por expertos externos”.

Consciente del daño a la credibilidad institucional que se ha producido tras los antecedentes entregados por CIPER, el economista se comprometió  a hacer su máximo esfuerzo en avanzar en la transparencia de los procesos de generación de los productos del INE y a reforzar todos los mecanismos de validación, para así asegurar el cumplimiento de los más altos estándares internacionales (ver comunicado INE).

EL GRUPO DE LOS CUATRO

De acuerdo a las instrucciones entregadas por quien fuera su jefe durante solo unas horas, el renunciado ministro de Economía y actual precandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, Coeymans deberá solucionar el tema del cuestionamiento respecto de la metodología del IPC, hacer una auditoría a las bases de datos del Censo 2012 y apresurar la tramitación del proyecto de ley para dotar de autonomía al INE, cuya discusión debe darse en las próximas semanas.

Al menos públicamente, el ex ministro Longueira no hizo referencia a la necesidad de transparentar las contrataciones que hizo Labbé para el Censo 2012. En los hechos y según confirmó CIPER, ya no forman parte de la plantilla de asesores tres de los cuatro funcionarios que participaron de las decisiones más relevantes sobre cómo y qué informar públicamente respecto a las cifras del Censo 2012: Eduardo Carrasco, Maximiliano Raide y Carmen Paz Maldonado. Un cuarto asesor de Labbé, Sebastián Mathews, presentó licencia médica.

CIPER intentó comunicarse con la encargada de comunicaciones del INE, Carmen Paz Maldonado, pero desde la sede central del instituto se informó que ella había renunciado al cargo y que la reemplaza la periodista Paula Villarroel, quien durante toda la mañana estuvo reunida en el gabinete del nuevo director.

Carmen Paz Maldonado es periodista de la empresa Vox Comunicaciones, la que inicialmente asesoró al INE en las estrategias para difundir las cifras del Censo 2012. Tras el despido de la periodista Marcela Martínez, quien era jefa de comunicaciones del organismo técnico, asumió Maldonado ese cargo, cumpliendo media jornada y  recibiendo honorarios por $2 millones. Es decir, compartía sus funciones en el INE con su rol en la empresa VOX Com, que tiene entre sus clientes a  ABCDin, BancoEstado, LAN, la consultora y administradora de fondos Claro y Asociados,  Masvida, Metrogas y la Sociedad Chilena del Litio, entre otras. Precisamente esta dualidad de funciones resultaba compleja, considerando que la periodista tenía acceso privilegiado -antes de que se conocieran públicamente- a los datos estadísticos más sensibles que genera el INE.

Lo que aún no está claro es si el nuevo director puso término a la asesoría comunicacional de Vox Com. El contrato lo suscribió en 2011 Francisco  Labbé con Gabriele Lothholz, gerenta y dueña de la empresa. El primer año se le pagó $27 millones y en 2012 la cifra ascendió a $33 millones.

El ingeniero comercial Sebastián Mathews fue jefe de Comunicaciones e imagen corporativa del INE hasta el año 2012 y luego continuó como uno de los asesores más estrechos de Labbé. Mathews comenzó el 27 de octubre de 2010 su relación contractual con el INE, recibiendo honorarios por $1.503.300. Sus ingresos aumentaron año a año, hasta llegar a un sueldo de $3.678.667 en 2013. Su última aparición pública fue el viernes 26 de abril, cuando regresaba junto al entonces director del INE desde la XII Conferencia Estadísticas de Las Américas, en Pucón. Su situación actual está en suspenso, pues en el INE se informó que se encuentra con licencia médica desde el lunes 29 de abril.

Una de las decisiones más importantes en las que participó Matthews fue la presentación de 16 millones 600 mil personas como censadas, sin precisar que la cifra correspondía a 15 millones 800 mil personas efectivamente empadronadas y el resto a una proyección de los habitantes de viviendas con moradores ausentes.

Uno de los puntos que deberá dilucidar la auditoría interna es quiénes y cómo se filtraron las cifras globales del Censo 2012 a la prensa. Todos los funcionarios del organismo que tuvieron acceso a los datos de esta encuesta suscribieron una declaración de confidencialidad, entre ellos Sebastián Matthews. Según constató CIPER con funcionarios del INE, el ingeniero comercial intentó recuperar el documento de confidencialidad del Censo, pero sus esfuerzos no tuvieron resultados positivos.

Quien sí renunció este lunes 30 de abril en forma definitiva fue el jefe de proyecto Censo, Eduardo Carrasco, responsable de la ejecución y publicación de los datos.

Quien también desapareció de las oficinas centrales del paseo Bulnes, donde está ubicado el INE, fue Maximiliano Raide, quien años atrás destacaba en algunas revistas chilenas como la mezcla perfecta entre ejecutivo y lobista bien contactado. Jóvenes Líderes es una organización creada por Raide e integrada por estudiantes ABC1, quienes desde mediados del 2000 cenaban con prominentes personajes, políticos y empresarios, para intercambiar opiniones sobre la contingencia.

Sin título profesional y con estudios de derecho en la Universidad de Los Andes, Raide habría recaudado más de $90 millones en estos dos años de asesoría a Labbé, aunque no aparece en los registros ni en ninguna dotación del INE, a pesar de que gozaba de todos los privilegios de los miembros de la plana ejecutiva del organismo.

Sus honorarios se le pagaron a través de contratos triangulados de dos de sus cercanos: su hermano Juan Pablo Raide, quien recibía mensualmente $1.674.001 y Antonio Hartmann Ramírez, quien percibía $2.225.522 como asesor económico.

Raide despareció también de las oficinas del INE, pero al igual que el jefe del Proyecto Censo, Eduardo Carrasco, Carmen Paz Maldonado, Sebastián Mathews, su hermano Juan Pablo y Antonio Hartmann deberán atestiguar en las próximas semanas cuando el fiscal José Morales los llame a declarar en el marco de la investigación por la manipulación de los datos del Censo. El viernes 26 de abril el fiscal Morales encargó a personal policial incautar sus computadores, teléfonos celulares y documentos.

El pasado martes 30 de abril, a través de un fallo unánime de 58 páginas, la Corte Suprema selló el destino de los hermanos Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo, los socios fundadores de las empresas financieras Eurolatina (Eurolatina Ltda. y Eurolatina S.A.). A juicio del tribunal, ambos son responsables de haber diseñado un sistema para engañar a cientos de chilenos de escasos recursos que se acercaron a su empresa entre 1993 y 2000 para obtener financiamiento sujeto a una garantía: sus viviendas. Lo que en apariencia era un crédito con prenda hipotecaria, a juicio del máximo tribunal no era más que un ardid para apropiarse del inmueble en garantía. Por eso fueron condenados a cinco años y un día de presidio como autores de los delitos de usura y estafa. También deberán pagar el valor de los inmuebles que se adueñaron e indemnizar a cada uno de los 188 querellantes por daños morales por un valor máximo de $5 millones.

La sentencia contra Eurolatina es uno de los dos fallos emblemáticos para los consumidores que emitió la Corte Suprema en los últimos días de abril. El miércoles 24 de ese mismo mes, el tribunal condenó también a Cencosud por aplicar cláusulas abusivas y aumentar arbitrariamente en 2006 los costos de mantención de sus tarjetas de crédito Jumbo Más (ver fallo). Tras esa resolución, el holding de Horst Paulmann deberá cancelar alrededor de US$ 70 millones en compensaciones a los más de 600 mil clientes afectados, según las estimaciones del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

La importancia de ambos fallos no sólo radica en las sanciones que la justicia impuso a los responsables por los ilícitos que atentan contra los derechos de los consumidores. Independiente de las condenas y de los miles de millones de pesos que Eurolatina y Cencosud deberán desembolsar para resarcir –de alguna forma– el daño causado, las sentencias también modifican las reglas que hasta ahora han regido el mercado financiero y de tarjetas de crédito del retail.

Los cambios que introduce el fallo contra Cencosud apuntan a proteger a los consumidores ante modificaciones unilaterales de los términos de los contratos. Hasta la emisión de la sentencia, el único requisito que tenían las empresas para alzar arbitrariamente sus precios base, comisiones o tasas de interés, era notificar por escrito a sus clientes. Si éstos no se manifestaban en contra en 30 días, se daba por entendida la aceptación de las nuevas condiciones. Pero eso ya no será suficiente. El fallo de la Corte Suprema estableció que cualquier modificación de los contratos deberá ser consentida expresamente por ambas partes. Una decisión que cambió profundamente el escenario del retail y la banca y provocó que otras empresas en situación similar, como BancoEstado y Falabella, llegaran a acuerdos compensatorios con sus clientes antes de que la justicia fallara en su contra.

Por otro lado, el fallo contra Eurolatina establece que las compañías que prestan dinero a interés son responsables de determinar si la persona a la que le otorgan el crédito está en condiciones de pagarlo. En ese sentido, si aprueban un préstamo a una persona que no cuenta con la solvencia mínima que garantice el pago de la deuda, son ellas las que asumen el riesgo. Eso implica un cambio importante para el mercado crediticio porque desde ahora, si el cliente logra acreditar que la empresa no evaluó su capacidad de endeudamiento al momento de otorgarle el crédito o le entregó el préstamo a sabiendas de que caería en mora, la ejecución de la garantía dejada en prenda no sólo sería ilegal, sino que además podría constituir delito.

Eso fue precisamente lo que hicieron las empresas de los hermanos Elgueta Cárcamo.

EUROLATINA Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS FINANCIERAS

A pesar de que en cualquier banco se les hubiera negado el préstamo por insolvencia, Eurolatina convenció a cientos de personas de que sí eran sujetos de créditos que podían pagar. Esto, según estimaron los ministros, con el objeto de que fallaran en el pago pactado para que, finalmente, Eurolatina se quedara con la vivienda entregada en garantía. Cristián Cisternas Aguirre, era el ejecutivo que contactaba a los clientes y aplicaba los contratos, sin haberles solicitado siquiera que acreditaran su renta a fin de calcular su capacidad de endeudamiento. Lo que venía después era lógico: los clientes, en su mayoría poco solventes, no pudieron mantenerse al día. Bastaba solo un atraso en las cuotas para que la empresa, a través de una cláusula de “aceleración” del cobro, exigiera el pago total. Como esa obligación no podía ser satisfecha por los afectados, los inmuebles que habían puesto en garantía pasaban al dominio de Eurolatina.

Según el fallo, los dueños de Eurolatina sabían que eso ocurriría. Que la gente no les podría pagar y que ellos quedarían en posición de ejecutar las hipotecas y así adueñarse de su patrimonio. De hecho, los ministros del tribunal establecieron que “las empresas Eurolatina fueron creadas para la ejecución del engaño”.

Las ilegalidades detectadas evidencian los posibles riesgos a los que podría exponerse la población al adquirir préstamos en el mercado informal. Precisamente en ese escenario es que los hermanos Elgueta Cárcamo operaban como prestamistas para personas que no eran sujetos de crédito.

Durante todo el proceso, la defensa de la empresa argumentó que la responsabilidad de lo ocurrido era de los clientes. Que fueron ellos quienes voluntariamente se acercaron a pedir los créditos. Que si firmaron el contrato para obtener el préstamo, debían ellos saber cuál era su real capacidad de pago. Y que la empresa había entregado un documento informativo a cada una de esas personas donde les advertía que el atraso de las cuotas podría significar la ejecución de la propiedad, así que todos sabían cuáles eran las condiciones cuando firmaron.

Lo interesante del fallo es que, para el tribunal, esos argumentos no fueron suficientes. Por el contrario, la sentencia establece que si alguien tiene la responsabilidad, es Eurolatina, ya que no pidió a sus clientes ningún antecedente serio para calcular su capacidad de endeudamiento, limitándose al aseguramiento de los inmuebles ofrecidos en garantía del cumplimiento de la deuda.

En un proceso normal para otorgar un préstamo, los bancos y las financieras que facilitan dinero a interés calculan la capacidad de pago de los postulantes. Les solicitan los antecedentes que den cuenta de la renta potencial y el patrimonio del cliente, además de información verificable sobre deudas previas y vigentes. Luego de eso, las empresas son libres de aprobar o rechazar un crédito si el solicitante presenta un bajo nivel de renta en relación al monto del préstamo que pide, tiene un alto endeudamiento o incluso si sus gastos de subsistencia le dejan escaso margen para después cumplir con los pagos. Pero nada de eso ocurrió con los clientes de Eurolatina.

Aunque la Ley para las Operaciones de Crédito de Dinero no indica cuáles son los procedimientos que las financieras deben aplicar antes de entregar un crédito (a excepción de los mutuos hipotecarios, donde el dividendo no puede superar el 25% de la renta del solicitante), la Corte Suprema estableció que son las empresas las responsables de verificar la solvencia de los deudores antes de otorgarles un préstamo. En otras palabras, si una compañía financiera opta por entregar dinero a alguien que no cuenta con los recursos para devolver lo adeudado, es ella la que asume el riesgo, y por lo tanto, la responsable de la pérdida. La resolución judicial señala que si los antecedentes previos al otorgamiento del crédito dan cuenta de insolvencia, la ejecución posterior de la garantía en caso de mora resulta improcedente e, incluso, puede constituir delito, pues el préstamo podría haberse entregado a sabiendas de que no sería devuelto con el único fin de apropiarse del bien que se dejó en prenda.

Eso fue lo que hicieron los hermanos Pedro y Marcos Elgueta con la ayuda del ejecutivo Cristián Cisternas. A juicio del tribunal, la falta de procesos para determinar la real capacidad de endeudamiento de sus deudores antes de aprobar los créditos es prueba de que “habría existido una maquinación previamente concertada por los acusados para inducir a los clientes de Eurolatina a contratar en circunstancias que no podían hacerlo con el único fin de poder constituirlos en mora y así llevarlos a una ejecución forzada”.

En ese escenario, la entrega del documento informativo que la empresa expuso en sus argumentos para demostrar que sus clientes conocían las condiciones de los préstamos –dice el fallo–, “sólo viene a demostrar la existencia de la maquinación urdida y del propósito de ocultarla, puesto que el engaño se produjo cuando se instó a personas que no tenían capacidad crediticia a contraer deudas que no estaban en condiciones de pagar y de cuyo error devino la entrega en garantía de sus inmuebles por tales obligaciones de dinero”.

LOS ABUSOS DE CENCOSUD

De acuerdo a los registros de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), a diciembre de 2012 existían al menos 13.684.483 tarjetas de crédito no bancarias vigentes en Chile. Eso significa que el número de chilenos que han abierto líneas de crédito en casas comerciales creció en un 38% en sólo cinco años (ver registros de 2007). De ese mercado, casi una quinta parte es controlada por Cencosud Administradora de Tarjetas S.A., la empresa del holding del empresario Horst Paulmann encargada de otorgar y administrar las tarjetas Jumbo Más, la misma que fue condenada en última instancia el 24 de abril por aplicar cláusulas abusivas en sus contratos y aumentar en 2006 arbitrariamente las comisiones a sus clientes.

Los hechos que tuvo a la vista el tribunal son simples: en los contratos que Cencosud redactó y pactó con sus clientes se incluían dos cláusulas que a juicio del Sernac –entidad que interpuso la demanda colectiva que derivó en la sentencia– constituían un abuso en contra de los titulares de las tarjetas. Éstas son las cláusulas 9º y 16º, dos estipulaciones comunes en contratos de este tipo.

La primera de ellas, que aparece citada textual en el considerando octavo del fallo que dictó la Corte Suprema, establece que los clientes otorgan a Cencosud un mandato especial, irrevocable y que “no se extingue por la muerte del mandante” para aceptar en su nombre letras de cambio, suscribir pagarés y reconocer deudas a favor de la empresa. Ese pagaré podría ser cedido por Cencosud libremente a cualquier banco o institución financiera o comercial con el sólo compromiso de darle aviso al cliente hasta 30 días después de hecha esa operación.

A juicio del tribunal, “se trata de una cláusula que no ofrece un equilibrio de derechos entre las partes” ni satisface las exigencias contenidas en la Ley sobre Protección de Derechos de los Consumidores. También consideró que el hecho de que ese tipo de estipulaciones sean corrientes en el mercado “no puede constituir un argumento válido y decisivo, porque ello simplemente indicaría una relajación del control administrativo de parte de las autoridades llamadas a ejercerlo, menos aún, cuando la última modificación de la Ley 19.495 ha hecho mucho más estricto este tipo de contratos”. Por todo lo anterior, los ministros decidieron considerar la cláusula como abusiva y, por lo tanto, nula.

La segunda de las cláusulas en cuestión –la 16º– faculta a la empresa que otorga la línea de crédito para modificar las condiciones del contrato de forma arbitraria con el sólo requisito de notificar por escrito al cliente. Si éste no manifiesta oposición o utiliza su tarjeta 30 días después de que la comunicación le fue remitida, se da por entendido que acepta los cambios. Por otro lado, si se opone a las modificaciones introducidas, está obligado a poner fin al contrato y devolver la tarjeta.

En el caso de Cencosud, la empresa modificó en 2006 los contratos de las tarjetas y elevó los costos de mantención de las tarjetas Jumbo Más de $460 a $990, respaldados en la cláusula 16º. Un hecho que la Corte Suprema condenó, ya que “supone darle legitimación a la empresa para modificar la convención unilateralmente, desde el momento que niega al consumidor su derecho a mantener la operación del contrato, tal cual se había inicialmente pactado. No puede ser suficiente para justificar la cláusula en análisis, el hecho que Cencosud no le impuso al cliente la modificación, pues, basta para vulnerar el artículo 16 letra a) que el cliente no pueda continuar con el contrato en los términos inicialmente pactados. Existe, por este sólo hecho, una contravención al artículo 16 letra a), y la cláusula debe considerarse abusiva”.

El fallo se convirtió en la primera demanda colectiva que resulta victoriosa en la historia de la justicia chilena.

EL FIN DE LA PRESCRIPCIÓN Y EL CASO BANCOESTADO

Para evitar la condena en su contra, la defensa de Cencosud intentó aplicar el principio de prescripción que contempla la Ley de Derechos del Consumidor: si la demanda se presentó después de seis meses a contar del momento en que se cometió la infracción, está prescrita. Ese plazo, según la empresa, comenzó a correr a contar del 1 de marzo de 2006, cuando aplicó a sus clientes el aumento de las comisiones; nueve meses antes de que el Sernac interpusiera la demanda colectiva en el 10º Juzgado Civil de Santiago. Si el tribunal hubiera considerado esos plazos, probablemente la causa no habría prosperado. Pero no lo hizo. En cambio, consideró que la falta fue reiterativa en cada uno de los cobros mensuales que siguieron a la modificación arbitraria por parte de Cencosud, por lo que desestimó la prescripción.

Lo anterior, según Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), “marca un precedente fundamental y absolutamente distinto a lo que se ha visto hasta ahora, porque el principio de prescripción, cuando la infracción es reiterativa, no tiene término. Eso abre la puerta a que los consumidores puedan demandar retroactivamente en este tipo de casos, cuando existen cobros abusivos o indebidos”.

Calderón agrega que otro precedente tiene que ver con la segunda de las cláusulas que la Corte Suprema catalogó como abusivas en el caso Cencosud.

-La omisión por parte de los clientes no significa la aceptación de las modificaciones de los contratos. Eso es muy importante, ya que permite que ahora la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) pueda modificar la Circular Nº 17 en el sentido de que, para que los términos de un contrato puedan ser cambiados, deba existir consentimiento explícito de ambas partes. Son dos precedentes muy importantes los que se están dando y que deben considerar los consumidores –dice.

El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Jorge Awad, rechazó de plano la modificación de la circular, señalando que afectará gravemente al negocio de los bancos: “No voy a aceptar que se saque una circular en donde se borra lo que existe y no se remplaza por nada (…). La SBIF no ha dicho por qué se sustituye la norma que se cambio (…).  No quiero ni pensar que estamos entrando a un sistema de fijación de precios”, sostuvo Awad en declaraciones recogidas por La Segunda del jueves 9 de mayo.

En el mismo vespertino el superintendente de bancos, Raphael Bergoeing, respondió: “Los fallos deben ser acatados y en ese contexto hemos seguido (…) y seguiremos adecuando las normativas necesarias para que éstas sean coherentes con la legislación”.

El fallo contra Cencosud tuvo efectos inmediatos en el mercado del crédito a favor de los consumidores. Ante el riesgo de que la Corte Suprema fallara en su contra, BancoEstado llegó a un acuerdo con Conadecus para poner fin a una demanda colectiva que la organización presentó en noviembre de 2004 ante el 14º Juzgado Civil de Santiago. La institución que dirige Calderón alegaba que los costos de mantención que el banco comenzó a cobrar en enero de 2003 a sus clientes que habían contratado cuentas de ahorro a la vista, eran abusivos, ya que los contratos no estipulaban esos cobros. Al principio, fueron 0,02 UF trimestrales. Al año siguiente, el montó se elevó a 0,025 UF y en 2005 se alzó hasta las 0,15 UF. Cerca de medio millón de personas resultaron afectadas.

Los precedentes que sentó el caso Cencosud hicieron que la defensa de BancoEstado desistiera de seguir intentando que se aplicara la prescripción de la infracción. En vez de eso, optó por negociar con Conadecus y acordar el pago de $5.675 millones a los cerca 535 mil clientes afectados por los cobros indebidos. Además, el banco deberá cancelar una multa a beneficio fiscal.

El temor a un proceso judicial adverso, impulsó también a que a comienzos de mayo Falabella, que a diciembre de 2012 contaba con casi 6 millones de tarjetas de crédito vigentes en el país (44% del mercado), desistiera de aplicar un aumento unilateral de las comisiones por servicio de administración de la línea de crédito de su tarjeta CMR Falabella.

El mismo efecto podría tener el fallo de Cencosud en los procedimientos de conciliación que el Sernac lleva adelante con otras seis empresas (BBVA, Cruz Verde, Salcobrand, Tricot, ABC DIN y Fashion’s Park) también por cláusulas abusivas y cobros indebidos. En caso de no llegar a acuerdo, el Sernac podría llevar los casos ante la justicia. En ese escenario, los precedentes de los fallos contra Eurolatina y Cencosud podrían ser clave para una resolución a favor de los consumidores.

Nadie hubiese pensado que la simple audiencia de formalización por estafa y otras defraudaciones de Georgio Carrillo Vercellino, principal asesor de la diputada Marta Isasi hasta noviembre de 2011, iba a abrir una puerta al intrincado mundo del lobby que realizan grandes empresas entre los parlamentarios y en los enmarañados aportes que éstas hacen a las campañas electorales. Porque fue el jueves 9 de mayo, en Valparaíso, que el ahora ex asesor reconoció haber hecho mal uso de dineros correspondientes a asignaciones parlamentarias. Acto seguido detalló cómo lo había hecho siguiendo instrucciones de la propia diputada Isasi. Y fue más lejos: reveló haber recibido $25 millones de Corpesca, la principal empresa pesquera del Grupo Angelini, destinados a Isasi antes de que se iniciara la tramitación de la polémica Ley de Pesca.

En la audiencia en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, el periodista Georgio Carrillo admitió haber hecho estudios para Corpesca, la empresa pesquera extractiva más grande de Chile, que elabora alrededor del 25% del total capturado en el país. Gracias a estos papers, según Carrillo, la parlamentaria pudo recibir $25 millones en el período previo a su reelección como diputada por Iquique.

CIPER llamó a Francisco Mujica Ortúzar, gerente general de Corpesca, quien reconoció que le pagó ese dinero a Carrillo y también que la empresa, cuyo presidente es Roberto Angelini, aportó a la campaña de la diputada Isasi, quien apoyó todos los articulados en la Ley de Pesca que favorecen a las grandes pesqueras (VER RECUADRO).

De hecho, en la sesión de la Cámara de Diputados que aprobó las modificaciones a la Ley de Pesca, Isasi votó en contra del inciso que establecía que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos existentes y sobre el cual establece permisos o autorizaciones de extracción. Rechazó también la indicación que fijaba cuotas anuales de captura por especie en un área determinada o cuotas globales de captura y que, además, establecía una rebaja de la cuota por imprevistos.

ASESORÍAS A CORPESCA

En correos electrónicos a los que CIPER tuvo acceso, está la constancia de la relación que establece el ex asesor de la diputada Isasi con el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica Ortúzar, en los que acuerdan realizar estudios sobre temas relacionados con la pesca en Chile por $25 millones, los cuales fueron retirados contra entrega del trabajo y boleta de honorarios.

De acuerdo al testimonio entregado en la audiencia de formalización, Carrillo señaló que su “lealtad mal entendida” fue afianzando la confianza con la diputada, al extremo que en la campaña parlamentaria él estuvo dispuesto a emitir dichas boletas a Corpesca para generar recursos financieros usados en la misma campaña.

En uno de los correos, Georgio Carrillo le señala al gerente general de CORPESCA lo siguiente:

“Don Francisco: quería saber si tuvo ocasión de leer el informe o si requiere algún otro estudio, ya que la sra Marta me pregunta por la plata. Saludos”.

La respuesta vino de inmediato de parte de Mujica:

“Georgio: He podido leer la primera parte y tengo varias observaciones que modificarle, dado que contiene supuestos un tanto antiguo… tipo año 2002… con un realidad un poco diferente. Independiente de lo anterior, creo que podemos arreglarlo fácilmente acá,,, mañana tengo una reunión de 10:30 a 11:30 apróx.,, así que podemos juntarnos después… y con eso fijamos de inmediato una primera cuota $10 mil. Para después de acuerdo a lo conversado fijamos el remanente. Saludos. FJMO”. (VER CORREO)

En otro mail al mismo Francisco Mujica, Carrillo se refiere a los dineros supuestamente triangulados a la diputada a través de la entrega de informes a la empresa pesquera, recordándole el compromiso adquirido con ella.

“Don Francisco: le adjunto cuatro minutas relacionadas con los temas que en su momento habíamos acordado, a fin que ud. los analice y ojala podamos darle curso al resto de los recursos que le había comprometido a la diputada Isasi, considerando que ya recibimos una partida de 10 millones (como bien ud recordará). Quedo atento a sus comentarios. Atte., Georgio Carrillo V. Periodista, Jefe de Gabinete”. (VER CORREO)

CIPER se comunicó con Corpesca para corroborar el pago de los dineros que el periodista Carrillo afirma que la empresa había comprometido con Isasi. Fue el propio interlocutor de los correos,  Francisco Mujica Ortúzar, quien  admitió haberle pagado $25 millones, agregando que  fue “una de las tantas asesorías que nosotros pagamos por investigaciones pesqueras”.

-¿Qué calificación tiene el señor Carrillo para una investigación pesquera?
- Lo que pasa es que nosotros tenemos un Instituto de Investigación Pesquera del Norte, Inpesnor, donde se contratan diferentes tipos de estudio y desarrollamos con las universidades, como la Universidad de Tarapacá, estudios….

-Pero el señor Carrillo es un asesor parlamentario, no un académico.
-En la parte parlamentaria, no le puedo decir nada. No tengo idea.

-¿Quién dirige Inpesnor?
-Miguel Ángel Escobar.

-¿Miguel Ángel Escobar le dio instrucciones a usted para pagarle al señor Carrillo por estas asesorías?
-No creo que existan instrucciones para pagar asesorías…

-Pero es usted quien le pide los datos personales al señor Carrillo para pagar por sus servicios.
- Nuestra empresa opera en Iquique, Arica y Puerto Montt, pero nosotros somos los canceladores en Santiago, pues las cuentas bancarias se manejan desde acá.

-¿Y estas asesorías fueron a raíz de la Ley de Pesca?
-Hay de todo, investigaciones y también estudios sobre articulados sobre la Ley de Pesca y sus impactos sociales y económicos.

-Se lo pregunto derechamente: ¿esas platas pagadas a Isasi fueron para que la diputada votara como votó en la Ley de Pesca?
-No, nosotros tenemos una relación con ella desde que partió en el norte y la seguiremos teniendo…

-Entonces, ¿ustedes le han financiado sus campañas electorales?
-Nosotros hemos hecho los mismos aportes a los parlamentarios pero en forma absolutamente legal, y si eso significa que los hemos ayudado, sí, a ella y a muchos más.

-¿A quiénes más?
-No, eso no lo puedo decir, pues en la Ley Electoral las donaciones son absolutamente anónimas. Muchos actores políticos se acercan a nosotros y ella lo hizo para pedirnos que le ayudáramos a financiar su campaña.

Después de la entrevista al gerente general de Corpesca, CIPER se comunicó con la diputada Isasi para ratificar lo afirmado por Carrillo y Mujica. Pero ella negó que los dineros recibidos por su ex asesor por los estudios a Corpesca hayan sido utilizados en sus campañas electorales:

-Cómo él (Carrillo) era mi asesor de confianza, seguramente pudo tener acceso a Corpesca para vender sus estudios, pero nunca esos dineros fueron a parar a mis cuentas. Mi situación económica es tan débil que tuve que vender dos departamentos que tenía en Iquique y solo tengo uno que estoy pagando en Viña y que me costó $40 millones, luego de la última campaña parlamentaria -señaló a Ciper.

“NOMBRES DE CONFIANZA” PARA TRIANGULAR ASIGNACIONES

Las declaraciones del ex principal asesor de Marta Isasi le abrieron un duro flanco a la diputada. Judicialmente, esta es la primera vez que un imputado en un proceso que investiga el uso ilícito que han hecho algunos parlamentarios de sus asignaciones, revela la fórmula en que incurrirían los congresistas para defraudar al Fisco con los millones que se les asigna para sus asesores. En los hechos, tal como lo reveló CIPER en anteriores reportajes, la trama estaba destinada a engrosar sus ingresos a través de la apropiación indebida de los pagos destinados a su personal de apoyo. En total, sumando la dieta, gastos operacionales y asesorías, los diputados reciben cerca de $13 millones al mes.

En la audiencia de formalización, Georgio Carrillo confesó que la parlamentaria por Iquique, a poco tiempo de empezar a trabajar con ella, le consultó cómo podría liberar dineros del ítem secretarias y asesores. “Fue así como en primera instancia empecé a boletearle, en paralelo al contrato de trabajo, lo que hicimos en reiteradas ocasiones hasta que se hizo insostenible, pues la modalidad era honorarios o contrato y no mantener dualidad laboral con el mismo empleador”, indicó Carrillo en la audiencia de formalización por estafa y otras defraudaciones que investiga el fiscal de Valparaíso, Cristian Andrade.

Carrillo aseguró en el tribunal que luego Marta Isasi le pidió un “nombre de confianza” para seguir adelante con la boleta por servicios. Según Carrillo, él le propuso el de su esposa, Johana Lorena Gallardo Beiza, lo que fue aceptado por la parlamentaria sin que la supuesta beneficiada se enterara del origen del dinero que recibía cada mes  y que de inmediato Carrillo traspasaba por mano a la diputada (ver documento de transparencia)

La versión de la diputada Isasi, quien inició el proceso al denunciar a Carrillo en noviembre de 2011, es radicalmente distinta. Asegura que se habrían emitido boletas de honorarios a su nombre y pagadas con fondos de la Cámara de Diputados sin que ella tuviera conocimiento de estas operaciones, por lo que el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra su ex asesor y su esposa, respaldando la denuncia que la parlamentaria presentó en la Fiscalía de Valparaíso.

“Se trata de un ex asesor, yo lo pillé el año pasado, en noviembre, e hice la denuncia en la Fiscalía y ahí comenzó toda la investigación para comprobar la denuncia. El Consejo se hizo parte de la querella, porque aquí hay dineros de la Cámara de Diputados involucrados”, explicó la parlamentaria a La Segunda, en agosto de 2012, quien entonces calculaba los daños en “$90 millones en el caso de la Cámara y a mi persona, $40 millones”. Pero además, aseguró que en una ocasión, al llamar a la Tesorería de la Cámara, se enteró que tenía “contratada a personas que yo no conocía, entre ellas la esposa de Georgio”.  (ver nota).

El desmentido a los dichos de la diputada proviene de la extensa cadena de correos electrónicos que intercambió con su ex asesor, Georgio Carrillo.  Allí hay diálogos que evidencian que Marta Isasi sí conocía a Johana Lorena Gallardo Baeza, pues en misivas de octubre de 2011 se refiere a la esposa de Carrillo en un contexto de confesiones que le haría al ex asesor, con quien supuestamente mantuvo una relación de tipo afectiva, tal como lo atestiguan los correos (ver correos).

SOLO UN EX DIPUTADO CONDENADO

De acuerdo a una serie de investigaciones de CIPER, algunos diputados han utilizado distintas fórmulas para abultar sus ingresos, pese a que mensualmente pueden destinar discrecionalmente un $8,5% de los $13 millones que reciben para pagar asesores, cuentas telefónicas, arriendos de sedes distritales, entre otros.

A mediados de 2009, CIPER publicó los expendios realizados por los congresistas con los dineros derivados de sus asignaciones parlamentarias. Esos gastos estaban sometidos a controles muy febles que no permitían determinar si las asesorías eran realizadas o si las sedes usadas por los congresistas realmente cumplían esa función, o si efectivamente eran arrendadas y no pertenecían a ellos mismos o a sus sociedades familiares. Para ejecutar la debida fiscalización que amerita un dinero que el Fisco entrega a los parlamentarios para cumplir su labor, sólo había tres funcionarios de la Dirección de Finanzas de la Cámara de Diputados. Cada uno debía mantener el control contable sobre los gastos de 40 parlamentarios (ver nota)

De los procesos originados en su momento, solo el ex diputado Maximiano Errázuriz (RN) ha sido condenado por defraudar al Fisco por uso ilícito de sus asignaciones parlamentarias, por concepto de arriendo de sus sedes. Su condena fue de cuatro años de libertad vigilada, una multa y la imposibilidad de por vida a optar a cargo público. Los otros tres diputados acusados e investigados desde 2009 por el mismo delito son: Julio Dittborn (UDI), actual subsecretario de Hacienda;  Jorge Sabag (DC), a quien finalmente lo protegió su fuero parlamentario; y Claudia Nogueira (UDI), quien se libró de una condena luego de llegar a un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía. Nogueira devolvió al Estado unos $30 millones, canceló otros cinco millones adicionales a Un Techo Para Chile y quedó sujeta a firma mensual en la fiscalía por los siguientes 18 meses. En virtud del acuerdo extrajudicial, no registra prontuario alguno por el ilícito cometido.

La modalidad que habría empleado la diputada Isasi es la misma que en su momento utilizó la diputada Nogueira, de acuerdo a la versión que entregó Carrillo ante el tribunal. Nogueira registró como asesores ante la Cámara de Diputados a dos personas, las que, de acuerdo a la investigación de la fiscalía, no hicieron nunca ni un solo trabajo para la parlamentaria y le traspasaban el dinero fiscal percibido a una cuenta bancaria de la misma congresista por el distrito de Recoleta. Los mencionados asesores -Jaime Jullian y Jenny Acevedo- recibían cheques mensuales por alrededor de $800 mil y un millón de pesos respectivamente, montos que luego depositaban en una cuenta bipersonal de la congresista y su esposo, el ex alcalde de Recoleta y militante de la UDI, Gonzalo Cornejo.

Vea también:
- Así votaron los 107 diputados que definieron el articulado de la Ley de Pesca
- Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas

El martes 14 de mayo, cuatro días después de que CIPER publicara la entrevista al gerente de Corpesca, Francisco Mujica, en la que reconoce que su empresa financió la campaña de la diputada Marta Isasi, como la de “muchos más”, el directorio de Corpesca se reunió en sesión extraordinaria. Como habitualmente lo hace cada mes, la cita tuvo lugar en el piso 15 de Avenida El Golf 150. Nadie se pudo sustraer de la gravedad del momento. Cuando la puerta se abrió, un escueto comunicado resumió el difícil acuerdo: Francisco Mujica Ortúzar, quien fue gerente general por 14 años de la empresa pesquera del grupo Angelini, dejaba la empresa (Ver comunicado).
Fue el primer movimiento del directorio de la principal empresa pesquera del país para intentar mitigar los daños por el escándalo que se desató luego de que Mujica corroborara que había pagado $25 millones al que fuera el principal asesor de la diputada Isasi, por un informe sobre el “impacto” de la nueva ley de Pesca en el sector. El polémico pago se hizo público el jueves 9 de mayo, en una audiencia en el tribunal de garantía de Valparaíso  (ver reportaje)

El directorio de Corpesca desconocía que a 1.803 kilómetros, en Iquique, el fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, ya había decidido abrir de oficio una investigación por cohecho y soborno.

La decisión la adoptó apenas el fiscal Guerra conoció el detalle de las declaraciones del periodista Georgio Carrillo, en las que acusa a su ex jefa, la diputada Isasi, de haberle instruido realizar papers a Corpesca a cambio de dineros para su campaña electoral. Uno de los primeros documentos que ingresarían a su expediente fue el audio de Carrillo en la audiencia de formalización por malversación de asignaciones parlamentarias (Ver Recuadro).

Cuando el comunicado de Corpesca llegó a los medios de comunicación, el fiscal de Iquique ya había tomado contacto con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (BRIDEC), para iniciar la investigación. Así el expediente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, de la cual la diputada Isasi es una de sus miembros, se volió a abrir. Esa comisión la integran además, Alejandro Santana (RN), quien la preside; Gabriel Ascencio (DC), Sergio Bobadilla (UDI), Cristian Campos (PPD), Fidel Espinoza (PS), Patricio Melero (UDI), Carlos Recondo (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Jorge Ulloa (UDI), Orlando Vargas (PPD), Matías Walker (DC) y Clemira Pacheco (PS).

TRIANGULACIÓN DE LOS DINEROS

Cohecho es el delito en el que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Esa es precisamente la hebra que el fiscal de Tarapacá comenzó a investigar en Iquique y que abre una puerta al financiamiento privado de las campañas políticas, a cambio del voto de los parlamentarios a favor de los intereses del donante. En este caso, la investigación buscará identificar la relación directa entre el pago de Corpesca a Isasi y su voto en la polémica Ley de Pesca, en julio de 2012.

Si el objeto de la investigación es ése, el paso lógico sería que el fiscal Guerra solicite al Servicio Electoral, levantar el anonimato de las  donaciones entregadas por Corpesca a Marta Isasi, y a todos los parlamentarios –diputados y senadores- cuyas campañas Francisco Mujica reconoció que la empresa pesquera financió.

Los aportes a través del Servicio Electoral no son el blanco principal de la fiscalía. Porque, obviamente, esas platas deben corresponder a los máximos que indica la ley. Lo que le interesa al Ministerio Público es detectar los dineros negros que se habrían traspasado -o triangulado- desde Corpesca a los parlamentarios, pesquisa que posiblemente deberá realizar la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF).

Una nueva herramienta con la que cuenta la fiscalía para poder investigar la responsabilidad que tiene Corpesca en el supuesto soborno a Isasi -y eventualmente a otros parlamentarios- es la Ley N° 20.393, publicada en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009.

Esta norma regula un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas aplicable a los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos, precisando que no sólo pueden cometer estos ilícitos personas naturales, sino que también las personas jurídicas. En este caso, de comprobarse el delito, la responsabilidad recaería en Corpesca.

Una pieza clave con la que cuenta la fiscalía de Iquique para investigar el supuesto soborno, es la minuta de 21 páginas que le envió el gerente de Corpesca a Marta Isasi, el 14 de junio de 2011. Una especie de instructivo de cómo se debía defender “el derecho de propiedad” de las pesqueras sobre los recursos y que lleva por título: “Nueva Ley de Pesca: Propuestas de Industriales Pesqueros del Norte” (Ver minuta).

“RECOMENDACIONES” DE CORPESCA

El mail de Mujica a Marta Isasi dice lo siguiente: (ver correo):

-Martita, te adjunto lo prometido para la futura Ley de Pesca en reemplazo
de la 19.713 LMCA. Muy bueno tu boletín informativo.

En la minuta, argumentando por qué había que oponerse a las licitaciones, se dice:

“No incluir eventuales licitaciones de cuotas, dado su carácter expropiatorio considerando que las autorizaciones de pesca vigentes constituyen un derecho de extracción indefinido. Además al tener inversiones históricas ya efectuadas, un proceso de licitaciones atenta contra el patrimonio y sustentabilidad de las empresas y no sólo su potencial rentabilidad. Por lo tanto, si se insiste en licitar las cuotas de pesca, previamente se deberán expropiar los permisos vigentes para luego licitar en igualdad de condiciones para todos los actores”.

CIPER revisó el voto de la diputada Marta Isasi en el principal inciso de la Ley de Pesca relativo a la propiedad del Estado sobre los recursos. Isasi votó en contra del inciso que establecía que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos existentes y sobre el cual establece permisos o autorizaciones de extracción. Rechazó también la indicación que fijaba cuotas anuales de captura por especie en un área determinada, o cuotas globales de captura y que, además, establecía una rebaja de la cuota por imprevistos. Lo mismo hizo Isasi al votar en todas las indicaciones que tenían impacto en la industria pesquera.

CIPER revisó qué diputados tuvieron una posición similar a la de Isasi en esa relevante votación que se llevó a cabo el miércoles 18 de julio de 2012, en la Cámara de Diputados. En esa larga jornada, en la que se definieron 34 indicaciones de la nueva Ley de Pesca, destacó la disciplina de la mayoría de los diputados UDI y RN para votar en bloque a favor de las indicaciones que beneficiaban a la industria. En cambio, la oposición no logró alinearse para lograr contrarrestar el peso de la industria.

¿QUÉ LE PASÓ A LA OPOSICIÓN?

Antes de emitir esa votación, quizás una de las más importantes que ese miércoles 18 de julio de 2012 debían dirimir los diputados para acabar con el primer trámite constitucional de la nueva Ley de Pesca, el diputado Marcelo Díaz (PS), que representa a La Serena y otras cuatro localidades de la Región de Coquimbo, pidió la palabra. En pocos minutos decidirían si los recursos marinos pertenecen o no al Estado chileno. De aprobarse esa moción, cambiaría por completo el concepto sobre la propiedad de los peces, mariscos y crustáceos, entre otros recursos presentes en el mar jurisdiccional, que según la normativa vigente a esa fecha eran res nullius, o sea, de todos y de nadie a la vez. Quien los capturara pasaba a ser su legítimo dueño.

Díaz pidió que antes de la votación indicada, la sala se pronunciara sobre la decisión adoptada por la Comisión de Pesca de la Cámara, de establecer un quórum calificado para esa norma. Díaz refutó la decisión. Invocando la Constitución (Artículo 19, número 23, que establece que para toda ley que restringa la libertad de dominio del Estado sobre los recursos naturales, se requiere quórum calificado, ver nota (*1)), afirmó que los recursos ya eran propiedad del Estado, por lo tanto la norma era improcedente. La mesa aceptó su solicitud y los 107 diputados presentes –había cuatro que no votaron por estar pareados- emitieron su voto (ver acta de la sesión).

Todos los parlamentarios UDI y RN votaron en bloque a favor de calificar la norma como de quórum calificado. Fue una de las tantas muestras de disciplina que la derecha mostró esa jornada. En cambio, la oposición no logró alinearse. El diputado Enrique Jaramillo (PPD), representante en el Congreso de uno de los dos distritos de la Región de Los Ríos, a diferencia de la mayoría de los parlamentarios de la Concertación, votó a favor. Lo mismo hicieron José Miguel Ortiz (DC) y Jorge Sabag (DC), además de los independientes Roberto Delmastro, Miodrag Marinovic y Marta Isasi. Con 57 votos a favor y 50 en contra, la norma se calificó como de quórum calificado. La votación resultó clave, porque implicaba que para que el cambio legal sobre la propiedad de los recursos pesqueros sea aprobado, luego requeriría del voto favorable de 59 diputados. Como era previsible, después no se logró el quórum para aprobar la modificación.

Inmediatamente después, los parlamentarios votaron la indicación propuesta por la Comisión de Pesca que apuntaba a establecer que el Estado tendría “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” de los recursos hidrobiológicos presentes en aguas chilenas. La indicación también establecía que el objetivo de la ley sería propender a la conservación y uso sustentable de esos mismos recursos, los cuales quedaban expresamente catalogados como propiedad del Estado (ver votación).

Nuevamente los partidos oficialistas se alinearon, esta vez en contra de la moción, aunque hubo excepciones: los diputados René Manuel García, Joaquín Godoy, Alejandro Santana y Frank Sauerbaum –los cuatro de Renovación Nacional– votaron a favor de la propuesta. Si la oposición y los independientes se hubieran alineado, habrían obtenido los votos necesarios para aprobar la normativa. Pero no fue así: Jorge Sabag (DC) de nuevo votó a contracorriente de su colectividad. También Delmastro, Isasi y Marinovic votaron en contra. Si dos de ellos hubieran votado a favor, la modificación se habría aprobado y los recursos del mar chileno serían propiedad de todos. Pero los 57 votos a favor y 50 en contra, no fueron suficientes para que la indicación fuera incluida en la ley.

Esa fue sólo una de las 19 indicaciones más importantes de las 34 que ese día votaron los parlamentarios para aprobar o rechazar el articulado de la nueva Ley de Pesca. En ese escenario, salen a la luz varios “disidentes” de ambos bloques políticos. Uno de ellos es René García (RN), uno de los 10 representantes en la Cámara de la Región de Los Ríos y quien más veces votó distinto respecto a los demás parlamentarios de su sector. Por otro lado, la mayoría de los votos de Jorge Sabag (DC) y José Miguel Ortiz (DC) corrieron por un carril distinto al del resto de la oposición. Aunque en menor medida, lo mismo pasó con el diputado por la Región de Biobío Cristián Campos (PPD), quien en al menos tres votaciones clave para los intereses de la industria votó en la misma línea que lo hizo la derecha.

LAS BATALLA POR LA LICITACIÓN DE LAS CUOTAS

La Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), antes de que sufriera modificaciones, ya contemplaba un sistema de licitaciones de cuotas. Así estaba estipulado en su artículo 27, donde establecía un sistema de subastas en pesquerías en plena explotación de hasta el 5% de la cuota global anual por un plazo fijo de 10 años. Pero la nueva ley iba a cambiar ese aspecto. El sistema de licitaciones que proponía el gobierno fue uno de los puntos más polémicos del debate en torno a la nueva Ley de Pesca. La industria completa se oponía, ya que advertían en las licitaciones una amenaza a su participación en la explotación de los recursos, lo que a su juicio era un “derecho histórico” que equivalía a un derecho de propiedad.

A pesar de las reuniones y el lobby que hicieron las principales pesqueras para eliminar las licitaciones, La Moneda siguió adelante con su propuesta. Por eso, ese miércoles 18 de julio de 2012, los legisladores debieron votar la indicación que instauraba el nuevo sistema de subastas. En términos simples, el proyecto establecía tres clases de licencias de pesca (A, B y C), de las cuales dos serían producto de las licitaciones. Si el estado de un pesquería en plena explotación era lo suficientemente saludable como para estar igual o por sobre su rendimiento máximo sostenible (RMS, un concepto que introduce la nueva ley y que marca el tope de cuánto se puede pescar sin que se afecte la sustentabilidad del recurso), los excedentes serían subastados dando origen a las licencias clase C, que durarían un año. Si esa situación se mantenía por tres años, se le quitaría a las pesqueras con licencia clase A el 15% de su parte del negocio en relación al RMS, y se licitaría por un tiempo indefinido. Quienes se adjudicaran esas licitaciones obtendrían licencias clase B.

Esa propuesta, que era claramente desfavorable a los intereses de las grandes pesqueras, contó con el rechazo de casi toda la derecha, salvo de los diputados Alberto Cardemil (RN) y Joaquín Godoy (RN), que se abstuvieron. Isasi también se opuso, al igual que Delmastro.

Sin embargo, y aunque la oposición se había manifestado a favor de la medida, lo que ocurrió en la votación fue, a lo menos, interesante. Entre los independientes, René Alinco y Pedro Velásquez rechazaron la indicación, mientras que Sergio Aguiló no marcó ninguna preferencia. Además, 20 diputados de la Concertación también votaron en contra: Clemira Pacheco (PS); Pepe Auth, Cristian Campos, Guillermo Ceroni, Ramón Farías, Rodrigo González, Patricio Hales, Enrique Jaramillo, Marco Antonio Núñez, María Antonieta Saá, Joaquín Tuma, Orlando Vargas, todos PPD. Lo mismo hicieron José Miguel Ortiz, Jorge Sabag, René Saffirio y Víctor Torres de la Democracia Cristiana; y Marcos Espinosa, Alberto Robles del PRSD; además de Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda (PRI). Otros cuatro se abstuvieron y cuatro de ellos simplemente no votaron.

La propuesta fue rechazada. La norma que se incluyó finalmente en la nueva ley establece el límite a partir del 90% del RMS para que se abra un proceso de licitación gradual. Al final, solo existen licencias clase A y B. Las licencias de clase C no fueron incluidas en la ley que se promulgó a comienzos de este año.

OTRAS INDICACIONES QUE BENEFICIAN A LA INDUSTRIA

Cuando a los diputados les correspondió votar sobre la duración que tendrían las licencias transables de pesca clase A –aquellas que se les otorga a todos los armadores industriales que ya operan un porcentaje establecido de la cuota global de captura–, el diputado Matías Walker (DC) propuso una indicación que no le gustó nada a la industria pesquera: que fueran vigentes por sólo 20 años y que su porcentaje de participación disminuyera a medida que se fueran licitando las cuotas.

La indicación, como la mayoría de las que se votaron ese día y que afectaban los intereses de la industria, tenía carácter de quórum calificado. Si no hubiera sido porque los diputados David Sandoval (UDI), José Manuel Edwards (RN) y Alejandro Santana (RN) se abstuvieron, toda la derecha habría mostrado una postura clara: rechazar la indicación en bloque. Algo que también hizo Marta Isasi. Pero si la propuesta de Walker terminó siendo rechazada, la responsabilidad recayó no tanto en los parlamentarios de la UDI y RN, sino que en los de oposición.

Entre los socialistas hubo cuatro que no apoyaron la moción de Walker: Alfonso de Urresti, que votó en contra, y Marcelo Díaz, Luis Lemus y Clemira Pacheco, que ni siquiera votaron. En la bancada PPD fueron cuatro los que rechazaron la indicación: Cristián Campos, Guillermo Ceroni, Enrique Jaramillo y Orlando Vargas, mientras que Adriana Muñoz se abstuvo. Entre los que se opusieron a la moción de Walker, figuran  los democratacristianos Jorge Sabag, José Miguel Ortiz, Roberto León y Pablo Lorenzini. De los radicales, el rechazo vino de la mano de Marcos Espinosa y Alberto Robles, mientras que Carlos Jarpa optó por abstenerse. Y en el caso de los tres diputados comunistas, sólo Hugo Gutiérrez se manifestó a favor de establecer un plazo fijo para las licencias de pesca. Guillermo Teillier y Lautaro Carmona no lo aprobaron ni lo rechazaron ni se abstuvieron: simplemente no votaron.

Esa fue la tónica en las 19 indicaciones más importantes que se votaron durante esa jornada, aquellas donde los intereses de la industria pesquera se veían afectados. Cristián Campos (PPD) también rechazó una segunda propuesta para restringir la vigencia de las licencias de pesca, otra que proponía la creación de un Fondo de Estabilización para los trabajadores de la industria y una tercera que reservaba un 5% de la cuota global de captura licitable para pequeñas empresas. Esa última indicación también fue rechazada por Alberto Robles (PRSD), Patricio Vallespín (DC), José Miguel Ortiz (DC) y el diputado Pedro Araya (PRI). Pepe Auth (PPD) y Cristián Campos (PPD) se abstuvieron en las dos votaciones que pretendían mantener la excepción que tienen las naves industriales en el norte del país para ingresar a pescar a la zona de cinco millas exclusiva para la pesca artesanal. Ambas indicaciones benefician directamente los intereses de Corpesca y el Grupo Angelini, y ambas contaron con el voto a favor de Jorge Sabag.

(*1) 23°. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;

Vea además: Ley de Pesca: juicio por cohecho amenaza con quitar anonimato de aportes privados de campaña

i) Se votan indicaciones que tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que necesitan la aprobación de 67 diputados. Las modificaciones se refieren a dos puntos importantes de la ley. El primero (artículo 55Q) se refiere a las sanciones respecto de infracciones cometidas por personas naturales y jurídicas reguladas por la Ley de Pesca y a los plazos que tienen los sancionados para reclamar ante la Corte de Apelaciones. Por otro lado, la votación también contempla los artículos 153 y 154, que crean los Comités Científicos Técnicos de Pesca y Acuicultura, respectivamente. Esta votación es importante porque son estos últimos organismos, donde la industria no tiene mayoría –al contrario de lo que ocurre en el Consejo Nacional de Pesca–, los que velarán para que la toma de decisiones, como la definición de cuánto se puede pescar cada año, se base en datos científicos, asegurando la sustentabilidad de los recursos en la actividad pesquera. La indicación fue APROBADA con 88 votos a favor, 15 en contra y cuatro abstenciones.

ii) Se vota si los numerales 1) y 2) del artículo 1° requieren quórum calificado o no. Estas indicaciones se refieren a que los recursos hidrológicos y los ecosistemas están sometidos a la soberanía del Estado, que el objetivo de la ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos y a las obligaciones que tiene el Estado en materia de política pesquera. Luego de la votación, que terminó con 57 votos a favor y 50 en contra, la indicación fue catalogada con carácter de quórum calificado.

iii) La Comisión de Pesca había propuesto modificaciones a los numerales 1 y 2 del articulo 1°, que apuntaban a establecer que el Estado tendría “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” de los recursos hidrobiológicos, es decir, que pertenecen a todos los chilenos y que el Estado podría conceder su explotación conforme a las disposiciones de esta ley y demás disposiciones legales y reglamentarias. También incluía que el objetivo de la ley era propender a la conservación y uso sustentable de esos mismos recursos. Aunque la indicación obtuvo mayoría a favor, fue RECHAZADA por no alcanzar el quórum calificado requerido.

iv) Se vota la definición que se pretendía agregar al artículo 1º una “Definición de Pueblo Originarios”, que los reconocía como “pertenecientes a unas Asociaciones de Comunidades Indígenas, Comunidades Indígenas y las Asociaciones de Pescadores Indígenas constituidas de conformidad a la ley y vinculadas al borde costero”. Se pretendía que a estos pueblos, al reconocerlos por ley, se les garantizaran los mismos derechos que a otros grupos incluidos en el mismo cuerpo legal. Aunque la indicación obtuvo mayoría a favor, fue RECHAZADA por no alcanzar el quórum calificado requerido.

v) Se pretendía reemplazar la letra c) del artículo 3° para incluir una “cuota para imprevistos” equivalente al 2% de la cuota global de captura, que sería reservada al momento de establecer la cuota anual o durante el año calendario. La moción fue RECHAZADA y la nueva ley, si bien incluye esta cuota para imprevistos, determina que equivale al 1% de la cuota global.

vi) El diputado Matías Walker (DC) propuso una indicación que establecía una vigencia fija de 20 años para las licencias transables de pesca clase A, aquellas otorgadas a los armadores industriales en pesquerías en plena explotación. También establecía que el porcentaje de cuánto podrían pescar cada año podría bajar o disminuir producto de las licitaciones de cuotas contempladas en la ley. Esta votación era de quórum calificado y fue RECHAZADA. En la ley final se incluyó el plazo de 20 años para la vigencia de las licencias clase A, aunque renovables. También se establece que la disminución del porcentaje de la participación en la cuota global producto de la licitación no podrá ser más que un 15%.

vii) La indicación pretendía modificar la norma que establecía que las licencias de pesca otorgadas a los armadores industriales que operan en pesquerías en plena explotación serían “indefinidas” y establecer, en cambio, que fueran “temporales”.  Aunque la indicación fue RECHAZADA, en los siguientes trámites de la ley fue incorporada, especificando  además que la vigencia de esas licencias sería por 20 años renovables.

viii) Esta indicación pretendía aprobar una norma que establecía licencias indefinidas para los incumbentes de la pesca industrial. Aunque en la votación tuvo mayoría, no alcanzó el quórum calificado requerido, por lo que fue RECHAZADA.

ix) Se vota la inclusión de un nuevo artículo que pretendía establecer un límite a la concentración de cuotas para los incumbentes de la pesca industrial. La indicación impedía que se entregaran licencias o derechos de extracción en pesquerías en plena explotación que “signifiquen más del 15% del total de la fracción industrial de la cuota global”. Esta era una norme de quórum calificado y fue RECHAZADA por no contar con una mayoría de votos favorables.

x) Esta votación pretendía aprobar una norma que establecía un nuevo sistema de licitación de cuotas para los armadores industriales que operan en pesquerías en plena explotación. En la ley antigua, el artículo 27 establecía un sistema de subastas en ese tipo de pesquerías de hasta el 5% de la cuota global anual por un plazo fijo de 10 años. En esta votación se propone cambiar ese artículo en el sentido de que la subasta de las cuotas se haría sobre los excedentes de la fracción industrial que se produzcan cuando una pesquería esté por sobre el rendimiento máximo sostenible (RMS), es decir, el límite de cuánto se puede pescar sin que se afecte la sustentabilidad del recurso. Esas licitaciones darían origen a licencias clase C. Si esas pesquerías se han mantenido por 3 años en la misma condición (igual o superior al RMS), se licitaría el 15% de la fracción industrial correspondiente al RMS, dando origen a licencias transables de pesca clase B. Ese 15% licitable se le restaría a las cuotas autorizadas a los armadores industriales. La propuesta, claramente desfavorable para la industria, fue RECHAZADA por no obtener una mayoría que aprobara la indicación.

xi) Se pretendía sustituir el artículo 30 de la ley antigua por uno que refiere a las licencias transables de pesca, definidas por la ley como “divisibles, transferibles, transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico”. Esta nueva norma establece los mecanismos y requisitos para la ejecución de las transacciones de las licencias de pesca. La indicación fue APROBADA.

xii) Esta votación pretendía aprobar una norma que ampliaba la reserva para la pesca artesanal de cinco millas, que entonces llegaba hasta el canal de Chacao, hasta el extremo sur austral de nuestro territorio. Aunque en la votación obtuvo mayoría, no alcanzó el quórum requerido y fue RECHAZADA.

xiii) En esta votación, pretendía aprobar una norma que modificaba la forma de medir la reserva exclusiva de cinco millas para la pesca artesanal, favoreciendo al sector artesanal pues se mediría desde las puntas más salientes del territorio, ampliándola. Aunque fue APROBADA, al parecer por un error de cálculo de los diputados “pro-industria”, luego se cayó en la negociación en el Senado.

xiv) Una indicación de la Comisión de Hacienda pretendía sustituir el inciso tercero del artículo 47 que establece una excepción en las zonas marítimas frente a las costas entre Arica y Antofagasta para que naves industriales autorizadas puedan penetrar a la zona de reserva artesanal de cinco millas marítimas. La norma, que beneficia particularmente a Corpesca (del Grupo Angelini), ya existía en la ley antigua, pero esta votación significaba ratificarla. Aunque la moción fue RECHAZADA, salvo pequeños cambios, fue incluida íntegramente en la nueva ley en los siguientes trámites constitucionales.

xv) Esta indicación corresponde a lo mismo que la anterior, salvo que en esta oportunidad fue propuesta por la Comisión de Pesca de la Cámara. La única diferencia es que pretendía extender el área de penetración industrial dentro de la reserva artesanal hasta las costas de Coquimbo, y no sólo hasta Antofagasta, para determinados recursos hidrobiológicos. En este caso también fue RECHAZADA por no alcanzar el quórum requerido, a pesar de tener mayoría.

xvi) Esta votación pretendía aprobar una norma que ampliaba la reserva para la pesca artesanal de cinco millas, que entonces llegaba hasta el canal de Chacao, hasta el extremo sur austral de nuestro territorio. La indicación fue RECHAZADA por no tener mayoría.

xvii) Esta votación pretendía aprobar una norma que establecía una reserva para la pesca artesanal  dentro de los caladeros históricos donde ésta ha ejercido su actividad. Aunque tuvo mayoría, fue RECHAZADA porque no alcanzó el quórum requerido.

xviii) Esta votación pretendía aprobar una norma que prohibía la pesca de arrastre. No tuvo mayoría, por lo que fue RECHAZADA.

xix) Se votó la indicación que proponía la creación de un programa de recuperación para las pesquería para pescadores artesanales, tripulantes de naves especiales y trabajadores de planta. La idea era que ese programa dependiera del Fondo de Administración Pesquero. La moción fue APROBADA, por lo que fue incluida en la ley final.

xx) Se vota la indicación que agrega un nuevo inciso final al artículo 173 que establece la creación de un Fondo de estabilización para los trabajadores de la industria pesquera. La moción fue votada y APROBADA. A pesar de eso,  en los siguientes trámites constitucionales fue eliminada la ley.

xxi) Se pretendía incluir un nuevo artículo para reservar el 5% de la cuota global industrial de captura para empresas de menor tamaño, que serían asignadas en un proceso de licitación. Estas subastas sólo podrían ser adjudicadas por naves artesanales, a excepción de que por condiciones naturales se deba recurrir a embarcaciones de la flota industrial. A pesar de que tuvo mayoría, La moción fue RECHAZADA por no alcanzar el quórum requerido.

xxii) Se pretendía incluir un nuevo artículo para reservar la pesca de la reineta de forma exclusiva para la pesca artesanal  a partir del tercer año desde la publicación de la nueva Ley de Pesca. Eso implicaba que los permisos de pesca industriales sobre ese recurso caducarían cumplido ese plazo. La indicación fue RECHAZADA.

xxiii) Esta votación pretendía aprobar la norma que establecía el nuevo fraccionamiento de la cuota global de las pesquerías entre la pesca industrial y la pesca artesanal, conforme al acuerdo alcanzado en la denominada “mesa pesquera” organizada en septiembre de 2011 por el entonces ministro de Economía Pablo Longueira. Esas “concesiones” que los industriales hicieron en su momento a los pescadores artesanales para conseguir su apoyo contra la licitación de las cuotas, fueron APROBADAS incluidas en la nueva ley, a pesar de que el articulado final sí contempla un sistema de licitaciones.

El lunes 22 de Julio de 2002 Cristián Rocha almorzó alrededor del mediodía con su madre y se preparó para ir al colegio en la jornada de la tarde. Vestía pantalón de buzo azul y polera blanca. Ese día le tocaba Educación Física, uno de sus ramos preferidos porque podía practicar basquetbol, deporte en el que integraba las selecciones de la Escuela N° 22 y de su ciudad, Lebu. Luego del almuerzo, su madre recibió la visita de una amiga. Al cabo de una hora, le extrañó no escuchar a Cristián y le preguntó a su hija Fanny si sabía dónde estaba su hermano. La respuesta negativa la puso en alerta y comenzó a buscarlo dentro de la casa. Lo encontró en el garaje…, colgado del cuello:

-Lo miré tantas veces, porque pensé que era una broma. Lo único que sentí fue como que me abrazó y me dijo “mamá, yo estoy bien”, porque tenía una cara de paz (…). No estaba con los ojos desorbitados, ni con la lengua afuera, nada. O sea, estaba como durmiendo, tranquilo, como que se liberó de lo que estaba viviendo -relata Ana María Figueroa.
Cuando al fin pudo reaccionar, la madre llamó a Carabineros, a la casa parroquial y al colegio, donde estaba trabajando su esposo, Reinaldo Rocha.

El matrimonio Rocha Figueroa no entendía el motivo por el cual su niño, de apenas 13 años, había acabado con su vida. Cristián no dejó mensaje de despedida ni dio señales de lo que pretendía hacer. Sólo al día siguiente, la autopsia que se realizó arrojaría los primeros indicios de aquello que lo angustiaba: una posible agresión sexual.

Semanas después, Reinaldo Rocha se enteró de un rumor que corría por Lebu. El protagonista del comentario era el párroco de la iglesia a la cual asistía frecuentemente su hijo. Se decía que el religioso mantenía relaciones sexuales con presos de la cárcel local. Ese sacerdote era Héctor Valdés Valdés.

En 1994, Valdés fundó la rama chilena de la Congregación Misioneros de San Francisco de Sales (MSFS). Esa agrupación, que este año cumplirá 175 años, contaba a fines de 2005 con 1.253 religiosos repartidos en 25 países, pero en Chile sólo la integran cinco religiosos. Se instalaron inicialmente en Maipú, en la Villa San Luis, pero a fines de ese mismo año se trasladaron a la zona de Lebu, Coronel y Los Álamos, en la Región del Bío Bío. Un año después, en 1995, el entonces arzobispo de Concepción, Antonio Moreno, les confió la parroquia Santa Rosa de Lima, en Lebu.

Fue en esa parroquia donde comenzó a escribirse la historia que sindica al sacerdote Valdés como agresor sexual de menores. Tras el suicidio del niño Cristián Rocha, quien mantenía una relación de extrema familiaridad con el religioso, al punto que se convirtió en acólito, Valdés se transformó en blanco de las sospechas de los padres del niño. Sin embargo, el proceso judicial que investigó las circunstancias que gatillaron la muerte de Cristián no acreditó la responsabilidad de Valdés.

El religioso sorteó otra denuncia, en 2008, formulada por un adolescente de 17 años que lo acusó de abusos en Maipú, proceso que fue archivado por el Ministerio Público sin investigar.

No obstante, en 2012 el nombre de Héctor Valdés volvió a figurar asociado a agresiones sexuales contra menores, pues la justicia eclesiástica abrió una investigación en su contra. Esta vez lo denunció, ante el Arzobispado de Santiago, otro de los chicos que Valdés recibía en la casa parroquial de Lebú a mediados de los años 90. (**)

EL INFIERNO DE UN ACÓLITO

El fundador en Chile de la congregación MSFS, Héctor Eduardo Valdés Valdés, nació el 19 de noviembre de 1957. Su formación religiosa la hizo en Suiza y fue designado desde India para ser la máxima autoridad de la congregación en Chile. Como tal, era el responsable del grupo que se instaló en la parroquia de Lebu.

Llamada también “la ciudad del viento”, Lebu es la capital de la Provincia de Arauco, en la Región del Bío Bío. Tiene solo una parroquia que está emplazada en la avenida de la plaza principal, donde destaca por su color ladrillo y una cruz superior que se puede apreciar aún antes de ingresar a la ciudad. En la casa parroquial aledaña al templo fue donde se instalaron los misioneros. Primero llegó Roberto Salazar, quien es oriundo de Lebu, y posteriormente se sumaría el resto de la congregación.

En 1998 una profesora de Cristián Rocha lo incentivó a bautizarse. Entonces tenía 8 años y la idea fue apoyada por su madre, quien decidió prepararlo para ese sacramento en la parroquia de Lebu. Poco a poco, Cristián comenzó a adentrarse en la iglesia y,  a mediados de 2000, se convirtió en acólito. Así lo confirma su madre: “Le gustó el mundo de los curitas, le llamaba la atención y quería ser cura”.

Cristián comenzó a realizar una serie de actividades recreativas en la iglesia, como salidas a acampar y paseos por el día. Hubo ocasiones en que las salidas tuvieron destinos fuera de la región, como una visita al Templo Votivo de Maipú y otra al Santuario de Santa Teresita de los Andes. Incluso, se barajó la posibilidad de hacer un viaje a Roma, por lo que Cristián juntaba dinero vendiendo dulces en su colegio.

Era tanta la obsesión de Cristián con la iglesia que cuando visitó Santiago todo el dinero que le dieron sus padres lo gastó en comprar cruces.

Pero, repentinamente, el interés del niño por la iglesia se desvaneció. Le mencionó a su madre que ya no quería ser cura, por lo que se alejó un tiempo de sus actividades como acólito. Héctor Valdés lo mandó a buscar a su casa con dos niños para que siguiera asistiendo: “Él me miró con cara de afligido, pero fue igual”, recuerda la mamá.

Luego de la muerte de Cristián, los padres comenzaron a analizar cada detalle de lo que su hijo les había dicho en busca de alguna respuesta a su muerte. Recordaron que tuvo un cambio de actitud, pues le contestaba mal a la mamá, siendo que ambos tenían una relación muy cercana. Pero había otros cambios que concitaron su atención: el último tiempo había dado señales de nerviosismo y también una notoria baja en su estado anímico. En los últimos meses adelgazó mucho y se negaba a ir al doctor. “Tres o cuatro meses antes de su muerte andaba distraído, comía de forma extraña, a distintas horas, o a veces se iba a comer a su pieza”, cuenta su padre.

A la madre le llamó la atención que, cuando lavaba los calzoncillos del niño, en varias ocasiones los encontró manchados con restos fecales. Pero no se le ocurrió que aquello podía ser señal de una agresión sexual: “Nunca imaginé tener a un hijo violado”.

El episodio más revelador que recuerda la madre, fue cuando su hijo le dijo que si él le contaba algo, ella se iba a morir. Ana María le insistió, pero Cristián no le dio ninguna respuesta. El papá, Reinaldo, también tiene una escena grabada en la memoria: “Un día lo seguí a la pieza y le dije que lo amaba, que me contara qué le pasaba. Nos abrazamos, pero nunca me quiso contar”.

“¿Dónde está el cielo y el infierno?”, preguntó Cristián a su padre el día anterior a su suicidio. Reinaldo Rocha recuerda que le respondió con una historia tradicional japonesa, cuya moraleja es que el cielo y el infierno están dentro de cada persona: “Cuando te comportas inconscientemente, allí está la puerta del infierno; cuando estás alerta y consciente, allí está la puerta del cielo. Le conté esa historia pero nunca imaginé porqué me lo preguntaba”, dice el padre afligido.

REVELACIÓN DE LA AUTOPSIA: VIOLACIÓN

Luego del suicidio de Cristián, su cuerpo fue llevado a la morgue municipal de Lebu. El médico cirujano Marcelo Azócar realizó la autopsia y constató que Cristián murió a causa de asfixia por ahorcamiento. Pero, además, detectó una dilatación anormal del esfínter anal (de tres a cuatro centímetros de diámetro). Ante esto, el informe sugiere la sospecha de un posible abuso sexual con anterioridad al suicidio.

Al día siguiente de la autopsia, el cuerpo fue velado en la parroquia de Lebu, donde Héctor Valdés ofició la ceremonia litúrgica. Lo que llamó la atención de los padres del menor fue que Valdés no asistiera al entierro, siendo que tenía una relación muy cercana con el niño, la que se extendía por casi cuatro años.
Luego de la reveladora información que arrojó la autopsia, los padres hicieron los trámites para exhumar el cuerpo, a objeto de someterlo a pericias que aportaran información más precisa sobre la posible violación que habría sufrido su hijo. Fue en medio de esas gestiones que comenzaron a circular las sospechas sobre el párroco, pues en el pueblo surgió el rumor de que Valdés sostenía relaciones sexuales con presos. Reinaldo Rocha dice que por esos mismos días, mientras se realizaba una eucaristía dominical, apareció “el loco del pueblo”, una persona con discapacidad mental muy conocida en las calles de Lebu, gritando que Valdés lo había violado: “Es difícil creerle a un loquito que anda botado en la calle, pero toda la iglesia se escandalizó en ese momento”, señala Rocha.

Un mes después de la muerte de Cristián se efectuó la exhumación del cuerpo. La autorización fue otorgada por el magistrado Guillermo Vera, del Primer Juzgado del Crimen de Lebu. El cadáver fue llevado al Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, donde lo analizó la médico legista Heidi Schuffeneger. El resultado confirmó nuevamente que el menor había sufrido reiteradas violaciones y fue aún más duro para la familia. Reinaldo Rocha afirma que su abogado, Víctor Saavedra, observó en el expediente secreto que “había restos de semen en el cuerpo de mi hijo (…). El examen del médico legal dice que fueron dos adultos los que abusaron de él”.

La madre de Cristián confirmó que el día de su muerte, un lunes, su hijo estuvo todo el día en casa, pero sostuvo que en la mañana del domingo anterior fue a la iglesia. Lo mismo, dijo, ocurrió el sábado, porque se hizo un bingo para juntar fondos para el viaje a Roma: “El sábado y domingo tuvo harto contacto con la iglesia y  yo no estuve todo el día acompañándolo“, afirma.

El papá del menor asegura que la investigación judicial no pudo seguir la pista descubierta por las pericias realizadas por la doctora Schuffeneger, porque las muestras del SML se perdieron.

Después de las revelaciones que arrojó el examen realizado en el SML, el periódico Proa, de Lebu, publicó en octubre de 2002 una portada con la foto y una declaración de Héctor Valdés: “En nuestra iglesia jamás se le ha hecho daño a un niño”. También consignó declaraciones de Reinaldo Rocha: “Tenía la obligación moral de decir lo que dije”, refiriéndose a las acusaciones en contra del religioso. Ese mismo mes apareció una nota en El Mercurio que recogió las palabras del abogado Saavedra: “En el expediente hay cosas horrorosas y que nunca pensamos encontrar”.

La defensa de los religiosos MSFS estuvo a cargo de Fernando Saenger. El diario Crónica, de Concepción, publicó una entrevista con el abogado, también en octubre de 2002, titulada: “Saenger: Ningún cura tocó a niño que se suicidó”. Según recuerda Reinaldo Rocha, Saenger señaló en el proceso que la dilatación del esfínter anal no era una prueba fehaciente de que existiera una violación, pues el niño por su propia voluntad se podría haber introducido un palo.

Lebu se dividió entre partidarios y detractores del sacerdote. El sitio web de radio Cooperativa, también en octubre de 2002, publicó: “Los fieles, entre ellos acólitos con sus padres, incluso realizaron una manifestación frente a la catedral de Concepción. Patricia Fernández, madre de un niño de 12 años, monaguillo de la parroquia, rechazó categóricamente las acusaciones”. Así, enfrentados al reproche de los feligreses que se alinearon con el religioso, sometidos a un proceso judicial que no prosperó y que violentó la memoria de su hijo, los Rocha Fernández se fueron resignando a sobrellevar en silencio su duelo.

UN JOVEN QUE ROMPE EL SILENCIO

En 1999, tres años antes del suicidio de Cristián Rocha, un joven de 15 años llegó a Lebu para cursar la enseñanza media. Venía de un pueblo pequeño, donde solo había un establecimiento de educación básica. Pertenecía a una familia de muchos hermanos, lo que imposibilitaba que sus padres pudiesen pagar por su educación en la ciudad. Impulsado por sus ganas de estudiar, viajaba todos los días hasta Lebu, pero cada vez se le dificultaba más asistir a clases. Una profesora lo contactó con los misioneros. Héctor Valdés se mostró dispuesto a integrarlo en su casa de acogida y pagarle su educación.

El adolescente de entonces, ahora tiene 28 años. Él prefiere que su identidad permanezca bajo reserva y se presenta bajo el seudónimo de “Hugo”. Fue su denuncia ante el Arzobispado de Santiago la que activó la investigación eclesiástica contra Valdés. En ella no sólo relató los abusos que sufrió, sino también los que vio en la casa de los religiosos en Lebu.

Hugo recuerda: “Me ofrecían ayuda económica, regalos. Yo con mi familia no tenía tanto apego, tenía bastantes hermanos, entonces la ayuda y el momento que yo estaba viviendo para mí era bueno, porque me permitía estudiar y poder desplazarme”.

Conforme pasaron los meses se empezó a crear una especie de amistad entre Hugo y Héctor Valdés: “Yo le confié todas mis cosas, mi historia anterior, mis problemas familiares. Hasta que entré un día a su oficina y él comenzó con toqueteos y cosas así. Yo reaccioné en ese momento, después no supe qué hacer. En esos días yo me cuestionaba. Era bastante difícil entender que un sacerdote que está haciendo una misa, que está muy cercano a Dios, pueda hacerle daño a alguien o tenga intenciones sexuales, sobre todo a un hombre. Entonces, la verdad es que no quise contar en ese tiempo a nadie”.

Hugo dice que decidió guardar silencio por vergüenza y relata que la intimidad aumentó hasta llegar a tener relaciones sexuales: “Hubo más cercanía, comenzaron las relaciones (sexuales). Después conocí casi a fondo cómo ellos eran. Ahí descubrí que en realidad no eran padres, sino que eran personas bastantes malas”.

Un dato clave es que Hugo conoció a Cristián Rocha. A pesar de que no vio algún tipo de acercamiento impropio entre Cristián y Héctor Valdés, afirma que el acólito estaba en un grupo de menores que el religioso trataba de mantener unido, pues con esos chicos procuraba tener relaciones sexuales: “Héctor, a los que quería, siempre los trataba de juntar, para que existiera un tipo de relación entre todos. Esto es prostitución, es manejo sexual hacia los demás (…). Quería que yo estuviera con ellos (los niños del grupo), que tuviera relaciones (con ellos) y así después no había secretos”, afirma.

Hugo denuncia que en varias ocasiones mantuvo relaciones sexuales con Valdés y el religioso Roberto Salazar al mismo tiempo: “Yo tuve relaciones sexuales, los tres juntos en la cama, cientos de veces, y con otros jóvenes también”, confiesa. Añade que vio a ambos religiosos, Valdés y Salazar, involucrarse sexualmente con otros jóvenes que no han querido reconocerlo.

Hugo cuenta que, finalmente, tras cuatro años de sufrir y observar abusos reiterados, las agresiones se detuvieron debido al suicidio de Cristian Rocha. Los religiosos, dice, luego de unos meses decidieron abandonar la zona y emprender rumbo a Santiago.

CAPELLÁN DE UN COLEGIO EN MAIPÚ

En el 2003 los misioneros se establecieron en una capilla de Maipú ubicada en Camino Vecinal El Bosque. No tardaron en llegar los fieles para hacerse partícipes de las actividades con los sacerdotes. Así lo recuerda Margarita Sáez, vecina de la capilla San Francisco de Sales: “Al primero que nos presentaron fue a Roberto (Salazar). Teníamos un grupo, que era el coro, y limpiábamos la iglesia, pero todo salía del bolsillo de nosotros. Ellos no nos daban nada, ni para comprar ostias ni para el vino añejo ni cera para limpiar la iglesia, nada”.

En 2008, la congregación de los misioneros y la Corporación Educacional Nuestra Señora del Carmen de Maipú decidieron unirse y formar un nuevo colegio, ubicado al lado de la capilla de Camino Vecinal El Bosque. Esta idea surgió debido a que el Colegio Nuestra Señora del Carmen (CNSC), que pertenece al Tempo Votivo de Maipú, quería ampliarse y crear un segundo centro educacional. La idea era que los misioneros pusieran el terreno y el CNSC, el capital. Sin embargo, los misioneros también sirvieron de aval, hipotecando dos propiedades para que el CNSC obtuviera el crédito necesario para la construcción. Además, la congregación cedió el usufructo del nuevo colegio por 15 años a la corporación del CNSC.

Finalmente, en marzo de 2008 se inauguró el Colegio San Francisco de Sales. Héctor Valdés sería su capellán. Tenía su propia oficina, interactuaba con los niños, se encargaba de la orientación espiritual, confesaba y oficiaba misas. En un principio, se mostró como un sacerdote cordial, siempre colaborativo. Pero con el tiempo se transformó en una persona agresiva con algunos funcionarios del establecimiento, aunque frente a los apoderados conservó una imagen de gran espiritualidad. La directora del colegio, Verónica Hinojosa, dice que Valdés “era muy soberbio, déspota, agresivo en la forma de hablar, hacia mí más que nada. En el fondo quería poder, porque no era ni profesor ni pertenecía a una corporación y tampoco sabía de educación”.

Ese cambio de actitud de Valdés detonó en mayo de 2008, cuando en el colegio se descubrió la historia del suicidio de Cristian Rocha. La directora Verónica Hinojosa conversó con los sacerdotes Héctor Valdés y Roberto Salazar, pero ellos la convencieron de su inocencia

Sin embargo, Gladys Silva, directora del Colegio Nuestra Señora del Carmen, establecimiento asociado al nuevo Colegio San Francisco de Sales, quedó con dudas sobre la idoneidad de Valdés para trabajar con menores. Reservadamente, le encargó a la enfermera del colegio recién fundado, Guillermina Palacios, que investigara los antecedentes de Valdés. “Gladys me conversó que al parecer había problemas de pedofilia. A mí, por supuesto, me preocupó mucho porque él trabajaba con niños”, dice la enfermera.

Guillermina Palacios se dirigió a la Biblioteca Nacional para buscar archivos de periódicos de la Región del Bío Bío y encontró en ellos las acusaciones que surgieron en Lebu. Luego consiguió el RUT del misionero cuestionado y, con ese antecedente, pudo dar con otra denuncia. Esta vez la acusación era por un abuso ocurrido en la misma comuna de Maipú. Si ese dato ya resultó sorprendente para la enfermera, el que encontró a continuación fue aún más inquietante: el nuevo abuso había tenido lugar apenas unas pocas semanas atrás.

Héctor Valdés había llevado al colegio a un joven jardinero, un chico humilde que necesitaba trabajo. El sacerdote le preguntó a la directora del establecimiento si le interesaba que el muchacho limpiara la parte de atrás del patio y el antejardín de la capilla. Ella accedió, para ayudar al joven, y se comprometió a conseguir presupuesto para cubrir sus labores.

LA DENUNCIA DEL JARDINERO

Cristián Ruiz tenía 17 años en 2008. Ahora, con 21, asegura que lo contrató el sacerdote Héctor Valdés y que sus labores principales las realizaba en la parroquia: “Yo trabajaba para la parroquia, no para el colegio. Pero como la parroquia era parte del colegio, de repente me mandaban a hacer cosas para allá también”.

Recién llevaba una semana como jardinero de la capilla San Francisco de Sales, recuerda Cristián, y ya había advertido ciertos comentarios que le parecieron extraños para un sacerdote, pero que inicialmente no le llamaron la atención:

-Me decía: “¡Uy, que tienes grandes las manos!” o “¡qué grande tienes la espalda!”- recuerda.

El martes 20 de mayo de 2008 Cristian Ruiz entró a las 9:00 a trabajar. Según señaló en la declaración que posteriormente le tomaron en la Fiscalía de Maipú, ese día lo mandaron a echar abajo las casas de un campamento. Almorzó a las 13:00 y después limpió el lugar hasta que comenzó a llover. La lluvia, declaró a la fiscalía, le generaba problemas para llegar a su casa en el fundo El Bosque, ubicado a cuatro cuadras de la capilla, pues sus calles de tierra se inundan rápidamente e impiden el paso. La versión que entregó el joven al Ministerio Público indica que Héctor Valdés le ofreció hospedaje en la casa de los misioneros.
Valdés y el muchacho fueron a dejar a otro sacerdote a la iglesia de Villa El Abrazo, también en Maipú, para que oficiara una misa. De regreso, el superior de la congregación se detuvo en una bomba de bencina en Ciudad Satélite para comprar cigarrillos. Al volver a la casa, sacó de su closet un pisco sour, bebió un vaso y le dio al joven. Para matar el tiempo vieron chascarros en You Tube y después Valdés se fue a acostar, mientras, en la misma pieza, Cristián Ruiz se entretenía viendo televisión. Unos momentos después, el sacerdote le dijo que se acostara, pero el muchacho no sabía dónde. El sacerdote le señaló que a su lado. Cristián no desconfió. Valdés, recuerda el joven, le dijo que se sacara la ropa para no ensuciar la cama, por lo que se acostó en ropa interior y se durmió.

Despertó con las caricias. El superior le tocó la pierna diciéndole que la tenía helada y entonces puso sus piernas encima de él y su brazo bajo la nuca. El muchacho estaba inmóvil, en shock, y sentía que el religioso se le acercaba cada vez más. Al final le tocó sus genitales y lo masturbó. Valdés se levantó a buscar papel higiénico y, según consta en la declaración formulada en la Fiscalía de Maipú bajo el RUC Nº0800457102-K, recién entonces el joven reaccionó y se paró de la cama para llamar a la 52° Comisaría de Maipú.

El llamado a la comisaría quedó registrado a las 00:17. El denunciante recuerda que mientras tenía el teléfono en su mano, el sacerdote amenazó con acusarlo por robo, pero después de rodillas le pedía que no lo denunciara. Incluso, Cristián asegura que le ofreció dinero por su silencio: “Me preguntó cuánta plata quería para quedarme callado”.

El joven entregó su versión primero en el Servicio Médico Legal y luego ante la Fiscalía de Maipú el 19 de junio de 2008. A la segunda declaración concurrió en compañía de la enfermera del Colegio San Francisco de Sales, Guillermina Palacios, quien se había enterado de su denuncia mientras investigaba los antecedentes de Valdés. La enfermera se acercó a la madre de Cristián y le ofreció ayuda para encausar la denuncia. El encargado de llevar la investigación fue el fiscal Carlos Ramírez Moreno. Cinco días después el caso pasó al 9º Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, en apenas 24 horas la causa fue cerrada.

Consultada por la abrupta conclusión del proceso, la Fiscalía de Maipú informó que, en vista de los antecedentes, se concluyó que los hechos denunciados no constituían delito, por lo que no se perseveró en la investigación. La decisión, aprobada por el tribunal, se fundó en que el Código Penal establece que entre los 14 y 18 años de edad existe libertad sexual, por lo que se entiende que hay una agresión o abuso solo si la relación se produce bajo fuerza o intimidación, privación de  razón y sentido, ignorancia sexual, desamparo de la víctima o estar al cuidado de ésta. De los antecedentes expuestos en la denuncia de Cristián Ruiz, el fiscal dedujo que ninguna de estas circunstancias condicionó el manoseo a que fue sometido por el sacerdote Valdés.

La madre de Cristián, Mónica Ruiz aún no puede creer que Valdés haya salido impune y sostiene que todavía tiene la esperanza de que se haga justicia, para que otros menores no se vean expuestos al abuso del sacerdote.

DESPEDIDO DEL COLEGIO

En el momento en que Cristian Ruiz hizo la denuncia, en el lugar donde ocurrieron los hechos no se encontraba el religioso Roberto Salazar, por lo que fue avisado por la directora del Colegio San Francisco de Sales, Verónica Hinojosa. Ella no olvida la respuesta que le dio Salazar: “Yo le dije (a Valdés) que no se metiera en problemas”. A la directora le extrañó que en sus palabras no hubiese una expresión de sorpresa.

Tras la denuncia de Cristián Ruíz y de la aparición de los antecedentes de Lebu, la administración del Colegio San Francisco de Sales buscó cuanto antes desligar a Héctor Valdés de la institución, porque no consideraba posible que, imputado o no, un sacerdote bajo sospecha de haber abusado de menores siguiera ejerciendo su labor como capellán.

Las acusaciones llegaron a oídos de los apoderados y se generó una polémica, puesto que algunos optaron por creerle al sacerdote y otros al colegio. De todas maneras, los superiores de la congregación a nivel mundial decidieron remover a Valdés del cargo de Superior General en Chile y pusieron en su reemplazo a Roberto Salazar.
Una de las personas que defendió a Héctor Valdés fue la ex superiora de Las Ursulinas, Isabel Lagos Droguett, conocida como Sor Paula. Fallecida en julio de 2012, Sor Paula fue investigada por presuntos abusos sexuales que habría cometido contra niñas de los colegios de su orden religiosa. Coincidentemente, el sacerdote Héctor Valdés también ejercía como capellán del establecimiento educacional de Las Ursulinas en Maipú, por lo que la directora del Colegio Nuestra Señora del Carmen, Gladys Silva, le informó a Sor Paula sobre las acusaciones contra el sacerdote. La respuesta que recibió de la religiosa no fue la que esperaba, porque Sor Paula defendió al sacerdote y enfrentó a la directora por acusar a Valdés.

Finalmente, Héctor Valdés fue despedido de su trabajo como capellán del Colegio San Francisco de Sales. Una vez que abandonó el cargo, los administradores del establecimiento decidieron tomar cartas en el asunto y por su cuenta investigaron el historial que arrastraban los misioneros desde Lebu. Producto de estas indagaciones, conocieron el testimonio del joven “Hugo”, quien culpaba a Roberto Salazar y a Héctor Valdés de haber abusado de él y de otros menores. Los responsables del colegio lo comunicaron de inmediato a los superiores de la congregación en India.

El asistente general de la congregación, Thomas Cherukat, viajó a Chile para interiorizarse sobre el caso. Debido al nuevo testimonio que apuntaba no sólo contra Valdés, sino también contra Roberto Salazar, la congregación dispuso separarlos de sus labores pastorales. Ambos quedaron viviendo solos en la casa que el grupo de religiosos posee en Camino Rinconada 4.477, en Maipú. Salazar, además, debió dejar el cargo de superior en Chile.

LA RESPUESTA DE LOS MISIONEROS

Consultado por las acusaciones que pesan sobre Valdés y Salazar, el asistente general de la orden, Thomas Cherukat, respondió vía correo electrónico: “Muchas gracias por su correo sobre el padre Héctor Valdés. Es cierto que ha habido algunas denuncias en su contra. Actualmente hay una investigación en curso en la arquidiócesis. Sólo la arquidiócesis puede proporcionar alguna información al respecto. Por lo tanto le sugiero que se contacte con la oficina de la Arquidiócesis de Santiago para cualquier información que usted pueda tener”.

Los sacerdotes Valdés y Salazar no quisieron entregar sus versiones sobre las denuncias. En la reja de entrada a la casa de Camino Rinconada, Salazar aseguró que el nuevo superior de la orden en Chile es el único que puede dar información, pero indicó que en ese momento se encontraba en India porque la congregación estaba en proceso de elegir a su nuevo superior general. Según señaló, el sacerdote Patricio Aguayo había quedado a cargo del grupo: “Hablen con el padre Patricio, él les va a dar toda la información, porque él es el superior a cargo en estos momentos”.

Salazar se mostró reacio a entregar información, dio respuestas cortas y siempre se basó en que “en una congregación, los miembros no pueden dar información, sólo el superior”. Su reacción cambió cuando se le preguntó sobre las denuncias de abusos sexuales contra Héctor Valdés: “¿Quiénes son ustedes? Yo puedo decir cualquier cosa de cualquier persona. Vayan donde el padre Patricio, él es el superior”, respondió y se entró sin despedirse.

Media hora más tarde llamamos a su celular y le hicimos saber que queríamos conocer su versión acerca de los hechos denunciados. Esta vez se mostró alterado, no quiso responder y simplemente cortó.

Dos semanas después, fue el turno de contactar al religioso Héctor Valdés para que diera su versión. Sin embargo, sólo atinó a cortar la llamada, sin responder siquiera una palabra.

“ME INICIÉ SEXUALMENTE CON USTEDES”

Desde septiembre de 2012, Hugo lleva adelante su denuncia de abuso sexual en el Arzobispado de Santiago. Su caso quedó en manos del experto en justicia canónica David Albornoz. La investigación recopiló el testimonio de Cristian Ruíz. Albornoz se comunicó también con los padres de Cristian Rocha, pero la respuesta fue negativa. No quisieron cooperar, pues no confían en la Iglesia Católica.

Entre las pruebas entregadas al Tribunal Eclesiástico figura una grabación de audio. Ese registro revela una conversación entre Hugo y el sacerdote Roberto Salazar que hace referencia a relaciones sexuales entre el joven y los religiosos:

“Yo me sentí un poco utilizado sobre todo por parte de él, porque el padre Héctor fue el que más me entusiasmó. Yo con él me inicié sexualmente, con ustedes dos. Y para mí, igual fue… no sé si jugaron conmigo o me usaron”, dice Hugo en la grabación. Ante estas palabras, la reacción de Salazar no fue de rechazo tajante. En su respuesta, le dice al joven que deben hablar sobre ese tema.

Hugo asegura que, paralelamente, denunció en la Policía de Investigaciones amenazas reiteradas. “He sido amenazado por correo, por teléfono, todo eso. Por parte de Héctor y de otros de sus adherentes”. Y agrega: “Había conversado este tema con ellos anteriormente. Me ofrecieron plata, quisieron comprar mi silencio y, bueno, opté por denunciarlos y seguir adelante”.

Hugo recuerda a Héctor Valdés como capaz “de manejar sicológicamente a las personas. Tratando siempre de tener el control, como Karadima, que tuvo el control sobre el cardenal, sobre los otros obispos de acá. Así de poderoso era Karadima y así quería ser Héctor en su círculo”.

Actualmente, los sacerdotes Patricio Aguayo y Fredi Navarrete (dos de los cinco religiosos que integran la congregación) desempeñan labores en colegios de Maipú. Navarrete ejerce como capellán en el Instituto O’Higgins y Aguayo, además de ayudar a ancianos y enfermos de la comuna, es profesor en el Colegio Mater Purísima.

A diez años de la muerte de su hijo, la madre de Cristian Rocha asiste sagradamente todos los sábados a visitar su tumba. Ana María Figueroa aún mantiene la esperanza de que lo sucedido se aclare, que se haga justicia y que los responsables paguen, para evitar nuevas víctimas. El matrimonio Rocha Figueroa está consciente de que nada compensará la pérdida de su hijo, pero Ana María y Roberto quieren tener la certeza de que no habrá otras familias que pasen por todo el sufrimiento que ellos vivieron.

(*) Este reportaje es una versión editada por CIPER de la “Tesina para optar al grado de Licenciado en Comunicación Social” elaborada en el segundo semestre de 2012 por Valentina Mery, Catalina Sagredo y Felipe Véliz, estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. La investigación fue guiada por la profesora Pamela Aravena.

(**) El pasado lunes 14 de mayo de 2013 el Arzobispado de Santiago comunicó que Héctor Valdés fue condenado por abuso sexual de menores “a la pena perpetua de dimisión del estado clerical y de dimisión del instituto religioso al que pertenece. En consecuencia, queda removido de por vida del ejercicio del ministerio sacerdotal y de la vida religiosa”. El comunicado del arzobispado informó que Valdés tiene 60 días, a contar del 24 de abril, para interponer un recurso contra el decreto que lo condenó. Vea el comunicado oficial en la web de la Conferencia Episcopal de Chile).

La industria de la televisión está hoy bajo la lupa de Impuestos Internos. Se busca detectar las fórmulas que se utilizan para no pagar los impuestos que corresponden o simplemente eludirlos. Una de ellas, corroborada en 2010 por la Dirección del Trabajo, consiste en que los canales de TV le exigen a sus empleados que ganan los sueldos más altos constituir empresas para recibir sus remuneraciones, en vez de hacerlos firmar un contrato que norme sus prestaciones.

La ofensiva fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos (SII) se inició en marzo pasado y busca revisar –entre otros acápites- cómo están tributando los “rostros” de la industria televisiva. El radar del organismo tributario apunta esta vez a quienes presentan las noticias, conducen los programas de alto rating o protagonizan las teleseries y todos aquellos que pueden llegar a ganar en torno a los $15 millones mensuales.

De acuerdo a la encuesta CASEN, de los más de ocho millones de contribuyentes sólo 45 mil personas ganan sobre $ 6 millones mensuales. Pero son muchos menos los que admiten recibir ese dinero al momento de tributar. Según el ingeniero Michael Jorrat, experto tributario, sólo 15 mil personas (equivalentes al 0,3% de los contribuyentes) reconocen ganar sobre $6 millones ante el SII. Los otros 30 mil que faltan en el tramo de los ingresos más altos –y que debieran estar ahí según la CASEN- se pierden en una nebulosa. “No sabemos si se trata de casos de evasión o de elusión” dijo Jorrat a CIPER.

Esa nebulosa es la que intenta despejar el SII en los canales de televisión, así como en años anteriores lo hizo entre los médicos, los dentistas y otros profesionales cuyos ingresos se ubican en el tramo alto de la escala. Las dos figuras con las que se puede encontrar el SII -evasión y elusión- buscan exactamente el mismo resultado: pagar menos impuestos; pero tienen consecuencias penales distintas. Evadir, es tener la obligación de pagar y evitarla con engaños, es un delito. Eludir, en cambio, es actuar antes, es utilizar la ley de modo de que no exista la obligación de pagar el impuesto. Aunque no es un delito, no significa que sea un acto transparente, inocuo o legítimo.

Cuando en 2000 el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, presentó un proyecto para combatir la elusión, la definió como un tipo de simulación: “Para que lo entienda la gente, la elusión es hacer ingeniería tributaria. O sea, se supone que si usted es gato, paga dos; y si es perro, paga cuatro; entonces, con delineadas técnicas, usted ladra como perro, huele como perro, luce como perro, pero se presenta como gato. Entonces, hay que hacer una ley que diga que si usted huele como perro, ladra como perro, luce como perro, usted es perro”.

Eyzaguirre hizo su ley, pero como el legislador nunca puede ponerse en todos los casos, en muchos lugares los perros han seguido tributando como gatos y privando al Fisco y al financiamiento de políticas públicas de importantes recursos. La industria de la televisión es un ejemplo. Según una fiscalización hecha por la Dirección del Trabajo (DT) en 2010 en los canales TVN, Canal 13 y Chilevisión todos “los rostros” de esas estaciones y la mayor parte de los actores de las respectivas áreas dramáticas parecían ser empleados, trabajaban con horarios de empleados, obedecían a los jefes del canal como todos los empleados…, pero prestaban sus servicios como si fueran empresas.

La consecuencia tributaria de esa “simulación” era que, por ejemplo, un conductor de noticias, en vez de pagar impuestos en el tramo más alto (con un tope de 40% como empleado asalariado), pagaba sólo el 20%, que es el impuesto de primera categoría que se aplica a rentas del capital (y no el impuesto que se aplica a las rentas del trabajo)… Y si es que los pagaba, pues nuestra legislación permite a las empresas una serie de movimientos tributarios que implican menos impuestos, franquicias a las cuales el trabajador común y corriente no accede.

La consecuencia laboral de esa “simulación” era que el conductor de noticias debía pagar de su bolsillo las prestaciones sociales (AFP, Isapre), financiar sus vacaciones y no tenía derecho a ningún tipo de bono de producción o a repartición de utilidades, o una indemnización si el canal decidía prescindir de sus servicios. Esos gastos, que pueden parecer irrelevantes cuando se ganan $15.000.000, se vuelven desproporcionados si el “empleado-empresa” recibe una remuneración en torno al millón de pesos. Un ingreso que para el común de los chilenos es alto, si se considera que el 50% de los trabajadores gana menos de $250.000, pero que para los canales de TV es de nivel medio y bastante frecuente.

El “empleado-empresa” de ese nivel de ingresos tiende a quedarse sin prestaciones sociales y estar permanentemente en la incertidumbre sobre su futuro laboral.

Porque en el nudo de esta fórmula, junto con el beneficio que puede haber para los altos sueldos que eluden impuestos, hay sobre todo un considerable beneficio para el canal que aplica esta política. Pues para mantener los ingresos líquidos que ganan hoy todos los trabajadores (desde las estrellas hacia abajo), el canal debería desembolsar, además de las respectivas remuneraciones, un monto aproximado a un 20% más para cubrir el impuesto respectivo y las prestaciones, sin contar lo que implica en términos de indemnización si decide ponerle fin al contrato.

Así lo demuestran dos juicios laborales que los actores Álvaro Espinoza y José Soza ganaron a TVN. Ambos profesionales, recibían sus remuneraciones a través de sociedades que TVN les pidió constituir. Cuando fueron despedidos, no hubo indemnización pues TVN entendía que no eran empleados sino sociedades que ofrecían un servicio que ahora el canal no quería comprar. Sin embargo, los juzgados que revisaron las demandas de ambos actores han obligado a TVN a cancelar en cada caso más de $40 millones en derechos sociales no pagados e indemnizaciones. Se puede estimar que ese monto es el que se estaba ahorrando de pagar cada canal –por persona- con el mecanismo de transformar a los empleados en sociedades. Eso, sin contar el impuesto.

Hoy, como presidente del directorio de Canal 13, Nicolás Eyzaguirre, plantea que desde que llegó a esa estación televisiva el 1 de septiembre de 2012, pidió a sus ejecutivos que revisaran si los contratos con algunos rostros o actores  corresponden a empresas o no:

-Al igual de lo que dije en el año 2000, no estoy dispuesto a validar disfraces: si alguien es perro debe tributar como perro y no como gato. Pero más allá de lo que pueda hacer ahora en este cargo, lo urgente como política pública es disminuir la diferencia brutal que existe si una persona se organiza como persona o como sociedad. Ese es un tema de fondo que debiera abordarse en época de campaña presidencial.

SILENCIO BAJO PRESIÓN

Para la actriz Esperanza Silva, presidenta de la Corporación Chile Actores, el sistema es perjudicial para la mayoría de los actores. Asegura que hoy todos son obligados por los canales de televisión a adoptar dicha figura contractual:

-Los canales imponen esta forma de contratarnos por medio de empresas simuladas; si no aceptamos, nos quedamos sin trabajo. Eso es abusar de la dependencia… Existen políticas del terror hacia todo el mundo que trabaja en lo audiovisual para que no demos a conocer esta modalidad pues, de lo contrario, se les exilia y se les coarta el derecho a trabajar.

Un email al que tuvo acceso CIPER parece respaldar las afirmaciones de Silva. El correo fue enviado por Patricio López, productor ejecutivo del Área Dramática de TVN, a un asociado de Chile Actores donde se le ofrece $1.000.000 + IVA mensual para trabajar en la teleserie del segundo semestre y se le dice que debe constituir una EIRL (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) para que se le hagan los pagos. López dice que ya no es posible cobrar usando boletas y que debe asesorarse con un contador.

En los citados informes de 2010 de la Dirección del Trabajo, aparecen con sus nombres los entonces “rostros” de TVN con contratos de este tipo, también llamados “contratos civiles”. Sobre sus fiscalización a Canal 13, la DT afirmaba que todos los rostros del canal tenían “contratos civiles” aunque no eran mencionados uno por uno. Sí enumeraba, en cambio, a los actores quienes cumpliendo todas las características de un empleado, no tenían un contrato de trabajo sino un “contrato civil”.

En el caso de Chilevisión, la DT detectó dos tipos de “rostros”: Los del desaparecido programa juvenil Yingo, que boleteaban durante meses (entre ellos Karol Lucero Venegas, Faloon Larraguibel López y Yamna Lobos Astorga); y los rostros de los estelares y programas periodísticos, los rostros de verdad que se vinculaban con el canal como empresas productoras.

La Dirección del Trabajo precisó que todos los rostros de televisión “constituyen empresas, las que en definitiva facturan por los servicios que éstos les prestan al Canal”. En el informe se precisa que, “no obstante lo anterior, en todos los casos se constató que la prestación de servicios por parte de los mencionados rostros se da bajo los elementos del vínculo de subordinación y dependencia, lo que hace suponer la existencia de una relación laboral en los términos previstos en el Código del Trabajo”.

CIPER consultó a TVN, CHV y Canal 13 sobre por qué se establecen este tipo de relaciones laborales con sus principales figuras. La respuesta de Chile visión vino por vía de su área de relaciones públicas, mientras que Canal 13 lo hizo a través del ex ministro Nicolás Eyzaguirre, hoy presidente de su directorio:

-Cuando un rostro tiene contrato como sociedad, se debe principalmente a que éste tiene contrato con varios empleadores: con una multitienda, una radio… Y él nos ofrece sus servicios, pero además debe contratar a otros profesionales, desde un contador, productor o secretaria. Quiero dejar en claro que como canal no forzamos a nadie a realizar contratos como sociedad –afirmó Eyzaguirre a CIPER.

En Chilevisión la respuesta fue: “Esto funciona así porque la relación entre los artistas y el Canal es de prestación de servicios, sin subordinación y dependencia. El artista  presta sus servicios de manera más bien libre según su experiencia y conocimientos, sin un formato estricto de órdenes o instrucciones. A su vez, se trata de servicios esporádicos que no están sujetos a una jornada laboral ni a una obligación de asistencia que es propia de los trabajadores del Canal, salvo cuando son citados a grabar”.

En Televisión Nacional fue el gerente de Asuntos Legales, Hernán Triviño, quien respondió a CIPER:

-En relación a lo ocurrido con el actor José Soza, no existía un contrato con una sociedad, sino que se trataba de un contrato a honorarios, igual a los que el mismo actor tuvo luego con otros canales. Él demandó el pago de las cotizaciones previsionales, lo que finalmente le fue concedido en segunda instancia. Respecto de Álvaro Espinoza, el actor demandó tutela laboral, arguyendo que se le habían conculcado sus derechos como trabajador. En primera instancia no se le concedió, pero se condenó al canal al pago de las cotizaciones previsionales. TVN recurrió de nulidad ante la Corte Suprema y aún se está a la espera de ese fallo.

En esa misma línea argumentó la directora del Área dramática de TVN, María Eugenia Rencoret, cuando fue citada a declarar en el juicio “Álvaro Espinoza versus TVN”. Al abordar el tema de los contratos a través de sociedades, dijo que Carolina Arregui, Amparo Noguera y Francisco Reyes, estaban  vinculados a TVN como empresa y respaldó la idea de que los actores tienen diferencias con el resto de los trabajadores de TVN. Precisó: “A veces pueden estar citados a las 9 de la mañana y se van a su casa y vuelven a grabar las dos últimas horas. Tiene una libertad distinta a la que tenemos los empleados de TVN”.

La jueza la interrumpió:

-¿Usted es empleada de TVN?
-Si

-¿Y está contratada como persona natural?
-Si

-¿Como María Eugenia Rencoret? ¿No como sociedad?
-Tengo dos contratos.

-Cuénteme…
-Tengo dos contratos. Uno como sociedad y otro como María Eugenia Rencoret.

-¿Y por qué?
-No sé. Se dio hace muchos años además.

Rencoret calculó que llevaba cinco años con ese sistema de remuneración. ¿Cuál es el motivo para que ella también tenga contrato como empresa si cumple horario en TVN? ¿Es posible que además de estar a cargo del Área Dramática de TVN, dirigiendo teleseries, tenga tiempo de realizar otro trabajo a través de una sociedad para el mismo canal? Un abogado tributarista opinó que “la única razón por la que alguien tendría ese acuerdo es para efectos tributarios”. La misma doble figura utiliza el citado Patricio López, según consigna el fallo de la demanda que le dio la razón al actor Espinoza.

La Dirección del Trabajo también fiscalizó en 2010 a los canales Mega (Vea Informe de MEGA) y La Red (Vea Informe La RED), donde no se detectaron los citados “contratos civiles”. Ambas estaciones, sin embargo, fueron multadas por la DT por tener empleados sin contrato de trabajo, recibiendo honorarios por largo tiempo, situación que en La Red afectaba a mujeres embarazadas. Según denuncias de Chile Actores, en la actualidad la práctica de establecer contratos civiles con sus empleados se habría extendido también a estos canales.

ACTUAR CON ASTUCIA

Es importante precisar que la astucia que conlleva actuar de esta manera es, en la práctica, aceptada por los fiscalizadores. Varios abogados consultados por CIPER citaron un fallo de 2003 (el recurso de casación que ganó la Sociedad Inmobiliaria Bahía S.A., rol Nº4038-01), donde la Corte Suprema sostuvo que la elusión tributaria es “evitar algo con astucia, lo que no tiene que ser necesariamente antijurídico, especialmente si la propia ley contempla y entrega las herramientas al contribuyente”.

Aunque en Chile los fallos no constituyen un precedente jurídico, el reconocimiento a la “astucia” que hizo el máximo tribunal se exhibe usualmente como un signo de que estos disfraces están permitidos. Acorde con esa calificación de “astucia”, la industria de la televisión, así como la profesión de los médicos, dentistas y abogados, se ha llenado de sociedades que permiten grandes ahorros de impuestos.

En 2012 se constituyeron 68.439 nuevas sociedades en Chile, lo que representa un alza de 17% respecto de 2011. El gobierno ha leído estas cifras como una muestra de que el emprendimiento ha florecido en estos años, suponiendo que se trata de negocios productivos. Sin embargo, hoy no existe ningún dato que indique a qué actividad productiva se dedican estas sociedades realmente, y es posible que en un buen número de ellas sus titulares sean simplemente empleados simulando ser empresas, para hacer el negocio de pagar menos impuestos.

Para el abogado Francisco Saffie, profesor de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y director académico del Magíster en Derecho Tributario de la misma universidad, nuestro sistema tributario tiene cada vez más “incentivos” para “planificar” creando sociedades de inversión:

-No es temerario presagiar que cada vez más personas preferirán adoptar el modelo del emprendedor que planifica, es decir, recibir todos sus ingresos como empresa para luego retirar utilidades retenidas pagando menos impuestos. Ser empleado se volverá cada vez peor negocio -explica.

CÓMO SE ELUDE

Una muy clara descripción de cómo opera la elusión de la que profitan los profesionales de altos ingresos la hizo el abogado Saffie en una serie de columnas sobre impuestos que publicó en CIPER.

Para ilustrar los beneficios de tributar como sociedad, Saffie analizó la situación de un empleado que recibe $1.875.000 mensual ($22.500.000 al año) y destacó cómo mejora sus ingresos si éste decide formar una sociedad. Como empleado paga aproximadamente $850.000 al año en impuestos. Disfrazado como empresa, sólo $162 mil. ¿Cómo ocurre eso?

Imaginemos un empleado -un médico, un abogado o un director de programas de TV- que crea una sociedad con sus dos hijos para ofrecer como servicio lo que antes prestaba como trabajador. Con este cambio no se vuelve ni más eficiente ni está generando empleos: la única diferencia es que en vez de recibir $22.500.000 al año como sueldo, lo recibe como ingresos de su sociedad. A fin de año, este dinero se distribuye entre los tres “socios”, cada uno de los cuales retira $7.500.000. A este retiro se le debe descontar el 20% del impuesto de primera categoría ($1.500.000) que es el impuesto que pagan las empresas.

Saffie explica que lo interesante está en las finanzas de cada socio. “Tenemos que la base imponible de cada uno es de $7.500.000. Con ese ingreso anual (que significa poco más de $600.000 al mes), el impuesto que le corresponde pagar a cada uno –al empleado y a sus dos hijos- es de apenas $54.000. Pero como cada socio ya ha adelantado $1.500.000, el Estado le devolverá $1.445.000 a cada uno”.

Es decir, del millón y medio que cada socio pagó como impuestos de la empresa, el Fisco les devolvió $1 millón 445 mil. Esto se debe en parte a que en Chile no hay un impuesto a la empresa propiamente tal, sino que son un adelanto del impuesto de sus dueños. Y así el empleado-empresa, haciendo el mismo trabajo y recibiendo el mismo dinero, se ahorra poco más de $600.000 en impuestos.

LA ASTUCIA DEL VENDEDOR DE ACREDITACIONES UNIVERSITARIAS

Un reciente ejemplo del uso de este mecanismo salió a la luz en la investigación respecto a la Universidad del Mar. Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), acusado de los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, debió explicar ante la fiscalía cómo funcionaba la sociedad “Gestión Ltda.”, a través de la cual prestaba asesorías a las universidades para que lograran acreditarse ante la CNA.

Díaz admitió que “Gestión” era una sociedad “hecha por sugerencia de un contador para fines tributarios. Es una sociedad de la que forma parte mi mujer pero ella no tiene nada que ver. Se incorporaron dos de mis hijas el año pasado, pero tampoco han tenido nada que ver. (…) De los $290 millones que ingresaron a la sociedad, mis hijas nunca recibieron nada. Los retiros en que aparezcan ellas son nominales, pues nunca retiraron dineros. Mi cónyuge tampoco sacó dineros realmente, siempre fue solo nominal”.

Siguiendo el ejemplo que ofrece Saffie queda claro que Díaz usó “Gestión Ltda.” para repartir con su familia la carga tributaria por el dinero que recibía, de modo de pagar el menor impuesto posible. Es importante anotar que hasta ahora el SII -que también ha revisado el caso- no indaga la constitución de esta sociedad creada deliberadamente para pagar menos impuestos. Pareciera que hasta ese extremo puede estirarse el beneplácito a la astucia.

El mecanismo descrito es solo una de las posibilidades que ofrece la ingeniería tributaria. Definida por expertos como “una caja de artilugios”, también le permite a sus usuarios pedir facturas en la compra del supermercado, en el restorán, en el hotel al que se va con la familia (como lo relató el economista Eduardo Engel) y hasta en la compra del auto nuevo, haciendo que todos los gastos de la vida cotidiana se asuman como gastos necesarios para la producción de la empresa. De ese modo, tampoco se pagan impuestos por esos gastos.

Rodrigo Águila, abogado de Chile Actores, quien lleva años peleando para que a sus asociados se los vuelva a tratar como empleados, advierte que los canales debieran emplear contratos laborales con los actores. Reconoce eso sí que  “a los sueldos más altos les conviene tributar como empresa, pues la tasa es más baja que para las personas. Lo otro, es que mientras no retires las utilidades de la empresa no pagas ningún impuesto. Por último, la empresa puede descontar gastos. Entonces se produce un efecto perverso donde el actor va al supermercado y lo mete a la factura; va a un restaurante, factura, lo cual pasa a ser una evasión tributaria, porque todos esos son gastos de la empresa y por lo tanto nunca paga impuestos”.

Debajo de ese disfraz, asoma la realidad. Resulta innegable que los rostros de los canales y varios actores no están tributando de acuerdo al dinero que realmente reciben. Peor, están usando leyes que no se hicieron para fomentar el ahorro tributario de los más ricos, sino para dar incentivos a las pequeñas empresas, a las que contratan y producen. Más allá de los argumentos que se usen para afirmar que no cometen delito, no queda claro cómo el país se beneficia con esta práctica y por qué habría que permitirla.

Según datos de 2010, en Chile hay ocho millones de contribuyentes de los cuales el 82% (6.505.449 personas) no paga impuestos porque tiene ingresos menores a $500 mil al mes. En realidad la mayoría de los chilenos está lejos de la barrera a partir de la cual se comienza a tributar. En 2010 nuestro promedio de ingreso fue de $360.000 (hoy la cifra bordea los $400 mil).

Los bajos ingresos del 80% de los chilenos y los altos ingresos del 20% restante, hacen que nuestro país sea el más desigual de la OCDE. Según datos del investigador Claudio Agostini, “el 20% más rico se lleva el 54,5% de los ingresos del país, mientras el 20% más pobre sólo se queda con el 4%”.  Es por esta estructura de los ingresos que Agostini puntualiza que “cualquier anuncio de exención tributaria en el impuesto a los ingresos beneficia sólo al 18% más rico y en mayor proporción al 6% de más altos ingresos”. Resulta evidente que la elusión va en beneficio del mismo grupo.

Para muchos investigadores nuestra desigualdad y nuestro sistema tributario están fuertemente ligados. El ejemplo más notable es que, aunque muchos países desarrollados son tan desiguales como Chile en sus ingresos, después de aplicar los impuestos, se vuelven más igualitarios. En Chile, en cambio, los impuestos hacen al país más desigual.

“Alemania o Italia, tienen un Gini (índice que mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos se aleja de una distribución perfectamente equitativa), antes de impuestos y transferencias, similar al de Chile: de 0,50. Pero después de impuestos y transferencias este indicador cae a 0,30, es decir, unos 20 puntos. En Chile, en cambio, el Gini sube después de impuestos, o sea, en Chile los impuestos aumentan la desigualdad”, explicó a CIPER Michael Jorrat.

La evasión y su gemela, la elusión, son uno de los factores de esa desigualdad.

CASO SOZA Y LA DESAPARICIÓN DEL TRABAJADOR

La actriz Esperanza Silva explica que el origen de la política de “sugerir” a los actores constituir sociedades para recibir sus remuneraciones, “comenzó en los años 90, con la irrupción de una empresa que asesoraba a TVN en la época (VER ACLARACION). Hoy se ha extendido a todo el sistema audiovisual”.

Esa forma de relación laboral convive en la actualidad junto con el masivo uso del pago a través de boletas y prácticas, como contratos por día, similares a los que existen entre los temporeros:

-Toda la industria se sostiene sobre el abuso. Hay algunos cableros y camarógrafos a quienes los contratan por la mañana y los despiden por la noche, en forma diaria. Es indigno lo que ocurre -acusa Silva.

Una fuente de la Dirección del Trabajo, a la que le tocó participar en las fiscalizaciones a los canales de TV, dijo a CIPER:

-Yo quedé con la imagen de que esto era como entrar a Colonia Dignidad, pues los canales fijan sus propias normas. La informalidad laboral es tremendamente alta. En el caso de los rostros, verificamos que cumplían un horario, que asistían a pautas y recibían instrucciones de un productor y de un director, por lo que se cumplen todos los requisitos de subordinación y dependencia.

Un ex dirigente sindical de Canal 13, comentando con ironía los enormes cambios que ha sufrido esa estación en los últimos años, dijo a CIPER: “En este canal ya no hay trabajadores, hay colaboradores y emprendedores”. Los colaboradores son los que boletean; los emprendedores son los que simulan ser empresas.

La desaparición del trabajador con su carga legal y simbólica y su reemplazo por estas figuras ambiguas implica cambios sociales profundos no solo en el área de los impuestos sino en la más extensa área del trabajo y afecta derechos centrales. El episodio que vivió el actor José Soza, quien demandó a TVN por “vulneración de derechos fundamentales y despido vulneratorio”, puso sobre la mesa los costos de este sistema: la inseguridad laboral con la que deben lidiar la mayoría de los actores que no son “rostros”, y que se han transformado en emprendedores por obligación.

A comienzos de 2010, por los mismos días en que la DT realizaba sus fiscalizaciones en los canales de televisión, este conocido actor demandó a TVN en el Segundo Juzgado del Trabajo. Tras 18 años de trabajar en el canal, Soza fue despedido porque, según relató en el juzgado, “no habían papeles para actores de mi edad”. Durante los 18 años, de manera constante, Soza entregó indistintamente boletas y facturas al canal. Y en el juicio le reclamó a TVN que aún cuando no estaba contratado, había existido entre ambas partes una relación laboral, por lo que debían pagarle, entre otras cosas, una indemnización y las imposiciones.

La tensión tributaria-laboral estuvo todo el tiempo presente en este caso, como la música de fondo tras el juicio. Lo que para TVN había sido un arreglo conveniente, por los enormes beneficios tributarios de los que había gozado el actor, para Soza había implicado angustia, por la enorme inseguridad laboral.

-Una persona que tiene ese nivel de ingresos, aprovecha un sistema tributario que no tiene un trabajador dependiente. El ingreso de $3,5 millones mensuales o más, afecto a un impuesto único de trabajadores, significa una merma muy grande que no tiene una persona que desempeña sus funciones tributando en primera categoría, como lo hacía el señor Soza, quien además, de acuerdo a lo que pudimos ver en los libros que exhibió, aprovechaba de hacer rebaja del IVA con compras que hacía -afirmó Samuel Bustos, abogado de TVN.

Soza veía las cosas de otra manera. “Una vez terminadas las grabaciones, me iba a mi casa con la angustia de no saber si me incluirían o no en el próximo proyecto y si mi contrato sería o no renovado. La mayoría de las veces, todos estos años, al igual que otros actores en mi misma situación, era llamado al poco de vencido mi contrato y ya sin tener la oportunidad de discutir la elección de mi personaje. Este sistema perverso resultó nefasto para mi salud dada la incertidumbre constante sobre mi futuro laboral (…) La constante inseguridad e inestabilidad laboral y la falta de un sistema de previsión que me permita optar a una jubilación digna y a gozar de un sistema de salud adecuado, han lesionado mi integridad tanto física como psíquica”, declaró ante el tribunal.

De hecho, cuando el abogado de TVN le preguntó al actor bajo qué sistema tributaba, primera o segunda categoría, Soza no supo qué responder: “Yo eso no lo sé, solo sé que emito facturas y que se me obligó a hacer esa gestión porque el contrato es contra factura. Se me dijo en ese momento, el año 96 o algo así, que se me iba a contratar por más tiempo y que mis honorarios iban a ser más altos, por lo tanto ya no iba a emitir boleta sino que necesitaban que emitiera facturas”.

Según especificó en la demanda, al terminar su trabajo en TVN, Soza ganaba $4 millones 200 mil mensuales, monto que se le cancelaba no bajo la forma de un contrato de trabajo, sino como la prestación de servicios. El actor señaló que esta forma “me fue impuesta por el canal como la única forma posible para poder trabajar frente a lo cual no me quedó otra alternativa que aceptar”.

Además de José Soza, otros tres actores declararon en este juicio. Según lo señalado por las actrices Esperanza Silva y Paulina Urrutia, tras la publicación en 2003 de la Ley 19.889, que reguló las condiciones de trabajo y contratación de los trabajadores de artes y espectáculos, hubo una fuerte arremetida por parte de los canales de TV para que los artistas formasen empresas.

-Yo en ese momento estaba en Canal 13 y recuerdo que a los actores se les sugería que formaran productoras independientes, para de esa manera poder liberarse de cualquier obligación de tipo laboral y demostrar que no existía una relación de subordinación y dependencia. Esa es una fórmula que salió de los mismos canales de TV. A nosotros no se nos hubiese ocurrido -declaró Silva.

“Estos contratos que nosotros tenemos son claramente contratos laborales disfrazados”, agregó Urrutia.

En el mismo juicio, la actriz Delfina Guzmán entregó un ilustrativo testimonio de su relación con TVN, y la ductilidad de los contratos civiles que tanto valoran los directivos de la industria. “Antes firmaba contratos por dos años. Luego fue año a año y cuando partí en 2010, me dijeron que mi contrato era por seis meses y que me pagarían bastante menos. Entonces me fui donde el director del canal, Daniel Fernández. Fui a su oficina y me atendió muy bien. Mira mijito, no entiendo nada lo que está pasando. ¿Ahora soy una picante cualquiera?”, le pregunté”.

ACLARACIÓN: En sus declaraciones  la actriz Esperanza Silva incurrió en un error, ya que afirmó que el autor de esa estrategia fue Eugenio García en los años 90, pero García trabajó en Televisión Nacional entre 2002 y 2003 . Tampoco se desempeñó en la empresa que asesoró a TVN en los años 90.

Vea serie de reportajes en http://www.connectas.org/project/et/es/index.html

En respuesta a la crisis económica y a la disminución del apoyo de los ambientalistas, los esfuerzos de cabildeo que la industria del etanol está poniendo en los pasillos del Capitolio en Washington ha crecido de manera tan intensa como el trabajo de la tierra donde se obtiene la materia prima del biocombustible.

Así lo demuestra un reportaje realizado por el New England Center for Investigative Reporting y Connectas que revisó los registros del cabildeo realizado en el Capitolio de Estados Unidos y encontró que en los últimos cinco años, la industria-sus empresas y asociaciones- ha gastado alrededor de 30 millones de dólares al año para un total aproximado de 150 millones de dólares entre 2008 y 2012. Eso es 10 millones más al año, que la cifra invertida en el quinquenio anterior en buscar influir en las políticas del congreso y del senado de Estados Unidos.

El objetivo principal de la industria es asegurar la supervivencia del RenewableFuels Standard, una política que garantiza que un porcentaje mínimo de etanol y otros biocombustibles sea mezclado con la gasolina cada año. La industria de Estados Unidos también hizo lobby por el Volumetric Ethanol Excise Tax Credit, un incentivo fiscal de 45 centavos de dólar por cada galón de etanol que fuese mezclado con gasolina hasta 2011.

Vehículos eléctricos aparecen como una opción alternativa para el medio ambiente.

La crisis petrolera en los años 70 impulsó la creación de programas de producción de etanol en Brasil y Estados Unidos.

Además, desde el año 2000 al menos 5.980 firmas presentaron reportes de cabildeo sobre el etanol, según registros obtenidos a través del Center for Responsive Politics y procesados por el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology. Entre estas firmas, los más grandes jugadores de cabildeo por la industria del etanol, son 16 compañías que producen el biocombustible y 21 asociaciones que tienen entre sus miembros a empresas conectadas con la industria del etanol.

Según cifras de la Renewable Fuels Association, que representa a la industria del etanol en Estados Unidos, la producción mundial de etanol casi se duplicó en cinco años y pasó de 50 mil millones de litros en 2007 a 85 mil millones de litros en 2011. Sin embargo, el futuro del negocio levanta dudas entre algunos especialistas que resaltan la excesiva dependencia del negocio de las normas en los Estados Unidos que es el principal país productor. Junto a Brasil suman el 87 por ciento de la producción mundial.

Ahora el principal factor que estimula el negocio del etanol en las Américas, es la existencia de una reglamentación que obliga el uso de una mezcla del biocombustible con gasolina: en Estados Unidos se exige al menos una combinación que contenga 10 por ciento de etanol carburante, en Brasil, 25 por ciento; en Colombia, 8 por ciento y en Perú, 7,8 por ciento.

“La regulación de biocombustibles es buen ejemplo de política, pero no de una buena política pública”, afirma el profesor especialista en comercio internacional e inversiones, Robert Lawrence, de la Escuela Kennedy en la Universidad de Harvard. Para él, los principales beneficiarios de estas políticas han sido los agricultores de Estados Unidos, pero no los consumidores, la gente y el medio ambiente. Esos agricultores producen el maíz con el que se hace el etanol.

Frente a esto, Bliss Baker de la una asociación internacional que representa a más de 60 por ciento de los productores de combustibles renovables del mundo, dice que el etanol es una industria viva y desestima las críticas que hay por la gran cantidad de subsidios que reciben: El Volumetric Ethanol Excise Tax Credit (VEETC) expiró –en los Estados Unidos- hace un año y el cielo no se cayó. Además, no hay ninguna fuente de energía en el planeta, que no reciba algún tipo de apoyo gubernamental”.

La historia de leyes aprobadas en Estados Unidos y Brasil para impulsar la industria del etanol comenzó en los años 70, durante la época de la crisis petrolera cuando se promovió la celebración del Día Mundial de la Tierra y se buscaba generar una agenda ambiental. Fue entonces cuando Estados Unidos comenzó a producir gasohol (mezcla de etanol con gasolina) en Nebraska, pero lograr esto requería destinar dinero público, pues el negocio por sí mismo no era sostenible y se había abandonado desde los años 40.

Por su parte, en 1975 Brasil comenzó su programa bandera:Proálcool. Fue la fórmula con la que se buscó reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que agrupan 87 por ciento del mercado actual de energía mundial, según BP Statistical Review. Pero ahora los ambientalistas han comenzado a cuestionar qué tan favorable es el biocombustible para el medio ambiente.

“El lobby del etanol es muy agresivo”, afirma Craig Cox del Environmental Working Group, organización que promueve la protección de la salud pública y el medio ambiente y se opone a políticas a favor del biocombustible. “La industria del etanol está gastando millones de dólares en cabildeo. Están contratando a lobistas de alta potencia y han creado organizaciones para promover el etanol a base de maíz y expandir el uso del biocombustible”.

El ya expirado Volumetric Ethanol Excise Tax Credit (VEETC), en Estados Unidos, costó a los americanos seis mil millones de dólares en 2011 según la United States Government Accountability Office. Políticas como ésta y la existencia de un mandato que obliga el uso de un porcentaje mínimo de etanol mezclado con el combustible fósil para la oferta de gasolina, despiertan alertas en los competidores de otros países. Es el caso de la Unión Europea, tercer productor mundial de etanol, que se propuso en diciembre de 2012 aumentar los impuestos para las importaciones de este combustible provenientes de Estados Unidos en un esfuerzo por controlar el dumping o alguna ventaja de precios para el etanol de Estados Unidos como resultado de los subsidios. Curiosamente hasta 2011 Estados Unidos tuvo una medida similar sobre el etanol importado, que afectaba directamente a Brasil.

Por eso, los empresarios han buscado conservar estos beneficios a través del lobby como muestran los registros y algunos lobistas han explicado. Se trata de una lucha de poderes en la que su capacidad de influencia en la arena política viene del poder de la industria del maíz en Estados Unidos y de los zares de la caña de azúcar en América Latina. El maíz y la caña de azúcar son las principales materias primas del biocombustible en cada región.

El intento de la industria de influenciar a los poderosos se extiende más allá de Washington. También está intentando ejercer influencias en las arenas políticas locales de América Latina. En Colombia y Brasil las principales empresas productoras de etanol son frecuentes financiadoras de campañas políticas locales de acuerdo con registros del Tribunal Supremo Electoral en Brasil y la base de datos de la organización de periodistas Consejo de Redacción en Colombia.

Brasil cuenta con más de 300 unidades productoras de etanol.

Brasil ha investigado las condiciones laborales de los recolectores de caña de azúcar, materia prima del etanol.

En América Latina además la industria para sostenerse se apoya en créditos blandos (préstamos a largo plazo y con bajas tasas de interés). Éstos son financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Sumados sus préstamos desde 2005 superan los 1.400 millones de dólares.

En esta región, Colombia ocupa el segundo lugar como productor del biocombustible, a pesar de la solidez de la industria azucarera en Centroamérica. Sin embargo, la brecha es grande entre los principales jugadores: mientras Brasil supera las 300 plantas productoras, Colombia tiene seis y Perú comienza su intento por entrar en la liga con dos plantas.

“La experiencia de Brasil y Estados Unidos en desarrollar su industria del etanol a través de políticas como la creación de un estándar para los diferentes tipos de mezcla entre el etanol y la gasolina es un buen ejemplo para Colombia. El reto es expandir la industria en parte a través de todo el potencial que tiene el mercado doméstico. Para eso vamos a necesitar el apoyo del Estado”, dice Johan Martinez de la asociación de caña de azúcar de Colombia, Asocaña. Lo que significa que para estos nuevos mercados es importante copiar la fórmula del éxito de los grandes y que hoy está en cuestión.

PERÍODO DIFÍCIL

El mercado del etanol concentra el 82 por ciento del mercado de los biocombustibles. A pesar de su crecimiento en producción en los últimos años, en 2012 la industria se desaceleró.

“Los precios del azúcar varían ampliamente. Cuando aumentan, la producción de etanol disminuye. Por eso las compañías decidieron apostar a los altos precios del azúcar hace dos años. Hubo una crisis de producción de etanol y eso causó la reducción de la mezcla obligatoria entre etanol y gasolina de 25 por ciento a 20 por ciento en Brasil”, explica Luiz Antonio Lemos, abogado brasilero que se especializa en derecho empresarial, especialmente en las áreas de energía e infraestructura. Otros factores que contribuyeron a una baja en la producción de etanol fueron los bajos precios de la gasolina en Brasil y las condiciones climáticas.

Al mismo tiempo, las importaciones pasaron de 78 millones de litros a 1.451 millones de litros, de acuerdo a los registros de la Unión de la Industria de Caña de Azúcar (União da Indústria de Cana-de-Açúcar – Unica).

Para 2013 se anunció que el porcentaje de mezcla regresará a 25 por ciento desde mayo y se espera que esto cause un aumento de los precios de la gasolina. Por esto y por una baja en los precios del azúcar, Unica prevé un incremento en la producción de etanol en Brasil. El otro factor clave que podría afectar sus proyecciones son las condiciones climáticas.

En el caso de Estados Unidos, la sequía del año 2012 –clasificada como una de las peores en la historia de Estados Unidos por el National Climatic Data Center, también afectó a la industria del etanol. Mientras que la producción de etanol en 2011 Estados Unidos fue de 53 mil millones de litros, en 2012 bajó a 50 mil millones de litros.

Iowa concentra 28 por ciento de la producción nacional de etanol, que en este caso es a base de maíz, y por primera vez en 10 años no incrementó su producción del biocombustible, sino que se mantuvo igual a la de 2011, según informó laIowa Renewable Fuels Association (IRFA).en un comunicado. “Al final nos mantuvimos iguales, pero todos están rezando por lluvia y un buen rendimiento del maíz en 2013 para que la industria se reactive”, dijo Monte Shaw, director de la IRFA.

Algunas compañías en otros estados tuvieron que salir del negocio o cerrar temporal sus plantas y declarar pérdidas. Tal es el caso de Valero Energy, una de las principales empresas productoras, que en junio tenía cerrada temporalmente dos de sus plantas en Nebraska e Indiana y en octubre reportó para el tercer trimestre de 2012 pérdidas de 73 millones de dólares en su negocio de etanol. Otras compañías de menor escala como Central Minessotta Ethanol y Agri-Energy también anunciaron el cierre de sus plantas.

La sequía en 2012 afectó la producción de etanol en Estados Unidos.

Para el año 2015 British Airways planea incluir el uso biocombustibles para su flota.

“La disminución en el ingreso de operaciones de etanol se debió a márgenes brutos significativamente más bajos causados por una combinación de altos precios del maíz y altos inventarios de la industria del etanol, atribuibles a una baja en la demanda de etanol y gasolina”, explicó Valero Energy en su tercer reporte trimestral de 2012.

Archer Daniels Midland, POET Biorefining and Valero Renewable Fuels son los principales productores de etanol en Estados Unidos. En el gigante latinoamericano y más grande productor de etanol de la región, Brasil, las más importantes son:Copersucar, Biosev (Dreyfus), Odebrecht Agroindustrial (ETH Bioenergia) y Raízen (una alianza de Cosan y Shell).

Otro problema para la industria es una disminución en el apoyo de los ambientalistas. Muchos ambientalistas cambiaron de bando. Por años apoyaron a esta industria como una opción contra el cambio climático. Ahora, hacen lobby para frenar o modificar leyes asociadas con la producción de etanol. Se enfocan sobretodo en el hecho a base de maíz, porque ya no creen más que los beneficios ambientales del etanol contrarrestan el impacto ambiental negativo que se produce por el uso de fertilizantes para cultivar el maíz.

“Nos oponemos a cualquier fuente más de gasolina o una industria de etanol a base de maíz artificialmente expandida. Somos escépticos. No estamos convencidos que los biocombustibles avanzados son técnicamente o ambientalmente una buena opción”, dijo Craig Cox del Environmental Working Group.

Distintos estudios de los ciclos de vida de las emisiones de gases del efecto invernadero indican que el etanol a base de maíz puede generar más emisiones que el etanol a base de caña de azúcar. “En relación con la gasolina de petróleo, el etanol de maíz, caña de azúcar, residuos de maíz, hierba –switchgrass- y miscanthus –plantas- pueden reducir los ciclos de vida de las emisiones de gases de efecto invernadero”, indica un trabajo en IOPscience,una publicación del instituto de física de Londres.

“Necesitamos mejores estándares para la protección del medio ambiente y necesitamos vehículos eléctricos. Si podemos tener este tipo de vehículos ni siquiera necesitaríamos a los biocombustibles. Ahora estamos desperdiciando dinero en estas soluciones que no son reales”, enfatiza Michal Rosenoer que era parte de la organización Friends of the Earth.

Además en Brasil, donde la materia prima es caña de azúcar, la industria ha enfrentado cuestionamientos por las condiciones laborales de sus trabajadores, un problema heredado de la industria azucarera y que el Ministerio del Trabajo de Brasil ha seguido con la intención de frenar los excesos. Jornadas extensas, condiciones ambientales desfavorables, ausencia de contratos colectivos, desnutrición y alojamiento inadecuado son algunas de las situaciones que han detectado organizaciones como Fundacentro. Desde el Banco Mundial indican que esta situación debería mejorar por la industrialización de los procesos de recolección de caña de azúcar.

Las inversiones en alternativas energéticas comienzan a competir con el biocombustible. Otras opciones como el etanol de segunda generación, derivado de residuos agrícolas, madera y otras fuentes orgánicas comienzan a explorarse, al tiempo que la producción de automóviles eléctricos avanza a pasos agigantados. En sus esfuerzos por crecer, la industria del etanol quiere venderse también como una opción de combustible para los aviones. Para el año 2015, British Airways planea tener biocombustibles en su flota. Junto con otras aerolíneas europeas como Lufthansa y Air France/KLM forman la European Advanced Biofuels Flight Path Initiative iniciativa lanzada para acelerar la comercialización de combustibles aéreos en Europa.

Pero la incertidumbre acerca del futuro del etanol permanece –en parte por su dependencia de mandatos gubernamentales e incentivos fiscales y, en parte por el impacto de las sequías. Una mezcla que ha llenado de grandes sombras oscuras sobre el otrora negocio verde.

A los pies del cerro La Cruz, en Quilicura, se abre el Valle Lo Campino. Una explanada de buenas tierras agrícolas que desde fines de los años 90 se han reconvertido en condominios y villas destinadas a familias de clase media alta, enmarcadas por avenidas amplias y abundantes áreas verdes. Desde la cima del mismo cerro se percibe con nitidez el contraste entre Valle Lo Campino y el resto de la comuna de Quilicura. Ahí, en las alturas, la autopista Vespucio Norte pareciera no ser más que una estrecha huincha de asfalto que marca el límite entre este cuidado proyecto inmobiliario y un verdadero mar de poblaciones de pasajes estrechos y parques industriales que se estira por el norte hasta donde la vista se pierde. Valle Lo Campino es el “barrio alto” de una comuna de perfil popular.

En este sector, el más caro de Quilicura para la construcción de viviendas, la municipalidad tenía una pequeña joya inmobiliaria. En medio de las 3 mil casas que allí se han emplazado desde 1998, comercializadas hasta por 6 mil UF (sobre $137 millones), el municipio tenía un terreno de 22.749 metros cuadrados (casi 2,3 hectáreas), cuyo dominio conservó hasta agosto de 2004. Ese año, en una intrincada operación de permuta de terrenos, la Municipalidad de Quilicura se lo cedió a Gladys del Carmen González, afamada empresaria de parrilladas, discotecas y colegios, más conocida como “La Cuca”.

La investigación de CIPER acreditó que Gladys González pagó por el terreno apenas la mitad del valor comercial al que se transaban en 2004 en ese valioso sector. Todo indica que la operación lesionó el patrimonio municipal, en ese momento en manos de la alcaldesa  Carmen Romo (DC). La controversial transacción está salpicada, además, por otras irregularidades. La más grave de ellas, y que incluso podría acarrear la nulidad de la cesión, es que no se cumplió con el mandato del Concejo Municipal que aprobó la permuta.

En efecto, el concejo autorizó que el terreno de Valle Lo Campino fuese traspasado a la Sociedad Educacional Aceval, de la cual Gladys González forma parte, pero finalmente la permuta se hizo con la empresaria como persona natural. Ella reconoció a CIPER que el cambio -el que nunca fue autorizado por el Concejo Municipal- se hizo con el único objeto de ahorrar impuestos.

La permuta tiene otras aristas polémicas. Con los recursos aportados por Gladys González, el municipio obtuvo los fondos para adquirir una parte de los derechos sobre un terreno ubicado en el centro de Quilicura. En esa propiedad, en 2007, construyó una calle. La municipalidad nunca inscribió en el Conservador de Bienes Raíces sus derechos sobre ese terreno, por lo que la nueva vía pública quedó, de hecho, instalada en una propiedad privada (vea la imagen satelital del sector). En septiembre del año pasado, uno de los particulares que integra la sucesión hereditaria que ostenta el dominio sobre el inmueble, lo cercó y cerró el paso por la nueva calle. La acción provocó el caos vial y fue cubierta por la TV (vea la nota de Chilevisión). Hasta hoy, el municipio se enfrenta con la familia propietaria en una dura batalla judicial.

“LA CUCA” DE COMPRAS

Como corresponde por ley en un proyecto de desarrollo inmobiliario como el de Valle Lo Campino, en febrero de 2004 la sociedad que impulsaba este negocio le traspasó al municipio un “lote de cesión”. El terreno entregado por Inmobiliaria Lo Campino tiene una superficie de 22.749 metros cuadrados y está ubicado en la esquina de Valle Lo Campino Norte con Las Torres (vea la imagen satelital del terreno). A esa fecha ya se habían ejecutado dos etapas del proyecto inmobiliario y se encontraba en curso una tercera, por lo que en el sector ya se habían levantado unas 800 viviendas. El proyecto estaba en plena consolidación y la valorización de los terrenos iba en franco ascenso.

El inmueble cedido se destinó a “equipamiento municipal” y se convirtió en el más valioso que entonces poseía la municipalidad en una zona de desarrollo de viviendas. Pocos después, apareció en escena Gladys González, quien cuenta que habitualmente busca en municipalidades y otros organismos públicos propiedades a buen precio.

-Yo andaba buscando un terreno para colegio y fui a varias municipalidades. En la de Quilicura me mandaron a hablar con el director jurídico –dijo a CIPER la empresaria.

El director jurídico era entonces el abogado Alejandro Smythe, quien dos años después, en 2006, dejó la municipalidad y su cargo de secretario ejecutivo del Consejo de Alcaldes Cerros de Renca, entidad que agrupaba a los municipios que enviaban su basura al relleno sanitario Lomas Los Colorados de la empresa KDM. Smythe alcanzó notoriedad pública porque entre 2006 y 2009 se desempeñó como director de Conama Metropolitana y luego retomó su puesto como secretario ejecutivo de Cerros de Renca, cargo al que volvió justo para dirigir la polémica renovación automática del contrato que amarró a esa entidad por otros 16 años con KDM y que involucró unos US$240 millones (vea el reportaje que publicó CIPER en febrero de 2010). Hoy, Alejandro Smythe continúa a la cabeza de la dirección jurídica de Quilicura.
El 30 agosto de 2004, Gladys González cerró exitosamente sus tratativas con Smythe y celebró un contrato de permuta con la entonces alcaldesa Carmen Romo, quien ofició como representante legal de la Municipalidad de Quilicura. Ese contrato indica que el terreno de Lo Campino que adquirió la empresaria fue valorado por el municipio en $ 285.366.800. También consigna que, para equilibrar las ofertas, ella entregó a cambio una propiedad ubicada en Las Torres con Américo Vespucio, estimada en $ 185.366.800 y otros $ 100 millones en efectivo.

El mismo documento establece que la municipalidad recibió el terreno de calle Las Torres para destinarlo a la extensión de esa misma vía, de tal forma que pudiese empalmar con la autopista Vespucio Norte (vea la imagen satelital de la propiedad). Respecto de los $ 100 millones restantes, el contrato indica que la municipalidad los destinaría a la compra de un inmueble emplazado en la esquina de San Luis con San Martín, donde debía ampliar la calle San Luis y ejecutar otras obras de equipamiento municipal. Finalmente, queda explícito en el documento que el único destino que se puede dar al terreno de Lo Campino es instalar un colegio. El incumplimiento de esta cláusula originaría la disolución “ipso facto” de la permuta.

Gladys González pagó el equivalente a $ 285.366.800 por un terreno de 22.749 metros cuadrados. Según las tablas históricas del Banco Central, en agosto de 2004 la UF tenía un valor de $17.115,  de tal forma que en esta transacción el metro cuadrado fue valorado por el municipio en 0,73 UF.

De acuerdo con los archivos que CIPER revisó en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, terrenos aledaños a los que adquirió Gladys González en Lo Campino se vendieron en años anteriores, cuando el proyecto aún estaba en pañales y el sector no se valorizaba con la construcción de viviendas, a un precio de 1,5 UF por metro cuadrado. Así ocurrió, por ejemplo, en septiembre de 1997, cuando Inmobiliaria Valle Lo Campino adquirió en más de $ 20.353 millones el 80% de los derechos de un conjunto de lotes que sumaban 974.510 metros cuadrados. De acuerdo con esta transacción y según el valor de la UF de entonces ($13.768), el metro cuadrado costó 1,51 UF. En los registros del conservador, CIPER detectó seis compraventas en Lo Campino, realizadas entre 1997 y 1999, que fijaron el precio del metro cuadrado en torno a 1,5 UF.

En julio de 2001, tres años antes de la permuta, Inmobiliaria Lo Campino vendió un terreno similar al que obtuvo Gladys González, para que se instalara un colegio particular. El gerente de la inmobiliaria, Miguel Fernández, señaló a CIPER que lo vendieron a un precio inferior al de mercado por una razón estratégica: para contar con un establecimiento educacional de buen nivel en las primeras etapas del proyecto. Lo compró Inmobiliaria Tierra Fértil, que pagó $ 306.931.483 por 2,1 hectáreas. En esta transacción, al valor de la UF de julio de 2001, el metro cuadrado costó 0,9 UF.

Un año después, la Inmobiliaria Tierra Fértil vendió ese paño a la Sociedad Educacional Valle Lo Campino, la que finalmente instaló el Colegio Manquecura. Esta nueva venta se hizo a un precio que superó largamente los valores de mercado: $ 1.352 millones, equivalentes a 3,83 UF de la época. El exorbitante precio que Tierra Fértil le cobró a la Sociedad Educacional Lo Campino resulta, a lo menos, curioso, porque ambas son empresas relacionadas: pertenecen a la Sociedad Desarrollos Educacionales, que es controlada por la Cámara Chilena de la Construcción.

LAS RESPUESTAS DE LA MUNICIPALIDAD

CIPER solicitó entrevista con el alcalde de Quilicura Juan Carrasco y con su director jurídico, Alejandro Smythe, pero sólo este último respondió las consultas. Requerido sobre las razones por las cuales no le vendieron directamente el terreno de Lo Campino a Gladys González y se optó por una permuta, Smythe explicó que por ley los municipios no pueden vender a personas determinadas de forma directa, pues se requiere una subasta pública. Y en este caso, dijo, el predio sólo podía destinarse a la construcción de un colegio, por lo que no había interesados. Además, señaló que el terreno “tiene algunas dificultades estructurales. Todavía está igual, no han podido construir absolutamente nada en ese lugar”.

Gladys González compró el terreno en 2004 y en 2006 partió la “revolución de los pingüinos”. No ha construido, explica la empresaria, porque está esperando “que pase la mala racha de los colegios. Porque no se sabe qué va a pasar con los colegios particulares. Todos quieren que no haya educación privada, todos quieren educación pública (…). El año pasado tuve que hacer clases incluso aquí (en su local de parrilladas de Departamental), porque se tomaron un colegio. Entonces, cuando usted está pasando malos ratos se le corta el ánimo de hacer cosas. Le cortan la inspiración”.

Sobre los problemas estructurales de la propiedad, la empresaria dijo que efectivamente tuvo que invertir para nivelar el terreno, porque “era un hoyo”. Pero la inversión no fue tan alta, pues aprovechó que estaban construyendo la autopista Vespucio Norte en las cercanías y recibió camiones con material de relleno: “Por cada camión que me traían tenía que pagar $5.000. Y olvídese de la cantidad de camiones. Fueron más de cinco mil camiones. Si hubiese tenido que comprar el relleno, el cubo valía $3.000. Y los gallos me llevaban ocho cubos por $5.000. Y ahora está al mismo nivel de las casas”.

Según la versión de Smythe, cuando la empresaria consultó por el terreno de Lo Campino, le explicaron que no se lo podían vender, pero que sí podían permutarlo, con autorización de los concejales, por otros dos inmuebles que le interesaban a la municipalidad para desarrollar obras de tránsito que descongestionaran la comuna. El director jurídico dice que le planteó a Gladys González que ella comprara estas dos propiedades y que luego las permutara por el terreno de Lo Campino.

Consultado acerca de por qué la municipalidad no compró directamente los dos inmuebles que le interesaban en el centro de la comuna, Smythe dijo que intentaron adquirirlos, pero que la iniciativa fracasó porque los propietarios, al enterarse de que el comprador era el municipio, ponían valores fuera de mercado: “Nos querían cobrar hasta 9 UF por metro cuadrado”. La posibilidad de expropiar ambas propiedades fue desestimada, dijo Smythe, porque las obras viales que el municipio deseaba desarrollar en ellas no estaban indicadas ni en el plano regulador de la comuna ni el de la Región Metropolitana, por lo que los inmuebles no podían ser declarados “bienes de interés público”, requisito legal indispensable para la expropiación.

Por eso, dice el abogado, cuando Gladys González apareció en su oficina interesada en el predio municipal de Lo Campino le pareció la oportunidad propicia para adquirir, vía permuta, ambos inmuebles. La idea era sacar del escenario al municipio para que los vendedores no subieran el precio, y que ella comprara las dos propiedades al valor de mercado.

El relato de Gladys González no concuerda con el de Smythe. Ella dice que jamás negoció con los propietarios de los terrenos que le interesaban a la municipalidad y asegura que las tratativas las hizo Smythe. Al final, indica, sólo le dijeron cuánto debía pagar. De ser efectiva la versión de la empresaria, y al contrario de lo que plantea el director jurídico, los vendedores siempre supieron que el municipio estaba detrás de la transacción. Así lo cuenta Gladys González:

-Yo le dije (a Smythe) que había un terreno en Lo Campino que quería comprar. Él me dijo que no podía vender, porque era para equipamiento municipal. Entonces me preguntó “¿para qué lo necesita?” Y yo le dije que era para colegio. Y él me respondió “en ese caso podemos ver, déjeme pensarlo y yo le aviso”.

- ¿Fue el abogado del municipio, Alejandro Smythe, el que le ofreció la permuta?
-El que me habló de la permuta fue el abogado. Pero yo lo vi sólo esa vez que conversé con él, después me llamaba por teléfono para decirme que los papeles iban bien encaminados, hasta que se realizó la permuta.

-¿Usted llevó las conversaciones con el dueño del terreno de Las Torres con Vespucio?
-No, yo no hice nada sobre eso.  Y no tengo idea sobre esas conversaciones o sobre los dueños anteriores del terreno. Ellos (en la municipalidad) me dijeron que yo tenía que comprar tal terreno y yo puse la plata. Me dijeron que me vendían el terreno (de Lo Campino) siempre y cuando estuvieran los $186 millones para pagar el terreno (de Vespucio) donde iban a construir una calle. Y con los otros $100 millones iban a hacer no sé qué otra cosa.

-¿Smythe le decía “esto va a salir tanto, esto otro va a salir tanto y hay que hacerlo en tales fechas”?
-Exacto.

El director jurídico reconoce que realizó tratativas con la familia dueña del terreno de calle San Martín, porque el municipio mantenía con ellos una larga negociación complicada por diferencias entre los distintos miembros de la sucesión hereditaria. Pero rechaza tajantemente que él haya negociado con el propietario original del terreno de Las Torres con Vespucio. Aseguró a CIPER que la versión de Gladys González no es efectiva y que daña gratuitamente su imagen y trayectoria como funcionario público, pues lo hace figurar como virtual “operador inmobiliario” de la empresaria. Por lo mismo, pidió que se consultara al abogado de Gladys González, Ramón Ossa Infante, acerca de quién llevó las negociaciones para adquirir ese terreno en nombre de ella.

Ramón Ossa atendió la consulta de CIPER: “Lo que me tocó en esa oportunidad fue revisar la inscripción del contrato de permuta, con el fin de verificar que estaba todo bien. Yo no intervine en negociaciones ni en acuerdos. Lo que no podría asegurarle es si esas negociaciones las pudo haber encargado la señora Gladys a otro de sus abogados, porque tiene varios. Ahora, recuerdo perfectamente que ella permutó con la Municipalidad de Quilicura, pero no tengo ningún antecedente de cómo se hicieron o quiénes participaron de las negociaciones. Ignoro si Smtyhe participó o no, no tengo información sobre eso”.

LUZ VERDE EN EL CONCEJO

El  2 de junio de 2004 se llevó a cabo la sesión ordinaria Nº 66 del Concejo Municipal de Quilicura. Según el acta con el registro de esa reunión, en el punto 4.1 de la tabla el director jurídico Alejandro Smythe tomó la palabra: “Se ha recibido, recientemente, en el municipio, la proposición de la Sociedad Educacional Aseval (sic) Ltda, en cuanto a obtener, mediante permuta de bienes, un terreno de equipamiento municipal que está emplazado en Valle Lo Campino con el objeto de desarrollar ahí un proyecto de colegio (…). Ofrecen la permutación de este terreno por dos que están emplazados al interior de la comuna (…). Esto constituye una oportunidad bastante interesante para los requerimientos planteados por el Concejo a la señora Alcaldesa, en cuanto puede generar algunas mejoras en la conectividad vial de la comuna”.

Para obtener el voto favorable de los concejales, Smythe argumentó: “Se estima que existe una equivalencia que naturalmente debiera estar resguardada a través de tasaciones que deben hacerse en el procedimiento, pero señalan las personas (de) la sociedad educacional, sus representantes, que ellos cuentan con promesas de compraventa respecto de los dos terrenos que ofrecen permutar y esas promesas están sujetas a la condición de que el Concejo Municipal manifieste su voluntad en cuanto a proceder con este mecanismo (la permuta)”.

En esa sesión los concejales le dieron el visto bueno a iniciar las negociaciones. Dos meses después, el 11 de agosto de 2004, en la sesión ordinaria Nº 70 del Concejo Municipal, se aprobó la permuta con la sociedad educacional Aceval. En la ocasión, el abogado Smythe informó a los concejales que la sociedad no pudo comprar el terreno de calle San Martín con San Luis, debido a que una parte de la sucesión hereditaria propietaria del inmueble se opuso. Por eso, informó que la sociedad Aceval ofrecía en permuta el terreno de Vespucio con Las Torres, y una suma de $ 100 millones. Este último monto, señaló el director jurídico, se destinaría a la adquisición del 90% de los derechos del inmueble de San Martín con San Luis para avanzar en el proyecto vial que se pretendía concretar ahí.

Smythe entregó a los concejales “las tasaciones que fueron solicitadas al Departamento de Avalúos (de la municipalidad), donde queda establecido que el valor del predio del Valle Lo Campino es de alrededor de 16 mil UF. Si entendemos que el predio de Politex (el de Vespucio con La Torres) vale alrededor de 11 mil UF, más los $ 100 millones que equivalen a algo así como 5.500 UF, estaríamos en montos bastante aproximados y, a mi juicio, incluso quedaría un alcance líquido a favor del municipio”.

Los concejales aprobaron la permuta de manera unánime. Ninguno de ellos reparó en el valor de los terrenos aledaños ni menos en lo que habían pagado los dueños del Colegio Manquecura tres años antes, cifras ampliamente superiores al precio que estableció la tasación del municipio. Esa tasación fue hecha por el arquitecto Gonzalo Amaya, responsable del departamento de avalúos de la Dirección de Obras Municipales de Quilicura.

“NOS PODEMOS EQUIVOCAR”

CIPER solicitó a Smythe y a Amaya que entregaran los antecedentes que se consideraron en 2004 para fijar el precio del terreno de Lo Campino. Ambos informaron que la carpeta con los documentos sobre la permuta, incluida la tasación, “está extraviada”. No obstante, Amaya elaboró un informe basado en “una reconstitución de la tasación, porque no pudimos encontrar la carpeta que tenía el director de obras antiguo”.

El informe que Amaya preparó para CIPER señala, entre otros antecedentes que se tomaron en cuenta para la tasación, que el terreno era de destino agrícola, que no estaba urbanizado y que lo afectaba un factor de depreciación porque era “muy grande”. También reconoce que los sitios aledaños tenían un valor comercial que fluctuaba entre 1 UF y 1,5 UF.

Lo que resultó sorprendente es que en su informe el funcionario indica, erróneamente, que el valor que se consideró para realizar la permuta fue de 1,36 UF por metro cuadrado. Bastaba con revisar el acta del Concejo Municipal en que se aprobó la transacción para comprobar que eso es inexacto. En esa sesión quedó establecido que el valor asignado al terreno por el tasador municipal -el mismo Amaya- fue de 16 mil UF. Si la superficie de la propiedad es de 22.479, una operación matemática simple indica que cada metro cuadrado se valorizó en 0,7 UF.

“Tendría que rechequearlo para ver bien el tema. Puede que haya un error, somos humanos, nos podemos equivocar”, respondió Amaya a CIPER cuando se le hizo ver que su cálculo era equivocado.

En todo caso, al contrario de lo que informó Amaya, el gerente general de Inmobiliaria Lo Campino, Miguel Fernández, señaló que su empresa cedió el terreno al municipio ya urbanizado:

-Al municipio le informamos desde el día uno cuál iba a ser la cesión municipal. Y ese lote de cesión municipal se entrega una vez que esté la urbanización hecha. En la práctica, lo que se hizo fue avanzar en el proyecto hasta alcanzar esa urbanización y ahí se le entregó la cesión completa al municipio.

Por otra parte, es curioso que el tasador haya considerado el terreno de uso “agrícola”, lo que disminuye su valor, si la propiedad había sido cedida para “equipamiento municipal” y el objetivo explícito de la permuta era construir un colegio en medio de un proyecto inmobiliario que ya llevaba tres etapas entregadas.

En síntesis, el Concejo Municipal aprobó la permuta con una tasación inferior al valor de mercado, basada en criterios -uso agrícola y sin urbanizar- que no correspondían a la realidad. Pero más grave aún, es que el concejo autorizó a la alcaldesa Carmen Romo a celebrar la permuta con una sociedad comercial, pero finalmente ésta se hizo con una persona natural: Gladys González. CIPER consultó a directores jurídicos de otros municipios sobre los alcances de esta irregularidad y la respuesta es que se trata de un vicio de legalidad grave, pues vulnera el acuerdo del Concejo Municipal y puede acarrear la nulidad de la transacción. Smythe dijo que no recordaba bien si la permuta fue autorizada con la sociedad y materializada posteriormente con Gladys González. Al analizar los documentos que le exhibió CIPER, confirmó que podría tratarse de un vicio jurídico:

-Eso no lo recuerdo bien, pero si es así, a lo mejor esto va a servir para que intentemos echar para atrás la permuta. Como no se ha construido nada, está a la mano echarlo para atrás.

Gladys González reconoció a CIPER que la permuta se hizo finalmente a su nombre para pagar menos impuestos:

-Cuando compré el terreno para el colegio Shirayuri (en La Florida), lo compré a nombre de la sociedad Aceval, González y López, que hice con mi marido, que era Aceval, y un hermanastro mío que es López. Resulta que compras el terreno, construyes con plata propia, comienzas a generar plata, no tienes ningún gasto y tienes que comenzar a pagar impuestos como loco. Entonces, por eso, yo este terreno (de Lo Campino) lo compré a nombre de Gladys González, después construye la sociedad Aceval y me paga arriendo a mí, para disminuir gastos. En el colegio Saint Mary compramos el terreno a nombre de mi hija y le tienen que pagar arriendo a ella.

-¿Pero el abogado Smythe le informó a usted que el acuerdo del Concejo aprobó la permuta con la sociedad Aceval y no con usted?
-No, nunca me lo informó.

UNA CALLE EN EL PATIO

La permuta se concretó en agosto de 2004, cuando ya golpeaba a la puerta la campaña municipal de ese año, en la que finalmente la alcaldesa Carmen Romo consiguió su reelección. Funcionarios que participaron en procedimientos asociados a esta transacción comentan que el apuro por cerrar la operación se debía a la necesidad de mostrar avances en descongestión vial, una demanda creciente de los vecinos que explotaban los candidatos que enfrentaban a Romo.

De hecho, el terreno de Las Torres con Vespucio resultaba ideal para dar un golpe propagandístico a favor de Carmen Romo. El vivo interés del municipio por esa propiedad se debía a que ya existía en ella una vía privada para camiones, construida por el propietario original, que empalmaba con la autopista Vespucio Norte. Como lo confirmó Smythe a CIPER, apenas se concretó la permuta el municipio lo único que hizo fue “levantar los cercos” y convertir esa vía privada en una calle de tránsito público que, efectivamente, alivió la congestión de la comuna.

La permuta que automáticamente le daría a Quilicura una nueva salida a la autopista Vespucio Norte, requería que Gladys González comprara también el inmueble de San Martín con San Luis para incluirlo en la transacción, a objeto de equiparar el valor del terreno de Lo Campino. Pero la operación estuvo a punto de fracasar porque una parte de la sucesión hereditaria dueña de la propiedad de calle San Martín rechazó vender a la empresaria. Para salvar el escollo, Gladys González pondría $ 100 millones en efectivo, los que el municipio destinaría a la compra futura de la propiedad.

El contrato de permuta establece que “los $ 100 millones que (la municipalidad) recibe como alcance líquido los destinará a la adquisición de un terreno ubicado en la esquina de Avenida San Luis y Avenida San Martín (…) y que destinará para la ampliación de avenida San Luis y para equipamiento municipal”. Nada de esto se cumplió, lo que puede configurar otro vicio de legalidad de la permuta: el terreno no fue adquirido, pues sólo se compró un porcentaje de la propiedad; se pagaron $87 millones y no los $ 100 millones que figuran en el contrato, y no se amplió la Avenida San Luis, pues finalmente se construyó una nueva calle que cruza en diagonal el terreno.

El 31 de marzo de 2005, ocho de los herederos del terreno de San Martín 409 firmaron una escritura ante el notario Gabriel Ogalde en la que ceden sus derechos, correspondientes al 90% de la propiedad, a la municipalidad de Quilicura. A ese acto concurrió también el empresario Pedro Maira Benavides, quien tenía un antiguo litigio judicial con la familia dueña de la propiedad, pues exigía que le devolvieran el dinero que les había entregado en una fallida promesa de compraventa del mismo inmueble. Maira había conseguido que el 14º Juzgado Civil de Santiago dictara en 2003 una prohibición de vender el terreno. La familia le pagó $ 49 millones, con lo que supuestamente se daba por superado el conflicto y se podía realizar la cesión al municipio.

La municipalidad no pudo inscribir esos derechos en el Conservador de Bienes Raíces, debido a que la escritura de marzo de 2005 se firmó cuando aún estaba vigente la prohibición ordenada por el 14º Juzgado Civil. De hecho, la prohibición sigue en curso (vea el certificado de hipotecas y prohibiciones). De esta forma, hasta hoy el terreno figura en el Conservador a nombre de los dueños originales: las familias Valenzuela Robles y Valenzuela Espinoza. Estos últimos son los que se niegan a vender y reclaman que la municipalidad construyó en su propiedad una calle sin autorización (vea el certificado de avalúo fiscal vigente a nombre de los Valenzuela).

Recién en octubre del año pasado Alejandro Smythe pidió alzar la medida precautoria dictada en 2003, para que la municipalidad pueda inscribir los derechos que adquirió en marzo de 2005. El abogado de la sucesión Valenzuela Espinoza, Rodrigo Mohano, rechazó la solicitud de Smythe y pidió al tribunal dejar sin efecto ese contrato de 2005, debido a que “vulneró y transgredió” la medida precautoria decretada por la justicia. Mohano asegura que sus clientes no darán pie atrás hasta que la municipalidad les compre sus derechos “en el valor de mercado que hoy tiene la propiedad” o sean indemnizados por el perjuicio que han sufrido.

Alejandro Valenzuela Espinoza, uno de los herederos que reclama contra el municipio, exhibe documentos que acreditan que, aún cuando la municipalidad construyó la calle en 2007, la familia todavía está obligada a pagar a la Tesorería General de la República las contribuciones por el terreno. Es más, en abril de 2011 la misma Municipalidad de Quilicura les envió un aviso de cobranza judicial por las contribuciones impagas (vea la carta). Lo firmó el Departamento de Avalúo del municipio, el mismo que hizo la tasación de la propiedad para incluirla en la controversial permuta de 2004.

Con un fuerte abrazo, el jueves 30 de mayo en Madrid, José Luis Sierra selló con Jorge Segovia (51) el acuerdo de su permanencia como director técnico de Unión Española. Sólo entonces Segovia, el empresario que controla el club, pudo respirar tranquilo: al menos uno de sus problemas, aquel que lo liga al fútbol profesional en Chile, quedó despejado con la decisión de “Coto” Sierra de continuar comandando a los hispanos, desechando la oferta que le había hecho Colo Colo.

Ese fue un gran motivo para celebrar y en algo aminoró que Segovia no haya podido asistir el domingo 26 de mayo al triunfo que coronó a Unión Española como campeón del fútbol profesional. No le quedó más opción que seguir desde España el desenlace de la última fecha del campeonato, en la que su club consiguió la séptima estrella de su historia, el momento más importante desde que en 2008 decidió hacerse dueño del club Unión Española.

La decisión de Sierra habría sido condicionada con el reforzamiento del plantel con nuevas figuras que llegarán el segundo semestre de este año al Estadio Santa Laura-Universidad SEK, el mismo que Segovia logró salvar en 2008 al pagar $1.700 millones por una hipoteca que el club había firmado con el Banco Santander.

Todo hace suponer que para garantizar a Sierra esos recursos financieros y humanos, Segovia deberá mover, una vez más, varias de las piezas que forman parte de su extendido imperio educacional. Porque desde que asumió la propiedad del club, Unión Española pasó a ser una caja receptora que ha obtenido gran parte de su financiamiento a través de préstamos y contratos por publicidad con algunos de los colegios y universidades que maneja Segovia. Una estructura de negocios que se ha expandido en 12 países, que se alimenta a sí misma con flujos y traspasos de dineros entre las diferentes empresas y donde la Universidad SEK, una corporación sin fines de lucro, forma parte esencial.

Una serie de contratos “confidenciales” que la Unión Española firmó entre 2008 y 2010 y que  CIPER obtuvo, dan cuenta de cómo las finanzas del club están estrechamente vinculadas con las de la universidad y las demás empresas de Segovia. Esta es la investigación sobre cómo el resurgimiento financiero del club de la colonia española en Chile ha sido subvencionado por el lucro en la educación, un nexo que hoy abre una nueva arista a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y que complica aún más la situación judicial de Jorge Segovia.

CÓMO SEGOVIA SE HIZO DE LA UNIÓN ESPAÑOLA

La relación de Jorge Segovia con Chile partió en 1982, cuando inauguró el Colegio Internacional SEK en Santiago. Pero fue en las postrimerías de la dictadura y valiéndose de la permisiva legislación para la creación de universidades privadas, cuando consolidó su imperio educacional en el país al fundar en 1989 la Universidad Internacional SEK. Allí las clases comenzaron en marzo de 1990, en medio de  una democracia incierta.

Por lo mismo, para él no fue un problema cuando Salvador Calera, hombre cabeza de todas las instituciones de la colonia española en el país, le planteó -junto a Juan Cueto y Abel Alonso- que se convirtiera en el salvador financiero de un club con más de un siglo de historia, que estaba en la bancarrota y con la posibilidad cierta de desaparecer. Los tres hombres formaban una especie de comisión que había conformado el embajador de España en Chile, José Antonio Martínez, para evitar la quiebra del club.

Para el diplomático, lograr el salvataje de Unión Española se había convertido en una misión prioritaria. Como el principal acreedor era el banco español Santander, no podía permitir que una institución financiera española le pusiera la lápida al club hispano.

Luego de una campaña para el olvido en 2007, cuando estuvo a punto de jugar la Liguilla de Promoción para mantenerse en la Primera División del Fútbol chileno, Unión Española comenzó 2008 prácticamente en el suelo. Su pésimo estado financiero la mantenía en quiebra y a punto de perder el Estadio Santa Laura y la sede de la Corporación en calle Carmen Nº 110. Mientras, en la cancha, la situación no mejoraba.

En el Campeonato de Apertura de ese año, el club obtuvo sólo 24 puntos, lo que lo dejaba en el 15º lugar de la tabla de posiciones, último en su grupo. No le alcanzó siquiera para clasificar a los playoffs. El segundo semestre la cosa no fue mejor y sólo se salvó del descenso por el triunfo de visita en la Liguilla de Promoción ante Deportes Puerto Montt por dos goles a uno en noviembre de 2008.

Mientras en lo deportivo Unión Española seguía al debe, las gestiones promovidas por el embajador Martínez, Salvador Calera y los otros dos hombres comisionados para salvar al club de la quiebra con la ayuda casi mesiánica de Segovia, rindieron sus frutos.

Aunque la deuda de Unión Española superaba los $3.000 millones, las gestiones de Calera con los directivos del Banco Santander le permitieron disminuir considerablemente la deuda, algo que no hubiese ocurrido si los actores del trato no hubiesen pertenecido a la colonia.

El banco ejecutó la hipoteca por la sede en calle Carmen y cerró la deuda por el estadio en $1.700 millones. Sólo faltaba que Segovia saldara esa deuda. Y así lo hizo: el Estadio Santa Laura se salvó. Pero el negocio aún no estaba cerrado. Segovia había acordado con sus compatriotas no sólo saldar la deuda del club, sino que además hacerse de su control exclusivo. Para ello, debería desembolsar otros $800 millones a favor de la Corporación Social y Deportiva Unión Española, antigua titular de los de derechos del club.

El 6 de mayo de 2008, desde su posición como presidente del directorio de la Universidad SEK, Jorge Segovia hizo pública la noticia: la universidad había adquirido la propiedad de Unión Española por $2.500 millones junto a la marca del club, los pases de sus jugadores y la concesión del estadio Santa Laura por 30 años, con opción de compra.

En estricto rigor, quien se hizo cargo de Unión Española S.A.D.P. nunca fue la universidad, sino que su controladora: el Colegio Internacional SEK Chile S.A., que posee el 98,5% de la universidad y el 99,99% de las acciones del club. Era el salvavidas que el club necesitaba para salir de la crisis, pero también el punto de partida para gran parte de los problemas que alejaron a Segovia de la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), del país y que hoy mantienen a la casa de estudios privada en el ojo del Ministerio Público.

CONTRATOS INHABILITANTES

A fines de 2010, Jorge Segovia fue protagonista de uno de los procesos más polémicos del fútbol chileno en los últimos años: la salida de Marcelo Bielsa de la banca de la Selección Nacional. La candidatura de Segovia a la presidencia de la ANFP había recibido el apoyo de los tres clubes grandes (Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica), los que lideraban la oposición a la administración encabezada por Harold Mayne-Nicholls. Fue una guerra declarada entre clubes grandes y pequeños por la repartición de excedentes del Canal del fútbol (CDF), un millonario botín que les significaba ingresos suculentos cada año. Mayne-Nicholls había propuesto la repartición igualitaria entre los clubes miembros de la ANFP. Mientras que Segovia y los dirigentes que lo apoyaban, postulaban una repartición proporcional de acuerdo al tamaño de los equipos y, por lo tanto, al rating que generan.

El 4 de noviembre de 2010, Segovia fue elegido presidente de la ANFP. Pero nunca llegó a ejercer el cargo. Fue inhabilitado el 22 de noviembre de ese mismo año por el directorio de la ANFP en virtud del artículo 164, letra i), del Reglamento de la Asociación. Éste establece que “no podrán ser dirigentes de la Asociación o de algunos de sus clubes afiliados: … las personas naturales que por sí, o a través de su cónyuge o sus parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o de sociedades o empresas en las cuales sean director o dueño directo o a través de otras personas naturales o jurídicas de un 10% o más de su capital, hayan celebrado actos o contratos de cualquier naturaleza con las Asociación o sus clubes asociados“.

Segovia fue derrotado por una serie de contratos que había firmado Unión Española con sus empresas relacionadas, entre las cuales estaban la universidad y el colegio SEK. Aunque finalmente la cláusula que le significó la salida de la ANFP fue eliminada y Segovia siguió siendo parte del directorio de la ANFP como vicepresidente, y también del CDF; esos mismos contratos volverían a complicar sus negocios casi tres años después.

Porque son esos documentos, que hasta ahora se habían mantenido ocultos, los que ponen en jaque su situación ante la justicia por posible lucro a través de la Universidad SEK.

SUBVENCIÓN PUBLICITARIA

El primero de esos contratos se firmó cinco días antes de que Segovia anunciara públicamente la compra del cuadro hispano. El 1 de mayo de 2008, Unión Española y el Colegio Internacional SEK Chile firmaron un contrato confidencial que sellaría el estrecho vínculo que desde entonces mantiene unidas las finanzas del club con los negocios educacionales de Segovia.

El documento -que CIPER comparte a sus lectores-, establece la creación de una cuenta corriente para traspasarse mutuamente entre el colegio y el club dineros y valores “sin aplicación a usos determinados y sin obligación de mantener una (parte) a la orden de la otra”. No aparecen identificados ni el banco ni el número de cuenta ni los montos involucrados, pero sí se señala que la cuenta estará abierta por períodos de cinco años renovables automáticamente –el primero de esos períodos acaba el 31 de diciembre de 2013– y que, al momento de la firma, ya se habían realizados los primeros movimientos, que correspondían a “dineros traspasados de fondos de parte de la sociedad ‘El Colegio’ a ‘Unión Española’”.

Un mes después, el 2 de junio de 2008, la nueva administración del club cerró otros dos contratos “confidenciales” con empresas de Segovia, aunque esta vez para vender espacios publicitarios en el Estadio Santa Laura y en la camiseta del primer equipo. El primero de ellos fue con el Colegio Internacional SEK Chile, por un total de $500.000.000. En ese documento, Unión Española acordó reservar espacios determinados dentro del estadio, durante el Campeonato de Clausura de 2008 y toda la temporada de 2009, para publicitar la marca SEK como sponsor del club. También se incluiría la publicidad en las camisetas de los jugadores, que sería parte del uniforme oficial durante el mismo período. Pero el cobro fue doble, porque exactamente las mismas condiciones son las que aparecen estipuladas en el segundo contrato que firmó Unión Española ese día, aunque esta vez con la Universidad SEK, por un total de $300.000.000.

Según ambos contratos, los pagos se dividirían en montos imputables al ejercicio de cada año. Lo correspondiente a 2008 suma unos $587,9 millones, que equivale a casi tres cuartas partes de los ingresos que Unión Española recibió ese año por concepto de publicidad. También al 46,1% de los ingresos totales del club que, de acuerdo a su Memoria de 2008, se alzaron por sobre los $1.275 millones.

Para el año siguiente, y a pesar de que tenía los espacios publicitarios ya comprometidos, Unión Española logró obtener más ingresos por publicidad sin tener que buscar “clientes externos”. En la sesión del directorio del club del 4 de diciembre de 2008 (ver acta), Segovia dio cuenta a los demás miembros de acuerdos publicitarios con otras seis de sus empresas educacionales en Chile y el extranjero, todas vinculadas a la marca SEK. Ellas son: Institución Internacional SEK S.A. (Chile, dueña del Colegio SEK Pacífico, ubicado en Concón), Colegio Internacional SEK Costa Rica S.A., Kotska Profesores Reunidos del Ecuador S.A., Colegio Metropolitano Cía. Ltda. (Ecuador), Colegio Internacional SEK-Ecuador S.A. y con la Universidad Internacional SEK Ecuador. El directorio aprobó de forma unánime la celebración de esos contratos “dadas las necesidades financieras del Club y que los precios negociados por el uso de la marca son superiores al promedio del mercado“.

Todos los contratos –también “confidenciales”– se firmaron en los primeros días de 2009 y en total, sumaban unos $363,5 millones que ingresarían a las arcas del club directamente desde la red educacional de Segovia. Si a ese monto se le agrega el remanente de los dos contratos firmados en junio de 2008, la cifra final de ingresos por publicidad con empresas de la red internacional SEK en 2009 alcanza a $575,5 millones, casi el 54% de lo que Unión Española percibió por publicidad ese año.

Para la temporada 2010, todos los contratos previos habían caducado. De ahí que en enero de ese año, Unión Española suscribiera dos nuevos acuerdos publicitarios con la Universidad SEK y con la Institución Internacional SEK S.A. Los contratos mantenían las mismas condiciones que los anteriores y sumaban $620 millones. En total, entre 2008 y 2010 los contratos por publicidad entre Unión Española y las empresas de Segovia obtenidos por CIPER, suman ingresos a favor del club deportivo por $1.783,5 millones, de los cuales $800.000.000 salieron directamente de la Universidad SEK, la única de las entidades mencionadas que, por ley, no tiene fines de lucro y que, según los registros del mismo club, es uno de sus principales deudores.

LOS OTROS APORTES SEK

Los negocios por concepto de publicidad con las empresas educacionales de Segovia le han significado a Unión Española un ingreso fresco de dinero que se ha visto reflejado en los resultados deportivos. Y en consecuencia, en los financieros. En otras palabras, han sido clave para el despegue del negocio que el pasado domingo 26 de mayo llevó al equipo que dirige José Luis “Coto” Sierra a levantar la séptima copa de su historia. Y eso el director técnico lo sabe muy bien: él mismo formó parte del directorio que visó varios de esos contratos entre 2008, cuando era jugador, y 2010, cuando asumió el mando del equipo.

Y Jorge Segovia se encuentra como accionista mayoritario y único controlador tanto de las entidades educacionales SEK como de la Unión Española.

El primer semestre de 2009, casi un año después de que Segovia tomara las riendas del club, el equipo resultó primero en la fase regular del Campeonato de Apertura, jugó y perdió la final con Universidad de Chile y clasificó a la Copa Sudamericana, siendo eliminada en la segunda ronda por Vélez Sarsfield, de Argentina. En el segundo semestre clasificó a los playoffs y llegó a cuartos de final. Esos resultados, de acuerdo a la Memoria 2009, le significaron terminar el año con un patrimonio 69,2% más alto respecto de 2008 y aumentar en un 82,2% sus ingresos.

Al año siguiente, cuando Unión Española terminó cuarta en el campeonato nacional, clasificando a la Copa Libertadores 2011, los ingresos totales del club ya superaban los $2.589 millones. En 2011, según los últimos estados financieros que el club le entregó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), esa cifra se alzaba por sobre los $3.899.962.000.

Los aportes de las empresas de Segovia no se han limitado sólo a los contratos por publicidad. Las mismas memorias anuales que Unión Española ha entregado a la SVS dan cuenta de que el vínculo del club con los negocios educacionales de su controlador es mucho más estrecho y que existen distintos canales por donde fluyen los dineros.

PRÉSTAMOS DE EMPRESAS RELACIONADAS

Al acabar 2008, los registros financieros de Unión Española registraban deudas por cobrar por más de $644,5 millones a empresas relacionadas, de los cuales el 37,5% correspondía a una deuda de la Universidad SEK con el club. En 2009, la misma universidad encabeza una lista de “clientes” que aparece en la memoria de Unión Española y donde además figuran el Colegio Internacional SEK Chile, el Colegio Internacional SEK Costa Rica, la Universidad SEK Ecuador y otra sociedad que controla un colegio de la red en Quito. Ese año las deudas por cobrar superaban los $492,4 millones. De ese monto, el 25,2% correspondía a deudas por parte de la universidad.

Lo mismo ocurre en los registros de 2010 y 2011, donde entre las instituciones individualizadas como “deudores por ventas” aparece la Universidad SEK, con deudas por montos de $263 millones y $285 millones, respectivamente. En ninguno de esos documentos se indica el origen de la deuda.

Asimismo, durante los últimos años, Unión Española se ha financiado con créditos otorgados por las mismas empresas de la red de Segovia. Poco después de que el Colegio Internacional SEK Chile tomara el control del club en 2008, le entregó un préstamo por $30.000.000 (ver contrato). Al año siguiente, la misma entidad le entregó seis créditos por distintos montos que en total alcanzan a $391 millones.

Otra empresa de la red SEK que ha otorgado créditos a Unión Española es Blue Marble Associated S.A., una sociedad radicada en Panamá que Segovia ha utilizado para invertir en distintas empresas en diferentes países y que figura en la lista de las 14 empresas relacionadas declaradas por la Universidad SEK al Ministerio de Educación. Se trata de dos préstamos por un total de US$ 205.000 (poco más de $102 millones), a los que se suma otro aportado por la Universidad SEK Ecuador. De todos estos contratos por mutuos a los que CIPER tuvo acceso, este último es el que contempla un monto mayor de manera individual: $104.938.672 (ver contrato).

Los distintos contratos que CIPER revisó dan cuenta de cómo opera la millonaria estructura internacional de negocios que controla Jorge Segovia (ver cuadro de empresas), a través de transacciones entre sus distintas sociedades. En ese escenario, Unión Española es sólo una pieza más que se ha visto beneficiada por los flujos de dinero que provienen de su imperio educacional. Lo mismo ocurre con la Universidad SEK, y la forma en que encaja dentro de esa estructura es precisamente lo que ha motivado la investigación sobre el lucro que ha hecho Segovia desde esa casa de estudios. Un flujo de dinero que se suma a las acusaciones que ya enfrenta por sus vínculos con el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, para obtener presuntamente la acreditación de su universidad de manera fraudulenta.

En diciembre de 2012, Jorge Segovia declaró como imputado ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en el juicio por cohecho, sobornos y lavado de dinero que afecta a las universidades Pedro de Valdivia, del Mar y SEK, por la acreditación que Díaz les habría otorgado tras recibir pagos de los planteles.

Vía Skype -y en presencia de su abogado Luis Arévalo-, el empresario debió admitir finalmente haber tenido dos almuerzos, cuatro llamadas y una reunión con Díaz en períodos clave antes que se le otorgara la acreditación a la universidad SEK. (ver video de The Clinic).

La acreditación era de vital importancia para la concreción del plan estratégico de la universidad para superar su endeudamiento a través del aumento de cuatro mil a doce mil estudiantes en los próximos cinco años. El único incentivo para ello era lograr la acreditación de la CNA, la que le permitiría a sus alumnos acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE), un trampolín para llegar a otro sector socio-económico.

LA UNIVERSIDAD, EL AVAL

El 1 de octubre de 2004, el Diario Oficial publicó el extracto de una prenda que Jorge Segovia constituyó a nombre de la Universidad SEK a favor del Banco BBVA. El problema es que el préstamo no era para la casa de estudios, sino que para la “Institución Internacional SEK S.A.”, una sociedad de la red de empresas de Segovia en Costa Rica. La universidad no era más que el aval para dicha empresa. Como garantía para el cumplimiento de la deuda, Segovia hipotecó salas, talleres y un laboratorio de madera construido en una superficie de 1.189,66 metros cuadrados. Si la empresa de Costa Rica no pagaba, el banco podía ejecutar esa hipoteca y quedarse con el inmueble. En otras palabras, Segovia puso en riesgo el patrimonio de la universidad, una institución sin fines de lucro, para asegurar el préstamo a una de sus empresas con fines comerciales.

Segovia y sus hombres de confianza han repetido esa misma figura en más de una ocasión. Entre los antecedentes de la Universidad SEK que tuvo a la vista la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para el proceso de acreditación a fines de 2011, a los evaluadores les llamó la atención que la universidad figurara como aval ante millonarias deudas a favor de dos sociedades relacionadas: la Institución Internacional SEK S.A. y el Colegio Internacional SEK Chile S.A. Los montos eran tan altos que fueron uno de los principales motivos para que se la CNA rechazara la acreditación de la universidad.

El primero de esos contratos corresponde a una deuda que contrajo la empresa costarricense en octubre de 2009 con el Banco BBVA por aproximadamente $4.372 millones. Esa es otra de las transacciones de Jorge Segovia que investiga el Ministerio Público y cuya cifra no es nada despreciable, pues asciende a US$8.869.392.

El segundo de los contratos cuestionados por la CNA es por un préstamo que la sociedad controladora de la Universidad SEK contrajo con el Banco Santander por $1.688 millones. En ambos casos, la Junta Directiva de la universidad aprobó poner parte de su patrimonio como garantía de las deudas. Los montos sumados superaban por más de tres veces el patrimonio total de la universidad.

En su apelación ante la CNA, la universidad aseguró que la empresa de Costa Rica tenía los recursos necesarios para cubrir la deuda y que ese aval “nunca sería ejecutable”. Para probarlo, presentó una carta del Banco BBVA donde acreditaba que la exigencia del aval se había eliminado. El documento fechado el 7 de diciembre de 2011 dice:

“Se deja constancia que a partir de este fecha, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile ha eliminado la exigencia hecha a la sociedad Institución Internacional SEK S.A., de contar con la fianza, codeuda solidaria y aval de Universidad Internacional SEK, rol único tributario número 71.618.600-8 para el desembolso de los créditos cursados al amparo de crédito de fecha de 27 de octubre de 2009, otorgado en la notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha y sus modificaciones”.

La Universidad SEK señaló que si había aceptado ser aval del colegio había sido sólo por exigencia de la institución financiera y que sólo el edificio donde imparte educación primaria y secundaria en Las Condes, está avaluado en 10 veces el monto de la deuda, por lo que la sociedad contaba con la solvencia necesaria para cubrir lo adeudado.

La respuesta fue acogida por la CNA, la que revirtió su decisión y optó por acreditar a la Universidad SEK por dos años, hasta enero de 2014.

El 21 de septiembre de 2009, el directorio del Colegio Internacional SEK Chile S.A. decidió hipotecar el inmueble de Las Condes como aval para un crédito “por un monto no superior a los US$ 8.000.000” a favor de la misma empresa de Segovia en Centroamerica (ver acta). Lo extraño es que un mes después, el crédito que se le otorgó a Institución Internacional SEK S.A. no sólo superó ese monto, sino que el aval, en vez del colegio, era la Universidad SEK. CIPER se comunicó con varias autoridades de esa casa de estudios para que nos aclararan si se trataba del mismo crédito o uno distinto, pero no emitieron respuesta.

Vea reportaje:  Hospital San José: Así opera el sistema que reduce falsamente las listas de espera

-¿Considera usted que los médicos generales del policlínico Maruri cumplieron el encargo de derivar y filtrar listas de espera?
Con creces. Hemos bajado la solicitud de especialistas en un 40%, y como consecuencia, hay servicios que hoy tienen espacio en la agenda para recibir más pacientes.

-Las personas que han sido convocadas a ese policlínico Maruri están convencidas de que allí las atendió un médico especialista. ¿Por qué no se les informa que no lo son?
Yo creo que hubo un tema de omisión. De los 55 mil pacientes que pasaron por el policlínico en 2012, no a todos se les dijo que el médico que los atendía no es especialista.

-¿Usted no considera que es una obligación informar a las personas, para que no se generen expectativas falsas?
Sí, claro. De hecho, vamos a hacer folletería para informar a la gente que el policlínico sólo es de medicina general. Yo no voy a defender lo que está mal hecho. Pero le puedo decir que he visto muchas fichas de pacientes en que los médicos de Maruri derivan correctamente a médicos especialistas del Hospital San José, en contraste con las miles de interconsultas que nos llegan de la atención primaria sin ningún tipo de filtro previo. Si la atención primaria trabajara como debe trabajar, los hospitales públicos no estarían colapsados y no nos llegaría esa cantidad de pacientes.

-Los especialistas del hospital se quejan de que reciben pacientes derivados de Maruri, con exámenes que no son los pertinentes o diagnósticos equivocados.
Hemos tenido discusiones con médicos especialistas que reclaman sobre este punto. Podemos dejar de atender en Maruri, pero para eso necesito que ellos se queden hasta las 17 ó 18 horas atendiendo consultas, para dar salida a los 52 mil pacientes que siguen estando en lista de espera. Pero aquí no ha habido voluntad por parte de los especialistas de ver pacientes en las tardes.

-Eso significa que los médicos generales de Maruri están supliendo el trabajo de especialistas sin serlo
No es así, ellos sólo derivan consultas. Algunos médicos especialistas del hospital nos están ayudando con horas extras a su jornada para dar salida a los pacientes que esperan. Pero no es fácil. Cuando tú le ofreces a los especialistas que hagan este trabajo, pagando los aranceles que paga Fonasa por atención, te dicen que no, porque en la clínica privada les pagan $30 mil por consulta.

-¿No le parece un acto irresponsable derivar a un paciente al hospital con orden quirúrgica, prometiéndole que lo van a operar, cuando eso no es verdad?
Ellos no están prometiendo nada.

-Hemos recogido muchos testimonios de pacientes y también de médicos del Hospital San José que así lo aseguran. Y hemos tenido acceso a documentos enviados desde Maruri indicando alta prioridad de hospitalización
Ellos derivan a las personas en interconsulta y quizás con recomendaciones para que lo operen, pero es el médico especialista quien define si corresponde o no.

-Póngase en el lugar del paciente que llega al hospital y dice: “el cardiólogo de Maruri me dijo que me iban a operar acá”, pero eso no ocurre. Ellos se sienten que quedan en una suerte de limbo…
Y que lo estamos engañando… Sí, claro. Y eso lo tengo que asumir.

-¿Cómo lo asume?
Nos vamos a traer el policlínico al hospital, para que quede bajo la dependencia del subdirector médico del hospital, en el Centro Diagnóstico Terapéutico (CDT). Es un sistema que tiene fecha de término, porque si bien en un momento nos sirvió como modelo para sacar pacientes de la urgencia y para filtrar listas de espera, vamos a trabajar el tema internamente.

-¿Qué control real tiene usted sobre la gestión de Maruri?
Una o dos veces por semana va el director médico a supervisar y a chequear que se estén cumpliendo los procedimientos en forma correcta, porque un recién egresado viene con la idea que se la puede con todo y nos hemos dado cuenta de que no es así. La realidad es que es inmanejable tener un servicio tan lejos del hospital.

-¿Hasta qué punto puede estar utilizándose esta vía para bajar listas de espera artificialmente, apuntando a volumen más que a calidad?
Yo no quiero bajar listas de espera artificialmente, me quiero hacer cargo de ellas. Cuando empezamos a reunir la información, nos encontramos con  muchas interconsultas repartidas por el hospital; y en los consultorios nos encontramos con 180 mil pacientes que nunca nadie los había visto o si los vieron no se les había dado resolución. Pusimos esos antecedentes arriba de la mesa. Nuestro hospital encabezaba los hospitales con el mayor número de listas de espera y eso se debe a que no quiero esconderlas. Tenemos que darle la atención al paciente cueste lo que cueste.

-¿Cuál es su explicación para casos que fueron sacados de la lista de espera el mismo día que fueron atendidos por un médico general en Maruri, cuando esa facultad corresponde sólo a un médico especialista?
Me parece extraño, porque ni los médicos ni el personal de Maruri están capacitados ni tienen clave para sacar personas de la lista de espera del Repositorio Nacional. El Servicio de Salud es el que maneja esa lista.

-No obstante, nuestra investigación indica que, en los hechos, así fue.
Tendría que analizar los casos, porque el procedimiento es que el hospital informa de la atención realizada por un especialista y entonces el Servicio de Salud saca al paciente del Repositorio.

-¿Cómo interpreta usted la resolución del subdirector médico del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), que autoriza a partir de enero de 2013 a los médicos generales de Maruri a sacar personas de la lista de espera bajo algunas causales?
Yo no estoy de acuerdo.

-Lo que se desprende de esta resolución es que se pretende más bien alcanzar una meta de disminuir listas de espera, más que preocuparse que las personas sean bien atendidas en sus patologías.

Mi meta es tratar de hacer gestión y tratar de atender a la mayor cantidad de pacientes. No estoy de acuerdo con que se saque a los pacientes sólo cuando lo vio un médico general. Si bien estos médicos están haciendo mucha pega, trabajan de lunes a domingo, no tienen los conocimientos necesarios para sacar a un paciente en lista de espera.

-¿Usted considera adecuada la cantidad de dinero que se les paga a estos médicos sin especialidad y sin experiencia previa?
Pienso que es más que adecuado. Cualquier consultorio de atención primaria, que atiende menos de las 55 mil atenciones que ve el policlínico, cuesta lo mismo que Maruri. Los montos son los que indica Fonasa por atención. Prefiero ese camino que seguir derivando $5 ó $6 mil millones al sistema privado por la vía de contratar el servicio de especialistas. Si lograra dejar $4 mil millones adentro del hospital, pagando a nuestros especialistas por esas consultas, tendría un ahorro significativo, en lugar de contribuir a que la Clínica Santa María construya otra torre, por ejemplo.

-Hay testigos que señalan haber presenciado la llegada de dinero en efectivo, que luego era repartido a puertas cerradas por el doctor Rodrigo Gutiérrez entre los médicos generales contratados en Maruri. ¿Qué antecedentes maneja usted al respecto?
Ninguno. Aquí se pagan todas las prestaciones contra boleta, por paciente visto. No sé si a alguien en algún momento le entregaron un poder y después repartió la plata, pero acá todo está muy regulado.

-¿Por qué no intervino antes el policlínico Maruri si tenía tantos reclamos y resistencia por parte de los médicos especialistas del hospital?
Yo creo en ese sistema, aun cuando asumo que es probable que se haya desvirtuado un poco, que se haya ido de las manos. Pero acá no hay robo, no está la intención de pasar a llevar la ley.

-Tratándose de personas es grave que usted admita que “puede haberse ido de las manos”
Primero, no se nos ha muerto un paciente por estar mal tratado por un médico general, porque lo termina igual tratando un médico cirujano especialista.

-Pero convengamos que no se tiene que morir un paciente para hacer cambios…
No, eso es lo que estamos tratando de evitar. Yo no quiero que se me mueran pacientes esperando que los operen.

Vea Entrevista al director del Hospital San José

Luis Fuenzalida (62 años, obrero de la construcción) es uno de los llamados “pacientes fantasma” que deambula desde hace cinco años entre el consultorio y el Hospital San José, esperando que alguien le extirpe su lipoma, un tumor benigno de 10 centímetros de diámetro que se aloja en su cuello y le provoca dolor y molestias. El problema es que nadie sabe que él está esperando, porque el 2012 lo sacaron de la lista bajo el rótulo de “atención realizada”, es decir, operación ejecutada. Obviamente, él no ha pasado por un pabellón quirúrgico.

Según información recogida por CIPER, existen a lo menos 1.500 personas que, como Fuenzalida, fueron sacados en los últimos dos años del registro conocido como Repositorio Nacional de Lista de Espera (RNLE) sin haber sido atendidos por un especialista, como exige la norma. Todos esos egresos coinciden con el paso de los pacientes por el policlínico Maruri, dependiente del Hospital San José, donde atienden médicos generales y no especialistas.

El 28 de octubre de 2011 citaron a Luis Fuenzalida al policlínico Maruri y tras la consulta con uno de los médicos generales, le entregaron una ficha de diagnóstico y una Orden de Intervención Quirúrgica para que fuera atendido por un especialista en el Hospital San José (ver documento). En la orden se lee: “alta prioridad” de hospitalización. Luis salió de Maruri convencido de que sería operado próximamente. Nunca más lo contactaron. Lo grave es que él no supo que ese mismo día fue sacado de la lista de espera quirúrgica.

UN POLICLÍNICO QUE “NO EXISTE”

El policlínico Maruri funciona en las mismas dependencias del Centro Clínico Maruri, concebido para liberar camas del Hospital San José, trasladando a esa unidad a pacientes quirúrgicos que no requerían de cuidados de alta complejidad. Así, se aliviaba la agobiante espera de pacientes que se agolpaban en los pasillos del servicio de urgencia del hospital, esperando ser hospitalizados. Hoy, el centro dispone de 40 camas y recibe pacientes de otros centros hospitalarios de la Región Metropolitana. El foco de las irregularidades está situado en el área del policlínico.

Formalmente, el policlínico “no existe”. Aunque no tiene autorización sanitaria, en la práctica atiende un promedio de cinco mil pacientes al mes. La resolución exenta que autorizó la Seremi de Salud el 1 de agosto de 2011 dice expresamente que en esas dependencias funcionará una “clínica transitoria de rehabilitación de pacientes crónicos del Servicio de Salud Metropolitano Norte” (ver documento). El documento oficial no menciona instalaciones para un policlínico de atención abierta y, hasta hoy, ese dictamen no ha sido modificado, según confirmó a CIPER el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN), Claudio Caro.

Maruri se convirtió en un centro de operaciones para depurar o gestionar las listas de espera, que en el Hospital San José se empinaban a unas 194 mil personas en 2010, según datos del SSMN. Pacientes que esperaban por meses e incluso años un llamado telefónico, una cita que por fin los llevara a la consulta de un especialista del único hospital de referencia del área norte de Santiago. Ordenes que se originaban en los consultorios y llegaban al hospital, pero que vegetaban guardadas en archivadores, se acumulaban en carpetas, en hojas escritas a mano, cuadernos e incluso papeles sueltos, sin que se informara al Centro Diagnóstico Terapéutico del hospital (CDT), que lleva este registro y organiza la agenda de los especialistas.

Para iniciar el despeje de esa enorme lista de espera con enfermedades “no Auge”, el Servicio de Salud Norte contrató médicos recién egresados. En teoría, ellos sólo oficiarían como una instancia intermedia entre los consultorios de atención primaria y el Hospital San José. Es lo que se conoce como “triadores”, una suerte de filtro para resolver qué casos seguían vigentes para ser atendidos por un especialista del hospital y operados.

La condición era que esos médicos recién egresados no podían ejercer como especialistas, porque no lo son. En la práctica, ese mandato no se cumplió e incluso fueron más allá de sus atribuciones. Son médicos que hoy no superan los 29 años, con uno o dos años de experiencia y que reciben honorarios que están muy por sobre la media de sus pares en el sistema público. Un factor que también saca ronchas entre los médicos especialistas del hospital.

El “FEUDO” DE GUTIERREZ

El doctor Rodrigo Gutiérrez, médico general egresado en 2011 de la Universidad de Chile, sin especialidad, fue el encargado de reclutar al equipo de médicos que hoy trabaja en Maruri. Gutiérrez fue contratado originalmente por la dirección del Hospital San José y luego el SSMN le encargó la misión de organizar este nuevo centro en Maruri, asumiendo la jefatura. Sin mediar un proceso abierto de selección, contrataron a honorarios a tres médicos recién egresados -que no estaban cursando becas de especialidad- con jornadas de 44 horas semanales. Todos compañeros de Gutiérrez en la Universidad de Chile o conocidos suyos.

Además, se contrató personal administrativo, enfermeras y paramédicos para trabajar en la unidad de pre alta  y en el policlínico. En una primera etapa (agosto a diciembre de 2011), Maruri dependió del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SMMN). En enero de 2012, pasó a depender del Hospital San José. El sistema contractual se modificó y se sumaron nuevos médicos generales. Según la nómina oficial entregada por Ley de Transparencia, hoy son siete los médicos generales contratados. Según el doctor Gutiérrez, son “varios más”.

Existe coincidencia entre las personas consultadas por CIPER en que allí se incubó una suerte de “feudo” del doctor Gutiérrez, con un control sin mayor contrapeso. A eso se agrega que el centro Maruri funciona lejos del Hospital San José. Sus dependencias quedan a más de quince cuadras y, por lo tanto, lo que allí ocurra en términos de calidad de la atención, queda a la entera supervisión del jefe. La fiscalización es escasa, como reconoce el propio director del Hospital San José, el ingeniero Raúl Vásquez:

-Una o dos veces por semana va el director médico del hospital a supervisar y a chequear que se estén cumpliendo los procedimientos en forma correcta, porque un recién egresado viene con la idea que se la puede con todo y nos hemos dado cuenta de que no es así. La realidad es que es inmanejable tener un servicio tan lejos del hospital –afirmó a CIPER Raúl Vásquez.

La presión que existe por sacar adelante las listas de espera se ha acentuado en estos dos últimos años. En 2011, el propio Presidente Piñera comprometió terminar en junio de 2013 con las listas de espera quirúrgicas para patologías no Auge, para pacientes a la espera de una operación desde antes de 2010.  El plazo autoimpuesto por el gobierno, con $1.500 millones de recursos extra destinados a este fin, vencía el 1 de junio, pero fue ampliado al 30 de junio. El policlínico Maruri fue destinado a colaborar en esta depuración de las listas de espera del Hospital San José.

Los listados de pacientes que esperan ser atendidos en el sistema hospitalario de todo el país, están recogidos en el llamado Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE). El Hospital San José ostenta un triste record lo que originó que se aplicara una estrategia de choque para disminuir esas esperas drásticamente.

- El Hospital San José encabezaba los hospitales con el mayor número de listas de espera, y eso se debe a que yo no quiero esconderlas. Tenemos que darle en algún momento la atención al paciente, cueste lo que cueste –acota el director del hospital, Raúl Vásquez.

Según las cifras del Servicio de Salud Norte, el San José disminuyó en dos años la lista de espera, de 194 mil personas a unas cantidad que oscila entre 52 y 58 mil, según los altos directivos.  Maruri habría sido decisivo en el cumplimiento de ese objetivo. En una primera etapa, los jóvenes médicos generales contratados hicieron operativos en terreno en los consultorios de la zona norte, para verificar uno a uno los casos. Según el director del SSMN, Claudio Caro, en esta etapa se sinceró el registro:

-Hay por lo menos un 70% de consultas que estaban repetidas una, dos y hasta cuatro veces con el mismo nombre. Y eso abultaba las cifras. La persona volvía al consultorio cuando no conseguía hora y el médico enviaba de nuevo la orden de  interconsulta. Por eso, no es que hayamos atendido efectivamente a 120 mil personas para llegar a la cifra de hoy: se aplicaron filtros administrativos que sinceraron los datos.

De acuerdo a lo que establece el Ministerio de Salud para el manejo de listas de espera, los médicos generales sin especialidad sólo están facultados para resolver la pertinencia de las interconsultas y derivar los casos, según un protocolo que fija 14 criterios. Por ejemplo, pacientes que no requieren ser vistos por especialistas del hospital porque la dolencia puede ser resuelta en la atención primaria; porque han sido atendidos en otro lugar dada la excesiva demora del hospital; porque han fallecido o porque son inubicables. En otros casos, este filtro opera para pedir actualización de exámenes médicos caducados o verificar que la interconsulta esté orientada a la especialidad correcta.

Raúl Vásquez no tiene reparos en criticar a los consultorios y a los propios médicos de su hospital: “Queremos tratar de que por lo menos los pacientes sean aquí atendidos, de allí derivar a la atención primaria -que es de donde vienen- a los que no tienen que entrar al hospital, y obligar a los consultorios a hacerse cargo porque éstos tiene un gran mal que es desligarse de los pacientes y mandarlos al hospital. Y, por otro lado, por esta vía, presionar a los médicos especialistas del hospital, para que hagan espacio en sus agendas y nos ayuden a despejar las listas de espera”.

Las metas de Raúl Vásquez según la investigación de CIPER no se cumplieron a cabalidad en el policlínico Maruri. Dotados de un alto grado de autonomía, los médicos generales tomaron las listas de espera, y en muchos casos, en lugar de derivar a los pacientes, empezaron ellos mismos a actuar como especialistas sin estar acreditados. CIPER constató con muchos pacientes que nunca se les informó que estaban siendo atendidos por un médico que no era especialista. No sólo eso. Según la información recogida por CIPER, lo que ocurrió fue que, inmediatamente después que los pacientes eran atendidos por estos jóvenes médicos de Maruri, fueron sacados de la lista de espera oficial (Repositorio Nacional). Eso ocurrió con a lo menos 1.500 pacientes.

La gravedad de lo ocurrido es que esas personas desaparecieron del sistema, quedaron en tierra de nadie sin que se les haya resuelto su patología. Aún enfermos, han debido reiniciar el peregrinaje por el sistema de Salud, comenzado por la atención primaria en los consultorios.

El sistema operó de la siguiente manera: el Hospital San José le entregó al jefe de Maruri, el doctor Rodrigo Gutiérrez, los archivos con miles de órdenes de interconsulta pendientes, en algunos casos por siete años, enviadas desde los consultorios de atención primaria (APS). Entonces, el policlínico Maruri habilitó un centro de llamados, desde donde comenzaron a citar a las personas que figuraban en dichos registros.

-En estos momentos tengo 58 mil pacientes en listas de espera, y de esos yo aseguro que 20 mil son ubicables y los otros no los voy a poder ubicar –aseguró a CIPER, el doctor Rodrigo Gutiérrez, jefe de Maruri.

La doctora Gloria Villegas dirigió el CDT del Hospital San José (donde se coordinan las consultas con especialistas) hasta octubre de 2012, fecha en que presentó su renuncia por desencuentros con la administración del hospital. A ella se le encomendó trabajar en conjunto con el doctor Gutiérrez para gestionar las listas de espera. En 2011, recibió una nómina de 83 mil personas y a poco andar, contrario a lo esperado, el número aumentó a 130 mil.

-Además de los que estaban en la lista oficial, fuimos incorporando a los que estaban en los listados diseminados en las unidades de especialistas. Nadie daba cuenta de esas interconsultas pendientes al CDT, por lo tanto no existían para nosotros –explicó a CIPER la doctora Villegas.

Los reclamos en contra de la atención en Maruri se fueron sumando y quien los recibía era el CDT. La doctora Villegas cuenta que desde que se abrió el policlínico, consignaban entre  60 y 70 reclamos mensuales: “Pacientes que contaban que en Maruri les habían instruido acercarse al hospital porque la próxima semana iban a ser operados. Y eso es imposible, porque quien toma esa decisión es el especialista y no un médico general que no tiene experiencia para eso. Otros pacientes se quejaban de la atención y de las indicaciones de Maruri”.

El doctor Gutiérrez replica: “Inicialmente hubo críticas, pero poco a poco los médicos han ido entendiendo que nosotros no tenemos la intención de tratarlos, porque si fuera así no daríamos abasto”.

Un médico cirujano del Hospital San José relató a CIPER que es frecuente recibir personas que llegan “indignadas”, porque vienen de Maruri con una orden de hospitalización inmediata para ser operados. “Nosotros les explicamos primero que no es pertinente esa indicación sin ser vista por un especialista; y segundo, que debe entrar a la lista de espera quirúrgica igual que todos los demás pacientes”.

Una funcionaria de la unidad de cirugía recuerda que en una oportunidad entregó al médico encargado más de 500 interconsultas con diagnóstico de hernia umbilical. Todas venían derivadas de Maruri, con exámenes preoperatorios. Los cirujanos reclamaron airadamente, porque se negaban a operar pacientes sin un diagnóstico previo real de un especialista.

Médicos de diferentes especialidades admitieron a CIPER que ante la gravedad y reiteración de este problema, han resuelto “obviar” las derivaciones de Maruri, iniciando de cero el proceso de depuración de las listas de espera.

El director del hospital, Raúl Vásquez, defiende la idea que inspiró Maruri: “Se ha hecho más eficiente la atención en el hospital, de hecho se bajó en un 40% la demanda por consulta de especialistas al existir un filtro previo”. Sin embargo, admite que no siempre se informó a las personas. “Vamos a hacer folletería, para que la gente sepa que es un policlínico sólo de medicina general”, afirma.

- En los hechos, son médicos que atienden como especialistas sin serlo.
-Yo no voy a defender eso. Pero puedo decir que he visto muchas fichas de pacientes en que los médicos de Maruri derivan correctamente a médicos especialistas del hospital, en contraste con las miles de interconsultas que nos llegan de la atención primaria sin ningún tipo de filtro previo.

-Póngase en el lugar del paciente, la persona llega al hospital y dice “el cardiólogo de Maruri me dijo que me iban a operar acá”. Y eso no es cierto. Así, las personas sienten que quedan en una suerte de limbo…
-Y que lo estamos engañando… Sí, claro. Y eso lo tengo que asumir.

El doctor Gutiérrez le endosa la responsabilidad a los pacientes: “Aquí existe un protocolo de cómo tiene que informarse a los pacientes. Puede que no les hayamos dicho siempre, pero también pudo haber un mal entendido. Hay una cantidad de pacientes que no van a entender lo que nosotros les explicamos y otros que lo van a entender muy bien”.

LOS PACIENTES “FANTASMA”

Seguimos la ruta de algunas atenciones médicas realizadas en el policlínico Maruri y comprobamos que efectivamente, hay pacientes que salieron de la lista de espera oficial inmediatamente después de pasar por Maruri. De acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud que rige las listas de espera, la persona no puede ser eliminada de ese listado hasta que no sea vista por el especialista respectivo. Más aún, cuando se puso en marcha este equipo de profesionales recién egresados, hubo un instructivo preciso por parte del hospital al respecto. Expresamente se advierte que los médicos de Maruri no deben sacar a los pacientes del Repositorio por “atención realizada”, porque esa es facultad exclusiva del especialista del CDT del Hospital San José. El protocolo no se cumplió

Virginia Ibarra Montero (67) es una de las afectadas. Arrastra un tumor benigno (lipoma) desde 2009 en el lado izquierdo del cuello. En noviembre de ese año, el consultorio Irene Frei de Quilicura la derivó en interconsulta al San José. Transcurrieron dos años hasta que el 27 de octubre de 2011 la citaron desde Maruri. Ella dio por entendido que allí la había atendido un especialista porque ese día salió de la consulta con una orden de intervención quirúrgica hacia el Hospital San José, manteniendo el diagnóstico del consultorio que indicaba un “lipoma de más o menos tres centímetros en la región cervical posterior”. Pasaron los días, meses, y no recibió llamado alguno. Virginia fue en varias oportunidades al hospital a preguntar por su interconsulta. La respuesta fue que estaba en lista de espera o que no aparecía registrada con atención pendiente. Hoy el lipoma ha crecido hasta fundirse con su cuello, engrosando la parte izquierda de su nuca. En invierno puede tapárselo con bufandas y pañuelos, pero en verano la incomodidad y la vergüenza reaparece. El día que emitieron la orden quirúrgica, Virginia fue eliminada de la lista de espera bajo la causal de “atención realizada”. Hasta el término de esta investigación, Virginia no había recibido solución ni atención especializada.

Para efectos de las metas del Hospital San José, Virginia fue operada de su lipoma. De este modo, la lista de espera disminuyó. Así se engaña al sistema, porque se informa como resuelta la enfermedad de un paciente que sólo fue atendido por un médico general. Eso prueba que el policlínico Maruri no funciona sólo como un filtro.

El director del SSMN, Claudio Caro, considera que no se trata de un problema generalizado.

-El director del Hospital San José sostiene que tiene escasa capacidad de fiscalización sobre el trabajo de los médicos de Maruri. Se podría pensar que allí se funciona con un excesivo grado de autonomía.

-Yo no tengo esa impresión, y si eso fuese así, tendría que revisarlo en forma muy estricta. Lo que nosotros hemos hecho es una revisión exhaustiva de las listas de espera, incluyendo casos de personas que han sido sacadas en el hospital y que no correspondía.

CIPER contactó a  Tomás Cayuleo Añicoy (41), quien en junio de 2010 llegó al Hospital San José desde un consultorio con una interconsulta para confirmar el diagnóstico de tumor de partes blandas en la región de la nuca. Debió esperar dos años, hasta el 12 de enero de 2012, fecha en que lo citaron al policlínico Maruri. El médico que lo atendió le confirmó el diagnóstico de la atención primaria, y lo envió con una orden, firmada y timbrada por el doctor Rodrigo Gutiérrez, para ser intervenido en el hospital. Hasta hoy Tomás Cayuleo sigue esperando. Su indignación fue elocuente cuando CIPER le informó que el mismo día que fue atendido en Maruri por un médico general, su nombre fue eliminado de las listas de espera bajo el rótulo “atención realizada”.

La gran pregunta que circula por el hospital es quién intervino el sistema digital que contiene el listado oficial de las listas de espera, sacando a pacientes de forma irregular. Sólo un puñado de personas maneja la clave para acceder al sistema y, según la versión oficial, nadie en el policlínico Maruri la tiene. Lo único claro es que es el doctor Rodrigo Gutiérrez, jefe del policlínico Maruri, quien ha firmado la mayoría de las atenciones realizadas por los jóvenes médicos generalistas contratados a honorarios. Ante el cúmulo de reclamos, el cuestionamiento al equipo que funciona en el policlínico Maruri se instaló entre los médicos del Hospital San José.

“BLANQUEO” DE ESPECIALISTAS

En medio de la controversia, el director del Hospital San José recibió en enero de 2013 una orden del subdirector médico del Servicio de Salud Norte, Luis Leiva, autorizando a 15 médicos no especialistas para sacar de las listas de espera a pacientes bajo determinadas causales. Lo extraño es que entre ellas se incluye la “atención realizada” (ver documento). En la nómina figuran seis cirujanos dentistas sin especialidad y nueve médicos cirujanos sin especialidad, contratados por el policlínico Maruri. Para fundamentar la polémica decisión,  el doctor Leiva expresa que la medida obedece a “las estrategias de gestión establecidas durante el 2012 para la disminución de la lista de espera de consulta de especialidades excesivamente prolongada (más de 120 días de espera)” en el San José.

La interpretación de la orden dictada por el doctor Leiva no es igual en la dirección del Servicio de Salud Norte y en la del Hospital San José. El primero, el doctor Claudio Caro, asegura que “esa resolución no los valida para ejercer como médicos especialistas, sólo como médicos generales y triadores”. En cambio, Raúl Vásquez, asume que la medida apunta a dar facultades a estos médicos como especialistas. Y no comparte la instrucción:

-Mi meta es tratar de hacer gestión y atender a la mayor cantidad de pacientes. No estoy de acuerdo con que se saque a los pacientes sólo cuando los vio un medico general. Estos médicos, si bien están haciendo mucha pega, trabajan de lunes a domingo, no tienen los conocimientos necesarios para sacar a un paciente de la lista de espera –puntualiza Raúl Vásquez.

El director del Hospital San José explicó a CIPER que, además, él les propuso a los médicos especialistas la posibilidad de hacer el trabajo que se hace en Maruri fuera de su jornada de trabajo, pero no tuvo buena acogida:

-Cuando tú le ofreces hacer ese trabajo, pagando los aranceles que paga Fonasa por atención -entre $5.600 y $7.000-, te dicen que no, porque en la clínica privada les pagan $30 mil por consulta. Y eso es una realidad.

MOCHILAS CON DINERO EN EFECTIVO

El dinero efectivamente juega un rol en esta historia. Todos los meses, el doctor Gutiérrez informa al Hospital San José el detalle de las consultas realizadas en el policlínico Maruri para que se proceda al pago. Los médicos que trabajan en Maruri se rigen por el arancel de Fonasa para consultas de especialidades, en tarifas diferenciadas: $5.210 por una consulta triadora; $6.250 pesos por consulta que requieren exámenes de laboratorio u otros previos a la atención del especialista en el hospital; y $7.760, por derivaciones a especialidades no quirúrgicas que requiere de un seguimiento.

A todos estos jóvenes médicos se les paga como especialistas “porque no existe la codificación en Fonasa para médicos generales que hacen este trabajo”.

La información entregada por el Hospital San José, vía transparencia, da cuenta de que actualmente en Maruri hay siete médicos generales contratados a honorarios con jornada de 22 horas semanales más un turno (modalidad 22/28). El sueldo que reciben es de $1.742.576. Pero el grueso de sus ingresos es el monto adicional que se les paga por atender las listas de espera de especialidades del Hospital San José.  En el listado figuran otros cuatro médicos generales -contratados a honorarios-, que sólo atienden consultas por listas de espera, de lunes a domingo (ver documento).

Los montos mensuales que se les paga a los médicos de Maruri han sido cuestionados por muchos especialistas del San José. Los consideran excesivos para jóvenes con poca experiencia y sin especialidad. Durante el primer semestre de 2012, según información entregada por el hospital, cada uno de estos médicos recibió un promedio de $4.800.000 sólo por concepto de consulta de especialidades (ver documento), el tope que permite pagar la Contraloría por este tipo de servicios. A eso hay que sumar el sueldo fijo de $1.742.000 que considera 22 horas de atención en la unidad de hospitalización de pre alta de Maruri más un turno de residencia, que al igual que todos los funcionarios del hospital, se les cancela aparte y con un valor hora de $14.000, en este caso. En suma, un médico de Maruri obtiene ingresos en torno a los $9.000.000.

-Sinceramente, no lo veo como un privilegio económico porque de verdad el trabajo es pesado, es bastante cansador. Uno se lleva los problemas de los usuarios y los reclamos –los defiende el doctor Gutiérrez.

El doctor Rodrigo  Gutiérrez tiene un trato diferente: recibe un pago de $1.480.749 más asignaciones especiales, por su función como jefe de Maruri y encargado de la gestión de camas hospitalarias en el San José. Un rol clave por la alta demanda (595 camas para una población de 607.152 habitantes). A eso se agregan honorarios por turnos realizados: según la última información de gobierno transparente, ascienden a $2.688.000 mensuales, lo que suma un monto global de $4.168.749. Formalmente, Gutiérrez no aparece recibiendo honorarios por consultas de especialidades.

Un problema adicional se suma a los cuestionamientos de cómo funciona el policlínico Maruri. “El número de atenciones -5.000 consultas mensuales en promedio- es demasiado alto en relación con el número de horas que trabajan los médicos. La única explicación es que se atienda muy rápido a los pacientes y así se cumplen dos objetivos: se avanza rápido en el encargo de filtrar listas de espera, y por otro, se engrosan los ingresos de los médicos que ganan por consulta atendida”, explica un funcionario del hospital.

Según el protocolo de consultas para filtrar la derivación a los especialistas del San José, en Maruri se pueden atender hasta seis pacientes por hora, lo que significa diez minutos por consulta.

-Hay pacientes que se nos quedan media hora conversando y otros que están cinco minutos. No es una atención de salud propiamente tal, no voy a tratar al paciente, no voy a hacer un diagnóstico, lo que vemos es que cumpla para que resuelva después el colega en el San José –explica el doctor Gutiérrez, jefe de Maruri..

Otra arista extraña del funcionamiento de Maruri es el sistema de pago. Según los testimonios recogidos por CIPER, hasta fines de 2012 una vez por mes llegaba una “mochila o caja” con dinero en efectivo, que el equipo médico repartía a puertas cerradas. ¿A qué correspondía ese dinero? La respuesta la da el doctor Gutiérrez:

-Efectivamente era así. Los becados no tenían tiempo para ir al banco y cobrar sus sueldos, por lo que designaban un médico al cual le entregaban un poder notarial para que cobrara sus sueldos. Pero después de un robo que sufrió uno de ellos ya no se hace más así.

“PUEDE QUE SE HAYA IDO DE LAS MANOS…”

Formalmente, la dirección del Hospital San José defiende el trabajo que vienen realizando desde agosto de 2011 los médicos generales de Maruri. Dicen que ha sido de gran utilidad para filtrar y despejar las listas de espera para enfermedades no Auge y que sólo falta “coordinar mejor”. Las últimas decisiones contradicen esos dichos. Pero aquí nuevamente se evidencian dos miradas.

“Estamos pensando terminar el policlínico Maruri en un mes más”, fue la categórica respuesta del director del SSMN, Claudio Caro. Su plan es crear dos Centros de Referencias de Salud (CRS) en comunas del área norte, con médicos especialistas del San José. Ellos supervisarían a médicos en formación de especialidad que traerá alguna universidad con la que suscriba convenio. Caro acota: “Y no están contemplados, inicialmente, los médicos que hoy trabajan en Maruri”.

El director del hospital, Raúl Vásquez, plantea una solución diferente: trasladar el policlínico a las dependencias del mismo hospital, incluyendo a su personal, y dejar en esas dependencias sólo la unidad de cuidados de pre alta. “Yo creo en ese sistema, aun cuando asumo que es probable que se haya desvirtuado un poco, que se haya ido de las manos. Pero acá no hay robo, no está la intención de pasar a llevar la ley”.

-Tratándose de personas, es grave que usted admita que puede haberse “ido de las manos”
-Primero, no se nos ha muerto un paciente por estar mal tratado por un médico general, porque lo termina igual tratando un médico cirujano especialista.

-Pero convengamos que no se tiene que morir un paciente para hacer los cambios…
-No, eso es lo que estamos tratando de evitar. Yo no quiero que se me mueran pacientes esperando que los operen.

A dos meses de iniciada la investigación de CIPER, el Servicio de Salud Norte comenzó en junio una auditoría externa al funcionamiento del policlínico Maruri. Se revisarán exhaustivamente los dineros pagados por consulta, el tipo de atención que recibieron los pacientes y, en particular, la eliminación de quienes estaban en las listas de espera del Repositorio Nacional tras ser atendidos en esa unidad.

La segunda medida fue aún más drástica: se decretó el cierre del policlínico Maruri. Así lo confirmó a CIPER el director del Hospital San José Raúl Vásquez.  En las dependencias de Maruri 272  sólo se mantendrá la unidad de pre alta. Los médicos y el personal del policlínico se trasladarán el 1 de julio al edificio donde funciona el Centro Diagnóstico Terapéutico (CDT) del San José, incorporando becados de universidades con las que tienen convenio. El doctor Gutiérrez ahora sólo será el encargado de gestionar la demanda de camas de hospitalización.

El martes 4 de junio aterrizó en Chile, proveniente de Bogotá, el sacerdote mercedario Mariano Labarca Araya. Al contrario de tantas otras veces, en esta ocasión nadie lo esperaba. Cuando ocupaba el cargo de superior general de la Orden de la Merced, el puesto de mayor jerarquía de esa congregación a nivel mundial, siempre iban a buscarlo otros sacerdotes y lo llevaban a la céntrica casa provincial, ubicada en Mac Iver 341. Pero esta vez debió tomar un taxi y dirigirse al Convento de las Monjas Mercedarias, ubicado  en Lo Cañas, en la comuna de La Florida. En ese lugar permanece bajo medidas cautelares, mientras en Roma se decide su destino. Allí recibió a CIPER, ocasión en la que señaló que aún no sabe por qué lo están investigando y que su único pecado fue “amar mucho”.

Labarca no puede oficiar misa en público ni confesar ni reunirse con otros religiosos de la orden ni con laicos cercanos a la misma. Las visitas que recibe deben ser autorizadas por los superiores de la congregación. Estas medidas cautelares fueron originadas por una investigación que se inició cuando la orden recibió la primera denuncia por abuso sexual contra Labarca, en abril del año pasado. Un primer informe fue entregado en noviembre al Arzobispado de Santiago. Como el documento incluye testimonios que apuntan a la posibilidad de que Labarca hubiese abusado de menores, se hizo obligatorio que la investigación partiera a Roma. Por lo mismo, se entregó una copia del informe al nuncio apostólico, Ivo Scapolo.

Después de seis meses, tras ser sometidas a revisión por las autoridades vaticanas del Congregación para la Doctrina de la Fe y la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada, las denuncias contenidas en el pre-informe fueron consideradas admisibles. Por tal razón, el jueves 30 de mayo Labarca recibió una carta donde le comunicaron que estaba siendo investigado y que el Vaticano había  determinado que mientras durase la investigación, debía dejar su posición de párroco en la Iglesia de San Pedro Nolasco de la capital colombiana y volver a Chile a mas tardar el 7 de junio.

CIPER tuvo acceso a los antecedentes contenidos en la investigación que se lleva en Roma. Labarca fue denunciado por un ex seminarista, quien acusa que fue abusado sexualmente por el ex superior de los mercedarios. Las pesquisas arrojaron otros testimonios que apuntan a que otro joven seminarista habría sido víctima. Asimismo, de la indagatoria surgió la sospecha de que Labarca pudo haber abusado de menores de edad cuando ejerció el cargo de rector del colegio de la orden en Concepción. Aunque esto último no se ha comprobado, fue por este motivo que la investigación debió ser enviada a Roma.

El pre-informe remitido al Vaticano contiene otra arista compleja, pues señala que en el curso de la investigación que afecta a Labarca, han aparecido testigos y denunciantes que involucran a seis sacerdotes de la orden en conductas impropias, algunas de las cuales podrían constituir abuso de menores.

CIPER contactó al actual superior general de la Orden de la Merced, el argentino Pablo Ordeñe, quien por estos días se encuentra en Chile. La intención era entrevistarlo para consultarle por la situación de Labarca y si la congregación iniciará investigaciones respecto de los otros seis sacerdotes mencionados en el pre-informe enviado a Roma. Ordeñe no concedió la entrevista y aseguró que no conocía el contenido de la investigación. A su vez, el jefe de la orden en Chile, el provincial Ricardo Morales, respondió, por medio del periodista de la congregación, que esta semana no podía recibir a CIPER.

Este viernes 14 la web de la Provincia Mercedaria de Chile publicó un escueto comunicado en el que dio a conocer la situación en que se encuentra el religioso Labarca, pero sin entregar detalles (vea el comunicado).

“QUE ME INVESTIGUE LA JUSTICIA”

En Chile la Orden de la Merced está integrada por 40 religiosos. Desde acá se administra también la provincia de Angola, país al que han sido enviados varios misioneros chilenos. A nivel nacional los mercedarios mantienen cinco colegios, ocho parroquias, dos hogares de niños y 12 conventos.

El religioso Labarca ocupó el cargo de jefe de la provincia chilena entre 1991 y 1998. Luego fue promovido a superior general de la orden, puesto en el que estuvo desde 1998 a 2004, periodo en que residió en Roma. Tras retornar a Chile, donde trabajó en Calama y Valparaíso, en 2008 volvió a asumir como superior provincial hasta 2011, año en que se trasladó a Concepción. El año pasado estaba en un convento en Melipilla cuando el superior general mundial lo envío a Colombia, país donde asumió como párroco de la Iglesia de San Pedro Nolasco y ecónomo de la orden local.

Para efectos de la investigación que se desarrolla en Roma, dos de los destinos que ocupó Labarca resultan clave: formador del seminario y rector del colegio de Concepción. La primera función la cumplió entre 1976 y 1988. Apenas tenía 26 años y estaba recién ordenado cuando asumió la formación de los seminaristas. El propio Labarca, en su conversación con CIPER, reconoció que en esos años cometió dos “faltas” y que, aunque se ha esforzado para ser un buen sacerdote en sus 37 años de ministerio, durante mucho tiempo vivió con temor a que esto se supiera.

-Yo puedo decirle con toda franqueza, que mis faltas fueron dos, por las que he sufrido mucho en mi vida de sacerdote.

Labarca asegura que se arrepiente de esas “faltas”, pero también dice que le ayudaron a reconocer sus debilidades, lo que le permitió “ser mejor persona y mejor sacerdote”. Sostiene que intentó solucionar el problema y que recurrió a sus superiores de la época: “Pedí dejar mi cargo de formador, pero no me aceptaron mi renuncia”.

Con 26 años, explica el religioso, no estaba preparado para ser formador de seminaristas, por lo que dice que se vio “sobrepasado” y que terminó cayendo en “debilidades”.

-Ahora, si me preguntan cuál fue mi error, podría responder: amé mucho. Entregué mucho amor y eso me produjo un desorden.

La versión de Labarca contrasta con los testimonios recogidos en la investigación que se lleva en Roma. En ella hay citas de testigos y denunciantes que afirman que uno de los casos de abuso se extendió por casi diez años. También se la acusa de abuso de autoridad, manipulación de conciencia en la dirección espiritual, entrega de dinero de la orden a sus familiares, relaciones sexuales completas con adultos e intento de soborno a sacerdotes que lo quisieron denunciar.

El otro destino que tuvo en su trayectoria y que hoy lo complica, fue el puesto de rector del Colegio San Pedro Nolasco de Concepción, cargo que Labarca tuvo en 2011, poco antes de viajar a Colombia. Entre los testimonios recogidos en la investigación que se desarrolla en el Vaticano figura uno que relata conductas de Labarca que lo ponen bajo la sospecha de abuso de menores cuando ejerció como rector en el colegio penquista.

“¡Jamás!”, dice Labarca. Lo repite tres veces, mirando a los ojos. El abuso de menores, asegura, es algo que le causa un “rechazo inmediato”. Su voz se quiebra y sus ojos se llenan de lágrimas. Enciende un cigarrillo y camina, cabizbajo, por el amplio y cuidado jardín del convento de Lo Cañas:

-Son calumnias y quien dice esto, debe probarlo. Yo nunca hice nada a ningún menor de edad.

Labarca asegura que en el Colegio de Concepción estuvo sólo seis meses y que no tenía prácticamente contacto con los jóvenes: “Que me investigue la justicia, no tengo nada que esconder contra esas acusaciones”.

El ex superior general y provincial de los mercedarios cuenta que pasa sus horas en silencio, solo, rezando y esperando la sentencia del Vaticano. También asegura que si tuviera oportunidad de encontrarse con las dos personas a las que reconoce que pudo haber causado daño, les pediría perdón. Pero hace muchos años, dice, que no sabe de ellas.

Vea la versión original de este reportaje en Agencia Pública
Vea traducción publicada por El Puercoespín

Los “campos de concentración” étnicos en Minas Gerais representaban una radicalización de prácticas represivas que ya existían en la época del antiguo Servicio de Protección de los Indios (SPI) –órgano federal creado en 1910, sustituido por la FUNAI en 1967. En diversas aldeas, los funcionarios de la SPI, muchos de ellos de origen militar, implantaron castigos crueles y prisiones inhumanas para detener a los indios.

Los años pasados desde el fin de la dictadura contribuyeron poco a sacar de la oscuridad la existencia de los presidios indígenas. Un silencio que incomoda a nuevos líderes como Douglas Krenak, 30 años, ex-coordinador del Consejo de los Pueblos Indígenas de Minas Gerais (COPIMG). “En 2009 recibí una invitación para participar en las conmoraciones, en Belo Horizonte (MG9, de los 30 años de la Amnistía en Brasil. Había toda una discusión sobre la indemnización a los que sufrieron con la dictadura, pero la cuestión indígena no fue siquiera mencionada”, reclama.

Douglas es uno de los muchos que tienen historias familiares de violencia física y cultural sufridas en ese período. “Mi abuelo estuvo preso en el Reformatorio Krenak”, cuenta. “Llegó a ser arrastrado por el caballo de un militar, amarrado de los pies”.

Para la pedagoga Geralda Soares, ex-integrante del Consejo Indigenista Misionero en Minas Gerais (Cimi/MG), es fundamental reparar la deuda con los indígenas víctimas de violencia en ese período –que, cree ella, no difiere de la reconocida como derecho a otros grupos que sufrieron en los campos de la dictadura. “Muchos de esos indios, en mi concepción, son presos políticos. En verdad, ellos tenían una lucha justa, luchaban por la tierra”, afirma. No existe, en Brasil, ningún individuo o comunidad indígenas indemnizado por los crímenes cometidos por el Estado en esas áreas de confinamiento.

“Se cabe para otros, ¿por qué no para los indios?”, pregunta Maria Hilda Baqueiro Paraíso, profesora asociada de la Universidad Federal de Bahia (UFBA). Ella recuerda que existen relatos de personas desaparecidas después de ingresar en esos sitios, cuyos familiares viven hasta hoy sin respuesta alguna del Estado o política de reparación.

La Comisión Nacional de la Verdad (CNV), instalada por el gobierno federal en mayo de 2012, definió los crímenes contra los campesinos y los indígenas como uno de sus 13 ejes de trabajo. El balance de un año de actividades de la CNV, divulgado recientemente, informa que la existencia de prisiones destinadas a indios es uno de sus objetos de investigación. Agencia Pública se puso en contacto apra saber más detalles sobre las pesquisas, pero la Comisión no emitió comentario alguno.

En 1965, el marchito Servicio de Protección a los Indios (SPI), ahogado en denuncias de inoperancia y corrupción, comenzó a negociar un convenio con el gobierno de Minas Gerais, por el cual el Ejecutivo estadual asumiría la responsabilidad de garantizar el orden y la asistencia en las aldeas locales. El acuerdo fue ratificado posteriormente por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), en 1967. Así nació el Reformatorio Agrícola Indígena Krenak, un “centro de recuperación” de indios mantenido por la dictadura militar en el municipio de Resplendor (MG).

Sin alardes, el reformatorio –a veces también llamado Centro de Reeducación Indígena Krenak—comenzó a funcionar en 1969 en un área rural dentro del Puesto Indígena Guido Marlière. Las actividades locales eran comandadas por oficiales de la Policía Militar mineira, que, después del establecimiento del convenio, asumieron puestos clave en la administración local del FUNAI.

En los años siguientes, fueron enviados allí más de cien indios, pertenecientes a decenas de comunidades. Un mosaico de etnias que incluía desde habitantes del extremo norte del país, como los indios ashaninka y urubu-kaapor, a pueblos típicos del sur y el sudeste como los guaraníes y kaingangs.

Hasta hoy, muy poco se divulgó sobre lo que, de hecho, ocurría en el lugar. “La creación del reformatorio no fue publicada en los diarios o difundida en un decreto”, escribió el investigador José Gabriel Silveira Corrêa, autor de uno de los pocos estudios sobre la institución. “Su funcionamiento y la propia ‘recuperación’ ejecutada allí se basaban en mantener el sigilo”.

En 1972, el entonces senador por la Alianza Renovadora Nacional (Arena) –partido de sustentación de la dictadura– Osires Teixeira se pronunció sobre el tema en la tribuna del Senado, en una de las pocas manifestaciones conocidas de agentes del Estado sobre el reformatorio. Afirmó que los indios llevados al Krenak regresaban a sus comunidades con una nueva profesión, más conocimientos y salud y en mejores condiciones para contribuir con su cacique. “Brasil ha sido víctima de innobles investigaciones de su política indigenista por órganos de la prensa en el exterior, cuando, en verdad, todos sabemos que Brasil fue el único país del continente que, para la conquista de su civilización, jamás decimó a las tribus indígenas”, afirmó Teixeira.

Relatos actuales de ex presos y familiares, en tanto, revelan una realidad muy diferente de la descrita por el senador de Arena.

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La sede del reformatorio poseía dos edificaciones. En una de ellas quedaba la administración, el depósito y el alojamiento de los guardas. La otra era el reformatorio propiamente dicho. Disponía de cocina y comedor, además de dos celdas individuales, dos confinamientos colectivos y dos cubículos para detención –estos últimos destinados a encarcelar a quien cometiese faltas graves en el día a día del correccional.

Por la mañana, después del desayuno, los “confinados” –término utilizado para designar a los indios—eran llevados a trabajos rurales, que proseguían también después del almuerzo. Al fin del día, en una rutina típicamente carcelaria, eran puestos a dormir después del baño y la cena.

“Íbamos hasta un pantano, con agua hasta las rodillas, a plantar arroz”, revela Diógenes Ferreira dos Santos, indio pataxó llevado al Krenak en 1969. “Ponían a la gente a arrancar las matas, en medio de las cobras, y los guardias se quedaban en rueda vigilando, todos armados”, agrega João Batista de Oliveira, conocido como João Bugre, de la etnia krenak. La región donde fue instalado el reformatorio era habitada por los indios krenak y muchos de sus representantes fueron presos.

Agencia Pública tuvo acceso a diversos documentos producidos por los policías que comandaban las actividades del reformatorio –oficios, telegramas y fichas individuales que acompañaban, mes a mes, el comportamiento de los presos. Una de esas fichas, de un indio de la etnia karaja, descripto como lerdo y perezoso, deja en claro la obligatoriedad de los trabajos físicos. “Es un elemento flojo, que parece incluso un retardado. Si pudiese, no haría servicio alguno”.

Otras formas de tratamiento degradante, como, por ejemplo, la escasez en la provisión de comida, calzado y vestimenta, también son explicitadas en esos oficios. “A la tarde, llegan del servicio, toman un baño y se visten con la misma ropa mojada de sudor”, escribe el cabo de la PM Antonio Vicente, entonces jefe del Puesto Indígena Guido Marlière, en un telegrama de 1971, pidiendo provisiones a sus superiores.

En 1972, otro comunicado informa que se agotaron todos los alimentos locales. “Los indios confinados se están alimentando a pura mandioca e ñame. Considerando la precariedad de la alimentación, serán suspendidos los trabajos físicos”.

Diógenes Pataxo

Homicidios, robos y el consumo de alcohol en las áreas tribales –en la época fuertemente reprimido por la FUNAI—son algunos de los motivos alegados para la transferencia de indios al Krenak. Además de ello, los documentos del órganos también citan peleas internas, uso de drogas, prostitución, conflictos con los jefes de puesto, individuos penalizados por el “vicio de pederastia” y actos descriptos, no pocas veces de forma imprecisa, como vagancia.

Según los registros oficiales, algunos indios permanecieron allí más de tres años y había individuos sobre los que se desconocía incluso el supuesto delito. “No sabemos la causa real que motivó su encarcelamiento, dado que no recibimos la relatoría de origen”, escribió el cabo Vicente al bureau central de Ajudância Minas-Bahia del Funai, respecto de un xavante, considerado de buen comportamiento, que estaba allí hacía más de cinco meses.

“Una de las historias contadas es la de dos indios urubu-kaápor alos que pegaron mucho en el Krenak para que confesaran el crimen que los había conducido allí”, explica Geralda Chaves Soares, que trabajó en el Consejo Indigenista Misionero (Cimi) en Minas Gerais y actúa como investigadora de la historia indígena del Estado. “El problema es que ellos ni siquiera hablaban portugués”.

Palizas con rebenques y confinamiento en solitario eran otros de los castigos aplicados, según los relatos recogidos por la investigadora.

Comunicarse en lengua indígena, dice el ex preso João Bugre, estaba terminantemente prohibido. “Usted era reprendido, porque los guardias entendía que hablábamos de ellos”, recuerda. Una situación aún más difícil para aquellos que no sabían portugués. “Había que aprender a la fuerza. O hablabas o te pegaban”.

Bugre fue detenido en 1970. El registro del caso, descripto en los documentos del FUNAI, afirma que trasportó cachaça al interior de la aldea y se embriagó con otros indios. “João Bugre está insoportables por las desobediencias que viene cometiendo. Ya se ganó un confinamiento y está detenido en alojamiento separado”, relata el documento.

“Muchos, como yo, no habían hecho nada. Tomé un trago. ¿Es que un trago puede dejar a alguien preso casi un año”, pregunta él. Bugre afirma haber permanecido preso en el reformatorio cerca de nueve meses.

Más allá del consumo de bebida, también salir del área del puesto indígena era considerado una falta grave. “Mi abuelo llegó a ser arrastrado con el caballo de un militar, amarrado por los pies, porque había salido de la aldea”, cuenta Douglas Krenak. “Yo, una vez, quedé preso durante 17 días porque atravesé el río sin una orden y fui a jugar al pool en la ciudad”, recuerda José Alfredo de Oliveira, también indio Krenak.

Son ejemplos de comportamiento comúnmente clasificado como “vagancia” por los representantes del órgano indigenista de la época. Incluso actividades tradicionales de caza y pesca fuera de los puestos indígenas –usualmente pequeños e insuficientes para proveer la alimentación básica—podían, según los relatos, llevar a los indios a pasar temporadas en los correccionales.

Por regla general, los presos llegaban allí a pedidos de los administradores regionales de las zonas indígenas. Pero, en algunos casos, era por orden directa de los altos cargos en Brasilia. Es el caso de un indio canela enviado a la institución en julio de 1969. “Además del tradicional comportamiento inquieto de la etnia –deambuladores contumaces, el referido es dado al vicio de la embriaguez, cuando se torna agresivo y a veces peligroso. Como representa un pésimo ejemplo para su comunidad, consideramos lo mejor confinarlo en un período de recuperación en la Colonia de Krenak”, atestigua el oficio emitido por el director del Departamento de Asistencia del FUNAI, Lourival Lucena.

Preso por jugar al pool.

La deposición del pataxó Diógenes Ferreira dos Santos sugiere otro motivo para el encarcelamiento de indígenas en el reformatorio Krenak.

A mediados de la década de 1960, él era apenas un niño el día en que, según cuenta, vio a dos policías llegar a la Reserva indígena Caramuru –un vasto territorio de la Mata Atlántica, en el sur de Bahia, tradicionalmente ocupado por los pataxos. Venían empujados por un hacendado, que reclamaba ser el dueño del lugar. “Había un árbol ahí enfrente (donde Diógenes vivía con sus padres) y lo llenaron de balas. Después mandaron a sacar todo lo que había adentro de nuestra casa y le prendieron fuego”, dice.

Su familia migró entonces a una zona vecina, donde vivieron “de favor” durante cinco años, haciendo reparaciones para un hacendado. Hasta el día en que el  pretendido propietario vendió el lugar, dejándolos de nuevo en la calle.

“Como no teníamos apoyo de nadie, decidimos regresar a Caramuru”, cuenta Diógenes. Expulsaron al nuevo ocupante del lugar, pero 15 días después aparecieron de nuevo los policías, esta vez encargados de llevar a Diógenes y su padre hasta la ciudad más próxima. “Dijeron que el capitán Pinheiro (Manoel dos Santos Pinheiro, jefe de la Ajudância Minas Bahia del FUNAI) nos estaba esperando”, recuerda. “Quedamos presos seis días en la delegación de Pau Brasil (BA), hasta que vino la orden de llevarnos al Krenak”.

En esa época, Diógenes era adolescente. Por ironía del destino, todavía vivió para ver al FUNAI darle razón en su pleito. En 1982, hizo una presentación para pedir la declaración de nulidad de todas las propiedades de no indio instaladas adentro de la Reserva Indígena Caramuru. Después de años de disputa judicial, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió, en mayo de 2012, a favor de los indios.

Aun así, Diógenes sufre todavía por el pasado. “No me gusta hablar, porque me da odio. Es difícil estar preso por error. Trabajando para sobrevivir, ¿ir a la cárcel?”, pregunta.

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Algunas mujeres krenak que llegaron a ser reclutadas por los policías del FUNAI para trabajar en el reformatorio también son testigos de las violencias de ese período. “Quien huía de la cárcel sufría a manos de ellos”, afirma Maria Sônia Krenak, que fue cocinera en el lugar.

Además de palizas, hay relatos sobre persecuciones a tiros y de presos que nunca más fueron vistos. “Un montón se fue que nunca más volvió”, revela.

Uno de los desaparecidos es Dedé Baenã, ex-habitante de las tierras al sur de Bahia, cuyo desaparición es confirmada por testimonios de indios y no indios. Oficios del FUNAI afirman que en agosto de 1969 fue llevado al Krenak a pedido de un funcionario del organismo. El documento lo califica como un “indio problema”, violento cuando estaba embriagado y dueño de una vasta história de agresiones a “civilizados”.

Maria Hilda Baqueiro Paraíso, profesora asociada de la Universidade Federal da Bahia (UFBA), realiza pesquisas hace décadas junto a comunidades indígenas de la región. Y revela una versión diferente sobre la prisión de Dedé Baenã. “Fue en una ocasión en el capitán Pinheiro estuvo en Bahia anunciando la suspensión de la asistencia a los indios locales. Dedé se rebeló e hizo un discurso contra la administración del organismo. Salió de ahí preso”, cuenta.

Después de ingresar en el reformatorio, nunca más fue visto. “Dicen que habría sido ejecutado por un militar que era parte de la seguridad de los inidios presos en el área Krenak”, indica un indígena que vive en la región donde nació Dedé.

Osvaldo Rivera Riffo podía mirarse la jornada completa si así lo quería. Podía hacerlo para ajustar sus corbatas o pañuelos de diseño italiano. O para acomodarse las colleras y entallarse el traje. O, simplemente, por el gusto de mirarse. Lo hacía en el imponente espejo de ancho marco dorado que daba a su oficina un toque de palacio francés. Un espejo señorial, de esos que ocupan la pared desde el piso al techo, ubicado justo frente al amplio escritorio que Rivera utilizó en los últimos diez años. En ese despacho alhajado con alfombras persas y una fina araña de cristal, Rivera administró generosos fondos destinados a actividades culturales. Lo hizo por encargo de un camarada de antiguas trincheras: el entonces alcalde de Providencia, Cristián Labbé. Lo hizo con recursos municipales que llegaron a sumar más de mil millones de pesos anuales. Y lo hizo hasta abril de este año, cuando la nueva alcaldesa Josefa Errázuriz le cerró la llave de los fondos. Pero Rivera se las ingenió para que ella le entregara otros $494 millones, suma que le permitió beneficiarse con una última tajada de dinero público.

El Palacio Schacht, un edificio neoclásico que se hizo construir un cónsul honorario de Alemania, fue un segundo hogar para Rivera Riffo. Allí, en el segundo piso del inmueble signado con el 1.995 de avenida 11 de septiembre, estaba su despacho. De la amplia oficina ya han sido retirados sus efectos personales, entre ellos una foto de Augusto Pinochet enmarcada en plata. Sobre el escritorio solo quedan dos tarjeteros. En ellos, como testimonio de un pasado esplendor, hay cinco tipos diferentes de tarjetas de presentación que acreditaban a Osvaldo Rivera Riffo como vicepresidente ejecutivo de la Corporación Cultural de Providencia y director del Instituto Cultural de Providencia, los dos cargos que ostentó en paralelo desde 2001 hasta el pasado abril.

En el palacio que albergó al Instituto Cultural y a la Corporación Cultural de Providencia hoy reina el silencio. Solo se escucha el taconear de los tres turnos de guardias que pasan sus horas lentamente y que poco conocen de las exposiciones y recepciones que ahí se montaron en la última década. Y menos de las fiestas para los íntimos del director que terminaban a altas horas de la madrugada. Retazos de la historia de lo que ahí sucedía y que daba vida a esos salones se la llevaron la treintena de subalternos que Rivera Riffo despidió el 4 de marzo pasado.

Esa oleada de finiquitos fue el punto final de un verano tormentoso. A comienzos de este año, la nueva alcaldesa resolvió no traspasar a la Corporación Cultural de Providencia los $848 millones, provenientes del presupuesto municipal, que financiarían su gestión 2013. Esos fondos habían sido autorizados por Cristián Labbé, con el acuerdo del concejo municipal, en una de sus últimas actuaciones como alcalde antes de entrar a la campaña en que finalmente fue derrotado.

La nueva administración reparó en que todos los años Labbé traspasaba cientos de millones de pesos que Rivera Riffo rendía con boletas y facturas que la contraloría municipal visaba sin acreditar que el dinero se hubiese gastado en lo que se declaraba. Además, como la corporación es una entidad privada, el municipio era apenas uno más de sus 151 socios, por lo que, a pesar de ser su principal financista, tenía cero control sobre los gastos. Así lo refrendó un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 4 de abril de este año, que auditó la rendición de los gastos 2012 de la corporación. Ese informe dejó en evidencia que la contraloría municipal había validado desembolsos que no estaban respaldados.

Desde 1996 -cuando Labbé asumió su primer periodo como alcalde- hasta este año, la Municipalidad de Providencia traspasó un total cercano a $13 mil millones a la corporación cultural. Una cifra que es equivalente al presupuesto anual de comunas como Cerro Navia, Conchalí y San Miguel (vea los aportes municipales a la corporación desde 1996 a 2013, según datos de la contraloría municipal).

La decisión de la alcaldesa Errázuriz de cortarle la sal y el agua a la corporación, desató una guerrilla. Rivera Riffo se atrincheró durante el último verano en el palacio Schacht y exigió que le entregaran los $848 millones, argumentando que ese monto había sido aprobado conforme a las normas por la alcaldía de Labbé y su Concejo Municipal. Josefa Errázuriz se negó a ceder y todo hacía presagiar que el round tomaría el largo camino de los tribunales.

Para Rivera Riffo la situación era apremiante. No podía sentarse a esperar la sentencia de un tribunal. Debía pagar sueldos de los funcionarios de la corporación y cancelar deudas que arrastraba desde el 2012, por el montaje de exposiciones y el Festival de Jazz. En la primera semana de marzo, apurado por las obligaciones y sin los recursos del municipio, finiquitó a todos los trabajadores sin pagar indemnizaciones. La mayoría lo denunció a la Dirección del Trabajo.

Finalmente, la alcaldesa, con el aval del Concejo Municipal, accedió el 9 de abril a entregarle $494 millones. El acuerdo se hizo con una condición: el dinero se utilizaría para pagar en primer lugar las indemnizaciones de los trabajadores. Y como Rivera y su segundo al mando -el gerente general de la corporación, Juan Antonio Bolumburu- no habían sido despedidos, no debían cobrar finiquito. A la fecha del acuerdo, la corporación -aunque dejaba de percibir los recursos municipales- seguía teniendo vida legal y tanto Rivera como Bolumburu se mantenían a su cabeza (vea una copia del acuerdo).

Para sorpresa de muchos, Rivera Riffo fue uno de los primeros que cobró indemnización. Y se pagó $22,6 millones. Para el resto de los trabajadores la situación fue distinta: no cobraron porque reclamaron que se les ofreció menos de lo que les correspondía por ley y recurrieron a la justicia.

Para graficar el estupendo empleo que tenían Rivera y Bolumburu, basta con señalar que, al menos en los últimos tres años, los sueldos de ambos sumaban el equivalente a un 15% del monto anual que entregaba el municipio a la corporación. Según cifras aportadas a CIPER por el contralor de la municipalidad, Guillermo Risopatrón, Rivera Riffo recibía $8.129.000 mensuales y Bolumburu, $4.450.000.  Juntos, sus sueldos sumaban más de la mitad del dinero que mensualmente se destinaba a pagar la nómina de los 27 trabajadores de la Corporación: Rivera y Bolumburu ganaban, en conjunto, más de $12,5 millones, mientras el resto se repartía $19,4 millones (vea la planilla de honorarios y sueldos 2012 de la corporación).

SOLDADO DE LA CAUSA

Osvaldo Rivera Riffo es ingeniero agrónomo y se desempeñó como vicerrector de asuntos académicos en la Universidad de Talca hasta 1983. En marzo de ese año asumió como titular de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos). En ese puesto se encargó de restringir la publicación de noticias contrarias a los principios del régimen militar. En una entrevista difundida el domingo 2 de diciembre de 1984 por Las Ultimas Noticias, definía su tarea en Dinacos como la de un “soldado de la causa”. Poco después ocupó el puesto de director general de Televisión Nacional. En su primera entrevista como tal, publicada por La Segunda el 21 de febrero de 1985, dejó en claro cuáles iban a ser sus principios programáticos: “Va a desaparecer el terror, la violencia, todo lo que tenga contenido diabólico”.

Rivera no alcanzó a estar más de un año en TVN. Con la misma rapidez con que había irrumpido en la esfera pública un par de años antes, su figura desapareció en el último lustro del régimen militar. Según relató a CIPER un amigo de Rivera, quien pidió la reserva de su nombre, al ex director de Dinacos le gustaba contar que en ese periodo ofició como espía: “Siempre me contaba sus historias de espionaje en Argentina, Uruguay y Brasil. Contaba que vivía disfrazándose, viviendo en los mejores hoteles, como empresario chileno, pagado por el gobierno”.

La misma fuente relata que a mediados de los ‘90, Rivera tenía decidido radicarse en Paraguay. En 1996 estaba embarcado en un proyecto para abrir un restaurante en Asunción, cuando el coronel (r) y ex ministro de Augusto Pinochet, Cristian Labbé Galilea (UDI), se convirtió en alcalde de Providencia. Labbé invitó a Rivera a trabajar con él.

Al asumir como alcalde, Labbé ocupó la presidencia de la Corporación Cultural de Providencia, una entidad privada que desde 1994, gracias a un convenio con la municipalidad, gestionaba todas las actividades culturales de la comuna con aporte financiero del municipio. De esta forma, Labbé figuraba a los dos lados del mesón: como alcalde proponía y aprobaba, con el concurso del concejo municipal, los fondos públicos que se destinaban a la corporación; al mismo tiempo, como presidente de la corporación, recibía ese mismo monto y definía junto a Rivera en qué se gastaba. Labbé rechazó hablar con CIPER sobre su rol en la corporación y su relación con Rivera.

Para el sensible cargo de director del Instituto Cultural de Providencia (ICP), dependiente de la corporación, Labbé nombró a Osvaldo Rivera Riffo, quien quedó encargado de llevar la gestión y producción de eventos de una institución con un presupuesto millonario.

Para ejecutar el gasto, Rivera requería el visto bueno de Enrique Solanich Sotomayor, quien oficiaba como vicepresidente ejecutivo de la Corporación Cultural de Providencia. La relación entre ambos fue tensa. Solanich había sido nombrado en 1994, bajo la alcaldía de Carmen Grez. Era profesor en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y tenía un magister en Teoría e Historia del Arte.

-Mi gestión, desde el inicio, fue procurar que fundamentalmente hubiera personas formadas en arte y cultura, avaladas por estudios que así lo indicaran. Fui contratando a personas que no solo tuvieran interés en el arte, sino que estuvieran respaldados por estudios -comentó Solanich a CIPER. Rivera Riffo, no calzaba con ese perfil.

Solanich cuenta que bajo su administración las subvenciones que recibía el Instituto Cultural, entonces dirigido por Rivera, se concedían por ítem y asociadas a un gasto específico. Y esos dineros, dice, pasaban por una exhaustiva fiscalización de la Contraloría Municipal: “Trimestralmente debíamos rendir los fondos municipales y estábamos sujetos a un riguroso control. Por ejemplo, los presupuestos los debíamos presentar por triplicado y justificar cuándo y por qué habíamos escogido uno y descartado otro”.

En abril de 2001 el alcalde Labbé le pidió la renuncia a Solanich: “Estoy satisfecho con tu gestión, pero quiero entregar tu cargo a una persona de mi confianza, me dijo el alcalde. Ahí, Osvaldo Rivera Riffo pasó a ser director del Instituto Cultural de Providencia y, al mismo tiempo, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Cultural”, relata Solanich.

Así, desde 2001, Rivera controló todos los gastos de la gestión cultural de Providencia. Y su presupuesto fue incrementado pues a partir de 2002, la subvención municipal pasó de $511 millones a $664 millones. El aumento no pararía, hasta alcanzar un techo de $1.068 millones en 2012.

-Con la renuncia de Enrique Solanich, Osvaldo Rivera tuvo el camino llano, ya que se entendía directamente con el alcalde. Enrique se había transformado en el primer obstáculo de Osvaldo para no desordenarse con las platas. Enrique, siempre que tenía dudas (respecto de si correspondía hacer un gasto), pedía autorizaciones al Consejo Municipal, lo que molestaba mucho a Osvaldo, porque, según él, era una burocracia innecesaria -comenta un funcionario que trabajó con ambos.

La gota que colmó el vaso de la discordia cayó a propósito de una exposición de Andy Warhol y otra de Man Ray, ambas programadas para 2001. Según cuentan los ex empleados de la corporación, Solanich estimó que debía consultarse al Concejo Municipal si se justificaba el gasto que Rivera quería asignar a esos eventos. Poco después de ese cuestionamiento a la gestión de Rivera, Labbé le pidió la renuncia a Solanich.

La controversia quedó registrada en dos cartas escritas por Rivera en septiembre de 2000, dirigidas a Labbé y a Solanich, donde defiende su decisión de gastar US$33 mil en la exposición de Warhol y US$31.800 en la de Man Ray. CIPER tuvo acceso a estos documentos por intermedio de un estrecho ex colaborador de Rivera.

No fue la única controversia ni la más sensible que enfrentó Rivera en esos meses. Poco antes, en agosto de 2000, una auditoría municipal cuestionó la pertinencia de diversos gastos de la corporación y, particularmente, de los ingresos de Rivera. La respuesta de Rivera está en una carta que le dirigió al alcalde Labbé y a la que CIPER tuvo acceso: “Cristián me cuesta mucho entender que el modesto sueldo que gano en esta corporación sea cuestionado en este informe por un ‘pelafustán de cuarta categoría’ perteneciente al Departamento de Control de la Municipalidad de Providencia (…). Tampoco entiendo que se haya hecho un informe con un criterio municipal estatal a una corporación que en derecho es privada y de la cual los proyectos cuestionados sean aquellos en los que tú estás directamente involucrado (Fiesta Dieciochera y Música en el Parque Bustamante)”.

A pesar de los cuestionamientos a la gestión de Rivera y a sus ingresos, Labbé decidió nombrarlo en la vicepresidencia ejecutiva de la corporación, en desmedro de Solanich. De esta forma, Rivera reunió en sus manos todo el poder para decidir los gastos de la corporación. El alcalde Labbé le entregó esta facultad sabiendo, como lo acreditan las cartas ya citadas, que Rivera rechazaba que la corporación fuese auditada por la municipalidad, bajo el argumento de que se trataba de una entidad privada, y que calificaba de “pelafustanes” a los funcionarios que debían controlar su gestión financiera.

INGRESOS NO DECLARADOS

Además de la subvención anual directa, la corporación gozaba de otro aporte de la Municipalidad de Providencia que le permitía recaudar dinero. El municipio le había cedido cuatro importantes inmuebles en comodato: Instituto Cultural (avenida 11 de Septiembre 1.995); Museo Tajamar (avenida Providencia 222); Sala Parque de las Esculturas (avenida Santa María 2.205) y Centro Cultural Montecarmelo (Bellavista 0594). El arriendo de estos bienes patrimoniales para eventos y fiestas privadas le generaba a Rivera ingresos sobre los cuales la municipalidad no tenía ningún control. Lo mismo ocurría con las donaciones de empresas y particulares que Rivera gestionaba por su cuenta.

-Aparte de las platas que nos entregaba el municipio, Osvaldo Rivera empezó a pedir platas por fuera, lo que estaba bien. El problema es que solicitaba platas o arrendaba a empresas las instalaciones y los cobraba a nombre propio, no del instituto. Esto se comenzó a saber y fue una de las razones por las que Solanich lo molestaba -comenta un antiguo colaborador de Rivera en la corporación.

Una de las operaciones cuestionadas fue un contrato de arriendo del Parque de las Esculturas en marzo de 2000, por $3 millones, monto que la empresa Memory Producciones le pagó a Rivera. En abril del mismo año, Rivera extendió un recibo sin logo del Instituto Cultural tras recibir una donación de $2 millones. También se le cuestionó un canje con el Hotel Neruda, valorizado en $1,3 millón. El hotel puso su logo en los catálogos de las exposiciones y en la sede del Instituto Cultural colocó un pendón del gimnasio Body Care. A cambio, cedió los servicios del gimnasio por un año, los que podían ser usados sólo por Rivera, su sobrino Gerardo Rivera Ugalde y el relacionador público del instituto, Cristián Hurtado Salas.

René Silva fue director del Centro Cultural Montecarmelo, dependiente de la corporación cultural, hasta 2006. Ese año selló su salida del cargo, dijo a CIPER, cuando se negó a firmar un documento que justificaba un pago que jamás se realizó. Días después de la presentación del grupo de flamenco del Estadio Español en el Montecarmelo, Silva recibió una boleta, enviada por Rivera, que debía firmar. Era el comprobante por un pago supuestamente cancelado al elenco del Estadio Español. El problema era que el grupo había actuado gratis.

-El comprobante era por una suma de varios millones que nunca se pagó al grupo de flamenco. Así que le exigí que quitara mi firma de esa boleta, lo que hizo, pero poco después terminé siendo echado de Montecarmelo, sin mayores explicaciones –contó Silva a CIPER.

Otra situación que, a juicio de Silva, motivó su salida, ocurrió después de que firmó un acuerdo con el restaurante El Origen para que se instalara en Montecarmelo:

-Ellos pagaban un arriendo y daban almuerzo al personal que trabajaba conmigo. Ese pago lo recibía la corporación. Un domingo teníamos un acto para niños y se presentó el alcalde Labbé. Después de una corta conversación sobre las actividades que estábamos realizando, me pregunta: “Oye, ¿y cómo vas tú en la parada del arriendo del restaurante?”. Para mí fue una ofensa y le respondí que no trabajaba así.

El uso irregular de boletas para justificar gastos ante la Municipalidad de Providencia que describe René Silva, fue una práctica que perduró hasta el final. Así lo comprobó CIPER al revisar las rendiciones de gastos de 2011 y 2012, aceptadas por la contraloría del municipio. En estos legajos figuran varias boletas electrónicas a nombre de Daniela Lagos, todas por $150.000 que se pagaron por servicios de iluminación en diferentes exposiciones o espacios administrados por la corporación. CIPER contactó a dos de los auxiliares de la corporación que se encargaban de la iluminación en las exposiciones, los que negaron conocer a Daniela Lagos y confirmaron que nunca se arrendaron materiales por este concepto, ya que contaban con focos y equipos propios, los que instalaban ellos mismos.

CIPER se comunicó con Daniela Lagos, quién dijo que había trabajado un tiempo en Montecarmelo como iluminadora en una obra de teatro, y reconoció que lo que en realidad hacía era entregar boletas a pedido de funcionarios de la corporación, pero sin haber prestado los servicios. Por cada boleta, admitió, se quedaba con el 10% del impuesto que devuelve el SII.

A Patricia González, una de las funcionarias más antiguas de la corporación, le sorprendieron tres facturas presentadas en la rendición de gastos 2012. Los documentos suman $58.219.920 por poner luminarias en el Parque de las Esculturas. La factura 043 corresponde a un pago de $10, 8 millones (IVA incluido) por la instalación de 12 luminarias. El monto de cada una de las dos facturas restantes (049 y 052) es de $21.677.040, pero la primera fue por colocar 60 luminarias y la otra por poner apenas 24 (ver facturas). “Recuerdo que lo que se hizo fue un trabajo rápido, donde se colocaron unas ampolletas. De verdad, me asombran los montos”, comenta Patricia González.

CIPER consultó a la Contraloría Municipal de Providencia por estas facturas. La respuesta fue que los montos para ejecutar esos gastos los presentó el ex alcalde Labbé y los aprobó el Concejo Municipal. Los funcionarios sólo revisaron que las facturas se ajustaran al monto aprobado, que sumaba un total de $99 millones y que, además de la iluminación, contemplaba una caseta para un café literario (ver documento).

Uno de los contralores internos señaló: “no teníamos cómo adivinar si falsificaban gastos o no. Y cuando detectábamos alguna boleta que era de un gasto que no correspondía, la devolvíamos. Recuerdo una vez que presentaron unas boletas de reparación de una casa que no era ni de la corporación ni de la municipalidad. Se las devolvimos. Y ellos volvían a presentar boletas nuevas que sí estaban dentro de los gastos para los cuales se destinaba la subvención”.

Patricia González trabajó 11 años en la corporación. Dice que llegó a estimar a Rivera y que le obedecía incluso cuando le pedía cosas que ella no compartía, como duplicar, triplicar y hasta quintuplicar las cifras de asistentes a las exposiciones y talleres:

-Yo le entregaba una cifra de la asistencia a los talleres y habían venido, suponte, unas 20 personas al mes. Y él me decía: “Patricia tú debes contar todas las veces que esas personas entran y salen del instituto”. Por lo que al siguiente mes esas personas se habían transformado en 40, ya que debía contarlas cuando llegaban y cuando se iban. Para talleres en los que no se anotaba nadie, llamaba a su hermana, Cecilia Rivera, que trabajaba en la municipalidad con adultos mayores, y le decía que tenía que conseguirse tantas personas. Después, Rivera las becaba y así los talleres estaban completos. Yo soy ingeniera, por lo que estas cosas no me cuadraban.

Otro de los funcionarios que trabajó con Rivera es Manuel Fuentes. Estuvo encargado de las comunicaciones y relata un episodio que, a su juicio, retrata el tipo de liderazgo que ejercía Rivera: “Él domingo 30 de septiembre de 2007, cuando Osvaldo Rivera estaba en Turquía, salió una entrevista en Emol sobre los planes de la corporación. La entrevista la dio Juan Antonio Bolumburu y no lo mencionó (a Rivera). Al día siguiente, Rivera me mandó un correo tirándome las orejas. Mi misión, encargada por él, era que apareciéramos en los medios con las actividades culturales. Pero, ahí entendí que lo más importante era que él apareciera” (vea el correo).

LA DERROTA

Fue a mediados de septiembre del año pasado cuando se conocieron las primeras encuestas que indicaban que esta vez la elección del alcalde de Providencia no sería coser y cantar para el abanderado de la derecha. Cristián Labbé había ganado con holgura las últimas cuatro elecciones (1996, 2000, 2004 y 2008), pero el sondeo realizado por MORI arrojó un empate estadístico: 47% a favor de Labbé y 45% para la abanderada opositora, Josefa Errázuriz. Los ex empleados de la corporación dicen que en esos días Rivera comenzó a preocuparse por el futuro.

-Yo era la encargada de la agenda de eventos y de la noche a la mañana tuve que adelantar uno que estaba programado para un mes más tarde, solo para que le sirviera de campaña al alcalde. Fue una locura. Era la inauguración de la escultura monumental “Altazor”, en homenaje a la obra de Vicente Huidobro. Había que hacer una placa y nadie me la podía fabricar por el poco tiempo del que disponíamos. Al final lo conseguimos y se hizo todo en cuatro días -cuenta Patricia González (vea la invitación al evento).

La inauguración se hizo el domingo 23, solo tres días antes de que se dieran a conocer públicamente los resultados de la encuesta MORI.

El ex encargado de las relaciones públicas del Instituto Cultural, Andrés Martínez, reconoce que con dinero de la corporación se arrendó un camión tipo “tres cuartos” que se guardaba en su casa y que se usó para apoyar la campaña de Labbé. Todas las mañanas los empleados del instituto Rodrigo Contreras, Juan Villagra, Alex Mosquera y Danilo Aspee, recorrían la comuna en el camión instalando “palomas” de Labbé y de otros candidatos a concejales de la UDI. Por las noches las recogían y llevaban el camión a casa de Martínez.

La intervención de los empleados de la corporación en la campaña electoral había comenzado mucho antes. El 3 de agosto, cuando faltaban dos meses para que se iniciara formalmente el periodo de campaña, el gerente general de la corporación, Juan Antonio Bolumburu, recibió pasada la medianoche un correo electrónico enviado por un caricaturista: “Hola, don Osvaldo (Rivera) me pidió que te enviara esta caricatura”, decía el mensaje. En archivo adjunto iba un dibujo en el que aparecía la candidata opositora Josefa Errázuriz con cuerpo de lobo y vestida con piel de cordero. Montada sobre ella aparecía el concejal PPD Rodrigo García Márquez enarbolando una bandera roja con la hoz y el martillo.

Bolumburu, reenvío el dibujo a la oficina de prensa de la corporación. Ahí se realizó una reunión reservada, en la que participó Rivera, Bolumburu y una tercera persona. Analizaron la caricatura y resolvieron pedir un cambio: que el concejal no apareciera sobre la candidata Errázuriz. En la noche del mismo 3 de agosto, Bolumburu recibió, también por correo, la caricatura modificada. La idea, según contó un ex funcionario de la corporación que fue testigo de este episodio, era “viralizar” el dibujo, enviándolo desde una dirección de correo electrónico anónima a todos los contactos del Instituto Cultural y de la misma corporación (vea los correos que recibió Bolumburu).

En las elecciones del domingo 28 de octubre, Rivera pasó la tarde en el comando de Labbé. Lo acompañaban su hermana Cecilia y tres funcionarios de la corporación. Uno de los que estaba en ese grupo dijo a CIPER que cuando se confirmó la derrota, “Rivera se llevó las manos a la cabeza y dijo que sin la ayuda de Labbé era muy difícil mantener los estándares. Se le vino el mundo encima. Comentó que si la nueva alcaldesa no aceptaba presidir el directorio (de la corporación) en las mismas condiciones que Labbé, iba a tener que renunciar”.

La misma persona, que ocupaba un cargo directivo en el Instituto Cultural de Providencia, cuenta que un mes después Rivera ya no pensaba en renunciar y decía que sólo daría un paso al lado a cambio de una buena indemnización: “Yo le dije que si no renunciaba podía poner en riesgo a los 30 trabajadores. No me respondió. Sentí que le hablé al aire. Ya había escuchado que él, junto a Juan Jorge Lazo (asesor jurídico de la corporación), estaba preparando la estrategia para luchar por los $800 millones. Para presionar iban a echar a todos los trabajadores, diciendo que como la municipalidad no les había pasado el dinero comprometido, se veían obligados a despedirlos. En los primeros días de marzo se empezaron a despachar las cartas a los trabajadores” (Vea una de esas cartas).

LA NEGOCIACIÓN

El martes 25 de septiembre del año pasado, la sesión Nº 162 del Concejo Municipal fue especial. Era la última que presidiría Cristián Labbé antes de retirarse para trabajar en su campaña a la reelección. Ese hito no pudo tener mejor marco: Labbé inició la reunión informando que la municipalidad había obtenido el Premio Iberoamericano a la Calidad. Según consta en el acta, el alcalde informó que el premio “es entregado por el Rey de España al Presidente de la República”. Después se conocería que el premio no lo entregaba ni el rey ni el gobierno español, sino una institución representativa de los 17 países de la comunidad iberoamericana, como lo aclaró la embajada hispana.

En la misma sesión, tras las congratulaciones por el galardón, Labbé presentó los documentos para otorgar en 2013 una subvención del orden de $900 millones a la corporación.

La proposición de Labbé fue aprobada el 27 de noviembre, en la sesión Nº 168 del Concejo Municipal, justo un mes después de la derrota del ex alcalde. Una curiosa coincidencia enmarcó la jornada. Al inicio de la reunión se informó que esa misma mañana se había entregado al municipio el Premio Iberoamericano a la Calidad en la embajada de Chile en España. No estuvo ni el rey ni el Presidente Sebastián Piñera, como lo había informado Labbé dos meses antes. De hecho, ni siquiera asistió Labbé. El galardón fue recibido por una pequeña delegación de tres funcionarios municipales.

Fue en esa sesión del concejo, apenas una semana antes de que Josefa Errázuriz asumiera la alcaldía, que se aprobó una subvención de $848.161.000 para la corporación. El único que votó en contra fue el concejal Rodrigo García Márquez (PPD) (vea el acta de la sesión).

Recién instalada en la alcaldía, Josefa Errazuriz solicitó un informe sobre el presupuesto comunal y las principales subvenciones municipales. En ese proceso se encontró con la confirmación de que la municipalidad no tenía injerencia en la gestión de la corporación cultural, por ser una entidad de derecho privado. Incluso, en septiembre de 2012, la corporación se había opuesto, bajo el mismo argumento, a ser fiscalizada por la Contraloría General de la República.

Las nuevas autoridades consultaron directamente a la corporación qué papel tenía el municipio en su proceso de toma de decisiones. La respuesta fue un certificado enviado por el gerente Bolumburu, que confirmó que la municipalidad tenía la misma injerencia que cualquier otro socio en la gestión de la entidad (vea el documento).

La corporación, se informó a la alcaldesa, es una persona jurídica sin fines de lucro, regulada por las normas del Código Civil. Con ese marco legal, la única obligación de “transparencia” que debe cumplir en relación a su administración es entregar anualmente su Memoria y Balance al Ministerio de Justicia, pero esos documentos sólo contienen descripciones genéricas de ingresos y gastos, presentadas en cuentas no sometidas a auditorías o controles externos (vea las Memorias y Balances de la corporación entregadas al Ministerio de Justicia en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011).

-Nos encontramos con que desde hacía ya varios años esta corporación había prescindido de la municipalidad en cuanto a su administración y que se regía por un directorio donde el alcalde anterior era representante de la municipalidad y también socio como persona natural. Él integraba el directorio en calidad de persona natural. Cuando se retira, toma su lugar en el directorio otra persona, por lo que ya no quedó ninguna presencia municipal -señaló a CIPER la directora jurídica del municipio, Ximena Salazar.

La abogada también precisó que la corporación estaba impedida de lucrar con los cuatro inmuebles que se le habían cedido en comodato: “(Los inmuebles) estaban en poder de privados que hacían un uso que no estaba estipulado en el comodato. El convenio decía expresamente que no se podía lucrar con ellos y que eran entregados para realizar funciones culturales establecidas. A medida que fuimos avanzando nos encontramos con una gran caja de pandora. Esto nos llevó a dar término al convenio”.

El jefe de gabinete de la nueva alcaldesa, José Eduardo Donoso, explica por qué decidieron negociar con Rivera Riffo, a pesar de las irregularidades detectadas, y entregarle una última partida de $494 millones:

-Desde el punto de vista legal, no había nada que hacer. Debíamos entregarle los $800 millones. Pero, desde el punto de vista ético, era impresentable. Así que pensamos qué podíamos hacer y la única solución era negociar: le pasábamos un monto bien menor de lo estipulado, pero recuperábamos no solo los inmuebles, sino también las obras de arte que estaban en manos de la corporación. Obras que los artistas incautamente habían entregado pensando que las donaban a la municipalidad. Así que tuvimos que recomprar todo esto para la municipalidad.

Según el acuerdo propuesto por la alcaldía y aprobado por el concejo el 9 de abril, la corporación se comprometió a restituir al municipio los cuatro inmuebles cedidos en comodato, las obras emplazadas en el Parque de las Esculturas  y otras obras pictóricas. Asimismo, le cedió en comodato al municipio, por diez años, las obras de la “Colección Bicentenario”.

Por su parte, la municipalidad se comprometió a entregar a la corporación $494.335.368. De esta cifra se restarían $44.335.368 que la corporación debía al municipio como saldo pendiente de la rendición del Festival Providencia Jazz 2013. Por tal razón, la municipalidad haría un pago efectivo a la corporación de $450 millones. Ese monto se cancelaría bajo la condición expresa de que la corporación debía destinarlo, en primer término, “al pago de indemnizaciones de sus trabajadores, así como remuneraciones adeudadas, según listado que se adjuntará a la escritura de transacción” (vea la lista).

El 23 de abril pasado, ante el notario Cosme Gómez, la municipalidad firmó el documento de 14 páginas que contiene la transacción extrajudicial. Allí quedó consignado que el pago se realizaría con un primer cheque de $350 millones, suma que la Corporación debía utilizar para pagar el finiquito de sus trabajadores y otras deudas (vea la nómina de los acreedores). Después de cancelar esas obligaciones se le extendería un segundo cheque por los restantes $100 millones, dejando establecido que ambas partes daban término a cualquier relación entre ellas y declarando que mientras estuvieron vinculadas “obraron de buena fe”.

FINIQUITOS

La nómina de los trabajadores que debían firmar sus finiquitos quedó en la notaria de Eduardo Avello, en calle Orrego Luco. La abogada que representa a una veintena de estos ex empleados, Carolina Contreras, señaló a CIPER que no se incorporó el mes de aviso en el cálculo del pago a sus clientes:

-Fui hablar con el señor Javier Leturia, que estaba de presidente de la corporación, y me dijo que se me iba a incorporar en la negociación entre la municipalidad y ellos, en lo referente al pago a mis representados. Sin embargo, nunca me dejaron participar. Después me enteré por el contador de la corporación, cuando fuimos a la Inspección del Trabajo, que él había calculado los montos sin el mes de aviso que correspondían a cada trabajador y se los pasó al contralor de la municipalidad. Nunca le preguntaron a los trabajadores si esa cifra estaba en regla.

Uno de los primeros que concurrió a firmar su finiquito fue Osvaldo Rivera, quien cobró $22.610.093. Lo hizo  junto a quien oficiaba de contralor de la corporación: Pedro Osses Sotz, quien cobró $13.445.751.

-Lo curioso es que Osvaldo Rivera haya cobrado el finiquito sin que exista ningún autodespido ni renuncia de su parte. Por el contrario, aún sigue ejerciendo en su rol de director, ya que llamó a cada uno de mis clientes pidiéndoles que vayan a firmar el finiquito que se les ofrece con un monto menor. Cuando me enteré, llamé a Rivera y le dije que cualquier negociación con mis defendidos la debía hacer por mi intermedio. Me dijo un par de pesadeces y cortó -cuenta la abogada Contreras.

El pasado 20 de mayo se realizó la primera audiencia de conciliación en el Juzgado Laboral de calle San Martin 950. Karla Vargas, ex empleada de la corporación, fue representada por la abogada Carolina Contreras. La demandante reclamó, al igual que el resto de los trabajadores, que se le había negado el mes de aviso. Según el finiquito que ofrecía la corporación, a Karla Vargas le correspondían $3.937.194. Pero su abogada alegó que el monto ascendía a $5.249.592. La jueza propuso un monto intermedio, pero inclinando a las pretensiones de la demandante: $4.900.000. Las partes aceptaron. Karla Vargas llevaba tres meses sin ingresos.

Tras esta primera audiencia bastante auspiciosa para los ex trabajadores y mientras se esperaba la próxima cita en el tribunal -fijada para el 15 de julio-, la abogada que representa al resto de los trabajadores, Carolina Contreras, recibió un llamado del asesor jurídico de la corporación, Juan Jorge Lazo, quien le entregó un mensaje de parte de Osvaldo Rivera Riffo. La abogada cuenta que, aunque Rivera ya finiquitó su relación con la corporación, le mandó a decir “que no habrá acuerdo para el resto de los trabajadores, si no firman el finiquito que ellos proponen”.

Ahorrarse uno o dos millones por cada trabajador no es un tema banal para quienes siguen en la corporación si quieren seguir en el rubro y mantener sus sueldos, ahora sin el aporte municipal. Rivera, quien rechazó conversar con CIPER, ha comentado a algunos cercanos que necesita ayuda porque tiene varios proyectos en carpeta. Y para ello necesita que los últimos $100 millones que aún debe recibir de la municipalidad no experimenten ni una sola rebaja a cuenta de la diferencia que reclaman los trabajadores en sus finiquitos. Rivera apuesta a que ellos, sin remuneración y sin trabajo, terminen agotados aceptando sus condiciones.

Son las 4:18 de la madrugada y el mini-centro comercial tiene un aspecto desértico. Pero ubicada en la sección de atrás, al lado de una tienda de videos clausurada, una agencia de empleo ya se está llenando de gente. Rosa Ramírez entra como ha hecho casi todas las mañanas durante los últimos seis meses. Firma un registro y se sienta en una de las como cien sillas de plástico azul que llenan la oficina. Durante las siguientes tres horas, los despachadores gritarán los nombres de quienes van a trabajar hoy. Rosa espera, preguntándose si podrá pagar su alquiler.

En ciudades de todo el país, trabajadores permanecen parados en esquinas, hacen filas en callejones o esperan en un salón de belleza iluminado por luz de neón para que camionetas raquíticas los lleven a almacenes lejanos. Algunas de las camionetas están tan sobrecargadas que para llegar al trabajo la gente debe agacharse encima de cajas de leche, sentarse en las faldas de personas que no conocen, o a veces tumbarse en el suelo debajo de los pies de otros trabajadores.

Esto no es México. No es Guatemala ni Honduras. Esto es Chicago, New York, Boston.

La gente aquí no son jornaleros buscando una chamba de un día de un contratista que viene de paso. Son empleados regulares de agencias de trabajo temporal trabajando en la cadena de abastecimiento de muchas de las empresas más grandes de Estados Unidos—Walmart, Macy’s, Nike, Frito Lay. Preparan nuestras pizzas congeladas, reciclan nuestra basura, cortan nuestros vegetales y limpian nuestro pescado importado. Descargan la ropa y juguetes hechos en el extranjero y los empacan para llenar las estanterías de nuestras tiendas. Son tan importantes para la economía global como los contenedores de carga marítimos y los trabajadores asiáticos de la industria textil.

Muchos subsisten con el sueldo mínimo, alquilando cuartos en casas destartaladas, cenando frijoles y patatas, y sobreviviendo gracias a bancas de comida gratis y cuidados médicos subsidiados por los impuestos. Casi nunca reciben beneficios laborales y tienen poca oportunidad para avanzar en el empleo.

En todo Estados Unidos, el trabajo temporal se ha convertido en un baluarte de la economía, produciendo la proliferación de lo que investigadores académicos empiezan a llamar “temp towns.” (Pueblos de trabajo temporal). Estos frecuentemente son congestionados barrios latinos atestados con agencias temp. O son ciudades donde se ha hecho casi imposible, aún para blancos y afroamericanos con entrenamiento técnico, encontrar trabajo en fábricas y almacenes sin pasar primero por una agencia temp.

En junio, el Departamento de Empleo informó que la nación tenía más trabajadores tempque nunca: 2.7 millones. En su totalidad, casi una quinta parte del crecimiento total del empleo desde el fin de la recesión en mediados de 2009 ha sido en el sector temporal, según datos federales. Pero según la American Staffing Association, el grupo de comercio de la industria temp, el sector es aún más grande: cada año una décima parte de todos los obreros estadounidenses encuentra un empleo en un agencia temp.

La proporción de trabajadores temporales en la fuerza laboral llegó a su cúspide en los principios de 2000 antes de la caída económica de 2001 y la Gran Recesión. Pero mientras la economía continua su recuperación lenta y desigual, el trabajo temp vuelve a toda velocidad, diez veces más rápidamente que el aumento del empleo  en el sector privado en su conjunto total – un ritmo que “excede inclusive el arranque dramático de principios de los 1990,” según la American Staffing Association.

La mayoría abrumadora del crecimiento ha sido en empleo de cuello azul en fábricas y almacenes, mientras la industria temp pierde su imagen de “Chica Kelly” del pasado. El año pasado, más de uno de cada 20 trabajadores de cuello azul era un temp.

Hoy, varias empresas que proporcionan mano de obra temporal, como Adecco y Manpower, son entre los empleadores más grandes en los Estados Unidos. Una lista anual colocó a Kelly como segunda solo por detrás de Walmart.

“Estamos sencillamente viendo más y más industrias usar modelos mercantiles que cambian la relación de empleo u oscurecen la relación de empleo,” dijo Mary Beth Maxwell, una alta funcionaria en la División de Hora y Sueldo del Departamento de Empleo. “Mientras ciertamente no es un fenómeno nuevo, está aumentando rápidamente. En los últimos 10 a 15 años, hay sencillamente un gran vuelco hacia esta situación para muchos más trabajadores – cosa que les hace mucho más vulnerables.”

Este sistema temp sirve para aislar las empresas anfitrionas de las querellas para compensación del trabajador,  los impuestos de desempleo, el reclutamiento sindical y el deber de asegurar que sus obreros son migrantes legales. En lo que concierne a los empleados, los obreros temporales sufren altos indicios de lesiones, y muchos tienen que aguantar horas de espera no pagadas y enfrentarse a tarifas que empujan sus ingresos por debajo del sueldo mínimo.

El auge del “permatemp” (trabajador temporal-permanente) ayuda a explicar uno de los aspectos más preocupantes de la tibia recuperación económica. A pesar de una bolsa pujante y un crecimiento económico sostenido, muchos obreros están volviendo a la fuerza laboral en trabajos temporales o a tiempo parcial. Esta tendencia está intensificando una subida en la desigualdad de ingresos estadounidense que ha existido por décadas, en que los obreros de sueldo bajo o mediano han visto sus ingresos reales estancarse o bajar. Los temps ganan de media un 25 por ciento menos que los trabajadores permanentes.

Muchos economistas advierten que el crecimiento del trabajo temporal continuara más allá de la recesión, en parte por la reforma del sistema de salud, que motivará a los empleadores a contratar a temps para evitar los gastos que conlleva cubrir a los trabajadores permanentes.

El auge de las “Temp Towns”

Rosa, una inmigrante mexicana de 49 años con lentes delgados y una corta melena de rizos castaños, ha sido una trabajadora temp durante la mayor parte de los últimos 12 años. Ha empaquetado muestras de mercancía gratis para Walmart, armado escaparates para Sony, imprimido anuncios para Marlboro, fabricado filtros de aire para la armada americana y llenado cajas de libros de texto para universidades y colegios de elite. Ninguno de los trabajos llevó a un empleo permanente.

Aunque algunos de los empleos duran meses, como su reciente trabajo empaquetando hojas de afeitar para Philips Norelco, cada día es un juego de azar para Rosa. Primero tiene que presentarse en la agencia temporal en Hanover Park, Illinois, antes de las 4:30, esperar y, si tiene la suerte de ser convocada, viajar en una camioneta o un autobús escolar hasta el lugar de trabajo. Y aunque la agencia temp Staffing Network es su empleador legal, no recibe su paga hasta que llega a la línea de ensamblaje a las seis de la mañana.

En Kane County, Ill., donde vive Rosa, uno de cada 16 trabajadores es un temp.

Semejantes altas concentraciones de trabajadores temp se encuentran en Grand Rapids Mich.; Middlesex County, N.J.; Memphis, Tenn.; el Inland Empire de California; y Lehigh County, Pa. En New Jersey, camionetas blancas conducen velozmente por un viejo barrio húngaro en New Brunswick, buscando obreros en las agencias temp de French Street. En Joliet, Ill., una agencia temp operaba desde la sala de reuniones de un motel una vez a la semana, proveyendo mano de obra a una serie de contratistas de logística en uno de los almacenes más grandes de Walmart. En Greenville County, S.C., cerca de la fábrica de BMW en Estados Unidos, uno de cada 11 obreros es un temp hoy en día. Hace una década, la cifra era uno de cada 22.

En las “temp towns,” no es raro encontrar almacenes que no tienen casi ningún empleado en plantilla. Muchos obreros temp dicen que han trabajado en la misma fábrica día tras día durante años. José Miguel Rojo, por ejemplo, empaquetó pizzas congeladas para un proveedor de Walmart cada día durante ocho años hasta que se lesionó el verano pasado. (Walmart dijo que Robles no era su empleado y que la empresa quiere que sus proveedores traten bien a sus obreros.)

En algunas especialidades, cantidades enormes de trabajadores permanentes han sido reemplazados por temps. Uno de cada cinco obreros manuales que mueven y empacan mercancías es un temp hoy en día. También lo es uno de cada seis de los ensambladores que trabajan en equipo, como muchos empleados en fábricas de automóviles.

Por supuesto, muchas contrataciones temp sirven un objetivo legítimo y beneficioso. Las agencias de trabajo temporal ayudan a las empresas a resistir cambios repentinos o estacionales y brindan flexibilidad para tiempos inciertos. Los empleados prueban trabajos, adquieren capacidades y hacen la transición al trabajo a tiempo completo.

“Creo que nuestra industria ha sido buena para América del Norte en lo que es mantener la gente trabajando,” dijo Randall Hatcher, presidente de MAU Workforce Solutions, que provee temps a BMW. “Si me despide Empleador A, voy por aquí a Empleador B y a lo mejor tienen un trabajo para mí. La gente adquiere muchas experiencias diferentes. Un empleado puede trabajar en cuatro o cinco empresas distintas y a lo mejor después decidir: esto es lo que quiero hacer.”

A las empresas les gusta la “flexibilidad,” añadió. “Tener la posibilidad de llamar a alguien y decir, ‘Necesito 100 personas’ es muy poderoso. Les permite cumplir pedidos que a lo mejor no podrían cumplir.”

Pero a través de los años, muchas empresas han puesto este modelo patas arriba y estirado la definición de “trabajo temporal.”

Al menos 840,000 trabajadores temp son como Rosa: están trabajando en empleos de cuello azul y ganando menos de $25,000 anuales, según un análisis de datos de empleo federal hecho por ProPublica. Solo alrededor de 30 por ciento de empleos tempindustriales se convertirán en permanentes, según un sondeo hecho por Staffing Industry Analysts.

Llegadas las 4:52 de la mañana, las sillas en la agencia temp de Rosa están llenas y obreros hacen fila contra las paredes agarrando bolsas de plástico que contienen sus almuerzos. Desde detrás de un mostrador alto y blanco, la voz de un despachador invisible truena como un anfitrión de juego televisivo, llamando la primera remesa de trabajadores:  ___ Mendoza, ___ Rosales, ___ Centeno, ___ Martínez, …

Esa es una práctica que George Gonos, un sociólogo de SUNY-Potsdam que ha dedicado su carrera a estudiar la industria temp, llama la versión moderna del “shape-up” (contratación callejera) – un ritual en que los obreros portuarios hacían fila enfrente del jefe quien les seleccionaba uno por uno para trabajar en los muelles.

El día después del Día de Acción de Gracias de 1960, Edward R. Murrow emitió un reportaje titulado “Cosecha de la Vergüenza,” documentando la penuria de los obreros agrarios migrantes. Los trabajadores temp de hoy enfrentan muchas condiciones similares en la forma en como son contratados, como llegan al trabajo y la comida que su presupuesto les permite comer. Ajustando acorde a la inflación, los agricultores de hace 50 años ganaban aproximadamente lo mismo que ganan muchos de los trabajadores tempde hoy, incluyendo Rosa. De hecho, en algunos de los mismos pueblos granjeros examinados en el reportaje de Murrow se han construido muchos almacenes que están llenos de temps.

Como en el pasado, los productos cambian con las estaciones. Pero ahora, en vez de cosechar fresas, tomates y maíz, los obreros temp empaquetan chocolates para el Día de San Valentín, asadores de barbacoa para Memorial Day, ollas de pavo para el Día de Acción de Gracias, ropa y juguetes para Navidad.

Los afroamericanos son un 11 por ciento de la fuerza laboral total pero más de un 20 por ciento de los trabajadores temp. Willie Pearson, un afroamericano, ha sido trabajador a tiempo completo en la planta de BMW en Carolina del Sur por 14 años. Pero desde al menos 2005, dijo, no visto a nadie que “ha sido contratado directamente. Ha sido todo a través de las agencias temporales.” La empresa dice que “después de seis meses los pueden contratar, pero yo diría que es solo uno de cinco” quien verdaderamente consigue un trabajo a tiempo completo, dijo.

La BMW no respondió a llamadas hechas para este reportaje.

Los latinos representan alrededor del 20 por ciento de todos los trabajadores temp. Pero en muchas “temp towns,” las agencies han entrado en masa en barrios llenos de migrantes indocumentados, encontrado una mano de obra que se mantiene barata en parte por la vulnerabilidad legal de estos obreros: No pueden quejarse sin arriesgar la deportación.

Tiburones del trabajo y Chicas Kelly

Mucha gente piensa que el uso de los obreros temp simplemente creció de forma orgánica, llenando un espacio que las compañías exigían en una economía global que cambiaba continuamente.  Pero décadas antes de que la palabra “outsourcing” (subcontratación externa) existiera, la industria temp hizo una campaña para convencer al mundo de las corporaciones estadounidense que los trabajadores permanentes eran un estorbo.

La industria emergió después de la Segunda Guerra Mundial cuando el aumento de trabajos de oficina fomentó una demanda de secretarias y mecanógrafas para encargos breves. En esta época, casi cada estado tenía leyes que regulaban a los agentes de empleo para frenar los abusos de los “tiburones de trabajo,” operadores sin escrúpulos que exigían tarifas exorbitantes  a los nuevos inmigrantes europeos a principios de los 1900s.  Presentando el trabajo temp como una nueva industria, grandes empresas temp hicieron una presión política exitosa para reescribir estas leyes de una forma que no afectara a las agencias de empleo temporal.

En la década de los 1960, las agencias como Manpower y Kelly Girl empezaron a anunciar sus servicios como trabajos para mujeres, ofreciendo “pin money” (dinero para gastos) a amas de casa, según Erin Hatton, una socióloga de SUNY Buffalo y autora de The Temp Economy. Y promocionaron las ventajas de los empleados cuyo status dejaba a la empresa anfitriona libre de responsabilidad – un mensaje que persiste hoy.

Un anuncio de Kelly Girl de 1971 encontrado por Hatton se llamaba “The Never-Never Girl” (La Chica Nunca-Nunca) y presentaba la imagen de una mujer atractiva mordiendo un lápiz.

El texto decía: “Nunca toma vacaciones o festivos. Nunca pide un aumento. Nunca te cuesta un centavo durante tiempo muerto. (Cuando cae la demanda de mano de obra, la dejes caer a ella). Nunca sufre un resfriado, una hernia discal o un diente suelto.  (Al menos no a cuenta de usted!) Nunca le hace pagar por impuestos de desempleo o gastos de seguridad social. (Además, nada de papeleo!)  Nunca tendrá que pagar por sus beneficios. (Estos equivalen hasta un 30% de cada dólar de la nómina). Nunca deja de complacer. (Si nuestra empleada Kelly Girl no funciona bien, usted no paga. Hasta este punto estamos seguros de todas nuestras chicas.)”

Carl Camden, el actual director ejecutivo de Kelly Services, dijo que el lenguaje anacrónico era una respuesta a la actitud machista de la época. “No era típico ver a las mujeres trabajando,” dijo. “Así que tenías ese empleo frecuentemente presentado como si no fuera trabajo de verdad. La forma en que los medios lo podían vender como algo sociológicamente aceptable era presentándolo como una manera de ganar dinero para Navidad, algo que hacías en el tiempo libre para tu familia.” (Manpower no respondió a llamadas para este reportaje.)

Paulatinamente, las empresas temp empezaron a entrar en el mercado del empleo de cuello azul. Hacia el final de los 1960—una década en que la economía estadounidense creció 50 por ciento—las agencias temp empezaron a vender la idea de usar mano de obra temporal para departamentos enteros. Apoyarse en temps solo para trabajo estacional y tiempos inciertos era insensato, las agencias  dijeron a los gerentes durante las siguientes dos décadas. Como alternativa,  dijeron, sería mejor que las empresas tuvieran un núcleo de, por ejemplo, cinco empleados suplementados por hasta 50 trabajadores temporales, escribió Hatton.

La industria temp prosperó en la década de los 1990, mientras el aumento de la fabricación hecha-a-la-orden empujó la mano de obra contratada-a-la-orden. Pero la industria también avanzó promocionándose como el antídoto contra la mala publicidad causada por los despidos. Si una empresa despedía una porción grande de su fuerza laboral, podría hacer grandes titulares y dejar sus clientes con una sensación amarga. Pero si una empresa simplemente se deshacía de sus temps, era fácil explicarlo como un fenómeno estacional — y la empresa anfitriona podía frecuentemente evitar el reglamento federal que exigía que una empresa avisara con antelación a sus empleados que se acercaban despidos masivos.

Más recientemente, las empresas temp han presionado exitosamente para cambiar las leyes o las interpretaciones legales en 31 estados para que los trabajadores que pierden sus puestos y están sin empleo no puedan recibir beneficios de desempleo si no se presentan de nuevo con la empresa temp para otro encargo.

“No están acarreando a cabras”

Rosa vive en el salón de estar de una vieja casa de huéspedes de estilo Victoriano. Hay un colchón barato en el suelo, y una sábana cubre las puertas francesas que separan su cuarto del pasillo. El alquiler es $450 por mes; lo paga a medias con su novio, quien trabaja instalando moquetas. Ella comparte una cocina y baño con otra familia. Una trampa al lado de su puerta la protege contra las ratas que la han despertado durante la noche.

Rosa vino a los Estados Unidos en 1997 de Ecatepec, México, dónde luchaba para criar a dos hijos ella sola trabajando como vendedora ambulante de productos de belleza. Cuando se enteró que una vecina había contratado a un coyote para ayudarla a cruzar la línea internacional, Rosa se apuntó, dejando a sus hijos con parientes y viajando en autobús hasta la frontera. Caminaron por tres días a través del desierto hasta un punto de encuentro, donde un autobús les llevó a una casa de seguridad clandestina en Phoenix y después a Cullman, Ala.

Rosa se acuerda que cuando llegó a Cullman, tenía los zapatos tan lleno de agujeros que su primera misión fue ir a un centro comercial y hurgar en una caja de ropa donada buscando un nuevo par de zapatos.

“Trabajé en una planta de pollos y un restaurante al mismo tiempo para conseguir el suficiente dinero para mandar a México,” dijo. Como Rosa, muchos inmigrantes indocumentados que hablaron para este reportaje consiguieron trabajos a tiempo completo cuando primero llegaron en la década de los 1990. Pero muchos perdieron sus trabajos cuando cerraron muchas fábricas durante la reciente recesión y desde entonces solo han encontrado empleo temporal.

Otra obrera temp, Judith Iturralde, opina que la transición tuvo sus inicios aún antes, durante las redadas de migración que vinieron después de los ataques terroristas del 9/11. Dijo que cuando volvió a trabajar después de someterse a una cirugía en 2002, el almacén de discos compactos donde había trabajado le dijo que ya no podía contratarla porque no tenía papeles. La mandaron a una agencia temp, y unos años más tarde volvió al mismo almacén, todavía sin papeles.

Después de juntar la cantidad suficiente de dinero, Rosa volvió a México y trajo a sus dos hijos adolescentes a través del desierto y de vuelta hasta Alabama, donde trabajaron en una maderería. Después de que un hijo se hizo daño en el trabajo, se mudaron a Chicago esperando encontrar una mejor vida.

Pero el único trabajo que Rosa pudo encontrar fue en agencias temp.

Ahora son las 5:03 en Staffing Network y la primera remesa de trabajadores espera afuera para subir al autobús a Norelco. La agencia dice que ofrece transporte gratis para el beneficio de sus empleados. Pero activistas que abogan para los trabajadores dicen que las camionetas ayudan a las agencias temporales asegurando que proveen a sus clientes corporativos el número necesario de obreros en el momento necesario.

Muchas zonas metropolitanas no tienen transporte adecuado desde los barrios de clase obrera hasta las viejas tierras granjeras donde han florecido los almacenes durante los últimos 15 años. Así que un sistema de camionetas temp ha surgido, muchas veces contratadas por las agencias. Los trabajadores en varias ciudades dijeron que sienten presión para usar las camionetas si no quieren perder el trabajo. Normalmente pagan $7 o $8 por el viaje de ida y vuelta diario.

Los obreros describen las camionetas como peligrosamente sobrecargadas, con hasta 22 personas metidas en una van hecha para 15 pasajeros. En New Jersey, un trabajador hizo un dibujo de como su agencia temp logró meter a 17 personas en una mini-camioneta, utilizando bancos de madera y asientos de bebé y haciendo a tres de los trabajadores agacharse en el espacio del maletero.

“Nos empujan y empujan adentro hasta que quedamos como cigarrillos en un paquete,” dijo un obrero de Illinois. “A veces digo, ‘¡Oiga, no están acarreando a cabras!”

Varios obreros dijeron que a veces la agencia temp les había dejado abandonados. Vicente Ramos, un padre de seis hijos que vive en New Jersey,  recordó como una noche hace unos años tuvo que caminar con otros trabajadores durante tres horas porque la camioneta no se presentó.

“Teníamos hambre y sed y apenas podíamos caminar y nos dolían los pies,” dijo Ramos. “Y todavía nos cobraron el viaje.”

Un nuevo ecosistema temp

Ahora son las 5:20 y un segundo grupo de obreros ha sido llamado para Norelco. Los despachadores empiezan a seleccionar trabajadores para Start Sampling, que ofrece muestras gratis de productos como champú, café y comida para gatos que vienen de minoristas y empresas de consumo.

Los despachadores han llamado a varias otras trabajadoras cuyo nombre también es Rosa. Cada vez, Rosa pone atención, pero siempre es otro apellido. Va hasta el mostrador y pregunta a los despachadores si piensan que habrá trabajo hoy. Le dicen que no hay mucho pero que espere un rato más para ver si alguna empresa llama para decir que necesita más gente.

Dos meses antes, en Noviembre, Rosa se presentó en la agencia temp con algo que quería decir. Había estado participando en reuniones del Chicago Workers’ Collaborative, una agencia sin fines de lucro que aboga por los trabajadores temporales y es subvencionada por fundaciones religiosas y de antipobreza. Aunque Rosa se hizo más y más activista, su única fuente de ingreso son los trabajos temp.

“Mi nombre es Rosa Ramírez,” dijo, acompañada por líderes del colectivo de trabajadores, quienes grabaron el discurso con un teléfono celular.  “Queríamos leerles algunos puntos que queremos que cambien aquí en esta oficina.”

“Queremos que dejen de forzar a los trabajadores a esperar sin pago antes del turno de trabajo,” dijo Rosa, parada en el centro de la sala y leyendo de un papel que había traído.

“Permitir que los trabajadores puedan ir directo al lugar de trabajo, porque algunas personas tienen niños y no pueden dalos a cuidar tan temprano.”

Los obreros en las sillas bajas miraron hacia abajo nerviosamente, sin saber lo que iba a pasar.

Rosa siguió leyendo en voz alta. “No obligar a los trabajadores a esperar afuera de la oficina hasta que llegue el transporte durante meses de invierno.”

“No queremos que sobrecarguen los camiones o camionetas de transporte,” dijo Rosa. “Porque nos llevan como sardinas.”

Volviendo a pensar en aquel día, Rosa dice que se siente fortalecida a veces, pero derrotada en otros momentos.

“Ya no aguantaba más los abusos,” dijo Rosa. “Veía que la gente los aceptaba, y así pensé que si me levantaba y hablaba la gente se juntaría conmigo y estaría de acuerdo y lucharía por sus derechos. Pero desafortunadamente, la mayoría de la gente no lo hizo.”

Staffing Network dijo en un comunicado que los obreros no estaban obligados a venir a la oficina satélite. Muchos obreros, dijo el comunicado, son contratados cuando llaman para preguntar por oportunidades de empleo y después van directamente a sus lugares de trabajo.

“Nuestra historia de ser un empleador justo y apegado a la ley se prueba por el hecho que más del 65 por ciento de los empleados temporales que contratamos y ubicamos en puestos de trabajo han trabajado con Staffing Network por un año o más,” escribió la compañía. “Brindamos a todos los empleados las oportunidades para expresar cualquier pregunta o preocupación acerca de cualquier aspecto de sus trabajos – sin ninguna represalia.”

Los sindicatos, que están contra las cuerdas en todo el país, históricamente han hecho poco por los trabajadores temp. La industria de temporales inicialmente ganó el apoyo sindical con la promesa de que no cruzaría las líneas de protesta durante huelgas. Pero en 1985, la Federal Trade Commission emitió una decisión dictando que la asociación empresarial no podía forzar a sus socios a cumplir esta promesa; así que no lo hicieron.

“Los sindicatos han tenido dos almas cuando se trata de trabajadores temp,” dijo Harley Shaiken, un veterano economista laboral de la Universidad de California, Berkeley. Una tendencia ha sido intentar incluir a estos obreros, dijo, pero “la otra ha sido de cerrar filas solo en torno a los trabajadores a tiempo completo. “

Will Collette, quien encabezó una campaña de la AFL-CIO contra la empresa temp Labor Ready a principios de los 2000, dijo que fue casi imposible organizar a los trabajadores porque el ritmo de recambio de personal era tan alto.

Y algunos mandatos gubernamentales recientes han atado las manos de los sindicatos. Una orden en 2004 de la National Labor Relations Board prohibió que los obreros temporales se juntaran con los obreros permanentes para negociaciones colectivas a no ser que tanto la agencia temp como la empresa anfitriona estuvieran de acuerdo.

Algunas empresas temp hasta se han promocionado como expertos en blindar a los lugares de trabajo contra los sindicatos. En una propuesta para el fabricante de vehículos todoterreno Polaris, la agencia temp Westaff, una división de la Select Family of Staffing Companies, dijo que su equipo estaba especialmente  entrenado para detectar indicios iniciales de actividad sindical, como cuando “grupos de obreros se agrupan para charlar, y después se callan cuando aparecen los gerentes.”

Mientras tanto, todo un ecosistema de contratistas y subcontratistas se beneficia de la flexibilidad de mano de obra contratada-en-el-momento. Por ejemplo, los dos complejos de almacenes más grandes de Walmart están al suroeste de Chicago y en el Inland Empire al este de Los Angeles. Los dos son administrados por Schneider Logistics, la cual subcontrata también a un elenco siempre cambiante de empresas logísticas y compañías de mano de obra.

Esas capas de agencias temp han ayudado a Walmart a eludir responsabilidad cuando las agencias de regulación han descubierto problemas o los obreros han intentado demandar a la empresa por supuestas violaciones de normas de pago o seguridad. Por ejemplo, cuando el estado de California inspeccionó el almacén de Walmart en el Inland Empire en 2011 y descubrió que se pagaba a los obreros “por pieza,” según cuantos contenedores de transporte descargaban, en vez de pagarles por hora, las agencias reguladoras sancionaron a los subcontratistas con más de $1 millón en multas por no mostrar cómo se calculaba el pago. Ni Walmart ni Schneider se enfrentaron a sanciones.

Preguntado sobre si las capas de subcontratación permiten a Walmart  escapar de su responsabilidad, la portavoz Brooke Buchanan dijo, “En absoluto.”

“Hacemos un esfuerzo muy grande para obedecer la ley,” dijo, “y contamos con que todos los negocios con quien tenemos tratos, y todos con quien ellos tienen tratos, cumplen con la ley.”

Schneider trata a sus asociados con “dignidad y respeto,” escribió la portavoz Janet Bonkowski en un correo electrónico. “Nuestros proveedores son independientes,” dijo. “Cuando utilizamos terceros vendedores, exigimos por contrato que se cumpla totalmente con todas las leyes exigidas y que todos los involucrados hagan negocios éticamente.”

Mientras el trabajo se reparte a través de una cascada de subcontratistas, algunos trabajadores han sido pagados sueldos por debajo del mínimo legal o han visto sus ingresos bajar a través de los años.

Berto Gutiérrez, quien ha trabajado varios turnos en el almacén de Walmart en Elwood, Ill., dio a ProPublica una copia de su cheque de paga de 2011 del subcontratista Eclipse Advantage. El cheque muestra que fue pagado solo $57.81 por 12.5 horas de trabajo, o $4.62 por hora. Ni Eclipse, ni Schneider ni Walmart dieron una explicación por el cheque de pago de Gutiérrez.

En 2007, Leticia Rodriguez fue contratada directamente por Simos, el contratista de logística que maneja la parte en línea del almacén de Walmart en Elwood. Dice que trabajó como supervisora para un contrato anual de $49,500 con seguro de salud. En 2009, cuando se negó a ir al trabajo en lo que dice era una día libre que había esperado durante mucho tiempo, la despidieron.

Rodriguez volvió al almacén seis meses después, ahora empezando al nivel más bajo, cargando camiones para una de las empresas de personal de Schneider. Dice que fue pagada $15 por hora, pero en un año la empresa de personal perdió el contrato.

Eclipse Advantage consiguió el contrato, y Rodríguez fue a trabajar para esta empresa. Con Eclipse, dijo, le pagaban por pieza, un promedio de $9.50 por hora. Pero seis meses después, Eclipse se fue, y ella y todos los otros empleados perdieron sus trabajos. Rodríguez desde entonces ha trabajado como interina en la campaña, con apoyo sindical, de Warehouse Workers for Justice, ganando $12,000.

El presidente de Eclipse, David Simono, se negó a hacer comentarios. Simos no devolvió llamadas. Walmart dijo que no podría comentar sobre los detalles específicos de un empleado de un subcontratista, pero dijo que da oportunidades a todos sus obreros para avanzar en sus carreras.

“Hemos Visto Situaciones Verdaderamente Horrorosas”

El creciente sector de trabajo temporal hace poco para sostener el nivel de vida de los trabajadores. Las agencias temp consistentemente se ubican entre las peores industrias grandes en lo que concierne a la frecuencia de violaciones de reglamentos de sueldo y horas, según un análisis de datos de control de empleo federal hecho por ProPublica.  Un sondeo hecho por el Departamento de Empleo en 2005, el más reciente accesible, encontró que solo un 4 por ciento de temps tienen pensiones o planes de jubilación de sus empleadores. Solo 8 por ciento reciben seguro de salud de su empleador, comparados con 56 por ciento de trabajadores permanentes. Lo que los empleadores no dan, los empleados lo reciben de la red de protección social, o sea, los contribuyentes.

Y no espere que lo arregle Obamacare. Según esta ley, los empleadores deben proveer cobertura de salud solo a empleados que trabajan un promedio de 30 horas a la semana o más. Después de recibir presión de la industria temp y otros, el IRS decretó que las compañías tienen hasta un año para determinar si los trabajadores califican para ese beneficio.

Con los aspectos mayores de la reforma de salud listos para entrar en vigor en 2014, hay una cantidad creciente de evidencia de que 2013 se está convirtiendo en un año boom para trabajo temporal. TempWorks, que vende software que las agencias de mano de obra usan para controlar los pedidos de nómina y trabajadores, dice que sus ventas se han disparado y que las agencias temp les dicen que el aumento es un resultado del Obamacare.

En contraste con el control que hace de casi todas las otras industrias, el gobierno no mantiene estadísticas de lesiones entre trabajadores temp. Pero un estudio de datos de compensación de trabajadores en el estado de Washington encontró que obreros temp en la construcción y la manufactura eran dos veces más propensos a sufrir lesiones que el personal permanente que hace el mismo trabajo.

En abril, la Occupational Safety and Health Administration federal anunció una iniciativapara conseguir mejor información sobre la seguridad de los trabajadores temporales. “Los empleadores, pensamos, no tienen el mismo compromiso para brindar un lugar de trabajo seguro, para dar el mismo entrenamiento, a un obrero a quien, a lo mejor, van a pagar durante solo unas cuantas semanas,” dijo el director de OSHA, David Michaels, en una entrevista. “Quiero decir, hemos visto situaciones verdaderamente horrorosas.”

En Diciembre de 2011, un obrero temp en Chicago murió después de ser escaldado por una solución de ácido cítrico. La fábrica de cremas de piel y champú donde trabajaba no llamó al 911 aun mientras la piel se desprendía de su cuerpo. En Agosto de 2012, un tempen Jacksonville murió aplastado en su primer día de trabajo en una planta de embotellamiento cuando un supervisor le dijo que limpiara el cristal de debajo de una máquina que apila productos sobre tarimas – una tarea que OSHA dijo que no estaba entrenado para hacer. Y en enero, un temp murió en una fábrica de papel en las afueras de Charlotte, N.C. al ser asfixiado por humos tóxicos mientras limpiaba el interior de un tanque químico.

“Hay algo que está pasando aquí que necesita intervención directa,” dijo Michaels.

Una Carta De Derechos para trabajadores temp

Algunos congresistas han propuesto un puñado de proyectos de ley para proteger a trabajadores temp en las últimas dos décadas. Ninguno ha avanzado más allá de ser considerado por un comité legislativo. Los esfuerzos al nivel estatal han encontrado una resistencia similar.

Pero activistas laborales y algunas agencias temp dicen que la Massachusetts Temporary Workers Right-to-Know Law (La Ley del Derecho a Saber del Obrero Temporal), que entró en vigor en enero, ofrece un modelo para otros estados.

La ley exige que agencias temp den aviso escrito a obreros sobre los asuntos básicos: para quienes van a trabajar, cuanto serán pagados y que equipaje de seguridad van a necesitar.  La ley limita los costos de transporte y prohíbe tarifas que empujen el pago de los obreros por debajo del sueldo mínimo. Las agencias también deben reembolsar al trabajador si lo mandan a un lugar de trabajo y descubre que no hay empleo.

Leyes estatales parecidas han sido aprobadas en New Jersey e Illinois en los últimos años. Pero a pesar de que la American Staffing Association tiene un código de ética con normativas parecidas, la organización ha luchado contra leyes de ese tipo y las ha bloqueado en California y New York. “Todas las leyes que son vigentes para todo otro tipo de empleado son vigentes para trabajadores temporales,” dijo Stephen Dwyer, el consejero legal del grupo. “Pensábamos que amontonar nuevas leyes encima de leyes existentes no sería eficaz.”

Aún en estados que tienen leyes, se cumplen poco y mal. Por ejemplo, Illinois prohíbe que las agencias temp cobren el transporte. Pero muchas empresas han esquivado esta ley utilizando los llamados raiteros, quienes fungen como intermediaros barriales de mano de obra para las agencias y cobran poe el transporte. La ley también exige que se ofrezca un aviso de empleo que dice el nombre de la compañía anfitriona, el sueldo, horario y cualquier equipaje que se necesite. De los más de 50 obreros en la zona de Chicago que fueron entrevistados para este reportaje, solo un puñado había alguna vez recibido tal aviso.

En un recorrido reciente por los suburbios de clase trabajadora de Chicago, Rosa señaló a través de la ventana del automóvil a una fila de pequeñas casas de ladrillo rojo.

“Siempre he soñado con tener una casita, una casita realmente pequeñita,” dijo.

Preguntada si pensaba que algún día podría comprarse una, Rosa rió.

“¿Ganando $8.25 por hora?” dijo. “No creo que nunca podré hacerlo.”

La mañana en la agencia temp ya ha avanzado bastante, y Rosa sigue esperando con una cincuentena de personas.

Alrededor de las 6:00, pregunta otra vez si saldrá un trabajo. El despachador le dice que aguante 15 minutos más.

Después le da la noticia: hoy no hay trabajo.

Este martes 2 de julio quedará marcado como un día clave en la tramitación de la ley sobre concesiones eléctricas, no sólo por la relevancia de lo que se debe tramitar ese día en el Senado en materia energética, sino también porque pondrá a prueba la transparencia de algunos senadores que tienen comprometidos intereses en el sector, sea personalmente o a través de familiares. Lo que se votará en la sala de la Cámara Alta es parte de un acuerdo transversal entre el gobierno y el Congreso para acelerar la tramitación de dos leyes que resultan fundamentales para impulsar el desarrollo energético del país: la Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley sobre Energías Renovables no Convencionales (ERNC, también conocida como Ley 20/20).

El nudo de la negociación busca destrabar –por una parte- el proyecto de ERNC que no avanzaba lo suficiente en la Cámara para conseguir a tiempo la primera meta para diversificar la matriz energética. Ese objetivo es conseguir que el 5,5% de la producción de energía del país provenga de fuentes renovables no convencionales. La otra parte del acuerdo consiste en apurar la tramitación de la Ley de Concesiones Eléctricas para disminuir ostensiblemente los plazos que hoy demoran casi dos años para adjudicar estas concesiones. Esta es una prioridad para el gobierno ante las severas consecuencias por la prolongada sequía y la paralización de proyectos como HidroAysén (vea el documento).

En el Senado hay a lo menos tres legisladores que tienen vínculos con el sector energético: Ximena Rincón (DC), representante de la Región del Maule Sur; Ignacio Walker (DC), de la Quinta Región Interior y su hermano Patricio (DC), de la Región de Aysén.

Ximena Rincón tuvo un 40% de participación –hasta 2012- en la Sociedad de Inversiones Latri. Esta sociedad figura como accionista de  Gestión de Proyectos Eléctricos S.A., destinada a “ejecutar todo tipo de proyectos eléctricos o energéticos, públicos o privados, ya sea directamente o a través de terceros”. Su socio era el diputado DC Juan Carlos Latorre, dueño del restante 60% y quien sigue siendo legalmente su marido, aunque ahora están separados. El 1 de marzo de 2012 la senadora Rincón se retiró de la sociedad y el diputado Latorre incorporó en su reemplazo a uno de los hijos de su primer matrimonio, Juan Carlos Latorre D`Otonne.

La parlamentaria patrocinó, junto a los senadores Jaime Orpis (UDI), Isabel Allende (PS), Gonzalo Uriarte (UDI), Eduardo Frei (DC) y Baldo Prokurika (RN), el acuerdo que suscribieron con el gobierno para acelerar la tramitación de los dos proyectos vinculados a la agenda energética.

LOS HERMANOS WALKER

El caso de los hermanos Patricio e Ignacio Walker es diferente. Su hermano Juan es un empresario dedicado al negocio de las energías renovables no convencionales, uno de los temas centrales que aborda el proyecto sobre energías renovables que se está tramitando actualmente en la Cámara. Juan Walker está desarrollando un proyecto para montar Atacama Solar, la primera planta de energía solar en Chile de gran escala, en la región de Tarapacá, con una capacidad proyectada para generar unos 250 MW en 2017. El proyecto abarca también la línea de transmisión para conectarlo al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

CIPER revisó las votaciones previas de Patricio Walker, cuando el Senado discutió la ley sobre energías renovables no convencionales, el 18 de enero de 2012. En esa oportunidad, Patricio Walker votó a favor de los 24 artículos discutidos en particular y no se inhabilitó. Lo mismo ocurrió con Ximena Rincón, que en ese entonces aún era socia de Inversiones Latri, sociedad vinculada a proyectos energéticos desde 2005. La senadora vendió su participación dos meses después de esta votación, en marzo de 2012.

El 19 de junio el Senado votó en la sala dos artículos de la Ley de Concesiones Eléctricas que requerían un quórum calificado de 4/7 de los senadores en ejercicio, es decir 23 votos. El primer artículo, el 31 bis, fija un mecanismo para que un juez arbitral intervenga en los casos en que se produzcan dificultades o choque de intereses entre las concesiones eléctricas y otras concesiones mineras, de energía geotérmica o cualquiera en disputa. En este caso, la votación fue de 23 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Los senadores Patricio e Ignacio Walker votaron a favor de la norma y también lo hizo la senadora Rincón (ver votación Senado).

El segundo artículo, 34 bis, ha sido más cuestionado por las organizaciones ambientalistas y algunos senadores, porque permite continuar con las obras aunque un juez determine su paralización o suspensión en caso de un juicio. La única condición que se exige al concesionario es que “consigne en la cuenta corriente del tribunal caución (dinero en garantía) para responder de la demolición de la obra o de la indemnización de los perjuicios” en caso de ser condenados por el juez. La votación fue de 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención.

La Alianza votó en bloque ambos artículos. Sin embargo, la senadora Lily Pérez (RN) votó en contra del segundo, desmarcándose del resto de los senadores de su sector.

-Si bien apoyo el espíritu general de estos proyectos, voté en contra de este artículo porque da la posibilidad a algunos concesionarios de destruir igual y argumentar que dejaron los recursos para hacer una compensación económica. Cuando se hace un daño, este es irreparable. Creo que el dinero no compensa el daño que se pueda generar en obras de esta magnitud -afirma la senadora Pérez.

Los hermanos Patricio e Ignacio Walker y Ximena Rincón votaron a favor de la norma.

-        Estudié los dos  artículos y no vi que hubiera ninguna relación con las energías renovables no convencionales, que es el negocio de mi hermano. No tiene relación con un interés específico y en eso la ley es clara: si se regula un ámbito en general, uno no debe inhabilitarse -explica el senador Patricio Walker.

La norma que regula los conflictos de interés para los parlamentarios está establecida en el artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional: “Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges,  ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo,  podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas  mencionadas, tengan en el asunto”. En el caso de la senadora Rincón, el eventual beneficiado con estas nuevas normas es su cónyuge. El certificado de matrimonio que entrega el Registro Civil señala que ella aún mantiene el vínculo conyugal con el diputado Latorre (vea el documento). Respecto de Ignacio y Patricio Walker, la relación es de consanguinidad en primer grado, por tratarse de un hermano, y cae dentro de las restricciones señaladas en la norma que regula las inhabilidades.

Frente a la votación prevista para este martes 2 de julio, que revisará 40 indicaciones a los artículos de la ley sobre concesiones eléctricas, el senador Patricio Walker aseguró que “voy a revisar los artículos en detalle y si hay alguna norma que tenga  relación con las energías renovables no convencionales, donde está la relación con los negocios de mi hermano Juan, por supuesto que me voy a inhabilitar”.

Pese a esta declaración, CIPER revisó las votaciones previas de Patricio Walker, cuando el Senado discutió la ley sobre energías renovables no convencionales, el 18 de enero de 2012. En esa oportunidad, Patricio Walker votó a favor de los 24 artículos discutidos en particular y no se inhabilitó. “No es extraño que haya votado a favor, porque en ese momento yo no tenía información de que mi hermano estuviera en el negocio de la energía solar. El entró fuerte a mediados del 2012 y este año 2013″ asegura el senador Walker. Lo mismo ocurrió con Ximena Rincón, que en ese entonces aún era socia de Inversiones Latri, sociedad vinculada a proyectos energéticos desde 2005. La senadora vendió su participación dos meses después de esta votación, en marzo de 2012. La senadora estaba en comisión y no pudo responder los llamados de CIPER.

En paralelo al Senado, la Cámara está discutiendo el proyecto sobre ERNC 20/20, que busca ampliar de un 10% a un 20%  la meta de energía producida en el país proveniente de fuentes alternativas no convencionales al año 2025. El mismo día que se votaron en el Senado los artículos especiales de la Ley sobre Concesiones Eléctricas, los diputados aprobaron -en general- la ley sobre ERNC 20/20. Tres diputados se inhabilitaron: Juan Carlos Latorre (DC); Matías Walker (DC), hermano de los senadores Ignacio y Patricio; y Jorge Burgos (DC). Los tres apelaron al artículo que determina las inhabilidades cuando hay intereses comprometidos. Latorre explicó su decisión en que “mi trabajo profesional, a veces, tiene relación con la materia de este proyecto”. En todo caso, Latorre ya había votado la idea de legislar el mismo proyecto en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara.

Latorre también formó parte de los seis diputados que suscribieron el acuerdo gobierno- Congreso para agilizar la tramitación de los dos proyectos de ley esenciales para la agenda energética. Junto a Latorre pusieron su rúbrica a ese acuerdo los diputados Felipe Harboe (PPD), Mario Bertolino ( RN), Carlos Vilches (UDI), Fidel Espinoza (PS) y Manuel Rojas (UDI).