Vea los reportajes anteriores de esta serie:
-“Altegrity: La millonaria asesoría para modernizar las cárceles que quedó incompleta”
-“El ambicioso plan para reformar las cárceles que el gobierno ya puso en marcha”

Las conclusiones de la consultora estadounidense Altegrity Risk International sobre la formación que entrega Gendarmería a sus aspirantes a oficiales y suboficiales son tan duras como elocuentes: “El plan de estudios de la Escuela se concentra en estadísticas, sociología y otros programas que tienen poca o ninguna aplicación práctica en el entorno en el que el personal está a punto de ingresar (…). Esto genera que exista una gran desconexión del conocimiento y las habilidades que entrega la Escuela con respecto a lo que se requiere realmente para prestar servicio como un agente penitenciario dentro de una cárcel”. En síntesis, la enseñanza que se imparte a los gendarmes, según la evaluación de Altegrity, solo admite un calificativo: inútil.

El Ministerio de Justicia le pagó a Altegrity US$3,8 millones (unos $1.800 millones) por elaborar un diagnóstico del sistema penitenciario, rediseñar la infraestructura carcelaria y reformular los sistemas operativos de Gendarmería. Dentro de ese ambicioso plan, se incluyó un ítem especial para que la consultora reelaborara los programas formativos de los gendarmes en concordancia con los parámetros de enseñanza que se aplican en los países con las mejores prácticas penitenciarias. Por ese objetivo específico, el Fisco desembolsó US$700 mil (cerca de $350 millones).

La asesoría se inició en noviembre de 2010 y terminó en mayo de este año. Pero el informe de Altegrity sobre los planes de enseñanza de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios y la Escuela de Formación Penitenciaría -donde se forman los oficiales y los gendarmes, respectivamente-, estuvo listo en octubre de 2011. La consultora lo entregó al entonces ministro de Justicia Teodoro Ribera, quien, tras recibir el contundente y lapidario documento, puso en marcha una reforma a la malla curricular. Pero Ribera no tomó en cuenta las sugerencias de Altegrity y, por el contrario, dispuso modificaciones a contrapelo de la propuesta de los especialistas estadounidenses.

Mientras la consultora aconsejó reducir la duración de los cursos y enfocarlos exclusivamente en aspectos prácticos, como se hace en la mayoría de los países con sistemas correccionales de primer nivel, Ribera optó por una reforma curricular que homologaría la escuela a un instituto de educación superior, con asignaturas extensas y de corte más académico, para obtener posteriormente el reconocimiento del Ministerio de Educación y la acreditación de sus planes de estudio. La decisión del ministro sintonizó con una antigua aspiración del mando de Gendarmería: igualar su academia a las escuelas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI. Para conseguir ese objetivo, Ribera contrató los servicios del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz. Una decisión que, a la postre, le acarrearía un alto costo político. El vínculo entre Díaz y Ribera terminó gatillando la renuncia del ministro en diciembre de 2012.

Luis Eugenio Díaz actualmente está procesado por soborno, cohecho y lavado de activos. Se le acusa de haber utilizado sus cargos e influencia en la CNA para “vender” acreditaciones a universidades e institutos profesionales. Teodoro Ribera es uno de los controladores de la Universidad Autónoma y socio del Instituto Profesional Incacea, entidades que debían ser acreditadas por Díaz en la CNA. Lo que sepultó la carrera ministerial de Ribera fue que el proceso de acreditación de Incacea se desarrolló cuando Díaz estaba asesorando a Gendarmería.

PLAN DE ESTUDIOS INSUFICIENTE

En 2011, durante cinco meses un equipo de especialistas de Altegrity visitó la academia y la Escuela de Gendarmería, entrevistó a sus directivos y profesores, y observó en terreno la formación que imparten. “Todos los entrevistados concuerdan en que el plan de estudios actual es insuficiente para preparar a los estudiantes a asumir sus obligaciones dentro del sistema penitenciario”, fue una de sus elocuentes conclusiones. Otra: “Al examinar el plan de estudios, éste parece estar fuertemente concentrado hacia las asignaturas teóricas junto a una gran cantidad de ejercicios de formación y obligaciones ceremoniales innecesarias; existe muy poco de instrucción práctica; los planes para las clases son caóticos e inconsistentes y casi no hay innovaciones aparte del dictado de clases tradicional y las presentaciones de PowerPoint”.

Altegrity fue contratada en 2010 por “trato directo”, sin licitación, por el entonces ministro de Justicia Felipe Bulnes. En el primero de los dos contratos que se suscribieron con la consultora, se justificó el trato directo argumentando que “no existen otros proveedores que cumplan con los requerimientos de conocimiento especializado y experiencia de la compañía seleccionada (…). Se trata de un proveedor que cuenta con una reconocida experiencia internacional en todos los aspectos de la administración penitenciaria (…). Cuenta con un equipo altamente calificado, integrado por profesionales que tienen alrededor de 35 años de experiencia en el diseño y construcción  de cárceles (…). Además, ha realizado una gran cantidad de auditorías a instalaciones penitenciarias de América del Norte, América Central, América del Sur, África, Europa y El Caribe”.

Resulta extraño que el sucesor de Bulnes, Teodoro Ribera, haya desestimado las propuestas de una consultora que el ministerio consideró como única en el mundo y que, finalmente, entregara la sensible tarea de modernizar la formación del personal de prisiones a Luis Eugenio Díaz, sin experiencia en el área penitenciaria.

La actual ministra de Justicia, Patricia Pérez -quien fue subsecretaria de Bulnes y Ribera- explica por qué el ex jefe de la cartera desatendió las sugerencias de la consultora:

-(En 2012) hubo un cambio en la malla curricular, pero no tomó en un ciento por ciento las recomendaciones de Altegrity (…). El ministro Ribera planteó que se tomaran los insumos de Altegrity y que se rediseñara la malla curricular para que también incorporara una visión que tenga una similitud con otras instituciones, como Carabineros y la PDI. Es decir, que tenga un enfoque más vinculado a la formación que tienen instituciones similares en nuestra realidad cultural.

Al comparar el plan de la consultora y la reforma que finalmente se efectuó, resulta difícil encontrar puntos que indiquen, como lo señala la ministra Pérez, que se tomaron “los insumos de Altegrity” para efectuar las modificaciones. Por el contrario, las diferencias entre ambas propuestas son profundas. De hecho, la consultora señala en su informe que los esfuerzos por modernizar la escuela han sido obstaculizados “por intentos de mantener el actual plan de estudios y su duración, con el fin de implementar un modelo académico y no un sistema que apoye la misión de Gendarmería de administrar y operar de manera segura un centro penitenciario“.

Teodoro Ribera dejó la rectoría de la Universidad Autónoma para suceder a Felipe Bulnes en el Ministerio de Justicia en julio de 2011. Pocos meses después Ribera asumió a la cabeza del Consejo Directivo de la escuela que forma a los oficiales y gendarmes que trabajan en el sistema penitenciario. El nuevo ministro llegó a ese puesto en un momento clave: el consejo estaba impulsando el proceso de reforma y modernización de la escuela. Y el insumo más relevante -y más caro- para la toma de decisiones, era la asesoría de Altegrity que su sucesor, Felipe Bulnes, había puesto en marcha.

Fue Ribera el que recibió el diagnóstico elaborado por Altegrity (vea ese informe) que contenía tres consideraciones de vital importancia para orientar al Consejo Directivo: una evaluación de la infraestructura de la escuela, un análisis de los programas de formación y una propuesta de nueva malla curricular. Los dos primeros aspectos revelaron enormes y variadas deficiencias.

Respecto a infraestructura, el informe de Altegrity consignó que tanto las instalaciones de calle Artemio Gutiérrez, donde se forman los oficiales (ubicadas en el barrio de Avenida Matta), como las de San Bernardo, a las que asisten los aspirantes a gendarme (en el antiguo Estadio La Perla de Lo Espejo), poseen una planta física “limitada y no propicia para tener un conjunto completo de programas de capacitación que podrían incluir áreas de ejercicios prácticos. A los establecimientos les falta una cárcel simulada u otra área de capacitación para ejercicios prácticos, que podría facilitar la capacitación fuera de las aulas”.

La consultora también cuestionó “el actual sistema de dos centros de formación separados”, argumentando que es “contraproducente para producir personal bien capacitado y calificado que esté listo para asumir las funciones correccionales. La actual situación hace que se desperdicien los recursos, es ineficiente y crea una separación poco natural entre oficiales y suboficiales”. Altegrity recomendó que los dos centros se consolidaran en un recinto con instalaciones más amplias y eficientes, con centros de formación práctica, gimnasios y biblioteca.

En relación a los programas de formación, la conclusión fue tan dura como contundente. Calificó el plan de estudios como “insuficiente” para capacitar tanto a oficiales como a gendarmes, por lo que estimó que sus egresados no están preparados para asumir funciones dentro del sistema penitenciario. Además, criticó el enfoque académico que se da a la formación, con asignaturas tales como estadísticas y sociología, las que calificó de desconectadas con el entrenamiento que requiere un “agente penitenciario”. A juicio de la consultora, la formación debe centrarse en el aprendizaje de manuales de políticas y procedimientos que otorguen al estudiante un conocimiento práctico de las funciones que debe desempeñar en una cárcel. Pero, para su sorpresa, detectó que Gendarmería no opera con manuales operativos de ese tipo, que estandaricen los procedimientos a nivel nacional.

Altegrity también cuestionó la extensión de los cursos (dos años para los aspirantes a oficiales y un año para los futuros gendarmes), la que consideró “innecesariamente extensa” y que, además, origina “un uso poco práctico de los recursos disponibles en comparación a los sistemas de formación correccional en otros países democráticos”. El informe sugirió seguir el ejemplo de California para el entrenamiento de los alumnos gendarmes, “que tiene uno de los programas de formación de oficiales para correccionales más grandes de América del Norte, (donde) la duración es de sólo 16 semanas (cuatro meses)”.

La conclusión fue severa: “El resultado de estos cursos, como se refleja en las deficiencias operacionales de Gendarmería de Chile, no justifica la cantidad de tiempo que se dedica hoy, ni el plan de estudios”.

Finalmente, la consultora indicó que el personal de Gendarmería “sólo tiene una formación inicial tanto en la escuela de oficiales como en la de suboficiales y una vez que ingresan a trabajar en el sistema penitenciario no se siguen actualizando o especializando”. Por lo mismo, aconsejó adoptar programas oficiales de capacitación en el trabajo y de formación continua para el personal.

LA PROPUESTA DESECHADA

Luego de exponer la imperante necesidad de hacer cambios profundos en la formación del personal de prisiones, Altegrity elaboró su propuesta. CIPER solicitó por Ley de Transparencia el documento final con las sugerencias de la consultora en esta área, pero el Ministerio de Justicia rehusó entregarla por razones de seguridad. Aún así, del conjunto de informes elaborados por Altegriti a los que si se dio acceso, se pueden establecer las líneas generales de la propuesta.

-Ellos plantearon que una dificultad importante de los programas de formación era su orientación más teórica que práctica- explica la ministra Patricia Pérez.

Para dar el salto de lo teórico a lo práctico, Altegrity recomendó “tomar pasos para integrar la completa gama de objetivos de desempeño práctico, los que harían que la formación esté en mayor sintonía con los conocimientos y habilidades requeridas por el trabajo”.

En ese giro, el Manual de Operaciones que la misma consultora elaboró para Gendarmería (ver el segundo reportaje de esta serie) resultaba vital. La nueva enseñanza estaría concentrada en el aprendizaje y aplicación de las políticas y procedimientos estandarizados en ese manual. A diferencia de los cursos más académicos que entonces se impartían –y que se siguen dictando-, el eje de la formación sugerida por Altegrity era enseñar cómo proceder en situaciones de emergencia, allanamientos, uso de la fuerza, ingreso y egreso de internos, conteo de los reclusos, traslados, visitas, uso de celdas de aislamiento, entre otras situaciones de corte práctico.

-Además, propusieron una duración de los cursos de formación de 16 semanas en el caso de los suboficiales y de 22 semanas para los oficiales –agrega la ministra Pérez.

Esto significaba que los oficiales egresarían en seis meses y los gendarmes en apenas cuatro. De esta forma, en el mismo lapso en que hoy se forma un curso de oficiales, con la propuesta de la consultora egresarían cuatro cursos. Y en el caso de los gendarmes, saldrían tres generaciones en lo que hoy tarda en graduarse una.

Este plan de estudios acotado en tiempo y contenidos, señala el informe de Altegrity, “logrará producir un oficial correccional mejor preparado o más calificado, listo para asumir las obligaciones y responsabilidades intrínsecas de esta profesión”. Así lo avala, explica la consultora, la experiencia de los países con los mejores sistemas penitenciarios del mundo donde se aplican este tipo de planes de estudio y capacitación.

Teodoro Ribera recibió la propuesta de la consultora y la discutió con el Consejo Directivo de la Escuela de Gendarmería. En esas reuniones quedó zanjado lo que se iba a hacer con el estudio elaborado por Altegrity. En concreto, la duración de los cursos no se acortó ni se consolidó la academia y la escuela en un mismo recinto ni se implementó una formación práctica-operativa, a pesar de que el informe de Altegrity había sido enfático en estos aspectos.

La ministra Patricia Pérez explica que Ribera desechó lo esencial de la propuesta porque optó por generar una malla “que involucre lo operativo y lo académico, que genere una mezcla de ambos aspectos. En el fondo, un ajuste que pueda incorporar una mirada más práctica, incorporar elementos que no estaban presentes pero que también sea más acorde a la visión de la institución. Porque si tú tienes 80 años de historia, también es un elemento importante a considerar.  No puedes borrar esa historia de cuajo, sólo porque te lo recomienda una asesora extranjera”.

LA REFORMA DE RIBERA Y DÍAZ

En abril de 2012, seis meses después de que Altegrity entregara su informe, comenzaron a concretarse los cambios en la malla curricular de la Escuela de Gendarmería. Los puso en marcha el entonces ministro Teodoro Ribera.

-No podemos restringir la formación de nuestros estudiantes a semanas. Todo lo contrario, siempre hemos aspirado a aumentar la formación de los oficiales a tres años. Lo ideal sería, incluso, tener cuatro años. Y nos gustaría que la formación de los gendarmes durara dos años, por lo menos, en vez de los dos semestres de la actualidad, de tal manera que la formación de los educandos sea más integral -argumenta el jefe de gabinete del director nacional de Gendarmería, coronel Christian Alveal.

Las innovaciones que se aplicaron en 2012  fueron propuestas por el entonces integrante de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de la Educación Superior, Luis Eugenio Díaz. Corresponden a un nuevo plan de estudios, una redefinición de la organización interna y un perfeccionamiento del reglamento de evaluación. Díaz le dio sustento teórico a los cambios que coordinó el Consejo Directivo liderado por Ribera.

-El objetivo era tener las condiciones básicas para lograr el reconocimiento de la Escuela de Gendarmería como un centro de formación técnica o como un instituto profesional frente al Ministerio de Educación. Y luego la acreditación ante la CNA -indica el coronel Alveal.

Para Altegrity, lograr el reconocimiento y acreditación de la Escuela de Gendarmería era claramente un objetivo secundario: “Esto debería ser una segunda prioridad para el Ministerio de Justicia y no el foco en un rediseño de la malla curricular. El foco principal debería ser la formación y desarrollo de personal para que se incorpore de forma inmediata a ambientes correccionales”.

Luis Eugenio Díaz aterrizó en la Escuela de Gendarmería en noviembre de 2011, un mes después de que Altegrity entregó su informe final. Varios funcionarios de la Escuela cuentan que se instaló en  las dependencias de Artemio Gutiérrez, sede central de la entidad, donde desarrolló sus funciones hasta abril de 2012, cuando terminó de entregar sus informes, los que aparecen publicados en la web de Gendarmería (vea el “Informe preliminar” de estos documentos).

-A Díaz se le pidió una propuesta de malla más específica. Es decir, su labor se basó en tomar el insumo de Altegrity y las experiencias de Carabineros, de Investigaciones y de otros países, y plasmarlos dentro del plan de estudios o de cursos específicos. Pero también se le solicitó un sistema de evaluación docente, un sistema de evaluación de los alumnos, un sistema de selección de los alumnos, entre otros elementos- precisa la ministra Pérez.

Los servicios de Díaz al Ministerio de Justicia se dividieron en dos contratos. El primero fue suscrito en noviembre de 2011, apenas un mes después de que Altegrity concluyó su informe, y le reportó $3,3 millones. En el escaso plazo de una semana, Díaz debía “realizar un diagnostico del estado actual de la Escuela de Gendarmes, así como un plan de reestructuración de la misma”. El encargo incluía proponer “pautas de selección de postulantes, confeccionar nuevos planes y programas de estudio respecto de la formación de oficiales y gendarmes”.

En enero de 2012 se firmó el segundo contrato, por $6 millones, que le encomendó a Díaz realizar el “rediseño del perfil de egreso de funcionarios uniformados de Gendarmería. Actualización de la malla curricular de la Escuela de Gendarmería. Proponer asignaturas conforme a la actualización de la malla curricular” (vea el reportaje de CIPER “Las pruebas que confirman la venta de acreditaciones a universidades privadas”).

En total, Díaz percibió $9,3 millones y concluyó su trabajo en abril de 2012, según consigna la web de Transparencia del Ministerio de Justicia. Dos años antes había participado en la acreditación de la Universidad Autónoma, de la cual Ribera era rector y miembro de su grupo controlador. Ya entonces Díaz mantenía un vínculo cercano con Ribera. En el proceso que la justicia sigue ahora contra Díaz figura un correo electrónico en el que pidió a Ribera que recibiera en la carrera de kinesiología de su universidad a un sobrino-nieto: “Abusando de tu generosidad, ¿podrían beneficiarlo con alguna beca?, pues mi sobrina no tiene muy buena condición y tiene a otra hija estudiando en Santiago”.

Luis Eugenio Díaz no partió de cero la labor que le encomendó Ribera en la Escuela de Gendarmería. Su trabajo dio continuidad al que ya venían realizando los académicos Sergio Prince y Miguel Lecaros. El primero llegó a la escuela a inicios de 2011, con el cargo de secretario general académico, y su principal ocupación fue generar un plan de reconocimiento de la escuela ante el Ministerio de Educación. Un funcionario que participó en ese proceso señala que “antes de irse, en noviembre de 2011, Prince le entregó a Díaz algunos informes elaborados por él”.

Miguel Lecaros llegó como asesor a mediados de 2011 para elaborar un plan de acreditación dentro del programa que estaba desarrollando Prince. Lecaros se desempeñaba de manera paralela como decano de la Escuela de Aviación de la FACH, donde había trabajado en el proceso de acreditación de esa entidad. La web de Transparencia de Gendarmería consigna que percibió un honorario mensual de $1,6 millón entre julio de 2011 y enero de 2012. La Unidad de Comunicaciones de Gendarmería informó que en 2012 asumió como subdirector académico, por lo que su remuneración mensual ascendió a $3,3 millones hasta diciembre pasado, cuando se desvinculó de la Escuela de Gendarmería.

De acuerdo con la información proporcionada por Gendarmería, durante 2012 la labor del equipo de Lecaros -que desarrolló la implementación práctica de la nueva malla curricular- fue financiada dentro del ítem presupuestario “profesionales con contrato a honorarios por 44 horas”, apartado que significó un desembolso global de $94 millones en el año (vea el documento “Gastos en personal profesional y docente a honorarios 2012”).

CIPER consultó al coronel Christian Alveal qué ocurrió finalmente con el proceso de reconocimiento y acreditación de la Escuela de Gendarmería, que fue el objetivo que Ribera consideró para homologar la malla curricular a las instituciones de las Fuerzas Armadas, desestimando así la millonaria asesoría de Altegrity:

-Si me pregunta qué se ha hecho en concreto para que la Escuela de Gendarmería esté reconocida como un instituto de formación técnico superior, de eso, puntualmente, no se ha logrado nada. Lo que no quiere decir que no estemos trabajando para lograr ese objetivo.

En marzo de 1976, Augusto Pinochet ordenó investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus tropas. Así, como suena. El anuncio de la visita de una delegación de parlamentarios demócratas norteamericanos, la inminente reunión de la OEA (en junio) en Santiago además de las crecientes condenas a Chile por la violación a los derechos humanos provocaron la insólita decisión. Ordenó informar y sus subordinados lo hicieron. En un extenso documento se detallan 93 casos de asesinatos, violaciones a mujeres y torturas. Lo que devolvieron las fiscalías militares no fue del agrado del entonces presidente de la Junta Militar. No era presentable. El informe ordenado por Pinochet desapareció. Nadie más supo de su existencia.

El general lo pidió en cuanto se enteró de la visita a Chile de los congresales estadounidenses Toby Moffett, George Miller y Tom Harkin. Y peor: los extranjeros pedían una audiencia con Pinochet para plantearle las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en Chile. Pinochet estaba frenético. Todavía repercutían los ecos del reportaje publicado sólo días antes por The New York Times revelando, por primera vez, las discrepancias en la Junta Militar en torno al poder de Pinochet y de la DINA, y también frente el conflicto mayor: los plazos para la llamada “normalización” del país.

General Gustavo Leigh

El influyente diario norteamericano no inventó la crónica. Sus reporteros obtuvieron una detallada información de lo que ocurrió en la sesión de la Junta Militar del 5 de enero de 1976. Fue el general Gustavo Leigh quien abrió el fuego. Con un tono más agudo que el habitual en esos días de soterrado conflicto con el presidente de la Junta, le pidió que levantara el Estado de Sitio y dictara un Acta Constitucional resguardando los derechos ciudadanos. Pero no se quedó ahí. Hizo una pausa y con voz más alta y enérgica pidió que el coronel Manuel Contreras fuera sacado de la dirección de la DINA. Mendoza, como era su costumbre, calló y agachó la vista. Y Pinochet, rojo de ira, optó por la salida más conveniente: dio por terminada la sesión. La prensa nacional nada informó.

En esos precisos días la batalla entre la DINA y la DIFA (Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea) se había agudizado. Con despliegue de armas los hombres de ambas reparticiones se disputaban en las calles su botín de guerra: los prisioneros que más tarde figurarían en la nómina de detenidos desaparecidos. Y en ese preciso mes de marzo, Contreras iniciaba su plan más ambicioso.

En la tranquila calle Doctor Charlin (N° 1475) de Providencia, la DINA instalaba un cuartel tan secreto como sus cárceles. Desde allí se estructuraría el sistema de financiamiento de los batallones de la “Operación Cóndor”, el plan de coordinación con los servicios de Seguridad de las otras dictaduras del Cono Sur. En ese mismo mes de marzo, el general Jorge Rafael Videla asumía como jefe de la dictadura en Argentina. Días más tarde, Contreras se haría ungir en escritura pública –con la firma del Ministro de Economía y del director ejecutivo de la Corfo– como presidente de la Pesquera Chile. Más de 30 empresas y millones de dólares del presupuesto nacional –que salían en partidas secretas– alimentarían el terrorismo internacional.

Pinochet no estaba dispuesto a ceder poder ni a licenciar a Manuel Contreras. Tampoco podía desafiar a los parlamentarios estadounidenses y menos a los delegados a la crucial reunión de la OEA que se desarrollaría en Santiago. Ambas cosas más la delación interna de los crímenes podían hacerle perder los 25 millones de dólares que el FMI acababa de otorgarle y los 150 millones más que le anunciaba el BID.

Por eso uno de sus más estrechos aliados, el general Raúl Benavides, ministro del Interior, organizó un inusual y sorprendente “acto de desagravio” a su jefe. El 27 de enero de 1976 ocho mil soldados desfilaron desafiando la “afrenta del enemigo”. Toda una parafernalia destinada a demostrar a los “dubitativos” del régimen la férrea unidad en torno a su único conductor: Pinochet.

Pero la única guerra que libraba los hombres de Pinochet era contra chilenos. Mientras algunos se envolvían en una burbuja disfrutando con la Unión Española como único líder del fútbol local y repletaban los cines para conmoverse con los sufrimientos de Papillón, en esas precisas horas, decenas de ciudadanos yacían torturados y moribundos en las cárceles secretas de la DINA. Lo que se vivía en muchos sectores del país eran los efectos de un Ejército de ocupación.

9 de marzo de 1976. Ese día Pinochet le envió un oficio “secreto” –ver facsímil– a su ministro de Defensa, general Herman Brady, pidiéndole con extrema premura “una información completa de las Fiscalías, Consejos de Guerra y/o Juzgados Institucionales” con los procesos instruidos contra militares “frente a denuncias hechas por particulares por posibles infracciones a los artículos 150 del Código Penal o 330 del de Justicia Militar, según corresponda; o con arreglo a lo prevenido en la legislación general del país y en especial en el artículo 1° del Decreto Ley N°1.009 del 8 de mayo de 1975”.

Bajo el enunciado “numerosas personalidades han solicitado audiencia al Presidente de la República para plantearle entre otras materias, sus inquietudes sobre la aplicación práctica en la protección a los derechos humanos”, se pidió un resumen con ítems precisos de causas cuyo desglose pudiera ser usado por Pinochet para mostrar frente a los demócratas de Estados Unidos los castigos ejemplarizadores que el Ejército había llevado a cabo en todo el país para controlar todo abuso de poder.

De su puño y letra, Pinochet tarjó –en otro documento, un borrador– que la información era requerida frente a la “próxima visita de tres congresales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”. Lo cambió por “necesidad de conocer estado de procesos e investigaciones a funcionarios que se han propasado en sus atribuciones”.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gustavo Álvarez, debió transmitir la urgencia de Pinochet a Brady.

Brady le respondió a Pinochet el 30 de abril. El enunciado del escrito –rotulado también como “SECRETO”– señalaba los verdaderos objetivos del informe: “Remite antecedentes solicitados por el Presidente de la República y otros solicitados por la Delegación de Chile ante la Conferencia de la O.E.A.”

La comisión chilena ante la OEA había pedido información acerca de cinco casos, además de estadísticas. Entre ellos figuraban el baleo de la doctora Sheila Cassidy y la muerte de Dagoberto Pérez.

El contenido de la investigación desarrollada por el Ejército –que entrega información y detalla el contenido de 93 procesos en la Justicia Militar– llegó a las manos del general Pinochet. Leerlo es casi como leer los informes de un Ejército de ocupación que comete todo tipo de tropelías sin límite: asesinatos, torturas, robos, desaparecidos y violaciones a niñas de sólo 12 ó 14 años.

La mayoría de las víctimas del informe no se encuentran incluidas en el documento oficial de la Comisión Rettig. También, en las nóminas de Brady aparecen ciudadanos “N.N.” que fueron ejecutados y cuya desaparición nunca fue denunciada.

La lista de Brady contiene el detalle de 93 juicios que la Justicia Militar tuvo en sus manos por crímenes cometidos por uniformados y que en su amplia mayoría terminaron sin condena. Un informe que fue sepultado en el escritorio de Pinochet un día de abril de 1976.

Muerto por abrir la puerta. De entre las causas por “homicidio” que informa el Juzgado Militar de Santiago a Brady, varias merecen ser transcritas.

General Herman Brady durante su juramento

Bajo el ROL N °502-73 se encuentra el proceso iniciado el 24 de octubre de 1973: “El 23 de octubre de 1973, alrededor de las 23.15 horas, Miguel Estol Mery fue muerto en el interior de su domicilio ubicado en Avenida Manquehue Sur N° 600, por una ráfaga de fusil SIG que lo alcanzó en la región mamaria superior externa derecha y en el flanco derecho del abdomen. El autor de los disparos fue el cabo Víctor Muñoz, integrante de una patrulla compuesta por personal de la Academia Politécnica Militar, la que, en cumplimiento de órdenes superiores, ubicaba en ese domicilio a Miguel Estol hijo, quien días antes había tenido un altercado con un subteniente de esa unidad. El señor Estol, al sentir ruidos en el exterior, salió afuera y al ver a los militares se paralogizó y regresó corriendo al interior de su casa siendo impactado por el citado cabo en los momentos en que trataba de cerrar la puerta de su morada”.

La denuncia fue presentada por el abogado Álvaro Larraín. El dictamen de la justicia: condena a 5 años y un día por el delito de violencia innecesaria causando la muerte. Pero la sentencia definitiva fue otra: “Absuelve por no haber convicción de haberse cometido un hecho delictivo”. Dictamen aprobado por el comandante en jefe de la II División de Ejército.

Miguel Estol no figura en el Informe Rettig.

La marihuana mata. Tampoco figura en el Informe Rettig el caso de Orlando Zambrano Sepúlveda, muerto de un disparo el 28 de abril de 1974 a manos de una patrulla del Regimiento Buin, cuando –según la misma investigación que registra el parte–, se encontraba en calle Muñoz Gamero esquina de Andrés Olivar, a las 15:30 horas, en compañía de otros nueve jóvenes.

El parte que consigna el juicio ROL N°474-74 dice: “A esa hora una llamada telefónica al Regimiento Buin, denunció que un grupo de más de 10 personas se hallaba fumando marihuana” en la mencionada esquina. El joven Zambrano falleció en la persecución.

El caso fue sobreseído. La justicia militar dictaminó que el hecho no era constitutivo de delito.

Arrancando el cuero cabelludo. Hay escenas de salvajismo. El 3 de abril de 1974, se inició una investigación (ROL N°514-74) a partir de un parte enviado por la 5ª Comisaría de Carabineros el 25 de marzo de ese año. Los policías habían encontrado en un sitio eriazo de Américo Vespucio Norte esquina Recoleta los cuerpos sin vida de Jorge Sandoval Astorga y Carlos Estay Miranda.

El parte policial es conciso pero aterrador: “El día anterior, los sujetos habían sido interceptados en General Gamboa esquina Cardenal Caro por una patrulla de soldados que viajaban en un bus E.T.C. quienes les cortaron el pelo y arrancaron el cuero cabelludo al fallecido Estay”.

La denuncia se centró –formalmente– contra una patrulla de la Fuerza Aérea y fue sobreseída temporalmente “por no haber indicios para acusar de autor a determinada persona”. El sobreseimiento fue confirmado más tarde. Ninguno de los dos asesinados figura en el Informe Rettig como víctimas de violencia.

Cantar era delito. Otra de las víctimas que no figura en el Informe Rettig es Manuel Segundo Palma Henríquez. Su juicio por homicidio lleva el ROL N°756-74 y fue iniciado el 8 de agosto de 1974.

El parte enviado por la Tenencia Roosevelt el 30 de diciembre de 1973, señala que ese día a las 09.30 horas, a raíz de una llamada telefónica, el cabo José S.S. junto al carabinero Luis J.O. se constituyeron en la ribera norte del río Mapocho, frente al Campamento Tania. En el lugar, se encontraba el cadáver de Palma Henríquez, con heridas a bala en distintas partes del cuerpo. El parte policial consigna: “La madre del difunto señala que el día anterior, Segundo Palma fue sacado desde el interior de su casa por militares debido a que se encontraba cantando a viva voz y diciendo garabatos. Los militares no fueron identificados”.

El caso también fue sobreseído.

EL SUBTENIENTE LOCO. La locura como causal de ineptitud para ser juzgado no es monopolio de Pinochet. También lo era un año después del Golpe militar. Así lo estableció la justicia militar en el proceso caratulado con el ROL N°890-74, iniciado el 12 de noviembre de 1974, a partir de la detención de Agustín Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres “por presuntas injurias proferidas contra las FF.AA. y la H. Junta de Gobierno”.

Ambos detenidos fueron llevados hasta el Cuartel de la Sub-Agrupación “Yungay”, donde quedaron detenidos. Al día siguiente, dice el informe, “asumió servicio como Oficial de Guardia el subteniente de reserva Juan Martínez Oyaneder, quien impuesto de la existencia de los dos detenidos mandó traerlos a su presencia y sin motivo racional aparente les causó lesiones que en definitiva les causaron la muerte. Acto seguido, procedió a enterrarlos en una fosa que él mismo había cavado. Se encuentra establecido que el oficial se hizo asesorar por el sargento 2° de reserva Gustavo Marambio Olmos y los soldados conscriptos Arcadio Lobos Cisterna y Luis Castro Guajardo, quienes violentaron físicamente a los detenidos produciéndoles -–en opinión del Fiscal Instructor– lesiones de carácter leves”. El Consejo de Guerra condenó a 15 años y un día a Martínez por homicidio calificado. Sus subalternos se llevaron 60 días de arresto militar como cómplices.

La sentencia, sin embargo, terminó ordenando nuevas diligencias “relativas al estado psíquico del acusado Martínez” y terminó sin condenas.

MILITARES QUE DENUNCIAN. Las aberraciones no son exclusivas de Santiago. En el Juzgado Militar de Concepción, la muerte de José Tiznado Aguayo, el 16 de junio de 1974 y denunciada por un cabo 2° del Ejército, también fue sobreseída. El juicio lleva el ROL N°858-74, no tiene mayores precisiones, salvo la identificación del “autor”. Tiznado tampoco aparece en el Informe Rettig.

Y existe otro proceso, más extraño. Iniciado por el jefe de la 2ª comisaría de Carabineros de Chanco en funciones el 21 de noviembre de 1973. El policía denunció el homicidio de Juan Villaseñor Jara (juicio ROL N°11-73) e identificó a los soldados José Sepúlveda Vergara y Raúl Aguilar Oyarce como los autores. El fiscal del caso, a juzgar por la sentencia que propuso, estaba por sancionar aunque fuera tibiamente los hechos:

“Solicita se condene a los soldados a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autores de la muerte de Juan Villaseñor Jara, en circunstancias que los soldados lo sorprendieron conduciendo un vehículo con luces apagadas y lanzarlo encima de los soldados”. Pero el Consejo de Guerra absolvió a los militares.

Tuvieron que pasar los años para que el Informe Rettig le hiciera justicia a Villaseñor: “Tenía 37 años, era casado y tenía dos hijos. Era buzo submarino, pequeño industrial de la zona y militante de la Democracia Cristiana. El 21 de noviembre de 1973 transitaba en su vehículo en mal estado, había tenido un altercado. Estas personas dispararon a la cabina, resultando el conductor con un impacto en la cabeza sin salida de proyectil que le provocó su muerte instantánea, constituyendo este hecho un abuso de poder”.

SANCION EN ESCUDOS. En Talca se desarrolló un juicio que llama la atención. Bajo el ROL N° 024-74, se registra el proceso seguido por la Fiscalía de Ejército de esa ciudad y que tuvo como denunciante al Comisario Subrogante de la 3° Comisaría de Talca. El fiscal pidió condenar a Jaime Puebla, a la época capitán de Ejército, como autor del delito de lesiones graves a Jaime Achurra García; y a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio como autor del delito de homicidio de Francisco Silva Parot”.

El Consejo de Guerra condenó a Puebla a “una multa de E° 600 (escudos) por lesiones y a 3 años de presidio por homicidio. No se remite la pena. Resolución del comandante en jefe de la III División del Ejército”.

Silva Parot tampoco aparece en la nómina de víctimas de violencia política en el Informe Rettig.

EXTRAÑO CUMPLIMIENTO DEL DEBER. El comandante en jefe de la III División, no actuó de la misma manera en otro juicio cuya víctima no está incluida en el Informe Rettig. Se trata del proceso que aparece bajo el ROL N° 232/74, iniciado el 20 de marzo de 1974, en el que aparece como denunciante el subteniente del Grupo de Artillería N°3 Silva Renard, Marcelo Palma Fontana.

El fiscal pidió sobreseer definitivamente la causa “respecto de la muerte a bala ocasionada a Hugo Gómez H., por el cabo 2° del Ejército José Romero Fuentes, por haber actuado en actos propios del servicio en cumplimiento del deber”. La resolución del comandante en jefe de la III División del Ejército fue sobreseer temporalmente la causa.

FALSEANDO LA HISTORIA. Uno de los juicios que grafica cómo actuaba la justicia militar de la época, es el que da cuenta del homicidio de Oscar Arros Yáñez, de Concepción. Bajo el ROL N° 797/75, y con fecha 30 de noviembre de 1975, el resumen del fiscal indica: “Da cuenta del accidente ocurrido en operativo practicado por personal del CIRE de Concepción (el que dirigía en calidad de subrogante  el capitán de fragata Hugo González D’Arcangeli), causando la muerte de Oscar Arros Yánez al tratar éste último de arrebatarle el arma que portaba Arturo Calderón Passalacqua. En el forcejeo se disparó un tiro impactando a Arros. Se solicita sobreseer total y definitivamente la causa a favor del funcionario Arturo Calderón en razón de hallarse el autor exento de responsabilidad criminal”.

Y así lo hizo el comandante en jefe de la III División del Ejército. Pero el Informe Rettig cuenta otra historia: “Arros, de 27 años, casado, una hija, era estudiante de la Universidad Técnica del Estado y trabajaba como tornero en la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR). Militante del MIR, fue detenido en su lugar de trabajo el 26 de septiembre de 1975 por agentes de la DINA y llevado al Estadio El Morro de Talcahuano. El 28 de septiembre su cuerpo fue encontrado en la morgue del Hospital de Lota Bajo con evidencias de haber sido torturado y con impactos de bala”.

MUERTO EN LA OSCURIDAD EN VALDIVIA. En Valdivia, la situación no fue distinta. En la causa ROL N° 1.601/73, iniciada el 30 de noviembre de 1973, se dice en el resumen de la vista del fiscal:

“El día 28 de noviembre de 1973, el subteniente Marcos Aguirre, condujo la patrulla a su mando, compuesta por un SG. y un SLC., hacia el domicilio de Domingo Pérez San Martín, a quien sacaron de su casa, siendo golpeado y falleciendo al día siguiente a consecuencia de las lesiones descritas en los informes médicos. La Fiscalía pide que se le aplique al inculpado 541 días de presidio menor en su grado medio”.

El Consejo de Guerra sobreseyó a Aguirre “en consideración a que éste (el civil) adoptó una actitud rebelde y agresiva contra el personal militar, y como huyó hacia la oscuridad, el personal de la patrulla se abalanzó sobre él y lo redujo golpeándolo con las culatas de los fusiles”.

Pérez San Martín tampoco aparece en el Informe Rettig.

DESAPARECIDO. Ya en febrero de 1975 el Juzgado Militar de Valdivia ocupó la palabra “desaparecido” para iniciar un proceso por la “presunta muerte de Cardenio Ancura Manquean y otros desaparecidos durante los Operativos Militares efectuados durante el mes de octubre de 1973 en Lago Ranco”.

El juicio lleva el ROL N° 27-75 y tiene como denunciante a María Marian. El resumen del fiscal concluyó que, agotada la investigación “no ha sido posible establecer la comisión de delito alguno ni de responsabilizar a persona determinada”. El comandante de la IV División refrendó el fallo.

En el Informe Rettig, Cardenio Ancura Manquean tuvo su espacio. “Casado y con 4 hijos, era agricultor y también trabajaba como lanchero. Militante del PS, participó activamente del proceso de Reforma Agraria. Fue detenido por Carabineros de Lago Ranco y trasladado a la Tenencia de la localidad. De allí fue sacado el 16 de octubre junto a otras tres personas por efectivos de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada. Lo subieron a bordo del vapor Laja y lo ejecutaron, lanzando su cuerpo al lago con dos de sus compañeros. Los cadáveres nunca fueron encontrados”.

SINTESIS MORTAL. Una de las referencias más pequeñas del informe “secreto” -sólo 8 líneas- tiene relación con el juicio ROL N° 27-74. Textual:

“Fecha inicio: 23 de enero de 1974. Tribunal Instructor: Fiscalía Letrada de Valdivia. Tribunal Sentenciador: IV Juzgado Militar Valdivia. Individualización denunciante: Jefe Estado Mayor IV División. Individualización del denunciado: N.N. Resumen (vista) de los hechos: En operativo dispuesto por la superioridad fueron dados de baja los extremistas: Victoriano Matus Hermosilla, N.N., Manuel Paillán y N.N.”

Ni Paillán ni Matus aparecen en el Informe Rettig. Los otros dos “extremistas” N.N. tampoco.

LA HUELLA DE CHENA. En 1974, Rosa Silva Veliz denunció ante el II Juzgado Militar la detención de su marido, Franklin Antonio Valdés Valdés, contador administrador del Sanitario El Pino. La denuncia formó la causa ROL N°274-74. Valdés fue detenido en el hospital por una patrulla militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el teniente Pedro Pablo Montobane y conducido al Campamento Chena donde habría sido muerto días después, según relata la denunciante basada en el testimonio de otros detenidos.

El cadáver fue conducido al Instituto Médico Legal, donde se le practicó la autopsia, la que concluye como causa de la muerte “estado asfíctico”. Los hechos habrían ocurrido entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 1973”.

El dictamen de la justicia militar decretó el sobreseimiento temporal de la causa por no haber convicción de haber cometido el delito. En el Informe Rettig, Franklin Valdés sí aparece: “Murió de un estado asfíctico provocado por agentes del Estado”.

UN CAPITAN SIN JUICIO. El capitán de Ejército Sergio Valenzuela González se fue a retiro en junio de 1988 sin que jamás tuviera que responder por la muerte de Eliseo Segundo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza. Así lo dispuso la Fiscalía de Ejército de Valdivia.

El fiscal del caso estableció que Jara Ríos y Muñoz Apablaza murieron “a consecuencia de los proyectiles disparados por personal militar, en circunstancia que eran interrogados por el capitán Valenzuela y se dieron a la fuga”. Pidió el sobreseimiento definitivo. Y así se hizo. Pero la investigación de la Comisión Rettig estableció otra cosa: ambos fueron ejecutados el 27 de octubre en el fundo California.

EL TROZO QUE FALTA EN EL INFORME RETTIG. La muerte de Víctor Hugo Carreño Zúñiga no ocupa más de diez líneas en este informe oficial. Pero entrega la información que falta a lo que consigna el Informe Rettig para este joven de 21 años, soltero y presidente regional de la Juventud Socialista de Valdivia. En la Comisión de Verdad y Justicia se concluyó que Carreño “fue detenido el 4 de octubre de 1973, en su domicilio por personal del Ejército. Fue ejecutado el 5 de octubre durante horas de toque de queda”.

En el juicio que se abrió en Valdivia, y que lleva el ROL N°1.480/73 y tiene como fecha de inicio el 5 de octubre de 1973, el resumen del fiscal concluye: “El fallecimiento de Víctor Hugo Carreño se debió a que trató de huir del vehículo militar que mandaba el subteniente Alejandro Kraemer Pinochet, por lo que la patrulla le disparó. Se pide su sobreseimiento”.

El jefe militar de la zona aprobó su sobreseimiento.

SIN SENTENCIAS NI HUELLAS. El primer juicio del catastro con mención al delito de homicidio está registrado en la Fiscalía Militar de Calama. La víctima es Raimundo Bello S., y el acusado el cabo 2° del Ejército Martín Salamanca, del Regimiento N°15 de Calama. No hay sentencia y Bello no aparece en el Informe Rettig.

LOS NOMBRES QUE SE AGREGAN. El 17 de noviembre de 1975, la fiscalía letrada de Antofagasta inició juicio por el homicidio de Óscar Armando Leiva Jiménez. La denuncia la interpuso el CIRE de Antofagasta en contra del capitán de Ejército Luis Besamat Morales. Pero en 1976 no hubo resolución. En el Informe Rettig se estableció que Leiva, de 27 años, fotógrafo, era militante del MIR y fue ejecutado en casa de familiares por “un funcionario de Carabineros”.

Entre las víctimas por otros casos de homicidio que aparecen consignadas en estos juicios y que no aparecen en el Informe Rettig, figuran Luis Humberto Ferrada Piña, muerto el 4 de diciembre de 1973, en calle Buenaventura esquina Azteca, en Punta Arenas.

Los juicios dan cuenta de nuevas víctimas y atropellos, pero también revela que en esos días de terror hubo militares y carabineros que se atrevieron a denunciar la violencia y a sus autores y que pidieron justicia. Todo ello fue sepultado un día de abril de 1976.

*Este reportaje fue publicado el año 2000 en el diario electrónico El Mostrador

Sobre el puente viejo que cruza el río Bío Bío, los hermanos Jacqueline y Enrique Van Rysselberghe (UDI) caminan tomados de la mano con los brazos en alto. Los siguen cerca de 50 personas con banderas rojas impresas con su apellido. Frente a ellos, un equipo de filmación sigue cada uno de sus pasos. En el cuadro aparecen también un niño, una anciana, un bombero, una enfermera y hasta un chef. La escena forma parte de un video grabado en 2009 para la campaña parlamentaria que llevó al hermano de la entonces alcaldesa de Concepción a ocupar un asiento en la Cámara de Diputados. En la secuencia también aparecen varias imágenes del responsable de la grabación para la campaña del actual parlamentario por el distrito 44: el productor de eventos Jorge Mackenna Vergara.

Hermanos Van Rysselberghe en grabación para campaña electoral 2009

El nombre de Mackenna es bastante conocido en el mundo del espectáculo. Fue el productor del matrimonio que nunca se realizó entre Iván Zamorano y Kenita Larraín. También produjo en 2004 la gira de despedida de Marcelo “Chino” Ríos. Fue manager de José Alfredo Fuentes, Fernando Ubiergo, Los Ángeles Negros y Gloria Simonetti; director ejecutivo y miembro del directorio de RED TV; y uno de los creadores de Radio ZERO. Además, entre enero de 2009 y mayo de 2010, figuró como empleado de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores, más conocida como SEMCO. Su tarea: asesorar directamente a la presidenta de la entidad, la entonces alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, en la programación de actividades culturales. Y es por ese último trabajo que el nombre de Mackenna aparece también en un duro informe de la Contraloría Regional del Bío Bío y en una investigación del Ministerio Público que indaga sobre la posible desviación de fondos municipales hacia campañas políticas.

La relación entre Mackenna y la actual candidata a senadora es sólo una de las graves irregularidades que la Contraloría ha detectado luego de correr el velo que durante años ocultó lo que ocurría en SEMCO, una corporación de derecho privado encargada de administrar algunos bienes municipales y que se había convertido en uno de los principales hoyos negros de la administración Van Rysselberghe. Se trata de una hermética caja que anualmente maneja un presupuesto de más $1.000 millones y que un grupo de concejales, sin éxito, intentó varias veces abrir. La respuesta que recibían cuando lo intentaban era que no se podían meter allí, que no estaba entre sus atribuciones porque era una entidad independiente de la municipalidad, aun cuando la preside el alcalde en función de su cargo y su mandato principal es administrar el Cementerio General, la Biblioteca Municipal, otras cuatro bibliotecas comunitarias, un museo y el Hogar de Discapacitados Psíquicos; todos bienes del municipio. Con ese argumento, la corporación se mantuvo por años fuera de cualquier tipo de control.

Los distintos informes que la Contraloría ha emitido desde agosto de 2012 dan cuenta de cómo la administración Van Rysselberghe convirtió a SEMCO en una caja pagadora adonde se desviaban fondos millonarios que debían llegar a la municipalidad, se pagaban sobreprecios por contratos que nunca tuvieron que ver con la corporación, se compraban prendas de ropa que jamás se utilizarían y se contrataba a personas que no prestaban ningún servicio. De esta forma, la ahora candidata a senadora evitaba seguir los conductos regulares de las compras públicas para contratar servicios y emitir órdenes de pago. En otras palabras, como las compras se hacían desde una entidad privada, no requerían licitaciones ni de la autorización del concejo municipal.

-El presidente de la corporación y el administrador municipal actuaban como una especie de gerentes de SEMCO. Ellos daban las instrucciones, mientras que el directorio estaba pintado y no tenía ningún resorte ejecutivo. Tampoco les pedían autorizaciones, pero lo más grave es que les ocultaban información. Todos los gastos que después supimos que existían, como la compra de ropa, los contratos irregulares y los pagos a los fuegos artificiales, estaban ocultos –cuenta a CIPER el ex concejal independiente Jorge Condeza.

Esa falta de fiscalización fue precisamente la que permitió que el 2 de enero de 2009, Jorge Mackenna firmara el primero de los contratos que lo convirtieron en empleado de SEMCO. Así, se comprometía durante cuatro meses a “cumplir las indicaciones que le imparta su jefe inmediato”, es decir, Jacqueline Van Rysselberghe, quien también firma el documento. Por el trabajo que realizaría, sin la necesidad de cumplir horario, recibiría una remuneración mensual de $1.840.000. Aunque el vínculo de Mackenna con SEMCO acababa en abril de 2009, fue renovado en dos oportunidades: primero por el período mayo-agosto y luego desde septiembre hasta diciembre. Al comenzar 2010, el contrato cambió y pasó a ser indefinido. Su sueldo subió a $2.148.500. Así duró por cinco meses, hasta que el vínculo acabó por “mutuo acuerdo de las partes”. Mackenna recibió una indemnización pactada de $3,5 millones.

En total, durante los 17 meses que Mackenna se desempeñó en SEMCO, recibió ingresos por poco más de $36 millones. A eso se suman los $2.165.342 que la corporación desembolsó para pagarle pasajes aéreos desde Santiago a Concepción y viceversa, además de hospedajes en hoteles de la VIII Región. Todos esos pagos se efectuaron por orden directa de la entonces alcaldesa y presidenta de SEMCO y fueron cargados al centro de costos del Cementerio General. El problema es que, según la Contraloría, ninguno de ellos debió realizarse.

LOS VIDEOS DE MACKENNA

De acuerdo al informe de Contraloría, como los contratos de Mackenna señalan que su domicilio es la ciudad de Concepción, el pago de pasajes y estadías es improcedente. Consultado por CIPER, el productor señaló que efectivamente vivió en la capital penquista durante todo el tiempo que duró el contrató y, sobre los viajes y hospedajes, dijo: “Cuando me contrataron, yo estaba trabajando en Santiago. Por eso, para poder deshacer lo que estaba haciendo, pedí un par de pasajes y estadías mientras me ubicaba en un lugar físico: primero en un departamento y después en una casa que se cayó con el terremoto. Eso fue parte del arreglo que hice. Tuve que viajar dos o tres veces, y como la plata era muy mala y no me alcanzaba para viajar, me ayudaron a venir para deshacer todo e irme a vivir allá”.

Además de su sueldo, SEMCO canceló a su favor nueve tickets aéreos utilizados entre marzo y septiembre de 2009, por un total de $1.536.992, y siete hospedajes en el Hotel El Dorado, por $547.350 (ver facturas). Pero el dato que consigna la Contraloría y que hace del vínculo con Mackenna algo grave, es que no hay ningún registro en SEMCO de que el productor haya asistido a trabajar ni de los trabajos que supuestamente realizó.

Jorge Mackenna dirigiendo grabación en campaña de Enrique Van Rysselberghe

Mackenna explicó a CIPER que Van Rysselberghe lo contrató “para hacer todas las actividades extra de la municipalidad”. Según dice, se encargó de realizar dos Fiestas de la Chilenidad, la inauguración de esculturas, el aniversario de la municipalidad y ayudar, entre otras cosas, en eventos que se hacían en las juntas de vecinos. Pero la Contraloría no encontró documentos que respaldaran esos trabajos y sirvieran para justificar los pagos. El informe dice: “No se ha acompañado un respaldo documental respecto de la labor realizada por el Sr. Mackenna, a modo de acreditar la realización de alguna labor que justificara haber pagado las remuneraciones de éste”.

La mayoría de los pagos a Mackenna fueron contabilizados en 2009 como gastos del Cementerio General de Concepción. Y en la Memoria de SEMCO de 2009, el nombre de Mackenna no figura; tampoco en el listado de personal adscrito a la secretaría general de la corporación. Lo único que indica que sí estuvo en Concepción son las facturas de sus viajes desde Santiago. Eso, y los videos que lo muestran participando en la campaña del diputado Enrique Van Rysselberghe.

El primero de esos videos fue subido a Youtube el 17 de septiembre de 2009, pocos días después de que el actual parlamentario inscribiera su candidatura. Allí se puede ver a Jorge Mackenna participando en la coordinación de las actividades. También aparece en primera fila en una charla que Enrique Van Rysselberghe dio el 29 de octubre de ese año en la Universidad del Desarrollo. El tercer video es aquel con la secuencia donde aparecen los hermanos Van Rysselberghe caminando por el puente sobre el río, publicado el 3 de noviembre de 2009. Y en el último video, publicado poco después de que Van Rysselberghe resultara electo, Mackenna aparece abrazando al nuevo diputado del distrito 44.

Los antecedentes detectados por la Contraloría, además de los videos donde Mackenna aparece colaborando directamente en la campaña, levantaron sospechas en el concejo municipal sobre la posibilidad de que a través del contrato con SEMCO, la entonces alcaldesa y actual candidata al Senado haya destinado fondos municipales para pagar a Mackenna por el trabajo en la campaña de su hermano. Por eso fue que los concejales Alejandra Smith (DC), Eric Aedo (DC), Joaquín Eguiluz (RN), Héctor Muñoz (IND) y Alex Iturra (PC) presentaron en junio de 2013 una denuncia formal en la Fiscalía Regional del Bío Bío, para que se investigue la eventual desviación de recursos públicos para campañas políticas.

Mackenna, quien ha participado en varias campañas electorales de la UDI, es tajante al negar esa acusación. Asegura que nunca trabajó formalmente en la campaña del diputado Van Rysselberghe y que “cuando se hizo la franja, un día sábado o domingo, yo ayudé a realizar esa grabación que se hizo en el puente viejo. Por mi experiencia anterior, ayudé a eso y nada más”.

Por otro lado, los contratos con Mackenna también están vinculados con otra irregularidad detectada por la Contraloría en las cuentas de SEMCO bajo la presidencia de Jacqueline Van Rysselberghe: los dineros del Banco Santander.

LOS APORTES “PERDIDOS” DEL BANCO SANTANDER

A comienzos de 2013, el alcalde Álvaro Ortiz (DC) recibió un vale vista por $150 millones que el Banco Santander emitió a favor de la Municipalidad de Concepción. Según una declaración pública emitida desde el banco, se trataba del aporte que la institución financiera se comprometió a pagar anualmente al municipio cuando en 2003 ambas entidades firmaron un contrato para la apertura y mantención de cuentas corrientes. Aunque el monto no cuadra, porque lo estipulado en el convenio es por un valor entre $12,6 millones y los $34,1 millones. Por eso Ortiz no aceptó el vale vista y lo devolvió. Consultado por Radio Bio Bio sobre por qué retornó el dinero, Ortiz aseguró: “Hay que tener dos dedos de frente para no ver que hay alguna irregularidad en la entrega de $150 millones sin que exista un contrato vigente”.

Jacqueline Van Rysselberghe

El contrato entre el municipio y el Banco Santander tenía una duración de sólo tres años. Como entró en vigencia a comienzos de 2004, el vínculo caducó en 2007. Entonces se debió haber licitado nuevamente el servicio, pero eso no ocurrió ni ese año ni el siguiente ni nunca: como señala un ejecutivo del banco en una carta que envió a Ortiz, el municipio ha seguido hasta hoy haciendo uso de las cuentas corrientes y el banco continuó entregando sus aportes anuales “para el desarrollo de actividades sociales y culturales en beneficio de la comunidad de Concepción” (ver recuadro). Aunque gran parte de esos recursos jamás ingresaron a las arcas municipales.

La relación entre el banco y el municipio es otro capítulo en la historia de irregularidades investigadas en la Municipalidad de Concepción bajo la conducción de Van Rysselberghe. A fines de julio pasado, la Contraloría emitió dos informes distintos sobre los fondos transferidos desde el Banco Santander. Como el contrato era con el municipio, y era esa entidad la que debía recibir los aportes anuales, el primero de los reportes se centra en los registros municipales sobre esos dineros.

Para poder fiscalizar efectivamente, la Contraloría recurrió a los archivos del banco a contar de 2005, los que daban cuenta de que entre ese año y 2011, el Banco Santander habían transferido cerca de $217,5 millones. Pero de ese monto, sólo el 57,2% había ingresado al presupuesto municipal. La auditoría también constató que en la Dirección de Administración y Finanzas del municipio no existían registros con el detalle de los aportes del Banco Santander ni su destino. Y en el caso de la transferencia de 2006, ni siquiera había información en el sistema contable. Tampoco sobre las correspondientes a los años 2005, 2007, 2008 y 2009, que sumaban poco más de $93 millones. En otras palabras, esas platas parecían estar perdidas.

Pero lo cierto es que no estaban extraviadas, sino que habían sido desviadas.

EL DESTINO DEL DINERO DESVIADO

Aunque SEMCO nada tenía que ver con el vínculo contractual entre el Banco Santander y el municipio –ya que sus cuentas corrientes están en el Banco Estado–, la Contraloría también revisó sus registros (ver informe). Ni en las bases de la licitación para el servicio de cuentas corrientes ni en el contrato firmado en 2003 se estipula la posibilidad de que los fondos comprometidos fueran a parar a otra entidad que no fuera el municipio. Tampoco se le había consultado al concejo municipal si podían ser transferidos. Pero ahí, en las cuentas de SEMCO, estaba el dinero faltante. Como los aportes fueron ingresados directamente a la corporación por el director municipal de Administración y Finanzas, Miguel Ángel Carrasco, nunca fueron contabilizados como ingresos en el municipio ni aprobados como aporte, como lo exige la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El entonces secretario general de SEMCO, José Elgueta Adrovez, envió un oficio al alcalde Ortiz un día antes de que la Contraloría emitiera ambos informes. Allí reconoce que recibió esos dineros por “instrucciones verbales emanadas desde la Presidencia del H. Directorio de la época (Jacqueline Van Rysselberghe), y además de comunicaciones verbales y escritas del señor Director de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Concepción”.

La situación se torna más grave al conocerse el destino de los $93.118.000 que entregó el Banco Santander a SEMCO entre 2005 y 2009, porque la mayor parte de esos recursos se destinaron a costear gastos irregulares que nada tienen que ver con las funciones de la corporación.

Aportes anuales provenientes del Banco Santander detectados por la Contraloría

Parte de esos fondos fueron utilizados para costear los pasajes y hospedajes de Jorge Mackenna y para la compra de vestimenta que nunca llegaría a sus supuestos destinatarios. Así ocurrió con la compra de 46 cortavientos, 20 cortavientos polar y 95 polares manga larga, todos de color rojo, imputada al centro de costos del Cementerio General, una transacción que forma parte de las varias adquisiciones irregulares que la Contraloría detectó en la primera de sus auditorías a SEMCO y que en total superan los $23,3 millones (ver informe). Aunque supuestamente eran para los empleados del cementerio, esas prendas fueron recepcionadas en el municipio por la entonces administradora municipal, María Cecilia Jaque. Nunca llegaron a los funcionarios del camposanto.

Aunque el monto de esa última compra –$2.000.000– no resulta especialmente llamativo, según el concejal y director de SEMCO, Joaquín Eguiluz (RN), resulta extraño el color elegido para las prendas. Porque los uniformes de los funcionarios municipales son azules y amarillos, los colores tradicionales del municipio. Por eso no descarta que hayan sido adquiridos para ser usados en campañas políticas.

A eso se suman al menos otros $6,2 millones provenientes del banco que fueron pagados a la empresa Free-Way S.A. por cuatro cursos de capacitación a los que no asistió ningún funcionario de SEMCO y donde sí participaron la entonces alcaldesa, la ex administradora municipal y el director de la Secretaría de Planificación (SECPLAN). También se le pagaron más de $9.000.000 a la empresa Marketing Urbano Pablo Sánchez M. Ltda. por servicios de publicidad para un evento que era de la Municipalidad y en el que la corporación nada tenía que ver.

Otros dos millones de pesos se gastaron en distintos eventos que no se relacionan con SEMCO, como un almuerzo ofrecido a Carabineros, un servicio de banquetería y colaciones para las personas que trabajaron en el espectáculo de fuegos artificiales del año nuevo 2009. Los gastos fueron autorizados por Van Rysselberghe, salvo en el caso de las colaciones por el trabajo en el show pirotécnico, que fue aprobado por su entonces jefe de gabinete, Carlos González Sánchez. Ese último pago en particular nunca debió haberse realizado porque las colaciones estaban consideradas dentro del presupuesto del evento. El mismo presupuesto incluido en una denuncia ante el Ministerio Público por la existencia de sobreprecios pagados tanto con fondos municipales como de SEMCO.

FUEGOS SOBREVALORADOS EN EL CIELO

Apenas el reloj marcó las 00:00 horas del martes 1 de enero de 2008, sonó la primera tronadura, seguida por un colorido destello que iluminó el cielo en Concepción. Comenzaba el espectáculo pirotécnico que el municipio había preparado para recibir el año nuevo. Miles de personas se habían instalado en ambas riberas del Bío Bío para ver cómo salían disparados desde el viejo puente que une la capital penquista con la comuna de San Pedro de la Paz, los cientos de fuegos artificiales que la empresa española Pirotecnia Igual S.A. había dispuesto para esa noche. Todo debía salir perfecto: era el debut de un contrato por cinco años firmado sólo 20 días antes. Durante 20 minutos, las aguas del río reflejaron los colores y las formas que tomaban los fuegos artificiales al estallar en el aire.

En el convenio firmado por la alcaldesa Van Rysselberghe y el representante de la empresa de pirotecnia, Jaime Figueroa Kahn, se estableció que el precio a pagar sería de $59.414.082, IVA incluido, un valor que cada año se reajustaría según lo estipulado en las bases de la licitación. Por eso llama la atención que Pirotecnia Igual haya enviado al municipio dos facturas distintas para cobrar un total de $75.000.000. Una era por $25 millones a nombre de la Municipalidad de Concepción. La otra, por $50 millones con cargo a SEMCO.

Ambas facturas fueron recibidas por la entonces administradora municipal, María Cecilia Jaque. Ella se las entregó al director de Administración y Finanzas, Miguel Ángel Carrasco, quien a su vez las envió a Domingo Godoy, el director de Construcciones del municipio, la unidad técnica encargada del contrato. Pero Godoy sólo visó uno de los pagos, el que le correspondía al municipio. Ese fue cancelado. El otro a nombre de SEMCO lo devolvió, según escribió: “Por no corresponder dicho acto a esta Unidad de acuerdo al contrato y Decreto de Adjudicación Nº 171-CC-2007, del 6 de noviembre de 2007, suscrito entre Pirotecnia Igual S.A. y la Municipalidad de Concepción”. En otras palabras, como la corporación no era parte ni en la licitación ni en el contrato, no correspondía cobrarle nada.

Aun así, Carrasco le envió la factura a José Elgueta para que ordenara el pago desde SEMCO. Durante meses el entonces secretario general de la corporación rechazó pagar por considerar que el cobro de $50 millones era, a lo menos, dudoso. De acuerdo a los oficios que Elgueta envió a Van Rysselberghe entre enero y marzo de 2008 pidiendo instrucciones, el abogado decía que no tenía suficiente dinero, ya que sólo contaba con los $25.259.000 que el Banco Santander había depositado a fines de diciembre en la cuenta de SEMCO, especialmente para pagarle a Pirotecnia Igual. Además, señalaba que la factura no era un documento oficial porque estaba expedida en el extranjero y no sólo no tenía validez en Chile, sino que también estaba exenta de IVA. Eso era importante por dos motivos: primero, al no pagar IVA, el precio a cancelar debía ser un 19% menor al valor indicado en el contrato, ya que incluye ese impuesto; segundo, al ser una factura española el municipio se veía obligado a pagar un impuesto adicional del 35%. Por eso proponía que se cambiara por una factura de la sociedad homónima que la misma empresa creó en el país en 1998.

Fuegos artificiales año nuevo 2008 en Concepción. (Fuente:www.chillanseactiva.blogspot.com)

En el penúltimo de los oficios, fechado el 25 de marzo de 2008, Elgueta le recalcó a Van Rysselberghe que ninguno de los documentos de la licitación ni el contrato incluyen a SEMCO como parte del convenio y que, por el contrario, indican que su pago sería a cargo del municipio. Escribe el abogado: “Siendo así, señora Alcaldesa, si no obstante lo ya señalado usted ordena expresamente que el pago total de esta factura se efectúe por vía de esta Corporación, habida consideración de sus fines, deberá tener en consideración lo expresado en la documentación adjunta y que el saldo del valor hasta completar el total de la factura, sería con cargo a los recursos de esta Corporación”.

Al día siguiente, el secretario general de SEMCO recibió una llamada de María Cecilia Jaque, una de las personas más cercanas a Van Rysselberghe en el municipio. Era para darle la orden: el pago debía hacerse. El 27 de marzo de 2008, Elgueta giró un cheque por $50.000.000 a nombre de Pirotecnia Igual S.A. y lo envió a la alcaldía junto a un oficio donde señalaba que mantenía todas sus aprensiones y que debía ser la presidenta de la corporación la encargada de resolver “en conformidad a lo pertinente en este caso”.

El cheque, en todo caso, nunca fue cobrado. Ese día, Van Rysselberghe no estaba en el municipio, y quien la subrogaba era Domingo Godoy, el mismo que no había visado el pago en un comienzo. Nuevamente lo rechazó y Elgueta tuvo que anular el cheque. Pero el tema no se quedaría ahí.

En abril de 2008, la empresa envió al municipio dos nuevas facturas: una para la municipalidad por $29.917.500 y otra para SEMCO por $25.259.000. Volvió a ocurrir lo mismo: Godoy autorizó el pago por parte del municipio, pero rechazó el cobro a SEMCO por ser improcedente. Aun así, fue enviado a Elgueta. La diferencia es que esta vez sí fue pagado con los fondos provenientes del Banco Santander.

En total, por ese primer espectáculo, Pirotecnia Igual S.A. recibió pagos por $80.176.500 millones, lo que equivale a un sobreprecio cercano a los $20,8 millones, 35% más de lo estipulado en el contrato. Si se considera que al tratarse de facturas extranjeras se debió haber descontado el IVA, el monto del sobrepago resulta aún mayor.

SEMCO no volvió a cancelar con sus recursos el servicio de fuegos artificiales a la empresa española. Aun así, el concejal Joaquín Eguiluz asegura que el municipio continuó pagando de más por al menos tres años, ya que a pesar de que la empresa siguió enviando facturas extranjeras, nunca se le descontó el IVA.

EL COCKTAIL, EL COMPUTADOR Y LA DONACIÓN DESDE JAPÓN

Al final de cada año, cuando era alcaldesa, Jacqueline Van Rysselberghe acostumbraba a invitar a un cocktail  a los periodistas de la VIII Región. Allí, junto a sus funcionarios más cercanos, actuaba como anfitriona y a veces rifaba entre los asistentes televisores y otros artículos caros. De acuerdo a las indagaciones realizadas por el concejo municipal y la Contraloría, al menos el evento de diciembre de 2009 fue pagado con dineros provenientes de SEMCO, con cargo al centro de costos del Cementerio General. Costó $5.093.462.

Al igual que en la mayoría de los casos, esos gastos se hicieron por orden directa de la actual candidata a senadora sin consultarle ni al concejo municipal ni a los demás directores de SEMCO. Lo mismo pasó con el computador iMac Apple que el 29 de abril de 2009 fue adquirido en Falabella con fondos de la corporación. Costó $829.990 y fue comprado para uso exclusivo de Van Rysselberghe en su calidad de presidenta de SEMCO. Tras su salida del municipio, el computador simplemente desapareció del inventario.

Pero incluso después de dejar el cargo, Van Rysselberghe tuvo injerencia en las cuentas de SEMCO. En abril de 2010, cuando ya era intendenta y su región aún estaba en el suelo tras el 27/F, recibió una carta firmada por Masaji Santo, presidente de Mitsubishi Corporation en Chile, ofreciendo una donación de US$ 60.000 en efectivo para que la Intendencia comprara “20 viviendas Metalcon de 19,1 m² de fabricación CINTAC” y las instalara donde más se necesitaran. La intendenta le respondió a Santo que depositara el dinero en la cuenta de SEMCO. Así lo hizo la empresa, y el dinero quedó allí, en la cuenta de la corporación en el Banco Estado.

A pesar de que la empresa japonesa depositó casi $29,5 millones para la adquisición de viviendas para los damnificados del terremoto, no se compró ni una sola casa. En cambio, recién en junio de 2011, el sucesor de Van Rysselberghe en la intendencia pidió US$ 10.000 de ese fondo para el Concurso Internacional de Anteproyectos de Vivienda Social, un certamen que invitaba a arquitectos a proponer soluciones de bajo costo pensadas para familias que desarrollan actividades costeras. El alcalde Patricio Khun (UDI) –quien asumió el cargo tras la salida de Van Rysselberghe en marzo de 2010– autorizó el pago, que finalmente fue destinado a cubrir los premios de los tres arquitectos ganadores.

Aunque la revisión de las cuentas de la Municipalidad de Concepción y de SEMCO durante la “era Van Rysselberghe” ha dado cuenta de serias irregularidades que ya han sido denunciadas ante la fiscalía y que podrían poner en aprietos a la candidata al Senado por la circunscripción VIII Región Costa, a tres años y medio de su salida de la alcaldía, aún no está claro qué tan profunda es la crisis en la corporación.

La Contraloría constató que allí existe un completo desorden en el control interno: que el sistema de información contable no opera sobre principios de contabilidad generalmente aceptados; que los comprobantes de ingresos provenientes de la municipalidad se efectúan antes de que se haga efectivamente el pago; que existe un correlativo único entre comprobantes de ingresos y egresos; y que durante años no se efectuaron conciliaciones bancarias. El último informe, fechado el 17 de julio de 2013, dice que algunas de las irregularidades ya fueron subsanadas y que varios de los dineros malgastados han tenido que ser restituidos por el municipio a la corporación.

José Elgueta Adrovez, ex secretario general de SEMCO (Fuente: www.club-concepcion.cl)

La investigación judicial está a cargo de la Unidad de Delitos Funcionarios de la Fiscalía Regional del Bío Bío, la que ya ha solicitado diligencias a la PDI para que recabe toda la información necesaria de la Contraloría, el municipio e instituciones bancarias.

El pasado 28 de junio, después de más de 20 años como secretario general de SEMCO, el abogado José Elgueta fue destituido. Tras una larga jornada exponiendo ante el directorio las irregularidades detectadas por la Contraloría –y que lo involucran directamente–, los directores argumentaron que ya no era de su confianza, así que debía irse el 31 de julio (ver acta de esa reunión). CIPER intentó conversar con Elgueta, pero dijo: “Prefiero abstenerme por un tiempo de opinar, porque aquí hay problemas políticos de por medio, y yo no soy político”. En cuanto a la ex alcaldesa Van Rysselberghe, si bien al ser contactada dijo que respondería las preguntas de CIPER, luego no contestó las llamadas a la hora acordada.

Desde agosto el nuevo secretario general de SEMCO es el abogado Armando Cartes Montory. Lo que ahora viene es una completa auditoría financiera y administrativa que el directorio de la corporación acordó solicitar a la brevedad a una empresa externa. Recién entonces se podrá dimensionar el real impacto del desorden en las cuentas de SEMCO. Según declaró el alcalde Ortiz a Radio Bio Bio, se trata de una nueva etapa “tras varios años de nebulosas, con acciones que sólo desviaron la única labor de entregar un verdadero aporte cultural y de servicio a la comunidad”.

Vea también:
- “Universidad San Sebastián II: Los contratos con el Santiago College y artilugios para hacer crecer la inversión”
- “Universidad San Sebastián (III): Donaciones políticas secretas y arriendos inflados

Un temporal de proporciones está azotando al llamado “Olimpo” de la Universidad San Sebastián (USS). Así le llaman al octavo piso de su casa central, en calle Pío Nono en Santiago, donde tienen sus oficinas el vicerrector Luis Cordero Barrera y también el “accionista” principal, Alejandro Pérez, quien fue durante 15 años gerente general de Celulosa Arauco y Constitución (CELCO), el ejecutivo más importante del Grupo Angelini.

Los embates no sólo se relacionan con la reciente investigación judicial de la que es objeto el permiso de construcción de su imponente casa central (donde se ubica el “Olimpo”), el que se habría obtenido por medio de cohecho al hoy condenado director de Obras de la Municipalidad de Recoleta, Carlos Reyes Villalobos. A ello se suma el intempestivo anuncio de cierre de la sede de la USS en Osorno, la investigación tributaria que inició el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre sus cuentas y la indagación del Ministerio Público de sus transacciones financieras y acreditación institucional.

Lo descrito sitúa a Alejandro Pérez en el epicentro de varias irregularidades  y posibles  ilícitos investigados simultáneamente por la justicia. Su problema principal sigue siendo la forma en cómo se convirtió en el principal dueño de la USS. Esta es la primera parte de una serie en que CIPER encontró las escrituras que prueban cómo Alejandro Pérez y sus socios compraron en 2007 el principal paquete accionario de la USS en $30 mil millones, a través del traspaso de acciones de las dos sociedades controladoras: Inversiones Laguna Blanca S.A. e Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. Y también los documentos legales que muestran las transacciones realizadas para favorecer a sus empresas relacionadas y cómo han lucrado sus “dueños”, cobrando arriendos a precios que subían sin control y usando los pagos de aranceles de sus más de 20 mil estudiantes como aval para obtener millonarios préstamos de los bancos y así seguir expandiendo su negocio.

Luis Cordero Barrera, vicerrector de la USS. (Fuente:USS)

En las siguientes entregas de esta serie, se revela también la venta en 2009 de un paquete de acciones de las sociedades dueñas de la USS a una sociedad de Pablo Valenzuela Valdés, Premio Nacional de Ciencias, en $3.760 millones; la “donación” de las empresas controladoras de la USS a campañas políticas en la elección de 2009 y préstamos de sumas de varios ceros a las empresas relacionadas, sin intereses. Operaciones financieras que la autoridad en su momento detectó, consignó y dejó pasar.

Gran parte del negocio en que se convirtieron las universidades ha sido no solo el cobro de arriendos, sino el transformarlas durante años en “fiadores y codeudores solidarios” de préstamos que los controladores piden para sus sociedades comerciales. Estos préstamos se traducen en inversiones inmobiliarias que luego se arriendan a la universidad. El método es el mismo que el detectado en la Universidad del Mar y en la Santo Tomás, por citar dos de las investigaciones de CIPER (Vea “Cómo lucraron los dueños de la Universidad del Mar (I) y “Lucro en la Universidad Santo Tomás: los préstamos por $13 mil millones que el Mineduc obvió”).

Así se obtuvieron los US$ 43 millones que demandó la construcción de la nueva casa central de la USS en calle Pío Nono, justo al frente de la histórica Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. El imponente edificio –que se extiende en 27 mil metros cuadrados– fue inaugurado el 6 de noviembre de 2009 y alberga a 3.900 estudiantes. Un proceso de expansión que se inició el 12 de julio 2001, cuando sus entonces dueños lograron la ansiada autonomía. Un certificado que le permitiría a sus controladores después extenderse a otras cuatro ciudades de Chile. Del 2001 en adelante, la otrora pequeña casa de estudios que se inició en 1990, en Concepción, con sólo dos carreras, se transformó en un coloso de la educación superior con 24 mil estudiantes y sedes en Concepción, Osorno, Puerto Montt, Santiago y Valdivia.

Esta investigación entrega el más detallado relato de cómo se crea una universidad y de cómo ésta crece alimentando a una red de sociedades que lucran con ella. Aquí está paso a paso, documento a documento, toda la historia de la USS, una de las tres universidades privadas más grandes de Chile, cuyo éxito financiero se grafica en el arriendo del terreno e inmueble donde funcionaba el colegio Santiago College, uno de los paños más caros de Providencia, para instalar ahí una de sus siete sedes.

La operación la concretó en marzo de 2008 la sociedad matriz de Alejandro Pérez y sus socios al incorporarse a la propiedad de la USS (IAB Inmobiliaria S.A.). El precio pactado con la Fundación Educacional Santiago College, con el expreso consentimiento del Board of Trustees of Santiago School, fue de 3.500 UF mensuales ($80.861.690 según UF al 8 de octubre de 2013). Pues bien, el paso siguiente de Pérez y sus socios fue subarrendarle a la USS el mismo terreno y edificio por 7.000 UF ($161.723.380 según UF al 8 de octubre de 2013).

UN COMIENZO CON DOS CARRERAS

La Universidad San Sebastián inició sus actividades en Concepción en 1990, con solo dos carreras y el aval del Ministerio de Educación otorgado el 9 de febrero de ese año. Con Carmen Vidal Montecinos en la rectoría, recibió sus primeros alumnos en las carreras de Ingeniería Comercial y Psicología. Sus dueños eran dos matrimonios penquistas: Javier Pivcevic Bayer y su esposa Verónica González Contreras; y Héctor Raúl Poblete Almendra y su señora de entonces, María Cecilia Salvatierra Ibáñez.

Un año y medio más tarde, el 30 de julio de 1992, la USS presentó su proyecto institucional al entonces Consejo Superior de Educación (CSE). Fue entonces que se sumaron otras cinco carreras: Derecho, Periodismo, Contador Auditor, Educación Parvularia y Servicio Social. Una octava carrera quedó en ese momento sin aprobación: Medicina.

La decisión del CSE se fundamentó en que la USS “no contaba con los recursos docentes, didácticos, económicos, financieros y físicos necesarios para ofrecer el título profesional de Médico Cirujano y el grado académico de Licenciado en Medicina”. En marzo siguiente, la USS aportó nuevos antecedentes y finalmente, el 8 de junio del ‘93, el CSE le otorgó la certificación a la carrera de Medicina, lo que le permitió a la USS inaugurar su área de Salud en 1994.

Auditorio Universidad San Sebastián. (Fuente: USS)

La USS ya contaba con 699 alumnos en diciembre de 1993 cuando fue visitada por tres pares académicos para el primer ciclo de verificación de avances de su proyecto institucional. Las observaciones –entregadas en junio del ’94– apuntaron a que la dedicación horaria de los profesores no alcanzaba para cumplir las funciones de docencia con los alumnos: el número de profesores de media jornada o dedicación completa era insuficiente. También el ítem “investigación” marcó en rojo: no se constataron políticas claras de desarrollo.

La observación más grave fue financiera: “En materia institucional, se observa un desequilibrio entre el desarrollo en términos de generación de recursos económicos y el desarrollo académico de la universidad”. Así, la visita del ente regulador concluyó que si la USS quería cumplir su proyecto en un nivel mínimo de calidad, debía subsanar sus deficiencias.

No obstante los problemas detectados, los flujos de dineros aumentaban. Así lo revela la creación de una nueva sociedad personal de dos de sus controladores: Javier Pivcevic y su esposa, Verónica González, crean el 22 de agosto de 1994 la sociedad Inversiones Rosario Limitada con un capital de $7.500.000, de los cuales González aporta $7 millones y los otros $500.000 los pone Pivcevic con 4.500 acciones de Inversiones Coliumo S.A. La investigación de CIPER revela que Inversiones Coliumo ya operaba entonces como la principal sociedad relacionada de la Universidad San Sebastián, con cobros millonarios no justificados, cuyas ganancias se iban a las sociedades personales de sus dueños, al punto que el propio Consejo Superior de Educación encendió la alerta (ver informe del CSE).

El otro matrimonio controlador no se quedó atrás: Héctor Poblete, en sociedad con su esposa, María Cecilia Salvatierra Ibáñez, crearon Inversiones Pensum S.A. el 11 de noviembre de 1994, con un capital de $6.500.000.

Ambas sociedades –Inversiones Rosario e Inversiones Pensum– se convertirían en sociedades relacionadas de la Universidad San Sebastián

A fines de enero de 1996, la USS fue nuevamente fiscalizada en terreno. Ya tenían 1.639 alumnos y, sin embargo, como lo consigna en su informe el CSE, “no existían espacios destinados a las dependencias de las distintas carreras, por lo que era recomendable definir –en el corto plazo– el proyecto de su infraestructura física y localización definitiva”. Cuatro meses después, el CSE estudió nuevos antecedentes y concluyó que existía “evidencia de una situación financiera compleja”, baja liquidez y un “alto endeudamiento”. El informe agrega que la USS no había logrado consolidar un patrimonio que le permitiera estabilidad y viabilidad a su proyecto. Dada la gravedad de la situación, el CSE decidió llevar a cabo un monitoreo estricto de la situación financiera.

Un flujo de liquidez y respiro financiero fue lo que trajo la incorporación a la propiedad de la Universidad San Sebastián de un conocido empresario de Concepción: el ingeniero comercial José Luis Zabala, quien llegó como socio mayoritario de la USS en 1997, asumiendo al año siguiente la presidencia de su junta directiva.

CIPER no encontró los documentos que registran los montos de esa venta del paquete accionario mayoritario de la USS al Grupo  Zabala, cuyo rubro principal es el inmobiliario. Pero sí halló otro documento que muestra que la familia Zabala se convierte en la accionista principal de Inversiones Coliumo, la principal empresa relacionada de la USS, a través de Inmobiliaria e Inversiones Pie de Monte Limitada, la que adquiere un 87,5% de su capital: $668.296.947. Inversiones Pensum S.A. (de Poblete y Salvatierra), tenía un 6,88% e Inversiones Rosario S.A. (Pivcevic), un 5,62%.

El ingreso de Zabala a la propiedad de la USS trajo consigo la creación de la principal sociedad relacionada de la universidad: Inversiones Laguna Blanca S.A., creada  el 22 de abril de 1997. La sociedad anónima cerrada fue constituida por Inversiones Rosario S.A. (Pivcevic y González), Inversiones Pensum S.A. (Poblete y Salvatierra) e Inmobiliaria e Inversiones Pie de Monte S.A. (José Luis Zabala); con un capital de $1 millón. Como se verá más adelante, Laguna Blanca S.A. –y su sociedad gemela Laguna Blanca Dos S.A.– servirán a los controladores de la USS para vender en sucesivas etapas “acciones” de la universidad, sorteando así la prohibición legal existente.

Zabala debió enfrentar la nueva evaluación negativa del CSE luego de una visita de verificación financiera realizada el 8 y 9 de mayo de 1997. Para entonces, la universidad tenía 1.726 alumnos en Concepción y, según el CSE, acumulaba “una situación financiera de permanente estrechez en los últimos cuatro años, lo que se evidencia al observar que durante todo el periodo examinado registra un capital de trabajo negativo”. Además, el endeudamiento “no le ha permitido un leverage razonable, a pesar de no observarse un incremento sustancial de los activos fijos, que sólo se incrementaron en un 12% real durante los cuatro años”.

El informe concluyó que la insuficiente consolidación patrimonial se debía “a las transacciones con empresas relacionadas y a un excesivo gasto financiero”.

El informe concluyó que la insuficiente consolidación patrimonial se debía “a las transacciones con empresas relacionadas y a un excesivo gasto financiero”. En 1994, 1995 y 1996 las transacciones más significativas de la Universidad San Sebastián fueron con su empresa relacionada Inversiones Coliumo S.A. Los evaluadores concluyeron que durante esos años, “se produjo una considerable canalización de fondos que favorecieron patrimonialmente a dicha sociedad, representada especialmente por pagos de mayor valor en arriendos de inmuebles, compras de activo fijo, adquisición de intangibles y arriendo de bienes muebles entre otros”. Otro hecho irregular detectado por los fiscalizadores del CSE fueron los pagos de honorarios y remuneraciones a familiares de los socios de la corporación, “sin que existiera constancia de la prestación de los servicios”.

Dada la gravedad de los hechos detectados, el CSE requirió una explicación detallada por parte de la universidad. Una de las interrogantes fue cómo se explicaba que la USS subarrendara por pisos los inmuebles a la sociedad relacionada Inversiones Coliumo S.A., “pagando por ello una renta mayor al que correspondía al arriendo original, sin que existiera valor agregado alguno en la operación”. Lo mismo se pidió para compras de activos fijos y de derechos de marcas indebidamente justificadas que no respondían a las reglas del mercado.

Después de una nueva visita inspectiva, el 2 de abril de 1998, el Consejo Superior de Educación decidió no certificar la autonomía y extender el periodo de seguimiento de la USS por tres años más.

Los tres años de plazo sirvieron para que los flujos de dineros en la USS hacia su nueva empresa relacionada, Inversiones Laguna Blanca S.A., se multiplicaran. Así lo prueba la escritura hallada por CIPER fechada el 30 de noviembre de 1998, que registra el aumento de capital de Inversiones Laguna Blanca S.A. de $1 millón a $917.153.560, divididos en 10.100 acciones. Como se verá, los ingresos de esta sociedad solo provenían de sus negocios con la USS.

En octubre de 1999, cuando la USS ya contaba con 2.023 alumnos, el CSE realizó una cuarta visita para monitorear el avance de los procesos institucionales. La verificación resultó lamentable: no hay constancia de que la universidad cuente con un patrimonio inmobiliario propio, puesto que no hay evidencia de que el traspaso de los inmuebles de propiedad de sus sociedades relacionadas – y que a su vez la USS les arrendaba -, se esté llevando a cabo. Tampoco existen  antecedentes de avances de las obras del anunciado nuevo Campus Universitario, señala el acta respectiva.

A pesar de las “exigencias” del CSE, la USS no se convirtió en dueña de sus inmuebles. El 30 de marzo de 2000, Laguna Blanca amplió su objeto social e incluyó la compra de bienes inmuebles para su posterior venta y/o arrendamiento y el arrendamiento de inmuebles amoblados. Los nuevos informes financieros fueron enviados al CSE para su evaluación, incluyendo la situación patrimonial inmobiliaria y el plan para incorporar inmuebles en construcción. Inexplicablemente, el 31 de agosto de 2000, la USS pasó el examen. Faltaban pocos meses para que venciera el plazo que determinaría su autonomía o la revocación del reconocimiento oficial. La última visita del ente regulador tuvo lugar en mayo de 2001, cuando en sus aulas estudiaban casi 2.500 alumnos. El 12 de julio de 2001, la Universidad San Sebastián obtuvo su autonomía.

COMIENZA LA EXPANSIÓN TERRITORIAL

La obtención de la autonomía era la única pieza que faltaba para iniciar la expansión tanto territorial como en alumnos. A principios de 2002 se abrió la sede en Puerto Montt. Sus 2.600 metros cuadrados construidos y sus 500 estudiantes se sumaron a los más de 3.500 que ya estudiaban en la sede original de Concepción, con 11.426 metros cuadrados construidos.

2002 marca un punto de inflexión para uno de sus dueños. En abril de ese año, una de sus accionistas originales, María Cecilia Salvatierra, esta vez sin su esposo (Raúl Poblete), constituye Inversiones Esmeralda Ltda., junto a una de sus hijas y un capital de $2 millones. Poco después, esa sociedad ingresaría a la propiedad de Inversiones Laguna Blanca S.A.

2003: La USS en un año pasó de tener poco más de 4.000 alumnos a 6.511 matriculados. Los flujos de dinero crecían en igual proporción.

El patrimonio de las sociedades relacionadas a la USS siguió aumentando. El 13 de noviembre de 2002 Inversiones Laguna Blanca S.A. volvió a aumentar su capital a $1.429.284.243 dividido en 14 mil acciones ordinarias. En la escritura hallada por CIPER se establece que el aumento se origina en una “revalorización de capital propio”. En 2003 la USS agregó dos nuevas sedes: Osorno, con 361 alumnos; y Talcahuano, con 436 estudiantes. Así, la USS en un año pasó de tener poco más de 4.000 alumnos a 6.511 matriculados. Los flujos de dinero crecían en igual proporción.

Una escritura de la junta extraordinaria de accionistas de Inversiones Laguna Blanca S.A. realizada el 26 de mayo de 2003, en calle San Sebastian 1839, oficina 801 (Las Condes), permite identificar la composición accionaria de la Universidad San Sebastián de ese momento. La preside Alfredo Rivera Balart, vicerrector de infraestructura docente de la USS; y participan como accionistas: Inmobiliaria e Inversiones Pie de Monte Ltda., representada por José Luis Zavala Ponce (8.569 acciones); Inversiones Rosario S.A., representada por Javier Pivcevic (2.171 acciones); Inversiones Esmeralda e Inversiones Pensum, representadas por Cecilia Salvatierra Ibáñez (1.327 acciones); y la Universidad San Sebastián, representada por José Luis Zavala y Javier Pivcevic Bayer (1.933 acciones).

La escritura encontrada por CIPER indica que los accionistas decidieron ampliar el objeto de Inversiones Laguna Blanca S.A., incluyendo la prestación de todo tipo de servicios y asesoría, sea de carácter financiero, legal, contable, tributario, administrativo, por cuenta propia o de terceros, y disminuir el número de miembros del directorio de cinco a tres: José Luis Zavala Ponce, Pilar Zavala Meruane y Javier Pivcevic.

Solo un mes más tarde, el 20 de junio de 2003, se volvió a reunir en forma extraordinaria la junta general de accionistas de Inversiones Laguna Blanca S.A. para sancionar un nuevo aumento de capital: de $1.429.284.246 pasa a $2.041.528.333 dividido en 20.000 acciones ordinarias. Un aumento que se pagaría con la emisión de 6.000 acciones de $6,0166 UF cada una, las que serían suscritas y pagadas dentro del plazo de tres años.

Días más tarde, Laguna Blanca S.A. absorbió a la Inmobiliaria e Inversiones B & J S.A., la que se disolvió. Era otra de las empresas relacionadas de la USS y le arrendaba la propiedad de calle General Cruz Nº 1561, en Concepción. El inmueble pasó a formar parte de los activos de Laguna Blanca.

La expansión continuó. En 2004, 2005 y 2006 la USS abrió sedes en Valdivia y Santiago, llegando a tener más de 10 mil alumnos en 51 mil metros cuadrados construidos. Al culminar ese proceso, sus dueños decidieron ir por la acreditación institucional, un certificado que les daría acceso a otros beneficios. El más importante: que sus alumnos pudieran acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE).

LOS MILLONES DEL CAE

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) le otorgó a la Universidad San Sebastián la acreditación institucional por dos años el 6 de junio de 2006. El único reparo: la carencia de mecanismos para evaluar que los egresados de una misma carrera de sedes distintas logren objetivos académicos equivalentes. Con ese certificado, en 2007 la USS pudo recibir $339 millones por el CAE otorgado a 254 de sus alumnos.

Como si hubieran estado al tanto de la decisión de la CNA que afectaría sus finanzas, seis días antes de la acreditación, el 31 de mayo de 2006, los dueños de la USS decidieron –en junta extraordinaria de accionistas de Inversiones Laguna Blanca S.A. (ver acta)– dividir la sociedad y crear Inversiones Laguna Blanca Dos S.A.

La creación de la nueva sociedad dio origen a varios cambios. El primero fue modificar el objeto de la sociedad madre, Inversiones Laguna Blanca S.A.: se excluyó de su giro el arrendamiento de inmuebles amoblados y se le asignó un capital de $1.786.883.763 divididos en 15.900 acciones. La nueva sociedad, Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. (100 acciones), quedó formada por los mismos accionistas en los siguientes porcentajes: Inmobiliaria e Inversiones Pie de Monte Ltda. (Zavala), 72 acciones; Inversiones Rosario S.A. (Pivceciv), 15 acciones; Inversiones Pensum S.A. (Salvatierra), 9 acciones; Javier Pivcevic Bayer, 2 acciones y Cecilia Salvatierra, 2 acciones. En sus objetos se explicita una amplia gama del rubro inmobiliario, compra, venta y arrendamientos y comercialización de inmuebles; además de todo tipo de servicios y asesorías. Su primer directorio quedó conformado por: José Luis Zabala Ponce, Pilar Zabala Meruane, Javier Pivcevic Bayer. Y como inspectores de cuentas: Karen Soto Lemonao y Gladys Lobos Montero (Ver cuadro con la repartición accionaria de las sociedades relacionadas).

CIPER encontró el informe pericial solicitado pos los accionistas para ejecutar la división, realizado por Karen Soto Lemonao el 31 de mayo de 2006, el cual permite conocer los inmuebles asignados a Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., todos arrendados a la Universidad San Sebastián:

A-. En Santiago: 1) Propiedad de Ricardo Cumming, valorizada en $864.344.720, la que fue adquirida por compraventa a Compañía Distribuidora Industrial S.A. en quiebra, el 27 de octubre de 2003.

B-. En Concepción: 2) Propiedad de calle General Cruz Nº 1.577, valorizada en $1.142.123.326, adquirida por compra a la Universidad San Sebastián el 30 de noviembre de 1998. 3) Propiedad de calle General Cruz Nº 1561, valorizada en $655.204.983 y adquirida al haber reunido en su poder el 100% de las acciones de Inmobiliaria Inversiones B&J S.A. el 9 de julio de 2003. 4) Propiedad de calle Pedro de Valdivia Nº 1.171, valorizada en $424.856.065, adquirida por compra a la Universidad San Sebastián el 9 de diciembre de 2005. 5) Propiedad de calle Pedro de Valdivia Nº 1.187, valorizada en $424.865.065, adquirida por compraventa a la Universidad San Sebastián el 21 de diciembre de 2005.

C-. En Valdivia. 6) Propiedad de calle General Lagos Nº 1.140 y Nº 1.150, valorizada en $171.744.957, adquirida por compra a Inversiones Austral Ltda., el 7 de octubre de 2003. 7) Propiedad de calle Pérez Rosales Nº1.095, valorizada en $20.000.000, adquirida por compra a Inversiones Austral Ltda. el 7 de octubre de 2003. 8) Propiedad de General Lagos y General Sotomayor (General Lagos Nº 1.095), valorizada en $171.744.957, comprada a Hilda Eguiluz Figueroa el 22 de julio de 2005.

D-. En Osorno. 9) Resto del lote B del fundo Pilauco, sector Cuinco, valorizado en $1.097.603.229, adquirido por compraventa a la Universidad San Sebastián el 15 de diciembre de 2005.

E-. En Puerto Montt. 10) Predio ubicado en calle Pelluco, Puerto Montt, denominado lote C, valorizado en $440.125.521, comprado a Marta Márquez Maripán, el 16 de octubre de 2002. 11) Propiedad de calle Lago Panguipulli Nº 309, valorizada en $19.171.000, adquirida por compraventa a José Orlando Cárdenas el 30 de diciembre de 2005. 12) Propiedad de calle Lago Panguipulli Nº 310, valorizada en $19.171.000, comprada a la sucesión Bustamante Velázquez, el 22 de diciembre de 2005.

En septiembre de 2006, cuando los dueños de la USS estaban por iniciar un segundo ciclo de expansión, falleció José Luis Zabala, motor del crecimiento vertiginoso y quien en 2005 había asumido la rectoría de la universidad.

Campus Pichi Pelluco - Puerto Montt (Fuente: USS)

En septiembre y noviembre de 2006, en avenida Presidente Riesco Nº 5.711, piso 14, tendrán lugar dos reuniones que afectarán decisivamente el rumbo de la USS. La primera, es la sesión de directorio de Laguna Blanca S.A. Bajo la presidencia de Pilar Zabala Meruane y con la asistencia de los directores Javier Pivcevic Bayer y Andrés Vaccaro Buscaglia (gerente general del holding Zabala); y de la abogada Carolina Arenas Riveros (actúa como secretaria); y de Karen Soto Lemonao, revocan poderes y le otorgan “las más amplias facultades” a Pilar Zabala Meruane (por sí sola) y a Andrés Vaccaro Buscaglia indistintamente con cualquiera de Javier Pivcevic Bayer y Karen Soto Lemonao.

La segunda reunión, corresponde al directorio de Inmobiliaria Monjitas S.A., de propiedad de José Luis Zabala, quien ya ha fallecido, donde se adoptan medidas para agilizar la toma de decisiones. La preside su hija, Mariela Zabala Meruane; y participan las directoras Pilar y Maite Zabala Meruane. Están presentes también el gerente del grupo, Andrés Vaccaro Buscaglia, y la abogada Carolina Arenas Riveros. Vaccaro asume un rol importante. Inmobiliaria Monjitas se incorporará como socia de la Corporación Universidad San Sebastián.

UNA NUEVA ETAPA

Todo estaba preparado para los grandes cambios que se avecinaban. Los nuevos actores serían hombres conocidos en el mundo empresarial chileno, dispuestos a invertir fuerte en el negocio educacional. Los protagonistas serían Alejandro Pérez, quien recientemente había dejado la gerencia de CELCO en medio del escándalo por el daño ambiental provocado por una planta en el Río Cruces y que arrasó con el 74% de los cisnes que poblaban ese Santuario de la Naturaleza; y Luis Ernesto Videla, quien había hecho una larga carrera como ejecutivo de Lan Chile.

Faltaban solo algunas formalidades para que se concretara el gran negocio de los nuevos controladores de la USS. Un paso se cumplió el 2 de marzo de 2007, fecha en que los abogados Fernando Batlle Lathrop y Rodolfo Guerrero Píes constituyeron la sociedad anónima cerrada “Inversiones y Asesorías Educacionales S.A.”. Nombre Fantasía: EDU S.A. y su capital: $1 millón. Su objeto: formar parte y/o controlar otras sociedades o entidades dirigidas o relacionadas con el fomento de la educación, pudiendo asumir la administración de las mismas, además de una larga lista de otros negocios relacionados con la educación. Su primer directorio quedó integrado por: Alejandro Pérez Rodríguez, Luis Ernesto Videla Berguecio y Ramón Valdivieso Ríos.

El 8 de mayo de 2007 se crean 7 sociedades con los mismos directores: Alejandro Pérez, Luis Ernesto Videla y Ramón Valdivieso. Ya todo está listo para vender el paquete accionario principal de la Universidad San Sebastián

En ese mismo mes de marzo de 2007, el directorio de Inversiones Laguna Blanca S.A. se reúne para sincerar el capital efectivamente pagado al 31 de diciembre de 2005: lo disminuye de $1.798.092.577 a $1.786.883.763, y baja sus acciones de 16.000 a 15.900. Precisa también que el patrimonio asignado a la sociedad Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. alcanza a $17.725.861.776.

El 8 de mayo de 2007, los mismos abogados Batlle Lathrop y Guerrero Píes tendrán bastante trabajo. Deberán constituir otras siete sociedades anónimas cerradas para sus mandantes: “Inversiones para el Crecimiento Educacional S.A.”, “Sociedad Educacional Cervantes S.A.”, “Sociedad Educacional Columbus S.A.”, “Sociedad Educacional Pío IX S.A.”, “Sociedad Educacional Ciclotrón S.A.”, “Sociedad Educacional del Sur S.A.” y “Sociedad Educacional Chile 2020 S.A.”. Cada una de ellas tendrá un capital inicial de $100.000, y en sus primeros directorios figuran las mismas personas: Alejandro Pérez, Luis Ernesto Videla y Ramón Valdivieso.

La explicación para la creación de las nuevas sociedades, que pasarán a ser socias de la Corporación Universidad San Sebastián, CIPER la encontró en otro documento mercantil relacionado con la venta de la mayor parte accionaria de la USS, finiquitada ese 22 de mayo de 2007. Allí se lee que la dueña de todas ellas es “Inversiones para el Crecimiento Educacional S.A.”, actualmente dueña de: 990 acciones de la Sociedad Educacional del Sur S.A.; 990 acciones de la Sociedad Educacional Cervantes S.A.; 990 acciones de la Sociedad Educacional Columbus S.A.; 990 acciones de la Sociedad Educacional Pío IX S.A.; 990 acciones de la Sociedad Educacional Chile 2020 S.A. y 990 acciones de la Sociedad Educacional Ciclotrón.

En el acta se deja constancia de la llegada de nuevos socios, encabezados por Alejandro Pérez. Nadie habla de compra, tampoco de ventas. Solo se menciona la palabra “renuncias”. Y todo dura dos horas y 45 minutos.

Ya todo está listo para vender el paquete accionario principal de la Universidad San Sebastián, lo que se concreta el 17 de mayo de 2007 en la asamblea extraordinaria de dicho plantel y que preside Pilar Zabala Meruane (en representación de Inversiones San Luis S.A. e Inmobiliaria Monjitas) y en la que actúa como secretaria la fiscal transitoria de la USS, Carolina Arenas Rivero. En el acta se deja constancia de la llegada de nuevos socios, encabezados por Alejandro Pérez. Nadie habla de compra, tampoco de ventas. Solo se menciona la palabra “renuncias”. Y todo dura dos horas y 45 minutos.

Los nuevos socios:  Sociedad Educacional del Sur S.A., Sociedad Educacional Columbus S.A., Sociedad Educacional Cervantes S.A., Sociedad Educacional Pío IX S.A., Sociedad Educacional Chile 2020 S.A., Sociedad Educacional Ciclotrón S.A. Todas ellas “vinculadas a Luis Ernesto Videla Berguecio y Alejandro Pérez Rodríguez, son aceptadas unánimemente”, se lee en la escritura.

Así, en mayo de 2007 la corporación de la Universidad San Sebastián tendrá nueve socios: las seis sociedades recién creadas, más Inversiones San Luis S.A., Inmobiliaria Monjitas S.A., Inversiones Rosario S.A. Una de sus dueñas fundadoras, Cecilia Salvatierra Ibáñez, es nombrada socia honoraria. No se menciona que lo hace como poseedora de 1.771 acciones de la sociedad controladora: Inversiones Laguna Blanca S.A.

Alejandro Pérez Rodríguez

Cuatro días más tarde, el 22 de mayo, se lleva a cabo el traspaso del control de la USS a los nuevos socios mayoritarios. En el acta de la sesión del consejo directivo de la Corporación de la USS, se deja constancia que asisten los nuevos socios: Sociedad Educacional Columbus S.A., Sociedad Educacional Cervantes S.A. y Sociedad Educacional Chile 2020 S.A., todas representadas por Alejandro Pérez Rodríguez; Sociedad Educacional del Sur S.A., Sociedad Educacional Pío IX S.A. y Sociedad Educacional Ciclotrón S.A. representadas por Luis Ernesto Videla Berguecio. Siguen participando del ente directivo de la USS, Inversiones San Luis S.A. e Inmobiliaria Monjitas S.A., representadas por Pilar Zabala Meruane, e Inversiones Rosario S.A., en la personería de Javier Pivcevic Bayer.

No hay engaño en el plan a seguir y que verbaliza Pilar Zabala: se están “tomando todas las medidas y creando todas las instancias con el objeto de afrontar el periodo de acreditación, ahora por un periodo mayor, así como el procedimiento de acreditación en el área de salud y educación”.

Las actas dicen que la sesión de la corporación rectora de la USS se inició a las 14 horas de ese 22 de mayo. Pues bien, cuatro horas más tarde, las mismas personas daban inicio a la sesión del directorio de la principal sociedad dueña de la USS: Inversiones Laguna Blanca S.A., en la que Alejandro Pérez asume el control.

La escritura la formalizó el abogado de Alejandro Pérez, Rodolfo Guerrero Pies, y da cuenta de la asistencia de todos los accionistas: Pilar Zavala (11.267 acciones), en representación de Inversiones La Foresta; Javier Pivcevic Bayer (2.862 acciones), por Inversiones Puerto Porvenir S.A.; y Cecilia Salvatierra Ibáñez (1.771 acciones), por Inversiones Esmeralda Ltda. Total: 15.900 acciones. Acuerdan aumentar el directorio a seis personas. A Pilar Zabala y Pivcevic se agregan: Alejandro Pérez, Luis Ernesto Videla, Ramón Valdivieso y Eduardo Pérez Marchant. Como gerente general queda Alejandro Pérez.

A las 18:45 horas de ese mismo día comenzará el directorio de Laguna Blanca Dos S.A., el que adoptará idénticas decisiones que el de Laguna Blanca S.A.

Lo que no se dice en ninguno de los documentos anteriormente mencionados es que la llegada de nuevos “socios” a la corporación rectora de la Universidad San Sebastián y al directorio de sus dos sociedades controladoras principales, tenía su origen en una compra y venta de acciones. Esta quedó registrada en un “Contrato de prenda mercantil sobre acciones y prohibición” (Ver documento) que tiene la misma fecha de los directorios anteriores, 22 de mayo de 2007, y que CIPER encontró en la Notaría de Félix Jara Cadot.

El documento suscrito por los representantes de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., Alejandro Pérez y Luis Ernesto Videla, certifica que han comprado 10.494 de las 15.900 acciones de Inversiones Laguna Blanca S.A. e Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., en $30.555.020.393. A los Zabala (Inversiones La Foresta) les correspondieron casi $23 mil  millones. A Javier Pivcevic (Puerto Porvenir), $4.400 millones y a María Cecilia Salvatierra (Inversiones Esmeralda), la cantidad de $3.280 millones.

$30.555.020.393 pagaron Alejandro Pérez y Luis Ernesto Videla, a través de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., por el control de la Universidad San Sebastián en 2007.

En el segundo y tercer punto del contrato se lee que “Inversiones y Asesorías Educacionales S.A.” adquirió las acciones de la siguiente forma: “Una parte por novación por cambio de deudor, otra parte se paga al contado al momento de la suscripción de la compraventa y traspaso, y el saldo restante será pagado en cuatro cuotas anuales iguales y sucesivas”, que vencían el 30 de junio de 2008, de 2009, de 2010 y el 30 de junio de 2011. En el documento también se detallan los montos de las cuatro cuotas.

Ciper encontró en la Notaría Benavente el “Alzamiento de prenda sobre acciones“, fechado el 16 de diciembre de 2011, que confirma los montos antes señalados (Ver documento).

Luis Ernesto Videla no alcanzaría a ver pagada la última cuota. Conocido por haber sido gerente general de Lan por una década, moriría el 1 de marzo de 2010 en un accidente aéreo cuando viajaba con una delegación de la USS a Concepción, para ayudar en la zona afectada por el terremoto.  Otros cinco directivos de la universidad, entre ellos dos de los socios de sus sociedades controladoras, también fallecieron. En ese momento Videla se desempeñaba como vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos y pocos meses antes había alcanzado a coronar el crecimiento de la universidad con la inauguración de la casa central de la San Sebastián, en calle Pio Nono.

Vea también:
- “Universidad San Sebastián I: Paso a paso, el modelo del lucro”
- “Universidad San Sebastián (III): Donaciones políticas secretas y arriendos inflados

La muerte del 74% de los cisnes del santuario del Río Cruces obligó en 2005 al empresario Alejandro Pérez a dejar la gerencia general de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), la empresa forestal más grande del país. Si bien Pérez siempre negó la responsabilidad de la planta Valdivia en el desastre ambiental, recientemente la justicia dictaminó y condenó a Celco por la muerte de los cisnes y a pagar los trabajos de recuperación del humedal. Pero dejar de ser el hombre fuerte del grupo Angelini le abrió a Alejandro Pérez una nueva oportunidad: ingresar al negocio de la educación.

Su aterrizaje como empresario de la educación superior lo hizo junto a un grupo que ya tenía experiencia en el rubro como dueño de una parte de la propiedad de la Universidad Andrés Bello: Luis Cordero Barrera (quien dejó su cargo de prorrector de la Andrés Bello), Marcelo Ruiz Pérez, Ignacio Fernández Doren y Andrés Navarro (dueño de Sonda).  Todos ellos  se constituyeron como grupo aparte cuando a fines de 2005 se dividió la sociedad y los negocios de la empresa de la que formaban parte: Inmobiliaria Andrés Bello S.A., presidida por Jorge Selume (hasta 2003 dueña de la Universidad Andrés Bello). Fue entonces que los caminos de sus accionistas se bifurcaron.

La escritura del 26 de diciembre de 2005 da cuenta de la división de Inmobiliaria Andrés Bello S.A. en dos: “Salud Inversiones S.A.” e “IAB Inmobiliaria S.A.”. En esa junta extraordinaria de accionistas participaron Juan Antonio Muñoz y Julio Dittborn en representación de Inversiones La Caleta S.A.; Miguel Ángel Poduje Sapiain, por Inversiones Huepil Ltda.; Marcelo Ruiz representando a Copra S.A. y Andrés Navarro Heussler por Inversiones Yuste S.A.

Universidad San Sebastián - Valdivia (Fuente: USS)

El patrimonio de la Inmobiliaria Andrés Bello, según balance del 30 de junio de 2005, era de $10.904.811.967. De ese monto se asignó como patrimonio $7.039.795.556 a la nueva sociedad “Salud Inversiones S.A”, junto a activos principalmente de la sociedad Healthcorp S.A. y del Instituto Diagnóstico S.A. Indisa (Clínica Indisa) y un capital social de $238.407.905 dividido en 40.000 acciones. El directorio provisorio de la nueva compañía quedó conformado por Alejandro Pérez Rodríguez, Ignacio Fernández Doren, Luis Cordero Barrera, Marcelo Ruiz Pérez, Andrés Navarro Heussler, Álvaro Saieh Bendeck (accionista principal de Copesa, entidad que aporta la mayor parte del financiamiento de Ciper), Jorge Selume Zaror, Miguel Ángel Produje Sapiain, Juan Antonio Guzmán Molinari y Francisca Tampier Ramírez.

Pero ese directorio de Salud Inversiones S.A. duró muy poco. Aunque Alejandro Pérez conservó inversión en esa área del negocio de salud,  junto a otros cuatro directores -Cordero, Ruiz Pérez, Fernández Doren y Navarro- formó un nuevo grupo que se quedó con la otra parte de la división: “Inmobiliaria Andrés Bello”, a la que le cambiaron el nombre por “IAB Inmobiliaria S.A.” (sociedad que redujo su patrimonio a $3.865.016.411 y un capital social de $130.891.651 dividido en 40 mil acciones).

La operación tuvo lugar después de que Laureate (entonces Sylvan International) comprara en 2003 la Universidad Andrés Bello en US$80 millones. Tras la venta, los antiguos dueños dividieron los activos y mientras un grupo se quedó con el negocio de salud, el otro mantuvo las propiedades inmobiliarias que siguen arrendándole hasta hoy a la Universidad Andrés Bello.

El 24 de octubre de 2006, “IAB Inmobiliaria” constituyó “IAB Tecnología” con un capital de $270 millones. Su directorio fue presidido por Alejandro Pérez y lo integraron Ruiz, Navarro, Fernández y Cordero. Los mismos socios que acompañarán sólo meses después a Alejandro Pérez  en la compra del principal paquete accionario de la Universidad San Sebastián.

LA GRAN EXPANSIÓN

El 23 de mayo de 2007 –un día después de la toma de control por parte del grupo de Alejandro Pérez– se reunió la asamblea extraordinaria de socios de la Corporación Universidad San Sebastián. Bajo la presidencia de Pilar Zabala, concurrieron ahora en calidad de socios: Alejandro Pérez Rodríguez, en representación de las sociedades educacionales Columbus S.A., Cervantes S.A. y Chile 2020 S.A.; Luis Ernesto Videla Berguecio, por las sociedades educacionales Del Sur S.A., Pío IX S.A. y Ciclotrón S.A.; Pilar Zabala, por Inversiones San Luis S.A. e Inmobiliaria Monjitas S.A.; y Verónica González Contreras, representando a Inversiones Rosario S.A. La primera decisión fue nombrar a la nueva junta directiva de nueve miembros: Alejandro Pérez, Teresita Marchant Orrego (esposa de Alejandro Pérez), Carlos Schild Bentjerodt, Ernesto Videla Cifuentes, Felipe Velasco Silva (cuñado de Videla e hijo del ex ministro DC Belisario Velasco), Ramón Valdivieso Ríos, Pilar Zabala , Javier Pivcevic Bayer y Andrés Vaccaro Buscaglia (gerente general del Grupo Zabala).

Alejandro Pérez Rodríguez

Nuevas sociedades y proyectos se activaron de inmediato. El primero y más importante, la negociación para obtener el arriendo del codiciado terreno e inmueble que ocupó históricamente y por décadas el exclusivo colegio Santiago College en la comuna de Providencia.

El 28 de marzo de 2008 se firma el primer contrato de arriendo entre la Fundación Educacional Santiago College, representada por Fernando Alvear Artaza y Colette Saieg Manzano; e IAB Inmobiliaria, en virtud del cual la primera acepta arrendarle a la sociedad representada por Alejandro Pérez y Marcelo Ruiz, el terreno de 31.600 metros cuadrados por 30 años. El contrato fue firmado además por John L. Bulger, a nombre del Board of Trustees of Santiago College, el que debió dar expreso consentimiento a la operación ya que desde 1987 la donación del 50% del dominio sobre los cuatro retazos del terreno que le hiciera a la Fundación Santiago College, quedó sujeta a una restricción: sólo podía destinarse a fines educacionales.

Concurrieron con su firma además, un representante de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A, (Alejandro Pérez) y dos de la Universidad San Sebastián (Luis Ernesto Videla y Guido Meller), debido a que la cláusula 22 del mismo contrato estableció la posibilidad de que IAB Inmobiliaria le subarriende o haga cesión de sus derechos a Laguna Blanca Dos S.A., la que a su vez lo subarrendará a la USS; o directamente a la USS, para que instale allí su Campus Los Leones (ver extracto del contrato de arriendo).

El monto del arriendo fue fijado en 3.500 UF mensuales ($80.861.690, valor UF al 8 de octubre 2013). Dos meses más tarde, IAB Inmobiliaria le subarrendó a la USS el mismo terreno e inmueble por 7.000 UF ($161.723.380, valor UF al 8 de octubre 2013), el doble de lo que esa sociedad pagaría por contrato. Allí también se estipula que todo arreglo o nueva construcción será por cuenta de la USS, la que deberá pagar una renta adicional de 0,35UF mensual por cada nuevo metro cuadrado construido (ver extracto del contrato, Notaría Benavente).

CIPER no pudo encontrar una modificación a ese contrato. Pero sí halló cuatro enmiendas al contrato original entre IAB Inmobiliaria y la Fundación Santiago College, respecto del inicio del pago y de la fecha de entrega, pues ésta se dilató. Finalmente, el 28 de septiembre de 2010, se firmó el último documento que fijó el 31 de enero de 2012 como fecha de la entrega material y el 10 de octubre de 2010 para el inicio del pago de las 3.500 UF mensuales por arriendo (la garantía fue de 42 mil UF). Poco antes se había alargado a 32 años el periodo de vigencia del contrato. En este último documento, Luis Cordero firmó representando simultáneamente a IAB Inmobiliaria, Laguna Blanca Dos S.A. y la Universidad San Sebastián.

LOS NEGOCIOS RELACIONADOS

Volvamos a 2007, al inicio de los negocios de los nuevos accionistas mayoritarios de la USS, porque el 12 de septiembre de ese año, Inversiones Laguna Blanca S.A., representada por Alejandro Pérez e Inmobiliaria e Inversiones Montes Atlas Limitada, representada por Miguel Ángel Sfeir Younis, constituyeron la sociedad anónima cerrada “Centro de Extensión y Convenciones Bellavista S.A.” (Centro Bellavista S.A.). Su capital: $100 millones, de los cuales Laguna Blanca aportó $30 millones. En su primer directorio figuran: Miguel Sfeir Younis, Miguel Sfeir Domínguez, Alejandro Pérez Rodríguez y Luis Ernesto Videla Berguecio. Entre sus objetos figura: “dictar y organizar conferencias, simposios, reuniones profesionales, cursos de adiestramiento y de capacitación, sean o no con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, o cualquier otro tipo de subsidio estatal o fiscal en cualquier rama del conocimiento, sea técnico o profesional”.

Un mes más tarde, el 11 de octubre de 2007, Alejandro Pérez concretó un negocio que representó un gran salto para la USS. La sociedad Desarrollo Inmobiliario Bellavista le vendió, cedió y transfirió a Inversiones Laguna Blanca un terreno de aproximadamente 6.742 metros cuadrados producto de una subdivisión del cuadrante de las calles Pío Nono, Ernesto Pinto Lagarrigue, Bellavista y Dardignac. El precio: 248.827 UF, mediante un pago de $2.541.267.284, que corresponden a 133.327 UF de la fecha y que se cancelaron al contado. El saldo restante –155.500 UF ($2.994.242.690 según UF a esa fecha) – sería pagado al contado con el acta de entrega de la segunda porción de terreno, correspondiente a 8.393,59 metros cuadrados. Allí se desarrollará un proyecto inmobiliario que contempla también la construcción de la nueva casa central de la USS, frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Precisamente los edificios cuyo permiso de construcción habría sido otorgado previo pago de cohecho al director de Obras de la Municipalidad de Recoleta. Esa investigación judicial aún no termina.

Los negocios funcionaban bien para Alejandro Pérez y sus socios. De ello da cuenta el movimiento financiero que realizan siete meses más tarde. El 16 de mayo de 2008, el directorio de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., accionista principal de las dos sociedaes controladoras de la Universidad San Sebastián (Laguna Blanca y Laguna Blanca Dos), aumentó su capital de $1.072.000 a $1.553.836.176. También amplían las acciones y el número de sus directores de tres a seis: Alejandro Pérez , Luis Ernesto Videla , Ramón Valdivieso Ríos, Jorge Allende Zañartu, Luis Felipe Arze Safrán, Fernando de Cárcer Hott (los tres últimos son abogados de Carey). Sus accionistas: Agrícola y Comercial Santa Inés S.A., de propiedad de Alejandro Pérez Rodríguez, titular de 500 acciones; e Inversiones Americanas S.A., representada por Luis Ernesto Videla, con otras 500 acciones.

Esa misma sociedad obtendrá un mes más tarde (25 de junio de 2008), un importante espaldarazo financiero de una de las empresas dueñas de la Universidad San Sebastián: Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. se constituye como aval, fiadora y codeudora solidaria de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. para un crédito bancario por $7.674.560.000. Los avales son entre empresas subordinadas pues Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. es la controladora principal de Laguna Blanca Dos S.A. Puede que esa sea la explicación para que días antes, el 12 de junio, Alejandro Pérez deje la gerencia general de Laguna Blanca.  Lo reemplaza su socio y también accionista de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., Marcelo Ruiz.

CRÉDITOS SIN INTERESES

El incremento del flujo de dineros hacia los nuevos accionistas principales de la USS significó un aumento de mil millones de pesos en el capital de su sociedad Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., accionista principal de Laguna Blanca y Laguna Blanca Dos, la que había nacido el 2 de marzo de 2007 con solo $1 millón de pesos de capital. El 27 de agosto de 2008 el acta de su junta extraordinaria registra el alza de $1.553.836.176 a $2.554.649.346, mediante la emisión de 1.200 nuevas acciones que deberán ser suscritas y pagadas en 30 días.

La expansión de capitales y de inmuebles emprendida por los nuevos controladores de la USS requirió de nuevos créditos. El 16 de octubre de 2008 Laguna Blanca S.A. se constituye como aval, fiadora y codeudora solidaria de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., respecto de un crédito contraído por esta última con el Banco de Chile hasta por 400.000 UF ($8.438.752.000 según UF a esa fecha).

Esa escritura hallada por CIPER permite hacer la actualización de la repartición de los capitales de la principal sociedad controladora de la USS, Laguna Blanca S.A.: $1.941.953.874 dividido en 15.900 acciones. Marcelo Ruiz, en representación de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., es titular de 10.494 acciones; Pilar Zabala, por Inversiones Tangente S.A., de 3.498 acciones; Javier Pivcevic, por Inversiones Parenas S.A., es titular de 1.313 acciones y Cecilia Salvatierra, en representación de Inversiones Esmeralda Ltda., es dueña de 595 acciones.

Aparentemente el dinero no fue suficiente para los nuevos proyectos de la USS, pues el 5 de diciembre el directorio de Laguna Blanca S.A. se vuelve a reunir en Presidente Riesco para constituirse como aval, fiadora y codeudora solidaria de otro crédito contraído por Laguna Blanca Dos S.A., esta vez con el Banco Santander hasta por 200.000 UF ($4.288.436.000 aproximadamente).

Universidad San Sebastián - Campus Pichi Pelluco (Fuente: USS)

Habrá más créditos. La escritura que da cuenta de uno de ellos es particularmente reveladora, pues aparece Inversiones Laguna Blanca Dos dejando en prenda ante el Banco BBVA un contrato de arriendo suscrito por la Universidad San Sebastián. En el documento mercantil fechado el 13 de enero de 2009 y hallado por CIPER, aparece Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., representada por Marcelo Ruiz Pérez e Ignacio Fernández Doren (“El deudor”), dejando constancia de una deuda, sucesora de la contraída por Laguna Blanca S.A. el 14 de diciembre de 2007, por 109.808,07 UF. Al final, Laguna Blanca Dos deja en prenda al BBVA el contrato de arrendamiento a la USS del predio de Pelluco (sede Puerto Montt), del cual aumentan el canon de arriendo de 4.560,39 UF ($97.833.089) a 6.536,44 UF ($140.224.875) mensuales el 27 de diciembre de 2010.

Ese mismo 13 de enero los mismos representantes de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., Marcelo Ruiz e Ignacio Fernández, suscriben en la Notaría de Eduardo Avello Concha otro importante contrato – “Acuerdo de Subordinación” – con la Universidad San Sebastián, representada por Alejandro Pérez y Luis Ernesto Videla (“Acreedor Subordinado”). Allí se deja constancia que el 14 de diciembre de 2007 se celebró entre el BBVA como “acreedor”, Inversiones Laguna Blanca S.A. como “primitivo deudor” e Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. como “nuevo deudor”, y la Universidad San Sebastián como “fiador y codeudor solidario”, un contrato por el cual Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. reconoció adeudar y se obligó a pagar al banco dos créditos que adeudaba Inversiones Laguna Blanca S.A. por 57.454,53 UF ($1.230.271.553 al 13 de enero de 2009), monto al que se deben sumar los intereses devengados y no pagados a esa fecha que ascendían a 106,34 UF ( $2.277.054 al 13 de enero de 2009). Del pago de todos esos montos es aval la Universidad San Sebastián.

En el mismo “Acuerdo de Subordinación” se deja constancia que Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. reconoce adeudar a la Universidad San Sebastián $14 mil millones, suma que ha sido entregada por la USS “con motivo de un contrato de cuenta corriente mercantil que no devenga intereses”.

La escritura hallada por CIPER no sólo da cuenta de un millonario préstamo otorgado por la USS a su sociedad controladora sin intereses, sino que hay más beneficios fuera de toda lógica de mercado y que acreditan el lucro: allí la Universidad San Sebastián “declara y acepta postergar en forma total, el cobro del capital, intereses y cualquier otra suma de dinero adeudado por Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. a la Universidad San Sebastián en virtud del contrato señalado y de cualquier otra deuda presente o futura que Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. contrate, adquiera o mantenga con la USS a favor de los créditos de Banco BBVA hasta por $7.000 millones”.

Lo anterior merece un comentario ya que gran parte del negocio hecho por los dueños de universidades privadas en Chile no sólo ha sido a través del cobro de arriendos de los inmuebles de propiedad de sus empresas relacionadas. Los prestamos sin intereses que aquí se revelan a los dueños de la USS, es también la forma de lucrar que obtuvieron los dueños de la Universidad Santo Tomás, como se informa en una investigación de CIPER.

Y hay una tercera vía: al transformar a las universidades en “fiadoras y codeudoras solidarias” de préstamos bancarios que sus controladores piden para sus sociedades personales, estos dineros se traducen en inversiones inmobiliarias cuyo costo sale de los aranceles que pagan los alumnos y que luego se transforma en ganancia neta cuando el inmueble está terminado y es arrendado a la universidad. El método del lucro es el mismo detectado en la Universidad del Mar y en la Santo Tomás, por citar dos de las investigaciones de CIPER (Vea “Cómo lucraron los dueños de la Universidad del Mar (I) y “Lucro en la Universidad Santo Tomás: los préstamos por $13 mil millones que el Mineduc obvió”).

Eso es exactamente lo que hicieron los controladores de la USS una y otra vez. Es así como el 26 de junio de 2009 el directorio de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. decidió constituirse como aval, fiadora y codeudora solidaria de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., la sociedad relacionada de Alejandro Pérez  y sus socios para un crédito de hasta $6.083.000.000 con el Banco de Chile, el que se pagaría en el plazo de cinco años.

Cuatro días más tarde de ese acuerdo que beneficiaba a la sociedad de Pérez, Cordero y sus amigos, la firma de un  nuevo contrato con la Universidad San Sebastián, les rendirá otros $6.000 millones. Sin problemas, Alejandro Pérez firmó representando a la USS el contrato de asesoría con su empresa, Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., por $100 millones mensuales y por un lapso de 60 meses. Por “la consultora” firmaron Luis Ignacio Fernández Doren y Marcelo Ruiz Pérez. Al final del documento se explicita que los montos quedaron exentos del pago del IVA. (Ver extracto del contrato)

No hubo tregua en esos días de 2009 para la recogida de dineros. Menos de un mes después del contrato anterior, el 28 de julio, Inversiones Laguna Blanca Dos, representada por Marcelo Ruiz, hipotecó el fundo Pilauco (de aproximadamente 18 hectáreas) con Corpbanca. Como se señaló en la primera parte de esta serie, Pilauco, ubicado en el sector Cuinco de Osorno y valorizado en $1.097.603.229, era originalmente de propiedad de la Universidad San Sebastián, pero fue vendido el 15 de diciembre de 2005 a Laguna Blanca, la que después se lo arrendó a la USS.

CIPER descubrió varios documentos mercantiles que prueban cómo se concatenaban los hechos para obtener más ganancias después de una hipoteca.  El primero de ellos está fechado el 17 de agosto de 2009 y es el contrato de arriendo del fundo Pilauco a la USS por parte de su propietaria, Inversiones Laguna Blanca Dos S.A, por 1.100 UF mensuales ($23.050.731, al 17 de agosto de 2009). Pues bien, en los siguientes contratos de arriendo el monto sube de 1.100 UF a 1.459 UF en 2011 y a 1.687 UF en 2012.  Habiendo sido valorizado en $1.097.603.229, su opción de compra en enero de 2012 quedó en 202.458 UF ($4.514.914.629, valor de la UF a enero 2012), monto al cual la Universidad San Sebastián debería recomprar el inmueble y terreno para cuando sus controladores decidan revenderle propiedades a la USS.

Vea también:
- “Universidad San Sebastián I: Paso a paso, el modelo del lucro”
- “Universidad San Sebastián II: Los contratos con el Santiago College y artilugios para hacer crecer la inversión”

En 2008 la Universidad San Sebastián (USS) ya contaba con 14.380 estudiantes en las sedes de Santiago, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, de los cuales 2.830 obtuvieron Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que les reportó $ 4.312 millones. Habría mejores noticias al iniciarse el 2009, luego de que la USS apelara ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) al obtener nuevamente la certificación en las áreas de Gestión Institucional y Docencia Conducente a Título, pero sólo por dos años. Y a pesar de las evidencias de que “aún están pendientes los planes de desarrollo estratégico”, como indica el registro del ente regulador, el 25 de febrero de 2009 la CNA la acreditó por otros cuatro años (hasta 2012).

Así, 2009 se iniciaba con un flujo de dineros hacia los controladores de la USS que crecía sin obstáculos mientras se construía el futuro Campus Bellavista, frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y se esperaba la entrega material del terreno e inmueble que ocupaba el Colegio Santiago College en Providencia, para instalar allí su nuevo Campus Los Leones. La búsqueda de sellos de la elite obtendría muy pronto nuevos logros.

Pablo Valenzuela Valdés (Fuente: USS)

El 28 de agosto de 2009, las sociedades controladoras de la Universidad San Sebastián aceptaron un nuevo socio: el científico y Premio Nacional de Ciencias Pablo Valenzuela Valdés, cabeza del Grupo Avalón, constituido el 22 de mayo de 2009, compró el 10% de Inversiones Laguna Blanca S.A. y de Laguna Blanca Dos S.A. (1.590 acciones de cada una), “mediante instrumentos privados” y por un monto total de $3.760.129.894.

La nueva venta obligó a sincerar los pactos de accionistas frente al recién llegado. Un conjunto de escrituras que CIPER rastreó y encontró permitieron desentrañar a los verdaderos propietarios de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., la accionista mayoritaria de las sociedades controladoras de la USS. Porque finalmente, Valenzuela no sería el único nuevo socio que aparecería.

NUEVOS NOMBRES EN SOCIEDADES RELACIONADAS

El documento notarial hallado por CIPER resume los cambios societarios ligados a la USS. Describe el “pacto de accionistas” del 22 de mayo de 2007, que tras el ingreso de Alejandro Pérez y Luis Ernesto Videla a Inversiones Laguna Blanca S.A. –relatado en la primera parte de esta serie–, los dejó como “controladores” de la sociedad a través de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. después de haber pagado más de $30.000 millones. Inversiones La Foresta, Inversiones Puerto Porvenir e Inversiones Esmeralda Ltda., ligadas a los dueños anteriores, Pilar Zavala, Javier Pivcevic y Cecilia Salvatierra, respectivamente, quedaron como “accionistas minoritarios” de la propiedad de las dos principales sociedades controladoras de la Corporación U. San Sebastián.

No es Pablo Valenzuela el que se incorpora como socio de la USS. Tampoco el Grupo Avalón, que aparece en todos los documentos de la transacción comercial, sino la Sociedad Educacional Austral.

El documento da cuenta de que el 21 de diciembre de 2007, Inversiones La Foresta S.A. (Zabala) e Inversiones Puerto Porvenir S.A. (Pivcevic), transfirieron la totalidad de sus acciones a las sociedades Inversiones Tangente S.A. e Inversiones Parenas S.A., respectivamente. Las nuevas sociedades se convertirían en el capital minoritario controlador de la Universidad San Sebastián.

La sociedad mayoritaria –Inversiones y Asesorías Educacionales S.A.– también registró cambios: vía instrumento privado firmado el 2 de junio de 2008, ingresaron a ella Copra S.A. (Marcelo Ruíz Pérez) e Inversiones Yuste S.A. (Andrés Navarro), luego de adquirir 600 y 200 acciones respectivamente.

La sociedad de asesorías e inversiones Copra no era una recién llegada ya que está ligada a la propiedad de la Inmobiliaria Andrés Bello desde sus orígenes. Fue creada en 1986 (con $1 millón de capital) por un grupo de profesionales ligados a la UDI: los ingenieros Ignacio Fernández Doren y Pablo Longueira Montes; el abogado Andrés Chadwick Piñera; el empresario Andrés Ismael Serrano Gutiérrez y Luis Adolfo Cordero Barrera. A ellos se les uniría Marcelo Ruiz.

Para los efectos de esta investigación, cabe destacar una de las modificaciones que experimentó Copra en sus estatutos. Su nuevo objetivo principal quedó así registrado: “Adquirir o conservar participación en sociedades anónimas o limitadas o en corporaciones, fundaciones o instituciones que tengan por objeto la creación, administración o desarrollo de universidades privadas o instituciones de educación superior conforme a la legislación aplicable a tales instituciones; adquirir o conservar participación en sociedades anónimas o limitadas que tengan por objeto el abastecimiento de materiales y de insumos, o la contratación de personal, o la prestación de servicios de mantención o reparación o otros tipos a instituciones de educación superior y específicamente a universidades…“.

Y en rigor, la relación del nuevo accionista de la USS, Pablo Valenzuela, con los dueños de Copra, tampoco era nueva. En noviembre de 2006, Copra y Valenzuela se asociaron para constituir “Servicios Integrales en Biotecnología S.A.”, cuyo nombre de fantasía es “Bíoplanet S.A.”.

EL PACTO DE ACCIONISTAS

Una vez sincerados los comensales, el documento hallado por CIPER da cuenta de la nueva venta. En el acápite final, Avalón adhiere al pacto y a todas sus obligaciones “en su calidad de socios activos o miembros de la junta directiva de la Corporación Educacional Universidad San Sebastián” (ver documento). En la notaría de Raúl Perry, CIPER encontró un documento similar al “pacto de accionistas” de Laguna Blanca S.A., que protocoliza la incorporación del Grupo Avalón a Laguna Blanca Dos S.A.

Sin que los 16 mil estudiantes que tenía la USS a fines de 2009 tuviera conocimiento, sus dueños donan a campañas políticas parte de las ganancias obtenidas con el pago de aranceles, de los montos que ingresan por CAE, además de los pagos de arriendos y transacciones con los bancos.

Ese mismo 28 de agosto de 2009, en otro documento encontrado por CIPER (Ver Contrato de prenda mercantil sobre acciones y prohibición), queda constancia de los montos involucrados en esta nueva venta de acciones (ver Nota 1). El documento está suscrito por Pablo Valenzuela, a nombre del Grupo Avalón, “la compradora”. Por las “vendedoras” firman: Alejandro Pérez y Marcelo Ruiz por Inversiones y Asesorías Educacionales S.A.; Javier Pivcevic por Inversiones Parenas S.A., Pilar Zabala por Inversiones Tangente S.A. y Cecilia Salvatierra por Inversiones Esmeralda.

El mismo 28 de agosto fue legalizada la escritura de la Asamblea de Socios de la USS, la que tiene un solo objeto: la incorporación oficial del socio que compró el 10% de la sociedad. Pero los papeles dicen otra cosa: “Los socios de la Sociedad Educacional Columbus (Alejandro Pérez) e Inmobiliaria Monjitas (Pilar Zabala) han manifestado su intención de presentar para ser considerada su incorporación como socio activo de la Universidad San Sebastián, a Sociedad Educacional Austral S.A.”.

Así, no es Pablo Valenzuela el que se incorpora como socio de la USS. Tampoco el Grupo Avalón, que aparece en todos los documentos de la transacción comercial, sino la Sociedad Educacional Austral.

Como consecuencia de la incorporación de Valenzuela, la junta directiva de la USS se amplió a diez socios: Alejandro Pérez, Pilar Zabala, Javier Pivcevic, Teresita Marchant Orrego, Andrés Navarro, Ernesto Videla Cifuentes, Ramón Valdivieso, Enrique Herrera Rodríguez, Patricio Cordero y Andrés Vaccaro.

APORTES A CAMPAÑAS

El 20 de noviembre de 2009 tiene lugar una importante reunión del directorio de Laguna Blanca Dos S.A., en avenida Las Condes 13.300. El motivo: “aportes reservados”. La campaña electoral presidencial y parlamentaria está llegando a su fin y la tensión crece. Deben decidir cuánto dinero aportar para asegurar el triunfo de sus candidatos. Así consta en la escritura que encontró CIPER en la notaría de Raúl Perry. Asisten: Pilar Zabala (quien preside), Alejandro Pérez, Marcelo Ruiz, Ignacio Fernández, Ramón Valdivieso y Javier Pivcevic.

“En atención a la importancia que tiene para el país la elección de las más altas autoridades del poder Ejecutivo y Legislativo, y en consideración a la profunda inserción social que la compañía manifiesta en el desarrollo de sus operaciones, el directorio, por unanimidad, acuerda efectuar aportes reservados a ciertos candidatos”

En la escritura se lee: “Los directores comparten opiniones acerca del próximo proceso eleccionario en el que se elegirá Presidente de la República y a los diputados y senadores. En atención a la importancia que tiene para el país la elección de las más altas autoridades del poder Ejecutivo y Legislativo, y en consideración a la profunda inserción social que la compañía manifiesta en el desarrollo de sus operaciones, el directorio, por unanimidad, acuerda efectuar aportes reservados a ciertos candidatos a estos cargos de elección popular, de acuerdo a las disposiciones del párrafo tercero de la Ley Nº 19.844 sobre transparencia, límite y control de gasto electoral”.

Y se faculta a Enrique Herrera para que materialice “el o los depósitos correspondientes en la cuenta única que el Servicio Electoral mantiene en el Banco Estado de Chile”; y a Marcelo Ruiz Pérez, para que haga la declaración jurada sobre donaciones para fines políticos y solicite un certificado de aportes reservados para fines tributarios. Una hora duró la reunión según la escritura.

Lo extraño es que CIPER encontró otra escritura fechada ese mismo 20 de noviembre de 2009, que da cuenta de otra sociedad relacionada a la USS que se reúne para el mismo objetivo: “aportes reservados” a la campaña electoral. Esa reunión del directorio de IAB Inmobiliaria S.A. tiene lugar en la misma avenida Las Condes, pero en el número 13.305, al lado; y se repiten algunos nombres del directorio anterior: Alejandro Pérez (quien preside), Luis Cordero, Marcelo Ruiz Pérez, Ignacio Fernández Doren y Andrés Navarro. Los encargados de materializar el aporte serán los mismos de Laguna Blanca Dos: Enrique Herrera y Marcelo Ruiz Pérez (declaración jurada Nº 1.830 sobre donaciones para fines políticos).

Así, sin que los 16 mil estudiantes que tenía la USS a fines de 2009 tuviera conocimiento, sus dueños donan a campañas políticas parte de las ganancias obtenidas con el pago de aranceles, de los montos que ingresan por el Crédito con Aval del Estado (CAE), además de los pagos de arriendos y transacciones con los bancos para construir edificios en los que se usan como aval esos mismos contratos de arriendo de inmuebles a la USS. Como se verá, dinero no faltaba en las arcas de las sociedades controladoras de la propiedad de la USS a fines de 2009.

INCREMENTO EN FINANZAS PERSONALES

Las ganancias obtenidas a través de los negocios hechos con la USS, les permitieron a sus controladores incrementar sus finanzas personales. CIPER encontró huellas de algunos de esos movimientos en ese año. La escritura de Inversiones Puerto Porvenir, sociedad personal de Javier Pivcevic, registra un aumento de capital desde $1 millón a $6.789 millones. Allí se deja constancia que el aumento proviene del “aporte de sendas cuentas por cobrar” de Inversiones Parenas S.A. (de propiedad del mismo Pivcevic) por $3.768.330.761; y de Inversiones Rosario S.A. (sociedad a través de la cual Pivcevic es socio de la Corporación Universidad San Sebastián) por $3.012.654.102. Las sociedades de inversión Parenas y Rosario participan de la propiedad de Laguna Blanca y Laguna Blanca Dos, ambas relacionadas a la propiedad de la USS.

El 24 de diciembre de 2009, un día casi muerto para la mayoría de los ciudadanos que prepara la celebración de la Navidad, Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., accionista mayoritaria de la USS, protocoliza en la Notaría de Raúl Perry un aumento de capital de $1.176.000.000 (desde $ 2.676.794.591 a $3.852.794.591). Firman: Alejandro Pérez, representando a Agrícola y Comercial Santa Inés S.A. (400 acciones); Luis Ernesto Videla, por Inversiones Americanas S.A. (400 acciones); Andrés Navarro, por Inversiones Yuste S.A. (400 acciones); Marcelo Ruiz, por Copra S.A. (1.200 acciones) y el gerente general Ignacio Fernández Doren.

El flujo de dineros entre la USS y sus sociedades relacionadas tendrá dos nuevas vías en esos últimos días de 2009 con la constitución de Asesorías Pilauco S.A. y Comercializadora Lientur. Ambas tienen como socios a la  Universidad San Sebastián (representada por Luis Ernesto Videla y Sergio Mena) e Inversiones Laguna Blanca S.A. (por Marcelo Ruiz e Ignacio Fernández), y un capital de $1.200.000 (la USS aporta el 90,6%). En su primer directorio figuran: Luis Ernesto Videla, Marcelo Ruiz y Luis Cordero. Lientur tendrá como objetivo comercializar toda clase de artículos, libros, espectáculos y servicios –incluso “veterinarios”– con el logo de la USS “u otras instituciones educacionales”.

El 24 de febrero de 2010 tiene lugar una importante transferencia de activos patrimoniales: Inversiones Laguna Blanca S.A. le vende a Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. por 1.000.000 UF ($20.905.460.000. valor UF de la fecha), el Lote 1 de la subdivisión de la propiedad de Dardignac Nº 44, Ernesto Pinto Lagarrigue Nº 47, Bellavista Nº 37 y Pío Nono Nº 40, “con todo lo construido y edificado”, mientras que los inmuebles en proceso de construcción se transferirán “con los permisos de edificación”. Serán precisamente todos esos permisos de edificación los que provocaran un grave problema judicial más tarde.

EL HITO QUE REMECIÓ A LA USS

El acelerado ritmo expansivo impuesto por los controladores de la USS, tuvo un vuelco dramático horas después del 27 de febrero de 2010. El terremoto que estremeció a medio Chile marcaría un hito trágico para la Universidad San Sebastián. Un grupo de directivos de la USS ligados a la principal sociedad controladora, falleció el 1 de marzo al estrellarse la avioneta monomotor en la que viajaban a Concepción para coordinar la ayuda a los afectados por el violento sismo.

En todas las sedes de la Universidad San Sebastián hubo conmoción ante la trágica muerte de Luis Ernesto Videla Berguecio, vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Administrativos; Marcelo Ruiz Pérez, decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la USS; Ignacio Fernández Doren, gerente de Inmobiliaria Andrés Bello; Pablo Desbordes, director de Asuntos Estudiantiles de la USS y ex presidente de la juventud UDI; Juan Guillermo Moya, gerente de proyectos de Inmobiliaria Andrés Bello y Rodolfo Becker, vicerrector de Administración y Comunicaciones del Instituto Profesional IPG.

Una de las consecuencias de la abrupta pérdida de tres de los principales socios de Alejandro Pérez en la sociedad controladora de la USS, fue la irrupción al primer plano de Luis Cordero, vicerrector de Planificación y Desarrollo de la USS y miembro del directorio de Televisión Nacional. Días más tarde, el 25 de marzo, Luis Cordero, designa a Luz María Pérez Roepke como nueva vicerrectora académica en reemplazo de Jaime Torrealba. Así se justificó su designación: “Ha participado como par evaluador en procesos de acreditación institucional y de carreras, a nivel nacional e internacional, así como en doctorados”.

El examen ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), en ese momento encabezada por Luis Eugenio Díaz –quien fue posteriormente encarcelado por cohecho al comprobarse que vendió acreditaciones–, era precisamente el proceso para el que la USS debía prepararse al enfrentar en 2012 su nueva acreditación.

A los pocos días del fatal accidente aéreo, en avenida Las Condes 13.305, se realizó la primera sesión de Inversiones Laguna Blanca S.A., después de la pérdida de dos de sus directores: Andrés Navarro ingresó en lugar de Marcelo Ruiz Pérez y Javier Pivcevic lo reemplazó como gerente. Luis Cordero quedó entre los investidos con amplias facultades. Los mismos cambios se ejecutaron para Inversiones Laguna Blanca Dos S.A.

A pesar del impacto por la pérdida de los socios, las operaciones inmobiliarias no se detienen. El 14 de abril se confieren poderes especiales para la compra de las propiedades de avenida Guillermo Bühler Nº 795 y 1787, en Osorno.

Las operaciones inmobiliarias requieren de nuevas partidas de dinero. Es así como el 1 de junio de 2010, los controladores de la USS deciden que Laguna Blanca se constituya en “aval, fiadora y codeudora solidaria” de todas las obligaciones que Inversiones Laguna Blanca Dos haya contraído y/o contraiga a futuro “a favor de los bancos o su cesionarios”; y se hipoteca el inmueble de Bellavista Nº 7.

COMIENZA LA REINGENIERÍA

En esa escritura de Inversiones Laguna Blanca S.A. hay constancia de un primer cambio accionario, el inicio de una reingeniería mayor. Todos los accionistas disminuyen sus acciones para darle cabida a Laguna Blanca Dos S.A., la que aparece con un 10% de las acciones (1.590), representada por Luis Cordero y Nicolás Kulikoff. Así queda el resto de la participación societaria: Alejandro Pérez y Enrique Herrera, representando a Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. (con 8.501 acciones y el 53,46%); Pilar Zabala, por Inversiones Tangente S.A. (con 2.833 acciones y el 17,8%); Pablo Valenzuela, por el Grupo Avalón S.A. (1.431 acciones y el 9%); Javier Pivcevic, por Inversiones Parenas S.A. (con 1.064 acciones y el 6,69%); Cecilia Salvatierra Ibáñez, por Inversiones Esmeralda S.A. (481acciones y el 3,02%).

Ese mismo día se reúne la junta extraordinaria de accionistas de Inversiones Laguna Blanca Dos, sociedad que controla los arriendos de inmuebles a la USS y que mantiene su mismo capital accionario. Asisten: Alejandro Pérez y Nicolás Kulikoff por Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. (59,4%); Pablo Valenzuela por el Grupo Avalon (10%); Pilar Zabala por Inversiones Tangente S.A. (9,79%); Javier Pivcevic por Inversiones Parenas S.A. (7,43%) y Cecilia Salvatierra por Inversiones Esmeralda S.A. (3,36%).

Universidad San Sebastián - Bellavista

A partir de ese momento las negociaciones de créditos con los bancos se agilizan. Argumentando la necesidad de “ordenar y optimizar la situación financiera”, el directorio de Laguna Blanca acuerda negociar un crédito conjunto con varios bancos –Banco del Estado, Corpbanca, Banco Santander y Banco del Desarrollo– hasta por un monto de 3 millones de UF ($63.347 millones, valor al 1 de junio de 2010). La única condición impuesta por los bancos es la hipoteca de los inmuebles que se le arriendan a la USS y que se constituya prenda “sobre los contratos de arrendamiento”. (Ver NOTA 2 con la nómina de inmuebles hipotecados)

En un repertorio distinto CIPER encontró los compromisos suscritos con los bancos: a partir de ese momento todos los contratos de arriendo a la USS pasaron a ser “créditos prendados”. En nombre de la Universidad San Sebastián, garantizando el pago, firmaron: Alejandro Pérez y Luis Cordero. (Ver NOTA 3 con el detalle de los contratos).

No serán los únicos inmuebles hipotecados por esos días con el objeto de obtener nuevos flujos. El 10 de junio de 2010 se hace lo mismo con el inmueble de calle General Lagos 1140 y 1150 (sede Valdivia), para garantizar un crédito otorgado a Inversiones Laguna Blanca Dos.

Para los controladores de la USS no había ningún reparo en aparecer simultáneamente como representantes de la universidad o de sus sociedades financieras relacionadas. Así lo prueba otra escritura hallada por CIPER y que da cuenta del compromiso adquirido por Inversiones Laguna Blanca Dos de vender al Instituto Profesional Los Leones (representado por Fernando Vicencio Silva), el inmueble de República Nº 78, en 32.014 UF ($679.570.298, valor UF al 25 de julio de 2010). Como el inmueble estaba arrendado a la USS desde enero de 1998, fue necesario dejarlo sin efecto. Y en ese documento (22 de septiembre de 2010), aparece Alejandro Pérez firmando simultáneamente como representante de la USS (junto a Luis Cordero) y de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. (junto a Nicolás Kulikoff).

Días más tarde los socios de Laguna Blanca Dos S.A. (Nicolás Kulikoff y Ramón Valdivieso) renegocian otro crédito con el Banco Estado, esta vez por 600.000 UF ($11.845 millones), contraído en febrero de 2008 por Laguna Blanca, para la construcción del campus universitario de Recoleta. Los montos han cambiado: el crédito ahora asciende a 832.522 UF ($17.628 millones, según valor UF de la fecha) y será Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. la que se hará cargo del pago.

UN REGALO EN RIO CALLE CALLE

Luis Cordero será por esos mismos días el promotor de un nuevo y fructífero negocio para la USS, cuando en nombre de las sociedades educacionales Ciclotrón, del Sur y Pío IX, abogue por la incorporación de la USS a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de los Ríos.

Universidad San Sebastián - Valdivia (Fuente: USS)

Nada dice el acta de lo que recibirá la universidad a cambio: en julio de 2011, el intendente de la Región de Los Ríos, Juan Andrés Varas Braun, con el aval del subsecretario de Defensa, Alfonso Vargas (ex diputado RN),  le entregarán en forma gratuita a la sociedad controladora de la USS, Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., la concesión marítima de uno de los sectores más apetecidos del río Calle Calle (Valdivia), para la “construcción y uso de una marina deportiva dedicada a los jóvenes de Valdivia”. Pero el acuerdo no se cumplió, porque en los hechos el privilegiado espacio fue de uso exclusivo de la Universidad San Sebastián. (Ver documento de cesión).

NUEVAS ALZAS EN LOS ARRIENDOS

El 30 de septiembre de 2010, los terrenos donde se ubica el campus Bellavista son objeto de un nuevo contrato. La escritura hallada por CIPER da cuenta de una operación entre la sociedad Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. (representada por Gonzalo Rodríguez Correa y Francisco Walker Prieto) e Inversiones Laguna Blanca S.A. (Alejandro Pérez y Nicolás Kulikoff) y que se relaciona con los proyectos inmobiliarios “Edificio Dardignac 28” y “Bellavista Forestal”, con 358 departamentos, cuatro subterráneos, 380 estacionamientos y 344 bodegas. Días antes, Inversiones Laguna Blanca S.A. había decidido hipotecar los inmuebles que adquirió para garantizar ante el Banco Bice el cumplimiento de los pagos que su sociedad relacionada “Centro de Extensión y Convenciones Bellavista S.A.” mantenga con ese banco hasta por 200.000 UF ($4.269 millones). El 21 de diciembre de 2010, Inversiones Laguna Blanca S.A. le venderá los estacionamientos adquiridos a la sociedad Centro de Extensión y Convenciones Bellavista S.A., en 135.000 UF + IVA ($2.896 millones + IVA).

La nueva sede central de la USS requiere una nueva inyección de dinero. El 19 de noviembre de 2010, Inversiones Laguna Blanca S.A. (representada por Alejandro Pérez y Enrique Herrera) y la Constructora Cypco S.A. (por Alejandro Garfias Risopatrón y Mario Cuevas Monckeberg), suscriben un nuevo contrato de construcción del “Centro de Extensión Universidad San Sebastián Bellavista 2”. Como las obras se iniciaron el 10 de enero de 2010, el contrato no es más que la ratificación del anterior que estipula que el valor final será de 324.544,351 UF ($6.954 millones). Diez días más tarde, Inversiones Laguna Blanca deberá depositar un anticipo de 46.400,29 UF ($994.175.397).

Finalmente, el 29 de diciembre de 2010, las propiedades del complejo Bellavista pasarán a manos de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., cuando la otra sociedad controladora de la USS, Laguna Blanca, se los transfiera en 1.114.528,42 UF ($23.911.282.192). La escritura pesquisada por CIPER indica el detalle: Iglesia Liceo Alemán: 6.928,42 UF; Sede Bellavista Universidad San Sebastián: 805.000 UF; Bellavista II: 300.000 UF; Cesión de derechos: 2.600 UF.

La Universidad San Sebastián acepta un considerable aumento en los montos de arrendamiento de algunas de sus sedes. Alejandro Pérez aparece nuevamente representando tanto a la USS como a la sociedad anónima que les arrienda.

Diciembre de 2010 está marcado por una nueva y sustantiva alza en los contratos de arriendo que le fija Inversiones Laguna Blanca Dos a la Universidad San Sebastián. En el contrato del 27 de diciembre, Alejandro Pérez aparece nuevamente representando tanto a la USS como a la sociedad anónima que les arrienda. Así, por ejemplo, el canon de las sedes de Pedro de Valdivia 1161 y 1187, en Concepción, pasa de 949,10 UF por mes ($20.360.842) a 13.506,44 UF mensuales ($281.960.036). Lo mismo ocurre para los inmuebles de calle General Lagos en Valdivia, cuyos montos suben de 1.017,84 UF ($21.835.508) a 7.211,45 UF ($154.705.722); y también en Osorno: Pelluco pasa de 4.560,39 UF ($97.833.089) a 6.536,44 UF ($140.224.874). En Santiago, la sede de Bellavista sube a 12.045 UF ($258.398.855); mientras que los inmuebles de calle Cumming 40, 44 y 48 y Erasmo Escala 2.338 y 2.346, suben de 1.788,58 UF ($38.370.031) a 3.730,65 UF ($80.032.851).

Estos montos cobrados por concepto de arriendo a la Universidad San Sebastián por la inmobiliaria Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. contrastan con lo afirmado por su accionista principal, Alejandro Pérez, a El Mostrador el 18 de diciembre de 2012:

“En la medida que los precios del arriendo sean de mercado la corporación está pagando o comprando un servicio tal como cuando le paga a sus profesores o cuando compra un pizarrón. Las operaciones inmobiliarias no son necesariamente asociables a la obtención de lucro. ¿En qué condiciones no son asociables a lucro? Si una universidad arrienda un inmueble debiera pagar lo mismo a un tercero o a una sociedad inmobiliaria relacionada a los socios”.

-¿Se puede acreditar que el precio al que arrendaba la inmobiliaria era de mercado?
-Nosotros estamos en condiciones de demostrar que, aun cuando los sostenedores de la universidad eran controladores de la sociedad Inmobiliaria Laguna Blanca, sus transacciones eran a valores de mercado.

Vea también:
- Universidad San Sebastián I: Paso a paso, el modelo del lucro
- Universidad San Sebastián II: Los contratos con el Santiago College y artilugios para hacer crecer la inversión
- Universidad San Sebastián III: Donaciones políticas secretas y arriendos inflados
- Vea fichas por campus con evolución de arriendos
- Descargue aquí la línea de tiempo interactiva en PDF

En 2012 la Universidad San Sebastián (USS) se convirtió en la cuarta privada más grande del país, al sobrepasar los 24 mil alumnos en sus cinco sedes (Santiago, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt). Tres inauguraciones marcaron la exitosa etapa bajo la batuta de su accionista principal desde 2007, IAB Inmobiliaria S.A. (a través de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A.): la casa central en Bellavista, la nueva sede de Valdivia y el campus Los Leones en las dependencias que ocupó el Colegio Santiago College en Providencia.

Su mercado ya estaba bien definido: el estrato socioeconómico medio-bajo. De los más de seis mil estudiantes que ingresaron a la USS en 2012, el 50% venía de colegios particulares subvencionados y el 30% de colegios municipales. Solo 20% provenía de colegios particulares (cifras del Consejo Nacional de Educación, CNED).

Ex decano de la Facultad de Arquitectura de la USS, Cristián Boza. (Fotografia: Jose Miguel Mendez, Qué Pasa)

El ex decano de la Facultad de Arquitectura de la USS, Cristián Boza, en una entrevista (Revista Vivienda y Decoración de El Mercurio) que le costó su cargo, dijo que “el perfil de la universidad es C2, C3”, grupos a los que calificó de “poco sofisticados”. Y argumentó: “Yo me he pegado dos recorridos por Asia y Europa nada más que para configurar un programa de arquitectura top. Reconozco que me equivoqué en un tema, y es que no consideré el segmento y el perfil que va a esta universidad; no tiene cultura, no tiene sofisticación, y con mucho respeto lo digo, porque los adoro y nos hemos hecho muy amigos. Son primera generación en la universidad, son por ejemplo hijos de un camionero, de gente vulnerable. Me equivoqué en plantear un esquema muy sofisticado”.

Para ese mercado del que se quejaba Boza era vital obtener la acreditación, única vía para recibir los fondos del Crédito con Aval del Estado (CAE) que se le otorgan a los alumnos más vulnerables. Y ese fue precisamente otro de los logros que se adjudicó la dupla al mando: Alejandro Pérez, presidente de la junta directiva de la USS y Luis Cordero, prorrector; ambos socios de IAB Inmobiliaria.

En septiembre de 2012, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) le otorgó por cuatro años más la certificación en Gestión Institucional y Docencia Conducente al Título (la rechazó en el ítem Vinculación con el Medio). En su acuerdo, la CNA explica que la USS contaba con altos estándares de infraestructura y equipamiento, con excepción de la sede de Puerto Montt; su situación financiera era sólida y el explosivo aumento de matrículas había generado un incremento del 20% en los ingresos de los últimos años; pero los indicadores de deserción eran negativos, así como los índices de titulación (ver acta).

El certificado que le entregó la CNA en 2012 le permitió a la USS ingresar a sus arcas $6.164 millones por concepto de CAE, otorgado a 3.567 de sus alumnos. Con esa cifra, la USS se convirtió es la cuarta institución de educación superior que más dineros ha recibido por CAE desde 2006, año en que comenzó a operar el sistema: $84.500 millones y 19.480 estudiantes beneficiados (detrás del  DUOC y las universidades Andrés Bello y Santo Tomás).

No obstante ese auspicioso escenario financiero, la intensidad que alcanzó en 2011 la demanda de fin al lucro del movimiento estudiantil y el inicio del escándalo por la debacle de la Universidad del Mar, obligaría a sus dueños a iniciar en completo sigilo una gran reingeniería en las sociedades controladoras de la propiedad de la Universidad San Sebastián.

En este último capítulo de la serie, se relatará cómo en 2011 la Junta Directiva de la Corporación Universidad San Sebastián decide que, para sortear el cuestionamiento y la probable investigación judicial por el lucro que se ha hecho y que la ley prohíbe, le comprará a las dos sociedades que controlan el patrimonio de la universidad –Inversiones Laguna Blanca S.A. e Inversiones Laguna Blanca Dos S.A.– todos los inmuebles que conforman sus sedes y que a su vez les arriendan.

El problema es que los integrantes de la junta directiva de la universidad son los mismos accionistas de las dos sociedades –Inversiones Laguna Blanca e Inversiones Laguna Blanca Dos– dueñas de las propiedades que arriendan y que manejan todos los negocios con otras sociedades relacionadas y los innumerables créditos con bancos, en los que se ha puesto como aval los contratos de arriendo con la USS. Es decir, los miembros de la Junta Directiva de la USS fijarán el precio que se pagarán a ellos mismos como verdaderos dueños de la USS.

La secuencia de escrituras encontradas por CIPER muestra también cómo esta reingeniería, diseñada por los abogados de Carey & Allende, deja con un poder incontrarrestable a Alejandro Pérez, Luis Cordero y los socios de IAB Inmobiliaria S.A., la misma sociedad que le arrienda los inmuebles a otra universidad, la Andrés Bello. La telaraña de pagos que acompañan la reingeniería culminará a principios de 2012 con otras sociedades con las que Pérez y sus socios iniciarán nueva etapa y nuevos negocios.

INICIO DEL GIRO EN LA PROPIEDAD DE LA USS

El 28 de enero de 2011 la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián se reúne bajo la presidencia de Alejandro Pérez y con la participación de Patricio Cordero Barrera (hermano de Luis Cordero), Ernesto Videla Cifuentes, Pablo Longueira (entonces senador, quien acepta reemplazar por un tiempo a su amigo fallecido Marcelo Ruiz), Margarita Cofré Larraín (viuda de Ignacio Fernández Doren), Pilar Zabala, Javier Pivcevic y Pablo Valenzuela. Como invitados asisten: el rector Ricardo Riesco; el prorrrector Luis Cordero y el vicerrector de Asuntos Económicos, Sergio Mena.

Ese día se modifica la estructura administrativa superior de la USS, en base a la propuesta de Luis Cordero. Entre otros cambios, el vicerrector de la sede Concepción, Alfonso Rivas, asume como vicerrector de la sede Santiago, debiendo coordinar los tres campus (Cumming, Bellavista y Providencia). Lo reemplaza en Concepción Javier Vera Jünemann, quien durante 11 años ha sido vicerrector de la sede INACAP en esa ciudad.

Universidad San Sebastián - Campus Pichi Pelluco (Fuente: USS)

La nueva estructura administrativa responde a la primera modificación accionaria que se ha puesto en marcha solo una semana antes, el 21 de enero, en la que desaparecen los “accionistas minoritarios” de Inversiones Laguna Blanca, una de las dos sociedades controladoras de la USS: Pilar Zabala, Pablo Valenzuela, Javier Pivcevic y Cecilia Salvatierra. Todos ellos –con excepción de Cecilia Salvatierra-, forman parte de la Junta Directiva de la USS. El “accionista mayoritario”, Inversiones y Asesorías Educacionales, la sociedad de Alejandro Pérez, Luis Cordero y sus socios, se queda con una sola acción.

Una escritura del 10 de marzo de 2011 de Inversiones Laguna Blanca S.A., muestra la eliminación de los accionistas minoritarios. Ahora Luis Cordero y Nicolás Kulikoff, ambos socios de IAB Inmobiliaria S.A. y de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., tienen la mayoría del capital accionario con 15.899 acciones, representando a Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. La acción que resta para completar el 100%, es de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., cuyos titulares son Alejandro Pérez y Enrique Herrera (Descargue aquí la línea de tiempo interactiva en PDF).

La búsqueda de escrituras emprendida por CIPER dio con los montos de esta primera venta de acciones: un documento mercantil del 25 de enero de 2013, suscrito por la Corporación Universidad San Sebastián, representada por Luis Cordero y Alejandro Pérez; Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., representada por los mismos Pérez y Cordero; e Inversiones Tangente, representada por Pilar Zabala.

Se trata de un contrato de subordinación de deuda, aceptado por Inversiones Tangente -a propósito de un crédito del Banco Estado a la USS por 300.000 UF- en el que se afirma que Inversiones Tangente S.A. le vendió en enero de 2011 a Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. sus acciones de Laguna Blanca S.A. por 71.699,8996 UF ($1.539.424.807).

Inversiones Tangente le vendió a Inversiones Laguna Blanca Dos S.A, 2.833 acciones. Si el pago fue proporcional al número de acciones, los otros accionistas debieron recibir los siguientes montos: Grupo Avalón, $777.591.563; Inversiones Parenas, $578.167.312; e Inversiones Esmeralda, $261.370.749. Finalmente, Inversiones y Asesorías Educacionales, debió recibir más de $4.600 millones por sus 8.500 acciones (ya que se quedó con una acción en Laguna Blanca S.A.).

En total, esa primera venta de acciones entre las sociedades relacionadas de la USS, significó un pago aproximado de $48.639 millones.

MAS CRÉDITOS Y CONSTRUCCIONES

En esos meses los controladores de la USS no le dieron tregua a los créditos bancarios. El 16 de marzo de 2011, los accionistas de Inversiones Laguna Blanca Dos deciden ampliar los créditos por 3 millones de UF, otorgados en junio de 2010 a su sociedad hermana, Inversiones Laguna Blanca, por los bancos del Estado, Corpbanca, Santander y Scotiabank, “incluyendo los que contraiga a futuro”. Al igual que en las operaciones anteriores, la vía para el nuevo flujo de dinero será agregar nuevos inmuebles a los 20 ya hipotecados, para aumentar el crédito a 3.470.000 UF ($74.804 millones).

La construcción de nuevos espacios tampoco se detuvo. En abril se firma el contrato para la construcción del “Edificio Biblioteca Universidad San Sebastián Concepción” con la misma empresa que hizo los inmuebles de Bellavista (Cypco S.A). Y con la empresa Choshuenco Ltda se firmará otro para la primera parte del Edificio Centro de Salud en Valdivia (General Lagos 1140), que costará 58.088 UF ($1.254 millones).

La necesidad de captar nuevos dineros en esos días de 2011 se vio reflejada en la modificación al contrato de arriendo de la casa central de Bellavista que firman Laguna Blanca Dos y la USS: la garantía sube en 12.000 UF ($258.922.440) “por sobre el monto anterior ya entregado”.

Otro problema ocupa en esos días a la Junta Directiva de la USS: reciben una comunicación de Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, respecto de los errores que contienen sus estatutos, los que ha impedido que sea aprobada su modificación de agosto de 2009. El principal: no está acreditada la condición de socio de la USS de Inversiones Monjitas, sociedad de Pilar Zabala. El 14 de abril se acepta la recomendación de Ugarte de cómo enmendar y se aprueba el estatuto que estipula que el patrimonio de la universidad es de $19.118 millones (balance al 31 de diciembre de 2006).

La reingeniería continúa. Entre agosto y noviembre de 2011 la sociedad relacionada “Centro de Extensión y Convenciones Bellavista S.A.”, creada en 2007 por Inversiones Laguna Blanca, será la protagonista de enredadas transacciones e hipotecas entre sociedades relacionadas de la USS por un crédito con el Banco Bice (de hasta 200.000 UF), antes de que sea disuelta. Todo gira en torno a los estacionamientos que le han comprado a otra sociedad relacionada: Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., dueña original del paño de terreno donde se edificó la casa central de la USS y dos complejos inmobiliarios. (Ver El Negocio de la USS II).

Los estacionamientos finalmente terminan en manos de otra empresa relacionada: IAB Tecnología S.A. (de Alejandro Pérez y sus socios), y solo entonces disuelven la sociedad Centro de Extensión y Convenciones Bellavista S.A., luego de traspasarle todas sus acciones a Inversiones Laguna Blanca.

A partir de ese momento, noviembre de 2011, se inicia la segunda venta de acciones desde las sociedades controladoras de la propiedad de la USS. La reingeniería hace aparecer en primer plano a la sociedad madre del grupo de Pérez y Cordero: IAB Inmobiliaria S.A., la misma que le arrienda sus inmuebles a la Universidad Andrés Bello y que es dueña del 98% de IAB Tecnología y accionista principal de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., accionista mayoritaria de las dos sociedades que controlan la propiedad de la USS (Inversiones Laguna Blanca e Inversiones Laguna Blanca Dos).

Luis Cordero Barrera, vicerrector de la USS

Para los efectos de esta investigación importa saber quiénes son en 2011 los dueños de IAB Inmobiliaria S.A. cuyo controlador oficial es Alejandro Pérez. La escritura de su junta de accionistas del 28 de noviembre de 2011, permite actualizar la información. Sus dos accionistas mayoritarios son: Copra S.A., con 15.000 acciones (ya no es su representante Pablo Longueira, quien había asumido como ministro de Economía) e Inversiones Huepil, también con 15.000 acciones, representadas por Miguel Ángel Poduje. Las siguen: Inversiones La Caleta, con 5.000 acciones cuyos titulares son Juan Antonio Guzmán Molinari (ex ministro de Educación del régimen militar, ex rector de la Universidad Andrés Bello y director de varias empresas) y Julio Dittborn Cordua (actual subsecretario de Hacienda); e Inversiones Yuste S.A., con otras 5.000 acciones cuyo titular es Andrés Navarro.

La cita de los directores de IAB Inmobiliaria es clave: deciden la venta de sus 3.000 acciones de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. a la Corporación Universidad San Sebastián. Lo mismo ocurre ese mismo día con el directorio de Inversiones Americanas S.A. (cuyo titular era el fallecido Luis Ernesto Videla y que ahora preside Andrés Navarro), donde se decide la venta de sus 600 acciones de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. a la Corporación Universidad San Sebastián. En las escrituras correspondientes no figura ningún monto. Si bien por problemas formales las dos escrituras fueron anuladas, la decisión será objeto de nuevos documentos. Formaban parte de un plan mayor.

Otras cuatro piezas de la reingeniería en marcha, esta vez con la venta de acciones de la otra sociedad controladora de la propiedad de la USS, Inversiones Laguna Blanca Dos, a la Corporación Universidad San Sebastián, serán ejecutadas simultáneamente el 2 de diciembre de 2011. Será el turno de los “accionistas minoritarios” de la USS. Así, el Grupo Avalón, cuyo titular es Pablo Valenzuela, le vende sus 1.590 acciones de Laguna Blanca Dos a la Corporación Universidad San Sebastián. Lo mismo harán Inversiones Tangente, de la familia Zabala (3.148 acciones); e Inversiones Esmeralda, cuya titular María Cecilia Salvatierra vende sus 535 acciones a la Corporación USS.

Falta solo Inversiones Parenas, de Javier Pivcevic y Verónica González, los que también venden ese 2 de diciembre sus 1.182 acciones de Laguna Blanca Dos a la Corporación USS. Todas las escrituras llevan la firma de abogados de Carey & Allende, pero ninguna registra los montos ya que las ventas se hicieron por “instrumento privado”.

No obstante lo anterior, el rastreo de CIPER permitió encontrar los montos involucrados y también las sorprendentes justificaciones que los dueños de las sociedades controladoras de la USS dieron para vender parte importante de su capital accionario a la Corporación Universidad San Sebastián.

MÁS DE $30 MIL MILLONES

Ya concretada la venta de acciones de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. a la USS, se convocó a una Junta Extraordinaria de Socios de la Corporación Universidad San Sebastián, el 14 de diciembre de 2011. Como se ha dicho, sus miembros son los mismos accionistas de sus sociedades relacionadas. La presidió Alejandro Pérez y en ella participan: Luis Cordero, Pilar Zabala, Javier Pivcevic y Pablo Valenzuela.

Una escritura adicional resume las decisiones más importantes adoptadas esa mañana de diciembre por los dueños de la USS, en la que Alejandro Pérez expuso la tabla a discutir:

“1. Análisis del conflicto estudiantil y cambios en la educación superior. 2. Evaluar y pronunciarse sobre la adquisición de los inmuebles que actualmente ocupa la Corporación USS como arrendataria, y las condiciones de la operación.(Ver acta)

La explicación del punto uno de la tabla habla por sí sola del problema del lucro puesto en la agenda por el movimiento estudiantil y da cuenta del origen de la reingeniería ejecutada en las sociedades que controlan la propiedad de la USS: Laguna Blanca S.A. y Laguna Blanca Dos S.A.

“El presidente (A. Pérez) hizo presente a los socios que, con el objeto de evitar un eventual daño institucional a la universidad producto de posibles cuestionamientos de acuerdo a lo ya señalado, la junta directiva de la universidad se ha reunido el 26 de octubre de 2011 para encomendar al presidente de la junta directiva y al rector de la misma la realización de una serie de gestiones destinadas a evaluar una eventual adquisición, directa o indirecta, del dominio de los inmuebles que actualmente ocupa la universidad como arrendataria (…) Se tomó contacto con los principales accionistas de las sociedades propietarias de los inmuebles que la USS ocupa como arrendataria y se les propuso llevar adelante una operación a través de la cual se enajenarían sus participaciones en las sociedades arrendadoras, Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. e Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., en la que los activos y pasivos de ambas sociedades serían objeto de una adecuada valorización económica”.

Según la misma escritura, Pérez concluyó diciendo: “Existe un acuerdo preliminar con los vendedores para comprar el 100% de las acciones de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. y las restantes acciones de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., de las cuales la primera no es titular, valorizando el 100% de las acciones de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. en aproximadamente $30 mil millones”.

La parte final de la Junta de Socios de la Universidad San Sebastián fue resumida así:

“El presidente hizo presente a los socios que, el precio acordado de aproximadamente $30 mil millones para el 100% de las acciones de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. y, en el caso de que se adquiera parte de estas acciones a través de la compra de acciones de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., de aproximadamente $4.100 millones para el 100% de las acciones de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A., resulta una opción atractiva y conveniente”.

La fórmula propuesta por Alejandro Pérez fue aprobada por unanimidad.

Al nuevo engranaje le faltaba una pieza: la creación de Participaciones Minoritarias USS SpA, con $1 millón de capital, para “efectuar inversiones pasivas en acciones, derechos sociales y otros instrumentos, de manera de poder adquirir las participaciones minoritarias de las sociedades controladas por la universidad”.

El propio Alejandro Pérez explica la conveniencia de una sociedad por acciones: “atendida la flexibilidad que otorga para enajenar sus acciones, así como por las facilidades que la normativa legal le otorga para su administración”.

Así, después de la primera venta de acciones de Inversiones Laguna Blanca a la USS, realizada en enero de 2011, en diciembre de ese mismo año se completaba la segunda venta de acciones de los socios controladores de la propiedad de la USS a través de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. a la Corporación Universidad San Sebastián en más de $30 mil millones, la misma cifra en la que sólo cinco años atrás el grupo de Alejandro Pérez y sus socios había comprado el paquete mayoritario de acciones de sus sociedades controladoras (59%) (Ver El Negocio de la USS I).

El documento notarial hallado por CIPER contradice lo afirmado por Alejandro Pérez, presidente de la Junta Directiva de la Corporación Universidad San Sebastián, a El Mostrador el 18 de diciembre de 2012 sobre los montos de venta desde sus sociedades relacionadas a la USS:

-En el balance de 2011 aparece la operación de venta a la Corporación. Es importante chequear si el precio es real para que no queden dudas.

-Lo que aparece es real. El precio de la transacción alcanzó a $10.845 millones (US$22 millones). Tal como figura en el balance.

CIFRAS QUE NO CALZAN

Al revisar los “estados financieros” oficiales de la USS de 2011, entregados al Ministerio de Educación (Mineduc), aparecen las cifras que no cuadran. Allí se señala que el 16 de diciembre de 2011, “se compra el 100% de las acciones de la sociedad Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. (de propiedad de Alejandro Pérez y sus socios). En forma indirecta se hace dueña del 59,40% de Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. y del 0,00006% de Laguna Blanca S.A.”. Y agrega: “Adicionalmente se compran 5.019 acciones de Laguna Blanca Dos S.A. a Grupo Avalón (1.590 acciones); Inversiones Parenas (1.181 acciones); Inversiones Tangente (3.148 acciones) y Participaciones Minoritarias USS (1 acción), quedando con un total controlador del 96,63%”.

Los “estados financieros” omiten a la dueña del 3,4% restante de la propiedad de Inversiones Laguna Blanca Dos. El último registro accionario de esa sociedad encontrado por CIPER da cuenta de que ese porcentaje pertenece a Inversiones Esmeralda, de Cecilia Salvatierra. Se trata de 535 acciones que, de acuerdo a otra escritura, significaron el pago de $1.006.341.458. Dicho monto no aparece registrado en los “estados financieros” de la universidad a pesar de que CIPER halló otra escritura que acredita que ese monto efectivamente se le pagó a Salvatierra a través de “Inversiones Kilimanyaro S.A., sociedad que ella creó especialmente para esa operación. ¿Dónde y cómo quedaron registrados los más de mil millones de pesos pagados a Salvatierra?

Tampoco están desglosados en los “estados financieros” de la USS los pagos hechos a Inversiones y Asesorías Educacionales, la sociedad de Alejandro Pérez, Cordero y socios. No obstante, en la página 7, en el ítem “inversiones en sociedades relacionadas”, aparece un monto de $21.345 millones. Esa cifra podría corresponder a la suma de $4.600 millones que se le pagaron a la sociedad de Pérez por sus 8.501 acciones en Inversiones Laguna Blanca S.A., más los $17.766 millones que debió percibir por sus acciones en Inversiones Laguna Blanca Dos. Y ello porque se afirma que se compraron todas las acciones de Inversiones y Asesorías Educacionales.

Y así fue, porque el 2 de enero de 2012 se protocoliza la disolución de la que fuera la sociedad de Alejandro Pérez, Luis Cordero y socios, como controladores principales de la USS desde 2007, Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. La escritura da cuenta de que el 16 de diciembre de 2011 –por “instrumento privado”-  IAB Inmobiliaria S.A. (3.000 acciones) e Inversiones Americanas S.A. (600 acciones) vendieron, cedieron y transfirieron a la Corporación USS todas las acciones de que eran titulares en Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. (Repertorio 71-2012, Notaría Benavente).

Pero ello no significaría que Alejandro Pérez, Luis Cordero y sus socios dejarían de controlar el negocio de la Universidad San Sebastián.

OTROS NEGOCIOS DE PÉREZ Y SUS SOCIOS

El año 2011 estaba a punto de terminar, pero habría más cambios en las sociedades personales de quienes habían asumido el control total de la USS. El 22 de diciembre, IAB Inmobiliaria S.A. le cambia el nombre a otra de sus empresas relacionadas al negocio de la USS, IAB Tecnología S.A., a la que también le amplían su giro y capital. La nueva empresa se llamará Inversiones Generales S.A. (nombre de fantasía: Ingesa).

Alejandro Pérez Rodríguez

Los cambios son decididos por Alejandro Pérez, representando a IAB Inmobiliaria S.A. (998 acciones) y Luis Cordero Barrera (2 acciones), por Abastecimientos Generales S.A. El nuevo giro incluye inversión, explotación y administración de toda clase de estacionamientos o parking; asesoramiento empresarial, así como cualquier negocio vinculado ya sea al arrendamiento o venta de publicidad, venta de bebidas frías o calientes, snacks a través de máquinas expendedoras.

Será la nueva sociedad de Pérez y Cordero, Inversiones Generales S.A., la que el 30 de enero de 2012 creará “Inversiones Los Leones SpA”, cuyo objeto será precisamente la administración, operación y explotación de estacionamientos. Con $1 millón de capital, en su primer directorio figuran: Alejandro Pérez, Nicolás Kulikoff, Luis Cordero, Andrés Navarro y Enrique Herrera R. Como se verá, Los Leones SpA será una de las nuevas sociedades relacionadas de la USS.

Para entonces, IAB Inmobiliaria, también de propiedad de Pérez y sus socios, ya le había cedido a la Corporación Universidad San Sebastián el contrato de arriendo de la propiedad del Santiago College en Providencia (ver El Negocio de la USS II). Poco después, Inversiones Los Leones SpA, representada por Alejandro Pérez y Nicolás Kulikoff, firman con Corpbanca un crédito de 196 mil UF ($4.427.255.840), para financiar hasta el 70% del proyecto de estacionamientos de la nueva sede Los Leones de la Universidad San Sebastián. Como aval y en prenda, Pérez y Kulikoff  dejan un contrato de subarrendamiento con la Universidad San Sebastián de la propiedad del campus Los Leones. Por la USS firman Luis Cordero, socio de Los Leones SpA y Ricardo Riesco. (Ver escritura).

Lo anterior contradice la versión entregada por el controlador principal de la Universidad San Sebastián, Alejandro Pérez, a El Mostrador el 18 de diciembre de 2012, cuando afirmó: “El tema del lucro se ha instalado y muy probablemente llegó para quedarse. Como sostenedores de una universidad decidimos que la única manera de tener una cara absolutamente transparente frente al medio en general y, en particular, frente a nuestros alumnos y profesores, era no tener ningún tipo de transacción con partes relacionadas”.

No sería ese el único negocio de Alejandro Pérez, Luis Cordero y sus socios en el rubro estacionamientos. Porque para esos días de septiembre de 2012, ya estaba en plena ejecución la compra por $884.867.779 de más de 300 estacionamientos subterráneos en el proyecto inmobiliario Espacio M, una torre de 11 pisos con oficinas, patio de comidas, tiendas departamentales, locales comerciales y supermercado. La compra de esa propiedad –en Compañía esquina Morandé, justo donde se ubicó por décadas el diario El Mercurio- fue iniciada en 2010 por la sociedad madre de Pérez y sus socios, IAB Inmobiliaria S.A., y finiquitada el 28 de marzo de 2012 por Inversiones Generales S.A. (ex IAB Tecnología), representada por Alejandro Pérez y Nicolás Kulikoff. El vendedor fue Inmobiliaria Banmer.

NUEVA ETAPA

La venta de las acciones de las dos sociedades a través de las cuales se controlaba la propiedad de la Universidad de San Sebastián y de sus ingresos, no significó el fin de Inversiones Laguna Blanca S.A. e Inversiones Laguna Blanca Dos S.A. Ambas siguieron existiendo con la USS como accionista mayoritario. En el caso de Laguna Blanca Dos, mantuvo los inmuebles que ocupa la USS, los que se siguieron arrendando a la universidad, pero sin subir ya los montos cada año. (Ver NOTA 6 con los nuevos contratos de arriendo).

Nuevas sociedades relacionadas se agregaron a los negocios de la USS. A las ya creadas -Comercializadora Lientur y Asesorías Pilauco- se sumaron otras tres en el rubro de la salud: el Centro Médico Docente Asistencial Universidad San Sebastián S.A., la Inmobiliaria Clínicas Regionales S.A. (se compró el 19,37% de su capital) y Clínica Los Andes de Puerto Montt S.A. (se compró el 12,98% de su capital).

El negocio de la salud no es ajeno al que sigue siendo el controlador principal de la USS y de sus sociedades relacionadas: Alejandro Pérez, quien es también uno de los accionistas importantes de la Clínica Indisa. Lo que sí cambió para Pérez fue su calidad de director del holding Angelini (Inversiones Angelini y Compañía), donde se mantuvo hasta mayo de 2013, luego de abandonar la gerencia general en 2005 (ver escritura),

Alejandro Pérez sigue presidiendo la Corporación USS, entidad sin fines de lucro, y manteniendo el control de sus sociedades relacionadas. En 2012, tomaron su lugar en el nuevo directorio de la Junta Directiva de la Corporación Universidad San Sebastián, sus socios Andrés Navarro, Juan José Cueto P. (quien reemplazó a Ernesto Videla), Margarita Cofré Larraín y Enrique Herrera Rodríguez (además de Pilar Zabala, Javier Pivcevic, Pablo Valenzuela, Andrés Vaccaro y Viviana Paredes Mendoza).

Luis Cordero, el otro hombre fuerte de la USS, sigue siendo su prorrector y a pesar de que su hermano Patricio desapareció de la junta directiva en enero de 2012, su poder se acrecentó como representante de las sociedades relacionadas de la USS. La principal de ellas, y de la cual Pérez, Cordero y Navarro son socios, IAB Inmobiliaria S.A., es ahora una “sociedad filial” de la USS. Esa sociedad sigue controlando los inmuebles que le arrienda a la Universidad Andrés Bello y ha emprendido nuevos negocios en la educación además de los del rubro de estacionamientos aquí relatados.

Con sus mismos socios –Copra S.A., Inversiones Yuste S.A. y Agrícola y Comercial Santa Inés- y un capital de $12.670 millones, IAB Inmobiliaria creó en julio de 2013, IAB Dos SpA., la que se fusionó en septiembre pasado con el Fondo de Inversión Privado Portas (Focus SpA).

Puede que allí se encuentre la explicación para el notable incremento del patrimonio de Luis Cordero (socio principal de Copra S.A.) en los últimos 20 años. Su sociedad familiar, Inversiones La Fuente, la creó en junio de 1991 con sólo $1 millón. Cordero no terminó Derecho en la Universidad Católica y toda su carrera laboral desde 1989, cuando fracasó en su intentó de ser elegido diputado por la UDI, ha sido primero en la Universidad Andrés Bello y desde 2007 en la USS. En ambas ha sido socio controlador y prorrector. Inversiones La Fuente, sociedad a la que agregó a todos sus hijos, tiene hoy un capital de $1.408 millones. La Fuente también le sirvió para descontar impuestos pues aparece como donante de la USS. (ver cuadro).

La Universidad San Sebastián se encuentra hoy en el epicentro de varias investigaciones judiciales y en proceso de cambios. Las finanzas han debido ajustarse al punto que se ha anunciado la desaparición de su sede Osorno, lo que ha provocado conmoción en esa zona. Pero también está enfrentando serios cuestionamientos por los altos niveles de deserción y por la calidad de la educación que imparte.

Una de las carreras de la USS más afectada por esos índices de deserción, es Pedagogía Básica: el 20% de sus alumnos deserta en primer año y el 62% de sus egresados obtuvo un “insuficiente” (“no demuestra conocimientos y  habilidades necesarios para iniciar el ejercicio de la profesión docente”) en la Prueba Inicia de 2011, único examen que mide la calidad de los egresados de Pedagogía.

En cuanto a sus profesores, de los 3.708 que hacen clases en la USS, el 75,6% (2.803 docentes) cae en la categoría de “profesor taxi”, con contrato por menos de 20 horas semanales. Solo 611 tienen jornada completa.

A la luz de los miles de millones que se han ocupado en las sucesivas ventas de acciones en las sociedades relacionadas con la propiedad de la USS, los cuestionamientos a la calidad de su educación adquieren otro cariz. Porque lo más relevante es que las vías para seguir obteniendo lucro de sus ingresos se mantienen abiertas.

Por estos días el senador (DC) Hosaín Sabag tiene sus ojos puestos en la Corte Suprema. Su preocupación es financiera y personal, ya que de la sentencia que redacta el abogado integrante de la Primera Sala de la Corte Suprema, Emilio Pfeffer, depende el futuro de la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán (Octava Región), cuyo proyecto ha liderado su hijo mayor, Patricio Sabag Villalobos. Será la justicia la que dirimirá el choque entre la Dirección General de Aguas (DGA) y la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, que preside el hijo del senador y candidato a la reelección, ahora por la Región del Bíobío Cordillera. La controversia significó la paralización de la central hidroeléctrica en 2007 al no obtener la autorización de la DGA para modificar cauces naturales de las aguas del Río Huepi.

Los problemas con la justicia no son nuevos para Hosaín Sabag y tampoco para su hijo menor, el diputado (DC) Jorge Sabag, quien también postula a la reelección por el distrito 42 de la Región del Bíobío. Allí se ubica Cabrero, el corazón de los negocios de la familia Sabag, la más importante de la zona. Fue precisamente en Cabrero donde surgió el cuestionamiento a los pagos que el diputado Sabag ordenó a la Cámara de Diputados a cuenta de sus asignaciones parlamentarias y que iban directo a la cuenta corriente de las empresas de la familia (Ver recuadro). Eso le significó ser imputado por fraude al Fisco, juicio que terminó con el diputado Sabag sobreseído pero que no confirmó su inocencia.

El diputado Jorge Sabag fue formalizado por fraude al fisco, pero finalmente fue sobreseído.

Para muchos, el fin de ese juicio tuvo relación con el poder que ha ido acumulando en la región el senador Sabag desde que en 1990, apenas se recuperó la democracia, ingresara al Congreso, primero como diputado por el mismo distrito que representa ahora su hijo; y desde 1998 como senador. En total, han sido 23 años de parlamentario y representante de la Democracia Cristiana, en los que Sabag ha llegado a tener un rol gravitante en distintas comisiones del Congreso, todas ligadas con sus inversiones. De allí que haya sido protagonista en distintos momentos de conflictos de interés tanto en el rubro energético como forestal.

En cada una de las comisiones parlamentarias que ha integrado y también en la sala ha defendido férreamente la energía hidroeléctrica, pese a que tanto él como su hijo Patricio han comprado derechos de agua para energía y Patricio lidera un proyecto en el rubro en su calidad de presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu. Según consta en el diario oficial del 1 de julio de 2013, fue Patricio Sabag quien solicitó la aprobación del proyecto de las obras hidráulicas de la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán (ver documento).

El senador Sabag debió abstenerse de votar la Ley de Concesiones Eléctricas y otra que simplifica los trámites de regularización de títulos de agua. No lo hizo, violando la Ley Orgánica Constitucional del Congreso que, en su artículo 5º B, establece que “los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción”.

Respecto de la construcción de la Central Trupán, el conflicto de interés del senador Sabag está nítidamente planteado por ser su hijo quien lidera un proyecto hidroeléctrico. A ello se agrega que ese hijo, Patricio Sabag, es el controlador de todas las empresas del grupo familiar de las que él mismo es el principal accionista.

Los negocios de la familia Sabag son cuantiosos. En su declaración de patrimonio de 2006, el parlamentario precisa que a diciembre del año anterior su capital propio tributario ascendía a $8. 417 millones, equivalentes a unos US$15,4 millones. Sólo la Inmobiliaria Nabatieh fue constituida en 2004 con un capital de $2.104.202.100. En 2010, Sabag actualizó su declaración y entregó una nómina de 62 propiedades. El valor de avalúo fiscal de los predios forestales del senador asciende a $793.259.551. De acuerdo al mismo registro, todas las propiedades del senador suman un avalúo fiscal superior a los $3 mil millones. En Cabrero se ubican 47 de esos predios e inmuebles.

EL VOTO QUE LE SIGNIFICÓ $29 MILLONES

El de energía y eléctricidad no es el único sector donde el senador Hosaín Sabag ha violado la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Otro ejemplo de conflicto de interés detectado por CIPER ocurrió durante la discusión de la Ley de Fomento Forestal. Sabag no se inhabilitó de participar en la modificación del Decreto Ley Nº 701, publicada en mayo de 1998, pese a que, en su declaración jurada de intereses (ver documento), indica que la actividad forestal es una de las tantas que desarrolla junto a la agrícola, ganadera, bienes inmuebles y transporte para actividades propias.

Los beneficios que recibió Sabag son más que hipotéticos. De hecho, el 18 de marzo de 2005, el senador postuló y recibió una bonificación forestal para la recuperación de suelos degradados en Cabrero (ver) por $28.905.616, un subsidio contemplado en dicha ley.

Parte de los 29 millones de bonificación forestal fue utilizado en plantación de eucaliptus.

En esa fecha, los controles internos del Congreso eran muchos más laxos, no existía la Ley de Transparencia, por lo cual presentar conflictos de interés no representaba una preocupación real para muchos legisladores. Hoy es un tema que ha comenzado a instalarse en amplios sectores de la sociedad que demandan mayor transparencia a sus representantes. Por eso, en la nueva tramitación de la Ley de Fomento forestal –actualmente en el Congreso– Sabag se comprometió a abstenerse. Así lo anunció a El Dínamo: “Cuando vuelva de las comisiones no la voy a votar, eso lo dejo claro”. El Dinamo agregó: Cuando el Senado votó en general el proyecto, el pasado 12 de junio, Sabag también se abstuvo de votar. Sin embargo, en la misma sesión, el senador sí opinó: “En mi región existen más de un millón de hectáreas de suelo absolutamente erosionado, grandes barrancas que si no se detienen con apoyo del Estado, es evidente que la desertificación va a ser cada vez mayor. Por eso que al ser esto altamente necesario y de interés nacional, evidentemente que yo no puedo estar en contra”.

“LOMOS DE TORO”

Sabag nunca se ha inhabilitado en proyectos vinculados con la energía hidroeléctrica y cada vez que puede respalda su uso en aquellos proyectos de ley relacionados, como el de Concesiones Eléctricas, donde participó así en la comisión respectiva: “Por fortuna, hemos ido subsanando esos muy difíciles ‘lomos de toro’ por la vía legislativa. Hoy día se pueden construir pequeñas centrales de pasada para la generación y la explotación eléctrica”.

El mismo Hosaín Sabag apoyó la Ley 20.017 que modificó el Código de Aguas y cuya reforma más sustantiva fue el cobro de una patente para los titulares de derechos de aguas que no las usaban. Se buscaba así inhibir la acumulación ociosa de esos derechos, de tal modo que el poseedor del dominio pagara una multa por no utilizar las aguas o bien terminara vendiendo su derecho para que otro lo pusiera en uso. “Lo que pretendemos es que este recurso, de tanta utilidad para el país, se ocupe en beneficio de la Nación y que los derechos de aprovechamiento no se conviertan sólo en acaparamiento o que algunos más despiertos pretendan obtener pingües utilidades, traspasándolos posteriormente”, manifestó el 13 de mayo de 1997 el entonces diputado Hosaín Sabag durante la discusión en sala.

Cuando la primera gran reforma al Código de Aguas fue publicada en junio de 2005, incluida la introducción de las patentes para las aguas, Hosaín Sabag, ya senador, fue uno de los primeros que se benefició con la indicación legal promovida por él mismo. Al mes de publicada la ley, Sabag comenzó a comprar derechos de aguas que estaban siendo liberados y que corresponden precisamente a los recursos hídricos que van a alimentar a la central de pasada Trupán (ver documento). Los derechos corresponden a aguas de los afluentes del Río Diguillín, donde se encuentra el Canal Zañartu y cuyo agotamiento rige desde julio de 1994 (ver resolución de la DGA).

Una de estas compras tuvo lugar el 22 de julio de 2005, cuando Hosaín Sabag adquirió derechos de aguas por $4.850.000, correspondientes al Canal Colicheo, cuya bocatoma se ubica en la ribera norte del río Laja. La superficie total bajo riego es de 21.000 hectáreas. El canal está en servicio desde 1928 y la entidad que administra esta obra es la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, precisamente la entidad que preside su hijo Patricio. CIPER encontró otras dos adquisiciones de derechos de agua de los Sabag, relacionadas con el Canal Zañartu: la primera fue hecha por el propio senador el 20 de diciembre de 2012, por $55 millones; la segunda la concretó su hijo Patricio el 8 de junio de 2011, por $3.000.000 (ver compras).

LA NEGATIVA DE LA DGA

La legislación vigente obliga a quienes pretenden construir una central hidroeléctrica de pasada a tener sus títulos de aprovechamiento de aguas debidamente actualizados debido a que muchos fueron otorgados en el siglo pasado. Ello significa que los títulos de dominio deben estar regularizados en la Dirección General de Aguas (DGA), con todas sus características técnicas.

La dupla Sabag va a la reelección como senador y diputado este 17 de noviembre

Allí debe figurar el nombre del titular y la ubicación del acuífero; la provincia en que se sitúa la captación y la restitución, en el caso de las centrales; el caudal de acuerdo al Código de Aguas y aquellas características con que se otorga o reconoce el derecho. Además debe establecerse si se trata de un derecho de ejercicio permanente o eventual; o de ejercicio continuo, discontinuo o alternado entre varias personas. Por último, también es necesario precisar si son derechos consuntivos (el agua se usa y no se devuelve, como en actividades de riesgo) o no consuntivos (el agua se debe devolver como ocurre en las centrales).

El registro de todas las anteriores precisiones es imprescindible para completar el proceso de inscripción de derechos en el Catastro Público de Aguas. Sólo así los proyectos hidroeléctricos pueden avanzar. De lo contrario, se paralizan, como ha ocurrido con la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán.

En efecto, la solicitud de aprobación para la obra hidráulica de la central hidroeléctrica Trupán, fue rechazada por la dirección regional del Biobío de la DGA.  Como se ha dicho, la petición fue presentada por Patricio Sabag, como presidente de la Asociación de Canalistas Zañartu, la que cuenta con una inscripción de dominio de un derecho de aprovechamiento de aguas por 45m3/s., otorgado en 1930. La solicitud de perfeccionamiento de título aspiraba a obtener derechos por 65m3/s. La petición ha sido rechazada en dos instancias judiciales. Uno de los argumentos legales esgrimidos para rechazarla es que la demanda fue iniciada por la asociación de canalistas, cuando lo que corresponde es que la ingrese cada uno de sus miembros.

El rechazo de la DGA se sostiene en que el Canal Zañartu, si bien tiene un derecho de agua en el río Laja, los caudales que ha extraído históricamente son muy inferiores a los que pretende con su demanda: 65 m3/s. En la respuesta de esa entidad a CIPER, se indicó que hay disposición a reconocer el derecho de agua que tienen los canalistas que preside Patricio Sabag, siempre y cuando se limiten al caudal que era capaz de captar y conducir a la fecha en que se presentó la demanda: 24,2 m3/s (en vez de 65 m3/s.).

La disputa entre la DGA y la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, se trasladó al 22º Juzgado Civil de Santiago (Ver documento). Allí quedó estampada la denuncia contra la Dirección General de Aguas, que presentó Patricio Sabag Villalobos, en nombre de los canalistas, el 14 de diciembre de 2007.

La respuesta fue adversa para Patricio Sabag y la asociación de canalistas. El tribunal estimó que los títulos se encontraban incompletos y que no se indicaban las características esenciales de cada derecho. Sabag pasó nuevamente a la ofensiva y apeló por lo que el conflicto llegó a la Corte de Apelaciones. Fue peor. El 17 de abril de 2012 la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones dictaminó: “No se ha acreditado la titularidad de los derechos de aprovechamiento de aguas” y “los títulos no aparecen vinculados a los estatutos de la Asociación, la que a su vez no presenta certificado de vigencia” (ver fallo).

Al problema suscitado por los dos fallos judiciales adversos, se agregó entonces una nueva dificultad a la instalación de la central hidroeléctrica de los Sabag y sus socios. El proyecto está siendo cuestionado por la Asociación de Canalistas del Laja “debido al riesgo que se produzca una merma significativa del agua disponible en el río Laja, que sirven para regar al menos a 120 mil hectáreas entre las provincias de Biobío y Ñuble”. Los más catastrofistas incluso advierten que, de ponerse en marcha la central, los Saltos del Laja podrían verse afectados, con el consiguiente deterioro para el turismo en esa postal de Chile.

LEY PARA PERFECCIONAR TÍTULOS DE AGUAS

Mientras el conflicto entre la DGA y la Asociación de Canalistas de Canal Zañartu se dirimía en los tribunales, el Ejecutivo presentó el 13 de septiembre de 2012 un proyecto de ley que cambia las reglas de la regularización o perfeccionamiento de los títulos de derechos de aprovechamiento de aguas. Una ley que aún no ha sido promulgada. Por ello, hasta ahora, la regularización corre por cuenta de cada uno de los titulares de derechos a través de un proceso tan engorroso como caro. Si una asociación de regantes tiene mil socios, se necesitan mil presentaciones para regularizar los títulos. Con la nueva ley se requerirá solo de una, previo acuerdo adoptado por los dos tercios de los votos emitidos en una junta extraordinaria de la asociación respectiva. El proyecto busca que sean las comunidades de agua y juntas de vigilancia las que representen a los titulares de los derechos de aguas.

Una central hidroeléctrica como la que muestra la foto, tiene enfrentado a la DGA con la Asociación del canal Zañaru.

La nueva ley podría ser la solución mágica que le permita a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu resolver los dos fallos judiciales adversos y concretar su proyecto: la Central Hidroeléctrica Trupán. Como la indispensable regularización de títulos de dominio no fue otorgada por la DGA, una vez que la nueva ley esté promulgada –lo que podría ocurrir en los próximos meses–, bastará con que la Asociación del Canal Zañartu se reúna en una asamblea, para conseguir el nuevo requisito. En la práctica, la nueva ley se convertirá en un verdadero fast track para la Central Hidroeléctrica Trupán.

Al examinar la tramitación de esa ley, CIPER detectó que fue el escaño del senador Hosaín Sabag el que le permitió presentar las indicaciones que lo favorecían, no obstante que ya no formaba parte de la comisión de Obras Públicas del Senado. La indicación clave que modificaría los procedimientos para la regularización de derechos de agua lleva la firma de Sabag.

Otra de sus indicaciones pretendía dar el visto bueno a la edificación de centrales antes de que el proceso de regularización de derechos hubiese finalizado. Su visión pro-centrales, la morigeró al plantear al menos que la recepción de las obras sólo podrá otorgarse una vez inscrito los correspondientes derechos de aprovechamiento de aguas. Su “contribución” al proyecto fue tal, que dos de sus indicaciones (ver indicaciones) se mantuvieron en la ley que pronto será promulgada por el Presidente Sebastián Piñera.

El senador ha celebrado las iniciativas que favorecen las centrales de pasada. En junio de 2013, Sabag felicitó a sus colegas por llegar a un acuerdo para destrabar los proyectos de Concesiones Eléctricas y de Energías Renovables No Contaminantes (ERNC). Junto con exhortar a las autoridades a no paralizar las obras en estas materias, aseguró que no le preocupa que “la energía eléctrica se concentre en dos o tres grandes compañías, pero sí que se diversifique la matriz energética y puedan participar muchas pequeñas empresas, con centrales de pasada de 5, 10 o 20 megawatts”. (La capacidad máxima instalada de la Central Hidroeléctrica de Pasada Trupán es de 36 megawatts).

El diputado (DC) Jorge Sabag, hijo del senador, también aprobó esa moción. El 18 de julio de 2013 señaló en la Cámara que el proyecto “es de gran impacto para los sectores rurales y está llamado a facilitar de gran manera el desarrollo de la industria campesina… Lo ideal es dar una pronta aprobación al mismo, sobre todo considerando que hay miles de pequeños agricultores que están esperando la promulgación de esta iniciativa”.

ABOGADOS CON DOBLES FUNCIONES

CIPER revisó los documentos que acompañan el juicio iniciado por la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, con su demanda contra la DGA (ver documento). Tras cruzar algunos nombres con los que aparecen en la página del Senado sobre asignaciones parlamentarias, encontramos que uno de los abogados demandantes, Sergio Muñoz Cartes, ha sido también asesor legislativo del senador Sabag. Un asesor importante a juzgar por los montos pagados con dineros del Senado. En octubre de 2007, Muñoz recibió la suma de $8.500.000, cifra que subió a $17.703.221 en 2008, distribuidos entre agosto, $8.888.888; octubre, $3.333.333 y diciembre, $5.481.000, (ver asignaciones parlamentarias 2007, 2008).

Es decir, el año 2008, cuando Sergio Muñoz era abogado de los Sabag en su demanda particular contra la DGA, recibió paralelamente del Senado más de $17 millones como asesor parlamentario de Hosaín Sabag. No fueron esos los únicos pagos que recibió el abogado Muñoz como “asesor” del senador.

En la página de Transparencia del Senado aparece que el abogado Sergio Muñoz Cartes recibió en 2009 un total de $20.300.462, como asesor de Hosaín Sabag (distribuidos entre marzo, agosto, noviembre y diciembre). En 2010, cobró $14.290.000 y en 20011, $18.800.000. Sus servicios abarcan diversas materias. En enero de 2011, por ejemplo, el abogado Muñoz realizó una asesoría por el proyecto de reforma educacional, por la que Sabag le pagó $2.640.000. En marzo de ese mismo año cobró $2.700.000 por un estudio sobre la creación del Ministerio de Desarrollo Social.

Hasta 2008 los senadores no debían justificar la labor realizada en las asesorías parlamentarias que se pagaban con dineros del Congreso. Fue en 2009 -con la promulgación de la Ley de Transparencia-, que se puso límite a la discrecionalidad que les permitía abultar esos pagos, como quedó demostrado con el escándalo por el abuso de las asignaciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, que terminó con Maximiano Errázuriz como único condenado de los cuatro diputados que malversaron asignaciones parlamentarias. Entre ellos figura el diputado Jorge Sabag. (ver reportaje).

Sergio Muñoz, uno de los abogados que tramitó la demanda de Patricio Sabag contra la DGA por el proyecto de la Central Trupán, no es el único que ha tenido un doble rol en el Senado. El proyecto de ley que simplifica los procedimientos para regularizar los títulos de aprovechamiento de aguas fue presentado por el entonces ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, y entre los invitados a la comisión destacó la presencia del profesor de Derecho Económico de la Universidad de Chile, Gustavo Manríquez Lobos. El profesor respaldó la iniciativa y aseguró que en alguna forma aliviará la situación de miles de usuarios de agua, cuyos derechos de aprovechamiento carecen de algunas de las menciones que exige el reglamento del catastro. Gustavo Manríquez propuso también incluir a las asociaciones de canalistas entre los beneficiados, a las que el proyecto no mencionaba. Sus sugerencias fueron aceptadas.

Lo que no quedó consignado en el acta de sesiones es que el abogado Gustavo Manríquez es el mismo que ha jugado el rol principal en todos los recursos judiciales que ha presentado Patricio Sabag, como presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, contra la DGA, para sacar adelante el proyecto de la Central Hidroeléctrica Trupán. CIPER quiso preguntarle al senador Sabag sobre la relación con estos asesores y los otros temas tocados en este reportaje, pero no respondió a nuestra petición de entrevista.

LA DEFENSA DE SABAG A SU HIJO DIPUTADO

Después de un reportaje de Contacto, difundido por Canal 13 hace algunos meses, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, anunció que se le dará mayores atribuciones a la Comisión de Ética para regular eventuales conflictos de interés. Entonces también admitió: “No es fácil hacer eso, pues existe un tema de interpretación. Hoy depende del parlamentario decidir si se inhabilita” (ver nota en La Tercera).

Hosaín Sabag ocupó su sillón en el Senado para defender a su hijo diputado.

El senador Hosaín Sabag es uno de aquellos parlamentarios que no percibe los límites éticos al votar en proyectos de ley que benefician sus negocios personales o a su familia. Después de las investigaciones del Ministerio Público por fraude al Fisco en el llamado escándalo de las asignaciones parlamentarias, en el que se vio involucrado junto a sus hijos Patricio y Jorge, tampoco se inhibió de actuar a pesar de los datos que quedaron plasmados en el juicio. Desde marzo de 2006 y hasta julio de 2009, la Cámara de Diputados, con cargo a fondos públicos, pagó $22.669.830 a la inmobiliaria Navatieh S.A., de propiedad de Hosaín Sabag y de la cual su hijo Patricio (el mismo que es presidente de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu) es gerente.

Durante casi todo el primer período del diputado Jorge Sabag, la Cámara pagó $558.045 mensuales a su familia por un arriendo supuestamente destinado a sede distrital, ubicada en Río Claro 1050 de Cabrero, correspondiendo el local al conocido aserradero del clan Sabag. Aunque el diputado llegó a ser formalizado por fraude al fisco, finalmente fue sobreseído (ver el reportaje de CIPER que gatilló la investigación judicial).

Fue entonces que el senador Hosaín Sabag ocupó su sillón para defender a su hijo, el diputado, y mostró que no se inhibe a la hora de legislar para los suyos y favorecer a su clan. El senador se preocupó personalmente de incluir en la Ley de Presupuesto 2010 una glosa que especifica que los fondos aprobados por las comisiones de régimen son de libre disposición. Con ello Sabag pretendió demostrar que a los parlamentarios no se les debía aplicar las sanciones penales relativas a los funcionarios públicos, una interpretación que afectaba directamente a Jorge Sabag, investigado por el fiscal de Valparaíso por “negociación incompatible” (ver reportaje).

Hacía poco que Alejandra había llevado por primera vez a E.M.M., su hija de siete años, a una psicóloga. Después de haberla dejado un mes con el padre, notaba a la niña extraña. Durante el día se chupaba el dedo, hablaba como guagua, estaba irritable y muy desobediente. Por las noches tenía tanto miedo de estar sola que las pesadillas no la dejaban dormir. Era febrero de 2012 cuando después de un primer encuentro, la profesional le dijo a la madre que había detectado baja autoestima y extrema sensibilidad en la menor, que tendría que verla de nuevo.

Pocos días después, Alejandra le hizo una broma a E.M.M. mientras veían juntas en su casa una película. Nunca olvidó lo que le respondió la niña: “No me gusta que me hagas bromas ni que el papá me muerda el potito”. Alejandra no supo qué hacer ni qué decir. En silencio escuchó a su hija decir que a veces su padre le pedía a ella que le mordiera el trasero. Optó por no decir nada y siguieron viendo televisión.

En la siguiente sesión con la psicóloga, la niña le contó que no quería ver a su padre porque no le gustaba que la tocara, y que aunque ella le pedía que no siguiera, él igual la tocaba. Solo después relataría que uno de los juegos de su papá que menos le gustaba era cuando jugaba a que sus dedos eran “un gusanito” que la recorría y al final se metía por su vagina y su ano.

El 6 de marzo de 2012, el mismo día que la psicóloga le entregó un preinforme psicológico de su hija, Alejandra fue a la 16ª Comisaría de Carabineros de La Reina. Ya no había vuelta atrás. Apenas firmó la denuncia contra su ex esposo, dio el primer paso para que E.M.M. ingresara a un engorroso sistema por el que sólo ese año transitaron 32.327 niños en todo el país. Ése fue el número de menores que durante 2012 fueron derivados a las unidades de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público, por denuncias de delitos sexuales o violencia intrafamiliar, según informó el fiscal nacional Sabas Chahuán en su Cuenta Pública 2013. Al igual que ellos, E.M.M. comenzaba un largo y duro proceso judicial que, por su estructura, la obligaría a revivir sus peores recuerdos una y otra vez.

CIPER investigó cada una de las etapas en la ruta que siguen los niños cuando ingresan al sistema judicial por abuso sexual: la denuncia, los interrogatorios, los peritajes y el juicio. Un largo y tortuoso camino que los menores deben transitar por comisarías, fiscalías, el Servicio Médico Legal (SML) y Juzgados de Familia, en un sistema que pareciera estar estructurado, más que para protegerlos y hacer justicia, para volver a vulnerar sus derechos. El túnel incluye también la posibilidad de que el menor deba pasar por algún centro del Servicio Nacional de Menores (SENAME), donde como ya se ha comprobado, pueden ser víctimas de nuevos abusos (ver reportaje). Lo trágico es que la principal causal de ingreso a esos hogares es maltrato grave y/o abuso sexual (42,1%).

La primera etapa de esa ruta comienza con una denuncia, como la que presentó la mamá de E.M.M. en Carabineros, en marzo de 2012. Ese día la niña de siete años comenzó su travesía por un sistema que aún la tiene a la espera de un juicio oral.

EL ABUSO QUE SE REPITE

La victimización secundaria es una de las fallas graves que presenta el sistema judicial chileno frente a los abusos sexuales de menores, las que se traducen en un choque constante entre las garantías procesales de los imputados y los derechos de los niños como víctimas. Desde que se inicia el proceso con una denuncia, el niño, independiente de su edad, deberá relatar al menos siete veces qué le hicieron, quién se lo hizo, cómo se lo hicieron, cuándo se lo hicieron, dónde se lo hicieron y cuántas veces se lo hicieron. Primero a sus padres y luego a la policía, al fiscal, al médico, al psicólogo y al juez. Y cada vez le preguntarán más detalles.

-Como Ministerio Público lo que más nos preocupa -e intentamos evitar en los menores víctimas de abuso- es la “victimización secundaria”, una de las grandes falencias que tiene el sistema. Si a un niño lo haces hablar una, dos, tres o cuatro veces sobre lo mismo, nadie puede sostener que no se están vulnerando sus garantías y derechos. Ese es uno de los puntos de inflexión que tenemos que tener en cuenta. Porque a pesar de que Chile firmó la Convención de Derechos del Niño, no siempre se respeta –dijo a CIPER la ex fiscal Patricia Muñoz, actual directora de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional.

El niño será sometido también a duros exámenes médicos para determinar si hay marcas del delito en su cuerpo: alguna herida, algún moretón o cicatriz que prueben su relato. Porque sus dichos estarán siempre bajo un manto de duda. Entonces, deberá ser consistente en cada una de las instancias del proceso. Se elaborarán informes periciales psicológicos que dirán si es creíble o no. Luego tendrá que defender todo lo que ha dicho frente a un magistrado en un juicio oral y convencerlo de que dice la verdad. Lo mismo tendrán que hacer los profesionales que elaboraron los informes periciales. Para ese momento, lo importante ya no serán los informes en sí, sino la capacidad de transmitirle al juez la seguridad de que son certeros. Pero como también las partes pueden pedir contra peritajes a un experto externo, el niño deberá pasar una vez más por todo el proceso, salvo que el magistrado lo impida.

Pero eso no es todo. De acuerdo a los registros públicos, es muy probable que a pesar de todo ese traumático proceso al que ha sido expuesto el menor, el veredicto judicial no encuentre culpables.

Desde enero de 2011 hasta junio de 2013, de acuerdo a una publicación de La Tercera, de las 39.639 agresiones sexuales contra menores que investigó el Ministerio Público, sólo 4.935 acabaron en condena en tribunales. Es decir, el 12,4%. Y factores hay varios. En la fiscalía señalan que el bajo número de sentencias condenatorias tiene que ver con los cuestionamientos a los organismos auxiliares de la justicia que participan en las pericias. El senador Patricio Walker (DC) dice que también influyen la alta rotación de fiscales y la falta de estándares científicos que hagan de los peritajes procedimientos 100% confiables. En el Servicio Médico Legal (SML) dicen que falta especialización, que las condiciones en que llegan los niños no son las óptimas y que es muy difícil comprobar un delito que suele no dejar huellas ni testigos. Otros señalan la falta de coordinación entre los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales. Mientras, los abusos sexuales a niños aumentan.

RELATOS EN DUDA

Los días pasaban, pero parecía que la acusación por abuso sexual que la mamá de E.M.M. puso contra su ex pareja no avanzaba y se había convertido en una más de las 6.537 denuncias que registró el Ministerio Público durante 2012 por abuso sexual “a menor de 14 años”. Un delito que aumentó un 31,5% respecto del año anterior. El 13 de marzo Alejandra fue junto a su abogada a pedir audiencia al Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de Familia de Santiago. Solicitó una orden judicial para impedir que su ex marido se acercara a su hija. Se la denegaron. Lo único que consiguió fue una orden que emitió un fiscal especialista en delitos sexuales para que Carabineros realizara rondas periódicas en su casa por 30 días y con “contacto telefónico preferente”.

En el Ministerio Público existe un protocolo para actuar en casos de delitos sexuales que se distribuyó en todo el país en marzo de 2009. El instructivo con los criterios para actuar frente a ese tipo de crímenes, señala, entre otras cosas, las diligencias que los fiscales deben efectuar en sus investigaciones. Después de recibir la denuncia, donde sólo aparecen los datos de la víctima y las circunstancias del hecho, lo primero es la toma de la declaración. El instructivo indica que el fiscal deberá tomar las “medidas necesarias para que la víctima preste la menor cantidad de declaraciones posibles, evitando la repetición innecesaria de esta diligencia”.  Algo que en el caso de los niños no ocurre.

-Lo que hace el sistema es instrumentalizar a los niños que han sido víctimas de un delito sexual. El niño que devela una situación de abuso se arma de coraje y valor para contarle el hecho a un adulto que supuestamente lo va a proteger. Pero entra al sistema y se ve enfrentado a un desequilibrio y a una desigualdad, ya que él, a sus 4, 6 ó 12 años, debe asumir gran parte de la carga probatoria. Cuando decide hablar, el niño da por hecho que el sistema judicial lo va a proteger y contener, pero por el contrario, lo cuestiona –dice la abogada Paulina Solis, subdirectora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU).

Dos semanas después de haber puesto la denuncia, el 22 de marzo de 2012, el fiscal citó a la niña E.M.M. y a su madre a la Fiscalía Local de Las Condes. Esa mañana, la niña debió recordar y relatar con extremo detalle en un lugar ajeno e intimidante. Frente a la fiscal y una psicóloga de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), tuvo que contarlo todo: los toqueteos, lo del “gusanito”. Y debió precisar dónde dormía cuando se quedaba con su padre, el tipo de pijama que usaba y cómo el hombre metía su mano por debajo de su ropa.

Para que el sistema judicial considerara creíble su relato, no bastaba con la declaración de la niña. Se necesitaba que entregara pruebas.

Según explica Patricia Muñoz, siempre está la posibilidad de que el relato de un menor haya sido impuesto, inoculado o intencionado por un adulto. Así ocurrió en el caso de M.I.M., una pequeña de tan sólo cuatro años que llegó a fines de 2012 a la oficina de la psicóloga forense y perito de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Gómez, diciendo que su papá le pegaba y que no quería estar con él. Lo decía de entrada, sin que nadie se lo preguntara, casi de forma automática. La niña llegó ahí llevada por su madre, sin ninguna orden judicial, para que fuera evaluada y se acreditara un supuesto abuso sexual por parte de su ex pareja. Pero el resultado no fue el que esperaba la mamá de M.I.M.

La profesional evaluó tanto a M.I.M. como a sus dos padres, y logró acreditar que la niña sí presentaba indicadores de abuso, pero no por parte del progenitor, sino que del abuelo materno. De hecho, el informe dice que cada vez que se le preguntó por el abuelo, la niña evitó responder y se tocaba la entrepierna. También menciona el juego que jugaba con su abuelo y que ambos llamaban el “Hombre Araña”, el que implicaba “apoyar o introducir los dedos de un otro en la vagina”. Además, el informe concluye que habría sido la mamá de la menor quien le habría dicho lo que tenía que decir contra su padre. A eso se le llama “alienación parental”. La misma conclusión que ya había arrojado otro informe psicológico del Centro Nacional de la Familia (CENFA) y que derivó en una denuncia por abuso sexual contra el abuelo en la Fiscalía Oriente.

Para evitar que uno de los padres siembre sobre su hijo la idea de que el otro es “malo” y ha cometido abusos, el sistema judicial chileno parte de la base de que el niño, por el hecho de ser niño, está mintiendo. De allí que, para que una denuncia de abuso sexual a un niño llegue a juicio, los tribunales exigen pericias médicas y psicológicas que permitan determinar la credibilidad del menor. Tanto por la consistencia de su relato como por las eventuales secuelas en su cuerpo. Ese es el paso que sigue a la toma de declaración de acuerdo al instructivo del Ministerio Público. Comienza así la segunda etapa del proceso judicial, quizás una de las más traumáticas para los niños y la más compleja para acreditar la existencia del delito: los peritajes médico legales.

LAS DEFICIENCIAS DEL SML

Un día de octubre de 2013, C.S.L., de 9 años, llegó junto a sus padres a la 18ª Comisaría (Ñuñoa). Poco antes le había confesado a su mamá que había sido abusado por uno de sus tíos. El carabinero tomó nota de la acusación y ubicó al fiscal de turno, quien dio la orden para que fueran de inmediato al SML, tal como lo indica el instructivo del Ministerio Público (“con la mayor prontitud y urgencia, e incluso antes de tomarle declaración”). Como los trámites en la comisaría se extendieron durante casi toda la tarde y los policías no contaban con un vehículo disponible para llevar a la familia hasta Avenida La Paz Nº 1012, recién pasada la medianoche el niño llegó al SML para hacerse los exámenes médicos.

Servicio Médico Legal, Santiago

Escoltado por sus padres, C.S.L. ingresó cansado, con hambre y casi dormido a la fría sala de espera, donde constantemente hay personas en duelo reciente. Una secretaria sería la encargada de explicarles en qué consiste el examen. Frente a todas las demás personas que estaban allí, los padres del niño firmaron la autorización. Después de un rato esperando, el ginecólogo de turno los hizo pasar al único box de atención para peritajes por delitos sexuales. Fue entonces que el niño le dijo lo mismo que le había dicho a sus padres y al carabinero que le tomó la denuncia: que el abuso por parte de su tío había ocurrido hacía más de un año.

-Evidentemente no encontramos ningún rastro, ya que es muy poco frecuente encontrar algo cuando ha pasado tanto tiempo. Diría que de cada 100 casos que nos llegan, entre cinco y siete viene con secuelas. En las niñas, la recuperación de lesiones vaginales o anales es increíble. A una niña lacerada, uno la vuelve a periciar una semana ó 10 días después, y ya no hay rastros de la lesión. Ahora bien, los jueces y los fiscales esperan que las pruebas sean evidentes e irrefutables, casi que saques esperma del niño abusado, la que indique quién es el agresor –cuenta el médico.

Como existía una orden del fiscal, y no hay ningún instructivo sobre cómo proceder en ese tipo de casos, la pericia igual se llevó a cabo según el protocolo, a pesar de que el médico sabía que no encontraría ninguna huella del abuso. Aún así le pidió a C.S.L. que le relatara de nuevo cómo, cuándo y dónde había sido abusado por su tío. Después le practicaría el examen clínico, el que se divide en dos partes: una general y otra segmentada.

La primera consiste en una revisión general del cuerpo del niño, desde la cabeza hasta la pelvis, en busca de alguna lesión provocada por la agresión sexual: escoriaciones, erosiones, hematomas, contusiones o cualquier otro tipo de lesión. También incluye una apreciación del médico de su estado mental: si sufre angustia, bloqueo emocional o pánico, entre otros. Luego viene la segunda parte: el examen segmentario, que es mucho más específico e invasivo. Éste incluye, en el caso de las niñas, la revisión ginecológica que determina la presencia de lesiones traumáticas en la región vulvar y el himen. En el caso de los varones, se incluye un examen genito-urológico para detectar posibles lesiones en el pene, el prepucio, el escroto o los testículos. Por último, a los menores de ambos sexos se les practica un examen proctológico en busca de heridas anales.

En 2010 y según estadísticas del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), en Chile se cometía un promedio de 20.000 abusos sexuales al año, aunque de ellos sólo se denunciaban cerca de 4.500. Desde entonces, ambas cifras no han hecho más que aumentar (en el primer semestre de 2013, las denuncias tuvieron un alza de 10%). Como todos los establecimientos de salud públicos o privados están facultados para periciar delitos sexuales, gran parte de los exámenes, sobre todo cuando se trata de personas del sector socioeconómico alto, se realizan en centros privados. Aún así, la mayoría de las veces los informes que tienen más peso frente a un juez siguen siendo los del SML.

Sólo en Santiago, entre 2011 y 2012, se registró un aumento del 30% en la cantidad de peritajes realizados en el SML por violencia sexual. Esa sobrecarga ha afectado la calidad del trabajo de ese servicio público que funciona las 24 horas del día, lo que se suma a otros problemas que ponen en duda el resultado de los peritajes que se presentan como pruebas en los juicios.

Un ginecólogo del SML explicó a CIPER que desde que llegó a ese servicio nunca tuvo una reunión de equipo ni discusión de casos. Eso fue hace más de cuatro años y desde entonces ha ido aprendiendo en el camino de sus colegas que tienen más experiencia, especialmente de los técnicos paramédicos. También cuenta que, la mayoría de las veces, y dado el recorrido que debe hacer el menor desde que hace la denuncia ante la policía, los fiscales de turno terminan derivando al menor que dice haber sido abusado en la madrugada. “Llegan al box para que hagamos el examen pericial cansados, sin haber comido y casi durmiendo”, dice uno de los médicos del SML, y agrega: “Esto merma el desempeño del perito, pero aún más importante, aumenta la revictimización de los menores y la ansiedad de sus cuidadores, que muchas veces ingresan con el convencimiento de que aquí se les entregará algún resultado preciso de lo que ocurrió”.

Otro aspecto que entorpece las facultades del SML para determinar si hubo o no abuso tiene que ver con las herramientas que le entrega la ley. Como depende del Ministerio de Justicia y no del de Salud, los peritos no pueden realizar pruebas para detectar posibles infecciones de transmisión sexual (ITS). En los casos de niños en los que no se registran lesiones, sería de gran utilidad, ya que permitirían revelar sin lugar a dudas la existencia de abuso. Pero para obtener ese examen, el fiscal debe solicitarlo a un centro de salud, lo que implica para el menor otro trámite que le recuerda que fue abusado.

Como era de esperar, a C.S.L. no le detectaron ningún rastro físico de abuso. En cambio, cuando E.M.M. fue junto a su madre al SML en marzo de 2012, le realizaron un examen genito-anal que sí entregó antecedentes que servirían como prueba. Le revisaron sus genitales y la hicieron apoyarse en los codos con la cola hacia arriba (posición genupectoral) para observar si tenía lesiones en el ano. Cuando al iniciarse el procedimiento le preguntaron si sabía por qué estaba allí, la niña de siete años respondió que fue porque su padre le tocó su “potito”. El peritaje arrojó por resultado un “desgarro incompleto del himen, explicable por lo relatado por la menor”. También hubo una sugerencia para el fiscal: ordenar un peritaje psicológico. Ahora E.M.M. tendría que pasar a la tercera etapa de esta ruta.

ES MENTIRA HASTA QUE SE PRUEBE LO CONTRARIO

Ha pasado más de un año desde que M.A.V., una niña de 10 años, fue violada. Era agosto de 2012 cuando sus padres escucharon los desgarradores gritos de dolor que provenían del baño. Fue así que se enteraron. La llevaron de inmediato al Hospital Parroquial del San Bernardo, donde apenas la doctora de turno la vio ordenó que fuera llevada hasta el SML. Allá le hicieron todos los exámenes que contempla el protocolo. El diagnóstico pericial: desgarro anal. Fueron los mismos médicos quienes pusieron una denuncia por violación en la Fiscalía de San Bernardo.

La pequeña quedó internada en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Sótero del Río. Aunque M.A.V. no había entregado ningún antecedente sobre la identidad de su agresor, la denuncia pasó a manos de un Juzgado de Familia. Y se entiende. Las estadísticas del SENAME señalan que el abuso sexual es un delito principalmente intrafamiliar: en el 84,7% de los casos el abusador es pariente de la víctima. Además, la fiscalía había obtenido en el intertanto antecedentes de que el abuelo materno de M.A.V. había estado preso dos años por haber abusado de una de sus hijas.

Aún así, la niña salió poco después del hospital y volvió a su casa junto a su familia, sin ningún tipo de medida cautelar, totalmente desprotegida. Recién dos meses después, el tribunal ordenó que la menor fuera llevada a Casa Paternitas, un centro de acogida que forma parte de la red SENAME y donde actualmente residen 38 niños vulnerados. Desde entonces la niña ha estado en tratamiento psiquiátrico y en reiteradas ocasiones ha ido a declarar sobre su violación. Una y otra vez ha debido relatar cómo, dónde y cuándo fue violada. Pero nunca entregó el nombre de su agresor. Hasta que en septiembre de 2013, finalmente se lo confesó a Edith Martino, una de las responsables del hogar del SENAME.

Martino de inmediato informó a la fiscalía. Supuso que la investigación se agilizaría. No fue así. Como el autor del delito no es un familiar de la niña, el caso se trasladó a un tribunal penal, donde partió prácticamente de cero. A pesar de que su denuncia tenía como respaldo un peritaje científico que demuestra que fue violada, un diagnostico de “síndrome depresivo secundario a estrés postraumático” y de haber tenido que declarar una y otra vez durante más de un año cada detalle de la violación, M.A.V. tendrá que someterse ahora a un peritaje psicológico de credibilidad. Para que el juez le crea.

-Esa es otra de las grandes falencias del sistema. ¿Para qué tenemos un SML si después se le exige al niño vulnerado un informe de credibilidad? El peritaje del SML es un informe hecho por un organismo oficial del Estado, y en definitiva, se pone en duda. Esta niña deberá empezar a recordar todo otra vez. Y mientras está siendo tratada, el violador sigue libre en su casita hasta que se pueda probar que ella dice la verdad. En el año y poco más que lleva este caso, ¿cuántas niñas más han podido ser víctimas de este sujeto? –dice la asistente social Edith Martino.

Según el instructivo de los fiscales, “en los casos de delitos sexuales cometidos al interior de la familia, o cuyas víctimas son menores de edad y no se cuenta con evidencias físicas ni testigos, además de su propio testimonio, la necesidad de recurrir a evaluaciones periciales psicológicas de credibilidad de las declaraciones y de daño a la víctima, se encuentra más justificada que en los atentados cometidos fuera de estos ámbitos”.

Patricia Muñoz, directora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional

En otras palabras, sirven como herramienta para proveerle al juez elementos de convicción que puedan servir de base para su sentencia. Aún así, a juicio de la directora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, esa diligencia no hace más que retrasar el proceso completo. Patricia Muñoz asegura que el sistema está tan colapsado que si se le pide al SML, al CAVAS, a un DAM (Programa de Diagnóstico Ambulatorio) o a cualquier otra entidad que realiza peritajes psicológicos de credibilidad, no habrá disponibilidad sino hasta dentro de nueve meses o incluso un año. El niño quedará inscrito en una especie de lista de espera. A partir de ese momento, y mientras es sometido a terapia, comienza su período de recuperación, hasta que lo llamen y nuevamente tenga que recordar para contar con todos los detalles la experiencia traumática del abuso. Estas nuevas pericias determinarán si el niño es creíble o no. El requisito para que se pueda probar ante un juez que el menor ha dicho la verdad.

Este último informe le será entregado al fiscal para que lo pueda usar como prueba en el juicio oral. Pero tampoco existen las garantías de que ese reporte cumpla con estándares que permitan comprobar  de forma fehaciente ante el tribunal que el relato del niño abusado es creíble.

-Es muy importante que los niños sean entrevistados por personas con preparación suficiente, idoneidad técnica y formación especializada. Pero eso no siempre ocurre. El principal instrumento utilizado en Chile para evaluar la credibilidad, el CBCA (Análisis de Contenido Basado en Criterios), se recomienda sólo para niños mayores de 9 años, porque recién a esa edad son capaces de entender todas las preguntas y comprender lo que vivieron de manera de poder expresarlo y relatarlo. Pero aquí se aplica en muchos casos a preescolares o a menores con trauma intenso, sin tener en cuenta previamente las condiciones de seguridad ni la edad del niño -explica el abogado Hernán Fernández, director del Centro de Atención Jurídica para Niños Víctimas de Maltrato Grave  “Umbrales”, dependiente de la  Fundación Tierra de Esperanza.

Fernández agrega que a lo anterior se suma que no todas las instituciones tienen los mismos estándares y niveles de calidad, por lo que “la credibilidad del niño depende tanto del momento y las condiciones en que es evaluado como de quién lo evalúa”.

La mayoría de los profesionales que trabajan en los DAM y en los CEPIJ (Centros de Protección Infanto Juvenil), y que se encargan de evaluar la credibilidad de los niños vulnerados, son personas jóvenes y sin experiencia que se ven sometidos a exceso de trabajo. El sueldo promedio que reciben varía entre los $650.000 y los $700.000 bruto. Es por eso que muchos de ellos, una vez que cuentan con la capacitación y la experiencia suficiente, optan por otras áreas laborales que les aseguran una mayor renta. Por otro lado, existen también instituciones o profesionales que realizan estas pericias de forma privada, lo que se convierte en un riesgo, ya que si bien pueden tener un buen nivel técnico, hacen que el sistema no sea igualitario.

Según Fernández, todos esos factores influyen en la gran incidencia de denuncias que terminan archivadas.

-El gran problema es que, después de meses, las investigaciones judiciales no alcanzan el nivel necesario para demostrar en un tribunal el delito: sólo el 10% llega a la etapa de un juicio oral y cerca del 60% se archiva sin que siquiera se formalice al imputado. Y no se trata de falsas denuncias, sino que de investigaciones que no pudieron avanzar producto de las características de los niños: son muy pequeños y no pueden hablar o luego se sienten culpables por denunciar y “destruir la familia”. Por algo se dice que en Chile el abuso de menores es prácticamente “el crimen perfecto” -dice el abogado.

Un buen resultado en las evaluaciones de credibilidad resulta clave para que una investigación llegue a la etapa del juicio oral. Pero ya en esta instancia, poco importan los informes, porque al final, lo que pase dependerá de tres cosas: la capacidad que tengan los peritos para defender ante el juez sus evaluaciones (psicológicas y médico legales); la habilidad del niño para convencer personalmente al juez de que dice la verdad; y los recursos que la defensa invierta en peritajes privados que compitan con los de la fiscalía.

EL MOMENTO EN QUE TODO SE PUEDE REVERTIR

En la Unidad de Sexología del SML trabajan nueve médicos. Seis son ginecólogos y de ellos, dos tienen subespecialidad de ginecología infantil y adolescente. Los otros tres son becados del programa de Ginecología y Obstetricia. Estos últimos son los que tienen menos experiencia en evaluaciones médico legales de delitos sexuales. Lo que saben, lo han aprendido allí. Aún así, han tenido que elaborar varios peritajes en los que han registrado lesiones graves que reportan al fiscal y que luego se convierten en pieza clave de una investigación judicial. Su rol los convierte en protagonistas activos del proceso.

La Reforma Procesal Penal generó un cambio en la participación que tienen los peritos en los procesos judiciales. Si antes se encargaban sólo de elaborar informes, ahora deben comparecer a las audiencias, donde pueden ser interrogados y contra interrogados. En ese sentido, ya no sólo importan las habilidades técnicas del experto al momento de generar reportes, sino que también deben ser capaces de exponer su trabajo ante un juez y defenderlo. En muchos casos, de esa capacidad depende si un juicio termina o no en condena.

-Haces un informe donde descubres lesiones y se lo mandas al fiscal para que lo presente como prueba. Pero el día del juicio es como si ese documento no existiera. El juez sólo va a tomar en cuenta lo que digas en la audiencia. Al final, sientes que tienes que convencer al magistrado de que tu informe está bien hecho y de que efectivamente la víctima tenía las lesiones que describes el día que la examinaste –cuenta otro médico del Servicio Médico Legal.

Un funcionario del SML contó a CIPER que no existe un protocolo en esa institución que indique cómo deben actuar los peritos ante un tribunal. Tampoco ningún tipo de preparación que les diga qué hacer y cómo enfrentar la situación. Si los citan, tienen la obligación de ir. Y esas horas no se las pagan. Lo único que les dicen es que deben evitar contradecirse y mantener siempre la misma versión. Uno de los médicos del SML  agrega que para algunos la situación es tan tediosa y estresante, que optan por emitir informes que descartan lesiones, a pesar de que sí las hay. Lo hacen así para que su peritaje sea desestimado y no lo citen a declarar.

La parte más compleja de un  juicio oral por abuso sexual es cuando aparecen los metaperitajes y contraperitajes que puede solicitar tanto la defensa del agresor como la fiscalía. El primero está a cargo de un perito del tribunal cuyo objetivo es destruir los informes de sus colegas planteando la duda razonable. Son profesionales con mucha experiencia en juicios que pueden llegar a cobrar hasta $30 millones por cuestionar cada uno de los resultados y los aspectos metodológicos de los reportes periciales. Por ejemplo, si el peritaje presentado como prueba indica que la víctima tiene una lesión anal, el perito a cargo del metaperitaje dirá que esa lesión no es producto necesariamente de un abuso, sino que pudo haber sido provocada por otros motivos. Si el médico que hizo la pericia no es capaz de argumentar sólidamente que el tipo de lesión sí corresponde a un abuso, y el juez queda con la duda, su pericia será simplemente desechada y toda la experiencia del niño habrá sido en vano.

Algo similar ocurre con los contraperitajes, evaluaciones encargadas a peritos privados para contrarrestar los informes de la contraparte. También son pagados por quien los solicita. Lo que se traduce muchas veces en un desequilibrio en el tribunal ya que, respecto de las pruebas, carga la balanza a favor de la parte que tenga más recursos: una justicia distinta para ricos y pobres.

-Si está establecido que el SML es el método de pericia del Estado, lo lógico es que sirva para dar una justicia equitativa a todas las partes. Pero la posibilidad de que se recurra a un perito privado, es como decir que el SML no sirve o que está haciendo mal la pega. No se puede olvidar que a los peritos privados se les paga para que demuestren otra verdad. Lo que está pasando es que va el perito del SML a un juicio y, al final, el fallo se basa en dos cosas para declarar que el sujeto es culpable o inocente: si el perito fue o no lo suficientemente fundamentado para convencer al tribunal; y si la credibilidad de las víctimas queda o no acreditada respecto de la coherencia con sus declaraciones anteriores. Esto muestra que las instituciones auxiliares de la justicia en Chile están desacreditadas –asegura Bernardo Morales, médico tanatólogo forense y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.

Lo que precisa el doctor Morales indica que, en esta etapa del juicio oral, el menor abusado vuelve a ocupar un rol protagónico. Y aunque haya transcurrido un año o más desde que sufriera el abuso sexual, deberá una vez más recordar lo que vivió. Con el agravante de que es aquí donde se le exigirá la mayor precisión y coherencia en los detalles. Esta vez estará solo con el juez. Cualquier inconsistencia en su relato podrá significar que el magistrado lo considere no creíble.

A fines de septiembre, durante la inauguración del IV Seminario Internacional sobre Agresiones Sexuales Infantiles, el ministro del Interior Andrés Chadwick anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para proteger a los niños víctimas de abuso sexual. El proyecto pretende evitar la “victimización secundaria” de las víctimas a través de una entrevista única por videoconferencia, crear un registro nacional de profesionales especializados que acrediten la credibilidad del relato y establecer un sistema de protección y red de apoyo psicológico a los menores vulnerados. Mientras los parlamentarios discuten la factibilidad de sacar adelante el proyecto del gobierno, los niños siguen insertos en un sistema garantista que se ha olvidado de sus derechos y los trata como pequeños adultos.

-Aquí hay algo que te indica por qué uno tiene que resolver el enfoque de derechos humanos del niño. Y no se trata declarar culpable a alguien que puede ser inocente, sino que de agotar todas las acciones para proteger a ese niño y a esa familia –dice la abogada Paulina Solis.

El domingo 25 de diciembre del 2011, mientras el país celebraba la Navidad, desde la Dirección de Logística de Carabineros salió firmada la orden de compra de 29 carros blindados Mahindra por trato directo con la empresa Automotores Gildemeister S.A. La adquisición significó un gasto público de US$ 3,5 millones. Seis meses después, los nuevos vehículos, elemento clave para la seguridad de los policías en caso de ataque con bombas molotov o armas de fuego, fueron recibidos en la institución policial. Un nuevo documento se firmó: todo estaba conforme para el pago.

No fue así. A poco andar se descubrirían graves falencias que hasta hoy han provocado dos investigaciones internas y sucesivas reparaciones de los vehículos que resultaron no estar blindados como lo exigían las bases técnicas. A ello se agrega el abrupto retiro de Carabineros del mayor Marcelo Lobos, uno de los primeros que alertaría sobre las fallas de los vehículos siendo jefe del Gope en La Araucanía.
La licitación para la compra de los 29 carros blindados se inició en 2009 y fue declarada desierta dos veces. Hasta que se optó por una licitación privada, la que fue visada por la Contraloría el 21 de julio de 2011. El trato directo con Gildemeister fue suscrito en diciembre y la orden de compra firmada el 25 de diciembre por el coronel Jorge Garrido Díaz, entonces subdirector de Compras Públicas de la institución policial.

Los primeros diez vehículos fueron entregados a Carabineros a comienzos de julio de 2012. Según un documento al que CIPER tuvo acceso, la recepción y el certificado de que todo estaba conforme a lo pedido fue firmado por el general Carlos Carrasco Hellwig, quien por esos días reemplazaba al director de Logística, el general Jorge Rojas Langer.

Los 19 blindados restantes los recibió entre el 18 y el 23 de julio de 2012 el general Rojas Langer, quien también estampó su firma en la recepción. Tres meses más tarde, en octubre, llegó desde la zona policial de La Araucanía hasta el despacho del director de Logística el primer informe de que la compra no se ajustaba a lo que se pedía para garantizar la seguridad de los policías en desplazamientos de alto riesgo.

En agosto pasado, CIPER publicó la investigación sobre las posibles irregularidades que pudieron afectar a esa licitación privada (“Carabineros gasta US$ 3,5 millones en carros blindados que tienen serias fallas de seguridad”). Los nuevos antecedentes obtenidos por CIPER confirman los errores en el proceso de compra y recepción de los 29 carros blindados, cuya reparación se ha convertido en un dolor de cabeza para Carabineros, al punto que podría afectar el proceso de calificaciones que en estos días llega a término.

¿QUIÉN PAGA LA REPARACIÓN?

La primera alerta que encendió la zona policial de La Araucanía respecto del blindaje de los vehículos y otras deficiencias, no provocó una respuesta contundente de parte del alto mando de Carabineros. Otras voces debieron sumarse a las quejas para que finalmente el problema se entregara al Departamento de Transporte. A partir de ahí se inició una dura negociación con Gildemeister para que la empresa asumiera la reparación de los carros con todos los gastos a su cargo. No fue tarea fácil. Mientras Transportes argumentaba que la empresa no cumplió con las bases técnicas, Gildemeister refutaba que la recepción de los vehículos fue firmada en julio de 2012 por dos generales, sin que se detectara ninguna anomalía.

De hecho, entre diciembre de 2012, fecha del primer informe de Transportes, y mayo de este año, no hubo ni un solo avance. Así lo grafica el informe emanado desde la Dirección de Transportes de la institución policial, al que CIPER tuvo acceso (ver informe Nº 1569, del 2 de mayo de 2013). El único vehículo Mahindra que hasta entonces se había devuelto a Gildemeister fue entregado a Carabineros seis meses después sin reparaciones estructurales.

Fue en otra área que las cosas evolucionaron y no para arreglar el problema. El mayor Marcelo Lobos, el primero que informó a sus superiores sobre las deficiencias que presentaban los vehículos blindados, debió irse a retiro en agosto de este año luego de un oscuro episodio con el general Rojas Langer (ver entrevista al director de Logística).

Fue precisamente en esos días de agosto que CIPER publicó su investigación sobre el proceso de compra y recepción de los carros Mahindra. La negociación entre Transportes y Gildemeister cambió de tono. Poco antes, la empresa hizo venir desde la India a ingenieros de Mahindra para que informaran respecto de la viabilidad de los cambios que pedía la institución policial. El primer efecto de esa visita fue que nuevamente uno de los jeep blindado se fue a reparación.

Había expectación el 9 de octubre pasado en el Departamento de Transportes de Carabineros (L-3). En el cuartel de calle Vivaceta 2.700, el coronel Patricio Carrasco y sus asesores técnicos esperaban la entrega del vehículo blindado J028, asignado a Fuerzas Especiales, esta vez reparado. No hubo festejo ni recepción definitiva. Los oficiales que lo revisaron concluyeron que aún falta por subsanar a lo menos siete observaciones. Al día siguiente fue nuevamente devuelto a Gildemeister.

Independiente del curso que siga la reparación de los 29 blindados, el proceso de su compra y recepción está siendo investigado ahora por la Contraloría. La denuncia por la adquisición de carros blindados que no cumplían con las bases técnicas del contrato de licitación privada fue acogida el 23 de octubre (Folio N°W001899/2013).

Uno de los puntos más importantes que deberá investigar el ente fiscalizador es por qué Carabineros aceptó la entrega de los 29 jeeps blindados Mahindra sin el certificado de blindaje respectivo. En el documento que presentó Gildemeister (de 21 páginas y en tres idiomas) no se menciona el punto clave (ver documento).

CIPER entrevistó al general Jorge Rojas Langer, director de Logística de Carabineros, para conocer su versión de los hechos. Cuando aún está pendiente el resultado de la investigación interna de la policía, Rojas afirmó: “Se adoptaran las medidas que haya que adoptar. Nosotros no tenemos ningún reparo en tomar medidas, aplicar multas o devolver de repente material que recibimos”.

JORGE ROJAS LANGER
“LA ÚNICA REVISIÓN QUE ME CORRESPONDÍA ERA RECEPCIONAR LOS VEHÍCULOS”

-¿Cuál es la misión concreta del director de Logística de Carabineros, cargo que usted asume en diciembre de 2011?
Asesorar al alto mando y al general director en todo lo que se refiere a procesos de adquisición, arriendo, contrato, convenio de los materiales, insumos, vestuario, armamentos, munición y ganado que se requieren para Carabineros.

-¿Usted era el jefe de Logística cuando se firma el contrato de compra de carros blindados con la empresa Gildemeister (6 de diciembre 2011)?
No. Lo firmó el director de Logística anterior, mi general Eduardo Muñoz. Yo asumí el 17 de diciembre.

-Pero cuando usted asume el cargo revisa esa compra. ¿Cuándo revisa la licitación de los carros blindados?
El proceso de la compra de los jeeps blindados tenía dos pasadas por Contraloría y no requería de otra revisión. Nosotros teníamos que revisar una vez que recepcionáramos los vehículos. Era un proceso cerrado.

-Lo que hace la Contraloría, como usted debe saber, es visar lo que le informa la institución. Y una de las cosas raras que aparecen en los documentos que ustedes entregan, es que en agosto de 2010 la Dirección de Logística aprueba US$3,5 millones para la compra de carros blindados, y un año mas tarde se compran esos carros exactamente por el mismo valor.
No, porque precisamente es el presupuesto que existía para ello y esa oferta la respeta quien va a proveer el recurso. Si yo lícito sillones y el que me los provee los ofrece en 100, aunque el proceso se demore dos años me los tiene que vender en 100.

-Lo que sucede es que en agosto de 2010 el proveedor no era Gildemeister, ¿no es así?
No era, pero todos los que ofrecían carros, lo ofrecían en ese valor. El proceso es absolutamente normal, me refiero al proceso de adquisición de estos vehículos.

-Aunque existe una diferencia, porque en agosto de 2010 el dólar estaba a $509 y en diciembre de 2011 a $517.
Y podría haber estado más bajo también después…

-Por eso mismo, ¿cómo se explica que cuando se hace el presupuesto haya un precio y 16 meses más tarde el valor se ajuste exactamente a ese mismo valor?
No, la oferta es la que existe y ese proceso está completamente ajustado. La única revisión que me correspondía a mí después era recepcionarlo.

-Cuando usted recibe los carros blindados, ¿hace una primera evaluación de si efectivamente cumplen con las bases de licitación?
Así es, pero no la hago yo, el ente técnico es el que revisa si está de acuerdo a lo que se pidió.

-¿Cuál fue el resultado de esa revisión?
Que estaba de acuerdo a lo que se pidió. Posteriormente, en el uso de los vehículos aparecen algunas falencias o debilidades.

-Y si le digo que hay un error ahí, porque según las bases técnicas que recibimos vía Ley de Transparencia, y que están en el anexo al contrato, en las que se refieren al carrozado blindado, no se cumplen las bases técnicas…
¿Quién dice que no cumplen?

-Las bases técnicas. Otro ejemplo de cosas que no se cumplen: en las bases técnicas se dice que el motor debe tener un sistema de chapa blindada…
No tengo memoria de que diga como dice usted, pero le insisto, quien revisa esto es el ente técnico y es el que detecta cualquier situación distinta y se supera con el mismo proveedor.

-¿No se le aplica una multa al proveedor por entregar un producto que no responde a las características de la licitación?
Sí, por supuesto que sí, y si fuera una observación grave como dice usted…

-Es grave: no lo entregaron blindado como se pidió en las bases de la licitación.
Tenía piso y techo blindado.

Entrada de aire, que hace vulnerable al vehículo ante ataque con bomba molotov

-Y como había una diferencia importante con lo que se pidió, ésta debió haber sido descubierta por el técnico que recibió los vehículos.
Tiene razón, por eso hubo una investigación al respecto y se determinaron algunas situaciones de índole administrativa.

-¿Y de quién es la culpa: del técnico que recibió o de la empresa que entregó los carros que no correspondían a las bases?
Así como usted lo plantea, de los dos, los dos…

-¿Y se va a tomar alguna medida?
En eso estamos: reparando los vehículos, o sea, subsanando aquellas observaciones que se encontraron. Se adoptarán las medidas necesarias. Nosotros no tenemos ningún reparo en tener que tomar medidas o aplicar multas o devolver de repente material que recibimos.

-¿Quién paga la reparación? Porque les entregaron 29 carros blindados en agosto de 2012, y cuando asumen que éstos no cumplen con las exigencias de la licitación, ya están repartidos por todo Chile. ¿Quién carga con estos nuevos gastos?
La empresa.

-¿Y la empresa tendrá que pagar además una multa imagino?
Eso lo determinara el ámbito jurídico nuestro. Yo soy quien firma y hace las veces de contraparte, pero son los asesores financieros, jurídicos y  operacionales los que determinan lo que corresponde.

EL BLINDAJE QUE HACE LA DIFERENCIA

-¿Cuáles son los desplazamientos normales de un vehículo blindado de Carabineros?
Desplazarse en zonas urbanas, por vías despejadas.

-Pero si se presentara un problema de conflicto en la vía, y el carro ni siquiera es blindado, ya no serviría.
El blindado lo que tiene justamente es entregar la protección al carabinero en el marco de seguridad pertinente por si es atacado con armas de fuego, hasta cierto calibre, según las bases técnicas. Y el concepto de este vehículo era de zona urbana, como una medida…

-Claro, general, pero en ese caso preciso de ataque, el carro que les entregó Gildemeister no cumplía con esa función de seguridad al carabinero.
No, sí las cumplía.

-A tal punto no las cumple que al carro tuvieron que taparle la entrada de aire (encima del capot), que ningún vehículo blindado tiene porque deja un espacio de vulnerabilidad.

Sí las cumple, lo que pasa es que el uso de esos carros determina después que tiene esas falencias, debilidades, que están siendo subsanadas.

-Lo que significa que el carro que les entregaron no cumplía con las exigencias de blindaje para la seguridad de los carabineros.
Sí las cumple.

-General, usted me dice que las cumple para “desplazamientos normales”. Le vuelvo a preguntar: ¿cuáles son los desplazamientos normales de un vehículo blindado y cuál es la diferencia con un radiopatrulla?
El radiopatrulla en cualquier desplazamiento de su servicio puede ser atacado con armas de fuego, y los carabineros en su interior van a resultar lesionados. En un vehículo blindado eso no va a ocurrir, ofrece un marco de seguridad precisamente para lugares en que podría ser atacado con armas de fuego. Esa es la diferencia.

-Los nuevos carros blindados fueron enviados a La Araucanía. ¿No le parece al menos imprudente mandar estos vehículos sin haber detectado todas las fallas que tenían?
No me parece imprudente, porque en ese minuto en La Araucanía se requería de algo que le diera un mayor margen de seguridad al personal. Y el mando determinó mandar estos carros que ofrecen un mayor marco de seguridad para las armas de fuego. Y los enviaron.

-¿Con qué armamento se hizo la prueba de campo de los vehículos?
Con 9 milímetros.

-¿No con AK 47 como decían las bases?
No sé, yo no estuve presente en esa prueba, eso lo ven los estamentos técnicos: armamento y munición.

-¿Pero usted chequeó que esa prueba de campo se haya hecho?
Sí, en el informe final.

-Pero no recuerda el arma que se usó.
No recuerdo el arma que se usó. Nombro el arma normalmente usada por nosotros, pero si dice en las bases que debería ser utilizada esa arma (AK 47), así se hizo.

-General, ¿usted tampoco chequeó qué arma se usó?
No se trata de que yo revise eso, a mí me llega el informe de los estamentos técnicos que lo hacen. Nosotros llevamos más de mil procesos, si yo tuviera que constituirme en la revisión de los mil procesos…

-Veamos, otra de las cosas que no cumplen los vehículos respecto de lo que exigen las bases técnicas es el ducto de combustible…
Está siendo subsanado por la empresa.

-Imagino que esto después traerá una sanción no sólo a la empresa proveedora, sino también al técnico que revisó la entrega de los carros.
Tendrá que ser así.

-¿Quién fue el técnico que hizo esa revisión?
Son los ingenieros…

-¿Cuántas personas participan en este chequeo para confirmar que lo que se compró corresponde a lo pedido?
Depende precisamente del elemento, en este caso puntual tiene que haber estado Fuerzas Especiales, el Departamento L-3 (Transportes) y el Departamento L-5 (Municiones).

-Las fallas en la caja de cambio y embrague, ¿sabe a qué se deben?

Una vez que los carros estaban en uso se cambiaron los discos de embrague de todos.

-Una precisión: el carro que les entregó Gildemeister, ¿es blindado o es un vehículo al que se le acopló un carrozado blindado?
Por supuesto que es un vehículo normal que tiene carrozado blindado.

-¿Por qué Carabineros compra un vehículo blindado a una empresa que no tiene como rubro la venta de vehículos blindados? Porque Gildemeister no vende vehículos blindados.
Los vehículos que nos vende son blindados.

-Además de problemas con la entrada de aire en el capot y la tapa de combustible, las manillas del carro que les entregaron se pueden abrir por fuera. ¿No le parece raro?
Ya, pero el Carabinero la saca y la guarda adentro del carro.

Las manillas deben ser retiradas, para evitar que el vehículo sea abierto desde afuera.

-¿No es un factor de inseguridad para el carabinero que va dentro del vehículo que éste se pueda abrir por fuera y que para subsanarlo deba sacar la manilla y guardarla en el bolsillo?
Le insisto: no recuerdo las bases técnicas en su detalle. Alguna motivación lógica debieron haber tenido usuarios y técnicos en ese minuto. Yo no estaba presente cuando decidieron sacar las manillas. Pero esa es una de las cosas que están dentro de las que hay que reparar.

-Lo que significa que finalmente tampoco sirvió eso de acomodar manillas extraíbles.
Usted compra un auto y lo ve espectacular, y cuando lo está usando se da cuenta que hay varias cosas que reparar. Eso fue lo que pasó.

-Pero esta no es una compra cualquiera: involucra un gasto de US$3,5 millones de dinero público.
Sí, en un proceso que viene de 2009.

-Con mayor razón se debió tener cuidado antes de recepcionar carros que presentaban fallas.
A mí lo que me interesa que le quede claro es que nosotros, todos los que trabajamos en esta institución, ponemos nuestra mejor disposición y esfuerzo para hacer las cosas como corresponde. Cuando hay errores nos esmeramos en superarlos. Cuando ese error significa que alguien no hizo lo que tenía que hacer y hay que sancionarlo, se le sanciona. Y si alguien no hizo lo que tenía que hacer en beneficio personal, damos cuenta al tribunal que corresponde y no tenemos ningún empacho. Yo no aparecí aquí como general de un día para otro: fui aspirante, teniente, subteniente y llegué aquí después de 35 años.

-Precisamente, el hecho que lo hayan puesto aquí después de la salida del general González Theodor, a raíz de que se detectaron varias irregularidades, hace más grave la compra de estos vehículos que se muestran en la revista institucional como de última generación y no lo son.
¿Usted vio el presupuesto que teníamos para comprarlos? ¿Sabe cuánto cuesta un vehículo blindado?: entre US$600 mil y US$800 mil. Con el presupuesto que teníamos nos hubiera alcanzado para cinco vehículos. ¿Sabe por qué se compraron 29 vehículos?, porque son 29 patrullas las que van a tener la seguridad de que van a poder enfrentarse a situaciones difíciles.

-Pero son 29 vehículos que hoy no se pueden usar hasta que sean reparadas todas las fallas que presentan. Por lo que hasta entonces van a estar parados.
No, no están parados. No hay ninguno que esté parado. Se van a ir sacando rotativamente para ir superando las debilidades que tienen.

-General, ¿no le parece que las numerosas fallas detectadas en el uso de los carros, después de que ya habían sido recibidos, es algo que no puede ocurrir en su institución?
Mire, obviamente es en el uso que van a aparecer cosas que es imposible saberlas antes de usarlos.

-Eso se puede aplicar a fallas como la de una luz de freno, pero que el vehículo que se compró como blindado no traiga el motor blindado…
Debo insistir en que se hicieron pruebas balísticas. Obviamente, no puede dispararle en cada milímetro del vehículo para hacer la prueba balística, pero el vehículo es blindado y ha sido útil: ha salvado de lesiones o muerte a algunos de nuestros carabineros. Un objetivo cumplido. Además, no hay ningún vehículo que esté detenido, malo o fuera de circulación. Están en uso. Es más, trajimos de vuelta estos vehículos de La Araucanía y les mandamos los anteriores que tenían y que eran blindados, y ahora hemos tenido que volver a enviarles estos nuevos carros (Mahindra) porque el antiguo no da el mismo resultado. Están volviendo los Mahindra a La Araucanía, porque los prefieren.

-¿Y cómo están solucionando ellos el problema de la entrada de aire?
Lo que pasa es que la entrada de aire es en caso de un ataque con molotov, lo que ocurre en manifestaciones urbanas, pero el vehículo es seguro, el personal no va a ser lesionado al interior de ese vehículo.

-¿En qué momento usted es informado de la vulnerabilidad que presentan estos vehículos blindados?
En octubre de 2012 creo, por el jefe de zona de La Araucanía, el general Iván Bezmalinovic, con el informe que había hecho el mayor Lobos y otro de la zonal de mantenimiento de vehículos. Ahí me ponen en conocimiento de estas situaciones que habría que tratar de superar. Nosotros lo informamos a Transporte, desde donde se empieza a tomar contacto con la empresa. Vinieron hasta de la India los ingenieros a ver el vehículo para poder superar los problemas. Y como le digo, hoy día ya se subsanaron las falencias y debilidades en un primer vehículo.

-¿Ya está reparado el primero de los de los 29 carros blindados? ¿Cuánto tiempo demoraron?
Un mes. Y se va a hacer una rotativa con todos los vehículos para poder superar las falencias o debilidades que estaban detectadas en el informe a través del uso.

-General, usted dice que toma conocimiento de los problemas que presentaban los vehículos por el informe que recibe y que hace el mayor Marcelo Lobos, quien fue sancionado por esto.
No, el mayor Lobos no ha sido sancionado, se retiró. Y el informe no es del mayor Lobos, es del jefe de zona de La Araucanía quien me informa a raíz del informe que el mayor Lobos le hizo a él, además del informe que recibe de la zonal de mantenimiento y de usuarios.

-¿Está de acuerdo con el mayor Marcelo Lobos en que la compra de los vehículos blindados estuvo mal hecha?
No, desde el momento que están en uso y han permitido que las patrullas que salen en ellos hayan regresado ilesas, es un objetivo cumplido. Si mando a una patrulla de carabineros a un riesgo de armas de fuego y me matan o lesionan a un carabinero, no tendría el objetivo cumplido.

UN EPISODIO MUY PERSONAL

- ¿Quién inició la investigación contra el mayor Lobos por sus afirmaciones acerca de la compra de los vehículos Gildemeister?
La Zona Metropolitana de Carabineros.

-¿Cómo se entera usted de lo que dijo el mayor Lobos y que mereció una investigación interna?
Tal como lo señala en su reportaje (ver reportaje de CIPER), en esa época un hijo mío trabajaba en la 17ª Comisaría de Las Condes, y cuando lo escucha, le representa al mayor Lobos su molestia. Porque el mayor Lobos no sólo dijo que los vehículos estaban malos, sino que dijo que le interesaría conocer al tal por cual que firmó la compra. Ahí mi hijo le dijo: mi mayor, el tal por cual que firma, lo hizo porque los estamentos técnicos, los asesores jurídicos y operacionales le dijeron que así lo hiciera, y no es un tal por cual. Y se retiró. Después, en la casa, mi hijo me contó lo que había pasado. Yo le dije que diera cuenta a su mando. Y me señaló que al momento de ocurrir el hecho estaban presentes dos oficiales superiores a quienes él estimaba mucho y que pensaba que no era lo más prudente que él diera cuenta. Fueron esos dos capitanes los que dieron cuenta.

-¿Y usted citó a esos dos capitanes?
No, yo llamé al capitán Juan Reyes y le pedí que viniera a mi oficina. Vino con el capitán Baris Ratkevicius, al que también conozco pues jugaba basquetbol con él, y les dije que mi hijo iba a dar cuenta a su mando de la situación ocurrida con el mayor Lobos y en la cual ellos dos estaban presentes.

-Pero usted mismo ha dicho que su hijo le explicó por qué no iba a dar cuenta…
Pero yo a mi hijo le puedo ordenar que dé cuenta, a ellos no. Porque si tu hijo está presente cuando te tratan a ti de cualquier cosa…Además, Lobos no solo hablaba de esto, hablaba de otras situaciones que están contenidas en nuestro reglamento de disciplina: la murmuración o la falta de respeto a los superiores, la divulgación de noticias del servicio sin la autorización de un superior, el trato irrespetuoso. Y más encima con varios agravantes que también están contenidos en el reglamento de disciplina: la antigüedad, el hacerlo premeditadamente y en presencia de subalternos… Tenía cinco agravantes. Esa es la situación que investiga la zona, no yo.

-¿Usted le dijo al capitán Reyes que debía hacer un informe de los dichos del mayor Lobos?
No, yo a él no le podía decir nada. Lo único que le dije fue que mi hijo daría cuenta de lo ocurrido al día siguiente. Y el capitán  Reyes dio cuenta porque sabía que él iba a quedar al medio y porque le correspondía hacerlo, no porque yo se lo ordenara.

-En su declaración los capitanes niegan los dichos que relató su hijo…
No la niegan: no la recuerdan.

-¿No cabe la posibilidad de que su hijo mintió?
No, ¿por qué interés? Si no conocía al mayor Lobos ni yo tampoco. El que no recordaran es distinto a decir “no fue así”. Desconozco en que está este sumario.

-¿No incurrió en abuso de poder al llamar a esos dos capitanes a su oficina siendo usted un oficial superior?
No, en absoluto, porque conozco a uno de ellos y lo único que hice fue decirle que mi hijo iba a dar cuenta. Conozco al capitán Reyes, fue instructor de mi hijo, lo cité para preguntarle si mi hijo había dicho la verdad.

-¿Y le confirmaron que su hijo decía la verdad?
Sí.

-¿Por qué después no dijeron lo mismo en la investigación?
No lo sé, no es mi investigación. Lo único que sé es que no han negado lo que dice mi hijo. Y lo sé por mi hijo, porque lo carearon con él.

El mayor Marcelo Lobos, se acogió a retiro el 1 de Agosto del 2013.

-Al final de la investigación, el mayor Marcelo Lobos no fue sancionado. Lobos fue durante nueve años jefe del Gope en La Araucanía. Sus compañeros dicen que es una gran pérdida para Carabineros. ¿No piensa igual?
Bueno, el mayor se fue solo, entonces tendrían que sancionar a mi hijo fíjese… Y por los antecedentes que tengo yo, eso no puede ser, porque tengo la versión de los tres que estaban presentes cuando el mayor Lobos habló y los tres me contaron lo mismo.

Saque sus conclusiones. Ahora, esa investigación no es mía, es de la Zona Metropolitana y el mayor Lobos se fue solo. Él tiene derecho a elegir, aquí en Carabineros no hay nadie irremplazable…

-¿Es efectivo que después que apareció el reportaje de CIPER informando de las deficiencias de los vehículos blindados, el general Jorge Vidal Varas, director de Compras Públicas de Carabineros, llamó a todos sus subalternos e hizo un acto de “reparación” por la ofensa cometida con usted?
Bueno, nosotros nos juntamos todos los meses y celebramos al que está de cumpleaños o si alguien tuvo un hijo, y en esa junta mensual efectivamente mi general Vidal dijo, representando a todos: “Mi general, sepa que si ha pasado un mal rato todos sabemos quién es usted y confiamos en usted”.

-¿El general Vidal sabe todas las fallas que tienen los carros blindados respecto de lo que se exigía en las bases técnicas?
Él llegó este año a la Dirección de Compras de Carabineros… Pero si aquí no hay encubrimiento ninguno, ¿encubrimiento de qué? Si tengo que dejar mi puesto o irme a retiro, lo tengo que hacer por responsabilidad de mando, pero en este caso puntual no hay ninguna. Lo que veo es una mala intención de un tercero que le cuenta cosas a usted y no entiendo por qué…

-¿Está seguro general, de que ha tomado todos los resguardos a los que su cargo lo obliga respecto de la compra de estos vehículos?
Todos los resguardos los hemos tomado. Por supuesto que hemos descubierto falencias, hemos superado falencias. Y dentro de las que hemos descubierto no hay ninguna de gravedad, porque hemos tenido revisiones de Contraloría, de nuestra Inspectoría General… Nada es perfecto. Siempre vamos a tropezar en algo, pero nuestro trabajo está direccionado a no tropezar, o por lo menos no tropezar con la probidad. A mí no me están investigando.

Esta investigación es parte de un proyecto financiado por la Escuela de Periodismo y el Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales.

A principios de septiembre, 5.470 personas debieron atenderse en centros hospitalarios de Ovalle afectadas por un masivo brote de gastroenteritis provocado por norovirus. Esto equivale al 5% de la población de esa ciudad. Los estudios científicos que permiten dimensionar la gravedad de la masiva intoxicación, indican que en estos casos sólo un 10% de los afectados concurre a hospitales. El mismo norovirus fue el que desató en marzo de 2010, en Antofagasta, una epidemia que afectó a 31.036 personas (el 9% de la población de la capital de la Segunda Región), sin contar a quienes no asistieron a centros hospitalarios en busca de atención. Ambos episodios han puesto el agua tratada y comercializada por operadores sanitarios privados en el centro de la polémica. Aguas del Valle en Ovalle y Bayesa en Antofagasta, las dos sujetas al sistema de comodato por 30 años que el Estado licitó a capitales privados entre los años 90 y comienzos del ‘2000.

Ambos contratos, que reportan jugosas utilidades para quienes operan la concesión, son administrados por Econssa Chile S.A. (Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios), cuyo propietario es el Estado, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

Las epidemias de norovirus en Ovalle y Antofagasta no sólo han dejado en evidencia negligencias en los procedimientos de las sanitarias involucradas. También han desnudado las contradicciones entre los organismos que por ley están encargados de fiscalizar el adecuado tratamiento de las aguas, así como las diferencias en las sanciones que es posible aplicar a cada sanitaria que viola la norma. En el caso de la intoxicación en Ovalle, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Coquimbo aplicó la multa máxima a la empresa Aguas del Valle S.A.: 1.000 UTM ($40.528.000 pesos), por generar “una amenaza y afectación grave a la salud”, (ver resolución). En Antofagasta, la sanción a Bayesa fue objeto de un complejo proceso.

El Código Sanitario, publicado en 1968 y que ha sido objeto de múltiples modificaciones, le confiere a las secretarías regionales ministeriales de salud facultades y atribuciones para ejercer “vigilancia sanitaria sobre provisiones o plantas de agua destinadas al uso del hombre, como asimismo de las plantas depuradoras de aguas servidas y de residuos industriales o mineros”, pudiendo sancionar a los infractores y en algunos casos “intervenir directamente en la explotación de estos servicios”. Dependiendo de la falta, las multas pueden ir desde 1 UTM ($40.528) hasta 1.000 UTM ($40.528.000), tal como ocurrió en la resolución reciente contra Aguas del Valle S.A.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), organismo creado en 1989 para normar y fiscalizar a las empresas sanitarias que operan en el país, también tiene entre sus facultades el cursar sanciones frente a infracciones de distinta índole, entre ellas, las que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población. En su caso, el techo de la multa es mucho mayor: 1.000 UTA ($488.772.000), con un mínimo de 51 UTA ($24.927.372).

En Ovalle, el mismo día que la Seremi de Salud de la Cuarta Región -tras el análisis de una serie de muestras tomadas en algunos domicilios- identificaba al agua potable distribuida por Aguas del Valle como la responsable del brote epidémico, la SISS llamaba a la calma descartando que el agua para consumo de la población hubiese estado contaminada. Días más tarde, con los resultados en mano de un análisis encargado a un laboratorio certificado, la SISS volvió a insistir en la pureza del agua señalando que, según el estudio, los parámetros en la red de distribución de Aguas del Valle estaban en norma. Y anunció el inicio de una investigación sumaria con el fin de esclarecer responsabilidades. Sus resultados hasta hoy no se conocen.

En 2010, cuando se produjo la epidemia en Antofagasta, la SISS no sancionó a Bayesa. Según explican ahora, estaba fuera de su ámbito de fiscalización. La empresa sí debió pagar una multa de 500 UTM ($20.264.000, valor actual) que le aplicó la Seremi de Salud por su responsabilidad en el estallido de la epidemia, lo que fue ratificado en tres instancias por la justicia. La estatal Econssa, entidad que debe vigilar que se cumplan las cláusulas de los contratos de concesión y que tiene la facultad, en ciertos casos, de ponerles término de manera anticipada ante faltas graves de los operadores, le caducó la concesión a Bayesa. Antes de un año firmó con la misma empresa un nuevo contrato (hasta 2024).  En el caso de Aguas del Valle, en cambio, no tiene atribuciones para dar término al contrato de concesión.

NOROVIRUS: SÓLO DOS CASOS “CONOCIDOS”  EN CHILE

Aunque menos violento que el rotavirus, el norovirus afecta a personas de todas las edades y no existe vacuna para prevenirlo. Este agente patógeno es causante de diarreas, vómitos, fiebre, dolor abdominal y, en algunos casos, de muertes por deshidratación en niños y ancianos.

El norovirus está presente en las heces humanas. En 1 gramo de deposición de una persona infectada puede haber hasta cinco billones de partículas virales. Basta ingerir 10 a 100 partículas para enfermar. Luego, la transmisión persona a persona es fulminante. Según los especialistas, es uno de los virus más contagiosos entre los que causan gastroenteritis.

Entre 19 y 21 millones de personas enferman cada año de gastroenteritis por norovirus en Estados Unidos. De ellas, entre 1.7 y 1.9 millones buscan atención médica; entre 56 y 71 mil quedan hospitalizadas; y entre 570 y 800 mueren, según estadísticas del Center for Disease Control and Prevention (CDC). En ese país, el virus y su propagación está mayormente asociado a contaminación persona a persona en espacios cerrados o semicerrados, como centros de atención médica, restaurantes, hogares de ancianos, colegios y otros.

La epidemia de norovirus de Antofagasta en 2010 y la de Ovalle más recientemente, son los dos únicos casos conocidos en Chile, al menos los dos únicos a los que se ha rotulado con esa etiqueta. “El norovirus no es un virus cultivable. No es un virus que yo pueda tomarlo, jugar con él, lo que hace mucho más difícil su investigación. Es un virus endémico, no es que sea nuevo ni que haya llegado para quedarse. Está permanentemente dando vuelta. Lo que pasa es que ahora lo detectamos porque contamos con la tecnología adecuada”, señaló a CIPER el doctor Miguel O’Ryan, director de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

OVALLE: ¿AGUA POTABLE APTA PARA EL CONSUMO?

El 5 de septiembre, cuando la epidemia en Ovalle alcanzó su peak con 833 casos registrados el mismo día, la superintendencia hizo un llamado a la calma descartando que el origen de las intoxicaciones fuera el agua potable (ver comunicado). Ese mismo día, el Seremi de Salud, Osvaldo Iribarren, llamaba a la población a “hervir el agua por al menos cinco minutos antes de tomarla”. Lo hizo en base al análisis de 10 muestras de agua potable recogidas el 3 de septiembre en distintos hogares de Ovalle, las que presentaron niveles de cloro libre residual bajo los parámetros exigidos por la norma que vela por su aptitud para el consumo humano.

La norma chilena oficial NCh 409/1 (ver documento) instruye que “el agua potable distribuida por redes debe ser sometida a un proceso de desinfección, debiendo existir una concentración residual de desinfectante activo en la red de forma permanente”. En el instructivo se establecen los parámetros mínimo y máximo de cloro libre residual en cualquier punto de red: 0,2 mg/lt y 2,0 mg/lt, respectivamente. Siete de las 10 muestras tomadas en Ovalle estaban bajo la norma. Seis de ellas con 0,0 mg/lt y una con 0,1 mg/lt.

Paralelamente, la Seremi tomó muestras de alimentos, principalmente hortalizas y mariscos, para descartar que la epidemia se hubiese producido por consumo de verduras regadas con agua contaminada (como sucedió en Antofagasta) o por consumo de mariscos contaminados con aguas servidas dispuestas al mar. Todas esas muestras salieron negativas para norovirus.

La SISS solicitó a Cesmec, laboratorio acreditado, el análisis de 10 muestras de agua tomadas el 5 y 6 de septiembre en distintos puntos de la red de distribución de Ovalle. Los resultados fueron informados el 10 de septiembre: se descartó la presencia de virus en el agua y se confirmó que la cantidad de cloro libre residual en la red de agua potable estaba en norma (ver comunicado). Las muestras tomadas por la Seremi se recogieron dos y tres días antes que las analizadas por Cesmec y, según un reporte del organismo de salud, se habría dado aviso a Aguas del Valle S.A. el mismo 3 de septiembre para que aumentara el nivel de cloro libre residual en la red de distribución de agua potable.

Sólo dos días después de la entrega de resultados de la SISS, Aguas del Valle S.A. emitió un comunicado desestimando los análisis de la Seremi y avalando los de la superintendencia. En el comunicado se acusó a la autoridad sanitaria de utilizar instrumentos de medición obsoletos: “Hay diferencias entre las mediciones de cloro residual realizadas por la Seremía de Salud y las nuestras. Sólo las de Aguas del Valle y la SISS siguen los estándares de la industria sanitaria. La metodología de muestreo y análisis de Salud es completamente diferente y, en este caso, no cumple el protocolo establecido por la industria”.

En medio de los contradictorios mensajes respecto de la calidad del agua potable, uno de los grandes beneficiados fue el comercio. Durante el brote, según denunciaron algunos vecinos, el precio del agua embotellada se disparó al doble. La crisis de confianza instalada en la población se extiende hasta hoy.

-Yo abrí la llave y venía contaminada. Me enfermé y se enfermó mi familia. Hasta hoy sigo comprando agua embotellada al igual que muchas otras personas –dijo a CIPER Pedro Vargas, vecino de Ovalle, quien aún sigue preocupado por el agua que bebe su familia.

El Instituto de Salud Pública (ISP) fue el encargado de confirmar, a partir de 42 muestras clínicas de deposiciones de pacientes contagiados, que efectivamente se trataba de norovirus. Del total de muestras, 55% salieron positivas. Al mismo tiempo, sus expertos analizaron el agua cruda, es decir antes de ser potabilizada, en varios puntos de captación del río Limarí, encontrando dos muestras positivas para norovirus. Una de ellas correspondió al pozo de captación de la planta Los Peñones y su genogrupo corresponde al encontrado en las muestras de deposición de los afectados.

Los análisis del ISP permitieron llegar al origen del problema. El domingo 1 de septiembre, dos días antes de que estallara la epidemia, se realizó la fiesta religiosa del Niño Dios de Sotaquí, localidad ubicada 7,5 kilómetros aguas arriba de Ovalle, la que reunió a cerca de 10 mil personas. Durante la celebración, se habría producido la descarga de aguas no tratadas en el exiguo caudal del río Limarí, el que alimenta posteriormente a la planta procesadora de agua potable de la comuna.

Con todos esos antecedentes, la Seremi evacuó un informe preliminar el 30 de septiembre, en el que ya se podía vislumbrar que la mano desde la vereda de salud se venía firme para Aguas del Valle:“De acuerdo a las características propias del norovirus, como su resistencia al cloro (1 ppm), su pequeño tamaño (0,7 micrones), la gran cantidad de partículas virales que se eliminan en las fecas de los enfermos (5 billones de partículas virales por gramo de fecas) y el tipo de tratamiento que se realiza en la planta de agua potable de Ovalle, se puede suponer fundadamente que el virus atravesó el lecho filtrante en los drenes de captación de agua, y el nivel de cloración aplicado en los estanques de tratamiento fue insuficiente para eliminar la totalidad de las partículas virales, distribuyéndose en la red de agua potable de Ovalle una cantidad suficiente para iniciar el brote”. (ver informe).

El resultado del sumario entregado este 22 de octubre no hizo más que confirmar la hipótesis levantada por la Seremi el 30 de septiembre. La resolución es taxativa al momento de atribuir la responsabilidad de la epidemia a la sanitaria.  “No puede sino imputarse responsabilidad a la concesionaria (…) por la insuficiencia de nivel de cloración, el que de haber estado dentro de los márgenes legales, podría haber producido la neutralización del virus, labor que le corresponde al sumariado como encargado del abastecimiento de agua potable de la población de Ovalle (…) Dada la repercusión epidemiológica, materializada en más de 4.000 casos, el tipo de actividad ejercida por la infractora y el impacto social causado, la conducta investigada debe ser sancionada con el máximo legal permitido”.

Aguas del Valle S.A. se hizo del contrato de explotación sanitaria para la Cuarta Región en el 2003, por un periodo de 30 años. El derecho de explotación incluyó producción y distribución de agua potable, además de la recolección y disposición de aguas servidas. Según el Sistema de Empresas del Estado (SEP), por esta operación el Estado recaudó un monto total de 3.177.000 UF (más de $53 mil millones, valor UF 2003).

Aguas del Valle S.A. es propiedad de ESVAL S.A. (99%) y Servicios Sanitarios Las Vegas Ltda. (1%). El principal controlador de ESVAL es OTPPB Chile III Ltda., con el 94,19% de las acciones. OTPPB (Ontario Teacher’s Pension Plan Board) es una sociedad canadiense que administra los planes de pensión de cerca de 285.000 profesores activos y retirados de la Provincia de Ontario. Actualmente, la sanitaria cubre las necesidades de 198.636 clientes. Las ganancias de Aguas del Valle solo en 2012 alcanzaron los $8.719 millones, según informa la SISS en su última memoria.

ANTOFAGASTA: BAYESA Y SU “CONDUCTA NEGLIGENTE”

Según un informe del Instituto de Salud Pública (ISP) de agosto de 2010, fueron 31.036 los casos de gastroenteritis aguda por norovirus reportados por los hospitales y consultorios de Antofagasta desde principios de marzo hasta que el virus se batió en retirada al cabo de dos meses.

La resolución sanitaria Nº 1280 del 4 de mayo de 2010 (ver documento), emitida por el Departamento Jurídico de la Seremi de Salud de la Segunda Región, fue lapidaria para Bayesa S.A. Niveles de cloración de agua muy por debajo del estándar y exceso de coliformes fecales detectados en la misma planta de tratamiento de aguas residuales, entre otros puntos de medición. El nivel de coliformes alcanzaba los 1.600 NMP, en circunstancias de que la norma exige niveles bajo 1.000 NMP. Por ello, la empresa fue multada por la Seremi con 500 UTM ($20.365.500, valor actual).

A diferencia de lo que sucedió en Ovalle, el origen de la epidemia en Antofagasta no estuvo asociado al agua potable, sino al consumo de hortalizas crudas regadas con agua residual tratada y que fue suministrada por Bayesa a los agricultores del sector de La Chimba.

Oficinas Bayesa S.A. (Foto: cascal.cl)

Aunque cueste creerlo, el terremoto del 27/F –cuyo epicentro se localizó a casi 1.800 kilómetros de Antofagasta– conspiró indirectamente en el estallido de la epidemia. En Talcahuano, la fábrica de uno de los principales proveedores de hipoclorito de sodio, compuesto necesario para desinfectar el agua servida que Bayesa vende a terceros luego de ser tratada –entre ellos los agricultores de La Chimba–, se vino abajo con el remezón. La situación fue informada por el proveedor a Bayesa el 8 de marzo de 2010. Según consta en el sumario de la Seremi, recién el 15 de marzo la sanitaria puso en aviso a la autoridad de salud, solicitándole permiso para bajar la concentración de cloro de modo de “extender la duración del stock disponible” hasta que se normalice el suministro. Antes de la respuesta de la autoridad, la que increíblemente tardó 14 días y en la que se denegaba la solicitud, Bayesa decidió unilateralmente hacer una prueba “ajustando a la baja la adición de desinfectante a niveles que permitieran mantener los resultados de coliformes fecales por debajo de la norma”.

En agosto de 2010 y tras el análisis de una serie de muestras de agua tomadas en distintos puntos de Antofagasta –realizado junto a expertos de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos– el Instituto de Salud Pública identificó la presencia de norovirus en el afluente y el efluente de la planta de tratamiento de agua servida Bayesa S.A., y también en agua del mar. “Los resultados de laboratorio permiten establecer una relación entre el brote en la población, el agua de una de las plantas de tratamiento de aguas servidas para riego de Antofagasta y el agua de mar, configurándose así una recirculación del agente que habría contribuido a la magnitud del brote en la comunidad”, señala el informe (ver documento).

Para impugnar la multa, la que calificó de “desproporcionada”, Bayesa S.A. inició en el 4º Juzgado de Letras de Antofagasta una acción judicial que luego siguió en la Corte de Apelaciones y finalmente en la Corte Suprema. El fallo emitido en primera instancia el 30 de septiembre de 2011, confirmó la sanción decretada por la Seremi (ver fallo). Lo mismo hizo el 29 de junio de 2012 la Corte de Apelaciones de Antofagasta, al dictaminar que Bayesa incurrió “en una conducta manifiestamente negligente que afectó su deber primario de entregar un producto en condiciones mínimas de consumo y la potencialidad de afectar a un gran número de personas” (ver fallo). Finalmente, el 23 de octubre de 2012, la Corte Suprema desestimó el recurso de casación interpuesto por la sanitaria en su último intento por aminorar la multa (ver fallo).

Tanto el sumario de la Seremi como los análisis del ISP fueron contundentes al señalar las irregularidades en la calidad del agua procesada en la misma planta de tratamiento de aguas servidas de Bayesa (avenida Edmundo Pérez Zujovic Nº 6.444). “La baja en la dosificación del desinfectante realizada por Bayesa de forma apresurada, sin esperar respuesta de la Autoridad Sanitaria, provocó el sobrepaso de coliformes permitidos por la normativa sanitaria NCh 1333 of. 78”, sentencia el sumario de salud a partir de seis muestras tomadas en la misma planta de tratamiento el 11 y 18 de marzo de 2010.

Respecto de la fiscalización de las aguas residuales, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) le corresponde velar por el cumplimiento de la NCh 1333, la que regula los requisitos de calidad de agua para distintos usos. Allí se establece que los requisitos bacteriológicos del agua de riego destinada al cultivo de verduras y frutas que crecen a ras de suelo -y que habitualmente se consumen en estado crudo- debe ser menor o igual a 1.000 coliformes fecales/100 ml (ver documento). En uno de sus comunicados la SISS señala que el agua evacuada desde los efluentes de las plantas de tratamiento “debe ser controlada mediante exámenes periódicos que fiscaliza la SISS (Ordenanza Nº 1817/95)”.

Pese a lo explícito del instructivo, la SISS no sancionó a la sanitaria. Desde la superintendencia se informó a CIPER que el lugar donde se identificó el brote epidémico en Antofagasta, no pertenece al sistema público sanitario por lo que está fuera de su competencia fiscalizadora: “Bayesa tiene dos plantas en el mismo recinto. La del sistema público sanitario es una planta de pre-tratamiento y emisario submarino que es fiscalizada por la SISS. Además, otra pequeña planta que entrega agua para uso industrial y a parceleros, en su oportunidad. La sanción de Salud fue en lo correspondiente a la entrega a parceleros. Esta planta pequeña es fiscalizada, de acuerdo con su competencia, por el Servicio de Salud, quien le ha fijado requerimientos de análisis y frecuencia de muestreo para su control”.

Al cierre de este reportaje, CIPER aún no recibía respuesta de parte de la superintendencia respecto a qué es lo que determina que una planta de tratamiento de aguas servidas pertenezca al sistema público o no y, en definitiva, cuántas son las plantas de tratamiento de agua residual en el país que operan al margen de su fiscalización.

BAYESA MANTIENE LA CONCESIÓN HASTA 2024

Un capítulo aparte fue el que protagonizó Bayesa con la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa) en esta crisis sanitaria. Si bien Bayesa no logró doblarle la mano a la Seremi, sí logró evitar que Econssa finiquitara anticipadamente el contrato que le otorga la concesión para comercializar aguas servidas tratadas con distintos compradores de la región. Una decisión que habría cortado el flujo de las cuantiosas ganancias que le reporta el negocio.

En el punto más álgido de la crisis sanitaria –y semanas antes de que se conociera la resolución sanitaria de la Seremi– representantes de Econssa llegaron hasta la planta de tratamiento de Bayesa en Antofagasta con la intención de rescindir el contrato. Harían efectiva una las cláusulas que la faculta para terminar la concesión de manera anticipada y sin derecho a indemnización. Tal como fue informado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 26 de abril de 2010, Econssa acusaba a Bayesa de graves incumplimientos y de haber incurrido en “actuaciones dolosas” al comercializar aguas servidas tratadas fuera de norma, razones por las cuales pedía el término del contrato(ver documento).

Al día siguiente, Bayesa informó a la SVS que la pretensión de terminar la concesión se basaba en hechos falsos y que llegarían hasta el final si es que el árbitro (Cámara de Comercio) le entregaba la razón a Econssa (ver documento).

Sorpresivamente, el 1 de febrero de 2011 –y luego de llegar a conciliación– Bayesa y Econssa firmaron un nuevo contrato (ver documento) que confirmó al cuestionado operador sanitario hasta el año 2024. Luego de tres dictámenes de la justicia que confirmaron la responsabilidad de Bayesa en la epidemia de norovirus en Antofagasta, la sanitaria -entonces en manos de la inglesa Biwater, hoy propiedad de Sembcorp de Singapur– sigue operando el tratamiento de agua servida en esa ciudad.

Desde Econssa informaron a CIPER que se estuvo dispuesto a seguir con el operador porque se comprometió a cumplir con nuevas condiciones, entre ellas, someterse a un sistema de multas más estricto y poner en marcha un plan de desarrollo. Las cuantiosas utilidades de la empresa han ido en alza. Así lo reflejan sus estados financieros de 2012: Sembcorp Aguas del Norte S.A. (ex Bayesa) tuvo ingresos por $2.492 millones, de los cuales $366 millones correspondieron a utilidades netas.

A diferencia de lo que sucede con Bayesa, el contrato de Econssa con Aguas del Valle es de Transferencia de Explotación (CTE): no contempla sanciones y las cláusulas de caducidad no están sujetas a actuaciones dolosas, sino únicamente a situaciones que inhabiliten al operador para seguir funcionando, tales como quiebra o disolución. Por ello, la epidemia de norovirus que afectó a Ovalle, de responsabilidad de la empresa Aguas del Valle según la autoridad sanitaria, no facultó a Econssa a exigir el término anticipado del contrato.

Es al Presidente de la República, de acuerdo a las facultades de la Ley 19.549 sobre concesiones sanitarias y a un informe técnico elaborado por la SISS, a quien corresponde caducar los contratos de explotación de aquellas sanitarias cuyo servicio “no corresponda a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos o a las condiciones estipuladas en el decreto de concesión respectivo”, tal cual instruye el artículo 26 del cuerpo normativo.

Jorge Rosenblut

El pasado 30 de agosto, el directorio de Endesa Chile se reunió para resolver un asunto importante. Las cámaras de video se encendieron en Madrid y Mallorca para conectarse en una videoconferencia con la sesión que presidía en Santiago Jorge Rosenblut y a la que asistieron, entre otros directores, Vittorio Corbo y Felipe Lamarca. Se tomaron sólo dos acuerdos. El primero, fue donar de manera reservada un millón de dólares –equivalentes a $509.750.000, según consta en el acta (ver documento)–, para financiar campañas políticas en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, así como también en las elecciones de senadores y diputados que tendrán lugar el próximo 17 de noviembre. El segundo acuerdo fue mandatar a Jorge Rosenblut para distribuir el millón de dólares según los lineamientos dados por el mismo directorio. Rosenblut conoce bien este mundo, pues fue uno de los recaudadores de la campaña de Michelle Bachelet en 2004, cuando debutó la nueva ley de financiamiento y gasto electoral.

Enersis –grupo controlado por Endesa España, que a su vez es controlada por la italiana Enel– siguió los pasos de su filial Endesa Chile y a comienzos de septiembre acordó donar US$ 2,5 millones –equivalentes a $1.274 millones– con el mismo fin (ver documento). A esta decisión concurrieron algunos directores que son figuras públicas, partiendo por el presidente del holding y también de la Bolsa de Comercio, Pablo Yrarrázaval, el ex presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, y el presidente de Larraín Vial, Leonidas Vial, recientemente cuestionado por su rol en el caso Cascadas.

Pablo Yrarrázaval

El acta de dicha sesión menciona que parte de ese dinero puede ser donado a través de algunas de sus filiales, pero no precisa si Endesa está entre ellas. Si se trata de decisiones autónomas, los aportes a campañas políticas de Endesa y Enersis sumarían US$ 3,5 millones, lo que equivale a una décima parte de lo donado a todos los candidatos del país en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias ($19 mil millones). Por eso, no es aventurado pensar que puede tratarse de una de las donaciones políticas más importantes –si no la más grande– de un grupo empresarial en este proceso eleccionario.  La división de la donación entre distintas empresas del holding –tal como hacen muchos grupos económicos– se hace necesaria para poder eludir la norma electoral que establece que una persona (natural o jurídica) no puede realizar donaciones que superen las 10.000 UF (poco más de $230 millones) a un grupo de candidatos o partido.

El impacto de la inversión electoral del grupo Enersis puede ser relevante en el resultado de los comicios. Un estudio econométrico de Claudio Agostini, hecho para el Centro de Estudios Públicos (CEP) y CIEPLAN, demostró que en Chile la influencia del gasto electoral en la votación de un candidato es aún mayor que en Estados Unidos. Por eso ese aporte resulta clave para grandes compañías, como el grupo Enersis, que tienen pendientes millonarios proyectos como HidroAysén. El complejo hidroeléctrico se encuentra hace dos años a la espera de ser visado por el Consejo de Ministros y aún debe someter a tramitación su línea de transmisión, por lo que más que gasto en donaciones, se trata una inversión que vale mucho más que un par de millones de dólares.

Eso también lo saben su socia en HidroAysén, Colbún, propiedad del grupo Matte. A través de sus filiales Colbún Transmisión S.A. y Río Tranquilo S.A., los Matte realizaron aportes de campaña tanto para las primarias de mayo pasado, como para las elecciones generales de noviembre. Ambas empresas tienen directorios idénticos y se reunieron el 25 de mayo, primero a las 9 de la mañana (ver documento) y luego al mediodía (ver documento), para acordar la donación reservada de hasta $25 millones cada una. Las dos sociedades repitieron el trámite el 9 de septiembre. Esta vez Río Tranquilo decidió donar hasta $40 millones (ver documento), mientras que Colbún Transmisión aportará hasta $125 millones (ver documento ) para las elecciones de presidente, senadores, diputados y hasta consejeros regionales. En total, las dos empresas autorizaron donaciones políticas que suman $215 millones este año.

Bernardo Matte

Aunque los montos pueden parecer cuantiosos, no lo son tanto si se toma en cuenta las dimensiones de lo que está en juego: Hidroaysén. Según la información publicada por el diario Pulso, ya se han invertido US$ 275 millones y en total Hidroaysén costará unos US$ 4.500 millones, a lo que hay que sumar un monto similar para el desarrollo de la línea de transmisión. “Estamos pidiendo a gritos una política energética nacional”, dijo esta semana Bernardo Matte, director de Colbún, empresa que ha condicionado la construcción de Hidroaysén a un acuerdo en política energética.

Es posible que tanto el grupo Enersis como el grupo Matte hayan hecho donaciones aún mayores a través de otras empresas o filiales cuyas actas de directorio CIPER no encontró, pues investigar las donaciones electorales en Chile es como buscar una aguja en un pajar.

LUKSIC, ANGELINI Y LOS DEMÁS

Después de un largo debate, hace 10 años comenzó a regir una nueva ley que regula el financiamiento de las campañas políticas y el gasto electoral. Si bien la norma fue un avance al poner límites al gasto, entregar aportes fiscales para el financiamiento de las campañas y regular las donaciones privadas, su aporte a la transparencia fue mínimo. Al permitir donaciones de tres tipos: públicas, anónimas (sólo el administrador electoral conoce al donante) y reservadas (el nombre del donante es secreto), en la práctica lo que ha pasado es que el nombre de los financistas de la política permanecen en total anonimato.

Si bien se asume que los grandes financistas de las campañas electorales son empresas y no personas, hasta ahora había total opacidad sobre la identidad de quiénes son los donantes. CIPER obtuvo la primera pista durante la investigación a los negocios de la Universidad San Sebastián (ver reportaje), cuando revisando las escrituras descubrimos que las sociedades que la controlan habían hecho donaciones a las anteriores elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto, gracias a que la ley obliga a que los directorios de las empresas aprueben las donaciones, las que quedan entonces en un acta que debe reducirse en escritura pública. Si bien esta rendija da luces sobre quiénes hacen las donaciones, la ley prohíbe dejar en el documento público registro de quiénes son los destinatarios de los fondos, cuando se trata de donaciones reservadas.

Para descubrir a los financistas de las campañas iniciamos un recorrido por las principales notarías de Santiago, en busca de las escrituras que contuvieran las aprobaciones de los directorios de las grandes empresas. Se trató de una búsqueda a ciegas y cuyo resultado no es exhaustivo, lo que implica que puede haber escrituras que no encontramos, directorios que aún no sesionan o actas que aún no han sido enviadas a las notarías. Además, los grupos empresariales donan a través de sus distintas sociedades, lo que facilita la elusión de los límites impuestos por la ley para cada persona jurídica. De todos modos, la búsqueda arrojó resultados relevantes para desmitificar quiénes son las empresas que financian la política.

Además de los grupos Enersis y Matte, el grupo Luksic acordó hacer donaciones políticas a través de su matriz Quiñenco. El acta de la sesión del directorio del 6 de junio pasado (ver documento), confirma que la empresa habitualmente hace aportes políticos, desde candidatos presidenciales a concejales. Para justificar las donaciones, Quiñenco apela a la transparencia, dejando en acta que “las donaciones para campañas políticas las efectuaba la compañía como una contribución a la mejor información respecto a las opciones ofrecidas, lo que sin duda beneficia a la transparencia de las mismas, siendo además, la reserva, un mecanismo que resguarda la independencia de gestión de aquellos que resulten elegidos en cada elección, quienes deberán concentrar los esfuerzos de su mandato en el interés del país”. Pese a que la mayor parte de las empresas deja en la escritura pública el monto que espera donar, Quiñenco no lo hace, y sólo lo incluye en un libro de “hechos reservados”. A la reunión asistieron los directores Nicolás Luksic Puga (hijo del fallecido Guillermo Luksic), el ex ministro de Hacienda de Pinochet Hernán Büchi, Gonzalo Menéndez, Matko Koljatic y Fernando Cañas, quien además es presidente del Metro de Santiago.

Guillermo Luksic

Al igual que los dueños de otros conglomerados, los Luksic también donan a través de sus filiales. Así al menos lo hicieron en septiembre de 2009, cuando Guillermo Luksic Craig presidió el directorio de la Compañía de Cervecerías Unidas S.A. donde estuvo “especialmente invitado” el asesor Hernán Büchi. Allí se decidió financiar campañas electorales de candidatos y partidos políticos de manera reservada. Un mes más tarde, Guillermo Luksic presidió una sesión similar de otras dos filiales de CCU, Cervecera CCU Chile Limitada y Embotelladoras Chilena Unidas S.A., donde ambas compañías adoptaron acuerdos similares. Ninguno de los tres directorios decidió detallar el monto de las donaciones.

Otro grupo que sigue ese camino y no revela los montos, es el grupo Angelini a través de su empresa Corpesca S.A. La decisión de aportar dinero a las campañas políticas se tomó el 1 de agosto pasado en una sesión presidida por Roberto Angelini. De acuerdo al acta (ver documento), el nuevo gerente general de la compañía, Claudio Elgueta, “expuso que de acuerdo a la responsabilidad empresarial que ha mantenido la compañía con la sociedad chilena y su institucionalidad política, y en particular con nuestro sistema democrático, corresponde decidir” sobre los aportes electorales. Se precisa que el aporte es reservado y por lo tanto “no podrá divulgarse por motivo alguno la forma de distribución de este aporte”. La precisión no está de más, considerando que en mayo pasado CIPER reveló que Corpesca aportó $25 millones a la campaña de la diputada Marta Isasi antes de la aprobación de la Ley de Pesca, lo que gatilló la renuncia del entonces gerente Francisco Mujica (ver reportaje).

El comercio no escapa de la fiebre por las donaciones políticas. A las seis de la tarde del 2 de octubre pasado, el directorio de Falabella Retail S.A. inició en la tradicional casa matriz de calle Rosas una sesión que calificó de “reservada”. A ella asistieron los representantes de las dos familias controladoras. Por la rama Cúneo-Solari estuvieron Paola Cúneo, Carlos Heller Solari, Carlo Solari, Juan Carlos Cortés Solari, Sergio Cardone Solari; y por los Del Río, Carolina y José Luis del Río Goudie. Por unanimidad, los directores decidieron donar $80 millones para las elecciones presidenciales y parlamentarias (ver documento). Sodimac S.A., otra de las empresas del grupo, siguió el mismo camino. Unos días antes, el 24 de septiembre, se reunieron en las oficinas de calle Rosas para aprobar una donación de hasta $196 millones (ver documento).

El grupo Yarur tampoco se quedó al margen del financiamiento de las campañas políticas. A comienzos de este año y a través de BCI Factoring acordó donar 1.500 UF, unos $34 millones, para las elecciones primarias. El 16 de septiembre se volvieron a reunir y el directorio de BCI Factoring le dio prácticamente un cheque en blanco al presidente Diego Yarur Arrasate, al acordar “destinar la suma equivalente hasta el máximo que la normativa establece” al financiamiento de campañas, desde presidente a consejeros regionales. Como ya se mencionó, el límite es de 10.000 UF a grupos de candidatos o partidos.

DONACIONES DISPARES

La primera elección presidencial con la nueva norma fue la de 2004-2005. En esa oportunidad, el 29% de los aportes privados de Michelle Bachelet fueron reservados, el 6% anónimo y sólo el 4% fue público. Joaquín Lavín sólo recibió aportes reservados, equivalentes al 60% de sus ingresos de campaña, mientras que Sebastián Piñera financió de su bolsillo gran parte del gasto y sólo el 7% correspondió a aportes reservado  (ver los gastos e ingresos globales).

En la siguiente campaña, 2009-2010, Eduardo Frei recibió 37% de aportes reservados, 11% anónimo y menos de 2% público, mientras que Piñera obtuvo 25% de manera reservada, 17% anónimo y sólo 0,2% público. Los cálculos hechos por Agostini, revelan también que la Coalición por el Cambio recibió 4,08 veces más aportes privados que la Concertación. Dentro de la Coalición por el Cambio, la UDI obtuvo más de dos veces los aportes reservados que recibió Renovación Nacional. Le siguen la Democracia Cristiana, la  que obtuvo un cuarto de lo que recibió la UDI. En términos globales, las donaciones privadas representaron 3,5 veces los aportes públicos.

Las empresas tienen un doble incentivo para financiar a los políticos. Además de buscar influencia en la toma de decisiones, las donaciones de campaña pueden descontar impuesto: se puede imputar como gasto hasta el 1% de las rentas. Gracias a eso, esta semana el vespertino La Segunda obtuvo datos globales de las donaciones privadas a través del Servicio de Impuestos Internos (SII). Según dicha información, entre 2004 y 2010, las empresas solicitaron beneficios tributarios por $36 mil millones gastados en donaciones políticas.

La campaña para la segunda vuelta de la elección presidencial se inicia hoy y con ella se extiende la necesidad de financiamiento para Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, entre quienes el próximo 15 de diciembre se definirá la próxima Presidenta de Chile. Si bien algunas empresas ya aprobaron donaciones que incluían un posible balotaje, otras deberán organizar nuevas sesiones de directorio si quieren aportar dinero en esta nueva fase. Así tendría que hacerlo, por ejemplo, Minera Los Pelambres, controlada por el grupo Luksic, que sólo se puso en el escenario de los comicios de ayer.
Resguardar “el criterio de equidad fijado por el directorio, tanto a favor de candidatos como de partidos políticos” fue la resolución de la sesión extraordinaria del directorio de Los Pelambres, el 13 de julio pasado. El acta no explica cómo opera ese “criterio de equidad”, pero la decisión parece seguir la política del fallecido patriarca Andrónico Luksic, de quién siempre se dijo que financiaba a todos los sectores. La diferencia es que hoy el financiamiento electoral está regulado y, si bien la ley está diseñada para que haya total opacidad sobre los financistas y sus destinatarios, los directorios de las empresas deben aprobar las donaciones y sus sesiones quedan en escrituras públicas.
El 6 de noviembre, CIPER publicó el capítulo inicial de esta serie en que se revelaron por primera vez las donaciones políticas de las grandes empresas, tras detectar y revisar las escrituras públicas que estas compañías dejan en diversas notarías públicas. El caso más relevante es el del grupo Enersis, cuyo directorio aprobó una donación de US$ 2,5 millones ($1.274 millones) a través de distintas filiales, mientras que una de éstas, Endesa Chile, aprobó financiar campañas por US$ 1 millón ($509 millones). A ello se suma que Colbún, la eléctrica del grupo Matte que es socia de Endesa en el proyecto Hidroaysén, aprobó donaciones por $215 millones este año a través de dos filiales. Al dividir los aportes entre sus distintas empresas, los grupos económicos logran eludir los límites impuestos por la ley a las donaciones para campañas políticas, operando como una suerte de “multirut” electoral.

En esta segunda entrega, nuevamente descubrimos empresas cuyos directorios aprobaron donaciones que exceden los límites legales (10.000 UF o $229 millones para grupos de candidatos o partidos políticos). En el caso de Minera Los Pelambres, el directorio acordó donar un monto “no superior” a 36.000 UF (unos US$ 1,6 millones o $ 825 millones) (ver transcipción del documento).

El Banco Santander también autorizó un monto sobre el tope cuando el 24 de septiembre pasado se aprobó la propuesta del presidente del directorio, Mauricio Larraín, de donar hasta 14.000 UF (cerca de $ 320 millones) (ver documento). Para distribuir el dinero se fijó un criterio que suena tan salomónico como el de Los Pelambres, pues Larraín y el director Carlos Olivos fueron instruidos para que “velando por un razonable equilibrio fijen los aportes”. Entre los directores que aprobaron la medida estuvieron el empresario cercano al ex Presidente Ricardo Lagos, Marco Colodro; el presidente de Adimark, Roberto Méndez; la historiadora y consejera del Instituto Libertad y Desarrollo, Lucía Santa Cruz, y el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo

Corbo ya había participado de una decisión similar en el directorio de Endesa, pero no es el director que más donaciones ha aprobado en las actas de distintas empresas que han sido encontradas por CIPER. Es Carlos Heller, el mayor accionista de Azul Azul, quien aparece cuatro veces autorizando donaciones políticas, todas ligadas al grupo Bethia, del que es presidente. Si en el reportaje anterior aparecía en las votaciones para donar $80 millones a través de Falabella Retail y $196 millones a través de Sodimac S.A., ahora figura aprobando hasta $25 millones directamente a través del grupo Bethia S.A. (ver documento). En dicha sesión de directorio, que se realizó el 3 de octubre pasado, se analizó también una donación calificada de “social” para reconstruir un parque en Pudahuel, cerca de un centro de logística del grupo, por $ 20 millones.

Carlos Heller

Heller también estuvo presente en la reunión de directorio que el 29 de octubre realizó Latam Airlines Group S.A., nacida de la fusión de Tam y Lan, empresa en la que el grupo Bethia compró la participación que tenía el Presidente Sebastián Piñera. Entre los otros directores estaba el presidente de Codelco, Gerardo Jofré, y el antiguo socio de Piñera, Juan José Cueto. Su hermano Ignacio Cueto, CEO de la compañía, fue quien solicitó la autorización para hacer donaciones electorales. Si bien la moción se aprobó, no se dejó registro en el acta del monto.

Y en el ámbito minero, además de la donación aprobada por Los Pelambres, fue posible encontrar una de Molymet, la mayor procesadora de molibdeno del mundo, una empresa en la que participa el grupo Matte junto a las familias Mustakis-Anastassiou y Pirola-Gianoli. Su directorio se reunió el viernes 13 de septiembre en la planta que la compañía tiene en la localidad de Nos para autorizar donaciones políticas por hasta $ 50 millones. La sesión fue presidida por el ex ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Patricio Aylwin, Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, quien fue uno de los facultados, junto a George Anastassiou, para determinar a qué candidatos se efectuarían las donaciones (ver documento).

Las donaciones de las pesqueras

Si en la primera entrega identificamos a Corpesca, ligada al grupo Angelini, como donante de $25 millones, ahora se suman otras de las tres grandes pesqueras: Camanchaca S.A., Camanchaca Pesca Sur S.A. y Blumar S.A.  Entre las cuatro suman $ 180 millones.

Camanchaca S.A. es controlada por Jorge Fernández Valdés y Francisco de Borja Cifuentes Correa, ambos también directores de la compañía. Camanchaca Pesca Sur es una de sus filiales y ahí también participa Pesquera Bío-Bío, de los hermanos Jan, Klaus y Frank Stengel Meierdirks. Mientras la primera acordó donar $ 45 millones (ver documento), su filial decidió aportar $ 30 millones (ver documento).

Carlos Hurtado Ruiz-Tagle

Blumar S.A. nació de la fusión de Pesquera Itata y Pesquera El Golfo, propiedad de la familia Sarquis y del grupo Yaconi-Santa Cruz. En la sesión del directorio del 26 de agosto pasado se vieron en una encrucijada. En julio de 2012 habían establecido una política general para las donaciones sociales y políticas, según la cual el límite sería el 1% de las utilidades proyectadas, con un mínimo de US$ 50 mil dólares ($ 25 millones). Este monto se consideraría neto, es decir deduciendo los beneficios tributarios que tuviera. El problema es que para estas elecciones querían donar $ 80 millones, lo que era superior al 1% de las utilidades proyectadas. De todos modos, el monto se aprobó por unanimidad, dejando en claro que se trataba de una situación extraordinaria (ver documento).

El financiamiento se toma la agenda

La primera revelación de CIPER sobre los montos que las empresas donan a los candidatos generó que el financiamiento y gasto electoral se transformaran en uno de los temas de la agenda política en la última semana de la campaña electoral. Evelyn Matthei disparó duramente contra Michelle Bachelet, a quien acusó de estar llegando al límite del gasto autorizado y de haber invertido cinco veces más que ella en propaganda.

Bachelet respondió que el financiamiento de su campaña es “claro y transparente. Para eso tenemos quioscos en las calles, para que el que quiera aportar pueda aportar. Hemos hecho cena de recaudación, artistas nos han regalado cuadros, esculturas que se han rematado. Nosotros lo hemos hecho de manera transparente y cuando sea el momento entregaremos todo el detalle de cuántos recursos hemos recaudado por esa vía. Eso es como hemos financiado nuestra campaña”.

Lo cierto es que hasta ahora ninguna de las dos grandes candidatas ha entregado información que permita transparentar ni los montos ni el origen del gasto de sus campañas. Sólo se sabe que Bachelet pidió un crédito de $2.500 millones al BancoEstado. Las donaciones de las empresas son reservadas, pero a estas alturas ambas candidatas ya tienen una idea clara de cuánto recaudaron, pues el Servicio Electoral (Servel) les va transfiriendo periódicamente las donaciones.

Lo que es seguro es que en esta campaña habrá un aumento en el gasto electoral declarado por los candidatos, pues el techo autorizado aumentó en un 80% en relación a la votación de 2009. Si en esa ocasión el límite era de $ 5.000 millones, esta vez el máximo a gastar es de $ 9.200 millones. Los montos para los candidatos a diputados y senadores aumentaron en una magnitud parecida, dependiendo de la población de sus distritos y circunscripciones. La explicación para un incremento tan significativo es que el límite del gasto electoral se calcula de acuerdo al número de personas inscritas en el padrón y con la implementación del voto voluntario, automáticamente se registraron poco más de 5 millones de nuevos electores, lo que engrosó la cifra.

Vea además:
-          Tabla de representatividad por diputado electo 2013
-          Tabla de representatividad de diputados por regiones
-          Las reveladoras cifras de la crisis de representatividad de los parlamentarios (2011)

El conteo de votos en las últimas 10 mesas de la provincia de Osorno se alargó hasta la madrugada del lunes 18 de noviembre. Para entonces, el candidato por el Partido Socialista para el distrito 56, Fidel Espinoza, ya tenía la carrera ganada. Con 38.449 votos, había resultado reelecto para representar nuevamente en la Cámara de Diputados, a contar de marzo de 2014 y por cuatro años más, a los vecinos de Fresia, Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y otras cinco comunas de la Región de Los Lagos. Pero no sólo eso: su triunfo fue aún mayor. Con el 55,26% de los votos válidamente emitidos en ese distrito, Espinoza se convertía en la primera mayoría a nivel nacional en la última elección parlamentaria.

Adolfo Alvial, diputado electo distrito 56. (Fuente: Facebook oficial del candidato)

Aún así, la tensión para la Nueva Mayoría no cesaba. Aunque el compañero de lista de Espinoza, Adolfo Alvial (DC), estaba muy por detrás en la preferencia de los electores, la elevada votación que obtuvo el actual diputado había hecho del doblaje una posibilidad real. Daba lo mismo que Alvial estuviera cuarto en la carrera por convertirse en uno de los dos parlamentarios para el distrito 56, y que los dos candidatos de la Alianza –Felipe De Mussy (UDI) y Marcelo Ruíz (RN)– superaran ampliamente su votación. Para el conglomerado de partidos de centro izquierda que lidera la candidata a la presidencia Michelle Bachelet, ya no se trataba sólo de asegurar a Espinoza en el Congreso, sino que también de sacar el mayor provecho posible a las trampas del sistema binominal. Y así, voto a voto, pelear para que Alvial también llegara a la Cámara, aún cuando su nivel de representatividad ciudadana estuviera por los suelos.

Al finalizar la noche, De Mussy había obtenido 15.769 votos y Ruíz 5.465. Alvial sólo 4.191, pero eso le bastó para que el binominal jugara a su favor: como ocurrió en otros diez distritos, la Nueva Mayoría logró el doblaje y Espinoza “arrastró” a Alvial a un asiento en la Cámara, aún cuando apenas obtuvo el 6,02% de las preferencias en su distrito, por lejos el más bajo porcentaje de votación entre los 120 diputados electos.

Hace dos años, CIPER analizó los datos de las elecciones parlamentarias de 2009 para graficar la representatividad real de cada uno de los diputados (ver reportaje). El resultado fue alarmante. Entonces descubrimos, entre otras cosas, que al menos seis parlamentarios fueron elegidos a pesar de no representar siquiera al 10% de la población mayor de 18 años de sus distritos. Esta vez, con los resultados de las elecciones del 17 de noviembre recién salidos del Servicio Electoral (Servel), hicimos lo mismo. Y el resultado vuelve a poner en duda la real capacidad del Congreso para representar efectivamente a la ciudadanía.

En 2009, con 5,5 millones de personas que no votaron por alguno de los candidatos electos, sólo el 32,5% de los ciudadanos terminó representado en la Cámara Baja. Pero esta vez fue mucho peor. Son más de 7,3 millones los votantes que no manifestaron preferencia por algún candidato a diputado. En otras palabras, apenas el 27,49% de la población con derecho a voto estará representado en el hemiciclo a contar de 2014. En números: son cerca de 360.000 personas que tenían y ya no tendrán voz en el Congreso.

Los legisladores aprobaron en 2011 la inscripción automática y el voto voluntario precisamente para integrar a aquellos que ya no se estaban inscribiendo en los registros electorales. Esos cambios fueron puestos a prueba por primera vez en una elección presidencial y parlamentaria el pasado 17 de noviembre. Pero no fueron suficientes ni siquiera para alivianar un poco la crisis de representatividad de los parlamentarios.

Que Alvial haya obtenido el 6,02% de las preferencias no quiere decir que represente en la Cámara a ese mismo porcentaje de ciudadanos. El porcentaje real es mucho menor. Porque el cálculo que hace el Servel considera sólo los votos válidamente emitidos, es decir, aquellos que marcaron preferencia por algún candidato. Excluye, por lo tanto, a todas las personas que podrían haber votado y eligieron no hacerlo y a los que anularon su voto o sufragaron en blanco. En las elecciones del 17 de noviembre, estos últimos correspondieron al 50,63% del padrón total del distrito 56, es decir, 71.361 personas.

Para calcular la cifra de la representatividad real que tendrá Alvial cuando asuma en marzo de 2014, al igual que cualquier otro parlamentario, CIPER comparó proporcionalmente sus votos obtenidos con el padrón total de su distrito, y no sólo con los votos válidamente emitidos, como lo hace el Servel. Es entonces que la elección de Alvial se convierte en el mejor ejemplo de las debilidades del sistema, ya que su elección es un triunfo político de su coalición y no de la ciudadanía que acudió a votar. Porque cuando asuma como diputado, su representatividad real será de apenas un 2,97%.

CÁMARA POCO REPRESENTATIVA

En las elecciones del domingo 17 de noviembre, de acuerdo al padrón oficial publicado por el Servel, poco más de 13,5 millones de personas en todo el país podrían haber votado por algún candidato a la Cámara de Diputados. Pero, como el voto es ahora voluntario, muchos decidieron no hacerlo. De hecho, alrededor de 6,9 millones de ciudadanos mayores de 18 años optaron por restarse del proceso y no fueron a votar, es decir, el 50,75% del padrón. Esa cifra, en todo caso, no es del todo precisa.

Por un lado, el padrón electoral aún no está completamente depurado. Según señaló a Radio Duna el presidente del directorio del Servel, Patricio Santamaría, todavía “podría estar inflado con una cifra cercana a las 400 mil personas”. Esto porque aún figuran como inscritas personas fallecidas o que se encuentran inhabilitadas para votar. Además, también incluye a los más de 800.000 chilenos que viven en el extranjero y que están imposibilitados de votar, lo que abulta las cifras de abstención.

Lo que sí es cierto es que en las elecciones del 17 de noviembre fue a votar menos gente que en años anteriores. En el caso de los diputados, hubo una disminución de casi 580.000 personas respecto al proceso electoral de 2009. Así, estas elecciones presidenciales y parlamentarias se convirtieron en las de más baja participación desde el retorno a la democracia, situando a Chile como “el número uno en baja participación electoral en América Latina”, según escribió el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), Carlos Huneeus, en una columna que publicó El Mostrador. Este alto nivel de abstención es uno de los principales factores que atentan contra la efectiva representatividad de una institución que existe precisamente –y paradójicamente– para representar los intereses de la ciudadanía.

A lo anterior, se suma también el alto número de personas que si bien acudieron a sus locales de votación, tomaron la papeleta de diputados y la dejaron en blanco o la anularon. Si se agrega a aquellos que no votaron, da un total de casi 7,4 millones de personas que no manifestaron preferencia por ningún candidato, lo que corresponde al 54,28% del electorado. Ninguno de ellos estará representado en la Cámara a partir del próximo año.

Lo anterior, en todo caso, no significa que el 45,72% restante esté efectivamente representado en el Congreso. Ese porcentaje corresponde a los poco más de 6,2 millones de votantes que sí optaron por algún candidato, pero no todos ellos resultaron ganadores. Si se suman los votos que obtuvieron los 120 diputados electos, da por resultado un total de apenas 3,7 millones. Esa es la cifra de ciudadanos que sí estarán representados en la Cámara Baja durante los próximos cuatro años, los que no superan el 27,49% del padrón (ver tabla por regiones).

Los datos analizados por CIPER dan cuenta de una preocupante profundización en la crisis de representatividad de la Cámara de Diputados, la que se ha traducido en una baja general de los niveles de representación real de la ciudadanía. Un ejemplo claro de ello ocurre en la región de Arica y Parinacota, donde tras la elecciones de 2009, los dos diputados electos para el distrito 1 sumaron 40.069 votos, que corresponden a un nivel de representación de 30,38%. Sin embargo, luego de las elecciones del 17 de noviembre pasado, los nuevos parlamentarios –Luis Rocaful (PS) y Vlado Mirosevic (PL)– apenas lograron sumar 29.249 votos, o sea, una representación de 16,82%.  En gran medida eso se debe a que en estas elecciones cerca del 61,5% de los electores de ese distrito no votó o no marcó una preferencia.

Si los diputados de Magallanes hasta ahora representaban a un 34,42% de su electorado (40.010 votos), los parlamentarios entrantes –Gabriel Boric (IND) y Juan Enrique Morano (DC)– apenas superarán el 17% (26.171 votos). Y si en Antofagasta son 105.350 los mayores de 18 años que tienen voz en el Congreso a través de sus diputados (26,5% del total de la región), desde el próximo año serán tan sólo 79.237, es decir, menos del 19% del padrón regional.

Lejos de ser casos aislados, lo que ocurrió en estas tres regiones son sólo ejemplos de cómo en todo Chile disminuyó la legitimidad que le otorga la ciudadanía a los parlamentarios como sus representantes en el Congreso (ver tabla por distrito). En todas las regiones del país se registró una disminución en el número de ciudadanos representados en la Cámara, básicamente por dos factores: porque fueron menos las personas que ejercieron su derecho a sufragar y menos aún los que le dieron su voto a un candidato que resultó electo, y por efecto del sistema binominal.

LOS DIPUTADOS MENOS REPRESENTATIVOS

Al igual que Adolfo Alvial en la Región de Los Lagos, el actor Roberto Poblete estuvo lejos de obtener la mayoría de los votos en las elecciones del 17 de noviembre. Él competía como independiente por la Lista C para convertirse en uno de los dos diputados del distrito 47, en la Región del Bío Bío. Y aunque las 15.803 personas que votaron por él sólo le permitieron obtener la tercera preferencia entre los vecinos de Alto Bío Bío, Antuco, Los Ángeles, Laja y las otras ocho comunas que conforman el distrito, la alta votación que logró su compañero de lista, el radical José Pérez, le abrió el camino para llegar a la Cámara de Diputados.

Poblete fue otro de los candidatos de la Nueva Mayoría beneficiados por el sistema binominal. Aunque tenía la carrera perdida, el actor se aseguró un asiento en la Cámara con apenas el 12,83% de los votos válidamente emitidos en su distrito. Después de Alvial, es la segunda votación más baja entre los nuevos diputados electos. Y de la misma forma, es el segundo en el ranking de los diputados con menor representatividad, ya que apenas representa al 5,77% de su electorado (ver ranking completo de diputados).

No es de extrañar que en la lista de diputados electos con menor representación, detrás de Alvial y Poblete, figuren Daniel Núñez (PC), Alberto Robles (PRSD) y Felipe Letelier (PPD). Todos ellos habían perdido el cupo en la Cámara, pero fueron “arrastrados” por sus compañeros de lista a través de doblajes en sus respectivos distritos. Así, Núñez se convirtió en diputado a pesar de representar apenas un 5,8% de los inscritos en el padrón del distrito 8, en la Región de Coquimbo. Por su parte, Robles llega al Congreso como representante de tan sólo el 5,97% de los electores del distrito 6, en la Región de Atacama. Y Letelier, quien resultó electo como diputado por el distrito 33, en la VI Región, representa sólo a 6,76% de la población que pudo haber votado el domingo 17 de noviembre.

En la misma situación está Marcelo Chávez (DC), el último de los “arrastrados” entre los 10 nuevos diputados con menor representatividad. Él también resultó elegido luego de que junto a su compañera de lista, Clemira Pacheco (PS), lograran doblar los votos obtenidos por los candidatos de la Alianza en el distrito 45, en la VIII Región. Pero a diferencia de los diputados ya mencionados, él no está entre los que encabezan el ranking. Chávez ocupa el 10º lugar, con una representación del 8,19% de su electorado. Pero hay cuatro diputados que no resultaron electos por doblajes y que tienen incluso menor representatividad que Chávez.

Ellos son: Felipe Kast (UDI), Juan Enrique Morano (DC), Pedro Browne (RN) y Paulina Núñez (RN); ninguno de ellos fue favorecido por doblajes y, aunque obtuvieron la segunda mayoría en sus respectivos distritos, ninguno supera el 8% de representatividad de su electorado.

De los 120 diputados que conformarán la próxima legislatura, 24 presentan niveles de representación por debajo del 10%. Y son de todos los sectores políticos. De ellos, 10 son candidatos electos de la Nueva Mayoría y 13 de la Alianza. El que completa el cuadro es Vlado Mirosevic (PL), el único candidato del pacto “Si quieres, Chile Cambia” que fue electo en todo el país.

Al otro lado de la tabla, se encuentran los parlamentarios que ostentan los mejores niveles de representatividad de la nueva Cámara de Diputados. Esa lista, que encabeza Fidel Espinoza, es menos heterogénea que la anterior. Entre los 20 diputados más representativos del futuro hemiciclo, 16 forman parte de la Nueva Mayoría, dos son independientes –Alejandra Sepúlveda y Giorgio Jackson– y los otros dos son los candidatos del único doblaje que obtuvo la Alianza: Ernesto Silva (UDI) y Cristián Monckeberg (RN). En todo caso, ninguno de ellos supera el 28% de representatividad.

Los dos últimos son parte del grupo de diputados actuales que fueron a la reelección y triunfaron. En su caso, sus niveles de representatividad respecto al período 2010-2014 no han variado mucho, precisamente porque en su distrito (Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura) la participación electoral en vez de bajar, aumentó. De hecho, Silva hoy representa al 17,01% de sus electores, y desde el próximo año, esa representación será mayor, alcanzando el 19,97%. En cambio, muchos otros vieron en estas elecciones cómo el apoyo de sus votantes redujo drásticamente sus niveles de representatividad.

MENOS REPRESENTATIVOS QUE AYER

En las elecciones de 2009, Claudia Nogueira (UDI) renovó su presencia en el Congreso para un segundo período con los votos de 38.297 personas que depositaron en ella la responsabilidad de representarlos. Sin embargo, cuatro años después, su popularidad no fue la misma. En las elecciones del 17 de noviembre, Nogueira sólo consiguió que 22.992 electores marcaran su nombre en la papeleta que luego depositaron en las urnas. Es decir, más de 15.300 votos menos que en la última elección. Esa baja también se ha visto reflejada en los niveles de representatividad ciudadana que tendrá apenas comience la próxima legislatura. Porque si el apoyo que obtuvo en 2009 se tradujo en una representatividad real de 27,43%, desde marzo de 2014 sólo representará al 10,7% de los vecinos de Recoleta e Independencia.

La baja en el apoyo que obtuvo Nogueira por parte del electorado es la más alta entre los 78 diputados que acaban de ser reelectos. Pero no es la única que disminuyó su representatividad. De ellos, 38 representarán a contar del próximo año a cerca de 258.000 ciudadanos menos que en 2009.

José Antonio Kast

Un ejemplo de lo anterior es el caso de José Antonio Kast (UDI). Desde 2002, Kast fue diputado por el distrito 30, donde en las últimas elecciones obtuvo el voto de 53.423 personas, lo que le entregaba una representación del 16,74%. Pero en las elecciones del 17 de noviembre, Kast competía en un terreno nuevo: esta vez, como candidato de la Alianza para el distrito 24. Y allí apenas obtuvo 24.313 votos, lo que le sirvió para tener la tercera mayoría y ser electo gracias al sistema binominal. Desde el próximo año, Kast representará a 29.110 personas menos que hoy, sólo un 9,27% del total.

Otro ejemplo es Guillermo Ceroni (PPD), diputado desde 1994 por el distrito 40, en la Región del Maule. Ceroni figura como uno de los parlamentarios con mayor baja en su representatividad en relación a la última elección, cuando 32.643 personas le dieron su voto, convirtiéndolo en el representante del 31,2% del electorado de su distrito. Pero ahora obtuvo más de 13.100 votos menos, por lo que su representatividad a contar de 2014 será de tan sólo 15,28%.

Lo mismo ocurre con Felipe Ward (UDI), Jorge Tarud (PPD), Ramón Barros (UDI) y Alberto Robles (PRSD): todos redujeron su nivel de representación en más de 10 puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2009. La disminución de los cuatro se traduce en casi 34.500 ciudadanos que hasta hoy han tenido representación en la Cámara y que en la próxima legislatura ya no la tendrán.

La variación de la representatividad entre las elecciones de 2009 y las de 2013, en todo caso, no es igual para todos los diputados reelectos (ver tabla de diputados reelectos). Al mismo tiempo que algunos vieron disminuir su apoyo en las urnas, hubo otros que mantuvieron o incluso aumentaron su nivel de representación. El caso que más sobresale es el de Pepe Auth (PPD), quien en 2009 ingresó al Congreso como diputado por el distrito conformado por las comunas de Cerrillos, Maipú y Estación Central con una representatividad de apenas un 7,28%. Fue durante todo el período 2010-2014 uno de los parlamentarios que menos personas representó. Pero ahora, con 32.670 votos más que en la última elección, su nivel de representatividad prácticamente se duplicó, y desde el próximo año pasará a representar al 15,39% de su electorado.

Los 78 diputados que resultaron reelectos llevan en promedio nueve años en el Congreso. Algunos, como Patricio Melero (UDI), Sergio Aguiló (IND), Jorge Ulloa (UDI), José Miguel Ortiz (DC), René García (RN) y Sergio Ojeda (DC), llevan más de 24 años en el cargo, o sea, desde que volvió la democracia. Ese es precisamente uno de los factores que han aumentado la desconfianza en la ciudadanía hacia la clase política, la que se traduce en abstención al momento de votar, impactando directamente en la representatividad de los parlamentarios.

Cuando en 2011 CIPER hizo la primera medición de la representación real de los diputados, el director de Adimark, Roberto Méndez, señaló en una entrevista que los datos confirmaban una serie de señales que apuntaban a un agotamiento del sistema político y electoral. A su juicio, los tres pilares que se debían revisar para mejorar la representatividad ciudadana del Congreso eran el sistema binominal, la estructura democrática de los partidos y el sistema de reelección ilimitada que ha transformado a los parlamentarios en “profesionales” de la política. Han pasado tres años y lo único que ha cambiado es que ahora la inscripción al padrón es automática y el voto voluntario. Mientras, los pilares a los que se refería Méndez siguen sin ser tocados por los legisladores.

Este martes 19 de noviembre, mientras el Congreso bullía entre abrazos y comentarios post electorales, en un pasillo del Senado se fraguó un acuerdo político transversal, en la antesala de la sesión de comisión mixta sobre el proyecto de Ley de Fármacos. Una hora más tarde, se aprobó por unanimidad y con la anuencia del ministro de Salud, Jaime Mañalich, un artículo de alta sensibilidad para la población y que permite cambiar en la farmacia el medicamento recetado por el médico por uno genérico, cuando exista bioequivalencia certificada. Es decir, un fármaco que ofrece garantías de que cumple con las mismas propiedades terapéuticas del de marca, pero que es más barato.

Comisión mixta

Se trataba de un punto trabado en una ley urgente que intenta corregir y regular los graves problemas de acceso a los medicamentos en nuestro país. La discusión se dilató meses, por una disputa económica –con millonarios intereses de por medio– de una industria farmacéutica poderosa, que se resiste a nuevas regulaciones y que se ha volcado a defender sus intereses en el Congreso.

Lo que está en juego es el reordenamiento de un negocio que hoy controla un grupo de farmacias –Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada– con el 95% de las ventas y que en 2012 les generó ingresos por US$1.500 millones. El otro actor del negocio está compuesto por los laboratorios farmacéuticos, un grupo de 60 empresas, diez de las cuales controlan el 47% de los ingresos totales, que en 2013 ascienden a US$1.066 millones, según cifras de IMS Health.

En esta ley hubo tres puntos básicos en juego, aunque no todos lograron sobrevivir a la tramitación legislativa. Primero, se buscaba abrir la competencia para que entren nuevos actores al negocio, como supermercados y otros locales, rompiendo el monopolio de las farmacias en la venta de medicamentos y apostando a una baja en los precios. Segundo, poner atajo a la cadena de incentivos que contamina la relación entre laboratorios, farmacias, médicos  y vendedores, abriendo la venta en góndolas de medicamentos que no requieren receta, sin tener que pasar por un intermediario. Y tercero –muy ligado a lo anterior– es lo que se aprobó en la comisión mixta y que obliga a los médicos a escribir siempre en la receta –además del nombre de fantasía– el nombre genérico que lo identifica por su principio activo en la denominación común internacional, siempre y cuando tenga certificación de bioequivalencia. Una medida de alto impacto para la industria, no sólo para los laboratorios que producen medicamentos de marca con patente o similares, sino también para las farmacias que generan importantes ingresos con la venta de marcas propias.

CIPER investigó cómo han operado las redes del lobby farmacéutico en el Congreso en los últimos tres años, desde que ingresó a trámite el primer proyecto de ley sobre medicamentos. A pesar de que los parlamentarios son reacios a hablar públicamente del tema, finalmente admiten haber sido testigos y objeto de las prácticas y estrategias que utilizan las farmacéuticas, los gremios, las empresas de comunicaciones y el propio gobierno, para imponer sus agendas: reuniones privadas, minutas con indicaciones para votar, llamados telefónicos e incluso agresivas ofertas preelectorales como moneda de cambio.

Quien abrió los fuegos fue el ministro Jaime Mañalich cuando acusó directamente y sin ambigüedades a la industria farmacéutica de ser “el lado oscuro de la fuerza”, utilizando un “lobby gigantesco” en beneficio de sus intereses. Y apuntó, de paso, a parlamentarios coludidos con el sector. La grave acusación, sin precedentes, de la principal autoridad de Salud del país, obligó a reaccionar a los legisladores y catapultó la sospecha del lobby al primer lugar de la tabla.

VELÁSQUEZ: “ME OFRECIERON AYUDA PARA LA CAMPAÑA”

La primera ofensiva del lobby farmacéutico se produjo a fines de 2010 cuando el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, envió a la Cámara un proyecto de ley que permitía vender medicamentos que no requieren receta (OTC por su sigla en inglés “over the counter”) en supermercados, minimarkets y otras tiendas de conveniencia (ver proyecto). Rápidamente, las cadenas farmacéuticas advirtieron allí una amenaza concreta de perder el control de una parte de su negocio al abrirse una puerta para que el retail entrara con fuerza a competir.

Pedro Velasquez, diputado independiente

Para las cadenas de farmacias, los llamados OTC  representan un 25% aproximado de los US$1.500 millones que obtuvieron como ingresos en 2012 por venta de medicamentos, porcentaje que es similar para los laboratorios farmacéuticos (23%). En los últimos cinco años, según el estudio que encargó el Ministerio de Economía –“El mercado de los medicamentos en Chile”, abril de 2013–, la cantidad de unidades vendidas aumentó en un 30% y su precio creció en un 17,3%. En esta categoría se incluyen analgésicos, antiinflamatorios, antigripales, descongestionantes, antihistamínicos y otros productos farmacéuticos que no son medicamentos.

Para quienes conocen el negocio, en este segmento están cifradas las mayores expectativas de crecimiento y de ahí el interés de nuevos actores en entrar a competir. Por eso, las farmacias entraron a la cancha legislativa.

El diputado José Manuel Edwards (RN) fue enfático al describir el lobby: “En ningún otro proyecto de ley me ha tocado sentir tanta presión de los lobbistas de las farmacias como la que sentí respecto de éste. Con ello no estoy diciendo que exista corrupción o algo parecido, pero sí que hubo un lobby escandaloso”.

El diputado independiente Pedro Velásquez reveló a CIPER un episodio que da cuenta de una práctica de lobby frecuente en el Congreso, como lo admitieron otros parlamentarios que no quisieron hablar públicamente. Velásquez –quien fue censurado en 2013 y no pudo asumir la segunda vicepresidencia de la Cámara por tener pendiente una deuda con el municipio de Coquimbo, tras condena por fraude al Fisco– cuenta que, mientras se tramitaba este proyecto en la Comisión de Economía de la Cámara, una persona le solicitó una reunión en sus oficinas parlamentarias.

–Me pidió audiencia una persona que trabaja en el Congreso para un área de asesoría, una persona que siempre veo tomando notas en distintas comisiones, pero cuyo nombre prefiero no revelar. Lo recibí y me dice que tiene contacto con ejecutivos de una farmacia. “Ellos quisieran conversar contigo para agradecerte por el tema de tu voto, porque has mantenido el voto de no vender medicamentos en los supermercados. Ellos quieren que tú cuentes para cualquier cosa, en el ámbito de la campaña, en lo que tú estimes conveniente. El día de mañana vienen las elecciones y ellos se ponen a disposición tuya”, agregó. Yo le pregunté cuál es el objetivo de ellos. Y su respuesta fue: “que mantengas tu voto”.

El diputado Velásquez se negó a revelar el nombre de la cadena farmacéutica a la que aludía su interlocutor.  El registro indica que en la sesión de la Comisión de Economía en la que se votó el detalle del proyecto, el diputado entró y salió de la sala y sólo votó uno de los artículos: se opuso a abrir el negocio a los supermercados y otras tiendas de conveniencia, en la misma línea de lo que planteaban las cadenas de farmacias.

El parlamentario aclara que su decisión fue previa a la conversación con el emisario de las farmacias: “Le dije a la persona que me pidió la audiencia que yo no necesitaba nada para mi campaña. Y no es que no lo necesite, pero le aclaré que si yo voto así (en contra) es por los pequeños farmacéuticos que se van a ver perjudicados y obligados a cerrar sus puertas si se abre la competencia, y no por favorecer a las cadenas de farmacias”.

Según relata Pedro Velásquez, la conversación no se detuvo ahí:

–Esa persona me preguntó también si había otros diputados que estuvieran indecisos, porque me dijo que había un lobby muy fuerte del gobierno para cambiar los votos y que ya había algunos diputados que se habían dado vuelta. Terminó recomendándome que no fuera a cambiar mi voto por la presión del gobierno.

En esa primera votación y primera prueba de fuerzas, el gobierno consiguió mayoría en la Comisión de Economía para aprobar la venta de medicamentos OTC en supermercados y otros locales afines. Pero se encontró con la primera muralla en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, por el férreo rechazo de los diputados Enrique Accorsi (PPD), Juan Luis Castro (PS), Marco Antonio Núñez (PPD), Manuel Monsalve (PS), Víctor Torres (DC) y la diputada Karla Rubilar (RN), única representante del oficialismo. La llamada “bancada blanca” de los seis diputados médicos se convertiría, a partir de ese momento, en un poderoso dique de contención para frenar la apertura del mercado farmacéutico, usando siempre argumentos médicos para respaldar sus votaciones.

Según un estudio publicado por el Centro de Estudios Horizontal –think tank de la derecha liberal dirigido por Hernán Larraín Matte–, si se aprobara la apertura total del mercado para los medicamentos OTC, se generaría un ahorro para la población de US$50 millones al año en un escenario conservador y US$180 millones en un escenario optimista, producto de la caída en los precios generado por una mayor competencia. En términos concretos, una familia del quintil más pobre ahorraría $1.776 al año en el primer escenario y $6.486 en el mejor de los casos, considerando que destina un 70% de su gasto en salud a la compra de medicamentos.

La insistencia del gobierno en abrir la competencia en el rubro farmacéutico apunta a resolver el grave problema de acceso a medicamentos que hoy padecen las personas más vulnerables que viven en zonas apartadas, marginales y en situación de completo abandono, sin posibilidad de acceder a una farmacia o un servicio de salud (ver reportaje sobre zonas ocupadas).  Datos objetivos avalan sus dichos. Según la Encuesta Nacional de Uso Racional de Medicamentos realizada por el Ministerio de Salud (2011), un 29% de la población compra medicamentos en lugares no autorizados –quioscos, ferias y comercio ambulante–, que no cumplen con las medidas sanitarias ni la fiscalización debida. Y allí compran no sólo medicamentos de uso común, sino también los que se venden bajo receta médica, con los peligros que implica acceder a medicamentos que pueden estar vencidos o en mal estado.

El diputado y médico Juan Luis Castro (PS) no está de acuerdo con liberalizar el mercado: “¿Cómo se va a evitar que las estaciones de servicio, los bares o los restaurantes vendan remedios vencidos? Si el sistema de salud llega a todos los puntos del país, ¿por qué no puede distribuir medicamentos bajo supervisión sanitaria en las postas rurales y consultorios? Con ello se evitaría que cadenas de supermercados como Walmart, Lider o Jumbo lucren con el mercado farmacéutico”.

Los diputados médicos aseguran que el acceso directo a medicamentos en el retail es riesgoso por la automedicación y los peligros de intoxicación, especialmente para menores de edad. Ese argumento es en parte respaldado por el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, quien citó las conclusiones de un estudio realizado por el Centro de Información Toxicológica de la UC (CITUC, del que fue director) en 2012: casi un 60% de las intoxicaciones se debe a la ingesta de medicamentos, con mayor riesgo para los menores de edad en el consumo de OTC y especialmente, en casos de intentos de suicidio. Por eso, alertó sobre la necesidad de que se extremen las medidas de seguridad en los envases y condicione de venta, en caso de que se abra el acceso directo en la venta para estos medicamentos.

Más allá del negocio en juego en el proyecto de ley en trámite, lo cierto es que la regulación del acceso a los medicamentos es clave en un país que exhibe la tasa más baja de farmacias por habitante en América Latina (1 por cada 9.438), con 50 comunas que no tienen ni una farmacia o almacén farmacéutico a la redonda. A ello se suma que el precio de los medicamentos ha subido un 23% en los últimos cinco años, provocando fuerte impacto en la población más vulnerable que destina un 70% de su gasto en salud a comprar medicamentos de primera necesidad.

El alza concertada en los precios entre las tres cadenas principales de farmacias quedó en evidencia con la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que en diciembre de 2008 concluyó que hubo un acuerdo para controlar el precio de 222 medicamentos, muchos de ellos para enfermedades crónicas. El Tribunal de la Libre Competencia aplicó la máxima multa (US$ 20 millones) a Cruz Verde y Salcobrand por colusión. A su vez, la Corte Suprema dejó a firme el acuerdo conciliatorio entre la FNE y Farmacias Ahumada, y ratificó las multas a las otras dos cadenas. Está pendiente un recurso interpuesto por el Sernac para indemnizar y compensar a los afectados por la colusión.

FARMACIAS MOVILES ESTRATÉGICAS

José Manuel Edwards, diputado RN

La investigación de CIPER indica que las cadenas farmacéuticas probaron una segunda estrategia para revertir la votación de los diputados que estaban por liberalizar el mercado de la venta de medicamentos. Mientras se discutía el primer proyecto del gobierno en la Comisión de Economía, la cadena Cruz Verde activó –por coincidencia o no– un plan para llevar farmacias móviles a localidades apartadas. La ruta diseñada incluyó la localidad de Hualpín (región de La Araucanía), una de las que representa el diputado José Manuel Edwards (RN), quien debía votar el proyecto en la Comisión de Economía. Fue el mismo Edwards quien después dejó en evidencia el hecho en la sala: “Como diputado por Hualpín, por supuesto que agradezco a la cadena de farmacias que envió una farmacia móvil a la zona, pero quiero expresar que esa no es una solución”.

–Los representantes de Cruz Verde me ofrecieron incluir las localidades que represento en su plan de enviar farmacias móviles a zonas apartadas, las que efectivamente tienen serios problemas de abastecimiento de medicamentos. De hecho, meses después se concretó el servicio en Hualpín, una de las comunas que represento –confirmó a CIPER, el diputado Edwards.

A pesar del beneficio concreto para su comuna, Edwards mantuvo su voto. En el registro de la comisión se observa que votó a favor de todos los artículos que apoyaban ampliar la venta de medicamentos más allá de las farmacias. Luego, en una segunda instancia, cuando se repuso esta idea incorporando el articulo 129C dentro de la ley de fármacos, José Manuel Edwards mantuvo la misma posición.

DIPUTADO TUMA: “HUBO OFRECIMIENTOS CONCRETOS DE CRUZ VERDE”

Joaquín Tuma

Joaquín Tuma (PPD), también integrante de la Comisión de Economía, fue otro  beneficiado por la ruta de farmacias móviles de Cruz Verde en las mismas localidades de la región de La Araucanía que representa Edwards. Pero hubo matices: en el acercamiento del que fue objeto –afirma– nunca le mencionaron las farmacias móviles sino “otros ofrecimientos”:

–Los representantes de Farmacias Cruz Verde me estuvieron pololeando durante muchos meses, hasta que se dieron cuenta de que no iba a modificar mi posición porque primero está el interés de las personas que viven en mi zona y que no tienen acceso a medicamentos –dijo Tuma a CIPER.

Tuma recuerda que “un muchacho que representaba a Cruz Verde, del que no recuerdo su nombre, me visitaba en mi oficina o me abordaba en la cafetería, planteándome que no era bueno que este proyecto se aprobara”

–¿Alguna vez le insinuó ayuda a cambio de que modificara su voto?
–Directamente no, pero indirectamente sí. A uno le ofrecen cosas, pero la verdad es que yo fui muy cortante. No puedo legislar en esas condiciones. No acepto que se me insinúe ese tipo de ayuda, no dinero, pero ofrecimientos de cosas que podrían entusiasmarlo a uno.

–¿Apoyo para su campaña?
–No sé si fue eso, más bien hubo un ofrecimiento de facilitarme las cosas, no en forma personal, sino que eran ofrecimientos para mi comuna. No quiero entrar en más detalle. Pero no se concretó, incluso me ofrecieron conversaciones con ejecutivos de alto nivel, que yo no acepté.

Si se revisa el registro de votaciones, Tuma no sólo votó contra la opinión de las farmacias, sino que fue el único diputado que se desmarcó de la Concertación y se alineó con la Alianza, a favor de abrir la competencia a supermercados y otros.

CIPER intentó tener una versión de Cruz Verde pero no fue posible obtener una respuesta. El diputado Tuma no identificó al emisario de la cadena farmacéutica. La única vía disponible para rastrear el ingreso de asesores o representantes de la industria al Congreso es la nómina de asistentes externos que publican las comisiones de Economía y Salud durante la tramitación del proyecto. Según esos listados oficiales, los representantes de Cruz Verde que asistieron como invitados a la Comisión de Economía son Miguel Celedón, gerente general; Max Huber, gerente de Desarrollo y Claudia Brunaud, abogada del grupo. El gerente de Asuntos Corporativos, Luis Fernando Laso, siguió al detalle los debates y votaciones de las comisiones, pero como público. Laso no es un desconocido entre los parlamentarios: antes ocupó el mismo cargo corporativo en Chiletabacos y desplegó un rol activo a favor de su empleador cuando se discutió la Ley del Tabaco.

Representando a Salcobrand, asistieron Roberto Belloni y Alberto Novoa, gerente General y de Asuntos Corporativos, respectivamente; y Sandra Kemp, quien inicialmente se identificó como abogada de la empresa de relaciones públicas Burson-Marsteller, y luego asumiría como abogada oficial de Salcobrand.

De acuerdo a esos listados, Farmacias Ahumada fue menos activa, aunque en una oportunidad asistieron los abogados Josefina Court S. y Benjamín Mordoj H., del estudio Ferrada-Neghme. Según explicaron a Ciper, asistieron en representación de los ejecutivos, como parte de una asesoría puntual que ya no realizan. En representación de las tiendas de conveniencia y estaciones de servicios, asistió la abogada Tamara López, quien –al igual que Luis Fernando Laso– tuvo activa participación en la Ley de Tabacos, representando entonces a Chiletabacos.

El primer proyecto que abría a los supermercados la entrada al negocio no pasó la prueba de la Sala en la Cámara y naufragó en la sesión del 8 de agosto de 2012. Los ministros presentes sacaron cuentas de los votos y ante el inminente rechazo de la iniciativa, minutos antes de que se votara, el entonces ministro de Economía Pablo Longueira anunció el retiro del proyecto.

Fue una primera derrota que golpeó al ministro de Salud. Cinco meses más tarde, el gobierno volvió a la carga, incorporando esta idea dentro del proyecto conocido como Ley de Fármacos y que está a punto de convertirse en ley. Pero la venta abierta en supermercados no pasó la prueba, y se rechazó una vez más.

EN SUS MARCAS…WALMART Y LOS SUPERMERCADOS

En esos meses, las cadenas de farmacias ya comenzaron a generar más puntos de venta, en caso de que se aprobara la venta de medicamentos en el retail. Salcobrand, controlada por Empresas Yarur S.A., adquirió el control de la cadena de perfumerías Preunic en abril de 2012 –en plena tramitación del proyecto de fármacos– lo que da un total de 410 locales en su negocio. Cruz Verde, controlada por Guillermo Harding, hizo lo propio a fines de 2011, cuando compró la cadena de perfumerías Maicao, a través de la matriz Socofar.

Las tres cadenas de farmacias tienen laboratorios integrados verticalmente, es decir, participan de la propiedad o están asociados a través de un tercero para la producción de marcas propias. Cruz Verde y el laboratorio Mintlab son filiales de la Sociedad Comercial Farmacéutica S.A (Socofar), una de las grandes distribuidoras de medicamentos del mercado; Farmacias Salcobrand S.A., los laboratorios Productos Farmacéuticos Medipharm Ltda. y Farmacéuticas Medcell Ltda., son filiales de empresas Yarur S.A.; y laboratorios FASA S.A. son filiales de Farmacias Ahumada S.A. En conjunto, las tres cadenas cubren el 60% de los locales de farmacias que hay en el país (2.659), pero lo relevante es el control sobre las ventas totales: el 95% de acuerdo a un estudio de ese mercado que publicó el Ministerio de Economía en abril de 2013, con un crecimiento en las ventas de un 34,1%, entre 2008 y 2013.

Hasta ahora, los senadores de la Alianza han cerrado filas para rechazar  la regulación de la integración vertical de laboratorios y farmacias. Un rechazo que se impuso finalmente cuando un informe de dos abogados constitucionalistas (Patricio Zapata y José Luis Guzmán) estimó suficiente la existencia de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal para la Libre Competencia para evitar abusos.

El gremio de los supermercados, también parte interesado en cómo resultaría esta ley, no se quedó atrás durante su trámite en el Congreso. Si se abriera la posibilidad de entrar al negocio farmacéutico –con la venta de OTC– podrían participar de un mercado que hoy es pequeño para la cantidad de actores, pero que tiene opciones de expandirse. Algunos parlamentarios reconocieron a CIPER haber recibido contactos informales de ese sector, pero más discretos que las cadenas de farmacias.

En el Congreso y a diferencia de las farmacias, que actuaron por separado, las grandes cadenas –Jumbo, Santa Isabel, Walmart y Unimarc (SMU)– estuvieron representadas en lo formal por Susana Carey, presidente de la Asociación Gremial de Supermercados (ASECH). Sólo en una oportunidad Carey expuso en la Comisión de Hacienda de la Cámara, acompañada por el asesor comunicacional del gremio, Juan Pablo Moreno, periodista y socio de la empresa de comunicaciones estratégicas Vanguardia Comunicaciones. Sobrino de Jaime Guzmán, fue asesor de Joaquín Lavín en la Municipalidad de Santiago y ha participado en el diseño de campañas estratégicas para este partido.

Susana Carey expuso sobre las bondades de abrir la cancha en el negocio de medicamentos OTC apelando a la mayor competencia, transparencia de precios y mayor acceso. Y se apuró en aclarar que este “no es el proyecto de los supermercados”, porque el mercado de los medicamentos OTC representa sólo un 0,3% del total de ventas anuales del rubro, que alcanza a los US$15.300 millones anuales. El interés en participar de este negocio no está, por tanto, en los volúmenes de venta, sino en abrir una nueva ventana para atraer más clientes a los supermercados, como dijo a CIPER un ejecutivo del rubro.

De los gigantes de esta área, Walmart es el que representa la mayor amenaza para el mundo farmacéutico. Esa cadena tiene experiencia en la venta de medicamentos OTC en su matriz de Estados Unidos, con marcas propias elaboradas en laboratorios integrados verticalmente. Precisamente Walmart fue el centro de la acusación que hizo la diputada (PPD) Cristina Girardi al rechazar el proyecto: “Al parecer el Estado sí está muy dispuesto a entregar un nuevo nicho de negocios, por ejemplo, a la cadena Walmart, que ha estado presionando para que se apruebe la iniciativa. Eso es lo que pretende el proyecto”. Lo mismo hizo el diputado (PRSD) Alberto Robles: “La falsa disyuntiva según la cual da lo mismo dónde comprar medicamentos ha sido inspirada por las intenciones comerciales de los laboratorios, de la gente del retail y de Walmart, que acaba de llegar al país”. Mañalich replica: “Nada de eso. Esto no es más que la urgencia por facilitar el mejor acceso de las personas a más y más baratos medicamentos”.

Walmart ha dado señales concretas de interés en el negocio. Entre abril de 2009 y fines de 2010, el Diario Oficial registra a lo menos doce nuevas marcas comerciales a nombre de Wal-mart Stores Inc. en el rubro de productos OTC, bajo la marcas Equate, Member´s Mark y Parent´s Choice. En cuanto a Cencosud, a través de las cadenas de supermercados Jumbo y Santa Isabel, registra en octubre 2013 una inscripción para productos farmacéuticos, higiénicos y sanitarios de uso médico, con la marca 4Allpeople.Por ahora, el retail de Horst Paulmann no tiene laboratorios asociados ni experiencia en productos OTC. En cuanto a la cadena Unimarc, a través de la sociedad SR Inmobiliaria S.A. inscribió en 2009 la marca Unimark, para productos farmacéuticos, veterinarios y artículos higiénicos para la medicina.

El gobierno insistió por todos los conductos regulares para que el Congreso aprobara la venta de medicamentos OTC fuera de las farmacias, en supermercados y otros locales. Sin embargo, la negativa fue rotunda y reiterada. Sólo queda la opción de un veto aditivo por parte del Presidente. Sin embargo, en el gobierno dijeron a CIPER que lo más probable es que se deseche la opción, porque el veto requiere de una mayoría en ambas cámaras que el oficialismo no tiene. En esta oportunidad, privilegiarían promulgar la ley lo antes posible, de modo que lleve la firma del presidente Sebastián Piñera.

Vea también:  “Las huellas que dejó el lobby en la Ley de Fármacos”

Una persona puede ahorrar entre 70 mil y 2,5 millones de pesos al año si compra un remedio bioequivalente en lugar de preferir uno de marca, según un sondeo del Ministerio de Salud que comparó precios en 12 medicamentos. El ahorro se explica por las diferencias de precio, que pueden llegar al 1.600% en el caso de una droga inmunosupresora. El estudio coincide con una agresiva campaña publicitaria del gobierno en los medios que, bajo el eslogan “Elige medicamentos bioequivalentes”, promueve el uso de fármacos genéricos, que están certificados por su eficacia terapéutica. La ofensiva gubernamental ocurre justo cuando el Congreso está a punto a aprobar la nueva Ley de Fármacos que obligará a los médicos a escribir en la receta el nombre genérico del medicamento con bioequivalencia acreditada. La apuesta es que bajen los precios, pero eso está por verse.

Comisión Mixta de fármacos

El camino para llegar a esta fórmula fue pedregoso por el fuerte lobby que ejercieron laboratorios farmacéuticos y cadenas de farmacias en el trabajo legislativo. Ambos defienden un negocio que les renta ganancias en conjunto por un monto superior a los US$2.500 millones al año, y donde la defensa de sus marcas es prioritaria ante la amenaza de que se extienda el mercado de los genéricos bioequivalentes con precios más competitivos. CIPER reconstruyó la ruta del lobby en el trabajo parlamentario en un punto altamente sensible para la industria: la regulación de incentivos y la definición de los genéricos bioequivalentes en la receta médica.

Así como las farmacias marcaron presencia a lo largo de toda la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados, los laboratorios farmacéuticos y distribuidores hicieron pesar su opinión en reiteradas ocasiones en las comisiones a través de José Manuel Cousiño, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile (CIF); y de Sergio Cedano, Elmer Torres y Rodrigo Cabello, presidente, gerente general y asesor legislativo de la Asociación de Industriales de Farmacias (ASILFA); además de Jorge Velis, director ejecutivo de la Cámara de Medicamentos de Venta Directa (Cameved).

A diferencia del Senado, que publica en su página web quiénes asisten a cada sesión, en la Cámara de Diputados no hay obligación de registrarse como público al trabajo de comisiones. Y es allí, según testimonios recogidos, donde se despliega otra de las estrategias de los lobbystas. Un parlamentario relató a CIPER:

-Es frecuente que, a través de papelitos, se sugieran ciertos temas de conversación o se propongan determinadas indicaciones. Por ejemplo, te proponen preguntas para hacerle a un invitado determinado. Yo recojo el papel y lo rompo públicamente. Es un insulto a la inteligencia.

En Chile, no existe ninguna posibilidad de saber cuánto dinero destina la industria farmacéutica al ejercicio del lobby. No existe ley que exija transparentar ese gasto. En cambio, en Estados Unidos, se sabe que la industria farmacéutica es la que invierte más dinero en la actividad del lobby. De hecho, la gran reforma sanitaria que impulsó el presidente Obama (“Obamacare”) debió sortear grandes embates del lobby farmacéutico. Según una columna publicada en el diario El País, una congresista estadounidense admitió que, para aprobar el grueso de la ley, debieron ceder a la presión farmacéutica y dejar fuera la posibilidad de que el sistema de salud público Medicare utilizara su poder adquisitivo para regular y de ese modo bajar los precios de los medicamentos.

“EL GOBIERNO HA EJERCIDO LOBBY A FAVOR DE LABORATORIOS”

En este potente lobby cruzado que se desplegó en torno al proyecto de ley de fármacos coincidieron los intereses de los supermercados con los laboratorios farmacéuticos, representados por la CIF y ASILFA. Ambos sectores pujaron para promover la venta abierta de medicamentos sin receta, disputando el dominio a las farmacias en un mercado de US$350 millones anuales.

-Los laboratorios cuentan con el gobierno como socio, el que ha realizado el lobby más grande de la historia republicana del país -acusa el presidente de las farmacias independientes, Héctor Rojas.

Héctor Rojas, representante de las farmacias independientes.

El interés de los laboratorios -especialmente los de innovación- en el nicho de los medicamentos sin receta, tiene una potente explicación: representan una alternativa de reconversión en momentos en que están venciendo las patentes que les permiten fabricar en exclusividad los medicamentos de prescripción médica. Para el año 2015 se prevé que el 87%  de los productos farmacéuticos en Estados Unidos serán genéricos y, por lo tanto, con menores retornos económicos porque son más baratos (según antecedentes entregados en la Comisión de Hacienda de la Cámara). De allí que los laboratorios necesiten buscar nuevas alternativas de rentabilidad en los OTC y contar con mayor cantidad de puntos de venta.

-Para esta nueva forma de comercialización, lo que necesitan los laboratorios en Chile es pasar de 1.500 puntos de venta a 15.000 aproximadamente. Este es el verdadero objeto de la insistencia de aprobar esta iniciativa y no una real necesidad de la población -sostiene Héctor Rojas, representante de las farmacias independientes.

Ni el lobby de la industria ni el gobierno pudieron con la mayoría parlamentaria que se opuso a permitir la venta de medicamentos sin receta (OTC) en supermercados y otras tiendas. Esa batalla, al menos, la perdieron.

EL LOBBY DE ZALIASNIK

El segundo nudo de conflicto en la ley de fármacos está en las normas que ponen atajo a las relaciones contaminadas por incentivos entre laboratorios, médicos, visitadores médicos, farmacias y vendedores. Los cambios que vienen son grandes. Allí está el origen de por qué la industria del rubro se ha desplegado en el Congreso. El senador (UDI) Gonzalo Uriarte, admite: “Hay bastante presión. Hay intereses de grandes empresas de por medio, pero nosotros no nos perdemos en procurar el bien común de la población, más allá del interés de las industrias farmacéuticas, de los grupos gremiales y de las grandes empresas”.

En ese contexto, la presencia del abogado Gabriel Zaliasnik durante el trámite del proyecto en comisiones, ha sido motivo de múltiples comentarios entre los parlamentarios. Asistió como invitado a la comisión de salud para dar su “opinión personal” sobre la ley de fármacos, pero de acuerdo a las actas públicas de la sesión, no explicitó que él forma parte del staff de abogados permanentes que asesora al Laboratorio Recalcine. Esta empresa figura entre los principales laboratorios en el país, los que concentran el 47% de los ingresos totales del sector (junto a Laboratorios Chile, Saval, Andrómaco, Pfizer, Merck Serono y Bayer, entre otros).

Gabriel Zaliasnik

Zaliasnik aseguró a CIPER que “lo primero que hice fue decir que si bien tengo un interés personal en el tema por una experiencia familiar en materia de salud, debía dejar constancia que era abogado de laboratorios, hecho por lo demás público y notorio. Tengo interés personal en el tema porque soy abogado especializado en salud, tema que he estudiado en profundidad en Chile y el extranjero a raíz de una enfermedad familiar. Eso es público y conocido. También lo es que como oficina de abogados, somos especialistas en salud y, por lo mismo, trabajamos como abogados para varias empresas e instituciones del área de la salud”.

La prueba más elocuente del compromiso de Zaliasnik con los intereses de los laboratorios es una minuta privada que envió a un grupo de parlamentarios -y a la que accedió CIPER- donde marca puntos que coinciden con los intereses de la industria de los laboratorios. Bajo el encabezado “Postura nuestra finalmente…”, figura mantener la potestad del médico para recetar el medicamento que estime conveniente, y no permitir que en la farmacia se le intercambie por cualquier medicamento, sólo los genéricos bioequivalentes debidamente certificados. Textualmente señala: “Esto para DESEMPODERAR A LAS FARMACIAS…El respeto a la receta médica sirve de contrapeso al poder de la farmacia, impidiendo que ésta reemplace un medicamento por otro de una marca propia o de un laboratorio que proporcione ventajas comerciales a la farmacia en desmedro del paciente” (ver minuta). El abogado Zaliasnik dijo que la minuta fue “abierta y la envié sin distinciones a distintos diputados”.

Los diputados y senadores consultados por CIPER coinciden en que, dentro de las estrategias de lobby, es habitual recibir minutas. Y respecto de este proyecto de ley, señalaron haber recibido documentos con observaciones sobre el proyecto y hasta “indicaciones redactadas” para que los parlamentarios las presentaran como iniciativa personal.

LOS GENÉRICOS PARA BAJAR PRECIOS

Gabriel Zaliasnik y los representantes gremiales de los laboratorios defendieron con ahínco la libertad de los médicos para prescribir el medicamento que estimen conveniente, apuntando a las marcas patentadas o aquellas de genéricos de marca. El argumento es que no se puede cambiar un medicamento patentado o de marca por otro genérico que no tenga reconocida bioequivalencia y que además, este proceso de certificación en Chile no siempre cumple adecuadamente con las normas internacionales. Se opusieron entonces a los cambios.

El proyecto que aprobó el Senado obligaba al médico a prescribir el nombre genérico, conocido como denominación común internacional además de la marca comercial, para que sea el paciente el que baraje alternativas y tengan opciones de intercambiar en la farmacia por un producto más económico, que contenga “el principio activo, dosis y forma farmacéutica recetada”.  No se hablaba en ese artículo de exigir bioequivalencia. La Cámara, con el respaldo de la “bancada blanca”, se opuso a intercambiar el medicamento por cualquier genérico y suavizó el texto dejándola como opcional: sólo si el médico lo estima conveniente prescribe el genérico. Este fue el punto que finalmente zanjó la comisión mixta con aprobación unánime de sus miembros, el martes 19 de noviembre. En definitiva, el médico está obligado a prescribir en la receta en nombre genérico, de denominación común internacional, cuando exista bioequivalencia certificada, asegurando además que las farmacias dispongan de un listado mínimo de fármacos para evitar que privilegien determinadas marcas.

Estudio comparativo del MINSAL sobre medicamentos bioequivalentes

Esta decisión importa muchos millones de dólares para el negocio farmacéutico. Facilitar la sustitución del medicamento por un genérico implica un golpe a las marcas –las que tienen patente, las segundas marcas y las de marca propia de farmacias- que generan los mayores ingresos a las cadenas y laboratorios. En el caso de las farmacias, los ingresos que más han aumentado en los últimos cinco años son aquellos generados por los medicamentos de marca propia (100% de aumento). Los genéricos representan el menor crecimiento de ingresos, aun cuando su precio ha crecido en un 40% (ver estudio del Ministerio de Economía).

El último estudio presentado por el Ministerio de Salud, en noviembre de 2013, indica que existen grandes posibilidades de ahorro para la población, al elegir medicamentos bioequivalentes en lugar de los de marca. Las mayores diferencias se producen con el fármaco tacrolimus, que se administra post trasplante de órganos. El ahorro anual alcanza los $2.518.620; la Atorvastatina, que se utiliza para combatir el colesterol alto, implica un ahorro anual para el paciente de $258.216, si se elige el medicamento bioequivalente.

Según datos aportados por el Instituto de Salud Pública (ISP), un 38% de los medicamentos que han sido certificados como bioequivalentes son genéricos de uso habitual. Sin embargo, eso no asegura el acceso de las personas a los medicamentos. Según una encuesta del Sernac de marzo de 2013, sólo el 29,2% de los 131 medicamentos genéricos bioequivalentes aprobados hasta ese momento por el Instituto de Salud Pública (ISP), estaban disponibles en las tres cadenas de farmacias. La diferencia de precios puede alcanzar hasta $34.440 (3.344%) entre productos destinados al tratamiento de la Hipercolesterolemia y de $19.780 (1.009%) en productos destinados a la Hipertensión Arterial, siendo estas patologías frecuentes en la población y en el último caso la primera causa de muerte en Chile (ver estudio Sernac). A partir de agosto de 2013, los medicamentos con bioequivalencia demostrada tienen un sello amarillo con una letra B en el envase, que los hace fácilmente identificables para las personas.

Estudio comparativo del MINSAL sobre medicamentos bioequivalentes

Los laboratorios farmacéuticos no quieren perder terreno con sus marcas (sean patentadas o similares cuando lo fabrican laboratorios distintos al dueño de la patente). Además, deben lidiar con marcas potenciadas por las cadenas farmacéuticas que han ido ganando espacio. Para defender su posición, argumentan que la bioequivalencia que certifica el ISP no garantiza que los medicamentos cumplan con la eficacia terapéutica y los estándares internacionales de buenas prácticas de manufactura. En el Ministerio de Salud responden que hoy existen nueve laboratorios instalados que cumplen todas las normas sobre manufactura para demostrar bioequivalencia, además de veinte agencias que están certificadas bajo las normas internacionales para otorgar el sello de bioequivalencia.

Actualmente existen 283 medicamentos certificados con bioequivalencia, pero el objetivo es cubrir unos 2.000 medicamentos que son los más comercializados dentro del listado general que autoriza el ISP. El costo para certificar un medicamento es de $60 millones aproximadamente y lo debe cancelar el laboratorio respectivo. En la otra cara, tener más bioequivalentes a la venta significaría abrir un gran abanico de opciones para la población, con beneficios económicos directos.

El abogado de Recalcine, Gabriel Zaliasnik, ha sido especialmente activo en la crítica pública al sistema de certificación de bioequivalencia que opera en Chile. Pero insiste en desmarcarse de la actividad del lobby: “Trabajamos como abogados y por lo mismo no hacemos lobby para nadie. Discrepar con la posición del ministro Mañalich no es lobby. Cualquier acusación de lobby solo busca distraer el foco de atención de lo principal, que es la discusión que se está realizando en el Congreso y a quién beneficia la posición de cada uno. ¿Por qué el ministro esconde que los remedios no tienen certificación internacional para ser intercambiables y que los laboratorios de las farmacias son los grandes beneficiados? Creo que la ley de fármacos lisa y llanamente es mala, y que es preocupante la existencia de algunos grupos de interés cuyo financiamiento se desconoce, pero que sí realizan lobby para el ministro Mañalich y que desinforman a la ciudadanía”, aseguró a CIPER.

El alto impacto que tendría en la población la entrada al mercado de medicamentos genéricos con bioequivalencia quedó graficado en un estudio que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio a conocer en septiembre de 2013, donde se afirma que es la mejor forma de aumentar la competencia y reducir las distorsiones del mercado farmacéutico. Y se estima que puede lograrse hasta un 50% de reducción en los precios de los genéricos, cuando entra al mercado una segunda marca (ver informe).

Facilitar el acceso a medicamentos más baratos es un tema urgente y lo avalan las cifras entregadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD). En su último informe sobre la salud 2013, las familias chilenas son las que más gastan en este ámbito, superando a los 34 países miembros. El  gasto familiar es de un 4,5% del presupuesto mensual, en el caso de Chile, mientras el promedio se sitúa en un 2,8%. Esta es una cifra elocuente, considerando que además, la mitad de ese gasto se destina a medicamentos, uno de los nudos de proyecto de ley.

En esta discusión, la presencia de la industria fue muy activa, en los pasillos y en comisiones. Según el registro disponible de la Comisión de Salud del Senado, figuran con regularidad como invitados: Fernando del Puerto y Hernan Pfeifer, presidente y vicepresidente de ASILFA; Erick Viertel y Jean-Jacques Duhart, vicepresidente y vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Innovación Farmaceutica (CIF) y la asesora, Asunción Martínez. Por Farmacias Salcobrand, asistió el fiscal Alberto Novoa Pacheco y su asesor, el director de la empresa de comunicaciones Tironi y Asociados, Manuel Melero Abaroa (hermano del diputado UDI y presidente de la Cámara, Patricio Melero). Por Farmacias Cruz Verde figura su director Jorge Brenner Hernández y el asesor Luis Fernando Laso. Además, aparece en el listado sin precisar a quien representó, Carmen Celedón Cariola, socia fundadora de la empresa Imaginacción Asuntos Públicos (que dirige Enrique Correa), la que ha reconocido que Cruz Verde es uno de sus clientes.

La disputa fue áspera no sólo entre farmacias y laboratorios, sino también al interior de las dos agrupaciones gremiales: CIF y ASILFA. José Manuel Cousiño separó aguas aclarando que los laboratorios de innovación (que tienen patentes) apoyan que los médicos indiquen en la receta el nombre genérico según la denominación común internacional, no así de los productos genéricos de marca (que producen los laboratorios de ASILFA y las farmacias con laboratorios integrados), porque “constituyen una ficción creada por estrategias de marketing y un abuso considerable”. Y graficó lo dicho afirmando que un genérico de denominación común internacional tiene en Chile un precio promedio de US$ 0,80, mientras que uno de marca gira en torno a US$ 5,60, siendo el mismo producto.

El ministro Mañalich aportó otra cifra: “La gran utilidad que han hecho las farmacias de cadena ha sido fabricar medicamentos con nombre propio, privilegiando su venta. Las marcas propias desde 2009 han aumentado su venta en 26%, medicamentos que en promedio son cuatro o cinco veces más caros que los genéricos”.  Alberto Novoa, fiscal de Salcobrand, replica: “El grupo Salcobrand tiene un laboratorio de muy buen desempeño que vende también sus productos a la competencia y a farmacias independientes. El problema es que sus medicamentos son muy baratos, de modo que cuando la gente pide el producto más económico, inevitablemente llega al de Medipharm”.

EL FIN DE LA “CANELA”

El ministro Jaime Mañalich, ex director de la Clínica Las Condes, sabe bien que esta nueva ley de fármacos quiebra un sistema de incentivos y regalías que hasta ahora operó sin regulación en la cadena de distribución y venta de medicamentos. Por eso, desplegó su furia contra el lobby farmacéutico al que calificó como la “mayor ofensiva” de la industria en el Congreso.

Ministro de Salud, Jaime Mañalich

Un reportaje de Carola Fuentes para el programa Informe Especial de TVN, demostró las variadas formas de marketing que usan los laboratorios farmacéuticos para introducir sus marcas en el mercado: captura con regalos a alumnos de medicina, financiamiento de actividades de formación y de estudios científicos de médicos (“formación continua”), para fidelizarlos con sus marcas, entre otras.

Eso es precisamente lo que la nueva ley pretende eliminar al prohibir cualquier tipo de incentivo “pago, regalo, servicio o beneficio económico entregado o realizado (…) por parte de laboratorios farmacéuticos, droguerías, importadores o distribuidores de medicamentos, establecimientos farmacéuticos en general o por quienes los representen”.

En esa cadena de incentivos, la receta médica es un eslabón esencial: lo que prescribe el médico condiciona mucho la venta. Al terminar con ese condicionante, la nueva ley no sólo fulmina la práctica de los incentivos o “canela” a los vendedores, sino que, además, abre la venta directa de medicamentos en góndolas, lo que pone fin al vendedor intermediario.

Ambos puntos son resistidos por los químicos farmacéuticos y los trabajadores de las farmacias, porque impactan sus ingresos y les resta poder sobre la decisión de compra. Y así lo hicieron también sentir en el Congreso sus representantes, en el trabajo de comisiones y en conversaciones bilaterales con parlamentarios.

Mauricio Acevedo, presidente del sindicato que agrupa a todos los trabajadores de las grandes farmacias, admitió que el sueldo de sus representados tiene un 40% de componente variable y que las mayores comisiones la reciben por la venta de productos de marca propia de la cadena farmacéutica. A cambio de aceptar el fin de los incentivos, los dirigentes lograron –a través de un lobby activo- convencer a los parlamentarios de ambas cámaras de agregar un artículo transitorio a la ley: les asegura un piso mínimo de ingresos, calculado sobre la base de los mejores años de la industria (2011 y 2012), mientras se produce el ajuste de los contratos.

Finalmente, el gobierno no consiguió su propósito de incorporar al retail en la venta de OTC. Lo que sí logró fue que se aprobara la venta en góndolas. Eso significa sacar fuera del mostrador de las farmacias los medicamentos, transparentar más el sistema, de modo que la persona pueda elegir entre más alternativas y cotizar precios, lo que hoy no es posible porque la venta está mediada por el vendedor, motivado a recomendar determinadas marcas por las comisiones que recibe.

Pero no hay buenos augurios para lo que viene. Los trabajadores del rubro ya han advertido: “El riesgo es que la farmacia siga controlando el tema, poniendo en góndola sólo las marcas que les interesan a ellos, y no todas las disponibles en el mercado”.  Y las farmacias reclaman que es necesaria la custodia de los químicos farmacéuticos en el puesto de venta y se oponen a la venta directa, a pesar de que esos mismos profesionales reconocen que, en la práctica, están destinados a labores más administrativas del negocio.

Después de tres años de discusión y del despliegue de un lobby que provocó acusaciones inéditas en el Congreso y una disputa destemplada entre quienes se disputan el botín de los fármacos, la ley que pretende regular el sector finalmente llega a su fin. Sólo falta afinar los últimos detalles en comisión mixta y que los acuerdos sean ratificados por ambas cámaras. Antes de fin de año, debiera entrar en vigencia la nueva ley que regula el acceso a los medicamentos en Chile.

Esta investigación es parte de un proyecto financiado por la Escuela de Periodismo y el Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales.

A menos de 10 años de haber sido constituida con un capital de sólo $2millones, Asesorías en Recursos Hídricos S.A. logró lo que para cualquier empresa de ese tamaño es prácticamente imposible: hizo crecer en 6.500 veces su patrimonio inicial. Y para ello le bastó una sola jugada. Fue en junio de 2008 cuando se saldó la operación más jugosa de su breve y meteórica historia, dejándole a su dueño –el discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga Moreno (62 años)– ganancias por casi $13 mil millones en tiempo récord.

El acelerado desarrollo minero en Atacama y la rampante demanda por agua para sostener la expansión de esa industria, llevó a Quiroga y sus socios a presentar en la Dirección General de Aguas (DGA) entre el 2004 y el 2006 cinco solicitudes para constituir derechos de agua -a través de Asesorías en Recursos Hídricos y otras sociedades relacionadas– en las provincias de Huasco, Chañaral y Copiapó (Tercera Región). Al año siguiente de la última solicitud, la DGA le entregó derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por un volumen total anual de 3.894.696 m³. Así consta en escritura pública con fecha 22 de abril (ver escritura).

Tramo donde el río Copiapó se secó

A partir de ahí, sólo hubo que esperar. Y no fue tanto, porque a los 14 meses la operación rindió frutos. Andina Minerals, de capitales canadienses, le compró hasta la última gota de agua -la misma que Quiroga había obtenido gratuitamente de manos del Estado-, para abastecer su proyecto aurífero Volcán, en la Región de Atacama. La transacción, que en ese momento se concretó mediante un traspaso de acciones correspondientes al 8,4% de la propiedad de la minera, le reportó a Asesorías en Recursos Hídricos S.A., una vez que liquidó los títulos al año siguiente, la suma de 25.795.000 dólares canadienses ($13 mil millones). Negocio redondo en una de las zonas del país más azotadas por la sequía y en la que la DGA ha otorgado derechos que al menos cuadruplican la disponibilidad real de agua dejando en serios aprietos el consumo humano y agrícola, tal como reveló CIPER en la serie de reportajes “Se muere el río Copiapó”, publicados en 2009.

Ese fue el gran despegue de Isidoro Quiroga luego de su aterrizaje en el mercado de las aguas en Chile y en el que opera a través de un complejo entramado de sociedades que se extienden de norte a sur del país. Asesorías en Recursos Hídricos S.A. es tan sólo una de al menos ocho sociedades ligadas a Quiroga que intervienen en este mercado y que acaparan desde hace al menos cinco años derechos de agua sin utilizar por más de 273.000 litros por segundo desde la Provincia del Loa, en el norte, hasta la de Palena, en plena Patagonia.

Fue allí, en Palena, donde en enero de este año Quiroga obtuvo su última gran victoria al doblarle la mano al Estado de Chile y tumbar en tribunales un decreto del Ministerio de Obras Públicas (MOP) –instruido por la entonces presidenta Michelle Bachelet– que prohibía la entrega de derechos de aprovechamiento de agua sobre los ríos Palena y Cisnes por ser “zona excepcional y de interés nacional”. Al momento de dictarse el decreto en 2009, una de las sociedades de Quiroga tramitaba la obtención de 643 m³ por segundo de agua sobre el prístino Palena. La reciente resolución judicial dejó al río desprotegido y a merced de los intereses privados.

La férrea arremetida de Quiroga para derogar el decreto en la justicia coincide con la creciente inversión de numerosas mineras –entre ellas Minera Fuego, propiedad del mismo empresario– que, atraídas por la llamada “fiebre del oro” en la Provincia de Palena, han puesto sigilosamente sus intereses en la zona.

Lo llamativo de esta historia es que, según la legislación vigente sobre aguas en Chile, Isidoro Quiroga no viola la ley. Esto porque el Código de Aguas de 1981 entregó de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad la propiedad sobre el agua a privados, dejándole al mercado la tarea de asignar el recurso. Hoy en Chile el derecho al agua no está asegurado por la Constitución de la República. Bajo los mecanismos establecidos por el código redactado en dictadura, el agua no necesariamente va a dar a manos de quienes la necesitan, sino a las de aquellos que tienen los medios económicos para hacerse de su propiedad.

A más de 30 años de su entrada en vigencia, el Código de Aguas chileno se desmorona a pedazos. No sólo es considerado una excepción a nivel mundial por diversos estudios, sino también un “anti-ejemplo” sobre cómo llevar a cabo la gestión de los recursos hídricos en un país. Falta de transparencia y regulación, asignación inequitativa del recurso, explotación indiscriminada y acumulación ociosa con fines especulativos en desmedro de las necesidades básicas de la población, son sólo algunas de las graves falencias que en buena parte explican la actual crisis hídrica que vive el país.

EL DIVERSIFICADO HOLDING DE ISIDORO QUIROGA

Isidoro Ernesto Quiroga Moreno egresó de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile en 1974. Dio sus primeros pasos como empresario al alero de la producción frutícola en Los Andes (Quinta Región), introduciendo a principios de los ’80 el cultivo de kiwis en Chile. Es un empresario de bajo perfil y son muy pocos los que conocen sus movimientos. Nunca ha dado entrevistas. CIPER intentó comunicarse con él en cuatro oportunidades, pero rechazó todo contacto.

La producción de kiwis fue la primera semilla de lo que a la larga se transformaría en un gran imperio que abarca principalmente el sector agrícola, minero, eléctrico, inmobiliario, bursátil y alimenticio. Aunque es difícil hacer una estimación de su patrimonio con exactitud, atendiendo a sus inversiones y operaciones financieras éste rondaría los US$ 500 millones. Su peso específico en el mercado lo ubica entre los empresarios más adinerados de Chile. Y si bien rechaza toda figuración pública, no adopta la misma actitud a la hora de ejercer influencia política. Son públicas al menos dos reuniones en las que ha participado junto a otros empresarios de renombre (Rafael Guilisasti, Lázaro Calderón, Julio Ponce, Juan José y Enrique Cueto, por nombrar algunos) con el ex presidente Ricardo Lagos. La primera, en 2008, en un inmueble de Valle Escondido, sociedad de la que Quiroga es accionista. La segunda, en marzo de 2012, en casa del influyente abogado Darío Calderón. En ambas se trataron temas ligados al clima político y al futuro económico del país. En la última se insistió en la necesidad de colaborar en la construcción de consensos transversales que permitieran evitar la inestabilidad económica y la ausencia de “reglas del juego claras”, según consignó la revista Qué Pasa.

Quiroga y su directorio de Australis Seafood (Fuente: australis-seafoods.com)

Isidoro Quiroga fue director de Soquimich entre 1996 y el 2002, compañía en la cual poseía acciones desde 1988 y en la cual fraguó una sólida amistad con Julio Ponce Lerou. En 1995 ingresó al directorio de la Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A., de la que posee el 10,82% de las acciones. Pilmaiquén estrenó a fines de 2012 su central hidroeléctrica de pasada Rucatayo, ubicada entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, en medio de la fuerte oposición de las comunidades mapuche y huilliche que habitan la zona.

La mayoría de las empresas de Isidoro Quiroga están agrupadas en el holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. Constituido en 1987, este holding agrupa a las sociedades de inversión El Aromo, Lago Colico, Safora, Kinacu, Río Loa Limitada, Jemad, Mavimadoqui, BP y el fondo de inversión privado Australis, entre otras. También a las sociedades agrícolas Los Pinos y El Canelo de Santa Teresa de Los Andes; la inmobiliaria San Manuel S.A. y la sociedad Educacional San Esteban Limitada.

Quiroga participa también del rubro minero con Minera Fuego, la sexta en Chile con mayor cantidad de suelo concesionado para exploración, con 438.700 hectáreas, según datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). Andacollo Gold, mina de oro que opera en una zona de 22 mil hectáreas ubicada en la provincia de Neuquén, Argentina, y que produce cerca de 500 toneladas de concentrado diariamente, también forma parte de la cartera de empresas del holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. Andacollo no es el único negocio de Quiroga en Argentina. A través de Asesorías e Inversiones Lago Ranco posee más del 50% de la propiedad de Agroamerican, productora de aceite de oliva, uvas y vino en Mendoza.

Otra de las empresas mineras de Isidoro Quiroga es Junior Investment Company, que registra inversiones mineras en Australia y que, a su vez, es la accionista principal de Inversiones Kinacu Limitada, que cuenta con un capital de $9 mil millones.

Uno de los negocios que más le ha quitado el sueño a Quiroga es el de los salmones, industria en la que de a poco ha ido adquiriendo una posición más que relevante.  Australis Seafood, una de sus pocas empresas –junto a Pilmaiquén– que transa en la Bolsa de Comercio de Santiago, posee un capital cercano a los US$185 millones según registra la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Michelle Bachelet da su apoyo a defensores del río Achibueno

Rucatayo ha sido casi la única satisfacción que ha tenido Quiroga en el rubro de la generación eléctrica. Porque el dinero y el tiempo dedicado al proyecto “Central Hidroeléctrica Achibueno”, impulsado por otra de las empresas de Quiroga, Electro Austral, hasta ahora no ha rendido frutos. Se trata de dos centrales de pasada –Castillo y Centinela– que intervendrían 430 hectáreas de bosques nativos en la Región de El Maule, desviando la mayor parte del caudal del río en un tramo de 44 kilómetros. La zona fue declarada uno de los cinco sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad en la Región del Maule por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), en 2002. Un informe evacuado por el Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2012, por solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), fue categórico al señalar que el proyecto tal como está concebido, además de poner en peligro cientos de hectáreas de bosque nativo, va a producir la pérdida de vegetación endémica y flora nativa; de especies de flora en categoría de conservación; mortalidad de fauna nativa de vertebrados terrestres y de peces en estado de conservación crítica, entre varios otros perjuicios. (ver informe).

Al rechazo transversal que concita el proyecto en la comunidad agrupada en el movimiento “Salvemos el Río Achibueno”, se ha sumado el público cuestionamiento hecho por la candidata presidencial Michelle Bachelet en una visita a Linares en septiembre pasado. “Vengo a comprometerme con ustedes, si soy electa presidenta, en mi gobierno no vamos a apoyar el proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Achibueno, porque no cumple ni con los estándares técnicos, ni procedimentales y mucho menos con los estándares de participación ciudadana”, señaló Bachelet, dejando en suspenso el futuro de uno de los proyectos más emblemático de Quiroga.

EL TURBIO MERCADO DEL AGUA

Poco antes de la suculenta venta de derechos de agua a Andina Minerals, Quiroga estuvo a punto de cerrar otro multimillonario negocio. BHP Billiton tramitaba el permiso medioambiental para poner en marcha un proyecto para satisfacer la creciente demanda de agua que requería la expansión de Minera Escondida en la Segunda Región. El proyecto necesitaba la extracción de 1.027 litros de agua por segundo desde acuíferos situados en pleno Altiplano, en el sector de Pampa Colorada, a 160 kilómetros de San Pedro de Atacama. La propiedad de esas aguas subterráneas estaba entonces­ en manos de Exploraciones, Inversiones y Asesorías Mundo S.A (EMSA), otra de las sociedades de Quiroga que opera en el Norte Grande. La oposición de las comunidades aledañas de Socaire, Talabre y Peine, donde el agua no alcanza para satisfacer las necesidades de consumo y riego de todos sus habitantes, no se hizo esperar. Después de un año, en 2007, la Comisión Regional de Medio Ambiente de Antofagasta rechazó el proyecto y Escondida detuvo la compra de los derechos de agua de Quiroga.

La decisión de la autoridad significó el fin de un millonario negocio para Quiroga, quien desde entonces, a través de su empresa EMSA, mantiene derechos de agua sin utilizar por 1.022 litros por segundo en la provincia de El Loa, una zona de escasez declarada y en la que la unidad (1 lt/seg) puede alcanzar los $70 millones.

CIPER revisó archivos de la Dirección General de Aguas (DGA) desde 2008 a 2012 con la información de empresas o personas naturales que pagaron patente por no uso para identificar quiénes son los que acumulan mayores cantidades de agua sin ser utilizada. Para ello, se tomó en cuenta a los propietarios de derechos de agua consuntivos (el agua se extrae y no se devuelve al caudal) y no consuntivos (el agua utilizada se debe devolver al caudal). El ejercicio buscó conocer cuáles son las empresas o los particulares –después de los ya conocidos Endesa, Colbún y Aes Gener- que se inscriben en la nómina de los mayores titulares de derechos de agua no consuntiva en el país y que participan del mercado de las aguas en Chile, acaparando el recurso con fines presumiblemente especulativos.

La revisión permitió identificar numerosas empresas a lo largo de todo Chile que a diciembre de 2012 acumulaban de manera ociosa miles de litros de agua por lo menos desde hace cinco años. Entre ellas destacan: Exploraciones, Inversiones y Asesorías Mundo S.A, que opera principalmente en el norte; Exploraciones, Inversiones y Asesorías Arlequín S.A., que opera en el centro-sur; y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi S.A., que lo hace en el sur y extremo sur de Chile. Todas ellas pertenecen a los mismos propietarios: Isidoro Quiroga y sus dos hermanas, María Victoria y María Dolores Quiroga Moreno, según consta en las escrituras de cada una de estas sociedades.

Nacimiento del río Limarí

Inversiones Mundo S.A. fue creada en 2001 y su propietario es Asesorías e Inversiones Benjamín  S.A, holding de Quiroga. Acumula derechos de agua de tipo consuntivo por 1.022 litros por segundo en la provincia de El Loa, tal como se señaló. Inversiones Arlequín S.A. se constituyó en 1998 con un capital inicial de $5 millones aportado por María Victoria y María Dolores Quiroga. Es Arlequín, a su vez, el propietario de Asesorías en Recursos Hídricos S.A. protagonista del multimillonario negocio con Andina Minerals. Arlequín acumula a la fecha derechos de aprovechamiento de agua de tipo consuntivo por 13.414 litros por segundo, los que no ha utilizado desde al menos el año 2008, y que están repartidos por las provincias de El Loa, Limarí, San Felipe, San Antonio, Melipilla y Malleco.

Inversiones Huturi S.A., constituida en 2002, es controlada por Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. e Inversiones El Aromo S.A. Actualmente cuenta con derechos de tipo no consuntivo por 259.290 litros de agua por segundo, gran parte de los cuales no se han utilizado para ningún fin desde 2009. Los derechos están repartidos por las provincias de Bíobío, Ñuble, Cautín, Malleco, Valdivia, Ranco, Llanquihue, Puerto Montt y Palena.

A estas grandes sociedades se añaden otras más pequeñas: Exploraciones, Inversiones y Asesorías Yaku S.A (2002) y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Intiyaka S.A (2002), de las que si bien hay registros de decenas de peticiones de derechos de agua en el Diario Oficial, la DGA no las registra con derechos constituidos. A ellas se agregan, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Pachingo S.A. (2002), que en diciembre de 2011 obtuvo 245.000 litros por segundo de agua sobre los ríos Mañihuales y Nireguao en Aysén; y Exploraciones, Inversiones y Asesorías Manantiales S.A. (2004), la que posee 3.010 litros de agua por segundo en Melipilla, sin utilizar desde 2008.

Todas ellas son controladas por Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. e Inversiones El Aromo S.A. y están dedicadas “al estudio y ejecución de todo tipo de proyectos relacionados directa o indirectamente con constitución, ejercicio, transferencia o extinción de toda clase de derechos de aprovechamiento de aguas, así como su explotación y comercialización”. El Diario Oficial registra cientos de peticiones a la DGA para constituir derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, de tipo consuntivo y no consuntivo, realizadas por las distintas sociedades de inversión de Quiroga a lo largo de todo Chile.

En Chile, las transacciones de compra y venta de derechos de agua deben quedar registradas en el Conservador de Bienes Raíces de la localidad en la que se llevó a cabo la operación. Sin embargo, un porcentaje de ellas se realiza de manera informal sin dejar huella. Otras quedan registradas en los conservadores pero no son informadas a la DGA y unas cuantas son informadas de manera incompleta sin mencionar el monto ni el destinatario de la transacción. Teniendo en cuenta ese hecho, CIPER indagó en las bases de datos de la Dirección General de Aguas para rastrear cuáles han sido las últimas operaciones de venta de agua de las sociedades ligadas a Quiroga, además de aquella por $13 mil millones realizada por Asesorías en Recursos Hídricos S.A. a Andina Minerals en 2008.

Entre el 2005 y 2012, Inversiones Arlequín registra ventas de derechos de agua de tipo consuntivo sobre los ríos Maipo y Rapel principalmente, que en total ascienden a $300.612.549. Tuvo como compradores a personas naturales, empresas agrícolas y un fondo inmobiliario.

Inversiones Manantiales S.A. registra cinco ventas entre 2008 y 2011 por $239.935.000. Se trató de derechos consuntivos sobre el río Maipo que fueron a parar a manos de una sociedad agrícola y una minera.

Inversiones Huturi S.A. vendió derechos de agua de tipo no consuntivo entre 2009 y 2012 por $16.276.400 sobre los ríos Las Damas (Osorno), Butamalal (Bíobío) y Cayucupil (Arauco) a dos hidroeléctricas y una constructora.

Sólo el total de las operaciones de ventas de derechos de aguas ejecutadas por las empresas de Isidoro Quiroga en los últimos cinco años y que CIPER pudo rastrear, supera los US$25 millones.

AL ACECHO DEL RIO PALENA

El 16 de diciembre de 2009 los habitantes de La Junta y de Alto Palena, en la Región de Aysén, respiraron tranquilos. Ese día la ex presidenta Michelle Bachelet –previo análisis de dos informes técnicos de la DGA ( informe 1 – informe 2)– instruyó al Ministerio de Obras Públicas -vía decreto exento Nº 2.270- denegar cualquier solicitud de derechos de aprovechamiento de agua sobre el río Palena. Con temor sus habitantes habían visto cómo la región se estaba transformando en la “pila de Chile”, como la llaman con ironía algunos lugareños, debido al creciente interés minero en la zona que amenaza severamente el ecosistema de la Patagonia.

Río Palena (Fotografo: Francisco Pardo)

“El rol del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto por sobre el interés particular y privado”, señala el decreto, agregando que “una de las cuencas en que se dan las condiciones de circunstancias excepcionales e interés nacional es la del río Palena (…) el cual presenta condiciones ecológicas y ambientales particulares, con mínima intervención antrópica y con importantes expectativas para el desarrollo local” (ver documento).

Cabe señalar que el río Palena cruza por dos reservas y dos parques nacionales: la Reserva Nacional Lago Palena, con una superficie de 49.415 hectáreas; la Reserva Nacional Lago Rosselot, con 12.750 hectáreas; el Parque Nacional Queulat, con 154 mil hectáreas y el Parque Nacional Corcovado, con 295 mil hectáreas.

El decreto fue tajante “al denegar las solicitudes de aprovechamiento no consuntivos de aguas superficiales y corrientes de los cauces ubicados en la provincia de Palena de la Región de Los Lagos y en las provincias de Aysén y Coihaique de la Región de Aysén, formuladas por personas naturales y jurídicas” a partir de esa fecha.

Al momento de conocerse el decreto, Exploraciones, Inversiones y Asesorías Huturi S.A. tramitaba la obtención de 12 derechos de agua de tipo no consuntivo por 643 m³ por segundo sobre la cuenca del río Palena en las provincias de Palena, Aysén y Coihaique. El decreto dejó sin efecto la solicitud.

La arremetida de Quiroga en la justicia no se hizo esperar y lo hizo por partida triple. Entre los reclamantes –tres en total– no sólo figura Inversiones Huturi S.A, también Exploraciones, Inversiones y Asesorías Pachingo S.A., otra de las sociedades de Quiroga y que acaba de obtener 245.000 litros por segundo en dos ríos de Aysén. El tercer reclamante fue Rodrigo Arriagada Astrosa, brazo derecho de Isidoro Quiroga en Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., quien actuó en representación de Sur Electricidad y Energía S.A. (SURELEC). En el otro extremo del país, Arriagada registra desde 2009 casi una veintena de peticiones a la Dirección General de Aguas de alumbramiento y posterior constitución de derechos consuntivos de agua en San Pedro de Atacama, El Loa, Taltal, Chañaral, Copiapó y Vallenar, por un total equivalente a 3.000 litros por segundo de agua subterránea.

Los abogados de Isidoro Quiroga cumplieron su misión en tribunales con eficiencia. Porque el 25 de enero de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la medida impuesta por la DGA que prohibía la cesión o entrega de derechos de agua sobre los ríos Palena y Cisnes. “Del análisis que hace esta Corte de los aspectos de forma y de procedimiento que llevaron a la dictación de los decretos que se reclaman (…) es suficiente para advertir la concurrencia de un conjunto de defectos e infracciones en la dictación de los decretos (…) que sólo son subsanables por la vía de dejarlos sin efecto”, señala el dictamen (ver resolución).

Uno de estos errores procedimentales que inclinaron la decisión judicial de los jueces a favor de las empresas de Quiroga dice relación con que, al ser un decreto presidencial, éste debía venir con la firma del Presidente de la República y no únicamente con la de los funcionarios del MOP, cartera desde la cual fue finalmente expedido. Desde entonces, las solicitudes hechas por Inversiones Huturi S.A. volvieron a activarse, sin que el presidente Sebastián Piñera –el único que por sus facultades puede volver a validar la medida– se haya manifestado hasta hoy respecto a la reposición del decreto.

Rivera del río Palena

La embestida de Quiroga contra el decreto presidencial puede ser explicada en parte por el creciente interés minero en la zona. De hecho, de las más de 430.000 hectáreas concesionadas a Minera Fuego –de propiedad de Quiroga– a lo largo de todo Chile para exploración minera, cerca de 50 mil están ubicadas en la Región de Aysén, en la zona de los lagos Pollux y Castor. Allí Minera Fuego pretende iniciar actividades extractivas de oro y plata, según reveló un especial de minería publicado por El Mercurio en noviembre de este año. Al interés minero del dueño del holding Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. se suma el de las canadienses Kinross y Mandalay Resources Co., la suiza Glencore Xstrata y la británica Patagonia Gold plc.

Según cuentan habitantes de la zona, en los últimos años ha sido frecuente el desembarco de representantes de consultoras que, sin explicitar para quién trabajan, no han escatimado esfuerzos por impulsar el desarrollo explosivo de la minería, industria que requiere como condición esencial para su operación de agua y energía.

Esta investigación es parte de un proyecto financiado por la Escuela de Periodismo y el Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales.

En marzo de este año, Chile aprovechó su condición de anfitrión de la feria Water Week Latinoamérica, para lanzar el documento que define la hoja de ruta a seguir para la gestión de las aguas en nuestro país por los próximos 12 años: La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012–2025.

Entre coloridos gráficos, tablas y medidas diseñadas para enfrentar los desafíos actuales y futuros, el crudo diagnóstico –incluido casi de soslayo– pasó prácticamente inadvertido en medio de los aplausos de los asistentes: Chile se está secando. “La disponibilidad natural del agua y su demanda en las distintas regiones del país, nos permite concluir que ya al año 2010, desde la Región Metropolitana al norte la demanda superaba con creces la disponibilidad de este recurso. En esta zona del país se observa un déficit en la disponibilidad de agua que en algunas regiones es cercano al 100%”, consigna el documento de cuarenta páginas preparado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP)(ver documento).

El crítico diagnóstico del MOP no resiste ambigüedades. Pese a ello, todos los ejes estratégicos propuestos por la institución –entre los que destaca favorecer la equidad social en términos de acceso, el nudo más crítico del actual sistema– proponen correcciones que pasan por alto la piedra angular que ha condicionado por más de 30 años el manejo y la asignación del agua en Chile: el Código de Aguas de 1981.

La normativa, redactada en dictadura entregó a privados el dominio sobre el agua a través de derechos de aprovechamiento cedidos de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad, dejándole al mercado la responsabilidad de asignar el recurso. También desbarató los mecanismos reguladores y fiscalizadores del Estado. Ello permitió la emergencia y consolidación de un robusto mercado de aguas en Chile en el que los derechos de agua, desde entonces transables, pueden reportarles multimillonarias ganancias a sus propietarios. Así lo demostró CIPER en la primera entrega de esta serie con la historia del discreto e influyente empresario Isidoro Quiroga. Sus efectos son tan crudos como el diagnóstico del MOP.

La dramática realidad que enfrenta el Valle del Limarí

Sólo en el transcurso de 2013, la Dirección General de Aguas (DGA) ha decretado zona de catástrofe en las comunas de Salamanca, Illapel, Canela, Andacollo y La Higuera, en la Cuarta Región, las que se suman a la Ligua, Petorca y Cabildo, en la Quinta Región, que ya se encontraban en esa condición. Asimismo, entre las regiones de Copiapó y El Maule, la DGA ha declarado zona de escasez en cinco provincias, seis comunas y tres cuencas. Al término de 2012 y según datos del Ministerio de Agricultura, 108 comunas de Chile (31% del total nacional) se hallaban en condición de emergencia agrícola producto del déficit hídrico, el doble de las registradas en 2011. Y la situación no sólo se remite a la zona centro–norte: 41 comunas de la Región del Biobío sufren de escasez de agua, la que afecta incluso el consumo humano, según denunció recientemente el presidente de la Asociación de Municipalidades de esa región.

La dramática situación que se vive en varias regiones del país, tiene su origen, en parte, en un lucrativo mercado paralelo de los derechos de agua cuyas transacciones millonarias no han dejado de crecer en los últimos años. Así lo establece un informe de 2011 del Banco Mundial -encargado por la DGA-, el que estima que entre 2005 y 2008, se realizaron casi 25 mil transacciones de compra y venta de derechos de agua entre privados por un valor anual cercano a los US$ 1.2 billones (mil doscientos millones de dólares). La cifra que anualmente mueve el mercado de las aguas en Chile, y que deja en el bolsillo de muchos de los que allí intervienen exuberantes utilidades, es igual a la que fue destinada para la reparación de caminos, puentes, puertos, aeropuertos y edificios públicos tras el terremoto de febrero de 2010 o al incremento del presupuesto en educación durante 2013.

Agricultores de la Región del Maule en problemas por escasez hídrica.

Chile se enfrenta a una de las crisis más graves de su historia en lo que respecta a disponibilidad y acceso de la población al agua. Y la falta de lluvia no es la única responsable. Problemas estructurales de gestión y regulación; aumento explosivo de la demanda por agua, principalmente para abastecer la expansión de la inversión minera y agrícola exportadora; inmovilidad política y una férrea defensa de intereses privados de por medio, han llevado a Chile a las puertas del “colapso hídrico”, según algunos expertos.

–El término correcto para explicar el colapso hídrico que hoy vive Chile es el de escasez más que el de sequía. Lo que aquí sucede es que la demanda supera con creces la oferta y los derechos otorgados a particulares en muchas partes están muy por sobre la disponibilidad real de agua, lo que ha producido el agotamiento del recurso. El problema es grave porque no hay agua para sustentar el modelo de desarrollo que se instaló en Chile en los años ‘80. A partir de entonces nos estamos consumiendo la línea de crédito -señaló a CIPER el hidrogeólogo y profesor de la Universidad de Chile, Raúl Campillo.

Jorge Núñez, investigador del Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y el Caribe de la UNESCO, es claro en señalar que si bien es posible constatar una intensificación de la aridez en algunas zonas, tal como ha ocurrido en otras épocas, lo que determina la actual crisis hídrica es el explosivo incremento en la demanda por agua de las últimas décadas y un aumento de la desprotección de las personas frente a la disponibilidad del recurso.

­–Todos los eventos más importantes de déficit de agua registrados en la historia de Chile desde 1650 en adelante, coinciden con la condición climática que vivimos hoy. Pero nunca la demanda por agua fue tan significativa como lo ha sido en los últimos treinta años. Por ello, los impactos económicos y sociales pueden ser ahora muchísimo mayores que en el pasado. Al incremento exponencial en la demanda de agua, hay que agregar un incremento de la vulnerabilidad frente al déficit hídrico en la última década -señala Núñez.

UNA LEGISLACIÓN A FAVOR DEL LUCRO

La legislación sobre aguas vigente en Chile arrastra falencias desde hace más de 30 años.

Con anterioridad a 1981, el Código de Aguas de 1951 –la primera codificación en la materia existente en Chile– le entregaba al Estado diversas herramientas para ejercer un efectivo control sobre las aguas y sus posibles usos. El Estado podía caducar derechos que no se utilizaran; priorizar el uso del agua cuando dos o más personas lo requerían; las peticiones de derechos debían explicitar su uso sin poder ser alterado una vez otorgado el aprovechamiento; y los derechos de agua estaban indisolublemente asociados a la propiedad de la tierra. En 1967, se introdujo una reforma constitucional que declaró las aguas chilenas de dominio nacional y expropiables en caso de que se requiriera conforme a los cambios de tenencia y uso de la tierra que impulsaba la reforma agraria en curso.

El código de 1981 demolió la institucionalidad vigente introduciendo un modelo único de gestión de aguas a nivel mundial, caracterizado por la nula regulación y una débil fiscalización institucional. El agua se separó de la propiedad de la tierra, lo que fomentó la creación de un mercado paralelo estimulado por la entrega de agua gratuita, a perpetuidad y sin restricción de volumen a particulares.

–Uno de los errores más grandes fue haber entendido al agua como un bien económico, algo que no se ve en otra parte del mundo. Si aumenta la demanda, aumentas la oferta, eso uno lo puede entender si lo que se comercializa son calcetines ¡Pero estamos hablando de agua! -señala Campillo.

En 1992,  el ex presidente Patricio Aylwin ingresó al parlamento una moción para modificar aspectos claves del Código de Aguas. “La acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos, no obstante su obtención original gratuita, constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país”, señalaba el mensaje del Ejecutivo. En lo sustancial, se buscó establecer límites a la concesión de derechos de aprovechamiento de aguas y que éstos, una vez entregados, volvieran a manos del Estado en caso que el titular no les diera uso. Tal como ocurría antes de 1981.

Pese a la urgencia de la moción, los parlamentarios se lo tomaron con calma. Tanta, que el proyecto de ley demoró trece años en el Congreso. Fue a mitad de este distendido trámite, cuando el ex presidente Eduardo Frei comenzó la enajenación y venta de la propiedad de las sanitarias -Essal, Esval y Emos- hasta entonces en manos del Estado, a grandes consorcios extranjeros y que concluyó bajo el gobierno actual tras la venta de las últimas acciones que conservaba el fisco en la propiedad del agua potable en Chile.

El ex presidente Eduardo Frei fue quien inició la venta de las sanitarias a capitales privados.

La Ley 20.017 que modifica el Código de Aguas recién vio la luz el 2005. Tras fuertes presiones del mundo privado –entre los que se encontraba ENDESA que por entonces ya poseía el 60% de las aguas para generación hidroeléctrica del país– y también de algunos legisladores que calificaron el proyecto como un retorno a las “recetas socialistas”, lo que de allí salió fue una reforme cosmética. La moción de restitución de derechos al Estado no fue atendida y fue reemplazada por el cobro anual de una “patente por no uso“, cuyo fin era desincentivar la acumulación ociosa de agua. También tuvo la intención de que los propietarios de los derechos efectivamente los usaran con fines productivos.  Pero una vez más se creó una excepción a nivel mundial en la gestión de las aguas en Chile: la regla general en la mayoría de los países es que se cobre por usar el agua y no por no utilizarla.

–Es llamativo el camino de cobro por no uso del agua que se adoptó en Chile.  Porque ese enfoque de abundancia de los recursos hídricos, se decidió en un contexto internacional donde predomina el enfoque de escasez a través del cobro por uso o tenencia del agua -señala a CIPER el ingeniero en recursos naturales e investigador del Heidelberg Center para América Latina, Christian Valenzuela.

A ocho años de la entrada en vigencia de la única reforma realizada al Código de Aguas de 1981, los hechos demuestran que no ha logrado corregir uno de los principales vicios del sistema: el acaparamiento especulativo del agua. Si bien lo castiga en algún grado, no lo elimina, porque por regla general el valor de la patente es muy inferior a la rentabilidad que alcanza el precio del agua en el mercado y que, producto de la escasez, ha ido en aumento año tras año.

Según una investigación del propio Christian Valenzuela, publicada este año en la Revista de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en regiones como Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, el precio mercado del agua es entre 17 y 22 veces mayor que el valor de la multa por no uso. Antes que renunciar a sus derechos de agua, los titulares prefieren pagar la multa, mantener sus derechos y venderlos sin apuro al mejor postor conforme aumentan los precios año a año. En Antofagasta y Atacama, el precio mercado del agua puede llegar a ser 100 veces superior a la multa por no utilizar el recurso. Así, el mecanismo que supuestamente castiga a quienes acaparan agua de manera ociosa para especular y venderla ni siquiera rasguña a quienes lucran con el recurso.

Lo que en un principio fue planteado como una cirugía mayor terminó siendo, luego de más de una década de trámite en el Congreso, una reforma ambulatoria detrás de la cual aún persisten las insólitas falencias que arrastra el sistema desde su creación: distribución inequitativa del recurso; sobre otorgamiento de derechos; acumulación de agua en manos de privados con fines especulativos; consolidación de un mercado de compra–venta desregulado y poco transparente y debilidad institucional para ejercer una fiscalización efectiva, por nombrar sólo algunas.

–Hace un tiempo, en un congreso latinoamericano de hidrogeólogos, me encontré con unos uruguayos a quienes el Estado les pidió introducir modificaciones a su Código de Aguas. Les pusieron una sola condición: no hagan nada que se parezca al código chileno –indica Campillo.

CHILE VIOLA DERECHO HUMANO AL AGUA

El Estado chileno no cumple siquiera con los estándares mínimos a nivel internacional que protegen y aseguran el derecho humano al agua, es lo que se desprende del Informe de Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales que este año incluyó a Petorca y la grave escasez de agua que vive la provincia, como uno de los casos emblemáticos de violación a los derechos humanos en Chile.

“En la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines de consumo personal y doméstico. Asimismo, debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades”, es lo que establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas entre sus normativas a las que nuestro país adscribe.

Movilización en Vaparaíso, 21 de mayo 2013 (Fuente: Blog "Una mirada de la realidad")

En Petorca, actualmente son cerca de 3 mil las personas cuyo suministro depende de camiones aljibes con agua que no viene en condiciones óptimas para el consumo y son más de 4 mil las hectáreas de cultivo de propiedad de pequeños agricultores que han sido abandonadas por no tener cómo regarlas. Asimismo, se han reportado casos de familias que no cuentan siquiera con agua para satisfacer necesidades higiénicas básicas.

–Si es que se quisiera remediar la legislación chilena para cumplir con los estándares internacionales, tendríamos que volver al Código de Aguas de 1951. Allí existía un orden de prelación que debía seguir la DGA al momento en que se le solicitaran derechos de agua. Y en ese esquema la prioridad era entregar el agua para consumo humano. Ni la Constitución ni el Código de Aguas actual regulan los derechos de aprovechamiento de aguas de acuerdo a los estándares del derecho Internacional de los Derechos Humanos, señala el abogado Matías Guiloff, responsable del capítulo sobre Petorca en el informe de la Universidad Diego Portales.

En la práctica, las contradicciones que ha introducido el Código de Aguas chileno se ven reflejadas, por ejemplo, en el hecho de que, pese a la dramática situación que viven muchas familias en Petorca, a fines de 2012 existían 50 derechos de agua en esa misma zona, en manos de privados, por un caudal total de más de 600 litros por segundo sin ser utilizados al menos desde hace tres años. Así se desprende de las bases de datos de la DGA con las listas de personas y empresas afectas al pago de patente por no uso.

–Al evaluar una solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas no está facultada para denegarla si es que quisiera resguardar las necesidades de consumo doméstico de la población. A los únicos factores que debe atender es que exista disponibilidad suficiente en el respectivo curso de agua y que su otorgamiento sea legalmente procedente -señala el abogado Guiloff.

Un segundo informe oficial, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), incluyó un preocupante capítulo sobre la crítica situación del agua en Chile, donde insiste en las inequidades existentes en la población respecto a la disponibilidad y su acceso. “Los resultados de estas políticas (de Estado) –en lo que refiere a sectores vulnerados: pequeños agricultores, campesinos e indígenas, y comunidades agrícolas– evidencian que, a pesar de estos programas y de la inversión pública, persiste la brecha de acceso para estos sectores, debido al rezago con que han accedido a la titularidad de derechos de agua y que está directamente asociado a la concentración de estos derechos”, señala el documento (ver informe).

En el mapa de conflictos socioambientales que presenta el INDH en su página web (ver mapa), de los casi 100 casos descritos a lo largo de todo Chile, más del 70% involucran directa o indirectamente tensiones relativas a acceso, disponibilidad y uso de agua.

El operador más importante del Transantiago y responsable del traslado de 1.200.000 pasajeros diarios en 30 comunas de la capital está a un paso de fundir sus motores. Inversiones Alsacia S.A. requiere con extrema urgencia una multimillonaria inyección de dinero para pagar las obligaciones pactadas con sus acreedores. Mientras sus 1.600 buses siguen en marcha, sus finanzas arriesgan quedarse sin combustible y del Ministerio de Transportes depende abrir o cerrar la llave de los recursos. La cartera debería pagar US$ 15,2 millones a Alsacia a fines de este mes, pero para recibir ese balón de oxígeno la compañía debe demostrar que sus buses han cumplido con el piso mínimo establecido para dos indicadores de desempeño: “frecuencia” y “regularidad”. Y en ambos la empresa transita al borde de la nota roja, según las estadísticas que registra el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM).

La precaria situación de Inversiones Alsacia S.A. está acreditada por diversos informes de entidades financieras emitidos en los últimos 12 meses, los que indican que tal como están las cosas, hasta este minuto no es sustentable en el tiempo la operación del concesionario. Por eso requiere que se concrete el pago comprometido por el ministerio para asegurar la continuidad de su gestión en los troncales 1 y 4, los que opera a través de sus empresas Alsacia (buses celestes, servicios 100 y 408) y Express de Santiago Uno (buses naranjos, servicios 400 – D).

Bus de la empresa Alsacia que opera en el Troncal 1 del Transantiago (Fuente: Memoria Alsacia Express 2012).

“La compañía registra pérdidas recurrentes en sus operaciones, pérdidas acumuladas y tiene un déficit patrimonial, lo que genera una duda importante acerca de su capacidad para continuar como una empresa en marcha”. Así de lapidarias fueron las conclusiones que en abril de este año emitió Ernst & Young tras revisar los estados financieros anuales de la empresa, correspondientes a 2012. Ese fue el último informe de la auditora antes de que Inversiones Alsacia S.A. prescindiera de sus servicios.

El 18 de febrero de 2014 es la fecha prevista para saber si la empresa efectivamente logrará salir de la UTI con vida. Inversiones Alsacia S.A., de propiedad de la polémica familia colombiana Ríos Velilla (ver recuadro), tiene plazo hasta ese día para cancelar una cuota anual de US$ 51,6 millones a sus acreedores. El pago es para amortizar la deuda que contrajo en 2011, cuando consiguió colocar un bono por US$ 464 millones, crédito que le ha permitido financiar sus operaciones.

El próximo 31 de enero, apenas unas semanas antes de la fecha marcada para el vencimiento de la deuda, el Ministerio de Transportes debiese cursar el pago de los US$ 15,2 millones ($7.697.551.100) a Alsacia. Se trata de la indemnización destinada a la compañía por el término anticipado del primer contrato para operar el troncal 4. En mayo de 2012 entraron en vigencia los nuevos contratos que regulan al Transantiago y todos los operadores fueron resarcidos por el cierre de los antiguos convenios. Pero, debido a su histórico incumplimiento de los indicadores de calidad del servicio, a la empresa concesionaria del troncal 4 –Express de Santiago Uno, que ahora pertenece a Inversiones Alsacia S.A.- no solo se le fraccionó el pago de la indemnización en cinco cuotas, sino que la cancelación de ellas quedó condicionada a que lograra levantar sus alicaídos índices de desempeño y respetara los compromisos con sus acreedores.

De esta manera, en abril de 2012 Alsacia recibió más de $ 9 mil millones, de una vez, como indemnización por el fin del contrato para operar el troncal 1. Pero, por el troncal 4 sólo obtuvo una promesa de casi $ 31 mil millones, divididos en cinco pagos, cuya cuota inicial debiese cancelarse ahora.

Demoledor cambio de contratos

Las modificaciones al régimen de negocios del Transantiago introducidas en 2012 con los nuevos contratos fueron demoledoras para Alsacia S.A. Las prebendas establecidas en los convenios originales que en 2003 firmó el Estado eran ampliamente beneficiosas para los operadores. A las empresas se les aseguraba un piso de 80% de los ingresos proyectados, podían operar con menos buses de los pactados sin sufrir grandes sanciones y, además, el Estado se hacía responsable del costo por la evasión en el pago de los pasajes. Esas condiciones explican, en gran medida, el desastroso inicio del Transantiago en 2007, pues los operadores tenían más incentivos económicos para dejar a la deriva a los usuarios que para otorgarles un servicio de calidad (vea el reportaje publicado ese año por CIPER: “El recorte que mató al Transantiago”).

Bajo ese régimen Alsacia consiguió seducir a los inversionistas que le facilitaron los US$ 464 millones en 2011. Pero esas condiciones de ensueño para los operadores se acabaron en 2012 con los cambios de contrato y Alsacia se ha visto obligada a recaudar los recursos para pagar a sus acreedores en un marco mucho más duro para su negocio.

Hoy el 70% de los ingresos de los operadores depende de la cantidad de pasajeros que logren transportar.

La orden que salió de La Moneda fue que el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, negociara los nuevos contratos bajo la modalidad “full variable”: los ingresos ya no están garantizados y varían de acuerdo al desempeño de la empresa tanto en número de pasajeros transportados como en calidad del servicio. Hoy, el 70% de los ingresos de los operadores depende de la cantidad de pasajeros que logren transportar y se les traspasó la responsabilidad de controlar la evasión, por lo que están obligados a ser más eficientes.

Bajo el nuevo esquema, las autoridades no solo llevan el conteo de los pasajeros transportados, sino también un registro detallado del desempeño de cada operador para determinar si ha cumplido con los estándares de calidad exigidos para las variables de “frecuencia” y “regularidad”. La primera mide la cantidad de buses en las calles (en distintos horarios) y la segunda, la puntualidad de los vehículos para pasar por los paraderos conforme al cronograma previsto. Lo que arrojan esas mediciones determina el dinero que se entrega a cada empresa.

El registro de estos datos depende del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM). Por estos días, en las dependencias del DTPM la situación financiera y operacional de Inversiones Alsacia S.A. es un tema altamente sensible y produce una evidente tensión. De esa repartición es desde donde debe salir a fines de enero el informe técnico que dé luz verde o frene el pago indemnizatorio.

Vasos comunicantes

Los avances del informe del DTPM están bajo reserva. Los rankings de desempeño de los operadores, sin embargo, son públicos. En ellos se aprecia que Express de Santiago Uno ha ido elevando sus estándares desde julio de 2012, situándose levemente por sobre el mínimo satisfactorio. Visto así, pareciera que corresponde proceder al pago de la indemnización prometida. No obstante, hay dos factores que introducen un matiz de duda. El primero es que, al momento de cerrar este reportaje, la evaluación de calidad del trimestre octubre-diciembre de 2013 aún no se conocía y ese dato podría afectar el resultado final. El segundo es que si bien Express ha mejorado sus indicadores, la historia ha sido muy distinta para su empresa hermana que opera el Troncal 1: Alsacia lleva 15 meses funcionando de manera deficiente. Sus índices de desempeño se encuentran por debajo del mínimo y son por lejos los peores de entre las siete empresas que operan el Transantiago.

Algunos operadores de la competencia estiman que las autoridades podrían evaluar a Inversiones Alsacia S.A. como un todo, debido a que ha dado muestras de que no puede ser eficiente en los dos troncales. En los hechos, si bien ha mejorado uno, ha descuidado el otro. Aunque es una incógnita si el informe técnico va a abordar los efectos de esta duplicidad, desde el DTPM adelantaron a CIPER que “son dos contratos distintos”.

Un ejecutivo de Inversiones Alsacia que pidió la reserva de su identidad, dijo a CIPER que el aumento en los indicadores de Express en nada tiene que ver con el deterioro de la operación de Alsacia. Según dijo, no se han transferido recursos de Alsacia a Express para asegurar el pago de la indemnización en el Troncal 4 a costa de entregar un mal servicio en el Troncal 1: “Las operaciones son distintas y no se pueden transferir recursos de una a otra”.

Sin embargo, en la Memoria 2012 de Inversiones Alsacia S.A. se señala que los flujos de caja de Alsacia y Express se administran de manera centralizada y que los fondos de una compañía pueden utilizarse para cubrir gastos de la otra si es necesario. Así, el apartado “Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables” de ese texto, se lee:

“La Sociedad Inversiones Alsacia S.A. tiene la calidad de emisor de un bono emitido en el año 2011 en Nueva York (USA) bajo la regulación 144-A, el cuál es su principal obligación financiera con terceros.

El contrato de emisión de dicho bono establece una administración centralizada en Alsacia de los flujos de caja de Alsacia y Express de Santiago Uno S.A. En su artículo 4 establece que todos los dineros recaudados por Alsacia y Express deberán ser recibidos en una cuenta única denominada “Revenue Account” que es administrada por la sociedad.

Los fondos recaudados en la cuenta “Revenue Account” son posteriormente distribuidos a ambas sociedades para cubrir sus gastos. De esta forma se establece una solidaridad, ya que fondos de una compañía pueden utilizarse para cubrir gastos de la otra si es necesario. Esto queda explicito en la clausula 4.02 d) (iv) donde se indica que los fondos de las “O&M Accounts” pueden traspasarse entre compañías de acuerdo a las necesidades de los “Concesionarios”.

(…) Por lo tanto, para un mejor entendimiento de los estados financieros de la Sociedad y evitar interpretaciones erróneas, éstos deben ser leídos y analizados en conjunto con los de la empresa relacionada Express de Santiago Uno S.A.”.

Alsacia: Incumplimiento crónico

En las cinco evaluaciones trimestrales realizadas por la DTPM a todos los operadores del Transantiago, entre julio de 2012 y septiembre de 2013, Express de Santiago Uno marcó niveles insatisfactorios de frecuencia (número de buses en la calle) en el horario “punta tarde” en los trimestres julio-septiembre y octubre- diciembre de 2012. En esos mismos trimestres también mostró falencias en regularidad (puntualidad de los buses en los paraderos) en los horarios “punta mañana”, “punta tarde” y “día completo”. No obstante, desde enero de 2013 Express evidenció una mejora progresiva de ambos indicadores, los cuales se ubicaron por sobre el mínimo aceptable en las evaluaciones de los tres trimestres restantes.

A diferencia de Express, el operador Alsacia recibió su indemnización completa en abril de 2012 y no quedó sujeto a cumplir parámetros para recibir dinero por ese concepto. Desde entonces los indicadores de Alsacia, hasta septiembre de 2013, el último mes evaluado, fueron en franco deterioro.
Alsacia muestra niveles insatisfactorios de frecuencia en cuatro de los cincos trimestres evaluados en el horario de “punta tarde”. Sus números para este indicador son los peores de las siete empresas que operan en el Transantiago. El mínimo aceptable que establece la DTPM es un 90% de cumplimiento para este indicador. En el trimestre julio-septiembre de 2012, Alsacia llega a 87,7% en horario “punta tarde”; en el periodo octubre-diciembre 2012, a 86,8%; en abril-junio de 2013, a 89,4%, y en julio-septiembre del mismo año a 89,1%. Todas faltas cometidas en la hora peak de la tarde.

450 mil personas son afectadas por la fallas de regularidad y frecuencia que presenta Alsacia.

La situación de Alsacia es aún más grave en el caso de los indicadores de regularidad: todos los porcentajes de cumplimiento para “punta mañana”, “punta tarde” y “día completo”, se encuentran bajo los estándares básicos de calidad en los cinco trimestres evaluados. Para este indicador Alsacia es también el peor de los operadores, siendo el único que se encuentra con todos sus números en rojo.

Respecto de la “regularidad”, el porcentaje mínimo de cumplimiento que establece el DTPM es de 80%. Casi todos los porcentajes de Alsacia en los cinco trimestres no superan el 78% en los tres segmentos de tiempo evaluados (punta mañana, punta tarde y día completo). Sólo uno se empina hasta un 79,4%. El más bajo cae a 73% (vea una tabla comparativa con indicadores de “frecuencia” y “regularidad” de los operadores).

En resumen, las 450.000 personas que utilizan el servicio de Alsacia en el Troncal 1 del Transantiago cuentan durante las tardes con una menor disponibilidad de buses que el resto de los usuarios del sistema. Además, deben esperar más en los paraderos pues el intervalo de tiempo entre un bus y otro es mucho mayor que para el resto de los usuarios del sistema. Durante los 15 meses que abarca la evaluación, Alsacia no conoce de puntualidad en ningún momento del día.

Las constantes infracciones cursadas a Alsacia por violar los indicadores de “frecuencia” y “regularidad” no ponen en peligro su titularidad como concesionario. Sin embargo, han significado que la DTPM le haya aplicado cuantiosos descuentos que han mermado sus ingresos regulares en $4.776 millones desde que comenzaron a operar los nuevos contratos.

“Dolor de cabeza”

Personeros del Ministerio de Transportes reconocen que las operaciones de Inversiones Alsacia S.A. han sido un constante dolor de cabeza para la cartera. No obstante, comienza a tomar cuerpo la idea de que el gobierno no dejará caer a la empresa pues La Moneda no estaría dispuesta a “reflotar” un tema emblemático de mala gestión pública, como lo es Transantiago, a escasas semanas del cambio de mando.

Si el informe técnico fuese desfavorable y se rechaza el pago de la indemnización, Inversiones Alsacia S.A. dejaría de ser una empresa viable y el ministerio de Transportes tendría que nombrar un interventor que, en nombre del Estado, administre sus casi 3 mil trabajadores, opere sus 1.600 buses y dé servicio al 30% de los usuarios del sistema, al menos hasta realizar una nueva licitación. Sería, sin duda, un problema de proporciones que inundaría la prensa.

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz.

Al mismo tiempo, sería un traspié en la gestión del ministro Pedro Pablo Errázuriz, la que en términos generales es percibida positivamente al interior de la cartera y del gobierno. A principios de este año se dio a conocer una encuesta encargada por el Ministerio de Transporte en la que los usuarios del Transantiago evaluaron al sistema con un 4,4 (sobre 7), la mejor nota obtenida en los últimos 18 meses.

Asimismo, la percepción de la gestión del ministro Errázuriz desde el inicio de los nuevos contratos, cuando contaba con sólo 36% de aprobación, ha aumentado seis puntos según la última encuesta de evaluación del gobierno elaborada por Adimark.

Fue Errázuriz el que llevó las duras negociaciones que obligaron a los operadores a mejorar la calidad del servicio si querían ver ganancias. Hasta mayo de 2012, fecha en la que comenzaron a regir los nuevos contratos impulsados por el ministro, Transantiago era un negocio sobre ruedas para los operadores y sus inversionistas. Por eso, el bono que colocó Alsacia en 2011, con las reglas antiguas del Transantiago, fue un caramelo para el mercado.

La ruta del bono

En marzo de 2011, Inversiones Alsacia S.A. –que por entonces controlaba Alsacia y solo tenía una participación minoritaria en Express– asumió su desafío más grande. Colocó un bono por US$ 464 millones de dólares, pagadero a 7,5 años y con una atractiva tasa anual de 8% para entusiasmar a los inversionistas. La compañía ocuparía esos fondos para adquirir el 100% de Inversiones Eco Uno, dueña de Express de Santiago Uno y pagar otras deudas. Entre ellas, un préstamo a la sociedad offshore Panamerican Investment, con sede en islas Bermudas y que entonces era propietaria del 60% de las acciones de Express de Santiago Uno.

La motivación de los propietarios de Inversiones Alsacia S.A. para comprar Express fue lograr una economía de escala. Ya llevaba algunos años funcionando con Alsacia y operar un nuevo troncal le significaba, al menos en el papel, asumir una tarea en la que parte de los costos –aquellos no relacionados a infraestructura– ya estaban hechos. A partir de entonces se transformó en el operador más grande del servicio de transporte metropolitano, con las líneas troncales 1 y 4.

Apenas se conoció la noticia de la colocación de bonos de Inversiones Alsacia S.A. a fines de febrero de 2011, la clasificadora de riesgo Fitch Ratings los evaluó con calificación “BB”, lo que para los analistas financieros ya era indicativo de que se trataba de una inversión especulativa. En todo caso, a los bonos de Alsacia se les atribuyó una “perspectiva estable” en ese informe de Fitch Ratings: “La sustentabilidad de la calificación dependerá principalmente de la capacidad que demuestre Alsacia para mantener su eficiencia operacional y para, al mismo tiempo, transformar a Express en una concesionaria más eficiente”.

Fitch Ratings enumeró como fortalezas de la compañía las sinergias que ahora las dos empresas manejadas por el mismo grupo podrían lograr y una exposición limitada al riesgo de demanda, debido al piso de ganancias que aseguraba el primer contrato con el gobierno. Pero ello no ocurrió. La clasificadora de riesgo, por entonces, no tenía cómo saber que a fines de ese mismo año habría otro rayado de cancha, con nuevos contratos y que la exposición al riesgo de demanda dejaría de ser limitada. Tampoco que Inversiones Alsacia S.A. no lograría las sinergias en el tiempo esperado. Porque desde entonces la historia de la empresa, más que de sinergias, habla de tropiezos financieros y operacionales.

Alsacia se va a la B

En febrero de 2013, dos años después de haber conseguido el préstamo por US$ 464 millones, Fitch Ratings anunció que Inversiones Alsacia S.A. se hallaba bajo vigilancia y que la calificación de su bono podría modificarse negativamente. La creciente dependencia de la demanda de pasajeros –debido a las reformas introducidas por los nuevos contratos– y la demora de la empresa en alcanzar las eficiencias operacionales tras la incorporación de Express, hicieron a la clasificadora cambiar su perspectiva.

En agosto de este año, se cumplieron los pronósticos hechos por la clasificadora en febrero. Los bonos de Inversiones Alsacia S.A. ahora obtenían calificación “B”, esto es, un negocio altamente especulativo y con significativo riesgo crediticio. Según el argot financiero, los papeles entraron en la categoría de lo que se conoce informalmente como “bonos basura”.

Según consta en los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), ese mismo mes Inversiones Alsacia S.A. tuvo que renegociar con sus acreedores “algunas disposiciones contractuales” comprometiéndose con ellos a cumplir íntegramente con los plazos pactados para el pago de su deuda. Se informó, además, que la sociedad controladora de Alsacia (Global Public Services), se comprometía a aportar US$ 5 millones en caso que su filial “no pudiese cumplir con el pago completo y oportuno de los bonos en las épocas convenidas”.

A fines de octubre, la agencia degradó aún más la calificación de Alsacia S.A. y la colocó en niveles de probable default, esto es, con riesgo de no cumplir sus compromisos en las próximas fechas de pago: “El pago de la deuda de febrero de 2014 depende en gran medida de que Alsacia reciba la compensación del Gobierno por US$ 15.2 millones en enero de 2014 el cual está sujeto al logro de ciertos compromisos financieros y operacionales; el uso de los fondos disponibles en la cuenta de reserva para el pago de la deuda –que asciende a US$ 9,7 millones y que quedará agotado luego de esta operación– y también de una inyección de dinero ofrecida por el grupo GPS”, señala el documento de la calificadora.

El análisis de Moody’s, otra importante clasificadora de riesgo estadounidense, no es muy distinto. El 16 de octubre de este año bajó su calificación a nota Caa2, esto es: “Calidad de crédito de extrema pobreza y probabilidad de suspensión de pagos”. Ello gatillado por el deterioro continuo de su condición financiera. Al igual que Ficht Ratings, condicionó el riesgo de default a que el gobierno efectivamente dé luz verde al pago de la primera cuota de indemnización.

Los propietarios y financistas de Inversiones Alsacia

Alberto, uno de los hermanos del clan Ríos Velilla (Fuente: La Silla Vacía).

Inversiones Alsacia S.A., es una empresa de capitales colombianos, propiedad de Global Public Services S.A. (GPS), holding perteneciente a la familia medellinense Ríos Velilla, compuesta por los hermanos Carlos, Rubén, Alberto y Javier. Los hermanos Ríos participan a través de distintas sociedades de diversos negocios tanto en Colombia como en el extranjero. GPS fue constituida en Panamá y se ha especializado en operar concesiones de servicios públicos en Colombia, Chile, Perú, Panamá y Estados Unidos.

Alberto Ríos ha hecho fortuna en negocios energéticos, como Enerpereira y Enertolima, además de operar Aseo Capital, una de las firmas que participa del negocio de la recolección de basura en Bogotá y otras ciudades de su país. En 2011, Enerpereira y Enertolima fueron investigadas por la Contraloría General colombiana por un supuesto lavado de activos. También participa como socio mayoritario del holding Servigenerales, dedicado a prestar a través de distintas sociedades servicios de alumbrado público, de recolección y tratamiento de residuos y de limpieza urbana. La administradora principal de Servigenerales es Luz Elena Ríos Velilla.

Carlos y Javier se han concentrado en Ecocapital S.A., firma dedicada a la recolección y tratamiento de residuos peligrosos. Ambos participan, junto a Rubén, de la administración de Inversiones Alsacia S.A., la que a su vez es propietario en un 100 % de Inversiones Lorena SPA, empresa dedicada a la “inversión, administración y explotación de toda clase de bienes, como la participación en toda clase de sociedad”.

Rubén, por su parte, aparece como presidente y representante legal de Aseo Capital S.A. en Panamá. En 2007 la empresa firmó un contrato por 20 años con la Municipalidad de Arraijan, localidad situada en la provincia de Panamá Oeste, para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.

En 2010, Carlos y Javier, compraron el 60% de la propiedad de Seceyco Chile Ltda., dedicada a proveer de cemento a obras en altura y que ha sido proveedor de materia prima para la construcción del edificio Costanera Center.

Los Ríos Velilla participaron también de Transmilenio, el sistema de transporte bogotano que inspiró al Transantiago y que entró en funcionamiento en 2000. Hasta hace algunos años mantuvieron acciones en las empresas Express del Futuro, Consorcio Express y Transporte Alimentador de Occidente.

En los estados financieros de Inversiones Alsacia S.A., aparecen otras empresas relacionadas a los Ríos Velilla o a parientes cercanos, los Ríos Arango: EDTM Konsultores, Rioma LTD, Data Tool y Desarrollo y Soluciones Informáticas S.A. La mayoría de ellas tuvieron hasta 2011 un porcentaje de participación en Alsacia S.A., el que finalmente fue adquirido por GPS.

En septiembre de 2010, los estados financieros de la compañía registran numerosas transacciones asignadas al pago de intereses y cuotas por préstamos realizados por varias de sus sociedades relacionadas: Data Tools, Aseo Capital, Desarrollo y Soluciones Informáticas, EDTM, Rioma y Seceyco. Entre las sociedades acreedoras, aparece Dakota SPA, cuyo propietario es el ex ministro y ex candidato Laurence Golborne.

En junio de 2013 CIPER reveló el sistema que reducía falsamente las listas de espera en el Hospital San José a través de un policlínico que ni siquiera tenía autorización sanitaria. Ahí, médicos recién egresados hacían el trabajo de especialistas y recibían salarios más altos que lo que correspondía a su experiencia (ver reportaje). Por esa misma época, el hospital emprendía otra innovación, esta vez para terminar los tratamientos de sus pacientes en sus domicilios y de esa manera despejar camas que permitirían atender más personas. Para ello, fichó a Med One, una empresa privada formada unos meses antes y sin ninguna experiencia en el rubro, para prestar servicios de hospitalización domiciliaria.

De esta manera, los pacientes podrían continuar su recuperación tras una operación o recibir sus tratamientos en sus casas, atendidos por técnicos paramédicos y enfermeras. El hospital ya contaba desde hacía dos años con un sistema de hospitalización domiciliaria implementado con funcionarios del hospital, el cual tenía un costo menor al que mensualmente está desembolsando a Med One, ya que al igual que el servicio de compras de camas al sistema privado, el servicio convenido se paga aunque no se use. Y tal como otros servicios comprados crecientemente al sector privado, el de hospitalización domiciliaria despierta críticas dentro del sistema público.

Uno de los cuestionamientos se centra en uno de los dos socios que crearon Med One, Nicolás Hasbún, pues era un médico a contrata en la Unidad de Pre Alta Maruri, dependiente del Hospital San José, y se retiró de la empresa justo antes de la firma del convenio. El recinto de calle Maruri es el mismo policlínico del que trató el primer reportaje de CIPER y el fundador de Med One es uno de los jóvenes doctores cuestionados en esa ocasión. De hecho, Hasbún aparece mencionado en una auditoría realizada por la Contraloría tras el reportaje, la que en una primera etapa confirmó las denuncias e incluso fue más allá en sus descubrimientos.

El informe preliminar fue enviado hace dos meses al hospital y sus conclusiones son durísimas, al punto que los cuestionamientos no son sólo administrativos sino que hay al menos un eventual delito. El hospital tuvo la oportunidad de responder las imputaciones y se está a la espera del informe definitivo de Contraloría.

EL PROGRAMA

El Hospital San José tiene historia en la labor de hospitalización domiciliaria. Con dos experiencias previas de trabajo con pacientes que reciben cuidados paliativos o sus tratamientos post operatorios en sus casas, en 2010 se lanzó un proyecto piloto para implementar un sistema de cuidados domiciliarios o atención domiciliaria.

La idea era mostrar resultados que justificaran su implementación. Partieron con el tratamiento de las neumonías en domicilios, mientras se iniciaba la campaña de invierno de ese año, y con el tratamiento de infecciones urinarias y pielonefritis. A esto se sumó el trabajo sin costo en la Fundación Las Rosas, para evitar que los ancianos llegaran a los servicios de urgencia.

Cualquier médico podía incluir a sus pacientes en hospitalización domiciliaria, manteniéndose a cargo y como responsable del paciente. El foco del programa también estaba en potenciar la atención y las consultas en centros de atención primaria, incentivando de esta manera el trabajo en red y evitando que los pacientes llegaran al demandado servicio de urgencias.

También se hablaba de la posibilidad de aumentar la cantidad de cirugías, lo que significaba utilizar a su máxima capacidad los 11 pabellones con los que cuenta el hospital. De esta manera se generarían más ingresos para el hospital por concepto de cirugía realizada, se disminuiría la lista de espera y se reduciría la deuda hospitalaria. En ese contexto, la posibilidad de tener más camas de pacientes recién operados disponibles era vista como un argumento a favor de la implementación de la hospitalización domiciliaria.

Los resultados del piloto fueron satisfactorios: los días de estada de los pacientes en el programa eran cortos, no presentaban complicaciones y muchas veces sólo era necesario una consulta médica, comenta Silvana Santander, enfermera a cargo de la implementación del plan piloto, quien agrega que la evaluación de los usuarios fue muy buena. Santander ingresó a trabajar en 1998 al hospital, entre 2008 y 2011 fue la jefa de enfermeras, llamada Subdirección de Gestión del Cuidado, y hasta que renunció en agosto de 2013 estuvo a cargo del servicio de hospitalización domiciliaria.

Fonasa aprobó su puesta en marcha en agosto de 2011, con la creación de nuevos cargos para conformar el equipo. Una técnico paramédico y una enfermera hacían las visitas a domicilio, mientras Santander hacía la coordinación desde el hospital. Entre 16 y 18 pacientes permanecían simultáneamente en el programa.

En esta primera etapa el programa beneficiaría a los usuarios residentes en las comunas de Independencia, Conchalí y Recoleta, pertenecientes a la población asignada al hospital, que en total es de 737.130 personas. De esta manera, la implementación del sistema de hospitalización domiciliaria dentro del Hospital San José recogía el lineamiento ministerial desarrollado hace más de una década, que ha sido desarrollado por hospitales como el San Borja Arriaran, San Juan de Dios, Hospital Salvador, Hospital Gustavo Fricke, Hospital Van Buren, entre otros.

COMPRA DEL SERVICIO

Algunos recuerdan haber escuchado el rumor por primera vez el verano pasado, otros en mayo de este año: a pesar de los buenos resultados del programa de hospitalización domiciliaria, la dirección del hospital estaba considerando comprar estos servicios a una empresa externa. Santander dice que por esa época proyectaban ampliar el equipo de hospitalización domiciliaria porque la demanda era cada vez mayor. Además, estaban a la espera de más cargos que les asignaría Fonasa a mitad de año para potenciar el equipo.

La noticia se confirmó a principios de junio, cuando el subdirector médico, Rinaldo Basso, informó en una reunión de coordinación de la campaña de invierno que se comprarían servicios externos de hospitalización domiciliaria. La justificación y el momento para informarlo eran propicios: gran parte de los tratamientos que realizaba el equipo de Santander correspondían a neumonías y la idea era poder aumentar la cobertura. Luego, esta noticia fue ratificada por el subdirector administrativo, Sergio Vásquez.

“Ahí yo le dije por qué no contratamos gente, esto ha demostrado ser rentable y eso va a ser mucho más barato que comprar servicios. Él y el subdirector médico afirmaron que iban a hacerlo. Yo fui como pulga en la oreja insistiendo en que me parecía que era un pésimo negocio, que era mejor contratar a la gente para continuar con lo que estábamos haciendo y ampliar nuestros equipos”, recuerda Santander.

Finalmente, en los primeros días de julio, Santander fue informada oficialmente de que se iniciarían reuniones con distintas empresas para evaluar sus propuestas. Tal como ocurría hasta ese momento, el nuevo sistema estaría bajo el alero de la Subdirección de Gestión del Cuidado y debería ser supervisado por un profesional de esa unidad.

Raúl Vásquez, director del Hospital San José, afirma que la principal justificación para externalizar el servicio de hospitalización domiciliaria fue la necesidad de tener cobertura en las comunas más alejadas del área asignada al hospital, es decir Lampa, TilTil, Batuco, Colina e incluso Quilicura. La tasa de cobertura que tenía el sistema en ese momento, de máximo 18 pacientes simultáneamente, era muy baja, asegura Vásquez, y además no consideraba a los de dichas comunas.

Otros requisitos que debía cumplir la empresa era contar con movilización propia, asegurar la prestación del servicio en horario de hospital -de 08:00 a 22:00, incluyendo fines de semanas y festivos-, e incluir los insumos en el servicio.

Las dos primeras empresas que presentaron sus ofertas fueron Clínica Medical Care y Linde HealthCare. Estas empresas fueron contactadas por Ljubitza Richards, entonces subdirectora de Gestión del Cuidado, para presentar sus cotizaciones, tras conocer de sus servicios por internet o por su participación en licitaciones de otros hospitales. Personas que participaron de esas reuniones relatan que Linde, por ejemplo, ofrecía menos de 30 camas y en ese momento tenía poca experiencia en el mercado de la hospitalización domiciliaria.  Clínica Medical Care, por su parte, pedía un precio mucho más alto por el servicio. La tercera en presentarse fue Med One, una empresa de hospitalización domiciliaria sin experiencia en el mercado y que recién se había formado ocho meses antes.

EL NEGOCIO DE MED ONE

Giovanni Fernández Inserrato, 27 años, representante legal y socio principal de Med One, asegura que al momento de formar su empresa, en noviembre de 2012, no conocía al que en ese momento era su socio, Nicolás Hasbún Scheel. Insiste, de hecho, en que aceptó formar esta empresa con él simplemente porque un amigo en común le comentó que Hasbún podría ayudarle a financiar su naciente proyecto empresarial. Este desconocimiento, o inexperiencia como lo llama Fernández, podría ser sólo una anécdota en la naciente carrera de un ingeniero comercial en el mundo de los negocios si Nicolás Hasbún no hubiese sido médico de la  Unidad de Pre Alta de Maruri, dependiente del Hospital San José.

Hasbún formó parte de esta empresa entre noviembre de 2012 y fines de junio de 2013, un mes antes de que el Hospital San José cerrara el trato con la empresa de hospitalización domiciliaria, la que empezó a vender sus servicios en agosto de ese año. Es decir, al momento en que las empresas fueron contactadas para presentar sus cotizaciones al hospital, Hasbún recién estaba saliendo de la sociedad.

Giovanni Fernández cursó entre 2009 y el primer semestre de 2013 la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Andrés Bello, dejando pendiente su trámite de titulación y dos asignaturas. Actualmente figura en los registros de esa universidad como alumno regular de la carrera de Medicina Veterinaria. Posee además una empresa individual de responsabilidad limitada llamada Servicios Médicos Giovanni Fernández Inserrato EIRL, Servicios Médicos GFI o MedHelp EIRL, inscrita en abril de 2013 con un capital de $500.000.

Fernández destaca a la enfermera jefe de Med One, Daniela Luna Ruiz, egresada de la Universidad de Los Andes, como su brazo derecho y su apoyo técnico en la formación de la empresa, descartando cualquier participación de Hasbún en el desarrollo de su negocio. Asegura tajante que “lamentablemente” Hasbún no hizo gestiones a favor de Med One para presentarse ante el equipo directivo del hospital. Fernández describe la relación con Luna como una alianza estratégica, en la que ella aporta sus años de experiencia en la UCI-UTI de la Clínica Dávila a la veta comercial de él.

Tras la insistencia de CIPER en aclarar la supuesta ignorancia que tendría respecto a su socio, Fernández asegura que sólo supo que Hasbún era médico al leer la escritura de conformación de la sociedad, pero que no sabía ni le importó saber dónde trabajaba. Lo importante para él era completar el millón de pesos de capital inicial de la sociedad. Es decir, según la versión de Fernández, sus planes eran contratar personal de enfermería, montar una empresa y comenzar a hacer negocios con instituciones de salud públicas y privadas, pero no tuvo otra alternativa para juntar 1 millón de pesos que asociarse con una persona que no conocía. Por otra parte, en una presentación subida a internet en diciembre, Fernández asume como una de las fortalezas de su empresa que su socio es médico y que ha trabajado por dos años en el sistema de turnos.

Nicolás Hasbún (29 años) se tituló de médico en Cuba y revalidó su título en la Universidad de Chile. Actualmente está realizando su beca de especialidad en cirugía en Maruri, realiza turnos una vez a la semana y tenía un contrato hasta el 31 de diciembre de 2013 con el Hospital San José.  CIPER intentó contactarlo pero no fue posible comunicarse con él.

“En un momento le dije (a Hasbún) me vas a tener que disculpar pero yo no te conozco entonces no quiero tratar contigo, por eso decidí tener alguien de confianza a mi lado”, relata Fernández. En ese momento, el 27 de junio de 2013, sale Hasbún de la sociedad e ingresa José Antonio Araos San Martin, 26 años, ingeniero comercial de la Universidad Santo Tomás. El monto por el que Hasbún vendió su participación en la sociedad fue $490.000. En este caso, Fernández invitó a trabajar con él a un colega a quien conocía bastante y con quien jugaba rugby de manera habitual.

El director del hospital dice que conoció la información respecto a la relación de un médico de Maruri con la empresa Med One sólo cuando revisaron los antecedentes del tema tras recibir la solicitud de entrevista de CIPER. “No lo veo relevante. Está dentro de la legalidad, lo vimos con los abogados, Hasbún no tiene cargo directivo dentro del hospital, puede formar este tipo de empresas, no tiene ningún impedimento. A los que les corresponde revisar estos antecedentes es a la unidad jurídica y de licitaciones, de la subdirección de operaciones. Si dentro de la escritura no hay nada ilegal, a mí me pasan el contrato y yo firmo, no puedo estar leyendo todas las escrituras”, concluye.

Con sólo ocho meses de existencia, Med One convenció en sus presentaciones al equipo directivo del hospital, conformado por el director Raúl Vásquez, el subdirector administrativo Sergio Vásquez, el subdirector médico Rinaldo Basso, la subdirectora de Gestión del Cuidado Ljubitza Richards y el jefe de Gestión de Camas Rodrigo Gutiérrez, de que era la mejor opción para ofrecer un servicio similar al que ya estaba instalado en el hospital hacía dos años. En esas reuniones también estaba presente Silvana Santander y la enfermera supervisora de la unidad broncopulmonar, Gabriela Muñoz.

“Si bien yo no tenía tanta expertise, teníamos el currículum de Daniela que nos avala y tenemos todo un proyecto creado, y en base a eso nos eligieron a nosotros. Esto es lo mismo que tener a dos vendedores con el mismo dulce, ante eso el que va a ganar es el que vende mejor el dulce”, argumenta Fernández.

Uno de los puntos fuertes de su oferta, asegura Fernández, es la utilización del software Med File, que les permitiría a los especialistas del hospital revisar en línea las curaciones que realizaba alguno de sus seis profesionales (cuatro enfermeros y dos paramédicos) en los domicilios de los pacientes, utilizando los tres automóviles de los que dispone la empresa. A diferencia del sistema desarrollado desde 2011, Med One no realiza el tratamiento de patologías agudas y sólo ofrece el servicio de curaciones de heridas complejas o post quirúrgicas y cambio de sondas.

Fernández relata que la reunión con el San José se gestó a partir de los “miles” de mails que ha enviado a distintos servicios de salud públicos y privados. De ser así, en el caso del San José, esos correos solicitando entrevistas para mostrar el servicio que podrían ofrecer habrían llegado mientras el socio Nicolás Hasbún atendía pacientes en el hospital.

Med One no es la única empresa que fue formada por Hasbún y que tuvo relación con el Hospital San José. El 13 de marzo de 2012, Nicolás Hasbún junto a Manuel Madariaga Venegas y José Manuel Ríos Núñez formaron la sociedad Mahari Importaciones Médicas Limitada, con un capital de $6 millones. El objeto de la sociedad sería la compraventa, arriendo o concesión de equipos e insumos médicos.

El 10 de octubre de 2012, Hasbún y Ríos vendieron su participación en la sociedad a Madariaga, transformándose en una empresa individual de responsabilidad limitada. Poco después de su retiro, el Hospital San José decidió adquirir sin licitación cinco ventiladores mecánicos a Mahari por $83,3 millones, IVA incluido. La orden de compra fue emitida al mediodía del 24 de diciembre, es decir poco antes de que comenzara el feriado de Navidad. El apuro no sirvió, pues la compra resultó un fracaso.

El director Raúl Vásquez explica que a esta empresa se le habían solicitado máquinas de anestesia nuevas, de marca Dräger, según las especificaciones que habían entregado los mismos anestesistas del hospital. Sin embargo, lo que llegó fueron máquinas usadas, reacondicionadas, por lo que se devolvieron a la empresa, sin realizar contrato, ni recepción de factura, ni pago alguno.

SIN LICITACION

El convenio con Med One se cerró durante el mes de julio, sin considerar licitación pública, ni privada, ni convenio marco, sino a través de un trato directo. En la información publicada en el portal Chile Compra no se incluye la resolución que establece el trato directo entre el Hospital San José y Med One, contraviniendo el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, que obliga a los compradores a publicar la resolución que establece dicha modalidad de compra. Vásquez asegura que la resolución no ha sido publicada porque fue enviada a Contraloría, junto al borrador del contrato y la boleta en garantía por $20 millones que entregó Med One, para su toma de razón, por lo que los tiempos para regularizar esta situación escapan de sus manos. Consultados por CIPER, en Contraloría no pudieron entregar información sobre el documento, ya que desde el hospital no entregaron antecedentes precisos que permitiera rastrear en sus bases de datos la fecha en que habría sido ingresado el oficio.

Entre el Hospital San José y la empresa Med One, por lo tanto, hasta el momento no existe un contrato firmado para la prestación de este servicio. “Nos encantaría poder concretarlo (el contrato), por un tema de formalidad es lo que nosotros queremos”, dice Fernández, refiriéndose a que les sería más útil en términos financieros.

No se hizo licitación para la contratación de este servicio, afirma el director del hospital Raúl Vásquez, “por la urgente necesidad del servicio que estábamos pasando en esa época”. Asegura que no había camas disponibles y que alrededor de 40 pacientes recién operados debían ocupar camas de otros servicios. Es enfático en señalar también que el sistema que estaba implementado en el hospital no daba abasto con la demanda que tenían.

(Fuente: www.medone.cl)

La primera factura entregada por Med One al San José corresponde a los servicios prestados durante el mes de agosto de 2013, por un valor de $64.188.600 (IVA incluido), que equivale a la atención de 30 pacientes, con 930 visitas realizadas en total (1 visita diaria), a un valor de $58 mil cada visita. La factura figura con fecha 2 de septiembre y la resolución 4905, firmada por el director Raúl Vásquez que autorizó el pago, tiene fecha 3 de octubre de 2013, según información entregada a CIPER por el Hospital San José mediante Ley de Transparencia.

La segunda factura fue entregada al hospital el 1 de octubre por un total de $62.118.000 (IVA incluido), correspondiente a 900 visitas, monto que fue cancelado el 4 de diciembre. Respecto a este pago, no hay orden de compra en la página web de compras públicas.

El pago atrasado de las últimas facturas, correspondientes a los servicios de octubre y noviembre, ha sido un asunto complicado para Med One. Al ser una empresa pequeña han debido poner dinero de sus bolsillos o pedir préstamos para garantizar su funcionamiento y cumplir con los requerimientos del hospital, cuenta Fernández.

Las facturas de octubre y noviembre están pendientes de pago ya que no hay caja para cancelarlas y se ha debido privilegiar estar al día con otros servicios más críticos para el funcionamiento del hospital, asegura Vásquez. En Mercado Público aparece una orden de compra que tramita el pago de $100 millones a Med One, con fecha 6 de noviembre de 2013, sin especificar tampoco a qué servicios corresponde. Vásquez explica que este documento es para cubrir presupuestariamente las prestaciones que se están realizando actualmente.

En resumen, el Hospital San José ha desembolsado hasta la fecha más de $120 millones por un servicio por trato directo que comenzó a operar hace cuatro meses, pero cuyo contrato aún no es aprobado por la Contraloría.

Aunque las facturas se aprueban luego de que el subdirector médico Rinaldo Basso revisa las fichas de los pacientes atendidos ese mes, el servicio se cobra a pesar de que no se hayan realizado todas las atenciones contratadas, tal como ocurre en el sistema de compra de camas al sistema privado (o extrasistema). “Se ocupe o no se ocupe, yo igual tengo una enfermera, a ella le tengo que seguir pagando lo mismo, no le bajo el sueldo, también tengo que mantener una cantidad de stock de insumos semanal que no es menor. Es lo que ellos nos pidieron”, argumenta Fernández.

Vásquez confirma que durante agosto se atendió a menos de 30 pacientes porque fue el primer mes de operación de Med One. ¿No era, sin embargo, la alta demanda la que motivaba la compra sin licitación? “La tasa ha ido subiendo a medida que la misma gente se ha ido acostumbrando al sistema”, responde Vásquez. Agrega que las patologías más tratadas son pie diabético y las relacionadas con atención geriátrica.

“Seguimos teniendo lleno el sistema de hospitalización domiciliaria y nos siguen faltando cupos porque no tenemos más camas internas”, agrega respecto a la condición actual del sistema, pero luego menciona que sólo están utilizando seis de los 11 pabellones con los que cuenta el hospital. Es decir, la cantidad de pacientes post operados a los cuales atender habría crecido más del doble pero sin usar toda la capacidad del hospital.

Med One estaría atendiendo a más de 35 pacientes mensualmente. Vásquez asegura que incluso han debido pedir sobrecupo ya que han tenido 40 pacientes esperando por ser atendidos en hospitalización domiciliaria. CIPER solicitó revisar los archivos con el respaldo de cada atención realizada por Med One para chequear la cantidad de atenciones realizadas. El hospital sólo entregó el dato de que entre agosto y noviembre se realizaron 2.394 atenciones. Es decir, 598 visitas en promedio por mes. En agosto fueron 423 y 608 en septiembre, lejos de los 930 y 900 de las facturas cobradas.

Y aunque el servicio se licitará, al término de esta investigación las bases aún estaban en etapa de redacción. Vásquez comenta que en estas bases se incluirán aspectos como que la empresa cuente con vehículo propio para realizar las visitas, ofrezca un sistema de ficha clínica electrónica en línea para revisar el tratamiento recibido por el paciente, GPS instalado para el monitoreo de los vehículos, garantice las visitas a las comunas apartadas de la zona norte de Santiago y la inclusión de todos los insumos que deba ocupar el paciente para ser atendido. Es decir, todas las ventajas que ofreció tener Med One en las reuniones con el equipo directivo y que tiene actualmente implementadas.

Profesionales que participaron de las numerosas presentaciones de Med One coinciden en calificar su presentación como la mejor de las tres opciones, con un alto nivel de preparación y conocimientos técnicos de las necesidades del hospital, a pesar de no tener experiencia en el rubro y demostrar poca solvencia económica. Tanto es así, que el área jurídica del hospital fue consultada sobre la posibilidad de entregar algún certificado respecto al convenio que estaba en conversaciones para que la empresa pudiera presentarlo en instituciones bancarias y de esa manera poder gestionar créditos, solicitud que no se aceptó.

LAS CRÍTICAS AL SISTEMA

Cuando se comenzó a implementar este servicio con personal del hospital, todos los insumos, medicamentos y todo el tratamiento que se hacía al paciente tenía que financiarlo el hospital, lo que a todas luces lo hacía un mal negocio. Pero a partir de este año, la hospitalización domiciliaria comenzó a ser una prestación valorada, es decir, cubierta por Fonasa, que paga al hospital $17.200 por cada cama utilizada. Este pago por parte de Fonasa se mantiene aunque la prestación esté cubierta por una empresa externa.

(Fuente: complejohospitalariosanjose.blogspot.com)

Dos días antes de que se iniciara la compra de servicios, Santander y su equipo concretaron una reunión con el equipo directivo para revisar las estadísticas del sistema que se había estado desarrollando. Entre esos números se destacaba que el costo de cada visita a los pacientes era mucho menor al ofrecido por la empresa.

Así, por ejemplo, la visita de una enfermera, una técnico paramédico y el chofer un día domingo (el día más caro por ser pagado con horas extras) tenía un costo de $11.680. Un día hábil, considerando sólo el sueldo de estas mismas tres personas, costaba $9.728. A esto se debe sumar los insumos y medicamentos utilizados para el tratamiento de, por ejemplo, la pielonefritis o infección urinaria, que tenía un total de $1.347 por visita. Otra de las atenciones más comunes, la curación de pie diabético, tenía un costo en insumos de $15.515 por visita, y la enfermedad pulmonar obstructiva de $26.430. Es decir, la atención más cara que estaba realizando este equipo en el día más caro podría llegar a costar $38.110, menos de los $58.000 que cobra Med One, independiente de la atención y el día.

El costo por horas extras realizadas y la falta de movilización para realizar las visitas son dos críticas que algunas fuentes comentaron a CIPER respecto del sistema que tenía implementado el hospital. Silvana Santander refuta este argumento señalando que los funcionarios estaban contratados en los cargos que ocupaban dentro del equipo, por lo que el grueso de su sueldo no correspondía a horas extras. Estos cargos eran diurnos por 45 horas de lunes a viernes, sin considerar fines de semana. Por lo tanto, para cumplir el tratamiento durante sábado y domingo, efectivamente se debieron pagar horas extras. En esos casos, se cancelaba sólo el tiempo que ocupaba el funcionario efectivamente en la visita. La hora extra de una enfermera cuesta en promedio $7 mil y $2 mil aproximadamente la de un técnico en enfermería.

“Descarto absolutamente que el costo haya sido justificación para contratar a esta empresa. La suma de las tres personas contratadas en el programa era $4 millones mensual, máximo, sumándole el chofer. Y este año que estaba valorado fue absolutamente rentable.  Aunque nos hubiesen doblado el personal, es decir fuéramos seis, aun así seríamos más baratos. Además, esto genera ingresos al hospital, porque Fonasa paga esa prestación, por tanto de todas maneras era más barato”, replica Santander.

Respecto a los $17.200 que sigue pagando Fonasa, Vásquez asegura que no alcanza a cubrir los costos, al igual que la gran mayoría de las prestaciones valoradas por Fonasa, las que estarían subvaloradas.

Raúl Vásquez enfatiza que la movilización para realizar las visitas sí era uno de los problemas que presentaba el sistema del hospital. El equipo de Santander ocupaba regularmente una de las dos camionetas del centro asistencial para hacer las visitas a los domicilios, a pesar de que no era exclusivo para este servicio. El proyecto de hospitalización domiciliaria consideraba tener dos móviles propios, lo que permitiría a la enfermera y a la técnico hacer de manera más eficiente las visitas.

Vásquez replica que no era factible ingresar un nuevo vehículo a la dotación del hospital ya que, por una restricción presupuestaria, eso significaría retirar una ambulancia del hospital. Es decir, no se puede sumar un vehículo extra a menos que desde el Ministerio de Hacienda den autorización para ampliar la dotación. A eso se suma la necesidad de contratar más choferes.

Una que vez que la decisión de externalizar el servicio ya no tuvo vuelta atrás, Santander y su equipo hicieron algunas observaciones. La primera fue que el número de 30 camas comprometido con la empresa era muy alto para una empresa que estaba partiendo. Por su experiencia de dos años en el sistema, aseguró que no habría esa cantidad de pacientes disponibles. También mencionó la importancia de tener médicos referentes que se relacionaran con la empresa, quienes se hicieran responsables del tratamiento recibido por los pacientes y diera indicaciones de ser necesarias, además de tener a una enfermera del hospital que fuera la coordinadora.

El equipo de Santander hasta julio de este año recibió 585 solicitudes de ingreso de pacientes a hospitalización domiciliaria. De ellos, 69 correspondieron a las comunas de Colina, Lampa, Batuco y TilTil, los que a pesar de no estar efectivamente dentro de su programa, recibían atención que era coordinada con los consultorios respectivos de cada comuna. De esta manera, esos pacientes eran atendidos, pero por personal de la atención primaria.

EQUIPOS PARALELOS

Med One comenzó a vender sus servicios al Hospital San José el 1 de agosto de 2013. En ese momento, todos los pacientes que estaba tratando el equipo de Santander pasaron a estar a cargo de Med One. El equipo de enfermeras del hospital cumpliría una función supervisora de lo realizado por la empresa, realizando visitas a las casas para evaluar los tratamientos, y de coordinación de los ingresos y egresos.

Raúl Vásquez afirma que la contratación de Med One no significó que el equipo interno se haya desmantelado. La idea, asegura, era que la empresa complementara la atención de las comunas más alejadas con el trabajo que estaba desarrollando el equipo del hospital. Actualmente, el equipo interno lo conforman dos enfermeras y dos técnicos paramédicos, que fueron contratados con los cargos que entregó Fonasa a mitad de año. Ellos realizarían la coordinación con los profesionales de Med One y las curaciones avanzadas de heridas y kinesiología a pacientes traumatológicos, principalmente en las zonas aledañas al hospital, según el director. Falta, dice Vásquez, contratar a un conductor y a un médico que cumpla 22 horas a la semana de supervisión de los pacientes desde el hospital. Este equipo, agrega, no atiende a más de 15 pacientes.

Tras dos semanas de trabajo con la empresa, en las que hubo algunas diferencias de criterio respecto al tratamiento de algunos pacientes, Silvana Santander informó que no seguiría en la coordinación del trabajo con Med One. Su salida definitiva del equipo fue el 14 de agosto y su renuncia fue efectiva desde el 3 de octubre, poniendo fin a 15 años de trabajo en el Hospital San José.

Vásquez asegura que siempre estuvo pensada la contratación de la empresa como un complemento al equipo de Santander, que estaría bajo su supervisión, pero sin comprar más camionetas para realizar las visitas. En septiembre, cuando la primera factura de Med One llegó al hospital, también presentó su renuncia Ljubitza Richards, asumiendo en la subdirección de Gestión del Cuidado Cristian Gálvez, presidente de la Asociación de Funcionarios del Hospital San José. Gálvez es quien ahora está a cargo de la supervisión tanto del equipo interno como del trabajo de la empresa.

El director del hospital asegura que no ha recibido reclamos por parte de pacientes ni del grupo médico ni de la subdirección de Enfermería y que el reingreso de pacientes al hospital ha sido casi nulo. A partir de la experiencia adquirida en el San José y la buena recepción que ha tenido por parte de los pacientes, cuenta entusiasmado Giovanni Fernández, ahora están en conversaciones con la Posta Central y el Hospital El Carmen de Maipú para vender sus servicios.

Vásquez, por otro lado, comenta que está trabajando con Cristián Gálvez en la implementación completa del sistema de hospitalización domiciliaria al interior del hospital. “Si en abril, mayo nos damos cuenta de que este equipo potenciado con una camioneta puede cubrir todas las necesidades y logramos tener igual o mejor cobertura que la empresa externa no te quepa duda que vamos a botar el sistema de externalización, pero por el momento no podemos porque ya tenemos más de 40 pacientes acostados. Si lo podemos complementar también lo vamos a evaluar”, concluye, lo que significaría rearmar un sistema de atención hospitalaria que ya estaba funcionando, incluyendo la solicitud, que fue negada en un principio, de ampliar la flota de vehículos que permitiría tener un mejor servicio y sin pagar un peso a empresas externas que prestaran el mismo servicio.