La mañana del pasado domingo 5 de enero un hecho inusual digitado directamente desde el Vaticano rompió la rutina del nuncio apostólico en Santiago. El arzobispo Ivo Scapolo debió recibir en su residencia oficial, ubicada en calle Sotero Sanz Nº 200 (Providencia), a dos sacerdotes mexicanos enviados por Roma: César García y Daniel Jiménez. Su misión era confidencial. Ambos religiosos, de la diócesis de Guadalajara, son jueces eclesiales y fueron enviados a Chile por la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). Según confirmaron a CIPER en el Arzobispado de Santiago, es la primera vez que esa importante instancia vaticana envía a Chile una misión que debe investigar en terreno los abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

Los recién llegados, sacerdotes canonistas, uno en calidad de instructor y el segundo como notario, traían la misión de interrogar a víctimas y victimarios de algunas de las más importantes investigaciones por abuso sexual que actualmente se desarrollan al interior del clero chileno. Entre los acusados hay al menos dos obispos y dos superiores de órdenes religiosas de la Iglesia Católica -mercedarios y jesuitas-, además de una docena de sacerdotes cuyos nombres permanecen en estricta reserva.

CIPER no pudo precisar cuántas investigaciones fueron las que los sacerdotes García y Jiménez realizaron en terreno en el país. Pero sí se pudo constatar que ambos entrevistaron a testigos y posibles víctimas de abusos cometidos por el obispo de San Felipe, Cristián Contreras Molina (mercedario); y el sacerdote chileno Mariano Labarca, quien fue superior general de la Orden Mercedaria entre 1998 y 2004, el sitial de mayor jerarquía a nivel mundial de esa congregación.

Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria (SJ)

En las dos investigaciones mencionadas los sacerdotes fueron convocados a declarar por llamados telefónicos hechos desde la Nunciatura en Santiago -donde se hospedaron los dos canonistas mexicanos-, sin que se les informara el objeto de la cita. Una vez que llegaban a la Nunciatura, se les mostraba un documento en latín que lleva la firma del secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo jesuita Luis Ladaria.

El arzobispo Luis Ladaria conoce bien este país y sabe de los conflictos que han provocado en el seno de la Conferencia Episcopal y en el Arzobispado de Santiago algunas de las más impactantes denuncias por abusos sexuales cometidas por sacerdotes. Un ejemplo de ello es lo que al propio Ladaria le tocó vivir durante el desarrollo del proceso que afectó al ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, y la férrea defensa que hicieron de su director espiritual hasta el último minuto algunos obispos chilenos.

En agosto de 2010, Ladaria recibió cartas enviadas por dos obispos chilenos -Tomislav Koljatic  (Linares) y Horacio Valenzuela (Talca)- en la que éstos le entregaban información falsa para descalificar a sus acusadores certificando la autoridad moral e inocencia de Karadima (Ver reportaje : “Las cartas que obispos y sacerdotes leales a Karadima enviaron al Vaticano para exculparlo”) . Ladaria archivó las misivas de los obispos chilenos y Karadima fue condenado por la Santa Sede.

Los dos canonistas mexicanos no sólo interrogaron a sacerdotes, también entrevistaron a ex religiosos y a personas que habrían sido testigos de abusos. Para escuchar estos últimos testimonios, ambos sacerdotes debieron desplazarse. CIPER confirmó que Concepción (se hospedaron  en la Casa de Retiro Betania), Valdivia y Puerto Montt estuvieron entre las ciudades donde desarrollaron la misión encomendada por la Congregación de la Doctrina de la Fe.

El sacerdote César Guadalupe García, instructor de la investigación, era quién realizaba las preguntas mientras que el segundo sacerdote, Daniel Jiménez, iba escribiendo las respuestas en un computador conectado a una impresora. Una vez terminada la declaración, se imprimía y se hacía firmar por el testigo en todas sus páginas. La última llevaba una foto tomada al RUT del declarante. Los sacerdotes que testimoniaron debieron prestar juramento ante la Biblia de no repetir nada de lo que allí se habló. (Ver declaración del Obispado de San Felipe emitida al día siguiente de la publicación de este reportaje)

DOS OBISPOS BAJO INVESTIGACIÓN

Según la normativa de la Iglesia Católica vigente desde 2001, cada vez que un obispo es acusado de abusos sexuales es la Congregación para los Obispos la que se encarga de la investigación. Pero si entre las denuncias existen abusos contra menores, se debe poner de inmediato el expediente a disposición de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sede en el Vaticano, instancia que instruye el proceso eclesiástico.

Ex obispo de Iquique Marcos Órdenes

Fue lo que ocurrió con la denuncia contra el obispo de Iquique, Marcos Órdenes, quien fue acusado por un hombre de haber sido abusado por el obispo desde que era menor de edad. La CDF se comunicó con el nuncio Ivo Scapolo, quien a su vez le solicitó al arzobispo Ricardo Ezzati que designara dos sacerdotes para que iniciaran la investigación. Los elegidos fueron el sacerdote español Jaime Ortiz de Lazcano, vicario judicial del Arzobispado de Santiago desde 2011, quién antes de venir a Chile se desempeñó como notario del Tribunal Eclesiástico en Roma; y el sacerdote salesiano David Albornoz.

Jaime Ortiz de Lazcano fue el encargado de dilucidar la veracidad de las acusaciones en contra del ex vicario de la Solidaridad, Cristian Precht, proceso que luego de cinco meses terminó con su condena. Además, instruyó la investigación por abuso de poder del ex párroco de El Bosque, sacerdote Esteban Morales, mano derecha por años de Fernando Karadima y quien hasta el final se negó a reconocer su culpabilidad, desconociendo en los hechos el fallo vaticano.

El sacerdote David Albornoz es canonista de la congregación salesiana, doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, entidad en la que se desempeñó como profesor y decano.

LA NOTIFICACIÓN DEL NUNCIO

Fue a fines de abril de 2012, cuando al terminar la reunión de la Conferencia Episcopal chilena, el nuncio apostólico Ivo Scapolo se acercó al entonces obispo de Iquique Marcos Órdenes, y le dijo que debía comunicarle algo importante. Tal como lo contó el mismo Órdenes al diario La Tercera, el 10 de junio de ese año, “había una acusación en mi contra por abuso a un menor de hace como 15 años”. En esa misma entrevista, el obispo Órdenes dijo que le presentó inmediatamente su renuncia al nuncio, pero Ivo Scapolo no se la aceptó.

Meses después, el lunes 8 de octubre de 2012, Marcos Órdenes volvió a presentar su renuncia, la que le fue aceptada al día siguiente por el Vaticano. A partir de ese momento, la investigación siguió su curso por dos vías: la canónica y la civil, ya que la víctima también presentó una querella ante la fiscalía de Iquique. Hasta el momento ni los tribunales religiosos ni civiles han entregado su veredicto.

Respecto de las acusaciones de abuso sexual que afectan al obispo de San Felipe, Cristian Contreras, las primeras denuncias fueron entregadas en el Arzobispado de Santiago por dos sacerdotes de la misma diócesis del obispo Contreras: el canciller del Obispado de San Felipe, Ricardo Cortés, y el párroco de Catapilco, Pedro Vera.

Por un camino paralelo emergió una nueva denuncia de abuso sexual en contra del obispo Contreras, pero esta vez sería el propio nuncio quien la recibiría. El 8 de agosto de 2013, Ivo Scapolo recibió el testimonio de un sacerdote que declaró bajo juramento haber sido testigo presencial de las tocaciones impropias que el obispo Contreras le hiciera en sus genitales, “por encima de la ropa”, a un menor de edad (Ver carta). El sacerdote afirmó también haber recibido él mismo una proposición sexual por parte del obispo.

Esta vez las denuncias que afectan al obispo de San Felipe siguieron un camino distinto al ya conocido: la Congregación para la Doctrina de la Fe no le pidió ni al nuncio ni al arzobispo Ezzati que apoyaran la investigación, optando por un cardenal extranjero para ello. El elegido fue el cardenal mexicano José Francisco Robles, actual arzobispo de Guadalajara, quien instruyó a dos sacerdotes de su confianza para realizar la misión en terreno. Así fue cómo llegaron a Chile el 5 de enero los dos canonistas mexicanos quienes fueron directamente desde el aeropuerto a la residencia de la Nunciatura. Más de veinte días les tomó su sigilosa tarea.

LOS MISIONEROS EXPULSADOS DEL PAÍS

El hondo impacto provocado por las revelaciones de los métodos que utilizó Fernando Karadima -por muchos años y en total impunidad- al interior de la Parroquia El Bosque, para someter y abusar a decenas de jóvenes, gatillaron cambios en el Arzobispado de Santiago en la forma de abordar los abusos sexuales de sacerdotes. Uno de ellos fue el diseño inédito del perfil del abusador. Pero hubo más.

El 10 de noviembre de 2011, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica chilena, el Arzobispado de Santiago decidió hacer pública la lista de sacerdotes condenados por abusos sexuales en la justicia civil y eclesiástica. En esa primera lista aparecieron 18 sacerdotes, 10 condenados por la justicia civil y ocho por la eclesiástica. La última actualización está fechada en diciembre de 2013 y sólo exhibe cinco nuevos nombres (Ver lista).

Héctor Valdés, ex misionero de San Francisco de Sales

El reducido número no significa que las denuncias por abusos de sacerdotes hayan disminuido. Todo lo contrario. Lo que ocurre es que en esa nómina sólo figuran aquellos sacerdotes que han sido condenados a firme, agotadas todas las instancias de apelación en la justicia civil o eclesiástica.

Esa es precisamente la razón por la que en esa nómina no figuran aún los sacerdotes Roberto Salazar Soto y Héctor Valdés, de la Congregación de los Misioneros de San Francisco de Sales, protagonistas de uno de los capítulos de abuso sexual más escabrosos ocurridos al interior del clero local.

La denuncia llegó directamente a Roma en marzo de 2011. Fue entonces que la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó que sería la propia orden en Chile la que haría una investigación interna. Un año transcurrió hasta que finalmente el Vaticano recibió el informe requerido. Su contenido no dejó contentos a los religiosos de la CDF en Roma, por lo que le encargaron al nuncio Ivo Scapolo una nueva investigación.

La desconfianza de los miembros de la CDF tenía asidero. Sólo unos meses más tarde, un nuevo informe sobre el contexto y las circunstancias de los abusos sexuales a menores por parte de los misioneros de San Francisco de Sales, llegó a Roma. El estremecedor informe lleva la firma del vicario judicial Jaime Ortiz de Lazcano y allí se acredita el abuso sexual a un menor de edad perpetrado por los sacerdotes Roberto Salazar Soto (55 años), quien fue superior de la Congregación de los Misioneros de San Francisco de Sales en Chile entre 2008 y 2011; y Héctor Valdés, quien hasta 2008 ocupó ese mismo rango (Ver reportaje de CIPER).

Ambos sacerdotes fueron condenados a la “pena perpetua  de dimisión del estado clerical y dimisión del instituto religioso al que pertenece”. La apelación que presentaron está en curso, pero las medidas adoptadas por sus superiores ya indican el resultado.

Tal fue el cúmulo de hechos ilícitos y reñidos con la moral católica que constató el vicario judicial Ortiz de Lazcano en su investigación, que un mes antes de que la CDF aprobara la condena contra el superior de los sacerdotes misioneros, Roberto Salazar, el arzobispo de Santiago recibió instrucciones drásticas.

En junio de 2013, el arzobispo Ricardo Ezzati convocó al nuevo superior general de los Misioneros de San Francisco de Sales, Thomas Cherukat, y le solicitó que su congregación abandonara el país. La indagación de CIPER indica que la decisión obedeció al convencimiento que se tuvo durante la investigación de que los cinco miembros de la congregación en Chile eran homosexuales activos. Y que había menores abusados.

Para que se lleve a cabo la partida definitiva del país de los cinco misioneros solo falta que se vendan las propiedades en Maipú y Lebu que esa congregación mantenía en Chile. Esa fue la única petición que le hizo a Ezzati el sacerdote Thomas Cherukat.

UN JESUITA AL ESTRADO DE LOS ACUSADOS

Otra norma que rige para las acusaciones de abuso sexual en la Iglesia Católica es que las investigaciones de las órdenes religiosas son de exclusividad de las mismas, no pudiendo intervenir el obispo del lugar donde están asentadas, salvo que reciba un expreso mandato de Roma. Esa es la razón por la cual en el Arzobispado de Santiago informan no saber nada sobre las  acusaciones de las que fue objeto en 2010 el entonces provincial de los jesuitas en Chile: el sacerdote Eugenio Valenzuela.

Siguiendo la norma del Derecho Canónico, la investigación la llevó a cabo un sacerdote de la misma orden jesuita. Sus denunciantes mostraron preocupación e incluso disconformidad. Argumentaron que no se podía esperar la acuciosidad debida, ya que quién instruía la investigación tiene voto de obediencia con el acusado, el provincial de la orden.

Eugenio Valenzuela, ex provincial de los jesuitas

El pasado 20 de enero, en el comunicado oficial que entregó sobre los hechos el actual provincial de los jesuitas en Chile, Cristian del Campo, se informó que las denuncias no determinaron ningún delito eclesiástico, por lo que Eugenio Valenzuela permaneció en su cargo de provincial. Y la investigación fue cerrada. Pero fue reabierta por decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y se encuentra en pleno desarrollo.

Una de las personas involucradas en la denuncia, que prefiere mantener en reserva su identidad, relató a CIPER que el sacerdote jesuita que llevó a cabo la investigación fue Juan Ochagavía, quien fue provincial de los jesuitas en Chile (1972-1978) y asistente general de la Compañía de Jesús en Roma (1983-1991), además de doctor en Teología de la Universidad de Munich y exdirector de la revista Mensaje. Un capítulo especial de su carrera lo marca su participación como teólogo asesor del cardenal Raúl Silva Henríquez en el Concilio Vaticano II.

Ochagavía cerró la investigación de manera categórica, certificando la total inocencia de su superior provincial, Eugenio Valenzuela. También se le informó a CIPER que en ese libelo, Ochagavía se refirió con especial dureza a las “supuestas” víctimas.

Con el resultado de esa investigación en la mano, los denunciantes reiteraron la denuncia pero esta vez la enviaron directamente a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fueron acompañados y asesorados por la canonista de la Universidad Católica, Ana María Celis, quién se excusó de dar su versión a CIPER.

Una vez que en la CDF tomaron conocimiento de las acusaciones contra el provincial jesuita, se adoptaron dos medidas paralelas. La primera fue remover de su cargo al sacerdote Eugenio Valenzuela y la segunda, que se diera inicio a una segunda investigación, ahora bajo las órdenes de Cristian del Campo como  nuevo provincial. Mientras se espera su resultado, a Eugenio Valenzuela se le restringió el ministerio sacerdotal prohibiéndole celebrar misas en público y/o administrar cualquier sacramento de la Iglesia Católica.

En su comunicado del 20 de enero, el provincial jesuita Cristian del Campo insistió en que no hay menores involucrados en esta acusación. También dijo que lo que sí se constató fueron acciones imprudentes por parte del acusado. Sus dichos se contradicen con el hecho de que sea la Congregación para la Doctrina de la Fe la instancia que ordenó la nueva investigación. Y ello, porque como ya se ha dicho en esta nota, ésta solo actúa cuando entre los denunciantes de abuso sexual perpetrado por sacerdotes existen menores.

CIPER no pudo determinar si entre los abusos sexuales investigados en los días de enero pasado por los dos canonistas mexicanos que pernoctaron en la nunciatura apostólica, estuvo el del jesuita Eugenio Valenzuela. Pero en lo que sí hay unanimidad es que esta inspección en terreno llevada a cabo en Chile y por primera vez por una misión ordenada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, es una señal de que al propio obispo Ezzati (aún no investido cardenal) se le ha acotado el espacio y debe aplicar las medidas necesarias para erradicar toda práctica de impunidad y silencio para estos abusos, los que primaron en la jerarquía católica chilena con anterioridad.

LA ACUSACIÓN DE NACIONES UNIDAS

Una señal de los tiempos que se viven en la Iglesia Católica emergió el miércoles 5 de febrero desde Naciones Unidas, al conocerse el resultado de una investigación de seis años llevada a cabo por el Comité de Protección de los Derechos de los Niños de la ONU (CRC, por su siglas en inglés), en la que se concluye que el Vaticano ha violado la Convención de los Derechos del Niño, al adoptar “políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos de menores y a la impunidad de los responsables”.

“Con un código de silencio que castigaba con la excomunión si se rompía, los casos de abusos sexuales nunca fueron reportados a las autoridades de los países donde ocurrieron. Al contrario, el comité encontró casos de felicitación a sacerdotes que se negaron a denunciar a sus abusadores, como lo muestra la carta del cardenal Castrillón Hoyos (de Colombia, quien fue prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero entre 1998 y 2006) al obispo Pierre Pican (de Bayeux-Lysieux, Francia) en 2001”, indica el informe (Ver resumen publicado por la BBC).

Y agrega: “La Santa Sede eligió preservar la reputación de la Iglesia al proteger a los perpetradores de los delitos por sobre el interés de los niños”. Y se le exige al Vaticano que destituya de inmediato a todos los sacerdotes reconocidos como abusadores de niños.

Todo indica que cuando Ricardo Ezzati regrese de Roma ya investido como cardenal, deberá mostrar cómo enfrenta su nueva responsabilidad, especialmente por ser el principal dignatario de la Iglesia Católica a quien corresponde hacer el mea culpa por el cúmulo de silencios y omisiones que han provocado tanto daño. También se espera un cambio en su trato para con las víctimas de abusos sexuales de sacerdotes. Un acápite en el que hasta hoy Ezzati ha mostrado escasa empatía y acogida.

Esta investigación es parte de un proyecto financiado por la Escuela de Periodismo y el Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales.

Entre los varios carteles que cuelgan por las calles de Paine promocionando distintos productos de la zona, se asoma uno que dice: “Preferimos comer sandía que tomar bebida”. En pleno verano, época marcada por la abundante cosecha en los sandiales, la frase bien podría funcionar como un oportuno eslogan para promover el consumo del producto estrella de la zona. Más sana y refrescante, justo cuando el calor no da tregua.

Pero está lejos de ser un llamado amigable. La frase esconde el miedo y la molestia que despierta en muchos vecinos de Paine uno de los proyectos más emblemáticos de la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU): la construcción de una planta de US $300 millones que permitirá sostener el plan de crecimiento con el que la empresa, propiedad de Quiñenco (holding de la familia Luksic) y de la holandesa Heineken, espera doblar su producción de bebestibles a futuro.

Para ello –así se señala en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que la empresa ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)– CCU necesitará extraer de manera intensiva 400 litros por segundo (lt/seg) de agua subterránea. Pero el predio de más de 200 hectáreas donde la compañía quiere construir la planta no sólo se ubica en el corazón agrícola de Paine, sino que se extiende justo encima del acuífero que abastece a toda la comuna y sobre el cual pesa un decreto de restricción de la Dirección General de Aguas (DGA) que prohíbe nuevas extracciones.

Oficinas corporativas de CCU en Vitacura.

Entre los abogados patrocinantes del proyecto de la CCU, que ya fue admitido a trámite por el SEA, figura el ex director de Aguas del gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Weisner. Fue él quien el 24 de septiembre de 2008 firmó el decreto que resolvió el cierre del acuífero de Paine y la imposibilidad de entregar nuevos derechos de aprovechamiento de agua. Ello, con el fin de que las reservas de agua de la comuna no se vieran afectadas.

Los vecinos acusan a la Municipalidad de Paine de actuar con indolencia frente a una amenaza que en poco tiempo, afirman, podría significar la debacle de la comuna. El alcalde, Diego Vergara (RN), ha cultivado fuertes vínculos con Gerardo Arteaga, dueño del predio agrícola pretendido por la CCU y por el que el empresario ya firmó con la cervecera un compromiso de compra-venta. En 2012 la relación entre Vergara y Arteaga se estrechó aún más luego de que el empresario ayudara a financiar la campaña que lo llevó al sillón edilicio por segunda vez.

La pugna de los vecinos de Paine con CCU se suma a la creciente lista de conflictos por agua que actualmente existen en Chile, agudizados por la prolongada sequía que vive el país pero, en muchos casos, originados por la permisiva y arbitraria legislación que por más de 30 años ha regulado la gestión de los recursos hídricos con resultados nefastos para diversas zonas del territorio nacional.

UN AMBICIOSO PLAN DE CRECIMIENTO

El 18 de junio de 2013 llegaron al edificio de la CCU en Vitacura 2670 los accionistas principales y altos ejecutivos de la compañía para discutir un contundente aumento de capital por $340.000 millones. Los aumentos de capital en la CCU no son frecuentes. El último ocurrió en 1996 y fue por casi $100.000 millones. A esta junta extraordinaria no llegó el actual presidente del directorio de la cervecera, Andrónico Luksic Craig.

El gerente de administración y finanzas, Ricardo Reyes, fue quien dio a conocer al resto de los asistentes la necesidad de contar con esos fondos para impulsar la estrategia de crecimiento de la compañía.

“Para enfrentar el crecimiento orgánico, la sociedad contempla un plan de inversiones para 2013-2016 por un monto en torno a los 600 mil millones de pesos. Entre el 2017 y 2020, un monto aproximado de otros 600 mil millones de pesos”. Tras la exposición de Reyes, la junta aprobó el aumento. Así consta en las actas de esa sesión.

El 9 de septiembre, CCU informó a sus accionistas que había suscrito un contrato de promesa de compra-venta con una validez de dos años “para la adquisición de un terreno de hasta 240 hectáreas dentro de la Región Metropolitana, a 45 kilómetros de Santiago”. No informó el lugar, limitándose a señalar que la “posible adquisición busca sustentar el crecimiento futuro de las distintas unidades de negocio de CCU” (ver documento).

Por “posible adquisición” se refería al Fundo Amalia –de propiedad del agricultor y empresario Gerardo Arteaga–, un inmenso paño de tierra ubicado en el corazón agrícola de Paine. Y por “crecimiento futuro”, a la construcción de una mega planta de 50 hectáreas que les permita para el año 2013 añadir 15 millones de hectolitros (1 hectolitro=100 litros) a su línea de producción de bebidas y cervezas que actualmente alcanza los 19 millones de hectolitros anuales.

Los planes de crecimiento de la CCU van a requerir de agua. Por cada litro de bebestible, se necesitan 4.72 litros del recurso, según declara en su reporte de sustentabilidad 2012. CCU necesitará extraer 400 litros por segundo del agua subterránea disponible en la comuna de manera intensiva, según se desprende de la declaración de impacto ambiental que presentó el 16 de septiembre.

LA GUERRA POR EL AGUA

Hace cinco años, Juan Rodríguez Leiva (53 años) extraía agua de su pozo a menos de dos metros de profundidad. Su hectárea y media de tierra se ubica dos kilómetros al sur del Fundo Amalia. “En la década de los ’70 el agua afloraba a la superficie y teníamos que cultivar en la ladera del cerro”, señala. Fue por eso que en 2003 el Servicio Nacional de Geología y Minería decretó la vulnerabilidad del acuífero de Paine: el agua de las napas estaba tan cerca de la superficie que corría el riesgo de ser infiltrada fácilmente con contaminantes.

Hoy Juan obtiene agua sólo a partir de los seis o siete metros de profundidad. La recarga de su pozo, además es mucho más lenta. La mitad de su pequeño predio está seco y de la otra mitad logra sacar a duras penas algunos choclos, tomates y porotos. “El rey del poroto verde”, como dice que se le conoce en la feria libre de Buin, debe comprar mucho de lo que vende en la Central de Abastecimiento de Lo Valledor. “Nos vienen a robar el agua, esa es la palabra indicada. Nosotros vamos a dar la lucha hasta el final”, dice Juan en representación de 80 pequeños agricultores que ya padecen los efectos de la prolongada sequía que afecta a la zona.

Juan Rodríguez muestra el descenso de agua en su pozo.

El 4 de enero pasado centenares de paininos bloquearon la Ruta 5 Sur para protestar contra el proyecto. Los medios cubrieron profusamente el episodio y CCU tuvo que salir al paso. “El agua que va a usar el proyecto, si se aprueba, va a ser no más allá del 2% del acuífero Santiago Sur, sector Buin y Paine. El proyecto considera una extracción de agua ínfima que no tiene ninguna repercusión en el resto de la gente”, señaló ese día a la prensa el abogado de la empresa, Rodrigo Weisner. Sobre agua Weisner sabe mucho. Trabajó 12 años en el Ministerio de Obras Públicas y en 2006 fue nombrado director de la Dirección General de Aguas (DGA), cargo que mantuvo hasta marzo de 2010.

Tras su salida de la DGA, Weisner fue reclutado por el conocido estudio Puga y Ortiz, para fortalecer el área ambiental y de derechos de agua.  Desde allí, el abogado ha defendido al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma (DC), a quien se le ha acusado públicamente de usurpación de agua en la comuna de Petorca, una de las más azotadas por la escasez hídrica en el país.

Hasta hace unas semanas, defendió también a la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, organismo que se opone desde hace algunos años al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en la cuenca del río del mismo nombre. Para los miembros de la coordinadora, el buen trabajo de Weisner –tal como lo califican– se hizo incompatible con la defensa de sus intereses tras decidir representar al proyecto de la CCU en Paine. Esto, luego de que en agosto de 2013 el grupo Luksic, del que CCU es filial, se hiciera del 40% de la propiedad del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

EL GIRO DE WEISNER

Cumpliendo su rol directivo en la DGA, el 24 de septiembre de 2008 Weisner firmó la resolución Nº 276 decretando el cierre del acuífero de Paine para nuevas extracciones de agua (ver resolución). El informe técnico Nº 168, elaborado por expertos de la misma DGA en abril de 2007 –y que también lleva la firma de Weisner–, fundamentó su decisión: “De los antecedentes existentes se concluye que la explotación presente en el sector hidrológico de aprovechamiento común de Paine, supera con creces la demanda estimada, por ello se considera que no es prudente otorgar derechos provisionales, con objeto de garantizar que la explotación del respectivo sector sea la apropiada para la protección y conservación en el largo plazo” (ver informe).

En 2011 la misma decisión cayó sobre el acuífero de Buin, que también quedó cerrado para la entrega de derechos y nuevas extracciones.

Cuando la resolución Nº 276 entró en vigencia, el total de derechos de agua entregados a particulares por la DGA sobre el acuífero de Paine ascendía a 1.638 lt/seg. En el caso del de Buin, los derechos ascendían a 8.020 lt/seg. A diferencia de lo que sucede con la minería y otras industrias, al ser derechos entregados mayormente a pequeños y medianos agricultores, su uso no es intensivo, por lo que la demanda real es muy inferior al total de litros consignados en el papel y entregados como derechos.

Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.

En efecto, el mismo informe técnico estableció que la demanda real de extracción de agua sobre los acuíferos de Paine y de Buin ascendía a 387 lt/seg y a 2.897 lt/seg respectivamente. Tomando en cuenta la capacidad de recarga de ambos acuíferos y el consumo de agua vigente, se estableció que para evitar la afectación sobre aguas subterráneas y superficiales, la demanda máxima sustentable sobre ambos acuíferos no debía sobrepasar el uso comprometido para entonces. Cualquier extracción por sobre los 387 lt/seg (12.191.818 m³/año) en Paine o los 2.897 lt/seg (90.640.771 m³/año) en Buin impactaría negativamente el equilibrio existente.

Ese es el escenario hídrico en el cual intervendrá la CCU con su nuevo proyecto. La declaración de impacto ambiental de la empresa señala que el proyecto necesitará de 400 lt/seg de agua para sustentar sus procesos productivos. “Se necesitará contar con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por un caudal de 400 lt/seg”, se señala en uno de los anexos. Otro documento (anexo 2.6) confirma la cifra, fijando el caudal de operación en “400 lt/seg acumulados en seis estanques” de tratamiento. Se señala además que el proyecto “obtendrá derechos de aprovechamiento de agua por la vía de compra de derechos” y que el proyecto una vez entre en completo funcionamiento sólo ocupará “el 4.71% de los litros disponibles en ambos acuíferos”.

Lo que ese documento no especifica con claridad es que los 400 lt/seg que la CCU debe comprar para hacer operativo su proceso productivo serán puestos en uso intensivo, lo que generaría un estrés adicional a la demanda ya existente. Tampoco que el cálculo de impacto (4.71%) sobre la disponibilidad de los acuíferos se estaba haciendo sobre “el agua de papel” –la suma total de litros entregados en forma de derechos a particulares (1.638 y 8.020 lt/seg en Paine y Buin, respectivamente)– y no sobre las cotas máximas de extracción sustentable establecidas por la misma DGA en el estudio que visó el entonces director de la institución y actual abogado de la CCU.

Con estas cifras sobre la mesa, el porcentaje de impacto sobre los acuíferos es casi tres veces mayor al porcentaje presentado en la declaración.

En entrevista con CIPER, representantes de CCU atenuaron las cifras expuestas en el proyecto. El gerente de Ingeniería de CCU, Francisco Rodríguez, señaló que nunca afirmaron que esos 400 lt/seg correspondían a la cantidad real de agua que se necesitaba. “Estábamos en periodo de ajuste. Nosotros decíamos que en el peor de los casos ocuparíamos 400 lt/seg, que eso era lo que íbamos a comprar. Sin embargo, en el mes de máxima producción lo que vamos a utilizar son 250 lt/seg y 129 lt/seg como promedio anual. Eso equivale al 1.3% de la disponibilidad del acuífero”. Al igual como sucede con la DIA, el cálculo de Rodríguez se basa en el total de litros por segundo entregados como derechos (el agua de papel) y no sobre el total de extracción real establecido por el informe de 2007 de la DGA.

Frente a ese hecho, Weisner señala que el agua que ocupará el proyecto será extraída de un acuífero confinado –independiente del sistema hidrológico de la zona–, ubicado a 170 metros de profundidad, por lo que no afectará a terceros. “Lo que importa son las cifras anuales. Según el estudio de la DGA lo sustentable son como 110 millones de m³ al año [NdR: 102.832.589 m³ es la suma del máximo de extracción sustentable anual de los acuíferos Paine y Buin según la DGA]. Si se aprueba el proyecto nosotros utilizaremos sólo 4 millones de m³. Eso es lo que finalmente importa para efectos del balance”, señaló el abogado, contradiciendo las cifras de impacto entregadas por el ingeniero de la CCU.

LA RESERVADA GESTIÓN DE LA CCU

El martes 17 de septiembre de 2013, Elizabeth Lazo (60 años, técnico paramédico) entró a internet para leer la prensa, como todos los días. En medio de la agenda noticiosa copada por los 40 años del Golpe y la inminente celebración de fiestas patrias, detectó una pequeña nota en La Tercera. “Planta de CCU costará US $300 millones y se ubicará en Paine”, decía el titular.

El proyecto llegó a la prensa un día después de que fuera ingresado en el SEA. Pero pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de los paininos, que ya se preparaban para celebrar. Hasta entonces, Elisabeth no sabía qué era un hectolitro. Tomó la calculadora y sacó cuentas. Le apareció una cifra interminable. Eran miles de millones de litros de bebestible los que la CCU proyectaba producir con la instalación de su nueva planta en Paine. Y para ello necesitaba agua en una proporción casi cinco veces mayor que aquella estratosférica cifra.

“Le pregunté directamente al alcalde Diego Vergara sobre el emplazamiento de la planta. No sé, fue su respuesta encogiéndose de hombros. Por allá cerca de unos cerros, me dijo después”, cuenta Elizabeth. Por entonces, la municipalidad ya había incluido la noticia en su página web, anunciando la llegada de más de mil nuevos empleos a Paine.

Calles de Paine.

Lo otro que le sorprendió es que el proyecto fuera ingresado como una declaración de impacto ambiental (DIA) y no como un estudio de impacto ambiental (EIA). La Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente indica en el artículo 11 letra b que si un proyecto “presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables incluidos el suelo, el agua o el aire”, deberá ser ingresado como estudio y no como una declaración. A diferencia del EIA, la DIA no exige la realización de estudios de línea base ni de mitigación para compensar los daños que la actividad pudiese producir. Tampoco considera la obligatoriedad de abrir un proceso de consulta ciudadana.

La autoridad ambiental consideró que el proyecto no presentaba riesgos significativos ni efectos adversos sobre los recursos naturales renovables y declaró admisible la DIA de la CCU (ver documento). El 24 de septiembre –y asesorados por la consultora Sustentable S.A. que cuenta con más de 150 proyectos aprobados en el SEA–, la compañía cosechó su primera victoria.

Aunque no sea mandatoria, las declaraciones de impacto ambiental pueden admitir una instancia de participación ciudadana si es que en un plazo no superior a 10 días desde la publicación de un extracto del proyecto en el Diario Oficial, al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o 10 personas naturales directamente afectadas la pidan formalmente en las oficinas del servicio.

A las 17.00 del 15 de octubre, día en que expiraba el plazo para solicitar la consulta ciudadana, nadie se había presentado en las oficinas del SEA. Media hora después llegó a las dependencias del organismo un puñado de dirigentes con las firmas bajo el brazo. “Nos enteramos el último día que podíamos solicitar formalmente nuestra participación en el proyecto y hacer observaciones”, cuenta Elisabeth. A las 18.30 horas el trámite estaba hecho y las oficinas cerradas.

Hasta entonces, el alcalde Diego Vergara no se había pronunciado sobre el proyecto frente a la comunidad, que le pedía aclarar su postura. Días antes, el 25 de septiembre, la municipalidad había recibido la notificación del SEA para que, de acuerdo a sus atribuciones, evaluara si el proyecto se ajustaba a la normativa ambiental. Justo un mes después, la municipalidad envió diez observaciones, pidiendo algunas aclaraciones y condicionando su pronunciamiento a que el titular del proyecto respondiera satisfactoriamente a ellas. Entre las observaciones se encontraba el dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcción y al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana. La municipalidad pidió, además, que de existir medidas de compensación, se le entregara a la municipalidad “terrenos para la implementación de áreas verdes”.

El 18 de noviembre los vecinos convocaron a una asamblea para aunar criterios e ir recopilando las observaciones que presentarían el 8 de enero de este año. Llegaron más de 200 personas. Se cursó invitación también al alcalde, a quien le pidieron nuevamente que se pronunciara. Pero no lo hizo y tuvo que retirarse de la reunión.

El 20 de noviembre la presión era insostenible. Ese mismo día Vergara publicó en la cuenta de Twitter del municipio: “Si es en Paine se tiene que hacer bien”. El 4 de diciembre contestó por la misma vía a una interpelación en la que se le acusaba de apoyar el proyecto, señalando que “la municipalidad de Paine está en contra”.

¿Por qué después de dos meses y medio de ingresado al SEA el alcalde recién se pronunciaba frente a la comunidad sobre el proyecto? ¿Por qué cambió de postura?, son las preguntas que se hacen los paininos.

Diego Vergara, tal como contó a CIPER (ver recuadro), ha forjado estrechos vínculos con Gerardo Arteaga, propietario del Fundo Amalia y lugar donde la CCU proyecta instalarse. El alcalde reconoce una relación de muchos años con el empresario y además que recibió dinero de su bolsillo para financiar su campaña al sillón edilicio. Insiste, sin embargo, en que ello nunca ha comprometido sus decisiones y que la contribución a su candidatura fue marginal. Según datos del Servicio Electoral (Servel) la campaña de Vergara para llegar a la alcaldía costó $9.286.064. Sin embargo, no se registran aportes hechos por terceros. La donación no aparece en ninguna parte, pese a que la Ley Nº 19.884 sobre transparencia, límite y control de gasto electoral es clara al señalar que toda contribución privada debe ser entregada bajo la modalidad de aporte anónimo o reservado, aunque los donantes tienen el derecho a pedir que se consigne su identidad. No queda claro de qué manera Arteaga hizo llegar su aporte al entonces candidato. Los datos del Servel indican que se hizo fuera de norma y en completa informalidad.

El 8 de enero pasado, la comunidad de Paine hizo entrega al SEA de un extenso pliego de observaciones a la declaración de impacto ambiental ingresada por la CCU en septiembre. En el proceso participaron 250 vecinos. Al SEA también llegó el alcalde.

Varias semanas antes de que las observaciones ciudadanas fuesen ingresadas al organismo, CCU pidió al SEA ampliar el plazo para responder adecuadamente a las observaciones realizadas por los organismos competentes que participan de la evaluación. Aún no llegaban a sus manos las observaciones ciudadanas que también debe responder. El 2 de abril de 2014, CCU deberá enviar al servicio ambiental sus aclaraciones y respuestas a todas las observaciones realizadas. La CCU no descarta pedir una nueva extensión del plazo en vista de la enorme cantidad de observaciones que deben ser aclaradas.

EL FUNDO AMALIA Y LOS NEGOCIOS DE ARTEAGA

Vista del Fundo Amalia desde la Ruta 79.

A mediados de 1980, Gerardo Arteaga Oehninger comenzó a producir a gran escala en el Fundo Amalia, actividad que tomó impulso tras la creación en 1987 de la sociedad “Agrícola Amalia de Paine Limitada” constituida con un capital de $100.000. Por esos años, el fundo contaba con 7.224 árboles de durazno plantados, 6.015 ciruelos y 16.300 plantas de uva. Desde la Ruta 79 –conocida como el “Acceso sur” de Santiago y con la cual colinda el gigantesco terreno de Arteaga– se divisan a simple vista vastos paños de tierra cultivada con los mismos frutales.

Con la creación de nuevas sociedades agrícolas, Arteaga fue consolidando su posición como agricultor y como uno de los grandes exportadores de productos premium de Paine.

Pero este no es el único rubro del que Arteaga participa. A fines de los ’70 creó la “Administradora de Parques de Entretención Limitada” con la que inició la importación de juegos mecánicos de entretención: autitos chocadores, montañas rusas, botes, trencitos y otros. Nacían el ya extinto Mundo Mágico y Fantasilandia, que hoy que funciona en un terreno concesionado por la Municipalidad de Santiago hasta el 2022.

En una entrevista dada a El Mercurio el 19 de enero pasado, Arteaga contó que en caso que no se renueve la concesión del terreno, posee otro de 40 hectáreas que podría utilizar para continuar con el negocio que ya tiene 36 años y que factura anualmente alrededor de $6.000 millones.

Antes de que el artículo de El Mercurio saliera publicado, algunos vecinos de Paine ya especulaban con que una parte del terreno del Fundo Amalia sería destinado a la instalación de un parque de diversiones. CIPER se comunicó con el empresario para conversar sobre sus proyectos, pero no recibió respuesta.

Para algunos paininos, la CCU será la punta de lanza para una progresiva industrialización de la zona que partirá justo en el corazón de la comuna y que no sólo podría dejarlos sin agua, sino que terminar por cambiar la fisonomía de Paine.

ALCALDE DE PAINE: “NOS COSTÓ DIGERIR EL TEMA”

Diego Vergara, alcalde de Paine.

¿Cuál es su postura respecto al proyecto?

Estamos complicados como municipalidad por la envergadura del proyecto y la forma en que lo está percibiendo la comunidad y la municipalidad. Cuando llega una empresa de este tamaño, la planta mide 50 hectáreas, no sé cuántos miles litros de cerveza, 300 millones de dólares, miles de litros de bebida diarios, esto hay que tomarlo con mucha cautela y tiene que hacerse bien.

¿Por qué cambió de opinión respecto de esta inversión?

Porque no teníamos todos los antecedentes, no teníamos los datos de la declaración de impacto ambiental. No tenemos un cambio de opinión tampoco.

La CCU publicó la noticia de su instalación en Paine en El Mercurio. Cuando llega un nuevo proyecto a la comuna cualquier alcalde queda contento. Así como ha llegado Wenco, Hewlett Packard y otras empresas a Paine, dijimos “una más, qué bueno que venga una más”.

¿Cuándo cambió de opinión entonces?

Luego al ver que se publicaba la DIA y las cifras que involucraba el proyecto, nos preocupamos. No es que nos echemos para atrás, sólo vimos las cifras.

La municipalidad no actuó antes de que se acabara el plazo para pedir una instancia de consulta ciudadana…

Sí, desconocimiento. Nosotros también tenemos observaciones importantes al proyecto. Cuesta digerir este tema.

Si los vecinos de Paine no llegan el último día a pedir la instancia de participación ciudadana en el SEA, no hubiesen podido hacer sus observaciones.

No.

En vista de su oposición al proyecto, ¿Por qué no lo hizo la municipalidad?

Hay que ser bien realista, hasta ese momento la veíamos como una empresa más que se instalaba en Paine.

Pero los datos que hablaban de la magnitud del proyecto ya eran públicos.

La ciudadanía también lo hace a uno reaccionar y estamos reaccionando desde esa fecha y hemos presentado nuestras observaciones. Lento, nos pusimos lentos. Teníamos el convencimiento de que las empresas traen desarrollo, pero ésta significa un atropello al mundo agrícola.

¿Es Amalia uno de los mejores predios de Paine?

Es uno de los predios que tiene más tecnología en la zona, uno de los más trabajados para producir agrícolamente. Mi papá fue parte de esa sociedad y vio el crecimiento de ese fundo.

¿Tiene algún tipo de conflicto de interés con el proyecto CCU por su cercanía con Gerardo Arteaga, dueño del Fundo Amalia?

No tengo conflicto de interés. Lo conozco desde hace mucho tiempo y créeme que nos hemos distanciado con esto.

Se lo pregunto porque hay una promesa de compra y venta entre él y la CCU.

Esto ha sido lo difícil del asunto, ver que gente cercana se transforma ahora en “enemigo”.

¿Financió Gerardo Arteaga su campaña?

Sí, pero un financiamiento muy chiquitito. Un tema no notorio. Muchos empresarios pusieron un poquito y él fue uno, pero en forma muy somera, dentro de lo normal.

 

 

Antonio Yelpi (47 años) no terminó sus estudios de Administración Pública. Su pareja, Jacqueline Hernández (35), tampoco los de Pedagogía Básica en la Universidad Cardenal Silva Henríquez. En 2011, ambos formaron CEDEPU (Centro de Estudios para la Democracia Popular), institución que actualmente ofrece en Chile doctorados en educación y otros títulos, bajo la modalidad e-learning, en asociación con una escuela de negocios en Tenerife, España. En sus sólo tres años de vida le han otorgado títulos doctor honoris causa a dos mandatarios polémicos: al dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema y al entonces Presidente de Honduras, Porfirio Lobos. En ambas ocasiones la entrega fue motivo de solemnes ceremonias.

La carrera de CEDEPU ha sido meteórica, como también lo ha sido el recorrido académico de Yelpi y Hernández. Pese a no haber completado sus estudios de pregrado, Yelpi se presenta hoy como cientista político, master en gestión educacional y PhD. Así aparece en la página web del centro que dirige. Pero esos son sólo algunos de los hitos del nutrido currículo que exhibe. Las credenciales que utiliza Jacqueline Hernández son similares a las de su cónyuge: licenciada en Ciencias Políticas, egresada de Pedagogía Básica,  master y doctora en Educación.

Antonio Yelpi de Cedepu (Fuente: Blog Cedepu)

Junto a ellos figura en el directorio de CEDEPU el militar retirado Julio Fuentes Chavarriga, “doctor dignitas principium en Filosofía”, tarotista y con varios títulos académicos en “inteligencia y estrategia comunicacional”. El 29 de enero de este año, el juez de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó una orden de procesamiento en su contra por exhumación ilegal y posterior incineración de 11 cuerpos de campesinos en uno de los capítulos de la llamada “Operación Retiro de Televisores”, ordenada por Augusto Pinochet en 1979, para borrar el rastro de más de un centenar de opositores asesinados y enterrados en fosas clandestinas después del Golpe de Estado.

Bajo su alero, y con el empuje de otros académicos también con extensos currículos, CEDEPU fue creciendo y cerrando alianzas. Entre ellas, con la cuestionada Universidad La República en Chile (ULARE), con la American Andragogy University de Hawaii, con la Universidad Wiener de Perú y con el Foro Euroamericano de Desarrollo Educativo (FEDE).

Pero CEDEPU fue más allá. Porque además de ser un centro formativo, es una consultora internacional en un amplio abanico de temas: estrategia, inteligencia, bioseguridad, formación continua, capacitación, soluciones computacionales, certificaciones, consulting y branding.

El suculento repertorio de saberes del centro y los prolíficos antecedentes académicos de sus directivos le abrieron las puertas a CEDEPU en Honduras. Hacia allá viajaron sus fundadores en septiembre de 2011 para dictar un seminario sobre libertad de expresión. El viaje culminó con la entrega del grado doctor honoris causa al entonces Presidente de la República Porfirio Lobos, otorgado por CEDEPU y la ULARE. La iniciativa le significó al centro el fichaje de una serie de talleres, seminarios y asesorías que hasta hoy le reportan ingresos en ese país.

Meses más tarde de su primera visita a Honduras, viajaron a Guinea Ecuatorial, ex colonia española y único país de habla hispana en el continente africano.  Hace un par de meses emprendieron un segundo viaje. Ambos fueron financiados por el gobierno local.

Entrega de doctorado a Porfirio Lobo (Fuente: Blog Cedepu)

En el primero entregaron el grado académico de “doctor honoris causa en ciencias sociales” al dictador que hace 34 años gobierna al país, Teodoro Obiang Nguema. En el segundo, hicieron lo mismo con su esposa, Constancia Mangue. Obiang es sindicado como uno de los líderes más autoritarios y corruptos del mundo en un país de casi nulas libertades y donde –pese a tener un PIB per capita superior al de Chile– parte importante de la población vive en la pobreza extrema.

Para los detractores del gobierno, la entrega de estos títulos correspondería a otra de las maniobras de Obiang para sacudirse de su fama de represor. Algunos lo acusan de haber desembolsado una millonaria suma de dinero a cambio de aquellos reconocimientos.

En medio de los escándalos por el lucro que ha imperado en varias instituciones de Educación Superior en Chile, sin ningún control sobre la calidad de la instrucción que ofrecen, la historia de CEDEPU no es sólo un relato rocambolesco. Enciende nuevamente las alarmas respecto de la oferta educativa que se sigue abriendo paso en el país ante la ausencia de una ley o de mecanismos de la autoridad competente para regular esa “industria”.

El doctorado en Educación que ofrece CEDEPU en Chile –y que es avalado por la European School of Managment (ESM) de Tenerife– dura dos años y tiene un  valor de $.3.637.000 con matrícula incluida. Ya los están cursando 27 alumnos de Chile y otros países de Latinoamérica.

LA EXPANSIÓN DE CEDEPU

Poco después de haber sido creado, CEDEPU se instaló en el segundo piso de la sede central de la Universidad La República, ubicada en Agustinas 1831. Desde allí organizó una serie de cursos conducentes a la obtención de distintos grados académicos. Desde un comienzo la oferta fue abundante: diplomados en Estudios Políticos Contemporáneos, en Desarrollo Local y en Comunicación y Seguridad; licenciaturas en Educación y en Relaciones Internacionales; y maestrías en Ciencia Política, Negocios Internacionales y en Administración Educacional. Todos bajo el método e-learning, ejecutados por CEDEPU y acreditados por la ULARE.

Poco después subieron la apuesta. Tras lograr sellar un vínculo con la American Andragogy University de Hawaii, ambas entidades, en conjunto con la ULARE integraron a su portafolio de productos educacionales dos doctorados –en Educación y Ciencias Políticas– en los que se ofrecía doble titulación, nacional e internacional. Con una duración de dos años, el valor de cada uno de los programas -de carácter virtual-, ascendía a US $4.500 (ver programa).

Andragogy University, que ofrece “programas a distancia para personas adultas que tengan capacidad para llevar un estudio autodidacta”, no está acreditada por ninguna agencia reconocida por la Secretaría de Educación de Estados Unidos. Pero eso no fue problema para el CEDEPU que no tuvo reparo en entregarle un diploma firmado por el mismo Yelpi en un intento por validar su sistema pedagógico (ver diploma).

Jacqueline Hernández, directora de Cedepu (Fuente: Blog Cedepu)

La ULARE, cuya única petición de acreditación fue rechazada en 2006, fue la universidad que en 2012 sumó más reclamos en el SERNAC por parte de sus alumnos.  En 2010 estuvo al borde de la quiebra por millonarias deudas. Pese a ello abrió nuevas sedes –hoy son 13– y se embarcó en la aventura de la enseñanza virtual de la mano de CEDEPU.

CIPER consultó por estos programas a la ULARE, desde donde señalaron que algunos se habían impartido y que para este año no se tenía claro si se ejecutarían o no.  Yelpi niega que hayan llevado a cabo aquellos cursos y señala que el vínculo con la ULARE dejó de existir a fines de 2011. “CEDEPU tuvo un convenio con la universidad, pero no hicimos nada en conjunto por los problemas legales que tenían ellos”, dijo.

Respecto de la universidad con sede en Honolulu, Andragogy, Jacqueline Hernández señaló algo parecido: “Cuando hicimos una suerte de acercamiento hacia ellos, estuvimos viendo que ellos no eran acreditados y eso significaba trabajar en un marco que no queríamos”.

Pero la amplia oferta de formaciones publicada en distintas plataformas del mismo CEDEPU habla de vínculos que van mucho más allá de simples acercamientos. Tanto Andragogy University como la Universidad La República fueron las plataformas desde las cuales CEDEPU entró formalmente en el negocio de la educación ofreciendo grados académicos en Chile y otros países de Centroamérica.

Tras entregarle el doctorado honoris causa a Porfirio Lobos en Honduras, Yelpi y Hernández comenzaron a ofrecer maestrías y doctorados en ese país y luego en Guatemala con el sostén de la ULARE  y la Andragogy University. “Doble titulación automática”, era una de las promesas a los alumnos (ver aquí).

LIGAS MAYORES

Actualmente quien sostiene académicamente al CEDEPU es la European School of Management de Tenerife (ESM), institución a la que Yelpi y Hernández representan en Chile. El vínculo con la ESM se concretó en 2012. Yelpi se presentó ante las autoridades del ESM como secretario ejecutivo del CEDEPU y como miembro del consejo directivo de otra institución: el Foro Euroamericano de Desarrollo Educativo (FEDE).

De FEDE no se sabe mucho, salvo por las propias columnas y posteos del mismo Yelpi en un blog –los que firma con el mote de “canciller” del FEDE– y una cuenta en Facebook con 95 seguidores (ver blog).

A su vez, la ESM de Tenerife señala en algunas de sus comunicaciones su participación en el FEDE, al que describe como una “federación de escuelas europeas” con sede en Zurich (Suiza) y que ejerce labores consultivas en el Parlamento europeo. Pero en la nómina de organismos civiles de la Unión Europea que participan de esta instancia no hay registro de esta institución.

Algo similar sucede con CEDEPU. En el resumen de su “memoria 2011”, se señala que están inscritos como agentes de la sociedad civil ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Mercosur. Pero no hay rastro de su vínculo en ningún registro oficial de esos organismos.

-Hicimos la solicitud de ingreso formalmente de forma permanente, pero eso demora un tiempo. Se mandan cartas, tienes que mandar oficios de toda tu parte constitutiva, etcétera –dijo Antonio Yelpi a CIPER.

En la misma memoria, CEDEPU declara colaboraciones permanentes con la Fundación Balmaceda. Desde la propia fundación señalaron a CIPER que nunca han trabajado con ellos y que han rechazado en varias oportunidades las asesorías ofrecidas por Yelpi.

Tras la entrevista hecha por CIPER a Yelpi y Hernández, varios de los contenidos que colgaban de sus plataformas web fueron borrados, entre ellos su participación en Mercosur, CEPAL y las asesorías a Fundación Balmaceda. Pese a ello, la web aún guarda registro de esos contenidos (ver aquí).

A. Yelpi entrega premio "Nelson Mandela" a ex alcalde de Arica. (Fuente: Blog Cedepu)

Desde entonces, el Foro Euroamericano de Desarrollo Educativo (FEDE) pasó a formar parte de la rimbombante narrativa de CEDEPU, como organismo de respaldo tanto en sus presentaciones oficiales como en las intervenciones que sus directivos han sostenido al más alto nivel.

Fue también a nombre del FEDE que Yelpi, tras realizar un taller en Arica, le hizo entrega a fines de 2011 del premio “Nelson Mandela a la inclusión social” al ex alcalde de la ciudad Waldo Sankán (PPD). Sankán se encuentra actualmente en prisión preventiva a la espera de cargos por malversación de fondos públicos, asociación ilícita y fraude al fisco por $3.600 millones.

El FEDE es también el organismo que supuestamente le entregó al ex militar Julio Fuentes Chavarriga su doctorado “dignitas principium en filosofía”. Al currículo de Fuentes se suma un master en inteligencia y estrategia comunicacional entregado por la ESM de Tenerife y una serie de otros estudios.

No se sabe dónde Antonio Yelpi habría obtenido su PhD. Jacqueline Hernández obtuvo su doctorado de manos del mismo CEDEPU en asociación con la ESM de Tenerife. Así consta en los registros de esta curiosa escuela de comercio que entrega doctorados en Educación. De los títulos de magíster y doctor en Educación de Manuel Santis, otro de los miembros del directorio de CEDEPU, tampoco hay registro.

Otro de los vínculos internacionales que hasta hoy sostiene el CEDEPU es con la universidad Norbert Wiener de Perú, con la que Yelpi firmó un convenio en diciembre de 2012 para ofrecer programas educativos en Chile. A fines de 2013, IPSOS dio a conocer los resultados de una encuesta en la que altos ejecutivos de más de 150 empresas en Perú escogían aquellas universidades del país que bajo ningún motivo considerarían para contratar a sus futuros empleados. La Universidad Weiner ocupó el segundo lugar.

Extrañamente, la descripción del tipo de programa que CEDEPU pretende impulsar con la universidad peruana es exactamente igual a la que usa la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro cuando da a conocer su licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad (ver aquí).

La oferta académica de Cedepu con ESM de Tenerife es abundante

Al amparo de esta nueva camada de instituciones (Wiener, FEDE y ESM de Tenerife), CEDEPU se preparó para desembarcar en África. También para reinventarse en Chile, donde además del doctorado en Educación, han preparado formaciones adicionales para ser impartidas a distancia: master en Gobernabilidad del Agua, en Gestión Educacional, en Desarrollo Local y Economía Social, además de una serie de diplomados entre los que destaca Inteligencia de Negocios e Innovación Empresarial.

Para avalar esos títulos, CIPER quiso saber cuáles eran los académicos con que cuentan para desarrollar sus cursos. Estas fueron las respuestas de sus principales directivos: Antonio Yelpi y Jacqueline Hernández.

–¿Quiénes son los profesores de CEDEPU? ¿Qué tipo de especialidad tienen?
–Son externos, cada trabajo lo hacemos con expertos idóneos en el tema. El directorio es el directorio, pero quienes realizan el trabajo son personas que nosotros subcontratamos, profesionales de nuestro círculo de amistad centroamericano y algún sudamericano -contesta Yelpi.

–¿Tienen alumnos actualmente?
–En este minuto un programa enfocado en un doctorado propio. Hay 27 alumnos.

–¿Chilenos?
–Sí y también extranjeros. Ellos hacen una investigación, se les asigna un tutor y luego de un tiempo éste les hace las evaluaciones correspondientes.

–¿Cuál es su formación señor Yelpi?
–Soy cientista político.

–¿De qué universidad?
–No, yo tengo formación a nivel de diplomado en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Y luego con la Universidad Internacional Euroamericana saqué una maestría en Gestión Educacional.

–¿Y usted señora Jacqueline Hernández?
–Educación, en el área completamente de Educación.

LA DICTADURA DE TEODORO OBIANG

Eran las 22.00 horas del sábado 16 de noviembre de 2013 en Malabo cuando sonó el silbato y la pelota comenzó a rodar. El estadio, con capacidad para poco más de 15 mil personas, estaba atestado de gente. España y Guinea Ecuatorial se enfrentaban por primera vez en un partido de fútbol. Fue un día histórico. Nunca antes una selección de fútbol europea había pisado suelo ecuatoguineano. Y no se trataba de cualquiera. La Nzalang (Rayo) como se le conoce a la oncena africana –que ocupa el puesto 108 en el ranking de selecciones de la FIFA– se enfrentaba nada menos que al último campeón del mundo.

Teodoro Obiang Nguema

Allí estaba Xavi Alonso, David Villa, Iniesta y otro puñado de estrellas del fútbol mundial pisando el brilloso césped del Nuevo Estadio de Malabo. Xavi Alonso salió lesionado poco antes del entretiempo luego de una feroz patada. La vehemencia de los jugadores africanos se hizo sentir desde el primer minuto.

Además del orgullo deportivo, había otros incentivos para que los jugadores no escatimaran esfuerzos en vencer al rival. “Teodorín”, hijo del dictador Teodoro Obiang Nguema, ofreció 5 millones de euros a la selección de su país si lograba derrotar a los campeones. Quería que la fiesta que el gobierno de facto de Guinea Ecuatorial ofrecía a su pueblo diera paso a la euforia. Que la cúpula política pudiese capitalizar los frutos de una victoria épica y que las críticas al polémico gobierno quedaran sepultadas bajo el fragor del delirio colectivo. Pero bastaron 90’ minutos para que la promesa del vástago de Obiang se esfumara. Los locales cayeron 2 a 1.

Al gobierno le quedaba una carta: la foto del dictador con las estrellas futboleras de la liga más respetada del mundo. Pero los jugadores españoles, concientes de la polémica que ese amistoso estaba provocando en su país, se negaron.

Medios como The New York Times, The Washington Post y The Guardian, por citar algunos, deslizaron críticas por la visita de la “Roja” al país africano. La discusión se instaló en la clase política española, impulsada principalmente por los partidos de oposición al gobierno de Mariano Rajoy.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch habían pedido días antes la suspensión del partido. “Guinea nos pone coloraos” fue el titular de As, uno de los medios deportivos más influyentes de España, el que acompañó de una foto de la selección vestida de rojo.

En 1979, Teodoro Obiang Nguema, teniente del Ejército de Guinea Ecuatorial, encabezó  un Golpe de Estado que derrocó al sanguinario Francisco Macías Nguema, su tío. Desde entonces no ha soltado el poder.

A partir de la década de 1990 Guinea Ecuatorial comenzó a vivir la fiebre del petróleo y se transformó, gracias a sus enormes reservas, en uno de los mayores productores del África sub–sahariana. El crecimiento fue explosivo. Así se ganó el mote de la “Kuwait de África”.

En el curso de 10 años (1996-2006) el PIB aumentó en 35 veces. Sin embargo, son muy pocos los que en ese país de 1,1 millones de habitantes se han beneficiado de esa riqueza. Según acusan algunas ONG y medios internacionales, ese dinero ha servido únicamente para solventar los fastuosos gustos del dictador, su familia y del séquito que lo rodea. Mansiones, aviones, yates y autos de lujo hacen parte del patrimonio de los miembros de esta reducida elite.

Según el Índice de Desarrollo Humano 2013 de Naciones Unidas, el mayor crecimiento en el ingreso per cápita a nivel mundial se registró en China y, sorprendentemente, en Guinea Ecuatorial. Allí sobrepasa los US $21.000, uno de los más altos de África. Una cifra que contrasta con su ranking en el índice de desarrollo humano: ocupa el lugar 136, lo que lo convierte en uno de los países con la mayor brecha entre ingresos y desarrollo humano. La expectativa de vida, según el mismo informe, no supera los 51 años. La presencia de doctores es escasa: sólo 0,3 profesionales por cada mil habitantes.

Reportes del Fondo Monetario Internacional señalan que tres cuartas partes de la población vive bajo la línea de la pobreza (menos de US$2 al día). La entidad financiera aconseja al país reformular su gestión de gasto público y redirigirlo “hacia programas sociales”.

Portada del AS de España, 14 de noviembre de 2013

Transparencia Internacional ubica a Guinea Ecuatorial entre las naciones más corruptas del mundo. Ocupa el puesto 163 entre los 177 países listados en el ranking. En 2004 el Senado estadounidense instruyó una investigación para esclarecer las millonarias cuentas que Obiang mantenía en el cuestionado Banco Riggs y cuyo origen correspondía a cuantiosos pagos hechos por grandes compañías petrolíferas, entre ellas Exxon Mobile. Así lo informó BBC News en junio de 2013. Un año antes, jueces franceses emitieron una orden de captura internacional contra Teodorín Obiang, su hijo, por lavado de dinero.

Según la ONG Reporteros sin Fronteras, Guinea Ecuatorial es uno de los países peor clasificados en lo que respecta a libertad de prensa. Califican a Obiang como uno de los más grandes depredadores de la libertad de expresión a nivel mundial.

Obiang se pasea a sus anchas por el país y el control absoluto sobre los medios de comunicación impide conocer con exactitud cifras relacionadas a torturas, arrestos ilegales, secuestros y juicios arbitrarios, denunciadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) en múltiples oportunidades. Según el Informe Mundial 2014 de HRW, el país de Obiang sigue sumido en la corrupción, la pobreza y la represión. “Aproximadamente la mitad de la población carece de agua potable o servicios adecuados de saneamiento. Una gran parte de sus habitantes también carece de acceso a una atención sanitaria de calidad, escuelas decentes, y un suministro confiable de electricidad”, señala el informe.

DE SANTIAGO A MALABO

Pocos días después del polémico partido entre España y Guinea Ecuatorial, una comitiva de CEDEPU aterrizó en el aeropuerto Saint Isabel de Malabo y desembarcó en el país controlado férreamente por Teodoro Obiang. En la delegación iba el oficial en retiro del Ejército de Chile, Julio Fuentes Chavarriga.

–¿A qué fue señor Fuentes a Guinea Ecuatorial?
–A asesorar a CEDEPU, a acompañarlos para un asunto puntual, un asunto personal, no es necesario, no es nada grave.

–Pero, ¿qué le pidieron hacer allá?
–Algo personal que no le puedo decir por teléfono. A mi no me pagaron ningún peso.

–Pero ¿usted pertenece a CEDEPU? ¿Qué es CEDEPU?
–Sí, trabajo allí, es una ONG, en términos generales enseñan y preparan gente en cualquier materia.

–¿Cómo cuáles?
–No en todas, digo cualquier porque no me acuerdo cuáles son las materias…, derecho, educación, no me acuerdo.

Julio Fuentes en el avión presidencial con parte de la comitiva gubernamental. (Fuente: Facebook de J. Fuentes)

En el marco de acciones “paradiplomáticas” de acercamiento entre Chile y el país africano, la comitiva de CEDEPU estaba integrada por su plana mayor: Antonio Yelpi, Jacqueline Hernández, Julio Fuentes, Manuel Santis e Iris Villa, otra integrante del directorio. Acompañaba a los integrantes del Centro para la Democracia Popular la directora de la ESM de Tenerife, María Teresa González de Echávarri y Sánchez de la Cuesta.

Para Fuentes Chavarriga era su primera vez en África. Allí pondría a prueba sus conocimientos y experticia en inteligencia militar, empresarial y holística. Porque además de sus labores en CEDEPU, Fuentes ofrece actualmente lecturas de tarot a través de su empresa “Tarot Chile”. En lo que es ya un método consagrado entre los integrantes de CEDEPU, el servicio es online. Tres preguntas iniciales más dos preguntas aclaratorias son respondidas vía correo electrónico previo pago de $15.000.

En 1992, luego de su retiro del Ejército, Julio Fuentes creó junto al abogado y tarotista Jaime Hales la empresa “Sincronía Limitada”, una academia de estudios holísticos que imparte diversos cursos y que aún existe pero a la que el experto en inteligencia  ya no pertenece.

Las actividades académicas y esotéricas Fuentes las realiza mientras goza de libertad condicional pues está a la espera del dictamen judicial por su participación en un capítulo de la “Operación Retiro de Televisores” y su posterior encubrimiento. Según dictaminó el juez de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, Julio Fuentes formó parte del contingente que en 1979 exhumó los restos de 11 campesinos de la Octava Región, asesinados en septiembre de 1973, para luego llevarlos al Regimiento de Infantería Nº 17 de Los Ángeles donde fueron quemados en un horno de ladrillos. Fuentes reconoció ante el juez y ante CIPER su participación en la exhumación pero no en la incineración.

CIPER conoció de las sospechas que recaen sobre CEDEPU y sus directivos por un mensaje enviado por el diario Rombe, medio de oposición al régimen de Obiang, con sede en España, denunciando que el centro que dirigen Yelpi y Hernández habría recibido varios miles de euros a cambio de la entrega de un doctorado honoris causa a la esposa del dictador, Constancia Mangue.

J. Hernández a segundos de investir a Obiang con el doctorado Honoris Causa

En julio de 2012, Teodoro Obiang ya había recibido el suyo de manos de Yelpi y Hernández. “Todos los gobiernos tienen deficiencias por las que son criticados, sin embargo, al CEDEPU no le interesa limitarse a las críticas, sino valorar y premiar las buenas acciones”, señaló durante la curiosa premiación Jacqueline Hernández justo antes de que el dictador aprovechara la ocasión para dar un discurso sobre el desarrollo del país, según consignan algunos medios. Ambas investiduras fueron ampliamente divulgadas por la prensa local controlada por el gobierno.

La segunda visita de CEDEPU a Guinea Ecuatorial fue más apoteósica. Los miembros de la delegación chilena fueron recibidos casi como estrellas. El gobierno dispuso para la comitiva cuatro vehículos con chofer. El avión presidencial también estuvo a su disposición y lo utilizaron para desplazarse entre la ciudad de Bata, centro económico del país, y la capital Malabo. En ambas ciudades se alojaron en el hotel Ibis.

–¿Cómo y por qué llegaron a Guinea Ecuatorial?
–Tenemos una amistad de años con el viceprimer ministro encargado de derechos humanos, Alfonso Nsue Mokuy. El trabaja los derechos humanos y quería un apoyo -dice Jacqueline Hernández.

– ¿Le entregaron doctorados honoris causa a Obiang y a su esposa?
– Sí.

–¿Con qué fundamento?
–En vista de sus avances en la implementación de las recomendaciones hechas por Naciones Unidas y de la labor de la señora Constancia en apoyo a las mujeres y niños del país.

–Pero, ¿quiénes son ustedes para entregar títulos académicos, doctorados?
–No, no lo entregamos nosotros, lo entregamos en conjunto con otras organizaciones, el FEDE y con la ESM de Tenerife, que es la que da el respaldo académico. Además es un título honorífico.

–¿Y por qué a un dictador? ¿CEDEPU no defiende la democracia y los derechos humanos?
–Nosotros hicimos un recorrido junto al viceprimer ministro encargado de derechos humanos por las cárceles del país. En ellas había sólo dos o tres personas, pero nadie más. Hay que estar presente para ver también los avances -interviene Antonio Yelpi.

–¿Cuánto les pagaron?
–No, todo esto lo hemos hecho gratis, por amistad con el viceprimer ministro de derechos humanos. Si se nos hubiera pagado 5 millones de euros, como señaló un diario, estaríamos en la playa y no trabajando.

–Entonces CEDEPU trabaja por amistad.
–A los profesionales que asisten a estas visitas se les paga un honorario y punto, pero nada más allá exacerbadamente, abusando del dinero de nadie (sic) -dice Hernández.

Antonio Yelpi reconoce que tienen algunos proyectos en carpeta con el gobierno de Obiang, entre ellos, el facilitar un viaje de 30 mujeres latinoamericanas líderes en diferentes áreas a Guinea Ecuatorial durante seis meses para que se produzca intercambio en distintos niveles. “Son proyectos que están en evaluación”, dice el doctor.

Manuel Santis y M. Teresa González entregan doctorado a la primera dama

Fuentes Chavarriga aportó nuevos antecedentes sobre esa segunda gira de la plana mayor del CEDEPU a Guinea Ecuatorial. Fui allí donde el ex militar conoció en persona a María Teresa González, directora de la ESM, la que en una improvisada ceremonia en el hotel aprovechó de entregarle el diploma por sus estudios a distancia en inteligencia y estrategia comunicacional. Fuentes reconoce que fue invitado en esta segunda gira en su calidad de experto en inteligencia. En una confusa explicación, dice haber ido para resolver una estafa cibernética:

-Resulta que estos señores del CEDEPU, cuando se produjo el contacto con Obiang la primera vez, fueron estafados por un hacker. Y de acuerdo a mis conocimientos pude detectar desde qué correo se hicieron todas las operaciones. Entonces yo voy a Guinea Ecuatorial, me presentan al ministro de los derechos humanos y le entrego mis conocimientos para que no tuviera dificultades, porque él es el líder allá de los derechos humanos y es más poderoso que el mismo Obiang.

­–¿Y no le pagaron nada por eso?
–No pues.

–Pero, ¿es el señor Antonio Yelpi el que no le pagó?
–Es probable, pero no es verdad que le hayan dado toda esa plata que dicen haberle dado.

–Pero algo tiene que haber recibido el señor Yelpi, ¿no?
–Tienen que haberle dado algo.

–Antonio Yelpi tiene una larga lista de títulos académicos, su experiencia debe ser muy cotizada.
–No sé, a mi me dijo que era un doctor.

–¿En qué?
–No me acuerdo en este momento.

–¿Esa es la única vez que ha viajado con la comitiva del CEDEPU?
–Me han invitado a otras partes en Centroamérica, pero no he querido ir. Yo no tengo ningún problema grave con Antonio Yelpi, pero hay algunas cosas que no me gustan.

El viernes 13 de diciembre los titulares de la prensa especializada en economía y negocios anunciaban que el Banco Central había decidido mantener la tasa de política monetaria en 4,5%, que CorpBanca había informado a la SVS que analizaba una posible fusión y que el agro había perdido casi 76 mil puestos de trabajo por las heladas. No hubo información sobre el importante decreto promulgado por el Ministerio de Vivienda (Minvu) el día anterior. En apenas dos páginas la nueva norma abrió el camino legal a negocios inmobiliarios por cientos de millones de dólares. Uno de ellos es la edificación de un complejo de 11 edificios en el cerro San Luis de Las Condes, una operación que incluye a protagonistas tan disímiles como el Club de Golf Los Leones, la cadena hotelera internacional Four Seasons y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La publicación en el Diario Oficial del Decreto Nº 1 de 2013 del Minvu pasó inadvertida para casi todo el mundo, pero no para los inversionistas inmobiliarios que operan en el rubro de los malls ni para los directivos del Club de Golf Los Leones. Tampoco para el Colegio de Arquitectos, el que junto a un grupo de decanos de Arquitectura emitió una declaración con ácidas críticas a la nueva norma.

Vista aérea del Club de Golf Los Leones en Vitacura. A la derecha detalle de la intervención.

El decreto es de carácter “misceláneo”, una suerte de popurrí de reformas sin un eje conductor aparente, que modificó diversos artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Los urbanistas y arquitectos advirtieron de inmediato que el decreto contiene una reforma que parece hecha a la medida, pues permite la aprobación de los resistidos malls de Castro y del Muelle Barón, y deja la puerta abierta para la instalación de otros centros comerciales del mismo estilo en barrios residenciales. Pero los críticos no repararon en que el decreto del Minvu también dejó a tiro de piedra la instalación de otro megaproyecto: el complejo hotelero de la cadena Four Seasons en los cotizados campos del Club de Golf Los Leones.

Las críticas iniciales al decreto podrían dar paso a una situación más compleja en virtud de dos antecedentes nuevos: su “toma de razón” por parte de la Contraloría demoró apenas algunas horas y han emergido denuncias de que su tramitación adolece de vicios administrativos.

ASESOR BAJO LA LUPA

Tras la severa crítica del Colegio de Arquitectos al Decreto Nº 1, seis profesionales del Ministerio de Vivienda firmaron una carta que sacudió a las jefaturas de esa cartera. El texto está fechado el 13 de enero y fue suscrito por los arquitectos del Departamento de Planificación y Normas Urbanas, que son los encargados de una tarea clave: redactar los decretos y proyectos de ley que modifican las reglas de desarrollo urbano, además de interpretar las normas vigentes cuando un particular pide aclaraciones sobre lo que se puede o no edificar. En otras palabras, de su labor dependen inversiones inmobiliarias que se cuentan en millones de dólares.

La carta, a la que CIPER tuvo acceso, indica que se han impulsado normas que atentan contra el bien público y la calidad de vida de los ciudadanos, con el único propósito de apalancar proyectos inmobiliarios de “grandes empresas”.

J. R. Ugarte - segundo de derecha a izquierda - acompañando al Presidente Piñera en el lanzamiento de la nueva política urbana.

Aunque en su carta los seis arquitectos no lo mencionan, funcionarios del Minvu señalaron a CIPER que el principal responsable de estos cambios es José Ramón Ugarte, ex presidente del Colegio de Arquitectos (2002–2004) y asesor del ministro Rodrigo Pérez. En su investigación, CIPER detectó que existen proyectos particulares de Ugarte o de personas de su entorno profesional que se habrían beneficiado con reformas que él impulsó desde su estratégica posición ministerial. El arquitecto reconoció que ha participado en la redacción y tramitación de modificaciones a las normas, pero descartó la existencia de “conflictos de interés”. Sin embargo, al menos en un caso, las reformas favorecen directamente un proyecto en el que Ugarte figura como arquitecto y que posibilitaría un multimillonario negocio de Cencosud: la ampliación del mall Alto Las Condes.

MOP, CLUB DE GOLF Y FOUR SEASONS

El Decreto Nº 1 del Minvu establece que los proyectos destinados a alojamiento (como hoteles y apart hoteles) y que antes solo se admitían en zonas residenciales, ahora podrán ser emplazados en áreas destinadas a equipamiento. El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, sostiene que esta modificación es “un traje a la medida” para el megaproyecto hotelero de Four Seasons en el Club de Golf Los Leones. La obra, diseñada por el mismo arquitecto del mall de Castro, Rodolfo Miani, considera 11 torres de cinco pisos y ocho subterráneos cada una, ubicadas en los faldeos del Cerro San Luis. El 13 de mayo de 2013 la Dirección de Obras Municipales de Las Condes aprobó el anteproyecto, con una superficie a edificar de 25.691 metros cuadrados.

-Se alteró el artículo 2.1.25  de la OGUC para posibilitar la ejecución de proyectos hoteleros y de apart hotel en áreas verdes, destinos que antes eran considerados “residenciales” y ahora son “equipamiento”. Con este traje a la medida los socios del club de golf podrán arrendar por 99 años una fracción de su área verde para que se construyan 11 torres, ahora singularizadas como equipamiento, cuyo acceso está previsto en la estrecha calle Luz -sostiene Herman.

En todo caso, la modificación a la OGUC sería apenas uno de los engranajes que se movieron en una compleja operación destinada a materializar este proyecto. En la cuenta anual 2011 del Club de Golf Los Leones, su presidente, Sergio Urrejola Monckeberg, informó que se había firmado un protocolo de acuerdo con el MOP para aprobar la construcción de un túnel bajo la avenida Kennedy, entre Américo Vespucio y la Rotonda Pérez Zujovic.

En su cuenta, Urrejola afirmó que el club aceptó la construcción del túnel en su subsuelo, evitando la expropiación de una franja a todo lo largo de su límite con avenida Kennedy. A cambio, explicó Urrejola, el MOP aprobó un plano que permite al club obtener una vía de ingreso vehicular de dos pistas, entre calle Luz y Vitacura, para acceder a sus diez hectáreas del Cerro San Luis:

“Un grupo de inversionistas (…) presentó un anteproyecto de construcción de un hotel en el cerro. Este anteproyecto fue aprobado en octubre del 2010 por la Dirección de Obras de la Municipalidad de las Condes, teniendo en consideración el protocolo de acuerdo entre el MOP y el club a que me he referido anteriormente y en el cual es de la esencia de él el acceso (vehicular) que hemos obtenido”, dijo Urrejola, quien también preside el Consejo de Defensa del Estado.

UN TÚNEL PARA PAULMANN

José Ramón Ugarte asegura que durante su asesoría nunca actuó con intención de favorecer grandes negocios inmobiliarios. Según señaló a CIPER, sólo trabajó como asesor y nunca tuvo la calidad de funcionario público, por lo que no contó con facultades o prerrogativas que permitan señalarlo como principal responsable de las reformas. Pero una presentación Power Point de uso interno del Departamento de Planificación y Normas Urbanas, indica que ya en 2011 Ugarte estaba integrado a ese equipo por sobre los coordinadores de las áreas de Política Urbana y Agenda Legislativa (que definía los proyectos de ley y modificaciones a la OGUC). Además, los registros del Congreso Nacional muestran que el mismo asesor del ministro Pérez concurrió en diversas ocasiones al parlamento como representante del Minvu para promover la aprobación de reformas.

Sobre sus eventuales nexos con la industria de los malls, Ugarte aseguró que no ha tenido vínculos profesionales con ese rubro, salvo por una actuación puntual que ocurrió hace unos cinco años, según recuerda, cuando tramitó una ampliación del Parque Arauco para acogerla a la Ley de Copropiedad.

Con una ayuda memoria de CIPER, Ugarte finalmente recordó que sí tiene un vínculo con este sector, relacionado con un ambicioso proyecto de Cencosud. La compañía de Horst Paulmann adquirió un terreno en la esquina nororiente de avenida Kennedy con Padre Hurtado. Allí, según publicó El Mercurio en junio de 2010, Paulmann planea edificar un centro comercial complementario al mall Alto Las Condes, uniendo ambos inmuebles mediante un túnel. El proyecto, según las cifras de El Mercurio, tendría un costo de US$ 120 millones (adicionales al pago del terreno).

Mall Alto Las Condes

El propietario original del paño era Carlos Celle, quien en 2000 consiguió un permiso de edificación para construir 270 mil metros cuadrados, según consta en los registros de la Dirección de Obras de Vitacura, donde se emplaza el terreno. El arquitecto que tramitó ese permiso fue José Ramón Ugarte, quien consiguió sucesivas prórrogas que han mantenido con vida esa autorización. Lo que Celle le vendió a Paulmann en US$ 50 millones fue el terreno más el valioso permiso de edificación. Por eso, otra publicación de El Mercurio, también de junio de 2010, informaba que “ahora Paulmann deberá trabajar con el arquitecto que diseñó la iniciativa sobre la que se otorgaron los permisos a Carlos Celle, José Ramón Ugarte, para tener la misma constructibilidad en el terreno que compró”.

Ugarte reconoce que, ya como asesor del Minvu, participó en la redacción del Decreto Nº 25 de 2012. Funcionarios del ministerio dicen que ese decreto fue presentado para solucionar problemas del edificio Moneda Bicentenario que se construye en la esquina surponiente de Moneda con Teatinos, frente al Palacio de Gobierno. Entre otras modificaciones a la OGUC, la norma permite la construcción de túneles como el que requiere el proyecto de Cencosud: “Asimismo, la Municipalidad podrá autorizar conexiones subterráneas bajo la vía pública entre distintos inmuebles, de acuerdo con las normas pertinentes”, establece esa reforma.

El arquitecto sostiene que esta norma solo regulariza algo que los municipios ya hacían mediante la fórmula de “permisos precarios”. Ugarte indicó a CIPER que, aunque efectivamente es el profesional del proyecto que ampliaría el Alto Las Condes, no tiene “conflicto de interés”. Esto, porque asegura que al inicio de su asesoría le entregó a la División Jurídica del Ministerio de Vivienda una carpeta con todos los proyectos en los que participaba.

-¿Y con eso consideró que estaban resueltos sus posibles conflictos de interés?
-Sí, porque está todo informado.

-¿No le pareció inapropiado participar en la redacción de este decreto?
-No, porque son normas generales para todo el país, no se hacen por un interés particular.

AL OTRO LADO DEL MESÓN

Uno de los problemas frecuentes del negocio de los malls es que para ampliar o modificar sus instalaciones se necesita la aprobación de la asamblea de copropietarios (locatarios) y algunos de ellos rechazan las remodelaciones, ya sea porque se les reasignan espacios que consideran mal ubicados o porque se integran nuevos competidores. En 2007 y 2008 José Ramón Ugarte, en calidad de profesional del área privada, dirigió consultas a la DDU con el evidente objetivo de evitar este problema a los desarrolladores inmobiliarios de centros comerciales. Las respuestas, en ambos casos, mantuvieron a firme las normas que incluyen la aprobación de las asambleas.

En 2010, Ugarte se puso al otro lado del mesón y se convirtió en parte del equipo ministerial que redacta las reformas normativas y las respuestas a los consultores privados. En esa calidad impulsó un proyecto de ley que está a punto de ser promulgado y que, precisamente, introduce modificaciones en los artículos 13 y 17 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria que permitirían no considerar a las asambleas de copropietarios en caso de remodelaciones o ampliaciones, tal como lo refleja un documento de análisis comparado utilizado por los parlamentarios que revisaron el proyecto. En la tramitación de esa iniciativa, el arquitecto Ugarte se presentó ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados como representante del Minvu.

Ugarte señaló a CIPER que la norma no busca “saltarse” las asambleas de copropietarios: “Lo que hace este proyecto es reconocer que el mandato de la asamblea esté reflejado en el reglamento de copropiedad”.

José Ramón Ugarte no fue contratado por el ministerio, sino por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como asesor dentro de un convenio de cooperación entre esa entidad y el Minvu (vea en la web del PNUD el registro Nº 039/2013). Su asesoría se extendió desde 2010 hasta diciembre de 2013. En el último año su contrato le reportó un pago de $18 millones por seis meses de trabajo y estableció que se desempeñaría como asesor de la DDU del Minvu “en aspectos de legislación urbana referidos a la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), instrumentos de planificación territorial y otros aspectos relativos al ámbito del urbanismo”. De hecho, Ugarte fue el secretario ejecutivo de la comisión que preparó la PNDU, cuyo texto fue promulgado en octubre del año pasado y que fija los lineamientos del desarrollo urbano futuro.

El 7 de marzo de 2013 la Contraloría General de la República recibió una denuncia del arquitecto Andrés Vásquez Carreño, quien acusó a Ugarte de ir más allá de lo estipulado en su contrato con el PNUD al ejercer labores propias de un funcionario público sin tener esa calidad, por lo que consideró ilegal su participación en la redacción y tramitación de modificaciones a la normativa. La Contraloría solicitó al Minvu que aclarara el rol de Ugarte, lo que la cartera hizo mediante un oficio de abril de 2013. Aún se espera el pronunciamiento de la entidad fiscalizadora.

BATERÍA DE REFORMAS

Los decretos Nº 1 y Nº 25, así como el proyecto de reforma a la Ley de Copropiedad, son apenas una parte de las modificaciones que han flexibilizado las normas de desarrollo inmobiliario en los últimos dos años. La ofensiva que desde las alturas del Minvu, bajo la coordinación de Ugarte, ha debilitado las regulaciones urbanas para poner luz verde a negocios inmobiliarios de alto impacto, quedó en evidencia con la carta que firmaron los seis arquitectos del Ministerio de Vivienda el pasado 13 de enero:

“Se nos sindica como partícipes de favorecer, con estos cambios normativos, proyectos específicos que corresponderían a intereses de grandes empresas (…). Al respecto, queremos manifestarles que nos preocupa que se nos vincule profesionalmente con dichos propósitos, y se nos involucre en querer propiciarlos, toda vez que, a nuestro juicio, no están en la línea conceptual del desarrollo urbano y del bien público. De hecho, y como ustedes así lo han decidido, no hemos tenido participación alguna en el proceso final de elaboración de determinadas normas”, dice la carta dirigida a la jefa del Departamento de Planificación y Normas Urbanas, Ángela Prado, y a su superior inmediata, la jefa de la División de Desarrollo Urbano (DDU), Pilar Giménez.

Lo que describe el texto de los funcionarios es una batería de normas ya promulgadas o que están al final de su trámite legislativo, y que propiciarán la instalación de grandes proyectos inmobiliarios en zonas residenciales y vías públicas menores, además de regularizar urbanizaciones que no cumplían con la ordenanza.

Entre estas modificaciones los seis arquitectos mencionan las que flexibilizan las áreas de riesgo para la construcción, como zonas de borde costero bajo peligro de tsunami; las que suprimen la facultad de los planes reguladores intercomunales de fijar usos de suelo en áreas rurales y las que restringen facultades del Ministerio de Salud para calificar proyectos industriales que podrían afectar la salud de la población. A ellas se agrega el proyecto de Aportes al Espacio Público, cuyo efecto práctico sería la eliminación de la evaluación obligatoria del impacto vial provocado por grandes proyectos inmobiliarios y la disminución de áreas verdes, equipamientos y vialidad. Por último, se señala el proyecto que reforma la Ley de Copropiedad y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el que facilitaría la ampliación de malls, eliminaría la obligación de las copropiedades de urbanizar áreas de utilidad pública y constituiría una “ley del mono” permanente para normalizar urbanizaciones irregulares.

APURO EN LA CONTRALORÍA

Ugarte es parte de una familia de arquitectos. Su padre, del mismo nombre, fundó el estudio José Ramón Ugarte y Asociados y dos de sus hermanos comparten la misma profesión. Uno de ellos, Juan José Ugarte, fue decano de Arquitectura de la PUC y luego jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mineduc), cargo que dejó en mayo de 2013 en medio de críticas por la omisión de esa repartición en la investigación de las denuncias de lucro en las universidades Santo Tomas y Uniacc realizadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Durante su gestión también fue fustigado por su desempeño como representante del Mineduc en la misma CNA. En esa entidad, Juan José Ugarte se opuso a utilizar las “minutas financieras” para evaluar universidades, documentos que indicaban que en algunos centros de Educación Superior se desvió patrimonio a sociedades comerciales (vea el reportaje de CIPER “Lucro en la Universidad Santo Tomás: Los préstamos por $13 mil millones que el Mineduc obvió”).

A la derecha, el arquitecto José Ramón Ugarte.

El arquitecto José Ramón Ugarte es descrito como un hombre de trato afable y acogedor. De ideas liberales, quienes trabajaron con él en el Minvu no le conocieron militancia política. Lo que sí destacan es que la impronta de su trabajo fue flexibilizar las normas que regulan el mercado inmobiliario.

Entre las reformas más controversiales que impulsó se cuenta la que terminó con la obligación de que los proyectos inmobiliarios de alta carga ocupacional destinados a equipamiento (como centros comerciales y torres de oficinas) enfrenten vías expresas y troncales. Ahora, en virtud del ya mencionado Decreto Nº 1, los malls podrán ubicarse en una calle menor que solo debe estar relacionada, a una distancia de hasta 300 metros, con una vía importante. Esta modificación es la  que se interpreta como una solución “por secretaría” para los polémicos malls de Muelle Barón y Castro.

Para algunos arquitectos y urbanistas esta reforma conlleva el riesgo de que se construyan megacentros comerciales en calles ubicadas al interior de barrios residenciales, provocando la saturación de las vías aledañas. Al amparo de esta reforma podrían reflotar proyectos como el mall que intentó edificar Cencosud en la calle Martín de Zamora y que fue desestimado por la Municipalidad de Las Condes en 2010, debido al resultado adverso de un plebiscito realizado entre sus vecinos.

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, denuncia que la tramitación del controversial Decreto Nº 1, adolece de graves vicios administrativos. Para corroborar lo anterior exhibe dos documentos. El primero es una copia del Decreto Nº 1 tal como fue enviado originalmente por el Minvu al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en junio de 2013, para la firma del Presidente Sebastián Piñera, luego de lo cual debía ir al trámite de “toma de razón” en la Contraloría. El segundo es el mismo decreto, ya tramitado por la Contraloría, de diciembre de 2013. Herman repara en que ambos documentos son sustancialmente distintos.

Del decreto original solo se conservó la primera hoja y la última. Todo el contenido interior, cuatro páginas, fue cambiado. Por eso, en la versión final del documento, cada una de estas cuatro páginas interiores lleva un timbre que indica “hoja rectificada”. Es habitual que cuando un ministerio tramita un decreto y la Contraloría le pone reparos, la cartera retire el documento, lo corrija y vuelva a ingresarlo indicando los cambios con el logo de “hoja rectificada”. También es usual que este procedimiento se utilice solo para correcciones menores.

Cuando los cambios son sustantivos, lo que procede es reiniciar todo el trámite: se hace otro decreto, identificado con un número nuevo, que se vuelve a presentar a la firma del Presidente de la República para su posterior envío a la Contraloría. En el caso del Decreto Nº 1, que es una modificación a un Decreto Supremo, la reforma es una facultad privativa del Presidente. Por eso, si los cambios al Decreto Nº 1 fueron de fondo y esas correcciones sólo se hicieron en el Minvu, sin pasar nuevamente por el despacho presidencial, existe la posibilidad de que La Moneda no haya estado en conocimiento del tenor de las modificaciones. Eso es precisamente lo que teme Patricio Herman, quien ya puso en antecedentes a diputados de la Comisión de Vivienda de la Cámara para que oficien al Minvu y a la Presidencia en busca de respuestas.

Lo más grave es que de la comparación del decreto original con el que finalmente salió de la Contraloría el 6 de diciembre pasado, se aprecia que la modificación que precisamente permite aprobar proyectos de equipamiento mayor (como malls o edificios de oficinas) en vías menores ubicadas a menos de 300 metros de vías expresas o troncales, se introdujo en el Minvu mediante las “hojas rectificadas”. Es decir, no estaba en el decreto original que se envío a La Moneda.  “Cabe la posibilidad de que la Presidencia nunca haya sabido de esto”, dice Herman.

Otro dato peculiar es que, al revisar los timbres que lleva la carátula del Decreto Nº 1, queda en evidencia que fue ingresado tres veces a la Contraloría y que, de acuerdo a ese registro, en su último envío a “toma de razón” fue tramitado en tiempo récord. El primer ingreso fue el 25 de junio de 2013 y se retiró “sin tramitar” el 18 de julio. Luego fue reingresado el 22 de agosto y nuevamente se retiró el 9 de septiembre. Esto indicaría que los reparos de la Contraloría pudieron ser sustantivos o, al menos, persistentes. Por eso, causa extrañeza que finalmente el decreto se ingresara a la Contraloría el 6 de diciembre y que ese mismo día finiquitara su “toma de razón”. Tres días después, la Subsecretaría del Minvu le puso el timbre de “decreto tramitado” y seis días más tarde, el 12 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial.

ESTACIONAMIENTOS Y APORTES

Otra reforma en la que participó Ugarte, contenida en el Decreto Nº 25 de 2012, y que también facilitaría la instalación de grandes proyectos inmobiliarios, es la que permite reducir a la mitad los estacionamientos que deben habilitarse si la construcción se ubica a no más de 300 metros de una estación de metro, en el caso de proyectos de vivienda, y hasta 600 metros si es un proyecto de equipamiento de servicios.

Asimismo, Ugarte trabajó en la elaboración del proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público que autorizará a los urbanizadores a sustituir las cesiones de terreno que deben hacer a los municipios -para desarrollar equipamiento de servicio a la comunidad- por un pago en dinero o por una cesión en otro sector. Aunque esta iniciativa ofrece la ventaja de proveer recursos frescos a los municipios, sus detractores temen que termine por sustituir los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu), que establecen las mitigaciones viales que obligatoriamente deben ejecutar los desarrolladores de grandes proyectos inmobiliarios.

El arquitecto Juan Pablo Vigneaux publicó en CIPER una detallada columna de opinión criticando esta misma iniciativa legal y otras reformas previas porque, entre otros efectos negativos que menciona, abrirían la puerta a regularizar urbanizaciones y condominios ABC1 que se desarrollaron de manera ilegal en suelos agrícolas. La normativa, argumenta Vigneaux, en los hechos invalida lo dispuesto en los planes reguladores comunales, metropolitano, intercomunales y regionales, convirtiéndolos en “letra muerta”.

LOS PROBLEMAS DEL DUOC

En 2012 el Minvu respondió una consulta de la Subsecretaría de Transportes que pedía aclarar si correspondía hacer un nuevo Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu) cuando se amplía o remodela un proyecto que ya tiene aprobado un estudio de ese tipo. Aunque no lo mencionan los documentos, los funcionarios del Minvu señalan que la consulta se originó porque el Instituto DUOC construyó una sede junto al mall Plaza Norte, en Huechuraba, y presentó su edificio acogiéndolo al EISTU del centro comercial que ya estaba aprobado. Con ello, el DUOC evitaba hacer un nuevo Eistu, el que podía dar origen a onerosas mitigaciones viales y más estacionamientos. En los registros de la Dirección de Obras Municipales de Huechuraba consta que la Seremi de Transportes pidió que se aclarara si esta sede del DUOC efectivamente era una ampliación del mall o debía ser considerada un proyecto independiente.

En la redacción de la respuesta del Ministerio de Vivienda a la Subsecretaría de Transportes participó José Ramón Ugarte, quien no se inhabilitó a pesar de tener un vínculo comercial con la oficina de arquitectos que tramitaba el proyecto del Instituto Profesional DUOC.

Duoc, sede Huechuraba

El arquitecto del nuevo edificio del DUOC es Juan Sabbagh, Premio Nacional de Arquitectura 2002, quien también es el principal responsable del proyecto City Park, un gran desarrollo inmobiliario de oficinas de lujo ubicado en la misma comuna de Huechuraba, en avenida El Salto frente a Espacio Riesco. José Ramón Ugarte figura como “asesor urbano” de City Park, un negocio de Inversiones Urbanas, empresa inmobiliaria vinculada a la cadena de farmacias Cruz Verde.

Funcionarios de la Dirección de Obras Públicas de Huechuraba señalaron a CIPER que el año pasado el propio Juan Sabbagh, acompañado de la ex seremi metropolitana de Vivienda, Marisol Rojas, se reunió con el jefe de esa repartición municipal para intentar resolver los problemas del proyecto DUOC. En ese momento, Marisol Rojas -quien fue seremi desde marzo de 2010 hasta diciembre de 2012- se desempeñaba junto a Ugarte como asesora del Minvu para la implementación de la PNDU, labor que ejerció hasta enero de este año.

Consultada por la reunión con el director de Obras de Huechuraba y por sus vínculos con Ugarte, Marisol Rojas respondió por escrito: “Sobre la reunión que plantea, no tengo ninguna relación con el proyecto DUOC de Huechuraba. No he asesorado dicho proyecto. Y sobre mi relación con el Sr. José Ramón Ugarte, se enmarca en aquellas materias que él como asesor del ministro ha desarrollado y que por mi parte se vincularon a las tareas de la PNDU”.

El arquitecto Ugarte señaló a CIPER que en este caso tampoco ve “conflicto de intereses”:

-No tengo nada que ver con el proyecto del DUOC. Juan Sabbagh ha sido el arquitecto histórico del DUOC, pero el único proyecto que yo tengo con él es el de City Park.

-¿No le pareció inconveniente, por su nexo comercial con Sabbagh, participar en la elaboración de la respuesta sobre la obligación de realizar o no un Eistu?
-Pero es que yo no tenía idea de que este tema (el oficio de respuesta del Minvu) tenía relación con lo del DUOC. Me enteré ahora.

Los hechos se desencadenaron el jueves 20 de diciembre de 2012 en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. El proyecto de la Ley del Tabaco que debía endurecer las restricciones al consumo de cigarrillos ya estaba en su tercer trámite y al  momento de llamar a votación para finiquitar su despacho, sorpresivamente diputados de la UDI le pidieron al presidente una postergación. Como la respuesta fue negativa, decidieron inscribir a todos sus parlamentarios para que intervinieran en la discusión hasta que la sesión se agotara. Y lograron su objetivo: la votación debió postergarse hasta el 3 de enero de 2013, luego del receso por las fiestas de fin de año. Fue entonces que el ministro de Salud Jaime Mañalich dejó caer una bomba:

“No debemos dejar de reconocer que el lado oscuro de la fuerza se mueve muy vigorosamente y hay un lobby muy intenso para demorar la aprobación de este proyecto y para que en definitiva la industria tabacalera siga operando como lo está haciendo, con tantos márgenes de libertad en el país”.

Los dardos del ministro apuntaron directamente a la UDI. “No vamos a aceptar acusaciones gratuitas”, fue la respuesta inmediata del jefe de esa bancada, diputado Gustavo Hasbún.

Ministro de Salud, Jaime Mañalich

A un año de publicada la nueva Ley del Tabaco en el Diario Oficial, CIPER solicitó al Ministerio de Salud vía Ley de Transparencia la lista de los beneficiarios de las donaciones de las empresas tabacaleras en 2013. El documento, aunque incompleto (no se informa qué fines persiguieron las donaciones consignadas por las empresas del rubro), da cuenta de la existencia de traspasos de dinero desde la British American Tobacco Chile (ex Chile Tabacos), al Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), el principal centro de investigación y asesoría legislativa del gremialismo, cuyos parlamentarios no sólo retrasaron la votación de la ley, sino que también se opusieron en su mayoría y de manera sistemática a varias de las restricciones que el proyecto de ley finalmente aplicó a las tabacaleras. Entre ellas se cuentan la prohibición de fumar en espacios cerrados, los límites a la publicidad principalmente indirecta (promociones y placement) y la obligación de las tabacaleras de informar sobre sus donaciones.

Cabe recordar que el presidente de la filial chilena de la British American Tobacco es Carlos Cáceres, ex ministro de Hacienda y del Interior de Augusto Pinochet, quien también se desempeña desde 1991 como presidente del Instituto Libertad y Desarrollo.

Pero LyD no es la única a la que la tabacalera inyectó fondos. La Universidad del Desarrollo (ver documento), institución íntimamente ligada desde su fundación al gremialismo, también aparece como beneficiaria. Su participación en este turbulento capítulo legislativo se remitió a proveer de información estratégica a una de las partes interesadas en defender el statu quo de la normativa vigente para entonces.

La información obtenida por CIPER, que hasta antes de la dictación de la ley era objeto de estricta reserva por parte de las tabacaleras, aclara y da sustento a la afirmación hecha por el ministro de Salud del gobierno de Piñera, respecto de la operación de lobby llevada a cabo por la British American Tobacco Chile durante la discusión legislativa que modeló la nueva Ley de Tabaco.

No era la primera vez que alguien hacía mención a ese lobby durante la tramitación de esta ley. La primera en insinuarlo fue la diputada Karla Rubilar (ex RN), en enero de 2012. Los diputados Patricio Walker (DC), Roberto León (DC), Enrique Accorsi (PPD), Mariano Ruiz Esquide (DC), Fulvio Rossi (PS) y Guido Girardi (PPD), se sumaron después. Pero hasta que habló Mañalich, nadie había siquiera deslizado remitente conocido para el lobby ejercido por las tabacaleras.

Mañalich no hizo más que verbalizar lo que era un secreto a voces en el Congreso. Con sus dichos, además, dejó en claro que lo ocurrido durante el trámite de ese proyecto de ley –una moción del Ejecutivo para modificar la normativa existente en materia de ambientes libres de humo de tabaco– hacía urgente regular el tráfico o ejercicio de influencias en el Congreso. Lo mismo ocurriría con la tramitación de las leyes que regulan en Chile la pesca y la venta de fármacos.  Todas industrias que mueven millones de dólares en el mercado.

La industria tabacalera en Chile genera utilidades anuales que bordean los $50.000 millones. Ganancias netas que en su mayoría van a dar a un sólo actor: British American Tobacco Chile (BAT), empresa que con un 94.4% de participación tiene una posición más que dominante en el mercado nacional. BAT tuvo ventas en 2012 por $213.580 millones, las que le reportaron $46.050 millones en utilidades. Un ranking del Diario Estrategia la ubicó entre las cinco empresas no financieras que transan en bolsa más rentables del primer trimestre de 2013, con utilidades de 67% por sobre su patrimonio.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Larroulet.

Las afirmaciones del ministro Mañalich hicieron que las hasta entonces meras insinuaciones tomaran cuerpo, evidenciando la existencia de una acción de lobby y un conflicto de intereses enquistado en el corazón del gobierno. La dura controversia instaló al Instituto Libertad y Desarrollo, el think tank del gremialismo, en el centro de la polémica. Se le acusó de mantener vínculos ocultos con la tabacalera. El acusador, el ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, quien tiene como su ministro secretario general de la Presidencia a Cristián Larroulet (UDI), director ejecutivo de LyD desde su fundación hasta 2010, año en que asumió su nuevo rol ministerial.

A propósito de los descargos de parlamentarios gremialistas, el diputado René Saffirio (DC) señaló en el hemiciclo: “Creo que el único problema económico que se avizora en el horizonte es que la caja del instituto Libertad y Desarrollo o las campañas de la UDI se verán afectadas en la próxima elección”.

LA POLÉMICA DE LAS DONACIONES

Durante la tramitación de la ley uno de los puntos de mayor controversia y que dividió aguas no sólo entre el oficialismo y la oposición, sino también al interior de la misma Alianza, fue la iniciativa propuesta por el senador Mariano Ruiz Esquide (DC)  que exige a las empresas tabacaleras informar anualmente al Ministerio de Salud sobre todos los gastos destinados a promociones, donaciones o contribuciones a actividades externas a su giro.

La fuerte resistencia a la normativa vino principalmente desde la UDI, cuyos parlamentarios argumentaron que la norma tenía vicios de inconstitucionalidad. En la Cámara la indicación fue rechazada con los votos en contra de los diputados de la UDI José Antonio Kast, Cristián Letelier (por entonces aún militaba en el partido), Javier Macaya, Marisol Turres y Gastón Von Mühlembrock, además de Nicolás Monckeberg (RN) y Gabriel Silber (DC).

En instancia posterior, el senador Hernán Larraín (UDI) calificó la iniciativa como potencialmente discriminatoria: “Se les aplica un nivel de exigencia que no existe en nuestra legislación para ningún otro rubro”, afirmó en la Comisión de Salud del Senado.

Para la British American Tobacco Chile, la norma excedía lo recomendado por el Convenio Marco para el Control del Tabaco y vulneraba ciertas garantías consagradas en la Constitución de la República. Así lo hizo saber el gerente de Asuntos Regulatorios de la compañía, Nicolás Sánchez, en su intervención del 14 de agosto de 2012 en la Comisión de Salud de la Cámara.

Congreso Nacional.

Aunque atenuada, la indicación fue incluida en la redacción definitiva de la Ley 20.660, publicada el 8 de febrero de 2013 en el Diario Oficial. “Las compañías tabacaleras deberán informar anualmente al Ministerio de Salud el detalle de donaciones efectuadas, así como de los gastos en que incurran en virtud de convenios con instituciones públicas, organizaciones deportivas, comunitarias, entidades académicas, culturales y organizaciones no gubernamentales”, señala el artículo Nº 3 de la nueva normativa.

El 13 de diciembre de 2013, a casi un año de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Tabaco, CIPER solicitó al Ministerio de Salud el informe de donaciones y gastos de la industria tabacalera durante 2013.

Según el documento entregado por la Subsecretaría de Salud, de las tres empresas que participan en el mercado de los cigarrillos en Chile –British American Tobacco Chile, Philip Morris y Tabacos Apolo S.A.– sólo una realizó donaciones durante 2013. Y fue precisamente la más importante: BAT Chile desembolsó por este concepto $24.344.756, los que fueron a parar a instituciones privadas. Otros $48.021.756 fueron entregados al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) con quienes la empresa mantiene convenios para estimular la producción de tabaco entre agricultores en las regiones Quinta y Sexta.

La donación hecha por la British American Tobacco Chile al Instituto Libertad y Desarrollo estaría vulnerando los principios bajo los cuales opera la empresa en Chile: la compañía “no realiza donaciones, ni contribuciones, ante ninguna circunstancia, a entidades y/o partidos políticos y/o sus representantes”. Así lo declara en su “política sobre contribuciones públicas” que transparenta en su sitio web. Sí considera, aunque bajo ciertas normas regulatorias, el apoyo a comunidades locales o proyectos de “inversión social”, siempre y cuando “queden íntegramente documentadas en los libros de la empresa” y “no se hagan para conseguir algún negocio inapropiado u otra ventaja”.

La información de sus donaciones entregada por la British American Tobacco Chile a la autoridad de Salud, es incompleta. No se mencionan las fechas de las donaciones realizadas. Tampoco el objetivo de éstas, lo que deja al desnudo que la total transparencia en este punto genera aún reticencias entre quienes deben acatarla: las tabacaleras. De paso, la respuesta acusa la ambigüedad con que fue redactada la norma. Ésta sólo exige informar “el detalle de las donaciones efectuadas”. No hay mayores especificaciones al respecto. Lo que se entienda por detalle queda al completo arbitrio de quienes suministran la información (ver respuesta enviada por BAT Chile a CIPER).

LAS DONACIONES DE LA TABACALERA

Entre las organizaciones del mundo privado que recibieron donaciones de BAT Chile figuran la Pontificia Universidad Católica de Chile; la Corporación de Amigos del Teatro Municipal; el Instituto Profesional DUOC; Libertad y Desarrollo y Asesorías y Consultorías del Desarrollo Ltda. Las dos últimas entidades son destinatarias de los montos más altos entre todos los beneficiados con $5.504.406 y $6.500.000, respectivamente.

La información contenida en el informe contradice la expresa prohibición declarada por la British American Tobacco respecto de sus contribuciones públicas. Pero lo que es más grave, da fuerza a las insinuaciones volcadas por Mañalich y algunos parlamentarios respecto al lobby encubierto que habría realizado la compañía tabacalera a través de Libertad y Desarrollo sobre los parlamentarios gremialistas.  Y también sobre la prohibición de donaciones para obtener “ventajas”.

Asesorías y Consultorías del Desarrollo Limitada fue creada el 30 de mayo de 2008 y pertenece en un 99% a la Universidad del Desarrollo. Entre sus objetivos destaca: “la prestación de asesorías y servicios de consultoría en las áreas de ingeniería, finanzas, economía, derecho y leyes, laboral, tributación, estadísticas, marketing” y otras disciplinas. Su representante es el empresario Federico Valdés Lafontaine, miembro fundador y actual rector de la misma casa de estudios que también cuenta entre sus pioneros a Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Ernesto Silva y Hernán Büchi. Todos nombres estrechamente vinculados a Libertad y Desarrollo.

El 3 de abril de 2012, durante el segundo trámite constitucional del proyecto, la asesora de la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA), otra de las entidades que bregó junto a las tabacaleras contra el endurecimiento de la normativa, expuso en la Comisión de Salud del Senado. La preocupación principal de Tamara López como representante del organismo articulador de los intereses de restoranes y bares, decía relación con el impedimento de fumar en lugares cerrados, incluidas las terrazas.

Para contra argumentar la iniciativa, López presentó un estudio titulado “Evaluación Ley de Tabaco: Impacto de las regulaciones en el sector gastronómico”. A partir de una encuesta basada en una muestra de 604 casos –fumadores y no fumadores– allí se señalaba que el 74% de los encuestados estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la normativa que hasta entonces regía en el país. En el caso de los restoranes, ésta permitía la existencia de espacios cerrados especialmente diseñados para fumadores. Además, según el estudio, un 58% de los encuestados estimó que de aprobarse la nueva normativa ello provocaría un aumento del consumo de tabaco en los hogares. El estudio expuesto por la representante de ACHIGA en el Congreso fue elaborado por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, cuya empresa filial Asesorías y Consultorías del Desarrollo Limitada –dedicada a prestar consejo experto en distintos ámbitos– fue la destinataria de los $6.500.000 entregados en 2013 por la British American Tobacco Chile (BAT Chile) como parte de su política de donaciones.

BAT Chile cuenta entre sus altos directivos a variadas personalidades del ámbito público: Jorge Rodríguez Grossi, ex ministro de Economía de Ricardo Lagos y reconocido lobista DC; Karen Poniachik, ex ministra de Energía y Minería de Michelle Bachelet y el abogado Roberto Guerrero del Río, quien se desempeñó entre otras muchas labores, como fiscal del Banco Central y asesor de los ministros de Hacienda y Economía entre 1975 y 1979.

Carlos Cáceres, presidente del directorio de Chile Tabacos.

A esos tres influyentes nombres se suma el más relevante: Carlos Cáceres, presidente del directorio de Chile Tabacos y ex ministro de Hacienda y del Interior de Augusto Pinochet. Actualmente Cáceres es el presidente del consejo asesor empresarial del MBA de la Universidad del Desarrollo y presidente del consejo directivo del Instituto Libertad y Desarrollo, ambas instituciones beneficiarias de la British American Tobacco. Cabe hacer notar que LyD mantiene hasta hoy bajo estricta reserva a todos sus contribuyentes y donantes.

El ex ministro de Pinochet es reconocido como uno de los principales  operadores de la UDI en la estratégica tarea de recolectar fondos en el mundo empresarial. Cumpliendo ese rol, reunió los aportes para financiar la hospitalización, residencia y defensa del ex dictador en Londres. En una segunda etapa judicial, cuando el Estado dejó de absorber las costas del proceso, la defensa de Pinochet llegó a costar US $19.800 diarios, según reveló el medio británico The Independent.

Luego de que Mañalich hablara en aquella recordada sesión en el Congreso, el diputado Marcelo Shilling (PS) pidió la palabra para acusar públicamente la presencia de Carlos Cáceres en los pasillos del Congreso mientras se debatía la ley. “Los lobistas de las tabacaleras, el señor Cáceres y otros, andan afuera dando vueltas para hacer presión sobre el proyecto en discusión”, dijo.

Shilling contó a CIPER que tras su intervención, un grupo de diputados UDI, encabezados por Felipe Ward, se aproximó a su escaño en la sala para confrontarlo: “Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo explicita y en ese momento no pude aceptar que los diputados fueran tan cara de palo para tratar de dilatar la discusión de la ley y así tener más tiempo para intentar modificar algunas indicaciones. Esa sesión fue escandalosa”. En su triple militancia –director de British American Tobacco Chile, consejero principal de LyD y asesor de la Universidad del Desarrollo– Cáceres jugó todas sus cartas para morigerar el golpe legislativo a la tabacalera.

Esta no era la primera vez que LyD intervenía en el historial de trámite de la Ley de Tabaco. En 2005, cuando se discutía en la Comisión de Salud del Senado la primera gran reforma a la normativa, orientada a fortalecer la protección a los no fumadores, a promover la existencia de espacios libres de humo  y a restringir la publicidad asociada a la venta, el entonces director del programa legislativo de LyD, Axel Buchheister, expuso latamente respecto a la inconveniencia de la medida. La calificó de discutible e injustificada en muchos de sus aspectos:

“Fumar en forma moderada mal puede constituir un daño a la salud. Si bien puede argumentarse que todo cigarrillo deja un efecto en la integridad física, existen múltiples actividades humanas que involucran efectos o riesgos para dicha integridad. Nadie vive por siempre y al final la salud está irremisiblemente llamada a decaer, y siempre habrá alguna causa”, argumentó.

LOS APORTES RESERVADOS DE LyD

Habían transcurrido sólo 11 días de la derrota del candidato de los partidos que apoyaban la dictadura militar. Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet y perdedor en las urnas frente a (DC) Patricio Aylwin, anunciaba la creación de un centro de estudios “de la realidad social, política y económica”, con el fin de defender y proyectar las ideas que habían sustentado la campaña presidencial.

Entre 2007 y 2012 Libertad y Desarrollo tuvo ingresos totales por $11.300 millones; estudió 322 proyectos de ley de variada índole y fue invitado a las comisiones de trabajo de la Cámara y el Senado en 111 oportunidades a exponer su opinión.

“El instituto se formó para perfeccionar lo que se hizo durante estos 16 años”, señaló en abril de 1990 a El Mercurio Patricia Matte, uno de sus primeros miembros directivos. Desde febrero de ese mismo año que el nuevo centro –entre cuyos referentes indiscutidos está la sociedad Mont Pelerin fundada en Suiza por uno de los más influyentes paladines del neoliberalismo, Friedrich von Hayek– ya tenía sede. El 27 de marzo de 1990, la casa de calle Triana 855 (Providencia) fue bendecida por el sacerdote Luis Eugenio Silva. Allí tendrían sus oficinas: Hernán Büchi, presidente; Cristián Larroulet, su director ejecutivo; y los asesores: Patricia Matte, Lucía Santa Cruz y Manuel Cereceda, entre otros miembros permanentes. A la administración se sumó un consejo directivo compuesto por Hernán Felipe Errázuriz, Ricardo Rivadeneira, Ernesto Illanes, Eugenio Valenzuela Somarriva y Carlos Cáceres. El 15 de abril de 1991 Cáceres se convirtió en el presidente de Libertad y Desarrollo -cargo que mantiene hasta hoy-, en reemplazo de Büchi, quien permaneció en el consejo asesor.

Un año más tarde, el 27 de marzo de 1991, se cumplió su primer año de vida y para entonces el centro de pensamiento ya contaba con 14 investigadores permanentes y otros 26 asociados. Asimismo, ya habían intervenido en el análisis de 304 proyectos de ley.

Ya para comienzos del 2000 –luego de participar activamente en la campaña presidencial de 1999 en apoyo de Joaquín Lavín (UDI)– Libertad y Desarrollo se había consolidado como el referente intelectual indiscutido del conservadurismo en Chile. El tanque de las ideas de la derecha, fue el calificativo que le puso el diario La Tercera en un reportaje de abril de 2000 con motivo de la celebración de sus 10 años de vida. Allí se destacaba “la excelente asesoría técnica que otorga a los parlamentarios opositores lo que le ha permitido dejar su huella en prácticamente todas las leyes que se discuten”.

Ya entonces quiénes eran sus financistas era motivo de interés de la prensa. Sólo se supo que eran cerca de 50 las empresas aportantes que contribuían a mantener su prolífica actividad. Respecto de su presupuesto, imperaba el silencio.

Libertad y Desarrollo funciona desde diciembre de 2001 en una casa de 700 m2 ubicada en Alcántara 498 (Las Condes). Hace poco más de un año la sede comenzó a ser remodelada y entre las obras destaca un nuevo auditorio con capacidad para 100 personas. Según reveló la revista Capital, para los próximos días está programada su inauguración con la participación del intelectual norteamericano Richard A. Epstein.

Libertad y Desarrollo cuenta también con una “sucursal” en el primer piso del Congreso. Poco después de su fundación, se le asignó una pequeña oficina en Valparaíso compartida con la extinta Corporación Tiempo 2000, referente de pensamiento concertacionista. Desde ese centro de operaciones ha coordinado su participación en centenares de proyectos de ley.

En la celebración de su aniversario 22, en noviembre de 2012, el Presidente Sebastián Piñera pronunció un discurso en el que alabó lo que llamó la activa contribución del instituto a la historia legislativa del país: “LyD ha dejado huellas (…) Si uno revisa la historia, LyD  ha participado en los grandes acuerdos que han marcado el rumbo de nuestro país en prácticamente todas las leyes, más de 3.600”.

En vista de la reconocida influencia de Libertad y Desarrollo – desde sus inicios en 1990 a la fecha– en una larga lista de procesos legislativos, el capítulo de la Ley de Tabaco instaló una interrogante mayúscula respecto a cuáles son los intereses que representa al momento de ejercer su influencia en el Congreso, donde se sancionan las leyes que rigen la vida de todos los chilenos.

Respecto de su presupuesto, LyD señala en su página web: “Como una forma de garantizar una real independencia, LyD no recibe fondos del gobierno, su política de financiamiento procura la diversificación de sus fuentes y los investigadores de LyD no se involucran en el manejo financiero de la institución. Al año 2012 contó con más de 700 suscriptores, empresas y personas, sin que ninguno de ellos representara más de un 6,5% de su presupuesto. Para proyectos específicos LyD ha recibido apoyo de instituciones internacionales tales como The Tinker Foundation, Atlas Economic Research Foundation, Center for International Private Enterprise, Fundación Hans Seidel, entre otras”.

La transparencia en cuanto al financiamiento del instituto llega hasta ahí. La lista de las principales empresas o personas que sustentan su funcionamiento no aparece en ninguna parte.  CIPER consultó en reiteradas oportunidades a distintos directivos de LyD sobre cómo se financia el instituto, pero la respuesta fue siempre la misma: nos derivaron a la misma información que aparece en su página web.

Vía Ley de Transparencia, CIPER solicitó las memorias de Libertad y Desarrollo desde el 2007 a la fecha para identificar el monto de su presupuesto así como a los financistas del instituto que ha actuado en la más férrea oposición a proyectos emblemáticos, como la ley que aplica un royalty a la minería (gobierno de Ricardo Lagos) o el alza de impuestos para la reconstrucción luego del terremoto (gobierno de Sebastián Piñera), entre muchos otros.

Según los documentos a los que CIPER tuvo acceso, en 2012, los ingresos de LyD alcanzaron los $1.921 millones (ver Memoria II). Además de financiar los sueldos de sus directores, consejeros y de sus veinte investigadores, el monto sirvió, entre otras cosas, para financiar más de 70 informes sobre coyuntura económica e internacional que el instituto publicó en el transcurso de ese año; 96 informes sobre temas públicos; 24 estudios y 11 revistas, además de diversos y numerosos talleres, charlas, libros, encuestas, seminarios y concursos, según se desprende del listado de actividades ejecutadas por el instituto en 2012.

Según lo declarado en sus memorias, entre 2007 y 2012 (ver Memorias I y II) Libertad y Desarrollo tuvo ingresos totales por $11.300 millones; estudió 322 proyectos de ley de variada índole y fue invitado a las comisiones de trabajo de la Cámara y el Senado en 111 oportunidades a exponer su opinión durante discusiones tan relevantes como educación, transportes, servicios eléctricos, pesca, modernización del Estado y presupuesto general.

Fundación Libertad y Desarrollo

En ninguna de las seis memorias anuales de LyD se encuentra información respecto de los contribuyentes –como la donación que le hizo la British American Tobacco Chile- que sustentan las actividades de la entidad sin fines de lucro. Hasta el día de hoy, el resto de sus financistas se mantienen en el más absoluto secreto, lo que impide conocer con certeza el verdadero grado de independencia que Libertad y Desarrollo mantiene respecto de intereses particulares en sus sostenidas e influyentes intervenciones en el Congreso.

Después del requerimiento de información de CIPER y dada la débil e insuficiente respuesta de la British American Tobacco Chile a la Subsecretaría de Salud, para dar cumplimiento a la Ley del Tabaco, el ministerio ofició a la empresa el 29 de enero pidiendo esta vez la información detallada de sus donaciones y gastos en que incurrieron durante 2013 (ver documento). El oficio fue enviado con copia al Servicio de Impuestos Internos y a la Cámara Chilena de Comercio.

Ver fichas de las empresas del fideicomiso

Sebastián Piñera ya se retiraba del set cuando Mario Kreutzberger lo detuvo. A sólo días de dejar la presidencia, esa noche, la del miércoles 5 de marzo, Piñera era el protagonista del programa Las Caras de La Moneda, en Canal 13, donde daba una de sus últimas entrevistas televisadas como Mandatario. La música de cierre ya había comenzado, pero el animador pidió silencio y le hizo una pregunta final:

-¿El 2017 se quiere presentar de nuevo? Para saber si tengo que estar aquí o no.
-No lo sé, no está en mis planes, Don Francisco –respondió el Presidente.

Kreutzberger le repitió la pregunta una vez más, y Piñera lo recalcó por segunda vez ante las cámaras: “No está en mis planes”. Luego, se retiró y la música volvió a sonar.

Sebastián Piñera el día que asumió como Presidente

A pesar de haber negado públicamente su interés por volver a ponerse la banda presidencial, en su círculo cercano saben bien que eso no es cierto: Sebastián Piñera planea volver a La Moneda y todos sus proyectos a futuro apuntan a aprovechar su capital político para pavimentar su ruta hacia una nueva elección en 2017. Uno de sus amigos más cercanos aseguró a CIPER que esa será, a partir del miércoles 12 de marzo, su prioridad y que todo en su alrededor se está estructurando en función de aquello. Que precisamente por eso es probable que no vuelva a las filas de Renovación Nacional (RN), ya que pretende alzarse como el referente de una nueva derecha en el país. También por eso fue que optó por centrar sus esfuerzos en una fundación que le permitirá influir en el diseño de políticas públicas y no retornar a la administración de sus inversiones.

Aunque volver al Grupo Bancard no está en sus planes, surgen varias preguntas, porque con o sin él en la administración, sus negocios continuarán operando. ¿Qué va a pasar entonces con las carteras de inversión que hoy están en el fideicomiso ciego? ¿Cómo se han gestionado los activos que quedaron fuera de esos contratos? ¿Cuánto ha variado el patrimonio de Piñera durante los últimos cuatro años?

CIPER revisó en detalle las declaraciones de patrimonio del Presidente, rastreó todas las empresas donde mantenía acciones al momento de firmar los contratos de administración discrecional de cartera y conversó con varias de las personas que mejor lo conocen para intentar responder esas interrogantes. Y surgieron datos que llaman la atención, como que su declaración disponible en el sitio web de la Presidencia está incompleta y en la que entregó a la Contraloría omite información clave para saber en qué empresas tenía intereses al momento de delegar su administración. Sin embargo, pudimos determinar cuáles eran esas empresas: una variada lista de 43 compañías donde mantenía cerca de US$ 400 millones en acciones y entre las que se cuentan una AFP, una tabacalera, firmas de retail, de energía y tres de las sociedades cascada que controlan SQM.

¿En cuáles de ellas siguen invirtiendo las sociedades de Piñera? No se sabe. La responsabilidad de decidir cuándo se levantará el secreto recae en el mismo Piñera y en los cinco hombres que conforman el comité de directores de Bancard: su hijo Sebastián Piñera Morel; el gerente general del grupo, Nicolás Noguera; el gerente de inversiones y finanzas de la firma, Javier Cavagnaro; su amigo y ex socio José Cox; y el abogado Fernando Barros. Con ellos decidirá qué hacer con sus activos una vez que deje el cargo.

Quienes han conocido por dentro el proceso aseguraron a CIPER que todavía no se han reunido a discutir los pasos a seguir. Eso sí, son varias las opciones que barajan y aún no hay consenso. En lo que sí están todos de acuerdo es que es una decisión que se deberá tomar pronto, ya que el Mandatario tiene claro que volver a hacerse cargo de sus inversiones resultaría ser su peor negocio, un retroceso que le implicaría abrir flancos innecesarios a un proceso que se está estructurando para hacer crecer no su rentabilidad financiera, sino su capital político.

LOS MUNDOS OPUESTOS DEL PRESIDENTE

Sebastián Piñera nunca ha sido del tipo de personas que se quedan quietas. Los que han trabajado a su lado aseguran que para él todo es intenso, vertiginoso y que, a diferencia de los demás mortales, “sus días no tienen 24 horas, sino 48”. Pocos le pueden seguir el ritmo. Lo dicen los que lo han conocido como un exitoso hombre de negocios, como ese “monstruo” de las inversiones que, a través de operaciones de alto riesgo, ha logrado alzar su fortuna entre las más grandes del país y del mundo. Su patrimonio, según la última estimación de la revista Forbes, supera los US$ 2.400 millones. En el ranking de la gente más rica del planeta, su nombre aparece en la posición 731. Y a escala nacional, ocupa el séptimo lugar.

Sebastián Piñera en su oficina en Bancard

Lo dicen también quienes lo han tratado en su otra faceta pública, la del hábil y ambicioso político que en plena dictadura fue capaz de manifestarse como un opositor al régimen, para luego ser rechazado por la Democracia Cristiana (DC) al exigir cuotas de poder como condición para su militancia. El mismo que años después ingresó a RN y terminó por convertirse en uno de sus senadores (1990-1998), para entregar su voto determinante en algunas leyes claves de la transición. No obstante los costos que le trajo ese rol de “facilitador” de acuerdos transversales, logró alcanzar la presidencia de su partido (2001-2004), para luego posicionarse como el principal referente de la centro-derecha chilena al ser el hombre que lideró el primer gobierno de ese sector tras el retorno de la democracia.

Según el ex presidente Patricio Aylwin, quien reveló en 2008 el intento de Piñera por entrar a la DC, sus exigencias, aunque inaceptables en ese momento, sólo demostraban los rasgos que ya le eran conocidos: “un hombre impetuoso” y “muy seguro de sí mismo”. Dos características que le permitirían durante las últimas tres décadas moverse con maestría y de forma simultánea en los dos terrenos de juego que mejor domina: los negocios y la política. En ambos tableros, siempre movió sus piezas con inteligencia y apostando a ganador, logrando acumular un capital político y económico que hizo convivir durante casi toda su carrera, pero que hoy, a sólo días de dejar la Presidencia con un 50% de aprobación ciudadana –según la última encuesta Adimark–, sabe que son irreconciliables.

Uno de sus colaboradores dice que en 2005, cuando compitió por primera vez por la presidencia contra Michelle Bachelet, fue un error que no se desligara de sus negocios. Que fue, más que nada, por orgullo. Pero eso tuvo que cambiar cuatro años después, cuando nuevamente compitió y sus intereses económicos le jugaron en contra. Esa fue la primera vez que se enfrentó realmente a la dicotomía de sus intereses. Ni siquiera lo había hecho en los ’90, cuando por su aprovechamiento del Caso Chispas, su amigo y correligionario Andrés Allamand señaló a través de la prensa, refiriéndose a Piñera, que “(los empresarios) son valiosos para la política, pero cuando entran de lleno a ella, deben dejar los negocios de verdad y no de fachada”.

Si en 2009 quería ser Presidente, tenía que optar. Y eligió, a regañadientes, lo público.

Aunque la ley no lo obligaba, Piñera vendió gran parte de sus activos, reestructuró el Grupo Bancard y delegó la administración de sus inversiones en distintos contratos de fideicomiso ciego. Así esperaba mantener distancia durante los siguientes cuatro años de su veta privada. Pero cometió un error: mantuvo en su poder sus principales activos, aquellos a los cuales tenía más apego, lo que le significó ser blanco de duras críticas y pagar un altísimo costo político.

La venta de su participación en LAN debió haber estado cerrada antes de que Piñera asumiera la presidencia. Pero eso no ocurrió, básicamente porque una venta rápida le habría significado una menor ganancia. Y como las transacciones de Piñera eran siempre en grande, eso podía traducirse en decenas de millones de dólares. Por eso esperaba el mejor momento para vender. Cuando el 11 de marzo de 2010 salió del Congreso con la banda presidencial cruzada en su pecho, Piñera seguía siendo el dueño del 11,3% de las acciones de la aerolínea. Para entonces, ya se había desprendido de un 15%, recibiendo por esa participación más de US$ 873,6 millones. La venta total de LAN recién se concretó en mayo de ese año. La operación total le implicó a Piñera ingresos por sobre los US$ 1.500 millones, pero a la vez dos primeros meses de ataques sin tregua por parte de la oposición, una acusación por supuestamente haber eludido impuestos a través de la venta e incluso duras críticas provenientes de sus aliados.

Pretendía quedarse con su 100% de Chilevisión (CHV) y el 13,77% que poseía en Blanco y Negro. Pero las críticas por seguir mezclando sus intereses políticos y económicos no hacían más que crecer. Recién en agosto de 2010 Piñera vendió el canal de televisión a Time Warner, en cerca de US$ 150 millones, lo que según él mismo declaró, fue “una pérdida emocional”.  Y cuando en noviembre de ese mismo año se realizó la elección que terminó con la salida de Harold Mayne-Nichols de la ANFP y de Marcelo Bielsa de la selección de fútbol, el repudio de la opinión pública por sus supuestos intereses en el proceso hizo que toda la ganancia política que le reportó el rescate de los 33 mineros de la Mina San José, se viniera abajo. Un mes después tuvo que rematar sus acciones en la concesionaria de Colo Colo, recibiendo por ello US$ 7,4 millones.

A golpes Sebastián Piñera asumió que siempre estará bajo el escrutinio público y que hoy la ciudadanía castiga como nunca antes la falta de transparencia y los conflictos de interés. Es algo que, según dijo a CIPER uno de sus amigos, aprendió recién durante los últimos dos años de su mandato. Ese aprendizaje fue el que lo llevó a anunciar que después de entregar el cargo, no va a volver al mundo de los negocios, o al menos no de forma activa.

Varios de sus cercanos dicen que el mercado ha cambiado tanto desde que se fue, que hoy Piñera estaría “fuera de training”. Algunos afirman que eso es cierto, pero que es lo suficientemente inteligente como para pasar por alto esos cambios y subirse de nuevo, y sin muchos problemas, al carro de las inversiones. Para otros, lo de los cambios en el mercado no es un argumento válido y aseguran que lo real es que simplemente hoy no está interesado en los negocios porque en ese campo ya lo ganó todo.

Sea cual sea el motivo de su decisión, lo que está claro es que lo que determine Sebastián Piñera junto al comité de cinco directores de Bancard durante las próximas semanas, será la clave para evitar nuevos conflictos a futuro. El criterio unánime apunta a mantener el perfil más bajo posible, ya que la prioridad será que sus inversiones no se conviertan en un obstáculo para cimentar su camino de vuelta a La Moneda.

EL FUTURO DE LAS INVERSIONES SECRETAS

Si Sebastián Piñera accedió a desprenderse de la mayor parte de sus activos y a alejarse de sus inversiones, fue exclusivamente porque era la condición que la misma ciudadanía le impuso para ser electo como Presidente de la República. Era la única forma de cerrar sus flancos más vulnerables. Su nombre y su trayectoria, según sus críticos, evocaban conflictos de intereses, y ya el gobierno de la época había enviado al Congreso un proyecto de ley de fideicomiso ciego que, en estricto rigor, lo apuntaba directamente a él. Pero Piñera es un hombre competitivo, y como tal, siempre ha sabido jugar sus cartas para ir un paso adelante. Esa vez no fue la excepción.

Cuatro miembros del comité de directores de Bancard (Nicolás Noguera, Fernando Barros, José Cox y Sebastián Piñera Morel)

El 24 de abril de 2009, antes de dar inicio a la campaña que lo dejó sentado en La Moneda, e incluso antes de que los parlamentarios discutieran –y terminaran rechazando– el proyecto de ley de fideicomiso ciego, Piñera firmó de forma voluntaria nueve contratos para delegar la administración de sus inversiones a Larraín Vial, Moneda, Celfin (hoy BTG Pactual) y Banco BICE. El acuerdo era simple: por un tiempo indefinido, las cuatro entidades podrían hacer y deshacer a discreción con sus inversiones y estarían obligadas a no informar absolutamente nada a él, a los ejecutivos de su family office ni a nadie sobre el curso de esos negocios. Lo que pasara desde entonces con el patrimonio bursátil del Presidente sería secreto, no por ley, sino que por un contrato entre privados.

Ese acuerdo acabará sólo cuando el mandante, es decir, Piñera, decida el momento. Y aún no hay claridad de los plazos, aunque lo más probable es que la modificación de esos contratos, según dijo a CIPER un ejecutivo de Bancard, sea “inminente”.

Son al menos tres las opciones que estarán sobre la mesa cuando el ya ex presidente, Piñera Morel, Noguera, Cavagnaro, Cox y Barros discutan el futuro de sus inversiones. La primera de ellas apunta a mantener los fideicomisos ciegos tal como están por un plazo que podría ser de seis meses o hasta por un año. De esa forma, quienes apoyen la moción, apostarán por blindar de críticas al Mandatario saliente manteniendo tanto para la ciudadanía como para él mismo y su núcleo más íntimo el secretismo que envuelve desde 2009 sus inversiones. Así, Piñera no estaría obligado a rendir cuentas sobre cómo evolucionó su patrimonio a través de los fideicomisos durante su mandato, porque no contaría con la información para hacerlo.

La segunda opción que deberán evaluar es mucho más radical: poner fin a los nueve contratos y liquidar todas las inversiones para convertirlas en caja. De optar por esa vía, el Grupo Bancard transformaría en dinero fresco todo su capital bursátil, para luego invertirlo en fondos internacionales de largo plazo que no tengan incidencia en Chile, tal como lo ha hecho con los ingresos obtenidos tras las ventas de LAN, CHV y Blanco y Negro.

La tercera propuesta pretende mantener la administración de la cartera de inversiones en manos de las tres corredoras de Bolsa y del banco, pero modificando las condiciones en el sentido de que ya no sean ciegos. Así, Piñera no tendría injerencia en dónde se invertirán sus fondos, pero su equipo de ejecutivos -que dirige Noguera- recibiría informaciones periódicas de los resultados.

La decisión final, dicen fuentes de Bancard, deberá ser tomada en las próximas dos o tres semanas y apuntará a crear una estructura de negocios “que no genere ni vaya a generar ninguna sombra de conflicto para el futuro del Presidente”. Existe el acuerdo de que apenas eso suceda, se hará pública. Lo importante, señala una persona que ha conocido el proceso, es que se cierre el ciclo, porque si Piñera decidió voluntariamente suscribir los fideicomisos ciegos, deberá asumir las consecuencias, entre ellas, informar a la ciudadanía dónde se han invertido las platas del Presidente durante los últimos cinco años.

LAS 43 EMPRESAS DEL FIDEICOMISO

No tenía la obligación legal de hacerlo, pero Sebastián Piñera anexó voluntariamente los nueve contratos de los fideicomisos a su declaración de patrimonio. Aunque no están incluidos en la versión publicada en el sitio web de la Presidencia, sí lo están en el documento original que Piñera entregó a la Contraloría en abril de 2010, y al que CIPER accedió usando la Ley de Transparencia. El problema es que ocho de esos contratos excluyen la parte más importante: aquella que contiene el detalle con el nombre de las empresas donde estaban invertidos al momento de cerrar el trato los cerca de US$ 400 millones que componían el capital bursátil del Grupo Bancard (ver reportaje de CIPER).

Según explica un ejecutivo de la family office, la decisión de no declarar el detalle de empresas ni el número de acciones que poseía Piñera a través de sus dos vehículos de inversión –Bancard Inversiones Ltda. e Inversiones Santa Cecilia S.A.–, responde a tres motivos. El primero es que esa información correspondía a abril de 2009, fecha en que se firmaron los contratos, y no a abril de 2010, cuando se efectuó la declaración. Por lo tanto, como los fideicomisos ya llevaban un año funcionando, era imposible saber cómo se componía su cartera de inversiones cuando el Presidente asumió el cargo. El segundo, dice, es porque la libertad de acción para las administradoras equivalía a que le hubieran entregado caja, por lo que el nombre de las empresas no era relevante. Y el tercero es aún más simple: porque la ley no se lo exigía.

A pesar de ello, CIPER logró identificar las 43 sociedades anónimas abiertas donde Piñera tenía intereses y cuya administración entregó a los fideicomisos (ver fichas de empresas). En ocho de ellas acumulaba una participación que le permitía figurar entre sus 12 mayores accionistas: Esas compañías concentraban el 31,6% del patrimonio bursátil del Grupo Bancard (casi US$ 126,4 millones).

La mayor inversión en Bolsa de Piñera estaba en Quiñenco, la sociedad a través de la cual el Grupo Luksic controla el Banco de Chile, CCU y Madeco e Invexans, entre otras empresas. Según los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a marzo de 2009 el Presidente poseía el 4,1% de las acciones a través de Bancard y Santa Cecilia, representando una inversión que se alzaba por sobre los US$ 80 millones de dólares. Esta es una de las 19 empresas de la lista que han registrado rentabilidad positiva desde que comenzaron a operar los contratos, por lo que es muy probable que aún posea algún porcentaje de las acciones.

Su segunda y tercera mayor participación accionaria eran las que tenía en Norte Grande y Oro Blanco, dos de las sociedades cascadas a través de las cuales Julio Ponce Lerou controla SQM y que hoy son investigadas por las SVS por supuestas infracciones graves a las leyes que regulan el mercado de capitales. En ambas participaba a través de Bancard y Santa Cecilia, sumando el 2,15% de las acciones en la primera y el 1,21% en la segunda. El monto invertido en las dos cascadas superaba los US$ 21,5 millones. A eso hay que agregar la presencia que los dos vehículos de inversión del Mandatario tenían en Pampa Calichera, aunque es imposible calcular a cuánto ascendía su participación porque ninguna superaba el 1% de las acciones.

Estas inversiones le han generado varios dolores de cabeza en los últimos meses. Ponce Lerou lo acusa de haber intervenido en su contra en la investigación que la SVS hace del llamado “Caso Cascadas”. En octubre Piñera dijo a Radio Biobio: “Ya habíamos vendido esas acciones, y el resto fue todo a un fideicomiso ciego”. Lo que no dijo es que ese “resto” que se fue al fideicomiso estaba valorizado en más de US$ 20 millones en 2009. Por eso Ponce Lerou no ha detenido su ataque y este viernes 7 de marzo, cuando declaró ante el Ministerio Público, le lanzó un dardo directo: “Si su excelencia el Presidente de la República no hubiese participado de las cascadas, no habría Caso Cascadas”.

Las otras empresas donde Piñera figuraba como uno de los principales inversionistas eran Salfacorp (US$ 9,3 millones), Copec (US$ 7,8 millones), AFP Habitat (US$ 3,7 millones), Pesquera Eperva (US$ 2,9 millones) y Telefónica (US$ 1,1 millones). En todo caso, es un misterio lo que ha pasado desde entonces con esas inversiones. Lo mismo ocurre con otras empresas donde el mandatario poseía menos del 1% de la propiedad, como en British American Tobacco Chile (ex Chiletabacos), Cencosud, Parque Arauco, Colbún, Chilectra o CMPC, sólo por nombrar algunas.

En todo caso, si se considera que el IPSA ha disminuido en un 40% desde que se entregó la cartera de inversiones el 27 de abril de 2009, lo que la mayoría espera encontrar al momento de quitar el velo a los fideicomisos son pérdidas. De hecho, el 56% de las empresas en donde participaba el Presidente y que CIPER rastreó, presentan rentabilidad negativa durante los últimos cinco años.

Las administradoras podrían haber vendido parcial o totalmente todas esas acciones. Podrían también haber comprado más. O incluso haberlas mantenido. Es imposible saberlo con certeza, porque los contratos les imponían muy pocas restricciones. Una de ellas era mantener al menos el 50% de lo invertido en instrumentos nacionales, y lo que saliera del país, no podría colocarse en inversiones que tuvieran incidencia en Chile. La otra es que ni Santa Cecilia ni Bancard podrían concentrar más del 2,49% de las acciones de una empresa, asegurando así que se mantendrían como accionistas minoritarios y que no contarían con el porcentaje necesario para elegir directores. Así, podrían tener participación, pero no injerencia en la administración. Una condición que luego profundizó la SVS al exigir la modificación de los contratos en el sentido de que se prohibiera a las administradoras votar en juntas de accionistas. Y por último, no podrían comprar nuevas acciones en empresas cuyo precio esté regulado por el Estado, como tampoco en Isapres o administradoras de fondos

Cuando se cumpla un mes  de haber cesado en sus funciones (el 11 de abril), vencerá el plazo que otorga la ley para que Sebastián Piñera entregue una nueva declaración de patrimonio a la Contraloría. Como en la que realizó en 2010 incluyó los contratos del fideicomiso voluntariamente -según explicó uno de sus colaboradores, como una muestra de transparencia-, es de esperar que lo haga, esta vez, actualizados y completos. Por eso es muy importante la decisión que tome su comité de directores en las próximas semanas. Porque no sólo estarán encargados de blindar las espaldas del Presidente para preparar su camino de regreso a La Moneda, sino que además dependerá de ellos que se transparente ante la ciudadanía cómo ha variado el patrimonio del hombre que lideró al país los últimos cuatro años.

Muy poco se sabe del pasado del reelecto diputado Rosauro Martínez Labbé (RN), quien aparece como figura protagónica en una de las historias de la dictadura jamás contadas por sus testigos. El entonces capitán de la Compañía de Comandos Nº 8 del Regimiento “Llancahue” de Valdivia fue, según una investigación basada en los testimonios de cinco soldados conscriptos de esa fuerza especial del Ejército, documentos judiciales y entrevistas con sobrevivientes, quien comandó en los alrededores de Neltume una masacre publicitada como un gran triunfo militar en 1981: el aniquilamiento de un destacamento de guerrilleros del MIR que había creado un temerario foco de resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet.

Foto tomada por el entonces capitán Rosauro Martínez durante la "Operación Machete" en Neltume.

Rosauro Martínez (63 años), quien acaba de ser reelegido para su sexto período parlamentario, ha negado toda responsabilidad en los hechos, pero los testimonios recogidos en esta investigación entregan detalles hasta ahora desconocidos de su rol clave en la masacre de Neltume. Todo ocurrió en 1981, once años después de que Martínez ingresara al Ejército, cuyas filas abandonó en 1987 con el grado de mayor. Poco después, era premiado por Pinochet al designarlo alcalde de Chillán, la ciudad que hoy representa en el Congreso, cargo que mantuvo hasta 1992, año en que se realizaron las primeras elecciones municipales luego de recuperada la democracia.

Memorial en honor a las víctimas de Neltume

La hoja de vida del mayor (r) Rosauro Martínez entre 1973 y 1987 es un misterio. Lo que sí se sabe con certeza es que la mayor parte del tiempo que sirvió en el Ejército lo hizo en los servicios secretos. Lo que aprendió en su paso por la Escuela de Las Américas, centro de entrenamiento antisubversivo estadounidense en Panamá, lo utilizó a cabalidad no sólo en la masacre de Neltume. CIPER escuchó un testimonio que da cuenta de su rol también protagónico en uno de los grupos más secretos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en los años 80.

Los misterios también han rodeado la masacre de Neltume. Oficialmente cobró 11 víctimas, pero los testimonios recogidos en esta investigación dan cuenta de otros muertos, los que habrían sido campesinos de la zona. A medida que se entrevistan testigos, el número de cadáveres vistos por los soldados no coincide con las listas oficiales. Es necesario entonces que la justicia despeje la identidad de esos muertos que nadie quiso ni pudo denunciar en esa zona cordillerana de extrema pobreza.

LA REFORMA AGRARIA EN EL ORIGEN

El Movimiento Campesino Revolucionario, brazo rural del MIR, tuvo un rol protagónico en el proceso de toma de fundos madereros en la zona de Neltume (a unos 900 kilómetros de Santiago), durante el gobierno de Salvador Allende. Entre diciembre de 1968 y septiembre de 1973 un grupo de militantes de la Universidad Austral de Valdivia hizo un trabajo que logró sumar a los campesinos y trabajadores del Complejo Forestal Panguipulli (con más de 360 mil hectáreas en la zona) al proceso de expropiación que propició la Reforma Agraria. Entre esos trabajadores uno se ganó la fama: Comandante Pepe lo llamaron. Su nombre era Gregorio José Liendo Vera y fue fusilado en octubre del ’73, junto a otros 11 dirigentes de los 22 fundos expropiados a sus dueños por el gobierno de la Unidad Popular, en el polígono de tiro del Regimiento Llancahue, tras un Consejo de Guerra.

Ocho años más tarde, en ese mismo regimiento, unas cuatro hectáreas rodeadas de un pantano al que en la zona llaman Hualve, el entonces oficial de Ejército Rosauro Martinez Labbé entrenó a los conscriptos que integrarían la base de la Operación Contraguerrilla Machete, nombre que recibió la expedición en busca del grupo mirista.

La rebelión de Neltume -liderada por el Comandante Pepe- mereció especial dedicación de los militares y empresarios madereros y agrícolas que llegaron al poder con Pinochet. No hubo tregua en esa zona para la represión política. Quienes participaron en la Reforma Agraria, o fueron asesinados o pasaron por la tortura y la cárcel o lograron partir al exilio. Algunos de sus líderes más jóvenes lograron escapar a distintas ciudades de Europa, en Holanda, Suecia y Francia. Allí estaban en 1978 cuando fueron convocados por la dirección del MIR a una reunión en Praga donde se les notificó que serían protagonistas de la Operación Retorno.

Inspirados en la guerra de Vietnam, los miristas intentaron levantar un foco guerrillero en Neltume.

Esa decisión de la cúpula del MIR formaba parte de otras estrategias, diseñadas tanto en la Unión Soviética como en Cuba y que propiciaban la creación de zonas revolucionarias en América Latina. En Chile, Miguel Enríquez, el líder del MIR asesinado en 1974, impulsó un Movimiento de Resistencia Popular que debía sumar a los distintos partidos y movimientos de izquierda y hasta el progresismo de la Democracia Cristiana. La idea –explica el doctor en historia Robinson Silva en su libro Resistentes y clandestinos, la violencia política del MIR en la dictadura profunda (1978-1972)- era que ese movimiento fuera capaz de “conectar la vanguardia con las masas”, para “crear así un ejército revolucionario que enfrentara  la dictadura”.

Parte medular de la Operación Retorno era el aterrizaje clandestino de un grupo selecto de militantes del MIR en Nahuelbuta; mientras otros se instalarían en otras ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción. A pesar de la convicción que se desprende de los documentos elaborados por la dirección del MIR para el retorno a Neltume, el destino de la misión sería muy distinto.

ELEGIDOS PARA UNA CACERÍA

Los soldados que fueron entrevistados para esta investigación son hoy hombres de 52 años. Nacieron casi todos en 1961. Ese fue el grupo generacional que el entonces teniente Mario De Toro Gallardo llegó a seleccionar al gimnasio fiscal de La Unión, en marzo de 1981: hijos de familias campesinas de los alrededores de Paillaco, Río Bueno y Puerto Nuevo. El año anterior, en esa zona no había habido reclutamiento. Por eso, la mayoría de los conscriptos tenía 19 años. En el gimnasio de esa ciudad tranquila de unos 45 mil habitantes y casas de madera, se los hizo desnudar y correr ante la mirada atenta de los oficiales que fueron seleccionando a los más fuertes. Uno de ellos, lo llamaremos el conscripto E, recordó en el living de su casa los ojos verdes e intensos del teniente De Toro:

-Yo tenía en esa época unos lindos mostachos. El teniente me miró y me dijo: “Tú te vas a ir con nosotros y allá yo te voy a cortar esos bigotes”.

La promesa sutil del teniente De Toro fue una suave introducción a lo que a partir de ese momento vivirían los conscriptos escogidos:

-De entrada conocimos lo que era estar activo todo el tiempo. Un minuto tranquilo, sin hacer algo, cualquier cosa, y llegaba el palmazo. Porque pestañeabas en la guardia, porque no hacías lo que se esperaba, porque demorabas, porque estaba mal puesto el uniforme, por cualquier cosita venían los castigos –cuenta uno de los ex conscriptos.

Los relatos se repiten con las mismas palabras y hasta con los mismos tonos e inflexiones. Hablan parecido, lo hacen en sus casas, en una leñera, en un patio o arriba de un auto. Muchos de ellos rechazaron tajantes hablar de la historia que no olvidan. Pero algunos optaron por recordar. Todos piden que sus nombres no se escriban. Eran 130 y quieren fundirse en ese número, a pesar de que todos los nombres les quedaron grabados: los de sus instructores, los de los militares que los torturaron, de los que los condujeron en la montaña y los que mataron a los guerrilleros.

Todos esos nombres van saliendo de sus bocas. Y entre todos ellos se repiten los de Arturo Sanhueza Ros (más conocido en la CNI como El Huiro, condenado y procesado por varios asesinatos, ver detalle de sus condenas), Mario de Toro Gallardo, Iván Fuentes Sotomayor, Claudio Peppi Oneto (integrante de la DINA desde sus inicios), Sergio Aguilera, Hilario Nahuelpán Huayquimil, José Miguel Basaúl, Julio Arellano Garamund y Eduardo Inostroza. Y todos vieron en la montaña la sombra del conductor de la Operación Machete, que luego dio paso a la Operación Pilmayquén: Rosauro Martinez Labbé, el capitán.

-La experiencia de nosotros quedó por años en silencio. Nadie más habló de lo que pasó. Yo traté de buscar material de los instructores que teníamos en ese tiempo. No hay nada. Traté de buscar en los documentos al teniente Mario de Toro Gallardo. No sale nada. Al único que encontré es al actual diputado por Chillán que fue nuestro capitán: Rosauro Martínez Labbé –cuenta uno de los ex conscriptos.

Rosauro Martínez

Este ex conscripto es hijo de un sindicalista. Ha sido un guía honesto y cuidadoso para contactar a sus compañeros de la Compañía de Comandos, amortiguando el recelo que se les ha pegado a la piel. Los conoce a casi todos. Se han ido intercambiando miradas y palabras durante estos años en funerales y también en bodas y bautizos. Se han encontrado en las esquinas de Osorno o Valdivia, en buses y en las iglesias evangélicas de las que muchos se hicieron fieles después de haber abandonado el alcohol en el que algunos cayeron cuando dejaron la conscripción. Esta búsqueda de la memoria de los soldados de Neltume comenzó hace ya tres años, cuando este cronista comenzó la investigación para un libro, aún en proceso, que intenta reconstruir los hechos.

ELEGIDOS PARA MORIR

Los guerrilleros del MIR eran sobre todo jóvenes. Cinco de ellos habían sido obreros madereros en el Complejo Panguipulli y más tarde partieron al exilio. René Bravo (25 años), Julio Riffo (30), Próspero Guzmán (27) y Juan Ojeda (27), vivieron en Holanda; José Monsalve (27), en Canadá; Raúl Obregón (31), en Suecia; Pedro Yáñez (31), había nacido en Constitución y venía de Francia.

Dos de los hombres enviados a Chile vía Neuquén (Argentina) para instalarse en la montaña -Luis Quinchalí (38) y José Campos (30)- eran de Temuco. Quinchalí, vino de Holanda y Campos, de Noruega. Ambos fueron detenidos por gendarmes argentinos. De la lista de once miristas muertos en Neltume, son los únicos que no cayeron bajo la metralla del destacamento comandado por Rosauro Martínez. Sus compañeros creen que fueron entregados a militares chilenos. Aún están desaparecidos.

Patricio Calfuquir (28) era originario de Pitrufquén  y Miguel Cabrera (30), jefe de todo el grupo, de Temuco. Cabrera, más conocido como Paine, había vivido dos años en una ciudad holandesa cercana a Utrech.

El grupo partió desde París hacia Cuba en marzo del ‘79, en varias tandas.  Allí se entrenaron con las técnicas vietnamitas para guerrilla rural. Fueron 25, la mayoría hombres, aunque hubo algunas pocas mujeres en lo que muy pronto se llamó Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro. Allí forjaron el temple y aprendieron, entre otras cosas, a cavar refugios en la tierra: los “tatús”. La historia está contada en clave épica por algunos de los sobrevivientes en un libro de buena prosa: Guerrilla en Neltume. Una historia de lucha y resistencia en el sur chileno. Lo editó Lom. Y lo firma el Comité Memoria Neltume.

Algunos sobrevivientes no suscriben todo lo que el libro cuenta. Entre otros, Elsa, la única mujer que estuvo durante meses en la montaña y que bajó del campamento antes de que irrumpieran los militares de media docena de divisiones armados para la guerra. Las diferencias y matices con la historia que se ha contado están relacionadas con la responsabilidad de los jefes miristas que orquestaron la Operación Retorno. Y con el escaso apoyo material, político y humano que tuvieron los que se aventuraron en Neltume.

Dos datos se repiten en los testimonios de los escasos sobrevivientes: nunca se les permitió armarse y tampoco se los dejó tomar contacto con los campesinos de la zona. Las dos instrucciones perentorias fueron a la postre clave en la derrota y sirven para comprender el nivel de debilidad con el que los guerrilleros se enfrentaron al Ejército.

En febrero de 2007, el jefe de la que fuera la comisión militar del MIR, Hernán Aguiló, hizo un mea culpa en La Nación Domingo, en el que reconoce que la arriesgada apuesta militar de crear un foco guerrillero en Neltume tuvo gravísimos costos humanos para cientos de combatientes idealistas. “Fue un acto de voluntarismo de todos nosotros plantear que el MIR no debía asilarse. Y Miguel Enríquez vanguardizó ese proceso”, dijo Aguiló. El mayor error cometido, afirmó, fue “organizar el apoyo logístico en forma de fachada sin inserción en la masas. Los errores fueron de tal magnitud que a veces la base social de apoyo era el familiar de un detenido desaparecido. Éste es el caso de Neltume”.

El dirigente del MIR Miguel Enriquez

Cuando el sábado 27 de junio de 1981 una patrulla de la Compañía de Comando Nº8 del Regimiento Llancahue, enviada por Rosauro Martínez Labbé, los descubrió cerca del Lago Quilmo, los 12 miristas que se encontraban en el campamento no tuvieron más que correr en bandada hacia las quilas alrededor de las carpas, y escapar a punta y codo. Solo Miguel Cabrera, y su segundo, Raúl Obregón, sabían que los fusiles FAL y las municiones –escasas como la comida– estaban en uno de los siete tatús que lograron construir a un día de marcha rápida, en otro rincón de la fría, nevada y arisca montaña.

UN MUERTO EN BUSCA DE IDENTIDAD

Al inicio de esta investigación, parecía improbable que ese hombre muerto de un tiro en la cabeza, al que los jefes exhibían a fines de junio del ’81 cuando los soldados iban llegando a la montaña, hubiera existido. Porque los militares demoraron 63 días hasta lograr atrapar el 29 de agosto a dos de los miristas: René Bravo y Julio Riffo, y sólo el 13 de septiembre acribillaron al primer guerrillero. Durante ese lapso los militares acosaron a los pobladores de la zona y los torturaron para que revelaran el paradero de los buscados: creían que el grupo del MIR había hecho contacto con ellos y se sostenían arriba enmontañados gracias a la ayuda de éstos. Es probable entonces que ese muerto exhibido por los jefes a los conscriptos haya sido un campesino al que nadie nunca reclamó y que, por esa misma razón, no figura ni en las nóminas de víctimas del Informe Rettig ni en las listas de detenidos desparecidos.

Al cabo de las entrevistas con cinco soldados, nos asiste la certeza de que ese muerto no coincide con ninguno de la lista de miristas abatidos en esa operación. Todos lo vieron. Verlo era el bautismo para comenzar la acción del Operativo Machete. A medida que se cotejan los testimonios de los soldados, surgen nuevas víctimas. Al contar los caídos, sobran muertos.

El ex conscripto A tiene una memoria poderosa: guarda detalles que sorprenden a sus dos compañeros, a quienes llamaremos B y C. Sentado a la mesa en la casa de uno de ellos, en Paillaco, recuerda la Casa Hilton, o Rancho Hilton, como llamaron a la base de operaciones que se instaló en la montaña, en Remeco Alto, entre Neltume y Liquiñe. Allí también estaba el río en cuyas frías aguas los obligaban a bañarse en pleno invierno para mantener la moral alta. Justamente ahí estaba apostado un día el ex conscripto A, haciendo guardia con otro soldado, entre las tres y las cuatro de la tarde:

-Lloviznaba, hacia mucho frío, y a la distancia vimos que traían a la rastra a un hombre, atado de las manos o el cuello a un caballo negro. Lo amarraron a un árbol. Venía ya herido, mordido por un perro. Solo me recuerdo su rostro de dolor y la voz de mando con la que le ordenaban al perro pastor alemán que lo atacara.

Portada de El Rebelde alusiva al intento guerrillero de Neltume.

El relato de A coincide con el de otros dos conscriptos que en distintos momentos vieron al campesino que era interrogado mientras era mordido por el perro. Otro soldado lo vio llegar al regimiento en Valdivia. Allí habría muerto.  “El perro era de la CNI de Valdivia, le decían Casán”, dice el ex conscripto, quien de inmediato lanza el humor campesino: “Nos reíamos de ese perro: en las patrullas quedaba pataleando en el aire, colgando de las quilas, ya que las cortábamos con el machete más alto que la altura de sus patas”.

Mientras el Ejército torturaba campesinos tratando de conseguir datos para ubicar a los doce miristas que escaparon el 27 de junio, los guerrilleros, divididos en un grupo al mando de Miguel Cabrera y el otro al mando de Patricio Calfuquir, escapaban con un solo objetivo: llegar a los fusiles y la poca comida que guardaban en dos tatús acondicionados durante ese año que llevaban en la montaña.

Las primeras exploraciones del destacamento guerrillero fueron en febrero de 1980, y los primeros campamentos se instalaron en julio de ese año. En agosto llegó un contingente y, finalmente, en octubre se enmontañó Cabrera, el Paine.

Los problemas habían ido en aumento sobre todo por la dificultad para aprovisionarse de alimentos: a medida que se internaban en la cordillera, la comida quedaba más atrás. El estómago de los guerrilleros comenzó a achicarse. También el grosor de sus cuerpos. El gasto de energías para moverse por esas montañas era superior al que habían consumido en el campamento cercano a La Habana donde se entrenaron con calor cubano. Pero ninguna privación vivida por ellos antes pudo darles la idea del frío y el hambre que llegarían a sufrir cuando fueron descubiertos por los militares y en tan solo un segundo perdieron el abrigo, los pertrechos, los mapas y todos los alimentos.

Treinta y dos años más tarde, los ex conscriptos reunidos en Paillaco también hablan de comida al recordar el entrenamiento en la Compañía de Comandos. El primer mes conocieron ellos también un hambre espantosa, además del carácter de cada instructor y su peso específico al pegar con la palma abierta, con la culata del fusil o con el puño. El día que recibieron visita por primera vez los advirtieron: apenas podían tocar la comida que sus madres les habían preparado. Ninguno hizo caso. Los 130 se dieron una bacanal de empanadas, de chancho, de patos y pollos de sus propios gallineros, de calzones rotos, de mote con huesillos, de leches asadas, de torta de milhojas. Cuando sus madres se fueron y volvieron a las barracas, escucharon el grito de los tenientes al mando de Rosauro Martínez. Cuerpo a tierra. Punta y codo. Abdominales. Cien. Fuerzas de brazo. Saltos de rana. Cien. Hasta que cada uno de los conscriptos no hubo vomitado todo lo que había comido, no pararon. Los instructores de Rosauro eran tipos duros, formados como él en las técnicas estadounidenses con que se formaron los soldados que habían ido a perder a Vietman. Y repetían el método.

El ex conscripto A suele soñar con un campesino al que le tocó vigilar mientras lo torturaban:

-Un día nos encontramos a un campesino en el sector norte de Remeco Alto, para el lado del Lago Quilmo. Venía a caballo con un quintal de harina en el lomo. Lo tomamos prisionero con el teniente Claudio Peppi Onetto. Se le ordenó bajar del caballo y cuando se le pidió la identidad, uno de los apellidos concordaba con uno de los que buscaban. Lo llevamos a Remeco, a una zona donde hay galpones. Le pasaron una pala y le ordenaron que empezara a cavar, que si no hablaba y decía donde estaban los otros, ahí mismo lo iban a enterrar. Él no decía nada. No sabía nada. Era un campesino no más. Cavaba y lloraba en silencio. Nos obligaron a darle mantequilla de maní, que venía en las raciones NA del Ejército (insumos estadounidenses), y galletas de agua. Debía comer la mezcla y tragar rápido, y entre su llanto y comer, se le gastaba la saliva y se ahogaba. Al hombrecito al final se lo llevaron y ya no supimos lo que pasó con el.

EL FRIO QUE AMPUTA

Faltaban días y noches de frío y hambre para el final. Las muertes se sucederían sin pausa después del 29 de agosto. Dos mil hombres entrenados para la guerra –la Compañía de Comando de Martínez Labbé, los de la Unidad Anti Terrorista (UAT) conducida por el capitán Conrado García (procesado por tres de los homicidios de Neltume), los del Regimiento Cazadores, los del Maturana, los de la Brigada Azul de la CNI (creada especialmente para eliminar al MIR)– no habían podido a lo largo de 63 días ni siquiera herir a uno de los doce guerrilleros. La montaña se los había tragado.

Si los guerrilleros no hubieran persistido en su aventura, si no hubieran creído que aún deshechos y debilitados como estaban podrían conseguir ayuda de sus jefes en Santiago para resistir, habrían podido volver caminando a la Argentina, o se hubieran ido desplazando de a poco hacia “el llano”, como le dicen allá arriba a la tierra menos escarpada que desciende hacia Panguipulli, Temuco y Valdivia.

Perdidos en dos patrullas, los del Toqui Lautaro se lograron reunir finalmente en uno de los refugios 42 días después de que los descubrieran. Habían podido hacerse de los fusiles que Paine guardaba en un tatú, pero en las reservas había apenas un par de kilos de arroz, una bolsa de porotos y algo de leche en polvo. Comieron durante semanas una especie de sopa en la que a cada uno le tocaban diez porotos. Y luego, como postre, una cucharadita de azúcar. El hambre los adelgazó hasta los huesos y les quitó las defensas; se enfermaron. El frío gangrenó un pie de Pedro Yáñez hasta que hubo que amputárselo con una cortaplumas. A varios los comenzó a devorar el “pie de trinchera”: una infección que viene con las bajas temperaturas y ataca los dedos. En la bota de Yáñez, que supuraba a cada paso, los demás veían su propio destino. Todos los sobrevivientes coinciden: ni en el más doloroso de los momentos hubo quejas.

A fines de agosto se decidieron: cinco de ellos debían bajar a buscar ayuda. Se dividieron en dos grupos: tres por un lado, y Riffo y Bravo por otro. Mientras el trío logró sortear los pueblos y llegar a Temuco, los otros dos avanzaron sin problemas hasta Huellalhue, un paraje antes de Lanco. El hambre los empujó hacia el enemigo. Pidieron comida en una casa de campo. Los lugareños los ayudaron. Les recomendaron un rincón cercano para descansar. También les avisaron a los carabineros. Sólo tenían una pistola con un cargador. No llegaron a usarla. Detenidos fueron llevados a Lanco y luego a Valdivia. Dos soldados aseguran haberlos visto allí, porque debieron custodiarlos cuando los encerraron en unas piezas. Después, vieron cuando se los llevaron en un helicóptero.

Museo de Neltume.

–Nadie duda de que fueron trasladados por la CNI a Santiago para ser torturados. Es casi lo único de lo que no tenemos pruebas. Pero un mirista que fue luego interrogado por los mismos torturadores contó que a él le decían que había hablado muy pronto, no como sus compañeros de Neltume a los que tuvieron que darles duro muchos días hasta que los quebraron –cuenta una fuente que conoce bien la trama de esta historia.

No es necesario detallar la crueldad de los interrogatorios de la CNI. Los jóvenes Riffo y Bravo conocieron todos los matices del dolor. Y en esas condiciones fueron llevados de regreso a Neltume para guiar los pasos de los que buscaban a sus compañeros que allá esperaban por ayuda. Los militares sabían que sin tortura no había chance de llegar al resto. El fracaso de su acción militar masiva era impresentable ante el alto mando del Ejército. A tal punto la detención de Bravo y Riffo cambió las cosas, que la Operación Contraguerrillera Machete terminó el 29 de agosto. Y entonces comenzó la Operación Pilmayquén.

LA CNI EN LA CACERÍA

En la causa que investiga Emma Díaz, la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Valdivia (Rol 1675-2003), se acumulan los testimonios de algunos militares que participaron del operativo. Al menos tres admiten lo mismo que asegura el conscripto E, sólo que omiten datos:

–Nos llevaron a unas cabañas de las Termas de Liquiñe. Ahí estábamos una patrulla de la Compañía de Comandos –al mando de Mosquetón (Rosauro Martínez)– con la CNI. Y ahí tenían a dos hombres jóvenes. A esos dos cabros los sacaban a buscar a sus compañeros a la montaña –contó a CIPER el ex conscripto E.

A ese testimonio se suma el del ex conscripto D, entrevistado en La Unión hace dos años: “En septiembre, a los dos los tuvieron varios días caminando por la montaña para que se encontraran con sus compañeros guerrilleros. A uno lo ataban con un lazo a la cintura y lo largaban varios metros adelante. Así fue como terminó encontrando a los otros y uno de ellos salió muerto”.

Lo que vino es uno de los pasajes más difíciles de reconstituir de esta historia. El 13 de septiembre uno de los jóvenes en manos de Mosquetón y la CNI no pudo evitar el encuentro con sus compañeros, los mismos que habían decidido varias semanas antes que ellos dos y otro grupo de tres partirían hacia el llano a buscar ayuda. Los que quedaban en la montaña, desesperados por el hambre y la enfermedad, esperaban la ayuda de la dirección del MIR. El joven guerrillero silbó el canto de un pájaro austral tal como estaba acordado. Los demás le salieron al encuentro. Y la balacera comenzó. Los fusiles y las ametralladoras del Ejército dispararon. Los del MIR eran dos: respondieron, pero sobre todo intentaron escapar. La superioridad de fuerza de los militares era total. Aún así la emboscada no fue exitosa: sólo le dieron a uno. Allí mataron a Raúl Obregón Torres.

El resto del destacamento mirista siguió avanzando. Pedro Yáñez Palacios ya no quiso seguir: la amputación no le había frenado la infección. Bajo el tronco de un árbol que hacía de escondite, se quedó con un fusil FAL y un cargador. Pasó allí varios días. Al final desvariaba de dolor. Lo escuchó una patrulla que conducía el teniente Mario de Toro Gallardo. El ex conscripto E, el mismo que conoció desde el inicio el rigor de Toro Gallardo, cuenta que fue ese teniente el que casi lo seccionó con su ametralladora. Con Yáñez, ya eran dos los abatidos.

De Toro es otro de los jefes militares que, como a Rosauro Martínez, los soldados no han podido olvidar. No solo por esa ráfaga que casi partió en dos el cuerpo ya desmembrado de Yáñez. Casado con una ex reina de Valdivia, su porte imponente, su pelo rubio y sus grandes ojos verdes que miraban fijo al frente, impactaban menos que las cicatrices que exhibía en sus manos y que hasta hoy causan escalofríos en los ex conscriptos. Un accidente en moto, uno de sus hobby favoritos, estaba en el origen y no las ocultaba. Sabía el efecto que causaba con sus grandes manos en los soldados a quienes comandaba, como también sus exuberantes bíceps.

–Parecía un actor de cine. Esa fue la impresión que nos dejó cuando nos vino a reclutar a La Unión. Era impresionante verlo dar órdenes ese primer día que nos recibió en el gimnasio. Mi última imagen de él es dando ordenes en una de las últimas semanas que estuve en la cordillera. Fue en un campamento cerca de Choshuenco. Era bien loco pero debo decir que al soldado lo miraba con cierta humanidad. Era loco, como Bruce Willis en Duro de matar… –dice otro de los ex conscriptos.

ROSAURO Y EL BAQUEANO

Cuando Pedro Yáñez fue asesinado, el capitán Rosauro Martínez seguía todo el desarrollo de la operación desde la casa del baqueano que los guiaba por la montaña: Juan de Dios Peña, un hombre ya mayor al que los militares le decían Tata. Entrevistado por María José Flores, profesora de Historia de la Universidad de Los Lagos, autora de una tesis de lo ocurrido en Neltume, su hijo, Israel Enrique Peña Patiño, recordó al entonces joven Rosauro Martínez:

–El capitán Martínez era el que mandaba. Por el hecho de que mi papá trabajara con ellos había una protección especial sobre nosotros, nos cuidaban en la noche.

Israel Peña estaba en primero básico y sabe que era primavera porque los incidentes fueron después de la última nevada de ese año. Martínez pasaba mucho tiempo en su casa a la espera de que sus hombres dieran con los guerrilleros. En agradecimiento, el propio Martínez visitó al Tata Peña un año después y le llevó de regalo una fotografía en la que se ve al baqueano rodeado de soldados marchar por la montaña. Así recuerda ese momento: “El capitán se encargó de tomar la foto y de regalársela a mi papá.  Le dijo: ‘Tata, aquí le traigo un recuerdo para que nunca se olvide de su trabajo en Neltume’”.

En esa visita, Martínez le ofreció al baqueano una casa amoblada, una jubilación y estudio para su hijo, el niño al que le había enseñado a leer. Pero Juan de Dios Peña no quiso. “No aceptó, porque ser guía tampoco fue algo que él hizo de buena voluntad, sino que fue ‘voluntariamente obligado’, como mi papá solía decir”, relató su hijo.

Durante seis periodos Rosauro Martínez ha sido diputado por RN.

Israel Peña también recuerda que en septiembre del ‘81, cuando algunas nevadas todavía blanqueaban la cima de la montaña, su padre llegó a la casa y contó que habían matado a tres en Remeco, en la casa de doña Floridema Jaramillo. La mujer era la madrina de José Eugenio Monsalve Sandoval. José, nacido en Neltume, escapaba del cerco militar junto a Patricio Calfuquir Henríquez y Próspero del Carmen Guzmán Torres. Los empujaba la inanición. Calfuquir tenía los pies infectados, volaba de fiebre. Acorralados, decidieron quebrar con el mandato de las jefaturas del MIR: no tomar contacto con lugareños. Doña “Flora” había visto crecer a José, era su madrina, la comadre de su mamá: tenía que ayudarlo. Les abrió la puerta, les hizo sopaipillas y hasta le prestó la cama al enfermo. Pero muerta de miedo –dijo luego–, hizo lo que el capitán Martínez le pidió a todos los campesinos: avisar si veían a los buscados. Mandó a su hijo, Juan Carlos, de 15 años, a alertar a los carabineros. Los pacos pasaron a avisarle al capitán Martínez, quien fue el primero en llegar a la casa.

En la causa en la que los abogados Magdalena Garcés y Vladimir Riesco pidieron el desafuero del diputado Rosauro Martínez, es clave esta escena ocurrida hace 32 años. Los querellantes son las familias de los tres jóvenes miristas: acusan al diputado por homicidio calificado agravado por premeditación y alevosía. Las pruebas, según los abogados, dejan claro que Martínez Labbé encabezó una operación comando no para detener a los miristas, sino para asesinarlos. Lo que hizo con una “superioridad de fuerzas abrumadora”. Y que, como era imposible que las víctimas se defendieran con algún éxito, se “actuó sobre seguro”. De hecho, en esa operación ningún militar o soldado resultó rasguñado por un tiro de FAL mirista. Las únicas bajas fueron un conscripto muerto por una ráfaga que se le escapó a un oficial, y un sargento que se suicidó.

Uno de los testigos que inculpa a Martínez Labbé es el sargento de Carabineros Alfonso Rosas, jefe del Destacamento Neltume. En su declaración cuenta que cuando llegó a la casa de la madrina de José, el capitán habló con Flora. La mujer le informó que los guerrilleros estaban durmiendo. Martínez ordenó cercar el lugar. Alfonso Rosas se quedó en la parte de atrás de la casa. Martínez la rodeó por el cerro para apostarse en el frente. Y allí se quedaron, a la espera de más de 30 hombres de la Compañía de Comandos Llancahue. Entonces atacaron.

En La Unión viven dos conscriptos que participaron de esa operación. Cuando los contactamos, se negaron a hablar. Pero la memoria tiene otros dueños. Los conscriptos entrevistados por CIPER recuerdan: “A Martínez Labbé no solamente lo vieron que mandaba, él también disparó. Todos se acuerdan clarito, porque cuando quiso disparar su ametralladora, se le trabó. Entonces, la tiró a un lado y le quitó la que llevaba el soldado que andaba con él, Inostroza, y salió la balacera”, relata el ex conscripto B.

Inostroza existe. Se llama Eduardo Alberto Inostroza Reyes y era cabo 1º de la Compañía de Comandos. En su declaración judicial, el cabo deja caer: “De la casa salió un joven que fue impactado por alguno de la patrulla de llegada. Por una ventana salió otro que logró escapar aunque le dispararon al parecer en la espalda”. Inostroza da cuenta así del final de Calfuquir, que muere habiendo gastado el cargador de su FAL. La autopsia indicó cráneo estallado. La de Próspero Guzmán, el joven que salió por el frontis de la casa, indica que recibió 28 balazos de subametralladora y su cráneo también deshecho.

El ahijado de Flora, José Monsalve, escapó herido por la montaña hasta que ya no pudo avanzar más. Quedó tirado en una quebrada. La declaración de Inostroza coincide con la de Juan Carlos, el joven que corrió a avisarles a los carabineros de la presencia de los guerrilleros. Juan Carlos declaró lo que el capitán Rosauro Martínez le dijo a su madre: “Señora, le vamos a destruir su casa, pero se la vamos a devolver”. Inmediatamente después, “el capitán dio la orden de fuego”. Juan Carlos también recordó cómo murió José Monsalve, a quien vio arrastrarse herido hasta la quebrada:

–Los militares le dispararon y lo mataron ahí mismo, a una distancia de cinco metros más o menos. Él estaba enrollado bajo unos coligües y no tenía el fusil en sus manos pues éste estaba a unos cinco metros al lado de una mata de chilcos. No le dijeron que se rindiera porque la persona estaba enrollada debajo de los coligües, herido, como escondido, y no disparó contra los militares.

EL CUARTEL DE LAS TERMAS DE LIQUIÑE

El ex conscripto D también tiene pesadillas en la montaña. Con la marca de los años en el rostro y en la memoria, acepta contar la historia sentado en su auto. La larga de un tirón. Es como si hubiera estado allí esperando a que alguien le preguntara: “El jefe nos dijo: soldados, es feo matarse entre chilenos, pero hay que hacerlo porque estos tipos no pueden quedar vivos”. La frase fue lanzada el 21 de septiembre del ‘81. Eran los últimos muertos de una semana que había comenzado el 13 con la de Raúl Obregón en la emboscada; y continuó con la masacre en la casa de Flora Jaramillo. Durante varios días el soldado D y al menos tres militares que declararon ante la justicia, vieron a Julio Riffo y René Bravo cautivos de los hombres de Rosauro Martínez y de la CNI: dormían en las cabañas de las Termas de Liquiñe, usadas como campamento militar. Los detenidos eran conducidos, dice el soldado, por Arturo Sanhuesa Ros, uno de los tenientes de Martínez Labbé.

–¿Dónde los vio?
–A esos tres los anduvieron trayendo por toda la montaña. Los llevaban para arriba, había un caminito, como una huella, y ahí los echaban correr p’ allá con un lazo de 20 metros, buscando a sus amigos. Les pedían que buscaran a sus amigos para que hagan contacto.

-¿Quién era el jefe?
-Sanhueza. El teniente Sanhueza Ros.

Pasaron 32 años. La vida después de la Operación Pilmaiquén continuó también para los militares. Rosauro Martínez ha sido quien ha tenido más éxito, al punto de ser un honorable diputado en los últimos veinte años. Mario de Toro Gallardo siguió ascendiendo en el Ejército sin ser interpelado. En 2002 aún se encontraba allí como comandante del Regimiento Cazadores (Regimiento de Caballería Blindada Nº2). Sanhueza Ros fue premiado por su actuación en la montaña con un ascenso y siguió su camino en la CNI. Se convirtió en El Huiro, jefe de la Brigada Azul de la CNI, cuya tarea principal era eliminar al MIR. Fue procesado como uno de los asesinos del periodista de la revista Análisis, José Carrasco Tapia y por los crímenes de la Operación Albania, entre otros.

El ex conscripto D recuerda el frío de ese septiembre de 1981. La nieve que lo cubría todo en ese paraje cercano a Liquiñe. Estaba junto a otros dos conscriptos de la Compañía de Comandos al mando de Martínez Labbé, cuando llegó una camioneta Toyota de la que bajaron a tres hombres. “Nosotros conversamos con uno de ellos y le preguntamos por qué andaba cojeando. Nos dijo que tenía congelamiento en los pies, en el dedo gordo… pero ese dedo ya había desaparecido. Eran tres los prisioneros, dos eran guerrilleros y el tercero era un campesino que decía y repetía que él les había dado remedios no más”.

Todo indica que los dos guerrilleros eran Riffo y Bravo. Pero no hay ninguna pista, ningún indicio sobre la identidad del tercer hombre, el campesino. Es otro muerto que sobra. Un muerto que no figura en ninguna lista de víctimas de la dictadura.

-¿En qué lugar los fusilaron?
-Ahí, en Liquiñe, como cinco kilómetros p’ atrás. Fue ahí en un acantilado. Es un camino precordillerano, una huella no más. A ellos los bajaron de la Toyota grande con su cruz al hombro. Fue igual que en esas películas en las que se ve a Jesucristo caminando al calvario. Tal cual. Eran unas cruces de guaye, las que les amarraron al cuerpo con alambre. Se las amarraron de acá (señala la muñeca de un lado y hace el gesto de amarrar en la otra muñeca).

“Es feo matarse entre chilenos. ¡Ustedes no han visto nada!”, les dijo el jefe de la operación, el oficial Molina de la CNI. Los conscriptos escucharon los disparos y entonces, les tocó el trabajo de enterrarlos. “Ahí los sacamos de la cruz y los envolvimos en polietileno. Yo tenía mucho miedo”.

-¿A qué le tenía miedo?
-¡A qué va a ser p’oh!: ¡A los muertos! Tuvimos que esperar a que los vinieran a buscar. Día y noche tuvimos que estar con ellos muertos. Los tuvieron enterrados en la nieve ahí una semana antes de que se los llevaran en un helicóptero.

Nota:  Colaboró en esta investigación, Daniela Belmar

Aunque apenas estuvo seis meses en el directorio de la multitienda La Polar (noviembre 2010-abril 2011), María Gracia Cariola Cubillos no salió impune de la investigación que realizó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tras el millonario fraude que realizó esa empresa a través de masivas repactaciones unilaterales de deudas, las que convirtió en “activos por cobrar”, lo que aumentó dolosamente su capital engañando a miles de accionistas. Tras declarar como imputada a comienzos de 2012, el Ministerio Público desistió de continuar investigándola en enero de 2014, junto a otros 20 ex ejecutivos y directores de la multitienda, ya que no se pudo determinar su participación en los delitos indagados. Sin embargo, de acuerdo a la SVS, la abogada sí tuvo responsabilidad administrativa.

Como directora de la compañía, tal como señala la Ley de Sociedades Anónimas, Cariola debió haber actuado con “cuidado y diligencia” para evitar que la empresa llevara a cabo negocios o actos que perjudicaran a la sociedad y a sus accionistas. Según determinó la SVS en su investigación, ella no lo hizo, lo que le costó en julio de 2011 una formulación de cargos por parte de la entidad reguladora del mercado de valores. También le significó que el presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP), Sergio Guzmán, le solicitara su renuncia al directorio de la Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos (ESSAL), donde fue designada en representación de CORFO. En marzo de 2012, y tras considerar los descargos de Cariola, la SVS cerró la investigación y la multó con 400 UF (unos $9,4 millones). La ex directora de La Polar presentó un recurso de reposición, el que la SVS rechazó ese mismo mes, por lo que la sanción se mantuvo.

María Gracia Cariola, representante de las AFP en el directorio de Salfacorp

Cariola recurrió en abril de 2012 a la justicia para revertir la multa. El juicio aún está abierto en el 7º Juzgado Civil de Santiago (Rol C-7259-2012).

El fraude en La Polar afectó gravemente a las AFP. Casi un cuarto del patrimonio bursátil de la empresa (24,74%) provenía de las inversiones de las AFP con los dineros que los trabajadores aportan mensualmente por ley para su jubilación. En mayo de 2011, cuando estalló el escándalo, las AFP tenían más de US$ 700 millones invertidos en la multitienda, ya sea en acciones, bonos o efectos de comercio. Por eso, cuando el precio de la acción se desplomó, también lo hizo la rentabilidad de los fondos de pensiones, afectando a millones de chilenos que cotizan en el sistema previsional. Al 31 de mayo de 2011, la acción de La Polar se transaba a $2.501. Cinco meses después, su valor apenas bordeaba los $90. Han pasado casi tres años y la pérdida total para el sistema de pensiones aún no ha sido calculada.

Con esos antecedentes, llama la atención que en abril de 2013, sin que el tribunal se haya pronunciado respecto a si la multa corresponde o no, las AFP hayan decidido en bloque premiar a María Gracia Cariola y entregarle su apoyo para que asumiera la representación de los fondos de pensiones de todos los chilenos en el directorio de Salfacorp por un nuevo período (es directora desde 2011). A comienzos del año pasado, en la Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) de la mayor empresa constructora del país, las AFP Capital, Cuprum, Planvital y Provida le dieron a Cariola el 9,21% de los votos, que sumados a los de otros accionistas minoritarios, le permitieron a la abogada y actual vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), permanecer en uno de los dos asientos reservados en Salfacorp para los directores independientes.

Mas aún extraña la decisión de las AFP, luego de que la SVS multara a los tres representantes de los fondos de pensiones en el directorio de La Polar: Manuel Gana Eguiguren (1.200 UF), Andrés Ibáñez Tardel (3.500 UF) y el ex ministro de Transportes René Cortázar Sanz (700 UF). A los tres les fueron rechazados los recursos que interpusieron en la SVS. Sólo Gana participa entre los litigantes que junto a Cariola apelaron a la justicia.

El de Cariola es sólo uno de los 60 nombres que figuran en la lista de directores que las AFP han seleccionado durante los últimos tres años para que representen sus intereses en las empresas donde invierten los fondos previsionales de los trabajadores (ver infografía). Una tarea clave si se considera que al 31 de enero de 2014, según un informe de la Superintendencia de Pensiones, la inversión total del sistema en acciones de sociedades anónimas que participan en el mercado de valores representaba el 8,9% de todos los fondos previsionales. Si bien la proporción es mucho menor respecto a las inversiones en el extranjero (41,7%) y ha disminuido considerablemente en relación al mismo período en 2013 –llegando a su mínimo en más de una década–, la cifra global sigue siendo enorme: son más de US$ 13.886 millones los que las AFP han inyectado a las principales empresas chilenas, lo que equivale al 10,24% del patrimonio acumulado a septiembre de 2013 de todos los partícipes en el mercado de capitales o al 7,04% de la capitalización bursátil que registraban el viernes 14 de febrero todas las sociedades donde participan las administradoras. En otras palabras, la inversión de las AFP es uno de los principales combustibles de los que se alimenta la economía nacional.

Allí radica la importancia del rol que cumplen los directores que eligen las AFP para integrar los directorios de las 92 empresas donde tienen presencia accionaria. Son los custodios de esos miles de millones de dólares invertidos y los responsables directos de que las decisiones apunten a un aumento en la rentabilidad de los fondos previsionales, mejorando así las pensiones de los más de 9,5 millones de afiliados al sistema.

Todos los años, entre marzo y abril, las empresas que transan sus acciones en las Bolsas de Valores realizan sus Juntas Ordinarias de Accionistas. Allí es donde se acuerda la repartición de dividendos –si los hay–, se aprueban las memorias y los estados financieros del año anterior y, si corresponde, se renuevan sus directivas. Eso último deberá ocurrir este año en más de 18 compañías donde las AFP tienen participación y derechos para elegir al menos uno de los miembros de sus directorios. Y el proceso para elegir a esos directores ya está en marcha.

CIPER realizó una radiografía al sistema por el cual las AFP seleccionan y eligen a sus candidatos en los directorios de las empresas. También revisó los antecedentes de cada uno de los 60 directores electos durante los últimos tres años, la mayoría de ellos aún en sus cargos. Además de Cariola, hay varios que han tenido distintos grados de protagonismo en episodios que han impactado al mercado. Hay algunos que también son parte del lucro en la Educación Superior. Y casi todos han desfilado por los principales grupos de poder político o económico. Estos son –y así son electos– los encargados de custodiar los intereses de los trabajadores en las mayores empresas del país.

REQUISITOS: VACÍOS Y OMISIONES

Muy pocas son las restricciones legales para ser representante de las AFP en los directorios de las empresas. La Ley de Sociedades Anónimas establece que para ser director de una compañía que participa en el mercado de valores no se puede ser menor de edad y tampoco haber sido declarado reo o tener condena por algún delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Menos haber sido condenado por delitos de quiebra culpable o fraudulenta. Y los parlamentarios, ministros de Estado, subsecretarios o jefes de servicio, así como los funcionarios de la SVS, corredores de Bolsa y agentes de valores, también tienen prohibido formar parte del directorio de una sociedad anónima abierta.

Las AFP cuentan con restricciones especiales al momento de votar por sus representantes. No pueden votar por personas que estén entre los accionistas mayoritarios de una empresa cuyos votos les permitan elegir a la mayoría del directorio. Tampoco a personas que estén relacionadas a ellos. Y si sus votos sumados a los de las administradoras les permiten elegir a esa mayoría, tampoco pueden representar a los fondos previsionales. También se excluyen los accionistas de las mismas AFP que posean el 10% o más de sus acciones, sus directores y sus ejecutivos.

Las tres farmacias que se coludieron - Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand

Pero la norma nada dice sobre sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan el mercado de valores, por lo que cualquier persona que haya sido sancionada por la SVS está habilitada para representar los ahorros previsionales de los chilenos. Fue por eso que María Gracia Cariola no tuvo impedimentos para ser electa por las AFP en Salfacorp. Lo mismo ocurrió con Pablo Lamarca Claro, quien ocupó el cargo de director independiente en Norte Grande (una de las sociedades cascada que controlan SQM), desde julio de 2012 hasta que falleció en un accidente de tránsito justo un año después. Las AFP lo eligieron para velar por los fondos de pensiones en la empresa que controla Julio Ponce Lerou a pesar de que la SVS lo había multado a fines de 2009 por su rol como director en otra empresa a la que llegó con el apoyo de las administradoras de los fondos de pensiones: Farmacias Ahumada (FASA).

Lamarca fue miembro de ese directorio precisamente durante el período en que la farmacéutica se coludió con Cruz Verde y Salcobrand –noviembre de 2007 a marzo de 2008– para aumentar el precio de 222 medicamentos. Un proceso en el que tuvo responsabilidad, según la SVS, más que nada, por omisión.

A pesar de que desde enero de 2008 existía información en prensa sobre el alza de precios en productos farmacéuticos, ni Lamarca ni los demás directores solicitaron información detallada para conocer el curso del negocio que dirigían. Tampoco lo hicieron cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) abrió una investigación en contra de FASA por una posible colusión ni cuando se presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Defensa para la Libre Competencia (TDLC). Según la SVS, Lamarca sólo se limitó “a descansar en lo que le informó la administración ejecutiva” de la empresa.

Si bien Lamarca señaló en sus descargos que se sorprendió al enterarse de los hechos, la SVS determinó que no recabó información de forma oportuna, una obligación legal como director de la empresa. Tampoco se informó del proceso de negociación y posterior firma del acuerdo conciliatorio que llevó adelante FASA con la FNE. El acuerdo consistió en reconocer la colusión y pagar una multa de apenas US$ 1.000.000. Por su rol en ese “inadecuado procedimiento”, la SVS lo multó con 300 UF.

Al igual que Cariola, Lamarca recurrió junto a otros ex ejecutivos y directores de FASA a la justicia para anular la multa. En primera instancia, el juez del 24º Juzgado Civil de Santiago resolvió rechazar el reclamo. En septiembre de 2013, poco después de que Lamarca falleciera, los ministros de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazaron su apelación.

POSTULANTES A UN CARGO DE MUY BUENA RENTA

Para que nombres como los de Cariola y Lamarca puedan ser postulados por las AFP, obligatoriamente deben estar enrolados en el Registro de Directores de la Superintendencia de Pensiones, una lista de acceso público que apareció por primera vez en octubre de 2008 y que forma parte de las modificaciones que incluyó la Reforma Previsional aprobada ese mismo año. Allí figuran todos los que han solicitado su inclusión a la superintendencia y han sido aceptados para aspirar a ser postulados por las AFP a un directorio donde tienen participación accionaria. Al 27 de marzo de 2014, la nómina incluye 302 personas, entre los que se cuentan conocidos hombres y mujeres de negocios y del mundo político.

Allí se encuentra, entre otros, al ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, Eduardo Aninat Ureta (DC); el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Eduardo Coeymans Avaria; el ex superintendente de bancos, Ernesto Livacic Rojas (DC); y el primer ministro de Energía de Sebastián Piñera, Ricardo Raineri Bernain (RN). El ex ministro de Economía y ex senador Pablo Longueira Montes (UDI), también figura en la lista. Fue uno de los últimos en registrarse junto al economista y ex director de Codelco, Juan Villarzú Rhode (DC).

Gran parte de los nombres que figuran o han figurado en la lista, han sido ministros, subsecretarios, superintendentes o parlamentarios. En la práctica, haber ocupado algún alto cargo en la estructura pública se ha convertido en un activo que les ha permitido a ex autoridades de todos los sectores saltar desde lo público a lo privado. El interés por aparecer en esa nómina ha ido en aumento año a año. En 2008 apenas se inscribieron 12 personas, al año siguiente ingresaron 45. Pero el máximo de postulaciones se alcanzó en 2013, con 83 nuevos nombres. En lo que va de 2014 ya se cuentan 13 nuevos interesados.

Jorge Awad, director del Banco de Chile con apoyo de las AFP

El motivo del creciente interés por aparecer en esa lista es simple: además del prestigio que otorga ser director de una gran empresa, la remuneración es muy buena. De los 60 directores que las AFP han elegido en los últimos tres años, 48 estaban en el cargo en 2012. Si se consideran las dietas y comisiones que cada empresa le pagó ese año a cada uno de ellos, la suma da por resultado más de $2.478 millones.

En ese sentido, los que han resultado más beneficiados son Canio Corbo Lioi y Jorge Awad Mehech. El primero fue elegido con el voto de las administradoras en dos directorios: Sigdo Koopers y Compañía Sudamericana de Vapores. En 2012, según las memorias de ambas empresas, la suma de las remuneraciones que recibió Corbo por asistir una vez al mes a las sesiones de directorio se alzó por sobre los $277,7 millones. Un monto que se suma a las dietas que recibió en los directorios de Watt’s y Agrosuper, donde no participa en representación de las AFP.

Ese mismo año, Awad percibió ingresos por más de $182 millones como director independiente del Banco de Chile, sillón que ocupa desde 1996 y que renovó en 2011 gracias al apoyo de la AFP Cuprum, a través de su 0,11% de los votos. Esa remuneración de unos $15,2 millones mensuales, no es el único beneficio que ha recibido por representar a las AFP en el banco que controla el Grupo Luksic. En función de ese mismo cargo, Awad fue electo en 2011 como presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), y reelecto en 2013.

Hoy, Awad prácticamente tiene asegurada la reelección en el banco del Grupo Luksic. Según publicó La Segunda, ha hecho campaña junto al otro director independiente del banco, el ex diputado PS y presidente de Cruzados S.A.D.P., Jaime Estévez Valencia. Ambos firmaron una carta solicitando el apoyo para la próxima junta de accionistas, citada para el 27 de marzo.

EN LA MIRA DE LOS HEAD HUNTERS

Los expertos aseguran que cada vez se ha hecho más difícil conseguir nombres que puedan representar a las AFP en los directorios de las empresas donde participan. Sobre todo después de que estallaran los escándalos por la colusión de las farmacias y el fraude de La Polar y la SVS multara a sus directores. Desde entonces, el escenario cambió. Ser director de empresa implica hoy un nivel de exposición, de conflictos y de riesgos que muchos no están dispuestos a afrontar.

-Si hace diez años llamabas a diez personas para ofrecerles un directorio, nueve te decían que estaban disponibles. Ahora, con suerte dos te dan una respuesta segura. Hoy es mucho más exigente que antes ser director de una empresa. Deben asumir un rol de mayor control de las acciones y decisiones que tome la administración –explica a CIPER Luis José Garreaud, socio de la empresa de head hunting Egon Zehnder en Chile.

La firma de Garreaud es una de las cuatro que han prestado asesoría a las AFP desde 2005 en la búsqueda de sus representantes en las sociedades anónimas abiertas. El uso de head hunters partió ese año con el fin de cambiar un proceso de selección que se caracterizaba por criterios de selección poco claros, otorgándole mayor seriedad y profesionalización. La idea fue elevar los estándares de los gobiernos corporativos de las empresas donde se invierten los fondos de pensiones.

La selección con head hunters pronto se convirtió en norma: desde 2006 la Asociación de AFP’s licita el servicio. Hasta ahora, han participado en el proceso las consultoras Korn/Ferry (2007), Seminarium (2008, 2009, 2010 y 2013), Spencer Stuart (2011 y 2012) y Egon Zehnder. Esta última se adjudicó el año pasado la licitación para elegir a los postulantes que representarán a las AFP en los directorios a partir de 2014.

Los pasos de la búsqueda son los siguientes: la Asociación de AFP conforma un comité con dos ejecutivos por administradora. Después de que ese comité define los criterios de selección para cada una de las empresas donde se renovará el directorio, la firma de head hunting comienza la búsqueda. El primer rastreo se hace entre los nombres del Registro de Directores de la Superintendencia de Pensiones, aunque también se considera a otras personas, las que son contactadas para que se inscriban. “Los mejores son precisamente los que no están en la lista”, afirma Garreaud. El paso próximo será la entrega al comité de una lista con cinco a siete candidatos por empresa, donde se seleccionará a dos o tres. Luego, esa lista es enviada al directorio de cada compañía, donde se aprueba o se rechaza. Si hay consenso, esos serán los nombres votados en las juntas de accionistas.

Para esa selección, los head hunters revisan los perfiles de cada uno de los posibles candidatos: su trayectoria, experiencia en cargos similares y habilidades para entender y aportar en la gestión de los negocios. Pero sobre todo, lo que buscan es carácter: que sean capaces de defender los intereses de los inversionistas minoritarios, entre los cuales están las AFP (ver recuadro).

Garreaud asegura que las administradoras piden que se certifique que los postulantes no presentan conflictos de interés, pero eso sólo significa que no registran ninguna de las inhabilidades indicadas en la normativa (ver inhabilidades). El socio de Egon Zehnder agrega también que lo más probable es que este año las AFP no seleccionen a candidatos que hayan sido multados por la SVS: “El sistema está muy cuidadoso de elegir a personas que no tengan ningún tipo de conflicto de interés para que después no aparezca nadie criticando a una por conflictos de hace seis meses o dos años”. Pero la experiencia demuestra que tanto esos como muchos otros factores son pasados por alto.

DIRECTORES INVOLUCRADOS CON EL LUCRO EN EDUCACIÓN

Alejandro Danús Chirighin asumió en julio de 2011 como director suplente de Aguas Andinas con el apoyo de las AFP, las que le entregaron el 9,96% de los votos. La votación se realizó después de que CORFO vendiera el 29,98% de las acciones que mantenía en la sanitaria y su directorio fuera revocado. Danús se mantuvo en el cargo hasta agosto de 2013. Hoy está en el ojo del Ministerio de Educación. El 18 de febrero de 2014, esa cartera hizo pública su decisión de iniciar un proceso de investigación en cuatro universidades privadas. Una de ellas es la Universidad Gabriela Mistral (UGM), donde el ex ejecutivo de Synapsis, Chilectra, Endesa y Sociedad Punta de Lobos ha jugado un papel clave en las operaciones que podrían evidenciar la presencia de lucro.

Alejandro Danús, ex director suplente de Aguas Andinas por las AFP (2011-2013)

Uno de los motivos que tuvo en cuenta la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para negarle a la UGM su certificación, fue la omisión de información que hizo esa casa de estudios sobre la toma de control por parte del Movimiento Católico Sodalicio de Vida Cristiana (ver resolución). La transacción, presentada como una “alianza estratégica” y no como una venta, se tradujo en el traspaso del 49% de la universidad el movimiento religioso. Como lo reveló CIPER en una investigación de octubre de 2012, Danús no sólo es uno de los cinco directores que representa al movimiento en la instancia que controla la UGM, sino que fue él quien gestó el desembarco de los Sodalicios en las universidades privadas de Chile al invitar a la congregación en 2009 a ofertar por el control del 57% de la Universidad Santo Tomás. Aunque ese negocio no resultó (fue adquirido por el Grupo Hurtado Vicuña y el Fondo de Inversiones Linzor Capital por $38.000 millones), su incursión en la UGM sí fue exitosa: hoy los Sodalicios controlan la universidad que por 32 años dirigió Alicia Romo.

Danús no es el único director representante de las AFP vinculado al negocio de la Educación Superior. El empresario Juan Antonio Guzmán Molinari es el custodio en Sonda de los fondos previsionales desde 2010, además de integrar a título personal los directorios de SQM y Scotiabank, y presidir las mesas directivas de Clínica Indisa y de la agencia de comunicaciones Extend. A todos esos cargos, Guzmán suma otro: es presidente de la junta directiva de la Universidad Andrés Bello (UNAB), que junto a las universidades De las Américas (UDLA) y de Viña del Mar (UVM), pertenece al Grupo Laureate International Universities. Las tres casas de estudio han sido castigadas por la CNA y están siendo investigadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio Público debido a millonarios traspasos a su grupo controlador. Guzmán también es socio de los controladores de la Universidad San Sebastián, en una sociedad que además le arrienda a la Universidad Andrés Bello los inmuebles en que funciona.

Otro nombre de la lista vinculado a las universidades indagadas por lucro es el de Alejandro Pérez Rodríguez, quien ha representado a las AFP en el directorio de Entel desde 2009, siendo ratificado dos veces en el cargo. La última fue en la elección efectuada en abril de 2012, cuando seis AFP (Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida) votaron en bloque por él.

En ninguna de esas votaciones las AFP tuvieron en cuenta el protagónico rol que ha tenido Pérez en las operaciones que llevaron a la Fiscalía Oriente a incluir a la Universidad San Sebastián (USS) entre las 12 instituciones que investiga por lucro. Pérez es el presidente de la junta directiva de la USS, un cargo al que accedió en 2007 cuando junto a sus socios compró en $30 mil millones la parte accionaria mayoritaria de las dos sociedades que controlan esa universidad: Inversiones Laguna Blanca S.A. e Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., iniciando su crecimiento explosivo. Un desarrollo que consolidó junto a un grupo de ex controladores de la Universidad Andrés Bello -Luis Cordero y Andrés Navarro, entre ellos- utilizando su red de sociedades para negociar millonarios créditos y realizar enredadas transacciones. Además, Pérez lideró una compleja operación que involucró pagos por más de $34 mil millones para ocultar los vínculos de la USS con las sociedades financieras de sus controladores (ver investigación de CIPER sobre el negocio en la USS: parte I, parte II, parte III y parte IV).

Alejandro Pérez, el hombre de las AFP en el directorio de Entel

A lo anterior, Pérez suma otro problema con la USS: una investigación judicial contra la universidad por el pago de coimas al ex director de Obras de Recoleta. Tras descubrirse las irregularidades, el alcalde de esa comuna, Daniel Jadue, revocó el contrato que le permitía a la USS utilizar un bien nacional de uso público para disponer de una rampa de acceso a los estacionamientos que están bajo su sede de Bellavista. Pérez presentó un recurso de protección contra el alcalde Jadue en la Corte de Apelaciones, el que fue rechazado a fines de 2013 en un fallo que además implicó el cierre de los estacionamientos de la universidad.

Otro antecedente aún más grave fue obviado por las AFP al elegirlo: en 2005, Pérez tuvo que renunciar a la gerencia general de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), la empresa forestal más grande del país, dejando así de ser el hombre fuerte del Grupo Angelini. La razón: el escándalo generado un año antes por la muerte del 74% de los cisnes del Santuario del Río Cruces. Si bien Pérez siempre aseguró que la planta Celulosa Valdivia no tuvo responsabilidad en el desastre ambiental, en julio de 2013 la justicia determinó lo contrario y condenó a la empresa por haber vertido riles de forma ilícita al Río Cruces, contraviniendo su Resolución de Calificación Ambiental. Como indemnización, Celco deberá pagar más de $5.200 millones de pesos.

Esa misma resolución afectó a Víctor Renner Berry, quien en 2005 era gerente de la planta de Celco en Valdivia y, por lo tanto, responsable directo de la contaminación del santuario. Renner fue electo por las AFP en 2013 para ser su representante en el directorio de Besalco.

Nada de lo anterior fue considerado por las AFP cuando seleccionaron a Danús, Guzmán, Pérez y Renner para representar a los fondos de jubilación de todos los chilenos en los directorios de las respectivas empresas. Es más, no incurrieron en falta: la normativa no incluye ninguno de esos hechos en las causales de inhabilidad para configurar el perfil de los candidatos.

LA BÚSQUEDA PARA 2014

El proceso para elegir a los nombres que las AFP postularán en las juntas de accionistas de los próximos meses, está en pleno desarrollo. Este año, más de una veintena de compañías donde están invertidos los fondos de jubilación de los trabajadores chilenos renovarán sus directorios. Y en al menos 18 de ellas las AFP tienen posibilidades reales de instalar a su candidato. Sonda, Banco de Chile, Ripley Corp, Copec, Entel, Madeco e Invexans, Viña Concha y Toro, Norte Grande y la Compañía Chilena de Fósforos son sólo algunas de esa lista. Como las administradoras acordaron informalmente que ninguno de sus representantes estará más de seis años en el cargo, algunos podrían ser removidos.

Ese podría ser el caso de Manuel José Concha Ureta, quien junto a Juan Antonio Guzmán conforma la dupla de directores independientes de Sonda. Concha asumió con el apoyo de las AFP en 2009 y fue reelecto en 2011, cuando las AFP Capital, Cuprum, Planvital y Provida le entregaron el 5,33% de los votos. De resultar reelegido, superaría los seis años en el cargo, por lo que es probable que sea reemplazado.

La misma situación podría afectar a Samuel Puentes Lacámara, representante de los fondos de pensiones en la Compañía Chilena de Fósforos desde abril de 2010, cuando votaron por él cuatro AFP: Capital, Habitat, Planvital y Provida. Al año siguiente, las mismas cuatro administradoras lo ratificaron en el cargo con el 11,59% de los votos.

Julio Ponce Lerou, controlador de sociedades cascada de SQM

Para lo que viene en la guerra instalada entre Julio Ponce Lerou y las AFP, lo que pase en Norte Grande (una de las sociedades cascadas de SQM) será de gran importancia. Tras la muerte de Pablo Lamarca en julio de 2013, los accionistas minoritarios esperaban que en su reemplazo asumiera Pedro Pellegrini Ripamontti, propuesto por Moneda S.A. Administradora de Fondos de Inversión, con el apoyo de las AFP. Sin embargo, su principal accionista -y de toda la estructura de sociedades cascada que controlan SQM-, se opuso por motivos formales: Pellegrini no cumplía con los requisitos legales para ser director independiente. Aunque el candidato de las administradoras reclamó ante la SVS, el organismo regulador lo rechazó. En consecuencia, el directorio –controlado por Ponce– quedó con el camino libre para elegir a quién ocuparía la vacante que dejó Lamarca: el abogado Hernán Contreras Molina. Ahora, a las AFP les urge encontrar un nombre apto para representar y defender sus intereses en las cascadas de SQM. Los nombres que se barajan aún son desconocidos. Luis José Garreaud aseguró a CIPER que el proceso de selección de candidatos aún está en su primera etapa. La carrera sigue abierta.

Las elecciones de representantes de las AFP en los directorios de las próximas semanas, tendrán como telón de fondo un clima inédito. Por primera vez surgen desde sus propios directivos voces que pugnan por abrirse a cambios que bajen los costos de las comisiones y mejoren las pensiones. Una vía para enfrentar el duro cuestionamiento a su funcionamiento y las reformas que se avecinan anunciadas en el programa de gobierno. El punto álgido de esa discusión se dará con ocasión de la elección del hombre que reemplazará a Guillermo Arthur a la cabeza del gremio de AFP, luego de que éste anunciara que tras 14 años en el cargo no repostulará. El nombre del sucesor determinará el perfil con que las AFP enfrentarán esa batalla. Esa carrera también está abierta.

Más de $6.000 millones de pesos -casi US$11 millones-, es lo que gastaron los diputados en los últimos dos años para pagar asesores a honorarios. Este ítem del presupuesto de la Cámara, destinado a contratar “asesorías legislativas externas”, se incrementó exponencialmente a contar de 2012. Y creció nada menos que diez veces, al pasar de $2,25 millones anuales por diputado, a $25 millones. Lo paradójico es que el Congreso aprobó esta alza después de que se descubrieron lo más turbios manejos en la administración de los recursos del Parlamento y en momentos en que el Ministerio Público aún tenía en curso investigaciones contra parlamentarios que simularon contratos de arriendo para sus sedes distritales o que depositaban en sus cuentas lo pagado por asesorías (ver reportaje).

Fue así que ante el escándalo por la falta total de control sobre los recursos que se entregaban a los parlamentarios, el Senado y la Cámara anunciaron que endurecerían los controles. En 2012, junto con el significativo aumento de la asignación para asesorías, debutó una nueva fórmula de fiscalización que buscó erradicar cualquier posibilidad de fraude. Para que la Cámara apruebe el pago a un asesor, el diputado que lo contrató debe entregar el informe del trabajo realizado. Pero esta investigación de CIPER comprobó que estos informes no siempre permiten acreditar que la asesoría se haya efectuado y mucho menos que sea de calidad.

CIPER revisó en detalle los archivos de la Cámara que registraron el pago de 1.613 contratos de asesorías externas solicitadas por los diputados entre 2012 y 2013. También analizó una muestra de los informes que acreditan la realización de estas asesorías y descubrió los flancos débiles de un sistema de pagos millonarios que, a pesar de los nuevos controles, sigue siendo precario.

En 2012 los diputados gastaron un total de $2.914.119.591. En 2013, la cifra se estiró a $3.112.105.794. En consecuencia, el monto global desembolsado en ambos años alcanzó a $6.026.225.385, lo que al cambio actual equivale a poco más de US$ 10,9 millones (vea los gráficos con el detalle de los gastos por cada bancada en 2012 y 2013).

Además de los $25 millones anuales dispuestos para cada uno de los 120 diputados, también se entrega a cada bancada un monto de $257 mil mensuales por parlamentario. De esta forma, el ranking 2012-2013 del gasto en asesorías por bancada lo encabeza la UDI con $1.910 millones (31,7% del gasto total de la Cámara), debido a que contaba con el mayor número de diputados: 39 escaños.

Le siguen la DC, con más de $1.046 millones (17,4% del gasto total y 19 diputados); el PPD, con $927 millones (15,4% y 18 diputados); RN, con $766 millones (12,7% y 17 diputados); el PS con $605 millones (10% y 11 diputados); el PRSD, con $276 millones (4,6% y 5 diputados); el PC, con $146 millones (2,4% y 3 diputados), y el PRI, con $104 millones (1,7% y 2 diputados). A ellos se suman los diputados independientes (Sergio Aguiló, Roberto Delmastro, Marta Isasi, Miodrag Marinovic, Osvaldo Vargas y Pedro Velásquez), que en conjunto gastaron $ 241 millones (4% del total). En el caso de Delmastro, cabe consignar que sólo gastó $ 4 millones en 2012 y en 2013 no contrató asesorías externas.

INSTITUCIONES Y SOCIEDADES TOP

La entidad que cobró más dinero por asesorías externas en 2012 y 2013 fue la Fundación Jaime Guzmán, con un total que superó los $451 millones. Esa suma se debe al mayor número de los diputados de la UDI y a la férrea disciplina gremialista, lo que permite concentrar las asesorías en la fundación y no en distintas entidades, como ocurre con otros partidos (ver ficha). De los 39 diputados UDI, 36 contrataron a la Fundación Jaime Guzmán por montos variables que van desde los $600.000 a los $25,3 millones anuales. La única diputada UDI que le entregó todo su monto correspondiente a asesorías externas a la Fundación Jaime Guzmán, fue María José Hoffmann, quien en 2013 recibió de esa entidad los informes “Resumen a la sala”, un estudio mensual de políticas públicas y un reporte de actividad legislativa en materia de educación. En 2013, además, la bancada UDI también contrató a la Fundación Jaime Guzmán por $123.762.600 para que uno de sus profesionales asistiera como asesor a las sesiones de cada una de las comisiones. La asesoría  incluyó redactar indicaciones a los proyectos de leyes y la entrega de minutas sobre las iniciativas en discusión.

Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada ocupa el segundo lugar en el ranking total de las asesorías externas de la Cámara en 2012-2013. Figura con $275,8 millones y también asesora a parlamentarios UDI. La sociedad está formada por Carlos Felipe Fairlie Oria y su esposa Claudia Fernanda Toro Jiménez (ver ficha). Él es abogado querellante en el caso Tsunami y fue jefe de gabinete del diputado Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI). Claudia Toro también tiene una sociedad individual de asesorías, por la que recibió otros $81,7 millones por servicios a diputados UDI. En total, las sociedades de la pareja cobraron $ 357,5 millones.

En el tercer lugar se ubica la sociedad comercial Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap), con $215 millones (ver ficha). Celap fue constituida por los socios Andrés Silva Gálvez, ex director del Serviu en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y Marko Tapia, ex abogado del Ministerio del Trabajo. La sociedad fue contratada por diputados PS (aunque también por la diputada PPD Adriana Muñoz) y recibió mucho más dinero que el Instituto Igualdad, la entidad académica sin fines de lucro vinculada al socialismo. Este último cobró $54,1 millones.

Juan Diego Santa Cruz, de Tinto producciones, asesoró al diputado Pedro Brown. Hoy ambos militan en Amplitud

Tinto Producciones, alcanza la suma de $191,19 millones, pagados por parlamentarios de RN, y ocupa el cuarto lugar (ver ficha). La cifra es superior a lo que percibió el Instituto Libertad,  el think tank de RN, que obtuvo $117,4 millones. La sociedad fue constituida por el fotógrafo Juan Diego Santa Cruz Eyzaguirre y su esposa Verónica García Huidobro Herman. Santa Cruz se fue incorporando a la política tras colaborar con el diputado Pedro Browne -de quien es amigo desde la infancia- en la campaña electoral 2009. Finalmente se convirtió en secretario ejecutivo de Amplitud, el movimiento que  los parlamentarios Browne, Karla Rubilar, Joaquín Godoy y Lily Pérez fundaron luego de abandonar RN. De acuerdo al portal Gobierno Transparente, Santa Cruz tiene en 2012 contratos con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) por $24.669.996 y por $15,6 millones con la Subsecretaría de Viviendas y Urbanismo.

El quinto escalón del ranking lo ocupa la Sociedad Legal Limitada, que facturó $191,11 millones. Esta sociedad asesora a diputados UDI y pertenece al abogado Luis Eduardo Cantellano Ampuero y María Alejandra Rivera Román. Cantellano fue seremi de Energía de la macrozona de Atacama y Coquimbo entre julio de 2010 y agosto de 2013, labor por la que cobraba $3 millones. Durante ese tiempo, según consta en una escritura legalizada el 30 de diciembre de 2011 (vea aquí la escritura), “se abstendrá de participar en los activos y pasivos de la sociedad mientras permanezca ocupando dicho cargo u otro oficio o cargo público que, por razones de probidad o transparencia, sean incompatibles con el ejercicio de la profesión de abogado” (Vea Nota de la Redacción).

DESEMBARCO DE LAS “PERSONAS NATURALES”

Hasta 2011, antes de que el monto de la asignación se disparara, la mayoría de las asesorías eran encargadas a entidades sin fines de lucro asociadas a los distintos sectores políticos, como la Fundación Jaime Guzmán (UDI) o el Centro de Estudios del Desarrollo (CED, ligada a la DC). Sólo ocasionalmente se contrató a sociedades comerciales, tales como estudios jurídicos o empresas de asesoría comunicacional.

Pero la investigación de CIPER constató que a contar de 2012 aumentó la participación de las sociedades comerciales y surgió un nuevo actor en el sistema de asesorías: las personas naturales. Su aparición fue explosiva: hasta 2011 no eran autorizadas las asesorías de personas naturales, pero al año siguiente alcanzaron alrededor del 50% del total de contrataciones y, en algunas bancadas, como la del PPD, llegaron a sumar cerca del 77% de los servicios pagados.

En la cúspide del ranking de las personas naturales que han recibido más dinero por asesorías externas, se ubica el abogado Marco Zepeda Risso, quien ha cobrado un total de $62,3 millones en los últimos dos años. Zepeda, quien fue contratado por los diputados del PPD Carlos Campos y Pepe Auth, ha sido candidato al comité central metropolitano del PS y forma parte del directorio de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus).

Auth explica  así la contratación de Zepeda:

-Él es mi socio intelectual y laboral, tanto así que en el seguimiento de los proyectos a veces lo mando a comisiones a las que yo no puedo asistir, porque me interesa saber lo que allí dicen. También redacta indicaciones. Es un acompañante permanente, además me hace asesorías jurídicas en el distrito -aseguró.

En el segundo lugar se encuentra Carlos Rubio Estay, quien asesoró a los diputados Enrique Jaramillo (PPD) y Denise Pascal (PS), con un monto superior a $58 millones. Rubio figura en la web de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano como parte del equipo docente de su Escuela de Derecho. También aparece en los registros del Diario Oficial firmando resoluciones en calidad de Jefe del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía entre 1999 y 2002. Además, en los archivos de algunos boletines legislativos de la Cámara y del Senado se le identifica como asesor del Ministerio de Economía en los años 2005 y 2008.

En el tercer escalón está Antonio Veas Saavedra, abogado contratado por la bancada DC y por los diputados del mismo partido Gabriel Silber y Gabriel Ascencio, quien ha cobrado una suma global de $53,2 millones. En la web oficial de la DC destaca como miembro de su Tribunal Supremo. En las actas del Concejo Municipal de Lo Espejo figuró como secretario municipal al menos hasta mediados de 2013. Representó a los diputados Ascencio y Rincón en la fallida reclamación ante la justicia electoral contra la elección senatorial de Iván Moreira (UDI).

Los diputados Jaramillo, Silber, Monsalves y Marinovic contrataron a los asesores mejor pagados de la Cámara.

La cuarta ubicación es para Roberto Aguin Arriagada, asesor del diputado Manuel Monsalve (PS), con una suma de $49,9 millones. En el Diario Oficial figura en 1995 constituyendo la sociedad comercial Ballcom S.A., en cuya escritura quedó registrado como “técnico en computación e informática”.  El diputado Monsalve le ha encargado asesorías que abarcan amplias actividades: “Recolección y sistematización de información de apoyo a las tareas legislativas; recabar, construir, generar y sistematizar estudios, investigaciones, informes y asesorías en diversas materias y en todos los ámbitos necesarios para asistir a la labor parlamentaria; preparación de minutas de comisión; construcción de bases para proyectos de acuerdo”. (Vea uno de sus informes de asesoría)

Cerrando el “top 5” de las asesorías prestadas por personas naturales, se ubica José Barría Bustamante, contratado por el diputado Miodrag Marinovic (Independiente), quien ha cobrado $49,9 millones. Barría fue miembro del Consejo Regional de Magallanes en representación de la UDI, partido al que renunció en 2008. La web de la Empresa Portuaria Austral indica que es miembro de su directorio. La misma página lo identifica como ingeniero comercial de la Universidad de Magallanes y MBA de la Universidad del Desarrollo. En el Diario Oficial aparece como administrador legal de la sociedad “Conductividad Austral Limitada”, entre cuyos socios figura el mismo diputado que lo contrató en la Cámara, junto a sus hermanos Victoria Elena y Alejandro Antonio Marinovic Solo de Zaldívar (vea el registro en el Diario Oficial).

DOBLE MILITANCIA

Entre los asesores contratados como personas naturales por los diputados, CIPER detectó casos que al mismo tiempo desempeñaron otras funciones pagadas por la Cámara, lo que está prohibido. Los asesores externos deben inscribirse en un registro y entregar una declaración jurada en la que dan fe de que no están empleados en otras funciones remuneradas por la corporación.

No obstante esa limitación, el miembro del Tribunal Supremo de la DC, Antonio Saavedra Veas, contratado como asesor por los diputados Silber y Ascencio, también está registrado en la nómina del “personal de apoyo” pagado por la Cámara para prestar servicios al diputado Ascencio. Este empleo se prolongó hasta febrero de 2014 (vea la declaración jurada de Saavedra).

En una condición similar está Esteban Zavala González, quien cobró $4 millones entre junio y julio de 2012 como asesor externo de la diputada Marta Isasi. Ese año también figuró como “personal de apoyo” pagado por la Cámara en el puesto de jefe de gabinete de la misma parlamentaria, salvo en esos dos meses en que se le pagó como asesor externo. Es decir, fue jefe de gabinete de enero a mayo, luego asesor externo en junio y julio, y entre agosto y diciembre volvió a ser jefe de gabinete de la diputada Isasi.

Marta Isasi (independiente y ex UDI) protagonizó el último escándalo por irregularidades en las asignaciones. En mayo de 2013 fue denunciada por su ex colaborador Georgio Carrillo, quien afirmó que la diputada pagaba asesorías a personas de confianza -entre ellos, la esposa de Carrillo- que después le entregaban el dinero a Isasi. En diciembre pasado Isasi fue sancionada por la Comisión de Ética de la Cámara por el manejo irregular de sus asignaciones, por lo que debió devolver $3,5 millones de su dieta. Actualmente, sigue siendo investigada por el Ministerio Público (ver reportaje).

REPORTES INSUFICIENTES

La investigación de CIPER reveló que los controles de la Cámara no sólo son débiles para detectar inconsistencias en las declaraciones juradas de los asesores. Más grave aún es que el sistema de fiscalización no acredita que las asesorías efectivamente se realizaron.  Y esto porque muchos de los informes de asesoría que reciben los funcionarios de la Cámara que autorizan los pagos, son sólo reportes genéricos de actividades. La veracidad de estos documentos tiene como único sustento la palabra del asesor y del diputado que lo contrató. Así, sólo con el aval de esas dos firmas, se cursan los pagos.

De hecho, se han acreditado asesorías sin más documentación que un simple correo electrónico de un par de líneas, firmado por otro asesor del parlamentario. Es lo que sucedió el 24 de septiembre de 2012 cuando una asistente del diputado Marcos Espinosa (PRSD) envío un correo a la oficina que supervisa los pagos con este escueto mensaje:

“Junto con saludar y por especial encargo del diputado Marcos Espinosa, acuso recibo y conforme, asesoría externa correspondiente al mes de septiembre del presente año, para efectos de la cancelación de los servicios respectivos” (vea el correo).

De acuerdo con los registros oficiales de la Cámara, el 25 septiembre de 2012, por encargo del diputado Espinoza se cursó el pago de $ 6.168.000 a Consuelo Ramírez Acuña Asesorías Jurídicas EIRL, por trabajos consistentes en: “Estudio y redacción de proyectos de ley; estudio y redacción de proyectos de acuerdo; estudio y redacción de indicaciones a proyectos de ley en tramitación; redacción de intervenciones en sala o comisión; redacción de oficios de fiscalización; atención de casos de distrito; redacción de escritos pertinentes; redacción de columnas de opinión”. De acuerdo con el correo electrónico citado, a la Cámara sólo le consta que el diputado Espinosa confirmó haber recibido esas asesorías, pero los funcionarios que visan los pagos no cuentan con documentos que respalden que todos esos trabajos enumerados efectivamente se hicieron.

Consuelo Ramírez sumó un total de $145,9 millones, asesorando a la bancada del PRSD y al diputado Pedro Velásquez (independiente y ex DC). Las asesorías las hizo como persona natural ($45,4 millones) y a través de su sociedad comercial individual ($100,4 millones).

El actual ministro de Bienes Nacionales, Victor Osorio, asesoró al diputado Sergio Aguiló.

Un caso similar es el de la asesoría prestada al diputado Sergio Aguiló (independiente y ex PS) por el actual ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio Reyes. El parlamentario pagó a Osorio $3 millones en 2012 y $9,2 millones en 2013 por asesorías que, según los registros de la Cámara, debían considerar los siguientes trabajos: “Desarrollo y ejecución de una asesoría con entidades políticas, sociales y culturales, instituciones eclesiásticas y en general con organizaciones de la sociedad civil, procurando sistematizar sus proposiciones e intereses para integrarlas al desarrollo de la labor parlamentaria”.

El reporte de todas estas actividades entregado por Osorio cada mes fue consignado sólo en una página. El de agosto de 2013 señala:

“Labores desempeñadas en el marco de la asesoría:

1. 1. Preparación del cuarto informe respecto de estado de avance de la elaboración programática.
2. 2. Preparación y diseño del informe final sobre diseño de intervención en la elección parlamentaria próxima por parte de las colectividades y coaliciones de la oposición.
3. 3. Reunión de bancada con Mesa Ampliada Evangélica, para recoger proposiciones de reforma constitucional y conocer preparativos del Servicio de Acción de Gracias con motivo de la Independencia Nacional”.

El actual ministro Víctor Osorio firmó este escueto reporte en su calidad de periodista. Del mismo tono y extensión son los otros reportes mensuales que entregó a la largo de toda su asesoría, la que terminó en febrero de 2014. Aunque Aguiló aparece como diputado independiente en el periodo 2010-2013, en los últimos años se integró al partido Izquierda Ciudadana que presidía Osorio (vea los reportes de otros meses).

LA “BUENA FE”

El Comité de Auditoría Parlamentaria es la instancia del Parlamento que debe controlar los gastos en asesorías. En la práctica, es un buzón que recibe documentos. Allí nadie analiza de manera crítica los informes. La entidad que recibe los “informes” y “reportes” de las asesorías, y que autoriza los pagos, es la Oficina de Asesorías Externas de la Cámara.  Su labor se remite a comprobar que las cifras cuadran y que el trabajo se realizó dentro de las fechas previstas.

Patricio Vallespín (DC) dice que las entidades académicas garantizan un trabajo de calidad en las asesorías.

El pilar de este nuevo sistema de control sigue siendo la “buena fe”, la confianza de los administradores de la Cámara en que los parlamentarios no abusarán de los recursos públicos. El diputado Patricio Vallespín (DC), quien presidió la Comisión de Ética de la Cámara durante los dos años revisados por CIPER, reconoció los vacíos del nuevo sistema:

-Lo que se puede mejorar todavía y perfeccionar es que se precisen los productos (informes o reportes) con mayor claridad, porque pueden haber distintos productos, desde la llamada telefónica, la minuta o el discurso, que deberían ser más explícitos (…). Lo importante del control es que contamos con un mecanismo para que las platas se destinen a donde deben destinarse, y actuando siempre desde la buena fe y no de la mala fe.

-Ha quedado demostrado en tribunales que algunos parlamentarios han actuado con mala fe respecto del uso de los fondos asignados a asesorías. Para evitar esos casos, ¿pueden los funcionarios que llevan el control de las asesorías rechazar informes por aspectos de fondo?
-No, ellos no revisan aspectos de fondo, se basan en un sistema de tutorías: piden documentos a una institución o persona natural (la que realizó la asesoría), verifican si se cumplió el plazo del “entregable” (informe o reporte del trabajo) y si ese documento llegó. Pero solo hasta ahí llegan.

-Entonces, ¿cuál es la diferencia con el sistema antiguo si no hay mayor control?
-La gran ventaja es que ya no hay ninguna interacción directa del parlamentario en el manejo de los recursos. Esto lo hace la corporación en forma institucional. Además, se institucionalizó un registro previo de los asesores que pueden cumplir esas labores.

Respecto del sustantivo aumento de las asesorías entregadas a sociedades comerciales y personales naturales, en desmedro de entidades académicas sin fines de lucro, Vallespín considera que éstas últimas garantizan un trabajo de calidad. Los registros de la Cámara indican que Vallespín solo contrató al Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y no a empresas o personas naturales

-Si queremos garantizar una asesoría de calidad, lo óptimo es que la hagan instituciones que tienen mayor diversidad de profesionales. Tiendo a pensar que, cuando está el nombre de una institución detrás, la calidad de los contenidos está más garantizada que cuando es sólo un profesional de confianza del parlamentario.

El CED es la entidad sin fines de lucro que más dinero recibió de la bancada DC por pago de asesorías en 2012 y 2013: $119 millones en total. Su directorio es presidido por el ex diputado Eduardo Saffirio (DC) y lo integran reconocidos militantes de ese partido, como Sergio Micco y Juan Villarzú. El Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), con $85 millones, es la segunda entidad más beneficiada por los parlamentarios DC y es una corporación vinculada al sector del partido que lidera el ex diputado Gutenberg Martínez. Finalmente, con un monto mucho menor, se anota Cieplan: $23 millones.

En todo caso, la entidad que recibió más dinero de los diputados DC no fue una institución sin fines de lucro, sino una sociedad comercial: Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías S.A., que obtuvo $130,7 millones. Esta empresa fue constituida por María Oriana Yalena Chávez Escobar, constructora civil y funcionaria del Servicio Nacional de Menores (Sename), y Magdalena Sofía Salazar Sánchez, relacionadora pública. Esta última es hija de Miguel Salazar, dirigente DC, quien se desempeñó como jefe de gabinete del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y que en los últimos años ha trabajado como “personal de apoyo” del diputado Roberto León. Aunque Salazar dijo a CIPER que no tiene relación con Celac, el pasado martes 1 de abril concurrió a la oficina de la Cámara donde se reciben los informes de asesorías para consultar por documentos que debía presentar la sociedad de su hija. Incluso en la web de radio Cooperativa, dentro de una columna de opinión se destaca que el dirigente DC creó el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías.

María Oriana Yalena Chávez indicó que ya no forma parte de Celac, aunque no hay registro de su salida en el Diario Oficial. Ella es la ex esposa del lobista DC Carlos Tudela, quien junto a sus hijos constituyó otra sociedad que asesora a diputados DC: Visión y Gestión Estratégica Limitada, la que sumó $74 millones pagados por los parlamentarios Víctor Torres, Jorge Sabag y Eduardo Cerda.

ENCUESTAS BAJO RESERVA

La Cámara permite que con dineros de la asignación para asesorías externas se financien las encuestas que encargan los diputados. CIPER contabilizó 75 asesorías que incluyeron encuestas entre 2012 y 2013, las que sumaron $330,7 millones.

Los informes de asesoría tienen una reserva de 30 días. Pero en el caso de las encuestas, se mantienen bajo reserva hasta el final del periodo parlamentario. De esa manera, los funcionarios de la Cámara sólo pueden ver el reporte del estudio de opinión para autorizar el pago, pero el informe con el contenido de la encuesta se guarda sellado. La Cámara ha pagado esas asesorías sin saber qué financió.

La diputada Andrea Molina (UDI) encargó una encuesta por $8 millones.

Con este peculiar sistema de control, es perfectamente posible que se hayan financiado sondeos de opinión con fines exclusivamente electorales y no atingentes a mejorar la labor parlamentaria. De hecho, eso aconteció con un estudio encargado por la diputada Andrea Molina (UDI). Entre mayo y diciembre de 2012, la empresa Aneg desarrolló para ella una serie de investigaciones y análisis destinados a “conocer y medir las necesidades de la población y percepción de la gestión de la solicitante”, por un monto de $8 millones. Sin embargo, el informe de asesoría que Aneg entregó a la Cámara en julio de 2012, midió aspectos netamente electorales, como la “intención de voto hacia Andrea Molina” y sus “atributos”, además de consultar a los encuestados si tenían decido votar en las parlamentarias 2013. El informe, de 25 páginas, sólo incluye un gráfico referido a “problemáticas de la comunidad” (vea el documento).

En noviembre de 2013, a días de la elección parlamentaria, el diputado Fernando Meza (PRSD) pagó $4,2 millones a Sergio Rosas Torrealba por dos minutas y una encuesta en el distrito 52, en el que sólo testeó la evaluación de la ciudadanía a su gestión parlamentaria y  la de su contendor, el diputado René Manuel García (RN). No hubo siquiera una pregunta dedicada a temas del distrito que representa Meza (vea el documento).

Cristián Monckeberg (RN) sondeó la posibilidad de ser candidato por Santiago Oriente con dineros de la Cámara

Otro caso es la encuesta solicitada en 2012 por el diputado Cristian Monckeberg (RN) a O’Bois Marketing, por la que pagó $6 millones, para evaluar el panorama político de la circunscripción Santiago Oriente, con el objetivo de sondear sus posibilidades en la próxima competencia senatorial. El sondeo incluyó 1.500 encuestas, cara a cara,  en cada distrito de esa circunscripción. El estudio arrojó que el 59% de los encuestados no conocían a Monckeberg (vea el documento). Una de las preguntas formuladas indagó sobre quién representaría mejor a la derecha en Santiago Oriente en las elecciones senatoriales de 2013. El resultado fue: Manuel José Ossandón, 60%; Ena von Baer, 26%; y Cristián Monckeberg, 14%.

Que la mayoría de las encuestas encargadas por los diputados sea de carácter electoral, es un problema que preocupa a algunos diputados:

-Las encuestas deberían ser acotadas para identificar en ellas contenidos que sirvan para temas legislativos. Si el diputado quiere indagar sobre su desempeño electoral, debería ver de dónde saca los recursos para hacer una encuesta, pero no debiera ser del dinero de las asesorías parlamentarias –dice el diputado Vallespín, ex presidente de la Comisión de Ética.

El 10 de marzo pasado terminó el periodo legislativo 2010-2014 y expiró la reserva de las encuestas efectuadas en esos años. Hasta ahora no hay ningún registro de que se haya pedido revisar si las encuestas corresponden a la búsqueda de información sobre los problemas que enfrentan los distintos distritos de los parlamentarios o son  sólo sondeos electorales. Todas se pagaron con dineros públicos.

COMITÉ DE AUDITORÍA: “NO AVANZAMOS MÁS ALLÁ”

El Comité de Auditoría Parlamentaria es el organismo encargado de controlar que los gastos en asesorías se ajusten a las normas. Su coordinador, Eduardo Pérez Contreras, explicó a CIPER que las asesorías a los diputados no siempre contemplan un “entregable” (informe o reporte del trabajo), porque muchas veces son actividades “presenciales” o “asesorías políticas”, que implican acompañar al diputado a actividades en terreno. Estas se diferencian  de las otras asesoría, como informes en derecho o temas relacionados con el despacho de leyes, que sí contemplan papers extensos.

El comité, afirmó Pérez, no revisa de manera crítica el contenido de los informes y reportes que recibe: “El trabajo que realizamos tiene que ver principalmente con examinar los papeles y documentos, las rendiciones de cuentas, si se están cumpliendo las normas, pero no avanzamos más allá”. Y aunque ese comité “no puede cuestionar la calidad de la asesoría”,  Pérez afirma que sí está facultado “para levantar reparos e indicar observaciones”.

-¿Desde que partió este sistema, cuántas veces el comité ha levantado reparos?
-No ha ocurrido, salvo con el caso de la diputada Isasi.

-Pero esa irregularidad fue revelada por la prensa y allí el Congreso se vio en la obligación de actuar.
-Bueno, sí…

Ese 1º de febrero de 2004, Pilar tuvo desde la mañana presente su compromiso de las 20:00. Si bien ella era de misa diaria, en las que participaba activamente, ya sea en el coro o en las lecturas, las que se oficiaban el 1º de febrero tenían un significado especial para ella y para el sacerdote que las celebraba: Gerardo Joannon. Significado que se llenaba de sentido al momento de rezar la plegaría eucarística en honra de los difuntos: “Recuerda a tu hijo/a a quien llamaste de este mundo a tu presencia; concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección”.

-Se hacía un momento de recogimiento y nosotras sabíamos que ahí se pedía internamente por la guagua que Pilar había perdido ese mismo día de 1983, siendo madre soltera. Pero ése era un drama que, si bien varias de sus amigas sabíamos, no se hablaba por respeto a ella. Uno percibía que siempre a finales de enero y principios de febrero ella andaba más sensible -relató a CIPER una amiga de Pilar.

Lo que no imaginó ninguno de los que llegaron ese primero de febrero de 2004 a la misa, es que ésa sería la última que se celebraría en recuerdo de la niña muerta. Ya que la recién nacida que Pilar y algunas de sus amigas creían muerta, ¡estaba viva! Había sido “regalada” a otra familia al nacer y desde los 12 años buscaba a sus padres biológicos, a quienes encontraría justo un mes antes de ese 1 de febrero de 2005, cuando cumplió 22 años.

La súbita aparición de la hija de Pilar, a la que todos creían muerta, no sería el único caso. La investigación de CIPER pudo constatar que fueron varias guaguas de jóvenes solteras y embarazadas las que, en las décadas del ’70 y ’80, fueron entregadas irregularmente en adopción a otras familias. En ocasiones, engañando a los padres biológicos, haciéndoles creer que el bebé había nacido muerto; en otras, convenciendo a la madre soltera de que esa era la mejor opción para el futuro del recién nacido.

"...eran los padres de la niña embarazada los que tomaban la decisión"

Los hechos que aquí se relatan fueron confirmados a CIPER por el  sacerdote Gerardo Joannon (ver entrevista). Las adopciones irregulares contaron con la colaboración de, a lo menos, diez ginecólogos y familiares de las jóvenes embarazadas. El sacerdote tiene claro que en la mayoría de los casos en que intervino, eran los padres de la niña embarazada los que tomaban la decisión. Pero también dice haberse enfrentado a jóvenes que no querían ser madres.

Fue así que se organizó el sistema de adopción. “Yo les hacía el contacto a las familias con el doctor”, relató Gerardo Joannon a CIPER.

Todo se facilitó por la amistad que unía al sacerdote y a su familia con algunos conocidos ginecólogos de la época. A ellos recurría Joannon cuando alguna familia se le acercaba a pedirle ayuda porque su hija soltera había quedado embarazada. Lo primero que hacía –afirma el sacerdote- era intentar convencer a la joven de que la mejor opción era que se ocultara por unos meses del resto de amigos y familiares, que tuviera la guagua y de inmediato la diera en adopción. Pero cuando la joven insistía en conservar a su hijo y rechazaba tajantemente la adopción, otro plan entraba en acción. ¡La guagua nacería muerta! Para que ese plan tuviera éxito requería de un elemento clave: un compromiso de riguroso silencio de todos los que estaban al tanto de la verdad. Y así se hizo.

Ha sido difícil entrevistar a las pocas madres que aceptaron hablar. El dolor se palpa en cada sílaba. La mayoría lo hizo bajo petición de reserva absoluta de su identidad. Otras quisieron dar sus nombres. Para que todos supieran cómo se fraguó, según afirmaron, una práctica habitual en determinados círculos y que provocó tanto daño. CIPER decidió mantener bajo reserva los nombres de todos los directamente afectados. No hicimos lo mismo con otros actores involucrados y cuya participación nos fue confirmada por varios testigos. Algunos reconocieron los hechos que aquí se relatan, amparándose en una “decisión cristiana”. Otros, se negaron a hablar: sacerdotes que se escudan en el “secreto de confesión” y doctores que alegan que los hechos ocurrieron “hace ya muchos años”.

Muchos de los protagonistas han muerto. Otros aún viven y desean mantener los hechos en el más estricto secreto. Aquí entregamos algunas de las historias que CIPER reconstruyó.

MUERTA EN 1983

El martes 1º de febrero de 1983, cinco nacimientos registró la Clínica Santa María. Uno de los recién nacidos fue una niña que su madre, una joven estudiante soltera, dio a luz por cesárea. Atendida por el doctor Gustavo Monckeberg Barros (falleció en 2008), esta joven que no había presentado problemas durante su embarazo, al despertar de la anestesia, supo que su niñita había muerto.

Francisco, el padre de la niña, no había sido avisado ni por la joven ni por la familia de ella de que el nacimiento de su hija era inminente. Que su hija nacería ese 1º de febrero. Lo único que recuerda como si fuera hoy es la voz fría y cortante del padre de su ex polola, anunciándole esa tarde que su hija venía con problemas y había fallecido.

El joven que tenía entonces 23 años, y que vivía con sus padres, colgó el auricular. Demoró varios minutos antes de poder reaccionar. Cuando finalmente se encontró frente a su madre y le comunicó la noticia, lloró. La sucesión de hechos ha quedado nítida en su memoria: él abrazado a su madre delante de una estampa de la Virgen María, rezando tres padres nuestros. Una forma de mitigar el dolor.

No faltaron quienes en el entorno familiar comentaron que esa era la voluntad de Dios. La niña habría nacido en un hogar mal constituido, hija de una madre soltera. Algo que en los años 80 seguía siendo como una mancha para ciertas familias, dispuestas a hacer muchas cosas reñidas con la moral cristiana con tal de ocultar aquello que era considerado un “gran pecado”.

Para Francisco, en cambio, lo sucedido era una verdadera tragedia. Sus mejores amigos, que sabían que él deseaba asumir esa paternidad y enfrentar “el qué dirán”, fueron llegando a su hogar a medida que la noticia se iba esparciendo. Otros lo llamaban por teléfono para consolarlo.

Una de esas llamadas, lejos de calmarlo lo perturbó aún más: “Oye, algo raro hay en esta historia, averigua, porque lo que yo sé es que esa guagua no murió. La entregaron en adopción”. Luego de masticar lo que su amiga le había relatado, el joven consultó con los suyos y acompañado de un familiar se dirigió a la Clínica Santa María:

-Fue allí donde Francisco se enteró de que efectivamente su guagua no había muerto. Hablaron con enfermeras y auxiliares, y una de ellas le contó lo que había ocurrido: había presentado una leve ictericia al momento de nacer y muy pronto la pequeña había sido derivada a otra clínica de Santiago. Ya no había rastro de la niña -relató a CIPER uno de los amigos de la familia de Francisco.

Pasaron algunos días, hasta que finalmente Francisco decidió enfrentar al ginecólogo que había traído la niña al mundo: el doctor Gustavo Monckeberg. En esa reunión el joven tuvo la confirmación oficial de que su hija estaba viva. El doctor Monckeberg así se lo reconoció, al tiempo que le explicó que la niña había sido entregada en adopción por decisión familiar y del sacerdote Gerardo Joannon. Que lo único que a él le habían informado es que el padre de la guagua, cuyo nombre no conocía, era un desquiciado, que le había hecho mucho daño a Pilar, razón por la cual habían adoptado esa drástica solución.

Lo que ese día le dijo el doctor Monckeberg a Francisco fue confirmado a CIPER por una persona que trabajó estrechamente con el médico en esos años y que pidió reserva de su identidad, consciente de que no había sido el único caso:

Dr. Gustavo Monckeberg Barros

-El doctor me confidenció lo ocurrido con este joven en la época. Estaba muy disgustado, porque cuando el padre de la pequeña lo enfrentó, pasó un momento muy desagradable. El doctor estaba convencido de que la decisión de entregar a la niña en adopción era de la madre y de su familia; y que efectivamente el padre, un desquiciado, se había desentendido. Cuando supo que le habían mentido, se indignó.

Premunido de este nuevo testimonio que confirmaba que su hija estaba viva, Francisco enfrentó al padre de Pilar, quien le insistió que la guagua había nacido muerta. Incluso le habló de un certificado de defunción que nunca le mostró, porque el joven terminó siendo expulsado de la casa.

En su entorno, Francisco no encontró ya más apoyo para persistir en que su hija estaba viva. Para muchos su tesis comenzó a ser un escape al dolor. En otras palabras, una forma de locura.

- Francisco se sumergió en el mutismo. Preocupada, su familia lo sacó de Chile. Tal vez fue lo mejor para hacerlo escapar de esa locura que estaba viviendo, ya que todos pensábamos que la niña sí había nacido muerta. Para toda nuestra familia esa niñita había muerto en el parto. Nunca más se habló del tema. Hasta enero de 2005…, cuando supimos que Francisco tenía razón –cuenta uno de sus familiares.

MUERTA EN MAYO DE 1975

-A los 20 años me quedé esperando guagua, lo que no le gustó nada a mi pololo. Y menos cuando le dije que estaba feliz y que yo sí quería tener a esa guagua. Estaba decidida a que, con él o sin él, yo iba a seguir adelante. Pero mi pololo me puso como condición de que si quería que siguiéramos juntos, teníamos que abortar -cuenta Carmen.

Carmen  pertenecía al Centro Pastoral Juvenil (CPJ) de la Congregación de los Sagrados Corazones (padres franceses), comunidad a la que siguió ligada cuando terminó la enseñanza media. También mantuvo a su mismo director espiritual: el sacerdote Gerardo Joannon, quien además, era un amigo de su familia.

-Cuando les informé a mis padres que estaba embarazada, lo primero que dijo mi madre fue lo mismo que le escuché a mi pololo: que me hiciera un aborto. Mi respuesta fue tajante e inmediata: ¡No! Y les expliqué que estaba segura de querer tener esa guagua. “Pero, hija, no, ¡cómo!”, fue su lamento. Y ahí empezaron a decirme las típicas cosas que se decían en la época. Y la primera de todas fue que me iba a convertir en la vergüenza de la familia. Mi madre estaba muy enojada. En cambio mi padre, como buen ignaciano (estudió en un colegio jesuita), fue más abierto. Recuerdo que, en un momento, él me tomó de los hombros y me dijo: “No te preocupes, yo te voy apoyar siempre, vamos hacer lo que tú digas, ¡quédate tranquila!”.  Mientras tanto, mi mamá, mucho más visceral, seguía insistiendo en que debía abortar y que cómo podía haberle hecho eso a ella. En el fondo, era como si yo le hubiera hecho algo a ella –recuerda Carmen.

Al poco tiempo de que Carmen le dio la noticia de su embarazo a sus padres, otro hecho trastocó la rutina de su hogar: la empresa donde trabajaba su padre lo trasladaba a Concepción. Carmen acababa de entrar a la universidad. A pesar de que su familia mantuvo la casa en Santiago, sus padres le dijeron que debía irse a vivir con ellos a Concepción. Los preparativos para la mudanza se iniciaron. Carmen relata:

-Lo terrible es que mi madre no se había dado por vencida. Insistía en que yo debía hacerme un aborto. El tiempo apremiaba. Ella me explicaba que no tenía nada de qué preocuparme, que nada me iba a pasar, que lo mejor era que me hiciera un aborto, que conocía a la persona adecuada para hacerlo, que sería muy fácil y sin riesgos. Cuando le replicaba que eso era matar a mi guagüita, ella me explicaba que no era verdad, que todavía no era un ser vivo, que uno iba a un lugar y como que con una cucharita te sacaban eso “que no era vida aún”. Lo único que atinaba a responderle era: “¡Para mí sí está vivo!”.

Como Carmen se negaba a abortar, su familia, o más bien dicho su madre, inició una nueva táctica:

Sacerdote Gerardo Joannon

-Un día apareció en mi casa el sacerdote Gerardo Joannon. Estaba invitado a comer. Pero no era una simple visita social. Esa noche me propuso que tuviera a mi guagüita, pero que una vez que naciera la diera en adopción. Mi respuesta fue también tajante: le dije que como yo había decidido que esa guagua de todas maneras la tendría, ni el aborto ni la adopción eran opciones para mí. Joannon fue muy persuasivo. Con voz mesurada y reflexiva comenzó a hablarme insistiendo en que era muy loable lo que yo pretendía, pero que debía ser menos egoísta y pensar en el futuro de mi guagua. En lo que era sin lugar a dudas lo mejor para el bebé. Me hablaba de que yo era muy chica para entender la responsabilidad que implica ser madre, de las carencias que le provocaría a ese niño no tener padre. Que para esa guagua iba a ser terrible… Que si yo había decidido hacer una opción por la vida, la segunda decisión era que esa guagua se criara en una familia bien constituida, no como hijo de una madre soltera. Que fuera normal…

Carmen recordaría por muchos años esa noche del verano de 1975. Y cada palabra de esa conversación. Hasta ese momento el diálogo se había desarrollado frente a sus padres. Pero en un momento en que Joannon insistía en sus argumentos a favor de la adopción, Carmen no pudo soportar más la presión y se largó a llorar. Con un potente “¡no!” y entre sollozos, se fue a su pieza. Pasaría mucho rato antes de que el sacerdote golpeara a su puerta, esta vez solo…

-Ahí le pedí que por favor me ayudara. Que me apoyara, porque yo quería tener esa guagua y no quería darla en adopción… El sacerdote Gerardo Joannon fue dos o tres veces más a mi casa antes de irnos a Concepción.

Carmen recuerda que una vez que se instaló en Concepción, se inició un periodo de relativa calma. Ingresó a la universidad y comenzó a prepararse para el nacimiento de su hijo, cuyo parto se anunciaba para julio. Incluso aprendió a tejer y le hizo vestimentas.

-Como en Concepción no me conocía nadie, yo iba feliz a la universidad con mi guata. Pero a mi madre le seguía complicando, y mucho, el que yo estuviera embarazada y sin libreta de matrimonio. Comenzó a darme instrucciones: “¡Cuídate!, ¡que nadie te vea!”. Para ella era muy importante que nadie lo supiera. Todo lo que decía me hacía sentir que era horroroso estar embarazada. Lo increíble es que eso que para ella era tan vergonzoso, a mí me hacía inmensamente feliz –recuerda Carmen.

Como su madre insistía en ocultarles su embarazo y su soltería a los pocos amigos que tenían en Concepción, ella aprovechaba la menor ausencia de su madre para decirles la verdad:

-Esa era mi realidad y yo estaba feliz. En la universidad me hice de amigas que me entendían y que me regalaban ropitas para mi guagua. Hasta que pasó algo que me hizo más feliz aún: tenía como seis meses de embarazo cuando me fue a visitar mi ex pololo. Me dijo que estaba arrepentido, que ahora él sí quería reconocer y darle su apellido a su hijo. Me impresioné muchísimo. No me lo esperaba: nunca más habíamos hablado desde que me fui de Santiago. Lo primero que hice fue contarles a mis padres.

La visita del pololo de Carmen ocurrió en abril de 1975. Sorpresivamente, en mayo, sus padres la mandaron a Santiago para que se hiciera un control ginecológico. Para su gran satisfacción, todo se desarrollaba en perfectas condiciones. El médico de la familia, el doctor Eduardo Keymer Fresno (falleció en 1979), le dijo que volviera a fines de mayo para el siguiente control.

-Salimos por la noche de Concepción. Viajé con mi papá. Se suponía que a la noche siguiente, después de mi control, nos regresábamos a Concepción… Me faltaban sólo cinco semanas para el parto. La consulta fue como a eso de las 3 de la tarde del viernes 30 de mayo de 1975. Cuando salí de la consulta, me fui directo a nuestra casa de Santiago, en el barrio El Golf, a esperar, porque el tren partía a Concepción en la noche.

Han transcurrido 39 años y a Carmen aún le cuesta hablar de lo que le ocurrió en la noche del 30 de mayo de 1975. Es evidente que no ha olvidado ni un solo detalle:

-De repente, empecé a sentir un dolor agudo en el vientre. Estaba con mi hermano menor cuando de improviso empezó a caer agua por entre mis piernas. “¡Uy!, parece que me hice pipí. ¡Qué es esto!”, le digo. No sé cómo pero muy pronto me di cuenta de que estaba a punto de tener a mi guagua… Comenzamos a intentar ubicar a mi padre, que aún no había regresado a la casa. Y también al doctor Keymer. No fue posible. Llamé a mi hermana mayor… No sabía qué hacer. Como a eso de las 19:00 ubicamos al doctor: me dijo que me fuera de inmediato a la Clínica Carolina Freire, que estaba ubicada en calle Maturana con San Pablo.

Carmen recuerda que cuando estaba lista para partir a la clínica, llegó a la casa su padre. Se sintió más segura. A partir de ese momento las imágenes se suceden:

"No sé cómo pero muy pronto me di cuenta de que estaba a punto de tener a mi guagua…"

-Sentía mucho dolor y yo gritaba. Mi última imagen es el doctor diciéndome “¡puja!, ¡puja!”, y de repente la película se hace borrosa hasta sumergirme como en un sueño mientras de lejos escuchaba que mi guagua venía con problemas… Luego sentí un grito y yo alcance a divisarla. Después las voces: “¡Hay que llevársela al Hospital Roberto del Río!”. Y no recuerdo nada más.

De lo que pasó después en esa clínica, Carmen no tiene ningún recuerdo nítido. Las imágenes vuelven desde el mismo minuto en que ella regresa a su casa en Santiago:

-Fue entonces que mi madre me dijo que mi niñita, porque era una niñita, no había vivido: “Y hubo que llevarla al cementerio y enterrarla”. El doctor Keymer confirmó el relato de mi madre. Mi única respuesta fue llorar y llorar. Y lo hice durante meses…No me explico por qué yo no asimilaba que mi niña estaba muerta. En mi interior se alojó una gran duda que fue creciendo. Ni siquiera cuando me mostraron el certificado de defunción esa duda se mitigó. Mi familia me hablaba de muerte y mi sensación profunda era de ¡vida!

Deberían transcurrir 30 años, muchos dolores y nuevos partos para que Carmen descubriera un día de 2005 que nunca se equivocó: su hija vivía y había sido entregada en adopción.

“MI PAPEL ERA QUE LA VIDA SE MANTENGA”

Nadie sabe hoy en Chile cuántos niños “murieron” al momento del parto para “nacer” en otra familia. A lo largo de nuestra investigación, al entrevistar a las familias de las madres a quienes se les arrebató un hijo, se repite la misma razón: “era la única opción de vida”. Casi la misma frase que nos dirá uno de los principales protagonistas de estas historias, el sacerdote Gerardo Joannon: “¡salvar una vida!, ¡que la vida se mantenga!”. Pero todos saben que, finalmente, esto fue lo más parecido a una asociación ilícita para adopciones irregulares.

En su relato de cómo llegó a involucrarse en las adopciones, Gerardo Joannon contó que desde sus inicios en el sacerdocio comenzó a trabajar con jóvenes. Y que ahí se enfrentó a la cruda realidad del embarazo adolescente (ver entrevista):

-Yo comencé a palpar cómo -y es algo que hasta hoy confirmo- las jóvenes que se hacían un aborto quedaban dañadas para toda la vida. Los abortos eran clandestinos, por supuesto, y con gran riesgo para las niñas. Existían en esos años unas “brujillas” que hacían estos abortos en las poblaciones, en condiciones muy poco higiénicas. Se dedicaban sólo a eso y lo habían convertido en una profesión: cobraban. Y también descubrí una especie de conciencia medio oculta, que permitía que los datos de quienes hacían estos abortos fueran pasando de unos a otros. Para las niñas del barrio alto que quedaban embarazadas, había dos maneras: sacarlas de Chile para abortar, lo que hacían las familias que tenían más dinero; o dar a la guagua en adopción -relató Joannon a CIPER.

LA PRUEBA DE ADN

Ni el tiempo que permaneció fuera de Chile ni el éxito que consiguió a su regreso como un destacado profesional, lograron que Francisco extirpara de su mente la idea de que aquella niña que nació el 1 de febrero de 1983 en la Clínica Santa María, estaba viva. Que la muerte que le anunciara el padre de su ex polola era una mentira. Pero cada vez que quiso dar un paso para intentar descubrir su paradero, se estrelló contra un muro de silencio. Peor aún, en algunos círculos empezaron a tildarlo de “loco”.

-La idea de que su hija vivía y que había sido entregada en adopción a una familia amiga del cura Joannon, la mantuvo por años. No logro entender cómo Francisco fue capaz de perseverar. Porque incluso amigos que lo estimaban solían comentar que estaba medio loco con esa obsesión por su niña desaparecida al nacer –relató uno de sus amigos a CIPER.

Uno de esos hitos de la obsesión de Francisco que varios de sus amigos recuerdan, ocurrió durante la emisión de un capítulo del programa de TVN “Rojo: Fama contra Fama”:

-Lo conducía Rafael Araneda y ese día apareció una joven cantante y protagonista del programa diciendo por primera vez en público que ella era adoptada y que no conocía a sus padres biológicos. No sé por qué Francisco se convenció de que la joven podía ser su hija. Contrató hasta un detective para que le averiguara dónde había nacido, si correspondía con la edad de su hija…Esa historia no terminó bien, porque incluso los detectives que contrató se aprovecharon de su deseo de encontrar a su hija, y lo engañaron entregando pruebas falsas para hacer coincidir fechas y lugares. ¡Le sacaron mucha plata! Y terminó siendo un duro golpe para él, cuando se enteró de que ella no era la hija que buscaba –cuenta uno de sus amigos.

El sacerdote Gerardo Joannon celebrando misa

Francisco no alcanzó a vivir el duelo por el nuevo engaño. Porque fue en ese momento preciso que su madre recibió un llamado telefónico del sacerdote Gustavo Ferrari, quien conocía el drama de la hija “muerta”. Por esos caminos insospechados, el cura salesiano había conocido la historia de una joven que buscaba a sus padres biológicos y que correspondía a los datos de la hija cuyo rastro Francisco había perdido el primer día de febrero de 1983. Con mucho cuidado y suma delicadeza, se preparó el encuentro. Habían transcurrido 21 años.

-Apenas la vio, Francisco se percató de que la joven era la imagen de su madre. A pesar de que nosotros cuando la conocimos también coincidimos con Francisco en el enorme parecido de la joven con Pilar, tratamos de calmar su ansiedad. Le insistimos en que esperara los resultados del examen de ADN para dar rienda suelta a su felicidad. Pero fue inútil –cuenta uno de sus más estrechos amigos.

La prueba de ADN se hizo en la Clínica de la Universidad Católica, en diciembre de 2004. Fue así cómo Francisco encontró a su hija 21 años después de su nacimiento. Para ambos fue el comienzo de una nueva etapa. No así para su madre biológica. Hasta hoy ella no puede aceptar la verdad de lo que ocurrió en su primer parto.

Pilar aceptó hablar brevemente con CIPER. Se percibe la angustia que le provoca hablar de aquello. No ha querido mantener una relación con su hija: es superior a sus fuerzas. Y si bien afirma que los que decidieron entregar a su hija en adopción, lo hicieron por motivos “piadosos”, también sabe que esa decisión fue “un gran error”: “¡No se imaginan el daño que ocasionaron a mí y a las familias involucradas!”.

El daño para Pilar en vez de diluirse se ha acrecentado con el tiempo. Mira hacia atrás y se ve sin armas ni herramientas para poder defenderse. Lo único que ella quisiera “es que nada de aquello hubiera ocurrido… Siento mucho no tener fuerzas para acoger y abrazar a esa hija que en 1983 dieron por muerta”.

“SE LA ENTREGUÉ EN SUS MANOS AL CURA JOANNON”

Ese otoño de 2005, Carmen no pudo evitar recordar que su hija habría cumplido 30 años de haber sobrevivido al parto. Después de tantos años, y a pesar de tener tres hijos veinteañeros que son su motivo de vida, aún le costaba transitar por un nuevo 31 de mayo. Aunque había hecho muchos esfuerzos por sacarlo de su cabeza, seguía sin convencerse de que ese día su hija había nacido muerta.

En los primeros días de ese mayo de 2005 se encontró con su amiga del alma: una compañera de colegio con quien nunca perdió contacto y cuya relación era similar a la de dos hermanas. Fue en Providencia. Decidieron sentarse en un café para contarse sus historias. Y pronto irrumpió en el íntimo diálogo la historia de la hija que había nacido muerta:

-Fue ahí que mi amiga me dice: “No sé por qué nunca te he dicho que siempre me quedé con la duda de si esa guagua fue dada en adopción”. No sé qué cara puse, porque lo que me dijo me llegó hasta el alma… Necesité tiempo para recuperarme. Como pude, saqué la voz y le pregunté: “¿Por qué me dices eso?”. “Porque cuando tú me llamaste a mi casa para avisarme que te ibas a la clínica a tener tu guagua, yo después llamé de vuelta a tu casa para preguntar dónde estabas. Quería ir a acompañarte. Me atendió tu mamá y con una voz muy fría me dijo que no se te podía ir a ver. Que la guagua había nacido, que era una niñita, pero había muerto”. Mi amiga me relató que le insistió a mi madre: “Pero tía, ¡cómo!, ¿murió? Con mayor razón quiero ir, ¡necesita mi compañía”. Mi madre le dijo entonces que no, que yo estaba muy triste y que la indicación del médico era que yo  “no recibiera visitas” –recuerda Carmen, con profunda emoción.

El relato de su amiga fue suficiente para Carmen. De golpe, la enorme duda que durante años había tenido alojada en su cabeza, se hizo certeza:

-En todos esos años siempre subsistió la duda. Pero, claro, la vez que pregunté, la respuesta de mi familia no fue muy amable. Y yo le tenía miedo a mi madre. Muchas veces, a solas, la imaginaba a ella viva, creciendo, yendo al colegio, y me decía que quizás, en algún minuto, la podría reconocer…, que era probable que se pareciera a mí. Y ese día el relato de mi amiga despertó todo eso que estaba asfixiado. De golpe, todo era posible. “¿Y qué hago?, ¿cómo buscamos?”, fue la única pregunta que balbuceó.

Al  día siguiente, Carmen se levantó muy temprano y se fue directo a calle Maturana con San Pablo, allí donde estaba ubicada la Clínica Carolina Freire a la que nunca más regresó. Recorrió la calle entera sin encontrarla, hasta que un vecino le dijo que la clínica donde ella había tenido a su hija, ya no existía: había sido demolida.

Dr. Carlos Casar Collazo

-Y ahí se me ocurrió que mi próximo paso tenía que ser hablar con el cura Gerardo Joannon. Era evidente que él podía decirme dónde estaba mi hija. Lo llamé. No contestó nadie el teléfono. ¿Dónde andaría? ¿Qué más puedo hacer? Sabía que el doctor Keymer se había muerto pocos años después del parto. Y se me vino a la cabeza el neonatólogo que participó en el parto. Y recordé que había sido vecino mío y además, el pediatra de mis otros tres hijos: Carlos Casar Collazo…Decidí que debía ir a verlo.

Ya nada paraba el ímpetu de Carmen. Estaba decidida a llegar a la verdad. No perdió ni un solo minuto y esa misma mañana partió a la consulta del doctor Casar. Hacía varios años que no lo veía.

-Llegué muy nerviosa. Me saludó muy amable y yo sin preámbulos le pregunté: “Vengo a saber qué hiciste con mi hija”. Su respuesta fue: “¡Cálmate!, ¿pero cómo en todos estos años nunca me preguntaste?”. “¿Preguntarte qué?”, fue lo que me salió del alma. Y ahí empezó a decirme que había estado varias veces por decírmelo, pero como me veía tan bien con mis hijos… “No sabes lo mal que me sentía, ¿tu hermana nunca te contó?”. Yo lo escuchaba repetir sus explicaciones, hasta que le dije: “Dime ahora qué hiciste con mi hija, ¿dónde la tienes?”. Y lo escuché decir: “No, yo se la entregué en las manos a Gerardo Joannon”. Casi se me cayó el mundo…

El diálogo que aquel día de 2005 tuvo Carmen con el doctor Casar, fue confirmado por CIPER. “Por qué tendría que habérselo dicho si ella nunca me lo preguntó”, nos dijo Casar. En un solo punto difiere su relato con el que nos hizo Carmen. El doctor Casar afirma que el bebé se lo entregó a los padres de Carmen y no al sacerdote Gerardo Joannon.

Pero en ese día de mayo de 2005, Carmen no tuvo respiro. Ahora que tenía la certeza de que su hija había nacido viva, la persona que debía encontrar era el sacerdote Gerardo Joannon. “Si Carlos Casar decía que se la había entregado a él, Gerardo no me podría ocultar dónde estaba mi hija”, recuerda Carmen:

-Ese día salí medio muerta de la consulta del doctor Casar. La cabeza me daba mil vueltas, mientras las últimas palabras del doctor se repetían: “No hagas nada, quédate tranquila…”.

Pero Carmen no encontró al cura. Decidió entonces llamar a su hermana mayor, la misma que el doctor había dicho que sabía lo que ese día de 1975 había ocurrido. Ya más serena, la convidó a comer:

-Apenas nos sentamos le dije: “Mi guagua fue entregada en adopción y tú lo sabes”. Se sorprendió: “Perdón, pero nunca lo hablamos…”, dijo. Ya no había ninguna duda. “¿Qué piensas hacer ahora?”, preguntó. “¡Buscarla!” fue mi respuesta. “Bueno, dijo, las cosas ya están hechas, así es que tienes que buscar otra solución. Porque, ¿qué harías si ella no te quiere conocer?”. Fueron muchas preguntas para las que yo no tenía respuesta. Al final, me dijo: “Si no vas a hacer ningún escándalo, yo te puedo ayudar”.

La historia que le contó ese día su hermana fue tan increíble como todo lo que le había sucedido en esas 24 horas. Su hermana partió recordando que cuando se cambió de casa en 1995, veinte años después del parto de Carmen, una de sus nuevas vecinas, una señora ya anciana y amable, le decía con frecuencia que tenía una nieta “que es igualita a usted”. La hermana de Carmen continuó su relato: “Pasaron unos meses y un día tocaron el timbre de la casa y ahí estaba mi vecina con una joven a su lado”. Carmen cuenta ese momento:

-“¡Y entras tú con 20 años! Eran tus manos, tu risa, la misma manera de hablar y de reírse”, me reveló mi hermana. Y me contó cómo había llegado a la conclusión de que esa joven era mi hija: sus dos apellidos eran los de un matrimonio de médicos muy amigo de mis padres. Y cómo el asunto se había convertido en un tema tabú en mi familia, mi hermana lo único que hizo fue escribir el nombre en un papel y guardarlo…

Por diez años la hermana de Carmen guardó el papelito que contenía sólo un nombre. Cuando se lo entregó a Carmen y ésta supo la nueva parte de la historia, decidió no enfrentar a sus padres. Estaba tan enojada que temió su propia reacción:

-Con la ayuda de una de mis hijas empezamos a averiguar. Y fuimos confirmando uno a uno los datos. La joven había nacido un 31 de mayo de 1975, era adoptada y cuando se enteró y preguntó a sus padres, éstos le dijeron que su madre no podía criarla. La verdad es que lo único que me importó fue que todo indicaba que esa joven era la hija que un día de 1975 me dijeron que murió en el parto.

Supo también que la joven estaba casada. Carmen decidió contactar a su esposo. Un nuevo obstáculo la esperaba. Cuando el marido supo la historia le dijo que la joven estaba embarazada y que por favor esperara al nacimiento porque la noticia la podía afectar a ella y a su guagua.

-Me lo tomé como un regalo: sería esperar unos meses, casi como si volviera a estar embarazada. Me empecé a comunicar con su marido para saber cómo iba su embarazo, su salud. Le pedí un día que nos juntáramos, él aceptó, pero el día de la cita me llamó y me dijo que no iría porque su guía espiritual le había dicho que no fuera. Que dejáramos todo hasta ahí no más. Que no tenía sentido. Le pregunté quién era su guía espiritual. No me lo quiso decir…

A Carmen no le quedó más alternativa que esperar a que naciera el niño. Esperar para ir al encuentro de su hija y contarle lo que había ocurrido hacía ya 30 años…

“Mamá, por favor, quiero saber qué hicieron con mi hija”

-En el intertanto decidí que había llegado el momento de enfrentar a mis padres. Apenas entré a la casa, los saludé y de un tirón les dije que necesitaba preguntarles por mi hija que habían dado en adopción. Mi mamá abrió los ojos, se puso blanca, tomó a mi padre por el brazo y se lo llevó a su dormitorio. Sabía lo que venía… Los seguí hasta la pieza: “Mamá, por favor, quiero saber qué hicieron con mi hija”. Mi mamá no respondió: se cayó al suelo y de rodillas me decía: “¡perdón!, ¡perdón!, te suplico que me perdones. Te juro que creí que era lo mejor para ti”. Desde el suelo y de rodillas, mi madre me imploraba. No atiné más que a buscar los ojos de mi padre: lo vi con los ojos cerrados, sin querer estar ahí.

Lo que vino fue una escueta conversación en la que Carmen les pidió ayuda para abordar a su hija. Decidieron que su madre hablaría con el sacerdote Joannon para que juntos vieran la forma de hacerlo:

-Mi madre regresó de la conversación con Gerardo muy afectada. Me contó que el cura le había dicho que no me hiciera caso, que yo en esa época era una mocosa inmadura y que él nunca iba a decir nada. Fue muy fuerte para mi mamá.

Al conocer el resultado de la conversación de su madre con Joannon, Carmen partió a la casa del cura. Entonces el sacerdote vivía en una casa que su congregación tenía en calle Larraín Gandarillas:

-Gerardo me hizo pasar y se sentó. De inmediato empezó a dar explicaciones. Yo lo paré: “Vengo sólo a preguntarte con toda humildad, porque quiero saber la verdad y no deseo hacerte daño, necesito saber, quién tiene a mi hija. Lo necesito para reparar mi dolor”. “¡Y yo qué sé! ¿Por qué me preguntas a mi?”, fue su respuesta. Le dije entonces que lo sabía todo, que el doctor Carlos Casar le había entregado la niña recién nacida en sus manos… “Mira, tú no tenías ninguna posibilidad de criar a esa niñita, era absolutamente imposible… Y de todas maneras, no hay ningún papel en que conste que yo participé en eso. Haz lo que quieras”. Y pese a todas mis suplicas, de ahí no lo saqué. Fue muy déspota.

Ella salió de la casa de Larraín Gandarillas destruida, derrotada. Nunca esperó que un sacerdote, que además había sido su guía espiritual, le respondiera de esa manera. Que le siguiera ocultando la verdad

Cuando su hija dio a luz, Carmen esperó un tiempo prudente y fue a su encuentro. La joven fue muy amable y a la vez muy fría. Le agradeció que la hubiera contactado y acto seguido le dijo que estaba muy bien con los padres que tenía, y que si algún día ella así lo quisiera, la volvería a contactar. De aquel encuentro han pasado ya nueve años…

La vida de Carmen tuvo un vuelco brutal. No hubo más duelo por la muerte de su hija, pero algo parecido fue lo que resintió. Ya no habría más búsqueda. Sólo espera. La vida de sus padres también sufrió un vuelco:

-Mi madre empezó a decaer hasta que enfermó. Sus miembros se empezaron a atrofiar, se le torcieron los pies y los brazos. Luego a mi padre se le rompió un aneurisma y se murió. A partir de ahí mi madre pasó mucho tiempo en cama, no podía hablar y tenía todo su cuerpo atrofiado. Y el cura Gerardo sigue allí. Incólume.

Una espesa neblina cubre la sábana de bosque que rodea a la pequeña aldea de Musawas, localizada en el inicio del núcleo de la reserva de selva tropical más grande de Centroamérica: Bosawas. La vida en la aldea comienza temprano, apenas el sol se despereza en el horizonte. Los indígenas mayangnas, ancestrales habitantes de esta selva, se mueven como hormigas entre los pequeños caminos de cemento que unen las casitas de tablas, las mujeres llenando baldes con agua, los hombres cargando machetes listos para la jornada diaria en las pequeñas plantaciones de plátanos y granos. El gruñido aterrador de un cerdo rompe la tranquilidad de la mañana —ha sido sacrificado para vender su carne en la aldea—, mientras los niños de cabello espinoso caminan uniformados hacia la pequeña escuela de la comunidad. El visitante pensaría que nada acecha la calma de los mayangnas, pero los líderes de Musawas están desesperados: la selva está amenazada por la invasión de gente que llega de otras regiones de Nicaragua, que destruyen el bosque, trafican con la madera y hacen jugosos negocios con sus valiosas tierras para convertirlas en fincas ganaderas. La invasión dejó un mayangna muerto en 2013, mientras los encuentros violentos entre indígenas e invasores son cada vez más comunes. Los mayangnas temen que su selva, como pasó con Chontales, ubicada en la zona central del país, se convierta en el nuevo gran potrero de Nicaragua.

Joaquín Blandón, pastor de la iglesia morava de Musawas, abre las puertas del templo comunal mientras la neblina se despeja poco a poco. La iglesia ha sido construida toda de madera, con un alto campanario en su parte frontal, que la convierte en la construcción más grande de la comunidad. Dentro, un modesto altar se yergue ante filas de bancas cuidadosamente colocadas a ambos lados del gran salón de cultos. No hay adornos, ni imágenes religiosas. Una que otra paloma revolotea en el alto techo de madera. Todo luce muy limpio y cuidado. Blandón, un hombre moreno, de baja estatura pero de cuerpo robusto, cara redonda y cabello negro cortado a lo militar, explica que la mayor preocupación de los feligreses que acuden a sus cultos es la invasión de la selva. Él mismo está furioso y no esconde su enojo: siente que su pueblo ha sido olvidado por las autoridades locales, el Gobierno central y los diputados que, en la Asamblea Nacional de Managua, deberían velar por sus intereses. “Casi la mayoría de nuestro territorio está invadido”, dice. “La gente del territorio está muy preocupada y se pregunta por qué el Gobierno no nos apoya”, agrega. “Los partidos políticos vienen en época de votación, pero luego se olvidan. Estamos en peligro, porque todos los días entran más invasores, que nos esperan para atacar. Nosotros, como mayangnas, no tenemos ni armas, pero ellos sí están armados. Todo eso preocupa a nuestra gente”, asegura el pastor.

Las preocupaciones de Blandón se fundamentan en el terror. El año pasado uno de los suyos fue asesinado a balazos. Sucedió el 23 de abril de 2013. Ese día un grupo de indígenas hizo un recorrido para corroborar la información de una nueva invasión de más de diez manzanas de bosque por los llamados colonos, gente de otras regiones del país, principalmente del Pacífico y del centro, que arrasan el bosque, se apropian de las tierras, las venden o las convierten en fincas para el ganado. Este tipo de patrullajes son comunes en la reserva, dado que las autoridades del Marena no cuentan con suficientes guardabosques en la zona. Los indígenas encontraron a los invasores, a quienes pidieron explicación por la incursión, según los testimonios reunidos en Musawas. La respuesta de los invasores fue violenta: dispararon a los indígenas, e hirieron gravemente a Elías Charles Taylor, quien murió horas después en el pequeño hospital de Bonanza, el municipio más cercano a Musawas, donde fue trasladado por sus compañeros. La muerte de Taylor sigue sin ser esclarecida. Para los mayangnas es la prueba del olvido en el que han sido sumidos por las autoridades.

Charles Taylor dejó seis hijos a cargo de su esposa, Ricalina Davis, una mujer menuda, de piel morena y seca, grandes ojos negros y cabello largo color azabache, que lleva recogido en una cola sujetada por un prensador amarillo. Ricalina no habla español. En su pequeña casa de Musawas, una choza de madera levantada con troncos a unos metros del suelo, cuenta en su lengua mayangna, valiéndose de un traductor, la tragedia que la envuelve desde hace un año. Sentada en la madera con su hijo más pequeño en el regazo, la mujer llora al recordar la muerte de su esposo. “Me duele mucho”, dice, “mi esposo era el que se encargaba de todas las cosas en la casa. Desde que falleció ha fracasado todo: el año pasado mis hijos tuvieron que dejar sus clases porque no tenían a nadie que los apoyara para pagar la escuela, comprar sus cuadernos, sus zapatos. No tengo un trabajo fijo que me permita ganar un salario para mantener a mi familia”. Ricalina apoya su cara en la cabeza de su hijo para esconder las lágrimas. Hace una pausa en la cuenta de sus penas. La mujer viste una blusa raída, de un rosado desgastado. Va descalza, al igual que su pequeño, de año y medio, que también se echa a llorar al ver llorar a su madre. La mujer retoma la conversación para contar que alimenta a su familia con la cosecha de la pequeña finca que dejó su esposo, donde cultivan granos para el consumo propio. “No tengo ayuda de nadie. En el GTI (Gobierno Territorial Indígena) me han dicho que no tienen dinero para ayudarme. Les dije que no era posible que anduviera pidiendo apoyo, porque mi esposo dio su vida por el territorio, y como autoridades del territorio ellos me deberían apoyar”, reclama Ricalina.

El GTI es la máxima autoridad de los pueblos indígenas. En Bosawas hay por lo menos siete territorios indígenas, entre mayangnas y miskitos. Musawas forma parte del territorio indígena mayangna Sauni As, cuyo presidente es Emilio Bruno Simeón, un hombre huraño, regordete, reacio a hablar con la prensa, porque dice que los medios no tienen interés en “contar la verdad” de lo que pasa en los pueblos indígenas de la reserva. Tras un tenso saludo inicial, y un interrogatorio sobre el trabajo de reportería que realizamos en la zona, Bruno Simeón accedió a hablar sobre la situación de la región que gobierna desde hace seis meses, en la sede del GTI, localizada en una zona periférica de Bonanza, sobre una calle sin asfaltar y llena de baches que se convierten en pequeñas lagunas de barro durante los días de lluvia como éste. La casa que sirve de sede al GTI está construida mitad con bloques de cemento y mitad con tablas pintadas de un rosado fucsia como el que usa el Gobierno sandinista en las instituciones públicas.

“Nuestros antepasados nunca sufrieron problemas de tierra”, dice, “pero hoy en día, esta nueva generación sufre mucho con las invasiones de colonos del Pacífico, que han destruido un 40% de la reserva. Ahora no podemos decir, como dueños del territorio, que vivimos dentro de la reserva, porque día tras día hay destrucción, despale, avance de la frontera agrícola”. El presidente territorial asegura que para defenderse de las invasiones han pedido ayuda al Gobierno central para que desaloje a los invasores, “pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta. A nosotros nos hacen esperar meses por una respuesta, pero los invasores no esperan, día tras día entran nuevos. En estos últimos tres años entraron más de 600 familias, que están destruyendo la flora y fauna”, dice el presidente indígena. Simeón asegura que los invasores están amenazando las formas de vida tradicionales que durante siglos han mantenido los mayangnas en el bosque de Bosawas. La caza, una forma habitual de subsistencia, se ve afectada por la destrucción de la selva. “Anteriormente, cuando entrábamos en la montaña, encontrábamos toda clase de animales. Hoy ya no podemos conseguir carne en la montaña, como guardiolas, chancho de monte, venados”, se lamenta Bruno Simeón.

El mayor temor de los mayangnas es que los invasores acaben con lo que queda del núcleo de la reserva, unos ocho mil kilómetros cuadrados de bosque virgen. En el inicio de ese núcleo verde está Musawas, prácticamente incomunicada con el resto del país: para llegar hasta la comunidad es necesario caminar durante ocho horas entre selva espesa y caminos de barro en los que un hombre puede hundirse hasta las rodillas, si no tiene la precaución debida; aunque también se puede acceder a ella a través de cayucos o pangas, navegando durante siete horas el río Pis Pis, que rodea la comunidad. Hasta hace unos años la lejanía y el difícil acceso eran el resguardo natural de la zona, pero desde 2005 ya no son suficientes para evitar la invasión. Si bien Musawas todavía se despierta con la niebla espesa cubriendo la sábana que forma su selva, a un par de horas de camino, sus vecinos de la comunidad indígena de Bethlehem, miran, sin poder defenderse, cómo los invasores destruyen los bosques que los rodean.

Durante dos semanas, los estudiantes de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB) estuvieron en paro. Alegaban hacinamiento en su campus de Bellavista –donde también funciona una sede del instituto AIEP–, escasa reinversión en infraestructura, un fuerte recorte en el financiamiento de sus escuelas y un alza de un 20% en los precios que la universidad cobra anualmente a sus alumnos. Decían que a pesar de pagar un arancel cercano a los $4.000.000, no cuentan con salas ni mobiliario suficientes para cursar sus clases. Para ellos, todos esos elementos son consecuencia del mismo modelo de negocios que hoy tiene bajo la lupa del Ministerio Público, del Ministerio de Educación (Mineduc) y del Servicio de Impuesto Internos (SII) al Grupo Laureate, el consorcio internacional que controla la casa privada de estudios superiores con mayor matrícula en el país y que además es dueño de la Universidad de Las Américas (UDLA), la Universidad de Viña del Mar (UVM), el Instituto Profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió con los alumnos en paro y citó a una sesión especial para discutir el problema el pasado lunes 21 de abril. Su intención era obtener antecedentes y exigir explicaciones a las autoridades de la UNAB. Los estudiantes de Santiago llegaron acompañados por sus compañeros de Viña del Mar, quienes aseguraban tener problemas muy similares: durante 2013 tuvieron que cursar por un tiempo sus ramos en distintos lugares -“hasta en parroquias”-, porque no tenían dónde estudiar. “Esto ocurrió porque el grupo controlador entregó nuestra sede a las otras universidades del grupo y la nuestra no estaba lista”, dijo uno de los estudiantes a La Segunda.

La sesión del lunes 21 terminó sin los resultados esperados, básicamente porque el rector de la UNAB, Pedro Uribe, no se presentó. Tenía “compromisos previos”, diría después. Tampoco asistió al Congreso cuando fue citado para declarar ante la comisión especial que investigó el lucro en la Educación Superior. Para el presidente de la comisión, el diputado Mario Venegas (DC), su ausencia en ambas oportunidades no hace más que generar sospechas: “Nos da derecho a pensar que algo no está funcionando bien con esa universidad”.

Derecho UNAB en paro (Fuente: www.pionononews.blogspot.com)

El problema generado entre los alumnos de la UNAB es sólo otra manifestación de las serias complicaciones que enfrenta la estructura de negocios y de propiedad que ha diseñado el Grupo Laureate para operar en Chile. La misma que fue denunciada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) al momento de negarle o rebajarle la certificación de calidad a sus universidades por considerarla un “riesgo para el proyecto educativo”. Esa estructura es el esqueleto de un negocio altamente rentable, que le permitió a Laureate recuperar en tan sólo cuatro años el 100% de su inversión para adquirir el control de la UNAB y la UVM: US$ 80 millones. Esa es la misma cifra que, según el Ministerio Público, las universidades del grupo traspasaron entre 2009 y 2012 a empresas de la red en el extranjero. Supuestamente, sin pagar impuestos y sin que haya una justificación detrás de esas transacciones que satisfaga a las autoridades. Es por eso que hoy el consorcio es investigado a petición de la fiscalía por el SII, por un posible delito tributario.

A pesar de las investigaciones que pesan sobre ella, toda esa estructura se ha modificado silenciosamente, una y otra vez, durante los tres últimos años. En 2010, por ejemplo, las empresas que controlaban la UNAB eran el Instituto Andrés Bello S.A. y Desarrollo de la Educación Superior S.A. Hoy, ninguna de las dos existe. Ambas desaparecieron en un proceso que se inició en 2011, al mismo tiempo que miles de chilenos salían a las calles a exigir a gritos educación superior gratuita, de calidad y sin fines de lucro. Para entonces, las autoridades fijaban su atención en las universidades del grupo por supuestamente haber infringido las reglas del juego y Laureate movía sus piezas para rediseñar por completo su estructura y sus inversiones en Chile.

CIPER revisó los pasos que dio Laureate desde que comenzó el proceso y descubrió que tras decenas de modificaciones, fusiones, absorciones, disoluciones, transformaciones, compras y ventas, el grupo ha terminado por concentrar casi todo el control de su red en Laureate Desarrollos Educacionales SpA, una sociedad sobre la cual hay muy pocos registros. Si se busca su nombre en Google, sólo aparecen las resoluciones a través de las cuales la Municipalidad de Vitacura le otorgó en 2013 su patente comercial y un documento en alemán donde aparece mencionada en una extensa lista con más de 6.500 empresas donde figuran al menos otras 33 filiales de la red Laureate radicadas en México, Honduras, Costa Rica, Alemania, Holanda, Estados Unidos, China, India y Emiratos Árabes. Aun así, esa sociedad es el centro de control en Chile de un negocio que, aunque muy rentable, hoy corre peligro. No sólo por ser protagonista de primera línea en las investigaciones que llevan adelante el Mineduc, el Ministerio Público y el SII, sino también por los graves castigos que le impuso la CNA, lo que se ha traducido en una disminución de la matrícula y un reducido acceso a los millones estatales del Crédito con Aval del Estado (CAE).

80 MILLONES DE IDA, 80 MILLONES DE VUELTA

Jorge Selume, uno de los controladores originales de la UNAB y presidente de la Región Andina del Grupo Laureate, declaró a fines de 2012 ante el fiscal Carlos Gajardo por la investigación sobre acreditaciones fraudulentas otorgadas por Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA, a distintas casas de estudio: “En 2003 entró el Grupo Laureate y salimos los ocho (controladores) que estábamos (…). Se transfirieron institutos profesionales, marcas, algunas propiedades y también el Instituto Profesional AIEP. El Grupo Laureate adquirió estos bienes en alrededor de US$ 80 millones y por lo tanto significó alrededor de US$ 10 millones para cada uno de los controladores. En todo caso, la adquisición no incluyó la mayor parte de las inmobiliarias, que siguieron en manos de algunos de los ex sostenedores”.

El monto al que se refirió Selume considera dos millonarias adquisiciones por parte del grupo internacional que desde 2000 es sostenedor de la UDLA. La primera fue en 2003, cuando el antecesor de Laureate Education Inc. (Sylvan Learning Systems, Inc.) y los entonces controladores de la UNAB firmaron un contrato para traspasarle al consorcio el 80% del control de la universidad y del instituto AIEP en US$ 62,8 millones. La segunda fue en 2009, cuando con una inversión de US$ 18 millones el grupo Laureate adquirió el control total de la UVM. Así fue que el grupo se convirtió en uno de los mayores conglomerados educacionales del país, con más de 135.000 alumnos en todo Chile. De ellos, al menos el 11% financia sus estudios con el CAE, convirtiendo a Laureate en el mayor receptor de esos dineros públicos. Según los datos de la Comisión Ingresa, para 2012 el 16,8% del total nacional de beneficiarios cursaba estudios en los establecimientos de Laureate, garantizándole ingresos por más de $21.538 millones.

El negocio resultaría altamente rentable. Entre 2009 y 2012, desde las arcas de esas tres universidades salieron millonarios fondos que fueron transferidos principalmente a Laureate Education Inc., la matriz del grupo en Estados Unidos, y a Laureate Trademark, BV, una de sus filiales en Holanda. Si se suman los traspasos, da por resultado cerca de US$ 80 millones que salieron del país. En otras palabras, en sólo esos cuatro años el Grupo Laureate recuperó el 100% de su inversión para adquirir la UNAB y la UVM.

Todos esos traspasos son ahora investigados por el SII a petición de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Ante la ausencia de una tipificación legal que les permita perseguir a las 12 universidades que indagan por “lucro” –entre ellas las tres del Grupo Laureate–, los persecutores decidieron jugar otra carta: investigar un posible delito tributario, ya que esos US$ 80 millones fueron a parar a sociedades extranjeras sin pagar impuestos, gracias a las franquicias de las entidades educacionales sin fines de lucro.

Los antecedentes financieros también están siendo investigados por el Mineduc. Según explicó en enero pasado el director de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Matko Koljatic, en entrevista con El Dínamo, la entidad encargada de certificar la calidad de las instituciones de Educación Superior remitió al ministerio toda la información sobre las transacciones que la UDLA y la UNAB realizaban a Laureate, las que representaban –en el caso de la UDLA– “más del 20% de los gastos de la universidad, lo que pone en riesgo la sustentabilidad del proyecto educativo”.

En todo caso, no todos los traspasos de dinero han salido del país. Según los estados financieros de las tres universidades, entre 2011 y 2012 a Laureate Chile II SpA se le transfirieron más de $4.257 millones por conceptos de “servicios operacionales” o “servicios administrativos”. Por el mismo motivo, Servicios Andinos SpA recibió cerca de $1.268 millones. Se suman también los $1.214 millones que fueron a parar a las cuentas de Indae Ltda., los más de $1.413 millones que se pagaron al Instituto Profesional AIEP S.A. (el instituto profesional que por ley sí puede tener fines de lucro) y los $532,7 millones que recibió Servicios Profesionales Andrés Bello S.A. Y por arriendos de los inmuebles donde operan algunas sedes de las tres universidades, Inmobiliaria Educacional SpA obtuvo una cifra que se alza por sobre los $34.430 millones. En total, las empresas chilenas del grupo recibieron en sólo dos años cerca de $43.115 millones (US$ 77,3 millones).

Al seguir las líneas de control detrás de cada una de esas empresas, el camino lleva directamente hacia Laureate Desarrollos Educacionales SpA. El nombre de esa sociedad no aparece mencionada ni una sola vez en los estados financieros de 2011 ni 2012 de la UNAB. Tampoco en los documentos contables de las otras dos universidades que pertenecen al Grupo Laureate: la UDLA y la UVM. Ni siquiera figura en la lista de empresas relacionadas que las instituciones de Educación Superior debieron informar al Ministerio de Educación (Mineduc). Sin embargo, en el período transcurrido desde que fue creada en octubre de 2011 con un capital de apenas un millón de pesos, se ha convertido en la pieza clave para la estructura de control que Laureate ha diseñado para administrar sus establecimientos en Chile y gestionar su lucrativo y millonario negocio.

LA RUTA PARA CONCENTRAR EL CONTROL

Para diciembre de 2013, Laureate Desarrollos Educacionales SpA era la única accionista, directa e indirectamente, de al menos ocho de las principales empresas del grupo Laureate. Entre ellas hay sociedades de inversión, firmas inmobiliarias y hasta un instituto profesional. Si se suma en una calculadora normal el capital que registran todas ellas, la cifra completa ni siquiera cabe en la pantalla: en total son más de $373.544 millones (cerca de US$ 670 millones).

El camino que emprendió el grupo internacional para concentrar en una sola sociedad el control de su estructura de negocios comenzó el 12 de octubre de 2011, cuando dos subsidiarias holandesas de la red educacional, Laureate International, BV y Laureate I, BV, modificaron las dos empresas que el grupo utilizaba desde 2003 para operar en Chile: Laureate Chile Ltda. e Inversiones Educacionales Ltda. El cambio consistió en aumentar su capital y convertirlas en sociedades por acciones, una figura que se repetiría con casi todas sus empresas relacionadas durante los años que vendrían. Al día siguiente, y con un capital inicial de tan sólo un millón de pesos, crearon Inversiones Educacionales Laureate SpA, la semilla de lo que sólo meses después se convertiría en la matriz del grupo tras cambiar su nombre a Laureate Desarrollos Educacionales SpA.

De forma paralela, y mientras el movimiento estudiantil ya se manifestaba a través de multitudinarias marchas por todo el país denunciando el lucro y a un sistema que no garantiza la calidad de la educación, las sociedades que ya operaban bajo la estructura de Laureate comenzaron gradual y silenciosamente a centralizarse. Para entonces, si se seguía la línea de control de las empresas que formaban parte de la red, se llegaba inevitablemente a dos sociedades matrices: Pvscam S.A. y Desarrollo del Conocimiento S.A. Aunque ambas eran representadas por Jorge Selume y Pablo Guerrero, era difícil dilucidar quiénes eran sus dueños. Las dos habían sido creadas en 2000 por los antiguos controladores de la UDLA, y desde 2006 que figuraban Selume y Guerrero representándolas en sus distintas modificaciones publicadas en el Diario Oficial. Pero ninguna de esas publicaciones decía quiénes eran los titulares de sus acciones. Algo que se transparentó ese mismo octubre de 2011.

Primero fue el turno de Pvscam S.A. Luego de absorber a otras cuatro sociedades, se convirtió en una sociedad por acciones cuyos únicos socios eran las compañías holandesas (a través de Laureate Chile SpA) y Desarrollo del Conocimiento S.A. Días después, esta última también absorbió a otra empresa que terminó por extinguirse para luego convertirse en una SpA controlada por Laureate Chile SpA e Inversiones Educacionales SpA, es decir, por sus únicas accionistas: las subsidiarias de la red educacional en Holanda. Con esos simples movimientos, Laureate se hizo del control indirecto y casi total de las empresas de su red en Chile.

Al convertir a sus principales empresas en sociedades por acciones, su manejo se convirtió en algo mucho más fácil: podrían concentrar la propiedad en un solo accionista y en el caso de requerir inversionistas externos, no necesitarían modificar los estatutos, sino tan sólo emitir más acciones. También podrían crear filiales, aumentar el capital sin la obligatoriedad del derecho de suscripción preferente y repartir utilidades sujetas a unidades de negocio o giros comerciales determinados. Lo que vendría después sería la trasformación de casi todas sus empresas a SpA junto a una serie de divisiones y fusiones que no sólo reducirían en sólo unos meses el número de firmas que forman parte de la estructura de negocios de Laureate en Chile, sino que además harían desaparecer a las sociedades que durante años actuaron como sostenedoras de las universidades.

Al finalizar 2011, Pvscam SpA y Desarrollo del Conocimiento SpA, las dos empresas que por años fueron las controladoras de la red, ya habían desaparecido, al igual que las dos sociedades que servían de vehículo a las empresas holandesas para operar en el país. En cambio, todo el control que alguna vez ostentaron estaba concentrado en una sola sociedad: Laureate Desarrollos Educacionales SpA. Con la estructura de propiedad del grupo en manos de una sola matriz, quedaba entonces otro paso: armar su estructura inmobiliaria, otro de los flancos abiertos del grupo internacional.

“RIESGO PARA EL PROYECTO EDUCATIVO”

Tras haber rechazado la acreditación de la UDLA, a comienzos de abril la CNA liberó el informe que elaboró en diciembre de 2013 para rebajar de cinco a cuatro años la acreditación de la UNAB. En el documento, los evaluadores critican duramente la estructura de propiedad que la UNAB ha erigido sobre su propia infraestructura, la que “representa algún grado de riesgo para el proyecto educativo”. Señalan que comparte inmuebles y equipamiento con otras instituciones de la red Laureate; que las propiedades son de inmobiliarias que pertenecen a terceros relacionados donde la universidad participa, pero no tiene control; y que el pago de arriendos impacta negativamente en el patrimonio legal de la universidad. El problema, según la CNA, es que con ese modelo se corre el riesgo de que su disponibilidad de uso y de mantención mayor pueda ser condicionada a factores ajenos al interés institucional y que por ello “se hace necesario extremar los mecanismos para transparentar los pagos por uso de recursos de infraestructura y servicios, así como garantizar la plena justificación de su validez”.

Desde la UNAB respondieron –dice el informe– que ese mecanismo de propiedad indirecta de infraestructura es “una forma de establecer un fondo fiduciario que garantice rentas futuras para el financiamiento institucional, porque los arriendos pagados son destinados en parte a financiar ese fondo”.

Lo que dice el informe es precisamente lo que los estudiantes de Derecho de la UNAB alegaban en su movilización. Tras la sesión del lunes 21 de abril con los parlamentarios, el paro fue depuesto, pero las demandas por mejoras en infraestructura comenzaron entonces a llegar desde distintas facultades hasta la rectoría de la universidad. Los alumnos no sólo piden soluciones a la falta de espacios comunes, de mantención a los edificios, de áreas de estudio e incluso de salas y sillas; sino también explicaciones por la investigación por lucro que pesa sobre esa y las otras casas de estudios controladas por Laureate. Consultado por La Tercera, el rector Uribe refutó las acusaciones y señaló que “los excedentes no van al bolsillo de nadie, sino que se reinvierten”.

-¿En qué se invierte? – le preguntó la periodista de La Tercera.
-Lo invertimos en crecimiento. El año pasado construimos la sede de Viña (US$ 80 millones), compramos una propiedad que arrendamos, que es la Casona de Las Condes. Hicimos un edificio en Los Leones, crecimos en Concepción (…) Nosotros tenemos que hacer una planificación, y ¿dónde puede haber lucro, si esta universidad también investiga?

Uribe no dijo nada respecto a los US$ 32 millones que la UNAB transfirió a sociedades en el extranjero sólo entre 2011 y 2012. Tampoco explica que el edificio ubicado en avenida Los Leones 745, en Providencia, no pertenece a la casa de estudios ni a ninguna empresa del Grupo Laureate: está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a nombre de Seguros de Vida Security Previsión S.A. desde enero de 2012, cuando lo compró a Inmobiliaria y Constructora Los Leones S.A. en $758,4 millones. Y no dice que no fue la universidad la que compró los inmuebles de la Casona de Las Condes. CIPER revisó los antecedentes de varios de los edificios que el consorcio utiliza en Santiago y descubrió que esa última compra –al igual que muchas otras– se hizo a través de Inmobiliaria Educacional SpA, una empresa clave en su estructura de negocios: aquella que recibe la mayor cantidad de fondos extraídos desde las instituciones educacionales de la red.

EL PODEROSO BRAZO INMOBILIARIO DE LAUREATE

De todas las empresas relacionadas al Grupo Laureate en Chile, la que ha recibido mayores sumas de dinero es Inmobiliaria Educacional SpA, una sociedad que nació en noviembre de 2010 con un capital de $501 millones para desarrollar e invertir en proyectos inmobiliarios con fines educacionales. Si se considera lo que la UNAB, la UDLA y la UVM indican en sus estados financieros de 2011 y 2012, a esa empresa se le transfirió el 48,6% del total de transacciones con empresas relacionadas de la red, casi todo por arriendo de edificios. Hoy, a poco más de tres años de su creación, es el principal brazo inmobiliario del grupo, posee a su nombre inmuebles avaluados en más de $64.064 millones y su fondo social ya supera los $195.880 millones.

Cuando la inmobiliaria surgió como una sociedad anónima a fines de 2010 tras la división de Campvs Mater S.A. –una de las sociedades que controlaban la UDLA y que desde 2000 pertenece en un 60% a Laureate–, ningún edificio estaba a su nombre. Para entonces, sus únicos socios eran Pvscam S.A. y Desarrollo del Conocimiento S.A. Al mes de existencia, el capital de la nueva inmobiliaria se multiplicó casi 180 veces y la empresa se convirtió en una sociedad por acciones. Y sólo semanas después, el 6 de enero de 2011, recibió “como aporte” de su empresa madre cuatro propiedades avaluadas en más de $3.730 millones. Se trataba de la sede de la UDLA ubicada en Manuel Montt 948 y los inmuebles de calle Linares 1350, 1380 y 1408, todos en Providencia y todos parte del patrimonio que Campvs Mater S.A. le asignó a Inmobiliaria Educacional SpA. Fueron los primeros edificios que pasaron a ser propiedad del Grupo Laureate. Los demás debía arrendarlos a terceros: las sociedades de los antiguos controladores.

Si el grupo internacional quería tener control sobre su infraestructura, tenía dos caminos: comprar los inmuebles o las sociedades que los controlaban.

Para noviembre de 2011, once de los edificios que funcionaban como sede para la UDLA, la UNAB o el instituto AIEP aún estaban inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a nombre de Inmobiliaria San Genaro Tres S.A., una empresa cuya propiedad es algo difusa. Nació el 15 de noviembre de 2011 producto de la división de Inmobiliaria e Inversiones San Genaro S.A. Lo extraño es que esta última sociedad no existía oficialmente al momento en que se dividió: había sido disuelta dos meses antes, luego de que el 100% de sus acciones se concentrara en manos de Inmobiliaria Educacional SpA. Sea como sea, lo cierto es que la vida de Inmobiliaria San Genaro Tres S.A. fue muy corta. El 28 de noviembre de ese mismo año, menos de 15 días después de haber sido creada y haber heredado los 11 edificios, sus directores –Selume, Guerrero y José Pedro Undurraga (hasta comienzos de abril rector de la UDLA)– aprobaron su disolución luego de que la sociedad fuera absorbida por Inmobiliaria Educacional SpA, la que se apropió de sus inmuebles avaluados en más de $24.886 millones.

Al mes siguiente, Inmobiliaria Educacional SpA cambió dos veces de RUT. La primera fue el 1 de diciembre, cuando fue absorbida por Desarrollo del Conocimiento SpA, la que adoptó su nombre después de la fusión. La segunda fue el 15 de diciembre, cuando Laureate Chile SpA adquirió a su vez el 100% de sus acciones, eliminándola, pero manteniendo su razón social. Para entonces, la nueva Inmobiliaria Educacional SpA ya era dueña de gran parte de los inmuebles donde funcionan los establecimientos educacionales del Grupo Laureate.

Las tres universidades del conglomerado señalan en sus estados financieros que al 31 de diciembre de 2012 tenían participación accionaria en la sociedad inmobiliaria. La UNAB poseía el 48,6% de sus acciones, mientras que la UDLA el 23,1% y la UVM el 1%. También participaban el instituto profesional AIEP (4,6%) y la Universidad de Las Américas Ecuador (6,6%). Todos ellos son titulares de acciones de serie A, las que según se indica en los mismos estados financieros, les “otorgan derechos preferentes y de liquidación que le garantizan una rentabilidad mínima de 4,5% sobre el capital aportado en unidades de fomento, con lo que esta inversión se constituye en un fondo patrimonial (endowment fund)”. El 16,2% restante son de clase B y están todas en manos de Laureate. Por lo tanto, todas ellas compartían el dominio de los inmuebles que albergan a las sedes de los establecimientos educacionales del grupo, aunque no de todos.

Al comenzar 2013, ocho edificios que funcionan como sede de algún establecimiento de Laureate aún estaban en manos de IAB Inmobiliaria S.A., la empresa a través de la cual un grupo de antiguos dueños de la UNAB –encabezados por Alejandro Pérez y Luis Cordero- controla hoy la Universidad San Sebastián (USS), también investigada por lucro (ver investigación de CIPER sobre el negocio en la USS: parte I, parte II, parte III y parte IV). Entre ellos se encontraban los más importantes y valiosos: las propiedades ubicadas en Camino La Posada 13.455 y 13.251 y que forman parte del campus Casona de Las Condes de la UNAB. Ambas fueron compradas en 2009 al Banco Estado por la inmobiliaria de Alejandro Pérez, Mauricio Ruiz y Andrés Navarro –los tres integrantes del grupo que vendió la UNAB a Laureate en 2003– con una inversión total de $14.257 millones. Una cifra que parece pequeña si se compara con lo que recibieron una vez que vendieron esos inmuebles.

EL MILLONARIO NEGOCIO DE LOS HOMBRES DE LA USS

Al buscar en los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el nombre de IAB Inmobiliaria S.A. aparece detrás de 14 inscripciones de propiedades adquiridas entre 2003 y 2013. Salvo un par que fusionó y que hoy arrienda a la Universidad UCINF en Avenida Pedro de Valdivia y otras dos que vendió y que actualmente albergan al Teatro San Ginés, en el barrio Bellavista, todas están vinculadas con las entidades del Grupo Laureate. Están, por ejemplo, la sede del instituto AIEP ubicada en la esquina de Ejército con Alameda o la que está en la intersección de Eliodoro Yáñez con José Manuel Infante. Hoy tan solo la mitad de los inmuebles que alguna vez fueron suyos sigue en su poder. Los demás han sido vendidos en un proceso que culminó en diciembre de 2013 con millonarias ganancias para el grupo de controladores de la USS y donde el huevo de oro fueron las propiedades del campus de la UNAB en Las Condes.

Campus Casona de las Condes - UNAB

El éxito del negocio de Pérez y Navarro puede resumirse en sólo dos cifras: inversión para comprar v/s precio de venta. Para adquirir los 14 inmuebles, IAB Inmobiliaria S.A. debió invertir poco más de $19.556 millones en diez años. Luego de comenzar a vender en 2008, se desprendió de siete, registrando ingresos por sobre los $36.625 millones. Lo llamativo es que el 96,8% de ese monto se constituyó con lo que la inmobiliaria del Grupo Laureate pagó por los inmuebles de la Casona de Las Condes.

Durante 2013, IAB Inmobiliaria S.A. también sufrió modificaciones. En julio de ese año se dividió en dos, dando origen a IAB Dos SpA, una sociedad que partió con un capital pequeño, de poco más de un millón de pesos, pero con un patrimonio millonario: se le asignaron los dos inmuebles de Camino La Posada. Tres meses después, la nueva propietaria se extinguió cuando fue absorbida por Pretium SpA, una empresa creada poco antes por Ruiz, Pérez y la sociedad Las Tacas Corp S.A. Los inmuebles, avaluados entonces en más de $27.006 millones, quedaron en su poder. Luego, el 6 de diciembre de 2013, Pretium SpA e Inmobiliaria Educacional SpA firmaron la escritura para traspasar las propiedades al Grupo Laureate a cambio de $35.467 millones. De esa forma los hombres de la USS se desprendieron de los vínculos con las universidades de la red internacional, aunque le siguen arrendando infraestructura a su instituto profesional (AIEP).

IAB Inmobiliaria S.A. sigue siendo dueña de las dos sedes del instituto AIEP mencionadas anteriormente. Otra de sus sedes, ubicada en calle Ejército entre los números 71 y 77, fue vendida a Inversiones El Ceibo S.A. –una sociedad de Alejandro Pérez– en octubre de 2013 en $729 millones.

Vea además:
- Los niños dados por muertos que el cura Gerardo Joannon entregó para adopción
- Sacerdote Gerardo Joannon y las adopciones irregulares: “Yo les hacía el contacto a las familias con el doctor”
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Fueron cinco horas de espera. Largas e interminables para María del Carmen García. Absorta del ruido que inundaba esa mañana las ajetreadas oficinas del Registro Civil en Las Condes, sólo pensaba en conseguir ese documento que podía abrirle una puerta a la verdad. A esa verdad tan esquiva y guardada en secreto por años. Había viajado desde Antofagasta el día anterior y no regresaría sin ese papel.

Por fin, después de muchas preguntas, el funcionario le pasó su partida original de nacimiento. La única prueba oficial donde ella encontraría fechas, nombres de padres biológicos, lugar, hora de nacimiento, y el nombre del médico o matrona que atendieron el parto. Todo ese cúmulo de datos estaba escrito de puño y letra. María del Carmen lo leyó como si se tratara de un viejo tesoro. Y tenía razón, porque allí descubrió una cruda revelación: había sido adoptada ilegalmente. La inscribieron como hija biológica de sus padres adoptivos, con datos adulterados y certificados por el médico ginecólogo que atendió el parto. Era la prueba que necesitaba para al fin poder iniciar, con una base cierta,  la búsqueda de su mamá biológica:

María del Carmen García

-Cuando terminé de leer mi partida de nacimiento, me sentí al fin con una herramienta muy poderosa en mis manos. Pude ver por primera vez datos objetivos. Ya no eran conjeturas. Por fin había una verdad oficial y todo empezaba a cuadrar en mi cabeza. Yo necesitaba esa información porque mi felicidad no está completa sin ella. Si resucité, en cierta forma volví a nacer con el amor de mis padres, necesito saber por qué morí al amor de mis padres biológicos –relató a CIPER.

María del Carmen García cumplió en marzo 40 años. Recién a los 34 se enteró que era adoptada. Fue a través de Internet, en una conversación con un primo. Lo que vino en adelante fueron años de muchas preguntas, incertidumbres y silencios sobre un proceso de adopción ilegal que ha estado cubierto por una nebulosa al interior de su familia. Su padre ya no está y su mamá la acompaña como puede en la búsqueda.

También ella sabe hoy que su historia no es la única. Se repite en otras decenas de casos, niños nacidos entre los años sesenta y ochenta, adoptados bajo un manto de silencio que recién ahora empieza a ser develado a trazos.

Inmediatamente después del primer reportaje que publicó CIPER el 11 de abril, sobre adopciones irregulares y niños dados por muertos para ser entregados en adopción (ver reportaje), se inició una cadena de correos, todos ellos escritos por hombres y mujeres que, al igual que María del Carmen, quisieron compartir con nosotros sus sobrecogedoras historias de búsqueda. Después de publicar el testimonio de Matías Troncoso (ver entrevista), los correos aumentaron hasta sobrepasar la cincuentena: madres cuyos hijos fueron entregados bajo engaño en adopción e hijos que necesitan saber quién es su madre biológica.

Investigamos sus historias y en muchas de ellas se repiten como copiados con calco algunos patrones de comportamiento: niños dados en adopción –voluntaria o involuntariamente- por madres solteras; varios médicos ginecólogos y matronas que hacen puente con familias que no podían tener hijos; y clínicas particulares que facilitaron la entrega irregular de los recién nacidos. Una trama perfecta para cobijar el secreto de los “hijos del silencio”, como los denominó uno de ellos.

Hasta ahora, las adopciones ilegales parecían circunscritas a los hospitales públicos, afectando principalmente a personas en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, los casos investigados por CIPER dan cuenta de otro sistema: una práctica ilegal realizada entre familias de sectores más acomodados, donde se privilegiaron los contactos para unir destinos entre mujeres que temían la sanción social por el embarazo adolescente y aquellas que no habían podido tener hijos. Las adopciones se realizaban en la más completa reserva, al punto que muchos de los hijos se enteraron de la verdad hace unos pocos años.

Por estos días, los une un cordón umbilical invisible, pero poderoso: quieren saber quién los trajo al mundo. No quieren vivir más en la mentira. Algunos de ellos formaron una página web (nosbuscamos.cl), un registro con más ganas que recursos, destinado a tender puentes entre padres biológicos e hijos.

“NO NACÍ EN CASA DE MI ABUELA”

Con su partida de nacimiento en la mano, María del Carmen se siente un paso más cerca de saber quién es su madre biológica. El ginecólogo que certifica el nacimiento y que atendió el parto, está vivo. Ella sabe que hoy goza de esa gran ventaja respecto de otras historias, donde los médicos que gestionaron las adopciones –como el doctor Gustavo Monckeberg- ya fallecieron. En su caso, los hijos del médico que figura en su certificado se comprometieron a ayudarla. Ella está a la espera de ese encuentro. Por lo mismo, nos pide que, por ahora, mantengamos en reserva la identidad del médico.

Su inscripción de nacimiento registra el Nº 856 de 1974, en Las Condes, y la misma fecha en que ella nació, como se lo informaron sus padres adoptivos: 21 de marzo de 1974. Pero a partir de ahí los datos son falsos. El certificado dice que nació en la calle Oviedo 824, en Santiago, a las 21 horas. “Esa dirección corresponde a la que era la casa de mi abuela (adoptiva), y yo no nací en ese lugar, obviamente”, dice María del Carmen. Un renglón más abajo, la partida de nacimiento consigna los nombres de sus padres adoptivos como biológicos. No hay ninguna constancia de quién fue su verdadera madre biológica y tampoco de la adopción. El certificado lleva al final la firma de un ginecólogo. Pero los datos son falsos.

-Por eso apelo a los familiares del ginecólogo, para que me ayuden a saber. Yo sé que el doctor se acuerda perfectamente de mi caso, porque años después de que me entregaron a mis padres, él atendió a mi mamá (adoptiva). Ella le preguntó si sería posible conseguir otro niño en adopción y él le respondió que conseguir una guagua de buena cuna otra vez era imposible -relata María del Carmen.

A través de sus primos y tíos ha logrado reconstruir parceladamente una historia que para todos era conocida, menos para ella, que se enteró de su condición de hija adoptada a los 34 años. Su mamá le ha contado que fueron once años de matrimonio buscando sin éxito el anhelado embarazo. A través de unos amigos, ellos hicieron el contacto con el médico y su matrona, Matilde Klein, hoy fallecida. Un nombre que se repite en más historias, pero asociado a otros médicos.

Los amigos de sus padres –que luego fueron sus padrinos- conocían a otras familias que habían gestionado adopciones de manera muy rápida. Fueron ellos quienes los animaron a intentar esa misma vía para lograr al fin tener una hija. María del Carmen dice que el relato que logró reconstruir, indica que pocos meses después de que iniciaran el contacto, su madrina llamó por teléfono a sus padres:

-Les dijo que yo había nacido y que debían ir de inmediato a su casa porque una enfermera se había hecho cargo de mí y que me llevaría a esa casa para entregarme… Mi mamá me asegura que no recuerda el nombre de esa enfermera…

María del Carmen García

Corría marzo de 1974. María del Carmen tenía apenas tres días de vida. Casi de inmediato su padre la fue a inscribir en el Registro Civil de Las Condes. Sin mediar trámite de adopción, fue inscrita como hija biológica. Como ocurre en la mayoría de los casos investigados por CIPER, en ese momento se pierde el rastro de la madre biológica. Eso es precisamente lo que hace aún más engorrosa la búsqueda para estos hijos. Para efectos legales, la madre biológica nunca dio a luz. A partir de la inscripción oficial, se borró también el rastro de la clínica donde nació.

-Lo único que pudo averiguar mi mamá es que yo era hija de una joven de aproximadamente 18 años. Que ese embarazo fue una vergüenza para su familia, muy acomodada y que residía en Temuco, y que para ocultar ese embarazo la trajeron a Santiago a vivir durante ese tiempo con su abuela. Habría sido su abuela quien gestionó, junto a la matrona Matilde Klein y el doctor, la entrega de su guagua –yo- a mis padres.

Hoy, María del Carmen está convencida de que es momento de romper el pacto de silencio que ha comprometido a personas e instituciones para garantizar los secretos de familia:

-Esto no es sólo un tema de derechos, es darle valor a otro ser humano que reclama saber la verdad. Nadie puede arrogarse la facultad de quedarse con una verdad que le pertenece a otro. Incluso los padres adoptivos tienen el deber de decir la verdad, no pueden darse la vuelta y seguir así no más, porque tienen responsabilidades con sus hijos -afirma convencida.

Hace unos años, María del Carmen consiguió contactar al médico que firmó su certificado de parto. Fue después de que ella ubicara a uno de sus hijos relatándole su historia y pidiéndole ayuda. No logró un encuentro personal, pero él médico finalmente le escribió un correo electrónico muy breve en el que le aseguró que tenía “una casuística de muchísimos pacientes y que no tenia registro de lo que yo le contaba, o más bien de lo que su hijo le había relatado”.

Ella no se da por vencida. Espera con renovada fuerza, que esta vez pueda mirarlo a la cara para hacerle la pregunta que cala profundo en su historia. María del Carmen confía en que ahora sí la puerta de la memoria no se cierre para ella.

“EL DOCTOR MONCKEBERG LES ENTREGÓ LA GUAGUA”

Casi sin excepción, las historias que conocimos de hijos que buscan a sus padres tienen como común denominador un certificado de parto que le entregaron a los padres adoptivos al momento de recibir al nuevo hijo. Este documento es requisito para respaldar la inscripción de cualquier recién nacido ante el Registro Civil. En estos casos, el médico que lo firma es quien, a su vez, gestionó la entrega en adopción del recién nacido, pasando por alto los caminos legales de un proceso de esta naturaleza.

Francisco, cuyas verdaderas iniciales son F.M.C., nació el 18 de julio de 1966, en la Clínica Carolina Freire, en ese entonces ubicada en San Pablo con Maturana, en el centro de Santiago. Hoy, ese edificio no existe. Tampoco la clínica: se vendió ya en dos oportunidades y cambió de nombre. En esos engorrosos procesos de venta, desaparecieron también los archivos con los antecedentes clínicos de los pacientes. Eso es al menos lo que han informado a algunos de esos hijos que buscan a sus madres, las empresas continuadoras de la clínica. Una forma de cerrar violentamente la puerta a quienes se han acercado a pedir antecedentes sobre la identidad de su madre biológica.

Dr. Gustavo Monckeberg Barros

El parto de Francisco se adelantó unos días. Por eso, su llegada al mundo fue tan sorpresiva como el llamado que recibió su padrino para que fueran a buscarlo a la clínica. Como sus padres adoptivos vivían fuera de Santiago, no los contactaron directamente y llamaron al que se convertiría en su padrino. Tres meses antes de ese 20 de julio de 1966, sus padres se habían reunido con el doctor Gustavo Monckeberg –médico de su mamá- para preguntarle si los podía ayudar a adoptar un hijo.

Francisco ha logrado rearmar su historia tardíamente. A los 22 años su mamá le confirmó que era adoptado. Con el transcurso de los años, ella le ha ido entregando más información que para él ha sido relevante. Sin embargo, respecto de su madre biológica, los datos son esquivos. Sobre ella no ha escuchado más que generalidades:

- El doctor Monckeberg le dijo a mis papás que conocía a una joven que muy pronto iba a dar en adopción a su hijo, porque no podía quedarse con su guagua. Les preguntó si les parecía esa opción o preferían otra. Y mi mamá, sin dudarlo, respondió que sí.

Francisco había nacido hacía dos días y estaba en la incubadora cuando sus padres fueron a buscarlo. Fue el propio doctor Monckeberg quien lo entregó a sus padres adoptivos. “Mi mamá me cuenta que el doctor les pidió que rezaran por esa madre que me había entregado, porque seguramente lo estaría pasando muy mal. Y les recomendó como pediatra a su hermano Fernando Monckeberg, especialista en nutrición”.

No hubo más recomendaciones ni trámites. Francisco dice que sus padres sólo recibieron un certificado de parto que lleva como fecha de nacimiento el 18 de julio de 1966. Como padres biológicos lleva inscrito los nombres de sus padres adoptivos. Nuevamente se repite el mismo modelo para burlar el sistema legal de adopciones.

Cuando años más tarde él supo que era adoptado, su mamá intentó ayudarlo en la búsqueda, contactando al doctor Monckeberg. Francisco recuerda:

-El doctor Gustavo Monckeberg  le pidió tres días para averiguar sobre su historia y luego le respondió que no había nada. Que mejor se olvidara del asunto.

Hace tres años pidió ayuda al Sename para rastrear más antecedentes acerca de su madre biológica. Recurrió al sistema “Búsqueda de Origen”. La respuesta oficial le confirmó a Francisco que no existe posibilidad de seguir el rastro, porque legalmente figura como hijo biológico de sus padres adoptivos.

“ME INSCRIBIERON CINCO AÑOS DESPUÉS”

El Sename sí reparó en un detalle. La libreta de familia registra que Francisco fue inscrito en el Registro Civil con fecha 20 de octubre de 1966, es decir, tres meses después de haber sido entregado a sus padres. En la carta que recibió se lee: “Esa situación no es usual tratándose de un hijo biológico, pues la inscripción se realiza a los dos o tres días de nacido”. Francisco no sabe la razón, tampoco su madre.  Y con su padre sólo hablaron una vez sobre su adopción. No hubo más.

Lo único que sabe hoy Francisco es que, si sus padres adoptivos tenían un certificado de parto, que les entregó el mismo doctor Gustavo Monckeberg, firmado por él, no había entonces obstáculo para que lo inscribieran inmediatamente en el Registro Civil. Así se legalizaba la inscripción sin despertar sospecha alguna. Eso es en las apariencias, porque podría haber existido otra razón para dilatar el trámite. Si fue así, eso permanece en el secreto familiar.

La inscripción tardía no es un antecedente exclusivo de la historia de Francisco. En esta saga de adopciones irregulares, hay hijos que reportaron a CIPER haber sido inscritos hasta cinco años más tarde de la fecha en que fueron entregados a sus padres adoptivos. La primera historia que conocimos fue la de Matías Troncoso (ver entrevista). Pero había más.

Rodrigo González vive en Coquimbo. Su búsqueda ha sido tan reciente como solitaria. Recién en 2012, a los 30 años, se enteró que era hijo adoptivo. La versión que le contó su madre es que fue adoptado en Temuco, donde vivía su familia en ese entonces, y que lo recibieron en una institución que acoge niños abandonados. No hubo más información. Su padre hasta hoy se rehúsa a hablar del tema. Cuando Rodrigo llegó a su familia, tenía un mes y medio. Y al igual que en otros casos que han surgido en estos días, cuando quiso buscar el rastro de sus padres biológicos y recurrió al Sename, no encontró nada. No hay un solo registro de su proceso de adopción. Tampoco ha podido obtener su partida de nacimiento, que supuestamente está en el Registro Civil de Copiapó. El único dato que tiene de su memoria histórica está en su cédula de identidad: nació en 1982 y recién fue inscrito en 1987, cinco años más tarde.

A diferencia de otras historias de hijos adoptados, en la de Rodrigo los recuerdos son difusos y las explicaciones escasas.

La jueza del 4º Juzgado de Familia de Santiago, Luz María Barceló, explicó a CIPER que existen plazos definidos en la ley del Registro Civil para las inscripciones de recién nacidos. El certificado de parto, que extiende el médico respectivo, tiene una duración no superior a seis meses (antes expiraba al año), para ser presentado ante las oficinas del Registro Civil. Si por alguna razón no hubiese acta del parto, la ley contempla la posibilidad de que se presenten testigos que acrediten el nacimiento. Una instancia que se pensó para facilitar la inscripción de niños nacidos en lugares apartados, o que nacían en casas.

-La ley es hoy más estricta, porque obliga a que sea el tribunal quien ordene al Registro Civil la inscripción, si se logra acreditar y justificar las razones para el retraso o la no existencia de un certificado de parto. No está pensada para inscribir tardíamente a un niño que además, no fue adoptado por los conductos legales sino que se le hizo pasar por hijo biológico –dice la jueza Barceló

“LAS GUAGUAS MONCKEBERG”

Francisco, Constanza del Río y Mauricio Fratte no se conocen. Nacieron en décadas diferentes y, sin embargo, sus vidas están conectadas por demasiadas similitudes. Todos fueron adoptados gracias a la gestión del doctor Gustavo Monckeberg y su equipo médico. Y también, todos ellos fueron inscritos como hijos biológicos de sus padres adoptivos. Ahora, al mismo tiempo pero por vías distintas, los tres buscan saber y, en lo posible, conocer a sus madres. Constanza ha dado algunos pasos más en su búsqueda. Dejó una muestra de ADN en un banco mundial “por si alguien ingresa información que sea compatible con la mía”, cuenta con ojos brillosos.

Constanza Del Río

Constanza Del Río Moreno nació el 10 de febrero de 1973, hace 41 años. Es lo que supone, porque ese día la entregaron a sus padres adoptivos. La verdad es que no sabe si esa es su verdadera fecha de nacimiento. Un hecho que puede parecer trivial pero que cada cumpleaños le recuerda que hay una información clave que falta en su historia.

Sus padres adoptivos vivían entonces en Iquique. Según se enteró muchos años más tarde, un hombre, al que ellos no identifican, les avisó que viajaran a Santiago a buscar a su hija a la Clínica Carolina Freire, donde el doctor Gustavo Monckeberg era director.

-Todo lo que sé es que, como mis padres ya no podían tener hijos, la madre de mi papá empezó a preguntar y a buscar cómo se podía adoptar. A través de uno de sus sobrinos, el ginecólogo Alberto Pardo, quien trabajaba con el doctor Monckeberg, habrían encontrado una guagua que podía ser adoptada por ellos –cuenta Constanza.

Hasta ahí, se mantiene el patrón más o menos similar a otras adopciones irregulares. La gran diferencia está en el modo en cómo se concretó la entrega de Constanza a sus padres adoptivos. Su madre (adoptiva) ingresó a la Clínica Carolina Freire en Santiago, con un supuesto cuadro de apendicitis. Horas antes, su mamá biológica había dado a luz a Constanza. No se sabe si en esa misma clínica o en otra. En horas posteriores, salió de la clínica como si acabara de dar a luz, con su hija recién nacida en los brazos.

-Nadie me ha podido responder en qué condiciones y con qué papeles salí de la clínica. Sólo sé que a mi mamá le entregaron un tubo con una muestra de mi sangre, y le dijeron que la llevara al laboratorio de la Clínica Santa María. Dejaron la muestra y nunca más supieron qué pasó con ese trámite -recuerda Constanza.

La inscripción de Constanza se hizo en el Registro Civil de Olmué, gracias a la intermediación de unos parientes de su mamá. “Fue un trámite con ayuda, llevaron dos testigos, porque no había certificado de parto ni de nada”, dice. Viajó a Olmué y hoy tiene en su poder la partida de nacimiento original, el único documento oficial que podría arrojar más luces sobre quiénes participaron en el parto, qué datos fidedignos figuran y cuáles se adulteraron.

Todo ha avanzado de un modo vertiginoso para Constanza. Hace sólo tres años, cuando cumplió 38, se enteró que no era hija biológica de sus padres, al igual que la mayoría de los niños adoptados investigados en estos días por CIPER. Constanza decidió entonces interpelar a sus padres adoptivos, a quienes adora, a que le contaran todo lo que sabían para conocer la verdad. Una semana más tarde, le contaron su historia. Desde entonces, no ha descansado ni un día en la búsqueda de su madre biológica, acompañada siempre por su marido.

- Solo sé, por lo que me han contado, que mi madre biológica era de Viña del Mar. Una adolescente de clase alta. Que la decisión de entregar a su guagua en adopción fue idea de su abuela, y que mi abuela paterna adoptiva habría conocido a la abuela de esa joven viñamarina embarazada -relata Constanza.

Puntada tras puntada, pero sin cortar nunca el hilo, Constanza ha ido introduciéndose con mucha dificultad en esos espacios de su historia que se mantuvieron ocultos por 38 años. Por estos días está empeñada en conseguir que la clínica le entregue más datos sobre el momento del parto. Obtener algún resultado no será fácil. La Clínica Carolina Freire ya no existe y su continuadora, ahora Clínica Nueva Cordillera, dice no tener registros ni archivos antiguos. Portazo tras portazo. Pero Constanza no está dispuesta a darse por vencida.

En este punto, la jueza de familia Luz María Barceló aclara un antecedente poco alentador para la búsqueda: “La ley de adopciones contempla un mecanismo formal para que los hijos adoptivos puedan buscar en sus orígenes, solicitando la información necesaria a las instituciones. Los antecedentes basales están en el Registro Civil, y a través de un tribunal los pueden solicitar. Sin embargo, aquí estamos frente a adopciones ilegales. Por lo tanto, no se pueden usar las herramientas legales para ayudarlos a reclamar información”.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

Mauricio Fratte cumple 51 años en agosto. También lo entregaron en adopción sin pasar por los tribunales. Eso ocurrió en 1963, lo que significa que esta es una práctica que se mantuvo a lo menos por veinte años, y más, con los mismos parámetros descritos.

Mauricio Fratte

Su historia tiene más lagunas que otras, porque cuando se enteró que era hijo adoptivo, su mamá ya estaba muy enferma y su papá había muerto en un accidente. No alcanzó a formularles las preguntas que hasta hoy dan vueltas en su cabeza. A través de sus tías, pudo averiguar que lo trajeron a su casa dos días después de haber nacido.

-Mi papá llegó conmigo en brazos y fue una total sorpresa, porque él no había contado nada en la casa. Tampoco dejó que le preguntaran nada. Entiendo que incluso ni mi mamá sabía que yo llegaría… Pero ella me vio y le cambió su vida –cuenta Mauricio.

Recién hace unos años, Mauricio tuvo acceso a su acta de su nacimiento. Asegura que está firmada por el doctor Gustavo Monckeberg, y aunque no recuerda el nombre de la clínica que figura en el documento, sí sabe que su papá lo recibió en el mismo establecimiento hospitalario donde atendía el médico. Una vez más se repite el modelo: sus padres adoptivos figuran en el acta como padres biológicos.

“LLAMARON DOS VECES A MI MAMÁ, BUSCÁNDOME”

En esta cadena de adopciones ilegales, irrumpe un nuevo nombre, Mario Rey Mella, médico ginecólogo que participó directamente en la entrega de María Paz, el 2 de agosto de 1970. Supuestamente ella nació en la Clínica Carolina Freire, pero no tiene certeza. Es una de sus dudas que aún no tienen respuesta.

En la búsqueda de los antecedentes que le permitan a María Paz encontrar la verdad sobre sus padres biológicos, un hecho cierto le aparece: sus padres adoptivos la fueron a buscar a la Clínica Carolina Freire, cuyo nombre se repite una y otra vez en las adopciones irregulares. Sin embargo, cuando María Paz al fin tuvo en sus manos su partida de nacimiento original (ver documento), allí se dice que el parto tuvo lugar en Alameda 130, que en ese entonces correspondía al Hospital San Borja. El mismo establecimiento donde trabajaba el doctor Mario Rey Mella, quien certifica los antecedentes de su nacimiento. Al igual que en los casos anteriores, en el certificado los padres adoptivos figuran como sus padres biológicos.

-El doctor Mario Rey atendía a mi madre adoptiva. Como ella llevaba diez años sin poder quedar embarazada, el médico les ofreció a mis padres la posibilidad de adoptar más rápido y sin tanto trámite. Ellos aceptaron y así fue como llegaron a la Clínica Carolina Freire. Ellos me contaron que al llegar a la clínica, había al menos cinco cunitas con recién nacidos. Alguien les dijo que podían elegir su guagua. Yo le apreté el dedo a mi papá y, en ese momento, él sintió que yo era su hija. Así me eligieron… -cuenta emocionada María Paz.

Según le contaron años después sus padres adoptivos a María Paz, fue el doctor Rey Mella quien les sugirió cambiar la dirección del nacimiento y fijarla en el Hospital San Borja. La explicación que les dio tenía lógica para el procedimiento irregular de adopción: ese edificio lo iban a demoler y así desaparecerían los registros.

De la mamá biológica de María Paz no quedó rastro. Su búsqueda comenzó recién en 2011, cuando nació su primera hija. Fue en ese momento que su papá le reveló una verdad brutal:

-Mi mamá, hoy fallecida, guardó silencio durante años, hasta que un día le confesó a mi papá que alguien de mi familia biológica la había llamado dos veces por teléfono… Preguntaban por mí… No sé exactamente quién, pero fueron dos llamados los que recibió mi madre: uno en 1975 y el otro en 1990. Ella se molestó mucho y les pidió que no me buscaran más… -recuerda consternada María Paz.

Con ese gran secreto su mamá vivió hasta el año 2000, cuando le confesó a su marido lo sucedido. Pero María Paz no se enteró sino hasta once años más tarde. En ese momento, su padre la animó a buscar a su mamá biológica. “Sentí que él me daba el permiso y tuve la tranquilidad para hacerlo”, dice.

Con su partida de nacimiento del Registro Civil y la certeza del relato y el apoyo de su padre, María Paz intentó contactar al médico Mario Rey, a través de su hijo, también médico. Se ilusionó con la idea de que quizás él podría aportar alguna pista para llegar hasta esa mujer que también la buscaba. No tuvo suerte. El doctor Rey vive en el sur y a sus 88 años su respuesta fue lapidaria: le dijo que no recordaba nada. “Es muy frustrante, yo tengo derecho a conocer esa verdad y me lo están negando”, sentencia María Paz.

En Chile, el proceso de adopciones y la ley que las regula han ido mutando en el tiempo. Lo que no cambia es que siempre, y sin excepción, deben ser visados y calificados por un tribunal. No existen ante la ley vías rápidas para obtener un hijo en adopción.

-El único organismo autorizado para entregar niños en adopción es el Sename y las instituciones acreditadas por nosotros, que existen desde larga data. Por lo tanto, no hay excusa para estas adopciones ilegales como los casos que investigó CIPER -asegura la directora de ese organismo, Mariela Labraña.

A las decenas de hijos adoptivos que hoy buscan a sus madres biológicas, las explicaciones legales les aportan poco. Porque todos ellos saben que aún así ellos fueron entregados en adopción de manera irregular. Un método que, en lo fundamental, al borrar los registros verdaderos, les arrebató la posibilidad de encontrar a sus madres biológicas. Tampoco quieren condenar ni sancionar a nadie. Menos a sus padres adoptivos, a quienes agradecen todo el amor recibido. No hay resentimiento y menos rencor por el pasado. Lo que sí saben todos ellos es que esta vez están decididos a golpear todas las puertas y abrir todas las ventanas para llegar al final de la búsqueda.

-Seguramente lo que llevó a mi madre a entregarme, tiene detrás una historia de mucho dolor. Es posible que cuando yo sepa quién es mi mamá biológica, decida tomar el camino de regreso; o bien, puede ocurrir también que sea ella quien no quiera conocerme. Es muy válido y lo acepto -reflexiona María del Carmen.

Muy poco se sabe del pasado del reelecto diputado Rosauro Martínez Labbé (RN), quien aparece como figura protagónica en una de las historias de la dictadura jamás contadas por sus testigos. El entonces capitán de la Compañía de Comandos Nº 8 del Regimiento “Llancahue” de Valdivia fue, según una investigación basada en los testimonios de cinco soldados conscriptos de esa fuerza especial del Ejército, documentos judiciales y entrevistas con sobrevivientes, quien comandó en los alrededores de Neltume una masacre publicitada como un gran triunfo militar en 1981: el aniquilamiento de un destacamento de guerrilleros del MIR que había creado un temerario foco de resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet.

Foto tomada por el entonces capitán Rosauro Martínez durante la "Operación Machete" en Neltume.

Rosauro Martínez (63 años), quien acaba de ser reelegido para su sexto período parlamentario, ha negado toda responsabilidad en los hechos, pero los testimonios recogidos en esta investigación entregan detalles hasta ahora desconocidos de su rol clave en la masacre de Neltume. Todo ocurrió en 1981, once años después de que Martínez ingresara al Ejército, cuyas filas abandonó en 1987 con el grado de mayor. Poco después, era premiado por Pinochet al designarlo alcalde de Chillán, la ciudad que hoy representa en el Congreso, cargo que mantuvo hasta 1992, año en que se realizaron las primeras elecciones municipales luego de recuperada la democracia.

Memorial en honor a las víctimas de Neltume

La hoja de vida del mayor (r) Rosauro Martínez entre 1973 y 1987 es un misterio. Lo que sí se sabe con certeza es que la mayor parte del tiempo que sirvió en el Ejército lo hizo en los servicios secretos. Lo que aprendió en su paso por la Escuela de Las Américas, centro de entrenamiento antisubversivo estadounidense en Panamá, lo utilizó a cabalidad no sólo en la masacre de Neltume. CIPER escuchó un testimonio que da cuenta de su rol también protagónico en uno de los grupos más secretos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en los años 80.

Los misterios también han rodeado la masacre de Neltume. Oficialmente cobró 11 víctimas, pero los testimonios recogidos en esta investigación dan cuenta de otros muertos, los que habrían sido campesinos de la zona. A medida que se entrevistan testigos, el número de cadáveres vistos por los soldados no coincide con las listas oficiales. Es necesario entonces que la justicia despeje la identidad de esos muertos que nadie quiso ni pudo denunciar en esa zona cordillerana de extrema pobreza.

LA REFORMA AGRARIA EN EL ORIGEN

El Movimiento Campesino Revolucionario, brazo rural del MIR, tuvo un rol protagónico en el proceso de toma de fundos madereros en la zona de Neltume (a unos 900 kilómetros de Santiago), durante el gobierno de Salvador Allende. Entre diciembre de 1968 y septiembre de 1973 un grupo de militantes de la Universidad Austral de Valdivia hizo un trabajo que logró sumar a los campesinos y trabajadores del Complejo Forestal Panguipulli (con más de 360 mil hectáreas en la zona) al proceso de expropiación que propició la Reforma Agraria. Entre esos trabajadores uno se ganó la fama: Comandante Pepe lo llamaron. Su nombre era Gregorio José Liendo Vera y fue fusilado en octubre del ’73, junto a otros 11 dirigentes de los 22 fundos expropiados a sus dueños por el gobierno de la Unidad Popular, en el polígono de tiro del Regimiento Llancahue, tras un Consejo de Guerra.

Ocho años más tarde, en ese mismo regimiento, unas cuatro hectáreas rodeadas de un pantano al que en la zona llaman Hualve, el entonces oficial de Ejército Rosauro Martinez Labbé entrenó a los conscriptos que integrarían la base de la Operación Contraguerrilla Machete, nombre que recibió la expedición en busca del grupo mirista.

La rebelión de Neltume -liderada por el Comandante Pepe- mereció especial dedicación de los militares y empresarios madereros y agrícolas que llegaron al poder con Pinochet. No hubo tregua en esa zona para la represión política. Quienes participaron en la Reforma Agraria, o fueron asesinados o pasaron por la tortura y la cárcel o lograron partir al exilio. Algunos de sus líderes más jóvenes lograron escapar a distintas ciudades de Europa, en Holanda, Suecia y Francia. Allí estaban en 1978 cuando fueron convocados por la dirección del MIR a una reunión en Praga donde se les notificó que serían protagonistas de la Operación Retorno.

Inspirados en la guerra de Vietnam, los miristas intentaron levantar un foco guerrillero en Neltume.

Esa decisión de la cúpula del MIR formaba parte de otras estrategias, diseñadas tanto en la Unión Soviética como en Cuba y que propiciaban la creación de zonas revolucionarias en América Latina. En Chile, Miguel Enríquez, el líder del MIR asesinado en 1974, impulsó un Movimiento de Resistencia Popular que debía sumar a los distintos partidos y movimientos de izquierda y hasta el progresismo de la Democracia Cristiana. La idea –explica el doctor en historia Robinson Silva en su libro Resistentes y clandestinos, la violencia política del MIR en la dictadura profunda (1978-1972)- era que ese movimiento fuera capaz de “conectar la vanguardia con las masas”, para “crear así un ejército revolucionario que enfrentara  la dictadura”.

Parte medular de la Operación Retorno era el aterrizaje clandestino de un grupo selecto de militantes del MIR en Nahuelbuta; mientras otros se instalarían en otras ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción. A pesar de la convicción que se desprende de los documentos elaborados por la dirección del MIR para el retorno a Neltume, el destino de la misión sería muy distinto.

ELEGIDOS PARA UNA CACERÍA

Los soldados que fueron entrevistados para esta investigación son hoy hombres de 52 años. Nacieron casi todos en 1961. Ese fue el grupo generacional que el entonces teniente Mario De Toro Gallardo llegó a seleccionar al gimnasio fiscal de La Unión, en marzo de 1981: hijos de familias campesinas de los alrededores de Paillaco, Río Bueno y Puerto Nuevo. El año anterior, en esa zona no había habido reclutamiento. Por eso, la mayoría de los conscriptos tenía 19 años. En el gimnasio de esa ciudad tranquila de unos 45 mil habitantes y casas de madera, se los hizo desnudar y correr ante la mirada atenta de los oficiales que fueron seleccionando a los más fuertes. Uno de ellos, lo llamaremos el conscripto E, recordó en el living de su casa los ojos verdes e intensos del teniente De Toro:

-Yo tenía en esa época unos lindos mostachos. El teniente me miró y me dijo: “Tú te vas a ir con nosotros y allá yo te voy a cortar esos bigotes”.

La promesa sutil del teniente De Toro fue una suave introducción a lo que a partir de ese momento vivirían los conscriptos escogidos:

-De entrada conocimos lo que era estar activo todo el tiempo. Un minuto tranquilo, sin hacer algo, cualquier cosa, y llegaba el palmazo. Porque pestañeabas en la guardia, porque no hacías lo que se esperaba, porque demorabas, porque estaba mal puesto el uniforme, por cualquier cosita venían los castigos –cuenta uno de los ex conscriptos.

Los relatos se repiten con las mismas palabras y hasta con los mismos tonos e inflexiones. Hablan parecido, lo hacen en sus casas, en una leñera, en un patio o arriba de un auto. Muchos de ellos rechazaron tajantes hablar de la historia que no olvidan. Pero algunos optaron por recordar. Todos piden que sus nombres no se escriban. Eran 130 y quieren fundirse en ese número, a pesar de que todos los nombres les quedaron grabados: los de sus instructores, los de los militares que los torturaron, de los que los condujeron en la montaña y los que mataron a los guerrilleros.

Todos esos nombres van saliendo de sus bocas. Y entre todos ellos se repiten los de Arturo Sanhueza Ros (más conocido en la CNI como El Huiro, condenado y procesado por varios asesinatos, ver detalle de sus condenas), Mario de Toro Gallardo, Iván Fuentes Sotomayor, Claudio Peppi Oneto (integrante de la DINA desde sus inicios), Sergio Aguilera, Hilario Nahuelpán Huayquimil, José Miguel Basaúl, Julio Arellano Garamund y Eduardo Inostroza. Y todos vieron en la montaña la sombra del conductor de la Operación Machete, que luego dio paso a la Operación Pilmayquén: Rosauro Martinez Labbé, el capitán.

-La experiencia de nosotros quedó por años en silencio. Nadie más habló de lo que pasó. Yo traté de buscar material de los instructores que teníamos en ese tiempo. No hay nada. Traté de buscar en los documentos al teniente Mario de Toro Gallardo. No sale nada. Al único que encontré es al actual diputado por Chillán que fue nuestro capitán: Rosauro Martínez Labbé –cuenta uno de los ex conscriptos.

Rosauro Martínez

Este ex conscripto es hijo de un sindicalista. Ha sido un guía honesto y cuidadoso para contactar a sus compañeros de la Compañía de Comandos, amortiguando el recelo que se les ha pegado a la piel. Los conoce a casi todos. Se han ido intercambiando miradas y palabras durante estos años en funerales y también en bodas y bautizos. Se han encontrado en las esquinas de Osorno o Valdivia, en buses y en las iglesias evangélicas de las que muchos se hicieron fieles después de haber abandonado el alcohol en el que algunos cayeron cuando dejaron la conscripción. Esta búsqueda de la memoria de los soldados de Neltume comenzó hace ya tres años, cuando este cronista comenzó la investigación para un libro, aún en proceso, que intenta reconstruir los hechos.

ELEGIDOS PARA MORIR

Los guerrilleros del MIR eran sobre todo jóvenes. Cinco de ellos habían sido obreros madereros en el Complejo Panguipulli y más tarde partieron al exilio. René Bravo (25 años), Julio Riffo (30), Próspero Guzmán (27) y Juan Ojeda (27), vivieron en Holanda; José Monsalve (27), en Canadá; Raúl Obregón (31), en Suecia; Pedro Yáñez (31), había nacido en Constitución y venía de Francia.

Dos de los hombres enviados a Chile vía Neuquén (Argentina) para instalarse en la montaña -Luis Quinchalí (38) y José Campos (30)- eran de Temuco. Quinchalí, vino de Holanda y Campos, de Noruega. Ambos fueron detenidos por gendarmes argentinos. De la lista de once miristas muertos en Neltume, son los únicos que no cayeron bajo la metralla del destacamento comandado por Rosauro Martínez. Sus compañeros creen que fueron entregados a militares chilenos. Aún están desaparecidos.

Patricio Calfuquir (28) era originario de Pitrufquén  y Miguel Cabrera (30), jefe de todo el grupo, de Temuco. Cabrera, más conocido como Paine, había vivido dos años en una ciudad holandesa cercana a Utrech.

El grupo partió desde París hacia Cuba en marzo del ‘79, en varias tandas.  Allí se entrenaron con las técnicas vietnamitas para guerrilla rural. Fueron 25, la mayoría hombres, aunque hubo algunas pocas mujeres en lo que muy pronto se llamó Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro. Allí forjaron el temple y aprendieron, entre otras cosas, a cavar refugios en la tierra: los “tatús”. La historia está contada en clave épica por algunos de los sobrevivientes en un libro de buena prosa: Guerrilla en Neltume. Una historia de lucha y resistencia en el sur chileno. Lo editó Lom. Y lo firma el Comité Memoria Neltume.

Algunos sobrevivientes no suscriben todo lo que el libro cuenta. Entre otros, Elsa, la única mujer que estuvo durante meses en la montaña y que bajó del campamento antes de que irrumpieran los militares de media docena de divisiones armados para la guerra. Las diferencias y matices con la historia que se ha contado están relacionadas con la responsabilidad de los jefes miristas que orquestaron la Operación Retorno. Y con el escaso apoyo material, político y humano que tuvieron los que se aventuraron en Neltume.

Dos datos se repiten en los testimonios de los escasos sobrevivientes: nunca se les permitió armarse y tampoco se los dejó tomar contacto con los campesinos de la zona. Las dos instrucciones perentorias fueron a la postre clave en la derrota y sirven para comprender el nivel de debilidad con el que los guerrilleros se enfrentaron al Ejército.

En febrero de 2007, el jefe de la que fuera la comisión militar del MIR, Hernán Aguiló, hizo un mea culpa en La Nación Domingo, en el que reconoce que la arriesgada apuesta militar de crear un foco guerrillero en Neltume tuvo gravísimos costos humanos para cientos de combatientes idealistas. “Fue un acto de voluntarismo de todos nosotros plantear que el MIR no debía asilarse. Y Miguel Enríquez vanguardizó ese proceso”, dijo Aguiló. El mayor error cometido, afirmó, fue “organizar el apoyo logístico en forma de fachada sin inserción en la masas. Los errores fueron de tal magnitud que a veces la base social de apoyo era el familiar de un detenido desaparecido. Éste es el caso de Neltume”.

El dirigente del MIR Miguel Enriquez

Cuando el sábado 27 de junio de 1981 una patrulla de la Compañía de Comando Nº8 del Regimiento Llancahue, enviada por Rosauro Martínez Labbé, los descubrió cerca del Lago Quilmo, los 12 miristas que se encontraban en el campamento no tuvieron más que correr en bandada hacia las quilas alrededor de las carpas, y escapar a punta y codo. Solo Miguel Cabrera, y su segundo, Raúl Obregón, sabían que los fusiles FAL y las municiones –escasas como la comida– estaban en uno de los siete tatús que lograron construir a un día de marcha rápida, en otro rincón de la fría, nevada y arisca montaña.

UN MUERTO EN BUSCA DE IDENTIDAD

Al inicio de esta investigación, parecía improbable que ese hombre muerto de un tiro en la cabeza, al que los jefes exhibían a fines de junio del ’81 cuando los soldados iban llegando a la montaña, hubiera existido. Porque los militares demoraron 63 días hasta lograr atrapar el 29 de agosto a dos de los miristas: René Bravo y Julio Riffo, y sólo el 13 de septiembre acribillaron al primer guerrillero. Durante ese lapso los militares acosaron a los pobladores de la zona y los torturaron para que revelaran el paradero de los buscados: creían que el grupo del MIR había hecho contacto con ellos y se sostenían arriba enmontañados gracias a la ayuda de éstos. Es probable entonces que ese muerto exhibido por los jefes a los conscriptos haya sido un campesino al que nadie nunca reclamó y que, por esa misma razón, no figura ni en las nóminas de víctimas del Informe Rettig ni en las listas de detenidos desparecidos.

Al cabo de las entrevistas con cinco soldados, nos asiste la certeza de que ese muerto no coincide con ninguno de la lista de miristas abatidos en esa operación. Todos lo vieron. Verlo era el bautismo para comenzar la acción del Operativo Machete. A medida que se cotejan los testimonios de los soldados, surgen nuevas víctimas. Al contar los caídos, sobran muertos.

El ex conscripto A tiene una memoria poderosa: guarda detalles que sorprenden a sus dos compañeros, a quienes llamaremos B y C. Sentado a la mesa en la casa de uno de ellos, en Paillaco, recuerda la Casa Hilton, o Rancho Hilton, como llamaron a la base de operaciones que se instaló en la montaña, en Remeco Alto, entre Neltume y Liquiñe. Allí también estaba el río en cuyas frías aguas los obligaban a bañarse en pleno invierno para mantener la moral alta. Justamente ahí estaba apostado un día el ex conscripto A, haciendo guardia con otro soldado, entre las tres y las cuatro de la tarde:

-Lloviznaba, hacia mucho frío, y a la distancia vimos que traían a la rastra a un hombre, atado de las manos o el cuello a un caballo negro. Lo amarraron a un árbol. Venía ya herido, mordido por un perro. Solo me recuerdo su rostro de dolor y la voz de mando con la que le ordenaban al perro pastor alemán que lo atacara.

Portada de El Rebelde alusiva al intento guerrillero de Neltume.

El relato de A coincide con el de otros dos conscriptos que en distintos momentos vieron al campesino que era interrogado mientras era mordido por el perro. Otro soldado lo vio llegar al regimiento en Valdivia. Allí habría muerto.  “El perro era de la CNI de Valdivia, le decían Casán”, dice el ex conscripto, quien de inmediato lanza el humor campesino: “Nos reíamos de ese perro: en las patrullas quedaba pataleando en el aire, colgando de las quilas, ya que las cortábamos con el machete más alto que la altura de sus patas”.

Mientras el Ejército torturaba campesinos tratando de conseguir datos para ubicar a los doce miristas que escaparon el 27 de junio, los guerrilleros, divididos en un grupo al mando de Miguel Cabrera y el otro al mando de Patricio Calfuquir, escapaban con un solo objetivo: llegar a los fusiles y la poca comida que guardaban en dos tatús acondicionados durante ese año que llevaban en la montaña.

Las primeras exploraciones del destacamento guerrillero fueron en febrero de 1980, y los primeros campamentos se instalaron en julio de ese año. En agosto llegó un contingente y, finalmente, en octubre se enmontañó Cabrera, el Paine.

Los problemas habían ido en aumento sobre todo por la dificultad para aprovisionarse de alimentos: a medida que se internaban en la cordillera, la comida quedaba más atrás. El estómago de los guerrilleros comenzó a achicarse. También el grosor de sus cuerpos. El gasto de energías para moverse por esas montañas era superior al que habían consumido en el campamento cercano a La Habana donde se entrenaron con calor cubano. Pero ninguna privación vivida por ellos antes pudo darles la idea del frío y el hambre que llegarían a sufrir cuando fueron descubiertos por los militares y en tan solo un segundo perdieron el abrigo, los pertrechos, los mapas y todos los alimentos.

Treinta y dos años más tarde, los ex conscriptos reunidos en Paillaco también hablan de comida al recordar el entrenamiento en la Compañía de Comandos. El primer mes conocieron ellos también un hambre espantosa, además del carácter de cada instructor y su peso específico al pegar con la palma abierta, con la culata del fusil o con el puño. El día que recibieron visita por primera vez los advirtieron: apenas podían tocar la comida que sus madres les habían preparado. Ninguno hizo caso. Los 130 se dieron una bacanal de empanadas, de chancho, de patos y pollos de sus propios gallineros, de calzones rotos, de mote con huesillos, de leches asadas, de torta de milhojas. Cuando sus madres se fueron y volvieron a las barracas, escucharon el grito de los tenientes al mando de Rosauro Martínez. Cuerpo a tierra. Punta y codo. Abdominales. Cien. Fuerzas de brazo. Saltos de rana. Cien. Hasta que cada uno de los conscriptos no hubo vomitado todo lo que había comido, no pararon. Los instructores de Rosauro eran tipos duros, formados como él en las técnicas estadounidenses con que se formaron los soldados que habían ido a perder a Vietman. Y repetían el método.

El ex conscripto A suele soñar con un campesino al que le tocó vigilar mientras lo torturaban:

-Un día nos encontramos a un campesino en el sector norte de Remeco Alto, para el lado del Lago Quilmo. Venía a caballo con un quintal de harina en el lomo. Lo tomamos prisionero con el teniente Claudio Peppi Onetto. Se le ordenó bajar del caballo y cuando se le pidió la identidad, uno de los apellidos concordaba con uno de los que buscaban. Lo llevamos a Remeco, a una zona donde hay galpones. Le pasaron una pala y le ordenaron que empezara a cavar, que si no hablaba y decía donde estaban los otros, ahí mismo lo iban a enterrar. Él no decía nada. No sabía nada. Era un campesino no más. Cavaba y lloraba en silencio. Nos obligaron a darle mantequilla de maní, que venía en las raciones NA del Ejército (insumos estadounidenses), y galletas de agua. Debía comer la mezcla y tragar rápido, y entre su llanto y comer, se le gastaba la saliva y se ahogaba. Al hombrecito al final se lo llevaron y ya no supimos lo que pasó con el.

EL FRIO QUE AMPUTA

Faltaban días y noches de frío y hambre para el final. Las muertes se sucederían sin pausa después del 29 de agosto. Dos mil hombres entrenados para la guerra –la Compañía de Comando de Martínez Labbé, los de la Unidad Anti Terrorista (UAT) conducida por el capitán Conrado García (procesado por tres de los homicidios de Neltume), los del Regimiento Cazadores, los del Maturana, los de la Brigada Azul de la CNI (creada especialmente para eliminar al MIR)– no habían podido a lo largo de 63 días ni siquiera herir a uno de los doce guerrilleros. La montaña se los había tragado.

Si los guerrilleros no hubieran persistido en su aventura, si no hubieran creído que aún deshechos y debilitados como estaban podrían conseguir ayuda de sus jefes en Santiago para resistir, habrían podido volver caminando a la Argentina, o se hubieran ido desplazando de a poco hacia “el llano”, como le dicen allá arriba a la tierra menos escarpada que desciende hacia Panguipulli, Temuco y Valdivia.

Perdidos en dos patrullas, los del Toqui Lautaro se lograron reunir finalmente en uno de los refugios 42 días después de que los descubrieran. Habían podido hacerse de los fusiles que Paine guardaba en un tatú, pero en las reservas había apenas un par de kilos de arroz, una bolsa de porotos y algo de leche en polvo. Comieron durante semanas una especie de sopa en la que a cada uno le tocaban diez porotos. Y luego, como postre, una cucharadita de azúcar. El hambre los adelgazó hasta los huesos y les quitó las defensas; se enfermaron. El frío gangrenó un pie de Pedro Yáñez hasta que hubo que amputárselo con una cortaplumas. A varios los comenzó a devorar el “pie de trinchera”: una infección que viene con las bajas temperaturas y ataca los dedos. En la bota de Yáñez, que supuraba a cada paso, los demás veían su propio destino. Todos los sobrevivientes coinciden: ni en el más doloroso de los momentos hubo quejas.

A fines de agosto se decidieron: cinco de ellos debían bajar a buscar ayuda. Se dividieron en dos grupos: tres por un lado, y Riffo y Bravo por otro. Mientras el trío logró sortear los pueblos y llegar a Temuco, los otros dos avanzaron sin problemas hasta Huellalhue, un paraje antes de Lanco. El hambre los empujó hacia el enemigo. Pidieron comida en una casa de campo. Los lugareños los ayudaron. Les recomendaron un rincón cercano para descansar. También les avisaron a los carabineros. Sólo tenían una pistola con un cargador. No llegaron a usarla. Detenidos fueron llevados a Lanco y luego a Valdivia. Dos soldados aseguran haberlos visto allí, porque debieron custodiarlos cuando los encerraron en unas piezas. Después, vieron cuando se los llevaron en un helicóptero.

Museo de Neltume.

–Nadie duda de que fueron trasladados por la CNI a Santiago para ser torturados. Es casi lo único de lo que no tenemos pruebas. Pero un mirista que fue luego interrogado por los mismos torturadores contó que a él le decían que había hablado muy pronto, no como sus compañeros de Neltume a los que tuvieron que darles duro muchos días hasta que los quebraron –cuenta una fuente que conoce bien la trama de esta historia.

No es necesario detallar la crueldad de los interrogatorios de la CNI. Los jóvenes Riffo y Bravo conocieron todos los matices del dolor. Y en esas condiciones fueron llevados de regreso a Neltume para guiar los pasos de los que buscaban a sus compañeros que allá esperaban por ayuda. Los militares sabían que sin tortura no había chance de llegar al resto. El fracaso de su acción militar masiva era impresentable ante el alto mando del Ejército. A tal punto la detención de Bravo y Riffo cambió las cosas, que la Operación Contraguerrillera Machete terminó el 29 de agosto. Y entonces comenzó la Operación Pilmayquén.

LA CNI EN LA CACERÍA

En la causa que investiga Emma Díaz, la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Valdivia (Rol 1675-2003), se acumulan los testimonios de algunos militares que participaron del operativo. Al menos tres admiten lo mismo que asegura el conscripto E, sólo que omiten datos:

–Nos llevaron a unas cabañas de las Termas de Liquiñe. Ahí estábamos una patrulla de la Compañía de Comandos –al mando de Mosquetón (Rosauro Martínez)– con la CNI. Y ahí tenían a dos hombres jóvenes. A esos dos cabros los sacaban a buscar a sus compañeros a la montaña –contó a CIPER el ex conscripto E.

A ese testimonio se suma el del ex conscripto D, entrevistado en La Unión hace dos años: “En septiembre, a los dos los tuvieron varios días caminando por la montaña para que se encontraran con sus compañeros guerrilleros. A uno lo ataban con un lazo a la cintura y lo largaban varios metros adelante. Así fue como terminó encontrando a los otros y uno de ellos salió muerto”.

Lo que vino es uno de los pasajes más difíciles de reconstituir de esta historia. El 13 de septiembre uno de los jóvenes en manos de Mosquetón y la CNI no pudo evitar el encuentro con sus compañeros, los mismos que habían decidido varias semanas antes que ellos dos y otro grupo de tres partirían hacia el llano a buscar ayuda. Los que quedaban en la montaña, desesperados por el hambre y la enfermedad, esperaban la ayuda de la dirección del MIR. El joven guerrillero silbó el canto de un pájaro austral tal como estaba acordado. Los demás le salieron al encuentro. Y la balacera comenzó. Los fusiles y las ametralladoras del Ejército dispararon. Los del MIR eran dos: respondieron, pero sobre todo intentaron escapar. La superioridad de fuerza de los militares era total. Aún así la emboscada no fue exitosa: sólo le dieron a uno. Allí mataron a Raúl Obregón Torres.

El resto del destacamento mirista siguió avanzando. Pedro Yáñez Palacios ya no quiso seguir: la amputación no le había frenado la infección. Bajo el tronco de un árbol que hacía de escondite, se quedó con un fusil FAL y un cargador. Pasó allí varios días. Al final desvariaba de dolor. Lo escuchó una patrulla que conducía el teniente Mario de Toro Gallardo. El ex conscripto E, el mismo que conoció desde el inicio el rigor de Toro Gallardo, cuenta que fue ese teniente el que casi lo seccionó con su ametralladora. Con Yáñez, ya eran dos los abatidos.

De Toro es otro de los jefes militares que, como a Rosauro Martínez, los soldados no han podido olvidar. No solo por esa ráfaga que casi partió en dos el cuerpo ya desmembrado de Yáñez. Casado con una ex reina de Valdivia, su porte imponente, su pelo rubio y sus grandes ojos verdes que miraban fijo al frente, impactaban menos que las cicatrices que exhibía en sus manos y que hasta hoy causan escalofríos en los ex conscriptos. Un accidente en moto, uno de sus hobby favoritos, estaba en el origen y no las ocultaba. Sabía el efecto que causaba con sus grandes manos en los soldados a quienes comandaba, como también sus exuberantes bíceps.

–Parecía un actor de cine. Esa fue la impresión que nos dejó cuando nos vino a reclutar a La Unión. Era impresionante verlo dar órdenes ese primer día que nos recibió en el gimnasio. Mi última imagen de él es dando ordenes en una de las últimas semanas que estuve en la cordillera. Fue en un campamento cerca de Choshuenco. Era bien loco pero debo decir que al soldado lo miraba con cierta humanidad. Era loco, como Bruce Willis en Duro de matar… –dice otro de los ex conscriptos.

ROSAURO Y EL BAQUEANO

Cuando Pedro Yáñez fue asesinado, el capitán Rosauro Martínez seguía todo el desarrollo de la operación desde la casa del baqueano que los guiaba por la montaña: Juan de Dios Peña, un hombre ya mayor al que los militares le decían Tata. Entrevistado por María José Flores, profesora de Historia de la Universidad de Los Lagos, autora de una tesis de lo ocurrido en Neltume, su hijo, Israel Enrique Peña Patiño, recordó al entonces joven Rosauro Martínez:

–El capitán Martínez era el que mandaba. Por el hecho de que mi papá trabajara con ellos había una protección especial sobre nosotros, nos cuidaban en la noche.

Israel Peña estaba en primero básico y sabe que era primavera porque los incidentes fueron después de la última nevada de ese año. Martínez pasaba mucho tiempo en su casa a la espera de que sus hombres dieran con los guerrilleros. En agradecimiento, el propio Martínez visitó al Tata Peña un año después y le llevó de regalo una fotografía en la que se ve al baqueano rodeado de soldados marchar por la montaña. Así recuerda ese momento: “El capitán se encargó de tomar la foto y de regalársela a mi papá.  Le dijo: ‘Tata, aquí le traigo un recuerdo para que nunca se olvide de su trabajo en Neltume’”.

En esa visita, Martínez le ofreció al baqueano una casa amoblada, una jubilación y estudio para su hijo, el niño al que le había enseñado a leer. Pero Juan de Dios Peña no quiso. “No aceptó, porque ser guía tampoco fue algo que él hizo de buena voluntad, sino que fue ‘voluntariamente obligado’, como mi papá solía decir”, relató su hijo.

Durante seis periodos Rosauro Martínez ha sido diputado por RN.

Israel Peña también recuerda que en septiembre del ‘81, cuando algunas nevadas todavía blanqueaban la cima de la montaña, su padre llegó a la casa y contó que habían matado a tres en Remeco, en la casa de doña Floridema Jaramillo. La mujer era la madrina de José Eugenio Monsalve Sandoval. José, nacido en Neltume, escapaba del cerco militar junto a Patricio Calfuquir Henríquez y Próspero del Carmen Guzmán Torres. Los empujaba la inanición. Calfuquir tenía los pies infectados, volaba de fiebre. Acorralados, decidieron quebrar con el mandato de las jefaturas del MIR: no tomar contacto con lugareños. Doña “Flora” había visto crecer a José, era su madrina, la comadre de su mamá: tenía que ayudarlo. Les abrió la puerta, les hizo sopaipillas y hasta le prestó la cama al enfermo. Pero muerta de miedo –dijo luego–, hizo lo que el capitán Martínez le pidió a todos los campesinos: avisar si veían a los buscados. Mandó a su hijo, Juan Carlos, de 15 años, a alertar a los carabineros. Los pacos pasaron a avisarle al capitán Martínez, quien fue el primero en llegar a la casa.

En la causa en la que los abogados Magdalena Garcés y Vladimir Riesco pidieron el desafuero del diputado Rosauro Martínez, es clave esta escena ocurrida hace 32 años. Los querellantes son las familias de los tres jóvenes miristas: acusan al diputado por homicidio calificado agravado por premeditación y alevosía. Las pruebas, según los abogados, dejan claro que Martínez Labbé encabezó una operación comando no para detener a los miristas, sino para asesinarlos. Lo que hizo con una “superioridad de fuerzas abrumadora”. Y que, como era imposible que las víctimas se defendieran con algún éxito, se “actuó sobre seguro”. De hecho, en esa operación ningún militar o soldado resultó rasguñado por un tiro de FAL mirista. Las únicas bajas fueron un conscripto muerto por una ráfaga que se le escapó a un oficial, y un sargento que se suicidó.

Uno de los testigos que inculpa a Martínez Labbé es el sargento de Carabineros Alfonso Rosas, jefe del Destacamento Neltume. En su declaración cuenta que cuando llegó a la casa de la madrina de José, el capitán habló con Flora. La mujer le informó que los guerrilleros estaban durmiendo. Martínez ordenó cercar el lugar. Alfonso Rosas se quedó en la parte de atrás de la casa. Martínez la rodeó por el cerro para apostarse en el frente. Y allí se quedaron, a la espera de más de 30 hombres de la Compañía de Comandos Llancahue. Entonces atacaron.

En La Unión viven dos conscriptos que participaron de esa operación. Cuando los contactamos, se negaron a hablar. Pero la memoria tiene otros dueños. Los conscriptos entrevistados por CIPER recuerdan: “A Martínez Labbé no solamente lo vieron que mandaba, él también disparó. Todos se acuerdan clarito, porque cuando quiso disparar su ametralladora, se le trabó. Entonces, la tiró a un lado y le quitó la que llevaba el soldado que andaba con él, Inostroza, y salió la balacera”, relata el ex conscripto B.

Inostroza existe. Se llama Eduardo Alberto Inostroza Reyes y era cabo 1º de la Compañía de Comandos. En su declaración judicial, el cabo deja caer: “De la casa salió un joven que fue impactado por alguno de la patrulla de llegada. Por una ventana salió otro que logró escapar aunque le dispararon al parecer en la espalda”. Inostroza da cuenta así del final de Calfuquir, que muere habiendo gastado el cargador de su FAL. La autopsia indicó cráneo estallado. La de Próspero Guzmán, el joven que salió por el frontis de la casa, indica que recibió 28 balazos de subametralladora y su cráneo también deshecho.

El ahijado de Flora, José Monsalve, escapó herido por la montaña hasta que ya no pudo avanzar más. Quedó tirado en una quebrada. La declaración de Inostroza coincide con la de Juan Carlos, el joven que corrió a avisarles a los carabineros de la presencia de los guerrilleros. Juan Carlos declaró lo que el capitán Rosauro Martínez le dijo a su madre: “Señora, le vamos a destruir su casa, pero se la vamos a devolver”. Inmediatamente después, “el capitán dio la orden de fuego”. Juan Carlos también recordó cómo murió José Monsalve, a quien vio arrastrarse herido hasta la quebrada:

–Los militares le dispararon y lo mataron ahí mismo, a una distancia de cinco metros más o menos. Él estaba enrollado bajo unos coligües y no tenía el fusil en sus manos pues éste estaba a unos cinco metros al lado de una mata de chilcos. No le dijeron que se rindiera porque la persona estaba enrollada debajo de los coligües, herido, como escondido, y no disparó contra los militares.

EL CUARTEL DE LAS TERMAS DE LIQUIÑE

El ex conscripto D también tiene pesadillas en la montaña. Con la marca de los años en el rostro y en la memoria, acepta contar la historia sentado en su auto. La larga de un tirón. Es como si hubiera estado allí esperando a que alguien le preguntara: “El jefe nos dijo: soldados, es feo matarse entre chilenos, pero hay que hacerlo porque estos tipos no pueden quedar vivos”. La frase fue lanzada el 21 de septiembre del ‘81. Eran los últimos muertos de una semana que había comenzado el 13 con la de Raúl Obregón en la emboscada; y continuó con la masacre en la casa de Flora Jaramillo. Durante varios días el soldado D y al menos tres militares que declararon ante la justicia, vieron a Julio Riffo y René Bravo cautivos de los hombres de Rosauro Martínez y de la CNI: dormían en las cabañas de las Termas de Liquiñe, usadas como campamento militar. Los detenidos eran conducidos, dice el soldado, por Arturo Sanhuesa Ros, uno de los tenientes de Martínez Labbé.

–¿Dónde los vio?
–A esos tres los anduvieron trayendo por toda la montaña. Los llevaban para arriba, había un caminito, como una huella, y ahí los echaban correr p’ allá con un lazo de 20 metros, buscando a sus amigos. Les pedían que buscaran a sus amigos para que hagan contacto.

-¿Quién era el jefe?
-Sanhueza. El teniente Sanhueza Ros.

Pasaron 32 años. La vida después de la Operación Pilmaiquén continuó también para los militares. Rosauro Martínez ha sido quien ha tenido más éxito, al punto de ser un honorable diputado en los últimos veinte años. Mario de Toro Gallardo siguió ascendiendo en el Ejército sin ser interpelado. En 2002 aún se encontraba allí como comandante del Regimiento Cazadores (Regimiento de Caballería Blindada Nº2). Sanhueza Ros fue premiado por su actuación en la montaña con un ascenso y siguió su camino en la CNI. Se convirtió en El Huiro, jefe de la Brigada Azul de la CNI, cuya tarea principal era eliminar al MIR. Fue procesado como uno de los asesinos del periodista de la revista Análisis, José Carrasco Tapia y por los crímenes de la Operación Albania, entre otros.

El ex conscripto D recuerda el frío de ese septiembre de 1981. La nieve que lo cubría todo en ese paraje cercano a Liquiñe. Estaba junto a otros dos conscriptos de la Compañía de Comandos al mando de Martínez Labbé, cuando llegó una camioneta Toyota de la que bajaron a tres hombres. “Nosotros conversamos con uno de ellos y le preguntamos por qué andaba cojeando. Nos dijo que tenía congelamiento en los pies, en el dedo gordo… pero ese dedo ya había desaparecido. Eran tres los prisioneros, dos eran guerrilleros y el tercero era un campesino que decía y repetía que él les había dado remedios no más”.

Todo indica que los dos guerrilleros eran Riffo y Bravo. Pero no hay ninguna pista, ningún indicio sobre la identidad del tercer hombre, el campesino. Es otro muerto que sobra. Un muerto que no figura en ninguna lista de víctimas de la dictadura.

-¿En qué lugar los fusilaron?
-Ahí, en Liquiñe, como cinco kilómetros p’ atrás. Fue ahí en un acantilado. Es un camino precordillerano, una huella no más. A ellos los bajaron de la Toyota grande con su cruz al hombro. Fue igual que en esas películas en las que se ve a Jesucristo caminando al calvario. Tal cual. Eran unas cruces de guaye, las que les amarraron al cuerpo con alambre. Se las amarraron de acá (señala la muñeca de un lado y hace el gesto de amarrar en la otra muñeca).

“Es feo matarse entre chilenos. ¡Ustedes no han visto nada!”, les dijo el jefe de la operación, el oficial Molina de la CNI. Los conscriptos escucharon los disparos y entonces, les tocó el trabajo de enterrarlos. “Ahí los sacamos de la cruz y los envolvimos en polietileno. Yo tenía mucho miedo”.

-¿A qué le tenía miedo?
-¡A qué va a ser p’oh!: ¡A los muertos! Tuvimos que esperar a que los vinieran a buscar. Día y noche tuvimos que estar con ellos muertos. Los tuvieron enterrados en la nieve ahí una semana antes de que se los llevaran en un helicóptero.

Nota:  Colaboró en esta investigación, Daniela Belmar

La semilla de uno de los sueños más importantes de la Universidad de Chile se plantó el 28 de febrero de 1994. Sólo 11 días antes de que terminara el mandato del ex presidente Patricio Aylwin se hizo el anuncio. El Ministerio de Bienes Nacionales le hizo entrega gratuita a la Universidad de Chile de un vasto terreno de 1.011 hectáreas en la comuna de Pudahuel, camino a Valparaíso, para que allí se construyera un gran polo de desarrollo científico y tecnológico. Una plataforma desde la cual Chile pudiera finalmente dar el salto hacia lo más alto de la pirámide productiva. Estudiantes, investigadores, empresarios e inversionistas generando sinergias y valor agregado.

Muy pocos estaban al tanto del activo rol jugado por el entonces ministro de Defensa, Patricio Rojas (DC), en el traspaso. Y ello porque el extenso terreno entregado estaba bajo la administración de la Dirección General de Deportes (la extinta Digeder), entidad dependiente del Ministerio de Defensa.

Según el Decreto Nº 350 (ver decreto) firmado por el ex presidente Aylwin, el inmueble fiscal se transfirió bajo la condición expresa de que allí la principal universidad estatal del país iniciara la construcción de una “Ciudad Universitaria” y un “Parque Tecnológico” en un plazo no superior a cinco años. De lo contrario, el terreno retornaría a manos del Fisco.

Patricio Rojas Saavedra.

Para concretar este ambicioso proyecto la universidad -cuyo rector era entonces Jaime Lavados (DC)- creó un año más tarde la Fundación Valle Lo Aguirre. Y designó como su vicepresidente ejecutivo al médico-cirujano Patricio Rojas Saavedra, el mismo que un año antes, siendo ministro de Defensa, había gestionado el traspaso del terreno a la universidad.

Han transcurrido 20 años y lo que fuera calificado por algunos entusiastas como el “Silicon Valley chileno”, aún sigue en punto muerto. Pero en ese desierto que hoy domina el terreno, sí hay un historial de millones para ejecutar un proyecto que nunca se cumplió. En resumen, son $4.017 millones los que la Universidad de Chile le traspasó a la Fundación Valle Lo Aguirre entre 1996 y 2010 y cuyo destino se desconoce. A esa suma habría que agregar aproximadamente $778 millones que distintos privados le pagaron a la fundación entre 1997 y 2005 para proyectos propios, sin relación con el polo de desarrollo científico y tecnológico para el que fue destinado el terreno.

Fue la Contraloría General de la República la primera en alertar en 2010 sobre estas irregularidades cometidas con los millonarios traspasos desde la Universidad de Chile a la Fundación Valle Lo Aguirre. En el duro informe de la auditoría, fechado el 28 de diciembre de ese año, se ordenó abrir un sumario “con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que puedan desprenderse de los hechos asociados con, entre otros,  la fallida construcción de un Parque Científico y Tecnológico en el predio Laguna Carén”. El sumario no se realizó, pero la instrucción del organismo contralor dio inicio a una nueva auditoría para fiscalizar las transferencias de dinero realizadas en el 2012 desde la universidad a la fundación.

Pese a que nunca se cumplió la condición explicita impuesta por el decreto supremo que le transfirió los terrenos a la Universidad de Chile, el predio de Laguna Carén sigue estando hoy en manos del plantel educacional. Y es allí donde la sociedad anónima Azul Azul, concesionaria a cargo de administrar los activos del club de fútbol Universidad de Chile, pretende construir su estadio propio. Así lo anunció hace algunos días su nuevo presidente, el ingeniero agrónomo Carlos Heller Solari, quien es también presidente del directorio del holding Bethia (con inversiones accionarias en Falabella, Tottus, Sodimac, Clínica Las Condes, Mega y el Club Hípico, entre varias otras empresas).

De acuerdo a la información entregada por el nuevo mandamás de la sociedad anónima Azul Azul, el recinto tendría una capacidad para 35 mil personas en un terreno de 40 hectáreas y contemplaría una inversión de US$ 50 millones. El terreno será arrendado a la Fundación Valle Lo Aguirre, cuyo actual presidente es el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, quien ya entregó su beneplácito: “Hemos dado un paso muy importante para comenzar a materializar nuestro proyecto universitario en el predio Carén”, dijo el 24 de abril.

La frase del rector Pérez se escuchó con incredulidad. Había razones para ello.

UN LARGO SUEÑO

Quedaban pocos días para el término del torneo de Clausura 2013-2014 y la suerte para la “U” ya estaba echada. El campeonato de fútbol terminaría con el equipo laico en el puesto Nº 12, sólo a cuatro puntos del colista y descendido Rangers de Talca y a 22 de su archirrival y campeón del certamen: Colo-Colo.

A pesar de ello, lo primero que dijo el empresario controlador de Bethia y nuevo presidente de Azul Azul, no fue nada sobre la necesidad de contratar nuevas figuras o un nuevo técnico luego de la mediocre campaña del equipo. El énfasis de Heller fue puesto en su deseo de concretar el añorado sueño de la hinchada estudiantil: “Dejaré la presidencia con un estadio para la U”, dijo a la prensa.

Maqueta estadio de la "U" (Fuente: quintopoder.cl)

José Yuraszeck, quien lo precedió a la cabeza de Azul Azul S.A., había anunciado en abril de 2011 que el estadio estaría listo a fines de 2013 o principios de 2014. Después modificó los plazos: habló de que quizá no sería tan descabellado comprar el Estadio Nacional, y finalmente, de que los municipios no querían a la “U” en sus comunas. Cuando dejó la presidencia en abril pasado, no pudo exhibir ningún avance concreto.

El anuncio de Carlos Heller puso nuevamente en el tapete el terreno de Laguna Carén en manos de la Universidad de Chile. Si se hubiese cumplido el mandato del Decreto presidencial del 28 de febrero de 1994, hoy el estadio de la “U” debería ubicarse al interior de un gran parque cultural y científico. Pero eso no existe. Lo único que encontraron allí los auditores de la Contraloría cuando hicieron su fiscalización en 2010, fue una urbanización de cerca de 80 hectáreas, cuya infraestructura sanitaria y de servicios no se encontraba operativa.

El decreto fue claro al mencionar que, dado que la Universidad de Chile desarrollaba sus actividades en recintos diseminados en la Región Metropolitana, el Estado le entregaría a “la entidad de educación superior más importante del país” el terreno de Laguna Carén para que desarrollara allí  “un proyecto de ciudad universitaria”.

Hubo otros beneficios para la Universidad de Chile incluidos en la cesión: el terreno quedó exento del pago de contribuciones. Pero el decreto fue también taxativo en las condiciones: si en un plazo de cinco años la universidad no empleaba el bien raíz “para la construcción, habilitación y mantención de una Ciudad Universitaria, así como del Parque Tecnológico, lugares de recreación y deportes, el Fisco recuperará el dominio”. Por lugar de recreación y deportes, Bienes Nacionales se refería a la creación de un parque público de 200 hectáreas que la universidad debía ejecutar para ponerlo a disposición de todos los habitantes de la Región Metropolitana.

Fue con ese fin que nació la entidad de derecho privado sin fines de lucro Fundación Valle Lo Aguirre. Según consta en su acta fundacional del 27 de enero de 1995 (ver documento), se constituyó con un directorio de 13 miembros, presidido por el rector de la universidad, en ese entonces Jaime Lavados Montes. Para llevar a cabo su tarea, la Universidad de Chile le traspasó a la fundación el usufructo del predio en Laguna Carén por 30 años. 

En la primera sesión del directorio, que tuvo lugar en la Casa Central de la Universidad de Chile el 21 de junio de 1995, el rector Lavados hizo explícito el propósito de Valle Lo Aguirre: “La idea es generar en un solo campus un proyecto que implemente en un lugar de Santiago una gran capacidad tecnológica que vaya unida a una rigurosa formación universitaria, todo lo cual permitiría desarrollar las innovaciones necesarias, como asimismo mejorar la inversión en laboratorios e infraestructura”.

En esa misma sesión, y para despejar dudas respecto de su factibilidad, Lavados señaló que el proyecto no sólo era plausible económicamente, sino que también lo era en términos políticos. El optimismo inundó la sala. Algo similar al clima que por entonces se enquistaba en el empresariado y parte de la sociedad chilena,  y que cristalizó en la imagen del “jaguar de Latinoamérica” a mediados de los ’90. Tal como estaba planteado, el proyecto serviría de plataforma para que el felino diera el salto hacia el desarrollo.

ENTRA PATRICIO ROJAS EN ESCENA

El escogido por el rector de la Universidad de Chile para liderar el proyecto fue el ex ministro de Defensa Patricio Rojas Saavedra. Cuando Rojas asumió la vicepresidencia ejecutiva de la Fundación Valle Lo Aguirre, llevaba ya un tiempo impulsando silenciosamente otro proyecto: La Corporación de Estudios Estratégicos (CEE), otra corporación privada sin fines de lucro, creada en 1994 mientras aún era ministro de Defensa. Su reserva obedeció a que el principal objetivo de la CEE fue elaborar estudios y proyectos en Seguridad y Defensa para terceros. Su primer cliente sería el propio Ministerio de Defensa y también el Ministerio del Interior.

Un reportaje de CIPER publicado en abril de 2009, dio cuenta de las irregularidades de la corporación creada por Rojas. No sólo había un abierto conflicto de intereses  al haber sido creada siendo Rojas aún ministro de Defensa, sino que su principal financiamiento provenía precisamente de ese ministerio. En sus balances y memorias tampoco había respuestas sobre la calidad de sus estudios (ver reportaje). La investigación de CIPER también reveló el estrecho nexo que mantenía Rojas –a través de la CEE- con dos personas que serían procesadas por haber recibido millonarias coimas por la compra que hizo el Ministerio de Defensa en 1994 de los cazabombarderos Mirage Elkan a Bélgica: el ex comandante en jefe de la FACH, general (r) Ramón Vega y el ex gerente de TVN, Bartolomé Dezerega.

Bartolomé Dezerega.

Ramón Vega, quien falleció el miércoles 7 de mayo, fue procesado a principios de 2009. Bartolomé Dezerega, amigo íntimo y vecino de Patricio Rojas, también resultó involucrado en el mismo juicio al recibir US$ 3 millones en una cuenta desde la cual se distribuyeron los dineros de las coimas. Tanto Vega como el hijo de Dezerega, Alejandro, participaron activamente de la Corporación de Estudios Estratégicos creada por Rojas.

Tan estrecho era el vínculo de Patricio Rojas con Bartolomé Dezerega, que el ex ministro lo llevó también a la Fundación Valle Lo Aguirre como asesor. Así lo revela un acta de la fundación en la que Dezerega aparece formando parte de un “comité asesor”, constituido el 24 de junio de 1996, para desarrollar planes promocionales, políticas de incentivo y estrategias para captar “empresas ancla” que aterrizaran en el terreno. Una labor de la que no quedaría rastro.

LOS VIAJES DE ROJAS

Una vez constituida la Fundación Valle Lo Aguirre, se instaló en el quinto piso de un edificio de calle Asturias 271 (Las Condes), el mismo inmueble donde ya operaba la Corporación de Estudios Estratégicos. Las oficinas 51 y 52 donde comenzaron a funcionar ambos organismos, eran de propiedad de Carlos Rojas Saavedra, hermano de Patricio y tesorero de la CEE, quien adquirió el inmueble en noviembre de 1994. Fue él quien recibió (hasta febrero de 2008, fecha en la que falleció) el dinero de la fundación por el arriendo de ambos departamentos. Desde entonces, aparece como propietaria Antonieta Olmedo Quero, esposa de Patricio Rojas. Según el balance de la Fundación Valle Lo Aguirre del año 2000, se pagaba un arriendo mensual a Rojas de $1.080.552.

Una de las primeras actividades de Patricio Rojas a la cabeza de la fundación fue visitar ciudades universitarias referentes a nivel mundial que sirvieran como ejemplo para el levantamiento del Parque Científico y Tecnológico (PCT) de la Universidad de Chile. El mismo año de creada la fundación (1995), Rojas viajó a Bélgica para visitar las instalaciones de la Universidad Lovaina la Nueva, en Bruselas. Este campus universitario y parque tecnológico, financiado por el Estado belga, ocupa un terreno de 900 hectáreas y su construcción tardó diez años (aunque sigue en expansión).

Rojas también aprovechó ese viaje para desplazarse a España donde, según relató a su regreso, se informó sobre el Fondo V Centenario del BID, por ser una de las posibilidades de financiamiento externo del nuevo proyecto estrella de la Universidad de Chile.

En 1996, la fundación contaba con un presupuesto de algo más de $108 millones anuales, que servían para el pago de oficinas, sueldos y viáticos. De ese total, $73 millones le fueron transferidos por la Universidad de Chile. El saldo -$35 millones- provino de contratos que firmó la fundación con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), siendo su vicepresidente, Felipe Sandoval.  Al año siguiente, el presupuesto subió a $121 millones, de los cuales la Universidad de Chile aportó poco más de $80 millones. Según las memorias, el sueldo anual de Rojas en Valle Lo Aguirre rondaba los $20 millones.

Lo que dicen las memorias es difícil de constatar dado lo vago de sus desgloses y aportes. Lo que sí queda claro es que poco después de haber sido creada, la fundación comenzó a recibir fondos internacionales gestionados por el Estado de Chile. En 1996, por ejemplo, recibió un fondo del MIDEPLAN-BID para el desarrollo del “Estudio de factibilidad construcción de un Polo de Desarrollo Científico-Tecnológico”; y otro de la Comisión Europea para el desarrollo de un “Plan Maestro”.

La transparencia en torno al origen y uso de los distintos aportes que recibía la Fundación Valle Lo Aguirre se tornó más confusa aún a medida que Patricio Rojas comenzó a gestionar negocios paralelos que fueron discutidos en el directorio de la fundación. Así ocurrió con la oferta de la empresa Paradise Nam Moon U.S.A., de capitales coreanos, la que se interesó en arrendar por 99 años cerca de 40 hectáreas, para construir un “centro recreacional” con un teatro, un museo, una cancha de golf, un anfiteatro, un hotel, un casino de juegos y un mall. Ese proyecto no se concretó. En cambio Shell Chile, empresa que ofertó por el arriendo de una hectárea, sí pudo instalar frente a la Ruta 68 una estación de servicios.

Laguna Carén (Fuente:B. Doñas R.)

Cuando Rojas presentó ambas alternativas al directorio, el 27 de marzo de 1997, señaló: “El desarrollo del proyecto hará necesario que exista un área de servicios conexa al proyecto del Parque Científico y Tecnológico y para ello se encontrarán la estación de servicios y un hotel, especialmente si se piensa en la instalación de un parque moderno y de negocios”.

EL PARQUE TIENE PLAZOS

Con dinero fresco en mano, el vicepresidente ejecutivo de la fundación se atrevió a aventurar los primeros plazos del proyecto: “El segundo semestre del próximo año (1998) se iniciará la urbanización en aproximadamente 85 hectáreas, distribuidas en 45 hectáreas para el Parque Tecnológico; 35 hectáreas para el Parque Universitario y cinco hectáreas para el Parque Público. Finalizada la urbanización se podría iniciar la construcción de 20.000 metros cuadrados para dependencias universitarias y seis mil para los edificios centrales del Parque Tecnológico. El costo total de esta etapa, que cubriría el periodo 1998-2004, alcanzaría más o menos a US$ 45 millones”.

En 1998 el presupuesto –según la memoria de la fundación- aumentó a $181 millones, de los cuales la Universidad de Chile le transfirió $80 millones. Parte del aumento se originó por la firma del contrato con Shell Chile, la que comenzó a pagar 400 UF ($5,6 millones) mensuales por el arriendo del terreno sobre el cual construyó la estación de servicios. La Fundación Valle Lo Aguirre también suscribió un contrato de promesa de arriendo con la empresa United Aviation Exchange, que pretendía 15 hectáreas del predio (con fines similares a los de Paradise Nam Moon U.S.A.) y que pagó a la fundación $41 millones. Entre 2002 y 2003 la misma empresa le pagó otros US$200.000 para mantener la reserva de ese paño de tierra. En el año 2000 apareció otro contrato de arriendo con CTC Startel, por la instalación de una antena de telefonía móvil a cambio de un pago anual de 300 UF ($4,7 millones).

En 1998, cuando faltaban meses para el cumplimiento de las condiciones impuestas para el traspaso a la Universidad de Chile del terreno de Laguna Carén, el rector Jaime Lavados se movilizó para conseguir el dominio pleno del predio. Su interlocutora fue la entonces ministra de Bienes Nacionales, Adriana Delpiano. Lavados argumentó que en esos cuatro años, desde que fuera entregado el terreno en comodato, la universidad había cumplido a cabalidad la condición fijada por el decreto, utilizando el terreno exclusivamente para la construcción y mantención de una Ciudad Universitaria, un Parque Tecnológico y lugares de recreación y deportes.

Pese a la convicción desplegada por el rector Lavados, lo cierto es que en ese momento sólo existían estudios preliminares de preinversión y un cronograma. Más grave aún era que, en contra de todo lo anunciado, ni una facultad de la Universidad de Chile había trasladado a la fecha siquiera una de sus dependencias al terreno.

Pese a ello, el Ministerio de Bienes Nacionales formalizó a través del Decreto Supremo Nº 235 la entrega gratuita del inmueble fiscal. El 22 de octubre de 1999 el predio quedó inscrito a nombre de la Universidad de Chile en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Para entonces, el rector de la universidad ya no era Jaime Lavados, sino Luis Riveros.

La entrega en propiedad del terreno y sin condiciones no modificó sustantivamente el aporte anual que la Universidad de Chile le siguió haciendo a la Fundación Valle Lo Aguirre. El año 2000 el traspaso alcanzó a $90 millones y al año siguiente a $101 millones.

El ex rector Jaime Lavados.

Pese a las inyecciones de dinero realizadas por la Universidad de Chile a la fundación, el financiamiento del proyecto era aún una incógnita. En 2002 la misma fundación reconocía que, de no prosperar las gestiones para la obtención de un crédito a largo plazo, el proyecto no era viable. Por entonces se gestionaba un crédito de US$ 20 millones con el Ministerio de Hacienda, el que requería ser visado por el Congreso.

La situación se tornó aún más grave debido a que a esas alturas (2002) y producto de la demora en la materialización del proyecto, gran parte de los estudios para su ejecución, elaborados hacía ya más de seis años –y en los que se habían invertido cuantiosas sumas de dinero– habían quedado obsoletos. Así lo reconoció el directorio de la fundación el 29 de noviembre de ese año. El proyecto “Parque Tecnológico y Científico” tuvo que ser reformulado.

EL PRÉSTAMO DE US$ 20 MILLONES

Esa reformulación, que contó con la aprobación del rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, requirió de nuevos fondos. Y dineros fue lo que se obtuvo. La partida presupuestaria de 2003 consigna gastos por $490 millones sólo para financiar el ítem “consultorías, estudios y proyectos”. Ese año, la universidad le transfirió $96,5 millones a Valle Lo Aguirre. Además de los aportes por convenios, otros dineros llegaron ese año por el arriendo del terreno, lo que abrió una interesante línea de negocios. En 2002, los ingresos por este ítem alcanzaron a cerca de $200 millones. Un año en que, además, la fundación recibió $326 millones del Ministerio de Obras Públicas por la expropiación de 30 metros cuadrados para construir el “enlace Pudahuel” de la Ruta 68.

El gran salto financiero se daría en abril de 2004, cuando la Universidad de Chile logró por fin cerrar un acuerdo con el Banco de Chile para un préstamo a largo plazo por US$ 20 millones. Con ese dinero la Universidad de Chile podría echar a andar la primera fase del gran proyecto del Parque Científico y Tecnológico, cuya ejecución quedó a cargo de la Fundación Valle Lo Aguirre. Así lo registra un mandato que le hizo la universidad a la fundación por el cual se le encargó la ejecución del proyecto, debiendo la universidad “transferir los recursos (del préstamo) que ello involucre” (ver mandato).

Hasta esa fecha, la suma de pasajes y viáticos -pagados principalmente a Patricio Rojas y a otros miembros de la fundación- para viajes de negociación, visitas a planteles educacionales o a seminarios y cursos en el extranjero, rondaba los $140 millones. Una cantidad que subió progresivamente a partir de 2004. Los aportes anuales de dinero –independientes de los traspasos por el préstamo del Banco de Chile- desde la universidad a la fundación, continuaron realizándose hasta totalizar un monto cercano a los $1.665 millones entre 1996 y 2010.

Tras aprobarse el crédito del Banco de Chile, el rector de la universidad, Luis Riveros (hoy gran maestro de la Masonería), pronunció un discurso en la casa central haciendo hincapié en la importancia del proyecto para el país: “Este es un proyecto que vemos con mucho entusiasmo y es muy satisfactorio ver que está ahora partiendo (…). Yo me siento muy agradecido de haber sido quien tenga la responsabilidad a cargo de la institución de darle inicio a esto. Espero que en 30 años más se recuerde como una decisión visionaria”.

Había otras razones para estar optimista. El terreno que había sido entregado gratuitamente a la Universidad de Chile a fines de febrero de 1994, alcanzaba diez años más tarde un valor en el mercado de US$ 435 millones, algo así como 33 veces más de lo que valía cuando fue entregado. El cambio del Plano Regulador Metropolitano de Santiago le permitía a la fundación construir ya no sobre el 1% de la superficie del predio, sino sobre el 20%. Con ello, el valor del terreno subió vertiginosamente.

Un dato interesante es el intenso lobby que hicieron Rojas y otros personeros de la fundación para cambiar la calificación del terreno, hasta entonces Área de Preservación Ecológica, en el nuevo Plano Regulador de la Región Metropolitana. “Para revertir esa situación y valorizar el patrimonio de nuestra universidad, la Fundación Valle Lo Aguirre lideró gestiones en distintos niveles de la administración…”, se afirma en la memoria de la entidad de 2004.

Dos años después de que la Universidad de Chile obtuviera el millonario crédito para concretar su proyecto más importante, la fundación contrató el primer trabajo de envergadura. En marzo de 2006, la constructora ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A. se comprometió a la ejecución de las “Obras de Urbanización Fase 1-A” del Parque Científico y Tecnológico por una suma total de $5.750 millones.

LA CAÍDA DE PATRICIO ROJAS

Un año después de que se terminaran las obras de urbanización en 2008, que fueron entregadas incompletas, el panorama que presentaba el proyecto era desolador. Transcurridos 15 años desde que se iniciara la ejecución del Parque Científico y Tecnológico, los avances eran prácticamente inexistentes. Y lo más grave era que no había explicación para los cuantiosos recursos que se habían destinado a ello, en su mayor parte entregados por la Universidad de Chile.

Maqueta Parque Científico y Tecnológico Universidad de Chile.

A pesar del evidente fracaso de su gestión, Patricio Rojas no fue cuestionado. Hasta que su caída fue catapultada por otro hecho que lo golpeó en su faceta más íntima: su identidad democratacristiana. En marzo de 2009, CIPER reveló las pruebas que lo vinculaban con la secreta autopsia que se le hizo al ex presidente Eduardo Frei Montalva, en enero de 1982 (ver reportaje). Una pieza clave que lo convertiría en uno de los hombres interrogados por el ministro en visita Alejandro Madrid como sospechoso de estar vinculado al crimen del líder de la oposición a Pinochet en ese momento. En pocos meses Rojas se convertiría en un paria para los miembros del partido en el que militó desde muy joven, perdiendo todo su poder.

El 21 de agosto de 2009, el ex ministro de Defensa de Aylwin abandonó la vicepresidencia ejecutiva de la Fundación Valle Lo Aguirre, cargo que ocupó por 14 años. Detrás de sí dejaba un balance tan desolador como el paisaje que exhibían las 1.011 hectáreas donde se prometió construir la nueva Ciudad Universitaria de la Universidad de Chile. Cientos de millones invertidos en viajes, estudios y consultorías para nada.

Seis meses antes de su partida, la Contraloría General de la República había iniciado una profunda auditoría a la Universidad de Chile. Rojas se fue antes que ésta concluyera y revelara nuevos e insospechados antecedentes sobre su extensa gestión al frente de la Fundación Valle Lo Aguirre.

En su reemplazo asumió el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Universidad de Chile, Luis Ayala Riquelme.

$4.017 MILLONES SIN RESPALDO

El 28 de diciembre de 2010 la Contraloría General de la República presentó los resultados de su auditoría integral a la Universidad de Chile, realizada entre enero y diciembre de 2009. El informe Nº 181/10 (ver informe) también incluyó una evaluación sobre la Fundación Valle lo Aguirre, entidad que, entre todas las fundaciones administradas por la Universidad de Chile, recibió por lejos los mayores traspasos de dinero.

En ese acápite, la auditoría entregó nuevas luces respecto de la pésima gestión de Patricio Rojas al mando de la fundación. Los severos desórdenes contables y administrativos detectados apuntaron a las dos vías a través de las cuales la Universidad de Chile le entregó fondos a la Fundación Valle Lo Aguirre durante 15 años (1994-2009). El monto más importante impugnado por la Contraloría alcanza a los $2.300 millones y corresponde a dineros del préstamo por US$20 millones que obtuvo la universidad del Banco de Chile para la ejecución de su proyecto estrella (en 2004).

De esos $2.300 millones, la Contraloría concluyó que $1.762 millones fueron entregados a través de simples solicitudes de reembolsos sujetas a rendición de cuentas: “No existe evidencia alguna que permita establecer si efectivamente los servicios contratados fueron realizados y si además tuvieron el impacto esperado por las autoridades universitarias”, se afirma en el lapidario informe. Otros $589 millones, entregados por la universidad a la fundación en 2004, nunca fueron rendidos. No existe documentación financiera ni contable que acredite el buen uso de esos dineros. “La fundación utilizó estos fondos exclusivamente para gastarlos en los propósitos que ella determinara, sin que la universidad tuviese participación en su aprobación, ni tuviese conocimiento de ellos”, se lee en el informe.

El préstamo otorgado a la Universidad de Chile para la ejecución de su Parque Científico y Tecnológico trajo nuevos coletazos. Y ello porque en la auditoría se constató que, a mediados de 2009, la Fundación Valle Lo Aguirre fue incapaz de pagar la primera cuota al Banco de Chile, según lo estipulado en el compromiso firmado con la universidad al contraer el crédito. Fue la propia universidad la que tuvo que hacerse cargo del pago de  $1.400 millones.

La segunda vía de entrega de dineros por parte de la Universidad de Chile a la fundación que encabezó Patricio Rojas, también fue impugnada por la Contraloría. En total, fueron $1.665 millones que la universidad le traspasó entre 1996 y 2010 y que provenían del patrimonio de la propia casa de estudios. Son los aportes anuales que Valle Lo Aguirre recibió desde su creación y que fluctuaron entre $80 y $100 millones. “Cabe indicar que la Universidad de Chile no proporcionó antecedente alguno que diera cuenta del destino de ese dinero”, se afirma en el informe de la auditoría.

En su fiscalización, la Contraloría aprovechó de supervisar el progreso de la primera etapa de urbanización del que sería el Parque Científico y Tecnológico de la universidad, la que fue adjudicada a la empresa constructora ICAFAL S.A. Pese a que los trabajos fueron recepcionados y pagados, el organismo contralor constató que ninguna de las obras de infraestructura sanitaria y de servicios contratadas estaban operativas (deficiencias en el sistema de abastecimiento de agua potable y alumbrado).

Luego de esta auditoría, se ordenó un sumario para determinar responsabilidades respecto de la fallida construcción del Parque Científico y Tecnológico. Sin embargo, no se individualizaron los responsables porque éste finalmente no se realizó. Según informaron a CIPER en Contraloría, en vez de un sumario se decidió hacer una nueva auditoría enfocada en analizar las transferencias de fondos hechas desde la Universidad de Chile a la Fundación Valle Lo Aguirre en el 2012. Este nuevo informe fue publicado en diciembre de 2013 y en él la Contraloría le pide a ambas entidades “adoptar una serie de medidas para dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen” (ver informe).  A partir de junio próximo, la Contraloría iniciará un proceso de seguimiento para velar por que estas medidas se cumplan.

El informe de Contraloría menciona también una oferta de la empresa estadounidense Laguna Carén Investment LLC., domiciliada en el estado de Nevada, la que solicitó la concesión de 400 hectáreas por 99 años. Las tratativas no se han cerrado e involucran un monto inicial de 1 millón de UF ($24 mil millones) más un canon variable de 1% de los ingresos a partir del año 11, con un piso de 25 mil UF ($600 millones).

La última jugada fue la oferta del empresario Carlos Heller, presidente de Azul Azul S.A. El arriendo de 40 hectáreas para la construcción del añorado estadio del club de fútbol de la Universidad de Chile, será una decisión que deberá asumir el nuevo rector que resulte electo en estos días en dicho plantel. Porque el beneplácito otorgado por el rector Víctor Pérez no pasó de ser un mero anuncio. No deja de resultar paradójico que el gran anhelo de los hinchas de la “U” de tener un estadio propio se haya incubado en un terreno en el que se dilapidaron millones para otro sueño de la Universidad de Chile del que sólo quedó una maqueta.

El tono cordial habitual del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, desapareció inmediatamente después del discurso presidencial del 21 de mayo. El cardenal no terminaba de bajar las escalinatas del Congreso cuando fustigó ante la prensa la decisión gubernamental de avanzar en la despenalización del aborto. La brecha de la desafección entre Ezzati y La Moneda se amplió varios metros tras ese anuncio, pero la verdad es que los primeros detalles conocidos de la reforma educacional ya habían convertido ese distanciamiento en una zanja ancha y profunda.

Ezzati considera que el fin del lucro, del copago y de la selección de alumnos -los tres pilares del proyecto enviado al Congreso por el Ministerio de Educación-, puede ser una estocada a la libertad de enseñanza. Por lo mismo, ha convertido a la Iglesia Católica en el primer escudo protector de los sostenedores privados de colegios. El cardenal ha aparecido en el papel de líder de una alianza entre los sostenedores católicos y los empresarios de la educación subvencionada, agrupados todos en la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE). Un rol que, en todo caso, no resulta cómodo para varias congregaciones dedicadas a la enseñanza y que administran sus colegios a través de fundaciones que se declaran sin fines de lucro, las que señalaron a CIPER que preferirían diferenciarse de los sostenedores que sí lucran con fondos públicos.

El peso de la Iglesia Católica es relevante en el debate de la reforma educacional: es el mayor grupo de interés entre los sostenedores privados. CIPER solicitó al Ministerio de Educación (Mineduc) la base de datos del año 2013 con los antecedentes de todos los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana y pudo constatar que de los 2.076 colegios que reciben fondos estatales, 190 establecimientos (9,1 % del total) tiene un vínculo directo con un obispado, una congregación o una obra apostólica de laicos que se declara colaboradora de una diócesis u orden religiosa. Quedan fuera de esta nómina los colegios que, aunque se declaran confesionales, pertenecen a un sostenedor privado que no tiene vínculo administrativo con entidades de iglesia.

En términos de matrícula, los colegios ligados a la Iglesia Católica educan a 159 mil alumnos de un total de 831 mil estudiantes del sistema particular subvencionado de la Región Metropolitana.

En 2013 estos 190 colegios católicos recibieron, en total, una suma de $94.806 millones correspondientes a subvención normal y otros $14.867 millones por subvención SEP (destinada a mejorar la educación de los alumnos vulnerables). Así, la cifra global del dinero público que percibieron se elevó a $109.673 millones, casi un quinto (18%) de los $604 mil millones que el Estado entregó a sostenedores privados en la región. El monto que recibe anualmente la iglesia equivale a US$ 200 millones y es más, por ejemplo, que lo que espera recaudar el gobierno con el nuevo impuesto a la contaminación de las 500 principales fuentes industriales (US$ 176 millones).

Si se agrega el copago de los apoderados -modalidad que sólo tienen algunos colegios-, el monto final asciende a $139.398 millones, ya que en 2013 el aporte de las familias a colegios católicos de la Región Metropolitana sumó $29.724 millones. Los diez establecimientos con cobro promedio mensual de copago más alto fueron: Colegio Santa Úrsula de Maipú ($75.216), Colegio Inmaculada Concepción ($74.880), Colegio Particular Corazón de María de San Miguel ($74.600), Colegio Particular Salesiano Patrocinio de San José ($72.231), Instituto La Salle ($71.338), Colegio Madre de la Divina Providencia ($71.322), Colegio Particular Josefino Santísima Trinidad ($68.229), Colegio Divina Pastora Ñuñoa ($ 67.681), Colegio María Inmaculada ($67.256), Liceo Particular Salesiano Manuel Arriarán Barros ($64.585).

Para establecer el monto total que el Estado aporta a educación religiosa en la Región Metropolitana, es necesario incluir en los cálculos la subvención que se entrega a colegios vinculados a diferentes iglesias protestantes. Estos son 27 establecimientos, los que en 2013 recibieron $5.104 millones por concepto de subvención normal y otros $1.349 millones por subvención SEP. En suma, los aportes públicos a estos colegios protestantes alcanzaron a $6.454 millones. Con el copago de los apoderados -que sumó $897 millones-, el monto final de los ingresos percibidos por colegios religiosos protestantes se eleva a $7.351 millones.

(Vea la tabla con los datos de todos los colegios confesionales, la tabla de los colegios católicos y la tabla de los colegios protestantes).

“MEGASOSTENEDORES” CATÓLICOS

La entidad católica de la Región Metropolitana que recibe más aportes del Estado para fines educacionales es el Arzobispado de Santiago. La Corporación Educacional del Arzobispado administra nueve colegios y la arquidiócesis gestiona otros 16 establecimientos a través de fundaciones. Según los datos del Mineduc, en 2013 este conjunto de 25 colegios recibió $17.464 millones en subvenciones, para una matrícula total de 24.221 alumnos.

Le sigue la Fundación Educacional Belén (Belén Educa), cuyo directorio es presidido por el cardenal Ezzati. Los archivos del Mineduc indican que en la Región Metropolitana administra ocho colegios, con una matrícula global de 13.641 estudiantes, y que el año pasado recibió $10.312 millones de aporte estatal.

En tercer lugar se ubican los religiosos piamartinos (Congregación Sagrada Familia de Nazaret), la que gestiona dos colegios, con un total de 7.521 alumnos, y en 2013 recibió aportes públicos por $5.390 millones. A continuación figura la congregación salesiana con siete colegios subvencionados distribuidos en el Gran Santiago, los que atienden a 7.380 estudiantes y recibieron subvenciones por una cifra global de $4.506 millones.

Los jesuitas cierran el cuadro. Aunque en la Región Metropolitana la orden sólo gestiona de manera directa un establecimiento (el Colegio Infocap, con una matrícula de apenas 73 alumnos), también controla dos fundaciones educacionales que gestionan otros tres colegios. No obstante, los jesuitas participan también en la orientación pastoral de los colegios agrupados en la organización Fe y Alegría, la que forma parte de la Red Educacional Ignaciana. Esto le permite a la orden tener influencia sobre otros nueve colegios, administrados por cinco fundaciones. La Compañía de Jesús tiene un proyecto educativo al que adscriben los colegios que integran la organización Fe y Alegría. Así, en 2013 los colegios que se suman a este proyecto recibieron subvenciones por un total de $4.526 millones para atender a un universo de 5.437 alumnos.

ALERTA EPISCOPAL

El cardenal Ezzati, que también preside el Comité Permanente del Episcopado, ha asumido un rol protagónico en los reparos a los proyectos de reforma educacional planteados por el gobierno. El mismo miércoles 21 de mayo, tras el discurso presidencial, el portal web del episcopado difundió declaraciones del prelado en defensa del copago y la selección de alumnos. Sobre el primer punto, dijo: “El copago nació buscando una democratización de la educación, buscando que los papás que educaban a sus hijos en colegio pagado y que no lo podían hacer, lo pudieran hacer de manera más participativa y con mayor facilidad y eso ha sido un beneficio social muy grande, especialmente, para la clase media”.

Respecto de los procesos de selección, Ezzati afirmó: “El hecho educativo es un hecho de confianza entre el alumno y el educador, entre el padre de familia y el proyecto educativo que ofrece el educador, y naturalmente la confianza supone conocimiento. El hecho de que se diga que no tiene que haber ninguna selección, creo que es equivocado. Tiene que haber una selección positiva en este sentido”.

De acuerdo a La Tercera, el cardenal ejemplificó así su rechazo a la eliminación de la selección: “Yo no puedo educar a Pedrito si yo no conozco a Pedrito (…), si yo no conozco el contexto familiar en el cual vive, el contexto social en el cual vive, las necesidades que él tiene, los talentos que él tiene”.

El 22 de abril pasado, la Conferencia Episcopal difundió una declaración en la que también manifestó serias discrepancias con aspectos centrales de las reformas impulsadas por La Moneda. En ella abogó por la mantención de un sistema de selección, el que denomina “proceso de admisión”, que tendría por objeto “informar a los padres convenientemente acerca de las características del Proyecto Educativo según el cual van a ser educados sus hijos, y al que ellos, en caso de compartirlo, no solo deben adherir sino comprometerse activamente en su realización (…). Lo anterior no dice relación ni justifica sistemas de selección por razones económicas, de rendimiento o de situación familiar que resultan discriminatorios y contrarios al modo cristiano de educar”.

Obispo Héctor Vargas

El documento advirtió sobre el riesgo de una eventual “unificación” de la enseñanza: “Se trata de evitar en el futuro que el Estado, mediante nuevas exigencias y condiciones para otorgar la subvención  y ya no como derecho de los padres y servicio a la libertad de elegir de las familias-, pueda ir unificando el sistema educacional chileno haciendo que los distintos ámbitos de las escuelas subvencionadas tanto municipales y particulares, al margen de su Proyecto Educativo, realidad geográfica, situación de sus destinatarios, urgencias y desafíos propios, se vean obligadas de funcionar de manera similar, en lo curricular, disciplinario, ambiental, organizativo y financiero”.

La declaración del Episcopado agregó: “La sola posibilidad de acercarnos a un modelo de gestión escolar único, impuesto por el Estado a todo el sistema subvencionado, donde acuden mayoritariamente los pobres y la clase media, resulta impensable”.

El mismo 22 de abril en que se difundió esta declaración, El Mercurio amplificó la ofensiva al publicar una nota informativa con las opiniones del presidente del Área Educación de la Conferencia Episcopal y obispo de Temuco, Héctor Vargas. En ese texto, Vargas acusó que “el Estado ha comenzado gradualmente a usar la subvención como un medio, o sea ‘te entrego la subvención, pero te pongo condiciones’, y al ponerte condiciones, te estoy diciendo en qué puedes gastar la plata y en qué no puedes. Esa no es la finalidad de la subvención”. También disparó directo al proyecto que elimina el copago, al afirmar que ese sistema permite a los padres más pobres poner a sus hijos en colegios particulares y que hoy los colegios ocupan casi toda la subvención en pagar sueldos, por lo que “las escuelas están viviendo del financiamiento compartido para todo lo demás”.

DISCREPANCIAS

A pesar de las alarmas encendidas por Ezzati y Vargas, representantes de las principales entidades que administran colegios católicos no comparten ese tono. Por el contrario, apuntan a que las reformas propuestas pueden ser beneficiosas. La eliminación del copago, por ejemplo, es bien vista por el secretario ejecutivo de la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago, Cristián Infante, siempre que, tal como lo ha informado el Mineduc, se acompañe de un incremento en la subvención:

Cristián Infante

–Creemos que sería muy beneficioso que se terminara el copago y se compensara ese monto por la vía de aumentar la subvención general. Es un escenario de mayor estabilidad en los flujos, pone normas claras frente a los padres y ayuda a emparejar a los colegios, de cara a la comunidad escolar. Además, nos ahorra el costo emocional y administrativo que implica tener que cobrar a los padres el copago –dice Infante.

Una posición similar exhibe el sacerdote Galvarino Jofré, responsable del área educacional de los salesianos. Según explica, hoy el copago es un “ingreso variable” y muchas veces no se alcanza la recaudación proyectada, debido a los problemas económicos de las familias: “Nosotros ocupamos la subvención prácticamente de manera íntegra para pagar sueldos. Los sueldos representan más del 90% de nuestros costos, por lo que el porcentaje restante se cubre con el aporte de las familias. Si se elimina el copago y se compensa con un aumento de la subvención, nos ahorra un problema, porque deja de ser un ingreso variable”.

Para Jofré, lo ideal sería que entre los representantes de la Iglesia Católica que dialoguen con el Mineduc se incorporen profesionales de las congregaciones que manejan los números: “Si se está pensando en eliminar el copago y aumentar la subvención, esperamos que se escuche a los que saben cuánto se requiere para operar un colegio, para que el aumento de la subvención efectivamente compense”. A su juicio, este es un tema técnico que, bien manejado, no tendría por qué poner en riesgo la libertad de enseñanza.

En cuanto a la selección de alumnos, desde septiembre de 2009 que la Ley General de Educación prohibió todo tipo de selección hasta sexto básico. Eso en el papel, porque en la práctica muchos colegios siguen aplicando filtros de ingreso. En 2011, un sondeo de Educación 2020 y La Tercera demostró que la mitad de estos colegios que recibían aportes estatales y estaban bien rankeados en el Simce seleccionaban de alguna forma a sus alumnos. Por ejemplo, 55% aplicaba un test de ingreso, 48,7% pedía certificados de notas, 37% no aceptaba alumnos repitentes, 29% exigía notas mínimas y 8% pedía cheque en garantía o liquidaciones de sueldo de los padres.

CIPER llamó a varios colegios ligados a la Iglesia Católica y confirmó que es habitual que se establezcan mecanismos de ingresos que pueden operar como una forma de selección, desde pruebas de admisión, pasando por informe de kínder y certificados de bautizo y matrimonio. Una excepción entre los colegios consultados fue la red de colegios que administra la arquidiócesis que encabeza el propio Ezzati. La directora ejecutiva de la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, Magdalena Aninat, explica: “Nuestros colegios no tienen selección de ningún tipo. No es necesaria porque tenemos más oferta que demanda, en general. Mucho menos tenemos requisitos religiosos, eso es imposible en sectores tan vulnerables como los que atendemos. Nuestras comunidades tienen alumnos evangélicos, mormones y de otros credos”.

De acuerdo al mensaje del proyecto de ley enviado esta semana por el Ejecutivo, el 80% de las escuelas y liceos que reciben aportes estatales pide algún tipo de requisito de ingreso a los padres, lo que con la reforma quedará prohibido para todos los niveles de enseñanza. Eso incluye la presentación de antecedentes económicos de la familia. Ahora las postulaciones se harán a través de una plataforma única y los colegios deberán aceptar a todos los postulantes. En caso de que haya más candidatos que cupos, la selección será aleatoria y aplicando ciertos criterios, como un 15% de alumnos vulnerables y dando prioridad a quienes tengan hermanos o sean hijos de funcionarios del establecimiento.

El proyecto de ley también prohíbe el lucro, lo que no debiese ser un punto alarmante para muchos administradores de colegios católicos, pues un número significativo de ellos ya han adoptado la figura de fundaciones o corporaciones que se declaran sin fines de lucro. Esto les permite, como ya ocurre con los colegios del arzobispado y de los salesianos, disponer de un fondo común, de tal forma que pueden tomar recursos de sus colegios con más ingresos para “apuntalar” a aquellos que son deficitarios.

Juan Enrique Guarachi

El director Ejecutivo de Belén Educa, Juan Enrique Guarachi, señala que “en nuestra definición no tenemos fines de lucro, cuando salimos a buscar recursos privados es porque creemos que es fundamental esta alianza con lo público, donde lo importante son nuestros niños y la capacidad de generar real movilidad social”. En 2013 esta fundación recibió $1.841 millones en donaciones y otros ingresos distintos a las subvenciones y copago. El financiamiento de todo su equipo de apoyo técnico a la red de colegios (unas 70 personas) proviene de donaciones, principalmente de Copec y Santander.

Según indicó el gerente de Recursos Humanos de Belén Educa, Andrés Pérez, sus gastos se dividen en 82,8% remuneraciones, 9,6% costos formativos y 7,5% costos de administración. En la experiencia de Belén Educa, con los fondos públicos no alcanza para reinvertir en obras de mejoramiento y por eso dependen de las donaciones.

Lo mismo señala el sacerdote salesiano Galvarino Jofré: “Para invertir en infraestructura dependemos de las ‘procuras internacionales’, que son organizaciones católicas que distribuyen fondos de donaciones. Pero apoyan solo colegios en zonas de alta vulnerabilidad, como nuestros colegios de San Ramón o Alto Hospicio. Cuando se trata de colegios como los que tenemos en el centro de Santiago, por ejemplo, que también son subvencionados, recurrimos a endeudamiento bancario”.

PASTORAL CON DINERO PÚBLICO

El administrador de una de las principales congregaciones dedicadas a la educación, que pidió la reserva de su nombre, exhibe las cifras y balances de su gestión y dice que no ve cómo, con esos números, se puede entregar educación de calidad y lucrar al mismo tiempo. “No hay margen para el lucro, si no es con sacrificio de la calidad”, dice. Por eso, sostiene que no parece ser una buena estrategia que la jerarquía de la Iglesia Católica aparezca en una suerte de “santa alianza” con los sostenedores privados, en oposición a la reforma. Esa crítica, dice, es extendida entre las congregaciones más grandes: “No estamos juzgando a los empresarios de la educación. Ellos juegan su rol dentro de las reglas que tiene el sistema. Pero los colegios católicos no se guían, o al menos no deben hacerlo, por criterios empresariales. Nuestra vocación es de servicio público y evangelización”.

El vicerrector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Claudio Almonacid, dice que en la postura de la Iglesia Católica sobre la reforma “se ha confundido la libertad de enseñanza con la libertad de hacer negocios”. En este tema, Almonacid tiene autoridad. A comienzos de la década pasada fue el primer investigador académico que arrojó luz sobre el tamaño y extensión de la educación religiosa que opera con subvenciones estatales.

Almonacid señala que, desde los años en que hizo sus primeras investigaciones sobre esta materia, el cuadro ha variado bastante: “Muchos sostenedores religiosos se han reconvertido en fundaciones y corporaciones que declaran no tener fines de lucro”. No obstante, estima que persiste una situación problemática, pues siguen usando recursos públicos para financiar actividades de proselitismo religioso: “Así como un sostenedor privado con fines de lucro saca utilidades y las ocupa para costear sus necesidades personales, los sostenedores religiosos, aún cuando se declaran sin fines de lucro, usan también parte de los recursos públicos para costear otras necesidades de sus congregaciones”.

Entre estas “otras necesidades”, Almonacid menciona actividades tales como grupos pastorales y de catequesis, que giran en torno a los colegios: “La pregunta que surge es si este tipo de actividades son parte de la labor educativa que puede financiarse con aporte del Estado”.

CASA DE CRISTAL

Si la reforma que pone fin al lucro prospera y se convierte en ley, el Mineduc tendrá que disponer de un mecanismo para revisar y fiscalizar cada uno de los gastos que declaren los colegios subvencionados. La administración de los establecimientos será una verdadera “casa de cristal” expuesta al escrutinio público, a objeto de que no ocurra lo que ha pasado con las universidades privadas, que burlan la prohibición de lucro contratando servicios de empresas que pertenecen a los mismos controladores de los planteles. Por lo mismo, en el Mineduc saben que, respecto de los colegios confesionales, quedará en evidencia que financian actividades religiosas con dinero público, lo que abrirá un nuevo flanco de debate.

Le reforma otorga a la Superintendencia de Educación facultades de fiscalización y auditoría. En ese sentido, establece que anualmente todos los establecimientos que reciban aportes del Estado deberán enviar a ese organismo copia de sus memorias y balances financieros auditados, además de un informe desagregado con el detalle de los gastos y el uso de los recursos fiscales.

Para cumplir su función, la Superintendencia podrá exigir todo tipo de documentación a los sostenedores -boletas, facturas y contratos, entre otros comprobantes- para verificar que las compras y contrataciones no contravengan la prohibición de realizar negocios con personas y sociedades relacionadas. También podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos (SII) que realice avalúos de los bienes adquiridos con fondos públicos, para así evitar que existan convenios y transacciones a precios por sobre los valores de mercado.

Lo que no está claro aún es el reglamento que regulará ese sistema de fiscalización, el cual debiera estar listo a más tardar un año tras la eventual aprobación del proyecto. No se sabe si se le dotará de más recursos y personal a la estructura de la superintendencia para poder fiscalizar efectivamente, porque el proyecto no dice nada respecto a eso. Este punto no es menor, pues si no se dispone de financiamiento suficiente para contar con recursos humanos y materiales en sintonía con la envergadura de la tarea, la reforma estará condenada a convertirse en un león sin dientes.

El proyecto establece una serie de gastos que estarán permitidos y que deben estar directamente relacionados con el desarrollo del “proyecto educativo” de cada colegio. En ese sentido, si un colegio confesional declara gastos por actividades pastorales, estarían permitidos si se relacionan con los objetivos del proyecto educacional declarado por el sostenedor y elegido libremente por los apoderados. Eso puede ser desde un retiro espiritual a alguna actividad religiosa con la comunidad escolar, por ejemplo. Pero no un viaje de los miembros de la congregación sostenedora, la mantención de los religiosos que la componen o la compra de bienes a su nombre, lo que sería considerado como lucro.

CONGREGACIONES REORGANIZADAS

Si las nuevas normas considerarán como lucro el uso de recursos de los colegios para sostener a las congregaciones, esto plantea un problema para varias órdenes religiosas. Aún existen congregaciones pequeñas que administran colegios subvencionados y cuyas comunidades religiosas se mantienen gracias a los “retiros” de dinero que hacen en esos establecimientos. En general, se trata de congregaciones con pocos integrantes y, la mayoría de ellos, de edad avanzada, debido a la crisis de nuevas vocaciones que vive la Iglesia.

Para dar continuidad a estos colegios, una posibilidad es que congregaciones mayores se hagan cargo de los establecimientos y se ocupen de la mantención de las religiosas que actuaban como sostenedoras. Una antigua experiencia de ese tipo se desarrolló en Puerto Montt, según cuenta el sacerdote Galvarino Jofré. Allí, los salesianos tomaron bajo su administración un colegio fundado por el sacerdote José Fernández y asistido por un pequeño grupo de monjas.

En todo caso, ya hay varias congregaciones que, enfrentadas a este problema, se han reorganizado, entregando la administración de los colegios a fundaciones o corporaciones que ellas controlan y asignando un sueldo a las monjas que prestan servicios dentro de los establecimientos. Esos sueldos luego son aportados a un fondo común para sostener a la comunidad. De esta forma, los dineros y el patrimonio de los colegios quedan separados de los recursos de las congregaciones.

Con la nueva ley, esto podría ser interpretado como lucro encubierto, pues la contratación generalizada de religiosos que pertenecen a una congregación que controla una fundación sostenedora puede ser interpretada como contratos entre partes relacionadas. Así, el uso de fondos públicos para asegurar la supervivencia y las actividades no educativas de la comunidad quedaría restringido.

Eso complicaría algunos de los mecanismos que han usado ciertas congregaciones para adaptarse a los cambios que se vienen. Por ejemplo, las Hijas de San José Protectoras de la Infancia, una comunidad sostenedora de cuatro colegios que inició un proceso de transformación en su modelo de gestión. Uno de sus establecimientos en Maipú (Colegio San José) se administra ahora bajo la Fundación Educacional Sofía Infante Hurtado, que es de la congregación y tiene personalidad jurídica del Ministerio de Justicia. La idea, explica la religiosa Luz Galdames, representante legal de los colegios, es traspasar todos los planteles a esta modalidad para “descomprimir” el RUT de la congregación y ordenar la gestión.

-Los recursos que obtenemos se reinvierten íntegramente en los colegios, no se destinan a ningún otro fin. En eso somos muy estrictos; tampoco se traspasan recursos entre los colegios. Cuando hacemos obras de mejoramiento de infraestructura mayor, pedimos préstamos bancarios -dice Galdames.

Ella asegura que, si bien las religiosas viven en la sede de unos de los colegios, en Santiago Centro, los recursos para sostener a la comunidad están completamente separados de la gestión de los establecimientos: “Nos mantenemos gracias a los sueldos de quienes trabajan en los colegios y las mayores, con su jubilación. Vivimos muy austeramente e, incluso, generamos pequeños excedentes que nos permiten tener un fondo para emergencias”.

Hasta el año 2004, el ingeniero civil hidráulico Jorge Wachholtz Buchholtz (casado, 75 años) se encontraba entre los más grandes propietarios de agua no consuntiva en Chile, es decir, agua que una vez utilizada debe ser devuelta al caudal y que se destina principalmente para generación hidroeléctrica.

Según un ranking elaborado en 2008 por la Dirección General de Aguas (DGA) y publicado por la revista Capital (ver aquí), Wachholtz aparecía en el listado de los diez más grandes tenedores de agua en el país. Su nombre se asomaba entre los gigantes de la generación eléctrica: Endesa, Colbún y AES Gener, y la misma Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) perteneciente al Estado.

Wachholtz, junto a Hernán Lacalle Soza, quien fue subsecretario de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (ver recuadro), eran las únicas dos personas naturales que figuraban en la lista de los grandes propietarios del agua chilena.

Por entonces, según publicaba la revista Capital en su edición de abril, Wachholtz registraba 341,17 m3/seg. a su haber. Esta enorme cantidad de agua, representaba más o menos la mitad del total que para el mismo año poseía la DOH (700,03 m3/seg.) y también Colbún (645,32 m3/seg.), empresa propiedad de la familia Matte que hoy es dueña de un 49% del polémico proyecto HidroAysén.

Lo que no consignó la revista Capital, y tampoco las bases de datos de la DGA, era que poco tiempo antes Wachholtz ya se había desprendido de gran parte de la enorme cantidad de agua que lo ubicaba entre los diez del ranking.  En diciembre de 2004, Wachholtz comenzó a “poner en uso” parte de sus derechos. Y lo hizo, tal como sucede con muchos operadores que participan del desregulado y lucrativo mercado de las aguas chileno, a través de la venta de parte de los derechos que el Estado le otorgó gratuitamente.

Portada revista Capital, edición de abril de 2008.

Cuando Wachholtz comenzó a vender, el valor de estos derechos –gran parte de ellos fueron obtenidos en plena dictadura– había subido vertiginosamente. Fueron 146 m³/seg. los que vendió en diciembre de 2004 en la Región de O’Higgins, obteniendo nada menos que US$ 7.250.000, es decir, poco más de $4 mil millones (el valor del dólar entonces era de $559). Era la víspera de Año Nuevo y Wachholtz tenía motivos suficientes para celebrar.

Pero esa no es la única venta que registra el historial de movimientos de  Wachholtz en el mercado de las aguas.  Dos años más tarde, y a partir de una millonaria venta realizada en sociedad con la empresa Desarrollo, Inversiones y Proyectos S.A. (Andelco) y Asesorías Undurraga S.A., el ingeniero volvió a aumentar su patrimonio personal. Según registros notariales, Wachholtz y sus socios amarraron una venta de US $12 millones ($6.300 millones), a cambio de 18 derechos de agua en la Región de los Ríos, por un total de 160 m³/seg.

La última de sus ventas se habría realizado el año 2009. Según información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), Wachholtz, a través de su empresa Hydrowac y Compañía Limitada, le vendió 10 derechos de agua a Endesa S.A. por un caudal total de 9,1 m³/seg. Todos ellos sobre ríos y esteros de la zona de Panguipulli, también en la Región de los Ríos. Del monto involucrado en la transacción no hay registro.

Estas operaciones sitúan a Jorge Wachholtz entre los empresarios que han obtenido millonarias ganancias gracias a las prebendas establecidas en el Código de Aguas de 1981, las que cedieron sin regulación las aguas de Chile a privados, convirtiéndolas en activos fijos de alta rentabilidad.

LA PRIMERA OLEADA DE DERECHOS

Apenas entró en vigencia el Código de Aguas, el 29 de octubre de 1981, Jorge Wachholtz Buchholtz comenzó a solicitar a la Dirección General de Aguas (DGA) derechos de aprovechamiento no consuntivos.

Hasta 2005, los requisitos para obtener y hacerse propietario de porciones de agua en Chile eran mínimos. Aunque la legislación no ha cambiado sustantivamente, entonces ni siquiera se exigía transparentar el uso que se le daría al volumen de agua solicitado ante la autoridad. Nadie fiscalizaba tampoco que se le diera un uso productivo al recurso. Bajo este mecanismo, se entregaron prácticamente a ciegas derechos de aprovechamiento de aguas, los que pasaron a formar parte del patrimonio personal de los solicitantes –empresas y personas naturales– sin condiciones y a perpetuidad.

Este es el escenario en el que Wachholtz, como tantos otros, hizo su ingreso en el mundo de los derechos de agua. Sin embargo, su figura destaca muy por sobre el resto de quienes comenzaron a solicitarlos apenas se promulgó el Código de Aguas. Porque en un lapso de poco más de 25 años,  Jorge Wachholtz logró construir un verdadero imperio sobre las aguas de varios ríos y esteros de tres regiones: Metropolitana, de O’Higgins y de Los Ríos.

A poco más de un año de promulgado el código, el ingeniero obtuvo derechos no consuntivos de agua por un caudal de 15.000 litros/seg. en el Río Tinguiririca, Sexta Región. Corría diciembre de 1982. Dos años más tarde la DGA le volvió a otorgar derechos sobre el mismo curso de agua por 25.000 lt/seg. y en 1985 se le entregaron otros 30.000 lt/seg. En total, fueron seis derechos de agua que la DGA le adjudicó entre 1982 y 1999 a Wachholtz  sobre esa cuenca y que en conjunto totalizaron 146.630 lt/seg. (146,6 m³/seg.). Todos adjudicados para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos que nunca vieron la luz.

La magnitud del volumen de agua que acumuló Jorge Wachholtz en estos años es lo que lo hace aparecer décadas más tarde compartiendo rankings con quienes son actualmente los principales protagonistas de la generación eléctrica en el país: la ítalo-española Endesa, la estadounidense AES Gener y la chilena Colbún.

EL MERCADO DECIDE

Doce años después de la entrada en vigencia del Código de Aguas, ya en democracia, el ex presidente Patricio Aylwin envió un mensaje al Congreso para modificar uno de los aspectos más polémicos de la normativa impuesta en dictadura. Por entonces, la acumulación ociosa y especulativa de derechos de agua en manos de privados y la incapacidad del Estado para poder intervenir en esos casos, causaba preocupación entre las autoridades de gobierno.  “La acumulación de derechos de aguas en forma desmesurada sin que exista un uso actual o futuro previsible, sino únicamente la posibilidad de lucrar con ellos, no obstante su obtención original gratuita, constituye el germen de dificultades muy graves para el desarrollo futuro del país”, señalaba el mensaje del Ejecutivo.

Río Tinguiririca (Fuente: Tinguiririca.cl).

Lo que buscaba el gobierno era promover el uso efectivo de los derechos de agua evitando su mercantilización. Para ello, proponía devolverle al Estado la facultad de caducar y recuperar los títulos de agua entregados a aquellos propietarios que en un plazo de cinco años no le dieran uso. Así ocurría antes de 1981.

Pero la iniciativa causó resistencia principalmente entre las empresas del rubro y los miembros de la oposición y fue modificada sustancialmente durante los 13 años en los que estuvo en trámite en el Congreso. Por esos años (1993), el ex ministro de Hacienda de Augusto Pinochet, Hernán Büchi, quien desempeñó un influyente rol en la redacción del código, publicaba el libro “La transformación económica de Chile: del estatismo a la libertad económica”. En él consagraba los principios en materia de aguas (y otras) que se transformarían en el escudo de un sector importante de la derecha para mantener el statu quo frente a la propuesta de reforma hecha por el gobierno de Aylwin.

–El sentido que tuvo la acción gubernativa (Junta Militar) en este campo fue crear derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua misma sino sobre el uso de las aguas (…) El problema va a persistir mientras no se deje funcionar al mercado, para lo cual es fundamental previamente ir al reconocimiento cabal de los derechos de propiedad en el sector, señalaba el texto escrito por Hernán Büchi.

Lo que oculta el párrafo del ex ministro es que, la concepción del agua como un bien económico y el desmantelamiento de la capacidad reguladora del Estado en la materia, introdujeron severas distorsiones que crecieron y se consolidaron al alero del mercado: acaparamiento de agua, explotación indiscriminada de cuencas, especulación y lucro. Ello, en desmedro de las necesidades de bebida, higiene y riego para la población, tal como lo demuestran hoy los múltiples conflictos que han estallado a causa de la escasez de agua en varias zonas del país.

LA SEGUNDA OLEADA DE DERECHOS

La Metropolitana y la de Los Ríos fueron las siguientes regiones en las que Jorge Wachholtz puso la mirada. En la primera, la Dirección General de Aguas le otorgó en octubre de 1991 un derecho superficial sobre el cauce del Río Maipo por un total de 2.000 lt/seg. Fue con ese caudal con el que emprendió un proyecto para construir dos minicentrales hidroeléctricas en San José de Maipo, iniciativa que no fue concretada.

En los años que van desde 1995 a 1999, Wachholtz logró adjudicarse más de una decena de derechos no consuntivos en el Río Valdivia por un caudal promedio de 217.000 lt/seg. (217 m³/seg.). Varios de estos derechos los tramitó en conjunto con la empresa Asesorías, Inversiones y Proyectos S.A. (Andelco), constituida en 1994 por el abogado José Luis Undurraga Matta (falleció en 2003) y con la sociedad Asesorías Undurraga S.A., creada tres años antes por Jaime Undurraga Matta.

La obtención de estos derechos tomó más tiempo que lo normal. Varios de ellos comenzaron a tramitarse en 1995 y la resolución de la Dirección General de Aguas, que finalmente sancionó a favor de Wachholtz y sus socios la propiedad de esas aguas, recién fue expedida a fines de 1999. Había motivos para ello. El caudal solicitado en las diferentes solicitudes ingresadas a la DGA era gigantesco.

A petición del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el 4 de julio de 1996 el entonces presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Alejandro Jadresic Marinovic, consultó a la Comisión Preventiva Central Antimonopolios (organismo antecesor del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia), sobre la conveniencia de proceder favorablemente con la solicitud:

“La Comisión Preventiva Central Antimonopolios recomendó a este servicio (MOP) que, en virtud de las atribuciones de carácter preventivo que le otorga el D.L. Nº 211 de 1973, se abstuviera de aprobar nuevos derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos, mientras no esté en vigencia un mecanismo legal y/o reglamentario según corresponda, que asegure un adecuado uso de las aguas a menos que se trate de proyectos específicos de interés general que así lo justifiquen”, dice el texto.

Río Maipo.

La CNE requirió a los solicitantes entregar información respecto del uso de esos derechos. Wachholtz y los hermanos Undurraga Matta presentaron un proyecto hidroeléctrico (Proyecto Hidroeléctrico Central) compuesto por cuatro minicentrales con una potencia instalada total de 468.5 KW, la que sería inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC). El cronograma del proyecto consideraba tres años para la ejecución de las obras civiles, una vez terminado el estudio de factibilidad, obtenidos todos los permisos requeridos y adoptada la decisión de inversión:

“Dada la calidad del proyecto y la demanda energética proyectada para los próximos años, podemos asegurar un alto grado de concreción de proyecto”, manifestaba José Luis Undurraga en carta enviada al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía.

Con estos antecedentes, la CNE estimó que la iniciativa sí podía ser considerada de interés general “toda vez que cumple con los requisitos para insertarse sin incidencias negativas en el desarrollo del mercado hidroeléctrico en particular y eléctrico en general”. El documento que sancionó la entrega a perpetuidad de los derechos de agua sobre el Río Valdivia a Wachholtz y sus socios obtuvo la firma de la Contraloría General de la República el 29 de octubre de 1999 (ver documento).

MILLONARIAS UTILIDADES

El 31 de diciembre de 2004 acudieron a la notaría de Hernán Barría Subiabre en San Fernando, Jorge Wachholtz Buchholtz y el ingeniero civil Roberto Aigneren Ríos. Este último, en representación de Hidroeléctrica La Higuera S.A., de propiedad de Pacific Hydro (perteneciente al fondo de inversión australiano IFM) y de la empresa estatal noruega SN Power.

No era la primera vez que Wachholtz y representantes de La Higuera S.A. se veían en una notaría. Dos años antes, en octubre de 2002, se habían reunido en Santiago en las oficinas del notario Patricio Zaldívar Mackenna para firmar una promesa de compra y venta de agua. Entonces, La Higuera S.A. era aún un proyecto en ciernes y la compra quedó sujeta a la aprobación por parte de la autoridad ambiental y energética de los permisos correspondientes para operar.

Para el último mes de 2004, el proyecto ya contaba con luz verde. Había llegado el momento de liquidar la promesa. La transacción fue suculenta. Wachholtz cedió todos sus derechos sobre el Río Tinguiririca (en total 146,6 m³/seg.) a La Higuera a cambio de US$7.250.000, lo que fueron pagados de una vez. El agua que Wachholtz había acumulado durante 20 años en sucesivas solicitudes hechas al Estado encontraba finalmente comprador (ver documento).

Un año después de concretada la transacción, Jorge Wachholtz aumentaría el capital de una de sus sociedades familiares -Inversiones Wacco Limitada- en US$4,8 millones de dólares (equivalentes a $2.600 millones según valor de cambio de diciembre de 2005).

La venta de otros derechos de agua, esta vez en Valdivia, seguiría en 2006 el mismo modelo de venta a La Higuera. En marzo de 2006, Wachholtz, Andelco y Asesorías Undurraga S.A. lograron amarrar una venta por US$12 millones de un caudal de agua equivalente a 160 m³/seg. Fueron los mismos derechos que habían estado bajo la lupa de la Comisión Preventiva Central Antimonopolios y del MOP y que le habían sido entregados a Wachholtz para la construcción de “un proyecto de interés nacional” que nunca vio la luz.

En esta nueva transacción de agua, comprador y vendedor ya se conocían. El comprador fue SN Power, la que junto a Inversiones Totoral impulsaba el proyecto hidroeléctrico Trayenko S.A.

Opositores a proyecto Trayenko (Fuente: olca.cl).

Trayenko S.A. hizo un pago inicial y en efectivo de US $2.400.000 a Wachholtz y sus socios. Pero la venta además, comprometió el pago de otros US$2.400.000 condicionado a la aprobación del proyecto en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con un plazo límite de 25 años. Otros US$7.200.000 quedaron sujetos a la obtención de la concesión eléctrica por parte del Ministerio de Economía. Así lo detalla la escritura de compra y venta firmada en la notaría de Eduardo Avello el 3 de marzo de 2006.

En enero de 2007, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad dependiente del Ministerio de Economía, resolvió otorgarle a Trayenko una concesión provisional por un plazo de dos años para evaluar la factibilidad del proyecto.

Las millonarias ventas de agua realizadas por Wachholtz en 2004 y 2006 se hicieron justo antes de que entrara en vigencia la Ley Nº 20.017, promulgada en 2005, la que obliga a quienes acumulan agua y no la utilizan a pagar una multa. Ello con el fin de desincentivar el acaparamiento y la especulación.

En el trascurso de los años siguientes, el proyecto se complicó, principalmente por oposición de al menos nueve comunidades mapuche asentadas en la zona cuyos terrenos estaban bajo amenaza de quedar inundados. SN Power traspasó los activos del proyecto hidroeléctrico Trayenko a Centinela, empresa propiedad del empresario Gustavo Pavez.  Así lo informó La Tercera en abril de 2011 (ver nota). En octubre de 2012, revista Qué Pasa informó que el empresario argentino Eduardo Eurnekian (su fortuna está avaluada en US$1.900 millones, según Forbes) era el nuevo dueño del proyecto, rebautizado como Hidro Aconcagua, tras adquirir los respectivos derechos de agua (ver reportaje).

Pese al cambio de dueño que ha experimentado el proyecto, los derechos de agua involucrados volvieron a Wachholtz y sus socios. Y ello porque una de las cláusulas del contrato de compra y venta que firmó SN Power fue taxativa al señalar que en caso de que quisieran deshacerse del proyecto y revender los derechos de agua, la primera opción de compra la tendrían los propietarios iniciales. Para ello se fijó un precio de recompra muy inferior al monto de la venta inicial: US$100.000 (alrededor de $50 millones).

Un alto ejecutivo de los actuales propietarios, Hidro Aconcagua, confirmó lo anterior y señaló a CIPER que los derechos de agua de Eurnekian fueron comprados a Wachholtz y los hermanos Undurraga. Sobre el monto de esa transacción hay absoluta reserva.

Fuentes ligadas a movimientos ambientalistas y a medios de prensa locales, señalaron a CIPER que el proyecto hidroeléctrico se encuentra paralizado y el rumor es que nuevamente está en venta, lo que fue desmentido por el ejecutivo de Hidro Aconcagua.

CIPER intentó comunicarse con Jorge Wachholtz para consultarle sobre sus derechos de agua y sobre cómo se saldó finalmente la deuda de Trayenko, pero éste se excusó de responder señalando que no daba entrevistas.

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

Luego de deshacerse de gran parte de sus derechos de agua y obtener millonarias ganancias con su venta, Jorge Wachholtz inició en noviembre de 2006 estudios de factibilidad para instalar dos minicentrales hidroeléctricas en San José de Maipo. Las sucesivas ventas no habían incluido aquellos dos derechos por 2.000 lt/seg. sobre el Río Maipo.

Hydrowac y Compañía Limitada, la empresa creada por Wachholtz para “la compra, venta, permuta o enajenación de cualquier título de aprovechamiento de agua y para la ejecución material de los proyectos necesarios para el aprovechamiento de dichos recursos”, había solicitado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles los permisos correspondientes para ingresar a los predios donde se proyectaban las centrales. Para ello se le otorgó una concesión por dos años.

Predio San Francisco de Lagunillas (Fuente: monumentos.cl).

Pero al cabo de este periodo, la concesión no se renovó. Uno de los terrenos donde Hydrowac planeaba realizar excavaciones y obras -de propiedad de la ecologista y activista social Sara Larraín– fue declarado en 2008 “Santuario de la Naturaleza” por el Consejo de Monumentos Nacionales. Fue la misma entidad dependiente del Ministerio de Educación la que pidió a la SEC no renovar la concesión con el fin de respetar el carácter del predio (ver documento). Así, el proyecto que alguna vez fue calificado por el mismo Wachholtz como un “tesoro familiar” en El Mercurio (ver nota), quedó sepultado.

La otra iniciativa de Wachholtz en el negocio de la generación eléctrica es Hidroeléctrica Las Flores, ubicada en la Provincia de Ranco, Región de Los Ríos. Para ello, a través de Hydrowac, Wachholtz solicitó a la DGA 5.000 lt/seg. en diciembre de 2010, los que aún estarían en trámite. Al año siguiente, el proyecto obtuvo $76,5 millones de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) para el desarrollo de “estudios de preinversión”. El proyecto aún no ha sido ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental, aunque sí se han realizado movimientos de tierra en el lugar (ver aquí).

El balance que registra el paso de Jorge Wachholtz por el mercado del agua transando derechos obtenidos gratuitamente del Estado, no es nada despreciable. Sólo la suma de las ventas de esos derechos que CIPER pudo rastrear superan los US$10 millones. Para el empresario que se inició en los ’70 con una importadora y distribuidora de whisky (“Importadora Diwac, Cía Limitada”), este ha sido por lejos el negocio que le ha reportado más ingresos.

Walter Oliva es un democratacristiano que no está a gusto con el programa de Michelle Bachelet. Y se entiende, porque Oliva –quien fue vicepresidente de la DC en la directiva que encabezó Soledad Alvear-, es sostenedor de colegios particulares subvencionados, un negocio que Bachelet quiere clausurar con uno de los proyectos eje de su gobierno: la reforma que elimina el lucro con recursos públicos en la enseñanza básica y secundaria. En 2013, según los datos del Ministerio de Educación (Mineduc), los ocho colegios de Walter Oliva Munizaga recibieron $6.890 millones en subvenciones. De ellos, $1.312 millones correspondían a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) destinada a mejorar las condiciones de aprendizaje de alumnos “vulnerables”, es decir, los más pobres. Como la ley obliga a ocupar la totalidad de los recursos SEP exclusivamente en mejoras educativas, prohibiendo en la práctica el lucro con ese dinero, algunos sostenedores dieron con la fórmula para obtener utilidades de los fondos SEP que el Estado les confía. Oliva es uno de ellos.

Walter Oliva

CIPER indagó esas fórmulas no escritas que aumentan las utilidades de los sostenedores, identificó a los siete principales grupos de “megasostenedores” que operan en la Región Metropolitana y cuantificó los recursos estatales que reciben. Walter Oliva encabeza uno de esos siete grupos, los que en conjunto captaron en 2013 una suma total de subvenciones que superó los $62.371 millones. La cifra equivale a más del 10% del total de recursos públicos ($604 mil millones) que se repartieron el año pasado entre los 2.076 colegios particulares subvencionados de la región (vea la nómina de todos los sostenedores de la Región Metropolitana con sus ingresos en 2013) .  

Aunque las cifras que maneja el Mineduc indican que cerca del 80% de los sostenedores administra sólo un colegio y muchos de ellos lo hacen con dificultad para cuadrar su caja, en el 20% restante hay algunos que operan varios establecimientos y logran economías de escala que les permiten obtener mayores utilidades. Además de las ganancias que consiguen con la subvención, muchos de ellos contratan distintos servicios con sus empresas relacionadas y declaran gastos genéricos que aprovechan las exenciones tributarias reservadas para los establecimientos subvencionados. Sobre este tipo de sostenedores han puesto el foco los expertos del Mineduc que planifican la reforma.

Según las estimaciones ministeriales, el monto global del lucro en el sistema particular subvencionado, supera los US$300 millones anuales. Esa cifra equivale a cerca del 50% del volumen total que reciben los colegios privados con subvención estatal por concepto de “financiamiento compartido” (copago de los apoderados).

MIL MILLONES PARA LA ATE DE OLIVA

Los fondos SEP pueden gastarse en recursos materiales -como libros y computadores- y en asistencia o capacitación para la función docente. Si se ocupan en la segunda opción los sostenedores están obligados a contratar la asesoría de una consultora ATE (Asistencia Técnica Educativa) registrada previamente en el Mineduc. Walter Oliva tiene su propia ATE: Innovación Tres Limitada. Y se “autocontrató”. Entre 2011 y 2012 sus colegios le pagaron más de mil millones de pesos a su consultora.

Para acreditar cómo opera una de las fórmulas que acrecientan las utilidades de este negocio, CIPER pidió al Mineduc (por Ley de Transparencia) los pagos realizados en 2011 y 2012 por los colegios de Walter Oliva a su propia ATE. La respuesta de la cartera consignó que en ese periodo se registraron 500 facturas pagadas con recursos SEP por esos establecimientos a su consultora Innovación Tres Limitada, por un total que supera los $1.058 millones (vea el documento enviado por el Mineduc).

Además, en los mismos años, los establecimientos de Oliva contrataron, también con recursos SEP, la ATE de su ex esposa, Claudia Peirano, quien inicialmente había sido designada por la Presidenta Bachelet como subsecretaria de Educación, cargo que finalmente no asumió debido a los cuestionamientos por estos mismos conflictos de interés (vea los reportajes de CIPER “La incómoda mochila de la próxima subsecretaria de Educación” y  “Nuevo nexo con escuelas de Walter Oliva hacía inviable permanencia de Claudia Peirano en Educación”). La consultora de Claudia Peirano -Grupo Educativo Limitada- recibió $56,7 millones de los colegios de su ex marido (vea el detalle en el documento del Mineduc).

En total, los fondos SEP que en 2011 y 2012 las escuelas de Oliva destinaron al pago de las consultoras de su propiedad y de su ex esposa, suman $1.114 millones. Una cifra que adquiere mayor peso específico si se compara con los recursos SEP que obtienen los colegios de Oliva en sólo un año: los registros del Mineduc revisados por CIPER indican que en 2013 estos establecimientos recibieron un total de $1.312 millones por este concepto.

En el Mineduc saben que la fórmula que utiliza Oliva de contratar con fondos SEP su propia ATE también la ocupan varios de los grandes sostenedores. Desde hace mucho tiempo la autoridad sabe que, así como los controladores de algunas universidades privadas burlaron la prohibición de lucrar contratando servicios de empresas relacionadas, aquí ocurre lo mismo. Con el agravante de que, cuando se trata de fondos SEP, se cortan tajadas del dinero destinado a los niños más desprotegidos del país.

Frente a este escenario, y por primera vez, el ministerio solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) que le informe cuáles son todas las sociedades comerciales relacionadas con sociedades sostenedoras, para detectar si entre ellas existen pagos por servicios que comprometan recursos SEP o que se declaren como gastos que podrían ser objeto de rebajas tributarias improcedentes. En el SII confirmaron a CIPER que la solicitud del Mineduc ingresó el 13 de abril y que están trabajando en ella. La respuesta ha demorado, dicen en el SII, porque la nómina de sostenedores es muy extensa y establecer la red de sociedades relacionadas ha resultado una tarea compleja.

EL “MULTIRUT” DE LA EDUCACIÓN

Si los sostenedores de la Región Metropolitana se ordenan según el monto de los recursos que recibieron del Estado en 2013, en la cúspide de esa nómina aparecen fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. El primer lugar lo ocupa la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), con un aporte de fondos públicos que totaliza $14.932 millones. Le sigue la Fundación Belén Educa, con $10.312 millones en subvenciones. Luego se ubican la Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino ($6.933 millones) y la Fundación Juan Piamarta (de la Congregación Sagrada Familia de Nazaret, con $5.390 millones). Pero el orden de esta nómina -confeccionada con los datos oficiales- no tiene más valor que el de una ilusión óptica.

CIPER revisó los registros del Diario Oficial para analizar la composición de las sociedades sostenedoras con fines comerciales (sociedades por acciones, anónimas, limitadas y de responsabilidad individual) que operaron en la Región Metropolitana en 2013. Y comprobó que, bajo distintas razones sociales se repiten los mismos socios, muchos de los cuales están emparentados por lazos familiares o por otros negocios: una suerte de “multirut” de los sostenedores. En las fichas que acompañan este reportaje, se puede ver el detalle de todas las sociedades a las que aparecen vinculados.

Gregory Elacqua

Esta concentración del mercado es corroborada por el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, Gregory Elacqua, quien ha desarrollado diversas investigaciones sobre el sistema educacional: “El 80% de los sostenedores con fines de lucro son Pymes, la mayoría son profesores que tienen entre 300 y 400 alumnos. Luego tienes sostenedores que operan dos colegios o tienen un establecimiento grande. Eso dicen los datos oficiales, pero hay cosas escondidas en esos datos, como los sostenedores que son socios en distintos colegios. Y hay varios que están asociados a diversos RUT”.

CIPER agrupó las sociedades sostenedoras según estos nexos no declarados y reordenó el ranking de los que obtuvieron más recursos públicos en 2013 en la Región Metropolitana. El resultado: siete grupos de sostenedores, que no aparecen en los primeros lugares del ranking confeccionado con datos oficiales, irrumpen en la cima de la nómina. Con el nuevo orden, la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) ya no lidera los colegios que reciben más subvenciones, sino el grupo de sostenedores de la familia Hasbún-Ramírez (con $15.166 millones de subvenciones). La SIP se ubica en segundo lugar y le siguen el grupo Cifuentes-Narváez, Belén Educa, el grupo Alicante-Alcántara, las Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino, el grupo Romo, el grupo Oliva, el grupo Boston College y la Fundación Piamarta. Cierra el cuadro el grupo Cemsu-Edutep (vea el ranking elaborado por CIPER con los 50 sostenedores metropolitanos que recibieron más subvenciones en 2013).

Los ingresos de estos siete grupos de “megasostenedores” contrastan con los montos que exhiben las restantes sociedades que participan en el rubro. En la Región Metropolitana opera un universo cercano a los 1.700 sostenedores de colegios particulares subvencionados. De ellos, sólo un centenar obtuvo en 2013 ingresos por sobre los mil millones de pesos y apenas una treintena registraron ingresos superiores a los $2 mil millones.

LOS SIETE GRUPOS “MEGASOSTENEDORES”

De acuerdo con el ranking elaborado por CIPER con datos del Mineduc, en la cúspide de los sostenedores de la Región Metropolitana con más ingresos totales (subvenciones más copago) se ubica el grupo Alicante-Alcántara. Entre sus socios relevantes figuran Jaime Melnick, David Gottlieb, Sergio Gloger, Juan Andrés Silberstein y René Peter Silberstein. El grupo está compuesto por nueve sociedades sostenedoras que operan igual cantidad de colegios, los que suman una matrícula de 16.786 alumnos. En 2013 este grupo recibió $9.495 millones de recursos públicos (la suma de la subvención normal y SEP).  Y con el copago que cobró a sus apoderados, la cifra de sus ingresos totales se elevó a $18.704 millones (vea la ficha con las cifras e historia del grupo Alicante-Alcántara).

El segundo lugar del ranking lo ocupa el grupo Ramírez Hasbún, conformado por los miembros de las familias Ramírez Caselli y Hasbún Ramírez. Uno de ellos, Alejandro Hasbún Ramírez, es vicepresidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep), agrupación que lidera la oposición a la reforma que impulsa el gobierno. Otro socio relevante es Luis Ramírez Valle, presidente de la entidad que reúne a los colegios del grupo: la Corporación San Isidoro. Aunque recibió el nombre de “corporación”, todos sus colegios son con fines de lucro.

Los diversos integrantes de las familias Ramírez Caselli y Hasbún Ramírez forman parte de 14 sociedades sostenedoras que administran 19 colegios, los que en conjunto atienden a un total de 22.900 alumnos. El grupo recibió en 2013 fondos estatales por más de $15.166 millones y sus ingresos totales se elevaron a $17.937 millones al agregar el aporte de los apoderados (vea la ficha del Grupo Ramírez Hasbún).

El grupo Cifuentes Narváez es el tercero del ranking. Lo componen las sociedades de Filomena Narváez y de su sobrino, Jorge Cifuentes Narváez. Cuenta con diez sociedades sostenedoras que administran 20 colegios en la Región Metropolitana, en los que estudian 17.500 alumnos. Cuatro de estas sociedades están integradas por Filomena Narváez y sus hijos. Las otras seis son de Jorge Cifuentes. El grupo, en conjunto, recibió subvenciones por una suma superior a $13.038 millones. Los ingresos aumentan a $15.160 millones al sumar el copago de los apoderados (vea la ficha del Grupo Cifuentes Narváez).

En la cuarta posición está el grupo Boston College. Entre sus socios relevantes se cuenta a los hermanos Julio, Francisco y Claudio Martínez Cárcamo. El grupo cuenta con siete establecimientos administrados por igual número de sociedades sostenedoras, los que ofrecen una matrícula global de 10.900 alumnos. Sus ingresos totales en 2013 sumaron $9.418 millones, de los cuales $5.966 millones correspondieron a subvenciones (vea la ficha del grupo Boston).

El grupo Oliva ocupa el quinto puesto. Son cuatro las sociedades sostenedoras en las que participa Walter Oliva y su madre, Aurelia Munizaga. El grupo opera ocho establecimientos, con una matrícula que alcanza a los 9.200 estudiantes. En 2013 recibió recursos públicos que ascendieron a $6.890 millones y sus ingresos totales se elevaron a $8.440 millones con el copago (vea la ficha del grupo Oliva).

En la sexta posición se ubica el grupo Romo. Está integrado por 14 colegios administrados por 13 sociedades sostenedoras: dos son de Marta Romo Valdivia y sus hijos; dos pertenecen a Osvaldo Romo Valdivia y Elena Figueroa Navarrete; tres son de Raúl Orlando Romo Rojas y su familia; seis están manos de Pedro Gerardo Romo Rojas y Sonia del Pilar Alvariño, y una es propiedad de Paulina Romo Rojas.

Los colegios del grupo Romo, en conjunto, ofrecen enseñanza a 9.871 alumnos y en 2013 obtuvieron subvenciones que alcanzaron a $6.926 millones. Gracias al aporte de los apoderados, sus ingresos totales superaron los $7.888 millones (vea la ficha del grupo Romo).

Cerrando el cuadro está el grupo Cemsu-Edutep, cuyos principales socios son Jorge Ernesto Valenzuela Rudy, Leyla Elena Armijo Abdo y David Mauricio Valenzuela Rudy. A través de cinco sociedades sostenedoras cuenta con el mismo número de colegios, los que imparten educación a 7.400 alumnos. El año pasado registró ingresos por subvenciones que ascendieron a $4.887 millones, con el aporte de los apoderados esa cifra subió a $ 6.938 millones (vea la ficha del grupo Cemsu-Edutep).

UTILIDADES ENTRE 8% Y 15%

En un reportaje publicado por El Mostrador el 8 de mayo pasado, el gerente del sector educación de la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., José Ruiz, arrojó las primeras luces sobre un tema que hasta ese momento transitaba por la penumbra: las utilidades que deja el negocio de los colegios particulares subvencionados. Ruiz conoce bien el rubro, pues Norte Sur ha adquirido el 50% de las sociedades sostenedoras de 12 colegios, la mitad de ellos en la Región Metropolitana.

Hasta 2007, Inversiones Norte Sur era uno de los controladores del Banco del Desarrollo, el que fue vendido a Scotiabank en una operación que le reportó más de US$400 millones. Desde entonces ha invertido en diversos rubros que arrojan buenos márgenes de ganancias. Uno de los mercados sobre los que apostó fue la educación particular subvencionada. Ya había incursionado en el sector de la Educación Superior, primero ingresando a la Universidad de Viña del Mar, participación que en 2009 le vendió al grupo Laureate, y después, en 2011, con un fallido intento de hacerse del control de la Universidad Central (vea el reportaje de CIPER). Uno de los empresarios que encabeza este grupo inversionista es Vicente Caruz, reconocido como un histórico simpatizante de la Concertación y financista de sus campañas.

En el artículo de El Mostrador, el gerente José Ruiz declaró: “Cuando un colegio no reinvierte, el dueño se puede llevar el 15% de los ingresos (como utilidad). En nuestro caso, la rentabilidad está entre el 8% y el 10%”.

En el Mineduc concuerdan con estos números. Quienes están trabajando en el diseño de la reforma estiman que las utilidades oscilan entre el 10% y el 15% de los ingresos totales que recibe un sostenedor (la suma de la subvención normal más la SEP y, eventualmente, el copago).

(Fuente:www.alcantara-alicante.cl)

Los especialistas calculan que las utilidades se aproximan al 15% de los ingresos cuando el sostenedor maneja varios colegios y logra una economía de escala significativa. Así, por ejemplo, y bajo un cálculo conservador que sitúe las utilidades en un 10% de los ingresos anuales, un grupo tan extenso como el de las familias Ramírez Hasbún, que recibió más de $17.937 millones en 2013, pudo haber registrado utilidades cercanas a $1.700 millones.

En todo caso, dicen en el Mineduc, esto no significa que los sostenedores se llevan esa suma “para la casa”. Muchos de ellos están pagando deudas contraídas para levantar la infraestructura de sus colegios o recuperando el capital propio que invirtieron con ese mismo objetivo. En ese ministerio sostienen que las fórmulas que se barajan, en el contexto de la reforma en curso, para que el Estado compre inmuebles a los sostenedores que no deseen seguir en el rubro, no es más que el “sinceramiento” de lo que ya ocurre: los sostenedores pagan o recuperan su inversión en edificios y terrenos con los recursos públicos provenientes de la subvención. Según el informe financiero de la Dirección de Presupuestos que acompaña al proyecto de la reforma, la compra de inmuebles puede demandar un gasto de hasta US$5 mil millones en 12 años.

Para cotejar los cálculos sobre utilidades y recuperación de las inversiones de los sostenedores, CIPER solicitó entrevistas con Alejandro Ramírez Hasbún y Luis Ramírez Valle (del grupo Ramírez Hasbún), Ana Humeres (del grupo Alicante-Alcántara), Jorge Cifuentes (del grupo Cifuentes Nárvaez), Julio Martínez y Claudio Martínez (del grupo Martínez Cárcamo),  Walter Oliva (del grupo Oliva), Rodrigo Bosch (ex presidente de Conacep) y Hernán Herrera (presidente de Conacep). El único que respondió los mensajes fue Rodrigo Bosch, pero rechazó dar entrevista.

RENDICIONES DE CUENTAS

Sólo un representante de los grandes grupos de sostenedores aceptó conversar con CIPER, pero bajo reserva de su identidad. Reconoció que una parte importante de las utilidades provienen de negocios con sociedades relacionadas y que la mayoría de los grandes sostenedores son dueños también de consultoras ATE que contratan en sus colegios. Señaló además, que la fiscalización de los recursos SEP por parte de la Superintendencia de Educación es particularmente puntillosa respecto de que se usen exclusivamente en mejoras educativas. Pero no verifica si hay contratos con sociedades relacionadas ni la calidad de las asesorías. Tampoco la posibilidad de que se facture con sobreprecio.

El mismo sostenedor afirmó que la fiscalización de los gastos que se financian con la subvención normal, es muy laxa. Y las razones que da para ello CIPER las escuchó reiteradamente de otros actores del sistema: la superintendencia no tiene ni recursos humanos ni materiales para auditar al detalle las rendiciones de cuentas de los sostenedores. En el Mineduc están conscientes de que la fiscalización es laxa, porque pesquisar los vínculos entre sostenedores y sus sociedades relacionadas no era relevante, lo que cambiaría ahora por la reforma educacional que plantea el fin del lucro. De hecho, el ministerio ya está recabando antecedentes acerca de consultoras ATE pagadas con fondos SEP que aparentemente abultan el cobro de sus servicios de común acuerdo con el sostenedor, para luego repartirse el excedente.

En las rendiciones de cuentas que recibe la superintendencia se incluyen gastos en alimentación, transporte, peajes, recursos informáticos, impresión, publicidad y capacitación, entre otros, que pueden ser provistos por empresas relacionadas sin que se tome nota de aquello. Ocurre lo mismo con el pago de los arriendos de los inmuebles que ocupan los colegios. Desde fines de la década pasada muchas sociedades sostenedoras se dividieron, dando origen a sociedades de inversión y sociedades inmobiliarias. Según explican los sostenedores, esto se debe a que cuando ofrecían en garantía los inmuebles para obtener un crédito, los bancos les exigían que la propiedad no estuviese asociada al giro educativo. Esto, porque si el deudor no paga, el banco prefiere liquidar la deuda enajenando sólo el inmueble, pero no desea hacerse cargo de los problemas que acarrea el cierre de un colegio, como la cancelación de las matrículas y el finiquito de los docentes.

Producto de estas divisiones, las sociedades sostenedoras se quedaron con el giro educacional, pero transfirieron gran parte de su patrimonio a las nacientes sociedades de inversión e inmobiliarias. Así, los inmuebles en los que funcionan sus colegios pasaron a ser patrimonio de las nuevas sociedades. En consecuencia, los sostenedores ahora se pagan arriendo por el uso de sus propios edificios, tal como ocurre en las universidades privadas que por esta vía burlan la prohibición de lucrar.

A diferencia de lo que sucede en las universidades, en el sistema escolar subvencionado no está prohibido el lucro -al menos mientras no se apruebe la reforma-, por lo que declarar el arriendo como gasto no transgrede norma alguna de las leyes de educación, pero tiene el efecto de enmascarar una parte significativa de las utilidades. No obstante, esta figura podría vulnerar las normas tributarias.

Los sostenedores gozan de beneficios tributarios respecto de los gastos que hacen con la subvención. Estas exenciones están detalladas en el decreto DFL Nº2 de 1996 de Educación. La norma establece que no pagan impuestos “los gastos destinados al pago de remuneraciones del personal, la administración, reparación, mantención o ampliación de las instalaciones de los establecimientos beneficiados  o  cualquier otra inversión destinada al servicio de la función docente”. Según especialistas tributarios consultados por CIPER, el proyecto de reforma educacional ha provocado que el SII preste especial atención a estos criterios. Un punto que debe definirse es si podrían existir irregularidades en el pago de arriendos a sociedades relacionadas con los sostenedores.

Para evitar la fuga de dineros por la vía de los arriendos u otros contratos o convenios con entidades relacionadas, la reforma propuesta por el Mineduc establece que todos los sostenedores deben convertirse en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y ser dueños de los inmuebles donde operan sus colegios. Además, tendrán prohibido comprar bienes y celebrar contratos con sociedades relacionadas y estarán obligados a entregar memorias y balances auditados a la Superintendencia de Educación. De prosperar la reforma, este organismo estará dotado de nuevas facultades de fiscalización y auditoría. Por ejemplo, podrá pedir al SII que avalúe los bienes adquiridos por los sostenedores, para evitar transacciones con sobreprecios.

Un cambio radical al sistema de fiscalización y al monto de los fondos destinados para ello es uno de los requisitos para el fin del lucro. Porque hasta ahora la fiscalización del Ministerio de Educación a los colegios particulares subvencionados se ha concentrado principalmente en una sola irregularidad: la adulteración de las planillas de asistencia de los alumnos. Los sostenedores han desarrollado distintas triquiñuelas para abultar estos índices dado que la subvención se paga por los alumnos que efectivamente asisten a clases. Y a pesar de que en muchos casos las visitas de los fiscalizadores son advertidas con anticipación a los colegios, en los últimos años el Ministerio de Educación ha aumentado las sanciones e incluso el cierre de establecimientos, debido a la reiteración de esta irregularidad que bordea lo ilícito.

El detalle del nuevo sistema de fiscalización quedará plasmado en un reglamento que debe ser promulgado a más tardar un año después de la aprobación de la ley que consagre la reforma. Pero todo esto corre el riesgo de convertirse en letra muerta si no se aprueban los fondos suficientes para dotar a la Superintendencia de Educación de personal capacitado a la altura de la complejidad de sus nuevas funciones. Fue precisamente esta carencia lo que posibilitó el negocio de la Educación Superior, al no existir ni reglamento que sancionara el lucro ni organismo que lo fiscalizara.

RECONVERTIRSE O “BAJAR LA CORTINA”

Los cálculos del Mineduc indican que para el 80% de los sostenedores que hoy tienen fines de lucro, el cambio propuesto en la reforma educacional sería beneficioso. Ese es el porcentaje de sostenedores pequeños, que tienen sólo uno o dos establecimientos y que captan hasta $300 millones anuales en subvenciones. Como consecuencia del fin del copago que impulsa la reforma, la subvención se incrementará para compensar la eliminación de los aportes que hoy hacen los apoderados. Esa es la “zanahoria” que ofrece la reforma a los pequeños sostenedores: los que hoy no cobran copago verán incrementados sus ingresos por el aumento de la subvención, mientras que aquellos que hoy reciben aporte de las familias, igual serían beneficiados, pues contarían con un ingreso fijo en reemplazo del monto variable que hoy recaudan con el financiamiento compartido.

Como la mayoría de estos colegios atienden alumnado de escasos recursos, y la reforma plantea duplicar el aporte público para los estudiantes del primer y segundo quintil, estos establecimientos serán los más beneficiados. Una vez que entre en régimen la reforma, la subvención por cada uno de esos alumnos alcanzará una suma mensual de $140 mil.

Sin embargo, también existe preocupación en algunos sostenedores de menor tamaño, por el traspaso que deberán hacer de los inmuebles a las entidades sin fines de lucro. Muchos de ellos lo consideran una pérdida del principal patrimonio que han acumulado en años de trabajo.

Los registros oficiales indican que el 70% de los sostenedores que operan en la Región Metropolitana (cerca de 1.200) recibieron en 2013 un aporte de subvenciones igual o menor a $300 millones. Si sus utilidades fueron equivalentes al 10% de sus ingresos, tal como calculan los especialistas, eso significa que sus rentas mensuales no superan los $2,5 millones. Por ello, aún cuando la reforma les exija convertirse en entidades sin fines de lucro, es factible que los sostenedores conserven ese nivel de ingresos, ya no como utilidades, sino como un sueldo fijo por su labor directiva y de administración. Incluso, se espera que con el nuevo formato puedan ampliar su capacidad para captar donaciones, como ya lo hacen los sostenedores que administran colegios bajo la figura de entidades sin fines de lucro (ver recuadro).

Por todos estos factores, la apuesta de los impulsores de la reforma es que en este grupo de sostenedores, la mayoría aceptará las nuevas condiciones. Pero las cuentas del Mineduc no son claras cuando se refieren a lo que ocurrirá con los sostenedores con fines comerciales que cobran copagos por sobre los $60 mil mensuales. En este segmento parece difícil que la nueva normativa les permita igualar las utilidades actuales. Tampoco está claro que el aumento de la subvención compense el aporte que hoy reciben de las familias. Entre estos sostenedores impera el sentimiento de que simplemente serán “expropiados”.

Es probable entonces, que en este grupo se concentre la mayor cantidad de sostenedores que optaran por “bajar la cortina” y traspasarle el colegio al Estado. Este será uno de los flancos más conflictivos de la reforma que actualmente se discute en el Congreso. No sólo por la dura negociación para valorar los activos, sino por el universo de familias que se verían afectadas. A la luz de las cifras, aparece poco probable que muchos de estos establecimientos se reconviertan en particulares pagados. El nicho de la educación privada atiende apenas al 7% de la matrícula total del país. Un mercado muy acotado, que parte en los $150 mil mensuales por alumno, y por lo mismo, con escasas posibilidades de ampliación.

-Se está generando un mito sobre la cantidad de colegios que podrían pasar a particular pagado. Un estudio del Instituto de Políticas Públicas mostró que entre 2010 y 2013 más de cien colegios particulares pagados pasaron a subvencionados con financiamiento compartido. Cambiaron porque las familias no podían pagar $140 mil. Esos colegios tenían muchos problemas de morosidad –corrobora el experto en educación de la UDP, Gregory Elacqua.

COMPETENCIA CON LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La reforma que impulsa el gobierno no se agota en el proyecto que aspira a eliminar el lucro, el copago y la selección. Lo que viene ahora promete ponerle más problemas a los sostenedores de colegios particulares subvencionados, pues la idea del Mineduc es que los establecimientos públicos efectivamente queden en condiciones de disputarles el mercado y revertir la tendencia a la baja en las matrículas del sector de dependencia estatal.

En lo inmediato dos son las tareas urgentes en este ámbito. La primera, elaborar los detalles del nuevo sistema de administración que tendrá la educación pública desmunicipalizada. La segunda, poner en marcha un plan para financiar cien obras que en el Mineduc califican de “emblemáticas”. Un centenar de liceos y escuelas, repartidos por todo el país, serán reacondicionados con estándares de primer nivel. La idea es que queden con una infraestructura similar a la del remozado Liceo de Aplicación. El programa contempla inyectar recursos hasta por $5 mil millones en cada obra y la Dirección de Presupuestos ya confirmó que habrá fondos disponibles, aunque advirtió que tomará al menos dos años y medio que la pesada maquinaría administrativa del sector público permita poner en marcha los trabajos.

A la par, se lanzará una campaña comunicacional para mejorar la imagen de los establecimientos públicos. La campaña tendrá una versión nacional, otra regional y una comunal, para frenar la competencia de los colegios particulares subvencionados.

Todos estos planes, con un alto costo, son, finalmente, cosméticos. Porque como todos los expertos han insistido en estos días, el principal factor que ha socavado la enseñanza pública es la calidad. Y uno de los componentes que urge atacar es el nivel de los profesores. Un ítem que está en la agenda. En estos días ya se instaló la mesa de negociación entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores para abordar la tantas veces postergada reforma a la “carrera docente”. Uno de sus más ambiciosos objetivos es cambiar radicalmente la composición de las remuneraciones de los profesores. Actualmente sólo el 4% del sueldo que recibe el profesor está determinado por su desempeño y mérito.

El académico Elacqua valora la puesta en agenda del proyecto que modifica la carrera docente, un punto crítico por las presiones corporativas del gremio de los profesores que se prevén:

-Sabemos que el factor que más incide en calidad de la enseñanza es el profesor. Pero es un error pensar que las reformas ya presentadas no apuntan a mejorar la calidad, porque la selección perjudica la calidad, el financiamiento compartido crea una barrera que puede generar segregación y respecto del lucro no hay evidencia de que genere calidad. Las reformas que ya se presentaron son correcciones necesarias para poder aprovechar mejor las que vendrán ahora.

El 31 de enero de 2011, el Asilo de la Infancia San Ramón Nonato de Curicó cerró sorpresivamente sus puertas. Cinco años después de haber festejado su centenario, las religiosas de la Congregación Mercedaria pusieron fin al hogar de niñas más antiguo e importante fundado por ellas en Chile. En el enorme terreno ubicado en San Martín Nº 570, a escasas cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad, hoy funciona un colegio. Pero en los pasillos y pabellones donde antes vivieron centenares de niñas en riesgo social, se impuso el silencio. Allí quedaron sumergidos incómodos secretos que, tras el remezón que produjo la serie de reportajes de CIPER sobre adopciones irregulares (ver aquí), hoy comienzan a asomarse entre varias capas de polvo.

Para el cierre, sólo 36 menores convivían en el recinto y las monjas mercedarias lidiaban con una abrupta disminución de vocaciones. “El motivo principal del cierre del hogar es la falta de religiosas y, por cierto, la disminución de las niñas”, dijo su última directora Nilda Campos Leiva (sor Teresita), tras anunciar la noticia.

Lugar donde funcionó el Asilo de la Infancia San Ramón Nonato en Curicó.

La repentina decisión de las monjas de la congregación de origen francés le puso llave a 105 años de historia. La obra no sólo marcó a generaciones de niñas, religiosas, novicias y voluntarias que pasaron por este emblemático hogar de menores. También concitó la admiración y cariño de los vecinos de Curicó.

Así lo reconocen algunas monjas que estuvieron en el establecimiento. “La comunidad contribuía muchísimo. Sin su ayuda no hubiese sido posible sostener el hogar”, señala a CIPER una de ellas para graficar el compromiso de muchos curicanos con San Ramón Nonato. La frase revela también el que fuera uno de los aspectos más difíciles de sortear para las religiosas: la constante falta de recursos.

Detrás de la puerta que cerraron las hermanas mercedarias quedaron años de esfuerzo destinados a criar y entregar educación escolar a centenares de bebés, niñas y adolescentes abandonadas o en riesgo social. Y también historias que la férrea disciplina mercedaria silenció hasta ahora.  Testimonios que dan cuenta de bebés y niños que desde ese asilo fueron entregados en adopción al extranjero y en Chile. Muchas de ellas de forma irregular.

“NO HAGAN PREGUNTAS”

Testimonios de personas que durante los años 70 y 80 mantuvieron vínculos estrechos con el asilo –internas, religiosas y voluntarias– apuntan a una de las superioras que lideró el establecimiento a comienzos de la década de los ‘80, sor Teresa Melo Leyton, como la autora de numerosas entregas irregulares de recién nacidos a parejas italianas. Los mismos testimonios dan cuenta del pago de comisiones por parte de los padres adoptivos extranjeros para garantizar la prioridad frente a matrimonios chilenos.

Según los estremecedores relatos, la religiosa actuó en complicidad con un juez de menores de San Fernando (Sexta Región) para obtener de manera express los documentos legales que facilitaran la salida de las recién nacidas al extranjero.

En 1983 sor Teresa Melo Leyton colgó su hábito y más tarde se fue de Chile. Hoy se desempeña como oficial administrativa en una importante repartición de El Vaticano en Roma.

De los testimonios recogidos, CIPER investigó dos historias y constató que las adopciones irregulares fueron una práctica que se desarrolló durante la dirección de sor Teresa Melo, pero también en años previos. CIPER contactó a dos personas que hoy buscan a sus padres biológicos y que fueron dados en adopción en el mismo recinto donde funcionaba el Asilo San Ramón Nonato, en el verano de 1972.

René Mestre Sabureau.

René Mestre fue arrebatado de los brazos de su madre biológica y entregado al hogar apenas nacido. En cosa de horas ya tenía una nueva familia. María Teresa Mestre alcanzó a estar poco más de tres años en el asilo y fue entregada a la misma familia días antes que René. A su madre biológica, que según algunos relatos que recogió CIPER la visitaba cada cierto tiempo en el hogar, le dijeron que la niña había muerto.

En ambos casos no hubo papeles de por medio. “No hagan preguntas”, fue la única condición impuesta por las religiosas a los padres adoptivos. Ello, sumado al secretismo de las monjas que estuvieron a cargo del establecimiento en esos años –una de ellas se encuentra retirada en un convento en la isla de Cerdeña (Italia)– les ha impedido a René y a María Teresa dar con el paradero de sus padres biológicos.

La historia del Asilo de la Infancia San Ramón Nonato aporta nuevos antecedentes a la larga y dramática lista de casos de adopciones irregulares ocurridos en distintas regiones de Chile en las décadas de los ’70 y ‘80. Pese al paso del tiempo, este oscuro y escalofriante capítulo de la historia reciente de nuestro país está lejos de cicatrizar.

IMPOSIBLE OLVIDAR

Cecilia y Alejandra se conocieron por su relación con el Asilo de la Infancia San Ramón Nonato casi a fines de las década de 1970. Entre 1977 y al menos 1982 mantuvieron un estrecho vínculo con el hogar. Ambas reconocen tener sentimientos encontrados: admiración hacia la labor que allí se realizaba; y rechazo por hechos que violentaban los mismos principios que las monjas decían defender. Las dos pidieron mantener sus verdaderos nombres bajo reserva.

CIPER las contactó y conversó con ellas por separado. Ambas manifestaron temor de que su relato pudiera enlodar la trayectoria de más de un siglo del asilo en Curicó. “No quisiera que pagaran justos por pecadores”, dice Cecilia algo nerviosa.

Porque entre los recuerdos de admiración y orgullo se cuelan otros más bien sombríos que 30 años después no han podido olvidar. De allí que sus relatos emerjan como una catarsis luego de que se hicieran públicos los casos de niños dados por muertos y que fueron entregados de manera irregular a padres adoptivos.

En 1977, el hogar era dirigido por sor Teresa Campos, la misma religiosa que décadas después volvió al hogar como superiora hasta su cierre en 2011. Eran tiempos de mucho apremio económico. “Sor Teresita salía en un antiguo camión a recorrer la ciudad para recolectar las alcancías que se dejaban en distintos puntos de Curicó para obtener donaciones”, recuerda Cecilia. Con esos aportes, más una pequeña ayuda del Estado (desde 1982, del Servicio Nacional de Menores, SENAME), se lograban sortear las dificultades propias de atender las necesidades de más de 100 niñas en situación de riesgo (ver aportes del SENAME desde 1991).

En lo que fue el orfanato hoy funciona un colegio de la misma congregación.

Alejandra cuenta que en ese tiempo las niñas estaban divididas en grupos, por edades, y ocupaban distintos pabellones en el hogar. Había una habitación especial, llena de cunas, sólo para recién nacidas. Contigua a ella, había otra donde dormía la superiora del orfanato.

-En esa época, en el hogar había una nómina con parejas que querían adoptar niñas. Parejas de chilenos y algunos extranjeros. Pero siempre se le dio la prioridad a las parejas nacionales. Yo conocí a religiosas que cuidaban con especial esmero a las bebés en la sala cuna. Incluso algunas dormían con ellas en su dormitorio. Y fui testigo de cómo las afectaba cuando tenían que entregarlas -dice Alejandra.

Cecilia recuerda muy bien el dramatismo que envolvía a muchas de las niñas que el hogar acogía. Y afirma que por entonces los procesos de adopción se realizaban de manera transparente:

-Me tocó ver niñas abandonadas en los hospitales o incluso en las puertas del hogar. Una vez llegó una guagüita que fue encontrada en una cajita cerca del río… Yo misma fui una vez a recoger a una pequeña que había sido abandonada en el hospital.

LA OTRA FACETA DE SOR TERESA MELO

Hasta que los procedimientos de un momento a otro cambiaron. Recién se iniciaba la década de 1980 y una nueva superiora se hizo cargo del hogar de Curicó: sor Teresa Melo Leyton. La religiosa era muy joven, aún no cumplía 30 años. Según sor Elena Ruiz, actual superiora provincial de la Congregación Mercedaria en Chile, ella “sí cumplía con todos los requisitos para dirigir una obra como esta”.

Sor Elena describe a Teresa Melo como una persona emprendedora, inteligente y capaz: “Era una buena religiosa. La orden la propone pero la confirmación viene de Roma. No por nada ella fue confirmada como superiora del hogar”.

Con la llegada de sor Teresa a la dirección del Asilo San Ramón Nonato, de manera abrupta, las parejas chilenas dejaron de frecuentarlo. No obstante, las adopciones siguieron su curso, esta vez bajo un novedoso y oscuro formato. No era el único cambio que se vivía en el hogar:

-Cambiaron las reglas, las normas e incluso el trato hacia las niñas y hacia el personal. Hubo monjas que sufrieron mucho. Bajo su mandato los tratos eran muy malos, tanto con las niñas como con las religiosas. En ese momento se quebraron muchas vocaciones entre las aspirantes (novicias) a monja. Sor Teresa les exigía mucho y todo el mundo comenzó a resentirse, a pasarlo mal -recuerda Cecilia.

DE CURICÓ A ITALIA

De lo que no hay duda es que durante la época de sor Teresa Melo, el Asilo de la Infancia San Ramón Nonato experimentó un leve auge económico. Los apuros financieros comenzaron a ser sorteados con mayor facilidad. Fue en la misma época en que resultaba cada vez más normal ver a parejas de extranjeros visitando el asilo.

-Ella comenzó a darle prioridad de adopción a los extranjeros, en su mayoría italianos y de buena condición económica. Los primeros que llegaron al hogar se conmovían por la situación de precariedad del orfanato y hacían donaciones. A veces era dinero, a veces camas o ropa. Era una forma de agradecer por la posibilidad de adoptar una guagua recién nacida –relata a CIPER  Alejandra.

Pero lo que en un principio fue un acto espontáneo de agradecimiento, pronto se transformó en requisito para llevar a cabo la adopción. Según el relato de una de las testigos, sor Teresa Melo comenzó a acelerar los trámites de adopción y a exigir dinero a cambio de las recién nacidas.

–Estaban sucediendo cosas extrañas en el hogar. Además del mal trato, ya sólo llegaba gente de nacionalidad italiana a buscar a las pequeñas para adoptarlas. Todo sucedía muy rápido y de manera sospechosa. En una oportunidad, yo estaba cuidando a dos guaguas de no más de tres meses que  fueron separadas del resto que estaba en la sala cuna. Era un cuarto especial, donde dormía la superiora, al lado de la sala cuna. Yo no debía estar allí, sólo estaba ayudando a una monjita que había pasado casi toda la noche cuidándolas y que estaba cansada. Por eso, cuando sentí pasos, me escondí en el baño. Sor Teresa entró a la habitación junto a dos mujeres de nacionalidad italiana y fueron directo a las cunitas de las dos guaguas. Hablaban entre español e italiano. Y ahí una de las mujeres le dice a la superiora: “Por esta el 15%, pero por esta otra sólo 10%”. Eso me confirmó lo que venía sucediendo desde hacía tiempo –cuenta Alejandra.

Cecilia no vivió situaciones tan explícitas como ésta. Sin embargo, guarda en sus recuerdos haber escuchado conversaciones telefónicas en las que sor Teresa Melo con mucho entusiasmo relataba a terceros la llegada de nuevos lactantes:

-Ella ponía demasiado empeño en el tema de las adopciones. Tenía mucho interés en los extranjeros. Antes, el hogar no funcionaba así. Sor Teresa hablaba regularmente por teléfono con personas de otro país, supuestos padres adoptivos, y en la espera los iba preparando. “Falta poco”, les decía. Y después, junto con anunciarles “ya nació”, les decía: “es sanita”, “está gordita”. Era chocante escuchar cómo se refería a las guaguas.

Cecilia agrega otro escabroso e inédito episodio a la oscura gestión de la joven superiora mercedaria. Fue en el primer semestre de 1981 cuando una joven embarazada y soltera llegó al hogar dispuesta a dar a su bebé en adopción. Fue la misma religiosa quien la habría convencido de que entregar a su hijo en adopción era la mejor alternativa:

-Lo que sucedió con esa joven embarazada fue muy distinto a otras situaciones. Porque yo nunca vi que una mujer terminara su embarazo en el hogar. Cuando el padre de la guagua se enteró de que iban a dar en adopción a su hijo por nacer, recapacitó y quiso reconocerlo. Apenas la mujer dio a luz en el Hospital de Curicó, el padre fue a inscribir al niño con su apellido. Fue un escándalo porque el joven se encontró con sor Teresa en el mismo Registro Civil y se produjo un altercado.

San Ramón Nonato, años 70.

Cecilia relata que en ese incidente sor Teresa iba acompañada de un juez con todo el papeleo listo para hacer la inscripción y enviar a la guagua al extranjero. La férrea actitud del padre biológico lo impidió. Cecilia supo de los entretelones porque el hermano de una de las religiosas de San Ramón Nonato trabajaba como chofer de Teresa Melo. Fue a través de esa religiosa que Cecilia se enteró además del extraño vínculo que unía a la superiora con un juez de menores de San Fernando, el mismo con el que ésta se presentó en el Registro Civil de Curicó.

–Era usual que sor Teresa viajara a San Fernando a ver a este juez. Era él quien le hacía el trámite para regularizar las adopciones y permitir que las guaguas se fueran del país. Todo sucedía en menos de una semana. Por lo general, los padres adoptivos iban al hogar, permanecían en un hotel algunos días y luego se iban a Italia con un recién nacido -señala Cecilia.

CAMBIO DE HÁBITO

Según Cecilia, el altercado en el Registro Civil de Curicó a mediados de 1981 y los procesos irregulares de adopción impulsados por la religiosa mercedaria, no sólo fueron conocidos por algunas monjas, novicias y voluntarias del propio asilo. Los antecedentes fueron remitidos por una persona vinculada al hogar a través de una carta anónima, a la dirección superior de la congregación ubicada en Independencia 1783 (Santiago) donde hoy funciona la obra más emblemática de la orden mercedaria: el Colegio Santa María Cervellón.

En conversación con CIPER, la actual superiora provincial, sor Elena Ruiz, quien durante esos años desarrollaba sus labores como religiosa en ese mismo establecimiento educacional, se mostró sorprendida con los relatos y señaló, tras realizar algunas consultas, que en la Congregación Mercedaria nunca tuvieron conocimiento de esos hechos.

Lo cierto es que tiempo después del incidente en el Registro Civil y de la carta anónima que habría sido remitida a la superiora provincial de la congregación, sor Teresa Melo abandonó su rol de superiora del Asilo de la Infancia San Ramón Nonato. No fue el único cambio que experimentó la religiosa. Según registros oficiales de la congregación, el 3 de marzo de 1983 recibió el indulto de exclaustración desde Roma. Con 29 años sor Teresa selló ese día su vida como laica bajo el nombre de Luisa Melo Leyton, tal como se lee en el documento clerical (ver documento). Luego de haber sido admitida en el noviciado en marzo de 1977, Luisa Melo alcanzó a vestir el hábito sólo seis años.

Consultada al respecto, sor Elena Ruiz señaló a CIPER que jamás se enteró del porqué la ex superiora del asilo San Ramón Nonato puso fin a su vocación religiosa y que desde entonces no saben nada de ella: “Sentí mucho el hecho de que se hubiera ido, pero nunca me enteré de las razones que la llevaron a hacerlo. No supimos más de ella, sólo que trabajó como seglar en El Vaticano. Una vez que la persona se retira de la congregación, no se mantiene el vínculo”.

Actualmente, Luisa Melo Leyton trabaja como secretaria en el Pontificio Consejo Justicia y Paz, organismo dependiente de El Vaticano, integrado por 40 miembros y encargado de “promover la justicia y la paz en el mundo según el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia” (ver aquí).

La ex religiosa aparece además en los registros de la Pontifica Universidad Antonianum con sede en Roma como profesora invitada del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ver aquí). En 2004, además, se desempeñó como tesorera de la Asociación Internacional de Misioneros Católicos (IACM, por sus siglas en inglés), institución con sede en Ottawa, Canadá, y cuyo propósito es promover la asociatividad y colaboración entre misioneros católicos de distintas partes del mundo.

LA HISTORIA DE LOS MESTRE SABUREAU

Sor María Auxiliadora Letelier.

Ahora mismo podría estar en alguna ciudad o pueblo de Italia. Podría no conocer el español, y quizá no haberse enterado que sus verdaderos padres eran chilenos. Porque en el verano de 1972 el destino de René Mestre era impredecible. Bastó un llamado telefónico. Y una monja decidió que el bebé se quedaría en Chile.

René fue dado en adopción desde San Ramón Nonato la mañana del 2 de enero de 1972. “Aún tenía el cordón umbilical”, recuerda María Sabureau, su madre, quien valientemente decidió dar su testimonio y acompañar a su hijo adoptivo en la búsqueda de su madre biológica. Lo ocurrido con René Mestre confirma que las adopciones irregulares ligadas al Asilo de la Infancia San Ramón Nonato de Curicó no sólo se habrían circunscrito al periodo en el que sor Teresa Melo Leyton dirigió el hogar.

René Mestre Sabureau hoy tiene 42 años y busca a sus padres biológicos desde hace más de una década. Pero choca reiteradamente con una muralla de silencio edificada por complicidades que se mantienen hasta hoy.

Entre las imágenes que René ha logrado reconstruir a partir de los escasos testimonios que ha conseguido, está la de su madre biológica llorando en un auto estacionado frente a la puerta del Asilo de la Infancia San Ramón Nonato, la tarde en que fue entregado a las monjas. En esa misma imagen aparece la figura de otra mujer, su abuela biológica, quien lo saca de los brazos de su madre para llevarlo al interior del orfanato regentado por las hermanas mercedarias. Pero las personas no tienen rostro, ni olor, ni forma definida. Son sólo imágenes borrosas, inasibles… Aún así, estas le han permitido hasta hoy darle espacio a la esperanza.

-Mi madre biológica estaba llorando en la puerta del asilo. Supongo que no quería entregarme… -relata René.

Para entonces la superiora era sor Isabela Longoni. En el hogar también vivía una antigua directora del establecimiento, Nelly Letelier López, conocida en la comunidad religiosa como sor María Auxiliadora, quien sería una pieza clave en la adopción de René.

María Sabureau tiene 70 años y vive en Linares junto a René (su marido falleció en 2013). Han pasado poco más de 40 años desde que tomara a René por primera vez en sus brazos. Por ello le cuesta hacer memoria. Tras cada fragmento de su vida, que trae dificultosamente desde el pasado, respira hondo intentando no quebrarse. A ratos, mientras habla, mira a su hijo. Sus ojos café y humedecidos se cruzan con los de él de color verde pálido.

María hizo todo lo posible para poder tener hijos: “Entre 1969 y 1970 viajé frecuentemente a Santiago con mi marido a hacerme exámenes y tratamientos. Durante algunos periodos viajaba todos los meses. Uno de los tratamientos fue muy doloroso y no resultó. Me dijeron que iba a ser imposible que me convirtiera en madre. Luego de eso no seguimos intentando”.

Fue su marido, René Mestre Vásquez, quien no se resignó a la idea: tomó el teléfono y se comunicó con sor María Auxiliadora Letelier para que los ayudara. El llamado no era casual. Sor María Auxiliadora era tía de María Sabureau y también una de las religiosas con influencia sobre la directora del Asilo San Ramón Nonato.

A fines de 1971 la gestión rindió frutos. Con poco más de 3 años, Teresa, “una hermosa y alegre niñita” (así la recuerda María) llegó a inundar de felicidad el hogar de los Mestre-Sabureau. Apenas la recibieron, la inscribieron en el Registro Civil con los apellidos de sus padres adoptivos. Teresa Mestre cuenta que sólo se enteró que era adoptada a los 21 años. Hasta entonces, su mente había borrado todo el periodo que pasó en el hogar de niñas San Ramón Nonato.

–Cuando chica yo le decía a mi mamá que soñaba con monjas frecuentemente. Me llevaron a un sicólogo y me dijeron que tenía trastorno del sueño. Pero esos sueños eran mis recuerdos del hogar, y yo no sabía que eran imágenes reales. Cuando supe que era adoptada, recién comencé a recordar fragmentos de mi vida en el hogar –relata Teresa a CIPER.

AHORA O NUNCA

La noche del 1 de enero de 1972, pocas semanas después del arribo de María Teresa a la casa del matrimonio Mestre-Sabureau en Linares, María recibió un llamado telefónico que nuevamente le cambiaría la vida.  Al otro lado de la línea escuchó a su tía, sor María Auxiliadora, quien con voz algo agitada le anunció: “Vengan rápido a Curicó, tenemos a un niño recién nacido”.

René y María se subieron a su auto pocas horas después y en la madrugada recorrieron el camino que separaba su hogar en Linares del orfanato en Curicó. Lo que sí recuerda nítido María es que pasadas las 7:00, ingresó a San Ramón Nonato. Al interior había sigilo, pero de ello no se percató María.

Teresa y René Mestre Sabureau.

Según el testimonio que recogió CIPER de una religiosa que también estuvo presente ese día, sor Isabela Longoni y sor María Auxiliadora estaban en una habitación donde se quedaron a solas con un bebé. El pequeño había llegado la tarde anterior en un auto donde se quedó una joven mujer llorando. Las dos religiosas habían dado la orden de que nadie se acercara a la habitación. Incluso se corrieron todas las cortinas.

–De repente vi a María Auxiliadora y a Isabela venir con un coche celeste. Ahí venía René, también vestido de celeste. Me daba algo de susto, era muy pequeño, chiquitito. Era hermoso. Me lo entregaron y me dijeron que no preguntara nada, que me lo llevara rápido -recuerda María.

Según los antecedentes que ha podido recabar René, de no haber ido los Mestre-Sabureau a recogerlo esa mañana, su destino era Italia: “Mi abuela (hermana de sor María Auxiliadora) me contó meses antes de morir que si ellos no me iban a buscar, al día siguiente sor Isabela me entregaba a una pareja de italianos”, dice René. Por eso el apuro en la llamada de sor María Auxiliadora a su pariente, María Sabureau.

La inscripción de nacimiento de René fue ilegal y se concretó en Linares tres meses y medio más tarde: el 18 de abril de 1972. En ella se lee: “Nacido el 2 de enero de 1972 a las 17:00 horas”. Y certifica que sus padres biológicos son René Mestre y María Sabureau. Uno de los testigos que firma es César Cancino Cabrera, uno de los grandes amigos de René Mestre y quien se convertiría en padrino del recién nacido (ver documento).

Teresa Mestre se enteró que era adoptada por casualidad. Fue una prima la que en medio de una pelea le enrostró la verdad. María Sabureau no quiso que René, que ya había cumplido 18 años, pasara por lo mismo y por eso decidió contarle sobre sus orígenes. Pero antes quiso buscar a los padres biológicos de sus dos hijos adoptivos. Quería entregarles la información completa.

Lo primero que hizo María fue ir al hogar San Ramón Nonato y preguntar por los padres de Teresa. Sor Isabela Longoni, la misma monja que recibió a René de los brazos de su familia biológica, ya no estaba. Hoy se encuentra retirada de la vida religiosa activa en un convento en la isla de Cerdeña (Italia). Y su pariente, sor María Auxiliadora, había fallecido (murió pocos meses después de que René fuera entregado, el 12 de octubre de 1972, en el establecimiento María Cervellón en Independencia, según los datos de su certificado de defunción).

Según el testimonio de María Sabureau, ahí, en San Ramón Nonato, una de las religiosas le comunicó que habían dejado de ver hace mucho tiempo a la madre biológica de Teresa y que no sabían nada de ella. “Alguien del hogar le dijo a la madre de Teresa que su hija había muerto y la madre dejó de ir”, dice María.

La búsqueda de los padres biológicos de René, María la inició en el Hospital de Curicó ya que lo primero que constató fue que éste no figuraba en los registros del hogar. En el hospital revisó las fichas de nacimiento de los primeros días de enero de 1972 y dio con el nombre de una mujer que dio a luz el 1 de enero:

-Era una mujer que vivía en el campo en la misma zona de Curicó. La buscamos con mi marido hasta que la encontramos. Y cuando la fuimos a ver le pregunté si ella había dado en adopción a un niño en esa fecha: me dijo que no, que su hijo ya era grande y vivía con ella -recuerda María.

Cuando María le contó a René que era adoptado, ya había agotado todas las pistas para dar con el paradero de sus padres biológicos. Incluso -cuenta- puso un aviso en una radio de Curicó:

–Me ha costado mucho superar el hecho de que no hice lo que debía en su momento: haber hablado con las monjas cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Haberles dicho que por lo menos me dijeran quiénes eran los padres biológicos de René y en qué circunstancias me lo estaban entregando. No lo hice y me arrepiento mucho…

René Mestre la mira y se emociona. Nunca pensó que en esta búsqueda de su verdadera madre tendría en ella su mejor aliada. Y lo que más le preocupa hoy es no hacerle daño.

“Cuando me lo entregaron, lo único que me dijeron las religiosas fue que no hiciera preguntas sobre su origen, que me olvidara del asunto”, dice María Sabureau recordando esa mañana del 2 de enero de 1972 en que fue a buscar al que sería su hijo al Asilo de la Infancia San Ramón Nonato de Curicó. María fue obediente. No hizo preguntas, pero 42 años después su hijo adoptivo René Metre se resiste al olvido. Necesita saber quiénes son sus padres biológicos, pero las monjas que podrían entregarle respuestas mantienen un férreo silencio sobre su pasado.

No obstante, apenas publicado el artículo ya comienzan a surgir otros testimonios y datos sobre quiénes fueron testigos –directos o indirectos- de algunas adopciones.

San Ramón Nonato en Curicó.

La de René es una de las muchas adopciones irregulares llevadas a cabo en los años 70 y 80 desde el asilo que la Congregación Mercedaria tenía en Curicó, tal como lo reveló un reportaje de CIPER (ver reportaje). Los testimonios recogidos describen adopciones irregulares de lactantes que eran entregados a parejas italianas a cambio del pago de comisiones y en complicidad con un juez de menores de San Fernando. En algunas de ellas CIPER logró constatar que los contactos con Italia los manejaba la monja que dirigía el orfanato.

La red informal operó durante las administraciones de diversas superioras del hogar, que ya cerró sus puertas. Una de ellas fue Teresa Melo Leyton, quien dejó los hábitos en 1983 y hoy se desempeña como secretaria en el Pontificio Consejo Justicia y Paz de El Vaticano y como profesora invitada del Instituto de Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Antonianum en Roma.

También en Italia, aunque en la isla de Cerdeña, se encuentra otra ex superiora del hogar San Ramón Nonato, Isabela Longoni, quien recibió a René y a su hermana Teresa cuando ambos fueron entregados por sus respectivas familias biológicas. Las adopciones se hicieron con la complicidad de otra influyente monja de la congregación, sor María Auxiliadora Letelier, quien era tía de María Sabureau y gestionó la entrega de los niños.

Pese a que René Mestre Sabureau lleva casi dos décadas tratando de encontrar a sus padres biológicos, con la ayuda de su madre y su hermana adoptiva, aún no logra abrir la llave del secreto. Lo que más ha impactado a René en ese sinuoso camino, es chocar con frases como “no sigas buscando, eso sólo va a causar daño a otras personas”. Son respuestas que le han entregado las religiosas que, conociendo la verdad, lo han instado tajantemente a “no revolver el pasado”.

Desde que René se enteró de que era adoptado, inició la búsqueda de su madre biológica motivado por un deseo irrefrenable de conocer sus orígenes, de poder mirar más allá de su propia historia. Ese deseo se alimenta de una potente imagen que le cuesta sacar de su cabeza: su madre biológica llorando en un auto estacionado en la entrada del hogar San Ramón Nonato el día que fue dado en adopción por su abuela. Esta perturbadora escena –reconstruida a partir de distintos testimonios– es para René la prueba de que su progenitora no quería entregarlo. Y es eso lo que la convierte para él en una imagen contradictoria: fuente de angustia pero, a la vez, abrigo de esperanza.

–Lo que para mí resulta más fuerte, es que mi mamá biológica estaba afuera del hogar llorando en un auto porque me iban a entregar y fue su madre la que me llevó y me dejó en los brazos de las monjas. Fue mi abuela biológica la que me entregó –cuenta René.

A LO COMPADRE

Cuando el matrimonio Mestre-Sabureau se llevó a René del Asilo de la Infancia San Ramón Nonato la mañana del 2 de enero de 1972, no había ni un solo papel que acreditara su verdadera identidad. Era sólo un lactante vestido de celeste con apenas unas horas de vida. Sus nuevos padres no tenían más información que esa.

René Mestre Sabureau.

–El día que me llevé a René, todo fue muy rápido. Había llegado al hogar sólo hace horas. Todavía tenía su cordón umbilical. Cuando me lo entregaron lo único que me dijeron las religiosas (sor Isabel Longoni y sor María Auxiliadora Letelier) fue que no hiciera preguntas, que me olvidara del asunto –dice María Sabureau.

A sus 28 años y de golpe, María tuvo que aprender a criar a un bebé que no había gestado:

–De un segundo a otro comencé a criar a un recién nacido. A Teresa la habíamos adoptado semanas antes, cuando tenía 3 ó 4 años. Por suerte estaba viviendo una prima en nuestra casa en esos días que ya tenía tres hijos y ella me ayudó a ir aprendiendo a ser madre.

Pero las preocupaciones de los Mestre-Sabureau iban más allá de las repentinas labores de crianza que debieron afrontar. Tenían que inscribir al recién nacido y encontrar la manera de sortear el escollo que significaba el haberlo adoptado fuera de la legalidad. Allí aparece la figura de César Cancino Cabrera, amigo íntimo de su esposo, René Mestre Vásquez.

Cancino conocía de cerca a algunos funcionarios del Registro Civil de Linares. Fue él quien consiguió que el matrimonio Mestre-Sabureau pudiera inscribir a René como su hijo biológico. Octavio Soto Norambuena, oficial de turno en el Registro Civil, estampó un timbre y su firma en el documento. La irregularidad quedó zanjada y el confuso pasado de René quedó por mucho tiempo tapado bajo este documento legal que sepultaba cualquier ambigüedad sobre su origen.

Ese día, Cancino se convirtió en el padrino de la criatura.

“NUNCA ME SENTÍ ADOPTADO”

René describe su infancia y adolescencia como épocas de inmensa felicidad. No sólo por el cariño que le daban sus padres. También por el cuidado y atención que le brindaron sus abuelos, principalmente los maternos:

–Yo no tengo nada de qué quejarme. Tuve excelentes padres, excelentes abuelos y primos. Por parte de mi mamá yo era el único nieto hombre y vivía con ellos en la misma casa. Mis abuelos me regalaban enciclopedias, me leían libros, eran muy cariñosos conmigo. Ellos también me criaron –recuerda René.

Teresa y René Mestre.

Poco antes de que cumpliera 18 años, María Sabureau le planteó a su marido la idea de contarle a René que era adoptado. No quería que pasara por lo mismo por lo que había pasado su hija Teresa tras enterarse por una prima y en medio de una discusión de que era adoptada. Según cuenta María, el padre de René nunca terminó por convencerse de la idea, pero finalmente accedió.

–Se lo dije a los 18 años. Yo fui mucho al sicólogo en Santiago y él me decía que tenía que morir con el secreto. Pero yo sentía que en algún momento alguien de la familia le iba a decir, por eso decidimos contarle. Mi marido estaba dudoso, pero al final lo hicimos –dice María.

René no recuerda muy bien ese día. Los años y el impacto de la noticia han nublado algunos pasajes del episodio. Sí recuerda lo chocante que fue ver a su padre llorar segundos antes de que le contaran la noticia.

–Ese día me llevaron al living de la casa. Mis padres discutían. Yo sólo escuchaba “no lo hagamos”, “sí tenemos que hacerlo”. Hasta que mi papá se puso a llorar. Él era un tipo duro. Camionero, campeón nacional de caza, dirigente gremial. Nunca lo había visto así. Ahí fue cuando mi mamá habló y me contó la verdad –recuerda René.

A René –piel clara, ojos verdes– siempre le parecieron extrañas las diferencias físicas que saltaban a simple vista entre él y sus familiares. Diferencias que eran aún más marcadas cuando miraba a su hermana Teresa (pelo crespo, ojos café y piel morena). Pero si existían dudas, estas se disipaban por completo con el cariño genuino que manifestaban sus padres y abuelos hacia ambos. “Desde ese punto de vista, nunca me sentí adoptado”, aclara René.

EL MURO DE SILENCIO

Cinco años después de haber recibido la noticia, René Mestre comenzó la búsqueda de sus padres. María Sabureau, motivada por el deseo de contarle la verdad a su hijo y también de entregarle pistas sobre el paradero de sus padres biológicos–, ya la había iniciado tiempo atrás. Pero sin resultados: René no aparecía en los registros del Asilo de la Infancia San Ramón Nonato. Sor María Auxiliadora Letelier había fallecido sólo meses después de entregarlo en adopción junto a sor Isabela Longoni. Esta última, en tanto, ya no dirigía el hogar.

A la derecha, sor María Auxiliadora Letelier.

Tampoco había rastro de su posible madre biológica en el Hospital de Curicó. Las gestiones de María no se agotaron ahí. María puso incluso un aviso en una radio de Curicó pidiendo que la persona que dio en adopción a un niño a principios de enero de 1972 se contactara con ella.

–Yo pienso que René provenía de una familia acomodada. No nació en el Hospital de Curicó, sino en un lugar más exclusivo, más privado –dice María.

En 1995, con 23 años, René viajó a Talca con un propósito bien definido. Allí, en otro de los hogares de la Congregación Mercedaria , supo que se encontraba sor Isabela Longoni. La misma monja que, junto a sor María Auxiliadora, lo habían recibido en el orfanato de Curicó de manos de su abuela biológica y que lo habían entregado a las pocas horas al matrimonio Mestre-Sabureau.

Poco antes había logrado obtener algunos datos de su propia abuela (hermana de sor María Auxiliadora), quien le contó que su familia biológica tenía una muy buena situación en Curicó, que su madre era muy joven al momento de dar a luz, que no lo podía criar y que por eso lo había entregado.

Con esa difusa versión sobre sus orígenes, René se plantó frente a sor Isabela Longoni dispuesto a conocer la verdad. Pero lo que recibió de vuelta fue algo muy distinto a aquello que había ido a buscar:

–Cuando la vi le pedí que me dijera quiénes eran mis padres. Estaba nervioso porque sabía que ella tenía la respuesta. Pero lo que me contestó me dejó helado. “Para qué quieres revolver el pasado”, me dijo. “Tú ya tienes padres, te dimos una familia, no tienes por qué andar buscando. Deja de buscar”. Cuando le insistí me respondió que ella tenía que proteger a la familia que me había dado en adopción, que esa era la promesa que había hecho junto a sor María Auxiliadora, y que si yo aparecía en ese momento iba a causar un daño enorme a esa familia –recuerda René.

Cada vez que René ha intentado saber algo más, choca con el mismo muro de secreto, complicidades, datos sueltos, imprecisos. La última en tocar la puerta de la Congregación Mercedaria en busca de respuestas fue su hermana Teresa. Eso sucedió la tarde del 23 de mayo pasado.

–Lo único que quiero es que mi hermano menor encuentre a su madre biológica, que sane esa herida. Por eso me comprometí con su búsqueda. Hace unas semanas fui al Liceo Nuestra Señora del Rosario (Linares) de las monjas mercedarias para hablar con su directora (sor Amelia Basat Núñez) y con la superiora provincial de la congregación, sor Elena Ruiz. Les pedí información, les dije que él tenía el derecho a saber la verdad y guardaron silencio, no dijeron nada. Noté que, al ver que el tema estaba creciendo y que podía hacerse público, se pusieron nerviosas. Me dijeron que les preocupaba su reputación si esto se sabía. Eso era lo que más les inquietaba –dice Teresa.

Teresa aún no comienza la búsqueda de sus propios padres y ha concentrado sus esfuerzos en ayudar a su hermano. A diferencia de René, ella sí conoce su apellido original, lo que podría facilitarle la tarea si es que se decide a emprender la búsqueda.

DESDE CERDEÑA

Una de las protagonistas de esta historia, sor Isabela Longoni, actualmente reside en la Isla Cerdeña en Italia. Cuando se inició esta investigación, algunas de las religiosas con las que CIPER conversó reconocieron que mantenían contacto, aunque esporádico, con la religiosa que dirigió el Asilo de la Infancia San Ramón Nonato a principios de la década de 1970.

Una de ellas es sor Elena Ruiz, quien está actualmente a cargo de dirigir la congregación de monjas mercedarias en Chile. CIPER conversó en dos oportunidades con esta religiosa. En la primera, se mostró muy extrañada con los hechos que han salido a la luz en esta serie de reportajes y se comprometió a colaborar en el esclarecimiento de las oscuras circunstancias en las que se llevó a cabo la adopción de René Mestre en el verano de 1972.

–Han pasado muchísimos años, sor Isabela está en Italia, en Cerdeña. Nosotros podríamos tener algún contacto con ella para preguntarle, si tiene algún indicio, si se acuerda, porque esta persona es anciana –dijo sor Elena.

Cuatro días más tarde, CIPER contactó nuevamente a sor Elena Ruiz para saber cuál era el resultado de su gestión con la monja Isabela Longoni, a quien debía llamar a Cerdeña. Su respuesta fue concisa: “Hablé con ellla por teléfono. Lamentablemente sor Isabela Longoni no se acuerda absolutamente de nada respecto de este episodio”.