Vea además: “Niños protegidos por el Estado II: la falta endémica de recursos que los deja sin la mínima asistencia”

Muchas veces los problemas sociales son difíciles de enfrentar porque las autoridades carecen de la información necesaria para diseñar políticas correctas. Existen, sin embargo, áreas en que los datos están pues especialistas se han dado el trabajo de investigar, sistematizar la información y a partir de allí han sacado estremecedoras conclusiones que indican urgencia de actuar. Pero hasta allí se llega, todo sigue igual, porque alguna autoridad así lo decidió. Es exactamente lo ocurrido con una exhaustiva investigación que sirve para caracterizar la vida de los cerca de 15 mil menores que el Estado chileno debe proteger en el sistema residencial, y que revela gravísimas vulneraciones a los derechos de niños y jóvenes. La investigación se hizo a partir de un convenio entre la Unicef y el Poder Judicial, con una inversión aproximada de $ 200 millones.

Los informes abordan las condiciones de vida de 6.500 niños atendidos en 10 regiones e identifican los principales nudos críticos que enfrenta el sistema de protección. Para ello se recurrió a una batería de instrumentos que incluyó: una encuesta a 384 niños repartidos en más de 60 proyectos en todo Chile; entrevistas reservadas hechas por jueces a los niños de esos mismo proyectos; visitas inspectivas a los hogares; revisión de los expedientes de 6.500 menores para elaborar fichas que permitieran tener claridad sobre su situación, sus tratamientos y su destino. Estas fichas, además, por primera permiten unificar la información muchas veces inconexa y contradictoria que sobre un mismo niño tenían el Servicio Nacional del Menor (SENAME) y los tribunales de justicia. Se elaboraron también fichas sobre los centros para precisar las condiciones materiales y de gestión de las residencias visitada; y se levantaron datos de 1.112 niños y jóvenes internados en las Aldeas SOS y cuya realidad es, según estos informes, representativa del sistema.

Es necesario precisar que los menores de los que se habla en este reportaje han sido víctimas de algún tipo de maltrato en sus familias y no pueden vivir con ellas. Son niños que han sido abandonados o abusados sexualmente o golpeados; o sus padres han caído en el consumo de drogas y son negligentes. Son niños solos, que necesitan protección y el Estado, con la ayuda de los privados, supuestamente tiene un sistema para mejorar su vida, para hacerlos crecer sanos y ayudarlos a llegar a ser buenas personas.

INVESTIGACION INÉDITA

El equipo que realizó esta inédita recolección y sistematización de información lo encabezó la jueza Mónica Jeldres. Y lo integraron las magistradas de tribunales de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz y la doctora en derecho Paulina Gómez. Quien diseñó muchos de los instrumentos metodológicos que se aplicaron en la investigación, fue la socióloga Carolina Bascuñan, enviada por la Unicef. En cada visita a regiones contaron con la participación de jueces de familia locales que aplicaron las encuestas en los hogares colaboradores del SENAME.

Desmenuzar esos informes es abrir una página que estremece a cualquiera. Dan cuenta de gravísimas vulneraciones a los derechos de niños y jóvenes. Como que en un hogar de niñas de Arica se detectó una red de explotación sexual organizada por las guardadoras; mientras que en Punta Arenas, en un hogar de monjas, se denunció violencia y medicación de los niños sin autorización ni supervisión médica, práctica que terminó, según explica la abogada Paulina Gómez, con varios niños recibiendo un tratamiento de desintoxicación.

Entre lo que los jueces encontraron en esas ciudades extremas de Chile, el informe describe el país real en que viven los niños protegidos por el Estado. Se detectó la presencia constante del abuso sexual, delito que a veces comenten los propios guardadores, pero que en su mayoría es realizado por otros jóvenes internos. En las Aldeas Infantiles SOS, por ejemplo, “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual intraresidencial, como víctima o agresor”, concluye el informe. Y se precisa que 86 niños han sido víctimas y que otros 28 han sido identificados como abusadores.

También emergió la presencia constante de la violencia física y verbal por parte de los guardadores o de parte de niños mayores. Y castigos como el encierro o dejar a los menores sin comer.

En la región de Arica se visitaron tres hogares y en dos de ellos se detectaron situaciones de “alto riesgo”, concepto que los autores de la investigación definieron como la existencia de “un peligro inminente  para la salud física y psicológica de los niños”. En Antofagasta, en cuatro de las cinco residencias visitadas se descubrieron situaciones de “riesgo alto”. En Coquimbo, uno de los tres proyectos visitados fue calificado de “riesgo alto”. En la región de Valparaíso se visitaron 24 hogares y en 18 se detectaron situaciones de “alto riesgo”. En Maule se visitaron 11 proyectos y en ocho se detectaron situaciones de “alto riesgo”.  En la Región de Los Ríos, uno de los dos proyectos visitados resultó de “alto riesgo”. En la Región de Los Lagos, de los 6 proyectos visitados, tres fueron calificados de “alto riesgo”.

UN “ALTO RIESGO” QUE SE CONOCE DESDE MARZO

Para que la frase “alto riesgo” no parezca una etiqueta vacía es necesario mirar algunos de los casos que el informe califica de esa manera. Estos aparecen reseñados al final de las encuestas hechas en cada región:

Una niña de 9 años denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia de Valparaíso. Todos los niños entrevistados en un hogar de Quillota señalan que se utiliza el aislamiento como método de castigo. Un niño de 12 años señala ser víctima de agresiones físicas y sicológicas por parte de una educadora en un hogar de San Antonio. Allí mismo, otro niño de 12 años señala ser víctima de agresiones físicas, sicológicas y sexuales por parte de otro menor al interior de la residencia. Todas las niñas que respondieron al cuestionario denuncian agresiones físicas por parte de las educadoras de una residencia de Villa Alemana.

Un niño de 12 años denuncia ser víctima frecuente de abuso sexual por parte de un adulto en la residencia de Cauquenes. Y así cientos de casos…

Ante la constatación de situaciones de “alto riesgo”, la comisión recomendó a los jueces de cada zona “la intervención inmediata de la residencia y la necesidad de investigar y realizar audiencias reservadas con los niños”. Para que eso ocurriera, era necesario que, una vez que la Unicef procesara los datos, se enviaran los antecedentes a los jueces locales respectivos para que investigaran las distintas situaciones irregulares –o ilícitas- detectadas en sus zonas. Hasta hoy, y según los antecedentes obtenidos por CIPER, eso no ha ocurrido. Y ello, a pesar de que los informes fueron entregados por la Unicef al Poder Judicial en marzo de este año.

¿Qué consecuencias tiene esa paralización? Que la niña de 9 años que denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia de Valparaíso, probablemente siga siendo abusada. Que todos los niños del hogar de Quillota puedan seguir siendo castigados con aislamiento y que los niños en situación de riesgo de San Antonio continúen siendo agredidos por una educadora o abusados por otro interno. Y así, el drama de estos niños, los más vulnerables del país, a los que el Estado debe proteger por ley, pueden continuar siendo los protagonistas de los cientos de abusos que aparecen en estos informes.

-En diferentes contactos académicos que he sostenido con diversos jueces de familia del país desde marzo a la fecha, muchos de ellos me han preguntado cuándo recibirán el resultado de las encuestas realizadas en sus jurisdicciones, ya que están esperando el material para iniciar la intervención -explica la abogada Paulina Gómez, quien participó en la Comisión Jeldres.

Por qué entonces nada se ha hecho. La abogada Gómez señala que esta demora de tres meses se debe a que en enero el Poder Judicial  decidió un cambio en el equipo de trabajo de la magistrada Jeldres y los nuevos encargados habrían estimado que era mejor no difundir esta información.

-La nueva coordinadora del equipo, la magistrada Gloria Negroni, antes de enviar la información a las regiones, organizó una reunión entre la Unicef, el SENAME, el equipo de trabajo del Poder Judicial y el ministro encargado de la Reforma de Familia en la Corte Suprema, Héctor Carreño. En esa reunión se decidió el curso de acción a seguir, que al parecer es no traspasar la información de las vulneraciones informadas por los propios niños y adolescentes a los jueces competentes, con el fin de que adopten las medidas pertinentes con carácter urgente -explica la abogada Paulina Gómez.

¿Qué motiva esa decisión de la Corte Suprema? Hasta ahora no hay respuesta oficial. El 18 de marzo pasado, CIPER solicitó acceso a los informes vía Ley de Trasparencia. A pesar de las reiteradas solicitudes hechas con posterioridad, la respuesta de la Corte Suprema nos llegó recién el 17 de junio (tres meses después), en la que se dice que se decidió pedir nuevos antecedentes a los autores del proyecto antes de hacerlo público. De eso hace ya dos semanas. No se entrega ningún motivo para que una investigación donde los autores son un organismo internacional dedicado a la protección de los niños y el propio Poder Judicial, esté retenida.

Lo que no se aclara oficialmente alimenta trascendidos y conversaciones de pasillo, sobre todo porque se trata de un proyecto inédito en varios aspectos. Las versiones que CIPER ha recogido de funcionarios judiciales y de académicos ligados a la protección de la infancia es que los jueces Carreño y Negroni se oponen a la difusión de estos duros informes pues estiman que están mal hechos. Por ello, se le habría pedido a la Unicef que sacara algunas partes, como los datos de los abusos sexuales, pues se habría estimado que no es válido obtener esa información a través de encuestas a menores de edad ni a través de entrevistas hechas por los magistrados, en las que se preserva la identidad de los menores. Todas esas versiones añaden que la Unicef habría accedido a cambiar los informes y habría despedido a la socióloga Carolina Bascuñán, autora técnica de éstos.

Consultada por CIPER la socióloga Bascuñán desmintió esos rumores. Señaló que efectivamente la Corte Suprema envió un oficio a la Unicef  pidiendo que la institución  explicara la metodología utilizada y que precisara su postura frente a los informes. “Unicef respondió por oficio que se recomendaba usar esa información para mejorar el sistema residencial y seguir colaborando en el proyecto. Es decir, respaldó todo el proyecto”, afirma Bascuñán. Añade que ella no ha sido despedida, que sigue trabajando con la Unicef, sólo que en otro tipo de proyecto. El cambio se debe a que ella creó una fundación para trabajar en temas de la infancia y había que evitar posibles conflictos de intereses.

Consultada por CIPER, directivos de la Unicef ratificaron oficialmente la versión de la socióloga Carolina Bascuñan sobre su situación laboral y precisaron, además, que “no se ha recibido por parte del Poder Judicial ningún reparo respecto de la metodología utilizada en dicha investigación”.

CIPER obtuvo además un oficio en que Unicef explica al presidente de la Corte Suprema cómo se hizo toda la investigación y respalda los resultados obtenidos.

Respecto de los estudios, Carolina Bascuñan precisó que el Poder Judicial y SENAME tienen las graves denuncias desde marzo (Ver recuadro); y precisó que lo único que se le pidió -en una reunión en la que estuvo presente la magistrado Negroni, el ministro Carreño y  Angélica Marín, por SENAME- es que no se difundieran estos datos por la prensa para evitar la alarma pública.

En esa ocasión, ella y Soledad Larraín, como representantes de Unicef, dijeron que “si se tomaba la decisión de trabajar esta información en forma interna, Unicef necesitaba tener un informe de las acciones que se habían adoptado para mejorar el sistema residencial”, narra Bascuñán.

Es decir, la Unicef esperaba que los antecedentes se tomaran con la seriedad que correspondía, que se interviniera en los hogares de “alto riesgo” y se les informara de las medidas. “Hasta donde yo sé esa información no ha llegado de vuelta”, explica la socióloga.

De acuerdo a estos antecedentes, actualmente el Poder Judicial retiene sin justificación información que revela situaciones terribles en el trato a los niños que deben ser protegidos por el Estado. Más grave aún: no está claro si se está haciendo algo para solucionar los distintos abusos que se denuncian en estos informes. Según fuentes consultadas por CIPER, sólo hace dos semanas el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, pidió al SENAME que informara qué medidas se habían tomado respecto de los antecedentes reunidos en estas investigaciones.

Las consultas hechas por CIPER a algunos jueces de familia de regiones, coinciden con lo señalado por la abogada Gómez: por el lado de los tribunales, ninguna intervención se habría realizado.

MUCHAS INVESTIGACIONES, POCAS SOLUCIONES

Hasta ahora sólo hay certeza de que han sido investigados los hechos flagrantes que la misma Comisión Jeldres encontró mientas realizaba su labor. Por ejemplo, en Arica la evidencia de una red de explotación sexual infantil en la residencia Ajllasga hizo que los antecedentes se pusieran inmediatamente en conocimiento de los jueces locales. En Ajllasga vivían 24 niñas y la comisión denunció al tribunal local que las muchachas salían del hogar de noche con la complicidad de guardadoras de la residencia, y regresaban de madrugada, drogadas (Vea Informe al juez presidente de Arica).

Según relata la abogada Paulina Gómez, los datos permitieron llevar adelante una investigación penal que culminó en junio “con la formalización por explotación sexual infantil de dos trabajadores del hogar”.

Pero los datos obtenidos en Ajllasga exceden lo delictual y ahondan en los dramas cotidianos del hogar de menores, abusos que muchas veces se detectan en otros centros. Junto con la red de explotación infantil, la Comisión Jeldres descubrió una niña enferma de VIH que no recibía tratamiento y que mantenía relaciones sexuales con otras menores del hogar,  “con quienes se realizarían pactos de sangre con el consiguiente riesgo de contagio”. También detectó “a lo menos dos niñas enfermas de cáncer cérvico-uterino, una carente de todo tratamiento médico y asistencia psicológica en situación de abandono y otra viviendo con su pololo”.

La adicción a la pasta base de varias menores no sólo no era motivo de tratamiento médico sino que, por la completa falta de vigilancia y de cuidado, el consumo no tenía freno alguno. Las chicas se drogaban adentro y afuera del hogar y regresaban “en completo estado de intoxicación, hecho imposible de desconocer por las cuidadoras”. La comisión llegó de madrugada al hogar y pudo constatar que  “las niñas están  en estado de cuasi-inconsciencia por consumo de drogas. No son capaces de reaccionar ni despertar ante los estímulos y llamados realizados por la jueza coordinadora”. Estar en ese hogar no les hacía bien a la niñas, al punto de que se había producido una “cronificación y agudización del estado de toxicomanía de las niñas y adolescentes desde su ingreso a la residencia hasta la fecha”.

Una situación similar de abandono y despreocupación fue registrado en otro hogar de Arica: Sariri. En su denuncia al tribunal de esa región, la Comisión Jeldres describe el centro como peligroso, insalubre y denigrante, donde los niños no tienen ningún control ni son cuidados. Los menores se drogan, salen en la madrugada, hay un total ausentismo escolar e inexistencia de cualquier tipo de actividades educativas o recreativas al interior de la residencia.

La situación de desprotección y abuso es tan sistemática que la Comisión Jeldres, al hacer la denuncia al tribunal de Arica, propone que se sancione a la Corporación CEAFIT -que administra los hogares Sariri y Ajllasga-, que se declaren nulos todos los convenios que permiten a esa corporación recibir menores y dinero fiscal y que se inhabilite a sus directores para vincularse al trabajo con la infancia y la adolescencia.

El informe repara además en un hecho que vuelve todo lo anterior aún más grave. Tanto el hogar Ajllasga como Sariri habían sido visitados siete meses antes por un equipo dependiente del Ministerio de Justicia: la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros de Protección de Derechos (CISC-Protección).

Aunque esa comisión no detectó la red de abuso sexual, sí elaboró un duro informe sobre el descontrol de los hogares. Sobre Siriri escribió: “Los jóvenes gobiernan el lugar. A la llegada de la comisión había una patrulla de Carabineros porque dos jóvenes residentes, que son hermanos, habían tenido una violenta pelea (…) No hay señal del más mínimo respeto, se agreden, lanzan sillas en presencia y muy cerca de los comisionados, adoptan una actitud intimidante, dando portazos y estrellones”.  (Ver artículo de La Segunda)

Pese a lo explícito del informe y a las notas de prensa que generó, nada había cambiado cuando en noviembre el hogar fue visitado por la Comisión Jeldres. Todas las prevenciones, escándalos y los mismos informes se habían archivado y la situación continuaba igual.

La Comisión Jeldres informó sobre este hecho al tribunal en la denuncia sobre explotación sexual en el hogar Ajllasga: “Muchos de los hechos descritos están en conocimiento de las autoridades del SENAME  y de la  Seremi  de Justicia toda vez que con fecha 29 de mayo del presente año se realizaron las visitas de la Comisión  Interinstitucional de Protección (CISC), sin que hasta la fecha se haya reparado de modo alguno la situación de vulneración de estos niños y adolescentes”.

La CISC- Protección es una instancia generada desde el Ministerio de Justicia que se despliega dos veces al año en todo Chile para controlar las condiciones de vida de los niños que viven en hogares. Y muchos hogares donde la Comisión Jeldres encontró situaciones peligrosas, ya habían sido detectados por las  CISC- Protección en mayo. A pesar de ello, siete meses después, nada había cambiado. Y ello, pese a que el Sename había informado que los problemas detectados por la CISC se estaban solucionando.

Con la retención de los informes de la Comisión Jeldres y la falta de intervención en los hogares, el Poder Judicial está empujando a los informes de esta inédita investigación al mismo destino que los informes de las CISC-Protección: que se transformen en detalladas descripciones de los problemas que afectan a los niños más vulnerables del país, sin que ninguna institución del Estado cumpla con su obligación de intervenir el sistema para darles protección y tratamiento adecuado para sus múltiples problemas físicos y sicológicos.

Probablemente este tipo de constataciones sobre cómo opera el sistema es uno de los aspectos que hace más interesante y a la vez más molesto el trabajo de la Comisión Jeldres. El diagnóstico de dicha investigación no se reduce a lo que hace mal un hogar de menores ni a constatar la falta de presupuesto o a responsabilizar de todo a un funcionario psicópata, sino que expone las fallas de las autoridades administrativas y de los propios jueces. Deja claro que si los tribunales no aportan lo suyo, el sistema no podría ser lo que es: una silenciosa máquina que invisibiliza –y en ocasiones acrecienta- el sufrimiento de niños que deben ser ayudados por el Estado.

Porque desastres como el de los hogares de Arica o como los graves problemas encontrados en las Aldeas SOS -y que se mostrarán en la segunda parte de este reportaje- no sólo son posibles porque hay funcionarios pervertidos o instituciones privadas irresponsables, sino porque el SENAME no realizó su trabajo fiscalizador y los tribunales tampoco hicieron lo suyo.

Al Boixo, cuando habla de sus enemigos, se le llena la boca de saliva y parece que un percutor le ha activado una rabia descontrolada.

—¡Si me amenazan otra vez, te lo juro, su familia está en peligro! ¡¡Te lo juro, su familia está en peligro!!

Es español, de Barcelona, y cuando entró a la sala hace unos minutos saludó tímido, como si fuera él y no yo quien está de visita en esta cárcel. Se sentó erguido en la silla de madera y aluminio, con las manos en las rodillas, y esperó callado a que la educadora hiciera las presentaciones y le explicara el por qué de la reunión. Le acompaña su camarada Topo, que como él cumple condena por robo. La educadora es la única figura de autoridad en esta sala diáfana y sellada con una puerta de apariencia común pero capa interior de acero, cristal reforzado y bisagras de seguridad. En todo el recorrido por el penal no he visto a nadie armado. Supongo que donde hay autoridad no es necesario exhibir la fuerza.

La educadora es también, probablemente, una de las pocas personas de esta prisión en las que el Boixo confía. Por eso ahora, después de repasar su pasado y hablar de su pandilla, este chele alto y rubio que habla español con ligero acento catalán me está confesando que unos gitanos con celdas en su mismo módulo le amenazan constantemente. A él, a un agresivo miembro de la Mara Salvatrucha.

—Me dicen “te vamos a cortar la cara”.
—¡Pero cómo te van a cortar la cara, si esto es Gran Hermano! —le dice la educadora para calmarle. Y le explica que en esta moderna cárcel plagada de cámaras de vigilancia nadie le va a hacer daño.
—Me dicen: “mira con quién vas, con ese tapón peruano, la Mara 13 no sirve para nada”. Fffffff —el Boixo resopla como una olla a presión. A lo largo de la conversación se ha ido poniendo nervioso y aquí es donde estalla, se descontrola— ¡Si me amenazan otra vez, te lo juro, su familia está en peligro! ¡¡Te lo juro, su familia está en peligro!!

Tartamudea, gira la cabeza hacia los lados para sacudirse el riesgo de que se le humedezcan los ojos, pero no lo logra y vuelve a resoplar. Se hace un silencio. En España, como en El Salvador, de las lágrimas de un pandillero no se habla. Topo —el peruano del que los gitanos se burlan por bajito— y la educadora le dan tiempo para recomponerse. El Boixo no parece un mal chico. Tampoco muy listo. Le faltan palabras y asiente constantemente para que tú también lo hagas y así saber que le estás entendiendo. Por momentos da la impresión de que cuando era más joven consumió demasiadas drogas o recibió demasiados golpes en la cabeza. Dice que se hizo de la Mara hace un año, en busca de emociones fuertes. Estaba en otra pandilla, los Ñetas, desde que abandonó la escuela a los 14.

—Me sentía solo y vi que ellos me apoyaban. “Hermanito nosequé, hermanito nosecuantos…” Pero llegué a lo máximo en la banda, estaba juramentado, y pedí la verde, ¿no?
—Y te la dieron, te saliste.
—Sí, pero quise entrar en la Mara para probar, porque es la banda más violenta. —Y asiente dos veces para que yo lo haga tambien.

El Boixo nunca ha salido de Cataluña. Podría ser un gamberro de barrio obrero cualquiera en cualquier ciudad de España. Pero la cicatriz rosada que tiene en el entrecejo se la hicieron de una patada cuando le brincaron a la MS-13. Dice que el día que le patearon habían venido a Barcelona pandilleros hondureños de Valencia y Madrid.

—Contaron hasta trece y repitieron tres veces el diez —dice con una sonrisa infantil.

***

Cuando en 2005 la periodista Lisa Ling, de National Geographic, adjudicó a la Mara Salvatrucha (MS-13) el superlativo mérito de ser “la pandilla más peligrosa del mundo” la MS-13 se confirmó de forma irreversible, fuera de Centroamérica y de ciertas ciudades de Estados Unidos en las que su poder sí es real, como una amenaza por encima de sus propias posibilidades. Los miedos llegan siempre más lejos que quienes los engendran, y avalado por la elevada cifra de homicidios en El Salvador —el promedio de 7 diarios se consideraba entonces alarmante— y por la brutalidad con que los cometía, desde ese momento el miedo a la Mara se volvió transfronterizo.

No ayudó, desde luego, que en 2004 el ministro de seguridad de Honduras, Óscar Álvarez, hubiera dicho que existían vínculos entre la MS-13 y grupos terroristas internacionales, o que el Washington Times hubiera publicado en septiembre del mismo año que había contactos entre la Mara y Al Qaeda. Pese a los esfuerzos del FBI por desmentir esa relación, hubo quien llegó a escribir, y habrá incluso quien se lo crea, que la Salvatrucha compartía negocios con el grupo terrorista ETA.

En Perú o Ecuador, donde por esos años se comenzaron a detectar supuestas células de la MS-13, las autoridades se encontraron ante el desafío de administrar su propio pánico.y el de la población. En España, pese a la insistencia de los cuerpos policiales por restar importancia a la evidente presencia de la Mara Salvatrucha, el terror asociado a su nombre siguió creciendo en los años siguientes a base de reportajes televisivos en los que jóvenes con el cuerpo y el rostro tatuados hacían gestos desafiantes con un fondo músical de hip hop y de constantes publicaciones en prensa.

En noviembre de 2008, El Periódico de Cataluña publicó un largo reportaje titulado “La mafia mexicana envía a Barcelona a jóvenes sicarios para ʻconquistarʼ la UE”. En el texto, dos responsables de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), españoles ambos, sentenciaban: “los cárteles mexicanos están enviando a Barcelona y a otras ciudades como Madrid, Málaga, Bilbao, Oslo y Amsterdam a jóvenes sicarios de las maras centroamericanas para que sean la avanzadilla que conquiste esos territorios”. El objetivo de “las maras” —el nombre genérico usado a menudo para referirse tanto a la Mara Salvatrucha como al Barrio 18— y de sus socios mexicanos era supuestamente “controlar todo el tráfico de cocaína del continente”. Todo el tráfico de cocaína, decían.

En febrero del año siguiente, el diario El Mundo, uno de los de mayor tirada del país, tituló entre exclamaciones un artículo a toda página en el que se hablaba de un perverso efecto secundario de la migración centroamericana a España: “¡Que viene la mara!” Y basado en las mismas fuentes de la ONU que El Periódico, el 30 de octubre de 2009 un reportaje de la veterana revista Tiempo se sumó a la alarma: “Las dos principales maras que operan a escala suprarregional, la Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla de la Calle 18 o 18 Street, quieren hacerse con el control del crimen organizado en Europa, desde el narcotráfico al mercado negro de órganos.”

“Vendrán sin tatuajes y con corbata, porque vendrán los líderes máximos”, vaticinaba en ese reportaje Amado Philip de Andrés, encargado de la ONUDD. Según él, un muñado de pandilleros centroamericanos se bastarían, por su carácter enormemente violento, para arrebatar el negocio de las drogas, las armas y la trata de personas a los tradicionales grupos criminales locales, y a la mafia rusa, a la italiana o a la china. “Con que haya 17 (miembros de la MS-13 o la 18) bien organizados ya es suficiente”, decía el supuesto experto.

Como si la Mara y la 18 fueran un ébola aniquilador y alguien estuviera utilizando como parte de un plan maestro.

Ese mismo año, Jesús María Corral Gómez, jefe de la Unidad de Planificación y Estrategia del Cuerpo Nacional de Policía de España, admitió en un congreso internacional sobre pandillas celebrado en Los Ángeles que la MS-13 había desembarcado en la península, pero aclaraba que su trascendencia era la de “una gota de aceite en el océano”. Esa proporción no ha cambiado. La alarma que aún resuena cada vez que un miembro de la MS-13 comete un delito convive con otra realidad que admiten los mismos mareros catalanes y que repiten miembros de otras pandillas, trabajadores sociales y autoridades: “en Barcelona, la Mara Salvatrucha no tiene la calle”.

***

Sentado al lado del Boixo está Topo, el peruano bajito. En su país era de la barra brava de la U. Ese era su historial criminal cuando llegó a España. No llevaba demasiado tiempo en Barcelona cuando se metió en la Mara Salvatrucha casi por azar. El Topo admite que le gusta mucho beber. Los amigos de un primo suyo le invitaban a beber por horas en un parque del barrio del Raval y para él eso era hermandad. Al cabo de un mes sus amigos de trago le tenían rifando MS-13 con las manos sin explicarle lo que eso significaba. Tardó unas semanas más en entender que ya estaba dentro.

—Yo no sabía nada. A mí lo que me gustaba era la noche —dice, y se carcajea.

Lo que no sabía, se lo enseñaron. Sus amigos, centroamericanos la mayoría y mayores que él, no le sometieron a ningún ritual de entrada pero le enseñaron los gestos, los códigos e incluso la historia de la Mara Salvatrucha. Topo sabe que la MS-13 nació en Los Ángeles y sabe que el 13 es el número de las pandillas Sureñas vinculadas a la Méxican Mafia, aunque no entienda con detalle su vínculo, si es que existe con un océano de por medio, con ese grupo. Probablemente es de los pocos mareros en España que conoce esos detalles. La mayoría de miembros de la Mara en Barcelona piensan que la Mara Salvatrucha nació en El salvador y la llaman coloquialmente “la 13”, asumiendo que también la 18 es mara y sin saber que en California hay decenas de pandillas 13.

El líder del grupo era un salvadoreño musculoso y tatuado en el pecho y el brazo, que presumía de su pasado pandillero en El Salvador y solía mostrar un video colgado en Youtube en el que aparecía él, más joven y delgado que ahora, empuñando un AK-47. A los más jóvenes, como Topo les fascinaba esa imagen que, en un país como España, en el que el acceso a armas está muy limitado, parecía de película. La invitación a formar parte de la MS-13 era, en Barcelona, una invitación a ser parte de esa película.

—Me han contado cómo es la cosa en El Salvador, en Honduras… —presume Topo—. Me han dicho que se para un loco tatuado ahí y la gente pum, pum, pum.

El pandillero hace como si disparara una pistola. La televisión y el cine han hecho que todos sepamos simular mejor o peor un disparo aunque, como Topo, nunca hayamos empuñado un arma de fuego.

—¡Yo me iba a ir para allá! ¡A correr a lo grande!
—¿A El Salvador? ¿Querías ser pandillero en El Salvador?
—¡Sí! Es que en ese tiempo estaba bien activado. Iba a irme a llevar el tiro de allá.

No puedo dejar de pensar que Topo no duraría ni una semana en las calles de San Salvador o San Pedro Sula. Tiene 22 años, una edad con la cual la mayoría de pandilleros centroamericanos ha participado en delitos de sangre y olvidado el yo que eran antes de entrar a la Mara. En Guatemala niños de 15 años presumen de su experiencia pandillera y muestran heridas de bala. Veo a Topo al lado de esos niños adultizados y pienso que aunque sea mayor de edad parece un simple adolescente.

La educadora me contará más tarde la historia de vida del Topo y me dirá que se repite casi como un calco en la mayoría de pandilleros con los que ha trabajado: se criaron con sus abuelas porque sus padres migraron a España cuando ellos tenían pocos años, y han llegado a Cataluña siendo adolescentes, para encontrarse con un país y una cultura diferentes, unos padres que trabajan todo el día y a los que apenas conocen, y unas calles en las que se encuentran con jóvenes de nacionalidades distintas pero historias similares. Ecuatorianos, colombianos, chilenos, peruanos, marroquíes, búlgaros o rusos, a la mayoría no les importa, en realidad, pertenecer a una u otra pandilla ni conocer el origen de las siglas por las que pelean. Cuando empiezan, simplemente buscan el abrigo de un grupo y tener una causa propia.

—¿Qué es ser de la Mara en España?
—Ser los más violentos. El primer lugar en todo.
—Pero no lo sois. Acá sois una pandilla pequeña.
—Sí, los más grandes son Latin Kings, Ñetas, Trinitarios… hay que ir subiendo.
—¿Y cómo se sube?
—No sé, brincando gente, a quien se vea con fuerza…

***

El barrio del Raval está junto a las Ramblas, en el patio trasero del puerto de Barcelona, en el distrito de Ciudad Vieja. Fue durante muchos años una zona roja conocida por sus calles estrechas y oscuras repletas de prostitutas y de locales nocturnos sin más pedigrí que el que da, cuando es deseada, la sordidez. Lo llamaban el barrio chino —aún hay quien lo hace— porque a principios del siglo XX en sus recodos los rateros cortaban con una cuchilla de afeitar, a la que llamaban “la china”, los bolsillos de tela de los distraídos para distraerles la cartera y el dinero. En el viejo Raval, a ese mal arte se le llamaba chinar.

En las últimas tres décadas el ayuntamiento ha intentado modernizar el barrio y lo ha convertido en una zona de profundos contrastes. Ahora tiene dos museos de arte contemporáneo, hoteles para turistas, bares de moda y un paseo con una escultura del colombiano Fernando Botero, que conviven con la prostitución de siempre, su propio mercado de droga y estrechos edificios que nadie restaura y en los que se siguen alquilando habitaciones baratas. Una cara del barrio se adorna con el mítico y hermoso mercado de La Boquería. La otra tiene su propia clica de la Mara Salvatrucha. Hay quien piensa que la del Raval fue, de hecho, la primera clica catalana de la MS-13, aunque eso no es del todo cierto.

Los Mossos de Esquadra —la policía autonómica de Cataluña— tuvieron la primera pista de la presencia de la Mara Salvatrucha en Barcelona en febrero de 2004. Fue un pequeño “Arriba la MS” escrito con plumón en los azulejos blancos de la estación de metro Universitat, en el centro de la ciudad, justo en los límites del Raval. Pero los jóvenes detrás de ese rudimentario grafitti se reunían por aquel entonces en el parque de la Pegaso, unos kilómetros más al norte, cerca de la Avenida Meridiana. Se trataba de chicos de 12 a 14 años, de distintas nacionalidades, que apenas sabían de la Salvatrucha lo que les contaba algún compañero salvadoreño en el colegio y lo que habían encontrado en internet. No tenían planes de futuro. No querían dominar el mundo. Su único deseo era distinguirse de los Latin Kings y los Ñetas.

Barcelona, como el resto de capitales españolas, era en esos días un vivero fértil para las dos pandillas hegemónicas en Ecuador. Si una década antes las deportaciones habían transplantado a Centroamérica a la MS-13 y el Barrio 18 por la simple razón de que eran las pandillas angelinas con mayor presencia de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, bastaba saber que en los primeros dosmiles el principal grupo de inmigración de latinoamérica a España fueron los ecuatorianos para comprender qué los Latin Kings y los Ñetas serían las primeras pandillas americanas en asentarse y crecer en la península.

Los chicos de la Pegaso buscaban ser diferentes. El Detective, un mosso de esquadra de hablar frontal y más de diez años de trabajo en contacto directo con pandillas en Barcelona, dice que durante sus tres primeros años como grupo los pseudomareros de la Pegaso no delinquieron, o al menos no cometieron ningún robo o acto violento que se les pudiera achacar claramente.

—Eran solo emuladores. No tenían ningún contacto en absoluto con Centroamérica. Conocí a uno que incluso caminaba con los Latin King aunque decía que él era mara —dice el Detective.— Los primeros dos o tres años nos pasaron desapercibidos, hasta que en 2007 llegó un salvadoreño que quiso organizarles en serio.
—¿Un marero venido desde El Salvador?
—No, un chico de 23 años nacido en España pero que es también salvadoreño porque nació allí su padre o su madre, no recuerdo bien. En uno de sus viajes a su país conoció el fenómeno de las maras y lo quiso copiar aquí. Pero no le funcionó. Cuando les dijo a los de la Avenida Meridiana lo que quería, los chavales se asustaron y se le fueron todos menos dos.

Ese emprendedor con ganas de levantar en serio la Mara Salvatrucha se llamaba —se llama— Alexander Fuentes, y es un hispano-salvadoreño nacido en 1984 que no tardó en entender que para plantar una cepa firme de la MS-13 necesitaría simiente original. La encontró pronto. En 2008 ya caminaba por Barcelona con el Crazy, un marero de 18 años brincado en El Salvador que tenía la experiencia y las ganas de sembrar clicas por toda la ciudad.

El Crazy se llama Marvin Flores, tiene hoy 25 años y es el pandillero musculoso y tatuado que enseñó a Topo a hacer con la mano la garra de la Mara Salvatrucha. También reclutó y formó en los siguientes dos años a muchos otros jóvenes en la zona centro y Sur de Barcelona. Por un tiempo, las autoridades lo identificaron como uno de los líderes de la MS-13 en Cataluña.

—¿Alexander mandó a traer al Crazy o él llegó a España por su cuenta? —le pregunto al Detective.
—En teoría el Crazy vino con el mandato de la cúpula de la Mara para crear una clica potente en Barcelona. Así lo vendieron Alex y él al resto del grupo aquí, pero yo creo que no hay nada cierto. Sí es verdad que quisieron crear algo parecido a lo de allí, para demostrar a El Salvador que aquí se podía hacer lo mismo, pero no pudieron. No ha sucedido. No les dejamos.
—¿Qué quieres decir con que no les dejásteis?
—En cuanto supimos lo que estaba pasando los encaramos y dialogamos con ellos, les pusimos claro el escenario. No se puede decir que fuera una negociación porque en realidad fue decirles: “sabemos quiénes sois, donde es vuestra casa, qué queréis hacer… y estos somos nosotros y esto va a pasar en el momento en que cometáis un delito”.

Alex vivía cerca de la Plaza Cataluña, a pocas cuadras del Raval, y por eso él y el Crazy se alejaron de Avenida Meridiana y comenzaron a moverse por la zona de Ciudad Vieja, más céntrica. Se les unieron un chileno y dos o tres bolivianos, pero el Detective asegura que la clica nunca levantó vuelo del todo. Sus comienzos no fueron fáciles. Un compañero del Detective cuenta que una noche los mareros que caminaban con el Crazy se aproximaron a un grupo de jóvenes migrantes filipinos que solían reunirse a beber y vaguear en una cancha de baloncesto detrás de la facultad de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la plaza Terenci Moix. Querían incorporarles a la mara, brincarles. Los filipinos no estaban interesados y les forzaron a abandonar el parque. Un puñado de amigos filipinos diciéndole no a la MS-13 mientras en El Salvador cientos de colonias, municipios enteros, cientos de miles de personas, se sometía día tras día a la ley de esas mismas siglas. Sometida a la prueba de la calle, la temida y publicitada transnacionalidad de la Mara Salvatrucha —la amenaza global— se convertía en un concepto difuso, inservible.

Con esa búsqueda desesperada de nuevos homeboys arrancó en realidad la historia de la clica del Raval.

***

El Guerrero es Ecuatoriano. Tenía 13 años y el rostro devorado por el acné cuando entró en la MS-13 y vio por primera vez el video de Youtube en el que el Crazy aparece con un AK-47. Lleva cinco años en la Mara y eso le convierte, como a Topo, casi en un veterano. Como él, entró sin saber bien lo que hacía. Cuenta que quería ser uno de esos chicos duros a los que nadie plantara cara y que triunfan con las chicas. Los buenos estudiantes no suelen ser los más populares en ningún patio de colegio, menos aún si ese colegio está en el barrio de Pubilla Casas, al norte de Hospitalet, uno de los muchos municipios de antigua vocación agrícola devorados por el crecimiento de Barcelona de los años 60 y convertidos hoy en periferia obrera y enclave tradicional de migrantes. La mayoría de adolescentes de Pubilla no pertenecen a ninguna pandilla, pero conviven con varias de ellas. Hospitalet es, según las autoridades, el principal asentamiento y el centro neurálgico de casi todas las pandillas que operan en Cataluña.

—Un amigo y yo íbamos a hacernos de los Blood Little Warrior, pero unos hondureños que conocimos nos dijeron que mejor nos metiéramos en la Mara.
—¿Y cómo te convencieron?
—No me convencieron. Yo les dije: “Voy a ver en internet. Si son conocidos, entonces sí.” Y me fui a ver.

Sudaba el verano de 2008. El Guerrero googleó a la Mara Salvatrucha como un ritual para decidir qué hacer con su vida y se encontró de bruces con el pánico que infundían sus siglas. Sí, la MS-13 era muy, muy conocida. Dice que le gustaron el despliegue de violencia sobre el que leyó y los tatuajes de gangster. Se brincó, mediante el ritual de la paliza de los 13 segundos, un 13 de septiembre, junto a su amigo y a otro vecino boliviano.

Antes de que acabara el año ya había conocido a los mareros del Raval. No quiere decir sus nombres porque dice que eso sería ratear, traicionar al secreto de la Mara, pero a medida que describe a “los mayores”, como él los llama, se hace evidente que esos pandilleros no podían ser sino el Crazy, Alex y quienes caminaban con ellos.

—Eran maras antiguos. Había dos salvadoreños, y un chileno, y una vez nos reunimos y había un mexicano enorme, que llevaba una camiseta negra, pantalón corto negro y calcetines blancos, y otro como de 40 años que tenía un escudo de El Salvador tatuado en el pecho.
—¿Qué te dijeron?
—Hablamos de que teníamos que hacernos notar porque había muchas otras bandas y estaban creciendo —recuerda el Guerrero.

A él y sus dos compañeros recién brincados les ordenaron crear en Pubilla Casas una nueva clica que se llamaría Morritos Locos Salvatrucha (MLS) y que debía funcionar como la división junior de la que integraban los mayores. Se conviertieron en un esqueje con tres miembros que debían contagiar a otros su devoción por la Mara. El Guerrero presume de que en solo dos semanas, rebosantes de energía y ganas de agradar a sus mayores, habían brincado a otros doce vecinos, ecuatorianos y bolivianos la mayoría, deseosos como ellos de ser los dueños del parque de Pubilla.

Entre 2008 y 2010 los Morritos Locos Salvatrucha quisieron vivir la vida loca y se hicieron notar con una constante cadencia de pequeños robos y varias peleas a cuchillo. Por una de ellas, el Guerrero fue a la cárcel en 2009. En Hospitalet, la Mara Salvatrucha llegó incluso a matar. En España, donde la tasa de homicidios es de 0.9 por cada 100 mil habitantes, casi cada muerte es una alerta que se comenta en las mesas familiares, que asalta los noticieros y que obliga a decisiones en los cuerpos policiales.

En 2010 Cataluña fue catalogada como la región más peligrosa del país con una tasa de 1.27 homicidios por cada 100 mil habitantes. La tasa de El Salvador, ese año, fue 60 veces mayor.

***

Hay dos versiones de por qué Tommy llevaba un cuchillo de cocina al salir de la estación de metro del Hospital Clinic la tarde del miércoles 1 de diciembre de 2010. El Guerrero asegura que acababa de comprarlo para su madre y volvía de hacer el recado cuando se encontró casualmente con King Yahá, el líder de los Latin Kings en la zona, su enemigo, y tras un intercambio de insultos decidió acuchillarle. Debían ser las 6 y media. Las cámaras de vigilancia del metro de Barcelona registraron el inicio de la discusión en el recibidor de la estación y cómo los dos, y un tercer Latin King, salían a la calle. Minutos después King Yahá, Luis Diego Fernández, un pandillero peruano de 17 años, se estaba desangrando a las puertas del cercano hospital, con una profundísima herida en el vientre. Al día siguiente, cuando los periódicos dieron la noticia de la muerte, enfatizaron que la víctima tenía antecedentes penales. “Las bandas latinas llevan su rastro mortal al Eixample”, tituló La Vanguardia el viernes.

El hermano menor del Guerrero, Control, le inyecta grandeza al crimen y dice que la clica entera se la tenía jurada a King Yahá. “Siempre nos jodía, y jodemos a quien nos jode”, sentencia. Dice que era cuestión de días que alguien ejecutara la decisión de asesinarlo. Por eso supone que Tommy fue armado y consciente a buscar a King Yahá. Como si fuera poco honroso que Tommy, a sus 14 años, le hiciera los recados a su madre. Como si una muerte planeada y ejecutada en frío con una herramienta de carnicero engrandeciera a Tommy, que a sus 14 años ya era el palabrero de los Morritos Locos Salvatrucha.

Tommy es ecuatoriano, fibroso y muy alto para su edad, casi metro ochenta de estatura. También es un chico listo. Sus camaradas dicen que siempre fue mente y tomaba las decisiones adecuadas. Por eso les marcaba el paso a chicos mucho mayores que él. Anochecía el 1 de diciembre de 2010 cuando el Guerrero, que acompañaba a su novia a casa, se lo encontró en la calle.

—Tuve un problema con King Yahá, pero ya está solucionado —dice el Guerrero que le dijo sin más detalle. Parecía agitado. Se despidieron.

Al cabo de un rato volvió a encontrárselo. Esta vez huía. Los compañeros de Fernández habían desatado una cacería en busca de venganza. El Guerrero le propuso llevarlo a un lugar seguro pero Tommy prefirió correr hacia su casa, peligrosamente cerca del Clínic. No sabía que un grupo de Latin Kings ya había estado allí y le había advertido a su madre que rezara por que la Policía lo capturara antes que ellos. Cuando el palabrero de los Morritos se asomó a su calle obviamente le estaban esperando. Corrió y corrió con sus enemigos corriendo a sus espaldas y acabó por refugiarse en un bar y esconderse en el baño mientras gritaba desesperado que le querían matar, que alguien llamara a la Policía.

A Tommy se le debieron hacer largos los minutos de espera, escondido en el baño de aquel bar sitiado por Latin Kings decididos a terminarlo. Nunca ver el uniforme de los Mossos de Esquadra, confesar un homicidio y sentir las esposas fue tan alegre para un pandillero de la Mara Salvatrucha.

Un homicida de 14 años lo es por muy poco, por meses. La ley penal española considera no responsables de sus actos y por tanto inimputables a los menores de esa edad, y es especialmente cuidadosa en las medidas de castigo o reeducación que impone a delincuentes jóvenes. Tommy fue a la cárcel por el enorme impacto mediático que tuvo el caso en Cataluña pero, sobre todo, porque su vida corría peligro fuera de ella. “Para proteger su propia seguridad y vida”, justificó el juez que decretó su internamiento por seis meses en un centro para menores. Dos años después sigue encerrado. También sigue siendo, con 16 años, el palabrero de los Morritos Locos Salvatrucha. “Si él brinca, brincamos todos”, le declara lealtad Control, que tiene 17.

—El fuking estaba allí y él estaba cuchillo en mano, así que se defendió -le justifica el Guerrero.

A uno u otro lado del Atlántico, cuando hablas con pandilleros acerca de una muerte, se repite una paradoja sutil, íntima. Para ninguno es una opción reconocerse débil o admitir miedo; la muerte se encara de forma consciente, se administra desde el poder, se ejecuta como una habilidad. Se mata porque se puede y se quiere. Pero tambien, y ahí se abre una grieta, un respiradero, se mata porque se debe. En los relatos del que ha matado hay siempre un pero susurrado, una puerta en la pared del fondo, que da a otro cuarto donde se guarda una razón o una excusa. “Tenía que defenderme”, “Era él o yo”, “Así tenía que ser”, “Era inevitable”. Como si el pandillero quisiera preservar su alma y necesitara aclarar que no es un malvado puro, sino solo la más eficaz y valiente herramienta del destino.

***

Cuando en octubre de 2003 un grupo de Ñetas asesinó al joven colombiano Ronny Tapias en una parada de metro pensando que era un miembro de los Latin Kings y desató la primera alerta social sobre la presencia de pandillas latinas en Cataluña, los Mossos de Esquadra llevaban apenas unos meses lanzados a una búsqueda compulsiva de respuestas sobre un fenómeno, el de las pandillas de origen latinoamericano, que prometía darles trabajo. Su prioridad era, lo decían entonces y lo dicen ahora, comprender con el mayor detalle posible qué estaba pasando. Viajaron a Estados Unidos, enviaron a agentes a Centroamérica y a Ecuador, conformaron equipos de análisis, y diseñaron estrategias preventivas que involucraban a otros actores como centros escolares y de salud, asistentes sociales, organismos de justicia o centros penitenciarios, y que se basaban en la no simplificación del diagnóstico ni de las respuestas. En 2004, sus primeros estudios revelaron la existencia en Cataluña de alrededor de 400 simpatizantes de cuatro pandillas distintas: Latin Kings, Ñetas, Vatos Locos y Mara Salvatrucha. La cifra de miembros auténticos, vinculados de manera estable a su grupo, era sin embargo mucho menor: 70 personas.

Nueve años después las autoridades estiman que las pandillas que operan en Cataluña ya suman alrededor de 3500 miembros. Es evidente que el fenómeno pandilleril ha crecido, pero también lo es que no se ha desbordado. Los Mossos insisten en un dato que rompe el estereotipo del migrante pandillero: solo el 1% de los jóvenes que migran a Cataluña se integran a una pandilla. Y solo 20 de los 403 homicidios que se han cometido en los últimos cinco años en Cataluña están relacionados con miembros de pandillas, o fueron motivados por la pertenencia del autor o de la víctima a pandillas. “En 2003 pensábamos que en número de homicidios hoy día, en 2013, estaríamos mucho peor”, admite un agente que estudia el fenómeno de las pandillas desde entonces.

El detallado trabajo estadístico de las autoridades catalanas permite además dimensionar el escaso arraigo que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 han logrado incluso en la región de España donde, según los cuerpos de seguridad, tienen mayor presencia. En la actualidad, los miembros de las dos pandillas en Cataluña apenas suman entre 100 y 300. Los integrantes de la MS-13 representan un 7.13% del total de pandilleros catalanes. Los del Barrio 18 son menos aún: un 3.24%.

Las cifras desafían a la propia historia de la MS-13. En Los Ángeles, en apenas diez años, durante la década de los 80, la recién nacida Mara Salvatrucha se convirtió en una pandilla Sureña, conocida por su brutalidad y capaz de disputar territorios y algunos mercados de drogas a pandillas históricas como Playboys o el Barrio 18. En El Salvador, en los 90, una década bastó para que dejara de ser un vínculo invisible entre algunos cientos de deportados y lograra como pandilla presencia en todo el país, control sobre municipios enteros e incluso conquistara por la fuerza, ante las autoridades, el privilegio simbólico de tener sus propias cárceles.

En Cataluña, sin embargo, el embrión de la Mara Salvatrucha que hace diez años quemaba las horas en el parque de La Pegaso sigue siendo un embrión aunque ocupe otros parques y haya cambiado a parte de sus miembros. La MS-13 no tiene control territorial en los barrios que habita ni ha evolucionado en sus actividades delincuenciales. Inoculado en una sociedad menos enferma que la centroamericana, el temido virus de la Mara Salvatrucha no se ha llegado a desarrollar. En las calles, la mera mención de la Mara no ha bastado para hacerla realidad.

Aunque cada cierto tiempo vuelve a a parecer la sombra de la alarma, actualmente a la Policía catalana le preocupan mucho más otras pandillas.

Por un lado, los Mossos de Esquadra diferencian entre aquellas pandillas que tienen vínculos o dependencia jerárquica directa de su país de origen, como los Latin Kings, y otras que se han creado y expandido pero son puramente miméticas. Ese es el caso de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Por otro, tanto los Mossos de Esquadra como la Policía Nacional han detectado que los Black Panther y Los Trinitarios están siguiendo un camino alterno al de los Latin Kings, los Ñetas o la misma MS-13: son más restrictivos en cuanto a la nacionalidad de sus integrantes o compartimentan la información dependiendo de si estos son o no dominicanos.

Según un portavoz oficial de los Mossos de Esquadra, todo indica que estas pandillas están tratando de pasar a otro estadio organizativo, con menos presencia en la calle pero más rentabilidad en sus negocios.

—Hay ciertos grupos que están dando un paso más, que muchas veces se caracteriza por dejar de lado el tema de las caídas y centrarse en obtener un beneficio económico.
—Buscan llamar menos la atención.
—Correcto. Black Panthers llama menos la atención. No es un grupo que dé problemas un fin de semana con peleas o incidentes en discotecas o zonas de ocio… Es un grupo más hermético y mucho menos numeroso que Latin Kings o Ñetas, pero que se ha estructurado para llevar a cabo actividades delictivas.
—¿Como mover kilos de droga?
—Los Trinitarios o los Black Panters no van a hacer un narcotráfico fuerte, es decir, no van a traer un contenedor de cocaína al puerto de Barcelona, pero pueden hacer un tráfico de drogas interesante, un goteo constante a través de países productores o adquiriendo la sustancia aquí: 2 o 3 kilos de cocaína en maletas, 4 o 5… Cantidades intermedias pero que en Cataluña son consideradas de notoria importancia. Después, los escalafones más bajos de la banda se ocupan del narcomenudeo en la plazas, en las calles.

El Detective coincide con la versión de sus superiores. Aclara que no quiere restar importancia a las pandillas pero asegura que se trata de un fenómeno controlado y presume de que no hay un solo homicidio cometido por la Mara Salvatrucha o por otra pandilla en Cataluña en la última década que no haya terminado con el autor en la cárcel o en un centro para menores.

—¿Quieres saber cuál es la realidad? —dice subiendo el tono de voz, para enfatizar sus ideas.— La realidad es que las clicas de la MS-13 aquí no forman todas una red entre ellas, y ninguna tiene contacto directo con la gente en El Salvador ni en Honduras.
—¿Tampoco la gente del Raval, los mayores?
—La clica del Raval sigue existiendo pero es pequeña. Y como son más mayores, son menos violentos.
—Pero los pandilleros más jóvenes siguen venerando al Crazy.
—Todos estos son grandes vendedores de humo. Mira, el chaval brasileño que está al frente de la MS-13 de Can Vidalet, en Esplugues, vive de una pelea de cuatro cuchilladas en la que participó cuando tenía 17 años. Y ahora tiene 25. En esto se basa el respeto de su gente.

Alex y el Crazy, que en 2007 se sentían llamados a ser los grandes nombres de la Mara Salvatrucha en Cataluña, están desde hace años en la cárcel, pero en los parques, los homeboys del Boixo, Topo, el Guerrero o Tommy no se resignan. Siguen soñando con un futuro dominio de la Salvatrucha y deslizan la idea de que están esperando a alguien pesado, a un homie de Centroamerica que va a parar el barrio de a de veras, pero suena a mito. En realidad, cuando le preguntas al Boixo si tiene él contacto con gente en El Salvador te responde que sí, que tiene a pandilleros centroamericanos como amigos en facebook. Topo recuerda que allá por 2008 el Crazy tenía el teléfono de gente en El Salvador, y que de vez en cuando hablaban con ellos:

—“Tal fecha viene tal a Tarragona”, nos decían. Cosas así.
—¿Y llegó esa persona?
—No… Parece que hubo un chivatazo, eso me dijeron.

Las autoridades estadounidenses y salvadoreñas han advertido varias veces de supuestos planes de la Salvatrucha para enviar a representantes a España. Funcionarios de la embajada de España en El Salvador confirman haber trasladado a los cuerpos de seguridad en Madrid al menos una alerta de este tipo en los últimos años, basada en una wila, una carta, interceptada a la salida de la cárcel de Ciudad Barrios, donde cumple pena la cúpula salvadoreña de la MS-13. En Barcelona, sin embargo, el Detective insiste en desmitificar la posible llegada de ese Mesías al que los mareros catalanes esperan para que cambie radicalmente el rumbo de la pandilla en España.

—Desde 2009 al menos lo estamos esperando también nosotros. No ha llegado nadie.

***

El Guerrero cuenta que iba muy drogado y muy borracho cuando acuchilló a aquel joven en la puerta de aquel instituto de Cornellá, algunos kilómetros al este de Pubilla Cases.

—En ese colegio estudian unos 18 y estábamos ilusionados por hacerles daño. Habíamos estado en el parque de San Ildefonso fumando y bebiendo, y fuimos. Nos pusimos a gritar cosas contra los 18, pero nadie decía nada. Al rato salieron unos Latin King y uno de nosotros le intentó robar a uno de ellos el teléfono y la pulsera…

El resto de su relato coincide con el que apareció en los periódicos. El hermano pequeño del joven Latin King salió en su defensa, y un compañero del Guerrero, otro ecuatoriano al que apodan Danger, le clavó un sacacorchos en el pecho. Sí, un sacacorchos.

—Y yo saqué una navaja, una mariposa, y le acuchillé en un lado.
—¿Porque era Latin King?
—A saber. Yo al boliviano no lo conocía para nada.

El boliviano es el chico de 14 años al que acuchilló y que salvó la vida de milagro. El Guerrero cuenta aquello sin orgullo. Parece cansado de repetirlo o de recordarlo. Ha pasado casi tres años en la cárcel por aquello y dice que eso le pesa. Le condenaron a dos de encierro y cinco de libertad vigilada por tentativa de homicidio, pero una vez en prisión le fueron saliendo clavos anteriores, robos, reyertas, y la condena se fue alargando.

Salió hace solo tres meses de la cárcel de jóvenes de Cuatre Camins, el único centro penal que hay en Cataluña para internos de entre 18 y 25 años. En España hay un nivel intermedio entre los centros para menores y las cárceles para adultos. Si cometes un delito, por grave que sea, y tienes entre 18 y 25 el Estado considera que tienes más posibilidades de reformarte y reinsertarte que si eres mayor aún, y te procura un sistema de atención psicológica y educativa focalizado. En estos momentos el 80% de internos de la cárcel de jóvenes de Cuatre Camins son extranjeros. En el formulario de registro que se usa para entrevistar a los nuevos reclusos, la tercera pregunta, después del nombre y la edad, es “¿Cuánto tiempo llevas en España?”

Al regresar a Pubilla Cases el Guerrero se ha encontrado con una clica de cerca de 20 miembros que se reúnen los fines de semana a beber y fumar hachís o consumir pasta base —bazuco— en un parque. Aquel fuerte impulso de los primeros años de los Morritos Locos Salvatrucha no derivó en una epidemia de brincos ni cambió el mapa de las calles de Hospitalet. “Es que en un colegio le aparece uno de las maras a un niño y el niño se pone a llorar”, dice un oficial de la Policía Nacional que trabaja en Cataluña. “No es como los Latin Kings, que venden una historia muy bonita de defensa de la identidad latina, y que él se lo va a creer y se lo van a llevar. Las maras tienen muy limitado el tema de la adscripción.”

Los últimos han sido años difíciles para los MLS, asumiendo que una clica de la Mara Salvatrucha en España haya habido alguna etapa fácil. Sus principales líderes están en la cárcel, y las deportaciones, la crisis económica que ha forzado a familias enteras a regresar a su país de origen en busca de trabajo, y otras que mandaron a sus hijos de vuelta a Centro y Suramérica para que no se siguieran metiendo en líos, estuvieron a punto de hacer desaparecer la clica. Hubo además problemas internos. El Guerrero dice que hay muchos traidores, y que los hay también que andan rifando MS-13 “más por la droga que por la Mara”.

Los Morritos dejaron incluso de reunirse unos meses, pero la amenaza de otras pandillas que los supieron divividos les hizo reactivarse, por seguridad. Ser de la MS-13 en Cataluña es un dilema: jugar a la ley del más fuerte no es tan interesante como parecía cuando descubres que tú eres el débil.

—Al principio todo era muy leal, muy unido. ¡No podíamos ni hablar con gente de otras bandas! Todo era unión. Pero luego se fue viendo la doble cara de la gente —dice el Guerrero.
—¿A qué te refieres?
—Que tuvimos problemas con los mayores.
—¿Qué problemas?
—Una vez tuvimos problemas con los Blood pequeños, que se llaman Pride Juniors, y les arrinconamos, pero cuando ya los teníamos llegaron los mayores de ellos, y nosotros llamamos a los nuestros y no llegaron.
—Os dejaron valiendo…
—Nos regalaron. Eso nos enfadó y nos dejamos de ajuntar un tiempo, cada uno por su lado.

A la mayoría de aquellos rudos y veteranos pandilleros que le hicieron soñar con replicar en España la grandeza de la MS-13 en Centroamérica no los ha vuelto a ver.

El Guerrero está pensando en colgar las armas. Sabe que ahora que es mayor de edad las condenas que le pueden tocar por un robo o un navajazo son más fuertes. Además, está recibiendo un subsidio que el Estado concede a quienes salen de la cárcel mientras consiguen un trabajo. Alrededor de 400 euros al mes durante un año y medio. En España, alguien pensó que no es fácil que te empleen si dices que acabas de salir de prisión, y que si un delincuente que cumplió su pena no tiene de dónde vivir es probable que vuelva a delinquir. Por eso el Guerrero recibe un pago que es tres veces el salario mínimo en El Salvador, a cambio de asistir a cursos de formación profesional. Está aprendiendo cocina. Todas las mañanas se pone un mandil y empaniza, fríe, sazona, emplata.

—¿Va a ser un problema calmarse? ¿Te dejará hacerlo tu clica?
—Yo he dado mucho por la Mara y hay otros que solo esperan que dés por ellos, pero los que llevan más tiempo saben cómo era yo antes y que después de mucho tiempo encerrado uno tiene otra mente. Ya hablé con ellos. —Parece que el cansancio se le carga al Guerrero hasta en la forma de hablar y me insinúa que quiere terminar la conversación cuanto antes.
—¿Y qué vas a hacer?
—Voy a estar calmado, a lo mío. No puedo andar con otras bandas, pero sí puedo estar yo solo, con mi novia, a mis cosas.

De la Mara Salvatrucha en Barcelona se puede salir. Los mareros que se asustan, los que se emparejan y consiguen trabajo, los que se cansan de correr, lo dejan y ya. Se avisa al grupo, no se le da la espalda, pero nadie te cobra esa carísima membresía que en Los Ángeles o El Salvador la mayoría de homeboys paga durante la vida entera o con su equivalente, la muerte.

No todas las pandillas en España tienen una puerta de salida tan ancha. Ha habido casos de pandilleros muertos por querer alejarse de los Black Panthers, y de palizas a presuntos traidores, pero normalmente están vinculadas a cambios de grupo, a flirteos con el enemigo. En noviembre de 2012, Los Trinitarios marcaron a cuchillo una enorme equis en la espalda a un antiguo miembro suyo. En los pasillos carcelarios de Cataluña se dice que fue porque se había brincado a la Mara Salvatrucha.

Las pandillas, las bandas, los grupos criminales, coinciden en una lógica invariable: levantan más complejos códigos de lealtad, ejercen más violencia hacia sus filas y más control de salida, en la medida en que tienen más y más oscuros secretos que guardar. En las paredes del Raval, de Pubilla Cases, de Can Vidalet, de Vilapiscinas y de otros barrios en los que tiene presencia, la Mara Salvatrucha no ha grafiteado todavía la ley del ver, oir y callar. La Mara, en Barcelona, no guarda secretos lo suficientemente oscuros.

***

La incesante musiquita de la máquina tragamonedas hace que este bar de Hospitalet parezca más alegre de lo que es. Control, el hermano del Guerrero, ha pedido un jugo de naranja y me mira desconfiado, altivo, como si fuera el cancerbero de una puerta que lleva al mundo secreto de la pandilla. Su hermano no quería que entrara a la Mara, pero en los últimos tres años no ha estado ahí para impedirlo y ahora Control tiene todas las ganas que a él le faltan de crecer en el grupo.

Vive con su padre, que es, dice, paleta —albañil—. A él le pide, cuando no ha podido hacer algún pequeño hurto, los dos euros semanales que todo miembro de la clica debe aportar para un fondo común. Dice que con eso compran drogas y armas, aunque no es probable que 40 euros semanales les alcance para demasiado. Decido provocarle:

—Otros grupos dicen que la Mara no tiene la calle, que sois pequeños.
—Ya… —es evidente que se ha incomodado. El gesto se le ha arrugado.— A nosotros nos vale verga. Ellos no saben nada de nosotros y nosotros no queremos saber nada de ellos, ni lo que opinan ni nada… Ellos no saben lo que vamos a hacer.
—¿Y cuál es vuestro objetivo como pandilla?
—Ser una sola banda en Barcelona, que quedemos solo nosotros. Aunque haya otros hijos de puta por ahí sueltos, como pandilla que estemos solos.
—Eso parece imposible.
—La gente solita está dando piso, y se exponen a que les demos verga. Les vamos a dar duro siempre. Que corra sangre…
—¿Qué significa que corra sangre?
—Que los partamos. En una misión, por ejemplo.
—¿Ya has pensado alguna vez en en matar a alguien?
—Sí… pero a mí me gusta hacer las cosas cuando estoy jalado, fumado.

Control se siente rudo. Es evidente que tiene cierta escuela centroamericana: llama “chavalas” a sus enemigos, cualquiera que sea su pandilla, y “diecihoyo” a la dieciocho, como hacen muchos mareros en El Salvador o Guatemala. Tiene un tatuaje grande en el brazo izquierdo. Un enorme dibujo de un animal que camufla un 1 y un 3 que se hizo hace un par de años. También tiene tatuados los tres puntos que simbolizan, explica, la vida loca. Control se siente fuerte. Asegura que si el Crazy estuviera en la calle en vez de en la cárcel, él sería ahora su mano derecha.

Es tarde. Le espera su padre en casa para cenar. Después de despedirse, sonríe y me hace un último comentario con el tono de quien regala una primicia:

—Mañana hemos quedado para ajustar cuentas a un chavala.

Cuando se ha marchado, el educador de centro de menores que me lo ha presentado, que ha permanecido en silencio durante la charla, me dice: “Conmigo no se hace tanto el duro”. En realidad, pienso, Control no ha logrado representar del todo el papel de maldito, de pandillero dispuesto a todo. Hace unos minutos, después de hablar del futuro de la Mara Salvatrucha, le pregunté cuál es su objetivo en la vida, cómo se imagina a sí mismo dentro cinco años

—Seguiré con la Mara.
—Pero, ¿qué quieres haber logrado en cinco años?

Y aquí el pandillero que acababa de hablar de sus planes para asesinar y aniquilar a sus enemigos pensó unos segundos y lanzó un deseo:

—Traerme a mi abuela. Está en Guayaquil, en Ecuador.

Los hechos se desencadenaron en la noche del jueves 25 de octubre pasado en una sala especial del cuartel del OS-7 de Carabineros, en avenida La Paz (Recoleta). Allí funciona el sistema ETI de escuchas telefónicas, ordenadas por las fiscalías a Carabineros en todo el país. Un ruido inusual alertó al suboficial mayor Manuel Carrillo, uno de los tres encargados de que la máquina funcione las 24 horas del día. Carrillo nunca imaginó que el desperfecto que poco después constató, provocaría pérdidas aún no cuantificadas en los registros de pruebas para procesos judiciales clave. Ocho meses más tarde, aquel episodio que se mantuvo en absoluto secreto hasta hoy, gatillaría  un escándalo mayor que el que en esos precisos días de octubre de 2012 estremecía al Ministerio del Interior y a las dos policías por las revelaciones hechas días antes por CIPER de las compras con millonarios sobreprecios de los equipos antidrogas del Plan Frontera Norte y que provocaron la inmediata salida del ex fiscal Alejandro Peña.

La gravedad del conflicto instalado lo grafica el inicio de una inédita investigación criminal contra Carabineros por parte del Ministerio Público. Así se lo notificó el lunes 1 de julio el fiscal nacional Sabas Chahuán al general director de Carabineros, Gustavo González Jure. “Obstrucción a la justicia” es el delito que la fiscalía acusa debido a la pérdida de grabaciones de interceptaciones telefónicas encargadas a Carabineros en un proceso de alta connotación: el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a la PDI en los últimos años y que tiene a diez de sus efectivos en prisión, acusados de 126 delitos, entre ellos corrupción y tortura (siete funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel y tres de la Brigada Móvil Metropolitana).

La información de la investigación iniciada contra Carabineros fue de inmediato comunicada además al ministro del Interior, Andrés Chadwick.

La notificación del fiscal Chahuán al general González Jure desencadenó de inmediato numerosos cursos de acción en Carabineros. El primero fue una reunión de emergencia convocada por el general Gonzalo Blu, director de Investigación Delictual y Drogas de la policía uniformada, con los jefes de dos importantes unidades bajo su mando, involucradas en los hechos denunciados por el Ministerio Público: OS-7 y OS-9. La situación apremiaba. La información entregada por el director indicaba que este viernes 5 de julio el controversial episodio se haría público. Había que preparar las respuestas.

El primer control de daños realizado por los mandos de los equipos operativos de Carabineros indicó que efectivamente había pérdidas en registros de escuchas telefónicas y lo más grave, que esa situación no fue informada al Ministerio Público durante los siguientes siete meses. A 48 horas de que el conflicto estallara en tribunales, había que blindarse. Efectivamente, este viernes 5 de julio, en la causa que se sigue contra diez efectivos de la PDI, el fiscal Emiliano Arias entregó un escrito que dejó en evidencia la ausencia de registros de “escuchas telefónicas” hechas por el OS-9 en ese proceso  y el inicio de una investigación criminal contra Carabineros por su eventual responsabilidad en los hechos (vea el documento).

La investigación realizada por CIPER indica que no sería ese proceso el único afectado por pérdidas en las grabaciones de escuchas telefónicas. Así se desprende del mismo oficio enviado por el fiscal Arias al juez Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en el que señala: Se dispuso el inicio de una investigación penal para establecer la causa de la falla del sistema, determinar qué otras investigaciones pudieron ser afectadas, la omisión de la comunicación oportuna del evento y las eventuales responsabilidades.

SECTRADE Y LOS HIJOS DEL GENERAL CORDERO

La extraña casualidad hizo que ese 25 de octubre de 2012, cuando el equipo ETI falló, dos de las empresas que estaban en el ojo de las pesquisas por las supuestas coimas en la compra de los equipos antidrogas, volvieran a ser protagonistas en el episodio de la pérdida de registros de escuchas telefónicas. Porque la máquina danesa ETI había sido comprada en 2001 a Tecnodata, cuyo dueño es Alfredo Giacoman; y su mantención fue entregada a Sectrade, de propiedad de los hijos del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero Rusque. Dos de las empresas que se repartían el mercado de los equipos tecnológicos destinados a Carabineros y la PDI.

Tecnodata tenía la representación de Phoenix American Tecnologies, la empresa estadounidense que distribuye los equipos ETI, por lo cual se encargó de la mantención del sistema desde 2001 hasta marzo de 2011. Al año siguiente, Carabineros le encargó esa función a Sectrade, empresa que asumió la representación de Phoenix.

En febrero de 2012 -ocho meses antes de que fallara el sistema ETI- la empresa de los hermanos Cordero había sido cuestionada por manejos irregulares en licitaciones de Carabineros (vea el reportaje de CIPER). A pesar de las irregularidades que no fueron desmentidas, Sectrade continuó efectuando la mantención del sistema ETI, lo que eventualmente le permitía a los Cordero acceder a la sensible información de las escuchas telefónicas. Y cuando en octubre pasado llegó el momento de que solucionaran el desperfecto de la máquina ETI, Sectrade no fue capaz.

Documentos y testimonios recogidos en la investigación de CIPER dan cuenta de los detalles de lo ocurrido luego de que se detectara la falla en la máquina ETI. El suboficial mayor Carrillo fue el que convocó al técnico de Sectrade, Sebastián Retamal Avalos, quien diagnosticó  que, tras sufrir un corte de energía, al sistema entraban las llamadas de los teléfonos “pinchados”, pero no eran redirigidas automáticamente a los equipos donde debían ser recibidas por unidades del OS-7 y OS-9 encargadas de monitorearlas. No obstante, la falla del sistema era mayor. Retamal concluyó que no se podía recuperar información de un disco duro, pues se requería un software especial para reiniciar el equipo.

Los encargados del OS-7, responsables de que el sistema ETI funcione para las escuchas de todo el país que se ordenan a Carabineros, entraron en pánico. Y resolvieron convocar a los técnicos de la empresa Kepler, especializada en la recuperación de información contenida en discos duros bloqueados. La respuesta de Kepler, entregada el 30 de octubre, fue que sus técnicos no podían recuperar la información. Entonces, la consulta se redirigió a la empresa BAE Systems, la que tampoco logró destrabar el sistema.
Corría ya la primera semana de noviembre de 2012 y según el informe entregado más tarde por el OS-9 a la fiscalía, algunas grabaciones estaban bloqueadas en un disco duro que ningún técnico lograba liberar. Y a pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio Público no fue informado de lo ocurrido. Entonces, el jefe del OS-9 era el coronel Eric Gajardo, quien más tarde sería premiado por el alto mando institucional y destinado a la agregaduría en Bolivia. Y el jefe del OS-7 era el coronel René Martínez, quien fue removido del cargo por el escándalo de los sobreprecios de los equipos antidrogas y hoy se desempeña como edecán del general Gonzalo Blu.

Pero hubo otro hecho más grave aún. En medio de la crisis, los mandos de Carabineros expusieron la sensible información sobre personas investigadas por delitos relacionados con el crimen organizado a dos empresas externas no comprometidas con el resguardo de la seguridad nacional.

Es más, una de ellas, Bae Systems, debió asumir multas por más de $US440 millones tras llegar a un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia estadounidense y la Serious Fraud Office (SFO) de Reino Unido, tras admitir su responsabilidad en actos de corrupción en negocios de armas. Al mismo tiempo, en Chile, la justicia investigaba a la compañía inglesa por los mismos motivos a raíz del descubrimiento de millonarios depósitos que hizo en cuentas de sociedades offshore vinculadas a Augusto Pinochet, así como en cuentas bancarias en el extranjero de uniformados chilenos (entre 1997 y 2004). Toda esta información formó parte del cuaderno “armas” del Caso Riggs.

Fue finalmente Tecnodata, la empresa de Giacoman, la que logró reiniciar el equipo ETI. Sus técnicos conocían los equipos a la perfección ya que estuvieron encargados de su mantención durante diez años (2001 a 2011). Tecnodata detectó que la falla estaba en el software Trey Placed, que distribuía las llamadas en diferentes bandejas digitales desde donde eran redirigidas a distintas unidades del OS-7 y del OS-9. Tecnodata contaba con los programas para reiniciar ese sistema. Entre el 13 y 14 de noviembre su técnico Jorge Lorca consiguió normalizar el funcionamiento del equipo. La información que maneja el Ministerio Público es que el sistema presentó fallas hasta el 20 de noviembre de 2012, lo que significa que el desperfecto se extendió por casi un mes.

Tecnodata reinició el sistema de escuchas, pero no rescató la información. Prueba de ello es que el informe que le envió el fiscal Arias al juez Guzmán este 5 de julio indica que, hasta la fecha, el Departamento OS-9 no le ha entregado “el respaldo integro de nueve teléfonos interceptados” (de los 31 que se intervinieron), que contienen información relevante para el proceso que él lleva y que tiene a diez miembros de la PDI en la cárcel. “Se puede señalar que Carabineros sólo ha entregado el respaldo completo del período de interceptación respecto de cinco teléfonos de los catorce teléfonos activos y efectivamente asociados a los imputados”, afirmó el fiscal Arias en su oficio al juez Guzmán.

La versión de Carabineros, informada por el propio general director González Jure al fiscal nacional Sabas Chahuán, este viernes 5 de julio, es que todas las grabaciones de las interceptaciones telefónicas bajo la responsabilidad de la policía uniformada están respaldadas y nada se ha perdido.

Un pequeño problema contradice al general González Jure. Y emana de sus propias filas. En el oficio enviado por el fiscal Emiliano Arias al juez Fernando Guzmán, se señala que el Departamento OS-9 le informó que “el desperfecto que afectó al sistema de monitoreo ETI imposibilita la reparación del disco duro y provoca la pérdida de la totalidad de información previa a esa fecha de las intervenciones a nivel nacional sobre las cuales no existía respaldo digital”.

GRABACIONES SIN RESPALDO

Como se ha dicho, el problema provocado por el desperfecto en el sistema ETI de escuchas telefónicas nunca fue informado al Ministerio Público. Recién en mayo de este año, durante las indagaciones del proceso contra los efectivos de la PDI, formalizados el 17 de octubre pasado, el fiscal Emiliano Arias tuvo los primeros indicios de que algo anormal ocurría. La defensa de los detectives formalizados por Arias comenzó a pedir al Primer Juzgado de Garantía de Santiago y de manera insistente, el registro completo de las llamadas interceptadas durante la investigación. Arias pidió al OS-9 que le remitiera todos los registros de audio.

La respuesta, firmada por el jefe del OS-9, comandante Francisco Villarroel, fue poco clara. Decía que tenían respaldo de todas las interceptaciones “mantenidas”. Una lectura a la inversa sugería que había registros que no fueron “mantenidos” y, por ende, que no había respaldo de ellos. Además, en esa respuesta del OS-9, por primera vez se menciona que el 25 de octubre hubo una falla en el sistema ETI y se señala que, por esa causa, no podía determinarse si faltaban registros anteriores a esa fecha. En la oficina del fiscal Arias se encendieron las alarmas.

El 22 de mayo, Arias volvió a formular preguntas al OS-9, pero esta vez pidió detalles sobre el desperfecto del sistema ETI y por qué la falla afectó a interceptaciones anteriores al 25 de octubre. También pidió los últimos registros correspondientes a su causa que ingresaron a los equipos. La respuesta del comandante Villarroel –cuya firma va acompañada de la del capitán encargado de la investigación de los detectives imputados, Fernando Venegas- fue sorprendente. Le aseguraron al fiscal Arias que no había pérdida de registros de audios en su causa, y adjuntaron un cuadro con información detallada de la treintena de teléfonos interceptados en las pesquisas que indicaba todo lo contrario.

Ese cuadro, al que CIPER tuvo acceso, muestra que las interceptaciones fueron autorizadas para una treintena de teléfonos hasta el 17 de octubre, fecha de la formalización de los 10 miembros de la PDI. Pero los registros de nueve de esos teléfonos se cortan mucho antes de esa fecha. El caso más extremo es el de un aparato que dejó de ser registrado 40 días antes del plazo final. Fuentes policiales señalaron a CIPER que la perdida de grabaciones afecta sólo a dos de estos nueve teléfonos. En el Ministerio Público confirmaron a CIPER esta información y señalaron que efectivamente se recuperaron los registros de siete aparatos, pero que esto fue fruto del trabajo de la fiscalía que también hace sus propias interceptaciones telefónicas para fiscalizar -de manera aleatoria- las escuchas que se ordenan a los equipos de las dos policías.

Según la versión entregada al general de Carabineros Gonzalo Blu, por el capitán del OS-9, Fernando Venegas, encargado de la pesquisa sobre los detectives acusados de corrupción y tortura, la pérdida de registros se debió a que su equipo no respaldaba diariamente las llamadas que le eran derivadas desde el sistema de monitoreo instalado en el OS-7.

EFECTOS SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO

Las consecuencias de este conflicto pueden ser múltiples. Pero hay una de ellas que preocupa de manera especial en estas horas al Ministerio Público. Y es que, a partir de la constatación de las pérdidas en los registros de las escuchas telefónicas en el juicio de los detectives imputados por Arias, la defensa de éstos pida al tribunal que todas las interceptaciones hechas en esta causa sean desestimadas. Así ha ocurrido en otros procesos. Como consecuencia de ello, los diez detectives acusados de apropiarse de droga que quitaban a narcotraficantes mediante allanamientos y detenciones ilegales, además de aplicación de torturas, podrían quedar en libertad. Y como no han sido dados de baja por la PDI, podrían reincorporarse a sus funciones.

Hay otra arista que preocupa al Ministerio del Interior y al alto mando de Carabineros. No está aclarada la seria sospecha de que la pérdida de registros de audio de intervenciones telefónicas sea más amplia. La onda expansiva puede ser demoledora para otros procesos judiciales. Ello podrá ser dirimido por la investigación del Ministerio Público que acaba de ser iniciada sobre cuál es la real magnitud de los registros que faltan y a cuántos procesos afecta. Esa investigación la tiene en sus manos la fiscal regional occidente, Solange Huerta, y tiene una orden de máxima prioridad.

Lo que se investiga finalmente también es por qué falló el sistema ETI. Y ello, porque no se descarta que el desperfecto sea producto de la intervención dolosa de terceros. Un flanco que podría agravar aún más este conflicto ya que en las últimas horas emergió de fuentes policiales y del Ministerio Público un rumor: el teléfono del fiscal Emiliano Arias habría sido “pinchado” por efectivos de la PDI.

Vea además:
- “Niños protegidos por el Estado: los estremecedores informes que el Poder Judicial mantiene ocultos”
- Entrevista con representantes de Aldeas Infantiles SOS: “Tenemos discrepancias… pero el informe de la Comisión Jeldres sí es un aporte”

Hace dos semanas TVN exhibió un reportaje estremecedor sobre la historia de dos hermanos que hace cuatro años fueron internados por abandono en un hogar en Padre Las Casas, dependiente de las Aldeas SOS, institución que acoge a cerca de 1.400 niños a lo largo de todo Chile. Tenían entonces 5 y 8 años, y lo que era una medida para protegerlos y cuidarlos, se transformó en un infierno que los ha destruido. El niño menor fue abusado y el mayor fue obligado a presenciar esa tortura. Según la investigación judicial aún en curso, el autor sería un adulto que prestaba servicios para el colegio al que iban los niños de la Aldea. Los abusos ocurrieron en forma reiterada y cuando SENAME decidió entregarlos a sus parientes, ya no eran niños abandonados simplemente, sino niños con graves problemas psiquiátricos. Hoy con 9 y 13 años, ambos han tenido intentos de suicidio.

El menor de los hermanos no logra diferenciar una caricia afectuosa de un acercamiento sexual y no deja que nadie lo toque. El mayor ha tratado de abusar de su hermano. Lo tíos que los recibieron creen que no deberían estar en la casa sino en un centro especializado recibiendo ayuda psiquiátrica. La tía narró a TVN que el mayor estuvo acosando a un chico de 5 años en el colegio y teme que si no recibe tratamiento se transforme en un psicópata. Pero el sistema público que lo llevó hasta este límite, no tiene oferta de tratamientos para casos como el suyo. Al menos no lo tenía hasta antes de que se emitiera el programa, porque cuando salió al aire, apareció de inmediato una solución. Nadie sabe si eso durará cuando el medio se olvide del tema. (Ver reportaje de TVN)

El hogar de Padre Las Casas es una de las residencias visitadas en 2012 en el marco de una inédita investigación sobre la situación de los niños protegidos por el Estado en el sistema residencial. Según esa investigación, “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de Aldeas SOS participó de algún tipo de abuso sexual intraresidencial, como víctima o agresor”. En números brutos esto implica que 86 niños han sido víctimas y que otros 28 han sido identificados como abusadores. (Ver imagen de abusos sexuales en Aldeas SOS) Sobre la Aldea Padre las Casas, la investigación indicó que tenía numerosos registros de abuso sexual dentro de la residencia, ubicándose entre las tres Aldeas más afectadas por este terrible problema.

La investigación que obtuvo estos datos costó cerca de $200 millones al Poder Judicial y es el resultado de un convenio firmado entre la Unicef y ese poder del Estado. Para obtener la información fueron visitados 60 hogares en 10 regiones, se confeccionaron fichas de 6 mil 500 menores (unificando la información muchas veces contradictoria que tenía el SENAME y los tribunales); se encuestaron a casi 400 niños, y se realizó una revisión profunda del trabajo de la Aldeas SOS, entre otros instrumentos aplicados.

La investigación fue dirigida por la jueza Mónica Jeldres y participaron las magistradas de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz, la abogada Paulina Gómez y la socióloga de Unicef Carolina Bascuñán. En cada visita a regiones contaron con la participación de jueces locales que aplicaron las encuestas en los hogares colaboradores del SENAME.

En marzo de este año los datos de esa investigación estaban sistematizados y dejaban clara la masividad del abuso sexual, de la violencia en el trato y el incumplimiento de muchos de los derechos que tienen los niños que viven en el sistema residencial.

Solo tomando en cuenta las encuestas hechas en 10 regiones (sin contar lo encontrado en la Aldeas), la Comisión Jeldres identificó 28 hogares con antecedentes de violencia de adultos contra niños; 45 hogares con datos de violencia entre menores; 9 hogares con antecedentes de abusos sexuales cometidos por un adulto contra un niño; y 10 hogares con datos de abuso sexual entre niños internos. En términos globales la Comisión encontró situaciones de alto riesgo en más de la mitad de las residencias visitadas. (Ver tablas: Antofagasta, Valparaíso y Maule. Casos de riesgo medio y alto).

El informe consigna decenas de testimonios como estos:

• Niñas de un hogar de Antofagasta denuncian a compañera que abusa sexualmente de otras internas. Se presume que estaría en una red de explotación sexual. Las niñas dicen que los antecedentes fueron remitidos al tribunal competente y al SENAME y no se han tomado las medidas del caso.
• Niño de 13 años de Arica denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto y por otro adolescente al interior de la residencia. En el mismo hogar, otro niño de 13 años denuncia agresiones físicas y psicológicas por parte de un adulto al interior de la residencia.

A esos casos hay que agregar los testimonios encontrados al interior de las Aldeas Infantiles SOS que fueron examinadas en detalle por la Comisión.

“El proyecto nunca se hizo con el ánimo de perjudicar a los actores que trabajan en el sistema residencial. Se hizo con el ánimo de mejorar las deficiencias”, explicó a CIPER la socióloga Carolina Bascuñán de la Unicef. (Ver entrevista). Sin embargo, para que este mejoramiento pudiera ocurrir, los hallazgos debían ser puestos en conocimiento de los magistrados. Se esperaba que ante las situaciones más graves los tribunales intervinieran las instituciones más dañadas e iniciaran investigaciones judiciales. Pero el Poder Judicial decidió no canalizar los datos a los tribunales locales (Ver reportaje).

Aunque aparentemente el SENAME indagó algunos de estos temas, lo cierto es que el material recopilado por la Comisión no se ha traducido en la intervención de centros ni en la apertura de procesos en la justicia. El tenor de las situaciones detectadas, en las que figuran delitos, requería una intervención judicial y no sólo administrativa. Y esa intervención sigue esperando, mientras la información que podía ayudar a mejorar el sistema se está transformando en una polémica por ocultamiento de información que ha escalado hasta el Parlamento.

¿Por qué el Poder Judicial cambió de actitud ante un estudio en el que sus propios jueces fueron protagonistas? No está claro. Lo cierto es que en enero de este año el equipo de Jeldres fue intervenido. Según fuentes consultadas por CIPER, la nueva magistrado a cargo, Gloria Negroni y el ministro encargado de la Reforma de Familia en la Corte Suprema, Héctor Carreño, habrían decidido no traspasar esta información porque estimaban que los estudios tenían problemas metodológicos.

Sin embargo, según los antecedentes obtenidos por CIPER, la Unicef defendió ante la Corte los estudios y recomendó usar el material. Esto quiere decir que ante la constatación de situaciones de “alto riesgo”, se les pedía a los jueces “la intervención inmediata de la residencia y la necesidad de investigar y realizar audiencias reservadas con los niños”.

Para Aldeas SOS, el informe sí tenía problemas metodológicos, pero estaban de acuerdo con difundirlo. Así lo afirmó a CIPER Alejandra Riveros, asesora de la institución, quien puntualizó que consideraban que “el informe sí es un aporte” (Ver entrevista). Uno de los reparos que plantea Riveros se relaciona con la cantidad de abusos cometidos por adultos contra menores. La Comisión obtuvo ese dato al encuestar al azar 70 niños de cinco Aldeas. En dos de ellas los niños acusaron el abuso cometido por un adulto. La institución quiso precisar que no eran sus profesionales los implicados, sino otras personas.

El otro reparo con el informe se refiere a qué se entiende por abusos sexuales. Ese punto nos adentra en una de las partes más sórdidas de esta realidad. Explica Riveros:

-El informe se refiere a “abusos sexuales”, mientras que nosotros los reconocemos como “abusos intraresidenciales”, lo que es distinto. Estamos hablando de niños de 5, 6, 8 ó 9 años que se abusan entre ellos. Cuando hablamos de eso nos referimos a “abusos y juegos erotizados”, porque en rigor no hay una relación abusiva de poder entre niños ni tampoco una violación.

-Si eso no es abuso sexual, ¿entonces qué es?
-Grafiquemos lo que pasa para que se entienda. Estamos hablando de niños pequeños que vienen con una historia de vulneración y, por ejemplo, en las noches se meten a la cama de otro para explorarlos sexualmente. ¿Es una conducta indebida? Por supuesto que sí, no procede, pero ellos no lo tienen así internalizado. Cuando la gente no sabe, es fácil que digan que en Aldeas Infantiles hay alrededor de 100 niños que se abusan y se violan entre sí y que nosotros prácticamente lo permitimos y sólo somos observadores. Pero no es así. Otro ejemplo, el caso de un niño de 9 años que abusó de otro de 7. Le bajó los pantalones y obligó a un tercer niño a que le hiciera sexo oral. ¿Corresponde? Claro que no. ¿Es una situación abusiva? Por supuesto que lo es, pero no es una situación de abuso sexual en términos delictuales.

Para Alejandra Riveros esto ocurre porque los niños “vivían así antes de llegar a la residencia, en esa lógica crecieron en sus familias y por eso salieron de ese entorno. Lamentablemente los procesos de reparación no son de un mes o dos, sino de años”. Y precisa además, que la cantidad de casos que ellos tienen registrados (56 en el último año) no coincide con los que figuran en el estudio (86 casos). El punto es importante pues implica la posibilidad de poder investigar los casos, aunque la diferencia puede deberse a que el informe de la Comisión no pregunta por abusos en el último año, sino por abusos dentro de la residencia.

Rivero añade que, pese a los reparos, Aldeas estaba de acuerdo en dar a conocer el informe en un seminario. Pero explica que el nuevo equipo que se hizo cargo “no avaló el informe”, y “suspendieron el seminario porque la persona que podía presentarlo era alguien que ya no estaba a cargo”.

A las Aldeas, en realidad, les interesaba visibilizar sus problemas porque lo que está detrás de ellos es un asunto de financiamiento. “Eso es lo que le enrostramos a las autoridades. Porque con educadores que reciben un sueldo de $250.000, con una subvención del Estado por niño de $130.000 al mes, no podemos trabajar estas problemática de abuso”, dice Riveros. Concluye: “Todas las instituciones que contamos con este tipo de programas optamos por hacer de este informe una oportunidad para sentarnos con los involucrados y los actores que pueden tomar decisiones, inyectarle más recursos al sistema y generar nuevas políticas”.

Tanto los datos obtenidos por CIPER en Unicef como en Aldeas, parecen situar la paralización de los informes en un problema interno del Poder Judicial, y no en una verdadera deficiencia técnica de los estudios.

EL ROL DEL JUEZ: MENDIGAR O EXIGIR

La investigación de la Comisión también dio cuenta críticamente de una serie de prácticas dentro del sistema que afectaban al SENAME y a los tribunales. Modos de actuar del aparato público que le impiden dar respuesta adecuada a las necesidades de los niños. El caso de Yancarla Muñoz Díaz ilustra bien una práctica que puede describirse como la burocratización extrema e inútil de la vida de una niña. Su historia se le presentó en 2010 al entonces ministro de Justicia Felipe Bulnes, como parte de un grupo de ejemplos dramáticos -pero frecuentes- donde el sistema está sobrepasado. Los  casos provocaron impacto en los medios producto de la difusión de una foto donde una joven con graves problemas neuronales estaba amarrada a una silla en un centro de Coanil. (Ver foto)

La presentación de estos casos ante Bulnes no buscaba culpar a las instituciones vinculadas a estos niños, sino mostrar que esa era la realidad dado los pocos recursos. En el caso de la niña atada, ella tenía que estar bajo permanente control pues podía atentar contra su vida. Y el único cuidado al alcance del presupuesto era amarrarla.

Yancarla tenía 14 años cuando le contaron su historia al ministro Bulnes. Para entonces llevaba tres años dando vueltas en el sistema de protección. A los 11 vivía en Purén y tuvo una crisis hepática que dejó su hígado inutilizado. Viajó a Santiago y en el hospital Luis Calvo Mackenna, donde fue trasplantada, narró que había sido violada en tres oportunidades por un familiar, hecho que fue confirmado por exámenes médicos y psiquiátricos. El daño psicológico por el abuso atentó contra los cuidados que debía tener por su trasplante. Tuvo varios intentos de suicidio. Usualmente se escapaba de los lugares en los que los jueces la internaban y en la calle tenía sexo con desconocidos. Fue necesario un segundo trasplante y un tercero, pues no se cuidaba.

Cuando CIPER contó su historia en 2010, los médico opinaban que no resistiría otra intervención. Y debatían si era justo darle otra oportunidad tomando en cuenta la lista de pacientes en espera de un hígado (Ver reportaje)

A las juezas que veían su causa, que la mandaban a buscar cuando se escapaba, les decía que se quería morir. Y las juezas debían “mendigar” un cupo en hogares que, a medida que ella caía más hondo, eran más incapaces de contenerla. Al final, Yancarla era dejada donde se pudiera. El Calvo Mackenna se transformó para la niña en una especie de hogar, aun en los momentos en que estaba sana.

Ana Puga, psicóloga de ese hospital, informó al tribunal en 2007 que la niña llevaba mucho tiempo internada pero no por razones de salud, sino porque el sistema no tenía dónde atenderla. Aislada en un box, con una familia que no la recibía, sin residencias que pudieran hacerse cargo de ella, Yancarla tenía conductas cada vez más agresivas. En un certificado médico enviado en febrero de ese año al tribunal, se afirmaba: “El hospital no tiene las condiciones para cuidar un niño sano. Se hace urgente que se ubique un lugar adecuado para ella. Ha sufrido cambios de salud, ha sido abusada, está alejada de su madre y encerrada en un hospital. Tiene razones para esta exasperada pues no estamos resolviendo adecuadamente sus demandas de protección y cuidado”.

Yancarla pasó por una veintena de magistrados, los cuales dictaron un sinfín de medidas sin llegar a nada concreto. No es que no se supiera qué necesitaba, se sabía desde el primer momento: “Recluirla en una clínica psiquiátrica por largo tiempo y con psicoterapia cuatro veces por semana”, según escribió un facultativo al tribunal.

Pero ese tipo de soluciones no las ofrece el sistema público. El ex ministro Bulnes se interesó en el problema, generó reuniones. Pero del Ministerio de Justicia pasó a Educación y todo quedó en nada. Recientemente Salud comenzó un plan piloto para atender estos casos. Pero lo cierto es que hoy el país, que acaba de ser incluido por el Banco Mundial entre las naciones de  ingresos altos, sigue sin tener atención para una niña como Yancarla.

A medida que pasaban los años Yancarla se volvía mas incontrolable, algunos operadores opinaban que solo cuando muriera, el sistema reaccionaría y cambiaría en algo.

Yancarla murió el 30 de junio de 2012, en Purén. Tenía 16 años. Y por supuesto nunca vio ni un solo cambio en su situación. Entre los operadores del sistema de protección, para quienes Yancarla era tan conocida como el niño apodado Cisarro (otro menor que no ha encontrado solución en el sistema desprotección), circuló un email que afirmaba “Dios quiso llevársela joven”. La frase, por supuesto, es una mentira y una crueldad.

Según los datos del propio SENAME los casos extremos, como los de los hermanos abusados mientras estaban bajo el cuidado de las Aldeas SOS, serían hoy unos 1.500. Para ellos, como para Yancarla, el sistema no tiene respuestas y sus expedientes son un permanente salto inútil de una institución a otra. En muchos casos se impone la lógica de que hay que hacer lo que se puede, trabajar con lo que hay.

En la motivación del trabajo de la Comisión Jeldres, sin embargo, hubo una lógica distinta. El mensaje que transmitía el equipo era que el juez tiene que exigir que se garanticen los derechos del niño. En virtud de los acuerdos internacionales firmados por Chile, si un niño necesita atención psiquiátrica, el juez está obligado a ordenarla y el sistema debe responder a esa atención. Y si no tiene el recurso, debe generarlo. Es problema del Ministerio de Salud proveer esa atención.

Este mensaje, que transforma a los jueces en activos agentes de la protección de los menores, era transmitido en las “jornadas de transferencia técnica” que realizó la Comisión en las 10 regiones visitadas. Esa actitud, por supuesto, pretendía volver al juez un personaje molesto para las otras instituciones y tal vez eso pueda explicar la intervención que sufrió el proyecto.

Paulina Gómez, doctora en Derecho, quien formó parte de la Comisión, defiende esa opción:

-Ante casos como el de Yancarla o Cisarro, ¿qué debe hacer el juez ante la falta de tratamiento psiquiátrico? ¿Meter preso al ministro por no proveer los recursos necesarios?
-En caso de vulneración grave de derechos, el juez debe ordenar que el niño reciba la prestación de salud que necesita, lo que no es otra cosa que exigir que se cumpla con las obligaciones básicas. Si la autoridad no cumple, se le decreta el pago de una multa o el arresto. Ante el anuncio del apremio, las autoridades administrativas -que conocen de sobra sus obligaciones-, como regla general, cumplen. En el caso de un niño con necesidades urgentes de salud, lo que el juez decreta es que la autoridad resuelva la prestación en un plazo determinado, tenga o no disponible esa prestación en el área pública. Y es la propia autoridad la que determina muchas veces que la prestación se realice en una institución privada con cargo al presupuesto de Fonasa -explica Gómez.

La abogada estima que si los jueces crecientemente exigieran el cumplimiento de los tratamientos que necesitan los niños, “las autoridades deberían rediseñar sus programas de acción y presupuestos”. Y los niños tendrían sus tratamientos.

Sin embargo, los jueces no están haciendo eso. “Muchos no están seguros de que, en el caso de que la autoridad pública decida no cumplir la orden judicial y opte por recurrir de amparo ante las Cortes de Apelaciones, éstas no apoyen su actuación y consideren arbitrario el apremio, sumándose de ese modo a la ilegítima postura de que no existen recursos”, afirma Gómez.

La abogada Paulina Gómez considera que esta es una vía que los jueces deben transitar y llegar hasta la Corte Suprema. “Y si es la propia Corte Suprema la que no permite la efectivización de los derechos de la niñez y la adolescencia, habrá que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que clarifique al Estado de Chile cuál es el correcto sentido de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y los deberes y responsabilidades de cada autoridad estatal al respecto”.

En ese sentido, la mirada impulsada por la Comisión Jeldres abre un debate de fondo que no debiera darse solo en el ámbito judicial, pues implica muchas definiciones sobre lo que una sociedad considera justo y bueno. ¿Son las presiones judiciales la manera de conseguir un cambio en el presupuesto de un gobierno? Y si los jueces no presionan, ¿quién evitará que niños como los hermanos abusados en las Aldeas SOS, o Cisarro, o  Yancarla, mueran o dañen a otros? Si el Ejecutivo se contenta con la ceremonia de firma de los Derechos del Niño pero no provee los recursos necesarios para que se hagan efectivos, ¿quién va a evitar que año tras año se repitan las mismas realidades, que nuevos informes y nuevos reportajes simplemente actualicen lo que ha pasado siempre?

INFORME SOBRE LAS ALDEAS

Uno de logros de la Comisión fruto del acuerdo Unicef-Poder Judicial fue develar prácticas asentadas en las instituciones que se reproducen sin reflexión y que atentan contra los derechos de los niños. Por ejemplo, el no preocuparse de la distancia a la que un niño internado queda de su familia. ¿Cómo se pueden recomponer los lazos cuando se trata de familias pobres para las que es difícil financiar un viaje de 100 kilómetros a la semana? La distancia ocasionaba así que muchos niños quedaran abandonados.

En la Aldea SOS de Ancud, por ejemplo, la comisión estableció que de los 86 niños, 59 (69%) se encontraban a más de 100 kilómetros de su comuna de procedencia y “un 33% se encontraba en situación de completo abandono”.

Cosa similar apareció en Malleco, donde el 35% de los niños se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia y los niños calificados de “en completo abandono” alcanzaban el 17%. En Antofagasta la comisión estableció que un 31% de los niños está en completo abandono. Entre ellos se detecta a un menor que está a 700 kilómetros de su residencia y de una niña que está a 16 horas de viaje de su casa, y que, por lo mismo, sólo recibe visitas esporádicas de su padre.

La comisión repara en que el juez que lleva la causa de algunos de estos niños no hace observaciones sobre el desarraigo comunitario ni la lejanía con la familia con la que supuestamente está trabajando. A nadie le resulta extraño que con esa lejanía se pueda generar algún vínculo que devuelva a los niños a su hogar.

En la mayoría de los hogares visitados el abandono no baja del 20%, con casos extremos como los de Puerto Varas donde el abandono llega al 37% y Padre Las Casas, 32 por ciento.

Como se ha dicho, una de las piezas centrales del trabajo de la Comisión fue la intensiva investigación realizada sobre las Aldeas Infantiles SOS, una de las instituciones de acogida más grandes de Chile que atiende al 10% de todos los niños que llegan al sistema de residencia. Aldeas tiene el gran mérito de que financia con recursos propios la mayor parte de las atenciones que presta.

Según el Informe Jeldres, “prácticamente, el 75% del financiamiento por niño/a proviene de capital privado”. Para los investigadores tenía otro mérito más que justificaba examinarlas con detención. Por sus características, “muchas de las dificultades mostradas no son privativas de esta organización, y más bien responden a las falencias que presenta todo el sistema residencial en general”, dice el informe.

Es decir, los problemas detectados en las Aldeas son también los problemas del sistema entero. Por ejemplo, el problema de la larga institucionalización de los niños. La comisión detectó 88 jóvenes sobre los 18 años viviendo en las Aldeas, los cuales habían pasado en promedio ¡13 años! dentro de sus hogares. Es decir, dejaron el ambiente familiar siendo muy niños, crecieron dentro de la institución y eso los hizo dependientes de ella. Esa institucionalización, “lejos de ayudarles pudo haberlos dañado aún más para su integración socio-laboral y comunitaria”, refiere el documento.

En una Aldea del sur, la Comisión encontró dos hermanos que ingresaron a los 4 y 6 años en 1998 y hoy siguen viviendo allí. Al no existir una causa asociada a ellos en el sistema de los tribunales de familia (SITFA), “es imposible determinar la causal de ingreso y la razón que los ha mantenido allí durante 14 años”, dice el informe.

Otro caso similar: “Mujer de 24 años que ingresó a los dos años de edad. No existe ningún antecedente de porqué permaneció institucionalizada durante más de 20 años sin buscar alternativa alguna”.

Aldeas SOS, como muchas instituciones de residencia, tiene una política orientada a quedarse con los niños por largo tiempo. Según afirman ellos, desde la firma de la Convención de los Derechos del Niño, Aldeas ha cambiado su política al respecto. Sin embargo, la Comisión establece que de 70 niños y niñas de la Aldea que fueron declarados susceptibles de adopción, 50 estaban con sentencias ejecutoriadas, pero solo cuatro habían sido enlazados con una familia (había una familia identificada con la que se estaba avanzando en el proceso de adopción).

La Comisión critica que Aldeas trabaja “muy poco o nada en la búsqueda de familias de acogimiento”, y se consulta: “cuál es el sentido que se le da a la declaración de susceptibilidad de adopción”, si sólo se logra el objetivo en un 8% de los casos con sentencias ejecutoriadas.

NIÑOS INVISIBLES

En su informe la Comisión precisó que de los 1.112 niños y jóvenes que fueron visitados en las Aldeas, la mitad son financiados por el SENAME y la otra mitad los mantiene la Aldea con recursos propios. Aunque parezca descabellado, los niños que tienen financiamiento SENAME corren una suerte bien distinta de los niños que no la tienen.

No recibir subvención implica que el niño no está en el registro informático de SENAME.  Y por lo tanto, SENAME no supervisa su situación. Ese hecho significa que los niños que carecen de subvención “no siempre tienen la posibilidad de ejercer su derecho a vivir en una familia, ni que la autoridad administrativa o legal pueda revisar su proceso de intervención familiar para asegurar la transitoriedad de la medida de internación”. Según el informe, la existencia de niños sin financiamiento SENAME “ha dificultado que el Estado tenga el mismo nivel de supervisión que aquellos niños que sí reciben subvención”.

Unos datos como ejemplo: de los 539 niños sin subvención que visitó la Comisión en las Aldeas, en 137 casos se desconocía quién pidió la internación. Y aunque en todos los casos sí se sabía por qué el niño estaba ahí, la falta de un diagnóstico de su situación era un problema masivo. Es decir, si un niño había llegado por violencia intrafamiliar, probablemente no era atendido por ningún especialista que determinara sus carencias. Su nivel de daño. Obviamente, sin el diagnóstico no podía haber un Plan de Intervención.

Sin embargo, fue posible observar que la mayoría de los niños “sin subvención” sí contaban con un Plan de Intervención, aunque no tuvieran diagnóstico. Así ocurría en la Aldea de Padre de las Casas y en Curicó, donde ninguno de los niños tenía diagnóstico, sin embargo, el 80%  tenía un Plan de Intervención diseñado. ¿En base a qué se había construido ese plan?

Tras estos casos la Comisión se forma la convicción de que las Aldeas trabajan con los niños subvencionados por SENAME con “un enfoque mayoritariamente orientado hacia el egreso con padres biológicos”.  Los que no tienen subvención, los que no están en la red y no son supervigilados por el aparato público, “registran un mayor número de planes con enfoque en la vida independiente y el cuidado en la residencia hasta la mayoría de edad”, por lo que su internación se prolonga.

De este modo los que no reciben subvención tienen un 42 % de posibilidades de volver con su familia de origen, porcentaje que sube al 58 % en el caso en que sí  están subvencionados.

Es importante aclarar que el hecho de ser un niño con subvención o no y qué cambios esto puede acarrear para su tratamiento y su destino, no depende del niño ni del drama que le toca vivir. Simplemente ocurre que si el SENAME paga ocho cupos en un hogar y esos ocho cupos están llenos, el niño o niña número nueve se transforma en un “niño privado”: con una nula súper vigilancia de parte del SENAME y una tendencia mayor que los otros ocho niños a ser criado dentro de la institución.

A todas luces, diferencias como ésta no tiene justificación. Y parecen prolongarse en el tiempo porque simplemente los niños abandonados no son capaces de exigir sus derechos.

Mientras las marejadas sorprendían a los iquiqueños y a gran parte de la población del litoral, Francisco Mujica, el gerente general de Corpesca que debió abandonar su cargo tras 14 años en la empresa pesquera del grupo Angelini, tuvo que permanecer durante cuatro horas en dependencias de la Policía de Investigaciones de Iquique. Mujica enfrentó a la justicia el jueves 4 de julio, casi dos meses después de que CIPER revelara los vínculos de esa pesquera con la diputada Marta Isasi y con ello abriera una ventana en el oscuro mundo del lobby de las grandes empresas vinculado al financiamiento de la política (ver reportaje).

Acompañado de su abogado, Daniel Praetorius, del estudio jurídico Bofill Mir & Álvarez Jana, Mujica llegó hasta Iquique y en ese viaje no se reunió, ni intercambió correos electrónicos con la diputada Marta Isasi. Así lo aseguró la parlamentaria en una breve conversación con CIPER: “No me he encontrado con el señor Francisco Mujica, a quien conozco desde hace muchos años, antes que ingresara a la política”, afirmó.

Esta vez no hubo contacto cara a cara entre los dos protagonistas que levantaron el velo a una práctica habitual que hasta ahora no había sido reconocida públicamente, y que da cuenta de la existencia de una caja negra entre política y el mundo empresarial.

En poder del fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, se encuentran decenas de correos electrónicos que tienen como actores principales a Isasi, Mujica y al ex asesor de la diputada, Georgio Carrillo, entre otros. Las misivas son parte de las pruebas con las que se busca acreditar la existencia de cohecho por parte de la parlamentaria y soborno por la empresa de Angelini. Una operación destinada a que Marta Isasi votara en julio de 2012 gran parte de los articulados de Ley de Pesca a favor de la industria pesquera, como retribución al financiamiento que el propio Francisco Mujica reconoció haberle otorgado en su campaña a diputada (2009) y a “muchos más” parlamentarios. Y también determinar el origen de otros pagos a Isasi por parte de Corpesca, los que quedaron al descubierto con las declaraciones de Carrillo.

En sus declaraciones a la PDI, el ex gerente de Corpesca reveló que, efectivamente durante la tramitación de la Ley de Pesca se contactaron, como empresa, con muchos parlamentarios. Incluso se refirió a una suerte de “Frente del Norte”, donde participarían el senador por Iquique Fulvio Rossi (PS) y la ex diputada de Arica, Ximena Valcarce (RN), entre otros.

CIPER contactó al senador Rossi pero éste rechazó categóricamente que él formara parte de esa instancia y también que Corpesca haya financiado su campaña electoral. “Yo nunca le he pedido apoyo a Corpesca. Es más, tengo una relación distante con el señor Mujica”, afirmó el parlamentario socialista.

Las declaraciones del ex ejecutivo de Corpesca deberán ahora ser contrastadas con las de los propios aludidos y también tendrán que ser cotejadas con los documentos que tiene en su poder el Servicio Electoral (Servel) sobre los aportes reservados que hizo la empresa de Angelini a las campañas políticas en la pasada elección presidencial y parlamentaria.

BOLETAS CUESTIONADAS

Hasta el momento, el equipo de la PDI que por orden de la fiscalía de Tarapacá investiga los posibles delitos cometidos por Marta Isasi y Corpesca, ha constatado imprecisiones en la información que entregó Isasi al Servicio Electoral de sus gastos de campaña. Esto corresponde a las boletas y respaldos de los gastos en que incurrió. Lo anterior dará paso a una nueva diligencia en que se chequeará la validez de cada una de las boletas entregadas por Isasi al Servel.

Una falta de veracidad en los gastos de campaña que Isasi declaró es un hecho que perfectamente pudo pasar inadvertido para el Servicio Electoral. Y ello, porque el personal que ese servicio vital para la democracia cuenta para realizar la fiscalización de esas declaraciones, es muy reducido. La Unidad de Control de Gastos Electorales del Servel la integran siete funcionarios, y en año electoral se contrata además a otras 70 personas, de las cuales el 80% aproximadamente son contadores. Las personas que garantizan esa función solo alcanzan para que se revise si lo declarado por candidatos y partidos políticos está sustentado en facturas y boletas. No tienen la facultad para fiscalizar en terreno el gasto realizado. Se limitan a chequear que el respaldo de las facturas y boletas cuadre con lo rendido y que facturas y boletas de honorarios estén correctamente emitidas.

Respecto a los gastos electorales de la diputada Isasi, el Servicio Electoral le aprobó su cuenta en la Resolución 0866, y autorizó que se le devolviera la suma de $8.611.119 (ver documento).

LA OTRA INVESTIGACIÓN

En medio de la polémica desatada por las aseveraciones de Mujica a CIPER, los diputados integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados publicaron declaraciones bajo juramento de “no haber solicitado o recibido ningún tipo de beneficio económico para realizar una acción o incurrir en una omisión en el desempeño de sus funciones, con anterioridad, en forma coetánea, o posterior a la tramitación de la ley que modificó el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, contenida en la Ley Nº 18.892”. (ver declaraciones). Los  únicos diputados que no firmaron fueron los diputados Carlos Recondo (UDI) y Marta Isasi.

La diputada permaneció en la ciudad nortina hasta la segunda semana de julio, con licencia médica. Ella ya fue informada de que, en estos días, será notificada del desarrollo de la otra investigación de los hechos, y que lleva a cabo la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados por eventuales faltas a la probidad. Si su licencia médica se prolonga, un funcionario de la corporación deberá viajar a Iquique para continuar con la indagación iniciada a principio de mayo, de manera que la diputada Isasi comparezca nuevamente ante dicha comisión. Y ello debido a que, según fuentes de la investigación, existen contradicciones que deberán ser aclaradas por la parlamentaria.

Isasi podría ser sancionada con la disminución de hasta un 15% de su dieta parlamentaria, y recibiría un reproche por la desprolijidad con que ha operado sus cuentas y correos institucionales. Un ejemplo de ello es un email que le envía a su ex asesor Georgio Carrillo en el que le instruye que adultere su firma e informe a la Cámara de su opción sobre el color de un tablet. Una instrucción que la diputada hizo antes de que la compra de esos tablet desatara una fuerte polémica, la que finalmente obligó a los diputados a suspenderla (ver correo).

EL “COPY PASTE” DE CARRILLO

La declaración del ex gerente general de Corpesca ante la PDI de Iquique comenzó pasadas las 10 de la mañana del jueves 4 de julio y se prolongó hasta después de las 14:00 horas. Se le preguntó a Francisco Mujica por qué Corpesca en el año 2009 pagó $25 millones al ex asesor de Isasi, Georgio Carrillo, por estudios del sector que contenían “supuestos un tanto antiguos… tipo año 2002… con una realidad un poco diferente” (ver correo). No hubo una respuesta satisfactoria para explicar por qué realmente Corpesca contrató esos servicios, más aún cuando la propia empresa cuenta con un centro de investigación pesquera y Carrillo es un periodista que no tiene la formación técnica para elaborar un informe de esas características.

El equipo de la PDI se trasladó al Congreso de Valparaíso para obtener copia de los documentos que la diputada Isasi pidió a funcionarios de la biblioteca de la corporación que sirvieron de “insumo” para que su asesor redactara los millonarios informes. En la nómina figuran: “Mercado de  industria y comercialización de harina y aceite de pescado”; “Impacto de la crisis mundial en el sector industrial pesquero”; “Los temas que se transforman en crisis para el sector industrial pesquero”; “Desarrollo del sector pesquero artesanal y sus limitaciones”; e “Impacto social-económico ante pretensión marítima peruana y el corredor bioceánico” (ver documentos).

En la investigación judicial se han adjuntado además, correos que prueban que la diputada solicitó tales textos a Leonardo Arancibia, del Área de Recursos Naturales, Ciencia, Tecnología e Industria de la Biblioteca del Congreso. En ellos, figura el mismo funcionario mencionado enviándole esos informes a Isasi respecto a dos de los temas solicitados (ver correo). Según pudo constatar CIPER, no existen cambios relevantes en los papers que Carrillo le envió a Corpesca, por lo que éste habría incurrido en un simple copy paste, lo que dejaría a la diputada ad portas de una sanción, pues estaría incurriendo en faltas al derecho de autor.

En su declaración ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, Georgio Carrillo afirmó que, gracias a esos papers, la parlamentaria Isasi recibió $25 millones en el período previo a su reelección como diputada por Iquique. En el interrogatorio frente a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Iquique, el ex asesor entregó copia de tres cheques que él mismo transfirió a la cuenta personal de Isasi por la suma de $4 millones, con los que dijo probaría que esos dineros iban dirigidos a Isasi y no a él. Al preguntársele por el destino de los $21 millones restantes, Carrillo aseguró que ese dinero fue usado para pagar ítems de campaña de la parlamentaria, lo que estaría consignado en un cuaderno de cuentas que en el mismo interrogatorio entregó a la policía.

Otro antecedente que está siendo investigado tanto por la Comisión de Ética de la Cámara como por la fiscalía en Iquique, es cómo y por qué el subgerente de gestión y desarrollo de Corpesca, Ramón Pino Correa, ingresó a la Comisión de Pesca como asesor de la parlamentaria cuando se discutía el articulado de la Ley de Pesca. Según el presidente de la Comisión de Ética, el diputado Patricio Vallespín (DC), es irregular que un parlamentario, teniendo ítems para pagar a asesores, acuda a una comisión en la que se está viendo el futuro de la pesca en Chile con un ejecutivo del mismo rubro.

-Discernir si ella votó la Ley de Pesca influida por Corpesca es complejo, pero si se llegara a acreditar, la Cámara de Diputados no tiene facultad para investigar hechos constitutivos de delitos, solo determina sanciones –precisó Vallespín a CIPER.

INDICACIONES DE ISASI Y ORLANDO VARGAS

Una de las aristas más complejas que la investigación judicial debe resolver es si los elementos de juicio de la diputada Isasi, al momento de votar la Ley de Pesca, estuvieron influidos por Corpesca.

El fiscal Manuel Guerra mantiene en su carpeta un email con el power point que contiene las “instrucciones” de la “Nueva Ley de Pesca: Propuestas de Industriales Pesqueros del Norte”, redactadas por el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica (ver presentación), y en el que se explica en detalle cómo se debe defender “el derecho de propiedad” de esas empresas para reducir el impacto en la industria pesquera que podrían tener las indicaciones a la ley en trámite.

Si se analizan las votaciones de la parlamentaria, Isasi defendió los intereses de la empresa en dos de los articulados clave: votó en contra del inciso que establecía que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos existentes; y también rechazó la indicación que fijaba cuotas anuales de captura por especie en un área determinada.

Entre las 13 indicaciones presentadas por la diputada Isasi en la Comisión de Pesca, a favor de las empresas pesqueras, en nueve casos su firma va acompañada de la del diputado (PPD) Orlando Vargas, del Distrito N° 1 de Arica. Destacamos cuatro de ellas pues favorecían claramente los intereses de Corpesca:

• Indicación 47: “Licencias indefinidas para industriales incumbentes. En aquellas pesquerías que se declaren en plena explotación y se establezca una cuota global de captura se le otorgarán a los titulares de autorizaciones de pesca licencias transables de pesca. Las autorizaciones de pesca en dicha pesquería quedarán sin efecto por el solo ministerio de la ley. Estas licencias serán indefinidas y equivaldrán al coeficiente de participación de cada armador expresado en porcentaje con siete decimales”.

• Indicación 120: Isasi y Vargas propusieron reemplazar la sanción de suspensión por un año (propuesta por el gobierno) por sanción de multa en el evento de que el titular, arrendatario o mero tenedor de una licencia transable de pesca, cometa más de dos infracciones en un periodo de dos años calendario consecutivos.

• Indicación 128: Isasi y Vargas pretendían rebajar el impuesto específico (propuesto por el gobierno) disminuyendo de un 4,2 a 1,8% del valor de sanción de la respectiva especie hidrobiológica para el año 2011 multiplicado por el último valor anual del índice estimado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) asociado a dicha especie, dividido por el valor de este mismo índice en el año 2011.

• Indicación 226: Isasi y Vargas propusieron garantizar a la flota industrial la posibilidad de perforar la zona de reserva artesanal en las regiones del Norte (XV a IV). El artículo propuesto por el gobierno permitía dicha autorización, pero no la garantizaba.

Aunque hasta ahora la salida de Francisco Mujica de Corpesca apunta a que la responsabilidad por el eventual soborno en que habría incurrido Corpesca recaiga en el ex ejecutivo, lo cierto es que la empresa pesquera de Angelini deberá zanjar varios obstáculos más antes de librarse de una investigación judicial. Con la incorporación de Chile a la OCDE, el Ministerio Público cuenta con una nueva arma para investigar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos y cohecho a funcionarios públicos. Y ello involucra directamente a la empresa para la cual trabajaba el ejecutivo al momento de cometer el delito. De hecho, Corpesca ya contrató al abogado Carlos Balbontín, quien se coordina con el abogado de Mujica, Daniel Praetorius, para efectos de establecer una defensa coherente.

AUDITORIA A ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS

Mientras las investigaciones judicial y de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados continúan desarrollándose, otros hechos vinculados al mismo caso se han producido en los tribunales de Valparaíso. Allí, Johana Lorena Gallardo Beiza, esposa del ex asesor de la diputada Isasi, Georgio Carrillo, fue formalizada por estafa y otras defraudaciones el 20 de junio. Gallardo deberá firmar mensualmente como coimputada ante el Ministerio Público de La Calera.

Su nombre salió a la palestra el 9 de mayo, en la audiencia de formalización de Carrillo por las irregularidades cometidas con los dineros de las asignaciones parlamentarias de la diputada Isasi. Fue entonces que sorpresivamente Carrillo confesó que todo había sido ordenado por su ex jefa y reveló los aportes de dinero que recibió de Corpesca. En su declaración, afirmó que fue Isasi quien le pidió un “nombre de confianza” para triangular dineros de las asignaciones parlamentarias y así engrosar su dieta. Carrillo le propuso a su esposa, lo que fue aceptado por la diputada, sin que la supuesta beneficiada se enterara del origen del dinero que recibía cada mes y que, según insiste el ex asesor, era traspasado por mano a la diputada.

Isasi lo niega y denunció a Carrillo por emitir boletas de honorarios a su nombre y pagadas con fondos de la Cámara de Diputados, sin que ella tuviera conocimiento de estas operaciones.

En el telón de fondo de este polémico juicio por las vías ocultas entre empresarios y políticos, la ley que pretende regular el lobby en nuestro país y que ha esperado por años, sufrió un fuerte revés en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El 2 de julio fue rechazada la idea de crear un registro público de lobbistas y gestores de intereses particulares (ver informe).

Vea además:
- “Niños protegidos por el Estado: los estremecedores informes que el Poder Judicial mantiene ocultos”
- Niños protegidos por el Estado II: la falta endémica de recursos que los deja sin la mínima asistencia
- Entrevista a Rolando Melo, director del SENAME: “A la ministra de Justicia le informé verbalmente del informe de la Comisión Jeldres”

El jueves 4 de julio, CIPER reveló el contenido de un estremecedor informe que el Poder Judicial y el SENAME mantuvieron guardado bajo la más absoluta reserva por casi cuatro meses (ver reportaje). El documento, elaborado por una comisión que encabezó la jueza Mónica Jeldres tras realizar entre julio y noviembre de 2012 un inédito estudio sobre las condiciones de vida de los cerca de 14.000 niños que forman parte del sistema residencial en Chile, da cuenta de graves infracciones -e incluso delitos- detectadas en el cuidado de los niños más vulnerables, aquellos que supuestamente están bajo la protección del Estado.

El estudio, fruto de un convenio entre el Poder Judicial y Unicef, se llevó a cabo en 10 regiones, consideró las fichas de 6.500 menores e incluyó entrevistas con 384 niños. El trabajo en terreno detectó abusos sexuales por parte de cuidadores y entre los mismos niños que viven en las residencias; maltratos físicos; medicación no autorizada ni supervisada; y castigos como el aislamiento, entre otras irregularidades que incluían, incluso, redes de explotación sexual infantil. A pesar de la gravedad de los hechos relatados en el informe y que CIPER dio a conocer, tuvieron que pasar seis días más para que la Corte Suprema, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el Ministerio de Justicia y la Cámara de Diputados tomaran cartas en el asunto.

Quizás la reacción más importante fue la que tomó el mismo Poder Judicial la mañana del miércoles 10 de julio, cuando entregó los antecedentes del informe al Ministerio Público. Pero hubo otro poder del Estado que se le adelantó. Tras una reunión con los diputados Ricardo Rincón y Gabriel Silber (DC), que presentaron a nombre de cinco diputados una denuncia formal a partir del mismo informe de la Comisión Jeldres, el fiscal nacional Sabas Chahuán dijo:

-No tengo antecedentes de que el Poder Judicial haya estado en conocimiento de este informe y estos hechos. No tengo duda de que si la Corte Suprema estuviese en conocimiento de un hecho que reviste carácter de delito, hubiese hecho inmediatamente la denuncia ante la Fiscalía.

Pero lo cierto es que el Poder Judicial sí tenía conocimiento de esos hechos.

El lapidario informe que elaboró la llamada Comisión Jeldres –conformada por Mónica Jeldres, otras tres juezas de familia, la doctora en derecho Paulina Gómez y la socióloga de la Unicef Carolina Bascuñán –, fue entregado oficialmente el 7 de marzo de este año al ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño y a las autoridades del SENAME, en una mesa de trabajo conjunta. Aunque la comisión sólo pretendía entregar un diagnóstico de las carencias del sistema para que los jueces locales se conviertan en agentes fiscalizadores y de cambio en un trabajo coordinado con las instituciones encargadas de la protección de los niños vulnerados, logró recopilar información de casos que claramente podrían constituir delito y que fueron incluidos en el informe. Pero con esa información, poco y nada se hizo.

El Código Procesal Penal establece que, en caso de tener conocimiento de un posible hecho delictual en el ejercicio de sus funciones, los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer la denuncia correspondiente en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, tras conocer el informe de la Comisión Jeldres y argumentar problemas metodológicos, el ministro Carreño, quien hace cabeza del trabajo de los Tribunales de Familia, decidió mantener el documento oculto no sólo de la opinión pública, sino que además de la justicia. Una decisión que no fue cambiada con posterioridad por el máximo tribunal. Las únicas excepciones fueron los informes elaborados sobre la situación en Arica y Magallanes, donde los presidentes de los Juzgados de Familia fueron informados de inmediato de los delitos descubiertos en los mismos hogares por las integrantes de la comisión.

Minutos después de que Chahuán dijera que no creía que el Poder Judicial estuviera al tanto de lo revelado por CIPER seis días antes, la jueza coordinadora del Centro de Medidas Cautelares Gloria Negroni, llegó a la oficina del fiscal nacional por orden expresa del ministro encargado de la Reforma de Familia en la Corte Suprema, Héctor Carreño.

Gloria Negroni, quien preside la comisión desde que se interviniera el Centro de Medidas Cautelares tras la entrega del informe de la Comisión Jeldres, fue a la oficina de Chahuán con todos los antecedentes que puedan revestir carácter de delito y que se desprenden del estudio respecto de las residencias visitadas en Arica, Antofagasta, Valparaíso y Coquimbo. También llevó copia de los informes detallados con la información recabada en cuatro regiones (Arica, Valparaíso, Los Lagos y Magallanes), del oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, envió al SENAME el pasado 14 de junio preguntando a la institución por las medidas que se habían adoptado tras conocer el estudio, y de la respuesta que el director del servicio, Rolando Melo, le envió el lunes 1 de julio.

Tras la reunión con la jueza Negroni, Chahuán anunció que hará entrega de todos esos antecedentes a las unidades de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público para que los estudien y, a más tardar el viernes 12 de julio, tener más claro qué fiscalía o fiscalías se harán cargo de la investigación judicial.

LOS ANTECEDENTES QUE AHORA SERÁN INVESTIGADOS JUDICIALMENTE

En Arica existen seis proyectos residenciales que acogen a 256 menores: cinco de acogimiento residencial y uno de acogimiento familiar. El informe que preparó la Comisión Jeldres sobre esa región, y que la jueza Gloria Negroni entregó al fiscal nacional, consideró la información de tres residencias visitadas y encuestas a 15 niños seleccionados al azar. Ese documento, tal como lo informara CIPER en su primer reportaje, es uno de los más estremecedores que elaboró la comisión y por eso, uno de los dos casos en que se tomaron medidas de inmediato.

El 20% de las niñas encuestadas en la residencia Ajllasga reconocieron haber sido agredidas físicamente por algún adulto al interior del hogar y haber pasado días sin comer. El 60% también dijo haber estado enferma varias jornadas sin atención médica. Pero lo más grave es lo que las comisionadas pudieron presenciar de forma directa: muchachas que salían del hogar de noche con la complicidad de guardadoras de la residencia, y regresaban de madrugada y drogadas, lo que “hace altamente probable la existencia de explotación sexual infantil”. Por eso mismo, el 9 de noviembre de 2012, el mismo día que la comisión visitó el hogar en la madrugada, le envió una carta a Juan Enrique Robles, juez presidente del Juzgado de Familia de Arica (ver carta). Ese aviso dio origen a una investigación judicial que, según dijo la abogada Paulina Gómez a CIPER, culminó en junio “con la formalización por explotación sexual infantil de dos trabajadores del hogar”.

Otras situaciones que podrían constituir delito fueron descubiertas por integrantes de la comisión en hogares de Magallanes. Un oficio dando cuenta de ellas fue enviado de inmediato al juez respectivo, dando origen a una persecución penal por parte de la fiscalía regional. Pero la información recabada en las otras ocho regiones visitadas por la Comisión Jeldres se mantuvo oculta desde marzo hasta el 10 de julio de este año, cuando los informes detallados llegaron a manos del Ministerio Público.

El informe sobre la visita a Valparaíso que Negroni incluyó en la carpeta que dejó en la fiscalía, señala que “una niña de 12 años denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia (Hogar Santa Teresa). También señala que en algunas ocasiones ha sido castigada aislándola del resto”. Otro niño de 13 años, residente en el Hogar Virgen de los Desamparados, señala que en algunas ocasiones ha pasado días sin comer, además de reconocer agresiones físicas y sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia. Y otro de 10 años también denunció ser víctima de abusos sexuales por parte de un adulto en el Hogar San Francisco Borja.

En Coquimbo, los niños denuncian agresiones físicas y psicológicas por parte de sus cuidadores. En la Región de Los Lagos, los menores reconocen las mismas agresiones y haber pasado varios días sin recibir alimento, como castigo. Y en Antofagasta, donde existen nueve proyectos residenciales con un total de 302 niños, el 50% de los menores encuestados en el Hogar Mario Hiriart dice haber sido agredido físicamente por un adulto al interior de la residencia.

Otro de los antecedentes que el Poder Judicial dejó en manos del Ministerio Público es el oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, envió al SENAME el pasado 14 de junio consultando por las medidas adoptadas por ese servicio tras recibir el crudo diagnóstico de la comisión. Para entonces, ya se habían cumplido tres meses desde que el informe había sido entregado a la entidad pública mandatada para proteger a los niños cuyos derechos han sido vulnerados. Lo extraño es que en todo ese tiempo, ese oficio fue la única comunicación que mantuvieron el Poder Judicial y el SENAME.

LA REACCIÓN TARDÍA DEL SENAME

El martes 9 de julio, cinco días después de que CIPER diera a conocer el primero de los reportajes sobre el informe de la Comisión Jeldres, y sólo horas después de que publicara el segundo (ver reportaje) y que Televisión Nacional abriera su noticiario central con el informe de la Comisión Jeldres, el SENAME anunció el cierre de cuatro centros de menores en Arica, Valparaíso, Santiago y Cauquenes y la intervención de otras siete residencias. Además, según reconoció a CIPER Rolando Melo, director nacional del SENAME, al día siguiente le envió el informe a todas las fiscalías regionales más información adicional recogida por la institución (ver entrevista). Lo que llama la atención es que esas decisiones no se hayan adoptado en marzo, cuando la entidad conoció en detalle las graves irregularidades detectadas en sus centros.

Aunque dice que en un principio sólo conoció el informe “informalmente”, Melo dijo a CIPER que la jueza Negroni le entregó el documento completo el 7 de marzo de este año. Una semana después, se reunió con representantes del Poder Judicial y de Unicef para pedirles más información sobre los niños que habían declarado haber sido vulnerados, pero dice que Unicef se lo negó, pues las encuestas eran anónimas.

Según cuenta Melo, aunque tenía reparos sobre la metodología implementada en los cuestionarios y objetaba que “la encuesta se hizo sin dar una respuesta adecuada al niño en el momento inmediato”, apenas recibió el reporte se lo envió a todas las direcciones regionales del SENAME para que hicieran un catastro e identificaran a los niños que denunciaban los abusos. Y aunque debió haberlo hecho, ya que es su jefa directa, no se lo envió a la ministra de Justicia, Patricia Pérez.

-¿No le parece importante que la ministra responsable del SENAME conociera esta información al detalle, dada la gravedad de su contenido, para que tomara acciones o instruyera, como lo ha hecho ahora, cuatro meses después? –le preguntamos.

-Es que me pareció que debía enviarlo a las direcciones regionales, porque son ellos quienes deben verificar la información. A ella la informé verbalmente.

Otro punto que llama la atención es que durante los tres meses que transcurrieron entre que el SENAME recibió el informe y el oficio que el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, le envió a Melo el 14 de junio preguntándole cuáles eran las medidas adoptadas para enfrentar los problemas, no existió ningún tipo de comunicación entre el SENAME y el Poder Judicial. Así lo afirma el director del SENAME. Lo extraño es que, para entonces, ya habían pasado casi tres meses desde que CIPER solicitara los informes a través de la Ley de Transparencia (18 de marzo), recibiendo solo promesas de respuesta pero no los informes.

Y aunque Rolando Melo señala en la entrevista con CIPER que entre las medidas adoptadas se desvinculó a 12 personas, entre ellos, a la directora de un centro, y se dio aviso a las fiscalías regionales en los casos en que podría haber un delito, el 1 de julio le contestó al presidente de la Corte Suprema que no fue posible conocer la identidad de cada uno de esos niños vulnerados y le pidió que se le informe sobre las técnicas utilizadas por la comisión para preparar los cuestionarios.

Lo más curioso fue la aparente descoordinación que se evidenció el miércoles 10 de julio entre las decisiones informadas por el director del SENAME y la ministra de Justicia, Patricia Pérez. Porque fue justamente la ministra la autoridad que reaccionó con más energía frente a la gravedad del Informe de la Comisión Jeldres. A partir del 1 de agosto, afirmó, se inicia una intervención total al sistema de residencias y hogares de menores en el país (274 centros), la que se prolongará por tres meses. El trabajo estará a cargo de un equipo interdisciplinario de intervención conformado por 50 profesionales, divididos por equipos de tres personas y que serán integrados por un abogado, un asistente social y un sicólogo. De todo ello debió informar ante una comisión de la Cámara de Diputados hasta altas horas de la tarde, culminando una jornada en la que, por primera vez en años, los tres poderes del Estado dieron señales de asumir, cada uno por su cuenta, la grave indefensión en que se encuentran 14 mil niños en el país.

Vea también: “Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”

El miércoles 3 de julio pasado el fiscal Emiliano Arias recibió en su despacho una visita peculiar. La persona que se sentó ante él traía una noticia que lo vinculaba directamente -y de manera personal- con el juicio más importante que tiene entre sus manos: el proceso a 10 policías acusados de asociación ilícita y de más de cien delitos al interior de la PDI.

La conversación, que se inició de modo cordial, de improviso tomó rumbos inesperados. Con palabras que no permitían ni una sola otra interpretación, su interlocutor le confirmó lo que hasta ese momento era sólo un rumor en su equipo: el fiscal había sido grabado por los policías investigados de asociación ilícita en una conversación que le podía acarrear problemas. El rumor también llegó a oídos de CIPER. Y fue confirmado por compañeros de los policías acusados en la PDI. Allí se nos dijo que efectivamente en esa grabación aparece Arias admitiendo haber cometido una ilegalidad similar a uno de los hechos delictuales por los cuales están siendo acusados los detectives. En la grabación, se escuchaba al fiscal avalando que policías hicieran llamadas anónimas al número 134 para con ellas conseguir autorización judicial para allanamientos.

En la Fiscalía Occidente la grabación en cuestión fue confirmada a CIPER. Según los testimonios recogidos, la reunión del 3 de julio entre Arias y su interlocutor terminó con consejos y sugerencias de cómo debía el fiscal seguir con el caso, lo que incluía dejar de lado la acusación a los diez detectives y apuntar los dardos hacia el equipo de Carabineros del OS-9, que había hecho una mala investigación.

El mensaje del visitante de Emiliano Arias tenía mucho sentido: tuvo lugar exactamente en días de soterrado enfrentamiento entre Carabineros y el Ministerio Público, precisamente por un episodio relacionado con la investigación judicial de los 10 policías acusados de corrupción. El conflicto, que involucró a sus máximas autoridades, se inició cuando en la Fiscalía Occidente (a la que pertenece el fiscal Arias) se descubrió la extraña pérdida de grabaciones de las más de 4 mil conversaciones interceptadas a los diez policías acusados. El hecho, revelado por CIPER el viernes 5 de julio pasado (“Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”), involucra a dos de las unidades más importantes de Carabineros: OS-9 y OS-7. Precisamente una de esas unidades es la que el visitante del fiscal Arias le aconsejó acusar.

Horas después de la impactante visita, y una vez que hubo confirmado a través de los equipos que lo asesoran la existencia de esa grabación, el fiscal Emiliano Arias dio cuenta a su superior jerárquico de que un equipo de policías acusados de graves delitos lo había grabado en una conversación y que estaban dispuestos a utilizar esa prueba en su contra. Dijo también que se inhabilitaba para investigar ese ilícito ya que, de ser efectivo el hecho, se habría vulnerado el artículo 161-A del Código Penal (Ver Nota *) y podría ser objeto de extorsión para no continuar adelante con el juicio a los integrantes de la PDI.

En poder de Andrés Montes, jefe de la Fiscalía Centro Norte del Ministerio Público, quedó la grabación al fiscal Emiliano Arias ya que fue designado para llevar a cabo la indagación penal respectiva. El viernes 5 de julio, solo dos días después de haberse comprobado que la grabación era real, un oficio reservado llegó hasta el despacho del director de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez Meza. En el corto oficio se le informaba del hecho, anunciándole que ese mismo día se había iniciado una investigación penal para identificar a los responsables.

La grabación inédita a un fiscal del Ministerio Público, no sólo es grave por los protagonistas implicados: diez policías formalizados por corrupción y el fiscal que los acusa. El problema trasunta las relaciones entre el Ministerio Público y la PDI ya que este viernes 19 de julio la jueza del Primer Juzgado de Garantía de Santiago debe resolver si mantiene en prisión a los diez policías. La otra alternativa, que avanzó el diario El Mercurio en su edición del martes 16 de julio, es que la jueza Paula Brito acceda a la petición de la defensa de sobreseer temporalmente la causa en virtud de la imposibilidad de acceder a las grabaciones de las interceptaciones telefónicas a los diez policías, extraviadas por el OS-9, lo que constituiría “infracción de garantías”.

La investigación de la pérdida de las grabaciones de las conversaciones que sostenían incluso desde la cárcel los diez policías, está a cargo del fiscal Luis Cáceres Bravo (fiscal jefe de la Fiscalía Local de Curacaví).

En la sucesión de hechos que se acumulan desde la fecha en que el fiscal Emiliano Arias recibió la inesperada visita que lo alertó sobre la grabación de la que había sido objeto, y que incluye la curiosa pérdida de las intervenciones telefónicas a los diez detectives realizadas por el OS-9, todo parece enlazarse extrañamente para que este viernes 19 la jueza de garantía no tenga más alternativa que dejar libres a los efectivos de la PDI acusados de asociación ilícita. No porque sean inocentes, sino por vicios procesales en la investigación.

Para la Fiscalía Occidente, en cambio, este viernes será la oportunidad de que la justicia calibre, más allá de la pérdida de grabaciones, el cúmulo de pruebas que acusan a los diez detectives. Y que el tribunal valore el riesgo que significa que esos mismos diez policías se reincorporen de inmediato a sus funciones, puesto que hasta hoy no han sido dados de baja.

Esta es la historia que será recapitulada en el Primer Juzgado de Garantía este viernes 19 de julio.

EL ALLANAMIENTO SOSPECHOSO

En la noche del 21 de marzo de 2012 un grupo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Pudahuel, a cargo de los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada e integrado además por los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo, ingresaron a un domicilio en Pasaje El Eclipse, en Pudahuel. La diligencia se originó en una supuesta llamada anónima que indicaba que en ese domicilio se realizaba un tráfico de drogas. Según registra el parte policial, el ingreso de los policías al inmueble se habría realizado con la autorización de los dueños de casa. En el procedimiento se habrían incautado $18.000 y 84 papelillos de cocaína. Solo una persona (de iniciales M.P.L.) habría sido detenida.

La realidad era distinta a lo que se dice en el parte policial. Porque hasta el cuartel de la Bicrim de Pudahuel llegaron tres personas detenidas: M.P.L., su hija y nieta. En la puerta de la morada de los detenidos permaneció la huella del “consentimiento”: una cerradura rota con un ariete, lo que quedó registrado en la foto del procedimiento. Había más cabos sueltos en esa historia.

Nada de lo que esa noche ocurrió en el domicilio de M.P.L. y en otros procedimientos de noches anteriores se habría sabido de no ser por la indiscreción de uno de los policías que ingresó al domicilio allanado en Pudahuel. Días después, mientras conversaba con el fiscal del caso, Emiliano Arias, el policía inadvertidamente relató hechos que no figuraban en el parte e incurrió en varias contradicciones. Inmediatamente, desde la Fiscalía Occidente se inició una investigación paralela que, esta vez, tuvo como objetivo central el comportamiento sospechoso de los mismos funcionarios de la PDI que aparecían en la causa anterior como denunciantes. La nueva investigación fue encargada a un equipo de Carabineros del OS-9.

Las primeras indagaciones de Carabineros rápidamente comenzaron a dar resultados. Aparecieron víctimas y testigos de varios allanamientos sin orden judicial ni de la fiscalía realizados por los mismos funcionarios de la PDI. Y en todos se repetían los mismos ilícitos: amenazas, torturas y abuso de poder. Lo más grave es que algunos testigos afirmaron que los mismos policías ingresaron droga a sus domicilios con la que justificaron el allanamiento y la posterior detención. Y también, incautación de dineros y especies  -incluso droga- que después no eran declaradas. Simplemente desaparecían.

Es aquí donde comienza la sucesión de hechos extraños de esta investigación, una de las más reservadas de la Fiscalía Occidente pues se refería a una posible asociación ilícita delictual al interior de la PDI. Por alguna razón que CIPER no pudo dilucidar, los testimonios de las víctimas de los detectives se filtraron y los nombres de quienes habían declarado ante el equipo del OS-9 fueron conocidos por los mismos detectives involucrados.

-Nos amenazaban, nos decían que si seguíamos con esa huevada de que habíamos sido amenazados, íbamos a desaparecer, que a nosotros nadie nos iba a creer porque éramos delincuentes –le dijo a CIPER un joven de Pudahuel con un alto prontuario, quien en varias ocasiones fue detenido por agentes de la misma brigada que hoy se encuentran en prisión.

CIPER también se comunicó con uno de los moradores de la casa de M.P.L., quien hoy está libre:

-A mí me allanaron mi casa, entraron a la fuerza y de forma ilegal… Igual estos compadres hacen lo que quieren. Yo no me creo que vayan a quedar presos. Yo me cambié de casa justamente por lo mismo, porque seguramente van a salir libres y me irán a buscar.

Pero las amenazas fueron más allá del círculo de delincuentes habituales del tráfico de droga de menor cuantía, cuya mercadería desaparecía en un laberinto sin explicación.

LA GRABACIÓN OCULTA AL FISCAL

El 12 de abril de 2012, veintidós días después del allanamiento que había levantado las sospechas de la Fiscalía Occidente, el equipo de la Bicrim de Pudahuel a cargo del subcomisario Godfrey Gamboa, solicitó una reunión con el fiscal Emiliano Arias. No hubo respuesta. Arias se negaba a recibirlos. Gamboa insistió una y otra vez. Y en cada llamada decía tener nuevos antecedentes que servirían para formalizar a los detenidos por tráfico de drogas en el allanamiento del 21 de marzo en el Pasaje El Eclipse. Según varios testigos con los que habló CIPER, finalmente el fiscal Arias los citó en su oficina, en calle  Bandera 655.

Hasta la sede de la Fiscalía Occidente llegó parte del equipo de la PDI, encabezado por los subcomisarios Godfrey Gamboa y José Márquez. Lo que Arias nunca imaginó es que el subcomisario Márquez llevara oculto un celular con el que grabaría toda la conversación. Todo quedó registrado.

El primero en tomar la palabra fue el subinspector de la PDI Daniel Urrutia, quién relato algunos procedimientos realizados en los días anteriores, que según él guardaban relación con el “gran operativo del 21 de marzo”. Después habló Godfrey Gamboa. Dirigiéndose directamente al fiscal, le dice que estaban viendo la manera de cómo seguir siendo eficaces en los procedimientos, pero que debían cambiar el método de las llamadas anónimas al 134 para acelerar  las autorizaciones judiciales de allanamientos de morada. Según Gamboa, esa “excusa” estaba cada vez siendo menos creíble.

La respuesta del fiscal fue que si bien era un método fácil de descubrir, era un procedimiento que muchos usan y que incluso él mismo lo había utilizado en alguna ocasión, siendo fiscal en Arica, pidiendo que se hiciera una denuncia anónima desde un teléfono público para un procedimiento de tráfico de drogas.

La reunión continuó por varios minutos más, pero el objetivo de los detectives se había cumplido. Salían de la oficina de Emiliano Arias con una grabación donde el fiscal reconocía haber realizado denuncias anónimas al 134, para conseguir autorización judicial para allanar casas e inculpar personas.

La confianza de los policías de estar “protegidos” con esta grabación, en caso de que se les cuestionara sus métodos, sus procedimientos y fueran a su vez investigados y acusados judicialmente, les duró apenas seis meses.

El 17 de octubre de 2012, un grupo de carabineros del OS-9 allanó las dependencias del cuartel de la Bicrim de Pudahuel y las casas de 10 funcionarios de la PDI que la integraban. La sorpresa fue mayúscula: en el mismo cuartel algunos de estos policías mantenían droga, billetes falsos y celulares incautados en operativos antidrogas. Fue la última diligencia del equipo investigador del OS-9. En el grueso expediente, las prendas nuevas con etiqueta de marca halladas en algunos de sus domicilios se agregó a decenas de entrevistas a testigos y al fruto de los seguimientos y las más de cuatro mil interceptaciones telefónicas al equipo de la PDI. Allí aparecen declaraciones de personas detenidas relatando “quitadas” de drogas e incluso torturas. Todo ello, según la fiscalía, configuraba una asociación ilícita de crimen organizado al interior de la PDI.

Diez funcionarios policiales quedaron en prisión preventiva por orden de la jueza Paula Brito del Primer Juzgado de Garantía de Santiago. Los policías formalizados por 126 delitos, entre ellos cien detenciones ilegales, son: los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada; los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo y el asistente policial Sebastián Álvarez de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel (Bicrim). Además de tres policías de la Brigada Móvil Metropolitana: los subinspectores Daniel Urrutia y Raúl Álvarez  y el inspector Kurt Borneck.

En la audiencia de la formalización se entregaron las pruebas de las irregularidades cometidas por el equipo de la PDI en el allanamiento a la casa de M.P.L. el 21 de marzo de 2012. Y también los testimonios que pusieron en entredicho y bajo investigación el origen de la droga incautada, con la sospecha de que habría sido ingresada por los mismos policías. En esa audiencia declaró la hija de M.P.L., quién también fue detenida después del allanamiento del 21 de marzo a su hogar sin que quedara registro de ello en el parte policial. Frente al juez, la joven acusó al subcomisario encargado del operativo de haberla torturado para obligarla a entregar la dirección de una casa donde se vendía droga:

“Yo accedí a entregarles una casa donde yo sabía que se vendía droga para que dejaran libre a mi papá y a mí y también a mi hija, ya que no teníamos nada que ver. Recuerdo que el policía de apellido Gamboa me dijo que, si en la casa a la que yo los llevara encontraban droga, soltaban al tiro a mi hija y a mí”, dijo A.P.L. en la audiencia.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante el juez de garantía dan cuenta de que el grupo de detectives operaba al margen de los procedimientos establecidos por la Ley 20.000 (ley de drogas), como que no se declaraban todas las especies ni la droga incautada en los allanamientos, parte de un botín que terminaba en uso personal de los policías. Por las interceptaciones telefónicas se pudo seguir el rastro a algunas especies, como ropa o artículos electrónicos, los que eran entregados a cambio de favores a jefes de otras unidades policiales.

El cúmulo de pruebas presentado por la Fiscalía Occidente –con el apoyo del OS-9- fue suficiente para la jueza de garantía Paula Brito, quien ordenó la prisión preventiva para los 10 policías por considerar los hechos probados como “absolutamente intolerables tratándose de funcionarios policiales”.

Las medidas cautelares se revisaron el miércoles 17 de abril de este año en una audiencia que duró varias horas. En esa ocasión, el fiscal Emiliano Arias detalló los más de cien delitos que habrían cometidos los policías y la participación de cada uno de los imputados en los mismos. Allanamientos ilegales, detenciones, torturas, omisión de denuncias, apropiación de especies, incautación de droga no declarada y amenazas, figuran entre los delitos más graves que se les imputan.

Las pruebas recogidas por efectivos del OS-9 de Carabineros fueron suficientes para que se mantuviera la orden de prisión para los diez policías.

Los diez efectivos de la PDI han permanecido nueve meses en prisión. Y este viernes 19 de julio es la audiencia clave que marca el fin de la investigación y en la que se definirá si siguen detenidos o salen libres. A dos de los policías acusados los defiende Christian Bouchette, quien fue abogado de Felipe Baeza, ex jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, en el escándalo de los sobreprecios en las compras del Plan Frontera Norte; y de Pilar Pérez, “La Quintrala”. Esta última defensa debió dejarla en marzo de 2009 luego de que la fiscalía descubriera que la acusada traspasó cuatro de sus propiedades a su hija en un “contrato simulado” en la misma época en que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el embargo de sus bienes. Las grabaciones telefónicas perdidas corresponden precisamente a los dos detectives que defiende Bouchette: Sebastián Álvarez y Kurt Borneck.

Hasta ahora el apoyo institucional para los diez detectives ha sido contundente. El alto mando de la PDI ha monitoreado paso a paso el desarrollo del proceso mostrando especial interés por la defensa de los subcomisarios Godfrey Gamboa y José Márquez, autor de la grabación ilegal al fiscal Arias. Su abogado defensor es Diego Silva, quien trabaja asociado al estudio de Raúl Tavolari. Nadie sabe de dónde sacaron Gamboa y Márquez el dinero para pagar esa defensa.

Poco antes de las 16 horas del pasado miércoles 22 de mayo, Omar Labbé (42 años) llegó hasta la Segunda Comisaría de Chanco (Cauquenes). Tenía premura. Después de estar ausente de su domicilio por unos 20 días, por un viaje a Santiago, al regresar constató que la casa que habitaba desde hacía aproximadamente un año había sido violentada y robada. Y eso era lo que iba a denunciar. En el cuartel policial lo recibió el sargento Francisco Rivera, a quién él conocía.

-Este es un pequeño pueblo y nos conocemos todos. Si te toca ir un par de veces a la comisaría, acabas conociendo a todos los carabineros. Al sargento Rivera lo conocía hace ya un tiempo y lo tenía considerado casi como un amigo –contó Labbé a CIPER.

El sargento Rivera lo hizo pasar y después de escuchar el relato del robo del que había sido víctima, llamó  al cabo que se encontraba de guardia, Antonio Sanhueza, para que le tomara declaración.

-El cabo Sanhueza se sentó frente a un computador y yo comencé a relatarle todo lo que me había pasado: que llegando de Santiago, a donde había viajado por unos días, me encontré con la puerta y unos candados de mi domicilio rotos, y que al ingresar había constatado que faltaban varias especies, como un televisor, una alfombra, un juego de llaves, un taladro, etc. El cabo Sanhueza anotaba todo. Cuando terminé de relatar, él imprimió el parte y me lo pasó para que lo leyera y lo firmara. En esos momentos, entró el sargento Francisco Rivera y dirigiéndose al cabo Sanhueza le dijo que el capitán lo necesitaba (se refería al capitán Carlos Stolzenbach, jefe de la comisaría). El cabo se levantó y se fue. A los pocos minutos regresó, se volvió a sentar y me pidió el parte que aún se encontraba en mis manos. Separó las hojas y me pidió que firmara una de ellas en el margen izquierdo. Su petición me extrañó, ya que normalmente esos partes se firman al final de la última hoja, por lo que le pregunté al cabo si eso era todo. Sanhueza me dijo que no me preocupara, que como tenía que cambiar algunas cosas y no quería quitarme más tiempo, lo íbamos hacer así –recuerda Labbé.

Lo que Omar Labbé nunca supo es que ese miércoles 22 de mayo, su denuncia policial sería cambiada minutos después de que él saliera de la comisaría. En lo principal, su relato de un robo en lugar habitado pasaría a ser “robo en lugar no habitado”. Lo que no era efectivo, pues Labbé vivía en ese domicilio desde hacía un año y sólo se había ausentado por 20 días. Tampoco podía saber que el cabo segundo Antonio Sanhueza no decidió por su cuenta cambiar el hecho esencial de su relato, sino que cumplía las órdenes impartidas por la autoridad máxima de la Segunda Comisaría de Chanco: el capitán Carlos Stolzenbach.

En efecto, según los antecedentes a los que pudo acceder CIPER, en una reunión realizada meses antes de ese día de mayo, el capitán Stolzenbach le ordenó a su personal de confianza que al momento de recibir una denuncia por robo, ésta debía registrarse de manera de controlar “las estadísticas de las denuncias”. En esa reunión, cuyo audio CIPER escuchó y acompañamos en este reportaje, el capitán comisario de Chanco les dice a sus subalternos que, como en el sistema de control lo único que se chequea es la narración de la víctima del delito, si el relato da cuenta de que fue ejecutado en un lugar no habitado, así quedará en las estadísticas oficiales.

¿BAJAN LAS CIFRAS DE LA DELINCUENCIA?

Según las cifras entregadas por la Subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el primer trimestre del 2013 la tasa de casos policiales de delitos de mayor connotación social (DMCS), disminuyeron en un 4,5% respecto al mismo período del año anterior (a nivel nacional).

En la Región del Maule, esta cifra de disminución es mucho mayor: 10,3%  respecto de los DMCS del mismo periodo de 2012. Lo que en concreto significa 52 denuncias menos interpuestas ante las policías de la Región del Maule, según datos del Ministerio del Interior (451 denuncias en el primer trimestre de 2013, versus 503 denuncias en el primer trimestre de 2012).

Pero si se analizan en detalle las estadísticas de Chanco, la disminución de las denuncias de delitos de mayor connotación es aún mayor: una baja de 34% en el primer trimestre de 2013 respecto del mismo período de 2012 (Primer trimestre 2012: 240 DMCS. Primer trimestre 2013: 156 DMCS). (Ver estadística)

Según las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior, los más de 968 mil habitantes de la Región del Maule podían estar tranquilos: la delincuencia se batía en retirada en esa zona. La realidad que descubrió CIPER, es diferente.

La grabación que recibió CIPER de las órdenes impartidas por el capitán de Carabineros y comisario de Chanco a sus subalternos, fue la primera prueba de que algo no andaba bien en los registros policiales de los delitos cometidos en esa ciudad de más de nueve mil habitantes. En los hechos, el capitán Stolzenbach les dice al grupo de policías bajo sus órdenes que, a partir de ese momento, deben modificar las denuncias de delitos mayores que reciban con el objeto de mantener las cifras de los delitos más complejos bajo el índice rojo.

“YO APOSTARÍA A ROBO EN LUGAR NO HABITADO”

Una de las instrucciones precisas del capitán Stolzenbach se relaciona directamente con el cambio del parte policial de Omar Labbé: modificar la denuncia de robo en lugar habitado por  “robo en lugar no habitado”.

En el audio, se escucha al capitán Stolzenbach decir:

-O sea, nosotros el robo en lugar no habitado a futuro lo vamos a tener en cifras negras. Aunque no hagamos nada, lo vamos a tener en cifras negras igual. Entonces, no importa que mientras tanto, hueón, tiremos para allá. Incluso, de repente, a lo mejor más que el hurto, a lo mejor habría que tirarlo a robo en lugar habitado y pasamos el chapuzón de tener todas las huevadas en rojo, pero después recuperaríamos los tres, po’h hueón. Porque te insisto, o sea, tendría que ser muy mala cueva. O sea, imagínate que aquí en la semana de, llegar a los 39, a los 40 delitos, o sea, de 10… ¿Cuántos son los que tengo?, de 10, de 16 llegar a 40 en dos meses, ¡ni cagando! Entonces, yo apostaría al robo en lugar no habitado nomás. Pasarlos todos por eso, claro, y pasamos blanqueada y que nos vean la huevada con robo nomás, si la huevada ya está con rojo nomás.

- Y lo que venga, pasarlo como no habitado y por hurto (dice otro carabinero).

- Mira, casi todo. Yo pienso que vamos más al no habitado, porque si lo pasamos por hurto, el margen del hurto lo tenemos muy estrecho; entonces, si lo pasamos por hurto, ¿qué cosa nos va a originar? Que en definitiva no vamos a poder recuperar nunca el hurto, porque va a llegar el mes y “chucha, tuvimos más”; va a llegar el otro mes, “volvimos a tener más”. Entonces, no lo vamos a recuperar nunca. En cambio, el robo en lugar no habitado lo vamos a recuperar sí o sí. Para la semana de agosto la vamos a tener recuperada. No hagas nada y la vas a tener recuperada igual, pienso yo. Ahora, lo que es importante, porque no sacas nada que tú lo sepas, que yo lo sepa y que el Ulloa lo sepa; la lógica de retenes es fundamental. Y los jefes de retenes tienen que saber sus delitos. El Enrique anda bien preocupado, pero la verdad es que el Torres, el Torres no creo que ande muy preocupado del tema del delito. Insisto, yo pienso que si tuviéramos al Aguayo allá, el Aguayo trataría de hacer algo. Es el Torres el que está, ¿cierto? Ah, el Contreras, el Contreras no creo que esté muy preocupado de que si es robo o no robo, porque en definitiva él sabe que está de paso nomás, po’h, así que ¿de qué se va a preocupar?. Y el tema aquí de la guardia lo tenis que manejar tú, decirle a los de guardia que cuando llega un delito o alguna huevada, que te avisen a ti y tú manejas y ves el tema, lo ves con el personal de población. Yo pienso que si lo hacemos de esa forma podríamos lograr algo, porque si dejamos que la huevada nos llegue como llegue, estamos cagados. Y por último, mira, ¿qué cosa le interesa a la gente? Que la huevada se denuncie. A la gente le da lo mismo si la huevada saltó la reja, no saltó la reja; esa huevada a la gente no le interesa. La gente no puede acusarnos de no denunciar. Y  segunda cosa: si los revisan en el sistema, lo que nos revisan a nosotros es la narración, y si la narración dice no habitado, ¡no habitado nomás, po’h hueón! Yo pienso que no tendríamos mayor conflicto”.

Lo que no queda claro en ese audio es si las órdenes que imparte el capitán Stolzenbach son producto de su propia decisión o si él, a su vez, las recibió de su superior jerárquico, el general Ricardo Cartagena Palacios, jefe de la Séptima Zona de Carabineros (Maule). O incluso de más arriba en el mando de su institución.

La grabación fue hecha por uno de los carabineros de la Segunda Comisaría de Chanco para tener cómo defenderse en caso de problemas, y así poder demostrar que todos los cambios  de partes policiales que debieron ejecutar en su unidad, se hicieron por instrucción precisa del comisario a cargo y no por negligencia de sus subalternos. Y ello, porque finalmente quien firma las denuncias que hacen las víctimas de delitos es el personal de guardia.

LA COMISARÍA DE CHANCO NO ES LA ÚNICA

Dados los hechos y testimonios que fueron apareciendo en la investigación de CIPER, todo indicaba que el cambio del parte policial de Omar Labbé, no parecía ser el único. CIPER se comunicó con Omar Labbé el miércoles 10 de julio, quién ignoraba que su denuncia había sido modificada. Labbé se dirigió de inmediato a la Comisaría de Chanco y solicitó una copia de su denuncia. Se la negaron. “Por encontrarse en investigación”, fue el argumento que le esgrimió el carabinero que lo atendió.

La investigación de CIPER pudo verificar que otra denuncia efectuada ante la misma Comisaría de Chanco recibió el mismo tratamiento que la de Omar Labbé. El 7 de mayo (15 días antes de la denuncia de Omar Labbé), Fidelina de las Mercedes Palma, una vecina de Chanco de 75 años, quien no sabe leer ni escribir, se presentó en la comisaría a denunciar el robo de varias especies desde su domicilio, en calle San Martín.

Según consta en el parte policial confeccionado, a las 11:30 del mismo día, el delito quedó registrado por la cabo segundo Marisol González Pérez como: “Apropiación indebida Artículo 470 Nº 1”.  Y dice que desconocidos habrían ingresado por una de las puertas del domicilio de la denunciante y se habían apropiado de dos casacas y dos planchas de ropa.

En un anexo que lleva el rótulo “Relación de los Hechos”, donde la cabo segundo Marisol González relata los hechos mencionados por Fidelina Palma, llama la atención una enmienda con lápiz en la que se suprimen especies declaradas como robadas (dos planchas de ropa) y se cambian los hechos. En donde aparecía “fundadas sospechas sobre los posibles culpables del robo de las especies”, se escribe: “una presunción de haber sido apropiadas por familiares a los cuales se les habría prestado y no se las habrían devuelto” (Ver parte enmendado).

En el parte final, la tipificación del delito quedó registrada como “Otros hechos que no constituyen delito”. Igualmente, las dos especies declaradas en el primer parte y tachadas con lápiz en el relato, no figuran.

Según relataron a CIPER testigos de los hechos, la modificación de dicho parte la hizo el propio comisario Carlos Stolzenbach, quien con su puño y letra modificó el relato para que fuera corregido en el parte final.

CIPER se contactó con el capitán Carlos Stolzenbach, quién reconoció saber que existe una grabación en la cual él se habría referido al cambio de las denuncias policiales. El comisario de Chanco insistió, en la misma conversación telefónica con CIPER, en que la mencionada grabación no había sido permitida por él, por lo que se trataría de “una grabación no autorizada” en la que se lo saca de contexto, ya que sólo se escuchan unos minutos de una reunión que duró al menos una media hora. En ningún momento Stolzenbach negó haber dicho lo que aparece registrado en la grabación. Sólo reiteró que él no era la persona apropiada para responder sobre ese tipo de problemas y que lo que correspondía era que nos dirigiéramos a los mandos de la institución. (Ver Recuadro)

-Yo asumo la responsabilidad, si tuviese alguna, pero eso tiene que verlo mi institución y yo me someto a la disciplina o a las órdenes que me dieron en la institución, que es lo más correcto por lo demás. Yo pienso que más información tampoco le puedo dar. Por favor recábela, infórmese bien y publique –fue la frase con la que concluyó Stolzenbach su conversación con CIPER.

Y eso hicimos. La respuesta de algunos oficiales de Carabineros dan cuenta de que el cambio de partes policiales para hacer bajar los índices oficiales de delitos, como robo con violencia, ya ha sido advertido en la institución. Se nos mencionó como ejemplos el de Padre Las Casas y Maipú. En ambos lugares muchas de las denuncias por robo fueron registradas como “Otros hechos que no constituyen delito” o simplemente “Daños”. La primera figura es exactamente la utilizada en la Comisaría de Chanco con la denuncia de Fidelina Palma.

La respuesta oficial de la institución llegó en un comunicado cuyo contenido se puede ver aquí.

En las sedes de Santiago del Instituto Profesional Valle Central (IPVC) los estudiantes nunca han paralizado sus clases en reclamo de una mejor educación. A diferencia de muchos otros estudiantes de enseñanza superior, tampoco se han organizado para protestar por los efectos del lucro en su institución. Y de no ser por los jefes de carrera y profesores de la sede del IPVC en La Florida, la grave crisis que vive dicho instituto profesional habría pasado inadvertida para todos. Incluso para quien maneja la información de sus problemas académicos y financieros: el Ministerio de Educación.

Fue a mediados del año pasado que, en protesta por el excesivo retraso en el pago de sus honorarios, los profesores de la sede de La Florida del IPVC optaron por medidas drásticas de presión para exigir la remuneración por sus horas de clase. Los jefes de carrera se coordinaron con el resto de profesores y organizaron la paralización de actividades. La información recogida por CIPER indica que el problema no sólo afecta a la sede de La Florida. El no pago de sueldos a los profesores del IPVC se extiende a otras de sus 12 sedes en el país, donde algunos profesores renunciaron antes del término del semestre o llevaron a los tribunales la demanda por los sueldos impagos.

CIPER siguió el rastro de los últimos procesos de acreditación del IPVC ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y encontró las huellas financieras que prueban cómo el dinero del arancel de los estudiantes se desvía hacia las sociedades relacionadas de los mismos dueños en desmedro de la inversión en material educativo y el pago oportuno de los profesores. Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación fue el documento con el informe de estados financieros 2010-2011, que registra el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Educacional del Maule S.A., controladora del Instituto Profesional Valle Central, celebrada el 29 de diciembre de 2011. En esa junta se acordó distribuir la suma de $4.265.052.000 por dividendos entre los accionistas.

“El sello distintivo del Instituto Profesional Valle Central es Ven a Ser Más y la acreditación da fe pública de que los procesos que realizamos son de calidad”. Bajo esta premisa, el IPVC, con más de 10.000 estudiantes en sus 12 sedes, informa en su página web del “sello de garantía” que le otorgó la CNA por dos años en enero de 2012 y que debe renovar a fines de este año. Lo que no aparece allí es que uno de los responsables de su acreditación en la CNA en 2010, ostenta hoy el cargo más importante del instituto.

LOS INICIOS DEL IP VALLE CENTRAL

Tras el cierre de la Universidad del Mar, el Ministerio de Educación (Mineduc) anunció que se había firmado un convenio para que algunos de sus alumnos fueran recibidos por el IPVC. Aunque en los institutos profesionales –al igual que en los centros de formación técnica- está permitido el lucro, nadie reparó en que el IPVC podía tener problemas en el manejo de sus recursos que afecten la calidad de la enseñanza que imparte.

Frente al cúmulo de información que ha surgido en los últimos años sobre el financiamiento de las universidades privadas, es poco lo que se sabe sobre el mercado de los institutos profesionales, un nicho que está en franca expansión y que recibe importantes aportes públicos. Entre 2009 y 2013, la matrícula de los institutos profesionales aumentó en un 70,9% (según los datos del Mineduc pasó de 189.597 a 324.045 alumnos). Los IP y Centros de Formación Técnica reciben el 21,17% de los fondos estatales para estudiantes que cursan educación superior, de acuerdo con las cifras del Informe de Financiamiento Fiscal de la Educación Superior 2012, elaborado por la Contraloría General de la República.

Los orígenes del Instituto Valle Central se remontan a la creación del Instituto Profesional del Maule, en la ciudad de Talca, en 1988. La Sociedad Educacional del Maule Ltda., que administraba el instituto, pasó a ser sociedad anónima en octubre de 1991 y tres años más tarde, en noviembre de 1994, cambió su estatuto con el fin de establecer que “el objeto de la sociedad es la organización y mantención del Instituto Profesional Valle Central”.

En sesión del 25 de enero de 1996, el Consejo Superior de Educación le otorgó al IPVC la plena autonomía institucional, certificado que lo habilitó para abrir sedes y otorgar toda clase de títulos académicos. Diez años después de esta primera luz verde para que el instituto ampliara su oferta de carreras, llegó el verdadero impulso que convirtió al Instituto Profesional Valle Central en una atractiva oportunidad de negocios: la acreditación que trae consigo los dineros del Crédito con Aval del Estado (CAE) y otros beneficios del Estado al que pueden postular sus estudiantes, como la Beca Nuevo Milenio. En los últimos tres años –según datos de la Comisión Ingresa- al IPVC han ingresado $4.330.792.000 bajo estos conceptos.

En junio de 2009, el IPVC presentó ante la CNA un Informe de Evaluación Interna para iniciar por primera vez el proceso de acreditación en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. Entonces, la CNA le asignó un Comité de Pares que visitó la institución entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2009. Los resultados se emitieron el 9 de noviembre y el instituto comunicó a la CNA sus observaciones días más tarde.

En la sesión Nº 235 del 25 de noviembre de 2009, la CNA deliberó respecto a la acreditación del IPVC. En la misma sesión se acogió una reposición de la Universidad Internacional SEK para acreditarse por dos años. El acta de dicha sesión registra la asistencia de los comisionados Pedro Corona, Sally Bendersky, María Elena González, Mario Letelier, Sergio Martinic, Roberto Careaga (designado por los Institutos Profesionales), Rodrigo Alarcón (designado por los Centros de Formación Técnica), Luis Horacio Rojas (representante de Conicyt), Luis Eugenio Díaz (designado por las universidades privadas) y fue presidida por Emilio Rodríguez.

El acta de esa sesión registra las deficiencias tanto en el área de gestión institucional como de docencia del IPVC.  Allí se dice: “Existe un marcado énfasis en lo administrativo financiero en detrimento del área académica”. Fue uno de los múltiples cuestionamientos que destacaron los miembros de la CNA de la gestión del IPVC.

La existencia de gran heterogeneidad en la aplicación curricular y en la gestión de recursos materiales entre las sedes, fue otro de los puntos de alerta en dicha reunión. Además, se advirtió que “existen mecanismos precarios para el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de los propósitos definidos en docencia”. La institución no contaba con sistemas para definir y revisar perfiles de egreso acorde al modelo educativo ni al estado de cada campo de estudio. Otras observaciones tenían relación a las bajas tasas de retención y titulación y se hizo hincapié en las graves deficiencias del sistema de educación en línea “Valle Virtual”.

“No se ha podido constatar que la institución cuente con información clara y confiable acerca del desarrollo de los procesos en docencia conducente a título que permita la toma de decisiones oportunas y el mejoramiento de los procedimientos en esta área”, se afirma en las conclusiones de la CNA.

Pese a las graves deficiencias en su funcionamiento y a los múltiples cuestionamientos de gestión institucional y calidad académica del Instituto Profesional Valle Central, “por la mayoría de sus miembros presentes” la comisión concedió la acreditación por el periodo mínimo de un año. Ese año, la CNA no rechazó a ninguna institución que se postuló a la acreditación (vea el reportaje de CIPER  “Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades”).

El IPVC fue notificado de su precaria acreditación el 19 de marzo de 2010. Dos semanas más tarde, las autoridades del instituto interpusieron un recurso de reposición, impugnando la decisión a objeto de que se ampliara la acreditación. La CNA, tal como indica el acta de la sesión Nº286 del 5 de mayo de 2010 , consideró insuficientes los antecedentes entregados por el IPVC y rechazó el recurso. Sin embargo, tras los daños generados en las sedes de la institución por el terremoto de febrero de 2010, en la sesión Nº328 del 18 de agosto de 2010, la CNA decidió extender por seis meses la acreditación. La nueva fecha límite fue el 25 de mayo de 2011. Cuando se aprobó esta extensión, el presidente de la CNA era Luis Eugenio Díaz, quien ahora está procesado por cohecho y lavado de activos tras el escándalo de acreditaciones ilícitas.

Con ese sello de garantía estatal, el IPVC pudo recibir los dineros correspondientes a los créditos con aval del Estado y otros beneficios otorgados a sus estudiantes. Uno de ellos es la Beca Nuevo Milenio, destinada a los jóvenes pertenecientes al 60% de menores ingresos del país. Para los dueños del IPVC, estos nuevos ingresos significaron un impulso para su negocio financiero. En 2010, los estudiantes beneficiados con CAE y Beca Nuevo Milenio fueron 742 ($596.493.493) y en 2011  fueron 1.267  ($944.099.636).

BIBLIOTECA FANTASMA

El flujo de nuevos dineros tenía un plazo. Para conservar el beneficio de recibir el dinero de los estudiantes con Crédito con Aval del Estado, el Instituto Profesional Valle Central debía volver a someterse a un proceso de acreditación en la CNA y defender sus estándares de calidad. El 30 de junio de 2011, la comisión recibió el Informe de Autoevaluación Interna del instituto y se dio inicio a un nuevo proceso de evaluación en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado.

Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de ese año se realizaron las visitas del Comité de Pares Evaluadores designados por la CNA a distintas sedes del IPVC. Una inspección que sería clave luego de que, en el proceso de acreditación anterior, se cuestionara la heterogeneidad en calidad y recursos entre sedes y carreras.

Uno de los establecimientos visitados por el Comité de Pares Evaluadores fue el de La Serena. En la sede ubicada en calle Brasil Nº 236 hubo preparativos especiales antes de la llegada de la comitiva enviada por la CNA. Un académico de dicha sede relató a CIPER cómo justo antes de la visita de los pares evaluadores, llegó al establecimiento un camión cargado con libros y estantes. Y ante la mirada estupefacta de algunos académicos, se procedió a montar rápidamente una completa biblioteca. Terminada la fiscalización, tan rápido como llegaron se desmontó la flamante biblioteca y los libros retornaron a su lugar de origen. Hasta hoy en dicha sede, la “biblioteca” de sus cerca de 1.000 alumnos sigue siendo un rincón con dos estantes, uno de los cuales contiene solo copias de las tesis que han presentado los alumnos ya egresados.

La dificultad que tienen los estudiantes de carreras como Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Historia y Geografía, Técnico en Enfermería y Técnico en Nivel Superior de Prevención de Riesgos para poder acceder a bibliografía de su área, es sólo una muestra de lo que la comisión de la CNA no pudo advertir en la sede de La Serena. Uno de los profesores del IPVC explicó a CIPER que ha debido pagar fotocopias de sus propios libros para aportar a la “biblioteca” y que, en el área de estudio que él enseña, no existen más de 10 volúmenes de textos especializados para los casi 200 estudiantes de su disciplina.

Algo similar ocurre en la sede del IPVC de La Florida. CIPER visitó el establecimiento y tras seguir las indicaciones de la señalización “biblioteca”, dio con una oficina donde hoy se entrega información de admisión con dos escritorios y algunos cajones y estantes. Para acceder a alguno de los escasos libros o tesis empastadas dispersos en los escasos estantes, los estudiantes deben solicitarlos afuera, en una ventanilla que da a una sala de estar. El enorme cartel “Admisión”, ubicado en la entrada de una gran oficina que da hacia el exterior de Av. Vicuña Mackenna Poniente, también se presta a engaños: allí funciona una sala de simulación para los estudiantes de técnico en enfermería.

Tras la visita de la evaluación externa de 2011, y pese a los antecedentes presentados por el Instituto Valle Central, el Comité de Pares Evaluadores consideró insuficiente la información para realizar su informe y le solicitó al instituto antecedentes adicionales. El 6 de diciembre de 2011 se recibió en la sede de la CNA la nueva carpeta enviada por el IPVC. Dieciséis días más tarde el Comité de Pares Evaluadores emitió el Informe de Evaluación Externa.

Todo se definió en la sesión Nº 512 del 4 de enero de 2012, presidida por Íñigo Díaz. Se encontraban presentes: Claudia González, Sergio Pulido, Pedro Corona, Yenifer Sandoval, Dora Altbir, Luis Maldonado, Sergio Martinic, Javier Ruiz del Solar, Adolfo Arata, Patricio Martínez, Alfonso Muga y Luis Eugenio Díaz. También participó Patricio Basso como secretario ejecutivo de la CNA. No asistieron Eduardo Olivares y el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mineduc), Juan José Ugarte.

EL IMPERIO HAZBÚN: DÓNDE SE INVIERTE EL DINERO DEL IPVC

La precariedad financiera fue uno de los puntos que acaparó la discusión de los miembros de la CNA al revisar los antecedentes del IPVC para su nueva acreditación. Al punto que en el acta respectiva se concluye que el capital de trabajo del instituto “depende de forma sustancial de la capacidad de las empresas relacionadas de pagar la deuda de corto plazo que mantienen con el Instituto”. En términos simples eso significa que la magnitud de los montos por cobrar a sociedades relacionadas de los dueños del IPVC -y que fueron informados por el instituto- hacían difícil concluir que su proyecto educacional era solvente y podría mantenerse en el tiempo.

Si se cotejan las cifras financieras con el constante aumento en el número de alumnos que registra el Instituto Profesional Valle Central en sus 12 sedes, la conclusión de la CNA debió provocar más de una alarma. Según cifras entregadas por el mismo IPVC a la CNA, sólo en matrículas nuevas se registraron 3.571 estudiantes en 2010 y 4.312 en 2011. En el mismo informe se decía que se había ocupado un 81% de las vacantes ofrecidas en 2010 y un 82% en 2011. Algo extraño debía estar pasando para que los ingresos por aranceles, CAE y otros beneficios que recibían sus estudiantes no diera lugar a una consolidación de su proyecto económico.

CIPER accedió a los Estados Financieros a diciembre de 2010 y 2011 del Instituto Profesional Valle Central (Sociedad Educacional del Maule S.A.) y revisó el monto de las cuentas por cobrar a las empresas relacionadas del instituto. Las deudas a corto plazo de las sociedades Inversiones Punta del Sur S.A., Inversiones Punta de Lanza S.A., Trazo S.A. y del Centro de Formación Técnica Barros Arana S.A. -todas vinculadas a los mismos dueños del IPVC (Sociedad Educacional del Maule S.A.)- con el instituto, llegaron a los $3.141 millones a fines de 2010 y a $803 millones a fines de 2011. A ello se agrega en 2010 una cuenta por cobrar a largo plazo con las mismas sociedades por $3.190 millones.

Si esas cifras se comparan con el total de ingresos aportados por sus estudiantes por concepto de matrículas, aranceles, titulación y otros en cada año, el total de la deuda de sociedades relacionadas corresponde al 91,01% del ingreso total de 2010 (45,15%, considerando solo deuda a corto plazo).

En el informe financiero presentado por el IPVC también destaca el gasto en publicidad en que se incurrió en 2010 y 2011 para captar alumnos: $155.365.000 en 2010 y $283.669.000 en 2011. En cuanto a los “Documentos por pagar”, los balances registran $1.375.142.000 y $2.071.675.000 al 31 de diciembre de 2010 y 2011, respectivamente.

La deuda con sociedades relacionadas no ha sido la única fuga de dineros del instituto. El 29 de diciembre de 2011, tal como se cita en el ya mencionado informe de estados financieros, una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Educacional del Maule S.A., acordó distribuir la suma de $4.265.052.000 por dividendos entre los accionistas de la sociedad controladora del IPVC. Esto es un 34% más que la cifra destinada en 2011 para el pago de todos los honorarios, gastos académicos y otros costos ($3.171.909.000) en las 13 sedes que funcionaban entonces.

Luego de seguir el rastro de las sociedades mencionadas en los estados financieros, la investigación de CIPER dio cuenta que tanto los dineros que le adeudaban las empresas relacionadas, como los montos repartidos en la distribución de utilidades, llegaban a un mismo destino: la familia Hazbún.

Quienes manejan hoy la Sociedad Educacional del Maule S.A., controladora del Instituto Profesional Valle Central, son las familias del arquitecto y presidente del directorio, Munir Hazbún Rezuc, y de su padre, el empresario penquista Juan Hazbún Readi. Fueron de hecho sus esposas, María Alejandra Muñoz Boudeguer y María Alicia Rezuc Figueroa, quienes constituyeron las sociedades relacionadas –y mayores accionistas del IPVC según sus estados financieros- Inversiones Punta del Sur S.A. e Inversiones Punta de Lanza S.A., en mayo de 2000 y octubre de 2001, respectivamente.

Entre otros negocios derivados, la familia Hazbún, a través de la sociedad Inversiones Punta del Sur, constituyó en 2011 -junto a Erick Linzmayer Vera- la empresa con intereses en el sector pesquero Aguas Azules S.A. Además, junto a Jorge del Real Westphal, crearon en 2002 la sociedad industrial del rubro de la maestranza, Tecnología S.A.

La sociedad Inversiones Punta de Lanza S.A., en tanto, fue titular del fracasado proyecto del Casino Borde Río de Concepción. A nombre de Punta de Lanza S.A. y Punta del Sur S.A., los Hazbún también constituyeron el 22 de enero de 2003 las sociedades Inversiones KB S.A., Colegio Barros Arana S.A., Inversiones Agua Santa S.A. e Inversiones Los Altos de Vilumanque S.A.

Este año, Inversiones Punta del Sur S.A. solicitó inscribir en el Ministerio de Economía la marca “Universidad Cristiana de Chile”, que prestaría “servicios educacionales, servicios de postgrado universitarios y de diplomados universitarios, servicios de educación preuniversitaria, servicios de organización y producción de eventos educacionales y culturales, conferencias, simposium, charlas”. CIPER no logró determinar el estado en que se encuentra este proyecto.

La tercera sociedad relacionada con los dueños del Instituto Profesional Valle Central -Arquitectura, Ingeniería y Planificación Trazo S.A., constituida en 1994-, es otra a las que Munir y Juan Hazbún derivaron fondos de la matrícula de los estudiantes del IPVC. La influencia comercial de la familia es todavía más amplia. Como ejemplo de otras empresas que vinculan directamente a padre e hijo, CIPER encontró: Hazbún y Compañía Limitada (constituida en 1985), Constructora Hazbún Rezuc S.A. “Cimiento S.A.” (constituida en 1987), Constructora e inmobiliaria Valle San Antonio S.A. (1990), Inversiones Andalién S.A. (1993), Agrícola Forestal y Ganadera San Juan S.A. (1994), Inversiones Wessex S.A. (1995), Constructora HR S.A. (1996) y Movimaq Chile S.A. (2000).

EL CFT BARROS ARANA Y LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

El Centro de Formación Técnica Barros Arana (Concepción), es la cuarta empresa relacionada que registra deudas y a la vez recibe dividendos del Instituto Profesional Valle Central. Comenzó a funcionar en 1997 y, tal como informó CIPER (vea el reportaje “Las reveladoras actas de acreditación de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica”), tras haber sido rechazado en primera instancia y de conseguir acreditación por un año en 2010, no ha podido renovar su acreditación debido a serios problemas en docencia de pregrado y gestión institucional.

La otra institución de educación superior vinculada al grupo Hazbún es la Universidad Bolivariana (Munir Hazbún es su vicepresidente). Abrió sus puertas en 1989 y alcanzó su autonomía en enero de 2002. La universidad –con más de 4.000 alumnos en 2012- no cuenta con el aval de la Comisión Nacional de Acreditación. A pesar de iniciar un proceso para obtener la acreditación en 2005, su solicitud fue rechazada y desde entonces nunca ha completado un proceso que asegure un mínimo de calidad.

Según información entregada por el IPVC para la acreditación en 2011, existen otros dos directores del instituto que coinciden con los principales cargos directivos de la Universidad Bolivariana: Jaime Duhart Aillón, presidente de la Junta Directiva, y Jorge Del Real Westphal, secretario de la Junta Directiva de la Universidad Bolivariana y socio de los Hazbún en Tecnología S.A.

Alberto Sauer Rosenwasser, también director de la Universidad Bolivariana, participó junto a Juan Hazbún Readi y Munir Hazbún Rezuc en la génesis del negocio de los colegios “The Wessex School”, en Chillán y Concepción.

Los demás directores del Instituto Profesional Valle Central hasta su última acreditación eran Marigen Hornkohl, subsecretaria de Educación entre 2003 y 2005 (democratacristiana), quien ingresó en octubre de 2012 a la Junta Directiva de la Universidad SEK; Jaime Pérez de Arce, economista (socialista) y ex vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami) y Héctor Valencia Bringas, candidato a concejal por Viña del Mar en la última elección como independiente en subpacto RN y ex gerente general del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), cargo que dejó el 30 de abril de 2011.

“PROFESORES TAXI” Y MANEJO DE RECURSOS

En la reunión de la CNA de enero de 2012, que evaluó la última acreditación del Instituto Profesional Valle Central, los comisionados también destacaron la “deficiente” tasa de titulación y profundos problemas de calidad educativa. “Algunas de sus sedes disponen entre uno y tres profesores como dotación académica, lo que se considera muy bajo”, se lee en el acta de la sesión. Del mismo documento se desprende que el principal problema detectado fue la cantidad y contratación del personal docente:

“Existe un porcentaje muy bajo de docentes con jornada completa para las 12 sedes que la Institución posee en el país. En el mismo sentido, se constata que en la sede de Antofagasta, se imparten carreras de Pedagogía e Ingeniería y sólo se dispone de un docente con grado de licenciado”, se señala en el acta.

CIPER consultó a distintos académicos del IPVC sobre este grave problema y constató que la situación ha empeorado debido a: la inexistencia de contratos de trabajo, un intrincado sistema de honorarios y los constantes atrasos para los pagos de los llamados “profesores hora” o “profesores taxi”.

De hecho, en la última página del documento con los estados financieros 2010-2011 enviado al Ministerio de Educación por la sociedad controladora del IPVC (Sociedad Educacional del Maule S.A.), se consigna que el instituto debió pagar dos multas por incumplimiento de normas laborales. La primera fue aplicada por la Inspección del Trabajo de La Florida en noviembre de 2011, por un monto de $5,7 millones, debido las siguientes faltas: no escriturar contrato de trabajo, no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo al no consignar la firma del trabajador (hora de entrada y salida), no entregar comprobante de pago de remuneraciones, no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales y no comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.

La segunda multa fue determinada por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, en un juicio interpuesto por el ex docente Manuel O’Ryan Oyarzún, por un monto de $5,8 millones.

Los testimonios recogidos dan cuenta de que el atraso en los pagos se origina en el control administrativo y financiero que se ejerce desde Concepción, de modo que los dineros recaudados por el arancel de los estudiantes son centralizados en la ciudad penquista y sólo entonces y desde allí se proveen los recursos para el pago de los profesores en sus 12 sedes.

Otro de los problemas que hoy enfrentan los estudiantes del IPVC es la excesiva rotación de profesores en las distintas carreras, situación que deja muchas veces a estudiantes sin docentes a mitad de un semestre. Ello se debe al “sistema de cortes” con el que se pagan las remuneraciones de los docentes. Un “corte” comprende un periodo de 30 días, pero las horas de clase que efectivamente se realizaron en ese lapso de tiempo se cancelan con 60 días de retraso, y puede ser mucho más. CIPER tuvo acceso a un informe de deuda de los docentes de la sede de La Florida que da cuenta del reiterativo atraso del pago a los “profesores hora” al término de cada uno de los “cortes mensuales”.

Un ex director de una de las sedes del IPVC graficó a CIPER la dimensión a la que podían llegar los pagos no realizados y la precariedad del manejo financiero de las sedes: en febrero de 2012, una sede con cerca de 200 estudiantes, comenzó su gestión con $43.000.000 de deuda entre remuneraciones y boletas impagas de servicios como luz y agua. El ex director afirmó que los profesores del IPVC mantienen constantes conflictos con el Servicio de Impuestos Internos por el manejo de la retención de sus impuestos. Así lo confirmó también un ex profesor de pedagogía de la sede Toesca, quien pidió la reserva de su identidad porque aún espera regularizar su situación ante el SII por problemas en la devolución por sus boletas de honorarios con la Sociedad Educacional del Maule S.A.

-Todos los problemas en el pago de remuneraciones hacen que la rotación de profesores sea sumamente alta. Cuando tenía sólo dos años como profesor, yo era uno de los profesores más antiguos de la carrera. Comencé con dos cursos y llegué a tener hasta cuatro porque faltaban profesores -afirmó.

CIPER tuvo acceso a una auditoría realizada a la sede de La Florida del IPVC en 2012, que ilustra el déficit de materiales educativos, lo que se suma al problema en el pago de los profesores: laboratorios de las carreras de Técnico en Enfermería y Veterinaria sin funcionamiento por falta de insumos clínicos; el laboratorio de computación cuenta con sólo nueve computadores sin la cantidad de software que requieren las más de 10 carreras que imparte la sede; y la carrera de Traducción en Inglés no cuenta con un laboratorio especializado como existe en otras instituciones.

A pesar de los numerosos y graves problemas detectados en la evaluación de la CNA y en los mismos informes entregados por el IPVC, después de dos horas de discusión, el 4 de enero de 2012 la CNA acreditó al Instituto Valle Central en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado hasta el 4 de enero de 2014.

DE ACREDITADOR A RECTOR

El mismo año en que el Instituto Profesional Valle Central terminó su último proceso de acreditación, llegó a dirigir la Comisión de Autoevaluación Institucional del instituto un hombre que bien conocía los laberintos de la CNA: Luis Horacio Rojas Mansilla, quien fue jefe de gabinete del senador José Antonio Gómez (radical), cuando era ministro de Justicia entre 2000 y 2003. Rojas fue uno de los miembros de la CNA -designado por Conicyt entre enero de 2007 y diciembre de 2010- que acreditó al IPVC en 2009 y de allí pasó a encabezar la comisión del instituto encargada de gestionar la extensión  de su acreditación.

Luis Horacio Rojas Mancilla había trabajado también en la Universidad Andrés Bello (UNAB) y por tal motivo debió inhabilitarse en 2010 cuando la CNA acreditó a la Universidad de Las Américas, la que, al igual que la UNAB; también es parte del grupo Laureate (vea el reportaje “CNA: Los métodos de presión que usó Eugenio Díaz para acreditar universidades”).

Desde agosto de 2011, Luis Horacio Rojas se desempeñó como director de la Comisión de Autoevaluación Institucional (CAI) del Instituto Profesional Valle Central y monitoreó el proceso de acreditación -que finalizó en enero de 2012- hasta que obtuvo los dos años otorgados por la CNA (hasta 2014).

Meses más tarde, el martes 15 de mayo de 2012, Luis Horacio Rojas fue nombrado rector del IPVC. En una ceremonia en el Hotel Crowne Plaza de Santiago, el presidente del directorio del IPVC, Munir Hazbún, anunció el cambio de rector (el ex rector Eduardo Aedo Inostroza pasó a integrar la Junta Directiva del IPVC).

Vea también:  ”La reacción de los tres poderes del Estado ante la debacle del sistema de hogares de menores“

La investigación realizada por el Poder Judicial y la Unicef sobre cómo viven los 15.000 niños supuestamente protegidos por el Estado, no solo mostró la presencia extendida del abuso sexual y de la violencia. Cada vulneración de derechos detectada en ese informe está ligada a un fallo, a un renuncio de los organismos que deben proteger a esos niños: el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y el Poder Judicial. Hoy ambas instituciones están en la silla de los acusados por su tardanza en reaccionar a lo que la investigación revelaba, pero sobre todo por el hecho de que esas vulneraciones que hoy espantan, lleven tanto tiempo existiendo.

Un ejemplo de esto último: hace apenas dos años, en 2011, el SENAME, que ha criticado el trabajo de la Unicef, realizó una encuesta a 4.000 niños del sistema residencial. En ella, más de 200 niños dijeron que alguien les había tocado sus genitales y más de 150 dijeron que los habían obligado a tocar las partes íntimas de otras personas. Como se verá más adelante, no hay indicios de que el SENAME haya hecho denuncias a las fiscalías a partir de esos hallazgos.  Y ni siquiera la misma institución tiene claro cuántas denuncias ha ingresado en tribunales, a pesar de que así lo establecían dos circulares que se distribuyeron ese mismo año por todo el país para instruir a sus funcionarios y colaboradores acreditados sobre qué hacer ante un posible delito cometido en los hogares y residencias de menores.  Lo que sí es claro es que, un año después, el estudio de la Unicef y el Poder Judicial detectó lo mismo.

A medida que la discusión avanza y se suman nuevas instituciones a investigar la vida, usualmente invisible, de los niños en el sistema de protección, queda claro que hay un enorme problema de presupuesto (el Fisco entrega un tercio de lo que se necesita para mantener a un niño en el sistema). Pero también hay lógicas institucionales –sobre todo en los tribunales– que no buscan proteger a los niños, sino hacer las cosas más fáciles para los operadores del sistema.

Varias de esas prácticas se examinaron el 17 de julio en una sesión de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados que abordó este tema en profundidad y que fue escasamente cubierta por los medios. Allí se registró un intenso intercambio de acusaciones entre jueces de familia, el Servicio Nacional de Menores, diputados de la comisión respectiva y la Unicef, cuya representante, entonces, comenzó a sincerar por qué el sistema funciona tan mal (ver documentos de la sesión).

Ahora que la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión investigadora que indague en profundidad el funcionamiento del SENAME, son ya tres las instituciones concentradas en este tema: la misma Cámara de Diputados; el Ministerio de Justicia que, según anunció la titular Patricia Pérez, a partir de agosto realizará una intervención total al sistema de protección con un equipo de 50 profesionales; y el Ministerio Público, que investiga 12 abusos sexuales consignados en una encuesta que aplicó la Unicef a 384 niños y las posibles responsabilidades de las autoridades que supieron de los abusos y no hicieron las denuncias correspondientes.

Eso, sin contar lo que está realizando en estos días el SENAME, institución que desde que CIPER difundió el estudio de la Unicef y la Corte Suprema -estudio que el mismo Poder Judicial intentó mantener oculto (Ver reportaje) -, se ha desplegado en todo Chile cerrando centros e interviniendo hogares. Según el último reporte de su febril actividad, la institución ha cursado el cierre de tres de los centros que aparecen en la investigación de la Unicef, han intervenido siete recintos y se están realizado revisiones y mejoras en otros 32.

Si después de todo este despliegue la situación de los niños bajo protección del Estado no cambia real y profundamente, no quedará institución a la que acudir: sería un fracaso institucional de nivel nacional. Un resultado que estaría garantizado si se opta por soluciones fáciles, como descabezar el SENAME, y no se intentan cambiar las prácticas y las convicciones con que funciona el sistema en ese organismo y sobre todo en el Poder Judicial.

LA COMISIÓN JELDRES

La investigación que provocó este remezón es el resultado de un convenio entre la Unicef y el Poder Judicial. El estudio en terreno abordó las condiciones de vida de 6.500 niños atendidos en 10 regiones e identificó los principales nudos críticos que enfrenta el sistema de protección. Para ello se encuestaron a 384 niños repartidos en más de 60 proyectos en todo Chile; jueces de familia hicieron decenas de entrevistas reservadas a niños atendidos en los hogares; y se revisaron los expedientes de 6.500 menores para elaborar fichas que permitieran tener claridad sobre su situación, entre otros instrumentos.

El equipo que realizó esta inédita investigación fue encabezado por la jueza Mónica Jeldres e integrado por las magistradas de tribunales de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz y la doctora en derecho Paulina Gómez. En representación de Unicef participó la socióloga Carolina Bascuñán, quien diseñó muchos de los instrumentos que se aplicaron en la investigación. En cada visita a regiones esta comisión contó, además, con la participación de jueces de familia locales que aplicaron las encuestas en los hogares colaboradores del SENAME.

En la investigación, la Comisión Jeldres detectó la presencia constante del abuso sexual, delito que a veces cometen los propios guardadores, pero que en su mayoría es realizado por otros jóvenes internos. En las Aldeas Infantiles SOS, institución que fue examinada a fondo por la comisión, “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual como víctima o agresor”, concluye el informe. Se precisa que 86 niños han sido víctimas y que otros 28 han sido identificados como abusadores.

También se registró la presencia masiva de la violencia física y verbal por parte de los guardadores o de parte de niños mayores. Y castigos como el encierro o dejar a los menores sin comer. Como resultado de lo anterior, la Comisión identificó 28 hogares con antecedentes de violencia de adultos contra niños; 45 hogares con datos de violencia entre menores; nueve hogares con antecedentes de abusos sexuales cometidos por un adulto contra un niño; y 10 hogares con datos de abuso sexual entre niños internos. En términos globales la comisión encontró situaciones de alto riesgo en más de la mitad de las 60 residencias visitadas.

A fines del año pasado, cuando los resultados de la Comisión Jeldres se terminaban de ordenar, el equipo fue intervenido por el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. La jueza Jeldres renunció y su puesto fue ocupado por la magistrada Gloria Negroni. Administrado por Carreño y por el SENAME, el informe fue cuestionado metodológicamente y olvidado. El incendio mediático que se ha producido en este tema fue avivado justamente por las dudas sobre lo que cada institución hizo para solucionar –u ocultar– los dramas revelados por esta investigación.

El SENAME ha recibido la mayor parte de las críticas por su reacción tardía. Y se ha defendido acusando al estudio de la Comisión Jeldres de carecer de datos precisos, lo que los obligó a trabajar meses “a oscuras” para proteger a los niños, según afirmó su director Rolando Melo.

Sin embargo, las acusaciones más graves y más de fondo han sido dirigidas al Poder Judicial, que es coautor de la investigación e invirtió en ella aproximadamente $200 millones. Esto debido a su intento de mantener en reserva los resultados (CIPER solicitó la información durante cuatro meses, vía Ley de Transparencia, sin obtener ni los documentos ni una explicación para la no entrega) y sobre todo, por no haber investigado los antecedentes constitutivos de delito que la investigación estaba revelando. Ambos hechos se atribuyen a decisiones del ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño, encargado de la Reforma de Familia y superior jerárquico de la comisión.

Según señaló a CIPER la socióloga Carolina Bascuñán, Carreño se opuso a la difusión del trabajo de la comisión para proteger la identidad de los niños y para evitar justamente la alarma pública que se ha producido (Ver entrevista).  Sin embargo, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el 17 de julio pasado, Carreño ofreció otra explicación para la no difusión. Sostuvo que esa decisión fue de la Unicef y deslizó que la determinación se debió a los problemas metodológicos que tenía el informe y que el organismo reconocía (Ver recuadro).

La vocera de Unicef, Francisca Palma, explicó a CIPER que quien decidía qué se hacía con esa información era el Poder Judicial, “ya que era el mandante del estudio”. Y puntualizó, además, que el ministro Carreño nunca dijo que había que evitar la alarma pública.

LA LÓGICA INSTITUCIONAL QUE SE LES IMPONE A LOS JUECES

Lo que está fuera de duda es que fue Héctor Carreño quién decidió que los datos de la encuesta no fueran investigados por los Tribunales de Familia, a pesar de que los jueces cuentan con amplias facultades para intervenir hogares y terminar con los abusos detectados por el estudio. Esa decisión hizo que, teniendo las atribuciones y la información oportuna, el Poder Judicial cediera la iniciativa al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público y a los diputados, en un problema que ha resultado muy sensible y que le está trayendo grandes costos a su imagen.

Entre las críticas más duras lanzadas al Poder Judicial destaca lo expresado por la abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, que explicó ante la citada Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que no sólo había que investigar la tardía reacción frente  al informe, sino buscar las razones del maltrato que reciben los niños “protegidos” por el Estado. Gómez argumentó que más allá de la innegable falta de recursos, hay una lógica institucional que hace que los jueces no se preocupen por la suerte de los niños que ingresan al sistema de protección. Esa lógica deriva de las instrucciones que reciben de sus superiores de cerrar causas para cumplir con las metas de gestión.

Normalmente, cuando los jueces mandan a un niño a un hogar por ser víctima de violencia, suelen cerrar la causa, como si los problemas del niño se hubieran solucionado. Pero la internación en un hogar no es solución para nadie. Una residencia es un lugar de paso desde donde apoyar a la familia para que supere la violencia en la que vive y el niño pueda volver a su casa; o para buscar una nueva familia para él. Mientras eso ocurre, el niño debe recibir un tratamiento que lo ayude a superar lo que ha vivido. Pero no se ha cerrado nada. Por ello, explicó Gómez a los diputados, el juez debiera mantener la causa abierta “y revisar las medidas que se toman, ver como se están adecuando a la realidad del niño, si el hogar le sirve o no, si el plan de intervención debe seguir aplicándose o debe ser cambiado”.

Como en el sistema residencial hay cerca de 15 mil niños, en los tribunales debería haber 15 mil causas abiertas. La abogada Paulina Gómez explicó a los diputados por qué eso no ocurre:

-Porque se afectan las estadísticas de causas terminadas y las metas de gestión del Poder Judicial. Esas metas de gestión fueron fijadas por la Comisión Interinstitucional que integran el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio de Hacienda. Lo que se fija para este año es que el 85% de las causas tienen que estar terminadas  en un plazo de 120 días desde que ingresan (Ver carta de la Asociación Nacional de Magistrados, Regional San Miguel, al ministro Héctor Carreño). Esas metas tienen a todos los jueces de familia del país de cabeza cerrando causas a como dé lugar y las principales afectadas son las causas de protección de niños y las de violencia intrafamiliar, donde las personas van sin abogado, porque la ley se los permite. Un acceso más rápido a la justicia. Esas causas, donde las personas sin recursos van sin abogado, son las que se cierran, sin siquiera abrir un juicio. ¿Para qué? Para que figuren como terminadas y suban las estadísticas. Ahí está el tema de fondo. Por eso estas causas no son seguidas por los jueces como la ley exige.

Ante los diputados, la abogada Gómez defendió la idea de que los jueces están obligados a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, derechos que están en los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado chileno. En virtud de esos acuerdos, si un niño necesita atención psiquiátrica, el juez está obligado a ordenarla y el sistema debe responder a esa atención. Y si no tiene recursos, debe generarlos. “Si la autoridad no cumple, se le decreta el pago de una multa o el arresto. Ante el anuncio del apremio, las autoridades administrativas –que conocen de sobra sus obligaciones–, como regla general, cumplen”, dijo la abogada a CIPER.

LOS JUECES DEBEN SER ACTIVOS AGENTES DE PROTECCIÓN

Este mensaje, que transforma a los jueces en activos agentes de la protección de los menores, era transmitido en las “jornadas de transferencia técnica” que realizó la Comisión Jeldres  en las 10 regiones visitadas y que fueron suspendidas cuando el ministro Carreño intervino la comisión. Esa actitud, por supuesto, pretendía volver al juez un personaje molesto para las otras instituciones y tal vez eso pueda explicar el cambio que sufrió el proyecto.

Ante los diputados, Gómez interpeló a Carreño: “La ley dice que los tribunales tienen imperio para hacer cumplir sus resoluciones. Entonces, mi pregunta es por qué la Corte Suprema se molesta, o al menos al ministro encargado de la Reforma de Familia (Carreño) no le parece conveniente que en la capacitaciones realizadas en el marco del proyecto yo haya dicho que cuando una autoridad no quiere cumplir con su obligación el tribunal puede exigírsela por la fuerza, puede apremiarlo”.

Las críticas de la abogada Gómez fueron profundizadas por el diputado Ricardo Rincón, quien afirmó que la Comisión Jeldres había actuado siguiendo una doctrina apegada a la Convención de los Derechos de los Niños, “y parece que a la Corte Suprema no le agradó. Y parece que al Ministerio de Justicia tampoco le interesa esta nueva doctrina que implica que si es necesario apremiar a los distintos servicios del Estado con arresto o con multa para que entreguen los servicios que los niños necesitan, tienen que hacerlo”.

El parlamentario ejemplificó el problema de  fondo con dos casos de la Región de O’Higgins. “En un caso, el juez apremió a la autoridad con arresto y gracias a eso un niño violado de siete años tiene atención médica siquiátrica. En cambio, una niña de 13 años que está en el hospital de Rengo, violada por su padrastro, como todavía el juez no apremia, no hay recursos para ella y está siendo dopada, sin atención siquiátrica. Los recursos para atender a esa niña pueden salir y deben salir en un país que dice ser de ingreso alto”.

LAS CULPAS DEL SENAME

Otra autoridad que quedó en una delicada posición como resultado del trabajo de la Comisión Jeldres, es el director del SENAME, Rolando Melo. Aunque hasta los diputados más críticos coinciden en que lo revelado por la comisión es un drama que se mantiene igual por décadas, Melo lleva tres años en el cargo y la constatación de que pocas cosas han cambiado en este tiempo forzosamente pone en entredicho su gestión.

A comienzos de marzo de este año, Melo recibió los datos de la Comisión Jeldres que indicaban, hogar por hogar, un cúmulo de graves situaciones detectadas. Según lo acusa el diputado Gabriel Silber, Melo no hizo nada con los datos, hasta que CIPER dio a conocer el estudio de Unicef y el Poder Judicial.

-¿Por qué tiene que aparecer la publicación de CIPER para que los hechos sean canalizados a través de un fiscal del Ministerio Público? ¿Por qué todo lo que se está haciendo ahora no ocurrió el 7 de marzo, cuando él (Melo) tuvo conocimiento completo de los hechos? –reclamó el diputado Silber en la citada sesión de la Comisión de Constitución.

Entre los datos recibidos por SENAME están  los citados 12 casos de abusos sexuales registrados en la encuesta de Unicef. De esos abusos, Melo recibió antecedentes como estos:

• Niña de 9 años atendida en la residencia Alberto Hurtado de Antofagasta (donde sólo hay 20 menores), denunció “sufrir abuso sexual, agresión física y sicológica por parte de otra niña al interior de la residencia”.
• Niño de 10 años atendido en el hogar San Francisco Borja de Valparaíso (donde sólo hay 20 menores) denunció “haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un adulto al interior de la residencia”.

Rolando Melo señaló que como la encuesta no identificaba a los niños, el trabajo de SENAME para proteger a los denunciantes había sido “a oscuras”. ¿Tan difícil es identificar a una niña de 9 años abusada en un centro donde hay 20 niños? Según el SENAME, sí. Angélica Marín, jefa del departamento de Protección de Derechos de ese organismo explicó ante la Comisión de Constitución que, de los 12 casos que conocieron en marzo, tras cinco meses de trabajo y de “desplegar equipos en terreno”,  sólo pudieron identificar cinco situaciones similares. “Hay siete situaciones que nos las pudimos encontrar”, dijo.

Ante la comisión y ante la prensa, tanto Melo como Marín insistieron en que Unicef se equivocó al hacer encuestas anónimas. El ministro Carreño se sumó a esas críticas y afirmó que además, la Comisión Jeldres debió haber hecho denuncias en el momento de conocer estos casos.

Si bien esas críticas pueden ser muy atendibles, resultan contradictorias en boca de autoridades del SENAME, pues la encuesta de la Unicef es una continuación de otra encuesta hecha en 2011 por el propio SENAME y con las mismas características de anonimato. La encuesta “Mi derecho a ser escuchado” (Ver documento), fue aplicada en agosto de 2011 por la unidad que dirige Angélica Marín a cerca de 4.000 niños y mostró similares niveles de abusos sexuales a los detectados por la Comisión Jeldres un año después.

En esa encuesta surgieron más de 200 casos de abuso sexuales. En el grupo de los niños de 7 a 12 años, el 7,8%  (157 niños) afirmó que alguien (no se precisa si un adulto de la residencia u otro niño) les había tocado partes íntimas de su cuerpo: “Identificando mayoritariamente más de una parte de su cuerpo, seguido de la vagina, el poto, el pene y los senos”, detalla el informe. Y agrega que “un 5,2% (105 niños), señala que le han hecho tocar las partes íntimas del cuerpo de otra persona”.

Respecto de los niños entre 13 y 18 años, el 4,1% (81 niños) señaló que alguien le tocó las partes íntimas de su cuerpo, mientras un 3,3% (66 niños) afirmó que le han hecho tocar las partes íntimas del cuerpo de otra persona.

Si se consideran sólo los niños que acusan haber sido tocados, hay 238 casos que SENAME conoció en 2011. Sin embargo, eso no se tradujo en denuncias a la fiscalía. De acuerdo a los datos obtenidos por CIPER, ese año sólo hubo 35 denuncias hechas por los directores regionales de SENAME a las fiscalías. Más o menos lo mismo que en 2012: 48 casos. Sólo este año la cifra se elevó a 109 denuncias.

Lo único que parece haber hecho SENAME es distribuir entre sus colaboradores acreditados la circular Nº 18, donde establece los procedimientos que deben realizar quienes detecten “hechos constitutivos de maltrato físico, psicológico o de delitos en contra de niños, niñas o adolescentes sujetos de atención”. El procedimiento es el mismo que rige para sus propios funcionarios, de acuerdo a lo que aparece en la circular Nº 25 que el director Rolando Melo remitió a los directores regionales y de centros que dependen directamente del SENAME en septiembre del mismo año.

Ambos documentos son claros en establecer que todas las personas que tomen conocimiento de un posible delito cometido al interior de los hogares y residencias de menores, tienen la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes –Ministerio Público, Carabineros o PDI– en no más de 24 horas. Además, deben dar aviso al juzgado de familia que haya ordenado el ingreso del niño y al tribunal de garantía que decretó la medida cautelar.

De acuerdo a lo que el SENAME señaló a CIPER, la implementación de ambas circulares en 2011 “buscó generar una acción rápida y efectiva para proteger a los niños que eventualmente estaban expuestos a maltratos o abusos”. Pero eso no ocurrió. Y llama la atención que ante la gravedad de los hechos detectados por la encuesta “Mi derecho a ser escuchado”, hayan sido tan pocos los casos que llegaron a la justicia. Y más grave resulta que, a dos años de que esos instructivos establecieran los pasos a seguir frente a hechos constitutivos de delitos, recién ahora el SENAME esté “articulando un registro nacional de la aplicación de estas circulares que se llevan de manera descentralizada”. En otras palabras, la institución que dirige Melo no maneja las cifras sobre cuántas denuncias han llegado a tribunales por parte de sus propios funcionarios o de sus colaboradores acreditados. Por tanto, los abusos que arrojó la encuesta anónima de ese organismo parecen haber quedado mayoritariamente en el plano de la estadística.

Frente a las críticas de SENAME y del ministro Héctor Carreño, Unicef ha reconocido que era posible mejorar el mecanismo a través del cual se hacía la encuesta, de modo de acelerar la protección de los niños que declaraban haber sido abusados. Pero insisten en su desacuerdo a pedirles a los niños que se identificaran, pues eso únicamente consigue que los menores no hablen.  Es decir, haciéndolos identificarse se puede tener la paradoja de que no haya ninguna denuncia a pesar de la constatación de que los abusos existen.

Para Unicef, la encuesta no se diseñó para recoger denuncias específicas. Mirarlo así es simplificar el problema que vive el SENAME, pues las situaciones de vulneración en la red no son 12 casos; esas son sólo una muestra representativa. Eso implica que hay muchos más abusos sexuales y lo que se debía hacer era intervenir las residencias masivamente, que es lo que SENAME ha estado haciendo recién en las últimas semanas.

OTRAS FALLAS DE SENAME

En la encuesta “Mi derecho a ser escuchado” elaborada por SENAME, aparecen también similares niveles de violencia que los detectados en la encuesta de la Comisión Jeldres: 15,7% de los niños menores de 13 años (313 casos) relata que los adultos de la residencia alguna vez le han pegado y un 19,9% ha visto a los adultos golpear a otros niños/as. Aunque el 77% dice sentirse seguro en el hogar, el 71,6% (1.427 casos) señala que tiene ganas de arrancarse de la residencia.

La similitud con lo encontrado por la Comisión Jeldres vuelve a generar la pregunta de qué medidas tomaron las autoridades del SENAME a partir de lo obtenido en sus propias investigaciones.

La pregunta es válida porque existe la constatación de que la reacción de SENAME es lenta y a veces muy ineficaz. Así fue consignado por la misma Comisión Jeldres cuando en Arica denunció a los tribunales la situación de dos hogares: Ajllasga y Sariri. En el primero había presunciones de que las niñas protegidas por el Estado formaban parte de una red de explotación sexual infantil; el segundo fue calificado como un centro peligroso, insalubre y denigrante, donde los niños no tienen ningún control ni son cuidados.  (Ver Informe al juez presidente de Arica).

No sólo resulta criticable que, teniendo el SENAME la obligación de supervigilar esos hogares, tuviera que ir una comisión desde Santiago para constatar los abusos y hacer que intervinieran los hogares. Lo más complejo es que, seis meses antes de la visita de la Comisión Jeldres, esos hogares habían sido visitados por una comisión del Ministerio de Justicia, la cual había entregado un duro informe sobre ambas residencias. Y aun así, los graves problemas no se solucionaron.

En la denuncia que la Comisión Jeldres hizo al tribunal sobre la explotación sexual en el hogar Ajllasga, se afirma: “Muchos de los hechos descritos están en conocimiento de las autoridades del SENAME y de la seremi  de Justicia toda vez que con fecha 29 de mayo del presente año se realizaron las visitas de la Comisión  Interinstitucional de Protección (CISC), sin que hasta la fecha se haya reparado de modo alguno la situación de vulneración de estos niños y adolescentes”.

Las deficiencias de SENAME para fiscalizar lo que ocurre en los centros que debe controlar vuelven a poner en grave cuestionamiento la decisión del ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño de no entregar los datos de la Comisión Jeldres a los jueces de familia.

El negocio es simple, pero rentable. Funciona así: un futbolista que juega en Argentina y cuyo pase va a ser vendido, es inscrito previamente en un modesto club chileno, que no cobra un peso por ponerlo en sus registros; la venta se hace desde Chile, donde los jugadores no pagan impuestos por el traspaso y de esa forma se elude el pago de los tributos que sí se cobran en Argentina; finalmente, el dinero lo recibe el club chileno y lo transfiere al verdadero dueño del jugador, quien puede depositar la suma fuera de Argentina, evitando así el pago de nuevos impuestos y eludiendo las férreas limitaciones del mercado divisas de ese país.

¿Qué gana el club chileno? Una comisión de decenas -y hasta cientos- de miles dólares. Y si esa comisión es depositada en un banco del exterior, cabe la posibilidad de que ese ingreso no sea declarado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Esta creativa fórmula de negocios fue bautizada como “triangulación de pases”. El nombre se lo puso la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo argentino similar al SII. La AFIP denunció las “triangulaciones” a mediados del año pasado ante la justicia tributaria de su país porque, a su juicio, involucran los ilícitos de evasión tributaria, lavado de activos y fuga de capitales.

La investigación de la AFIP se hizo pública el 21 de agosto del año pasado y de inmediato involucró al club chileno Unión San Felipe, propiedad del argentino Raúl Delgado, antiguo colaborador de Carlos Menem y ex socio del afamado conductor de TV Marcelo Tinelli. La AFIP acusó que el defensa Jonathan Bottinelli, proveniente de San Lorenzo, había sido inscrito por Unión San Felipe apenas tres días antes de ser vendido finalmente a River Plate.

La acusación dio pie a una investigación inicial del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 2, cuyo titular, Javier López Biscayart, rechazó las imputaciones en noviembre de 2012. Parecía que Unión San Felipe había librado. Pero el juez federal Norberto Oyarbide acogió la denuncia de la AFIP en una causa penal y continuó con la investigación.

El pasado 6 de junio, el magistrado Oyarbide envió un exhorto a la justicia chilena pidiendo la incautación de documentos desde la sede de Unión San Felipe y de la agencia de valores Alhec, que trabaja para el mismo club. Las incautaciones fueron realizadas por el OS-9 de Carabineros el 13 de junio y nutrieron a Oyarbide con abundante documentación que volvió a complicar al club de Raúl Delgado.

Documentos que figuran en el expediente que lleva Oyarbide, y a los que CIPER tuvo acceso,  indican que Unión San Felipe pretendía cobrar US$170 mil dólares por la transferencia de Bottinelli, suma correspondiente al 10% del total de la venta del jugador a River Plate. Lo que indaga el juez federal es si efectivamente el club chileno recibió ese dinero, o parte de él, en una cuenta bancaria de Miami. Un contrato que lleva el membrete de River Plate y que también forma parte del legajo que acumula Oyarbide, dice que San Felipe pudo haber recibido a lo menos US$940 mil en esa cuenta. De comprobarse que se efectuaron tales depósitos, la situación obligaría al SII a fiscalizar si Unión San Felipe declaró esos ingresos.

El escándalo por evasión tributaria y lavado de dinero asociado a las transferencias de jugadores va en escalada en Argentina. El pasado viernes 2 de agosto, a escasas horas del inicio del torneo local, el director nacional de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó que de 144 transferencias efectuadas en su país, 104 no se ajustan a las normas tributarias.

En los escritos que acumula Oyarbide, la AFIP denuncia que dos clubes chilenos -Unión San Felipe y Rangers de Talca- junto a siete de Uruguay y uno de Suiza, se han prestado para servir de “puente” en operaciones bajo sospecha. En el expediente, la AFIP también califica a Chile como “paraíso fiscal deportivo”.

LA JUGADA DEL JUEZ OYARBIDE

El nombre del argentino Leonardo Adrián Rodríguez está grabado en la galería de los ídolos azules. La parcialidad de la “U” lo venera desde su memorable torneo de 1995, cuando su figura se agigantó en el mediocampo del elenco que terminó abrochando un ansiado bicampeonato y después encumbrándose hasta una semifinal de la Libertadores. Hoy, “el Leo” figura en otra nómina. Una desprovista de los ribetes épicos de las hazañas deportivas. En la página 18 de un escrito redactado por la abogada de la AFIP María Luján Rodríguez, el recordado volante encabeza una nómina de ocho representantes de futbolistas investigados en el vecino país por las “triangulaciones” de pases de sus pupilos.

El escrito de la letrada Rodríguez formó parte del exhorto despachado a Chile por Norberto Oyarbide, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5. El nombre de Leonardo Rodríguez aparece ahí porque la AFIP lo sindica como representante de dos futbolistas trasandinos que fueron inscritos en Unión San Felipe -Jonathan Bottinelli y Carlos Javier Matheu- sólo para ser transferidos desde Chile y así sortear en Argentina las obligaciones tributarias y los controles de las operaciones cambiarias.

El 14 de junio pasado la AFIP suspendió la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), similar al RUT, de 149 agentes y representantes de futbolistas. Entre ellos se encuentran los más importantes del país vecino, como Gustavo Mascardi (quien llevó a Leonardo Rodríguez a la “U” y luego puso a Marcelo Salas en River), Hugo Issa, Diego Caniggia (hermano del ex seleccionado, Claudio Paul) y Marcos Franchi (ex manager de Maradona y Juan Román Riquelme). En esa lista figura también “Leo” Rodríguez y otro ex referente de la epopeya azul del 95 y 96, Cristián “el Tigre” Traverso.

CIPER se comunicó con “Leo” Rodríguez, pero respondió que no hará declaraciones “por lealtad a los compañeros” y “por consejo de los abogados”.

Oyarbide también le sigue la pista al ex volante azul. Además de la documentación de Unión San Felipe y la agencia Alhec, el juez pidió en su exhorto copia del registro de jugadores de Rangers y que el SII le informara sobre operaciones tributarias relacionadas con la transferencia de Bottinelli y si su representante, Leonardo Rodríguez, figura vinculado a ese traspaso.

Los equipos informáticos y documentos fueron finalmente requisados por el OS-9 de Carabineros a solicitud de los fiscales Andrés Montes y José Morales, con autorización de la jueza de garantía Daniela Guerrero. Sellados bajo cadena de custodia, fueron embalados y puestos a disposición de Oyarbide.

De los documentos incautados en la agencia Alhec surgió información novedosa para los intereses de la AFIP: carpetas con inversiones y movimientos financieros realizados en Chile por jugadores de nivel mundial, como Gonzalo “Pipita” Higuaín y Ezequiel Lavezzi, y de clubes trasandinos, como Argentinos Juniors y Tigre.

La AFIP ya tenía en la mira al “Pipita”, pues en el expediente que lleva Oyarbide se señala que fue transferido en 2006 desde River Plate a Real Madrid, operación en la que quedó registrado que el jugador recibió en pago el equivalente al 15% del total de la venta, lo que se le canceló en dos cheques. Pero la AFIP sostiene que Higuaín declaró que sólo cobró uno de los cheques, por lo que la entidad investiga el paradero del monto restante.

UN GOL A LOS IMPUESTOS

En los traspasos de futbolistas que se realizan en Argentina, el 15% del total que se paga por la transferencia queda para el jugador, monto que la legislación de ese país califica como ganancia del trabajador afecta a impuestos. Por lo tanto, de ese 15% el deportista debe cancelar un tributo de 35%. Además, el 7% del total involucrado en la venta se destina a pagar el Importe de Seguridad Social.  Así, por ejemplo, si un club europeo paga US$3 millones por el pase de un jugador que sale desde Argentina, el futbolista debe cancelar US$157.500 por Impuesto a las Ganancias y, además, se deben pagar otros US$210 mil por Importe a la Seguridad Social.

En Chile, el jugador transferido no paga impuesto. De acuerdo con el Oficio Nº 1957 del SII, el dinero que recibe el futbolista es considerado una “indemnización anticipada de término de contrato de trabajo”, por lo que no es constitutiva de renta y queda exenta de tributación. De allí surge el vivo interés de los empresarios argentinos que invierten en pases de futbolistas por inscribir a sus pupilos en clubes chilenos –con la certeza de que no van a jugar en nuestra competencia- y con el único objeto de que despeguen desde Santiago hacia los mercados internacionales, sin desembolsar impuestos.

Si bien los clubes chilenos pueden ocupar sólo siete extranjeros en la competencia local, no hay límite para que inscriban futbolistas foráneos “no habilitados” para jugar. De acuerdo con los registros de la ANFP enviados al juez Oyarbide, en 2010 San Felipe mantuvo en su nómina a 29 argentinos no habilitados para competir en el torneo. Al año siguiente fueron 22, mientras que en 2012 registró 25. Este año, después de que estalló el escándalo de las “triangulaciones”, bajó a 14.

Tanto Unión San Felipe como Rangers son propiedad de sociedades anónimas deportivas profesionales (SADP). La de Rangers es controlada por el empresario argentino Ricardo Pini, quien ha mantenido nexos comerciales con el propietario de San Felipe, su compatriota Raúl Delgado.

Darío Calderón, ex vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), dice que las SADP que están incurriendo en malas prácticas son precisamente aquellas en las que hay inversionistas argentinos:

-Se dieron cuenta que les salía más fácil comprar clubes chilenos y usarlos como plataforma para inscribir jugadores. Se da el absurdo que clubes como San Felipe tenían alrededor de 160 jugadores en el registro general de la ANFP. Aparecían jugadores que nunca habían estado en Chile. Alguna de estas empresas argentinas fantasma se habían comprado por dos pesos un club de provincia y lo usaban exclusivamente para inscribir jugadores. Esos jugadores salían de Chile diciendo que se habían vendido en 100 pesos y toda la plata se dejaba afuera. Ese es el sistema, absolutamente corrupto.

El presidente del Sindicato de Futbolistas (Sifup), Carlos Soto, dijo a CIPER que, producto de las indagaciones realizadas en Argentina, su organización ha avanzado conversaciones con la ANFP para poner límites a las inscripciones de extranjeros no habilitados, de forma que no se institucionalicen en Chile malas prácticas que han proliferado en otros mercados latinoamericanos.

El ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) y propietario del club O’Higgins, Ricardo Abumohor, también se mostró preocupado por los alcances de la pesquisa judicial argentina. A su juicio, el tiempo ha demostrado que algunas SADP sólo están preocupadas de lograr réditos económicos y es el momento de ponerles límites: “Hay instituciones que entienden que el fútbol es un tema social, deportivo y económico, pero hay otras que sólo pretenden lo económico. La ANFP debe revisar qué jugadores se pueden inscribir, prohibir ciertas situaciones o autorizarlas”.

DEPÓSITOS DE RIVER EN MIAMI

A mediados de 2012, cuando se conocieron las primeras noticias de la investigación iniciada en Argentina y saltó a la palestra el nombre de Unión San Felipe, el Consejo de Presidentes de la ANFP analizó la situación. En su sesión del 23 de agosto, el consejo determinó que Unión San Felipe no había transgredido las normas del fútbol chileno. Ese día Raúl Delgado escribió en twitter: “Gracias a (Sergio) Jadue y a los representantes de los clubes por el apoyo ante las difamaciones de muchos periodistas”.

Delgado controla Unión San Felipe desde 2005, cuando el club se convirtió en sociedad anónima. El empresario fue periodista deportivo del influyente diario argentino La Nación en los años 80 y se codeó con figuras de la primera línea de la política del vecino país, como Carlos Menem (bajo su gobierno fue su secretario de prensa) y “Palito” Ortega. Hincha de San Lorenzo, dio sus primeros pasos en el negocio del fútbol asociado inicialmente con otro fanático azulgrana, Marcelo Tinelli. Con él compartió la propiedad del pase de Gonzalo Bergessio, jugador que en 2009 fue transferido desde San Lorenzo al Saint Etienne de Francia.

“Nosotros no hicimos los reglamentos. Nos ajustamos a ellos”, es otro mensaje escrito por Delgado en twitter. En efecto, las inscripciones y traspasos de jugadores argentinos hechos por Unión San Felipe se ajustan a las reglas del fútbol local, pero el documento suscrito por River Plate que obra en poder del juez Oyarbide puede complicar al club aconcagüino y a sus propietarios.

En el expediente judicial argentino figura un “convenio” suscrito el 14 de julio de 2012 entre Unión San Felipe y el zaguero Jonathan Bottinelli. En esa escritura, el jugador declaró que el pase estaba en su poder tras el fin de su contrato con San Lorenzo y San Felipe se comprometió a inscribirlo en sus registros, renunciando a toda pretensión sobre el valor de su futuro traspaso. Si el jugador era transferido, toda la plata quedaba para él.

¿Qué ganaba el club de Raúl Delgado si no podía ocupar a Bottinelli en la competencia local y tampoco tenía dominio económico sobre su pase? Vistas así las cosas, pareciera que San Felipe operaba como una especie de casa de acogida sin fines de lucro para futbolistas extranjeros. Pero la respuesta sobre el beneficio para el club está en la cláusula quinta del mismo convenio: Bottinelli se comprometió a entregar a San Felipe el 10% del total de su futura venta.

El 29 de julio, apenas tres días después de haber sido inscrito por Unión San Felipe, Bottinelli fue adquirido por River Plate en US$1,7 millón. De acuerdo con el convenio entre Bottinelli y San Felipe, el club de Raúl Delgado debía recibir US$ 170 mil.

Tres semanas después, la AFIP le cayó encima a Bottinelli y a River. Su investigación se hizo pública el 21 de agosto de 2012, cuando le informó a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que tenía bajo investigación la venta del defensa que, supuestamente, provenía de Unión San Felipe. Dos días después la situación fue abordada en el Consejo de Presidentes de la ANFP y El Mercurio informó que la justicia argentina tenía en la mira a la sociedad Old Oaks Investment Limited, constituida en Islas Vírgenes, sospechosa de ser la verdadera propietaria del pase de Bottinelli y de otros jugadores inscritos por San Felipe. De hecho, el exhorto de Oyarbide pidió información acerca de posibles nexos de Old Oaks con el club de Raúl Delgado.  El diario oficial de las Islas Vírgenes Británicas (Virgin Islands Official Gazette), en su edición del 13 de diciembre de 2012, informó que la sociedad Old Oaks fue disuelta el 16 de noviembre de 2012, casi dos meses después de que la AFIP comenzara a investigar el pase de Bottinelli.

Cuando el escándalo ya estaba desatado, Unión San Felipe y Bottinelli firmaron un anexo a su convenio del 14 de julio. El nuevo documento quedó suscrito el 6 de septiembre, a cinco semanas de haber cerrado el trato con River. En lo principal, este anexo dejó sin efecto la cláusula quinta del convenio original, por lo que Bottinelli ya no pagaría a San Felipe la comisión del 10%. También se invalidó la cláusula cuarta, que indicaba que San Felipe cobraría el dinero pagado por el traspaso y que en no más de 96 horas debía transferirlo a una cuenta señalada por Bottinelli. Por último, el anexo establecía que River pagaría directamente al jugador, en pesos argentinos y en una cuenta bancaria de su país.

El intento de convencer a la AFIP, mediante este anexo extemporáneo, de que la operación se había hecho por completo al interior de Argentina, en moneda local y sin que Unión San Felipe obtuviera beneficio alguno (de manera que no podía acusarse ni evasión ni fuga de divisas ni lavado de activos), colisiona con un documento oficial de River Plate que figura en el expediente judicial. Este antecedente fue clave para que Oyarbide dirigiera su exhorto a Chile y solicitara la incautación de documentos de las oficinas de San Felipe y Alhec.

En cuatro hojas con el membrete de River quedó impreso el “Contrato de Cesión de Derechos Federativos y Económicos” suscrito entre Bottinelli, Unión San Felipe y el club argentino. En el documento se establece que el US$1,7 millón sería pagado por River con cuatro depósitos en la cuenta 716966 de la sucursal de Miami del Interaudi Bank, abierta a nombre del Club Deportivo Unión San Felipe SADP.

El contrato indica que River haría un primer depósito de US$500 mil antes del 2 de agosto de 2012. El segundo (US$440 mil) se materializaría el 20 de agosto. El tercero (US$500 mil) se pagaría el 20 de diciembre y el último (US$260 mil), el 20 de marzo de 2013.

Según este cronograma, cuando la AFIP informó a la AFA que la transferencia de Bottinelli estaba bajo investigación y solicitó bloquear los pagos de River a San Felipe, el club de Raúl Delgado ya tendría que haber recibido US$ 940 mil en su cuenta de Miami. Por eso, ni al magistrado Oyarbide ni a la AFIP le convenció el anexo suscrito el 5 de septiembre entre Bottinelli y San Felipe. Y, por lo mismo, el juez envió el exhorto a Chile para seguir la pista del dinero en los computadores y carpetas del club y de la agencia Alhec.

SIGUIENDO EL DINERO

La sociedad Alhec Agentes de Valores S.A. fue constituida en Chile el 2 de julio de 2009 por los empresarios argentinos Carlos Alberto Rivera y Marta Zulema Rondinella. En Alhec explicaron a CIPER que no están autorizados para emitir declaraciones. Sin embargo, manifestaron que la investigación derivada desde Argentina es solo por la sociedad constituida en ese país y no por ALHEC Agentes De Valores S.A. que opera en Chile.

Carlos Rivera, dueño de Alhec Group, socio de la agencia en Chile y representante de futbolistas, estuvo prófugo en la causa que lleva el juez Oyarbide y se entregó a inicios del mes pasado. De acuerdo con los antecedentes que se acumulan en la investigación judicial argentina, y a los que CIPER tuvo acceso, entre las pesquisas desarrolladas en Buenos Aires se cuenta la interceptación de conversaciones telefónicas de Rivera.

En las oficinas de Alhec, ubicadas en Isidora Goyenechea, en Las Condes, el OS-9 incautó tres computadores, discos duros, una tablet y un celular, además de carpetas de clientes extranjeros y archivos varios. En tanto, desde la sede de Unión San Felipe se confiscaron discos con información del jugador Bottinelli. Todo fue entregado voluntariamente por el abogado del club, Eduardo Olivares Gutiérrez, quien también integra el directorio de la SADP propietaria de la institución.

El interés de la AFIP y de Oyarbide por obtener los documentos con los flujos financieros de San Felipe y Alhec se debe a que, para probar la eventual evasión tributaria y una posible transgresión a las normas de operaciones cambiarias, requieren determinar quién es efectivamente el titular de la cuenta en Miami, a quién le llegó ese dinero como destinatario final, a quiénes pertenecía realmente el pase de Bottinelli y cuál fue la cifra que recibió en definitiva el jugador. La AFIP, en su presentación a la justicia tributaria argentina, consideró como un dato relevante que el mismo futbolista reconociera que su representante y negociador es Leonardo Rodríguez, a objeto de que se investiguen también sus flujos financieros.

Además de representar a Bottinelli, la AFIP asegura que Leonardo Rodríguez también maneja al internacional argentino Carlos Javier Matheu. El escrito ingresado por la AFIP a la justicia tributaria de su país señala que Matheu fue transferido desde Unión San Felipe al Atalanta italiano. Según los registros de la ANFP, Matheu figuró inscrito en San Felipe por escasos 20 días, entre el 3 y el 23 de julio de 2012. Por tal razón, la AFIP solicitó a la justicia argentina que se libre un exhorto a Italia para conseguir toda la documentación que posea Atalanta sobre ese traspaso.

OTRAS TRANSFERENCIAS

El Club Unión San Felipe SADP es controlado en un 98% por Inversiones Deportivas Rojo y Blanco Limitada. A su vez, Inversiones Deportivas Rojo y Blanco Limitada, es controlada en partes iguales por Ramón Raúl Delgado, Sebastián Alejandro Delgado, Pablo Ezequiel Delgado y Raquel Guadalupe Ghirardi.

La historia de la sociedad que controla Rangers de Talca, el segundo club chileno en la mira de la AFIP, está cruzada por una estrecha relación con los dueños de Unión San Felipe. De hecho, Piduco SADP, propietaria inicial del club talquino, fue constituida en agosto de 2010 por María Antonieta Costa Ros y Monserrat Olivares Costa: esposa e hija del actual miembro del directorio de Unión San Felipe SADP, el abogado Eduardo Olivares, quien además representó a Old Oaks Investment en un litigio por los derechos del seleccionado chileno y actual jugador de O’Higgins Luis Pedro Figueroa.

El controlador de la sociedad que maneja a Rangers es el argentino Ricardo Pini. El abogado Olivares aclaró en una nota publicada por La Tercera en octubre de 2010 que no era su familia la que estaba tras la propiedad del equipo talquino, sino los hermanos Ricardo y Sebastián Pini. Según dijo Olivares, los Pini habían sido abogados de Raúl Delgado en Unión San Felipe: “Cuando se creó la sociedad (de San Felipe) los asesores acá eran del estudio Pini, que es un estudio importante de Buenos Aires (…). La relación entre Raúl Delgado y los Pini concluyó hace año y medio”.

Piduco SADP compró el club Rangers el 26 de agosto de 2010. Al año siguiente, la sociedad cambió su nombre a Rojinegro SADP, denominación que mantiene hasta hoy.

Los registros de la ANFP con las nóminas de jugadores argentinos “no habilitados” inscritos por Rangers son modestos en comparación con los de Unión San Felipe: uno en 2011, cuatro en 2012 y seis en 2013. De estos, solo los nombres del arquero Hernán Ismael Galindez y el defensor Santiago Juan Gentiletti, podrían despertar sospechas. Formado en Rosario Central, el golero Galindez figura inscrito en el elenco talquino para las temporadas 2012 y 2013, aunque fue cedido a la Universidad Católica de Ecuador. En el caso de Gentiletti, aparece en las nóminas de Rangers en 2010, 2011 y 2012, pero en esos años militó en Argentinos Juniors, luego en el Stade Brestois francés y finalmente en San Lorenzo.

En las nóminas de inscritos por Unión San Felipe figuran otros dos argentinos de pergaminos internacionales: Ignacio Piatti y Renato Civelli. El primero está en los registros del club desde 2009 en adelante, pero su ficha dice que en 2009 jugó en Gimnasia La Plata, el 2010 en Independiente, el 2011 en el Lecce de Italia y el 2013 en San Lorenzo. Respecto de Renato Civelli, estuvo en las nóminas de San Felipe en las temporadas 2010 y 2011, aunque en esos años alineó en el Niza de Francia.

CIPER solicitó entrevistas con los presidentes de las SADP de Rangers y de Unión San Felipe, pero en ambos casos no hubo respuesta.

El andamiaje instalado por Raúl Delgado en San Felipe no sólo ha servido como pista de despegue para argentinos que parten al mercado internacional sin haber vestido la camiseta del club aconcagüino. También se ha utilizado para el aterrizaje de jugadores que llegan al país y de inmediato son cedidos a otros clubes chilenos. Es el caso del discreto atacante Gino Clara, quien en agosto de 2010 fue presentado en Colo Colo por el entonces presidente del directorio de Blanco y Negro, Guillermo Mackenna. Inicialmente se informó que venía de Huracán, pero según los registros de la ANFP sólo un mes antes había sido inscrito por San Felipe.

Un caso similar es el del volante Luciano Civelli. Siguiendo la misma ruta de su hermano Renato, fue inscrito por San Felipe el 27 de julio de 2012. Ese mismo mes fue presentado como refuerzo de la Universidad de Chile. La prensa informó que provenía del Libertad de Paraguay, pero la operación incluyó su inscripción previa en el club de Raúl Delgado.

CONTRATOS SIMULADOS

La AFIP también ha investigado las transferencias en las que se declara un monto menor del que realmente se pagó por el futbolista. En el expediente judicial argentino se menciona el traspaso de Diego Buonanotte desde River Plate al Málaga de España para graficar este tipo de evasión tributaria.

La AFIP informó al tribunal que Buonanotte fue transferido en la suma de 3 millones de euros el 20 de enero de 2011. Ese mismo día River y Málaga firmaron un contrato de “colaboración deportiva” por 2 millones de euros. Luego, Málaga cedió en préstamo a River, por seis meses y de manera gratuita, al mismo jugador. Para volver a contar con los servicios de Buonanotte, River debió contratar un seguro para proteger la inversión del club español. Pero este seguro no fue por 3 millones de euros, que es lo que supuestamente pagó el Málaga, sino por 5 millones de euros. La AFIP asegura que esto prueba que el valor total de la venta fue de 5 millones de euros y que el convenio de colaboración entre ambos clubes no fue más que un ardid para rebajar de manera ficticia el monto.

De ser efectivo lo que denuncia la AFIP, en el traspaso de Buonanotte se evadió el pago de impuestos por un total de 252.963 euros.

El ex dirigente Darío Calderón explica que históricamente los precios de los traspasos que se hacen a Europa no tienen suficiente fiscalización. Cuenta que ha revisado la prensa sudamericana para ver los valores de las transferencias que se publican acá y los ha comparado con la información difundida en el país que recibe al jugador. Las cifras, dice, no coinciden.

-Esa diferencia responde a que, como acá no hay fiscalización, se coloca un precio distinto. Se vende un jugador y, como no se le rinde cuentas a nadie, en Chile se dice que se vendió en 200 y afuera, que se compra en 2 millones. Y la diferencia quedó en alguna parte. Ese es el sistema que se usa para blanquear platas.

El presidente del Sifup, Carlos Soto, asegura que en Chile también se evaden impuestos y se recortan los beneficios sociales de los futbolistas por la vía de declarar menos dinero del que se paga realmente a los jugadores. Y apunta sus dardos precisamente a los dos clubes locales que están siendo investigados en Argentina:

-En el caso de San Felipe y de Rangers, los jugadores extranjeros firman contrato por un sueldo, por ejemplo de $1.000.000, que es lo que queda registrado en la ANFP. Pero reciben otro millón de pesos que se pagan en dólares, en efectivo y sin recibo. No queda registrado en ninguna parte, porque, como dicen ellos, se paga “en negro”.

Marcelo Pablo Barticciotto, ex jugador y director técnico, corrobora las afirmaciones de Soto: “Sé de clubes que ponían 2 o 3 millones de pesos en el contrato que entregan a la ANFP y otros 3 millones lo hacían por contrato privado y pedían (a los jugadores) que dieran un número de cuenta de su país de origen, sobre todo los argentinos y paraguayos. Y había jugadores que no tenían cuenta, que no entienden de estos temas, y entonces le pedían la cuenta del representante”.

Para el presidente del Sifup esto atenta contra el Estatuto Laboral del Futbolista Profesional, que en su artículo 152 bis G señala: “La entidad deportiva que utilizando cualquier subterfugio, oculte o simule beneficios o prestaciones laborales que tenga como causa el contrato de trabajo, será sancionada”. Las multas oscilan entre 10 y 150 UTM ($400 mil y $6 millones), aumentando en media UTM ($ 20 mil) por cada empleado afectado por la infracción. Una bicoca al lado de las cifras que se transan en el mercado del fútbol.

EL SII RAYA LA CANCHA

Soto y Barticciotto no entregan los nombres de los futbolistas que han aceptado este tipo de prácticas, para evitarles represalias, pero sus denuncias tienen asidero. Así se desprende de la decisión del SII de iniciar una exhaustiva fiscalización a los contratos y transferencias de jugadores. Un artículo de La Segunda, publicado el 26 de junio de este año -dos semanas después de las incautaciones practicadas en las oficinas de Unión San Felipe y Alhec-, informó que el SII está auditando cinco clubes y una sociedad intermediaria.

Citando fuentes del SII, el vespertino señaló que las seis entidades fueron notificadas de la investigación porque se detectaron “inconsistencias entre los montos que constaban en los antecedentes de las transferencias y los declarados tributariamente (…). En algunos de estos casos se detectaron triangulaciones a paraísos fiscales”.

El SII confirmó a CIPER que esa auditoría está en curso y que sus resultados quedarán listos en diciembre. Respecto de las “triangulaciones” denunciadas por la AFIP, en el SII señalaron que, de comprobarse que hay clubes chilenos que recibieron pagos en el exterior -como podría haber sucedido con San Felipe en la transferencia de Bottinelli-, se debe determinar si esas sumas fueron declaradas en Chile.

Impuestos Internos no es la única institución fiscalizadora que ha encendido alertas por las operaciones de las SADP. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  ha cursado más de 500 sanciones a las SADP. En su mayoría, los incumplimientos fueron por no entregar a tiempo los certificados de pagos de sueldos y obligaciones previsionales, además de memorias y estados financieros.

Resulta extraño que las SADP incurran en estas omisiones ante la SVS, porque, tal como lo señaló una nota de El Mercurio del 7 de julio pasado, detrás de varios clubes sancionados hay empresarios e inversionistas de vasta experiencia: “Es el caso de Wanderers (Alberto Eguiguren, Jorge Lafrenz y Wolf von Appen), Unión Española (Jorge Segovia) o Palestino (Fernando Aguad y Salvador Said)”, se lee en el artículo.

Frente a las “triangulaciones” denunciadas por la justicia argentina y las omisiones detectadas por el SII y la SVS, el integrante del directorio del Club Social y Deportivo Colo Colo, Alex Friedemann, es categórico: “No podemos estar prestándonos para realizar estas omisiones y este tipo de prácticas. Las sociedades anónimas, que tanto han criticado a los antiguos dirigentes y las malas prácticas, deberían dar ejemplo de probidad. No podemos ser una suerte de Islas Vírgenes o paraíso fiscal del comercio deportivo”.

El martes 6 de agosto pasado, un día antes de que la comisión revisora del CENSO 2012 entregara el lapidario informe que recomienda no usar en el futuro los datos para la implementación de políticas públicas y repetirlo “abreviadamente” en 2015, el director del INE, Juan Eduardo Coeymans, reunió a los funcionarios del organismo estatal para preparar el escenario que se avecinaba. Para entonces, todas las señales de que disponía le indicaban que era poco probable que los cinco expertos que revisaron el Censo “nos recomienden algo catastrófico como rehacerlo”, como afirmó esa fría mañana.

Afirmándose en que la crisis provocada por los cuestionamientos al Censo 2012 era principalmente “comunicacional”, Coeymans intentó tranquilizar los ánimos de los cientos de funcionarios que debieron hacer fila para ingresar a las dependencias de la Universidad Central, en Lord Cochrane 418. No se aceptó la presencia de extraños ni de la prensa. Coeymans quería absoluta privacidad y para ello escogió un salón fuera de las dependencias del INE para analizar por primera vez ante sus subalternos el terremoto que ha sacudido a ese instituto. Uno que comenzó hace poco más de tres meses tras la investigación de CIPER que reveló el 25 de abril la manipulación de los resultados del Censo 2012, lo que le costó el cargo a su antecesor: Francisco Labbé.

Precisamente para apagar ese incendio el gobierno nombró al ingeniero comercial -y profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica desde 1969 hasta mayo de 2013- al frente del Instituto Nacional de Estadísticas. Apegado a ese libreto, Coeymans inició su alocución haciendo alusión al “bullying social” del que ha sido objeto el INE en estos tres meses. Con lenguaje coloquial, desestimó que estén frente a “una crisis estructural”, caracterizándola como una mera “crisis comunicacional”.

- Y por eso me traje algunos talentos para arreglar esto. Yo estoy metido de lleno en el tema comunicacional. Hubo accidentes o a lo mejor algunas malas decisiones. Hubo un exacerbamiento, tal vez nos afectó el clima político. Hay gente que no ve la importancia de un INE fuerte, respetado. Se debe reposicionar a la  institución en el nivel que corresponde en un país que va a salir del subdesarrollo -dijo.

El director del organismo, quien fue el único orador esa mañana, contó que al asumir, el Presidente Sebastián Piñera le encomendó tres tareas: el tema del IPC, dado que ha sido objeto de cuestionamientos importantes; la resolución de los problemas del Censo 2012 y la autonomía  del INE, cuyo proyecto de ley está en discusión en el Congreso.

-Le dije al Presidente: Yo soy un académico, tengo una reputación, por lo cual si encuentro algo que no corresponde, lo voy a abrir. En el fondo, sepa bien que voy a transparentar todo y de eso he tratado de convencer a la Cámara de Diputados -explicó.

Juan Eduardo Coeymans se refería a su asistencia ante la Comisión Investigadora del INE que constituyó la Cámara de Diputados luego del escándalo por la manipulación de los resultados del Censo 2012. Fue allí donde algunos parlamentarios lo cuestionaron por no poder exhibir aún resultados de la investigación sumaria que se abrió en el INE por las irregularidades del Censo.

-Este proceso toma mucho tiempo y la ignorancia hace producir preguntas inapropiadas de algunos diputados que mueven las manos –afirmó Coeymans durante su intervención, a la que CIPER tuvo acceso a través de un antiguo funcionario de planta del INE (VEA VIDEO CON LA EXPOSICIÓN DE JUAN EDUARDO COEYMANS).

Ante varios cientos de funcionarios, Coeymans dijo que cuando llegó al instituto se dio cuenta de que uno de los problemas que debería enfrentar era la desconfianza interna. Y confesó que algunos grupos le señalaron como “culpables” del deterioro de credibilidad, al grupo de los 11 profesionales directivos del INE que firmaron –antes de que estallara la crisis- una carta pública con críticas y advertencias a la forma y metodología de cómo Francisco Labbé estaba llevando el proceso censal.

-Unos grupos me decían que debía echarlos, porque han creado un problema grande. Y la verdad es que había dos alternativas: separar y quedarme con el resto del INE o apostar por trabajar juntos. Admito que ellos cometieron una gran imprudencia, pero lo hicieron con buena fe, buscando lo mejor para el INE. Todos somos humanos, nos podemos equivocar -  manifestó el director ante una audiencia que escuchaba en completo silencio.

Coeymans dijo que para “destrabar el tema censo” designó a Osvaldo Ferreiro a cargo de una comisión interna de 13 personas. A ella se sumó una segunda instancia revisora del Censo 2012: una comisión externa cuyo objetivo fue evaluar el que había sido calificado por el ex director Labbé como el “mejor censo de la historia” y cuyo informe se esperaba para el día siguiente, el miércoles 7 de agosto.

-Yo confié en esa comisión (externa), pues era absolutamente incuestionable del punto de vista de la transversalidad. Nadie iba a pensar que yo iba a tratar de tapar algo. Ellos trabajaron intensamente evaluando el proceso censal y abocándose a las recomendaciones.

Fue entonces que Juan Eduardo Coeymans les comunicó a los funcionarios del INE la primera mala noticia. Les dijo que esperaba que la conferencia de prensa en la cual esa comisión externa entregaría públicamente su informe final, fuera en dependencias del INE. Sin embargo, los cinco expertos decidieron que fuera en la Universidad de Chile.

-Yo les hice ver que eso implicaba un conflicto de interés, por cuanto uno de los miembros de esa comisión es el director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile (David Bravo). Les dije que eso no correspondía, pues eso es aprovecharse de un servicio que se presta al país. Desgraciadamente, hago público este reclamo por esa actitud. Y les mandé un mail pidiendo que rectificaran. Solo me dijeron que me entregarían el informe el martes. Ojalá que no me lo entreguen a las 12 de la noche, porque me voy a tener que poner a leerlo a esa hora para enfrentar a la prensa y a la Cámara de Diputados – se quejó Coeymans.

Hasta ese momento el discurso del director del INE daba una clara señal de que ignoraba las recomendaciones finales de la comisión externa de expertos. Sus palabras no obstante indicaron que abrigaba la esperanza de que esas recomendaciones fueran menos drásticas y que no lo pusieran frente al peor de los escenarios: hacer el Censo nuevamente. Por ello argumentó que el cuestionado Censo 2012 “tiene una base limpia de toda la población censada, lo que es una buena noticia. A lo mejor va a haber críticas sobre el proceso censal, sobre la calidad de los datos y creo que hay una baja posibilidad que la comisión revisora nos recomiende algo catastrófico, como rehacer el Censo. Pero les digo: es una semana que viene comunicacionalmente muy dura”.

A sabiendas de que sus palabras podían generar inquietud, Coeymans afirmó ante los funcionarios que el INE no tenía internamente “gente experta en censo” y  anunció la creación de una Unidad de Estudios Censales, para así convertir al INE en el “referente de la estadística del país”. Pero para ello, los exhortó: “Necesito la colaboración de todos ustedes para salir adelante. Juntos lo podemos lograr, divididos, no”.

ARREGLOS A LA METODOLOGÍA DEL IPC

Un acápite especial de su alocución estuvo destinado a las fuertes críticas que ha recibido la metodología de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con cierta satisfacción explicó que, al cabo de tres meses a cargo de la institución, logró llevar a la OCDE una propuesta de un nuevo IPC con la arista de “moda y temporalidad” no incluida en el actual índice. “En una situación de crisis uno tiene que transparentar y, en este momento, si hacemos un arreglo o una nueva metodología al IPC, lo peor que nos puede pasar es que nos empiecen a criticar, porque estamos haciendo una propuesta que va a subestimar o sobrestimar la inflación. La OCDE hace pocas semanas respaldó lo que estábamos haciendo”, afirmó.

Coeymans reveló ante los funcionarios que ha decidido incorporar ciertas tareas en la Unidad de Precios del INE, para fortalecer las mediciones. Una de ellas fue ampliar la muestra del ítem de arriendo del IPC, para lo cual pidió un presupuesto de $400 millones adicionales. “Estoy tomando medidas para disminuir los cuestionamientos. Y esto ha sido un logro, porque ya no nos cuestionan en el tema del IPC. Ese tema había sido abultado por la crisis de desconfianza que estamos sufriendo como institución”, manifestó.

Al día siguiente, minutos después de que la Comisión Externa entregara su informe, Juan Eduardo Coeymans afirmó: “Esperaba un tsunami, pero no de esa magnitud”.

En el año 2005 quiso ocupar uno de los 120 asientos de la Cámara de Diputados y aunque no lo logró, pues perdió frente a su compañero de lista, el socialista Fidel Espinoza, Carlos Tudela Aroca (60) es hoy un habitante más del Congreso Nacional. No puede ingresar a la Sala de Sesiones, pero sí lo hace a los recintos claves de la Cámara de Diputados: las salas de las comisiones, allí donde se deciden las modificaciones y agregados de las leyes que luego serán votadas por el conjunto de los diputados. A esas salas ingresa acompañando a diputados de la Democracia Cristiana y hace pesar sus puntos de vista como asesor legislativo. Con su credencial en el bolsillo, Tudela se desplaza con propiedad por los vericuetos del elefante blanco de más de 43 mil metros cuadrados. Cada vez que almuerza en el piso 14 de la Cámara, disfruta al igual que los parlamentarios de la privilegiada vista del litoral central. Entre las autoridades de gobierno y entre sus propios “camaradas”, Tudela es un reconocido lobista.

Carlos Tudela estudió derecho en la Universidad de Chile y formó parte del sector guatón de la Democracia Cristiana, por lo que mantiene importantes redes con militantes de ese partido. De hecho, fue embajador en Singapur durante el gobierno de Eduardo Frei e intendente de Los Lagos por seis meses en la administración de Ricardo Lagos.

En 2008 quiso convertirse en alcalde de Llanquihue, pero la suerte le jugó nuevamente una mala pasada al perder por poco menos de mil votos.  Por ese mismo período -noviembre de 2008 y diciembre de 2009- se desempeñó como  asesor de la división de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

DIPUTADOS ASESORADOS POR LA FAMILIA TUDELA

La gestión que dice realizar Carlos Tudela en el Congreso abarca una variedad de materias en asesorías legislativas. “En general son temas de toda índole, fundamentalmente para ayudar a que se logren acuerdos y esto uno lo hace con parlamentarios de gobierno, de oposición, con entidades públicas y privadas. También tengo relaciones con algunos subsecretarios desde tiempos de colegio, entonces uno trata de buscar que se puedan encontrar las partes para que puedan llegar a acuerdos, más que buscar votaciones que de repente son inútiles y demoran la tramitación de los proyectos”, explicó Tudela a CIPER (Ver entrevista).

Aunque actualmente solo asesora en forma directa al diputado (DC) Roberto León , la sociedad que el 23 de Octubre de 2012 creó junto a sus hijos Carlos y Daniela, “Servicios de Visión y Gestión estratégica Limitada”, presta también asesorías a los diputados DC Víctor Torres, Jorge Sabag, y Eduardo Cerda. De los 19 diputados de la Democracia Cristiana, cuatro son asesorados por la familia Tudela, un 21% de la bancada DC. Cada uno de estos últimos parlamentarios le cancela mensualmente entre uno y dos millones de pesos, platas que salen de los dineros que el Estado provee para las asignaciones parlamentarias.

El diputado Víctor Torres destina $1.056.000 para el mismo tipo de informes. “No sé quién prepara los papers. Yo solo los pido, pero no tengo contacto con Carlos Tudela”, afirma Torres.

Hasta la semana pasada en el sitio web de la Cámara aparecía también el diputado Ricardo Rincón pagando mensualmente $2.072.291 a Tudela por la elaboración de informes temáticos. Pero desde la corporación informaron que se trató de un error que fue enmendado apenas el diputado Rincón se quejó por dicha información.

Al ser consultado por la sociedad que creó en 2012 con sus hijos, Tudela respondió que efectivamente inició actividades con ellos, “como lo hace cualquier padre cuando sus hijos quieren empezar una actividad nueva. Pero ahora son independientes y esa empresa es de ellos”.

EL SALVATAJE DE PAULMANN

En la conversación con CIPER, Tudela ahondó en la labor que realiza, de la que se siente orgulloso, pero se excusó de entregar información sobre sus clientes del retail, porque –asegura- debe guardar secreto profesional y solo puntualizó que trabaja para instituciones privadas, personas naturales o jurídicas y hace asesorías legales.

La consulta es pertinente, pues en 2011 un grupo de ocho diputados de la Democracia Cristiana,  Partido Por la Democracia, Socialista y Comunista presentaron un proyecto de ley  para revocar la nacionalidad otorgada en octubre de 2006, por gracia, al empresario y controlador del holding Cencosud, Horst Paulmann, el segundo hombre más rico de Chile.

Los autores de la iniciativa, que logró ingresar a primer trámite constitucional, fueron Enrique Accorsi (PPD), Lautaro Carmona (PC), Fidel Espinoza (PS), Hugo Gutiérrez (PC) y los democratacristianos Gabriel Ascencio, Roberto León, Sergio Ojeda y Gabriel Silber. De inmediato las luces de alerta se encendieron en Cencosud pues “el rey del retail en América Latina” -como lo definió la revista Forbes- o algunos de sus ejecutivos top podrían ser sentados en el banquillo de los acusados debido a que Cencosud estaba siendo investigado por el eventual fraude aduanero realizado al comerciar mercancías que fueron ingresadas al país como “ayuda humanitaria” tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Aprovechando el caos y la escasez de algunos alimentos básicos, especialmente en el sur del país, Cencosud internó de forma irregular 183 camiones con mercancía caratulada como “ayuda humanitaria” (botellas de agua, pañales, tallarines, arroz, harina, pilas, sacos de dormir), la que supuestamente iría en beneficio de los afectados por el terremoto. La trampa fue que, al declararlos como donaciones, esos productos no pagaron impuestos a su ingreso a Chile, a pesar de que, finalmente Cencosud comercializó parte de esos productos.

De acuerdo a lo establecido por la fiscalía, los altos directivos del Cencosud Retail S.A., tanto en Chile como en Argentina, planificaron la operación comercial, utilizando artificiosamente las comunicaciones gubernamentales emitidas y entregadas en uno y otro país, sobre las enormes necesidades de abastecimiento del país, para “hacer aparecer una compraventa comercial, de carácter urgente, y los documentos aduaneros respectivos como si fuese de ayuda humanitaria o de donación, sin pago de derechos e impuestos”. En esta defraudación los principales involucrados son Daniel Rodríguez Cofré, gerente corporativo de Cencosud S.A. y Carolina Reinoso, gerente de importaciones.

La molestia de los diputados contra Horst Paulmann fue in crescendo luego de la demanda interpuesta por el Sernac contra Cencosud, por los cobros en sus tarjetas y el aumento en las comisiones. Fue entonces que el diputado (DC) Gabriel Ascencio tomó la iniciativa y lideró la moción de quitarle la nacionalidad. Hoy el proyecto de acuerdo se encuentra paralizado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara pero, según lo que Ascencio adelantó a CIPER, será reactivado en los próximos días.

En la audiencia de formalización contra los ejecutivos de Cencosud, que tuvo lugar en enero de este año, el Ministerio Público determinó que con la internación de los 183 camiones con “ayuda humanitaria” se dejaron de percibir derechos e impuestos en diez importaciones por un monto total de US$ 89.972 (ajustándose el valor aduanero de US$4.254.236). A lo que se suma la importación fraudulenta de un camión completo con leche en polvo por US$14.916.

Dada la certificación oficial de defraudación al Fisco y también a los más de 600 mil clientes a los que se les aumentaron unilateralmente las comisiones de sus tarjetas de crédito, el futuro de la nacionalidad chilena de Paulmann corría peligro. Fue entonces que sus asesores decidieron actuar en forma rápida para desactivar la iniciativa de los diputados de quitarle la nacionalidad. La mejor opción fue tratar de convencer a los parlamentarios de la Democracia Cristiana de no castigar al dueño de París, JUMBO, Easy, Johnson´s y Costanera Center, entre otros. Para ello era necesario tender un puente con la bancada DC y qué mejor para esa gestión que el lobbista Carlos Tudela.

Al abogado no le costó mucho realizar las tratativas. Tudela contactó al jefe de la bancada del partido, Jorge Burgos, y facilitó la reunión clave con el gerente general de Cencosud, Daniel Rodríguez. Esta tuvo lugar en la oficina del parlamentario, ubicada en la comuna de Providencia.

CIPER le consultó al diputado Jorge Burgos desde cuándo conoce a Carlos Tudela y qué información tenía de la labor que realiza éste en el Congreso en el momento en que él lo contactó para reunirse con el ejecutivo de Cencusud.

-Lo conozco desde hace mucho tiempo. Tengo entendido que realiza asesorías a diputados de la bancada DC. Es militante de la Democracia Cristiana, más o menos de mi misma generación.

-¿Cómo se gestionó la reunión con el gerente general de Cencosud en su oficina parlamentaria?
Tengo el recuerdo que mientras yo era jefe de bancada en una oportunidad me dijo que el gerente general de Cencosud quería plantearme su preocupación por una moción parlamentaria, patrocinada, entre otros, por diputados DC, para quitarle la nacionalidad a Horst Paulmann. Todo esto con ocasión de una acusación que aún está en Aduana y que resultó bastante delicada pues se trata de una donación para el terremoto que no fue tal.

-¿Qué le dijo usted al ejecutivo de Cencosud en esa oportunidad?
Le manifesté que esa moción no representaba en general la opinión de los diputados DC. Yo fui contrario a la nacionalización del empresario, no la voté a favor, pero quitarle la nacionalidad me parecía propio de un régimen totalitario. A mí no me gusta regalar nacionalidades vía gracia, pero me parece aún peor quitárselas a quienes se las han dado. Esto fue un proyecto de ley en el gobierno de Lagos. Cuando me consultó Tudela, le dije que si quería yo le explicaba eso, que no tenía problema. Fue con él a mi oficina parlamentaria. Le adelanté que era una moción que no iba a prosperar y él estaba muy preocupado que fuera una decisión de la bancada DC. Aprovechó además de darme explicaciones por la causa ante los tribunales aduaneros y me dijo que efectivamente no había sido una donación. Fue ahí entonces que le respondí que ese tema no me competía, sino que serían los tribunales quienes deberían resolver.

-¿Regularmente ve a Carlos Tudela en el Congreso?
Sí, lo suelo ver constantemente en el Congreso. En una ocasión fue a la Comisión de Constitución de la Cámara, cuando discutíamos un proyecto de la deuda consolidada. Le pregunté en representación de quién estaba y me dijo que lo hacía en condición de asesor de un diputado. Yo quería saber si estaba en representación del retail, pero me dijo que no.

EL LOBBY DE LOS NOTARIOS

Durante el año 2012 y en plena tramitación de la Ley de Pesca, hubo otro proyecto de ley que también sufrió un fuerte lobby durante su discusión: la Ley Nº 20.659 sobre Constitución de Sociedades, aprobada el 23 de enero de 2013, y que permite iniciar una empresa en un día y a costo cero, basado en un registro electrónico en www.tuempresaenundia.cl. A través de ese sitio web es posible constituir una sociedad, obtener un RUT e iniciar actividades, sin necesidad de recurrir a un notario. Apenas se supo de esta norma legal, los notarios y conservadores vieron afectados sus intereses y comenzaron a trazar el camino para paralizar el proyecto.

La estrategia no fue fácil, pues el entonces ministro Pablo Longueira estaba convencido de la necesidad de sacar adelante esa ley, por ser ésta parte del programa de gobierno para mejorar el emprendimiento y la competitividad. En medio de la discusión, un grupo de diputados decidió presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento con el que se buscó ponerle lápida al proyecto.  Fue entonces que la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) acusó de un “feroz lobby” a los notarios y entregó a sus afiliados una base de datos con los e-mails, cuentas de Twitter y teléfonos de los 30 diputados que suscribieron el requerimiento: Roberto León, Aldo Cornejo, Ricardo Rincón, Gabriel Silber, Sergio Ojeda, Pablo Lorenzini, Patricio Vallespín, Juan Carlos Latorre, Mario Venegas, Fuad Chahin, Víctor Torres, Felipe Harboe, Eduardo Cerda, José Pérez, Tucapel Jiménez, Ramón Farías, Marco Antonio Núñez, Alberto Robles, Orlando Vargas, Marcelo Schilling, René Saffirio, Carlos Abel Jarpa, Juan Luis Castro, Manuel Monsalve, Marcos Espinosa, Enrique Jaramillo, Ximena Vidal, Joaquín Tuma, Carlos Montes, Denise Pascal, Lautaro Carmona.

Hasta antes de ese contragolpe de los emprendedores, los notarios y conservadores cantaban victoria. Nunca pensaron que, tras el envío del requerimiento al TC, algunos diputados se “bajarían” y con ello no se cumpliría la exigencia legal de contar con al menos 30 solicitantes. Sólo consiguieron 28, por lo que el intento fracasó y la ley finalmente entró en vigencia el 2 de mayo de este año.

Lo que no se sabe hasta ahora es por qué algunos diputados, como Patricio Vallespín y Felipe Harboe, retiraron sus firmas del requerimiento. Ambos aseguraron a CIPER que nunca supieron que sus nombres iban ser a ser utilizados para ser presentadas ante el Tribunal Constitucional. El diputado Harboe, quien mantuvo una opinión contraria al proyecto por extremar la facilidad para construir sociedades y facilitar la elusión de impuestos, afirmó que nunca estuvo en su intención presentar el requerimiento ante el TC. “Lamentablemente fui sorprendido, puesto que se me pidió la firma para apoyar un proyecto de acuerdo, y después, al igual que otros colegas diputados, aparecimos suscribiendo este requerimiento”.

-¿Qué hizo cuando supo que su nombre estaba entre los 30 diputados que firmaron?
Me acerqué al diputado Ricardo Rincón, que coordinaba este requerimiento y le manifesté mi molestia y sorpresa por haber aparecido suscribiéndolo sin haber sido consultado. Me respondió que consideraba que, como yo estaba en contra del proyecto, podría suscribirlo. Él asumió su error.

-Lo que usted está diciendo es que se trató de una adulteración de firmas. Eso es gravísimo.
Mi percepción es que ellos tomaron el listado de firmas y lo utilizaron para esto otro. No quiero atribuir malas intenciones pero, tal como lo dijo Ricardo Rincón, él asumió un error y yo parto del principio de la buena fe. Como era reversible, lo que hice fue presentar el retiro de la firma del requerimiento y con eso se generaron los impactos desde el punto de vista jurídico, es decir excluirme de ese proceso que no compartía. Y como fueron varios diputados que hicieron lo mismo, permitió que se cayera el requerimiento.

La versión del diputado Rincón contradice a Harboe y a Vallespín: “Es efectivo que yo lideré (junto al Diputado Aldo Cornejo) la presentación del dicho requerimiento, pero no es efectivo que no haya informado a mis dos colegas del contenido de lo que estaban firmando. Si lo han señalado, lo encuentro lamentable. Las decisiones las tomo yo en el ámbito de mis facultades constitucionales y legales”. El diputado reafirmó su postura frente a la ley de creación de empresas en un día, argumentando: “El gobierno generó registros paralelos extrañamente inútiles, con costo fiscal, para una actividad no precisamente social o de apoyo o los más débiles como el emprendimiento”.

TUDELA, ZARKO LUKSIC Y MACARENA CARVALLO

La Asociación de Emprendedores de Chile, a través de su encargada de contenidos, Constanza Anguita, acusó a Carlos Tudela, al ex diputado (DC) Zarko Luksic y a la ex subsecretaria de Previsión Social Macarena Carvallo de actuar como lobbistas de los notarios. Tudela lo desmiente. Afirma que no trabajaron para los notarios, aunque admite que él y Luksic tienen sus estudios jurídicos y “puntualmente los notarios nos piden algunos informes en derecho, opiniones jurídicas sobre la materia”.

La información que maneja el subsecretario de Economía, Tomás Flores, es distinta, pues asegura que Tudela acudía a las comisiones, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley, como representante gremial de los notarios. Pero como también asesora a algunos parlamentarios, ese otro rol se diluía en la acción legislativa.

Para impedir precisamente situaciones ambiguas y oscuras se requiere con urgencia un proyecto de ley que regule el lobby en Chile. Y ese proyecto está en el Congreso y desde hace 10 años “algo” impide que culmine su tramitación. La Sala de Diputados debiera votarlo en la semana del 12 de agosto y, en líneas generales, la iniciativa regula el cabildeo que se realiza entre funcionarios públicos y ante ciertas autoridades, de tal forma de asegurar que haya transparencia en la función pública y que además se conozca quienes toman contacto con las autoridades para promover intereses particulares.

A última hora del martes 13 de agosto, un grupo de diputados, liberados por el socialista Marcelo Díaz, logró reunir más de 20 firmas para incorporar uno de los puntos esenciales del proyecto que había sido sacrificado: la idea de contar con un registro de lobbistas. Asimismo, la Secretaría General de la Presidencia será el ministerio que deberá producir una nómina de lobbistas en forma trimestral, consolidando la información de quienes cumplen esta actividad en el país, que genera un considerable flujo de dineros.

Nota de la Redacción: Este artículo fue corregido a las 18:05 del martes 13 de agosto.

Cora Gajardo ingresó a la sala J de la unidad de Medicina Interna del Hospital Barros Luco y se sentó en una silla junto a la cama de Rosa Lizana, su consuegra. Era el mediodía del martes 9 de julio, la hora de almuerzo, y como Rosa a duras penas podía sentarse en su camilla, Cora le ayudaría a comer y le haría compañía. Para entonces, Rosa llevaba poco más de un mes internada en ese hospital. No por la insuficiencia renal que desde hace siete años la obliga a someterse a diálisis tres veces por semana, sino por una infección vesicular. Tenía dolores estomacales, indigestión, vómitos. Apenas la internaron, los médicos le practicaron una intervención quirúrgica menor para evacuar la bilis y estabilizarla. Todo salió bien, pero pronto le diagnosticaron una infección respiratoria, la que el equipo médico no demoró en controlar. Pero luego se le obstruyó la fístula con la que se dializa. Fue entonces que todo se complicó.

Porque Rosa Lizana, de 74 años, contrajo una infección intrahospitalaria causada por la bacteria clostridium difficile, un microorganismo que puede producir infecciones intestinales provocando diarrea severa, colitis seudo membranosa, megacolon tóxico, perforación del colon y, en los casos más severos, la muerte.

Su perfil clínico la ubicaba entre la población de más alto riesgo: mayor de 65 años y con una patología renal. Pero también la convertía en candidata perfecta para participar como sujeto de estudio en un ensayo clínico que el laboratorio estadounidense Merck & Co. Inc. realiza en Chile desde comienzos de 2012 para poner a prueba tres drogas experimentales que atacan las toxinas del clostridium difficile: los anticuerpos MK-3415, MK-6072 y MK-3415A. El estudio, que según los registros de la Food and Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos se lleva a cabo simultáneamente en otros 18 países, pretende determinar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de los fármacos en pacientes mayores de 18 años, cuyo diagnóstico haya sido detectado durante la última semana y que se encuentren bajo tratamiento estándar con antibióticos.

Desde su silla, Cora Gajardo vio que su consuegra tenía una vía intravenosa puesta en el brazo, algo que no había visto en ninguna de sus visitas previas. “Me van a dar un nuevo remedio”, le dijo Rosa. Cora le preguntó de qué se trataba, pero Rosa le respondió que no sabía muy bien, que durante esa misma mañana había llegado una doctora y le había hecho firmar un papel, y que sólo le dijo que le cambiarían el tratamiento. El documento con su firma estaba a los pies de Rosa, sobre su cama. Llevaba por título “Forma de Consentimiento”. Cora lo tomó y comenzó a leerlo en voz alta:

“Se le invita a participar en un estudio de investigación. Este formato de consentimiento contiene información que le ayudará a decidir si desea participar. Tome su tiempo, lea este formato atentamente y formule a su médico o personal del estudio cualquier pregunta que pueda tener. Usted no debe firmar este formato hasta que haya entendido toda la información contenida en las siguientes páginas y hasta que todas sus preguntas acerca de la investigación hayan sido respondidas satisfactoriamente. El médico del estudio será pagado por el Patrocinador, Merck Sharp & Dohme Chile por la conducción de este estudio”.

A medida que Cora leía, el rostro de Rosa iba cambiando. Estaba aterrada. Entonces Cora se detuvo, pero siguió hojeando en silencio las 14 páginas del documento. Vio que se trataba de fármacos que aún no han sido aprobados para su venta. También supo que, en todo el mundo, serían unas 1.600 personas las que participarían en el estudio y que, si Rosa aceptaba, se arriesgaba a sufrir una serie de posibles efectos secundarios producto de las drogas experimentales, sin siquiera tener garantías de que curaría su enfermedad. Algunos estaban enunciados: malestar estomacal, nauseas, diarrea, vértigo, baja en la presión arterial, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de apetito, erupción cutánea, inflamación del colon, disminución de los niveles de sodio en la sangre, infección de las vías urinarias, vómitos y heces con sangre, entre otros tantos.

Pero al final de todo, en la última hoja, Cora vio lo que le pareció más grave: la firma de Rosa Lizana. ¿Por qué lo más grave? Porque Rosa no sabe leer ni escribir, salvo su nombre.

LA LETRA CHICA DEL RECLUTAMIENTO DE PACIENTES

A comienzos de 2012, el laboratorio británico GlaxoSmithKline y dos de sus investigadores fueron sentenciados por un tribunal argentino a pagar una multa de US$ 230.000. Aunque el monto parece irrisorio para una compañía que ocupa el segundo lugar en el ranking de las mayores empresas farmacéuticas a nivel mundial –superado sólo por la estadounidense Pfizer–, el fallo generó alarma porque abrió una ventana al sistema utilizado por la industria para reclutar sus sujetos de estudio en distintas partes del planeta, enfocándose principalmente en pacientes de los estratos más vulnerables.

La multa se originó luego de que la Administración Nacional de Medicamentos de Argentina (ANMAT) detectara irregularidades en un estudio que GlaxoSmithKline realizó en ese país entre 2007 y 2008. El experimento que llevaba por nombre COMPAS (ver información del estudio), consistió en administrar una vacuna experimental –el fármaco GSK1024850A– para prevenir la neumonía a cerca de 14.000 niños menores de 3 años en tres provincias de ese país. Aunque los resultados del ensayo clínico no fueron cuestionados, sí lo fue la forma en que el gigante farmacéutico reclutó a los pacientes: los padres de varios de esos niños eran analfabetos y no comprendían el texto del denominado “consentimiento informado“, el formulario que se firma aceptando las condiciones de las pruebas médicas. Por lo tanto, nunca supieron el potencial riesgo que corrían sus hijos al participar en el estudio. 14 niños murieron tras la inoculación de esa vacuna. Nunca quedó clara la causa de muerte.

La misma falta de información al paciente ocurrió a comienzos de julio pasado en el Hospital Barros Luco. Sin saberlo, con su firma, Rosa Lizana había accedido “voluntariamente” a participar en uno de los 142 ensayos clínicos abiertos que están reclutando pacientes en Chile (ver estudios). Todos esos estudios aparecen registrados en el sitio Clinicaltrials.gov, el portal de acceso público donde la FDA, la autoridad sanitaria de Estados Unidos, registra los proyectos que los laboratorios farmacéuticos realizan en cualquier país del mundo para poner a prueba fármacos experimentales.

El Laboratorio Merck, patrocinador del estudio de los anticuerpos para atacar al clostridium difficile, es responsable de 14 de los ensayos clínicos que están actualmente vigentes en Chile a través de su subsidiaria: Merck Sharp & Dohme I.A. Corp. Así, se ha convertido en la segunda empresa farmacéutica con mayor actividad de investigación en el país, antecedida sólo por la suiza Hoffmann-La Roche (16 ensayos) y seguida por GlaxoSmithKline (12 ensayos).

Su primer acercamiento para realizar ese estudio en el Hospital Barros Luco fue con el doctor Carlos Beltrán, jefe de la Unidad de Infectología, quien ya había participado como investigador en varios ensayos clínicos con distintos laboratorios, principalmente en pacientes con VIH. Pero esta vez no quiso hacerlo. Recomendó a su equipo para que lo llevara adelante bajo la conducción de la doctora Pilar Gambra. Ella fue la primera profesional que se hizo cargo del estudio en el hospital cuando comenzó a aplicarse en el país a comienzos de 2012. Pero un año y medio después, cuando Rosa Lizana firmó el documento, Gambra ya había dejado de trabajar allí. Para entonces, el ensayo clínico estaba en manos de la doctora Sofía Palma, la infectóloga que hasta hoy es la investigadora responsable del proyecto en ese centro asistencial.

Habían pasado sólo unos minutos desde que Cora Gajardo leyera el documento que su consuegra Rosa Lizana firmó esa misma mañana cuando una enfermera entró a la sala J del Hospital Barros Luco. Traía en sus manos un preparado que se dispuso a conectar a la vía intravenosa que Rosa tenía puesta en su brazo. Cora ya había llamado al hijo de Rosa, Mauricio Vargas, informándole del formulario que su madre había suscrito sin saber lo que firmaba. En ese minuto, él ya iba camino al hospital. Cora relató a CIPER que en ese momento le preguntó a la enfermera qué era lo que le administrarían a Rosa y que la mujer le respondió que era la droga que aparecía en la “forma de consentimiento”. Cora le impidió que lo hiciera sin que estuviera su yerno presente y sin que antes le explicaran de qué trataba todo eso.

Lo extraño es que, formalmente, la enfermera no debía inyectarle nada a Rosa. Porque, según explicó a CIPER la doctora Sofía Palma, el proceso de “consentimiento informado” todavía no había concluido y, por lo tanto, Rosa aún no era oficialmente parte del estudio.

EL EXPERIMENTO DE MERCK

El estudio que dirige Palma y en el que Rosa estaba siendo enrolada, es de fase III, lo que significa que está en su última etapa de investigación antes de poder salir al mercado. Además, es “doble ciego”, aleatorio y controlado por placebo. En otras palabras, ni el médico a cargo ni el paciente saben cuál de los fármacos del estudio se está aplicando, ya que la mezcla que se le administra al paciente es determinada al azar en Estados Unidos. La información llega a Chile a través de un sistema computacional para que una enfermera “ciega” –que no tiene contacto directo con el paciente– prepare la droga. Por lo tanto, las personas que participan del estudio pueden ser inoculadas por vía intravenosa con el anticuerpo MK-3415 (que ataca la toxina A del clostridium difficile), el MK-6072 (que ataca la toxina B), ambos a la vez (MK-3415A, contra las dos toxinas) o un placebo compuesto por una solución salina sin ingredientes activos. El procedimiento, que está siendo aplicado en siete hospitales públicos del país, pretende demostrar la eficacia de los nuevos fármacos usados en forma paralela a la terapia estándar con antibióticos (vancomicina y metronidazole). El objetivo es disminuir la recurrencia del clostridium difficile, ya que en el 20% de los casos la infección vuelve una vez que los pacientes han sido dados de alta.

Los siete hospitales chilenos con los cuales el Laboratorio Merck se asoció para realizar el experimento de los anticuerpos contra la infección intrahospitalaria provocada por la bacetria clostridium difficile, son: la Posta Central y los hospitales Barros Luco, San Borja Arriarán, Sótero del Río, Padre Hurtado, en Santiago; el Hospital Gustavo Fricke, en Viña del Mar y el Hospital de Valdivia, en la Región de Los Ríos.

EL TECNICISMO DE LAS FIRMAS FALTANTES

Chile se ha convertido en los últimos años en un destino de alta demanda para la experimentación científica en seres humanos. De acuerdo a los registros del Instituto de Salud Pública (ISP), el estudio del laboratorio Merck es sólo uno de los 858 ensayos clínicos que la autoridad sanitaria ha permitido que se realicen en el país desde 2006 (ver base de datos). La ley que regula la investigación médica, a siete años de su promulgación, aún tiene tan sólo tres páginas y presenta varios vacíos (ver recuadro). Aún así, para proteger a los pacientes de posibles abusos, es clara al establecer como regla básica que “toda investigación científica en un ser humano deberá contar con su consentimiento previo, expreso, libre e informado, o, en su defecto, el de aquel que deba suplir su voluntad en conformidad con la ley”.

El mismo principio está incluido en la Guía de Buenas Prácticas Clínicas, el conjunto de normas internacionales que rigen la investigación científica en personas a nivel mundial. Por eso, cuando el ingeniero Mauricio Vargas –hijo de Rosa Lizana- llegó al hospital y leyó el documento que su madre había firmado, no sólo se asustó sino que también se enfureció.

-Mi mamá es analfabeta y no asocia los números con los meses, así que si escribió junto a su firma la fecha “090713”, fue porque se lo dictaron. ¡Si hasta los 40 años nunca ingresó a un colegio! No sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, leer ni escribir. Si le pasas cualquier libro en español, alemán, inglés, rumano o francés, para ella es lo mismo: no entiende nada. No está en condiciones de leer ni menos comprender el documento que le hicieron firmar –afirmó a CIPER.

Mauricio Vargas pidió hablar de inmediato con los médicos. Primero lo hizo con el jefe de la sala del Hospital Barros Luco donde Rosa estaba internada. Luego con Loreto Rojas, una de las tres doctoras que forman parte del equipo a cargo del estudio. Fue ella quien se acercó a Rosa la mañana del 9 de julio con el formulario de consentimiento. De hecho, su firma también está en la última página del documento de 14 páginas. La doctora Rojas aseguró a CIPER que sí le preguntó a Rosa si sabía leer y escribir y que ella le respondió que “sólo escribía con letra imprenta”. También señaló que le explicó “detalladamente de qué trataba el estudio, ella aceptó y luego firmó el consentimiento de forma totalmente voluntaria”. Y que además, “se le contestaron todas sus dudas”. Eso fue lo que trató de explicarle a Mauricio, pero él estaba demasiado alterado para escuchar. Según la doctora Rojas, “se comportó de una manera muy descortés, con un descontrol absoluto”.

En todo caso, Mauricio tenía motivos para alterarse. Apenas leyó el documento, le preguntó a su madre y confirmó que no tenía idea de qué había firmado. Pero además, todo había ocurrido en pocos minutos en la sala donde Rosa estaba internada, por lo que era imposible que la doctora Rojas le hubiera explicado el contenido de las 14 páginas del documento donde aparece su firma al final. Como Mauricio no estaba conforme con  las explicaciones de la doctora Loreto Rojas, exigió hablar con la conductora del ensayo, la doctora Sofía Palma.

Palma relató a CIPER que intentó explicarle a Mauricio que, en el caso de Rosa Lizana, el proceso de consentimiento informado no se completó: “Nosotros hablamos con él. Pero pensó que su mamá ya estaba incluida porque había puesto su firma en el consentimiento. Sin embargo, ella tenía un tutor legal y en definitiva, el proceso de consentimiento informado no se concluyó, así que la paciente no entró al estudio”.

-¿Qué era lo que faltaba para ser incluida? –le preguntamos.

-Faltó la firma del ministro de fe y además, en este caso, ella tenía un tutor legal que también debía firmar.

El reglamento de la Ley 20.120 establece que en cualquier ensayo clínico, el consentimiento informado “deberá constar en un acta firmada por la persona que ha de consentir en la investigación, por el investigador responsable o principal, en su caso, y por el director del centro o establecimiento donde ella se llevará a cabo, quien, además, actuará como ministro de fe”. Por lo tanto, en estricto rigor, para que Rosa fuera enrolada en el estudio, faltaba la firma del director del Hospital Barros Luco, el doctor Luis Leiva, quien tiene el mandato legal de actuar como garante de que la persona que firma el consentimiento lo haga de forma voluntaria e informada. Y como Rosa tenía un tutor legal (su hija Marcela Vargas), también faltaba su firma.

Según la doctora Palma, fue la misma paciente quien les dijo que sus familiares llegarían esa tarde, y fue por eso que dejaron junto a ella una copia del documento: para que lo revisaran juntos durante el tiempo que sea necesario. Que por eso, el proceso de consentimiento informado a veces puede tardar días en concretarse. Además, aseguró que para este estudio, el apoyo de la familia es fundamental, ya que durante los tres meses que dura la investigación, el paciente debe escribir a diario un registro detallado con el estado de sus deposiciones y su temperatura. Algo que Rosa no habría podido hacer por sí sola.

A pesar de las explicaciones de la encargada del estudio, hay varias cosas que no cuadran. Para que el director del hospital –o su representante– pudiera garantizar que Rosa Lizana accedía de forma “voluntaria” e “informada” a participar en el estudio, debió haber estado allí, pero eso no ocurrió. Tampoco estaba su tutora legal. Palma reconoce que no haberla esperado ni haberla llamado fue un error. Pero tampoco explica por qué se permitió que una mujer analfabeta firmara el documento. Y menos, por qué la enfermera llegó ese mismo día con los fármacos experimentales para administrárselos a Rosa. De ahí se puede deducir que, finalmente, las firmas que faltan en el papel no son más que un tecnicismo, una formalidad, porque la más importante, la de la paciente que accede a someterse al estudio –como sucedió con Rosa Lizana-, ya estaba puesta en la última página del documento.

QUIÉN GANA CON LOS ENSAYOS CLÍNICOS

En noviembre de 2012, la ONG Políticas Farmacéuticas publicó un breve pero completo informe sobre la industria de los ensayos clínicos en el país. Allí aparecen datos interesantes: como que Chile es la nación que concentra la mayor cantidad de pruebas clínicas per cápita en la región, que el 70% de los estudios que se realizan en el país está concentrado en sólo 10 laboratorios multinacionales, que apenas un 4,4% son patrocinados por entidades chilenas y que ese porcentaje se compone principalmente de universidades, ya que los laboratorios nacionales no invierten en la investigación de nuevos fármacos. En ese sentido, el informe concluye: “La información que se genera en los pacientes chilenos termina principalmente siendo ocupada para la explotación de una patente de un laboratorio extranjero”.

Fuente: Clinicaltrials.gov

El doctor en Farmacología y director de contenidos de la ONG Políticas Farmacéuticas, Rodrigo López, asegura que son dos los principales factores que han convertido a Chile en un atractivo lugar para realizar ensayos clínicos: la calidad técnica de los profesionales chilenos y los pacientes que se encuentran principalmente en los hospitales del país.

-Los laboratorios buscan países donde los costos sean relativamente bajos, donde haya pacientes para las patologías y donde el dato que se extraiga de la investigación sea confiable. Esa combinación de factores ha hecho que Chile sea un buen lugar para hacer estudios clínicos. En ese sentido, también es importante la cantidad de comorbilidad (otras patologías) que pueden tener los sujetos de estudio: en Chile, de cierta forma, el paciente está un poquito más limpio.  En África u otros países de Latinoamérica puede ser más barato, pero la posibilidad de encontrarte con infecciones parasitarias y otras enfermedades es mayor, por lo que produce mucha variabilidad de los datos. El estado de salud del chileno promedio también influye en que el país sea un buen lugar para realizar los estudios –dice López.

Si se considera que un estudio del Manhattan Institute for Policy Research indicó que los laboratorios internacionales invierten en promedio más de US$ 1.300 millones por cada investigación de un nuevo fármaco, y que el 90% de ese presupuesto se destina a los estudios de fase III, que son la mayoría de los que se realizan en Chile, ese mercado ha generado un nuevo y lucrativo nicho de negocio para los profesionales chilenos que participan en este tipo de proyectos.

El doctor Harold Mix, director del Diplomado en Investigación Clínica y Monitoreo de Ensayos de la Universidad de Chile, explica que el pago a los investigadores y sus equipos varía dependiendo del estudio, pero que es directamente proporcional al tiempo que dedican a la investigación y que la tarifa es muy similar a lo que se cobra en las clínicas caras de Santiago.

-Si un médico de estas clínicas ve a tres o cuatro pacientes en una hora, y a cada uno le cobra más de $50.000 por la consulta, saca el cálculo de cuánto gana ese médico al dedicar esa hora a la investigación. Lo que se paga es el tiempo, y no sólo al investigador, sino que a todas las personas que participan. Si hay una enfermera que tomó los exámenes, se le paga en proporción. Y todos los exámenes también están contemplados en el presupuesto –dice Mix.

Tomando en cuenta que en esas clínicas el sueldo puede llegar a triplicar lo que gana un médico en el sector público, y que la mayor parte de los estudios se llevan a cabo en hospitales, el negocio para los investigadores resulta redondo.

Según la información disponible en su sitio web, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile hay en curso 20 estudios clínicos patrocinados por laboratorios internacionales. La coordinadora de todos esos ensayos es una química farmacéutica. Un profesional que ha participado en varios de esos estudios cuenta que ha visto proyectos cuyo presupuesto varía entre US$ 1.000 y US$ 18.000 por cada paciente enrolado, lo que no significa que ese dinero vaya a parar a los bolsillos del equipo clínico a cargo del estudio. De ese fondo se descuentan los gastos en exámenes y el overhead que algunos establecimientos –no todos- cobran por el uso de sus instalaciones y que por lo general consiste entre el 10% y el 20% de lo que recibe el equipo investigador. En todo caso, si se considera que hay estudios que contemplan el enrolamiento de casi un centenar de pacientes, la cifra no es nada despreciable.

Mientras eso ocurre, los pacientes no resultan necesariamente beneficiados. En el caso del ensayo del laboratorio Merck donde Rosa Lizana estuvo a punto de ser incluida, se espera que por cada uno de los siete hospitales donde se está llevando a cabo se recluten unos 10 sujetos de estudio. Salvo los gastos de movilización y la gratuidad de los controles y exámenes necesarios para que los investigadores puedan recopilar la información, ninguno recibirá remuneración alguna por participar. Sólo obtendrán un beneficio si las drogas que probaron en ellos resultan ser efectivas. Pero incluso ese beneficio se acabará cuando el estudio termine: no hay ninguna norma que les garantice el derecho a continuar con el tratamiento una vez que salga al mercado.

-La mayoría de los estudios clínicos se hacen en los hospitales con pacientes con bajo nivel de acceso a salud de alto costo. Pero el medicamento que resulta de ese estudio sale al mercado con un precio altísimo, permitiéndole el acceso a otro grupo de la población muy distinto. La población que se somete a los estudios está sujeta a un riesgo, alto o bajo, da lo mismo, pero existe. Y es muy poco probable que reciba parte del beneficio. Esa es la lógica que hay que equilibrar –dice Rodrigo López.

De ese “equilibrio” la familia de Rosa Lizana hoy sabe bastante. Todos los abogados que han consultado por lo ocurrido con la mujer de 74 años, que estuvo a punto de ser inoculada con un medicamento en fase experimental, han recomendado desistir de toda acción judicial. “Si no hay daños físicos, no hay juicio”.

El lunes 17 de diciembre de 2012 el mayor de Carabineros Marcelo Lobos Riquelme comenzaba una nueva etapa en su ascendente carrera institucional: asumía como jefe operativo de la 17ª Comisaría de Las Condes. No era cualquier cargo. Además de convertirse en el segundo hombre al mando en ese recinto policial, llegaba con la misión de planear una estrategia que disminuyera el creciente número de delitos que se ha registrado en el sector oriente de la capital en los últimos años. Era su primer día en el cargo. En su nuevo despacho, dos oficiales lo ayudaban a instalarse: los capitanes Baris Ratkevicius y Juan Reyes. Mientras colgaban cuadros y ordenaban fotos y artículos de oficina, Lobos le preguntó a Ratkevicius, un oficial de Fuerzas Especiales (FF.EE.), por los nuevos carros blindados marca Mahindra que habían llegado unos cuatro meses antes. Con esa simple pregunta comenzó una conversación informal que duró sólo unos minutos, pero que involucró al general responsable  de la compra de esos vehículos y que terminó sellando la salida de Lobos tras 20 años en Carabineros.

Al mayor Lobos le interesaba saber qué opinaban otros carabineros sobre esos vehículos, aunque él ya tenía una opinión formada. Antes de llegar a Santiago pasó ocho años al mando del GOPE en la Región de La Araucanía y allá recibió uno de los cinco carros que llegaron a esa zona (uno para el GOPE, dos para las FF.EE. de Cautín y dos para las FF.EE. de Malleco). Esos cinco nuevos coches blindados eran parte de una flota de 29 jeeps tácticos que fue adquirida por Carabineros a Automotores Gildemeister S.A., sin licitación pública, en una operación de US$ 3.480.000 (cerca de $1.768 millones) y que fue promocionada en la revista institucional para ser utilizada en “labores de control y orden público entre Iquique y Punta Arenas”.

Pero apenas llegaron, Lobos vio que ni siquiera se acercaban a lo que el alto mando de la institución prometió cuando presentó los vehículos. Lo primero que le llamó la atención fueron las puertas: como no podían asegurarse desde adentro de la cabina, cualquier persona podría abrirlas y lanzar algún elemento hacia el interior. Tuvieron que sacar las manillas para evitar ese problema. Tampoco eran 4×4. En La Araucanía, esos vehículos ya no se usan en zonas rurales porque quedan empantanados o simplemente no son capaces de subir una cuesta. Y aunque supuestamente tenían capacidad para seis efectivos, el espacio para transportar pasajeros es tan pequeño que apenas cabe un hombre equipado de 1,65 metros, además del jefe de patrulla y el conductor que viajan en los asientos delanteros.

Ante esas fallas, el general Iván Bezmalinovic, jefe de la IXª Zona de Carabineros, le encargó al mayor Marcelo Lobos un informe donde detallara todos los problemas que presentaban los nuevos vehículos. Después de evaluarlos, el 30 de julio de 2012 Lobos le remitió a su superior un reporte titulado “Nuevo vehículo blindado: Puntos factibles de perfeccionar” (ver informe). En ese documento, además de los desperfectos ya indicados, se decía que la visibilidad desde la cabina es reducida, ya que presenta “amplios puntos ciegos”, y que ni el capó ni las protecciones de los neumáticos ni la tapa de combustible son blindados, y por lo tanto, “extremadamente vulnerables”.

Tras recibir el informe, el general Bezmalinovic decidió no hacer nada con él más que guardarlo sin que nadie conociera su contenido. La decisión la tomó, según dijo Lobos a CIPER, porque significaba cuestionar directamente al oficial de mayor rango que autorizó su compra: el general Jorge Rojas Langer, cuarto hombre en la escala jerárquica de Carabineros y jefe del Departamento de Adquisiciones de la institución.

Cinco meses después de haber despachado ese informe, en su nueva oficina en Las Condes, el mayor Marcelo Lobos preguntó a los oficiales que lo ayudaban a instalarse sobre esos mismos vehículos. Específicamente, si sabían qué oficial de Fuerzas Especiales encargó el informe para comprar los carros Mahindra, modelo Marksman. El capitán Baris Ratkevicius le dijo que no sabía, que simplemente habían llegado un día sin que nadie los solicitara. Lo mismo había pasado en La Araucanía, cuando Lobos era jefe del GOPE en esa región. Fue entonces que el mayor les reveló la existencia del informe.

Mientras la conversación fluía, ingresó a la oficina el joven teniente Nicolás Rojas González. Según contó Lobos a CIPER, Rojas se sumó a la charla y señaló que la decisión de comprar esos vehículos “blindados” había sido tomada por una comisión de expertos, como ocurre con todas las adquisiciones que hace la institución. El mayor le dijo que no creía en esas comisiones, porque no le habían consultado a las personas que usan esos carros y le mencionó el informe que él mismo elaboró en el que se reseñan serias falencias de seguridad.

Esas palabras fueron las que sellaron el destino de Lobos. Porque el teniente Rojas es hijo del general Rojas Langer, quien en sólo unas horas tomó cartas en el asunto. El primer día de Lobos en la 17ª Comisaría de Las Condes fue también el último.

CARROS INSEGUROS

Considerado por sus pares como una persona experta en prevención y resolución de situaciones complejas, el mayor Marcelo Lobos había sido especialmente seleccionado para poner coto a los crecientes niveles de delincuencia en el sector oriente de Santiago. Méritos tenía. Además de haber egresado como número dos de la Academia de Oficiales y haber sido jefe del equipo de Seguridad de Avanzada de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, fue por ocho años jefe del GOPE en una de las zonas más complejas del país: La Araucanía. Su hoja de vida no tenía ninguna mancha. Pero todo cambió el 17 de diciembre de 2012, tras cuestionar en una conversación informal la millonaria compra de vehículos blindados de la marca india Mahindra.

Esa misma tarde, el general Rojas Langer citó a su oficina a los dos capitanes que acompañaban al mayor Lobos. Los interrogó sobre lo que conversaron. Pocos días después, Carabineros inició una investigación interna contra Lobos por haber “cuestionado al mando”. Tras cinco meses de indagación, la institución resolvió sancionarlo con la pena de dos días de arresto. Pero eso no ocurrió, porque Lobos optó por acogerse a retiro a sus 42 años antes que aceptar una sanción por comentar las serias fallas de seguridad de los nuevos jeeps tácticos.

Aunque la salida voluntaria de Lobos de la institución no generó mayor impacto, persisten las dudas sobre por qué Carabineros invirtió casi US$ 3,5 millones de dólares en una flota de vehículos que no cumple con los requisitos que se necesitaban. Varios de los policías consultados por CIPER para este reportaje señalan que prefieren no ingresar en esos carros a las poblaciones cuando se registran cortes de luz. “Es como entrar a ciegas”, dicen, por la escasa visibilidad desde la cabina. Otros cuentan que al menos cuatro de esos vehículos se han incendiado porque para proteger la toma de aire –que no es blindada y permite el ingreso de líquidos inflamables al motor– la han tapado con plásticos, sobrecalentando la máquina. Y algunos se refieren a problemas para cargar combustible, a fallas con las cajas de cambio y los embragues, y a que sólo el personal más joven y nuevo usa esos vehículos, ya que los más antiguos prefieren los carros antiguos.

Eso sí, todos coinciden en que los vehículos sí tienen una cualidad: cuentan con aire acondicionado.

Esta compra es sólo una de las que ha realizado Carabineros bajo la gestión del general Jorge Rojas Langer al mando del Departamento de Adquisiciones y que hoy son cuestionadas. A ella se suma otra que involucra cerca de $2.680 millones y que se basó en un informe adulterado que Rojas Langer le entregó al general director de Carabineros, Gustavo González Jure. Precisamente, por esa compra es que el cuarto hombre de Carabineros hoy está siendo investigado por su propia institución.

INFORME ADULTERADO

A comienzos de 2012, Carabineros decidió renovar parte de su flota de vehículos policiales. En total, pretendía comprar 700 nuevos automóviles, entre retenes móviles y radiopatrullas. El proyecto era parte de una política de modernización de la institución, y contemplaba también la compra de nuevas balizas. Para ello, antes de abrir una licitación, Carabineros invitó a varias empresas para buscar productos que se ajustaran a los estándares internacionales. Dos compañías estadounidenses se presentaron: SoundOff Signal y Federal Signal.

En las distintas reuniones que sostuvieron los representantes de las empresas con Carabineros, se discutieron los requisitos para las nuevas balizas. Se requerían luces que funcionaran independientemente, focos bajo los espejos y un sistema de sirena y control digital integrado, entre otros aspectos. Las conversaciones derivaron en dos diseños creados especialmente para la policía chilena, uno por cada empresa. Una vez fabricados los prototipos, serían instalados en vehículos policiales operativos para someterse a prueba.

Cuando le presentaron los distintos modelos en agosto de 2012 al general Gustavo González Jure, él manifestó que le gustaba más el de SoundOff Signal, pero dejó la decisión final sujeta a la evaluación técnica y económica que debía hacerse dentro de un proceso licitación pública. El paso que vendría sería la apertura de la licitación para la compra de vehículos equipados con las nuevas balizas. Pero esa subasta pública nunca se realizó.

Philippe Reitich, representante en Chile de SoundOff Signal, se dio cuenta de que esa licitación no se realizaría cuando vio por la calle un radiopatrulla con una de las balizas de su empresa competidora. “Allí empecé a llamar a los oficiales que me habían solicitado las balizas y que me habían dicho que pronto se abriría la licitación, en la que participaríamos”, dice Reitich. Pero no obtuvo respuesta.

El 9 de octubre de 2012, Carabineros emitió una orden de compra por $2.699 millones para adquirir 232 radiopatrullas equipados con las balizas de la empresa Federal Signal. Los equipos que más le habían gustado al general director de Carabineros fueron desechados porque supuestamente les ingresaba agua. Así lo indica un informe que fue encargado por el general Jorge Rojas Langer y que él mismo le entregó al general director. Pero eso no es del todo cierto.

El informe habría sido confeccionado con datos adulterados, ya que las balizas de la empresa SoundOff Signal pudieron haber sido manipuladas para perjudicar a esa empresa. Los funcionarios que realizaron el informe están siendo investigados, pues se presume que abrieron la baliza y le metieron agua intencionalmente, a presión. Así, la empresa quedaba fuera de competencia y dejaba el camino libre a la segunda opción. Carabineros optó por concretar el negocio de la compra de los vehículos con E. Kovacs y Cía. Ltda., equipados con las balizas de Federal Signal, representados en Chile por la sociedad Grisolia y Cía. Ltda., que lleva años adjudicándose varias licitaciones de Carabineros.

Una vez que el general González Jure se enteró de que le habían entregado un informe basado en información que habría sido adulterada, ordenó de inmediato una investigación interna que apunta al general Jorge Rojas Langer. La indagación,  a cargo del tercer hombre de Carabineros, el general Carlos Carrasco, ya habría corroborado varias de las irregularidades conocidas por CIPER, entre ellas, la manipulación de las balizas para favorecer a una de las empresas en competencia.

Vea el comunicado de Carabineros respecto a investigación sobre compra de balizas

Esa noche de septiembre de 1976, el avión Lan despegó desde Santiago sin contratiempos. Su destino: Washington. Entre sus pasajeros, un hombre alto y con pinta de gringo. En su bolso de mano, cuidadosamente envuelto, un frasco de perfume Chanel Nº 5. Ninguno de los pasajeros supo que si una fuerte turbulencia los hubiera atrapado en la travesía, el contenido de ese glamoroso frasco les habría provocado la muerte. Porque el “gringo” era Michael Townley y su frasco no contenía perfume sino gas sarín con el que se pretendía asesinar al ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, quien vivía en la capital de Estados Unidos y había sido identificado como enemigo a eliminar por Augusto Pinochet y la DINA, su principal servicio secreto, del cual Townley era uno de los agentes más importantes.

Nunca se pudo establecer por qué el plan original de matar a Letelier arrojándole gas sarín en su almohada fue desechado. Se optó finalmente por la bomba que hizo estallar su auto en pleno corazón del barrio de las embajadas de Washington, el 26 de ese mismo septiembre. Y si bien muy pronto la justicia estadounidense puso en la mira al régimen militar chileno como principal sospechoso, pasarían años antes de que se supiera que en Chile la DINA y el Ejército habían fabricado armas químicas para eliminar a opositores y testigos molestos, y también como armas de destrucción masiva.

El primer cerrojo de la seguridad del laboratorio secreto de la DINA se rompió en marzo de 1978, ante la presión de Estados Unidos y del fiscal de ese país Eugene Propper, quien llegó a Santiago el 17 de marzo para agilizar personalmente la respuesta al exhorto enviado por el crimen de Letelier. Sin que los ciudadanos se enteraran, en esos días los cimientos de la dictadura se remecieron. La suerte de Michael Townley y del general Manuel Contreras se jugó entre dos bandos que se enfrentaron duramente. Finalmente, se decidió negociar la entrega de Townley. Fue entonces que su esposa, Mariana Callejas, se jugó un último recurso. Y le envió una carta manuscrita al general Gustavo Leigh, comdandante en jefe de la Fuerza Aérea, y en ese momento el principal detractor interno de Pinochet.

“Lo he pensado mucho. La Patria no es el Gobierno. Este Gobierno puede caer, la Patria continuará. Yo puedo morir, pero mis hijos sabrán, junto con todo el mundo, por qué está su padre en prisión. Nada puede detener ya lo que podría ser revelado, solamente yo puedo impedirlo, pero mi marido fue lanzado a los leones, estoy a la espera de nuevos acontecimientos. Mi última carta si mi marido recibe una condena larga y veo que mi hogar queda totalmente destruido, es la fórmula y una muestra de Andrea, producto químico desarrollado aquí, de increíble precisión y altura científica, un producto letal que en caso de guerra sería un arma absolutamente eficaz, pero que aquí ha sido usado para eliminar a personajes molestos porque los resultados son aparentemente un ataque al corazón” (1).

Townley fue expulsado a Estados Unidos en abril de 1978. En Chile los enfrentamientos al interior del régimen continuarían por largos meses y Callejas se desquitaría entregándole más tarde al FBI las confesiones que le dejó su marido horas antes de abandonar el país, donde relataba con detalles cómo se decidió la construcción del laboratorio de las armas químicas y los nombres de algunas de sus víctimas. En Chile nada se supo y nuevas víctimas se agregaron a la lista de Andrea.

Mariana Callejas conservó en su poder el frasco con sarín.

Millones para Lo Curro

La decisión de fabricar armas químicas en Chile se adoptó recién iniciado el año 1975. Fue el propio Manuel Contreras, jefe de la DINA, quien se la comunicó a Michael Townley. La cita se realizó en el cuartel general del organismo secreto, en calle Belgrado, cuando Contreras le entregó las instrucciones específicas y US$ 25 mil para una nueva misión que debía cumplir en México. Entonces se planificó el asesinaro del ex ministro de Economía de Allende, Pedro Vuskovic, entre otros dirigentes de la Unidad Popular que se reunirían en la capital mexicana.

En la confesión que hizo de su puño y letra el 14 de marzo de 1978 y que le dejó a Mariana Callejas, Townley resume esa reunión. Allí Contreras le informó que se daría inicio a la operación química y electrónica, para lo cual se compraría una casa que reuniera las características indispensables para asegurar el secreto de lo que en ese laboratorio se fabricaría. Townley debía encontrar el inmueble.

El fracaso del plan en México no fue obstáculo para el inicio de la operación. Una gran casa en el entonces aislado sector de Lo Curro, en Vía Naranja N° 4925, concitó el entusiasmo de Townley y Callejas, quienes de inmediato dejaron su vivienda en Pio X y se mudaron junto a sus hijos a la nueva residencia el 24 de enero de 1975, tras el pago de los US$ 25 mil desembolsados por Contreras.

Cinco meses después se firmó la escritura en la Notaría de Gustavo Bopp Blu. El documento lleva la firma de Miguel Ángel Vidaurre Folch, publicista, como el vendedor; y de Diego Castro Castañeda, “comerciante, domiciliado en calle Nevería N° 1.418” y Rodolfo Schmidt Menz, “comerciante, domiciliado en Providencia Nº 2.318”, en calidad de compradores. En las investigaciones judiciales posteriores ha quedado establecido que Diego Castro era la identidad falsa del entonces coronel Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, mientras la de Schmidt correspondía al mayor Rolando Acuña, quien actuaba como abogado para las operaciones secretas de la DINA. Ambos firman en representación de la sociedad Prosin Limitada, una sociedad pantalla de la DINA que se usó para múltiples compras en el exterior (2).

Desde el Cuartel General de la DINA se proveyó al nuevo cuartel Quetropillán, en Lo Curro, de una custodia armada permanente que resguardara el laboratorio químico que rápidamente se empezó a habilitar, además de los sofisticados equipos electrónicos para captar señales distantes y emitir mensajes al exterior que Townley instaló en el lugar. El jefe de Quetropillan tuvo derecho también a dos chóferes militares: Carlos Sáez Sanhueza y Ricardo Muñoz Cerda.

Mariana Callejas

El maestro carpintero Martín Melian fue el encargado de las ampliaciones y refacciones que requirió la que fuera una vivienda de cuidadores, la que se convirtió en el laboratorio químico que quedó con puertas metálicas y ventanas selladas con ladrillos. Años más tarde, su relato y el de la secretaria Alejandra Damiani ante el ministro Adolfo Bañados aportarían valiosos datos para reconstituir tanto los flujos de pagos desde el Cuartel General de la DINA, así como respecto de la rutina y las visitas de Contreras y otros oficiales a uno de los cuarteles más secretos del organismo de seguridad.

1975 fue un año muy intenso para Townley y el nuevo Centro de Investigación y Desarrollo Técnico de la DINA (Quetropillán). Los viajes al exterior se multiplicaron para traer equipo y materiales. Las principales compras las hizo Townley en Gallenkamp y Co, en Londres; y en Estados Unidos, en Fisher Scientific, donde José Santos en New Jersey y en PRC de Orlando, Florida. Para todas esas adquisiciones uso el nombre de Kenneth Enyard, la misma identidad falsa con que viajó a Argentina para asesinar al general Carlos Prats y su esposa en septiembre de 1974. Un gran aporte para la instalación del laboratorio fueron los equipos y materiales que le enviaba desde Alemania y otros países europeos Wolff Von Arnswaldt, quien también haría el mismo trabajo para la Colonia Dignidad (3).

La llegada a Lo Curro del químico Eugenio Berríos fue clave para agilizar el desarrollo de las sustancias letales. Townley conocía a Berríos desde los tiempos de la Unidad Popular, cuando ambos coincidieron en Patria y Libertad. Poco después se incorporaría el bioquímico Francisco Oyarzún Sjöberg, a quien Townley también había conocido a inicios de los ’70 en los grupos de ultraderecha y quien había huido a Bélgica tras un atentado, pues era hijo del embajador de Chile en ese país. En 1975, Oyarzún trabajaba en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y fue enviado en comisión de servicio a la Junta Militar de Gobierno, según dice el oficio firmado por el rector delegado Julio Tapia Falk. Pero su destinación fue la DINA.

Berríos y Oyarzún le imprimieron un nuevo ritmo al proyecto Andrea, cuyo producto estrella era el gas sarín. Las primeras pruebas comenzaron a fines de 1975, después del atentado a Bernardo Leighton y su esposa, en Roma, cuando Townley se dedicó en forma exclusiva a su desarrollo. El primer producto estable se obtuvo en minúsculas cantidades a principios de 1976. Fue entonces que comenzó la planificación de sustancias similares como Soman y Tabun, además de otros de extrema toxicidad: clostridium botulínica, saxitoxin y tetrodotoxina.

Un cambio en la línea de mando se produjo en ese momento. “A principios de 1976 se formó una nueva brigada –Mulchén– de la cual mi grupo formó parte como Agrupación Avispa. La Brigada Mulchén fue formada para cumplir misiones secretas de eliminación y otras de exclusivo resorte del director, Manuel Contreras”, confesó Townley, lo que fue ratificado en tribunales años después por otros agentes.

El mando de la Brigada Mulchén pasó por Raúl Eduardo Iturriaga y el capitán Guillermo Salinas. Con las obras terminadas y el gas letal casi a punto, Townley fue apoyado con más dinero y una secretaria: Alejandra Damiani, soldado 1° del Ejército y quien trabajaba en la subsecretaría de Guerra del ministerio de Defensa cuando fue destinada a Lo Curro.

“Mi cargo en la DINA era ser secretaria de Townley, quien recibía su sueldo a nombre de Andrés Wilson Silva. Townley era el jefe de la Brigada Quetropillán, que a su vez formaba parte de otra brigada denominada Mulchén. Yo concurría personalmente a retirar los sobres para la Brigada Mulchén al cuartel general de la DINA, en calle Belgrado”, diría más tarde Damiani ante el juez Adolfo Bañados.

Damiani también describió el laboratorio: “En la casa de Lo Curro, pero separada del cuerpo principal, había una casa anexa muy bien equipada, constituida por un solo recinto que servía de laboratorio químico. El laboratorio estaba a cargo de Townley en calidad de jefe, pero el especialista era Eugenio Berríos, empleado civil. Se hacía llamar ‘Hermes’. También trabajó allí por un tiempo Francisco Oyarzún. Entre los que iban más seguido a Lo Curro recuerdo al comandante Raúl Eduardo Iturriaga, el capitán Guillermo Salinas, Pablo Belmar, Armando Fernández Larios y el conductor de la Brigada Mulchén que se hacía llamar “Ricardo” (4).

A principios de 1976 faltaba sólo saber si el gas sarín era aplicable para los fines que se perseguían. “El proyecto Andrea dio resultados óptimos durante la semana santa de 1976”, diría Townley más tarde.

Sería el ministro Víctor Montiglio, en una investigación realizada en los últimos años, quien descubriría el cuartel secreto de la DINA en Simón Bolívar y, con ello, también uno de los episodios más estremecedores del experimento con sarín que en ese cuartel se llevó a cabo.

Un miembro de la DINA le relató: “En esa oportunidad llegó al cuartel Michael Townley a comprobar la eficacia del famoso gas sarín. Tal demostración fue a presenciarla Manuel Contreras. Una vez todos reunidos en el cuartel –entre ellos Juan Morales Salgado, Ricardo Lawrence, Germán Barriga, Armando Fernández Larios, la teniente Gladys Calderón y prácticamente todo el personal de la unidad–, Morales da la orden a Ferrán, Díaz Radulovich, al Chancho Daza y al Negro Escalona para que trajeran al patio de la unidad a dos detenidos peruanos. Cuando todos estuvieron en el patio, los dos peruanos, esposados y vendados, fueron apoyados en la muralla del pabellón de solteros y afirmados por Díaz Radulovich y Troncoso Vivallos. Townley se colocó una máscara y unas antiparras, saca de su bolsillo un tubo de spray, se acerca sigilosamente a los detenidos, les palpa la respiración y al momento en que éstos inhalan les aplica una dosis del gas spray. El primero de los detenidos cae instantáneamente, tiene convulsiones muy fuertes y en cuatro segundos aproximadamente estaba muerto. Luego hace lo mismo con el otro peruano quien cae muerto en la misma cantidad de tiempo. La dosis dispersa en el aire afectó a Díaz Radulovich y a Troncoso Vivallos, los que estuvieron a punto de caer al suelo. Al darse cuenta de esto, Morales solicita a los otros agentes que los lleven de inmediato a la oficina y le pide a Townley que los vaya a chequear. Después de algunos minutos éste dice que están fuera de peligro. Luego, la teniente Calderón procedió a inyectarles cianuro a la vena a los peruanos”.

Hasta hoy no se conoce la identidad de los dos ciudadanos peruanos asesinados en el cuartel de Simón Bolívar al probarse en sus organismos que el gas sarín estaba listo para ser utilizado como arma letal.

Muerte en Lo Curro

El 16 de julio de 1976 se agregaría una nueva victima del gas sarín. Y esta vez la ejecución fue en el propio cuartel Quetropillán de Lo Curro. Hasta allí llevaron al diplomático español de CEPAL, Carmelo Soria Espinoza, en calidad de prisionero. Los autores de su asesinato fueron integrantes de la Brigada Mulchén, que en ese momento encabezaba el capitán Guillermo Salinas.

En la ejecución de ese crimen fueron individualizados por la justicia el oficial Pablo Belmar, Juan Delmás (asesinado en Arica después del asalto al Banco del Estado ejecutado por dos de sus subordinados que fueron condenados a la pena capital), Patricio Quillot Palma, el teniente Manuel Pérez Santillán, el suboficial José Arcadio Aqueveque Pérez, el suboficial Jorge Hernán Vial Collao, el suboficial Bernardino del Carmen Ferrada Moreno, José Remigio San Martín y Jaime Lepe, el oficial soltero que un mes después de la muerte de Carmelo Soria fue destinado como jefe de escolta de Lucía Hiriart y que llegaría a ser secretario general del Ejército en 1991. Desde ese cargo, Lepe ejerció todo tipo de presiones hacia la justicia y sobre sus ex subordinados para impedir su juicio. Pero Pinochet no se jugó con fuerza por él y Lepe debió irse a retiro cuando la justicia ratificó su participación en el crimen de Soria, a pesar de que fue amnistiado junto a todo el grupo.

Mariana Callejas también entregó a la justicia su versión sobre la muerte de Soria: “El día que ocurrió el hecho puede que yo haya estado en la Quinta Región en Rocas de Santo Domingo, pues nos prestaba una casa un notario de San Antonio de apellido Bustos. Michael me manifestó que habían muerto a Carmelo Soria, que lo habían hecho los muchachos de la Brigada Mulchén…”.

“Le pregunté por el ruido que se escuchaba en esa oportunidad y era respecto del whisky que le habían hecho ingerir o vaciado a la víctima. Le pregunté por qué lo hacían y me dijo que era por motivos sentimentales en relación a un alto oficial de Ejército, pero no le creí. No creí, porque una respuesta similar me dieron en el caso del homicidio de Renato León, conservador de Bienes Raíces, en que también me dieron la explicación de que éste había violado a un niño de 5 años, hijo de un capitán de Ejército. Lo que sé es que la Brigada Mulchén llevó a Soria a nuestra casa, que en la propiedad había un auto nuestro Austin Mini azul, una camioneta Morris verde mía y un automóvil Fiat 125 Special color guinda del edificio Diego Portales, además de un Citroen Yagan, no recuerdo el color (era color amarillo verdoso dijo Martín Melian)”.

Callejas apuntó directo a otra de las personas que en ese mismo año 1976 fue eliminada por agentes de la Dina con gas sarín: Renato León Zenteno, conservador de bienes raíces de Santiago, hallado muerto el 30 de noviembre de 1976 en su departamento de calle Holanda N° 34, en Providencia.

Los peritajes indican que su cadáver fue encontrado vestido y tendido de espaldas en la cama de su dormitorio. Se dijo que el mayordomo del edificio había sorprendido a cuatro jóvenes bien vestidos intentando ingresar al edificio durante la madrugada. Cuando 30 años más tarde la justicia decidió investigar su muerte y se tuvieron las primeras confesiones, se supo que Eugenio Berríos formó parte del grupo que lo asesinó, pero no los motivos. Y en una de las confesiones, uno de los autores recordó que cuando ya lo habían asesinado, y estando en la calle, Berríos recordó que había dejado el frasco de perfume con sarín en el velador de León. Y quiso regresar. Pero decidieron que no era prudente y abandonaron el sector.

La sorpresa sería mayúscula cuando al revisar las fotos que la Policía de Investigaciones guardaba en el expediente respectivo, se comprobó que en el velador aparecía el frasquito de perfume olvidado. Este juicio aun continúa abierto.

Sarín para los que hablan

A fines de 1976 nada hizo presagiar al grupo de la Brigada Mulchén que el año que se les venía encima dejaría huellas profundas. Todo indicaba que la impunidad era inamovible.

En la madrugada del viernes 24 de marzo de 1977 casi nadie en Santiago se enteró que la guerra estuvo a punto de estallar con incalculables consecuencias. Y, menos, que en el medio de la trama que puso en dos trincheras opuestas a un pelotón de la DINA fuertemente armado y a la dotación de una comisaría de Carabineros, estaban dos renoletas robadas: una de ellas de propiedad de Daniel Palma Robledo, arrestado con su vehículo y de quien nada se sabía desde el 4 de agosto de 1976, y la otra del ciudadano francés Marcel Duhalde, quien denunció el robo.

Todo habría salido a la perfección de no mediar la acción de dos carabineros que investigaron el robo del vehículo del francés y descubrieron a los culpables justo cuando desarmaban dos renoletas robadas en una casa en el sector del Cajón del Maipo, de propiedad del cabo Manuel Jesús Leyton. Este cabo de Ejército fue detenido junto al carabinero Heriberto Acevedo, a pesar de identificarse como miembros de sus respectivas instituciones y de la DINA.

El sargento Grimaldo Sánchez Herrera, de la dotación de Encargo y Búsqueda de Vehículos, no se amedrentó. Más aún, grabó el interrogatorio al que los sometió con el apoyo de su jefe, el teniente Alfonso Denecken. Finalmente Leyton confesó que una renoleta era del detenido desaparecido Daniel Palma Robledo y la otra le había sido robada al francés, para armar con las piezas de ambas una sola que les sirviera en sus desplazamientos. Y también confesó que las numerosas cédulas de identidad que le encontraron en una caja, pertenecían a detenidos que ya no estaban.

Manuel Contreras

El teniente coronel Vianel Valdivieso fue enviado por Manuel Contreras a rescatar a sus dos hombres. A las 2 de la madrugada del 24 de marzo de 1977, el cuartel de carabineros donde se hallaban detenidos Leyton y Acevedo fue rodeado por un contingente DINA armado para la guerra. Una hora duró el cerco que se estrechaba minuto a minuto. Hasta que Contreras, vía telefónica, logró que se los entregaran.

Acevedo le informó a Valdivieso que Leyton había hablado y que les habían incautado las cédulas de identidad y otras especies robadas a detenidos ya asesinados, además de las renoletas. Valdivieso se preocupó de llevarse todo. Pero el teniente Denecken dejó registro de las especies incautadas: 3 fusiles AKA y su correspondiente numeración, dos revólveres Llama, un revólver Smith & Wesson calibre 38, un revólver Famae, un revólver Rossi, un corvo del Ejército, 190 cartuchos de AKA, seis cargadores AKA, trece tarjetas con ficha “Confidencial” con fotos de personas, un estuche de madera con fotos de personas y licencias de conducir a nombre de distintas personas.

Un juicio por robo con violencia se inició a instancias del teniente Denecken. Leyton fue enviado a su casa y tres días más tarde llevado a la Clínica London, de la DINA. Más de treinta años más tarde, con las fichas médicas de Leyton ante sus ojos, el doctor Osvaldo Leyton Bahamondes fue obligado por el ministro Alejandro Madrid a recordar: “A las 10:30 de la mañana del 28 de marzo de 1977 me correspondió realizar una visita domiciliaria en un cuartel cuya identificación no recuerdo para examinar al paciente Manuel Leyton Robles. Se indicó hospitalizar… A las 24 horas del mismo día se describe que el paciente, mientras dormía, presentó cuadro convulsivo y cianosis (piel morada) y taquicardia de más o menos 30 latidos por minuto, lo que significa que su corazón latía muy lento. Se administró un miligramo de atropina para estimular el corazón. Se observa que aumentó la cianosis (escasez de oxígeno), razón por la cual se entubó y se aspiraron secreciones (es decir, el paciente ya había aspirado vómito) de la traquea. Momentos más tarde se constata paro cardíaco iniciándose maniobras de resucitación; el electrocardiograma mostró asistolia (el corazón se detiene), luego se describe fibrilación ventricular (el corazón está latiendo muy rápido), lo que se trata mediante desfibrilación ventricular (7 a 8 aplicaciones). A las 1:25 se suspenden maniobras de resucitación constatándose su fallecimiento”.

Esta descripción es exactamente lo que le ocurre a una persona a la que se le aplica sarín. Así, el ministro Madrid y su equipo de investigadores obtuvieron las confesiones de cómo y por qué el cabo Leyton debió ser asesinado.

En la ficha médica se lee que Leyton Robles fue ingresado a la clínica por el doctor Luis Hernán Santibáñez Santelices y que los médicos Leyton y Pedro Valdivia participaron en la reanimación. Su protocolo de autopsia acredita que la causa de su muerte fue “estado asfíctico consecutivo a aspiración de contenido gástrico regurgitado”. Y lleva la firma de los doctores Pedro Valdivia Soto y Osvaldo Leyton Bahamondes. Sobre su firma en el certificado de defunción, Leyton afirmó: “Con posterioridad a mi retiro de la clínica, fui visitado por un funcionario de la DINA, posiblemente el suboficial enfermero de apellido Toro, quien me solicitó algún tipo de certificado médico que acreditase la muerte del señor Leyton para que su esposa pudiese obtener beneficios provisionales”.

Leyton Robles murió a sólo horas de declarar ante un juez sobre el origen de la renoleta de Daniel Palma Robledo –abuelo de la actriz Leonor Varela–, un detenido desaparecido de cuya muerte sí sabía Leyton, porque era uno de los agentes del cuartel Simón Bolívar donde Palma fue asesinado.

Casa de Piedra

El procedimiento fue descrito así ante Montiglio por varios agentes: “Estuviera el detenido con o sin ropa, el cuerpo era introducido en bolsas de polietileno gruesas, una se introducía por la cabeza y la otra por los pies, luego le amarraban un trozo de riel de aproximadamente 70 centímetros y que tenían hoyos redondos (para poder fijarlos a los durmientes) por donde pasaban los alambres que los sujetaban al cuerpo de los detenidos. El alambre era común y corriente, del tipo de fardo. Los rieles, los alambres, los sacos y las bolsas eran guardados en el gimnasio a la vista de todos. Yo pude ver doce a quince trozos de rieles amontonados. Después los cuerpos eran metidos con dos sacos paperos que eran de plástico o cáñamo, por la cabeza y por los pies. Ambos sacos se unían con una hebra de alambre, luego se volvía a amarrar a la altura de los brazos y de las piernas”.

Lo que venía después de todo aquello era tirarlos al mar. Al mar también habían sido lanzados los prisioneros que torturaron y asesinaron en la Casa de Piedra, la residencia de Darío Saint Marie (Volpone), el dueño del diario Clarín, ubicada en el sector Lagunillas del Cajón del  Maipo. Así lo terminó confesando el agente de la DINA y oficial de Carabineros Ricardo Lawrence, sorprendiendo incluso al juez Montiglio:

“El grupo de dirigentes del PC detenido en calle Conferencia (entre los que se encontraba su dirigente, Víctor Díaz) fue ejecutado en el cuartel de la Casa de Piedra. En esa oportunidad me ordenaron prestar colaboración en el procedimiento empleado para eliminar los cuerpos, para lo cual tuve como misión custodiar dos camionetas que provenían de ese cuartel, ya con los prisioneros muertos y ensacados. Recuerdo que en un automóvil presté resguardo a dos camionetas del grupo de Barriga con quienes nos juntamos en un puente camino a San José de Maipo. Luego emprendimos rumbo en dirección al norte hasta llegar a la zona de Peldehue, ingresando por un camino secundario. Al llegar ya se encontraba un helicóptero en el lugar. Los vehículos se detuvieron y desde las camionetas se comenzaron a sacar los cuerpos ensacados subiéndolos al helicóptero. Germán Barriga dirigió este procedimiento. Abordaron el helicóptero y se dirigieron a arrojar estos cuerpos al mar”.

El cabo Manuel Jesús Leyton participó en las operaciones de la Casa de Piedra y en los equipos que arrojaron cuerpos de prisioneros del cuartel Simón Bolívar al mar. Y había más, porque la investigación de los ministros Madrid y Montiglio descubrió que Leyton era el encargado de quemar los rostros y dedos de los prisioneros con el soplete, para que no fueran identificados si es que emergían desde el fondo de las aguas.

Uno de los oficiales de la Dina describió así ante Montiglio lo que hacían Leyton y otros con los prisioneros: “Después de asesinarlos, se les borraban las huellas dactilares con un soplete a parafina, y se borraba cualquier cicatriz  característica del cuerpo, a la vez que le sacaban todas sus especies personales tales como anillos, relojes y sus tapaduras de oro de sus dentaduras”.

Las prácticas que en esos días utilizaban los agentes de la DINA en sus cuarteles secretos, los asesinatos de prisioneros con gas sarín y los cuerpos de los ya muertos lanzados al mar, eran secretos que no podían ser revelados. Mucho menos en tribunales, donde cada día se respondía que los detenidos desaparecidos no existían. Por eso Manuel Contreras ordenó asesinar al cabo Manuel Jesús Leyton en marzo de 1977, cuando ya se anunciaba en el horizonte que el asesinato de Orlando Letelier en Washington traería complicaciones.

El asesinato de Leyton reforzaría aún más el pacto de silencio entre los integrantes de la Brigada Mulchén. Casi todos siguieron haciendo el mismo trabajo en la CNI o en la DINE. Dos de ellos se ligaron estrechamente a Eugenio Berríos: José Remigio San Martín (quien utilizaba la chapa Alberto Arroyo Quezada y fue durante los ’80 el custodio de Berríos) y Pablo Belmar, quien participó en la muerte de Carmelo Soria, del conservador de Bienes Raíces Renato León Zenteno y coordinó los pasos del asesinato del cabo Manuel Jesús Leyton.

No es de extrañar entonces que a fines de los ’80 y principios de los ’90 se lo encuentre en la operación comandada por el brigadier Jaime Lepe para acallar a todos los testigos que podían empañar la figura de Pinochet. Porque el otro cordón que los une hasta ahora es que la misión principal de los hombres que integraban la Brigada Mulchén era “otorgar seguridad al Presidente de la República y ocasionalmente proporcionar protección a otras autoridades del gobierno”, según declararon en tribunales tanto Lepe como Belmar.

La orden: eliminar a Odlanier Mena

En 1977 la investigación del crimen de Orlando Letelier en Estados Unidos fue conduciendo una y otra vez al corazón de la DINA y a su jefe, y de ahí a Pinochet. La presión que se ejerció desde el norte para que Pinochet entregara a los culpables surtió efecto al interior del régimen y la crisis se instaló. Para darse un respiro, la DINA fue reemplazada en junio por la CNI. El rumor que se instaló fue que Manuel Contreras debería ceder su puesto al general Odlanier Mena, uno de sus enemigos internos. La Brigada Mulchén se puso nuevamente en acción.

Alejandra Damiani, la secretaria de Townley, relató a la justicia esos días:

“Cuando empezó a aparecer en la prensa lo de Orlando Letelier yo me encontraba en Arica. Fui llamada por Michael Townley a través de la Brigada de la DINA de Arica, ordenándome regresar. Una vez en Santiago, Townley me informó de los cambios que sobrevenían, que la DINA iba a cambiar de nombre, que llegaría el general Mena para reemplazar al general Manuel Contreras y que era necesario revisar los papeles que había en Lo Curro para hacer desaparecer documentación secreta, papeles vinculados a algunas operaciones que había llevado a cabo la DINA, como por ejemplo, la Operación Andrea”.

Michael Townley

La orden fue que ni un solo papel que comprometiera las operaciones secretas debía caer en manos de Mena y su gente. Cuando el ministro Bañados le preguntó a la secretaria de Townley qué se entendía por Operación Andrea, su respuesta fue: “La referida Operación Andrea consistió en poner a prueba un producto químico que aplicándolo en el rostro podía causar lesiones mortales al ser respirado. Entiendo que causaba convulsiones y provocaba finalmente la muerte. Supe o escuché que también se había eliminado a un notario de quien decían que era homosexual; y de la operación con desaparecidos: de 15 a 20 en Peldehue. Otras operaciones se llevaron a cabo en la Villa Grimaldi”.

Pero la resistencia de los hombres de Contreras, de su “ejercito en las sombras” como le gustaba llamar a sus agentes, fue más allá. A Berríos se le encargó buscar la forma de eliminar a Mena.

El Instituto Bacteriológico, al cual tenía fácil acceso por su trabajo anterior con el doctor Osvaldo Cori en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, fue el lugar que escogió Berríos para seleccionar ciertas bacterias letales. A través del grupo de secretarias del régimen que controlaba Vianel Valdivieso, llegaron hasta el grupo más cercano a Mena en la CNI y se interiorizaron de sus costumbres. Muy pronto se decidió que la mejor forma de asesinar a Mena era introducir el veneno en el café que rigurosamente cada tarde, cerca de las 16 horas, se tomaba en su despacho. Lo que garantizaba el éxito era que uno de los colaboradores más cercanos del nuevo director de la CNI, aceptó ser parte de la operación.

El día señalado todo se hizo tal cual lo dispuso Berríos. Sólo que Mena, excusándose en una súbita indigestión, a último minuto pidió cambiar el café por una agüita de hierbas. El reemplazante de Contreras fue advertido de la amenaza: en los últimos años se ha dicho que quien lo previno fue Mariana Callejas. Como sea, el general Mena no sucumbió y se mantuvo al frente de la CNI. Pero debió aceptar que no había un solo documento ni registro ni archivo que le sirvieran. Su venganza fue la disolución de cada uno de los nudos que mantenían férrea lealtad con Contreras. No duraría mucho en el puesto. Sus enemigos se encargaron de hacerlo caer para que fuera reemplazado por el general Humberto Gordón. No fue tarea difícil. Lo que venía necesitaba de un hombre que no tuviera reparos morales.

Los hombres se Contreras se preocuparon de mantener el resguardo de los secretos. Una forma fue manteniendo a los agentes en lugares donde estuvieran controlados o contentos a la distancia. La suerte de Eugenio Berríos quedaría ligada al destino del laboratorio que Michael Townley había instalado en su casa en Lo Curro. Cuando finalmente el 7 de abril de 1978 Townley fue expulsado a Estados Unidos, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) reclamó el laboratorio secreto. Los encargados de desmantelarlo y de transportar las sustancias letales, serían miembros del Ejército a cargo del coronel Gerardo Huber, ex oficial de la DINA y en ese momento jefe del Complejo Químico e Industrial del Ejército.

Uno de los mejores amigos de Berríos de sus tiempos de Patria y Libertad, el ex oficial David Morales Lazo, relató más tarde: “Berríos fue interrogado por el general Héctor Orozco y en esa oportunidad me confidenció que la fórmula del sarín la había entregado al Alto Mando, al Complejo Químico Lo Aguirre”. Pero en 1977 Berríos trabajaba en el Complejo Químico e Industrial del Ejército en Talagante, como funcionario civil del Ejército. Su misión fue perfeccionar un arma química: el gas sarín. Sin embargo, ya no era el mismo. Su afición al alcohol, a las juergas, a la droga y a la vida licenciosa, unida a todos los secretos que llevaba consigo sobre la acción oculta de la DINA, lo habían convertido en un ser inestable y peligroso. No podía andar solo. Cautelando que los secretos se mantuvieran resguardados, lo seguía como su sombra Remigio Ríos San Martín, ex integrante de la Brigada Mulchén, quien usaba la identidad de “Alberto Arroyo”.

Berríos estaba casado con una ex vedette a la que le cambió la identidad para intentar sepultar su pasado, convirtiéndola legalmente –con la ayuda de sus contactos– en Viviana Egaña Bonnefoy. En su poder él llevaba también una cédula de identidad falsa, con su foto, pero con el nombre de Hermes Bravo. Lo que Viviana no pudo olvidar fueron sus arrebatos de violencia.

“Un día peleamos con Eugenio y éste, muy enojado, sacó de un mueble un frasco muy pequeño de perfume y me amenazó. Mostrándome el frasco me dijo: sabe ‘Pellito’ (el sobrenombre que le puso), si usted se porta mal yo la mato con esto”.

En 1986, la relación de Eugenio Berríos y Viviana Egaña llegó a su fin. Ella declaró ante los tribunales que lo sorprendió en la cama con otro hombre. Su nueva pareja, el abogado Aldo Duque, a quien Berríos conoció cuando Duque trabajaba en la Tercera Fiscalía Militar y quien se convirtió en su amigo, lo vio un día tomar en su departamento una ampolla y decirle: “Esto es sarín, y con él puedo matar a cualquier persona”.

Las cepas asesinas

Las investigaciones judiciales en Chile y en Estados Unidos indican que a partir de 1978, en un recinto secreto del Ejército, se continuó desarrollando el cultivo de cepas de micro organismos patógenos. Un proyecto que adquirió nuevos bríos cuando en 1981 se inició la construcción de un nuevo laboratorio químico en la Escuela de Inteligencia del Ejército en Nos. Adicionalmente, una unidad bacteriológica se instaló en el Complejo Químico-Industrial de la misma rama castrense, en Talagante.

Uno de los jefes del nuevo Departamento Bacteriológico fue el doctor Eduardo Arriagada Rerhen, quien después de dirigir la Clínica London y luego la dirección de Sanidad del Ejército llegó a trabajar en 1990 al subterráneo de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), ubicada en calle García Reyes. Desde ese lugar, en 1981 se cerraba el cerco sobre dos figuras clave del mundo opositor: el ex presidente Eduardo Frei Montalva y Tucapel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Eduardo Frei Montalva se había convertido en el líder indiscutido de la oposición al régimen. Algo que quedó claro en 1980, cuando fue el único orador del acto realizado en el Teatro Caupolicán en rechazo al plebiscito de 1980 que Pinochet organizó sin registros electorales y bajo una gran represión para validar su nueva Constitución, y al que asistieron, entre otros, el actual presidente Sebastián Piñera. En 1981, además, Frei Montalva entraba en conversaciones con líderes sindicales que organizaban el primer paro nacional en rechazo al régimen. El más importante de esos dirigentes era Tucapel Jiménez.

Eduardo Frei Montalva

Si Frei se plegaba a la organización del paro nacional, el peligro para Pinochet y su régimen serían inminentes. Eran los días en que se fraguaba por primera vez desde el Golpe de 1973 la unidad sindical de los viejos dirigentes que habían apoyado el Golpe y los jóvenes líderes, entre los que destacaba Manuel Bustos, quien ya había organizado otro referente con dirigentes de izquierda. Y el hombre que podía aglutinar a toda la oposición era sólo Frei. Por eso se convirtió en el más peligroso para los servicios secretos. Así consta en un oficio que fue recuperado de la brigada C1-2 de la CNI, cuyos efectivos se encargaban de seguir cada paso del ex Presidente.

Era el momento de pasar a otra fase de la operación armas químicas. La llegada de un misterioso paquete a La Moneda en julio de 1981 marcó el inicio de nuevos movimientos. Marcos Poduje Frugone, químico del Instituto de Salud Pública (ISP) –dirigido entonces por el coronel de caballería Joaquín Larraín y cuyo jefe de Seguridad y Finanzas era el teniente coronel Jaime Fuenzalida–, recibió la orden de ir a la Cancillería a retirar un paquete que venía de Brasil. Según dijo más tarde, su sorpresa fue mayúscula al descubrir el contenido: “toxina botulínica”, una sustancia altamente peligrosa cuyo uso no era habitual. Las investigaciones posteriores establecieron que fue tal la alerta que encendió la existencia del paquete, que el coronel Larraín estalló en una crisis de ira por el periplo que había recorrido el “encargo” que quedó en sus manos.

No fue el único hecho extraordinario que se vivió por esos días en el ISP. El coronel Larraín le ordenó al mismo Poduje reparar un liofilizador, aparato que se usaba en la Planta de Liofilización del Cepario Nacional (colección de cepas de bacterias y virus), y luego instruyó a un funcionario para que lo depositara detrás del altar de una iglesia ubicada en la segunda cuadra de calle San Isidro, donde funcionaba una vicaría castrense. Hubo otro traspaso extraño que Poduje recordó años más tarde en tribunales:

“En el Instituto Bacteriológico existió una Planta de Éter la que fue traspasada al Complejo Químico del Ejército, ubicada en Talagante. Recuerdo también que el doctor Fabrega junto al doctor Salvador Ballard, jefe del Departamento de Producción, ambos de confianza del coronel Larraín, realizaron un curso en el Ejército, en una repartición de calle Eliodoro Yáñez (donde funcionaba un cuartel secreto de la BIE) y que viajaban mucho a través del país, desconociendo qué fueron a cursar ya que eran muy reservados y nunca lo comentaron en el Instituto”.

Otro profesional del ISP, Hernán Lobos Romero, recordó también ante la justicia que en esos mismos años llegaba hasta allí un médico de Parral a quien más tarde identificó como Helmut Hopp, de la Colonia Dignidad. Como ya se ha dicho, hasta el ISP también llegaba Eugenio Berríos. Puede que la información que aún falta en este puzzle esté en la ficha que el ex jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, tenía de Berríos, quien también trabajó en ese enclave alemán y compartió sus conocimientos de armas químicas con Schäfer, Hopp y otros.

Uno de los más recientes fallos del ministro Jorge Zepeda establece cómo fue asesinado el ex agente de la DINA asentado en Colonia Dignidad, Miguel Ángel Becerra Hidaldo, al intentar escapar. Una prueba de la similitud de venenos que usaron la DINA y los hombres de Schäfer para eliminar a los que se cruzaban en el camino.

Eduardo Frei Montalva se aprestaba a viajar a Europa para participar en la importante comisión Norte-Sur que integraba como único latinoamericano y que encabezaba el ex canciller alemán Willy Brandt. Pero un reflujo cada vez más molesto y doloroso lo impulsó a tomar la decisión de operarse en la Clínica Santa María, en noviembre de 1981. Quien sabía cada uno de sus pasos y de sus decisiones era su antiguo chofer y hombre de mayor confianza, Luis Becerra. Lo que Frei ignoraba era que Becerra trabajaba para la CNI en directa relación con la BIE (5).

Cuando Frei ingresó a la clínica, el grupo de inteligencia de la CNI y la BIE que lo tenía en la mira, ya había cercado el establecimiento hospitalario con sus agentes. Uno de ellos era el doctor Pedro Valdivia, quien tuvo una participación en el asesinato con sarín del cabo Manuel Jesús Leyton y que en esos precisos días se desempeñaba simultáneamente en la Clínica London, de la CNI, y en la clínica Santa María. La sencilla operación al hiato se realizó el 18 de noviembre. Pero una súbita y sorpresiva complicación obligó a hospitalizarlo nuevamente.

Muchos años más tarde, el doctor Valdivia reconoció ante el ministro Madrid: “Me enteré que Eduardo Frei Montalva había sido operado en la clínica por el doctor Augusto Larraín. También recuerdo claramente que en una oportunidad, estando de turno al mediodía, fui ubicado por una de las enfermeras, doña María Victoria Larraechea (hermana de la esposa del hijo de Frei Montalva), quien me señaló que don Eduardo Frei estaba complicado de salud solicitándome que fuera a examinarlo a su habitación, lo que efectivamente realicé. No recuerdo los detalles de los síntomas que tenía el paciente, sí recuerdo que tenía fiebre por lo que supuse que había infección. Le indiqué a la enfermera que era necesario ubicar al médico que lo había intervenido, el doctor Larraín, enterándome que no lo habían podido ubicar. Por este motivo se llamó al doctor Patricio Silva. Una vez fuera de la habitación divisé al doctor Larraín, y luego en el primer piso de la clínica me encontré con el doctor Patricio Silva, indicándole que había llegado el doctor Augusto Larraín a lo que él me respondió que a partir de ese momento él estaba a cargo del paciente”.

El 6 de diciembre de 1981, Frei fue operado por segunda vez. Nadie se explicaba por qué el cuadro infeccioso se extendía. El 8 de diciembre fue sometido a una nueva intervención quirúrgica. El cirujano Patricio Silva, del escalafón del Ejército y quien ocupaba un alto cargo en el Hospital Militar, dio el vamos a las 19:30 exactas. Eran horas críticas. En la sala de operaciones, junto al cuerpo del ex Presidente, estaba otro de los médicos de la clínica de la CNI Rodrigo Vélez Fuenzalida. Desde fuera llegaba el ritmo tranquilo de la ciudad en un día festivo. Pero en la clínica Santa María se respiraba angustia.

En esas mismas horas, un clima dramático se había apoderado de los presos en la Cárcel de Santiago y de sus familias. Dos delincuentes comunes y cuatro integrantes del MIR, del total de ocho reos que compartían la Galería N° 2 de alta seguridad, también se debatían entre la vida y la muerte: Ricardo y Elizardo Aguilera; Adalberto Jara y Guillermo Rodríguez Morales, jefe de las milicias de resistencia del MIR, condenado a muerte por un Consejo de Guerra; más los reos comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz.

Pero en ese momento en que los Frei Montalva depositaban la vida del jefe de familia en las manos de un equipo médico con estrechos lazos con el poder militar imperante y con sus servicios de seguridad más secretos, nadie ligó ambos hechos.

El 9 de diciembre de 1981, falleció el reo Víctor Hugo Corvalán Castillo en las dependencias de la enfermería de la ex Cárcel Pública. Once días después, murió en la Posta Central el reo Héctor Waldo Pacheco Díaz. La causa de muerte oficial para ambos fue una “intoxicación aguda inespecífica”. Nunca se hicieron análisis de sus restos. Más tarde se probaría que fue una “intoxicación por toxina botulínica”. Las mismas sustancias letales que habían llegado en un paquete desde Brasil al ISP y que el químico Eugenio Berríos preparaba en el laboratorio de la DINA y luego de la DINE.

Sólo en los últimos años se tendrán las pruebas de que la comida de los presos fue contaminada de forma deliberada. Los reos que sobrevivieron lo hicieron gracias a la ayuda médica de diferentes centros asistenciales, incluso del exterior. La Vicaría de la Solidaridad , de hecho, hizo una serie de gestiones por intermedio de la Oficina Panamericana dependiente del ministerio de Salud, que consiguió rápidamente la antitoxina en Atlanta, Estados Unidos, y en Argentina.

La investigación policial de Nelson Jofré y Palmira Mella determinó que los cuatro militantes del MIR encarcelados se cocinaban su propia comida todos los días, para lo cual eran proveídos de víveres por sus familiares, meriendas que compartían con los cuatro reos comunes de su misma galería. Eso fue lo que sucedió ese 8 de diciembre, cuando sus comidas fueron contaminadas con toxinas botulínicas que llevó hasta la cárcel José Roa, un ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA y en ese momento miembro de su sucesora: la Unidad Antiterrorista (UAT), dependiente de la DINE. En este hecho se basó el capítulo 7 de la serie “Los archivos del cardenal”, que TVN transmitió el pasado jueves 1 de septiembre.

Un juicio por las extrañas muertes de Corvalán y Pacheco (Proceso N° 136.311) se abrió en el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. Pero nada se avanzó. El 13 de octubre de 1983 la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento temporal de la causa y el caso quedó archivado. Hubo, además, manos interesadas en que no quedara huella. Un incendio convirtió en cenizas esos expedientes.

El ex Presidente Eduardo Frei Montalva falleció de un shock séptico sin explicación el 22 de enero de 1982. El fallo del juez Alejando Madrid establece que fue asesinado por la policía secreta de Augusto Pinochet “destruyendo su sistema inmunológico”, en un proceso similar al que ocurre con los enfermos de sida. Las huellas de talio y mostaza nitrogenada que registran sus restos exhumados en diciembre de 2004, ayudaron a destruir su sistema inmunológico, pero el arma química letal fue el Tranfer-Factor, producto que no contaba con certificación internacional, traído desde Estados Unidos, y que le fue inoculado por vía subcutánea en la clínica Santa María, donde se operó.

El destino de Frei había quedado atado al de Tucapel Jiménez. Una semana después de que el ex Presidente ingresara por primera vez a la clínica Santa María, el agente de la DINE Carlos Herrera Jiménez recibió la orden de asesinar a Tucapel Jiménez. Algo que sólo sabía el reducidísimo círculo alrededor de Pinochet.

Así, un mes más tarde, en febrero de 1982, Tucapel Jiménez Alfaro fue asesinado. Un largo y obstaculizado juicio identificó a sus asesinos y también a quiénes impartieron las órdenes. Todos ellos formaban parte de un comando CNI-DINE.

El contenido de la resolución del juez Madrid abrió nuevas aristas sobre episodios pasados determinantes en la política chilena. Porque el doctor Patricio Silva Garín, quien fue procesado por su responsabilidad en el crimen de Frei, también atendió al general René Schneider poco antes de que muriera, víctima de un atentado que buscó impedir que Allende asumiera en 1970; y fue también el médico que examinó a José Tohá, ex ministro del Interior y de Defensa de Allende, cuyo supuesto suicidio en el Hospital Militar hoy es investigado por la justicia; y operó al general Augusto Lutz, quien falleció en 1974 de una septicemia similar a la de Frei luego de enfrentarse a Pinochet por la represión de la DINA. Ese día, Pinochet, en medio de todos sus generales, cerró la discusión así: “Señores generales, la DINA soy yo, ¿alguien más tiene alguna pregunta?”.

Los muertos de la democracia

Poco después de iniciada la transición, el 8 de noviembre de 1991, el juez Adolfo Bañados, quien investigaba el crimen de Orlando Letelier en Estados Unidos, ordenó detener al químico de la DINA, Eugenio Berríos. El hecho no causó revuelo ni titulares. Y en ciertas dependencias de la DINE hubo más de una sonrisa socarrona. Para entonces, “Hermes” –como lo conocieron en la Dina–, ya se encontraba fuera del alcance del juez.

Difícil resulta describir la decepción que invadió al equipo que secundaba al ministro Bañados cuando supieron que uno de sus testigos había escapado. Era la primera prueba de fuego para la frágil nueva democracia chilena y Bañados –inteligente y agudo, impenetrable y enemigo acérrimo de la figuración–, desplegaba los hilos de la mayor investigación judicial sobre la acción de la DINA que se haya hecho en Chile.

En esa trama, la figura del químico Eugenio Berríos fue poco a poco apareciendo como clave.

Lo que el equipo de Bañados no sospechaba era que, en esos momentos, un actuario, plenamente identificado, fotocopiaba y registraba cada testimonio, cada prueba, cada movimiento de los investigadores para informarlo de inmediato a una central que comandaba el general Fernando Torres Silva, en la Auditoría General del Ejército. La BIE era, a su vez, la encargada de ubicar a la gente involucrada y ya citada por los tribunales, para adelantarse a los testimonios que debían prestar ante los jueces.

Fue así como ubicaron a Eugenio Berríos y lo mantuvieron secuestrado durante casi 30 días en el cuartel de la BIE, ubicado en Alameda Nº 2577, y que ocupaba una gran extensión entre las calles García Reyes, Sotomayor y Romero. Justo cruzando la Alameda, por la vereda sur, en toda la esquina con Avenida España, estaba el Sexto Juzgado del Crimen donde Berríos debía declarar en el proceso Nº 7.981, por la muerte de Orlando Letelier.

El 8 de noviembre, vía Pluna, salió de Chile con destino a Uruguay el coronel Francisco Maximiliano Ferrer Lima, jefe del Servicio Secreto de la BIE, adiestrado en el M-5 en Inglaterra. Su misión: comprobar el grado de seguridad del “paquete” que el Ejército de Chile, a través de la DINE, le envió a sus colegas uruguayos para eludir a la justicia chilena.

Ferrer, quien integró el alto mando de la DINA y fue condenado años más tarde por su participación en el crimen de Tucapel Jiménez y también ordenó el cerco a Frei Montalva, sabía muy bien la importancia de la misión que se le había encomendado. No sólo por su condición de jefe del servicio secreto de la DINE, sino porque conocía en detalle los secretos que guardaba Berríos. El más importante: la fabricación de armas químicas.

Uno de los agentes estrella del Servicio Secreto de la BIE, Arturo Silva Valdés, fue el responsable de la operación escape de Berríos hasta el último detalle. Así, cuando Berríos cruzó la frontera por el sur en dirección a Río Gallego el 26 de octubre de 1991, en compañía del agente Raúl Lillo, Silva hacía lo propio hacia Argentina pero por vía aérea. Para ello, Berríos estrenó una nueva identidad: Manuel Antonio Morales Jara (6).

Muchos hombres del entorno de Pinochet respiraron aliviados cuando supieron que Berríos ya estaba en territorio uruguayo. Entre ellos, Gerardo Huber, otra de las piezas clave en la fabricación de armas químicas quien para entonces era el responsable de exportaciones e importaciones de Famae. No pasó lo mismo con el general Álvarez Kladt, quien ya no podía hablar ni de Huber ni de Berríos. Menos de armas. Meses antes, en una extraña circunstancia que hasta hoy despierta sospechas, el general se había suicidado siendo precisamente director del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, una de las instituciones que se formaron al alero de Famae para exportar armas, y que sorpresivamente fueron desmanteladas. Ya en ese momento, desde Estados Unidos, surgían rumores sobre la venta de sarín al exterior por parte del régimen militar.

Cuando el 9 de diciembre de 1991 estalló el escándalo del tráfico ilegal de 11 toneladas de armas de Famae destinadas a Croacia –detectado en un aeropuerto de Budapest con un empaque que simulaba ser cargamento sanitario–, el jefe de Famae, general Guillermo Letelier, entendió que esta vez sí estaba en problemas. Y tenía razón. El escándalo provocado por el tráfico de armas a Croacia, vulnerando la prohibición de la ONU para esa zona en guerra, provocó remezones políticos y militares. El general Letelier debió abandonar la dirección de Famae.

Menos de dos meses después, el 29 de enero de 1992, Gerardo Huber desaparecería desde las riberas del Maipo. Su cuerpo fue encontrado cuatro semanas más tarde en las aguas del río. En 1997, una nueva autopsia a sus restos revelaría que le dispararon y cayó con vida al río.

En noviembre de 1992, Eugenio Berríos escapó de sus captores en Uruguay y denunció que lo mantenían secuestrado “por orden de Pinochet”. El escándalo provocó un remezón institucional en Uruguay y múltiples repercusiones en Chile. El 13 de abril de 1995, Berríos fue encontrado muerto con dos impactos de bala en el cráneo, en un balneario del sector de Pinamar, en Uruguay. En agosto de ese mismo año, el ex chofer del coronel Gerardo Huber, el sargento Blas Merino Castillo, apareció muerto en el interior del automóvil fiscal que estaba asignado al director del Complejo Químico e Industrial del Ejército. Tenía un balazo en el pecho y portaba una cédula de identidad a nombre de otra persona. “Suicidio”, se dijo en el Ejército. Los procesos por la muerte del coronel Huber, por el tráfico de armas a Croacia y por el asesinato del químico Eugenio Berríos, donde están procesados tres oficiales uruguayos y cinco chilenos, están abiertos y a la espera de resoluciones. La historia de ese capítulo de muertes no se ha cerrado.

Y no sólo en Chile. Porque otra investigación sobre las armas químicas fabricadas por el régimen de Pinochet se hizo en Estados Unidos y se mantiene secreta. Podría ser explosiva. La inició Mariana Callejas, quien sólo en los últimos años confesó ante el prefecto de Investigaciones, Nelson Jofré, que había hecho entrega de documentos escritos de puño y letra por Michael Townley al FBI. Muchos otros colaborarían en el transcurso de los años venideros con esa investigación estadounidense.

Saul Landau, historiador, cineasta, analista e investigador estadounidense, quien escribió junto al periodista John Dinges el libro Asesinato en Washington, afirmó que “la investigación la hizo el FBI para una subcomisión de la Cámara Baja de Estados Unidos. Está condensada en un informe donde el FBI vertió gran parte de lo que logró averiguar sobre el gas sarín. Y lo hizo porque a Estados Unidos –y mucho más a la CIA– le preocupó ya que el sarín constituye una amenaza internacional porque no se puede botar. Esa investigación arrojó que se fabricó gas sarín en una cantidad suficiente para matar dos veces al Ejército peruano”.

“¿Quién lo tiene ahora? Esa es la pregunta. Hay rumores de que el régimen militar lo vendió a Irak en los años 80, que los israelitas tenían interés en comprarlo y que al menos se preocuparon de saber dónde estaba, así como de saber dónde estaba Eugenio Berríos. No deja de ser una coincidencia que el otro hombre que sabía del gas sarín, el coronel Gerardo Huber, haya desaparecido en extrañas circunstancias”, fue su acotación. (7)

Otra de las informaciones que han surgido en los últimos diez años es que antes de morir Eugenio Berríos tomó contacto con el régimen de Muhamar Gadafi en Libia para ofrecerles sarín.

De este capítulo ultra secreto de la dictadura faltan muchas piezas. La más importante es saber qué pasó con toda la fabricación de armas químicas y bajo qué resguardo se guardan, ya que no se pueden botar. Y quedan otras víctimas no identificadas aún, pero con pistas a seguir. Una nómina que estremece. Hay otra investigación jamás realizada: sobre los millones de dólares que se utilizaron para su fabricación y que salieron de las platas del Estado sin control. Una tarea que no termina porque un frasquito de perfume amenazante acecha en algún lugar.

El que quedó en manos de Mariana Callejas también desapareció con destino desconocido. Ella misma lo confesó a los policías hace pocos años: “Con respecto al atomizador de laca que contenía sarín, debo señalar que efectivamente lo mantuve por muchos años en mi poder ya que no sabía cómo deshacerme de él, hasta que se lo entregué a una persona de confianza quien me manifestó que después de tanto tiempo, el sarín ya no era capaz de producir ningún efecto. En cuanto al nombre de esta persona de confianza prefiero no mencionarlo…”.

(1) La fotocopia de la carta fue entregada a la autora de este reportaje por el propio general Gustavo Leigh en 1984, quien pensaba incluirla en sus memorias, las que estaba escribiendo y nunca han sido publicadas.

(2) El mayor Rolando Acuña, quien fue pieza clave de todas las sociedades que Manuel Contreras formó en Panamá para el financiamiento de las operaciones de la DINA en el exterior, murió en extrañas circunstancias nunca investigadas a pesar de existir confesiones que acreditan que fue asesinado.

(3) Wolff Von Arnswaldt declaró en tribunales que un oficial de la DINA, Christopher Willeke, le encargó una misión y le presentó a Alfred Schaack, ex soldado de Hitler que había combatido en el frente ruso y era representante de la Sociedad Benefactora Dignidad (Private Sociale Misión) en Alemania. “Schaack me contactaba en el aeropuerto, me entregaba unas maletas, y confieso que cometí una ilegalidad, porque durante tres años yo las enviaba a Chile como maletas de pasajeros por Lan. Me lo pedían Schaack y Willeke, y yo que conocía a la Colonia desde niño y me siento orgulloso de haber estado en repetidas oportunidades siendo huésped de Colonia Dignidad, lo hice. En Chile las maletas eran recibidas por Joe Blanc o Alfred Matus, estrechamente ligado a Paul Schäfer, y quien impartía las órdenes en las casas de Dignidad en Santiago: Campos de Deportes y Bilbao”, declaró. Y agregó que su sorpresa fue constatar que en el aeropuerto de Santiago “las maletas se retiraban con rapidez y sin revisión”.

(4) Parte de su declaración ante el ministro Adolfo Bañados, el 30 de septiembre de 1991.

(5) En los años 2000, la autora descubrió este nexo al entrevistar a Luis Becerra en una investigación que reconstituyó los últimos días de Frei Montalva. Becerra en ese momento era chofer del presidente del Senado, Andrés Zaldívar. La entrevista fue publicada en la revista Siete+7. Becerra debió confesar ante el ministro Alejandro Madrid y está procesado en el juicio por el crimen de Frei Montalva.

(6) Como dato anecdótico se dirá que el verdadero Manuel Morales fue interrogado y recordó que perdió su cédula de identidad cuando vivía al lado del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), en García Reyes y Alameda.

(7) Entrevista realizada por la autora y publicada en el diario La Nación del 17 de octubre de 1993.

El lunes 8 de noviembre de 2010 el fútbol y la delincuencia monopolizaban las conversaciones de los chilenos. El fútbol, por el sabroso desenlace del superclásico que Colo Colo había igualado en los descuentos y porque en la víspera el Presidente Sebastián Piñera por primera vez se mostró dispuesto a vender sus acciones de Blanco y Negro, tras asegurar que no había intervenido en la elección de la ANFP que originó la renuncia de Marcelo Bielsa. Y la delincuencia, porque aún se comentaba el escalofriante asalto que la semana anterior sufrió una familia de La Dehesa. Siete sujetos escalaron un muro y sorprendieron a los moradores cenando. La banda operó con aguda violencia y huyó con especies avaluadas en $25 millones, después de apuñalar a un chico de 14 años en un muslo.

Ambos temas complicaban a un gobierno que apenas llevaba instalado siete meses y cuya popularidad comenzaba a descender. Pero lo del incremento de la delincuencia era una carrera de fondo que el propio Presidente había escogido al prometer clausurar “la puerta giratoria de la justicia” cuando la opinión pública pedía “mano dura”. Quizás por eso, la ceremonia que ese mismo lunes 8 de noviembre se desarrolló en el Ministerio de Justicia pasó casi inadvertida. El entonces ministro Felipe Bulnes firmó un contrato que parecía avanzar a contramano de los intereses de la ciudadanía: mejorar la calidad de vida de los 54.789 reclusos de las más de 80 cárceles del país.

Bulnes debía resolver si seguía adelante con el programa de construcción de cárceles concesionadas iniciado bajo la administración de Ricardo Lagos. Para ello, dispuso el pago de US$3,8 millones (más de $1.800 millones) a la empresa estadounidense Altegrity Risk International a objeto de que ésta propusiera la mejor fórmula para la modernización del obsoleto sistema penitenciario. La adjudicación se hizo por “trato directo”, sin licitación, bajo el argumento de que nadie más en el mundo gozaba del prestigio de la consultora escogida, cuyo presidente es William J. Bratton, ex jefe de la policía en Nueva York y Los Ángeles. El encargado del área penitenciaria de Altegrity, empresa con experiencia en más de 30 penales de Estados Unidos y en diversos países, es Michael Berkow, ex jefe de la policía de Los Ángeles.

“No existen otros proveedores que cumplan con los requerimientos de conocimiento especializado y experiencia de la compañía seleccionada”, se indicó en el primero de los dos contratos suscritos con Altegrity. A pesar del monto involucrado, la ceremonia en la que se firmó el convenio contó con escasa cobertura de prensa. La condición infrahumana en que vivían los presos, sencillamente no importaba a los chilenos.

Exactamente un mes después, el principal tema de conversación de los ciudadanos fue la deplorable situación de los reclusos. El 8 de diciembre de 2010 fue un feriado amargo. Ese día el país madrugó enfrentado a las imágenes de la peor tragedia en su historia penitenciaria. Un incendio consumió los últimos pisos de una de las torres de la Cárcel de San Miguel. Hacinados en celdas colectivas, 81 internos murieron carbonizados o asfixiados, tras implorar a gritos por una ayuda que nunca llegó.

Siete meses más tarde, en junio de 2011, la asesoría que había contratado el ministro Bulnes entregó su primer diagnóstico sobre el sistema penitenciario. Sus conclusiones fueron un mazazo para Gendarmería. Una de ellas explica por qué nada funcionó para impedir el drama en San Miguel: “Existe muy poca seguridad en las cárceles debido a que el personal de Gendarmería no hace cumplir las normativas, no implementa prácticas de seguridad penitenciaria básica y no hace cumplir las normas de higiene y limpieza (…). Y lo que es más grave, Gendarmería no cuenta con un modelo o plan estandarizado para el mantenimiento de los establecimientos, ni con ningún mecanismo de auditoría para garantizar que se lleven a cabo estas funciones críticas”.

Altegrity fue contratada por el ministro Bulnes para llevar a cabo la asesoría en tres ejes de trabajo: un detallado diagnóstico del sistema penitenciario; un plan para redefinir por completo la infraestructura carcelaria, los sistemas operativos y los programas formativos de Gendarmería; y, finalmente, diseñar cuatro penales que se construirían bajo el gobierno de Sebastián Piñera, los que en sus primeros meses de funcionamiento serían supervisados por la misma consultora.

El oneroso desembolso de recursos públicos se justificaba por lo monumental de la tarea encomendada. Una de las asesorías más caras de las que tengan memoria los funcionarios de la cartera culminó recién en mayo de este año, pero los objetivos propuestos, de acuerdo con la investigación realizada por CIPER, no se completaron.

De los tres ejes, sólo se cumplió de forma íntegra con el primero, el segundo se desarrolló de manera parcial y el tercero quedó en nada, debido a que el Ministerio de Justicia no pudo cumplir con la meta de inaugurar las cuatro cárceles previstas. Sólo dos de estos penales -uno en Atacama y otro en Maule- siguen en carpeta, pero recién en la etapa final de la licitación de su diseño.

El ambicioso plan del ministro Bulnes chocó primero con la burocracia, que ralentizó los procesos de búsqueda y compra de terrenos; y luego con protestas ciudadanas y decisiones de autoridades comunales que impidieron la instalación de cárceles en Alhué y Santiago Centro (ver recuadro).

Actualmente se encuentran en operación siete penales concesionados y el octavo (Antofagasta) está en marcha blanca. El costo de construcción de estas cárceles supera los US$100 millones y la asesoría de Altegrity determinó que la alta inversión se debe a que esos penales se habían edificado con exigentes normas de seguridad, en circunstancias que los reclusos chilenos son en su mayoría de baja y media peligrosidad. La consultora determinó que Gendarmería clasifica mal a los internos, asignándoles niveles de riesgo superiores a los reales, lo que genera el despilfarro de recursos públicos en la edificación de penales más caros.

CARRERA CONTRA EL RELOJ

Aunque el diagnóstico realizado por Altegrity es el estudio más completo y descarnado sobre las graves falencias del sistema penitenciario, lo cierto es que el balance final indica que se pagó por un trabajo que quedó incompleto. Según se señala en el contrato, sólo el fallido ítem referido a poner en marcha cuatro cárceles bajo un nuevo sistema operativo tuvo un costo de US$1,2 millón.

Igual de preocupante, o aún más, es que todas las propuestas de Altegrity para generar un plan maestro penitenciario y un manual operativo para Gendarmería, corren el riesgo de convertirse en una ruma de papeles inútiles si el próximo gobierno las desestima. Para evitar que los $1.800 millones invertidos se apunten en la columna de las pérdidas, el proyectado plan maestro debe estar listo y operando -aunque sea en calidad de piloto- antes de marzo próximo, de tal forma que las futuras autoridades no puedan, o les resulte difícil, poner marcha atrás.

La actual ministra de Justicia, Patricia Pérez, indicó a CIPER que su objetivo es que el plan maestro que recoge las propuestas de Altegrity esté listo en diciembre. No obstante, el coronel Christian Alveal, jefe de gabinete del director nacional de Gendarmería, señaló a CIPER que es poco probable que se cumpla esa meta: “(El plan maestro) tenemos que estudiarlo en forma detallada, pero sería una irresponsabilidad tremenda que le dijera que en diciembre estamos en condiciones de ponerlo en marcha”.

Alveal indicó también las razones de la demora:

-Nosotros, como institución, tenemos una mirada que puede ser concordante, pero, como toda propuesta, está sujeta a los ajustes que podamos hacerle.

De hecho, Gendarmería ya desestimó la reforma sugerida por Altegrity a los métodos de formación de los gendarmes. De esta manera, la última palabra sobre la pertinencia de las propuestas elaboradas por una consultora que el ministerio calificó como única en el mundo y a la que se le pagaron casi cuatro millones de dólares, la tendrá Gendarmería, la misma institución cuyas prácticas fueron demolidas por el diagnóstico de Altegrity.

DIAGNÓSTICO LAPIDARIO

Los servicios que debía prestar Altegrity al Ministerio de Justicia quedaron plasmados en dos contratos. El primero fue por la elaboración del diagnóstico, tarea que le reportó US$275 mil (poco más de $130 millones). El segundo contrato fue por US$3,6 millones y consideró la elaboración de un plan maestro penitenciario, reformular los cursos de formación de gendarmes y, por último, diseñar y poner en marcha los cuatro penales que no se concretaron.

La etapa de diagnóstico se desarrolló entre noviembre de 2010 y junio de 2011. Sus conclusiones dejaron a Gendarmería desnuda sobre el escenario. Los especialistas estadounidenses recorrieron los más de 80 penales del país y desde el inicio se toparon con situaciones increíbles.

-Una de las primeras cosas que hicieron fue preguntar a Gendarmería cuántos presos había en Chile. La respuesta fue un desastre. Distintas instancias (dirección nacional, direcciones regionales y las unidades penales) les entregaron números diferentes. Ahí vieron que no había siquiera un buen sistema para medir la capacidad de las cárceles ni cuántos internos había en ellas. Fue un parto que Gendarmería pudiese decir en este momento hay tantos reclusos en Chile, tantos en esta cárcel y tantos en esta otra -recuerda Sergio Arévalo, ex coordinador del Área de Modernización del Sistema Penitenciario del Ministerio de Justicia, que actuó como contraparte técnica de Altegrity.

A tal nivel llegó la desprolijidad estadística de Gendarmería, que la consultora se eximió de responsabilidad en caso de que hubiese errores en las cifras y en su informe expuso que le resultaba sorprendente que no se contara con algo tan básico como lo es un sistema de estadísticas nacional, digitalizado y estandarizado.

El diagnóstico resultó un conjunto lapidario, completo y preciso, que desmenuzó el sistema y acusó procedimientos anacrónicos.

Altegrity recomendó tomar con extrema urgencia medidas correctivas drásticas, pues de lo contrario estimó que Chile estará condenado a seguir reproduciendo un panorama desolador: gasto fiscal excesivo en la construcción de cárceles que no responden al perfil promedio de los reclusos, porque se edifican con altos estándares de seguridad cuando cerca del 80% de los reos son de peligrosidad media o baja; escaso mantenimiento de la infraestructura de las unidades; mal sistema de clasificación y segregación de los presos; altos niveles de hacinamiento; casi nula rehabilitación; sistemas operativos de Gendarmería no estandarizados y formación inadecuada del personal de prisiones.

El índice que mejor expresa esta crisis sistémica es la sobrepoblación penal, que bordeaba el 60% cuando Altegrity hizo su estudio, con 54.789 reclusos en recintos con capacidad para 37 mil. El alarmante hacinamiento, precisó la consultora, en parte se debe a que los internos “son encarcelados en instalaciones diseñadas y construidas deficientemente, las cuales resultan inapropiadas para cumplir con las necesidades operativas o de seguridad”.

La asesoría identificó que se opera con un concepto regional en el diseño de las cárceles y no con uno de tipo nacional, lo que ha originado la multiplicación de pequeños penales que son más caros de mantener. De las más de 80 cárceles en funcionamiento, hay 23 con menos de 100 internos y 60 con menos de mil. Esto se contrapone al diseño moderno de penales, que por lo general albergan 2 mil internos o más.

Altegrity puntualizó que la seguridad penitenciaria se ha basado principalmente en que cada cárcel esté rodeada de un muro perimetral, custodiado por personal armado: “El foco de interés está sólo en el cercamiento”.

Este concepto de supervisión indirecta -donde los gendarmes están más preocupados de vigilar los perímetros que de lo que ocurre adentro-, facilita que impere la ley del más fuerte entre los internos y que se incremente la contaminación criminógena de los reclusos. Eso se potencia porque se ha tolerado que los internos establezcan divisiones precarias del espacio (con frazadas, por ejemplo) o que cuelguen ropa, lo que obstaculiza la vigilancia directa. También se les permite cocinar, por lo que reciben “encomiendas” que facilitan el ingreso de artículos o sustancias prohibidas y tienen acceso a combustible -como balones de gas-, lo que incrementa el riesgo de incendio y agresiones, tal como sucedió en San Miguel.

En muchos casos, constató la consultora, “los internos deciden quién puede vivir en ciertas unidades de habitación, lo que establece un sistema de castas y usurpa la autoridad”. Uno de los penales donde los expertos observaron esto fue en Puente Alto, donde el personal que los acompañaba “manifestó que los prisioneros sólo permitían que se trasladara a determinados reclusos a su piso”, consigna el informe.

La asesoría destacó que “históricamente” no han existido manuales de políticas ni procedimientos estándar para gestionar bien el sistema, por lo que muchas decisiones quedan libradas a la autoridad de turno en cada unidad penal.

MALA CLASIFICACIÓN DE INTERNOS

Altegrity también constató la ausencia de un elemento fundamental: una clasificación apropiada de los internos según su peligrosidad, para ubicarlos en recintos con niveles de seguridad adecuados para ellos.

Un buen sistema de clasificación es vital para tomar decisiones fundamentales, como determinar si se necesita construir cárceles de seguridad alta, media o baja (lo que implica diferencias significativas en el presupuesto de edificación); establecer la dotación de gendarmes que requiere una unidad y hasta los planes de educación y trabajo para los reos.

Luego de analizar el sistema de clasificación chileno, Altegrity emitió un juicio brutal: “Absolutamente deficiente. Si bien Gendarmería cuenta con un plan por escrito para la clasificación, este plan difiere de las mejores prácticas reconocidas”.

La consultora dio cuenta de que los internos son clasificados mediante un mecanismo subjetivo y desfasado, diseñado en la década de los ‘80. Algunos de los parámetros que se utilizan para determinar la peligrosidad son: tatuajes, lenguaje vulgar, delito cometido y duración de la pena. A diferencia de lo que ocurre hoy en Chile, los sistemas de clasificación modernos son capaces de detectar que un interno de apariencia formal y lenguaje correcto, condenado a una pena baja por un delito menor, puede ser altamente agresivo; mientras que un sentenciado por asesinato puede ser una persona que cometió el crimen de manera circunstancial y es poco probable que desarrolle conductas violentas.

Esta deficiente clasificación se refleja en la gran cantidad de presos considerados de alta peligrosidad en el sistema. De una población penitenciaria de 54.789 personas, más de 12 mil están en la categoría de máximo riesgo (22%). Altegrity contrastó estos resultados con los de sistemas correccionales basados en las mejores prácticas de clasificación, donde sólo entre el 5% y el 7% se ubica en ese nivel.

La asesoría también detectó unos 15 mil internos de baja peligrosidad ubicados en instalaciones de máxima seguridad. En un sistema moderno, esos reos estarían en celdas tipo dormitorio colectivo, algunas de ellas en entornos sin protección de seguridad. Esto origina, según estableció la consultora, que el Estado gaste irracionalmente sus recursos para construir principalmente cárceles de seguridad media, con gruesos perímetros de concreto, para custodiar presos de bajo riesgo.

Un buen programa de clasificación, aseguró la consultora, arrojaría que la mayoría de los internos chilenos son de media y baja peligrosidad y que requieren recintos de menor costo y sin perímetros de alta seguridad.

Si el sistema que usa Gendarmería ya es deficiente, la consultora constató que la situación se agrava porque los internos “están mezclados sin tener en cuenta su clasificación (…). Esto fue claramente puesto de manifiesto en el incendio de San Miguel, en el que murieron internos de todo tipo”.

De los cuatro penales que se iban a construir bajo este gobierno, Altegrity modeló tres de ellos para albergar internos de baja y media peligrosidad, reservando el cuarto para que operara únicamente como un centro de clasificación y distribución de los reclusos que ingresan al sistema. Por tal razón, el diseño propuesto por la consultora requiere menos inversión en sistemas de seguridad y sus costos de edificación resultan inferiores a los de penales concesionados. Según informó la ministra Pérez, la última cárcel concesionada integrada al sistema, en Antofagasta, significó una inversión de US$140 millones. Con ese monto, aseguró, se construirían dos de las unidades propuestas por Altegrity.

LOS PRESOS DEBEN TRABAJAR

El informe de la consultora estableciò que el sistema judicial es altamente punitivo y castigador, a la inversa de la tendencia moderna que sanciona sin encierro los delitos de “mal comportamiento” (contra la propiedad y no contra las personas). Para ilustrar, comparó el tipo de delitos cometidos por quienes cumplen penas de cárcel en Estados Unidos y en Chile. Mientras acá la mayoría está recluido por ilícitos menos violentos (contra la propiedad), en Estados Unidos el grueso está encerrado por delitos violentos (contra personas).

En Chile, señaló el informe, las condenas de encierro por delitos contra la propiedad superan a las originadas por crímenes contra personas en una proporción de 6 a 1. A la inversa, en Estados Unidos las sentencias de cárcel por delitos violentos exceden a las de ilícitos contra la propiedad por 3 a 1.

Respecto de la rehabilitación y reinserción de los reclusos, Altegrity expuso que los resultados del sistema son casi nulos debido a una falla de origen: “La gran mayoría de los internos no hace nada: no trabaja, no estudia ni aprende un oficio. Están almacenados en la cárcel mientras esperan el final de su sentencia”. En todo el sistema encontraron que sólo un 40% de los internos participaba de algún programa de trabajo y/o estudio.

Para la consultora, el modelo opera con la lógica de encerrar a los presos y evitar su fuga, siendo la vigilancia y seguridad las funciones más importantes. Esta visión, añade su informe, deja de lado entregar herramientas para que los internos se rehabiliten. Su recomendación es que los reclusos trabajen, estudien y aporten a la mantención del establecimiento: “Un simple almacenamiento de personas es costoso y la evidencia demostró que es muy poco probable que produzca cambios de conducta”.

Si bien los expertos observaron que en algunos penales se capacita a internos, criticaron que “históricamente no se han desarrollado políticas, procedimientos estándar ni prácticas. Los asesores no pudieron obtener programas, planes de estudio de capacitación o programas de clases educativas de las cárceles”.

Sobre la preparación de los gendarmes, Altegrity resaltó que sólo tienen formación inicial, por lo que a largo de su carrera sus conocimientos pueden quedar obsoletos. Por eso, sugirió programas de formación continua, capacitación en el trabajo, especialización para tareas únicas específicas y que los ascensos y asignaciones con nuevas responsabilidades sean mediados por cursos que habiliten a los funcionarios para el cambio de labores.

A pesar de la contundencia del diagnóstico, Gendarmería ya desestimó las recomendaciones de Altegrity para modificar la formación de los gendarmes. La consultora proponía cursos cortos y de orientación práctica para que, cada cuatro meses, egresaran de la Escuela de Gendarmería funcionarios especializados en tareas concretas. Pero, la institución optó por reformular la malla curricular en sentido inverso: homologarla a un instituto profesional, con contenidos más académicos, para acceder a una posible acreditación. Para ello, contrató al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, actualmente procesado por soborno, cohecho y lavado de activos.

Díaz fue contratado por instrucciones del ministro Teodoro Ribera, sucesor de Bulnes. Ribera es uno de los controladores de la Universidad Autónoma y socio del instituto profesional Incacea, entidades que debían ser acreditadas por Díaz en la CNA. De hecho, la acreditación de Incacea fue abordada por la CNA cuando Díaz estaba trabajando para Gendarmería. Por estos vínculos, Ribera terminó renunciando al gabinete en diciembre de 2012.

Por último, Altegrity fue taxativa respecto de la necesidad de que Gendarmería tenga un “Manual de Operaciones”, con políticas y procedimientos estandarizados. Su informe indica que “la capacitación actual simplemente no se relaciona con los conocimientos, las habilidades y las capacidades que necesitan los agentes penitenciarios”.

Próximo reportaje de esta serie: “El ambicioso plan para reformar las cárceles que el gobierno ya puso en marcha”.

CIPER accedió (por Ley de Transparencia) a un nuevo y más completo informe sobre la situación de los niños atendidos en la red de protección estatal y que revela las dimensiones desconocidas del fracaso de ese sistema. El informe fue elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y entre sus datos destacan no solo la presencia constante del abuso sexual en decenas de hogares, sino una crisis mayor que involucra, entre otros aspectos, la educación y la salud que reciben los 15.000 niños que el Estado debe proteger (los informes de las regiones disponibles se pueden consultar en la pestaña “documentos asociados”).

Para situar este informe en el contexto de los antecedentes que se han conocido en las últimas semanas -y que han activado una investigación del Ministerio Público, una masiva intervención del Ministerio de Justicia y una comisión investigadora en la Cámara de Diputados-, es necesario recordar que la actual alarma pública tiene un origen: la investigación realizada por una comisión que lideró la jueza de familia Mónica Jeldres y que el Poder Judicial trató de ocultar a la mirada pública.

Para hacer su trabajo la Comisión Jeldres utilizó una batería de instrumentos, entre ellos, una encuesta a cerca de 400 niños. La polémica que ha mantenido hasta hoy el tema en la agenda surgió a partir de 12 abusos sexuales consignados en la encuesta y que hoy investiga el Ministerio Público para proteger a las víctimas y determinar si las autoridades que supieron de estas situaciones actuaron con la diligencia que exigen por ley sus cargos públicos.

Pero la Comisión Jeldres usó otros instrumentos para su investigación y que son tanto o más importantes que la encuesta: la revisión de los antecedentes de 6.500 niños internados y el examen de las condiciones materiales en 108 residencias. El informe que presenta ahora CIPER es la sistematización de esos dos insumos y ofrece un detallado acercamiento a toda la vida de los niños internados: abarca la escolaridad, la atención de salud, los abusos sexuales, el trabajo que las instituciones hacen con las familias y la vigilancia que mantienen los tribunales sobre cada menor, entre otras áreas.

El informe deja en claro que si el sistema fracasa no es sólo porque fallen los hogares y el Sename, sino porque en muchos momentos del proceso de cuidado y sanación, los tribunales son parte del problema.

El informe evidencia también que, en este sistema, no solo sufre la gran cantidad de niños abusados, en cuyos dramas se ha concentrado la discusión pública en las últimas semanas. Sufre también la gran mayoría de los niños que deben pasar largas temporadas en hogares que no están cumpliendo con los estándares mínimos en varios aspectos.

Uno de los indicadores que resumen los hallazgos de este informe es la cantidad de niños que aparecen expuestos a altos niveles de riesgo. Para elaborar este indicador se consideraron 21 situaciones tales como: “Número de niños que pese a tratamiento reparatorio mantienen conductas de sexualidad producto de un abuso”, “niños sin acceso a la red de protección social”, “niños con atraso escolar”; “niños con consumo problemático de drogas”.

El mapa resultante consigna la siguiente población infantil expuesta a riesgo alto:

Según el informe,  el “alto riesgo” constituye una alerta que debe llevar a revisar los procedimientos “a la brevedad, debido al alcance que significa para la integridad del niño”.

INTERNACIONES PROLONGADAS

Un aspecto muy relevante de este informe es que la Corporación Administrativa del Poder Judicial asume que la internación de los niños es siempre dañina. Se trata de un cambio en la mirada que ha dominado el sistema de protección por décadas, según la cual, el niño está mejor en un hogar que con las familias que no pueden cuidarlo. Citando estudios internacionales se afirma que “por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo”. La internación entonces debe ser restringida a casos excepcionales y por periodos breves. Ese principio, sin embargo, está lejos de cumplirse en las regiones visitadas.

En la Región de Los Lagos el promedio de internación es de cinco años y el 65% por ciento de los niños ha vivido una “larga institucionalización”, calificación que el estudio da a los niños que han pasado más de dos años en un hogar.

Una situación similar viven los 1.061 niños internos en la Región del Maule donde el promedio de permanencia es de casi cuatro años y el 81% de los menores presenta una larga institucionalización.

En la Región de Los Ríos, en tanto, donde el 69% de los niños presenta larga institucionalización, el promedio de estadía en los hogares es de 37 meses.

Entre las once regiones visitadas solo Coquimbo tiene un promedio de internación cercano a los dos años (31 meses). En el resto del país se actúa como si internar a un niño por años no le fuera a causar ningún daño. Una tendencia que llama la atención si se considera que un juez de familia no puede en su fallo internar a un niño por más de un año en una institución.

El estudio ofrece una explicación para esto, la que es también una dura crítica a cómo actúan los Tribunales de Familia con estos niños.

Según los datos reunidos, en una enorme cantidad de casos los jueces envían a los niños a los hogares a recibir tratamientos “sin plazo”.  Por citar algunos ejemplos: en Arica, el 79% de los niños ingresó “sin plazo” a las residencias de esa región y, consecuentemente, el promedio de internación es de 57 meses (4,7 años). En Antofagasta, el 80% de las medidas estaba “sin plazo” y el promedio de internación llegó a los tres años. En el Maule, región de periodos de internación alta, el 75% por ciento de las medidas se dictó “sin plazo”. En Los Ríos las medidas “sin plazo” se aplicaron en el 68% de las causas y, coincidentemente, un 69% de los niños ha sufrido una “larga institucionalización”.

¿Por qué hacen esto los jueces? El informe no lo explica, pero esa práctica se suma a varias otras que disminuyen el control del Poder Judicial sobre los niños. Por ejemplo, lo que ocurre con los informes trimestrales que los hogares deben enviar a los jueces informando sobre los avances de los niños. La Comisión Jeldres detectó que, en la mayoría de los casos, esos informes o no se enviaban o eran copias textuales del informe enviado anteriormente. Esa práctica puede llevarse a cabo porque muchos jueces no leen esos informes y se limitan a adjuntarlos al expediente del niño con un “téngase presente”.

Otra causa que reduce el control de los jueces es, según la abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, la presión que sufren los tribunales por cumplir con las metas de gestión que les  fijan sus superiores y el Ejecutivo. Según afirmó la abogada en una sesión de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, muchos jueces cierran las causas de los niños una vez internados, “cuando lo que debieran hacer es mantener la causa abierta y revisar las medidas que se toman, ver cómo se están adecuando a la realidad del niño, si el hogar le sirve o no, si el plan de intervención debe seguir aplicándose o debe ser cambiado”.

La abogada agregó: “Las metas de gestión fueron fijadas por la Comisión Interinstitucional que integran el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio de Hacienda, y para este año implica que el 85% de las causas tienen que estar terminadas en un plazo de 120 días desde que ingresan. Esas metas tienen a todos los jueces de familia del país de cabeza cerrando causas a como dé lugar y las principales afectadas son las causas de protección de niños y las de violencia intrafamiliar, donde las personas van sin abogado, porque la ley se los permite por un acceso más rápido a la justicia. Esas causas, donde las personas sin recursos van sin abogado, son las que se cierran sin siquiera abrir un juicio. ¿Para qué? Para que figuren como terminadas y suban las estadísticas. Ahí está el tema de fondo. Por eso estas causas no son seguidas por los jueces como la ley exige”.

SALUD Y EDUCACIÓN

La falta de control judicial que se ha descrito, explica por qué muchos indicadores de la calidad de vida de estos niños se mantienen por años en niveles inaceptables. Un ejemplo es lo que ocurre con la atención de salud que reciben los niños. Los hogares están obligados a mantener una ficha médica actualizada de los menores a su cargo, pero esa tarea tiene un alto nivel de incumplimiento, hecho que el informe califica de “grave problema”.

En Coquimbo, de los 272 niños en el sistema residencial, 44% carece de un historial médico actualizado (118 casos). La situación más grave la viven cuatro niños que padecen enfermedades crónicas y que no reciben tratamiento alguno. En la Región de O´Higgins, de  los 392 menores en el sistema, 35% (138 casos) no tiene ficha médica actualizada. Los niños con enfermedades crónicas que no reciben tratamiento son cinco. En Los Lagos, el 26% de los niños que sufre algún tipo de discapacidad no está con tratamiento y hay nueve con enfermedades crónicas en la misma situación de abandono.

La situación se repite con similares números en todas las regiones incluidas en este informe, mostrando que, aunque el Estado ha sacado a estos niños de sus casas para protegerlos, realmente no se está haciendo responsable de ellos. Las peores situaciones se registraron en la Región de Arica, donde, de los 17 niños que padecían alguna enfermedad crónica, 15 no recibían ningún tratamiento. Entre ellos había niños con parálisis cerebral, VIH, trastornos alimenticios y cáncer cérvico uterino. El abandono era completo y con el agravante de que en uno de los hogares donde vivían algunos de los niños (Ajllasga) operaba una red de explotación sexual que fue denunciada por la Comisión Jeldres.

Un panorama inquietante se presenta también respecto del tratamiento de las enfermedades mentales. En Arica, el informe consigna nueve niños con problemas de salud mental sin tratamiento. En Coquimbo, se registran cinco casos sin vigilancia médica. En O´Higgins, los niños sin atención son nueve. Salvo en Tarapacá, el problema se repite en todas la regiones, agregándose en algunas zonas el fracaso de los tratamientos. Por ejemplo, en la Región de Antofagasta se consigna que 10 niños, pese a haber tenido un tratamiento reparatorio, mantienen “conductas sexualizadas producto de un abuso”.

La falta de atención de salud de calidad es uno de los nudos críticos del sistema. Según cifras de SENAME, hay cerca de 1.500 jóvenes con graves problemas de salud que requieren atención especializada y para los cuales el aparato público no ofrece respuestas. Frente a los jueces que aceptan esa situación y tratan de adaptar sus medidas “a lo que hay”, la Comisión Jeldres instaba a los magistrados a asumir que su tarea es exigir el cumplimiento de los derechos de los niños. Así lo explicó a CIPER la abogada Paulina Gómez:

-En caso de vulneración grave de derechos, el juez debe ordenar que el niño reciba la prestación de salud que necesita, lo que no es otra cosa que exigir que se cumpla con las obligaciones básicas. Si la autoridad no cumple, se le decreta el pago de una multa o el arresto. Ante el anuncio del apremio, las autoridades administrativas -que conocen de sobra sus obligaciones-, como regla general, cumplen.

La abogada estima que si los jueces crecientemente exigieran el cumplimiento de los tratamientos que necesitan los niños, “las autoridades deberían rediseñar sus programas de acción y presupuestos”. Y los niños tendrían sus tratamientos.

La educación que reciben los menores internados muestra problemas igualmente preocupantes. Cuando el estudio trata de determinar si los niños poseen el nivel que corresponde a su edad, cientos de ellos muestran un retraso equivalente a dos años, lo que quiere decir que un niño que debe estar en sexto básico en realidad sabe lo correspondiente a cuarto básico.

En esa situación está el 52% de los niños internados en los centros de Arica, el 52% de los niños internados en Tarapacá; el 48% en Antofagasta; el 52% en Los Lagos  y el 55% en Magallanes. Preocupante es también la cantidad de menores calificados de analfabetos: 37 casos en la Región de O´Higgins; 33 en el Maule y 31 niños en Los Lagos, por citar los ejemplos más graves.

Es difícil encontrar alguna razón que justifique la presencia del analfabetismo en niños bajo la responsabilidad de un Estado que, de acuerdo a un indicador reciente, fue calificado de país de alto ingreso por el Banco Mundial.

ABSOLUTAMENTE ABANDONADOS

Otro aspecto delicado que revela el informe dice relación con las grandes dificultades que tiene el sistema para vincular a los niños con sus familias una vez que están internados. El informe no explora los motivos, pero en el debate público se han enfrentado dos visiones: una que sostiene que son las familias dañadas las que dejan de visitar a sus hijos en las instituciones; y otra que indica que son las instituciones las que marginan a las familias (sobre este tema ver columna del sicólogo Camilo Morales)

El resultado concreto es que hay una enorme cantidad de niños que el informe califica de “completamente abandonados”, es decir, que no son visitados por ningún familiar ni están en ningún proceso de vinculación para ser adoptados. Son niños que carecen de todo contacto afectivo con algún adulto que puedan considerar familia, hecho que probadamente producirá consecuencias en su desarrollo intelectual y emotivo.

En Arica, son 66 los niños “en completo abandono familiar”. De ellos, hay 32 casos en que los tribunales han determinado que son “susceptibles de adopción”. Sin embargo, de esos 32 menores, el 94% aún no está enlazado con una familia adoptiva.

En el Maule, son 207 los niños en completo abandono familiar. Los tribunales han determinado que 29 niños de esa región podrían ser adoptados, pero el 83% de ellos no estaba enlazado con ninguna familia.

En Los Lagos, los niños en abandono familiar llegan a los 206 casos. Los que podrían ser adoptados -según el tribunal- son 62 niños, pero el 96 % de ellos aún no está enlazado con ninguna familia.

A nivel nacional, 743 niños son calificados como “completamente abandonados” por el informe. Esta soledad es acrecentada por la mecánica institucional. En un alto porcentaje los niños internados tienen hermanos en el sistema. En la Región de Tarapacá el 56 % de los niños tiene hermanos en la red SENAME y en Antofagasta, la cifra alcanza al 57% de los internos. Como las instituciones distribuyen a los niños de acuerdo a sexo y edad, los hermanos muchas veces no están juntos.

Así, cientos de niños se enfrentan a largas internaciones solos o con visitas una vez al mes. Y ello en un contexto que indica que los niños internados en hogares tienen, según los estudios internacionales citados por la consultora de la Unicef Soledad Larraín, cuatro veces más posibilidades de sufrir abuso sexual que en sistemas de protección basados en alternativas familiares.

El abuso sexual es parte integral de la vida de muchos de los niños que permanecen internos. De partida, el abuso es, dependiendo de la región, la segunda o tercera causa de ingreso a la red, afectando a cerca de un 10% de los niños. La internación los vuelve a exponer a ese abuso, pues las políticas públicas han fracasado en frenar el problema.

La encuesta elaborada en 2011 por el  SENAME -“Mi derecho a ser escuchado”- detectó más de 200 casos de abusos sexuales. En el grupo de los niños de 7 a 12 años, el 7,8%  (157 niños) afirmó que alguien (no se precisa si un adulto de la residencia u otro niño) les había tocado partes íntimas de su cuerpo: “Identificando mayoritariamente más de una parte de su cuerpo, seguido de la vagina, el poto, el pene y los senos”, detalla el informe. Y agrega que “un 5,2% (105 niños) señala que le han hecho tocar las partes íntimas del cuerpo de otra persona”.

Respecto de los niños entre 13 y 18 años, el 4,1% (81 niños) señaló que alguien le tocó las partes íntimas de su cuerpo, mientras un 3,3% (66 niños) afirmó que le han hecho tocar las partes íntimas del cuerpo de otra persona.

El informe elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial consigna que el sistema tiene registros de 208 casos de abuso intra-residencial. La amplia mayoría de ellos ha sido cometido por otros niños internos que probablemente están repitiendo la experiencia de la que fueron víctimas. Los casos se concentran en la Región de Los lagos (71 casos)  y Maule (61 casos).

La relación contractual del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con uno de los asesores del ex director Francisco Labbé comenzó el día de los inocentes, el 28 de diciembre de 2012. Fue en esa fecha de la tradición judeo cristiana en que Juan Pablo Raide firmó el contrato por el que comenzó a recibir un sueldo que -de acuerdo a la primera investigación de CIPER sobre el Censo 2012- en realidad habría sido para su hermano Maximiliano Raide, el joven líder que impresionó a Labbé cuando era decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello.

Como presidente ejecutivo de la agrupación Jóvenes Líderes, Maximiliano Raide demostró alto poder de convocatoria de personalidades, desde el entonces ministro Laurence Golborne al tenista Fernando González, a quienes logró llevar a actos con cientos de alumnos de la Andrés Bello. Esto causó una buena impresión en Labbé.  Según relató en la investigación que sigue la fiscalía de alta complejidad Centro Norte, estas redes fueron decisivas para que Raide aterrizara en el instituto de estadísticas, ocupando un importante lugar y desplazando a profesionales del círculo más estrecho de Labbé.

Maximiliano Raide se convertiría en uno de los más cercanos asesores que tuvo el ex director del INE, especialmente en la última etapa de su administración, y fue ganando terreno a medida que la crisis institucional se expandía en el organismo y que los directores, de perfil técnico, iban siendo marginados de la toma de decisiones clave en temas del Censo 2012, como el cambio de metodología. Ese poder era coherente con el acceso a ciertos privilegios que, en la administración pública, resultan indiscutibles a la hora de ostentar, como por ejemplo un estacionamiento exclusivo de automóvil. “Max” Raide tenía el suyo y eso marcaba poderío entre los funcionarios.

La pregunta que hasta ahora no es posible aclarar es por qué contaba con esa regalía en dependencias del INE, si ni siquiera había firmado contrato con el instituto. Y por qué no recibía remuneraciones formales por los servicios entregados a Francisco Labbé. Esta arista ha sido poco explorada en la investigación que dirige el fiscal José Morales, pero ha despertado gran interés en la comisión investigadora que abrió la Cámara de Diputados sobre las irregularidades cometidas en el INE, y que se hicieron públicas tras el primer reportaje de CIPER, que daban cuenta de la manipulación de las cifras del Censo 2012.

Además, al interior del INE existen dos sumarios administrativos que involucran al grupo de asesores cercanos a Labbé y que se mantienen abiertos. Una para determinar la eventual responsabilidad administrativa en la filtración de datos censales a medios de comunicación, antes de su publicación oficial. Esta se inició como una investigación sumaria con el  número 1805 y es sobre la filtración de las cifras del Censo a El Mercurio el día antes de la entrega oficial en el cerro Santa Lucía, evento que fue presidido por Sebastián Piñera y el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira. Funcionarios del INE han apuntado hacia el ex asesor y encargado de las comunicaciones estratégicas del INE, Sebastián Mathews, como uno de los responsables.
Dicha filtración fue denunciada por la entonces directora de Comunicaciones del INE, Marcela Martínez, a Labbé, en un correo del 1 de abril de 2013, en el que afirmó que ese diario publicaría las cifras del Censo al día siguiente. “Acaban de llamarme para confirmar varios datos. Yo no confirmé nada y nunca he entregado información. Dentro de los datos me llamó la atención que estaba la cifra de cobertura. Esa cifra la sacamos de sus palabras en la presentación debido a que usted mismo me pidió eliminarlas”, dijo la periodista, quien días después fue despedida.

La segunda investigación sumaria es la Nº1906, por eventuales irregularidades en el proyecto Censo 2012 y por contrataciones de personal, donde los nombres de Maximiliano Raide, su hermano Juan Pablo, y Antonio Hartmann vuelven a ser centro de la indagación.

A través del departamento de comunicaciones del INE se informó que “mediante Resolución Exenta n° 2738/2013, se pone término a las referidas investigaciones y se elevan a sumario administrativo los hechos investigados, por cuanto se constata que revisten mayor gravedad de la estimada al inicio de las investigaciones”.

Además, se designó a Cristian Romero Cocuy, funcionario de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, para que siga con el sumario administrativo para esclarecer los hechos relativos al Proyecto de Censo de Población y Vivienda 2012.

LAS TRIANGULACIONES

Aunque Labbé lo niega, es la ex gerenta del INE, Mariana Alcérreca, quien lo acusa de dar las instrucciones de que el sueldo de Maximiliano Raide debía triangularse a través de terceros. Así lo relató al fiscal José Morales: “Maximiliano Raide era un asesor permanente del director, pero no pagado directamente por el INE. El sueldo de Maximiliano se pagaba a través de Juan Pablo Raide y Antonio Hartmann en el año 2013. El 2012 a través de Antonio Hartmann y Constance Pooley. Para contratar a estas personas me dio las instrucciones el director Labbé”.

Pese a que “Max” Raide registra estudios de Derecho en la Universidad de Los Andes, no tiene título profesional, por lo que no habría podido recibir los casi $4 millones por conceptos de honorarios si se le hubiese contratado de acuerdo a sus pergaminos académicos. Los ingenieros comerciales que sirvieron de intermediarios habrían sido, entonces, la solución para que Labbé conservara los servicios de Raide.

Sin embargo, en la comisión investigadora el diputado Felipe Harboe denunció que si bien Juan Pablo Raide firmó una declaración jurada diciendo que es ingeniero comercial, había un documento de la Universidad del Desarrollo donde se lo certifica como alumno regular y por lo tanto aún no titulado. El parlamentario cuestionó también que Labbé certificara su idoneidad como relacionador público pese a que no tenía experiencia en ese ámbito. Además, reveló que las referencias para certificar su idoneidad eran dadas por su amigo Antonio Hartmann y por una tía.

De confirmarse la triangulación, hasta abril de este año el “joven líder” Maximiliano Raide habría recibido un “sueldo” de $3.900.000, a través de su hermano Juan Pablo, quien tenía honorarios por $1.674.001 por desempeñarse como relacionador público; y a través de Antonio Hartmann Ramírez, quien ganaba  $2.225.522 como asesor económico, realizando “asesorías para la estratificación de empresas para la clasificación en las próximas etapas del IPC”.

En 2012, las triangulaciones habrían sido prácticamente por la misma cantidad de dinero ($3.896.000), pero a través de Constance Pooley Toplai, relacionadora pública, con $1.670.111; y a través de Hartmann, con honorarios que ascendían a $2.225.522.

Raide fue consultado por CIPER y solo respondió que los dineros nunca fueron triangulados hacia él y aseguró que trabajó en el INE pero en funciones que no fueron remuneradas, pues su intención era “hacer un aporte al país”.

LA “AMISTAD” ENTRE RAIDE Y LABBÉ

En sus declaraciones al fiscal José Morales, Labbé insistió en que Maximiliano Raide no recibía remuneraciones, pero al hacerlo destapó un flanco mayor. El hecho de que Maximiliano Raide no trabajara oficialmente en el INE implica que no existía un contrato que lo obligara a mantener la confidencialidad de los datos que pudo conocer gracias a su cercanía con el ex director.

En su declaración ante el fiscal, Labbé explicó que contrató a Raide cuando trabajaba en la Universidad Andrés Bello. Durante cuatro años, Raide llevó invitados que hablaban a los alumnos acerca de su experiencia profesional. “En ese contexto hicimos algún grado de amistad. Es una persona muy joven y muy capaz, con relaciones políticas muy transversales”, dijo el ex director del INE a Morales.

Maximiliano Raide y Antonio Hartmann formaban parte de Jóvenes Líderes, organización integrada por estudiantes de nivel socioeconómico alto que desde mediados del 2000 mantuvo cierto protagonismo en los medios, donde publicitaban sus encuentros con destacados políticos como Sebastián Piñera y empresarios de la talla de Ricardo Claro para intercambiar opiniones sobre la contingencia nacional e internacional.

Al momento de explicar su rol en el instituto, el relato es más ambiguo. Primero Labbé afirmó que fichó a la organización de Raide para incentivar a los jóvenes a participar como voluntarios en el Censo 2012, cuando aún se pensaba que éste sería “de hecho”, es decir se haría durante un día festivo con encuestadores no remunerados. En el documento que el ex director del INE envió a la Cámara de Diputados tras declinar la invitación para asistir a la comisión investigadora, Labbé dedica uno de los cuatro “capítulos” a explicar estas contrataciones. Ahí fecha en agosto de 2011 el momento en que Raide y Hartman empiezan a colaborar “con el objetivo de contribuyeran a reclutar a más de 600.000 jóvenes universitarios para desarrollar el Censo y realizar actividades en terreno de difusión”. Sin embargo, fue justamente en esa fecha que Labbé decidió que el censo fuera “de derecho” y por lo tanto no se necesitaba reclutar voluntarios.

Fue en septiembre, dice Labbé en su declaración escrita, que Raide pasó a integrar el nuevo Comité de Comunicaciones y Extensión creado cuando se decidió que el censo fuera “de derecho”. Ante el fiscal definió el rol de Raide de una manera más amplia: “Después de unas reuniones acordamos que Antonio Hartmann se integrara pero Raide dijo que no podía porque era una organización transversal. Le solicité me ayudara con sus redes políticas pero él no podía aparecer. Por eso Max Raide se integró y asistía a las reuniones de comunicaciones. Él asistía una media hora y después iba a reunirse conmigo”.

En el escrito ante la Cámara, Labbé deja ver que es consciente de las contradicciones entre las razones de la contratación y el trabajo realizado por el grupo de Raide, así como de los cuestionamientos: “Ninguna de las personas mencionadas, tuvieron acceso a información reservada en relación al Censo ni al INE. Su participación fue siempre en el aspecto comunicacional y de extensión, sin perjuicio de lo dicho respecto del origen de la contratación”. Labbé hace ver además que Raide no sólo trabajó ad-honorem en el INE, sino que antes ya lo había hecho para el ex subsecretario del Trabajo Marcelo Soto.

Consultado por el rol que Raide desempeñaba en la institución, el jefe del Proyecto Censo, Eduardo Carrasco, dijo al fiscal Morales que se trataba “de una persona amiga del director, pero enfocada a la parte de difusión”.

Ante el fiscal Morales, el ex director del INE relató otra función más de Raide y dijo que lo presentaba como su asesor en la relación con el gobierno. “Él me buscaba relaciones o contactos con el gobierno para ciertas cosas. La colaboración de Raide con el INE fue hasta el último día de mi trabajo como director”, agregó Labbé, quien insistió que el joven no recibió ninguna remuneración.

El fiscal Morales también le preguntó a Labbé en calidad de qué aparece Raide sentado a su lado en una foto publicada por CIPER. Labbé dijo no recordarlo, pero posteriormente le asignó un rol muy importante en la modernización del INE y en que se abriera hacia las universidades. Labbé volvió sobre este punto cuando el fiscal Morales le preguntó por Juan Pablo Raide, el hermano de su asesor. Según Labbé, Juan Pablo era quien contactaba a las universidades para los convenios. Sin embargo, este último no tenía oficina, ni horario, ni correo institucional del INE.

El jefe de gabinete de Labbé, Raúl Sepúlveda, confirmó que Maximiliano Raide no recibía sueldo porque no quería ser contratado por el INE y que quienes sí lo hacían –Antonio Hartmann, Juan Pablo Raide y antes Constance Pooley– sí asistían al comité de comunicaciones que se realizaba los miércoles. En todo caso, Sepúlveda enfatizó que era la ingeniera comercial y asesora del director del INE, Mariana Alcérreca, quien veía todos los temas de presupuestarios relativos a contrataciones.

En la red social profesional Linkedin, Maximiliano Raide registró ser “asesor Director en INE”, pero una vez que se destapó el conflicto en el organismo eliminó esa función.  El hermano de Raide, Juan Pablo, y Hartmann presentaron sus cartas de renuncia el 29 de abril, un día hábil después de la salida de Labbé del INE. Y un dato curioso es que ambos textos son idénticos (ver cartas de Raide y Hartmann).

EL TESTIMONIO CLAVE DE ALCÉRRECA

De acuerdo a lo expresado por el presidente de la Comisión Investigadora del Investigadora del INE, diputado Juan Carlos Latorre, el testimonio de Mariana Alcérreca este miércoles 28 de agosto será de gran aporte para la indagación que hasta ahora han levantado los parlamentarios. En la sesión del martes 27 de agosto decidieron invitar a  Maximiliano Raide y Sebastián Mathews, informó Latorre.

“Maximiliano Raide tuvo acceso a la información del Censo. Tuvo acceso a la síntesis de la información”, le dijo Alcérreca al fiscal, en uno de los temas más delicados de la ambigua relación de Maximiliano Raide con el INE. Esta versión debería ser ratificada por la profesional en la comisión investigadora y, de acuerdo a los parlamentarios que la integran, esperan que también clarifique la manipulación de las cifras del Censo 2012.

Mariana Alcérreca es un personaje clave en esta investigación, pues en su entrevista a CIPER aseguró que Labbé fue quien materializó la manipulación de los datos del Censo 2012 y reveló que incluso la instruyó a publicar que habían sido censados realmente 16 millones 600 mil personas en vez de los 15 millones 800 mil. Ella no aceptó la orden y le representó que había “engaño” al incluir a los moradores ausentes y viviendas desocupadas a la cifra de los realmente censados.

La arista de la manipulación de los datos del Censo fue abordada en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del lunes 26 de agosto. En esa ocasión, el jefe de departamento de estudios sociales del INE, el sociólogo Andrés Bustamante, aseguró en forma insistente que se le advirtió a Labbé que por recomendación de Naciones Unidas no se podía incorporar en la información definitiva del censo de población una estimación de crecimiento, de acuerdo a las nuevas casas construidas luego del pre censo.

“Quiero ser explícito en mencionar que el señor Labbé tomó la decisión de no transparentar la diferencia entre población censada y población imputada, pese a haber sido advertido en innumerables ocasiones respecto de que esto se tenía que hacer. Incluso, pese a recibir una minuta, una cita textual de la recomendación de Naciones Unidas, donde se decía que esto tenía que ser trasparentado. Por lo tanto, aquí no se puede decir que esto no se sabía”, sostuvo Bustamante.

Al día siguiente la comisión recibió la carta de Francisco Labbé, en que refuta todas las irregularidades de las que lo han acusado (ver carta).

COMITÉ DIRECTIVO PARALELO

Cuando la crisis del INE ya había sido destapada por los directivos que se quejaron públicamente de las decisiones que se estaban adoptando por no responder a criterios técnicos, el círculo de asesores de Labbé se estrechó aún más, quedando confinado al jefe del Proyecto Censo Eduardo Carrasco; al jefe comunicacional del INE, Sebastián Mathews; y a Maximiliano Raide. En palabras de Andrés Bustamante ante la comisión de la Cármara, “en un momento en el INE la forma de conducir las decisiones por los canales formales se fue perdiendo y se instaló una suerte de comité directivo paralelo donde estaban el señor Labbé a la cabeza, el señor Raide, el señor Mathews y el señor Eduardo Carrasco”.  Aseguró que incluso dentro del mismo comité directivo, personas que cumplían una función de asesoría directa –como el caso de Mariana Alcérreca o como Raúl Sepúlveda, que era su jefe de gabinete–, tendían a ser aislados de las decisiones más importantes”.

En lo que hasta ahora pocos han puesto el acento es en el secreto de confidencialidad que los profesionales del INE están obligados a cumplir y en la alta gravitación que puede generar en el mercado financiero la filtración de datos como los de la tasa de IPC. En la última sesión de la Comisión investigadora del INE se le consultó a Gerzo Gallardo, ingeniero comercial y jefe de Departamento de Estudios Económicos, si efectivamente Sebastián Mathews, a cargo de las comunicaciones estratégicas, pidió en una ocasión, anticipadamente los resultados de la medición del IPC. La respuesta fue categórica del profesional: “Sí, lo hizo, pero se le fue negado, por la relevancia que podría tener para especulaciones financieras”.

El tema de las filtraciones es particularmente sensible para los funcionarios del INE. Incluso el que dos diarios hayan publicado datos del censo el día del informe oficial, es considerado gravísimo. “El tema del censo es tremendo, pero que se filtraran las cifras es peor, porque el INE vive de la confianza. Si a usted le dicen el IPC es tanto, usted tiene que creerlo para que el país funcione”, explicó el 14 de agosto pasado a los diputados Juan Radrigán, jefe de Infraestructura Estadística del INE.

Vea el primer reportaje de esta serie: “Altegrity, la millonaria asesoría para modernizar las cárceles que quedó incompleta“.

El primer día de agosto fue el último en la vida del subteniente de Carabineros Daniel Silva. Cuando intentaba repeler un asalto a la sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes en Macul, recibió un impacto de bala en la cabeza. Dos de los tres asaltantes fueron detenidos. Además de la trágica muerte del policía de 27 años, lo que causó consternación fue que los dos sujetos arrestados habían sido condenados a penas de cárcel y estaban en libertad en virtud de los beneficios que les concedió Gendarmería.

José Miguel Muñoz Parada (45) fue condenado a 15 años por robo con violencia y homicidio. Debía quedar en libertad en 2015, pero en diciembre pasado se le otorgó la salida diaria, la que quebrantó en marzo cuando ya no volvió a dormir a la cárcel. Jaime Jorquera Ibarra (49) cumplía su condena en enero de 2014, pero estaba libre gracias a una reducción de la pena. Los beneficios de los que ambos delincuentes gozaban reavivaron la dura crítica contra la llamada “puerta giratoria”. El debate posterior dejó en evidencia la contradicción entre el principal eje de la campaña que llevó a Sebastián Piñera a La Moneda y las políticas que su Ministerio de Justicia comenzó a implementar en 2012. Ese año se multiplicaron los beneficios de excarcelación y penas alternativas al encierro.

Asumiendo las propuestas de la millonaria asesoría realizada por la consultora estadounidense Altegrity Risk International, contratada en 2010 por el ministro de Justicia de la época, Felipe Bulnes, este gobierno se convirtió en el que más ha excarcelado en las últimas dos décadas. En junio de 2012 dictó un indulto general para 6.616 reclusos, simplificó los trámites para obtener la libertad condicional, expediente por el cual sólo el año pasado fueron beneficiadas 2.276 personas, y comenzó a aplicar penas alternativas a los condenados a menos de 360 días de cárcel.

La consultora Altegrity fue contratada para realizar una reforma radical al sistema penitenciario chileno, trabajo que desarrolló entre noviembre de 2010 y mayo de 2013. En su crudo diagnóstico (ver el primer reportaje de esta serie), no sólo criticó las graves fallas de Gendarmería, sino que cuestionó el perfil “castigador” de la justicia chilena, pues sostuvo que hace un uso excesivo de las condenas que privan de libertad. Altegrity estableció que la mayor parte de los reclusos han cometido delitos menos violentos (contra la propiedad y no contra las personas) y abogó por la aplicación de penas alternativas para estos ilícitos, argumentado que así ocurre en los países con las mejores prácticas penitenciarias.

Así como el Ministerio de Justicia ya comenzó a aplicar la propuesta de Altegrity para reducir el hacinamiento endémico de las cárceles chilenas, a través de beneficios y penas sustitutivas, ya están en ejecución varias de las recomendaciones de la consultora. La principal: un plan piloto que se llevará a cabo en cuatro penales ya seleccionados, la adopción de un nuevo sistema de clasificación y segregación de los reclusos y la creación de un “Manual Operativo” para el trabajo diario de Gendarmería.

EL DESPILFARRO DE LAS CÁRCELES CONCESIONADAS

Apenas se instaló el gobierno de Sebastián Piñera, su ministro de Justicia, Felipe Bulnes, abordó un tema urgente: seguir con el programa de construcción de cárceles concesionadas, inaugurado bajo la Presidencia de Ricardo Lagos, o devolver al Fisco la responsabilidad de edificar penales. El alto costo de cada unidad construida bajo concesiones (más de US$100 millones por cárcel) y los litigios con sociedades que se las habían adjudicado, ponían en duda su continuidad. Por eso, Bulnes pidió cifras y revisó los informes sobre el sistema carcelario preparados por la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, que año tras año describían los horrores de un mundo que la mayoría de los chilenos prefiere no mirar.

En julio de 2010, sólo cuatro meses después de haber asumido la testera del ministerio, Bulnes viajó a Nueva York y se entrevistó con ejecutivos de Altegrity, reconocida por su experiencia en el rubro. Volvió con la convicción, inoculada por los expertos estadounidenses, de que la modernización del sistema no se reducía a construir más cárceles. Entusiasmado, decidió contratar a Altegrity y pagarle US$3,8 millones (unos $1.800 millones), para que realizara un diagnóstico del sistema, reformulara las políticas operativas de Gendarmería y actualizara la formación del personal de prisiones.

La modernización que se le encargó a Altegrity incluía una innovación clave: el diseño de cuatro nuevas cárceles que se edificarían bajo el gobierno de Sebastián Piñera y cuya puesta en marcha debía ser supervisada por la consultora. Sería allí donde los expertos estadounidenses probarían sus propuestas, las que quedarían plasmadas en un “plan maestro” exportable al resto de los penales del país.

La asesoría terminó en mayo de este año y quedó incompleta, porque el ministerio no fue capaz de concretar a tiempo la construcción de las nuevas cárceles. El resto del programa de trabajo sí se terminó y Altegrity entregó al ministerio 108 políticas destinadas a modernizar la administración de las prisiones y estandarizar el trabajo de Gendarmería.

Las conclusiones de la consultora apuntan a que los problemas endémicos del sistema penitenciario no se solucionarán construyendo más penales, como lo estima el enfoque con que históricamente se ha enfrentado el tema y que dio origen al programa de cárceles concesionadas. Este viraje, avalado finalmente por el gobierno, significó un quiebre con las políticas defendidas por su sector, que tal como lo evidenció un documento de Libertad y Desarrollo de agosto de 2012 insiste en promover la participación del sector privado.

La actual ministra de Justicia, Patricia Pérez, ex subsecretaria bajo las gestiones de Bulnes y de su sucesor, Teodoro Ribera, dijo a CIPER que espera tener estructurado el plan maestro diseñado por Altegrity en diciembre de este año y aplicarlo, a lo menos, como un programa “piloto” antes de que termine este gobierno. Para ello, ya se seleccionaron cuatro penales en los que se implementarán algunas de las principales políticas modeladas por la consultora.

La ministra corre contra el tiempo. Necesita dejar caminando el sistema antes del cambio de gobierno, pues cabe la posibilidad de que las autoridades que debuten en marzo no den continuidad a las propuestas de Altegrity y que la inversión de casi US$4 millones quede en nada.

LA PROPUESTA DE ALTEGRITY

Hasta ahora, la ministra Pérez se ha encargado de avanzar en varias de las sugerencias más importantes elaboradas por la consultora, como la adopción de un nuevo sistema de clasificación y segregación de los reclusos, el reordenamiento de las cárceles según su nivel de seguridad, la estandarización de políticas que antes quedaban a criterio de los autoridades de cada penal y la elaboración de un “Manual de Operaciones” para los gendarmes.

Otras propuestas clave de Altegrity, como la reforma a los procesos formativos y de capacitación de los suboficiales y oficiales de Gendarmería (ítem por el que se pagó US$700 mil a la consultora), fueron completamente desestimadas. La empresa propuso una malla curricular compuesta por cursos de corta duración y de enfoque práctico, para que cada cuatro meses egresaran funcionarios especializados en tareas concretas. Pero, la institución optó por una reforma que homologa la formación que imparte con la que se dicta en los institutos profesionales, similar a lo que ocurre en las escuelas de las Fuerzas Armadas.

Tras lapidar el sistema penitenciario chileno y desnudar las fallas de Gendarmería en la administración de las cárceles, Altegrity entregó su propuesta de cambio e indicó que la siguiente fase debía ser la construcción de nuevas cárceles bajo el criterio de “recintos modelo”. Estos penales, propuso la consultora, deben tener 2 mil o más plazas, a diferencia del concepto que impera actualmente en el sistema, donde hay muchas cárceles pequeñas, lo que incrementa los costos de mantención. De las 80  unidades que actualmente están en operación, 23 tienen  menos de cien internos y 60, menos de mil.

Los nuevos recintos deben fundarse –según Altegrity- “en el concepto de supervisión directa: los agentes penitenciarios estarán siempre en contacto con los internos”, para mantener un efectivo control de lo que ocurre dentro de los penales y así evitar el desarrollo de actividades ilícitas, las agresiones entre internos y el establecimiento de “castas” que “usurpan” la autoridad. Por eso, aconsejó que las nuevas unidades sean de diseño simple, de un piso, para permitir buena visibilidad y un control efectivo por parte del personal.

Además, propuso que en estos recintos se implementen programas de trabajo y/o estudio para el ciento por ciento de los internos, a los que se les deben dar algunas tareas para que se hagan cargo de la mantención del orden e higiene: “La idea de que no hagan nada durante todo el día ya no es una opción en la mayoría de los sistemas penitenciarios”.

El plan sugiere que las nuevas unidades se construyan principalmente con estándares de seguridad mínima, con el fin de diversificar los penales que ya están en funcionamiento, que son en su mayoría de seguridad media. La empresa estadounidense concluyó que resulta urgente construir cárceles de mínima seguridad, de bajo costo y acorde al tipo de internos más numeroso. Según sus estudios, más del 80% de la población penal chilena corresponde a los niveles de peligrosidad bajo y medio, pero una mala clasificación de los reclusos realizada por Gendarmería, que les asigna un rango más alto, ha originado que se construyan penales con estándares de seguridad más rigurosos de lo necesario y por lo mismo más caros, como ocurre con los recintos concesionados.

La consultora advirtió que tras diversificar el estándar de seguridad de los penales, es necesario contar con un sistema de clasificación de la peligrosidad de los internos “verdadero y objetivo”, que permita enviarlos a recintos adecuados al riesgo que representan para otros reclusos y para el personal. La consultora determinó que en la actualidad, Gendarmería clasifica a los condenados con parámetros obsoletos -como tatuajes, lenguaje y delito cometido- y sólo cuando ingresan al sistema. Su sugerencia incluye evaluaciones periódicas del progreso del interno, de tal manera que sirvan de insumo cuando se estudie concederle beneficios.

La propuesta contempla la remodelación de las unidades antiguas y, a largo plazo, el cierre de “las actuales cárceles pequeñas y predominantemente rurales”.

La consultora es taxativa respecto de la necesidad de que Gendarmería tenga un “Manual de Operaciones”, con políticas y procedimientos estandarizados. Su informe indica que “la capacitación actual simplemente no se relaciona con los conocimientos, las habilidades y las capacidades que necesitan los agentes penitenciarios”.

INDULTOS BAJAN EL HACINAMIENTO

En sus recomendaciones para combatir el hacinamiento en las cárceles, Altegrity argumentó que muchos de los delitos cometidos por los presos podrían ser sancionados con penas alternativas. Los expertos sugirieron realizar “un examen detallado de la población penal, los delitos, las sentencias y las condiciones de confinamiento” para reformar el proceso de condenas en el sistema judicial, a objeto de que pueda “contemplar sanciones que estén más acordes al delito”.

A pesar de que el argumento de Altegrity colisionaba con el eslogan de cerrar “la puerta giratoria”, el Ministerio de Justicia acogió sus recomendaciones y en junio de 2012 puso en marcha tres iniciativas que descongestionaron las cárceles: un indulto general, una ley que promueve penas alternativas para las condenas de prisión más cortas y la simplificación del proceso para conceder la libertad condicional.

El gobierno dio luz verde a un “indulto conmutativo” que benefició a internos de baja peligrosidad que cumplían ciertas características: mujeres que hubiesen completado dos tercios de su pena y condenados que ya gozaban de salida controlada o estaban en reclusión nocturna. Altegrity propuso sumar al beneficio a internos extranjeros, expulsándolos a sus países.

“Tomamos esa recomendación e incorporamos, dentro de la tramitación de la conmutación de penas, la expulsión de extranjeros”, señaló a CIPER la ministra Pérez. La autoridad explicó que estos presos tienen “menos posibilidades de cumplir penas en libertad y se les da más encarcelamiento”, pues no tienen arraigo ni “un medio familiar que les dé apoyo”.

El indulto beneficiará finalmente a 6.616 condenados, entre ellos 1.066 extranjeros. Esto convirtió al gobierno de Piñera en el que más ha indultado en las últimas dos décadas. Aunque bajo las administraciones de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos se otorgaron indultos generales, el número de excarcelaciones que generaron fue menor. En el gobierno de Lagos el indulto general rebajó la pena a 27 mil condenados, pero la mayor parte de ellos ya gozaba de libertad y sólo 1.574 internos abandonaron efectivamente la prisión. En el de Aylwin, el indulto general benefició con un rebaja de dos años a casi 3 mil personas, lo que significó que 1.340 quedaran libres.

Un reportaje publicado por CIPER en 2010 indicó que en las administraciones de la Concertación fue Eduardo Frei el que otorgó más indultos particulares, con 343 casos. Le siguen Ricardo Lagos (244), Patricio Aylwin (227) y Michelle Bachelet (a julio de 2009 anotaba 61).

La web de gestión de cumplimiento del gobierno indica que “a mayo de 2013 han sido beneficiados (con el indulto) un total de 2.902 connacionales y 772 extranjeros”. En total, 3.674 internos menos.

La modificación a la ley de penas sustitutivas fue otra iniciativa que bajó el hacinamiento, concordante con las propuestas de Altegrity. La consultora aconsejó moderar la aplicación de penas de encierro de corta duración, porque tienen un alto efecto de “contaminación criminógena”.

-El ministerio acogió esta recomendación y la abordó a través de la ley que establece la prestación de servicios a la comunidad, como una alternativa para las penas de cárcel de hasta 360 días -explicó la ministra Pérez.

La tercera medida que impactó en la sobrepoblación fue la reforma a la libertad condicional. La fiscal Mónica Maldonado señaló a CIPER que esto “eliminó la figura del seremi de Justicia en la decisión de otorgar la libertad condicional, porque hacía muy lento el proceso. Ahora es más rápido, ya que la decisión la toman comisiones de funcionarios de las cortes de apelaciones”.

El cambio fue radical. “El primer semestre de 2012, cuando aún participaba el seremi, salieron 767 personas con libertad condicional. Luego de la reforma, en el segundo semestre de ese año, salieron 1.499. En total, 2.276 personas en un año”, informó la fiscal Maldonado.

Las 3.674 personas ya indultadas y las 2.276 que obtuvieron libertad condicional en 2012 desocuparon 5.950 plazas del sistema. Estos números son los que explican la drástica disminución del hacinamiento entre 2011 y 2012: de 42,3% a 23%, según precisó el informe de la fiscal Maldonado en la cuenta pública del Poder Judicial de este año.

En algunos penales emblemáticos el impacto fue alto: Colina II redujo su sobrepoblación de 64,8% a 57% y en la ex Penitenciaría cayó de 140% a 117%.

EL PLAN MAESTRO

Más allá de los avances destacables en el índice de hacinamiento, Altegrity enfatizó que la solución a la crisis del sistema no se alcanzará sólo con una rebaja de la sobrepoblación. La consultora propuso una reingeniería completa que quedó plasmada en un “plan maestro” que considera tres ejes: cambios en infraestructura, estandarizar las operaciones de Gendarmería y actualizar la formación y capacitación de los funcionarios.

En su informe final, Altegriy propuso 108 políticas penitenciarias basadas en estándares de la Asociación Estadounidense de Correccionales. Estas políticas pretenden modernizar y estandarizar a nivel nacional las prácticas de los 12 mil funcionarios de Gendarmería, dotación que aumentará a 16 mil en 2016.

Entre las nuevas políticas sugeridas por la consultora se cuentan las de Clasificación de internos; Desarrollo, revisión, reseña y difusión de políticas; Preparación e implementación de presupuesto; Registro e historial del interno; Mantención de la planta física; Proceso disciplinario del interno; Políticas médicas y dentales; Admisiones de internos y procesamiento en el centro de recepción; Programas de trabajo para internos y Programa de preparación para la puesta en libertad.

La consultora sugirió que Gendarmería incorpore las nuevas políticas en un “Manual de Operaciones”, que será un archivo único destinado a homogenizar las prácticas en todo el país, pues la asesoría constató que muchos procedimientos se adoptan de manera local, según el criterio de la autoridad de cada penal. Así, por ejemplo, se detectó que las razones por las cuales un interno era castigado en celda de aislamiento diferían de una unidad a otra. Eso significó que del total de sanciones aplicadas a internos en 2012, un 70% correspondía a este castigo, que se supone debe usarse sólo en caso extremo. En línea con la proposición de Altegrity, este año la ministra Pérez impartió instrucciones para estandarizar el procedimiento:

-Los resultados han sido muy buenos. De hecho, el último reporte que me llegó está demostrando un descenso importante del uso de la celda de aislamiento, ya que ha habido una diversificación de las sanciones que se aplican a los presos.

Las nuevas políticas contienen prácticas muy diferentes a las que aplica actualmente Gendarmería. Por ejemplo, consideran cinco “conteo de internos” por día, contra los dos que se hacen hoy. Además, la consultora establece parámetros rigurosos para el conteo:

“Cuando se realiza un conteo se asevera que el interno se encuentra en su espacio asignado (no donde él desee estar); confirmamos que es el individuo que corresponde; afirmamos que se encuentra sano y vivo (en las cárceles se hace un conteo de los internos sintiendo su respiración y viendo su piel); afirmamos que el personal está inspeccionando la unidad y que las áreas donde los internos viven se encuentran en buen estado y sin actividades inapropiadas; le decimos a los internos que se encuentran en un lugar seguro y que no solo estamos acá para observarlos, sino también para protegerlos”.

El mayor número de conteos, afirmó Altegrity, “fuerzan a que el personal entre a las áreas donde los internos permanecen, realizando inspecciones cruciales en seguridad y así dar fe del buen estado de los internos (…). Esto ayuda a que mantengan menos pertenencias que puedan ser potencialmente utilizadas como camuflajes para escapar, ocultar objetos o sustancias prohibidas y que fuercen a otros internos a realizar actividades ilícitas y a evitar condiciones inseguras que puedan causar un incendio”.

El presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, José Maldonado, dice que “esos cinco conteos diarios que propone Altegrity no son novedad. Nosotros veníamos aplicando tres o cuatro conteos diarios desde la década del ‘80 hasta los primeros años del siglo XXI. Pero en ese tiempo teníamos un sistema de infraestructura ideal y la relación entre el número de gendarmes y reclusos era cercana al estándar, que es de 1 a 3. Pero con la sobrepoblación que tenemos hoy, ¿de qué forma vamos a implementar cinco conteos en recintos como la ex Penitenciaría, donde hay más de 5.500 reclusos en celdas colectivas?”.

Maldonado critica con vehemencia las propuestas de Altegrity. A su juicio, la asesoría no fue más que un “gastadero”, porque asegura que no es cierto que su institución no funcione con normas estandarizadas:

-Existen las normas, siempre han existido, pero se encuentran dispersas, no están en un documento único. Ellos pretendían que Gendarmería les pasara un Manual de Operaciones, como el que utilizan en Estados Unidos, para revisarlo y corregirlo. Pero nosotros tenemos una cultura de norma específica: reglamentos, circulares o disposiciones legales.

LO QUE YA ESTÁ EN MARCHA

Al margen de las críticas de los funcionarios, la ministra Patricia Pérez terminó de recibir las propuestas de Altegrity en mayo pasado, y ante el fracaso del proyecto inicial que consideraba trabajar con cuatro nuevos penales, le dio urgencia a la tarea de aplicar las reformas en otras cuatro cárceles. La ministra informó a CIPER que las unidades seleccionadas para esta experiencia piloto son el Centro Penitenciario Femenino, la Cárcel de Talagante, Colina 1 y Puente Alto.

En ellas se probarán y evaluaran seis políticas de alto impacto: Uso racional de sanciones; Registro y comunicación de eventos; Comunicación de derechos; Uso de la fuerza; Registro y allanamiento y Visitas a la población penal.  Esta marcha blanca tiene por objeto evaluar esas políticas y adaptarlas a las necesidades locales, además de perfeccionar el entrenamiento del personal antes de implementar por completo el plan maestro en el resto de los penales del país.

Una de las propuestas de Altegraty más gravitante y que el ministerio ya puso en movimiento es la adopción de un moderno sistema de clasificación de los internos. Se aplicará de forma continua durante el período de encarcelamiento del recluso, como recomendó Altegrity, y no solo al ingreso.

-Estamos validando un instrumento de clasificación, basado en buenas prácticas, correspondiente a un modelo canadiense. Este instrumento clasifica factores de riesgo y factores protectores respecto de la persona, dejando a un lado parámetros como si un interno posee o no tatuajes o si utiliza un lenguaje vulgar -explicó la ministra.

El nuevo sistema de clasificación está siendo evaluado en personas que cumplen “penas sustitutivas”, es decir, en libertad. Luego se aplicará a los internos. “Basta con validarlo en el medio libre para después implementarlo en el medio cerrado. No requiere de ninguna disposición legal”, indicó la ministra Pérez. Una vez que el sistema de clasificación esté en uso, su aplicación irá de la mano con un proceso de reordenamiento de todos los penales según sus distintos niveles de seguridad: bajo, medio y alto.

La secretaria de Estado señaló además, que el ministerio junto a Gendarmería está trabajando en la elaboración del Manual de Operaciones, como lo sugirió Altegrity: “La idea es crear un manual que cada funcionario pueda observar de manera sencilla y que sea un documento que contenga lo esencial para el trabajo diario, portátil”.

La ministra cuenta que su cartera revisa con Gendarmería los avances de estas reformas mes a mes: “Ya tenemos las plazas reales con las que cuenta cada cárcel. Tenemos claridad respecto a infraestructura. ¿Qué nos falta? Que Gendarmería nos entregue la información de las dotaciones óptimas que requiere por unidad. Y ya estamos preparando un documento que vamos a entregar a la próxima administración con todo sintetizado en acciones concretas”.

El entusiasmo de Patricia Pérez contrasta con el escepticismo del presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, José Maldonado. El dirigente ha visto pasar muchos ministros y dice que bajo una nueva administración es probable que las propuestas terminen archivadas. Para graficarlo, Maldonado cuenta que ya en este gobierno los bonos de Altegrity fluctuaron entre el estrellato y el sótano, sin escalas, de acuerdo al ánimo de los tres ministros de Justicia que ha designado hasta ahora el Presidente Piñera:

-Bulnes le dio mucho énfasis. Pero cuando asumió Teodoro Ribera, Altegrity dejó de tener las puertas abiertas en Gendarmería y el ministerio no le dio tanta importancia. Ribera señaló, en una oportunidad, que no estaba de acuerdo con lo que proponían, que lo encontraba alejado de nuestra realidad, pero que iba a darle continuidad al contrato. Y cuando lo sucedió Patricia Pérez, nuevamente le dio énfasis. En resumen, dependía del ministro de turno.

Próximo reportaje de esta serie: “El plan para modernizar la Escuela de Gendarmería que el ex ministro Teodoro Ribera desechó”.