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Daniel Farcas: su nexo con fraude de las Becas Valech y la compra de acreditación de la UNIACC

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Dos complejas investigaciones judiciales tienen en la mira a la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC, propiedad del consorcio estadounidense Apollo Group inc. En ambas, un protagonista importante es Daniel Farcas Guendelman (PPD), 41 años, electo diputado de la Nueva Mayoría por el Distrito 17 de la Región Metropolitana (Conchalí, Huechuraba y Renca), quien durante ocho años -entre 2002 y 2010- fue vicerrector académico, pro-rector y finalmente rector de la UNIACC. En ambas investigaciones el nudo central lo configuran hechos irregulares que han provocado daño a miles de familias y que probablemente terminen siendo considerados “perfectamente legales”.

La primera investigación indaga sobre el origen y destino de los $15.000 millones que esa institución recibió gracias a las Becas Valech entre 2006 y 2010, precisamente los años en que Farcas ocupó un alto cargo en la toma de decisiones de la UNIACC. Son recursos públicos que el Estado, en virtud de una ley, destinó para que las personas que sufrieron tortura y prisión política durante la dictadura pudieran completar los estudios interrumpidos por actos de violencia.

Aunque resulte inexplicable, ni la ley ni el reglamento respectivo especificaron qué tipo de cursos podían financiarse con esta beca. Tampoco se diseñó un mecanismo a través del cual la autoridad fiscalizara la correcta utilización y transferencia de esos fondos de reparación.

Ante tamaños boquetes en la legislación, algunas universidades, entre ellas la UNIACC, vieron allí un nicho de negocios e inventaron “programas especiales”. Cursos que no servían para completar los estudios escolares que muchos de los ex prisioneros habían dejado incompletos, y tampoco permitían acceder a un título universitario. Cursos que, de hecho, nadie pagaría con su propio dinero porque no van a ninguna parte. Un fraude.

Algunos de esos cursos, como el “Programa Universitario en Comunicación, Gestión y Nuevas Tecnologías”, que creó la UNIACC, en el que se matricularon más de 1.500 ex presos políticos, costaron al Fisco más de $5 millones al año por alumno (duraba dos años). Un costo mayor al que tenía la carrera de Medicina en la Universidad de Chile. Eso implica que el Fisco gastó recursos como para formar durante dos años a 1.500 médicos, pero lo que se obtuvo fue algo así como “gestores en nuevas tecnologías”.

La autoridad de la época constató la imprecisión de la norma y la sangría fiscal que implicaba, y también el engaño del que eran víctimas precisamente aquellos que la ley buscaba reparar. Pero no hizo nada por cambiarla. En 2011, después de varios de miles de millones de pesos gastados, una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, instalada a raíz del escándalo que provocó un programa de Televisión Nacional que denunció estas prácticas, cuestionó duramente a quienes tenían el poder y la obligación de velar por el interés público: las ministras de Educación Yasna Provoste (DC), actual diputada, y Mónica Jiménez de la Jara (DC), actual embajadora de Chile ante el Vaticano; el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Julio Castro (quien en 2009 asumiría como rector de la Universidad de Viña del Mar, de propiedad del Grupo Laureate (ver recuadro), y su jefe de gabinete, Rodrigo Lasen.

En su informe final (ver informe final de la comisión), los diputados concluyeron que se había “mal utilizado fondos públicos, dilapidándolos desde la promulgación de la ley y del reglamento”; y que las autoridades de la época actuaron con “displicencia e indiferencia”: “Resulta de una negligencia gravísima la pasividad de las autoridades del Ministerio de Educación, sobre todo en lo que a recepción de reclamos se refiere”.

Hasta ahora no ha habido sanciones penales que respalden las duras conclusiones de los parlamentarios. Probablemente no las habrá. Porque de las dos investigaciones que abrió el Ministerio Público, una está cerrada y la otra agoniza. La fiscal a cargo de esta última, Ximena Chong, dijo a CIPER que la ley y el reglamento que servían para regular la entrega de los dineros de las Becas Valech, eran tan vagos y amplios que, aunque los costos y la utilidad de los cursos de la UNIACC (y de otras instituciones de Educación Superior) podían parecer una bofetada al sentido común, hasta ahora aparecían como perfectamente legales.

Ximena Chong

Ximena Chong describe así el razonamiento usado por la UNIACC para justificar los precios: “Lo que han señalado algunos privados, y uno puede estar o no de acuerdo en términos éticos, es que si a mí el Estado está dispuesto a pagarme todo lo que yo cobre, soy libre de cobrar lo que yo estime”.

No obstante, la investigación del Ministerio Público sí pudo determinar algunos hechos que prueban por qué la UNIACC recibió por lejos la mayor cantidad de dineros de las Becas Valech. Y ello fue posible gracias a que, en forma irregular y con anticipación, ese plantel obtuvo la nómina de los beneficiados por la Ley Valech y pudo así desplegar una agresiva campaña para capturarlos con planes de estudios que resultaron ser caros y un engaño.

En esa trama aparecen en roles protagónicos Daniel Farcas y uno de sus amigos desde los tiempos de la dictadura: el vicerrector académico y luego rector de la UNIACC, Andrés Lastra (DC), quien fuera en 1989 presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), cuando su amigo Farcas fue secretario general de dicha federación por la Izquierda Cristiana. La participación de ambos se detallará en la segunda parte de este reportaje.

ACREDITACION EN CUOTAS

Una segunda investigación judicial es la que busca determinar si la acreditación que obtuvo la UNIACC en 2007 -y que le permitió acceder a otros $2.100 millones provenientes del Crédito con Aval del Estado (CAE)- fue legítima o el resultado de actos de corrupción. La indagatoria se ha extendido también a los pormenores del intento frustrado de acreditación de la UNIACC en 2011, encontrando claras pruebas de que esa institución, con Farcas como figura descollante, intentó beneficiarse ilícitamente de los contactos que tenía en el sistema de acreditación.

Esta investigación tiene como eje a un personaje que CIPER sacó de las sombras de la burocracia: Luis Eugenio Díaz Corvalán, ex consejero y después presidente (s) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Tras la revelación hecha por CIPER de que Díaz firmó con la Universidad del Mar un contrato para que la CNA le otorgara la acreditación (ver reportaje), el escándalo fue creciendo hasta dar paso a una investigación judicial en pleno desarrollo.

La investigación de la Fiscalía Oriente ha levantado dudas -algunas ya confirmadas- sobre la idoneidad de la acreditación conseguida por media docena de instituciones. Se constató que, en algunas de ellas, Luis Eugenio Díaz demandó favores en medio de los procesos de acreditación (como en el caso de la Universidad SEK, a cuyo rector Díaz le pidió que lo contratara a él o a su “sobrina”); o como el proceso de la Universidad Autónoma, donde Díaz le solicitó al rector, el ex ministro de Justicia Teodoro Ribera (también dueño del Instituto Profesional Inca-cea), que becaran a un sobrino suyo, además de obtener después un contrato a honorarios para una asesoría en Gendarmería, institución dependiente del mismo Ribera, quien para entonces ya era ministro (ver reportajes de CIPER).

A otros planteles Luis Eugenio Díaz les cobró caro por su asesoría. Con la Universidad del Mar (UDM) firmó un contrato por $60 millones, más un incentivo por cada año de acreditación que lograra. En ese contrato, firmado en 2011, si la UDM conseguía dos años le pagarían $15 millones extra; si obtenía tres años, $25 millones; y si lograba cuatro años, $45 millones. (Ver documento)

Ese contrato está inspirado en uno muy similar que hizo el mismo Díaz un año antes -el 1 de marzo de 2010- con la UNIACC, cuyo monto fue negociado con Daniel Farcas. Primero Díaz le cobró a la UNIACC $20 millones por una evaluación de la casa de estudios y luego firmó por $50 millones para asesorarla en el proceso de acreditación institucional, más premios por cada año que lograra. La relación entre las partes se quebró a mediados de 2010. Pero Eugenio Díaz alcanzó a trabajar en los documentos que la UNIACC presentó a la CNA para obtener su acreditación. De hecho, cobró $20 millones del segundo contrato.

Eugenio Díaz no informó a la CNA del vínculo comercial que tenía con la UNIACC y en noviembre de 2011, cuando la CNA decidió su acreditación, Díaz votó. Ese acto completamente irregular, sin embargo, no fue suficiente para que la UNIACC consiguiera la acreditación pues su situación financiera era lamentable y además el escándalo de la Becas Valech ya le había estallado en la cara.

FARCAS Y DIAZ: LAZOS ANTIGUOS

Tanto en la investigación de las Becas Valech como en la de las acreditaciones vendidas por Luis Eugenio Díaz, aparece el ahora diputado Daniel Farcas (PPD) en un rol central. Entre 2006 y 2010, cuando el diputado ocupó cargos de máxima responsabilidad en la UNIACC, el dinero público de las Becas Valech y del Crédito Con Aval del Estado llegó a raudales a esa universidad. De hecho, fue la universidad que más dinero recibió por Becas Valech, muy por encima de otras instituciones (ver cuadro).

Los testimonios de varios ex presos políticos que se sintieron estafados por la UNIACC, y que así lo declararon en un juicio que se abrió en Valparaíso y también refirieron a CIPER, sindican a Daniel Farcas como responsable importante del verdadero fraude realizado por esa casa de estudios con las Becas Valech. En la investigación de las acreditaciones, en tanto, Farcas debió declarar como imputado en medio de la última campaña parlamentaria.

En su declaración ante la Fiscalía, Daniel Farcas tuvo que reconocer una antigua relación con el principal inculpado, Luis Eugenio Díaz, ya que ambos fueron militantes de la Izquierda Cristiana en la clandestinidad en dictadura. Y también debió admitir ante el fiscal Carlos Gajardo que fue él quien propuso contratar a Díaz -en ese momento presidente de la CNA- para que asesorara a la UNIACC en la acreditación. Según Farcas, Díaz le aseguró que “no había problemas”. La misma respuesta -dijo- obtuvieron de “varios abogados que consultamos: no había inconveniente”. Aunque no especificó el contenido de su consulta, Farcas quiso dejar en claro ante la justicia que todo había sido legal.

Eugenio Díaz

En rigor, antes de que Luis Eugenio Díaz llegara de la mano de Daniel Farcas a la UNIACC, hubo otros capítulos en su relación. Porque la estrecha complicidad forjada entre ambos en dictadura se reanudó en el año 2000, ya recuperada la democracia, al coincidir en una entidad pública poco conocida: el Centro Nacional de la Productividad y la Calidad (CNPC), dependiente de la CORFO. Farcas asistía a las reuniones de la CNPC como director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), cargo que ocupó tras haberse desempeñado como director de Organizaciones Civiles del Ministerio Secretaría General de Gobierno de Eduardo Frei. Luis Eugenio Díaz, en tanto, llegó al CNPC a mediados de la década de los ´90, como su secretario ejecutivo.

Cuando en el año 2000 hubo cambio de gobierno y Farcas llegó al CNPC, ya se había forjado allí desde mediados de los ’90, una estrecha complicidad entre tres personajes clave del tráfico de acreditaciones: Andrés Lastra (DC), a quien Luis Eugenio Díaz le ofreció el puesto de encargado de comunicaciones de la CNPC; y Ángel Maulén (DC), por entonces subsecretario de Economía (y por ese hecho presidente de la CNPC).

Cuando Farcas llegó al CNPC en 2000, con el cambio de gobierno, Andrés Lastra ya no estaba allí (desde 1997 era jefe de la División de Finanzas del Ministerio de Transportes), pero rápidamente se lo llevó a trabajar con él al servicio que dirigía (Sence), como su segundo a bordo. En tanto, Ángel Maulén había adquirido la Universidad Mariano Egaña junto a un socio transformándola en la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), otra de las universidades cuya acreditación está siendo investigada por el Ministerio Público y en la que Maulén tiene la calidad de imputado por el delito de posible lavado de dinero.

En el año 2002, arrastrado por un episodio de corrupción conocido como el Caso Coimas, Daniel Farcas fue obligado a dejar la dirección del Sence. Andrés Lastra también debió partir, pero rápidamente fue contratado en un alto cargo en el Instituto de Normalización Previsional (INP, dependencia del Ministerio del Trabajo). Farcas, en cambio, no seguiría en el aparato público. Al poco tiempo encontró trabajo en la UNIACC, propiedad de Andrés Guiloff, a quien conocía por el Sence y la comunidad judía. Poco después, en 2003, Farcas se llevaría a trabajar a la UNIACC a Andrés Lastra, quien no abandonaría su cargo de gerente general del INP (ver curriculum).

Andrés Lastra se convirtió así en vicerrector académico de la UNIACC y Daniel Farcas en pro-rector. Al año siguiente, ambos serían los responsables de obtener la primera acreditación de dicha universidad ante la entonces CNAP (Comisión Nacional de Pregrado, antecesora de la CNA, dirigida entonces por Iván Lavados). Sería el momento en que nuevamente Farcas y Lastra se volverían a juntar con Luis Eugenio Díaz.

Porque fue precisamente en 2005 que la CNAP designó a Luis Eugenio Díaz como presidente de la comisión de pares evaluadores de la UNIACC: los encargados de visitar esa universidad y de informar a los consejeros de la CNAP. Con ese informe, más los antecedentes entregados por la UNIACC, la CNAP tomaba sus decisiones. Lo que los pares no informaban, simplemente no llegaba al organismo fiscalizador y, por lo tanto, no era considerado en la evaluación.

La UNIACC entonces era una universidad pequeña, de poco más de mil alumnos, que no usaba la PSU para seleccionar a sus postulantes y que era manejada como una empresa familiar por su dueño, Andrés Guilloff. Ambas características, sobre todo la segunda, eran mal vistas por la CNAP pues se esperaba que las universidades –que no podían lucrar– se administraran de acuerdo a sus propios intereses académicos y no de acuerdo al interés de su dueño.

Por eso resultó muy sorpresivo que la UNIACC recibiera dos años de acreditación. Sin embargo, todo comenzó a calzar cuando sólo cuatro meses después del beneplácito de la CNA, Eugenio Díaz asumió como subdirector de la escuela de derecho de la UNIACC, un cargo que no existía hasta ese momento y que Guiloff creó especialmente para él.

El paso de fiscalizador a empleado del fiscalizado causó molestia entre los consejeros de la CNAP. “Díaz me comentó que por haber ingresado a trabajar en la UNIACC lo habían restado de la lista de pares evaluadores de la CNAP. Me dijo que en la CNAP se habían molestado”, declaró Andrés Lastra ante la fiscalía.

Pero la molestia de la CNAP no influyó en la carrera de Díaz como evaluador de universidades. En 2006 la CNAP fue reemplazada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo que tenía mucho más influencia pues su certificado era la puerta de entrada al Crédito con Aval del Estado (CAE). Logrando la acreditación de la CNA, las universidades e institutos conseguían miles de millones.

El proyecto de ley que creó la CNA fue objeto de una intensa discusión en 2005 y 2006. La idea del gobierno de Ricardo Lagos era usar los recursos del CAE para que las universidades e institutos accedieran a someterse a un estricto control por parte de la CNA. En el proyecto enviado por el gobierno, este organismo tenía varias atribuciones para fiscalizar, las que fueron siendo mermadas con una lluvia de indicaciones en la discusión parlamentaria.

Quienes dirigieron la ofensiva en contra de las facultades de fiscalización fueron los diputados de la UDI José Antonio Kast, Eugenio Bauer, Sergio Correa; y los RN Germán Becker y Rosauro Martínez (actualmente desaforado por la Corte Suprema por su presunta responsabilidad en tres homicidios durante un operativo militar que él comandó en Neltume, en 1981).

José Antonio Kast, Eugenio Bauer, Germán Becker y Rosauro Martínez

Siempre actuando en bloque, los diputados presionaron para que la mayoría de los miembros de la CNA fuera designada por las universidades privadas e institutos profesionales (estos últimos sí pueden tener fines de lucro según la ley). Este cambio resultó nefasto, pues quienes debían ser fiscalizados tuvieron poder sobre el ente fiscalizador y terminaron haciéndolo actuar a su medida. Y la CNA, custodio de los nuevos y crecientes recursos del CAE, terminó transformada en un gestor de dinero sin control para las universidades con fines de lucro, a través de un modelo que, como ha quedado demostrado, incluía sociedades relacionadas, préstamos sin intereses ni plazos y otros mecanismos.

La norma estableció que de los 15 integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) con derecho a voto, la mitad sería elegida por las instituciones de Educación Superior privadas (universidades, institutos y centros de formación técnica) directamente beneficiadas o perjudicadas con las decisiones de la CNA.

Según declaró Andrés Lastra a la fiscalía, fue el dueño de la UNIACC, Andrés Guiloff, quien propuso a Luis Eugenio Díaz como candidato a consejero de la CNA en representación de las universidades privadas. Lastra junto a Daniel Farcas lo promocionaron. Ante la fiscalía, Farcas dijo: “Llamé a personas de otras universidades y en general fue bien aceptado su nombre”. Andrés Lastra y Daniel Farcas lograron el apoyo de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), que congregaba a 14 entidades, entre ellas la Gabriela Mistral, la Universidad del Mar y la Pedro de Valdivia.

Uno de los que votó por Luis Eugenio Díaz, según lo admitió ante los fiscales, fue Ángel Maulén, dueño de la Universidad Pedro de Valdivia (ex Mariano Egaña).

Así fue como Eugenio Díaz se instaló en la CNA en representación de las universidades privadas para el periodo 2007-2011 (junto con Adolfo Arata). El amplio respaldo que obtuvo le permitió ser elegido vicepresidente de la CNA.

Ángel Maulén

Al año siguiente, cuando Daniel Farcas ocupó la presidencia de la Corporación de Universidades Privadas hizo que ese organismo impulsara la candidatura de Luis Eugenio Díaz como miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el cupo que era elegido por los decanos de las escuelas de Derecho de las universidades. Según se consigna en la página de la CUP, tras el éxito de la operación, Farcas declaró: “Creo que en esta designación hemos demostrado que, como corporación, tenemos capacidad de convocatoria, y de sostener una posición de unidad frente a un requerimiento específico de las autoridades nacionales”. Interrogado por los fiscales Farcas reconoció que en esa ocasión “la UNIACC votó por Díaz”.

Los datos recabados por la Fiscalía Oriente muestran que en 2007 Luis Eugenio Díaz recibió de la UNIACC una remuneración anual de $17,5 millones. Tan importante como eso es que Daniel Farcas y Andrés Lastra reconocieron que Díaz colaboró, como un empleado más, en lograr que esa universidad se acreditara por segunda vez. Pero Díaz no era un empleado más: era ya consejero de la CNA, votaba e interactuaba en el ente que le concedería o no la acreditación. En la declaración de intereses a la que estaba obligado por ley, admitió su vínculo con la UNIACC, pero escribió simplemente “subdirector de la Escuela de Derecho”. Omitió decir que fue protagonista remunerado de su proceso de acreditación ya que durante todo 2007 colaboró estrechamente en la documentación necesaria para ello.

Así lo reconoció a la fiscalía Daniel Farcas: “Luis Eugenio Díaz, en el proceso ante la CNA del año 2007, colaboró como todos los profesionales y directivos de la universidad, por la importancia que el proceso tiene para la institución. En su rol de subdirector de la Escuela de Derecho, ayudó a preparar el informe de autoevaluación que estaba a cargo de Andrés Lastra, Orlando Galaz y Gustavo Cárdenas (secretario general de la UNIACC, aparece en numerosos testimonios como encargado de las Becas Valech en esa universidad). No sé específicamente la participación que tuvo Luis Eugenio Díaz, pero sí vi a Díaz reunido en la vicerrectoría académica con el resto del equipo confeccionando los informes de autoevaluación”.

En la votación de la CNA de 2007, sobre la acreditación de la UNIACC,  Eugenio Díaz se abstuvo de participar. En esa oportunidad la UNIACC recibió tres años de acreditación, lo que le permitió acceder sólo ese año a $896 millones de CAE. Pero como el CAE permite a los alumnos seguir financiando sus carreras hasta el final de ellas, esa acreditación le permitió a la UNIACC obtener más de $ 2.000 millones entre 2007 y 2011.

Dos meses después de lograda la acreditación, la UNIACC fue vendida a la transnacional de la educación Apollo en US$ 44 millones. Un dato importante pues sin haber logrado la acreditación el precio habría sido muy menor. Díaz continuó trabajando con la nueva administración todo el año 2008, pero ahora ganaba más y boleteaba a través de la empresa que formó con su esposa e hijas: Gestión Limitada. Entre octubre de 2007 y enero de 2009 recibió mensualmente $2,5 millones (cerca de $37 millones en total). Justamente en enero de 2009 comenzó a asesorar a la Universidad Andrés Bello. Pero los vínculos con la UNIACC quedaron intactos y se activaron cuando a fines de ese año esa universidad debió volver a preparase para renovar la acreditación en 2010.

Los dueños estadounidenses de Apollo habían designado en Chile a Hermann Schwarz como su representante. Según declaró éste último, Andrés Lastra y Daniel Farcas le insistieron que el hombre adecuado para la re-acreditación no podía ser otro que Luis Eugenio Díaz. Schwarz aceptó y a fines de 2009 Díaz fue contratado por la UNIACC para hacer una evaluación de la institución a pesar de ser ya vicepresidente de la CNA.

Le pagaron los primeros $20 millones por la evaluación. Díaz no declaró ante la CNA ese vínculo que sin duda comprometía la idoneidad de su rol en la CNA. Durante todo 2010 y 2011 el único trabajo que informó fue la asesoría que hacía a la UNAB.

En el informe de evaluación que hizo Eugenio Díaz para la UNIACC puede leerse qué es lo que miran los pares evaluadores de la CNA, y qué es lo que valoran y critican sus consejeros. Actúa como una especie de “espía” que surte a sus empleadores -la universidad que está siendo evaluada, en este caso la UNIACC-, de “información privilegiada” al filtrarle las opiniones de los consejeros durante el proceso.

En uno de sus informes, se lee: “En conversaciones internas y en foros varios integrantes de la CNA han planteado que una modificación legal que debería hacerse es que la CNA tenga la facultad de revisar la decisión de acreditación cuando poco después de adoptada se produzca un cambio importante en el proyecto institucional (y se suele citar el caso del cambio de propiedad de la UNIACC como ejemplo)”.

Una vez que Eugenio Díaz terminó su primer informe de evaluación, Andrés Lastra y Daniel Farcas insistieron en que, para corregir los problemas detectados y obtener la renovación de la acreditación, no había otro hombre más adecuado que Luis Eugenio Díaz.

En un primer momento, Díaz estimó su trabajo en $70 millones, con un premio de $30 millones si conseguía cuatro años de acreditación. En el email que le envió a Hermann Schwarz, entonces presidente del grupo Apollo en Chile, controlador de esa universidad, Díaz detalla el servicio que ofrece:

“Una asesoría en el diseño e implementación del proceso de gestión y aseguramiento de la calidad y en particular, del proceso de re-acreditación institucional de la universidad. La asesoría se brindaría especialmente al presidente ejecutivo y al rector, así como al comité o comisión de acreditación y demás instancias colectivas que lo requieran. El consultor revalidaría al menos una vez al mes el estado de avance del proceso de acreditación y los documentos que al respecto se elaboren… El proceso de consultoría se extendería desde esta fecha hasta que se adopte la decisión definitiva de acreditación. Los honorarios por esta consultoría ascenderán a la suma de $70.000.000 a todo evento y de $30.000.000 adicionales para la eventualidad que la universidad sea acreditada por cuatro años”.

Schwarz encomendó entonces a Lastra y a Farcas negociar una rebaja en los honorarios. Ambos consiguieron que Díaz cobrara $50 millones más un premio por año de acreditación que obtuviera: $15 millones si lograba dos años; $25 millones por tres años; $50 millones si le daban cuatro años. Y si conseguía cinco años de acreditación para la UNIACC, entonces Díaz se llevaba el premio máximo: $100 millones.

Andrés Lastra y Gustavo Cárdenas (Fuente: universia.cl)

Una recomendación que Díaz hizo en su informe fue separar el cargo de representante de Apollo con el de rector, roles que en ese momento reunía Hermann Schwarz. Luis Eugenio Díaz recomendó entonces a Andrés Lastra para ocupar la rectoría y que Farcas fuera nombrado en el directorio de la UNIACC. Schwarz aceptó lo primero. Y aunque Lastra duró dos meses en ese cargo (la disputa con Schwarz fue frontal), fue  tiempo suficiente para que Lastra contratara a Díaz para trabajar en los documentos que la UNIACC debía presentar para acreditarse. Es decir, para que trabajara en los documentos que luego el mismo Luis Eugenio Díaz evaluaría en la CNA.

Díaz comenzó a trabajar en ese segundo contrato con la UNIACC en marzo de 2010 y renunció el 9 de abril. No alcanzó a terminar su asesoría y cobró sólo $20 millones. La salida de su amigo Andrés Lastra fue detonante del quiebre. Pero hubo otro hecho que determinó la ruptura: el escándalo que en abril de 2010 se desató con las Becas Valech, cuando el programa “Esto no tiene nombre” de TVN, mostró que la UNIACC se estaba haciendo una fortuna con cursos que no conducían a ninguna parte y que eran carísimos para el Fisco. En ese momento el rector de la UNIACC era Daniel Farcas. Dos meses después de ese reportaje fue destituido (ver reportaje)

Un motivo más explica la intempestiva renuncia de Eugenio Díaz a la UNIACC. Para entonces, éste ya sabía que el presidente en ejercicio de la CNA, Emilio Rodríguez (actual intendente de Arica), se retiraría y que le correspondería a él subrogarlo. Entre las amplias facultades de las que tomaría posesión, estaba influir en la designación de pares evaluadores y dirimir las votaciones empatadas. No le convenía exponerse.

La instalación de Luis Eugenio Díaz en la presidencia de la UDM dio inicio al periodo más irregular de ese organismo donde toda institución que se presentó ante la CNA fue acreditada. Varias de ellas tenían tratos bajo cuerda con el nuevo presidente de la CNA. Por ejemplo, Ángel Maulén, dueño de la Universidad Pedro de Valdivia, quien recurrió a los servicios de Luis Eugenio Díaz y de Andrés Lastra (a quien contrató como vicerrector de calidad de la UPV) para lograr acreditar su universidad en la CNA. Mediante un contrato por $50 millones pagados a Luis Eugenio Díaz, Maulén consiguió que la UPV, que nunca antes había sido acreditada, obtuviera un año de certificación y de CAE, lo que le significó recibir $2.000 millones.

En esos meses, Andrés Lastra también registra pagos de la sociedad personal de Eugenio Díaz, Gestión Limitada, por una asesoría hecha al Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. Más tarde, Eugenio Díaz le diría al fiscal Carlos Gajardo: “Diego Méndez, dueño y rector del CFT Simón Bolívar, me pidió que le ayudara a acreditar la institución a cambio de un pago a la Sociedad Gestión de $15 millones… Trabajé en eso con Andrés Lastra y le pagué $5 millones, todo con boleta”.

La sociedad de Luis Eugenio Díaz y Andrés Lastra para acreditar en forma irregular universidades, tiene otras aristas. Porque en el proceso de acreditación de la Universidad SEK, en 2009, uno de los cuatro pares evaluadores fue también Andrés Lastra, quien fue designado para esa tarea por el propio Díaz.

La relación de Andrés Lastra con la UNIACC no terminó con su salida de la rectoría y su aterrizaje en la Universidad Pedro de Valdivia. Hermann Schwarz, presidente de Apollo en Chile y directivo máximo de la UNIACC, declaró ante el fiscal Gajardo que “se le pidió permanecer vinculado a la UNIACC para asesorarla en su proceso de acreditación, atendida su experiencia académica y su calidad de par evaluador y todo el conocimiento que tenía de la universidad”.

Y se entiende, estando Luis Eugenio Díaz a la cabeza de la CNA, la UNIACC no podía permitirse despedir a uno de sus socios. El vínculo se mantuvo, dijo Schwarz, ya que hubo un proceso de negociación y “el posterior pago de una compensación y finiquito por el cese en su cargo de rector”.

Esos vínculos no fueron suficientes para lograr que la universidad se acreditara cuando a fines de 2011 la UNIACC debió ser examinada por tercera vez por la CNA. Fue rechazada. También fue estéril su intento de apelación en enero de 2012. La universidad bajó a la mitad su matrícula y sus ingresos.

LUCRO SIN CONTROL

El escándalo provocado por los negocios de todo tipo en el sistema de Educación Superior dio vida a dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. Sus informes fueron durísimos respecto de la falta de fiscalización del Ejecutivo. En el primero (“Funcionamiento de la Educación Superior”), la comisión concluyó no solo que había universidades que lucraban (entre ellas la UNIACC), sino que ese lucro se hizo gracias a que el aparato fiscal renunció a fiscalizar y a hacer cumplir la ley que expresamente lo prohíbe.

Daniel Farcas

En el segundo informe (sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA), la comisión parlamentaria asumió la parte de la responsabilidad que le cabía en el desastre del sistema: “Todos los actores involucrados, tanto gobiernos como legisladores, no dimensionaron de forma apropiada y oportuna la complejidad de los problemas que Chile sufría en materia de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior. Se evitó legislar oportunamente, pese a que existían evidencias en relación a que algunas universidades se expandían de una forma en que se alejaban de su proyecto académico, y no se condecían con una interpretación sana y prudente del principio de autonomía institucional”.

El informe califica como un error el que las universidades que debían ser evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) tuvieran poder para elegir a un gran número de sus consejeros. Los diputados también consideraron equivocado haber construido un sistema donde las universidades que recibían la “autonomía” podían hacer después todo lo que se les viniera en gana, creando sedes y carreras sin control del Estado.

Lo grave es que, precisamente por los vacíos de la ley, reconocidos por los diputados, es posible que, penalmente, las sanciones que sufran los imputados no guarden proporción con el daño causado. De hecho, los fiscales que investigan tanto el lucro de las universidades como las operaciones de Luis Eugenio Díaz, han debido estrujar la ley para formalizarlo a él y a los rectores de la Universidad Pedro de Valdivia (Ángel Maulén) y de la Universidad del Mar (Héctor Zúñiga) por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos.

El hecho de que con sus actos muchas universidades hayan engañado a miles de familias sobre la calidad de sus instituciones, haciéndolos endeudarse y gastar grandes cantidades de recursos para entregar estudios que carecen de valor, no es un delito tipificado en la ley.

Hasta hoy ninguna institución del Estado ha cuantificado la cantidad de dinero que se escamoteó del bolsillo de las familias y también del Fisco y que fue a parar a negocios privados. La única cifra que se conoce es la que aporta el Mineduc: desde 2009 hasta 2013 la UNIACC ha devuelto cerca de $290 millones por concepto de Becas Valech irregulares. Y recibió $15 mil millones.

 

JULIO CASTRO Y SU VINCULO CON LAUREATE

En abril de 2008, el jefe de la división de Educación Superior del Mineduc, Julio Castro, y otros ocho miembros del Consejo Superior de Educación (CSE) revirtieron la determinación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) que había rechazado la certificación de la Universidad de Las Américas. La comisión había concluido que ese plantel universitario debía ser rechazado porque no cumplía con los criterios requeridos.

Como consta en el acta de la CNA de diciembre de 2007, “tanto en materia de gestión institucional como en docencia conducente a título, existen falencias muy significativas que no permiten la acreditación de la institución en el presente período”. Pero en abril de 2008, el CSE (que opera como instancia de apelación) revirtió el dictamen y le dio la acreditación al plantel por dos años. Tres meses después, dos de los consejeros que adoptaron esta decisión fueron cuestionados por su vinculación con el grupo propietario del plantel.

Mientras Paulina Dittborn –quien había actuado como vicepresidenta del CSE- asumía la rectoría de la Universidad de Las Américas en agosto de 2008, Julio Castro, tras su alejamiento del Ministerio de Educación luego de la destitución de Yasna Provoste, desembarcó como asesor educacional de la red de instituciones de Laureate International Universities, el holding propietario de Las Américas.

El cuestionamiento público derivó en que Paulina Dittborn no alcanzara a asumir la rectoría por esa fecha, aunque muy luego fue nombrada pro-rectora de la U. de Las Américas (hoy se desempeña como directora de colegios de la Universidad Santo Tomás). En tanto, Laureate International Universities pasó a ser el nuevo sostenedor de la Universidad de Viña del Mar, cambio de propiedad que trajo consigo el nombramiento de Julio Castro como su nuevo rector en octubre de 2009.

 

 


Lo que está en juego en el último round de la guerra por la “ley del Súper Ocho”

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Dos años después de que la llamada “ley del Súper Ocho” fuera promulgada (en junio de 2012), el lobby de la industria alimentaria cuyos intereses se ven afectados por esta norma alcanza su mayor fuerza. Lo hace en los precisos días en que se dirime la columna vertebral del reglamento que permitirá aplicar en la práctica las restricciones que impone esa ley al mercado de los alimentos. Una normativa que debería entrar en vigencia en julio de 2015 y que, de concretarse tal como hoy lo plantea el Ministerio de Salud (Minsal), afectará las ventas y utilidades de una industria que tiene una incidencia clave en el presupuesto familiar cotidiano.

Es precisamente el volumen de negocios que está en juego en esta reforma lo que hizo que la discusión de la Ley 20.606 (sobre etiquetado y publicidad de los alimentos) demorara más de cinco años en el Congreso. Apenas se promulgó, la redacción del reglamento que le daría vida a esa norma quedó en manos del Minsal, entonces encabezado por el ministro Jaime Mañalich y el subsecretario Jorge Díaz. Y se hizo. El decreto respectivo se publicó el 17 de diciembre pasado en el Diario Oficial y, en rigor, fue una modificación al Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA).

Jaime Mañalich

Las normas que dictó Mañalich fueron inmediatamente cuestionadas por los principales especialistas en nutrición que habían participado en la discusión de la ley. Y apenas se instaló la nueva ministra de Salud, Helia Molina, la alerta se encendió en la industria alimentaria: la normativa diseñada por Mañalich, que debía entrar en vigencia en julio de este año, sería anulada. En efecto, todo volvió a fojas cero.

Transcurridos tres meses de la instalación del nuevo gobierno, el borrador que prepara la ministra Molina justificó los temores de la industria afectada. Porque a partir de junio del próximo año, la mayoría de las bebidas gaseosas, de los cereales para el desayuno, helados, vienesas, papas fritas y néctares de fruta, entre otros alimentos de alta demanda entre el público infantil, formarán parte de los productos poco saludables, o al menos no recomendables. Si a esa fecha estos alimentos mantienen inalterables las fórmulas o recetas con las que hoy son preparados, tendrán que poner en sus envases una notoria etiqueta, similar a un “disco pare” (pero de fondo negro y letras blancas), que advertirá: “Exceso  en calorías”, “Exceso en sodio”, “Exceso en azúcar” o “Exceso en grasas saturadas”.

Estos cuatro elementos -calorías, sodio, azúcar y grasas saturadas-, son considerados nutrientes críticos que gatillan enfermedades de alto impacto en la población: diabetes, obesidad, hipertensión, afecciones coronarias y accidentes vasculares, entre otras. Al mismo tiempo, desangran el presupuesto del sistema de salud público. Por eso, el Minsal, a contrapelo de los intereses de la industria alimentaria, decidió anular las resoluciones que había adoptado el gobierno anterior y endurecer las restricciones para desincentivar su consumo.

Este lunes 14 de julio, sólo un día antes de la reunión en que los funcionarios del Ministerio de Salud informarían a representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) las restricciones que pretenden adoptar, la gerenta técnica de ABChile, la principal asociación de industrias alimentarias, arremetió contra la iniciativa en una entrevista de dos páginas publicadas por La Tercera.

En la entrevista, Marisol Figueroa reiteró los argumentos que las empresas desplegaron en el Congreso Nacional cuando se tramitó la ley: 1) estas serían las normas más drásticas a nivel mundial y el nuevo etiquetado afectaría las importaciones y exportaciones de alimentos a otros países con reglas más flexibles; 2) más que restringir contenidos de nutrientes, lo importante es educar a la gente para que opte voluntariamente por una dieta equilibrada; y 3) la autoridad no debe “demonizar” los alimentos con etiquetas de connotación negativa, pues los productos no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino en relación a la dieta y actividad física de cada persona.

La batalla es clave para la industria: los cálculos de ABChile indican que hasta un 80% de los alimentos envasados que actualmente se comercializan en el país podrían quedar con el rótulo de “Exceso en…. Por lo mismo, esa asociación empresarial se prepara buscando un nombre de la “primera división” del mundo político para que la represente en su dura negociación con las autoridades.

La reforma del Minsal estipula que todos los alimentos que se venden envasados deberán ser sometidos a mediciones a objeto de determinar cuántas calorías, sodio, grasas saturadas y azúcares contienen por cada 100 gramos. De esta medición sólo se exceptuarán los alimentos que se comercializan en su forma natural, es decir, aquellos a los que no se agregan nutrientes críticos en su proceso de elaboración, como el arroz, las legumbres, las carnes a granel (no envasadas) y las verduras.

La propuesta, que será sometida a consulta pública a contar de agosto próximo, establece los siguientes límites por cada 100 gramos de alimento: 240 Kcal de energía (calorías), 10 gramos de azúcar, 4 gramos de grasas saturadas y 400 mg. de sodio. Esta reducción del sodio, en todo caso, es sólo inicial, ya que los especialistas del Minsal proponen que siga bajando gradualmente, a razón de 15% cada cinco años, hasta alcanzar un piso definitivo de 150 mg.

Los alimentos líquidos serán medidos de otra manera: se analizarán cada 100 ml. del producto y no podrán exceder de 70 Kcal de energía, 100 mg. de sodio, 5 gramos de azúcar y 2 gramos de grasas saturadas.

Si a contar de junio de 2015 un producto supera estos límites, estará obligado a poner el rótulo de “Exceso en…”.

De esta forma, una Coca Cola quedaría bajo el rótulo de “Exceso en azúcar”, pues contiene 10,8 gramos de ese nutriente cada 100 ml., por lo que superaría en más del 50% el límite propuesto por el Minsal.  Algo similar ocurre con cereales como las Zucaritas de Kelloggs, que quedarían en exceso tanto en calorías (362 Kcal) como en sodio (587 mg.). Incluso, alimentos tradicionalmente considerados saludables, como las galletas de agua, tampoco pasarán la prueba. Las galletas Agua Light de Costa, por ejemplo, quedarían en exceso de calorías (399 Kcal) y sodio (750 mg.). Lo mismo ocurre con las galletas Soda Light de Mackay: 412 Kcal y 693 mg. de sodio. (Vea una tabla con 70 alimentos que quedarían en “exceso” de prosperar la iniciativa)

LA TABLA DE MAÑALICH

El Reglamento Sanitario de los Alimentos es, en definitiva, el cuerpo legal que determina qué se puede hacer y qué queda prohibido en Chile en materia alimentaria. Bajo la gestión del ministro Mañalich, las modificaciones a este reglamento para aplicar las restricciones impuestas por la “ley del Súper Ocho” fueron encargadas a un asesor externo: el doctor Patricio Davidoff, experto en Diabetes y Nutrición de la Clínica Arauco, quien presidió el especialmente creado Comité Asesor de Alimentos y Nutrición.

Los cambios elaborados por Davidoff sólo afectaron a 20 categorías de alimentos pues desestimó establecer un límite general de nutrientes críticos para todos los productos. Rechazó así la propuesta de un acucioso estudio realizado en 2011 por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA). Esa investigación, encargada por el propio ministerio para que sirviera de insumo a la reforma del RSA, fue firmada por investigadores de reconocida trayectoria, como Isabel Zacarías y Jorge Uauy. Entre sus autores se cuenta también la doctora Lorena Rodríguez, actual jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos del Minsal, quien está a cargo de diseñar la versión definitiva del nuevo reglamento (vea el estudio del INTA).

La decisión de Davidoff dejó fuera de las mediciones a decenas de productos, entre ellos algunos con las más altas concentraciones de sodio (como las cecinas, quesos, algunas carnes envasadas y las sopas deshidratadas) y otros con altos aportes de calorías, grasas y azúcares (como los chocolates). Además, permitía hasta 450 Kcal por cada 100 gramos para “masas horneadas” y “productos farináceos para cóctel” (como el pan y las papas fritas empaquetadas, entre otros snacks), lo que prácticamente duplica el límite que ahora quiere instaurar la nueva administración del Minsal (vea la tabla de límites elaborada bajo la gestión de Mañalich).

El reglamento anterior tampoco tocó la “comida rápida” o “comida chatarra”, bajo el argumento de que la ley sólo afecta a los alimentos envasados.

La reacción más dura contra la propuesta de Davidoff provino del INTA. “Reglamento de Ley de Etiquetado de alimentos deja como saludable casi todo”, se tituló un comunicado elaborado por ese instituto. En ese texto la directora del INTA, Magdalena Araya, señaló: “Sería lamentable que por un mal reglamento se pierda el espíritu de la ley”.

El académico del mismo instituto, Fernando Vío, agregó: “Si el reglamento no dice lo que la ley pone con énfasis, el reglamento no sirve (…). El objetivo era reducir el consumo de grasa, azúcar y sal, porque tenemos altos índices de obesidad, hipertensión arterial y de diabetes (…). En este reglamento, por ejemplo, cabrían todas las bebidas gaseosas azucaradas y se sabe que son una gran causa de obesidad. Caben, por ejemplo, hasta las papas fritas. Eso es inaceptable”.

LÁPIDA PARA LA “CAJITA FELIZ”

Helia Molina

El 15 de julio de este año era la fecha prevista para que entrara en vigencia el decreto con los cambios al reglamento decididos por Davidoff. Pero, a mediados de abril la ministra Helia Molina remeció a la industria de los alimentos al anunciar que se posponía la puesta en marcha de la reforma y que se revisarían los límites para los nutrientes críticos. Los cuestionamientos del INTA y el lobby de los distintos especialistas en nutrición que fueron a argumentar al despacho de la ministra, habían surtido efecto.

Las autoridades del Minsal contactaron al doctor Davidoff para que explicara las fuentes documentales científicas y técnicas que avalaron su reforma. No obtuvieron respuesta. Así, el 19 de abril la ministra Molina anunció que todo volvía a fojas cero y casi un mes después, el 14 de mayo, despachó un decreto que formalizó su decisión: “Luego de un  exhaustivo análisis realizado por académicos y expertos en la materia, se ha llegado a la conclusión de que el Decreto Nº 12 (que contenía las modificaciones decididas bajo la gestión de Mañalich) introduce en el RSA conceptos técnicamente erróneos”, dice el documento.

Esta nueva ofensiva del Minsal no solo pretende endurecer los límites de los nutrientes críticos, pues también puso en la mira la “comida rápida” que se promociona con juguetes, adhesivos y otros accesorios. Y ello porque ahora los expertos del Minsal estiman que el inciso segundo del artículo 8º de la “ley del Súper Ocho”, que restringe la publicidad y promoción de productos destinados a niños, se refiere a los alimentos en general y no solo a los envasados: “En ningún caso se podrán utilizar ganchos comerciales tales como juguetes, accesorios, adhesivos, incentivos u otros similares”, dice la norma. Esta frase le pone la lápida a la “Cajita Feliz” de McDonald’s y en el ministerio ajustan la fórmula para fiscalizar su cumplimiento.

Marisol Figueroa

El pasado martes 1 de julio se reunió en el Ministerio de Salud, por primera vez desde que se instaló este gobierno, el Comité Asesor de Revisión del RSA, en el que participan cinco representantes del mundo privado: cuatro de la Sofofa (por los industriales productores de alimentos) y uno de los supermercadistas. Allí se les informó oficialmente de los criterios que maneja el ministerio para reformular la normativa. Pero no se entregaron detalles.

El comité quedó citado para este martes 15 de julio y en el intertanto las organizaciones que reúnen a las empresas afectadas -Chilealimentos y ABChile- declararon que no emitirían opiniones hasta conocer formalmente la propuesta gubernamental. No obstante, el lunes 14 se publicó la entrevista a Marisol Figueroa, adelantando el clima de las próximas sesiones del comité que revisa el RSA. Un ambiente tenso y confrontacional que, en todo caso, ya ha teñido varias veces el debate a lo largo de la tramitación de esta ley y de su reglamento.

BACHELET EVITA LA DISPUTA

La última Encuesta Nacional de Salud (2009-2010) indicó que el 32% de los niños chilenos sufre de obesidad o sobrepeso, cifra que sube a 67% entre los adultos. El 38,5% presenta colesterol elevado, un 26,9% es hipertenso y un 9,4% diabético. Todas estas afecciones se multiplican por la ingesta de alimentos ricos en calorías, grasas, sodio y azúcares.

Fueron indicadores similares, pero previos a la encuesta, los que motivaron en marzo de 2007 a un grupo transversal de senadores a presentar un proyecto de ley para advertir a los consumidores sobre los productos con  nutrientes críticos y restringir su publicidad. La moción fue auspiciada por Evelyn Matthei (UDI), Guido Girardi (PPD), Carlos Kuschel (RN), Carlos Ominami (PS) y Mariano Ruiz-Esquide (DC). Inicialmente se propuso que los envases de los alimentos llevaran un semáforo, donde el color rojo indicaría el exceso de un componente poco saludable. La respuesta de la industria fue inmediata y unívoca: ataque frontal.

Michelle Bachelet

En el primer trámite legislativo fueron recibidos por la Comisión de Salud del Senado el gerente general de Nestlé Chile, Fernando del Solar; el director de comunicaciones de McDonald’s Chile, Cristián Lührs; el presidente de Chilealimentos AG, Alberto Montanari; el presidente de la Asociación Nacional de Avisadores (ANDA), Marcelo Davis, y el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANBER), Renato Ramírez. Todos destacaron que el sistema del semáforo no existía en otra parte del mundo y que adoptarlo generaría complicaciones de etiquetado para las exportaciones e importaciones. Además, argumentaron que las limitaciones a la publicidad de alimentos con alto contenido de nutrientes críticos (el proyecto prohibía su promoción en colegios y establecía que sus spots se difundieran sólo en horario para adultos), afectarían la libertad de expresión.

En medio de la crisis económica que aumentó el desempleo y bajó la inversión, el primer gobierno de Michelle Bachelet prefirió no abrir un nuevo flanco de disputa en el área económica. Los parlamentarios que impulsaban la iniciativa fueron informados que La Moneda “suavizaría” el proyecto. En la segunda mitad de 2008, la Presidenta Bachelet presentó un proyecto de ley que sustituyó el original y que eliminó de raíz el semáforo. En su reemplazo se propuso que fuese el Minsal el que determinara los alimentos que presentaran un elevado contenido de calorías, grasas, azúcares y sal, y que estos productos fueran rotulados como “Alto en grasas”, “Alto en calorías”, etc.

La leyenda “Alto en…” fue cuestionada por los expertos en nutrición. Argumentaron que no entregaba una clara connotación negativa de advertencia, porque ya existen productos que promocionan de esa manera nutrientes saludables, como “alto en calcio” o “alto en vitamina C”. Por esa razón, las autoridades del Minsal ahora proponen la nueva advertencia “Exceso en…”.

En 2008 el doctor Tito Pizarro, entonces jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos del ministerio, concurrió a la Comisión de Salud del Senado y admitió que la nueva versión del proyecto enviada por la Presidenta Bachelet era más débil: “Hay una disminución en la fuerza del proyecto original, en el sentido de un cambio en la forma de lo que se planteó en sus inicios, particularmente respecto a describir límites específicos en un semáforo”, dijo. Pizarro volvió ahora al ministerio como jefe de la División de Políticas Públicas Saludables, repartición que tiene bajo su alero realizar los nuevos cambios al RSA.

Cuando el proyecto de Bachelet se votó en la Cámara Alta, el senador Jorge Arancibia (UDI) fue menos lírico que el doctor Pizarro para explicar que La Moneda le había dado en el gusto a la industria: “Pasamos desde un proyecto que contemplaba ‘semáforos’, es decir, una señal verde, amarilla o roja en el tarro o frasco, (…) a una indicación del Ejecutivo bastante más moderada, en el sentido de que hace referencia a ‘alto en calorías’, ‘alto en azúcar’, etcétera (..). Es decir, un texto que para la industria y los productores de alimentos ha sido válido fue el que nos permitió la tranquilidad de acoger el proyecto en los términos en que lo presentó el ministerio”.

TELETÓN Y COPA MILO BAJO AMENAZA

La primera vez que el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANBER), Renato Ramírez, se presentó ante la Comisión de Salud del Senado para oponerse al semáforo y a las restricciones a la publicidad de los alimentos, lo hizo acompañado de Manuel Melero, socio director de la consultora Tironi y Asociados, y hermano del diputado y ex presidente de la UDI Patricio Melero.

Cuando el proyecto fue discutido posteriormente en la Cámara Baja, el diputado Melero no mencionó que su hermano tenía intereses en este tema. Por el contrario, reiteró los mismos argumentos esgrimidos por los representantes de ANBER, quienes manifestaron su rechazo a las restricciones a la publicidad y promoción de los alimentos, pues las consideraban un atentado a la libertad económica. Agregaron que también pondría en riesgo, por falta de empresas auspiciadoras, la continuidad de campeonatos deportivos escolares. En la sala de la Cámara, Patricio Melero dijo:

“¡Ojo!: el proyecto que llegó del Senado contempla algunas prohibiciones que podrían terminar, por ejemplo, con la ‘Copa Milo’ o con la ‘Copa Coca Cola’, iniciativas deportivas que son auspiciadas por productores de alimentos”.

En el segundo semestre de 2010, el mismo Melero presentó junto al diputado Juan Masferrer (UDI), una indicación para permitir que se siguieran promoviendo alimentos con nutrientes críticos mediante el uso de “ganchos comerciales”, como regalar juguetes, siempre que al mismo tiempo destacaran las ventajas de una alimentación sana y la práctica del deporte. La respuesta provino del diputado y médico Marco Antonio Núñez (PPD): “Escuché la intervención del diputado Melero, cuyos argumentos coinciden absolutamente con los de los representantes de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile y con los de los representantes de las grandes cadenas que producen comida chatarra”.

La amenaza de poner fin a los campeonatos escolares no fue la única que se escuchó a lo largo del debate legislativo. A sólo un par de días de que el Senado votara para despachar por fin la ley, en abril de 2011, la industria alimentaria desplegó su ofensiva comunicacional más potente, en la que incluso se sostuvo que, de aprobarse la nueva norma, estarían en riesgo campañas solidarias como la Teletón.

En esos días, el presidente de la Sofofa, Andrés Concha, abrió los fuegos al declarar que el proyecto no era útil para combatir la obesidad y que limitaría la importación y exportación de alimentos. El senador Jovino Novoa (UDI) calificó de “talibanes” a los parlamentarios que promovían el proyecto: “Si una persona quiere una parrillada tiene todo el derecho a comérsela, o van a prohibir los asados también por el alto contenido de grasa de los chorizos”.

De inmediato, el ministro Mañalich se sumó a las críticas, asegurando que la iniciativa era “absurda” e “inaplicable”.  Hasta ese momento, el Minsal no había cuestionado el proyecto de ley durante toda su tramitación en el Congreso, por lo que los senadores que impulsaban la iniciativa reaccionaron airados:

En el debate previo a la votación, el senador Mariano Ruiz-Esquide (DC) señaló: “Jamás imaginé que en este país, después de 20 años de democracia, pudiera haber instituciones mercantiles o económicas que tuvieran el sans-façon de hablar en el tono en que lo han hecho las aludidas. ¡Eso es una insolencia! Y es una insolencia, además, para el gobierno, porque lo han puesto en una situación tal que hace coincidir -lo digo en esos términos- la vuelta atrás de su posición con la voz de la Sofofa”.

Menos diplomática fue la intervención del senador Fulvio Rossi (PS): “Luego de que la Sofofa dio a conocer su opinión crítica respecto del proyecto (…) resulta que la iniciativa, cuyos artículos fueron aprobados prácticamente por unanimidad, ahora es mala. El ministro de Salud lo hizo, sorprendentemente, después de que la Sofofa, los empresarios, los productores, los importadores, los fabricantes de alimentos señalaran que no les gustaba el proyecto”.

EL ROUND PENDIENTE

Aunque en ese momento el lobby de la industria consiguió aplazar el despacho de la ley hasta junio de 2012, finalmente la norma fue aprobada y quedó a firme la obligación de destacar en el etiquetado los alimentos con altos nutrientes críticos. Pero, la ley no contiene detalles técnicos y le confió al Minsal establecer los límites de esos nutrientes y diseñar la señalética de advertencia al consumidor. De esta forma, durante la administración del ministro Mañalich y del subsecretario Díaz, se establecieron “límites de referencia” sólo para 20 categorías de alimentos y se adoptó la leyenda “Alto en…” con un diseño que no guarda referencia con la forma de un “disco pare”.

La tabla de Mañalich dejó exentas de cumplir la norma a todas las cecinas, bajo el argumento de que se trata de productos que se venden, al mismo tiempo, a granel y envasados. Se consideró que, como la ley sólo afecta a los alimentos envasados, de incluirlas se habría producido una discriminación en el mercado a favor de las cecinas a granel. De acuerdo con las mediciones realizadas en el estudio del INTA, las cecinas que se comercializan en Chile presentan niveles de sodio que van desde 586 mg. a 1.328 mg. por cada 100 gramos.

Respecto de los quesos, el INTA informó que contienen entre 45 mg. y 1.520 mg. de sodio por cada 100 gramos, pero quedaron fuera de las restricciones de la ley no sólo porque también se venden a granel y envasados, sino porque se estimó que no hay evidencia de que su consumo genere aumento de peso.

Las sopas deshidratadas son los productos que más sodio contienen. El estudio del INTA detectó que van desde 2.600 mg. a 6.300 mg. por 100 gramos. Sin embargo, las autoridades del gobierno anterior las eximieron de cumplir la ley, debido a que no las consideraron homologables a los demás alimentos envasados, sino a las comidas preparadas, ya que no se compran para su consumo directo. En la nueva propuesta del Minsal, los nutrientes críticos de estas sopas y de todos los alimentos deshidratados que requieran líquido para ser reconstituidos, serán medidos en el estado sólido original del producto.

Los chocolates con alto contenido de cacao, aún cuando presentan valores altos en tres de los cuatro nutrientes críticos (calorías, azúcares y grasas saturadas), tampoco fueron considerados, debido a que su consumo moderado puede ser benéfico gracias a sus cualidades antioxidantes.

Todos estos argumentos son los que las nuevas autoridades del Ministerio de Salud han puesto en duda y motivaron una nueva normativa más exigente. La propuesta, que en los próximos días será inicialmente informada al Comité Asesor de Revisión del RSA, donde participa la Sofofa, luego será sometida a consulta pública y se espera que a fin de año esté afinado el decreto con los cambios definitivos. Para cuando aquello ocurra, seguirá pendiente otra arista no menos controversial.

Una vez que se determinen los alimentos que deben llevar el rotulo de “Exceso en…”, no podrán ser vendidos ni promocionados dentro de colegios y estará prohibido que su publicidad se dirija a menores de 14 años. Así lo estableció la misma “ley del Súper Ocho”. No obstante, la norma no detalla bajo qué parámetros se entenderá que una pieza publicitaria está dirigida a menores de 14 años, lo que augura un nuevo round entre la industria y la autoridad sanitaria. Y es altamente probable que esta vez las agencias de publicidad y los medios de comunicación suban al ring a favor de los fabricantes de alimentos.

 

 

Amenazas a la competencia obligan a cambiar las bases de licitación del aeropuerto

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“La licitación del aeropuerto de Santiago será la madre de todas las batallas, el más grande negocio público de los próximos cuatro años”, grafica un ejecutivo ligado al mundo de las concesiones de Obras Públicas, quien recalca que habrá empresas dispuestas a “sacarse los ojos” con tal de quedarse con el apetecido negocio. El proyecto involucra una inversión de 14.980.000 UF (unos US$ 700 millones) que transformará radicalmente la cara del aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) en los próximos veinte años. Sin embargo, las bases de licitación arrastran un pecado de origen, del que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) alertó en su momento al gobierno de Sebastián Piñera y que no fue acogido en la redacción final.

El conflicto se origina por el poder que tendrá el concesionario del aeropuerto sobre los múltiples proveedores de servicios del terminal. El problema no es nuevo. El Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) ha sancionado reiteradamente a la actual concesionaria, SCL Terminal Aéreo de Santiago S.A. Sociedad Concesionaria, por trasgresiones a la libre competencia y actuaciones discriminatorias. Pese a ello, las reglas establecidas en la licitación van en sentido contrario de los sucesivos dictámenes, lo que obliga a rectificarlas ahora que el proceso ya está abierto.

Apenas asumió en marzo, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, fue alertado de que uno de los proyectos más importantes que deberá gestionar tenía este importante flanco abierto. Undurraga, quien integró la Comisión Antimonopolio, sabía que no se trataba de un detalle. Debían buscar solución a una situación que preocupa a los actores del sistema y que podría perjudicar a los millones de usuarios que diariamente transitan y pagan por los servicios que presta el aeropuerto AMB.

Eric Martin - Coordinador de concesiones MOP

El lunes 24 de marzo se sentaron frente a frente el nuevo jefe de concesiones del MOP, Eric Martin, con su equipo técnico y su contraparte en la Fiscalía Nacional Económica. Corrían contrarreloj: las bases de licitación habían sido enviadas a la Contraloría en febrero de 2014 por el gobierno de Sebastián Piñera. Estaba en curso su tramitación y la FNE tenía un largo listado de preocupaciones sobre posibles amenazas a la libre competencia.

Comenzó así una maratón de trabajo entre ambos equipos técnicos que está a punto de ver sus frutos. La solución no pasa por rehacer las bases de licitación, sino por corregir el sistema de concesión por medio de circulares aclaratorias. Es un cambio de giro respecto al modelo de negocio del actual concesionario SCL, foco de críticas y cuestionamientos.

Uno de los aspectos más sensibles para el público son las tarifas de los estacionamientos y transporte de taxis, buses y minibuses, que mueven miles de pasajeros diariamente. El gobierno quiere poner cortapisas a los contratos privados sin licitación, que fijan tarifas con entera libertad y, con ello, evitar alzas de precios desmedidas.

Borradores van y vienen. La fecha límite para ingresar la circular a Contraloría es el viernes 25 de julio. Los nueve consorcios o empresas precalificadas para la licitación (ver recuadro) visitarán las instalaciones del aeropuerto el 29 de julio para conocer in situ detalles del proyecto. Para entonces, deben estar despejadas las condiciones finales de la licitación. El tiempo apremia, pues antes deben visar su contenido con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Dirección de Aeropuertos y el Ministerio de Hacienda.

Las nuevas obras marcarán el despegue para un aeropuerto que se quedó obsoleto en sus proyecciones de flujo de pasajeros. Fue diseñado para nueve millones de usuarios y ya el 2015 sumará alrededor de 17 millones. En teoría, al cabo de los veinte años, con la nueva infraestructura que contempla el proyecto para quien se adjudique el botín, llegaría a soportar 30 millones de pasajeros al año.

CIPER tuvo acceso a los puntos específicos que cuestiona la Fiscalía Nacional Económica y que se pretenden enmendar con las circulares aclaratorias; reconstruyó la trama de un proyecto de licitación que se incubó en las oficinas de Concesiones del MOP, y que genera suspicacias en sectores del mercado, porque la cara visible de las nuevas bases fue el ex coordinador Carlos Plass, gerente general de SCL hasta 2007. La concesionaria arrastra un historial de conflictos por contratos con empresas que supuestamente compiten para captar clientes en el aeropuerto y que están relacionadas en la propiedad, y por acusaciones de abuso de posición dominante.

Lo que está en cuestión hoy es mucho más que un puñado de conflictos con pequeños empresarios proveedores de servicios. El problema es cómo se regulan los múltiples negocios que genera el aeropuerto a su concesionario, y de cómo ese volumen millonario de ganancias se comparte con el Estado. Y lo más importante, cuál será el impacto de esos contratos en los millones de pasajeros que usan el aeropuerto a diario

COLAPSO EN EL AEROPUERTO

Si todo sale según lo presupuestado, la empresa SCL Terminal Aéreo de Santiago S.A. Sociedad Concesionaria cerrará su gestión en septiembre de 2015. El plazo original terminaba en 2013, pero se firmó un contrato complementario con el Ministerio de Obras Públicas que extendió por dos años más la concesión, a cambio de que SCL realizara obras de mejoramiento y ampliación por un monto de US$ 70 millones. Es la llamada fase 1 del proyecto de crecimiento, obras que están en plena ejecución y que son consideradas un parche provisorio para amortiguar el impacto por el crecimiento explosivo de pasajeros. A diciembre de 2013, el tráfico superó las 15 millones de personas, echando por tierra toda proyección inicial.

Desde que asumió Eric Martin como coordinador de Concesiones del MOP, en marzo de 2014, la licitación del aeropuerto se instaló en el primer lugar de su agenda. Según los cálculos del MOP, los tiempos no daban para retirar las bases de Contraloría, empezar el proceso de cero y llegar a tiempo antes de que expire la concesión de SCL. Por eso, se optó por dejar correr el proceso y trabajar en un camino paralelo, explica Martin.

Un mes antes que la Contraloría diera el vamos a la licitación, el MOP retiró las bases para hacer “algunos ajustes”. Se pensó que todo volvía a fojas cero, sin embargo, reingresó el texto y el trámite siguió su curso. El 30 de junio se abrió el proceso, los interesados empezaron a comprar las bases y comenzaron a correr los plazos. Originalmente, la apertura de las ofertas técnicas sería el 30 de septiembre. Pero el MOP emitió una primera circular aclaratoria extendiendo el plazo hasta el 18 de noviembre (ver circular aclaratoria). Lo mismo hizo con la apertura de ofertas económicas, aplazándola desde el 30 de octubre al 18 de diciembre.

La idea es que el nuevo concesionario empiece a operar en 2015. El nuevo diseño contempla la construcción de un terminal de pasajeros (T2) solo para vuelos internacionales, con una superficie de 175.000 m2. El actual se va a remodelar completamente y se destinará exclusivamente a los vuelos domésticos. Además, habrá dos edificios de tres pisos destinado a estacionamientos (ver video hecho por el MOP). La obra contempla una serie de mejoramientos que no serán tan visibles para el público pero que se espera agilicen el tráfico de pasajeros y destrabe los actuales cuellos de botella que presenta el terminal.

“QUEREMOS QUE SE LICITEN TODOS LOS SERVICIOS”

El 9 de julio, el coordinador de Concesiones, Eric Martin, envió una carta al fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, donde ratifica que los equipos técnicos de ambas reparticiones están trabajando en las circulares complementarias que den solución a las objeciones planteadas por la FNE. “Entre los nuevos cambios a incorporar está la regulación para la determinación de precios de estacionamientos y otros servicios, así como la obligación de licitar los espacios y servicios del aeropuerto entre distintos oferentes”, dice la misiva (ver carta).

Según dijeron a CIPER quienes han participado de estas reuniones, las preocupaciones iniciales de la FNE se han ido despejando. La circular que está por salir se refiere al tipo de asignación de contratos por terceros en los estacionamientos públicos, la asignación de counter para las aerolíneas y el negocio del transporte público, entre los servicios principales de cara al público. También se va a regular el sistema de contratos con las empresas que sirven la plataforma de las aerolíneas y el sistema de embarque y desembarque como puntos clave en el funcionamiento del aeropuerto.

Felipe Irarrázabal

Los cambios en las bases de licitación –que se fraguan por estos días a puertas cerradas– son determinantes no sólo para los consorcios que compiten por la licitación del aeropuerto. Son decenas las empresas interesadas en conocer las nuevas reglas del juego, porque los contratos de la mayoría de los proveedores expiran en 2015, junto con la concesión de SCL.

Estos empresarios –muchos pequeños y medianos– prestan servicios anexos en el aeropuerto, como transporte público, estacionamientos, logística de equipaje, gestión de carga, plataformas de atención, embarque y desembarque, locales comerciales y servicios de aseo, entre otros. Algunos de ellos dijeron a CIPER que su mayor preocupación es que se les garanticen licitaciones abiertas, donde puedan competir en igualdad de condiciones. Para muchos de ellos quedar fuera del negocio puede significar su fin. Así de drástico.

Según las actuales bases, cualquier subcontratación deberá hacerse vía licitación, excepto en el caso del “sistema de embarque/desembarque; servicios de transporte pública y áreas de estacionamiento, de gestión de carga y de plataforma”. Es decir, parte importante de los servicios más estratégicos del aeropuerto pueden asignarse por trato o negociación directa, sin necesidad de abrir una licitación pública. El coordinador de Concesiones habla de un cambio radical:

-Lo que pretendemos es garantizar que las bases aseguren la competencia vía licitación pública e informada en todos los servicios, o al menos en los servicios más relevantes. No más negociaciones directas -asegura Eric Martin.

Cada caso tiene sus complejidades. Un ejemplo es la asignación de los counter para las aerolíneas. La lógica indicaría que los contratos asignen cupos de acuerdo al tamaño relativo de cada una, en cuyo caso LAN tendría prácticamente el monopolio en los mesones de atención. En Concesiones sostienen que están buscando fórmulas de reparto para que los counter no sean un obstáculo para que se instalen en Chile nuevas aerolíneas extranjeras. Si se estableciera un trato directo con LAN, sin contrapeso, las barreras de entradas a la libre competencia estarían bloqueadas.

EL ROL DE CARLOS PLASS

Según se desprende de la carta que envió el coordinador de Concesiones al fiscal nacional económico, las relaciones con el antecesor de Martin en Concesiones, Carlos Plass, no fueron del todo fluidas: “Entendemos que varias de estas propuestas fueron observadas en la etapa previa de confección de bases de licitación durante la administración anterior, y que la coordinadora de concesiones no las consideró en las bases incluidas para revisión de la Contraloría”.

La elaboración de las bases para esta millonaria y estratégica licitación, estuvo a cargo de Carlos Plass y un equipo de nueve abogados y otros profesionales. El ejecutivo fue reclutado por el gobierno de Sebastián Piñera en 2012 para asesorar al entonces coordinador de Concesiones, Emilio Pellegrini. Cuando éste renunció, en marzo de 2013, Plass asumió en el cargo. Conocía de cerca y al detalle el negocio del aeropuerto: fue gerente general de la concesionaria SCL entre 2001 y 2007 y luego, director ejecutivo de AERIS, el consorcio que administra el aeropuerto de Costa Rica.

Personas vinculadas al equipo que trabajó las bases de licitación durante la gestión de Plass, dijeron a CIPER que durante el periodo preparatorio hubo mesas de trabajo con la FNE donde el organismo hizo ver los puntos que podían trasgredir las normas de libre competencia en este negocio. “Hubo temas específicos que no estaban resueltos y se acordó que se modificaran o afinaran mediante futuras circulares aclaratorias. En lo grueso, había acuerdo y eso se envió a Contraloría para no entrabar el proceso”, aseguran.

Carlos Plass

CIPER solicitó una entrevista con el fiscal Felipe Irarrázabal para conocer su versión, pero sólo envió una declaración donde confirma los cambios en curso. De su relación con el gobierno anterior, no hay mención alguna: “La FNE, en el contexto de su función de promoción de la libre competencia y de coordinación con otros organismos del Estado, ha estado colaborando con la Coordinación de Concesiones del MOP, en relación con posibles mejoras a las Bases de Licitación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, mejoras que debieran ser incorporadas en una circular aclaratoria de dichas bases. El objetivo de esta colaboración es disminuir los posibles riesgos de atentados o infracciones a la libre competencia por parte de la futura concesionaria que pudiesen surgir del diseño de la licitación”.

Los empresarios que se sienten amenazados por las condiciones contractuales que postulan las bases, ven en Plass el culpable de intentar evitar la competencia. “Este parece un traje hecho a la medida de SCL, para validar su modelo de negocios, con el antecedente de Plass como ex gerente general de la concesionaria”, dicen.

Carlos Plass descartó las acusaciones: “Es absurdo plantear eso. Yo siempre tuve claro que estaba sentado al otro lado de la mesa, incluso mi postura me costó muchas peleas con el sector de las concesiones, pero yo no estaba para defender intereses de nadie”. Explicó a CIPER que se contrató a los mejores especialistas para preparar la licitación y, adicionalmente, ficharon al consultor internacional israelí, Andrés Ricover, quien estuvo en cada detalle de la redacción. “Más aún, instruimos por escrito a SCL para que entregara toda la información que el MOP solicitara para elaborar las bases. Expresamente se les hizo ver que el espíritu era que nadie corriera con ventajas en este proceso”, añade Plass.

CIPER consultó con AGUNSA, una de las nueve empresas que está precalificada y que es la accionista mayoritaria de SCL, sobre su relación con Carlos Plass y los eventuales conflictos de interés que pudieren existir. En una respuesta escrita, dijeron que Plass está totalmente desvinculado de Agunsa desde su salida de SCL en 2007: “Lo que subyace en su pregunta es idéntico a pensar que profesionales honorables que trabajaron en el área de Concesiones del MOP hasta hace pocos meses atrás, y hoy trabajan para otros postulantes a esta licitación, pudiesen influir en las decisiones del MOP como agente concedente”. Con respecto a las sospechas de que las bases están hechas a su medida, dijeron: “estas son muy similares, por no decir idénticas” a las bases que rigen para los aeropuertos regionales.

BANDA DE PRECIOS EN ESTACIONAMIENTOS

Los equipos de Concesiones del actual gobierno y la FNE se han reunido en cuatro oportunidades para afinar los puntos que deben incluirse en las circulares aclaratorias. El costo de los estacionamientos en el aeropuerto es uno de los temas en carpeta, quizás el más sensible para los usuarios. Por eso, están de cabeza buscando el mejor mecanismo para fijar la tarifa de los estacionamientos de superficie y techados del terminal aéreo, de manera de asegurar un rango que no dispare los precios. El control de este negocio lo tiene la concesionaria del aeropuerto, que a su vez, encarga a un tercero la administración.

Según las bases, “el concesionario podrá fijar libremente las tarifas” siempre que no exceda el máximo anual autorizado por el inspector fiscal. A continuación, detalla las fórmulas de cálculo posibles. Sin embargo, la FNE es partidaria de criterios más precisos y específicos para adjudicar esta concesión, porque considera que debe proteger mejor los derechos del consumidor.

-Es probable que intervengamos para poner algunos techos de precios y así evitar abusos en esa posición monopólica que tiene el concesionario (…) Nuestra aspiración es que se mantengan los precios y no suban. Lo que sí es probable es que haya tarifas diferenciadas entre los estacionamientos techados que se ubicarán en los dos edificios nuevos, con mejores condiciones que aquellos que quedan al aire libre  -dice Eric Martin.

No es la primera vez que las tarifas de estacionamientos están bajo cuestionamiento. En 2008, la Fiscalía inició una investigación por posible abuso de posición dominante por parte de SCL en la fijación de tarifas. El origen del alza está en la modificación de contrato que hizo el MOP con la concesionaria en 2001 y 2004. En esa oportunidad, le pidió a SCL nuevas obras de mejoramiento ante el inminente colapso de las instalaciones por el creciente número de pasajeros. A cambio, le permitió a la empresa libertad absoluta de tarifas, incluso que los valores cobrados fueran superiores a los valores máximos que permitía la ley. Así, las tarifas fueron subiendo sostenidamente hasta 2006.

La sangre no llegó al río en esa oportunidad, porque SCL y la FNE lograron un acuerdo extrajudicial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en mayo de 2011. El acuerdo significó una rebaja en la tarifa para quienes permanecen menos de 90 minutos en el estacionamiento express del aeropuerto. El cobro se segmentó cada 30 minutos y no cada dos horas, siguiendo el modelo de los estacionamientos del centro de Santiago, donde sí existe competencia. De ese modo, quedaba garantizado un precio más razonable para los usuarios.

EL “GRANDOTE DEL BARRIO”

El consorcio SCL se extingue junto con la concesión que expira en 2015. Su principal accionista, Agencias Universales S.A. (AGUNSA), está postulando nuevamente para adjudicarse la operación del aeropuerto AMB. Según los antecedentes publicados por el área de Concesiones del MOP, la empresa naviera AGUNSA, de propiedad de la familia Urenda, postula sola por el momento. Otros competidores explicaron a CIPER que es muy probable que estén buscando socios, porque un proyecto de esta envergadura necesita “mucha espalda” financiera, exige experiencia en manejo de aeropuertos y capacidad logística para construir el proyecto. Eventualmente, podría asociarse nuevamente con las empresas que formaron SCL (el fondo de inversiones Cimenta, Globalvía e YVR, operadores en el aeropuerto de Vancouver, Canadá). Pero eso está por verse. Porque además, la canadiense está interesada en participar por su cuenta.

La gestión de SCL con las empresas subconcesionarias que prestan servicios al aeropuerto no ha sido precisamente fluida en estos quince años.

El primer conflicto emergió con la empresa de minibuses o transfer Delfos, un antiguo operador en el aeropuerto. En 2006 denunció a SCL ante la Fiscalía Nacional Económica, por “conductas contrarias a la libre competencia consistentes en abuso de posición dominante y acuerdos colusorios en la asignación de las subconcesiones” del servicio de taxis del aeropuerto. Pedían que se revocaran los contratos y se llamara a una nueva licitación. El caso escaló hasta el TDLC.

Aunque Delfos no participaba en el negocio de taxis, reclamó que la situación los perjudicaba en su negocio de transfer. Los contratos iniciales que firmó SCL con 140 taxistas vencían en 2004, pero se les prorrogó en tres oportunidades, sin llamar a licitación pública hasta fines de 2005. En el intertanto, SCL asignó contratos “a dedo” a las empresas Tur Bus (representada por Jesús Diez) y Centropuerto (propiedad de Walter Sebastian Vicherat), para entrar con 40 autos al negocio de los taxis. El problema que planteó la empresa demandante es que ambas empresas se habían adjudicado además la concesión de los buses del aeropuerto y el servicio de minibuses, este último a través de dos empresas relacionadas: Tur Tranfer (vinculada a Tur Bus) y Transvip (vinculada a Centropuerto). Delfos reclamaba entonces un intento por concentrar los servicios de transporte en estas dos empresas grandes, dejándolos a ellos fuera de carrera en condiciones de desigualdad.

La sentencia del tribunal fue taxativa, dando la razón a la empresa de transfer Delfos. Si bien no anuló la concesión vigente con los taxis, determinó que la siguiente licitación debía ser abierta y competitiva, señalando expresamente que no podía asignarse un contrato a empresas que participaran en el negocio de buses y minibuses. “Las tarifas vigentes del servicio de taxis de turismo no reflejan las que resultarían de una estructura de mercado competitiva”, sentenció el tribunal (ver fallo). Delfos y SCL volverían a verse las caras en una contienda en 2011.

Las bases que regulan la actual administración del aeropuerto exigen que haya dos operadores por servicio de transporte, para que compitan y ofrezcan mejores tarifas a los clientes. En la práctica, las dos empresas fueron adjudicadas, torciendo la mano a la norma. A través de sociedades relacionadas, Tur Bus y Centropuerto se asociaron en 2000 para formar una tercera empresa, Operadora de Servicios Aeroportuarios, OSA Ltda. Lejos de competir, aprovecharon sus sinergias operando con una administración centralizada.

Hubo un dictamen que obligó a las dos empresas a separar aguas en 2003, lo que se cumplió inicialmente (ver resolución). Los dueños de Tur Bus y Centropuerto vendieron la sociedad OSA Ltda. a Carlos Gerardo Salamé Coulon y Milena Alexa Cano Schneider, quienes controlarían luego la sociedad Transvip, operadora de minibuses. Si embargo, CIPER constató que los dueños de estas tres sociedades mantienen relaciones comerciales a través de la Sociedad Comercial Grandleasing Chile Limitada.

Un año después que el TDLC sancionara a SCL por lo ocurrido con los taxis, vino un segundo pronunciamiento, a fines de 2008, esta vez originado en una demanda de las 19 empresas de courrier que funcionan en el aeropuerto, agrupadas en ATREX. Esta vez, el tribunal multó a SCL con el pago de 1.800 unidades tributarias anuales (unos $800 millones), por conductas de “discriminación y abuso de posición dominante” al incumplir las condiciones tarifarias del contrato y por negarse a entregar terrenos a las empresas para ampliar sus dependencias en el aeropuerto, según estipulaba el contrato entre ambas partes.

SCL intentó cambiar el criterio de cobro a las empresas de courrier por metro cuadrado a uno por kilo transportado, argumentando que es un indicador más eficiente de las ventas realizadas, lo que fue rechazado por el tribunal, sancionando económicamente a SCL por los perjuicios económicos provocados (ver fallo).  La sanción fue ratificada por la Corte Suprema. Hoy las empresas de courrier esperan que se cumpla el dictamen de construir nuevas instalaciones para su servicio, responsabilidad que corresponde a SCL. Por lo pronto, se les extendió la concesión hasta 2019.

Sobre la estela de sanciones a SCL, la empresa AGUNSA, principal accionista de la concesionaria (51,7% de la propiedad), admitió a CIPER que si en el pasado la filial “cometió errores causados principalmente por la falta de claridad” de las bases de licitación, “estos fueron reparados y se procuró mejorar los procesos internos para que no se vuelvan a repetir”. Precisaron que otras filiales de AGUNSA, concesionarias de aeropuertos regionales, “cumplen estrictamente” con las normas sobre libre competencia.

A pesar de esta secuela de advertencias y sanciones del TDLC, al enviar las nuevas bases a la Contraloría, el gobierno de Piñera insistió en dejar en manos de la futura concesionaria los contratos con las empresas de servicios, sin necesidad de licitarlos públicamente.

-En la nueva circular que estamos trabajando debiera quedar garantizada la libre competencia para al menos un 90% de los contratos que realiza la concesionaria, de modo que el actor más grande, el grandote del barrio, no tenga una posición negociadora mayor o de privilegio -explica el coordinador de Concesiones.

Quienes trabajaron en el equipo de Carlos Plass en Concesiones explicaron a CIPER que hubo grandes discusiones para definir los criterios de los contratos de la concesionaria con terceros. Hubo quienes defendieron que se llamara a concursos públicos de licitación las tiendas del aeropuerto. Otros sostuvieron que era mejor “invitar” a participar a empresas que ofrecieran estándares de calidad en una licitación privada.

TRANSANTIAGO AL AEROPUERTO

Una de las pocas excepciones que extienden su contrato de concesión más allá del plazo de SCL, es la llamada “Vía Controlada”, un nuevo sistema que pretende ordenar el funcionamiento de taxis autorizados por el Ministerio de Transportes para trasladar pasajeros, moderando el acoso de los taxis pirata a la salida del terminal en las horas peak. La concesión dura hasta 2019 y fue la gran apuesta del ex ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, en conjunto con el Ministerio de Transportes, para responder a los reclamos airados de los taxistas autorizados. Por estos días debiera inaugurarse esta vía exclusiva: un estacionamiento de 8.000 metros cuadrados y paraderos de taxis en el frontis del terminal. Debutan con el sistema los llamados “facilitadores”, quienes van a asignar el taxi al pasajero, coordinado con una central, para evitar el acoso habitual a la salida.

Los detractores del sistema dijeron a CIPER que éste favorece una competencia desleal, porque los “facilitadores” tendrán acceso a los pasajeros antes de que salgan de la zona de equipajes, para asignarles un taxi u ofrecerles otros servicios de minibuses o buses, mientras el resto de los transportistas –transfer y buses– deberán esperar a que el pasajero cruce la puerta de salida para ofrecer su servicio.

La licitación para operar la “Vía Controlada” se adjudicó en agosto de 2012 a la empresa MAXXIMIZA, la misma que administra los estacionamientos del aeropuerto y que es propiedad de Felipe Elgueta Caroca y Carolina de Petris Cárdenas. Una vez más, la Fiscalía Nacional Económica objetó reiteradamente las bases propuestas por SCL para adjudicar el servicio, hasta que se logró un texto acordado. En paralelo, se licitó el servicio de minibuses y de buses, que había sido foco de conflictos anteriores en la cuestionada licitación de 2005. Nuevamente los ganadores de la licitación de buses fueron la empresa Tur Bus y Centropuerto. Y en los minibuses, Transvip y Delfos.

En materia de transporte público, la gran novedad del nuevo proyecto es la llegada del Transantiago hasta el aeropuerto. El plan ya fue discutido con las autoridades de Transportes y contempla que los buses lleguen hasta el acceso del terminal, con buses de acercamiento para llevar a los pasajeros a los respectivos destinos domésticos o internacionales.

CARA A CARA DE LOS COMPETIDORES

El próximo 29 de julio se verán las caras los nueve consorcios que compiten por adjudicarse la licitación para el periodo 2015-2035. Recorrerán todas las dependencias del aeropuerto y verán en terreno los requerimientos que exige este megaproyecto de renovación. Existe relativo consenso entre los operadores en que el tamaño presupuestado para el nuevo periodo no va a ser suficiente para soportar el crecimiento exponencial del tráfico de pasajeros. Por eso, el MOP se reservó una carta en las bases de licitación, como detalla el coordinador, Eric Martin:

-Este proyecto establece un mecanismo que se llama gatillador. Bajo ciertas condiciones preestablecidas de demanda o estrechez del aeropuerto, no es el concesionario sino el Estado quien decide la ampliación del contrato. Es una forma de mejorar la posición negociadora del Estado y le da mayor flexibilidad al proyecto.

El modelo de negocios que ofrece el proyecto estrella de las concesiones apunta a privilegiar las ofertas que aporten mayores ingresos al Fisco: quién ofrece mejor porcentaje de participación de ganancias, combinando una fórmula de ingresos por tasas de embarque (principal fuente de ingreso de los aeropuertos) y lo que generen los negocios asociados (servicios y locales comerciales).

Carlos Plass, ex coordinador de Concesiones, sostiene: “Se va a adjudicar el negocio al que ofrezca el mejor ingreso para el Estado y en eso la cancha es suficientemente competitiva y pareja, donde corren consorcios internacionales de prestigio y gran experiencia, y empresas locales de alto estándar”.

Como sea, ya nueve conglomerados están en pista listos para competir. Y podrían sumarse otros tres. El proceso de licitación ya despegó.

 

LOS NUEVE POSTULANTES PRECALIFICADOS

  • Grupo Pudahuel: integrado por Ferrovial Aeropuertos S.A. (empresa española que administra diez aeropuertos en Europa), Echeverría Izquierdo S.A. (empresa constructora) e ICAFAL Inversiones S.A.
  • Agencias Universales S.A. (AGUNSA): socio mayoritario de SCL, postula sola por el momento.
  • Grupo Costanera SpA: consorcio integrado por las sociedades Autostrade Sud America S.r.L. (italiano) e Inversiones CPPIB Chile Limitada (canadiense), con amplia participación en concesión de autopistas urbanas en Chile.
  • Sacyr Concesiones Chile S.A: sociedad formada en 2009 por Sacyr Chile S.A. y por Cavosa Chile S.A., con concesiones en cuatro carreteras interurbanas.
  • Invepar S.A. : sociedad brasileña que administra el aeropuerto internacional de San Pablo.
  • Astaldi SpA: consorcio italiano.
  • OHL Concesiones Chile S.A.
  • A Port Chile: consorcio que administra el aeropuerto en Zurich, integrado por Zurich Flughafen y el Holding IDC S.A.
  • Nuevo Pudahuel: grupo francés representado por Vinci Airport SDS, en alianza con Aeropuertos de Paris. Vinci gestiona 23 aeropuertos en el mundo y recién compró ANA, la empresa portuguesa que gestiona 10 terminales en ese país.

 

 

La vida de Karadima lejos del poder

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Son las 7:30 de la mañana. Una auxiliar de aseo con una bandeja en sus manos sube al cuarto piso del Convento Siervas de Jesús de la Caridad y golpea la puerta de la habitación del único residente que habita el nivel. Fernando Karadima Fariña (83 años), ya duchado y vestido, abre la puerta y la deja pasar con su desayuno. Su bandeja contiene los mismos productos que la del resto de residentes del hogar: una taza de leche, una pequeña porción de pan, mermelada y una fruta. En ocasiones, la auxiliar se sienta junto a él en una mesa pequeña en la entrada del dormitorio y le sirve la comida en la boca. Karadima suele quejarse de los alimentos que le proporcionan. Al terminar su labor, la mujer se retira y el ex párroco de El Bosque se queda solo.

Entonces Karadima comienza a rezar. En las paredes de su habitación color crema cuelgan imágenes de santos, de la Virgen y una figura grande de Jesús crucificado. Según sus cercanos y personal que lo atiende, el cura pasa sus días en silencio y orando. En una sala contigua a su dormitorio, donde hay sillones, un estante con libros y un pequeño televisor plasma sobre un escritorio, Karadima escucha reflexiones de religiosos con un reproductor de audio. Algunas de ellas son de Esteban Uriburu, Antonio Royo Marín y San Juan de la Cruz. Solo él puede hacer uso de ese espacio en el convento.

Una de las entradas al Convento Siervas de Jesús de la Caridad

Este es el único privilegio que hoy posee quien dirigió espiritualmente por cinco décadas a los jóvenes de la elite católica conservadora santiaguina desde la Parroquia El Bosque (desde que asumió como vicario en 1958, para luego ser párroco por 23 años). Pese a que la sentencia vaticana no lo despojó de su condición de sacerdote, la vida de Fernando Karadima cambió brutalmente. Ya no está en la comodidad de El Bosque, donde ejercía el dominio de su imperio. Ha desaparecido el séquito que lo rodeaba, atento a sus menores deseos, y también sus amistades influyentes.

Tiene prohibido impartir cualquier sacramento, en particular la confesión. Además no puede oficiar eucaristías en público ni ejercer dirección espiritual. Tampoco puede ver a quienes por decenas de años constituyeron su círculo íntimo (ver declaración del arzobispo Ezzati). En la entrada del convento, la monja que oficia de portera, la madre Rosario, pregunta por la identidad de los visitantes y se encarga de cerrarle el paso a los casi 40 sacerdotes a los que dirigía en la disuelta Unión Sacerdotal. Lo mismo debe hacer si llega alguno de los integrantes de su círculo íntimo en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (El Bosque).

Cada vez que desea salir del convento, Fernando Karadima debe informar a dónde se dirige. Y si desea dormir fuera del hogar, debe pedir una autorización previa a la madre superiora.

Una de las víctimas y acusador de Karadima, el periodista Juan Carlos Cruz, envió un mail el 29 de noviembre de 2011 al entonces obispo auxiliar de Santiago, Cristián Contreras, informándole que Fernando Karadima no cumplía su condena como correspondía. Según Cruz, al sacerdote acusado de abusos sexuales y otros delitos canónicos, se le había visto en las Termas del Corazón, ubicadas a 87 kilómetros de Santiago. Agregó que el cura salía a comer con sus amigos y que quienes lo mantenían informado tenían nombre y apellido. Pese a ello, no tenía ninguna prueba física que avalara sus dichos (ver declaraciones a El Mostrador).

Juan Carlos Cruz

Desde entonces han transcurrido dos años y medio y algo parece haber cambiado su situación. “De todos los años que llevo trabajando en el convento, nunca he visto al cura salir del recinto”, cuenta una trabajadora del Convento de las Siervas de Jesús. La madre Rosario, la religiosa que está apostada a la entrada del hogar, juró al enviado del Arzobispado de Santiago que Karadima nunca ha cruzado la puerta que lo separa del exterior. Su médico personal, Santiago Soto, afirma lo mismo: “Tendría que dar mi mano derecha para jurar que Fernando no ha salido nunca”.

-He escuchado que existe gente que ha visto al padre Fernando afuera del convento. Se les ha preguntado a las hermanas si eso es efectivo. Ellas dicen que no. Pero no hay una persona de punto fijo para vigilarlo ni tiene un chip para saber dónde anda. Nosotros [la Iglesia Católica] no tenemos una estructura de ese tipo –afirmó a CIPER el sacerdote Fernando Ramos, vicario para el Clero del Arzobispado de Santiago.

Aunque a ojos de la ciudadanía el castigo que la Santa Sede le dio a Fernando Karadima puede parecer minúsculo en comparación al daño de sus actos, Camilo Cortés, abogado experto en derecho canónico del Arzobispado de Santiago, explica que “estas sentencias son de carácter espiritual y religioso. Su contenido no es una pena corporal, como sería en fuero civil. Él está condenado en conciencia. Mientras Karadima sea católico, está sujeto a la pena”.

Sobre su condena, José Andrés Murillo, víctima del sacerdote y uno de los primeros denunciantes de sus abusos, afirmó a CIPER: “Karadima tenía un séquito impresionante. Tenía acceso desde Eliodoro Matte hasta los comandantes de las Fuerzas Armadas (…). Lo único que me interesa es que se le haya quitado su plataforma de poder a través de la cual podía abusar”.

La principal víctima del ex párroco, el doctor James Hamilton, difiere: “La única condena que Karadima debiese cumplir es la condena formal para todos los ciudadanos: la cárcel. Y si no es la cárcel, algún tipo de reclusión en la cual quede privado de libertad. No por venganza, sino porque él es un peligro para la sociedad”.

RODEADO DE MUJERES

Ricardo Ezzati llevaba sólo un día como máxima autoridad de la Iglesia de Santiago cuando el 16 de enero de 2011 recibió una difícil misión. Tras la visita vaticana del nuncio Giusseppe Pinto, la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF)  ̶ máximo tribunal de la Santa Sede ̶  hizo llegar a las manos del arzobispo la condena al ex párroco de El Bosque. Eso lo obligó a dar el primer paso de la sentencia: “Fijar un lugar de residencia para Fernando Karadima, dentro o fuera de la diócesis, de tal modo que no tenga contacto con sus ex parroquianos o con miembros de la Unión Sacerdotal”.

Luego de hacerse asesorar por los obispos auxiliares de la diócesis, Ezzati acordó -previo pacto con la madre superiora de las Siervas de Jesús- la permanencia del cura en su convento. La tercera semana de febrero de 2011, Karadima llegó a vivir al hogar, ubicado en la comuna de Providencia.

Asistido únicamente por mujeres, Karadima cumple su reclusión en castigo por los reiterados abusos sexuales y psicológicos que cometió con jóvenes a quienes dirigía espiritualmente. Ocho religiosas están a cargo del Convento de las Siervas de Jesús de la Caridad. Visten un hábito negro que cubre todo su cuerpo y una toca de tela blanca sobre su cabeza, atuendo muy similar al de Santa Teresa de Los Andes. Además de las religiosas, allí trabajan cerca de 20 funcionarias que visten de blanco, plomo o azul. En la casa de retiro viven 37 ancianas, la gran mayoría integrantes de familias acomodadas y con un complejo estado de salud.

Aldo Coda, vicario para la Vida Consagrada y encargado de la dirección espiritual de las religiosas que están al interior de la Arquidiócesis de Santiago, señala que “esta comunidad se distingue por su atención a las ancianas tanto en lo físico como en lo medicinal (…). Es una casa limpia, ordenada, acogedora y muy bien mantenida”.

Desde el primer día que se hiciera público el fallo, el cura condenado por abusos sexuales ha intentado burlar el decreto que le impuso el aislamiento y la penitencia. En un reportaje de CIPER publicado el 17 de febrero de 2011 -La iglesia da golpe de timón en caso Karadima-, se informó que casi un mes después de recibir su sanción (14 de febrero), Karadima se reunió con el obispo Andrés Arteaga, miembro de la directiva de la Unión Sacerdotal que el sacerdote condenado dirigía. Y en la misma semana, con Juan Esteban Morales, quien lo sucedió como párroco de El Bosque y uno de sus sacerdotes favoritos. En la primera semana de febrero concurrió a la casa de uno de sus ex seguidores, momento en el que fue visitado por otros miembros de su feligresía (ver reportaje de CIPER).

Ricardo Ezzati

“Estamos muy cansadas. Tener a una persona como Fernando Karadima en el hogar nos significa un gran desprestigio”, le comentó la madre Mercedes, superiora de las Siervas de Jesús de la Caridad, a una de las personas que trabaja en el convento. Y se entiende, porque desde que llegó el cura al recinto, la tranquilidad de las monjas se ha visto alterada. Han rayado la pared de su fachada y han tenido reiterados problemas con periodistas que intentan ingresar para ver al sacerdote condenado. También los parientes que visitan a las ancianas que viven en la casa de retiro, preguntan con frecuencia por Karadima. “¿Por qué lo tienen aquí? ¡Él es un pedófilo!”, les dicen a las monjas y laicas que allí trabajan. Ellas no responden: tienen estrictamente prohibido hablar sobre el cura.

Cerca del mediodía, mientras las ancianas almuerzan al cuidado de las monjas, Karadima sale de su habitación. Viste su “alba” -la  túnica blanca que se usa en los oficios- que lo cubre hasta los tobillos y una estola morada, correspondiente a los tiempos litúrgicos de adviento o cuaresma, que cuelga de su cuello. Se sube al ascensor y baja al primer piso, donde está ubicada la capilla del convento. Entra al oratorio, camina hasta el altar y se dispone a celebrar su misa en soledad, pues tiene prohibido ejercer públicamente todo ministerio sacerdotal. Quienes lo han visto cuentan que “él actúa como si estuviese imaginando que hay gente ahí dentro”. No tarda más de veinte minutos y regresa a su dormitorio.

NI CÁRCEL NI CARCELEROS

“Restricción de libertad. Esto es lo máximo que la Iglesia puede hacer: restringirle la libertad de movimiento. Eso no requiere una cárcel (…), la otra posibilidad es que lo echen. Pero eso significa dejarlo suelto”, afirmó a CIPER el sacerdote jesuita y experto en derecho canónico, Marcelo Gidi. La condena vaticana que recibió el sacerdote que controlaba con mano férrea una organización con cinco obispos y más de 40 sacerdotes de las parroquias más populares de Santiago (Unión Sacerdotal), puso un nuevo tema en el debate: cómo actúa la justicia eclesiástica.

La sentencia a Karadima fue la primera en que El Vaticano condenó a uno de sus sacerdotes chileno a “una vida de oración y penitencia” perpetua por cometer abusos sexuales. Lo único que puede hacer el que fuera párroco de El Bosque por 23 años, es celebrar su misa de forma privada. No puede confesar, dar retiros ni dictar charlas. Tiene prohibido administrar los sacramentos. Su vida como figura pública acabó.

-Para el sacerdote, más que una labor, más que un trabajo, el ministerio sacerdotal es su vida. Uno no trabaja como cura: uno es cura. En ese sentido, esta condena le está restringiendo una parte de su ser -explicó Marcelo Gidi a CIPER.

Pese a su aislamiento, la casa de retiro donde hoy vive Karadima no es una cárcel. Las funcionarias y monjas que lo cuidan no son sus gendarmes. Según un sacerdote bien interiorizado de la condena y de sus límites, sólo una persona está a cargo del cumplimiento de la condena: el cardenal Ricardo Ezzati. El arzobispo de Santiago es quien conoce cada uno de los pasos del cura condenado por el Vaticano. El jesuita Marcelo Gidi aportó otro dato al respecto:

-Debiese existir una persona del Arzobispado de Santiago que va siguiéndole la pista al cumplimiento de la sentencia. (…). Esta persona visita a Karadima o pide informes sobre él, porque como vive en una casa cerrada, no es fácil saber a quién recibe ni lo que hace.

Cuatro sacerdotes están entre aquellos que debieran cumplir esta función en el Arzobispado de Santiago: el vicario de la Zona Cordillera, Fernando Vives; el vicario para el Clero, Fernando Ramos; el vicario para la Vida Consagrada, Aldo Coda, y el vicario judicial, Jaime Ortiz de Lazcano. A pesar de que los cuatro dijeron a CIPER desconocer la existencia de un encargado para la fiscalización de la sentencia de Karadima, hay un nombre que se repite cada vez que se pregunta en el ámbito de la Iglesia por su identidad: Fernando Ramos, quien encabeza la vicaría del Clero, destinada básicamente a favorecer la formación permanente de los sacerdotes y diáconos de la Arquidiócesis de Santiago.

SU POLÉMICA MISA

La mañana del jueves 6 de marzo pasado sonó el teléfono en el despacho del abogado Cristián Latrille. Al otro lado de la línea alguien que se identificó como un vocero del Arzobispado de Santiago, le dijo: “La reunión con el cardenal Ezzati puede ser hoy”.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, Ricardo Ezzati recibió en su casa a Latrille y al vicario judicial de Santiago, Jaime Ortiz de Lazcano. El motivo: conocer la versión de los hechos de quien había fotografiado a Karadima oficiando misa ante dos mujeres en diciembre de 2013, en la parroquia del convento en que hoy reside (ver reportaje de CIPER). Sentados alrededor de una mesa grande en el comedor de la casa, en la que Ezzati se ubicó en la cabecera, el arzobispo comenzó a interrogar al abogado Latrille.

Latrille le narró todo lo ocurrido en esa jornada: que su abuela paterna era residente del hogar y que, al ser informado de su fallecimiento, él fue de inmediato al convento al que llegó en horas de la mañana, y que al pasar cerca de la capilla vio que el cura que celebraba misa era Fernando Karadima y que dos señoras participaban junto a él del servicio. Le contó también que les tomó fotos, que grabó un video de 30 segundos y esperó a que la misa terminase para increpar al sacerdote.

Mientras Ezzati lo escuchaba, el vicario judicial escribía en un notebook lo que el abogado relataba. Cuando las preguntas terminaron, Jaime Ortiz de Lazcano le mostró a Cristián Latrille lo que había escrito para ver si el texto se ajustaba a su relato. Juntos modificaron algunas partes y se imprimieron tres copias. Finalmente, Ezzati, Ortiz de Lazcano y Latrille firmaron el acta. La secuencia fue relatada a CIPER tanto por Latrille como por Ortiz de Lazcano.

Karadima oficiando la polémica misa en el convento

La cuestionada misa tuvo lugar el miércoles 4 de diciembre de 2013. Como cada jornada, ese mediodía Karadima bajó a las 12:00 a la capilla del convento para oficiar su misa. Dos ancianas lo acompañaban. La mujer que aparece sentada al lado izquierdo de la fotografía tomada por el abogado Latrille, es una de las tres huéspedes de la casa de retiro que, de vez en cuando, celebran la eucaristía junto a Karadima. “Las tres son muy devotas y pasan todos los días a la capilla”, cuenta una persona que trabaja al interior del hogar. De la identidad de la mujer sentada al lado derecho del sacerdote, otra persona que trabaja en el convento la identificó como María Eugenia, la única de los hermanos Karadima Fariña que visita al sacerdote. “A la mujer de pelo oscuro que aparece en la foto la reconozco por la ropa”, afirmó a CIPER.

No es un hecho nuevo el que Karadima oficie misa en la capilla del convento en compañía de otras personas. A fines de febrero de 2011, en una entrevista concedida a La Segunda, el fallecido sacerdote Jorge Navarrete, quien vivía al cuidado de las Siervas de Jesús, reconoció que asistía todos los días a la misa que oficiaba el polémico cura: “El castigo no incluye la privación de la Santa Misa (…) [Karadima] no puede celebrar misa en parroquia. Pero aquí, en privado, está celebrando misa todos los días”.

En una de las pocas entrevistas que Ricardo Ezzati ha dado sobre la actual situación de Karadima, el 25 de marzo pasado, en el programa El Informante de TVN, confirmó que la investigación sobre la misa oficiada por el polémico sacerdote condenado ya había sido enviada a Roma. Dos meses después, el arzobispo de Santiago recibió la resolución de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF). “La misa en cuestión no puede ser considerada una celebración pública”, decía en el documento. Ezzati mantuvo en reserva la resolución por más de un mes, hasta que el viernes 4 de julio se publicó un comunicado en la página web del Arzobispado de Santiago. Pero ya antes, el 24 de junio, una alta autoridad de la Iglesia Católica reveló a CIPER: “La Santa Sede determinó que las fotos de Karadima oficiando misa no constituían una falta a las disposiciones puestas por la CDF”.

“Una misa privada no significa en solitario”, explicó a CIPER el abogado experto en derecho canónico, Camilo Cortés. Karadima “puede celebrar la liturgia con visitas restrictivas. Por ejemplo, si lo llevamos a la misa en el convento, el hecho de que solamente haya tres o cuatro monjitas no implica que la misa deje de ser privada, porque no está abierta al público”, acotó.

-Una cosa es que un sacerdote haga su misa en un lugar solo, otra es que lleguen personas mientras la celebra y otra muy distinta es que él los haya invitado a participar. Esto último Karadima no puede hacerlo (…). Si él estaba celebrando su misa en solitario y llegaron estas dos mujeres, él no puede hacer nada. Un sacerdote no puede echar a nadie –explicó el jesuita Marcelo Gidi.

Más allá de la polémica que provocaron las fotografías donde aparece Karadima oficiando misa en el convento donde se halla recluido –y que hiciera públicas el periodista Juan Carlos Cruz, uno de sus principales acusadores-, lo cierto es que la vida del sacerdote volvió a experimentar un cambio. Todas las fuentes consultadas indican que a partir de entonces las monjas del Convento Siervas de Jesús de la Caridad cambiaron sus procedimientos y pusieron mano dura para hacer cumplir la orden vaticana y evitar nuevos problemas. Una de las medidas impuestas fue que ninguna de las ancianas puede volver a usar la capilla cuando el sacerdote condenado esté celebrando su liturgia diaria. La nueva instrucción provocó que las monjas le pidiesen a María Eugenia Karadima que dejase de visitar a su hermano a diario. “Ella ahora lo visita muy poco”, aseguraron a CIPER varias trabajadoras de la casa de retiro.

El nuevo rigor que se le impuso a Karadima tenía relación con otras faltas a su condena y que se descubrieron en el transcurso de la investigación por la misa en el convento.

LOS QUE AÚN LO VISITAN

En efecto, la resolución del Vaticano sobre la polémica misa que fotografió el abogado Latrille y que Ezzati mantuvo en reserva por más de un mes, no sólo determinó que la liturgia oficiada por Karadima no constituía una falta, sino que también le impuso al sacerdote una “amonestación canónica” por intentar frustradamente contactar a miembros de la disuelta Unión Sacerdotal. Sobre la forma en que Karadima intentó burlar su condena, el Arzobispado de Santiago no quiso entregar detalles “con el fin de resguardar a las personas que denunciaron el hecho y así no extender más el daño”. Así se señala en su respuesta enviada a CIPER el 7 de julio pasado.

Pero lo cierto es que a Karadima lo visitan. Según la investigación realizada en el convento, al sacerdote condenado por el Vaticano “lo visitan médicos y hombres vestidos de curas”. Otra trabajadora del hogar, afirmó: “Ellos suben hasta su habitación”.

Entre los hombres vestidos de cura que mencionan las funcionarias del convento, figuran algunos de los sacerdotes más polémicos de la Iglesia Católica chilena. Uno de ellos es el cura Raúl Hasbún, quien en 2012 asumió la defensa canónica del ex vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, declarado culpable por abusos sexuales. Hasbún, según constató CIPER, lo visita cada uno o dos meses.

Cardenal Jorge Medina

Otro hombre de la Iglesia que visita a Karadima es el cardenal Jorge Medina. Tres meses después de que el cura fuese recluido en el convento para cumplir la condena vaticana, Medina afirmó en revista Caras que en este caso no veía abusos sexuales: “Este es un acto de homosexualidad. Un muchacho de 17 años sabe lo que está haciendo”.

En abril de este año, Fernando Vives, vicario de la Zona Cordillera, visitó al cura en el Convento de las Siervas de Jesús. Si antes lo hacía en su calidad de director de la Unión Sacerdotal, ahora lo hace por caridad. El año pasado, el vicario Vives visitó al sacerdote cerca de tres veces.

La visita del sacerdote Vives a Karadima hace recordar la polémica que provocó el arzobispo Ricardo Ezzati cuando en la víspera de Navidad de 2011 llegó al encuentro del sacerdote condenado por el Vaticano. Ezatti justificó su visita argumentando que actuó por “cristiandad” y que esas son actitudes de “buen pastor”.

Sepultados quedaron aquellos domingos en que las bancas dispuestas para la feligresía se hacían pocas en la Parroquia El Bosque para contener a tantos católicos que acudían a  escuchar sus prédicas. No sólo los vecinos del antiguo barrio Las Lilas y de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús iban a oír sus sermones. También llegaban personas de distintos sectores de Santiago para celebrar la eucaristía dominical junto a él. Hoy casi nadie quiere recordarlo. “Muchos de sus poderosos amigos le dieron la espalda”, dice un sacerdote que no fue su discípulo pero conoce bien la situación actual de Karadima y de la parroquia donde cimentó su poder.

Entre quienes tienen prohibido volver a entrar en comunicación con Karadima y menos estar en su cercanía, figuran los cinco obispos que integraban su círculo de hierro: Tomislav Koljatic, obispo de Linares; Horacio Valenzuela, obispo de Talca; Felipe Bacarreza, obispo de Los Ángeles; el obispo castrense, Juan Barros, y el obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga. También tiene prohibido el contacto con los sacerdotes Diego Ossa y Juan Esteban Morales, ex vicario y párroco de El Bosque respectivamente. La nómina incluye al arzobispo emérito Francisco Javier Errázuriz (**). Tampoco se le puede acercar quien fuera por largos años uno de los laicos más cercanos y quien le solucionaba hasta el menor problema doméstico o de gestión de su parroquia: Francisco Prochaska.

Desde que Karadima llegó a vivir al convento, casi todos sus amigos lo dejaron de ver. Incluso el empresario Eliodoro Matte, a cuya casa concurría periódicamente a cenar, hizo público su distanciamiento a través de una carta en El Mercurio. Quienes nunca lo han dejado de visitar, son sus hermanos Jorge y María Eugenia, quienes asisten al convento con muy poca frecuencia. Los otros tres hermanos con suerte se han aparecido por las puertas del hogar de ancianas. Óscar Karadima, el sexto de ellos, nunca lo ha visitado.

Según todos los consultados, no hay nadie que visite al ex párroco condenado por el Vaticano con cierta frecuencia. Su médico personal, Santiago Soto, afirma: “Tiene depresión y se medica todos los días (…), como él tiene una edad avanzada, su enfermedad puede que dure toda la vida”. El cardenal Jorge Medina agrega: “Fernando Karadima probablemente esté esperando el llamado del Señor”.

Según la especialista en psiquiatría de adultos de la Universidad Católica, María Pía Gatica, “las personas que presentan conductas como las de Fernando Karadima, tienen un trastorno ‘antisocial’: en estos casos no hay depresión, sólo angustia. Lo que sí podría haber son síntomas compatibles con un cuadro depresivo como reacción a una herida narcisista, que ocurre cuando alguien se siente castigado y/o tratado injustamente”.

-En psiquiatría, una persona antisocial es quien siente que no hizo algo malo pese a la gravedad de sus actos. Para ellos todo está justificado. No hay remordimiento ni culpa, ambos elementos característicos de una depresión. Muy por el contrario, ven al otro como un instrumento para satisfacer sus deseos. Sus relaciones con los demás son muy utilitarias –explica María Pía Gatica.

Convento Siervas de Jesús de la Caridad

Karadima puede salir del convento. Así lo dijo el cardenal Ricardo Ezzati el 23 de diciembre de 2011 en una entrevista con La Segunda: “Por supuesto que puede salir. No está en la cárcel”. La resolución impuesta por la CDF menciona que el arzobispado sólo se encarga de fijar residencia para vivir en un estado de oración y penitencia. En ninguna parte del documento aparece que debe estar enclaustrado en el recinto. Así, si Karadima lo desea, puede salir, siempre y cuando no tenga contacto con algún ex parroquiano, con miembros de la Unión Sacerdotal ni con quienes él haya dirigido espiritualmente.

Las pocas personas que visitan a Karadima en la actualidad aseguran que el sacerdote que fuera el más influyente de la elite santiaguina, hoy no sale del convento porque “tiene miedo”. No quiere que lo vean en la calle y lo increpen: vive lleno de temor.

ENCERRADO POR TEMOR

Cubierto por un grueso abrigo y portando un maletín negro, el doctor Santiago Soto ingresa al Convento Siervas de Jesús de la Caridad. Lo recibe la madre Rosario. Soto, médico personal de Karadima por decenas de años, es ya un viejo conocido de las monjas del convento. Intercambia un par de palabras con la religiosa y se dirige a la capilla donde se detiene para hacerle una reverencia a la imagen de Jesucristo. Una vez al mes Santiago Soto repite el mismo ritual. Luego sube al cuarto piso y toca a la puerta. Fernando Karadima saluda de mano a su doctor, quien le hace algunas preguntas y después de pedirle que se quite la camisa, lo examina. Le toma la presión y revisa sus órganos: pulmones, corazón y estómago. Cuando termina, mientras Karadima se viste, Soto le prepara su nueva receta. La visita dura en total alrededor de 40 minutos.

El doctor Santiago Soto es una de los pocos que lo visita regularmente. “El cura tiene miedo. Él me ha contado que familiares de las demás ancianas lo han insultado (…). Le han dicho que es un pederasta, un cura malo, un sinvergüenza”, afirmó a CIPER al describir el estado en que se encuentra Karadima en estos días.

Según el doctor Soto, las únicas salidas que Fernando Karadima ha tenido fuera del convento son exclusivamente por complicaciones médicas que lo obligan a dirigirse a un centro asistencial. El abogado Juan Pablo Bulnes es quien se ha encargado de transportar a Karadima hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica o al dentista. Bulnes, quien fue su abogado personal en la investigación canónica sobre las acusaciones de abuso sexual, tenía la aprobación de la madre superiora del convento para sacar al cura cuando lo necesitase. Ahora, el abogado ya no cuenta con dicha potestad: entre agosto y septiembre del año pasado terminó su labor profesional con el sacerdote, por lo que ya no puede mantener relación con él. Porque prima su calidad de ex feligrés.

El abogado Juan Pablo Bulnes, quien perteneció al grupo íntimo de Karadima en El Bosque por más de 40 años, no ha cumplido cabalmente la prohibición. En la Navidad de 2013, el jurista lo fue a ver y le entregó un presente. Esa fue la última vez que lo visitó. “Se siente muy solo”, dijo Bulnes a CIPER.

Un día, mientras el doctor Santiago Soto lo examinaba, Karadima se angustió. No entendía por qué su condición era la de un marginado. Con la voz entrecortada y la presión acelerada, le confidenció:

̶ Qué injusta esta cuestión. ¿Por qué tengo que estar aquí perpetuamente? ¡Me voy a morir en este lugar!

̶ Usted se va a morir aquí porque quiere seguir siendo sacerdote  ̶ le respondió Santiago Soto, mientras lo seguía examinando.

Fernando Miguel Salvador Karadima Fariña lleva 1.284 días (hasta el miércoles 23 de julio) de infierno interior.

 

(*) NOTA: Los autores son estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y realizaron este reportaje en el curso Periodismo de Investigación, a cargo de la profesora y periodista Andrea Insunza.

(**) Más antecedentes en el libro “Los secretos del Imperio Karadima”, de Juan Andrés Guzmán, Gustavo Villarrubia y Mónica González (CIPER Catalonia-UDP, 2011).

 

Quiebra de la U. del Mar: dueños que lucraron reclaman pago de $4 mil millones

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La Junta de Acreedores de la Universidad del Mar (UDM) acordó el 14 de julio iniciar la cobranza judicial a los miles de alumnos y ex alumnos que se encuentren morosos en el pago de sus aranceles. Los más afectados serán aquellos que se titularon y egresaron y mantienen deudas impagas. Para incentivarlos a ponerse al día, los acreedores acordaron condonarles hasta un 30% del capital adeudado y un 50% de los intereses. Pero, si el alumno finalmente no paga, se dará paso a la cobranza judicial.

Para aquellos estudiantes morosos que aún son parte de la universidad, se les ofrecerá una rebaja de entre un 15% y un 20% del capital adeudado, y la condonación del  50% de los intereses. Si no regularizan su situación, “no podrán tomar ramos del segundo semestre en forma definitiva”. En ambos casos la cobranza judicial se hará efectiva “para los deudores con morosidad que supere el $1.000.000” (ver acta de la junta de acreedores).

La decisión de la Junta de Acreedores de la Universidad del Mar de utilizar el cobro de la deuda de sus alumnos, ante la imposibilidad de rematar los inmuebles que pertenecen a sociedades relacionadas de sus dueños, resulta sorprendente. Y ello no sólo porque los estudiantes han sido las principales víctimas de la debacle de esa institución, sino porque los responsables de la crisis, sus cuatro controladores, también forman parte de la junta de acreedores y podrían beneficiarse con la recuperación de casi $4 mil millones.

La resolución de iniciar acciones contra los estudiantes morosos se originó en la sentencia judicial del 14 de abril pasado, que determinó la quiebra de la Universidad del Mar (Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar). La quiebra fue solicitada por los trabajadores de la UDM a raíz del no pago de sus sueldos y cotizaciones. La falta de caja se había iniciado poco antes del escándalo que desató el pago por la acreditación de la universidad y el lucro desmedido de sus dueños, revelados por CIPER (ver reportaje). Y se agravó con el juicio por cohecho y soborno que llevó a su rector a la cárcel.

Todo ello, sumado a la estampida de profesores impagos, agravó la incertidumbre y provocó que gran parte de los alumnos dejaran de pagar sus aranceles. Como los dueños de la UDM no inyectaron más dinero y, al contrario, sacaron todo lo que pudieron a través de sus sociedades relacionadas, el desmoronamiento se precipitó. A pesar de que todo ocurrió a la luz pública, ninguna autoridad intervino para evitar la debacle de una universidad que tenía más de 20 mil alumnos en todo el país.

La abusiva situación que hoy viven los alumnos de la Universidad del Mar resulta clave para examinar la calidad del proyecto de ley que se tramita actualmente en el Congreso y que crea la figura del administrador provisional para las instituciones de Educación Superior que entren en crisis financiera y/o académica.

ACREEDORES QUE NO SON TALES

La decisión de iniciar la cobranza judicial se adoptó en la primera reunión de los acreedores, realizada el 8 de julio pasado en uno de los edificios de la que llegó a ser la tercera universidad más grande de Chile, con 22 mil estudiantes en 18 sedes desde Arica a Punta Arenas. En la junta participaron quienes, de acuerdo al síndico Cristián Herrera Rahilly, poseen créditos que “gozan de verosimilitud”: 115 acreedores que reclaman en total $21.166 millones. Entre ellos figuran los docentes y trabajadores de la UDM, bancos y financieras, AFP’s, Isapres y el Fisco.

Héctor Zúñiga

Entre todos ellos destacan tres sociedades que reclaman sobre $ 2.000 millones y en las que participan los dueños de la UDM: Raúl Baeza (fallecido en 2013), Sergio Vera, Mauricio Villaseñor y Héctor Zúñiga. Las pretensiones económicas más sorprendentes corresponden al último de estos socios, quien a través de familiares, sociedades relacionadas y también directamente, aspira a conseguir otros $1.800 millones.

Héctor Zúñiga es uno de los principales responsables de la crisis que llevó a la UDM a ser cerrada. En 2013 pasó cerca de medio año preso acusado de soborno y de lavado de activos en el juicio que se abrió por la venta de la acreditación de su universidad. Un fraude donde el principal acusado es Luis Eugenio Díaz Corvalán, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Según informó La Tercera a comienzos de julio, la fiscalía y la UDM llegaron a un acuerdo para que esta institución reconozca, en un juicio abreviado, el haber sobornado a Díaz para obtener la acreditación, lo que le permitió acceder a $6.000 millones aproximadamente, dinero que procedía del Crédito con Aval del Estado (CAE).

UNA FORTUNA EN PAPELES INSERVIBLES

La Junta de Acreedores de la Universidad del Mar fue presidida por el abogado Eric Avsolomovich Péndola, representante del Banco de Créditos e Inversiones (BCI), al que la UDM debe $4.750 millones, lo que equivale al 22,44% de la deuda total.

En la reunión, el síndico de quiebras informó que ya se habían recuperado cerca de $850 millones a través de distintos juicios. También dio cuenta de que varios inmuebles de la UDM ya están listos para su remate. Pero debido a que la mayor parte de los edificios en los que funcionaba la UDM eran de propiedad de las inmobiliarias de los propios dueños de la universidad (sociedades relacionadas), será imposible utilizar la misma vía del remate para obtener el dinero que se requiere. Dado los vacíos legales con que funcionan las universidades en Chile, se decidió entonces que la recuperación se hará a través de acciones judiciales en contra de los alumnos morosos en sus aranceles.

El monto total de la deuda que involucra a los estudiantes ha sido difícil de estimar. La última cifra que se conoce data de 2012, cuando ascendía a unos $50 mil millones. El entonces rector Raúl Urrutia personalmente vio en la Casa Central de la UDM, en Reñaca, una habitación llena de pagares impagos de alumnos. En ese momento, parecían papeles inservibles (ver reportaje de CIPER).

Cuando en 2010 el fondo de inversiones Southern Cross intentó comprar la UDM, manifestó un gran interés por esos pagarés. Southern Cross sí sabía cómo sacarles partido, pues llevaba años rentabilizando las deudas de quienes compraban en la multitienda La Polar, por entonces su empresa estrella. Como quedó en evidencia cuando La Polar se desmoronó en julio de 2011, a sus clientes morosos les repactaban unilateralmente las deudas, aplicándoles altos intereses. Luego, el monto total de esas deudas, en su mayoría incobrables, eran exhibidas en sus balances como “activos por cobrar”. Así, hacían aparecer a La Polar ante inversionistas y AFP’s como una empresa con un flujo sólido y ascendente de capital. Hasta la debacle.

En la investigación de la Fiscalía Oriente por la venta de acreditaciones de instituciones de Educación Superior que realizó Luis Eugenio Díaz Corvalán, aparecieron detalles de cómo Southern Cross pretendía comprar la UDM (lo que está prohibido por la ley) y de la importancia que los pagarés tenían en ese trato. Según el abogado Alejandro Leiva, quien intervino en el negocio en representación de uno de los dueños de la UDM, Mauricio Villaseñor, cada socio recibiría de Southern Cross un millón de dólares al momento de la transferencia del control. El resto, el monto mayor del precio que se negoció por la UDM, “se pagaría a cambio de la cesión de las letras de cambio que los estudiantes habían entregado por créditos directos. Nominalmente, alcanzaban a cerca de $50 mil millones”, dijo Leiva.

Cuando Southern Cross paralizó el negocio en 2011 –debido a la presión social de los estudiantes que se oponían al lucro y al estallido de la estafa de La Polar-, esa fortuna en pagarés volvió a ser una ruma de papeles inservibles.

A partir de ese momento, la suerte de esos documentos se volvió incierta. En diciembre de 2012 los alumnos de la UDM se tomaron la casa central como reacción al cierre ordenado por el Ministerio de Educación (ver decreto). Y mientras los tribunales debatían si procedía o no una quiebra (la que se decretó en abril de este año), los alumnos comenzaron a revisar los  documentos buscando pruebas que les permitieran demostrar que habían sido estafados.

Uno de los documentos que encontraron mostró que ya en 2004 el entonces ministro de Educación Sergio Bitar y la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Pilar Armanet (actual rectora de la Universidad de Las Américas) estaban al tanto del desastre que se vivía en la UDM y la dejaron continuar.

LOS PAGARÉS QUEMADOS

Pero no sólo los alumnos revisaron esos documentos. También lo hizo el artista plástico Francisco Tapia (Papas Fritas), quién según su propia confesión ante los tribunales, sustrajo y quemó pagarés de los alumnos, tras lo cual expuso sus cenizas en el centro cultural GAM.

Francisco Tapia (Papas Fritas)

En el video que acompañó su instalación artística, explicó: “Mi proyecto busca acabar con el deudor. Fui a la universidad con el fin de sacar las letras y pagarés que estaban en la Universidad del Mar y que eran buscados por el síndico de quiebras para que la banca pudiera seguir cobrando a estos estudiantes. Los alumnos me ayudaron a cargar la Kombi sin saber que yo me estaba llevando ahí, en aquellas cajas, todas las letras de la deuda de los alumnos. Tranquilamente fui, uno por uno, quemando esos pagarés, liberando de la deuda a cada uno de los estudiantes de la Universidad del Mar. ¡Ya no tienen que pagar más compañeros, no tiene que pagar nada más!”.

El síndico Herrera Rahilly concurrió a la sede Reñaca para verificar si la historia era cierta. En su informe a la junta de acreedores señaló que el área de finanzas de esa sede “se encuentra totalmente destruida, los documentos en completo desorden en el piso; algunas de las cajas de fondos fueron abiertas, otras trabadas sin poder abrirse, por lo que habrá que contratar un cerrajero experto”. El síndico solicitó un informe pericial “sobre la pérdida que ha generado esta situación”.

El contenido de ese informe no se conoce, pero lo que sí es efectivo es que en la Sede Reñaca de la UDM no estaban todos los pagarés impagos de sus alumnos. Una de las razones del fracaso de esta institución, es que cada sede funcionaba como un feudo independiente, con un grupo distinto de socios lucrando con los aranceles y créditos de los alumnos. Es por eso que en cada sede se llevaban contabilidades distintas. Y en cada una había pagarés.

FONDOS DEL CAE PARA FEUDOS PERSONALES

El grueso de los acreedores de la UDM son ex trabajadores, docentes y directivos de la UDM, que reclaman alrededor de $9.000 millones, lo que representa un 41% de la deuda total. El monto no contempla solo indemnizaciones, sino también sueldos impagos y prestaciones sociales que la UDM dejó de cancelar casi al mismo tiempo que fracasaba el negocio con Southern Cross.

Los trabajadores alegan tener preferencia entre los acreedores, basándose en el artículo 2.472 Nº 8 del Código Civil, que se refiere a las indemnizaciones por término de contrato y por años de servicio. En ese artículo funda también sus pretensiones el socio controlador y ex rector de la universidad, Héctor Zúñiga, para reclamar $982 millones. ¿Cómo se justifica una indemnización tan alta? Vale la pena detenerse en este punto porque da cuenta de uno de los pasajes más turbios de la historia de la Universidad Del Mar.

Eugenio Díaz

En agosto de 2011, cuando el plan para vender la UDM a Southern Cross aún estaba vigente, Héctor Zúñiga se fue de vacaciones. En su reemplazo en la rectoría quedó el socio Mauricio Villaseñor, quien en cosa de días se dio cuenta de que las cosas estaban mal. El problema más grave eran los recursos del Crédito con Aval del Estado (CAE), que debían llegar a la universidad en septiembre. Esos dineros se habían conseguido gracias a los sobornos pagados a Luis Eugenio Díaz para que les diera la acreditación, requisito indispensable para tener acceso al CAE. La UDM estaba en una situación muy precaria y todas las sedes esperaban la llegada de $2.500 millones para pagar sus operaciones normales.

Según declaró el abogado Alejandro Leiva a la fiscalía, los recursos del CAE ($2.500 millones) no arribaron completos, pues el Banco Internacional reclamó $1.500 millones: “Ahí nos enteramos que Zúñiga había hecho una operación con ese banco, a espaldas de la Junta Directiva de la UDM, obteniendo del banco un anticipo a cuenta de los fondos del CAE, a cambio de un mandato irrevocable de cobro”.

¿Qué hizo Zúñiga con ese dinero? Aparentemente lo gastó en la UDM. Pero en su parte de la universidad: en las sedes que él controlaba financieramente.

El abogado Carlos Zelada, representante del socio Sergio Vera, confirmó lo descrito por Leiva precisando que, en la Junta Directiva de la UDM, se tomó el acuerdo de que los dineros del CAE se usarían para permitir la continuidad de la institución, pero Zúñiga “obtuvo un anticipo del Banco Internacional a espaldas de la junta directiva, y el uso de ese dinero no lo informó a nadie”.

Pero hubo un hecho más grave aún. El  abogado Zelada declaró que, en garantía de ese anticipo que recibió del Banco Internacional, Héctor Zúñiga entregó al banco las letras que los alumnos beneficiarios del CAE habían dejado en custodia en la universidad a favor de la UDM: “Esas letras eran en respaldo por el CAE que debían percibir, por lo que no podían ser entregadas a terceros, aspecto improcedente que personalmente le señalé a Zúñiga”.

Según refirieron los abogados Zelada y Leiva, esta operación irregular fue determinante para la salida de Zúñiga de la rectoría de la UDM en noviembre de 2011. ¿Cuánto dinero recibió por dejar la UDM? Cuando fue entrevistado por CIPER, Zúñiga dijo que no había recibido nada (ver entrevista), pero ante la fiscalía el abogado Leiva lo desmintió: “El acuerdo económico consistió en que se le entregó al señor Zúñiga participación accionaria en las inmobiliarias Rancagua y del Mar (propietarias de los edificios de la UDM en Viña del Mar), más una pensión por 10 años de $ 7 millones mensuales”.

El abogado Zelada dijo que, además, Zúñiga recibió “un finiquito laboral por años de servicio de alrededor de $80 millones”. Poco después de ese acuerdo, la UDM colapsó. Es posible que a Héctor Zúñiga no se le haya pagado nada. De hecho, los $80 millones, más la pensión de 10 años, totalizan $920 millones, la suma que reclama en la quiebra de la universidad. Visto así, estos recursos no corresponderían a una indemnización con derecho a preferencia, como asegura Zúñiga ante el tribunal, sino que formarían parte de lo que se le adeuda por la venta de la universidad, operación que está prohibida por la ley.

TODA LA FAMILIA EN LA FILA

Las inmobiliarias Rancagua y del Mar que menciona el abogado Alejandro Leiva en su declaración, también reclaman dineros en la quiebra de la UDM. La primera, registra un capital de $2.081 millones y dice ser acreedora de la UDM por $860 millones. La Inmobiliaria del Mar, con un capital reconocido de $1.364 millones, asegura que la universidad le adeuda $1.012 millones.

Si bien hasta el fracaso del intento de venta de la UDM a Southern Cross, ambas sociedades eran propiedad en partes iguales de los cuatro socios, es posible que con la operación descrita por Leiva, Zúñiga sea el beneficiario principal de lo que reciban ambas inmobiliarias.

Otra sociedad controlada por los cuatro ex dueños de la UDM -Sociedad de Inversiones del Mar- reclama $175 millones. Creada en abril de 2011, con un capital de $474 millones, era controlada en ese momento por Zúñiga y Cía, Inmobiliaria e Inversiones Vera (del socio Sergio Vera), Servicios de Consultoría y Asesoría Integral (del socio Raúl Baeza), y Minerva Gutiérrez, ex mujer de Sergio Vera.

También aparece entre los acreedores una sociedad ligada a sólo uno de los dueños de la UDM: Inmobiliaria e Inversiones Los Placeres, controlada por Mauricio Villaseñor Castro, que reclama $272 millones. A la que se suma Inmobiliaria e Inversiones Valparenas, que demanda $450 millones y donde figuran como socios: Héctor Zúñiga, Raúl Baeza, Pablo Zúñiga (ex gobernador de Valparaíso), Jorge Greenhill y Jorge Aspée.

Raúl Baeza, socio fundador de la UDM fallecido en mayo de 2013

Por último, figuran dos sociedades donde Zúñiga vuelve a tener intereses. El Centro de Estudios Navieros, que reclama $267 millones; y Computer Trainning S.A., que pretende $105 millones. Ambas sociedades están representadas en la junta de acreedores por Marcela Mendía Mendiola, esposa de Zúñiga. En un juicio que el Centro de Estudios Navieros entabló con la UDM, se explica el origen de esa deuda. Se trata de dos préstamos: uno por 6.980 UF, otorgado a la UDM en junio de 2008 (ver primera demanda) y otro de $100 millones (ver segunda demanda),  otorgado en julio de 2011. La esposa de Zúñiga, Marcela Mendía, es dueña del 25% del Centro de Estudios Navieros, Zúñiga posee el 50% y el 25% restante es de la propia UDM (ver sociedades de Héctor Zúñiga).

Otros dos integrantes de la familia Zúñiga también pretenden obtener recursos de la Universidad del Mar en quiebra: Enrique Zúñiga Salinas, ex director de la Escuela de Agronomía, reclama $70 millones; y una de sus hijas, la periodista Catalina Zúñiga Mendía, quien se tituló en 2011 en la UDM y ese mismo año fue nombrada coordinadora de Titulación de la Universidad del Mar, pretende $36,5 millones. El monto fue detallado por la hija de Zúñiga en una demanda laboral que interpuso en contra de la universidad que administraba su familia, en la que denuncia despido sin indemnización, no pago de vacaciones y cotizaciones previsionales y de salud impagas (ver demanda).

¿QUIÉN RESPONDE POR LA MALA CALIDAD DE LA UDM?

En el acta de la Junta de Acreedores de la Universidad del Mar se da por sentada la legitimidad de recuperar los dineros adeudados a través del cobro de pagarés de sus alumnos morosos. El argumento es que estos recibieron un servicio de parte de la UDM, el que les permitió obtener títulos o, al menos, avanzar en sus carreras. Un razonamiento que resulta inverosímil a la luz de las distintas evidencias que se han acumulado en procesos y querellas que grafican el descalabro de la UDM.

Por ejemplo, el SERNAC reunió evidencia de que la UDM hacía firmar a sus alumnos contratos abusivos y no respetaba los servicios convenidos, y presentó en 2012 una demanda colectiva en contra de la universidad (ver demanda). Hay otros documentos oficiales donde ha quedado acreditada la pésima calidad de los servicios educativos de la UDM, situación que fue conocida y tolerada por distintas autoridades del Ministerio de Educación.

Un informe del Consejo Superior de Educación (CSE), encontrado por los alumnos durante la toma de la sede de Reñaca, reveló que, al menos desde 2004, las autoridades tenían antecedentes concretos de la mala calidad de la formación de la UDM. Allí se consigna que el número de carreras aumentó en un 2.683% entre 2003 y 2004, mientras que el número de alumnos creció 277% entre 2001 y 2004. Sin embargo, ni la infraestructura ni el cuerpo docente habían crecido al mismo nivel, haciendo que las condiciones mínimas para brindar buena educación, empeoraran.

Respecto de los docentes, el CSE cuestionó que el número de alumnos por profesor subiera un 25%; y calificó de grave que “la calidad de los docentes, medida en términos del porcentaje con posgrado, disminuyera en un 9%, mientras aquellos con dedicación completa cayeran en un 7%”, Para los fiscalizadores, resultaba evidente que la expansión estaba generando “un claro deterioro de todos los indicadores educativos”.

Las serias restricciones docentes que afectan a la mayoría de las sedes, llevan a la presunción de que la educación que entrega actualmente la UDM en un gran número de sedes podría ser de nivel mínimo, con una formación profesional con falencias serias”, concluye el informe del Consejo Superior de Educación.

El severo diagnóstico no redundó en ninguna sanción para la Universidad del Mar. Las autoridades decidieron dejar que siguiera operando y se evitaron el problema de cerrar la UDM y reubicar a los cerca de 12 mil estudiantes matriculados en ese momento. Así, la calidad de la UDM continuó empeorando. En todas las mediciones que se hicieron a sus egresados de Pedagogía (Prueba Inicia) y a los egresados de Medicina (Prueba Eunacom), la UDM apareció siempre en los últimos lugares. No hubo ni una sola reacción del ministerio.

Cuando en 2013 al Ministerio de Educación no le quedó otra alternativa que cerrarla, la calidad de la UDM cobró otra vez su cuenta: resultó muy difícil reubicar a sus 16 mil alumnos. Así lo declaró Felipe Mockridge Araya, seremi de Educación de Valparaíso, en la citada demanda del SERNAC: los alumnos que lograron cupos, “en su mayoría tuvieron un desmedro en su avance curricular de al menos un año en sus nuevas instituciones”. Hubo muchos que no fueron recibidos por ninguna institución.

Mockridge explicó que los más perjudicados fueron los alumnos del área de Salud: “Muchas instituciones les cerraron las puertas haciendo alusión a la mala calidad de las mallas académicas de la UDM”. El seremi olvidó mencionar los juicios por falsificación de su título de médico, que afectaron a un directivo académico y a un profesor de esa misma área de Salud de la UDM.

En su declaración, Mockridge informó de otras irregularidades y dio ejemplos de carreras que no conseguían la cantidad de matrículas necesarias para financiarse y que de la noche a la mañana eran cerradas o fusionadas. En este ámbito, el testimonio que mejor ilustra la argumentación central del SERNAC, lo brindó el estudiante de Teatro, Antonio Gambaro Ramírez, quien acusó que, cuando comenzaban el segundo año de la carrera, y como eran muy pocos alumnos, les ofrecieron pasarlos a tercero y hacerlos saltarse un año de carrera.

-Con mis compañeros acudimos a la casa central en Reñaca a quejarnos y el encargado académico de la UDM insistió que lo que nos proponían era lo mejor: que el teatro era vocación, que un año más o menos, a nosotros, que éramos talentosos, no nos iba a jugar en contra. Nos dijo también que, como éramos pocos alumnos, el plantel de profesores no se alcanzaba a pagar. Por supuesto, el año que nos íbamos a saltar tendríamos que pagarlo igual.

Como los alumnos amenazaron con denunciar a la universidad, el cambio no se hizo. Pero como la carrera no se financiaba, empezó el incumplimiento de la malla curricular por la ausencia de docentes. “De ahí en adelante no tuve los docentes que se prometían en la malla. Ellos mismos nos comunicaron que se iban por el no pago de sus honorarios, siendo que nosotros estábamos al día en los pagos. Nos comenzaron a dar clases alumnos recién egresados y gente que no era docente”, relató Gambaro.

La pesadilla para Antonio Gambaro no terminó ahí.  Cuando intentó cambiarse a la Universidad de Valparaíso, en la UDM le dijeron que no encontraban el programa de la carrera, y finalmente lo rechazaron, ya que no tenía cómo probar que había cursado cuatro años. Tras oír su relato, el abogado de la UDM, presente en el tribunal, le preguntó por qué continuó estudiando ahí si la universidad era tan mala. La respuesta de Gambaro muestra por qué se acumularon los pagarés que ahora harán efectivos los acreedores: “Principalmente, porque era la única carrera de Teatro que ofrecía crédito acá en la región”.

 

Becas Valech: la trama y los protagonistas del fraude

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Vea también: “Daniel Farcas: su nexo con fraude de las Becas Valech y la compra de acreditación de la UNIACC”

Cuando en 2010 estalló el escándalo de las Becas Valech, siete mil beneficiarios hacían uso de ellas: 4.200 eran víctimas directas de la dictadura y cerca de 3.000 eran hijos o nietos de los titulares, gracias a que esa ley permitió traspasar el beneficio a familiares[1]. En los cinco años que la ley llevaba vigente, el Fisco había entregado más de $30.500 millones a 96 instituciones de Educación Superior de todo el país para que ex prisioneros políticos pudieran completar o iniciar estudios interrumpidos por actos de violencia (ver cuadro completo de todas las entidades educacionales que recibieron fondos).

Si bien miles de personas pudieron así cumplir el sueño largamente postergado de completar la Educación Básica, Media o Superior, otros miles de ciudadanos torturados y/o víctimas de prisión política, fueron engañados por instituciones de Educación Superior con programas que no conducían a ningún grado académico y menos a un título profesional. A muchos se les hizo creer que esos cursos eran la única forma que tenían de usar el dinero que les correspondía.

Fiscal Ximena Chong

Desde que estalló el escándalo en 2010 han sido seis las investigaciones que han intentado dilucidar la trama que permitió el mal uso de estos fondos fiscales: la más importante es la que lleva aún la Fiscalía Centro Norte de Santiago, a cargo de la fiscal Ximena Chong; la segunda, radicada en la Fiscalía de Valparaíso (que dirigió la fiscal Mónica Arancibia Farías), terminó con la decisión de no perseverar; una tercera investigación la hizo una comisión de la Cámara de Diputados; una cuarta la instruyó la Contraloría, la que ordenó realizar sumarios administrativos al Ministerio de Educación y, por último, están los sumarios internos de esa misma secretaría de Estado. Ninguna ha llegado a puerto.

No obstante la impunidad que ha rodeado ese millonario fraude al Estado y a las víctimas de la dictadura, hay hechos clave irrefutables. Uno de ellos es que la universidad UNIACC es la protagonista principal en todas estas investigaciones. Desde 2006 hasta 2010, recibió más de $15.000 millones, el mayor porcentaje de los dineros destinados por el Estado a reparar el daño educacional ocasionado por la violencia de la dictadura.

Así lo muestran los decretos del Ministerio de Educación -que también eran visados por el Ministerio de Hacienda- con los traspasos vinculados a las Becas Valech. En 2006, por ejemplo, la UNIACC obtuvo $3.132 millones, diez veces más que los $314 millones con que la secundó la Universidad ARCIS y que los $ 224 millones que recibió la Universidad de Las Américas, que se ubicó en el tercer lugar. Al año siguiente, la UNIACC obtuvo $4.800 millones, versus $376 millones de la ARCIS y $ 287 millones de Las Américas. En 2008 la UNIACC recibió del Fisco $5.000 millones y en 2009, $ 2.500 millones.

Según los datos entregados por el entonces subsecretario de Educación Fernando Rojas a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, entre 2005 y 2006 (años en los que el actual diputado Daniel Farcas era pro-rector de la UNIACC) esa universidad recibió más del 50% de los recursos de la Becas Valech, aún cuando había captado a menos del 35% de los alumnos que accedieron a ese beneficio.

El subsecretario Rojas afirmó que el contraste entre los fondos recibidos por esa universidad y la cantidad de “alumnos Valech” a los que les impartió cursos, muestra “un incremento en el costo de los estudios que no se condice con el resto del sistema”. La autoridad del Ministerio de Educación reconoció que tanto la UNIACC, como la Universidad Bolivariana y la Universidad de la República, ofrecieron programas con contenidos muy básicos a costos muy altos.

La Universidad Bolivariana, por ejemplo, creó un curso especial de computación con uso de Word, Excel y algo más. Contenidos que normalmente la gente aprende a usar por sí sola o en cursos muy cortos y básicos, esa universidad los vendía como programas de estudios universitarios por $3,5 millones anuales. La UNIACC fue más lejos: creó especialmente para los becarios Valech una suerte de propedéutico muy genérico -“Programa Universitario en Comunicación, Gestión y Nuevas Tecnologías”- con un costo de $5 millones anuales.

Sobre la calidad y efectividad de este curso, la investigación de la Cámara de Diputados entrega un dato importante: “De los 1.533 alumnos inscritos en el programa, sólo 767 habrían egresado, teniendo una tasa de efectividad de tan sólo 50,03%. ¿Qué pasó con el resto de los alumnos?, ¿por qué se giraron y pagaron fondos a favor de una institución que no ha explicado de manera satisfactoria lo que ha sucedido con dichos alumnos?”.

Hasta ahora, la UNIACC ha devuelto sólo cerca de $290 millones (entre 2009 y 2013) por reclamos de becarios Valech que se sintieron engañados por esa institución.

¿QUIÉN FILTRO LAS LISTAS DE BENEFICIADOS?

La investigación del Ministerio Público logró establecer un punto: si la UNIACC se benefició por sobre el resto de las universidades, fue porque desarrolló con anticipación una agresiva campaña para captar a los beneficiarios de las Becas Valech. Para ello sus directivos debieron obtener –también con anticipación– de manera irregular, la nómina de las personas calificadas como víctimas de tortura o prisión política. Hasta hoy ese antecedente sigue en la nebulosa.

Pistas hay. Porque ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, María Luisa Sepúlveda, quien fuera vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, informó cuál fue el procedimiento para mantener la reserva debida de quienes calificaron como víctimas y de sus testimonios.

María Luisa Sepúlveda

Sepúlveda, quien goza de una reconocida reputación por su destacada labor en la Vicaría de la Solidaridad, dijo que los testimonios recibidos y los antecedentes que permitieron su calificación, fueron depositados en un recinto del Museo de la Memoria. De allí que el informe dado a conocer públicamente por la Comisión Valech incluyera sólo “el nombre y la cédula de identidad de todas las personas calificadas, única identificación que se hizo de las víctimas”. Un solo ejemplar de esa nómina se entregó al Instituto de Normalización Previsional (INP), para hacer efectivo el beneficio de la pensión de reparación, con copia al Ministerio del Interior.

Si el listado de los beneficiarios de esa ley de reparación fue entregado con anticipación al INP, resulta interesante constatar que en esos días el gerente general del INP era Andrés Lastra (DC), quien en paralelo desarrollaba la función de vicerrector académico de la UNIACC (ver su curriculum). Lastra, quien fue presidente de la FECH y estrecho amigo desde esa época del también entonces directivo de la UNIACC, Daniel Farcas, llegó a la UNIACC invitado por este último.

En la investigación del Ministerio Público quedó demostrado que tanto Andrés Lastra como Daniel Farcas jugaron un rol clave para asegurar la elección de Luis Eugenio Díaz como consejero de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y luego del Instituto de Derechos Humanos (votaban los directores de las escuelas de Derecho). Esa entidad fue creada en una normativa anexa a la Ley Valech y entre sus funciones está el hacer un seguimiento y evaluación a las medidas de reparación. Una de ellas era la evaluación de las Becas Valech.

Otro suceso extraño y preocupante resta por dilucidar. Según acusó un ex preso político, el empleado de la UNIACC que lo contactó conocía el  testimonio reservado que había dado a la Comisión Valech: “La persona que me llamó y que se identificó como empleada de la UNIACC y me ofreció matricularme, conocía todos mis antecedentes, incluso los lugares donde estuve detenido y en qué fechas… Todos esos datos serían reservados, pero claramente fueron vendidos al mejor postor”, dijo Alejandro Morales, vicepresidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y Presos Políticos de Chile, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

LA DUPLA LASTRA-FARCAS

Lo que también está demostrado en dos investigaciones judiciales es la estrecha relación de Daniel Farcas y Andrés Lastra, ambos a cargo de obtener la acreditación de la UNIACC. Lastra estudió Trabajo Social en el IPS (actual UTEM) y Derecho en dos entidades distintas, pero egresó de la Universidad del Desarrollo y se tituló en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Más tarde haría post grados en la Universidad de Chile y en la UNIACC, mientras era autoridad académica.

Andrés Lastra

Fue el testimonio judicial de Hermann Schwarz, cabeza entonces del Grupo Apollo en Chile -que había adquirido la UNIACC-, el que confirmó cómo Lastra y Farcas decidieron contratar a Luis Eugenio Díaz para que encabezara el proceso de acreditación de la UNIACC, a pesar de que éste era entonces vicepresidente del organismo que otorgaba esa acreditación: la CNA. Un cargo que obtuvo gracias a la gestión de Farcas y Lastra y también del anterior dueño de la UNIACC, Andrés Guiloff (vea el reportaje Daniel Farcas: su nexo con fraude de las Becas Valech y la compra de acreditación de la UNIACC”)

El conflicto de interés era abierto y claro. Schwarz afirmó: “El vicerrector académico Lastra y el pro-rector Farcas me indicaron que la persona indicada era el señor Luis Eugenio Díaz, un experto en el tema de la acreditación… Tanto localmente como en Apollo internacional nos pareció un tema que Eugenio Díaz fuera parte de la CNA, lo que fue consultado con abogados externos, específicamente con el estudio Noguera, Dulanto, Larraín y los contratos fueron revisados por los abogados internos de la universidad (Paulina Saéz) y externos (Pablo Larraín)”.

Poco después de que Díaz firmara el contrato con la UNIACC, estalló el escándalo de las Becas Valech y Lastra, quien ya era rector de la universidad, fue obligado a dejar su cargo. Entonces, Luis Eugenio Díaz lo convirtió en su socio, ahora formal, ya que le pagaría a través de su sociedad personal, cuando desarrolló el modelo de las acreditaciones fraudulentas. Su nuevo cliente sería la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), de propiedad de un antiguo conocido de ambos: Ángel Maulén. A la UPV Lastra llegó como vicerrector de Calidad en los precisos momentos en que dicho plantel preparaba su acreditación.

Lastra también dio su versión de ese proceso de acreditación fraudulento. Y entregó un antecedente desconocido: Maulén le pidió que contratara a una hija de Díaz como su secretaria. El gerente de la UPV reconoció que la hija de Luis Eugenio Díaz fue contratada como secretaria del vicerrector (Lastra) en 2011, con un sueldo de $1.300.000 mensuales. La UPV logró una sorpresiva acreditación con la ayuda de Díaz y Lastra.

AGRESIVA CAMPAÑA DE RECLUTAMIENTO

De la agresiva campaña desplegada por la UNIACC para reclutar a los beneficiados de las Becas Valech, surgen otros datos que explican el alto nivel de alumnos que logró captar para su plantel. Por ejemplo, la reunión especial que organizó la embajada de Chile en Suecia con alrededor de 50 exiliados para explicarles los beneficios de la Ley Valech y que contó con la participación de un directivo de la UNIACC.

Otra de las aristas de esa estrategia de captación, fue ofrecerles a un grupo de los mismos beneficiarios transformarse en reclutadores, a cambio del pago de una comisión por cada beca que lograran llevar hasta la UNIACC. Así lo detalló Alejandro Morales, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados:

“En 2004, un asistente social de la UNIACC me llamó muchas veces para que aceptara integrar el equipo de captadores de ex compañeros a cambio de una retribución de un 10% del valor de las becas que lograra hacer efectivas”. Morales no aceptó, pero algunos de sus compañeros si lo hicieron, “permitiendo que este negocio se armara a costa del fondo de reparación que tanto nos costó conseguir”, acotó. Esa estrategia, explicó la fiscal Chong a CIPER, permitió generar “una extensa red”:

-Nos encontramos con personas que eran empleados de la UNIACC, las que tenían bajo su dependencia a 10 personas dedicadas a la captación, las que a su vez tenían relación con otras 10 personas que buscaban el mismo fin.

Al revisar las nóminas de “Alumnos Valech” en la UNIACC, el Ministerio Público constató una nueva irregularidad: la falsificación de firmas de personas que aparecían aceptando matricularse y sus becas cobradas, pero que nunca fueron alumnos de la UNIACC. La fiscal Chong explicó a CIPER que lo más probable es que ese tipo de prácticas no fueron impulsadas por la universidad, sino que fueron delitos cometidos por algunos vendedores “en aras de obtener más comisiones”.

Lo que sí parece haber sido una estrategia institucional deliberada fue el engaño, como lo graficó el mismo Alejando Morales: “La becas fueron ofrecidas en su mayoría a personas que ni siquiera habían terminado la Enseñanza Básica, bajo la advertencia de que si no hacían uso de ellas, las perderían; o que sus hijos sólo podrían estudiar becados en la UNIACC si ellos también lo hacían como beneficiario de la Ley Valech”.

Carolina Vega, ex prisionera política, describió el curso que les ofreció la UNIACC: un propedéutico que se impartía los viernes en la tarde y el sábado desde las 9 hasta las 15:30 a un costo de $7 millones. Las clases se hacían en una escuela básica de Rancagua, sin la infraestructura mínima. También aseguró que a veces tuvieron de profesores a personas que nunca fueron docentes. A raíz de estos problemas, en una oportunidad se negaron a entrar a clases y pidieron una reunión con un representante de la UNIACC.

Mónica Antonce, beneficiaria Valech de Valparaíso, recordó la promesa que le hicieron en la UNIACC al ingresar al programa: llegaría a ser profesional. Lo hizo cuando detalló el examen que debieron rendir al finalizar el curso de “Gestión en Nuevas Tecnologías”.

-La sala en que se tomó el examen estaba en un subterráneo del Liceo Nº 1 de Valparaíso. En ese momento, en la calle contigua había bandas escolares preparando un desfile y a pesar de que en el curso había personas sordas y que la comisión estaba sentada a cuatro metros de quienes debían exponer, todos fueron aprobados y se les entregó el respectivo diploma con un coctel. Después, cada uno recibió una radio de regalo con la siguiente inscripción: “Felicidades, lo lograste, sigue adelante. Licenciatura en Humanidades”.

Eugenio Núñez, también beneficiario Valech de Valparaíso, afirma que las becas se transformaron en un circo y acusa a Daniel Farcas y Rodrigo Lasen de ser los responsables. “Se echaron la plata al bolsillo y trataron por todos los medios de justificar su proceder regalándoles a los beneficiados diplomas y objetos recordatorios inservibles”.

FARCAS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Otras irregularidades fueron detectadas por la Contraloría, como los cursos de post grado que la UNIACC y la Universidad Arcis ofrecieron a los beneficiarios de las Becas Valech, los que no podían financiarse con esos recursos. Un dictamen de la Contraloría de 2008 estableció que entre 2005 y 2007 ambas universidades recibieron del Ministerio de Educación más de $6.151 millones por estudios de magíster, doctorados y programas no conducentes a título profesional, hecho que contravenía “dos dictámenes previos”. Como su anulación habría afectado también los intereses de los propios becarios, hasta allí llegó el alcance de su resolución.

Daniel Farcas

En ese dictamen, la Contraloría aporta un dato central para liberar de responsabilidad a la UNIACC: esa universidad consultó al Ministerio de Educación si podía ofrecer a los becarios Valech el programa “Gestión en Nuevas Tecnología”. La respuesta fue positiva. En la investigación de la fiscalía se acreditó que, además, hubo una reunión entre el directivo ministerial Rodrigo Lasen y Daniel Farcas, representante de la UNIACC, para abordar los múltiples reclamos que recibía el Mineduc por la mala calidad de los cursos, la suspensión de los mismos y los desproporcionados costos que tenía el programa.

Según relató a CIPER la fiscal Chong, después de esa reunión, “Lasen dijo que no tenía posibilidades de hacer nada, que no tenía atribución para cesar los pagos”. Y eso fue todo. La fiscal Chong dice que los mandos del Ministerio de Educación pudieron haber hecho algo más: “Las autoridades públicas -y eso está en la ley general del funcionario público-  tienen la obligación de representar a su superior los puntos en los que hay ineficiencia. Tienen que responder por el mejor uso de los recursos. El cuestionamiento es por qué razón no se generó una modificación al reglamento que pusiera un tope a lo que el Estado pagaba por cada curso. Se podría haber hecho un llamado de atención y no se hizo”.

Es por esta actitud que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados calificó como “negligencia gravísima la pasividad con que actuaron las autoridades”, durante las gestiones de las ministras de Educación Yasna Provoste y Mónica Jiménez de la Jara.  “La autoridad de la época tuvo una actitud irresponsable en la forma en cómo se concedieron las becas, ya que ni siquiera se cumplió con protocolos mínimos de control”, permitiendo que “se impartieran cursos a personas que no podían continuar sus estudios, tal y como lo dice la Ley Valech y el reglamento respectivo”.

“No hay duda en que las autoridades de la época vulneraron la correcta observancia y aplicación de la norma que emana del Congreso, cuestión que es de suma gravedad. La ley es una de las formas contempladas en un Estado de Derecho para limitar el ejercicio del poder; en este caso, tal vulneración afecta nuestra propia institucionalidad democrática, siendo esto un agravante a la negligencia inexcusable por parte de las autoridades del Ministerio de Educación”, acota el informe.

En agosto de 2013, poco antes que se efectuaran las primarias que le permitieron a quien fuera pro-rector y rector de la UNIACC, Daniel Farcas, ser candidato a diputado de la Nueva Mayoría, el ex ministro Francisco Vidal –militante PPD igual que Farcas– dijo públicamente que había que tener “precauciones” con algunos candidatos vinculados a situaciones irregulares. Entre ellos, dijo, estaba Farcas por sus nexos con el lucro de la UNIACC y el escándalo de las Becas Valech.

Días después, Francisco Vidal se retractó. Dijo que Farcas lo había llamado por teléfono: “Me dijo que él no tenía nada que ver con el tema estrictamente procesal del caso Becas Valech”, explicó a El Mercurio.

LUCRO

Actualmente la Universidad UNIACC atraviesa por una profunda crisis. Un hito central en su declive fue el portazo que recibió en enero de 2012 en su último intento por renovar su acreditación. Para entonces, Daniel Farcas ya no era rector –producto del escándalo de las Becas Valech–  y Luis Eugenio Díaz había perdido su poder en la CNA.

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) rechazó la validación de la UNIACC el 16 de noviembre de 2011, resolución a la que la universidad apeló el 6 de enero de 2012. De nada sirvió su recurso de reposición. La CNA confirmó el rechazo a su acreditación el 25 de enero 2012. Tres fueron los argumentos centrales: situación financiera riesgosa, altos niveles de deserción y bajos niveles de titulación. Otra de las causales fue el incremento de sus carreras -y por ende de alumnos- on line (no presenciales), lo que representa un “cambio respecto de la misión institucional presentada en el proceso de acreditación de 2007”, sin que haya constancia de ningún plan de capacitación de docentes para la modalidad e-learning.

En el dictamen de la CNA se deja constancia que el 83% de su plantel académico está contratado por horas y que sólo un 8% cuenta con doctorado, lo que “no es consistente con la excelencia académica declarada en los propósitos ni por dedicación ni por calificaciones”. En cuanto al porcentaje de titulados en relación al total de alumnos: 11,3% para 2007, 12,7% para 2008 y 10,5% para 2009.

Respecto de la situación financiera, los consejeros de la CNA concluyeron: “La existencia de un capital de trabajo neto negativo es un hecho irrefutable y ello significa, se quiera o no, dificultades para pagar las deudas de corto plazo. El capital de trabajo neto fue negativo tanto en 2009 (US$2.707 millones) como el 2010 (US$4.347 millones)”.

Tras revisar los documentos que la misma UNIACC les entregó, los consejeros de la CNA estimaron que había antecedentes de que esa institución estaba lucrando, lo que la ley le prohíbe, por lo que le pidió al Ministerio de Educación que la investigara.

La revisión de los balances de la UNIACC entre 2008 y 2010 (periodo en el que tanto Andrés Lastra como Daniel Farcas habían tenido cargos de responsabilidad, llegando ambos a ser rectores) le indicó a la CNA que esa universidad había sufrido una fuerte pérdida de su patrimonio: pasó de $ 8.037 millones a $ 3.938 millones. Una caída de un 51%. Esta pérdida era coincidente con un traspaso hecho en el mismo período desde la UNIACC a una sociedad anónima relacionada que sí tiene fines de lucro: el Instituto Superior de Artes y Ciencias S.A. (ISACC), por un monto de $5.507 millones.

Ese traspaso millonario era una suerte de préstamo sin intereses ni plazo de devolución que la universidad, entidad sin fines de lucro, le hizo a su sociedad relacionada que sí podía lucrar. En el informe de la CNA se lee: “La deuda del Instituto ISACC con la universidad representa un 27% del activo total y es superior al patrimonio actual de la universidad ($3.938 millones)”. Y reitera que las condiciones en que fue otorgado ese préstamo “significan una pérdida patrimonial para la universidad y, obviamente, un beneficio patrimonial para el deudor”.

Ese “beneficio patrimonial” es el lucro.

¿DÓNDE FUERON A PARAR ESOS MILES DE MILLONES?

No deja de ser llamativo que los años en que la UNIACC perdió patrimonio, al punto de llegar a una situación riesgosa, son precisamente los años en que las Becas Valech le aportaron ingresos por $15.000 millones, en tanto que el Crédito con Aval del Estado (CAE) le entregó otros $2.000 millones.

De hecho, tan importante fue el flujo de capital fresco que mostraba la UNIACC, que en 2008 el Grupo Apollo decidió comprar el 80% de la universidad en US$ 44 millones. ¿Qué pasó en sólo dos años que esa institución comenzó a perder patrimonio? La desaparición de tanto dinero parece avalar la tesis del lucro de la CNA.

El Ministerio de Educación demoró un año en analizar la denuncia de la CNA y resolvió absolver a la institución de todos los cargos. ¿Por qué? En parte porque, según afirmó el entonces subsecretario de Educación Fernando Rojas, los préstamos detectados habían sido devueltos luego de la denuncia de la CNA. Pero la razón central fue la misma que aquella en la que se insistió en la primera parte de este reportaje: por los boquetes de la ley.

La CNA denunció a la UNIACC por lucro. Pero el Mineduc, haciendo una interpretación literal de sus atribuciones, estimó que no podía cerrar una universidad por lucro porque esa razón no figura entre las causales que la ley fija para finiquitar una universidad y que son: no cumplir con sus objetivos estatutarios; realizar actividades contrarias a la moral, al orden público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional; incurrir en infracciones graves a sus estatutos; o dejar de otorgar títulos profesionales de aquellos que requieren haber obtenido previamente el grado de licenciado.

Lo mismo ocurrió con la Universidad Santo Tomás, también denunciada por lucro por la CNA; y con la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), denunciada por cohecho y soborno.

El ministerio, que entonces encabezaba Carolina Schmidt, miró su lista y al no encontrar ninguna de esas causales, las absolvió. Cohecho y soborno “es algo que nosotros no tenemos atribuciones para investigar”, dijo Rojas al explicar la resolución del ministerio respecto de la Universidad Pedro de Valdivia. Rojas agregó: “Si hay un soborno específico es atribución de la fiscalía investigar”. Una resolución que habla más de los vacíos de la ley y de la impotencia de la autoridad que de la inocencia de las universidades.

LA UNIACC EN PROBLEMAS

El 21 de noviembre de 2011, sólo un día después de que la CNA la notificara de su dictamen, el Grupo Apollo, uno de los mayores protagonistas del negocio educacional en Estados Unidos, informó a la Securities and Exchange Comisión (SEC), la superintendencia de valores de ese país, que a la UNIACC se le habría negado la acreditación institucional para el 2012. La información era necesaria para sus accionistas ya que, al quedar sin acreditación, los alumnos de la universidad no podrían obtener el CAE. Sumado al escándalo por las Becas Valech, la caída en sus ganancias sería inminente. Una mala noticia para un grupo que cotiza en el Nasdaq.

Según lo informado por Apollo a la SEC, en el año fiscal (que para ellos finalizó en agosto de 2011), la universidad registró ingresos por US$ 27 millones mientras que las pérdidas operacionales llegaron a los US$ 13 millones. El propio informe de Apollo a la SEC indica la importancia de los recursos que provenían del Estado y del CAE: “Aproximadamente el 30% de los ingresos de UNIACC en el año fiscal 2011 derivaron de alguna forma de la asistencia gubernamental, que ya no estará disponible para los nuevos estudiantes sin la acreditación por la Comisión Nacional de Acreditación”.

La caída de los alumnos matriculados en primer año en la UNIACC fue inmediata: pasó de 1.374 en 2011 a 972 en 2012. No obstante que en 2014 tuvo un repunte (1.181), el número total de alumnos de la universidad bajó de 4.287 a 3.633.

 

 

[1] La Comisión Valech volvió a funcionar entre el 17 de febrero y el 17 de agosto de 2010, en virtud de la Ley Nº 20.405, que creó el Instituto de Derechos Humanos, la que mediante su artículo tercero transitorio estableció un nuevo plazo para ser reconocido como víctima de prisión política, desaparición forzada y ejecución por razones políticas. También estableció que tanto las personas que calificaran como las que ya habían calificado anteriormente y no usaron el beneficio educacional, podían traspasárselo a un hijo o a un nieto.

 

 

Las conexiones con el lobby de los principales negociadores del gobierno en el Congreso

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Aunque nunca ha sido diputado ni senador, Julio Valladares Muñoz es uno de los profesionales que mejor se desenvuelve en el Congreso. Por eso fue elegido por el gobierno de Michelle Bachelet para hacerse cargo de una misión clave para el éxito de su programa: la coordinación política y la relación con los parlamentarios en la tramitación legislativa de la reforma tributaria. Una de sus tareas es negociar en ambas cámaras los detalles del proyecto eje del gobierno. Y por ello es muy bien remunerado. Como asesor del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, Valladares recibe mensualmente un sueldo bruto de $6.500.000. Es uno de los 20 funcionarios a honorarios de la Subsecretaría de Hacienda mejor pagados.

El ex diputado Exequiel Silva Ortiz recibe poco más de $5,9 millones como parte del equipo de asesores de la reforma educacional, el proyecto más importante de la administración Bachelet. Su nombre figura en uno de los tres contratos a honorarios con mayores remuneraciones en el Ministerio de Educación (Mineduc). Y es que su papel será clave en la tramitación de los proyectos de ley que el ministro Nicolás Eyzaguirre presentará para sacar adelante la principal promesa de campaña de la Mandataria: educación gratuita y de calidad para todos los chilenos. Pero su rol va más allá del Congreso, ya que como uno de los pocos demócrata cristianos en el gabinete del ministro, Silva es el encargado también de convencer a la Iglesia Católica de los cambios que propone el gobierno.

Una tarea similar tendrá Pablo Berazaluce Maturana, pero desde el Ministerio de Economía. El 11 de marzo asumió como coordinador legislativo del ministro Luis Felipe Céspedes. Su misión: analizar la agenda legislativa, tramitar y defender los proyectos de ley en el Congreso, preparar los proyectos y sus indicaciones y gestionar en terreno reuniones parlamentarias. Por ello recibe un sueldo bruto mensual de $4,5 millones, lo que también lo posiciona como uno de los 20 contratos a honorarios más caros en esa cartera.

Ni Valladares ni Silva ni Berazaluce tienen la obligación de entregar declaraciones de patrimonio o de intereses a la Contraloría. La ley no se los exige a pesar de ser los principales lobistas del gobierno; la punta de lanza en el tira y afloja de sus respectivos ministerios con senadores y diputados para obtener los votos que garanticen el cumplimiento de los proyectos más importantes del programa de Bachelet. Julio Valladares es profesor de Historia y Geografía, Exequiel Silva es médico veterinario y Pablo Berazaluce es cientista político. A primera vista, parecen distintos. Pero son varias las vías que los unen y también vinculan a otras zonas de poder.

Exequiel Silva Ortiz (Fuente: elnaveghable.cl)

Los tres son militantes de la Democracia Cristiana y tienen vasta trayectoria en el mundo de las asesorías políticas. Los dos primeros ocuparon altos cargos en los gobiernos de la Concertación y han participado como asesores externos de parlamentarios. El tercero tuvo un rol clave en distintas campañas políticas como coordinador territorial. Y los tres han asesorado a ministerios. Ahora, Valladares, Silva y Berazaluce coincidirán nuevamente en los pasillos del Senado y la Cámara de Diputados, en comisiones parlamentarias y en reuniones informales; todos terrenos que manejan muy bien. Pero hay otro importante punto que los hermana: los tres son socios en una empresa que los liga con el lobby empresarial y que genera dudas respecto a su real independencia a la hora de negociar los intereses del gobierno.

A fines de agosto de 2010, Valladares, Silva y Berazaluce crearon la sociedad Conexxa Consultores S.A., una firma que partió con un capital de $8.000.000 y que desde entonces ha operado sin dejar huellas. Casi no aparece en los registros. Salvo su constitución, en el Diario Oficial no hay ninguna otra publicación que se refiera a ella. No tiene página de Internet y en los buscadores su nombre prácticamente no arroja resultados. Pareciera que fue creada y que nunca entró en operaciones. Pero no fue así. En los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) figura como una empresa activa desde octubre de 2010, con autorización para explotar el giro de “actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión”. También presenta boletas electrónicas timbradas en 2013. ¿A quiénes asesora? ¿Qué intereses defiende? Si no fuera por una entrevista que dio otro de sus socios a una estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, no existiría ninguna pista que arrojara luces sobre esas preguntas.

Hugo Lara Torres (DC), el mismo hombre al que Bachelet nombró en enero de 2014 como subsecretario de Agricultura y que debió renunciar antes de asumir el cargo por las denuncias en su contra por estafa y giro doloso de cheques, también es socio en Conexxa Consultores. Para cuando habló con la estudiante de periodismo en diciembre de 2010, Lara representaba a Conexxa como asesora de KDM, el mayor consorcio del país en el negocio de la basura, filial en Chile del grupo Urbaser Danner. Fue el mismo año en que 22 municipios de la Región Metropolitana renovaron –sin licitación de por medio y en un proceso impugnado por la Fiscalía Nacional Económica y la Contraloría– un contrato de US$ 240 millones con KDM, amarrando el manejo de su basura hasta el año 2027 (ver reportaje). Al año siguiente, ese mismo conglomerado de empresas desataría una guerra sucia para adjudicarse otro millonario contrato para la recolección de los desechos en Maipú. Hoy ese grupo económico está siendo investigado por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el supuesto pago de coimas para adjudicarse otra lucrativa licitación en la misma comuna de Maipú (ver reportajes en CIPER).

Si bien la entrevista de Lara es la única prueba directa sobre el vínculo comercial entre Conexxa Consultores y KDM, la relación real entre la sociedad de los negociadores del gobierno y el mundo del lobby empresarial es mucho más estrecha. Porque otro de los socios de Conexxa Consultores es Alexis Yáñez Alvarado. Allí participa no como persona natural, sino que a través de su sociedad Inversiones Santa Sofía Ltda. Quienes conocen en detalle las cuestionadas licitaciones que se ha adjudicado KDM, recuerdan las gestiones hechas por Yáñez a favor de la empresa. De hecho, en enero de 2013 invitó al alcalde de Socabaya a una visita guiada a distintos municipios chilenos para “intercambiar experiencias en cuanto al adecuado tratamiento de los residuos, sus diversas fórmulas de aprovechamiento económico y su correcto manejo en términos medioambientales”.

El nombre de Yáñez es reconocido en el medio como el de un consolidado lobista para una cartera de clientes que además de KDM ha incluido a un casino, universidades privadas, una importante empresa de lobby e incluso el Gobierno de Chile. Sus nexos políticos, especialmente en el oficialismo, pero con fuertes vínculos en la oposición, también son ampliamente conocidos. Él ha sido el nudo que entrelaza los intereses de privados con los lobistas del gobierno.

EL LOBISTA QUE CRECIÓ AL ALERO DE VIDAL

De los cinco socios de Conexxa Consultores, Alexis Yáñez es el único que no milita en la DC. Al igual que Hugo Lara y Julio Valladares, estudió Pedagogía en Historia y Geografía. También es magíster en Ciencias Políticas, pero antes de dar el giro a la política hizo clases de Historia en el Colegio Saint George. Luego, en 1995, comenzó a trabajar en la Universidad Andrés Bello, donde llegó a ser director de Relaciones Internacionales. Allí conoció a Francisco Vidal (PPD), también profesor de Historia. Fue entonces que se le abrieron las puertas del mundo político.

Cuando en marzo de 2000, el Presidente Ricardo Lagos lo nombró como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Francisco Vidal reclutó a Yáñez para que fuera su asesor. Lo puso a cargo de las relaciones con los municipios y del lobby ministerial para la tramitación de proyectos como la Ley de Casinos. Así fue como Yánez se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de uno de los hombres de confianza de Lagos. Tres años después, Vidal asumió la vocería del gobierno. En 2005 se convirtió en el ministro del Interior. En 2007, Bachelet lo nombró nuevamente ministro vocero y en 2009 pasó a ser el titular de la cartera de Defensa. En todos esos puestos, Alexis Yáñez estuvo a su lado, como parte clave de su equipo legislativo. Durante ese período Yáñez también integró el directorio del diario La Nación y formó parte –por gestión de Julio Valladares– del equipo asesor del ministro de Hacienda Andrés Velasco. Pero sobre todo, desarrolló habilidades y contactos que lo transformarían en uno de los principales lobistas de la Concertación.

Parte importante del trabajo de Yáñez durante los gobiernos de Lagos y Bachelet consistió en hacer de enlace con el Congreso para buscar votos para distintos proyectos de ley. De hecho, su nombre sólo aparece en los registros de la Cámara de Diputados como asistente a distintas comisiones en su calidad de asesor ministerial, cargo que dejó en marzo de 2010, cuando Sebastián Piñera asumió la Presidencia.

Alexis Yañez

Mientras Alexis Yánez dejaba su huella en el Congreso como operador clave de dos gobiernos de la Concertación (Lagos y Bachelet), en paralelo desarrollaba una multifacética veta empresarial. Creó una empresa constructora, una editorial, una importadora, una distribuidora y hasta una sociedad agrícola. También explotó el negocio de la Educación Superior.

Después de asesorar a la Universidad Autónoma por un tiempo, en 2003 se asoció a ella creando la sociedad Servicios Universitarios S.A., dedicada a la administración de establecimientos educacionales a cualquier nivel. Quien firmó junto a Yáñez la escritura respectiva, como representante de la Universidad Autónoma, fue el entonces futuro ministro de Justicia, Teodoro Ribera (RN). Tres años después, cuando esa misma universidad compró parte del Instituto Profesional Inca-Cea, tanto Ribera como Yáñez integraron su directorio. El asesor del ministro Francisco Vidal, Alexis Yáñez, llegó a ser dueño del 7,5% de esa entidad. También fue director de planificación y desarrollo de la UCINF y miembro del directorio de la Universidad Bolivariana. Además, en 2010 se asoció al ex rector de la sede de La Serena de la Universidad del Mar y socio de los controladores de esa universidad, Jorge Pasten Sánchez, para crear dos sociedades. Una de ellas es la ATE Protagoniza, cuyo fin es prestar asesorías con los fondos de la Subvención Educacional Preferencial (SEP) y con la que el año pasado realizaron una campaña contra el bullying escolar en Tomé. La otra es ANAE Ltda., una agencia de acreditación para establecimientos de Educación Superior que no figura entre las certificadoras autorizadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

En varias de esas empresas Alexis Yáñez participa a través de la sociedad que creó junto a su esposa en 1999, Inversiones Santa Sofía Ltda. De hecho, esa es la matriz del Grupo Santa Sofía, del cual Yáñez se presenta como gerente general. En ese conglomerado son dos las empresas principales. Una es Transportes Yagu, compañía dedicada al transporte de carga que contaría con una flota de 23 camiones, buses de transporte de pasajeros, ramplas y remolques y con clientes como Cencosud, La Polar, Rosen, Tottus, Hites, Sodimac y Nestlé, entre otros. La otra es Santa Sofía Consultores, donde según su sitio web (cuya última actualización fue en diciembre de 2012), entre los servicios que ofrece está la promoción de los intereses de nuestros clientes ante organismos y autoridades públicas-privadas. En otras palabras: lobby empresarial.

En el mismo sitio señala que ha prestado asesorías a clientes como la cadena de casinos Enjoy, el consorcio  de la basura KDM, la revista Playboy Brasil, las universidades Bolivariana, Central y UCINF y el Instituto Profesional Los Leones. También figura el logo de Hill & Knowlton Captiva, que contrató a Yáñez cuando la empresa estaba a cargo de Cristina Bitar, quien lo fichó derechamente como lobista. Todos esos vínculos le permitieron aumentar su patrimonio, consolidarse como empresario y manejar autos de lujo, pero a la vez le abrieron un flanco a críticas por conflictos de interés.

Varias personas que conocieron su trabajo en esos años señalaron a CIPER que el doble rol de Alexis Yáñez generaba suspicacias y que en el gobierno muchos creían que “hacía lobby para sus negocios personales usando como plataforma su rol de asesor ministerial”. Al mismo tiempo que operaba como negociador del Ejecutivo, se abría camino en el mundo de las asesorías privadas. Fue por ese motivo que, cuando acabó el primer gobierno de Bachelet en 2010, Yáñez ya tenía un nicho que él y otros operadores podrían explotar.

LA SOCIEDAD DE LOS NEGOCIADORES DE LA CONCERTACIÓN

El 11 de marzo de 2010, un grupo de colaboradores de muy bajo perfil público dejó el gobierno. De ellos, cinco se asociarían poco después en un proyecto comandado por Alexis Yáñez. Eran operadores de la Concertación, lobistas que recorrían los pasillos y salones del Congreso negociando indicaciones y modificaciones a los proyectos de ley, o asesores políticos de confianza de altas autoridades.

El segundo de esos cinco hombres fue Julio Valladares, quien había dejado atrás su carrera como profesor de Historia hacía mucho tiempo. Fue subsecretario de Educación en el gobierno de Patricio Aylwin y en 1997, el Presidente Eduardo Frei lo puso a cargo de la Subsecretaría del Trabajo. Como ex dirigente del Colegio de Profesores, Valladares tenía una especial habilidad para operar como puente con los gremios y el mundo sindical. Luego, durante el primer gobierno de Bachelet, fue nombrado subdirector de Racionalización y Función Pública en la Dirección de Presupuestos (DIPRES), entonces dirigida por el actual ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Poco después se convirtió en su asesor en relaciones laborales y formulación y diseño de políticas públicas. Fue entonces que se especializó como un influyente y hábil negociador en temas de presupuesto de la Nación.

Pablo Berazaluce (Fuente: lavozdemaipu.cl).

El tercero fue Exequiel Silva, otro experto operador de la Concertación. Como diputado por Valdivia entre 1994 y 2006, aprendió cada detalle del manejo de  relaciones entre el gobierno y el Poder Legislativo. Por eso, cuando fue derrotado en las elecciones de 2005 por Alfonso de Urresti (PS), las asesorías se convirtieron en su nueva profesión. Los siguientes cuatro años se desempeñó como asesor en la Subsecretaría del Interior, donde llegó a ser jefe de gabinete del ministro Edmundo Pérez Yoma.

Pablo Berazaluce, el cuarto socio de Alexis Yánez, ingresó al club de negociadores del gobierno cuando en 2006 fue contratado como asesor de la división de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Partió cuando Paulina Veloso era la titular de esa cartera y siguió cuando Veloso fue reemplazada por José Antonio Viera-Gallo. Estuvo allí hasta 2009, cuando asumió como asesor del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), cargo que ocupó hasta 2011.

Los cuatro operadores políticos del gobierno de Michelle Bachelet se unirían para hacer negocios en el sector privado tras la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda. El 31 de agosto de 2010, a cinco meses de haber salido del gobierno, formaron Conexxa Consultores S.A. A ellos se sumó Hugo Lara, un ex asesor de Chiledeportes en la época de Catalina Depassier y quien por entonces asesoraba en materia de estrategia comunicacional a Joaquín Lavín en el Mineduc.

Con esa sociedad, los ex lobistas del gobierno salieron al mundo de las consultorías y el lobby privado. Instalaron su centro de operaciones en un antiguo edificio junto a la Plaza de Armas, en el centro de Santiago, donde Yáñez ya tenía oficinas. La dirección exacta: Compañía de Jesús 1068, sobre el Pasaje Agustín Edwards. Según el informe Dicom de Conexxa, su oficina debería ser la Nº 1005. Pero allí no hay ninguna consultora. ¿Se trata de un error? No. Ahí está la empresa de transportes de Alexis Yáñez. Conexxa en realidad está en el mismo edificio, pero seis pisos más abajo.

Ante la poca información disponible sobre las actividades de Conexxa, CIPER intentó contactar a algunos de sus socios. Ni Alexis Yáñez ni Hugo Lara respondieron nuestros llamados. Cercanos a Julio Valladares dijeron que si bien participó en la constitución de la sociedad, nunca trabajó en ella. Pero Exequiel Silva señaló lo contrario: dijo que él, Valladares y Yáñez estuvieron juntos y operativos en esa sociedad al menos hasta fines de 2013, mientras que Lara y Berazaluce dejaron de trabajar allí con anterioridad. En eso coincide Berazaluce, quien afirmó que sólo realizó informes legislativos para Conexxa durante un breve periodo, hasta 2012, aunque habría dejado formalmente la sociedad en marzo pasado. Enfatiza, además, que nunca hizo lobby.

Hugo Lara

Silva también explicó que la empresa se dedica al apoyo de gestión de inversiones y a elaborar informes sobre el escenario chileno para inversionistas extranjeros. “Hacíamos informes de coyuntura sobre situaciones generales de temas legislativos, de escenarios que podían venir; ese tipo de cosas”, dice. Al preguntarle sobre las empresas que contrataron sus servicios, además de KDM, asegura no recordar sus nombres, pero reconoce que sus consultorías cubrieron los rubros de la basura, de energía y casinos, entre otros, y que se dedicaron principalmente a atender “nichos puntuales que tenía Alexis Yáñez, quien se dedicaba a las asesorías hacía mucho tiempo”.

Entre 2010 y 2014, los antiguos negociadores de la Concertación se reinventaron en el mundo de las consultorías privadas. El problema es que algunos nunca dejaron su rol como asesores públicos. Porque para algunos socios de Conexxa, el Congreso jamás dejó ser su cancha de juegos.

ASESORES PÚBLICO-PRIVADOS

Según los registros del Senado, en diciembre de 2011 Julio Valladares fue contratado por el senador Eduardo Frei para que lo asesorara en la comisión mixta bicameral durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2012. Al año siguiente, Valladares también participaría en la discusión de esa ley y otros temas de la Comisión de Hacienda como asesor de los senadores Frei y Mariano Ruiz-Esquide. Y a fines de 2013 también figuraría en los registros como asesor externo en materias de la Ley de Presupuestos 2014, esta vez para los senadores Eugenio Tuma y Ximena Rincón. Por lo tanto, al mismo tiempo que participaba como socio en una empresa que ofrece servicios de lobby a distintas firmas comerciales, Valladares seguía influyendo en el diseño de políticas públicas clave.

Lo mismo hacía su socio Exequiel Silva en la Cámara de Diputados. Junto al de Valladares, su nombre aparece desde marzo de 2012 en la nómina de asesores externos que los diputados pueden contratar a costa de sus asignaciones parlamentarias. Ese año ambos operaron como asesores legislativos de la bancada DC, por lo que se les pagó a cada uno $8,8 millones (ver recuadro). Los dos forman también parte del grupo de asesores del Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (CEGADES), una entidad vinculada a la DC que en el Senado lleva al menos tres años a cargo de la asesoría y la agenda pública del senador Jaime Pizarro y que en la Cámara Baja se adjudicó entre 2012 y 2013 contratos por más de $85 millones (ver reportaje).

Con presencia casi permanente en ambas cámaras, ambos jugaron un rol importante en el Congreso para la oposición durante el gobierno de Piñera.  Según admite Silva, al mismo tiempo hacían informes legislativos para empresas privadas. Pero también desarrollaron fuertes nexos con el lobby empresarial.

Cristina Bitar

Varias fuentes afirmaron a CIPER que el ex diputado Exequiel Silva trabajó durante gran parte de los últimos cuatro años como asesor externo de Azerta, la agencia de comunicaciones y lobby que crearon en 2008 Cristina Bitar, Felipe Edwards y Gonzalo Cordero. Según su sitio web, cuenta entre sus clientes a importantes firmas de los rubros forestal, eléctrico, retail, sanitario, alimentos y minero, entre otros. Es la agencia que asesoró a AES Gener en su negociación para que el gobierno de Bachelet le allanara en 2009 el camino a la instalación de su central termoeléctrica Campiche en Puchuncaví, a pesar de que un fallo de la Corte Suprema la había prohibido (ver reportaje en CIPER). Azerta es también asesora comunicacional de Barrick, la compañía canadiense a cargo del actualmente paralizado megaproyecto minero Pascua Lama. Y también gestiona las comunicaciones de PwC, la auditora internacional multada por su negligente rol en el caso La Polar.

Dos personas que trabajan en Azerta confirmaron que efectivamente Silva era asesor externo, pero éste negó todo a CIPER: dice nunca haber trabajado ni como lobista ni como asesor con Azerta y que jamás hizo lobby en el Congreso para ninguna empresa. Reconoce que es cierto que participó en discusiones sobre leyes de presupuesto, educación, pesca, forestal y varios temas más pero, asegura: “siempre fui al Congreso como consultor de CEGADES y hoy voy como asesor del ministro de Educación”.

Es difícil, en todo caso, saber si las asesorías legislativas de Exequiel Silva o las de Julio Valladares influyeron o no en algún proyecto que tocara los intereses corporativos de alguna empresa asesorada por Conexxa o las sociedades de su socio, Alexis Yáñez.  Salvo KDM, no hay rastro respecto a qué otras compañías han contratado los servicios de la empresa de Valladares, Silva, Yáñez, Berazaluce y Lara.

Hoy, al menos tres de los cinco socios de Conexxa están de vuelta en el gobierno. Berazaluce, Silva y Valladares son los hombres sobre los cuales hoy recae la misión de negociar los principales proyectos del programa de Bachelet en el Congreso. Al menos Silva y Valladares siguen siendo legalmente socios en la empresa que los liga al lobby, y aún comparten intereses con el lobista Alexis Yáñez.

 

 

Los informes legislativos de Silva, Valladares y CEGADES

A Exequiel Silva, la Cámara de Diputados le pagó $8,8 millones entre mayo y diciembre de 2012 por su “asesoría legislativa en temas contingentes de interés” para la Bancada DC. Lo mismo recibió Julio Valladares en el mismo período y por el mismo servicio (ver registros). De ese trabajo, en la corporación quedaron sólo ocho informes como respaldo: dos de Silva y seis de Valladares. CIPER obtuvo copia de todos ellos a través de la Ley de Transparencia, además de otros 53 reportes elaborados a contar de 2012 por CEGADES para la bancada DC y otros cinco diputados del mismo partido.

Tras revisar los documentos, se puede concluir que los informes de CEGADES entregan contexto a los parlamentarios respecto a los distintos temas que legislan. Son dos tipos distintos de reportes, por los cuales la Cámara pagó entre 2012 y 2013 más de $85 millones. Por un lado están los informes políticos y legislativos, en los que CEGADES entrega a los diputados de la DC análisis sobre temas de contingencia y propuestas para sentar posiciones comunes tanto para la tramitación de distintos proyectos de ley como en materias de acción política. Por el otro, 26 Sumarios; una especie de boletín mensual donde se tratan temas con mayor profundidad, con un desarrollo más técnico que político. En ninguno de esos documentos se detallan reuniones o se proponen acciones políticas que pudieran ser de carácter reservado.

Algo similar ocurre con los informes de los socios de Conexxa, aunque sí permiten diferenciar su perfil como asesores legislativos y sus posibles áreas de conflicto de intereses.

Son dos los reportes que elaboró Silva. El primero de ellos es un documento sin fecha que se refiere a la tramitación de la Ley de Pesca. Allí, el ex parlamentario señala los puntos que no habían sido acogidos en la tramitación y por los que los diputados debían seguir abogando: mejorar la institucionalidad para evitar discrecionalidades y fortalecer la fiscalización, definir plazos para las licencias de pesca a los industriales (20 años), abrir mercado a nuevos actores a través de licitaciones tras la recuperación de los recursos e insistir en la mantención de las patentes para fortalecer la recaudación fiscal. En todo caso, es el segundo documento el que permite hacerse una idea más acabada de su rol clave como operador y negociador.

En su segundo informe, Silva explica que entre agosto y diciembre de 2012 se reunió todos los lunes con la jefatura de la bancada en la sede del Congreso en Santiago para analizar la agenda político-legislativa y establecer pautas de acción para los diputados del partido. Los martes, en cambio, las reuniones eran para hacer un seguimiento a los distintos proyectos de ley en trámite y para colaborar en la fijación de posiciones comunes entre los parlamentarios DC. Además, señala que su trabajo consistía en organizar reuniones con “expertos en diversas materias” relativas a los proyectos tratados y realizar minutas, redactar indicaciones y acompañar en negociaciones con otras bancadas. Incluye también una lista de los proyectos en que participó como asesor durante ese período, entre los que figuran los de Reforma Tributaria, TV Digital y aquel que abría la venta de medicamentos a establecimientos comerciales que no sean farmacias. Pero en la nómina también incluyo otros que le podrían haber significado algún tipo de conflicto de interés por la relación con su socio, Alexis Yáñez.

Al tiempo que compartía la sociedad en Conexxa con Yáñez –quien tiene intereses en universidades privadas y que además posee una agencia de acreditación y una ATE–, Silva participó como asesor en proyectos clave del sector, como aquel que modifica el Crédito con Aval del Estado (CAE), el que crea una Superintendencia de Educación Superior y el que propone un aumento de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Por otro lado, en la Cámara hay registro de seis informes con la firma de Valladares, en los cuales aborda diversos temas y sugiere posiciones políticas y comunicacionales. Al igual que los informes de CEGADES, son documentos bastante genéricos, escritos más como columnas de opinión que como análisis técnicos o políticos, con propuestas de acción poco detalladas y que constituyen más bien guías para los diputados frente al debate público.

Tras el discurso del 21 de mayo de 2012, por ejemplo, Valladares sostuvo en un informe que la DC debía enfocar sus esfuerzos en impulsar el proyecto de reformas al sistema binominal, rechazar disposiciones de la Ley de Pesca como “los derechos indefinidos” a los industriales y la falta de políticas de sustentabilidad del recurso, y evaluar si se activan los proyectos emblemáticos del debate educativo o se apuesta a fortalecer la comisión investigadora para visibilizar el tema del lucro en el sistema universitario.

En otro documento, Valladares hace un breve análisis sobre el lucro en la Educación Superior y, sin aclarar detalles de cómo hacerlo ni de las indicaciones que podrían propiciar el escenario, propone que los parlamentarios DC deben impulsar una mayor inversión pública, pero también una nueva política para la existencia de una Superintendencia de Educación Superior con facultades y capacidades institucionales reales para fiscalizar y sancionar a quienes incumplen la ley y lucran. Además, dice, se requiere regular los aranceles de las entidades de Educación Superior.

Respecto a las asesorías prestadas al Senado, no hay registro público de sus resultados. A diferencia de la Cámara, allí no cuentan con un reglamento interno que exija la entrega y custodia de los informes que los senadores solicitan a sus asesores externos. Para ellos la norma que rige es la Resolución Nº 2 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, la cual establece que es responsabilidad de cada senador guardar los informes que solicita. Lo único que exige es que estén disponibles cuando el Comité de Auditoría Parlamentaria se los pida en caso de una fiscalización aleatoria. Por lo tanto, ni en la Cámara Alta ni en el Comité tienen copias de esos documentos. Para obtenerlos, habría que pedírselos a cada senador. Pero ellos no están obligados a entregarlos, ya que no son sujetos de la Ley de Transparencia.

 

Hotel Terranostra: la desconocida inversión de los dueños de la Universidad el Mar

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Cuando el Hotel boutique Terranostra abrió sus puertas a fines del año pasado en la zona patrimonial de Valparaíso, estaba embargado. Ya registraba dos demandas –hoy son tres– por deudas por casi $1.000 millones. Los juicios están ligados a ex rectores y socios fundadores de la Universidad del Mar (UDM), pues la historia de este hotel se enlaza con el auge y caída de la que llegó a ser la tercera universidad privada más grande del país. Comparten la misma familia de dueños y sus intrincadas redes de sociedades.

Mientras el imperio universitario caía a pedazos, los trabajos del Hotel Terranostra avanzaron hasta completar la remodelación de un edificio de comienzos del siglo pasado en calle Esmeralda, a los pies del Cerro Concepción. El inmueble está avaluado por el Servicio de Impuestos Internos en $335 millones, pero su valor comercial es mucho mayor.  Sus 20 habitaciones tienen duchas recubiertas en mármol y las tarifas oscilan entre los $80 mil y $100 mil diarios, pero en Año Nuevo llegan a los US$ 1.000 (unos $560.360).

Héctor Zúñiga

La propiedad y los líos judiciales del hotel están vinculados a las familias de Héctor Zúñiga Salinas, ex rector y fundador de la Universidad del Mar, y de Jorge Aspée Westphal, ex rector de la sede de Punta Arenas y ex miembro de la junta directiva de dicho plantel. Aspée es también socio de Zúñiga en una de las inmobiliarias que se usaron para retirar utilidades de la universidad. Cabe recordar que en la investigación judicial por la venta de acreditaciones de entidades de Educación Superior, que realizaba Eugenio Díaz (ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA), Zúñiga fue imputado por lavado de activos y cohecho y pasó seis meses en la cárcel.

El 2012 se recordará como el año del desplome de la Universidad del Mar, pero cuando todo se venía abajo y apenas dos meses antes de ser detenido y formalizado, Héctor Zúñiga seguía haciendo negocios. El 24 de septiembre firmaba como segundo aval en el pagaré N° 420013761638 del Banco Santander, por un préstamo de $871,6 millones (UF 38.600). Su esposa, Marcela Mendia Mendiola, pidió el crédito como apoderada de la empresa y fue además primer aval. Ambos figuraban como codeudores solidarios de la Sociedad Hotelera Valparaíso S.A., dueña del Hotel Terranostra, que se comprometió a pagar en 137 cuotas de $ 8,5 millones (UF 377), desde el 19 de marzo del 2013 hasta el 19 de julio de 2024 (ver documento). Un compromiso que no cumplieron. Argumentaron que si bien Marcela Mendia suscribió el pagaré a nombre de la empresa hotelera, en ese momento el representante legal no era ella, sino Diego Zúñiga Mendia, ex miembro de la Junta Directiva de la UDM, y quien resulta además ser hijo de ambos.

¿Quiénes son los dueños del hotel? ¿Quién debía pagar la millonaria deuda? Desenredar la madeja de sociedades detrás del negocio es tan complicado como desentrañar la red que permitió a Héctor Zúñiga y sus socios lucrar con la Universidad del Mar.

VÍNCULOS CON LA UNIVERSIDAD DEL MAR

La primera hebra está en la constitución de Hotelera Valparaíso S.A., el 12 de diciembre de 2006. Un año y medio más tarde, el 7 de mayo de 2008, obtuvo su denominación actual: Sociedad Hotelera Valparaíso S.A., empresa que según la escritura está destinada a la explotación por cuenta propia o ajena de hoteles, restaurantes o actividades afines; elaboración, distribución y venta de alimentos preparados; otorgar servicios de alimentación a toda clase de personas, instituciones y empresas. El capital: $90 millones. Sus socios: Inversiones Betel Limitada e Inversiones La Higuera S.A. (ver documento).

Inversiones Betel se constituyó el 15 de septiembre de 2006 con domicilio en Punta Arenas. Sus fundadores fueron José Ramón Zúñiga Salinas, su esposa María del Rosario Jiliberto González y su hijo Pablo Andrés Zúñiga Jiliberto. Es decir, se trata de una sociedad conformada por el hermano, la cuñada y el sobrino de Héctor Zúñiga Salinas. Se creó mientras Pablo Zúñiga Jiliberto era rector de la sede Punta Arenas de la UDM. Siguiendo el modelo de negocios con el que operaban los dueños de la Universidad del Mar, Betel se convirtió en una de las sociedades accionistas de la inmobiliaria dueña de esa casa de estudios en Magallanes.

Pablo Zúñiga Jiliberto llegaría a ser gobernador de Valparaíso  y debió renunciar cuando estalló el escándalo de la acreditaciones fraudulentas y el lucro que hacían los dueños de la Universidad del Mar con los dineros del Crédito con Aval del Estado (CAE) y de los aranceles pagados por sus más de 19 mil alumnos.  El mismo día que el Ministerio de Educación comenzó a realizar una auditoría económica a la UDM (en virtud de las denuncias realizadas por la Contraloría y la Comisión Nacional de Acreditación), el 4 de junio de 2012, Zúñiga Jiliberto se retiró de Inversiones Betel y ésta quedó en manos de los siguientes socios: José Ramón Zúñiga Salinas, María del Rosario Jiliberto González, Paola Andrea Délano Koch (esposa de Pablo Zúñiga Jiliberto) y Marianne Lilian Koch Kretschmer (madre de Paola Délano y suegra de Pablo Zúñiga Jiliberto).

El segundo socio fundador de la Sociedad Hotelera Valparaíso es Inversiones La Higuera S.A., empresa que constituyeron el 3 de febrero de 2006, Paola Pellerano Poblete y su marido Jorge Aspée Westphal.

Jorge Aspeé Westphal

Jorge Aspée Westphal, además, es uno de los socios del matrimonio Zúñiga Mendia (Sociedad Zúñiga y Compañía Limitada) en la Sociedad de Servicios y Asesorías Valparenas S.A. y en Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Valparenas S.A. Aparte del nombre, ambas sociedades comparten varias similitudes. Las dos se constituyeron el 19 de enero de 2004, ambas se inscribieron en Valparaíso, pero con domicilios comerciales en Punta Arenas; fueron conformadas como sociedades anónimas cerradas y cuentan con los mismos socios: Sociedad Zúñiga y Compañía Limitada (Héctor Zúñiga Salinas y la empresa de su esposa Marcela Mendia Mendiola), Jorge Aspée Westphal, Raúl Jorge Baeza Aspée (tío de Jorge Aspée Westphal, ex rector nacional y socio fundador de la UDM), Pablo Andrés Zúñiga Jiliberto y José Daniel Greenhill Martínez (ex rector de la sede Iquique de la Universidad del Mar, entre 2006 y 2011).

Inmobiliaria Valparenas se dedica a impartir cursos, asesorías, seminarios de capacitación y consultorías, entre otros objetivos. También a invertir en inmuebles. De hecho, era la dueña de la sede de la Universidad del Mar en Punta Arenas y la vía por la cual Héctor Zúñiga, su familia y socios retiraban las utilidades de su inversión en Magallanes (ver recuadro).

DEMANDADO ANTES DE INAUGURAR

En abril del 2011 el Fondo de Inversión Southern Cross estuvo a punto de comprar el 70% de la Universidad del Mar. Un negocio que parecía altamente rentable, pero cuya trastienda ya mostraba riesgos. El lucro excesivo desarrollado por sus dueños comenzaba a mostrar sus nocivos efectos. De los 22 mil alumnos repartidos en 18 sedes que contabilizaba en 2007, su año más exitoso, ya estaba en 19 mil alumnos en 14 sedes, y se anunciaba el cierre de otras en distintos puntos del país

Pero 2011 fue también el año en que la palabra “lucro” comenzó a relacionarse de manera directa con el deterioro de proyectos educativos de determinadas universidades, unido al retiro de utilidades por parte de sus dueños. Las movilizaciones estudiantiles cobraron mayor fuerza. Mientras, en la Universidad del Mar ya no era posible maquillar sus problemas financieros. Los reclamos por no pagos de sueldos de profesores comenzaron a ser una constante. Por lo mismo, era tan importante para los dueños de la UDM que se materializara la venta a Southern Cross. En agosto de 2011, ese fondo de inversiones anunció que desistía de esa “alianza estratégica” con la UDM por “no estar dadas las condiciones”.

En el fracaso de la venta de la UDM influyó también el inminente estallido del millonario fraude de la multitienda La Polar, con deudas repactadas sin consentimiento a más de un millón de clientes, las que se hacían aparecer en los balances como “activos por cobrar”. Ese modelo fue ideado por quienes fueran sus dueños en los años más exitosos: Southern Cross

Frontis del Hotel Terranostra

A pesar de que la Corfo apostó por el proyecto hotelero, otorgándole un subsidio de $5 millones, los asuntos financieros tampoco andaban bien en el Hotel Terranostra, por entonces en obras. Tres días antes del desistimiento oficial de Southern Cross al negocio con la UDM, el 19 de agosto de 2011, ingresó al Primer Juzgado Civil de Valparaíso una demanda contra la Sociedad Hotelera Valparaíso S.A. y también contra la constructora a cargo de las obras, Latitud Sur.  La razón: una deuda de más de $47 millones. Los demandantes: la empresa de construcciones JCTS Limitada (cuyo dueño es Juan Carlos Saavedra Saavedra), Juan Álvarez León y Rafael Cabello Matus. Los tres reclamaban haber hecho trabajos de mantención, remodelación y fletes de escombros del hotel, respectivamente, contratados por la Constructora Latitud Sur, empresa que a su vez fue contratada por la Sociedad Hotelera para estos fines.

Todos ellos afirmaron en su demanda que no se les había pagado el total de los montos comprometidos, ocasionándoles perjuicios económicos y de salud.

No fue ésa la única deuda que Héctor Zúñiga mantenía con Juan Carlos Saavedra, uno de los demandantes. En 2010, su empresa le hizo trabajos de revestimientos y habilitación de dormitorios y baños a la casa particular que el entonces rector de la Universidad del Mar tiene en Reñaca, en el sector Las Golondrinas. Según relató Saavedra a CIPER, los trabajos los hizo mientras se solicitaban los permisos para comenzar la obra en el Hotel Terranostra. Cuando terminó las refacciones en la casa de Reñaca, Zúñiga le dijo que no habían quedado buenas las terminaciones y que había una filtración. Le quedó debiendo cerca de un millón ochocientos mil pesos. Saavedra no fue más allá en su reclamo, porque estaba confiado en que pronto iniciaría el trabajo mayor en el hotel y ahí sí le pagarían.

El arquitecto Marcos Cancino Riffo, representante de la Constructora Latitud Sur, confirmó en el tribunal, en su declaración del 31 de diciembre de 2013, que los trabajos del hotel fueron realizados por Saavedra y los otros dos demandantes durante los años 2009 y 2010. Dijo también que en junio de 2010 la obra se paralizó “sin liquidación posterior del contrato de construcción”. Cancino desestimó toda responsabilidad de su empresa, Latitud Sur, en la deuda que reclaman los demandantes, afirmando que como la hotelera tampoco les ha pagado, “esta empresa también ha sido perjudicada” (ver documento).

Cancino no dijo toda la verdad. Porque los lazos entre la constructora y la hotelera van mucho más allá del contrato por las obras del Hotel Terranostra. La Constructora Latitud Sur se constituyó el 3 de febrero del 2005, en Viña del Mar, con un capital de $500.000. Sus socios fundadores fueron Marcos Cancino Riffo y María Teresa Yuri Castellón. Pero cuatro años y medio más tarde, el 12 de noviembre de 2009, María Teresa Yuri le vendió sus derechos a un nuevo socio, Eduardo Zúñiga Lara, otro de los hijos de Héctor Zúñiga Salinas, el formalizado ex rector de la UDM y codeudor solidario de la Sociedad Hotelera Valparaíso S.A. Es decir, uno de los hijos de Zúñiga se convirtió en dueño de la constructora en los precisos momentos en que ésta hacía trabajos en el hotel de propiedad de su familia.

CIPER detectó un nuevo vínculo comercial entre el representante de la Constructora Latitud Sur y los negocios que hacía Héctor Zúñiga con la Universidad del Mar. Cancino Riffo y Zúñiga Lara fundaron University Studies Abroad Chile Limitada, empresa que ocupa como nombres de fantasía “Estudios Extranjeros Chile Ltda.” o “Abroad Chile Ltda.”. Creada el 20 de mayo de 2009, los otros socios que figuran en su constitución son: Paola Olguín Narváez, Manuel Soler Guerrero y Baezu Inmobiliaria e Inversiones S.A. Esta última sociedad anónima cerrada, registra como socios a Héctor Zúñiga Salinas y Raúl Jorge Baeza Aspée, cofundadores también de la Inmobiliaria Valparenas (que arrendaba la sede de Punta Arenas a la UDM).

CAMBIO DE MANOS

La caída de la Universidad del Mar se precipitó en mayo de 2012, luego de que el entonces rector Raúl Urrutia renunciara reclamando que mientras se adeudaban $550 millones en imposiciones a los docentes y empleados, los dueños se auto pagaban $600 millones a través de inmobiliarias de sus propiedad. En paralelo, el Ministerio Público había iniciado la investigación judicial por la presunta compra de la acreditación obtenida por la UDM en la Comisión Nacional de Acreditación en 2010, lo que fue revelado en un reportaje de CIPER publicado el 31 de enero de 2012 (ver reportaje “Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato”). Poco después era formalizado el que fuera presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz.

Para entonces la movilización estudiantil se hizo incontenible. Los alumnos de la UDM se tomaron algunas sedes de la universidad y el Ministerio de Educación (Mineduc) iniciaba auditorías financieras y académicas en todas las sedes de la UDM.

Uno de los hitos de la investigación del Ministerio Público ocurrió el 24 de noviembre de 2012, cuando se formalizó a Héctor Zúñiga Salinas por delitos reiterados de cohecho, soborno y lavado de activos. Zúñiga pasaría seis meses en la cárcel. El proceso está en curso y los descubrimientos hechos por el equipo que encabeza el fiscal Carlos Gajardo se siguen acumulando. A fines de mayo pasado, la fiscalía detectó nuevas cuentas bancarias de Héctor Zúñiga, dos en Panamá, las que sumaban $55 millones (una de ellas a nombre de la UDM); y una tercera en Estados Unidos.

Otro juicio que tiene como protagonistas a Héctor Zúñiga y a los otros dueños de la Universidad del Mar, pero esta vez como demandantes de una deuda, es el que determinó la quiebra del plantel. Los cuatro controladores de la UDM forman parte de la junta de acreedores y demandan una deuda de casi $4 mil millones (ver reportaje). Pues bien, el 14 de julio pasado, esa misma junta decidió activar el cobro judicial de la deuda que contrajeron miles de sus alumnos para pagar sus estudios. Y ello, porque dado que los dueños de la UDM mantenían la mayoría de los inmuebles que utilizaban como propiedad de sociedades relacionadas, pero ajenas al estatuto legal de la Universidad del Mar, no se pueden rematar. Así, los estudiantes deberían pagar a quienes precisamente provocaron el desplome de su universidad. Una caída que se precipitó con el retiro sin control de dineros hacia otras sociedades personales. Como probablemente lo haya sido en su origen la inversión del Hotel Terranostra.

Tan estrechamente ligados están los dineros de la Universidad del Mar con los fondos que manejaban en sus sociedades personales, que en el juicio por la quiebra de la UDM también figura la existencia del pagaré avalado por Héctor Zúñiga y su esposa para cubrir la inversión del hotel boutique.

Desde que el matrimonio Zúñiga Mendia avaló el crédito, en septiembre de 2012, la sociedad hotelera no pagó ni una sola cuota, por lo que el 8 de abril del 2013 el Banco Santander interpuso una demanda en el Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso (ver documento). El banco consiguió el embargo de la propiedad por el monto total de la deuda, que ya alcanzaba los $883 millones, sin contar intereses pendientes (ver documento).

Las sorpresas comenzaron el 20 de diciembre de 2013, cuando el abogado defensor de Héctor Zúñiga y Marcela Mendia, Juan Carlos Manríquez, hizo entrega en el tribunal de una escritura pública que buscó demostrar que Marcela Mendia había firmado como aval principal del crédito sin tener la calidad legal para ello. Se trató del acta notarial del directorio de la Sociedad Hotelera Valparaíso S.A., realizado el 26 de agosto del 2010, en la que aparece que, a contar de esa misma fecha, el gerente general y representante legal será Diego Ignacio Zúñiga Mendia (hijo de Héctor Zúñiga y Marcela Mendia), en reemplazo de su primo Pablo Zúñiga Jiliberto. Quien presidió esa sesión, según el acta, fue Marcela Mendia (ver documento).

Pero el directorio de la sociedad hotelera hizo nuevos cambios. El 30 de septiembre de 2013, Hotelera Valparaíso S.A. constituyó un nuevo directorio (no se nombra a Marcela Mendia como saliente) el que aceptó la renuncia de Diego Zúñiga Mendia como gerente general y representante legal. Como presidenta del nuevo directorio, fue designada Paola Pellerano Poblete, acompañada por Francisco Iribarra Quintana y Cristian Carrasco Mendia (sobrino de Marcela Mendia y quien también fue parte de la Junta Directiva de la Universidad del Mar) (ver documento).

Sede Punta Arenas (Fuente: Radio Presidente Ibañez)

Como nuevo gerente de la sociedad hotelera asumió Jorge Aspée Westphal (ex rector de la Universidad del Mar en la sede de Punta Arenas, y esposo de Paola Pellerano). Como se dijo al inicio de este reportaje, el matrimonio Aspeé Pellerano era dueño de una de las sociedades fundadoras del Hotel Terranostra: Inversiones La Higuera S.A.

Un anuncio hecho por el nuevo gerente sería el indicio de nuevos cambios en la sociedad. Aspée informó al directorio que Bruno Pellerano Poblete (hermano de la presidenta del directorio, Paola Pellerano), había puesto a disposición de la empresa $50 millones, depositados en una cuenta corriente.

Ese generoso préstamo se entendería pocos días después de que el Hotel Terranostra abriera su puertas –en diciembre de 2013- y un día después de que se pidiera levantar el embargo que afectaba a la Hotelera Valparaíso S.A. (9 de enero de 2014), cuando la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Pellerano Hermanos Limitada, comprara el hotel en $650 millones (según inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, ver documento).

La inmobiliaria fue creada el 19 de diciembre de 2013 por dos socios: Bruno Pellerano Poblete y María Ignacia Larraín Pellerano (hija de Paola Pellerano), con un capital de $5 millones. Solo un mes y medio más tarde, el 30 de enero de 2014,  María Ignacia Larraín Pellerano vendió sus derechos a Inversiones Aspée-Pellerano Limitada. ¿Quiénes son los socios de Inversiones Aspée-Pellerano Limitada? La última modificación a esta sociedad se realizó poco después de la compra del Hotel Terranostra (6 de febrero), quedando con dos únicos socios: Paola Pellerano Poblete y Jorge Aspée Westphal (capital de $464.752.140), la presidenta y el gerente general de la sociedad Hotelera Valparaíso S.A.

El 9 de abril de 2014, tres meses después de que se alzara el embargo y se concretara la venta del Hotel Terranostra, el abogado del Banco Santander, Ignacio Zamorano Orellana, informó al tribunal: “La parte demandada de Hotelera Valparaíso S.A., con el producto de la venta del inmueble embargado en autos, extrajudicialmente, ha pagado $650 millones, suma que debe imputarse al total de la deuda…”

El juicio iniciado por el Banco Santander sigue su curso, porque aún se adeudan más de $200 millones. Las posibilidades judiciales que existen son pedir un nuevo embargo por la deuda pendiente o que la empresa renegocie con el banco el pago del monto adeudado.

SIGUEN LOS JUICIOS

Los juicios por deudas que enfrenta la sociedad Hotelera Valparaíso S.A. no han terminado. El 29 de julio pasado el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) interpuso en el Tercer Juzgado de Valparaíso una demanda por poco más de $19 millones, pago pendiente por un crédito de $212 millones.  La deuda fue contraída el 24 de mayo de 2012 (ver documento).

El pagaré esta vez sí fue suscrito por Diego Zúñiga Mendia, en representación de Hotelera Valparaíso S.A. Pero como sus avales y codeudores solidarios son los mismos que firmaron el crédito con el Banco Santander –sus padres, Marcela Mendia y Héctor Zúñiga-, el abogado del BCI, Osvaldo Oëlckers Aljaro, solicitó mandamiento de ejecución y embargo de los bienes del deudor y sus codeudores solidarios.

Aunque el abogado Oëlckers aclaró a CIPER que este juicio lo maneja en forma independiente, curiosamente pertenece al estudio jurídico Oëlckers Urrutia y Cía., el que tiene entre sus socios a Raúl Urrutia Ávila, ex  rector de la UDM, quien jugó un rol decisivo en el desplome al demostrar la forma en que lucraban los dueños de esa universidad.

Mientras los distintos juicios que afectan a los dueños y a los estudiantes de la Universidad del Mar siguen su desarrollo, los dueños del Hotel Terranostra continúan haciendo inversiones. Recientemente, el 14 de julio de 2014, Bruno Pellerano Poblete y la Inmobiliaria e Inversiones Pellerano Hermanos Limitada, constituyeron la sociedad por acciones Hotelera Terranostra SPA, con un capital de $45 millones. Está por verse cómo esta nueva empresa familiar entrará a jugar en la madeja de sociedades vinculadas al Hotel Terranostra.

 

La arista magallánica

Los dueños de la Universidad del Mar pagaban $22 millones cada mes por el arriendo de su sede en Punta Arenas, ubicada en calle Jorge Montt Nº 710 (con un avalúo fiscal de $917,5 millones). En rigor, era un dinero que se pagaban a ellos mismos, porque lo cobraba la Inmobiliaria Valparenas, una de las tantas sociedades que crearon los cuatro controladores de la UDM para retirar las utilidades que la ley les prohibía. En el contrato de 2008, Pablo Zúñiga Jiliberto (hasta poco antes rector de la sede de Punta Arenas) firmó como representante de Valparenas, y por la Universidad del Mar lo hizo Raúl Baeza Aspée (ver documento). El hecho de que ambos fueran socios de la Inmobiliaria Valparenas no provocó que ninguna autoridad objetara esos contratos por el visible conflicto de interés. Nadie ha ejercido nunca ese control.

Al desatarse la crisis en la Universidad del Mar, el mismo mes en que se eligió una nueva junta directiva, Inmobiliaria Valparenas, representada por el abogado Juan Vivar Uribe, presentó una demanda por término de contrato y de arrendamiento contra la UDM en el Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas. La causa: no pago del arriendo de esa sede desde septiembre de 2011 a mayo de 2012, involucrando una deuda de $116,7 millones. Los socios controladores de la UDM buscaron a través de esa acción judicial agilizar por todos los medios el retiro de fondos antes de la debacle total.

La Universidad del Mar no tuvo abogados que defendieran sus intereses. Y de ello hay constancia en el tribunal, porque el 22 de enero de 2013, los abogados Javier Solís Uribe y Mario Elgueta Saldivia renunciaron al patrocinio argumentando “pérdida de comunicación” con la UDM y no pago de honorarios. Fue en ese mismo escrito que informaron que la sede de la UDM había sido vendida en diciembre de 2012 “por la propia inmobiliaria demandante a un tercero”.

En efecto, mientras Héctor Zúñiga Salinas se encontraba en prisión preventiva, la sede de Punta Arenas fue vendida a un comerciante local. En esos meses y hasta bien avanzado 2014, la venta y el traspaso de inmuebles fue una de las vías que utilizaron los dueños de la UDM para enfrentar el temor de que en el juicio por cohecho, soborno, y lavado de activos se decretaran medidas cautelares para el patrimonio que todos ellos acumularon en sociedades personales y familiares.

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Los millones que entregan los bancos a los alcaldes para adjudicarse las cuentas municipales

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El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), se tiene fe. En 2016 quiere ir por el premio mayor de las elecciones municipales: la alcaldía de Santiago. Así lo anunció el pasado jueves 24 de julio -sin eufemismos- en El Mercurio: “El paso natural de mi carrera está en Santiago”. Pero si Delgado quiere entrar a la primera división de la política por esa puerta, primero tendrá que ocuparse de algunos flancos abiertos por la Contraloría General de la República en su manejo de cuentas municipales

El 20 de marzo pasado la Contraloría emitió su dictamen 20.243. La resolución provocó un remezón en el mundo municipal y, a la pasada, también le dio una sacudida a la banca. El documento revela una irregularidad que fracturó todos los controles y fiscalizaciones de la administración de recursos públicos, mediante una fórmula que asocia a la banca y las municipalidades.

Rodrigo Delgado

Los bancos que se han adjudicado licitaciones para mantener las cuentas corrientes municipales, están entregando a algunos alcaldes sumas que, por lo que se sabe hasta ahora, han llegado hasta $150 millones anuales, dependiendo del tamaño del municipio y del volumen de dinero que la comuna mantenga en sus arcas. Hasta ahí no hay ninguna irregularidad. El problema comienza cuando se examina el destino y control de esos dineros que el banco pone a disposición del alcalde. Porque los documentos revisados por CIPER indican que esos recursos pueden ser -y de hecho han sido en algunos casos- manejados discrecionalmente por los jefes comunales.

Ese dinero es un “premio” por el alto flujo que le aporta el municipio al banco. Y frente a ese “aporte”, algunos alcaldes han pactado con los bancos mantener esos fondos en la entidad financiera, sin incorporarlos a las cuentas municipales, y cederles espacios para publicitar sus servicios. Con esta ingeniosa fórmula, nada impide que esos mismos jefes comunales determinen, sin rendir gastos, en qué y a quién se paga con esos fondos.

La Contraloría consideró que todo este mecanismo vulnera las normas de la administración pública y envió los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y a la Fiscalía Nacional Económica. Entre sus observaciones se afirma que, con esta fórmula, los bancos pueden descontar impuestos, ya que los “aportes” son registrados como donaciones para actividades culturales, y no se tributan como publicidad.

El dictamen de la Contraloría menciona al menos a tres municipalidades donde este modelo fue detectado: Estación Central, Valparaíso y La Granja. Porque, más allá de lo que ha alcanzado a revisar la Contraloría hasta ahora, es un hecho que ese sistema se ha extendido a otras comunas. CIPER revisó documentación que indica que este controversial mecanismo de financiamiento se utiliza a lo menos desde 1997, cuando surgieron las primeras denuncias públicas por este tipo de prácticas contra Rodrigo González (PPD), entonces alcalde de Viña del Mar y hoy diputado. (Ver recuadro)

Después de las acusaciones contra Rodrigo González, el uso de este tipo de acuerdos con bancos se mantuvo sumergido durante casi 18 años. Recién en enero de 2013 volvió a asomarse a la luz pública. En esos días, el alcalde de Concepción Álvaro Ortiz (DC) apenas cumplía un mes como jefe comunal cuando recibió una visita protocolar de ejecutivos del Banco Santander, los que le entregaron un vale vista por $150 millones. En la municipalidad penquista no había registro de un contrato o convenio que explicara la razón de ese pago.

Jaqueline Van Rysselberghe

El banco le informó a Ortiz que era un aporte pactado en 2003, cuando la municipalidad, entonces dirigida por la actual senadora Jaqueline Van Rysselberghe (UDI), licitó la mantención de sus cuentas corrientes. El Banco Santander ganó la licitación -adjudicación que desde entonces se ha renovado sin concurso público- tras ofrecer un “aporte” anual a la municipalidad para desarrollar actividades sociales y culturales. Según el contrato, ese “aporte” tenía un tope de $34,1 millones por año. Por eso, al alcalde Ortiz no le cuadró la suma de $150 millones y devolvió el vale vista.

“Hay que tener dos dedos de frente para no ver que hay alguna irregularidad en la entrega de $150 millones sin que exista un contrato vigente”, dijo el edil penquista a Radio Bío Bío al explicar porque no aceptó el dinero (más información en el reportaje de CIPER “El hoyo negro de la ‘era Van Rysselberghe’ en Concepción).

EL BCI VA A LA ESCUELA

El año pasado, en el curso de un proceso de fiscalización en la Municipalidad de Estación Central, funcionarios de la Contraloría se encontraron con publicidad del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), desplegada en el hall de acceso a la sede consistorial. Cuando los fiscalizadores preguntaron por qué la propaganda del BCI se exhibía al interior del recinto municipal, les respondieron que se había suscrito un trato directo en 2012 -sin licitación pública- que le permitía a ese banco promocionar sus productos financieros en recintos y actos municipales. Incluso, se les dijo, se le permitía el acceso a escuelas y liceos públicos.

La Municipalidad de Estación Central se obligó a incorporar la imagen del Banco de Crédito e Inversiones en los eventos y actos que organice y que de común acuerdo definan; a instalar el logo de esa entidad privada en las entradas del edificio municipal, y en la publicidad exterior y callejera de tal repartición pública; a permitir el acceso a los establecimientos educacionales dependientes de ella, para la explotación de convenios bancarios, y a admitir el funcionamiento de un stand promocional de los productos financieros del mencionado banco en determinadas actividades del municipio”, describe el ya mencionado dictamen 20.243.

La resolución del organismo contralor fue categórica: los términos de estos acuerdos entre el BCI y la municipalidad “no se ajustan a derecho” (vea el convenio). Y entregó su fundamentación jurídica: “Los municipios, salvo norma legal expresa, carecen de competencia para asumir obligaciones que resultan ajenas a la gestión propiamente comunal, como son aquellas que se refieren al desarrollo por parte de sus autoridades y funcionarios de acciones de publicidad en favor de una institución bancaria (…). No resulta procedente que en el edificio en el que funciona se realice en forma permanente publicidad a un banco, de manera tal que la imagen corporativa de dicha repartición pública se vincule con la de la institución bancaria”.

BANCOS MECENAS

La directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Estación Central, Lily Duque, explicó a CIPER que este convenio con el BCI, suscrito en 2012, se originó en otro contrato firmado en 2007 -y renovado en 2011- que adjudicó a ese banco la mantención de las cuentas corrientes comunales  (vea el contrato y su renovación). Para ganar esa licitación, el BCI ofreció un “aporte” anual destinado a financiar actividades artísticas, culturales y sociales. El banco se comprometió a entregar $14 millones por año para financiar un programa educativo, siempre que ese proyecto pueda acogerse a beneficios tributarios (vea el acuerdo). En caso de que la municipalidad opte por financiar actividades artísticas o culturales que no formen parte de un proyecto educativo, la cifra se reduce a $7 millones anuales. A cambio de ese “aporte”, Estación  Central se compromete a facilitar espacios para la promoción y publicidad del BCI.

En el bienio 2010-2011, el BCI entregó $28 millones para un proyecto educativo denominado “La Estación Digital” (vea las facturas de ese programa). Respecto del dinero correspondiente al bienio 2012-2013, el banco aportó sólo $14 millones, porque la municipalidad decidió no volver a financiar un programa de enseñanza y prefirió utilizar los recursos en la celebración del Día de la Madre 2014, con una actuación del humorista Álvaro Salas (vea las facturas). Lily Duque explicó que fue en virtud del “aporte” hecho en 2012-2013, dinero con el que se pagó al humorista, que Estación Central firmó el convenio para instalar la propaganda del BCI detectada por la Contraloría. Sin embargo, los informes de esa entidad fiscalizadora indican que fueron tres los contratos suscritos con el BCI en 2012 y que le abrieron las puertas del municipio al banco para exhibir allí su publicidad. Esos tres contratos le reportaron a la Municipalidad de Estación Central un total de $124 millones.

Rastreando el origen de estos convenios publicitarios, la Contraloría descubrió la irregular fórmula de los “aportes”, utilizada por los bancos para adjudicarse las licitaciones de cuentas corrientes municipales. Este mecanismo ha cobrado tal importancia que, en la práctica, es el ítem que decide las licitaciones. Esto, porque hay sólo dos factores que permiten diferenciar las ofertas: el número de sucursales que tiene un banco en la comuna y el monto del “aporte” de libre disposición del alcalde que está dispuesto a entregar. En la evaluación de las ofertas que se presentaron a su licitación, la Municipalidad de La Granja le asignó a todos los aspectos técnicos un valor de apenas un punto, mientras que al “aporte” le dio 10 puntos.

Salvo en el monto del “aporte”, las ofertas en general son idénticas, debido a que todos los bancos ofrecen sus servicios a costo cero, porque el negocio no está en el cobro, sino en el volumen de dinero que mantienen los municipios en sus cuentas. Por ejemplo, al convocar a su licitación, la Municipalidad de La Granja, que administra una comuna del populoso sector sur capitalino, informó que entre junio de 2010 y agosto de 2011 manejó un promedio diario general en sus cuentas que fluctuó entre $1.967 millones y $3.942 millones (vea la tabla con los datos).

La obligación de mantener altos saldos en las cuentas comunales, lo que beneficia al banco, podría provocar una pérdida de patrimonio al municipio ya que le impide invertir parte de sus dineros en depósitos a plazo. Ese fue precisamente el punto que concentró las críticas que se le formularon en 1997 al alcalde de Viña del Mar, Rodrigo González. En ese episodio, el primero en que se detectó esta peculiar forma de obtener recursos adicionales, el banco involucrado era el entonces BHIF (ahora Banco BBVA).

DOS LICITACIONES EN VALPARAÍSO

En 2011 la Municipalidad de Valparaíso, encabezada por el alcalde Jorge Castro (UDI), licitó sus cuentas corrientes.  El banco beneficiado también fue el BCI, el que ofreció un “aporte” total de $300 millones para los cuatro años que dura el contrato. En esa licitación, Corpbanca llegó a ofrecer un aporte de $412 millones, pero no se la adjudicó porque perdió puntaje en la evaluación a raíz del bajo número de sucursales y lugares de pago que tenía en el Puerto: tres, contra nueve del BCI (vea la evaluación técnica, la oferta del BCI con el detalle de su “aporte” y el contrato).

Jorge Castro

Aunque el contrato con el BCI vence el 2 de enero de 2016, la Municipalidad de Valparaíso volvió a licitar en 2013 la apertura y mantención de cuentas corrientes.  La razón de por qué lo hizo si aún estaba vigente el contrato suscrito en 2011, no fue entregada a CIPER. En la unidad de comunicaciones del municipio se informó que las consultas serían respondidas por el administrador municipal, Jaime Varas, pero el funcionario no atendió los llamados ni mensajes de CIPER.

La segunda licitación volvió a favorecer al BCI, aunque esta vez el “aporte” es más pequeño: $35 millones anuales en efectivo y otros $10 millones anuales en equipos y programas computacionales. En total, para los tres años que debe durar este contrato, son $135 millones (vea el decreto de adjudicación y la evaluación de las ofertas).

En las bases técnicas de las dos licitaciones realizadas por la municipalidad porteña se encuentra la clave que encendió la alarma entre los fiscalizadores de los recursos públicos. En esos documentos, bajo el título “Aporte anual no acumulativo”, se especifica el mecanismo para disponer de los dineros que el banco ofrece: primero, la municipalidad le informa al banco a quién se debe pagar; luego, el banco da su visto bueno y acepta cursar el pago. Por último, la municipalidad le envía las facturas, emitidas a nombre del banco por los proveedores de los servicios, y la entidad financiera concreta el pago. Así, estos recursos no entran al presupuesto municipal, no quedan sujetos al control interno ni a la fiscalización del Concejo Municipal ni de la Contraloría (vea las bases técnicas de las dos licitaciones).

Es por esta razón que el dictamen de la Contraloría señala que las evaluaciones técnicas y económicas que se efectúen en una licitación, “deben referirse a los beneficios, características y naturaleza de los bienes a contratar”. Por lo tanto, no procede que en las bases que rigieron las licitaciones de las cuentas corrientes, se permita que “los interesados hagan ofrecimientos adicionales que no guardan relación con el objeto de la contratación”.

Finalmente, la resolución establece que los recursos aportados a un municipio para desarrollar tareas culturales, sociales o educativas, son fondos que deben consignarse en el presupuesto municipal y quedar sometidos a las normas “sobre administración financiera del Estado, las normas de la contabilidad nacional y las instrucciones que imparta esta Contraloría General en la materia”.

CULTURA EN LA GRANJA

Respecto del contrato suscrito por la Municipalidad de La Granja, el “aporte” conseguido en su licitación de 2011 corre por cuenta del Banco del Estado y es de $100 millones anuales. El vínculo comercial tiene una vigencia de ocho años y expira  en enero de 2020 (vea el contrato).

En su oferta, el Banco del Estado incluyó el anexo “Descripción de servicios obligatorios y opcionales” (vea el anexo, página 25), donde se establece el procedimiento para utilizar estos fondos:

La municipalidad deberá hacer llegar al banco una carta suscrita por el representante legal del cliente (el alcalde o quien lo reemplace), con a lo menos 15 días de anticipación a la fecha del evento (a financiar) donde solicite la aprobación del auspicio para la actividad socio cultural. Una vez aprobado por el banco, éste hará llegar al cliente (la municipalidad) una carta indicando su aprobación. Luego el cliente deberá presentar la factura emitida por un proveedor a nombre del Banco del Estado y una carta suscrita por el representante legal donde se señale que las actividades fueron realizadas satisfactoriamente por el proveedor, y presentada la factura a cobro, el banco la pagará dentro de los 30 días siguientes”.

Así, es el banco el que paga y la municipalidad es sólo un intermediario, por lo que los fondos no ingresan al presupuesto municipal. Eso es lo que dice la oferta del Banco del Estado en un anexo que es parte constitutiva del contrato. Pero en la Municipalidad de la Granja aseguran que no se operó de esa manera.

Claudio Arriagada

La licitación y el contrato fueron suscritos bajo la gestión del entonces alcalde y actual diputado Claudio Arriagada (DC), quien alcanzó a disponer de los recursos sólo un año, en 2012, antes de dejar el cargo. Consultado por CIPER, Arriagada señaló que no ocupó ese dinero de manera discrecional, y que, a diferencia de lo que dice el contrato, impartió instrucciones para que la corporación cultural de la comuna preparara un programa anual de actividades que se sometió a consideración del Concejo Municipal y luego a la aprobación del Banco del Estado, en su calidad de auspiciador. El ex secretario general de la Corporación Cultural de La Granja, Stanley Freeman, confirmó esta versión y envío a CIPER un archivo con la copia de la rendición de gastos realizados con el aporte de $100 millones correspondiente a 2012, y las respectivas boletas de honorarios (vea el cuadro resumen de la rendición).

La Corporación Cultural de La Granja administra el Espacio Matta, un centro cultural que exhibe un mural y 12 grabados del afamado pintor chileno Roberto Matta y que cuenta con una sala de teatro, sala de danza, sala de música, estudio de grabación, café y galerías para exposiciones de pintura, escultura y fotografía. La actual secretaria general de la corporación, Myriam Verdugo, señaló a CIPER que el nuevo alcalde Felipe Delpin (DC) también ordenó manejar el fondo como una subvención que se entrega íntegra a la corporación y que se ocupa en el financiamiento de un programa de actividades visado por el Concejo Municipal.

Verdugo exhibió a CIPER copia de los comprobantes de egresos de las actividades financiadas con los $100 millones correspondientes a 2013, y dijo que el Concejo Municipal ya aprobó el programa a financiar con el aporte de este año, por lo que sólo falta la aprobación del Banco del Estado para ocupar los dineros durante este segundo semestre (vea el resumen de la rendición de 2013).

Felipe Delpin

Aun cuando en la Municipalidad de La Granja el manejo de esos recursos haya sido efectivamente consultado con el Concejo Municipal, y existe un archivo con los comprobantes de los gastos, esto no es suficiente para la Contraloría. Un experto en el manejo de los recursos municipales dijo a CIPER que, más allá de la modalidad que escoja el alcalde para gastar los recursos o para llevar la contabilidad de esos ingresos y egresos, este fondo sigue siendo de libre disposición del alcalde, sin la obligación de someterse a los controles de la administración pública. Así se constata en los contratos resultantes de las licitaciones y sus anexos. Y aunque existan boletas de honorarios o facturas que comprueben que esos fondos se gastaron en actividades culturales, nada impide, por ejemplo, que tales eventos se programen en época de campaña electoral o que se pague a simpatizantes u operadores políticos de la autoridad comunal.

De hecho, la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Estación Central, explicó a CIPER que el alcalde Rodrigo Delgado también dispuso que los recursos aportados por el Banco BCI fueran ingresados al presupuesto municipal  (vea las órdenes de ingreso). Sin embargo, la Contraloría no lo consideró suficiente como para excluir a esa municipalidad en su duro dictamen de marzo pasado.

Esta es la segunda vez que la Contraloría le reprocha al alcalde Delgado una irregularidad en la administración de recursos municipales. La primera ocurrió en una auditoría desarrollada en 2007, cuando Rodrigo Delgado aún era director de Desarrollo Comunitario (Dideco) bajo la gestión del entonces alcalde y actual diputado Gustavo Hasbún (UDI). Los fiscalizadores detectaron que los fondos del Programa de Seguridad Ciudadana eran manejados por Delgado en una cuenta corriente que no aparecía en los registros municipales. La cuenta resultó ser privada y de uso personal del ahora alcalde. En ella, según el informe de auditoría, se confundían “fondos externos y municipales, dentro de los cuales se han recibido depósitos de fondos entregados a funcionarios de otras dependencias municipales fuera de la Dideco, como,  por ejemplo, fondos entregados a alcaldía y Secpla” (vea el informe de auditoría).

Por esta irregularidad, la Contraloría  determinó instruir un sumario administrativo. En dos oportunidades, siendo ya alcalde, Delgado pidió la reconsideración de la medida. En ambas, su petición fue denegada (vea las dos resoluciones que negaron la reconsideración). Sin embargo, ese sumario jamás se hizo, aunque la falta era de tal gravedad que podía haber acarreado su destitución.

En efecto, el artículo 54 de la Ley N° 10.336 (que fija las atribuciones de la Contraloría) señala que los funcionarios que abran una cuenta corriente para manejar fondos públicos, sin autorización de la Contraloría General de la República, deben ser destituidos, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiese establecer la justicia. Así dice la ley, pero aunque parezca increíble, hasta este año las irregularidades administrativas cometidas por un alcalde no podían ser objeto de sumarios, porque no se había establecido un superior jerárquico por sobre los jefes comunales que pudiese llevar a cabo la investigación que condujera a la eventual sanción. Recién en abril pasado, gracias a una reforma impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, se facultó a la Contraloría para desarrollar sumarios contra los alcaldes.

Respecto de la grave falta cometida por Rodrigo Delgado, la Contraloría la detectó en 2008, cuando éste era director de Dideco, pero el informe de auditoría que lo acusó se emitió en 2009, cuando ya era alcalde. Por esa razón, se benefició del vacío legal recién enmendado en abril.

Rodrigo González, el padre del sistema

En 1988 la Municipalidad de Viña del Mar, dirigida por la alcaldesa designada por el régimen militar, Eugenia Garrido, licitó la mantención de sus cuentas bancarias. La cuenta denominada  “Principal Nº 2”, a la que se asignó el 50% de los fondos municipales, fue adjudicada al Banco BHIF (hoy BBVA). No hubo en ese contrato referencia a “aportes” culturales como los que se conocen hoy. Aunque, según un reportaje de El Mercurio de Valparaíso publicado en 1998, bajo la gestión de la alcaldesa Garrido el BHIF hizo donaciones para refaccionar la Sala Viña, una galería administrada por la Corporación Cultural de esa ciudad.

Ese mismo reportaje del matutino porteño fue el eslabón inicial de la cadena que culminó con el dictamen emitido en marzo pasado por la Contraloría. En esa nota se mencionaba por primera vez que la mantención de las cuentas corrientes estaba asociada a recursos que un banco ponía a disposición de un alcalde: el que entonces dirigía Viña del Mar, Rodrigo González (PPD). Y que esos dineros eran pagados por el banco a personas que el jefe comunal determinaba, sin que hubiese control sobre esos recursos.

Rodrigo González

La trayectoria política del diputado Rodrigo González ha estado salpicada de episodios nebulosos en el manejo de dineros públicos. Fue formalizado -y absuelto en 2008- en la investigación por mal uso de los fondos destinados al Programa de Generación de Empleo (PGE) de su región. Además, estuvo involucrado en un juicio que duró ocho años por un controversial bono por desempeño pagado a funcionarios municipales.

Respecto del uso de los “aportes” que recibió del Banco BHIF cuando era alcalde de Viña del Mar, sus principales denunciantes fueron el concejal comunista José Soto Vergara y los dirigentes de Renovación Nacional, Andrés Celis y el actual senador Francisco Chahuán. La acusación: los fondos entregados por el BHIF eran fruto de un acuerdo no escrito, mediante el cual el jefe comunal se habría comprometido a mantener las cuentas con amplios saldos promedios diarios, lo que impidió depositar a plazo esos dineros y obtener rentas por intereses a favor del municipio.

En 1998 la Contraloría emitió un primer informe en el que estableció que, efectivamente, bajo la alcaldía de González los saldos de las cuentas de la Municipalidad de Viña del Mar en el Banco BHIF se incrementaron notoriamente. Y que en 1997, por no haber invertido esos excedentes en el mercado de capitales, se habían perdido intereses del orden de $195 millones. No obstante, el informe concluye que la mantención de altos saldos en las cuentas no constituye una irregularidad.

Pasaron tres años y en los primeros días de enero de 2001 se conoció un nuevo informe de la Contraloría. Esta vez fue lapidario para Rodrigo González. Se estableció que ya en 1996, bajo la gestión del ex alcalde Jorge Santibáñez (RN), el Banco BHIF hizo “donaciones” al municipio por un monto superior a $55 millones, pero sólo a contar de 1997, cuando la jefatura comunal pasó a manos de González, se pudo acreditar que era el alcalde el que solicitaba al BHIF que pagara a determinadas personas y financiara actividades relacionadas con el municipio.

Los fondos pagados por el BHIF en 1997 a petición del alcalde González sumaron $98 millones. De ese monto, más de $48,9 millones, indica el informe de Contraloría, “tuvieron el destino de financiar la elaboración por consultorías externas de dos proyectos de ingeniería que no han tenido culminación en beneficio a la comunidad y sin que de ellos hubiese tomado conocimiento el Concejo Municipal (…) y, además, sin participación alguna de las direcciones del municipio ni de los otros servicios públicos con competencia en la materia”.

 

Crisis en la Universidad ARCIS: cómo entró y salió el Partido Comunista del negocio de la Educación Superior

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En la mañana del 23 de abril de 2014, el rector René Leal se paró frente a alumnos, profesores y funcionarios de la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales ARCIS, y aseguró que todo lo que se decía era mentira. Era la inauguración del año académico y unos 300 funcionarios llevaban tres meses con sus imposiciones impagas. Juan Aramayo, vicerrector de Gestión y Finanzas, había sido despedido por el directorio sólo días antes. Le habían “retirado la confianza”, decía el comunicado. Luego, siete directivos dejaron sus cargos. Uno de ellos fue el secretario general, el periodista Mauricio Weibel, quien denunció irregularidades y un desorden financiero que había provocado un déficit operacional anual cercano a $3.500 millones. La situación era crítica. En algunos círculos se decía que la universidad no sobreviviría; que repetiría la experiencia de la Universidad del Mar, hoy en quiebra y con un decreto de cierre a cuestas.

La inauguración del año académico era el momento para aplacar la incertidumbre de una comunidad de unos 3.000 estudiantes, 500 profesores y alrededor de 300 trabajadores. También la oportunidad para explicarles lo que venía después de que el Partido Comunista dejara de ser el controlador de la universidad. Dos entidades ligadas al PC –ONG ICAL y Ediciones ICAL limitada- abandonaron en diciembre la estructura que dirigía la universidad.

René Leal

Uno de los directivos renunciados señaló a CIPER que, tras la salida de las dos entidades, se revisaron los documentos contables y se descubrió que la universidad no contaba con centros de costos, por lo que no se sabía el detalle de ingresos y gastos en sus distintas unidades; que los balances y estados financieros se completaban con la contabilidad de ingresos por adelantado para presentar resultados positivos; que el descontrol interno permitió que cada año aumentaran la planta de funcionarios y, con ello, el déficit operacional, y que al menos el 70% de los $7.000 millones de activos circulantes declarados correspondía a deudas incobrables.

El rector René Leal nada dijo de todo eso en su discurso. Sólo reconoció que la situación era “compleja, pero superable en la medida que todos hagamos la pega”. También dijo que la universidad seguía siendo viable y que, si todos se mantenían unidos para enfrentar un nuevo proceso de acreditación, serían “invencibles” (ver discurso completo).

Lo que pasó en los siguientes tres meses y medio sólo agravó la crisis debido al desarme de la estructura de control y propiedad que manejaban hasta diciembre pasado la ONG Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y la sociedad Ediciones ICAL Ltda., ambas estrechamente vinculadas al PC.

Sólo días después del discurso de Leal, 336 funcionarios de la ARCIS no recibieron el pago de sus sueldos ni de sus imposiciones y varios trabajadores a honorarios se quedaron sin su devolución de impuestos. Comenzaba mayo y el Sindicato Nº1 de Trabajadores y Académicos daba inicio a una huelga a la que se sumaron estudiantes de unas diez carreras y que duraría todo ese mes. La universidad estaba paralizada. El Ministerio de Educación (Mineduc) abrió una investigación sobre su débil situación económica, ante el riesgo de que deje de funcionar. La fiscalización se inició en los precisos momentos en que comenzaba a discutirse la reforma para crear el “administrador provisional”, un interventor de establecimientos educacionales que entren en crisis terminal y cuyo principal objetivo será resguardar los derechos de los alumnos y sus familias. Con la legislación actual, los jóvenes quedan a la deriva y endeudados, como aconteció con los cerca de 18 mil estudiantes de la Universidad del Mar.

Para pagar a su personal, las autoridades de la ARCIS hicieron gestiones con bancos y usaron unos $1.720 millones provenientes del Crédito con Aval del Estado (CAE) ingresados a comienzos de junio. Aquello no fue más que la calma que precede a la tormenta.

(Fuente: Radio Universidad de Chile)

El segundo semestre se inició este lunes 11 de agosto y profesores y funcionarios están nuevamente en paro. Sus remuneraciones de julio no se cancelaron. Tras cuatro semanas con licencia médica, el rector René Leal renunció. También se fueron el vicerrector Académico, Jorge Figueroa, y el vicerrector de Aseguramiento de la Calidad, Iván Atencio. Este último lideraba el proceso de certificación ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), gestión clave para seguir contando con los millones del CAE. Como la ARCIS ha pedido una prórroga en ese proceso, lo más probable es que la decisión de la CNA se conozca el próximo año, por lo que los alumnos que se matriculen este verano no podrán optar al CAE y en 2015 la universidad no contará con su principal vía de financiamiento.

En el plano académico la crisis se grafica en un número no determinado de profesores que frente a la inestabilidad han optado por irse, interrumpiendo los programas y cursos. Ante ello, un grupo de alumnos presentó un recurso de protección contra la universidad,  argumentando que lo sucedido afecta “la valoración de nuestros títulos en una universidad que parece no importarle el prestigio institucional ni el valor de sus estudiantes”.

Poco queda en la ARCIS de la estructura que el PC construyó en 2004 junto al empresario y ex miembro del MIR, Max Marambio, y que controló la universidad a través de la sociedad comercial Inversiones e Inmobiliaria Libertad S.A. La versión oficial es que la salida del PC fue una decisión política: si el partido quería ser parte de la Nueva Mayoría e impulsar la reforma educacional, no podía tener una universidad. Menos haber lucrado con ella, como lo demuestra esta investigación.

CIPER revisó centenares de escrituras, contratos y actas en distintas notarías y en el Archivo Judicial, consiguió documentos en el extranjero y entrevistó a personajes clave para desentrañar el diseño, puesta en marcha, auge y caída de un modelo de negocios del que hasta hoy se sabía muy poco: el de un partido político involucrado en la propiedad de una universidad. Esta es una historia de traspasos de propiedades, contratos de arriendos, disputas políticas, la caída en desgracia en Cuba de uno de sus inversionistas y cerca de US$13 millones transferidos desde Venezuela en partidas aprobadas por el difunto presidente Hugo Chávez. Así fue cómo los “socios estratégicos” compraron en 2004 la Universidad ARCIS por $1.600 millones y nueve años después la dejaron con un déficit que supera esa cifra en casi $200 millones.

“LA MÁS PÚBLICA DE LAS PRIVADAS”

En junio pasado el actual asesor de los ministros del Interior y de Educación, Juan Andrés Lagos, aún era secretario general del PC. En esa calidad aseguró a La Tercera que su partido no obtuvo ni un peso de la ARCIS y que, por el contrario, perdió dinero. Lagos, ex presidente del directorio de la ARCIS, también dijo que cuando los comunistas se retiraron del control, en diciembre de 2013, “no estábamos con la idea de que la universidad reventara en dos meses”. En todo caso, sabían perfectamente la situación precaria en que quedaría: un informe financiero solicitado el mismo 2013 a la consultora Entrepuertos por el directorio de la universidad, cuando Lagos lo presidía, confirmó un déficit operacional anual de $1.790 millones, una deuda bancaria por $6.780 millones, $5.000 millones en deudas incobrables y una imagen pública que “ha caído en un estado de mediocridad”.

Los consultores incluyeron una propuesta para revertir la situación. “Volver a los orígenes” la llamaron, apelando a la concepción de sus fundadores: “La más pública de las universidades privadas”. La historia de la universidad comenzó en 1982, cuando partió como Instituto Superior de Ciencias Humanas, Comunicación y Diseño. En 1984 pasó a llamarse Instituto Superior de Arte y Ciencias Sociales ARCIS. El proyecto, en plena dictadura, pretendía convertirse en alternativa para estudiantes y académicos de izquierda.

Juan Andrés Lagos

Una semana antes del plebiscito de 1988, un grupo de sus fundadores compuesto por Luis Torres Acuña, Franex Vera Hermosilla y Michael Weiss Egner, creó la Sociedad Educacional ARCIS Ltda., que asumió el control del instituto. Un año después, Torres se asociaría con Pedro Domancic, José María Bulnes y otras ocho personas para dar vida a la Corporación Universidad ARCIS (vea sus estatutos originales), una entidad sin fines de lucro que absorbió a la sociedad de Torres, Vera y Weiss. Esa fusión fue, en los hechos, la primera compra de la universidad: según el contrato firmado en septiembre de 1990, la corporación asumió los activos y pasivos de la sociedad, los contratos de su personal y sus actividades académicas. Todo a cambio de una renta vitalicia para los tres socios originales equivalente al 2% de sus ingresos anuales.

La ARCIS comenzó a operar como universidad en marzo de 1990. Para 1994, con Luis Torres como rector y Fernando Castillo Velasco como presidente del directorio, ya contaba con 12 carreras y 1.800 alumnos en sus sedes de Huérfanos 1710 y 1724.

Según contó a CIPER el entonces secretario general de la corporación, Pedro Domancic, en esa primera etapa la universidad se financió con las matrículas y aranceles, además de créditos del Banco del Desarrollo. Reconoce un gran error: “La universidad no se manejó con criterio empresarial, sino sólo vocacional. No se resguardó el flujo económico. El cobro a los estudiantes morosos era poco exigente y no había control de ingresos y gastos”.

En 1999, a pesar de sus problemas económicos, la ARCIS fue reconocida por el Consejo Superior de Educación como una institución autónoma con poco más de 2.600 alumnos. Esta resolución permitió la expansión y la puesta en marcha de una estrategia para superar el déficit: llevar la marca ARCIS a regiones.

EXPANSIÓN FALLIDA

En poco tiempo la Universidad ARCIS llegó a ser la tercera con mayor presencia nacional -superada por la Santo Tomás y la Del Mar- con diez sedes en el país. La mayor parte de ellas se instaló en lugares donde carecía de competencia: Cabrero, Curanilahue, Castro, Portezuelo, Lota y Cañete.

Luis Torres cuando aún era rector de la ARCIS

En la capital también creció. En 2001 firmó un contrato con el Banco BBVA para adquirir vía leasing la antigua Fundición Libertad, un lote de 13.183 m² ubicado en Libertad con Erasmo Escala, donde construyó su casa central: el Campus Libertad. La universidad se comprometió a pagar 121.239 UF (unos $1.940 millones a esa fecha), aunque los inmuebles estaban valorados en 104.145 UF (cerca de $1.666 millones).

La estrategia de expansión no funcionó. Directivos de esa época dijeron a CIPER que las sedes regionales no recibían suficientes alumnos, los gastos operacionales aumentaban y el desorden era tal que resultaba imposible dimensionar la crisis. A mediados de 2002, Luis Torres renunció a la rectoría para asumir la gestión de las sedes de regiones y en su reemplazo asumió Pedro Domancic. Entonces comenzaron a pensar en traer nuevos socios a la corporación.

A comienzos de 2003, Fernando Castillo Velasco dejó la presidencia del directorio y en su reemplazo quedó el ex ministro de Educación Jorge Arrate. Poco después, Domancic dimitió y asumió como rector Tomás Moulian. Fue el primer paso para generar una nueva estructura de control.

ARCIS EN VENTA

En entrevista con CIPER, Jorge Arrate aseguró que cuando quedó a la cabeza del directorio, nadie conocía la situación real: no existía un registro claro de la información contable y el porcentaje de alumnos becados era altísimo.

Luis Torres terminó alejándose definitivamente y renunció a la renta vitalicia acordada en 1990. Era 2004 y la universidad ya tenía 6.800 alumnos, pero la situación económica, dice Arrate, era “irremediable”: no había fondos para cancelar el leasing y en varias oportunidades estuvieron a punto de suspender el pago de remuneraciones. La universidad recurrió al factoring que, de acuerdo al ex ministro, ahogaba a la corporación. Era indispensable buscar nuevos inversionistas.

Además de deudas, sedes que no rendían y alumnos que no pagaban, la universidad era dueña de todas las sedes que tenía en Santiago, excepto el Campus Libertad, sobre el cual tenía derechos preferentes de opción de compra. Con ese activo valorado en $1.600 millones, Moulian y Arrate salieron a buscar inversionistas. Pero había que ofrecer un plan de negocios atractivo. Lo que el directorio de la corporación aprobó fue el mismo mecanismo utilizado por otras universidades privadas: traspasar sus bienes raíces a una sociedad inmobiliaria. En otras palabras, deshacerse de sus principales activos para hacer caja y luego pagar arriendo por ellos para generar lucro a los controladores.

Jorge Arrate cuenta que con Tomás Moulian armaron una lista de posibles inversionistas de izquierda. Sólo dos accedieron: el PC, entonces dirigido por Gladys Marín, y el empresario Max Marambio.

Jorge Arrate

Desde 1983 el PC cuenta con su propio think tank: el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL. En 1996, el partido creó la ONG ICAL y, posteriormente, en 2003, constituyó la sociedad comercial Ediciones ICAL Ltda., cuyos socios iniciales fueron el actual diputado comunista Daniel Núñez y el miembro de la Comisión Política del PC, Óscar Azócar. Las escrituras revisadas por CIPER en el Archivo Judicial, indican que fue a través de Ediciones ICAL Ltda. que el PC entró a la propiedad de la ARCIS. Los mismos documentos acreditan que Max Marambio ingresó al negocio mediante dos de sus sociedades: Marambio y Rodríguez S.A. y Comercial Cañaveral S.A.

El abogado Roberto Celedón, quien entonces era secretario general de la universidad, aseguró a CIPER que la idea inicial era que los nuevos inversionistas tendrían voto en la asamblea de socios de la Corporación Universidad ARCIS, pero no se les garantizaban puestos en su directorio. Tras el due dilligence realizado por Marambio, dijo Celedón, las condiciones cambiaron y los recién llegados exigieron participar en el directorio. Jorge Arrate, en cambio, dice que eso estaba contemplado desde el momento en que se les ofreció ingresar.

En octubre de 2004 la asamblea de socios de la corporación se modificó. De los 22 integrantes, todos eran nuevos, salvo José María Bulnes y Jorge Arrate. Ahí se produjo el ingreso oficial de Max Marambio y de los dirigentes comunistas Juan Andrés Lagos, Jorge Insunza Becker y Óscar Azócar. A ellos se sumaron el ex secretario general del MIR, Andrés Pascal Allende y diez académicos históricos de la ARCIS, en representación de los socios antiguos, como Gabriel Salazar, Tomás Moulian y Mónica Echeverría.

La nueva asamblea de socios de la corporación acordó modificar los estatutos para aumentar el número de directores a siete y otorgarle al directorio de la ARCIS atribuciones para definir y modificar los lineamientos económicos y financieros de la universidad. Esta es la primera evidencia de que el ingreso del PC y Marambio tenía un objetivo claro: participar en el control de la universidad y no ser sólo “inversionistas solidarios”, como han sostenido algunos de los involucrados en estas operaciones.

Ya reestructurada la corporación, el siguiente paso en este proceso de venta de la universidad fue crear la inmobiliaria que se haría dueña de los inmuebles. La Inmobiliaria Libertad S.A. se creó el 19 de octubre de 2004, con un capital de $1.600 millones que se constituyó así:

La Corporación Universidad ARCIS quedó con el 99,5% de las acciones de la Inmobiliaria Libertad. El 0,5% restante fue suscrito por Roberto Celedón con $8.000.000. Veinte días después, la inmobiliaria decidió preparar los contratos de arriendo para que la universidad comenzara a pagar por el uso de los edificios. Era el 9 de noviembre de 2004, y en el acta de esa primera sesión del directorio de la inmobiliaria quedó constancia de que su presidente era Max Marambio y en la gerencia estaba Patricio Palma, miembro de la Comisión Política del PC.

PRIMER RETIRO DE UTILIDADES

La Inmobiliaria Libertad quedó constituida por cuatro socios, cada uno con cerca del 25% de sus 200 acciones: Max Marambio (con 51 acciones repartidas entre sus sociedades Marambio y Rodríguez S.A. y Comercial Cañaveral S.A.), Ediciones ICAL Limitada (con 51 acciones), Inversiones Salvador S.A. (de un grupo de académicos antiguos, con 47 acciones) y Corporación Universidad ARCIS (controlada por los tres socios anteriores, con 51 acciones).

Marambio y Ediciones ICAL recibieron sus acciones tras transferir, cada uno, $408 millones a la Corporación Universidad ARCIS. A su vez, Inversiones Salvador, cuyos socios mayoritarios eran Roberto Celedón, José María Bulnes y Adil Brkovic, puso $376 millones. La venta de la universidad se había concretado.

La inmobiliaria pagó reparaciones del Campus Libertad por $230 millones y aceptó constituirse en aval de la universidad cuando fuese necesario. La ARCIS contaba en ese momento con casi 5.200 alumnos. La gestión comenzó a ordenarse porque, según cuenta Arrate, Marambio aplicó criterios gerenciales para que la universidad pudiera autosustentarse y se inició el cierre de las sedes en regiones.

Jorge Arrate y Roberto Celedón concuerdan en que Ediciones ICAL y Max Marambio comenzaron a actuar en conjunto, rompiendo un pacto no escrito que impedía hacer alianzas entre los socios de la corporación para formar bloques mayoritarios que controlaran la universidad. La unión del PC y Marambio se acentuó después de que Tomás Moulian dejó, en 2006, la rectoría. Arrate asumió la rectoría tras dejar la presidencia del directorio de la corporación, donde fue reemplazado por Marambio.

Las relaciones internas se fragmentaron. La prensa de la época informó que se estaba discutiendo un rediseño total de la ARCIS, lo que contemplaba el despido de cientos de trabajadores y académicos. Celedón lo confirma y agrega que el PC y Marambio impulsaban esos cambios. Los funcionarios acusaban la imposición de una lógica empresarial. Un grupo de estudiantes anarquistas se tomó el Campus Libertad durante tres semanas para transformar la universidad en una institución “popular”. Marambio quería el desalojo, ya que, según dijo a El Mercurio, si seguía la toma, “lo más probable es que no seamos capaces de remontar la crisis económica”. Arrate era partidario de no desalojar y eso, afirma, le significó dejar la rectoría antes de cumplir un mes en el cargo. Este episodio dejó en claro que ya a mediados de 2006 el hombre fuerte de la ARCIS era Max Marambio.

Las actas del directorio de inmobiliaria Libertad muestran que, un mes después de la renuncia de Jorge Arrate, se concretó el primer reparto de las utilidades del negocio. El 10 de julio de 2006 el directorio de la inmobiliaria acordó el pago de un dividendo provisorio total por $60 millones. No sería el único retiro. Los documentos oficiales acreditan que seis años después, en 2012, se haría otro por más de $530 millones.

El mismo 2006 la universidad comenzó a endeudarse con la inmobiliaria como aval. En octubre, la ARCIS pidió un crédito por $300 millones al Banco del Desarrollo, el que se sumaba a otra deuda previa por $600 millones con la misma entidad financiera. Como garantía, la inmobiliaria puso algunos de sus inmuebles de calle Huérfanos.

NUEVE MILLONES DE PETRODÓLARES

Max Marambio

Según varios testimonios recogidos por CIPER, al inicio de 2008, Max Marambio desplegó una aguda ofensiva para hacerse del control de la universidad. Ese año Marambio comenzó a introducir cambios en las sociedades con las que integraba la Inmobiliaria Libertad. Finalmente fue Nazareno S.A., la única sociedad con la que siguió administrando su participación en el negocio, a la que le amplió su objeto para poder explotar “actividades comerciales relativas a la Educación Superior y universitaria” y celebrar convenios en Chile y en el extranjero. Esto último sería clave para administrar aportes conseguidos en Venezuela, con cuyo gobierno se venía gestando una estrategia de financiamiento desde al menos un año antes.

En enero de 2007 el directorio de ONG ICAL aprobó abrir una cuenta corriente en dólares en el Banco BCI. Lo mismo hizo el directorio de Nazareno S.A. un año después. Las escrituras de las sesiones de directorio de ambas sociedades, establecen que las dos cuentas serían gestionadas en conjunto por Max Marambio y Daniel Núñez para manejar fondos provenientes del extranjero.

En enero de 2008 Nazareno y ONG ICAL recibieron fondos desde Venezuela, autorizados personalmente por el entonces presidente Hugo Chávez. CIPER obtuvo un documento interno del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (BANDES) donde  se señala que el 24 de enero de 2008 se ejecutó el traspaso de US$ 9.060.000 (unos $4.392,5 millones) a la Universidad ARCIS como parte de “un convenio de asistencia económica no reembolsable”. Pero ese dinero no llegó a la universidad directamente, pues pasó antes por las cuentas de ONG ICAL y Nazareno. Según el convenio que estas dos entidades firmaron con BANDES el 11 de enero de 2008 (ver contrato), el dinero fue enviado para el saneamiento de pasivos de la universidad: pago de arriendos, juicios pendientes, impuestos, pagos a proveedores y traslado de todas sus dependencias a la sede principal. Todo esto, para generar las condiciones que permitieran establecer en dependencias de la ARCIS, la Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado (ELAP). La universidad debía retribuir al banco con becas, matrículas o servicios académicos.

No obstante, sólo un 2,2% ($95 millones) de los fondos bolivarianos se destinaron a la creación de la ELAP. Así lo registra el Anexo B del contrato. La misma escritura señala que el resto del dinero se distribuyó así: 37% para pagar deudas bancarias, 26% para cancelar operaciones de factoring, 8% para impuestos, 7% para una campaña publicitaria y 5% (unos $217 millones) para las arcas de Inmobiliaria Libertad, por lo que le adeudaba la universidad por arriendos y créditos. Uno de esos préstamos, por $200 millones, se cerró sólo unos días antes de que llegaran los fondos aportados por Hugo Chávez.

Las buenas noticias duraron poco. Ese mismo enero de 2008 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) rechazó la certificación de la universidad (ver resolución), eliminando así la posibilidad de que sus nuevos alumnos recibieran el Crédito con Aval del Estado (CAE). Era la primera vez que la ARCIS se sometía al proceso de acreditación y fracasó, según la resolución de la CNA, por su debilidad financiera e infraestructura insuficiente, entre otras razones.

EL BREVE CONTROL DE MARAMBIO

Los controladores de la ARCIS decidieron apelar a la resolución de la CNA. La universidad requería con urgencia fondos que fortalecieran sus finanzas y eso era el dinero del CAE. Pero para revertir el fallo adverso se necesitaba documentar un mayor respaldo financiero. El dinero fue inyectado por Max Marambio y el PC a través de la ONG ICAL y Nazareno S.A. Ambas compraron a medias, en $408 millones, el 25,5% de las acciones de la Inmobiliaria Libertad que aún estaban en manos de la Corporación Universidad ARCIS. Así lo acredita una escritura del 29 de enero de 2008 que CIPER revisó en el Archivo Judicial.

En su recurso de reposición ante la CNA, la universidad presentó los mismos $408 millones como recursos aportados por “socios estratégicos”, como parte de una inyección de fondos por un total de $2.700 millones. El nuevo flujo de dineros resultó inútil: la CNA rechazó una vez más la acreditación.

Poco antes, Max Marambio había adquirido, a través de Nazareno S.A., las acciones de los tres socios mayoritarios de Inversiones Salvador S.A. –Celedón, Bulnes y Brkovic–, la sociedad de académicos que era propietaria del 23,5% de Inmobiliaria Libertad. Las pagó con $344 millones. Con esto, Marambio sumó el 61,75% de las acciones de la inmobiliaria, tomando su control y, por ende, el de la universidad.

En marzo de 2008 el directorio de ONG ICAL autorizó la apertura de una nueva cuenta en el BCI para cumplir el convenio con el banco venezolano BANDES. Esta cuenta sería administrada por Enrique Bruce, en conjunto con cualquiera de las siguientes personas: Juan Andrés Lagos, Pablo Monje o Andrés Pascal. Nuevamente se abrió una cuenta paralela para manejar esos recursos, pero esta vez no estaría a nombre de Nazareno S.A., sino de la Universidad ARCIS, cuyo directorio era presidido por Max Marambio y también lo integraban Lagos y Bruce.

La explicación de estas cuentas se pudo entender cuando CIPER revisó los registros del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (BANDES) y encontró que el 29 de marzo de 2009 se autorizó una nueva partida de US$ 4 millones, clasificada como “Asistencia Económica a la Universidad ARCIS”. En octubre de 2009 se concretó este segundo envío, que en Chile se presentó como un crédito a largo plazo contra una garantía hipotecaría constituida por Inmobiliaria Libertad. Así, la suma de los dineros de Venezuela para la ARCIS alcanzó a los US$13 millones.

Patricio Palma

Aunque formalmente Max Marambio tenía el dominio del 61,75% de la Inmobiliaria Libertad, los documentos revisados por CIPER indican que desde fines de 2008 las dos entidades del Partido Comunista (ONG ICAL y Ediciones ICAL) comenzaron a tomar progresivamente el control de la universidad. En efecto, el directorio de la Corporación ARCIS, de siete miembros, quedó integrado por cuatro comunistas: Juan Andrés Lagos (presidente del directorio), Daniel Núñez, Patricio Palma y Jorge Insunza.

Ese directorio de la corporación fue el que decidió pagarle a la Inmobiliaria Libertad $439,7 millones para recuperar los derechos sobre el contrato de leasing por el Campus Libertad. Así, la universidad pagó $70 millones más que cuando le traspasó esos mismos derechos a la inmobiliaria en 2004. Por la inmobiliaria, sancionaron esa operación dos personas que también integraban el directorio de la Corporación ARCIS: Juan Andrés Lagos y Daniel Núñez. El contrato lo firmó el 29 diciembre de 2009 el rector de la ARCIS, Carlos Margotta, quien había reemplazado a Jorge Arrate.

La ARCIS partió 2010 cerrando un contrato con el Banco del Estado por un préstamo de $2.000 millones y cambiando sus estatutos. La modificación estableció que la designación del rector dejaría de ser visada por el Consejo Universitario Superior (CUS), donde estaban representados los tres estamentos: académicos, funcionarios y estudiantes. La decisión quedó en manos del directorio de la Corporación Universidad ARCIS, donde ya tenían mayoría los comunistas.

Durante los meses que siguieron estalló el escándalo que liquidó la relación de Max Marambio con Cuba. El otrora socio del Estado cubano en distintos negocios y amigo personal de Fidel Castro (ver reportaje de CIPER), arrastraba problemas con La Habana al menos desde 2008, cuando Raúl Castro asumió la conducción del régimen y congeló el pago a empresas extranjeras, impidió el retiro de capitales e intervino las sociedades que Marambio tenía en la isla. El Partido Comunista cubano lo acusó de haber aplicado sobreprecios a los alimentos que importaba a través de Río Zaza, la empresa cuya propiedad compartía con el Estado de ese país.

Marambio se defendió y llevo el conflicto a un tribunal de París. Pero en Chile, a contar de ese episodio, comenzó a retirarse progresivamente de la Universidad ARCIS.

SE ABREN LAS PUERTAS AL CAE

El 20 de octubre de 2010, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), encabezada por Luis Eugenio Díaz, acreditó a la Universidad ARCIS por dos años (ver resolución). La CNA estimó que su estructura y organización eran satisfactorias, aunque no veía un compromiso serio para la acreditación de sus carreras. Además, consideró que el proceso de cierre de sedes había sido exitoso y reconoció los avances en rentabilidad, disminución de morosidad, aumento de liquidez y reestructuración del gasto. Eso sí, señaló que la situación financiera “se encuentra en un punto de equilibrio que le impide realizar inversiones, por ejemplo en el área de infraestructura, que sigue siendo precaria”.

Ese año todas las instituciones que se presentaron ante la CNA fueron acreditadas. Díaz hoy se encuentra procesado precisamente por haber vendido de forma fraudulenta acreditaciones a distintas universidades en ese periodo, convirtiéndose en uno de los protagonistas del desplome del sistema que debía custodiar una Educación Superior de calidad (ver reportaje de CIPER). Entonces, nada de eso se sabía y lo único que importaba era que con la acreditación, las puertas de acceso a los millones fiscales del CAE fueron abiertas para la ARCIS.

Desde que Marambio y el PC llegaron en 2004, la matrícula de la ARCIS venía a la baja. Si en 2003 tenía más de 6.830 alumnos, después de la acreditación, en 2011, había apenas 3.404. De ellos, según los datos de la Comisión Ingresa (que administra el CAE), 473 fueron beneficiados con financiamiento estatal, lo que se tradujo en ingresos asegurados por el Estado por casi $745 millones.

La Corporación Universidad ARCIS había recuperado en diciembre de 2009 los derechos sobre el leasing del Campus Libertad. De esa forma, este era el único inmueble que no quedó bajo control de la Inmobiliaria Libertad. En abril de 2011, la corporación modificó ese leasing con el Banco BBVA y lo convirtió en un leasback. La operación fue así: la corporación compró al banco todos los inmuebles que le arrendaba vía leasing y que conformaban el Campus Libertad; luego, los revendió al mismo BBVA, pero a un precio mayor, producto de la valoración de las nuevas edificaciones construidas desde 2001. Todo se finiquitó con un nuevo contrato de arrendamiento con opción de compra, es decir, otro leasing. De esa forma, la corporación obtuvo recursos frescos, manteniendo su opción para recuperar a largo plazo la propiedad del Campus Libertad.

Respecto de los restantes edificios, la universidad aún tenía parte de la propiedad de ellos en su calidad de socia de la Inmobiliaria Libertad (como Corporación Universidad ARCIS). Pero eso cambió en agosto de 2011.  En esa fecha, la universidad y la inmobiliaria firmaron un contrato por el cual la primera reconoció que nunca pagó a la segunda el traspaso de los derechos sobre el leasing del Campus Libertad. Por lo tanto, la universidad aún le adeudaba $439,7 millones a la inmobiliaria. Esa deuda fue pagada con las acciones de la universidad en la misma inmobiliaria, avaluadas en $389 millones. De esta forma, la Corporación Universidad ARCIS saldó su deuda, pero al mismo tiempo perdió la propiedad sobre los inmuebles y dejó de ser accionista de la Inmobiliaria Libertad. Quizás esa fue la razón por la que ese año informó al Mineduc que no tenían vínculos comerciales con empresas relacionadas, a pesar de que, en los hechos, la Inmobiliaria Libertad sí lo era ya que sus dueños seguían siendo los mismos controladores de la corporación y estaban vinculados por contratos de arriendo y otros servicios.

Marcos Barraza

Dos días antes de que se firmara el contrato que repartió las acciones que tenía la Corporación Universidad ARCIS en la Inmobiliaria Libertad, el directorio de esta última se modificó. La presidencia la asumió Marcos Barraza Gómez, actual subsecretario de Previsión Social, quien entonces era director de ICAL. Con Barraza sumaron seis –de un total de siete- los directores ligados al PC o a ICAL.

El control del PC también se reflejó en el gobierno universitario. Cuando en octubre de 2011 la Corporación Universidad ARCIS volvió a cambiar sus estatutos, al menos el 53% de sus socios era del PC. La principal decisión fue remover a Andrés Pascal Allende como secretario general, el que fue reemplazado por el actual diputado Daniel Núñez. Pascal pasó a la nueva vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, encargada de lograr la segunda acreditación en la CNA.

NUEVA REPARTICIÓN DE DIVIDENDOS

A comienzos de 2012, según afirmó Juan Andrés Lagos a La Tercera, el PC ya había tomado la decisión de dejar la universidad. Una decisión que empezaron a evaluar en 2011, cuando estalló la protesta estudiantil. De ser así, allí estaría el origen de algunas decisiones que adoptó la Inmobiliaria Libertad para hacer caja. En marzo de 2012 vendió en 30.616 UF (unos $690,9 millones) el inmueble de Huérfanos 1721 a Inversiones Agua Santa S.A., vinculada a los controladores de la Universidad Bolivariana y del Instituto Profesional Valle Central (ver reportaje de CIPER).

El 28 de noviembre de 2012 la CNA renovó la acreditación a la ARCIS por dos años más (ver resolución). La Comisión Nacional de Acreditación consideró que la sustentabilidad de la ARCIS era aceptable, al menos en el mediano plazo, a pesar de que sus deudas por cobrar presentaban una alta morosidad. Además, señaló que la corporación mantenía “una situación de estrechez y fragilidad económica”.

Lo que sucedió a fines de 2012 puede ser quizás uno de los hechos más cuestionables detectados por CIPER en esta investigación. Sobre todo si es cierto lo que afirmó el dirigente Juan Andrés Lagos, y para esa fecha el PC ya preparaba su salida de la universidad. Porque lo que pasó en esos días en una reunión de accionistas de Inmobiliaria Libertad S.A. es precisamente lo que se entiende por lucro.

El 12 de diciembre de 2012 se reunieron los cuatro socios de Inmobiliaria Libertad S.A. El socio mayor era ONG ICAL, representada por Claudio De Negri Quintana, que con 101 acciones tenía el 50,5% de la propiedad. Ediciones ICAL Ltda., cuyo representante era Marcos Barraza, tenía el 25,5%. Con ambas el PC ya controlaba el 76% de las acciones de la inmobiliaria. Además, el partido ya tenía la mayor parte de Inversiones Salvador S.A., que seguía siendo titular del 23,5%. Y Max Marambio, a través de Nazareno S.A., apenas conservaba una acción, equivalente al 0,5%.

El acta de esa sesión indica que Marcos Barraza, presidente del directorio, partió señalando que la venta de Huérfanos 1721 ya se había concretado. Después, informó que la inmobiliaria “no contempla proyectos de nuevas inversiones propias del giro, por lo que no tiene sentido y carece de justificación mantener en caja sumas superiores al capital de $1.600 millones(*). Con esa justificación, Barraza propuso reducir el patrimonio de la sociedad. Acto seguido, De Negri tomó la palabra en nombre de ONG ICAL y pidió aprobar la propuesta “porque su representada requiere dichos fondos para las actividades propias de su institución”.  Así, se sancionó la segunda repartición de utilidades detectada por CIPER en el manejo de la universidad ARCIS.

Los representantes de las cuatro sociedades presentes procedieron a hacer cuentas para calcular el dividendo a repartir: el Fondo de Revalorización del Capital Social de $502.058.485 más el Fondo de Utilidades Acumuladas de $115.407.086. A ello le restaron la Pérdida del Ejercicio: $77.829.923. El resultado se sumó al monto del capital de la sociedad, lo que arrojó un patrimonio total superior a los $2.139, 6 millones. Como la idea era mantener el capital inicial, el excedente fue de casi $540 millones. Ese fue el monto que los socios se repartieron al acordar que se redujera el patrimonio al capital original.

Después de esa repartición, Max Marambio se retiró de la sociedad.

El ADIÓS DEL PC

La Universidad ARCIS no quedó conforme con los dos años de acreditación que le concedieron en 2012. En abril de 2013 la CNA rechazó su apelación. Poco después, en junio, según explicó un reportaje de La Tercera, los socios de su principal sociedad relacionada, la Inmobiliaria Libertad, vendieron a Tanner Leasing S.A. las sedes de calle Huérfanos 1710, 1724 y 1742, y de Riquelme 240. Fue un leasback: Inmobiliaria Libertad entregó los inmuebles a cambio de $1.050 millones. Una cláusula del contrato es que Tanner le arriende con opción de compra a la ARCIS en cuotas mensuales de 835,76 UF (cerca de $201 millones). Si llega a pagar la cuota número 96, la universidad recuperará el dominio sobre los inmuebles.

La venta a Tanner Leasing marcó el fin de la relación comercial entre la inmobiliaria y la universidad. En esa operación, Inmobiliaria Libertad se desprendió de todos sus bienes raíces. Esa fue la fórmula del PC para liquidar su participación en el rubro de la Educación Superior. Para preparar los últimos pasos de esa retirada, el directorio de la ARCIS, aún encabezado por Juan Andrés Lagos y dominado por miembros del partido, solicitó a la consultora Entrepuertos la elaboración del lapidario diagnóstico financiero ya mencionado. Mientras esperaban los resultados, el PC ya trabajaba en la campaña de Michelle Bachelet como un miembro más de la Nueva Mayoría. Debían apurar su desembarco de la ARCIS: si ganaba Bachelet, prometía una reforma educacional que hacía incompatible que un socio de la alianza de gobierno tuviese propiedad sobre una universidad privada.

(Fuente: www.uarcis.cl)

Cuando el vicerrector de Gestión y Finanzas de la ARCIS, Juan Aramayo, recibió el informe de Entrepuertos, se encontró con resultados desastrosos. “ARCIS carece de sistema integrado de información y gestión, lo que impide conocer los datos reales al interior de la organización”, dice el informe. La crisis fue fielmente retratada por los expertos de Entrepuertos: déficit millonario, deudas elevadísimas -entre ellas US$9 millones por servicios educacionales de posgrado a estudiantes venezolanos- y miles de millones de pesos en activos circulantes que no eran más que pérdidas no declaradas. Tras consultar a los trabajadores de la casa de estudios, los autores del informe dan cuenta de un “generalizado sentimiento de que la estructura actual organizativa dificulta la viabilidad de la universidad”.

Con esa información bajo el brazo, en diciembre pasado renunciaron a la Corporación Universidad ARCIS Juan Andrés Lagos, Jorge Insunza y Daniel Núñez (a esa fecha ya elegido diputado). Cuando en marzo de 2014 Michelle Bachelet entró a La Moneda, hacía ya tres meses que el PC había finiquitado su incursión en el negocio universitario.

Nota de la Redacción: CIPER le pidió en reiteradas oportunidades entrevista a personeros del Partido Comunista, al ex rector René Leal y al actual vicerrector de Gestión y Finanzas de la Universidad ARCIS, Víctor Garrido. En el Partido Comunista recibieron nuestras solicitudes, pero nadie respondió. René Leal rechazó enfático hablar con nuestro equipo y el vicerrector Garrido, si bien en un principio aceptó la entrevista, luego no volvió a responder nuestros llamados.

 

(*N. de la Redacción: en el acta de esa sesión hay un error y en vez de decir $1.600 millones, dice $1.600.000)

CCU cancela plan para instalar mega planta de bebidas y cervezas en Paine

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Los vecinos de Paine están en pie de guerra contra la megaplanta que la CCU pretende instalar en un predio agrícola. Rodrigo Weisner, el abogado que como director de la DGA en 2008 decretó que el acuífero ya no soportaba nuevas extracciones, ahora representa al proyecto que necesita cientos de millones de litros para funcionar. La inversión también es millonaria y tiene al alcalde en una difícil posición, pues en un principio defendió la planta, que se emplazará en el terreno de un empresario que fue uno de los financistas de su campaña.

Entre los varios carteles que cuelgan por las calles de Paine promocionando distintos productos de la zona, se asoma uno que dice: “Preferimos comer sandía que tomar bebida”. En pleno verano, época marcada por la abundante cosecha en los sandiales, la frase bien podría funcionar como un oportuno eslogan para promover el consumo del producto estrella de la zona. Más sana y refrescante, justo cuando el calor no da tregua.

Pero está lejos de ser un llamado amigable. La frase esconde el miedo y la molestia que despierta en muchos vecinos de Paine uno de los proyectos más emblemáticos de la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU): la construcción de una planta de US $300 millones que permitirá sostener el plan de crecimiento con el que la empresa, propiedad de Quiñenco (holding de la familia Luksic) y de la holandesa Heineken, espera doblar su producción de bebestibles a futuro.

Para ello –así se señala en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que la empresa ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)– CCU necesitará extraer de manera intensiva 400 litros por segundo (lt/seg) de agua subterránea. Pero el predio de más de 200 hectáreas donde la compañía quiere construir la planta no sólo se ubica en el corazón agrícola de Paine, sino que se extiende justo encima del acuífero que abastece a toda la comuna y sobre el cual pesa un decreto de restricción de la Dirección General de Aguas (DGA) que prohíbe nuevas extracciones.

Oficinas corporativas de CCU en Vitacura.

Entre los abogados patrocinantes del proyecto de la CCU, que ya fue admitido a trámite por el SEA, figura el ex director de Aguas del gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Weisner. Fue él quien el 24 de septiembre de 2008 firmó el decreto que resolvió el cierre del acuífero de Paine y la imposibilidad de entregar nuevos derechos de aprovechamiento de agua. Ello, con el fin de que las reservas de agua de la comuna no se vieran afectadas.

Los vecinos acusan a la Municipalidad de Paine de actuar con indolencia frente a una amenaza que en poco tiempo, afirman, podría significar la debacle de la comuna. El alcalde, Diego Vergara (RN), ha cultivado fuertes vínculos con Gerardo Arteaga, dueño del predio agrícola pretendido por la CCU y por el que el empresario ya firmó con la cervecera un compromiso de compra-venta. En 2012 la relación entre Vergara y Arteaga se estrechó aún más luego de que el empresario ayudara a financiar la campaña que lo llevó al sillón edilicio por segunda vez.

La pugna de los vecinos de Paine con CCU se suma a la creciente lista de conflictos por agua que actualmente existen en Chile, agudizados por la prolongada sequía que vive el país pero, en muchos casos, originados por la permisiva y arbitraria legislación que por más de 30 años ha regulado la gestión de los recursos hídricos con resultados nefastos para diversas zonas del territorio nacional.

UN AMBICIOSO PLAN DE CRECIMIENTO

El 18 de junio de 2013 llegaron al edificio de la CCU en Vitacura 2670 los accionistas principales y altos ejecutivos de la compañía para discutir un contundente aumento de capital por $340.000 millones. Los aumentos de capital en la CCU no son frecuentes. El último ocurrió en 1996 y fue por casi $100.000 millones. A esta junta extraordinaria no llegó el actual presidente del directorio de la cervecera, Andrónico Luksic Craig.

El gerente de administración y finanzas, Ricardo Reyes, fue quien dio a conocer al resto de los asistentes la necesidad de contar con esos fondos para impulsar la estrategia de crecimiento de la compañía.

“Para enfrentar el crecimiento orgánico, la sociedad contempla un plan de inversiones para 2013-2016 por un monto en torno a los 600 mil millones de pesos. Entre el 2017 y 2020, un monto aproximado de otros 600 mil millones de pesos”. Tras la exposición de Reyes, la junta aprobó el aumento. Así consta en las actas de esa sesión.

El 9 de septiembre, CCU informó a sus accionistas que había suscrito un contrato de promesa de compra-venta con una validez de dos años “para la adquisición de un terreno de hasta 240 hectáreas dentro de la Región Metropolitana, a 45 kilómetros de Santiago”. No informó el lugar, limitándose a señalar que la “posible adquisición busca sustentar el crecimiento futuro de las distintas unidades de negocio de CCU” (ver documento).

Por “posible adquisición” se refería al Fundo Amalia –de propiedad del agricultor y empresario Gerardo Arteaga–, un inmenso paño de tierra ubicado en el corazón agrícola de Paine. Y por “crecimiento futuro”, a la construcción de una mega planta de 50 hectáreas que les permita para el año 2013 añadir 15 millones de hectolitros (1 hectolitro=100 litros) a su línea de producción de bebidas y cervezas que actualmente alcanza los 19 millones de hectolitros anuales.

Los planes de crecimiento de la CCU van a requerir de agua. Por cada litro de bebestible, se necesitan 4.72 litros del recurso, según declara en su reporte de sustentabilidad 2012. CCU necesitará extraer 400 litros por segundo del agua subterránea disponible en la comuna de manera intensiva, según se desprende de la declaración de impacto ambiental que presentó el 16 de septiembre.

LA GUERRA POR EL AGUA

Hace cinco años, Juan Rodríguez Leiva (53 años) extraía agua de su pozo a menos de dos metros de profundidad. Su hectárea y media de tierra se ubica dos kilómetros al sur del Fundo Amalia. “En la década de los ’70 el agua afloraba a la superficie y teníamos que cultivar en la ladera del cerro”, señala. Fue por eso que en 2003 el Servicio Nacional de Geología y Minería decretó la vulnerabilidad del acuífero de Paine: el agua de las napas estaba tan cerca de la superficie que corría el riesgo de ser infiltrada fácilmente con contaminantes.

Hoy Juan obtiene agua sólo a partir de los seis o siete metros de profundidad. La recarga de su pozo, además es mucho más lenta. La mitad de su pequeño predio está seco y de la otra mitad logra sacar a duras penas algunos choclos, tomates y porotos. “El rey del poroto verde”, como dice que se le conoce en la feria libre de Buin, debe comprar mucho de lo que vende en la Central de Abastecimiento de Lo Valledor. “Nos vienen a robar el agua, esa es la palabra indicada. Nosotros vamos a dar la lucha hasta el final”, dice Juan en representación de 80 pequeños agricultores que ya padecen los efectos de la prolongada sequía que afecta a la zona.

Juan Rodríguez muestra el descenso de agua en su pozo.

El 4 de enero pasado centenares de paininos bloquearon la Ruta 5 Sur para protestar contra el proyecto. Los medios cubrieron profusamente el episodio y CCU tuvo que salir al paso. “El agua que va a usar el proyecto, si se aprueba, va a ser no más allá del 2% del acuífero Santiago Sur, sector Buin y Paine. El proyecto considera una extracción de agua ínfima que no tiene ninguna repercusión en el resto de la gente”, señaló ese día a la prensa el abogado de la empresa, Rodrigo Weisner. Sobre agua Weisner sabe mucho. Trabajó 12 años en el Ministerio de Obras Públicas y en 2006 fue nombrado director de la Dirección General de Aguas (DGA), cargo que mantuvo hasta marzo de 2010.

Tras su salida de la DGA, Weisner fue reclutado por el conocido estudio Puga y Ortiz, para fortalecer el área ambiental y de derechos de agua.  Desde allí, el abogado ha defendido al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma (DC), a quien se le ha acusado públicamente de usurpación de agua en la comuna de Petorca, una de las más azotadas por la escasez hídrica en el país.

Hasta hace unas semanas, defendió también a la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, organismo que se opone desde hace algunos años al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en la cuenca del río del mismo nombre. Para los miembros de la coordinadora, el buen trabajo de Weisner –tal como lo califican– se hizo incompatible con la defensa de sus intereses tras decidir representar al proyecto de la CCU en Paine. Esto, luego de que en agosto de 2013 el grupo Luksic, del que CCU es filial, se hiciera del 40% de la propiedad del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

EL GIRO DE WEISNER

Cumpliendo su rol directivo en la DGA, el 24 de septiembre de 2008 Weisner firmó la resolución Nº 276 decretando el cierre del acuífero de Paine para nuevas extracciones de agua (ver resolución). El informe técnico Nº 168, elaborado por expertos de la misma DGA en abril de 2007 –y que también lleva la firma de Weisner–, fundamentó su decisión: “De los antecedentes existentes se concluye que la explotación presente en el sector hidrológico de aprovechamiento común de Paine, supera con creces la demanda estimada, por ello se considera que no es prudente otorgar derechos provisionales, con objeto de garantizar que la explotación del respectivo sector sea la apropiada para la protección y conservación en el largo plazo” (ver informe).

En 2011 la misma decisión cayó sobre el acuífero de Buin, que también quedó cerrado para la entrega de derechos y nuevas extracciones.

Cuando la resolución Nº 276 entró en vigencia, el total de derechos de agua entregados a particulares por la DGA sobre el acuífero de Paine ascendía a 1.638 lt/seg. En el caso del de Buin, los derechos ascendían a 8.020 lt/seg. A diferencia de lo que sucede con la minería y otras industrias, al ser derechos entregados mayormente a pequeños y medianos agricultores, su uso no es intensivo, por lo que la demanda real es muy inferior al total de litros consignados en el papel y entregados como derechos.

Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.

En efecto, el mismo informe técnico estableció que la demanda real de extracción de agua sobre los acuíferos de Paine y de Buin ascendía a 387 lt/seg y a 2.897 lt/seg respectivamente. Tomando en cuenta la capacidad de recarga de ambos acuíferos y el consumo de agua vigente, se estableció que para evitar la afectación sobre aguas subterráneas y superficiales, la demanda máxima sustentable sobre ambos acuíferos no debía sobrepasar el uso comprometido para entonces. Cualquier extracción por sobre los 387 lt/seg (12.191.818 m³/año) en Paine o los 2.897 lt/seg (90.640.771 m³/año) en Buin impactaría negativamente el equilibrio existente.

Ese es el escenario hídrico en el cual intervendrá la CCU con su nuevo proyecto. La declaración de impacto ambiental de la empresa señala que el proyecto necesitará de 400 lt/seg de agua para sustentar sus procesos productivos. “Se necesitará contar con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas por un caudal de 400 lt/seg”, se señala en uno de los anexos. Otro documento (anexo 2.6) confirma la cifra, fijando el caudal de operación en “400 lt/seg acumulados en seis estanques” de tratamiento. Se señala además que el proyecto “obtendrá derechos de aprovechamiento de agua por la vía de compra de derechos” y que el proyecto una vez entre en completo funcionamiento sólo ocupará “el 4.71% de los litros disponibles en ambos acuíferos”.

Lo que ese documento no especifica con claridad es que los 400 lt/seg que la CCU debe comprar para hacer operativo su proceso productivo serán puestos en uso intensivo, lo que generaría un estrés adicional a la demanda ya existente. Tampoco que el cálculo de impacto (4.71%) sobre la disponibilidad de los acuíferos se estaba haciendo sobre “el agua de papel” –la suma total de litros entregados en forma de derechos a particulares (1.638 y 8.020 lt/seg en Paine y Buin, respectivamente)– y no sobre las cotas máximas de extracción sustentable establecidas por la misma DGA en el estudio que visó el entonces director de la institución y actual abogado de la CCU.

Con estas cifras sobre la mesa, el porcentaje de impacto sobre los acuíferos es casi tres veces mayor al porcentaje presentado en la declaración.

En entrevista con CIPER, representantes de CCU atenuaron las cifras expuestas en el proyecto. El gerente de Ingeniería de CCU, Francisco Rodríguez, señaló que nunca afirmaron que esos 400 lt/seg correspondían a la cantidad real de agua que se necesitaba. “Estábamos en periodo de ajuste. Nosotros decíamos que en el peor de los casos ocuparíamos 400 lt/seg, que eso era lo que íbamos a comprar. Sin embargo, en el mes de máxima producción lo que vamos a utilizar son 250 lt/seg y 129 lt/seg como promedio anual. Eso equivale al 1.3% de la disponibilidad del acuífero”. Al igual como sucede con la DIA, el cálculo de Rodríguez se basa en el total de litros por segundo entregados como derechos (el agua de papel) y no sobre el total de extracción real establecido por el informe de 2007 de la DGA.

Frente a ese hecho, Weisner señala que el agua que ocupará el proyecto será extraída de un acuífero confinado –independiente del sistema hidrológico de la zona–, ubicado a 170 metros de profundidad, por lo que no afectará a terceros. “Lo que importa son las cifras anuales. Según el estudio de la DGA lo sustentable son como 110 millones de m3 al año [NdR: 102.832.589 m3 es la suma del máximo de extracción sustentable anual de los acuíferos Paine y Buin según la DGA]. Si se aprueba el proyecto nosotros utilizaremos sólo 4 millones de m3. Eso es lo que finalmente importa para efectos del balance”, señaló el abogado, contradiciendo las cifras de impacto entregadas por el ingeniero de la CCU.

LA RESERVADA GESTIÓN DE LA CCU

El martes 17 de septiembre de 2013, Elizabeth Lazo (60 años, técnico paramédico) entró a internet para leer la prensa, como todos los días. En medio de la agenda noticiosa copada por los 40 años del Golpe y la inminente celebración de fiestas patrias, detectó una pequeña nota en La Tercera. “Planta de CCU costará US $300 millones y se ubicará en Paine”, decía el titular.

El proyecto llegó a la prensa un día después de que fuera ingresado en el SEA. Pero pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de los paininos, que ya se preparaban para celebrar. Hasta entonces, Elisabeth no sabía qué era un hectolitro. Tomó la calculadora y sacó cuentas. Le apareció una cifra interminable. Eran miles de millones de litros de bebestible los que la CCU proyectaba producir con la instalación de su nueva planta en Paine. Y para ello necesitaba agua en una proporción casi cinco veces mayor que aquella estratosférica cifra.

“Le pregunté directamente al alcalde Diego Vergara sobre el emplazamiento de la planta. No sé, fue su respuesta encogiéndose de hombros. Por allá cerca de unos cerros, me dijo después”, cuenta Elizabeth. Por entonces, la municipalidad ya había incluido la noticia en su página web, anunciando la llegada de más de mil nuevos empleos a Paine.

Calles de Paine.

Lo otro que le sorprendió es que el proyecto fuera ingresado como una declaración de impacto ambiental (DIA) y no como un estudio de impacto ambiental (EIA). La Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente indica en el artículo 11 letra b que si un proyecto “presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables incluidos el suelo, el agua o el aire”, deberá ser ingresado como estudio y no como una declaración. A diferencia del EIA, la DIA no exige la realización de estudios de línea base ni de mitigación para compensar los daños que la actividad pudiese producir. Tampoco considera la obligatoriedad de abrir un proceso de consulta ciudadana.

La autoridad ambiental consideró que el proyecto no presentaba riesgos significativos ni efectos adversos sobre los recursos naturales renovables y declaró admisible la DIA de la CCU (ver documento). El 24 de septiembre –y asesorados por la consultora Sustentable S.A. que cuenta con más de 150 proyectos aprobados en el SEA–, la compañía cosechó su primera victoria.

Aunque no sea mandatoria, las declaraciones de impacto ambiental pueden admitir una instancia de participación ciudadana si es que en un plazo no superior a 10 días desde la publicación de un extracto del proyecto en el Diario Oficial, al menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica o 10 personas naturales directamente afectadas la pidan formalmente en las oficinas del servicio.

A las 17.00 del 15 de octubre, día en que expiraba el plazo para solicitar la consulta ciudadana, nadie se había presentado en las oficinas del SEA. Media hora después llegó a las dependencias del organismo un puñado de dirigentes con las firmas bajo el brazo. “Nos enteramos el último día que podíamos solicitar formalmente nuestra participación en el proyecto y hacer observaciones”, cuenta Elisabeth. A las 18.30 horas el trámite estaba hecho y las oficinas cerradas.

Hasta entonces, el alcalde Diego Vergara no se había pronunciado sobre el proyecto frente a la comunidad, que le pedía aclarar su postura. Días antes, el 25 de septiembre, la municipalidad había recibido la notificación del SEA para que, de acuerdo a sus atribuciones, evaluara si el proyecto se ajustaba a la normativa ambiental. Justo un mes después, la municipalidad envió diez observaciones, pidiendo algunas aclaraciones y condicionando su pronunciamiento a que el titular del proyecto respondiera satisfactoriamente a ellas. Entre las observaciones se encontraba el dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcción y al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana. La municipalidad pidió, además, que de existir medidas de compensación, se le entregara a la municipalidad “terrenos para la implementación de áreas verdes”.

El 18 de noviembre los vecinos convocaron a una asamblea para aunar criterios e ir recopilando las observaciones que presentarían el 8 de enero de este año. Llegaron más de 200 personas. Se cursó invitación también al alcalde, a quien le pidieron nuevamente que se pronunciara. Pero no lo hizo y tuvo que retirarse de la reunión.

El 20 de noviembre la presión era insostenible. Ese mismo día Vergara publicó en la cuenta de Twitter del municipio: “Si es en Paine se tiene que hacer bien”. El 4 de diciembre contestó por la misma vía a una interpelación en la que se le acusaba de apoyar el proyecto, señalando que “la municipalidad de Paine está en contra”.

¿Por qué después de dos meses y medio de ingresado al SEA el alcalde recién se pronunciaba frente a la comunidad sobre el proyecto? ¿Por qué cambió de postura?, son las preguntas que se hacen los paininos.

Diego Vergara, tal como contó a CIPER (ver recuadro), ha forjado estrechos vínculos con Gerardo Arteaga, propietario del Fundo Amalia y lugar donde la CCU proyecta instalarse. El alcalde reconoce una relación de muchos años con el empresario y además que recibió dinero de su bolsillo para financiar su campaña al sillón edilicio. Insiste, sin embargo, en que ello nunca ha comprometido sus decisiones y que la contribución a su candidatura fue marginal. Según datos del Servicio Electoral (Servel) la campaña de Vergara para llegar a la alcaldía costó $9.286.064. Sin embargo, no se registran aportes hechos por terceros. La donación no aparece en ninguna parte, pese a que la Ley Nº 19.884 sobre transparencia, límite y control de gasto electoral es clara al señalar que toda contribución privada debe ser entregada bajo la modalidad de aporte anónimo o reservado, aunque los donantes tienen el derecho a pedir que se consigne su identidad. No queda claro de qué manera Arteaga hizo llegar su aporte al entonces candidato. Los datos del Servel indican que se hizo fuera de norma y en completa informalidad.

El 8 de enero pasado, la comunidad de Paine hizo entrega al SEA de un extenso pliego de observaciones a la declaración de impacto ambiental ingresada por la CCU en septiembre. En el proceso participaron 250 vecinos. Al SEA también llegó el alcalde.

Varias semanas antes de que las observaciones ciudadanas fuesen ingresadas al organismo, CCU pidió al SEA ampliar el plazo para responder adecuadamente a las observaciones realizadas por los organismos competentes que participan de la evaluación. Aún no llegaban a sus manos las observaciones ciudadanas que también debe responder. El 2 de abril de 2014, CCU deberá enviar al servicio ambiental sus aclaraciones y respuestas a todas las observaciones realizadas. La CCU no descarta pedir una nueva extensión del plazo en vista de la enorme cantidad de observaciones que deben ser aclaradas.

EL FUNDO AMALIA Y LOS NEGOCIOS DE ARTEAGA

Vista del Fundo Amalia desde la Ruta 79.

A mediados de 1980, Gerardo Arteaga Oehninger comenzó a producir a gran escala en el Fundo Amalia, actividad que tomó impulso tras la creación en 1987 de la sociedad “Agrícola Amalia de Paine Limitada” constituida con un capital de $100.000. Por esos años, el fundo contaba con 7.224 árboles de durazno plantados, 6.015 ciruelos y 16.300 plantas de uva. Desde la Ruta 79 –conocida como el “Acceso sur” de Santiago y con la cual colinda el gigantesco terreno de Arteaga– se divisan a simple vista vastos paños de tierra cultivada con los mismos frutales.

Con la creación de nuevas sociedades agrícolas, Arteaga fue consolidando su posición como agricultor y como uno de los grandes exportadores de productos premium de Paine.

Pero este no es el único rubro del que Arteaga participa. A fines de los ’70 creó la “Administradora de Parques de Entretención Limitada” con la que inició la importación de juegos mecánicos de entretención: autitos chocadores, montañas rusas, botes, trencitos y otros. Nacían el ya extinto Mundo Mágico y Fantasilandia, que hoy que funciona en un terreno concesionado por la Municipalidad de Santiago hasta el 2022.

En una entrevista dada a El Mercurio el 19 de enero pasado, Arteaga contó que en caso que no se renueve la concesión del terreno, posee otro de 40 hectáreas que podría utilizar para continuar con el negocio que ya tiene 36 años y que factura anualmente alrededor de $6.000 millones.

Antes de que el artículo de El Mercurio saliera publicado, algunos vecinos de Paine ya especulaban con que una parte del terreno del Fundo Amalia sería destinado a la instalación de un parque de diversiones. CIPER se comunicó con el empresario para conversar sobre sus proyectos, pero no recibió respuesta.

Para algunos paininos, la CCU será la punta de lanza para una progresiva industrialización de la zona que partirá justo en el corazón de la comuna y que no sólo podría dejarlos sin agua, sino que terminar por cambiar la fisonomía de Paine.

ALCALDE DE PAINE: “NOS COSTÓ DIGERIR EL TEMA”

Diego Vergara, alcalde de Paine.

¿Cuál es su postura respecto al proyecto?

Estamos complicados como municipalidad por la envergadura del proyecto y la forma en que lo está percibiendo la comunidad y la municipalidad. Cuando llega una empresa de este tamaño, la planta mide 50 hectáreas, no sé cuántos miles litros de cerveza, 300 millones de dólares, miles de litros de bebida diarios, esto hay que tomarlo con mucha cautela y tiene que hacerse bien.

¿Por qué cambió de opinión respecto de esta inversión?

Porque no teníamos todos los antecedentes, no teníamos los datos de la declaración de impacto ambiental. No tenemos un cambio de opinión tampoco.

La CCU publicó la noticia de su instalación en Paine en El Mercurio. Cuando llega un nuevo proyecto a la comuna cualquier alcalde queda contento. Así como ha llegado Wenco, Hewlett Packard y otras empresas a Paine, dijimos “una más, qué bueno que venga una más”.

¿Cuándo cambió de opinión entonces?

Luego al ver que se publicaba la DIA y las cifras que involucraba el proyecto, nos preocupamos. No es que nos echemos para atrás, sólo vimos las cifras.

La municipalidad no actuó antes de que se acabara el plazo para pedir una instancia de consulta ciudadana…

Sí, desconocimiento. Nosotros también tenemos observaciones importantes al proyecto. Cuesta digerir este tema.

Si los vecinos de Paine no llegan el último día a pedir la instancia de participación ciudadana en el SEA, no hubiesen podido hacer sus observaciones.

No.

En vista de su oposición al proyecto, ¿Por qué no lo hizo la municipalidad?

Hay que ser bien realista, hasta ese momento la veíamos como una empresa más que se instalaba en Paine.

Pero los datos que hablaban de la magnitud del proyecto ya eran públicos.

La ciudadanía también lo hace a uno reaccionar y estamos reaccionando desde esa fecha y hemos presentado nuestras observaciones. Lento, nos pusimos lentos. Teníamos el convencimiento de que las empresas traen desarrollo, pero ésta significa un atropello al mundo agrícola.

¿Es Amalia uno de los mejores predios de Paine?

Es uno de los predios que tiene más tecnología en la zona, uno de los más trabajados para producir agrícolamente. Mi papá fue parte de esa sociedad y vio el crecimiento de ese fundo.

¿Tiene algún tipo de conflicto de interés con el proyecto CCU por su cercanía con Gerardo Arteaga, dueño del Fundo Amalia?

No tengo conflicto de interés. Lo conozco desde hace mucho tiempo y créeme que nos hemos distanciado con esto.

Se lo pregunto porque hay una promesa de compra y venta entre él y la CCU.

Esto ha sido lo difícil del asunto, ver que gente cercana se transforma ahora en “enemigo”.

¿Financió Gerardo Arteaga su campaña?

Sí, pero un financiamiento muy chiquitito. Un tema no notorio. Muchos empresarios pusieron un poquito y él fue uno, pero en forma muy somera, dentro de lo normal.

 

 

El oscuro historial mexicano de las empresas concesionarias del Hospital del Salvador

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En apenas diez días y a sólo dos meses de que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, se firmó en enero pasado la resolución que decidió el destino del nuevo Hospital del Salvador y de los US$679 millones que, según los últimos cálculos, pagará el Estado por los estudios previos, la edificación y equipamiento bajo la modalidad de concesión a privados. La millonaria inversión para levantar los 165.948 metros cuadrados que involucra el proyecto, resulta US$ 185 millones más caro que si el Estado lo hiciera con fondos fiscales. La concesión fue adjudicada al Consorcio de Salud Santiago Oriente, conformado por una empresa chilena (Cosal), una española (Assignia Infraestructuras) y otra sociedad mexicana (GIA+A).

Al rechazo que provocó esta licitación entre los funcionarios del hospital que paralizaron 28 días, se suma un nuevo frente de problemas. Ni los sindicatos ni los ministerios repararon en que las dos empresas extranjeras -Assignia y GIA+A- enfrentan graves problemas en México por la pésima gestión que llevan a cabo en el Hospital de Ixtapaluca, uno de los más importantes construidos en los últimos años bajo la misma modalidad de concesión en ese país. De allí que resulte extraño que siendo públicas las acusaciones por la mala atención a los pacientes, la falta de medicamentos y el despido arbitrario de personal que actualmente remecen a ese establecimiento, situado a 30 kilómetros de la capital mexicana, se haya entregado en Chile a las mismas empresas una obra de esa envergadura.

LA CONEXION CON MEXICO

CIPER indagó las denuncias sobre la gestión en el Hospital Regional de Alta Resolución de Ixtapaluca, inaugurado en 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, quien en su discurso se enorgulleció de la obra destinada a atender a los habitantes más modestos de ese municipio.

Hospital de Alta Resolución de Ixtapaluca

El modelo de concesión hospitalaria es reciente en México. Partió con los gobiernos del PAN (Vicente Fox y Felipe Calderón) y ha sido bien recibido por el actual Presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, cuya secretaria de Salud (ministra) Mercedes Juan López recibe críticas de la oposición de izquierda por profundizar la privatización hospitalaria, acusaciones que se mezclan con denuncias de corrupción con fondos de salud en varios estados mexicanos, donde los hospitales funcionan de caja pagadora política afectando la atención a los pacientes. La misma Mercedes Juan reconoció este año que en Tabasco y Morelos había déficit de insumos médicos debido a desfalcos.

Ixtapaluca, en la lengua indígena, significa “lugar donde se moja la sal” y al parecer el gran proyecto de Calderón se está haciendo “sal en el agua”. Así lo asegura desde la capital mexicana el director de la revista Imagen Médica, Valentín Cardona Sosa, quien publicó dos artículos apuntando a las inoperancias y conflictos desatados en el hospital, cuyo contrato de concesión por 25 años incluyó construir seis edificios de cuatro pisos, con un total de 246 camas.

El pasado 1 de agosto ocurrió algo inesperado. En el Diario Oficial de México se publicó el aviso que modifica los estatutos del hospital y le añade la atención de “segundo nivel” (enfermedades de menor complejidad), lo que implicará un aumento del personal y una mayor demanda de pacientes.

La descripción que hace Valentín Cardona Sosa en la revista Imagen Médica sobre el hospital de Ixtapaluca es devastadora: dos años después de abrir ”no se ocupa ni al 10% de su capacidad, carece de insumos, de medicamentos y de personal y mucho menos sirve para atender a la gente más pobre del país. Es un negocio para unos cuantos”, asegura. Y comenta que el reciente agregado de atención de “segundo nivel” es para atraer más pacientes. “Esto es el fracaso de la concepción del hospital y están buscando darle utilidad a ese elefante blanco que cuesta una fortuna mensual a los mexicanos”, comentó a CIPER.

Mercedes Juan López

En México hay un creciente debate de expertos sobre las concesiones hospitalarias. El académico de la Universidad  Autónoma Metropolitana (UAM) y doctor en Economía, Diego Leal Fernández, comentó a CIPER que este tipo de asociación público-privada mexicana “confirma que las nuevas joyas resultan más caras que si el Estado las hubiera levantado. ¿Y quién termina pagando? El ciudadano elector vía sus impuestos”. (Vea una columna de Gustavo Leal).

En el Hospital de Ixtapaluca la relación laboral también se ha resentido y falta personal capacitado: “El acoso laboral y el hostigamiento son una constante, muchos han tenido que renunciar. Y en materia de medicamentos e insumos todas las áreas atraviesan por momentos muy críticos, por ejemplo, no hay soluciones parenterales (preparaciones que mezclan suero con otro medicamento) ni soluciones salinas (el suero típico) ni catéteres periféricos ni material de curación. Los trabajadores calculan estar en un abastecimiento del 30%, cuando mucho”, agrega Cardona.

Las acusaciones apuntan a que hay vacíos en el contrato, pues el concesionario, el ministerio y la dirección médica del hospital literalmente se “pasan la pelota” a la hora de establecer a quién le corresponde comprar determinados insumos (jeringas y gasas, entre otros) y demoran los tratamientos a los pacientes, según cuentan funcionarios del hospital.

En todo caso las críticas no han llegado al mundo de los negocios, donde la evaluación económica sobre el Hospital de Ixtapaluca es positiva.  (Vea el informe de la clasificadora de riesgos Fitch Ratings).

GIA,  ASSIGNIA Y SUS RELACIONES CON POLITICOS

Carlos Salinas de Gortari

La constructora GIA+A es controlada por Hipólito Gerard Rivero, quien se convirtió en cuñado del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (PRI), cuando éste se casó con su hermana Ana Paula Gerard. Se ubica entre las 12 constructoras más importantes del país, según un artículo del sitio mexicano de noticias económicas milenio.com. Recientemente levantó el edificio corporativo de Walmart en México y en 2013 finalizó un centro penitenciario en Oaxaca.

Entre sus especialidades está el ámbito de arquitectura de interiores, donde registra una lista de selectos clientes, como Metlife, Barclays, HSBC, Microsoft y Apple.

La relación familiar entre los Gerard y Carlos Salinas de Gortari -quien vive entre Irlanda y México- ha hecho recordar en los medios aztecas el halo de corrupción que rodea al ex mandatario del PRI y a sus cercanos. Incluso, el ex presidente Miguel de la Madrid dijo en 2009 que Carlos Salinas había robado fondos reservados del país y amparado a su familia en negocios ilícitos, incluyendo  a su hermano Raúl en el narcotráfico, aunque ningún Salinas de Gortari ha sido condenado. (Vea la entrevista a De la Madrid).

Susana Monje (Fuente: FC Barcelona)

Assignia Infraestructuras es una filial del grupo español Essentium, cuya cabeza es Susana Monje (42) quien además es tesorera del Club de Fútbol Barcelona. La compañía que fundó su padre ha tenido un fuerte crecimiento internacional, con presencia en 40 países, y en América ha clavado sus negocios más importantes de construcción y energía en Brasil y México. Pero la mala noticia es que Monje es investigada por presunto lavado de activos vinculados con el desaforado diputado catalán Oriol Pujol, por tráfico de influencias, hijo de Jordi Pujol, el legendario líder de CiU que hace pocos días reconoció haber mantenido más de 33 millones de euros ocultos en un paraíso fiscal (Andorra), desatando un escándalo en Cataluña.

La empresa de Monje también ha sido apuntada por artículos de la prensa de Colombia que la acusan de “abandono de obras”. (Vea un reportaje de eltiempo.com y otro de elinformador.com)

EL SOCIO CHILENO

El nombre de Samuel Levy nada dice al ciudadano común, salvo en la Comunidad Israelita Sefaradí, de la cual es segundo vicepresidente. Sin embargo, quienes circulan bajo el paso a nivel de Los Leones o los que asisten al Estadio Monumental y los que se divierten en el Polideportivo Arena de Puerto Montt están haciendo uso de obras que levantó su Constructora Cosal o alguna de las sociedades en la que está ramificado su imperio de hormigón. La más reciente de sus sociedades es la que construirá y operará el Hospital del Salvador con sus socios mexicanos y españoles. (Ver recuadro de sociedades de Samuel Levy).

En 1975 fundó la constructora Cosal y bajo ese alero ha realizado más de mil edificaciones por US$1.500 millones, según informa la propia empresa en su web. En los últimos años incursionó en las concesiones de obras públicas para aeropuertos, junto a una compañía suiza. Pero Cosal también se ha visto involucrada en varios juicios con el Fisco, la mayoría de ellos originados por multas debido a supuestos atrasos. El caso más delicado es la investigación aún abierta del Ministerio Público sobre cómo consiguió quedarse con la construcción de cinco de seis importantes edificios de tribunales, sin licitación pública.

Samuel Levy Bonveniste (Fuente: Shalom.cl)

Las revelaciones sobre la forma en que se adjudicó la edificación, en 2011, implicaron la caída del entonces ejecutivo máximo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Miguel Sánchez, y de Gonzalo Díaz, uno de sus principales subalternos. Ambos fueron querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunto fraude al fisco. Levy es investigado en calidad de imputado, pero no ha sido querellado ni formalizado y en la Fiscalía se comenta que ha tenido una actitud colaborativa con la investigación.

Las indagatorias las lleva desde 2011 la fiscal jefe adjunta de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, quien dijo a CIPER que proyecta que hacia fines de año culminarán las pesquisas y se definirá si el caso prospera o no. Durante este largo periodo se han realizado, asegura, múltiples diligencias para detectar si hubo enriquecimiento ilícito y si para ello existieron vínculos con la empresa.

El caso estalló cuando CNN Chile reveló una grabación en la que el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, expresaba su parecer contrario a que las posibles irregularidades en la construcción de los edificios en San Antonio, Limache, Iquique, Buin y Peñaflor, fueran investigadas por el Ministerio Público. Para Juica, se trataba de un tema administrativo y no penal. Sin embargo, tras el revuelo que causó la grabación, la misma Corte Suprema entregó los antecedentes a la Fiscalía Nacional.

Entre las diligencias importantes que restan para cerrar la investigación, está tomar declaración a los ministros de la Corte Suprema, aunque la fiscal no explicó si es eso precisamente lo que ha demorado su cierre.

La fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado han trabajado cooperativamente, dice Chong. Lo primero que hicieron fue un análisis jurídico que arrojó que la corporación no estaba legalmente obligada a licitar la construcción, por lo que el único delito perseguible es la sospecha de “coimas”.

Las investigaciones partieron por chequear si había algún familiar de los querellados trabajando en la constructora. “Se ha realizado todo el cerco posible”, explica la fiscal sobre las indagatorias: mediante orden judicial se revisaron los mails de la empresa y de los ex funcionarios de la CAPJ, también el tráfico de llamadas telefónicas y se levantó el secreto bancario. Además, se revisó documentación contable de la constructora.

Los querellados, cuenta Chong, niegan que hubo coimas de por medio y explican que la razón para no licitar fue que había apuro del Poder Judicial para construir los edificios y que ya se había trabajado antes con la empresa de Levy. A su vez, el empresario -que ha sido interrogado en más de una ocasión- argumenta que su constructora ya había efectuado el trabajo de planos de los inmuebles de la CAPJ.

Para ser admitido como oferente en la concesión del Hospital del Salvador, Cosal no podía tener litigios pendientes con el Fisco. Este año, en el periodo en que la Contraloría General de la República tramitaba la “toma de razón” del contrato de concesión del hospital, se cerraron tres litigios que Cosal mantenía con el Fisco. En el primero, la empresa se desistió de apelar ante la Corte de Apelaciones de Arica por una multa del Servicio de Salud local cursada por atraso en la edificación de un centro de atención. En el segundo, la Contraloría  rechazó un recurso de Cosal contra el Serviu por una multa de $83 millones debido a retrasos en la construcción de un corredor del Transantiago. Por último, fue archivada la denuncia de Sernapesca contra Cosal por extracción ilegal de áridos en el río Cautín (Región de la Araucanía), que causó mortandad de peces en 2012.

EL LARGO ROUND DEL SALVADOR

El plan de 12 hospitales concesionados que dejaron los ministerios de Obras Públicas y Salud de la administración anterior (valorizado en US$2.206 millones en construcciones) estalló como una bomba de tiempo apenas se instaló el gobierno de Michelle Bachelet, que ordenó suspenderlo.

La nueva administración retiró de Contraloría el proceso de concesión del Hospital Sótero del Río y congeló la venta de las bases de licitación de los centros asistenciales de Quillota, Marga-Marga, Linares, Chillán y Curicó. En el caso del proyectado Hospital de Puente Alto, ni siquiera se alcanzó a poner en marcha su proceso de concesión. Pero no se pudo echar pie atrás en la concesión de los hospitales del Salvador ni Félix Bulnes, las que ya habían completado el trámite de “toma de razón” en la Contraloría. En los casos de La Florida, Maipú y Antofagasta, las concesiones ya estaban en ejecución (vea un cuadro de las doce concesiones hospitalarias).

La revisión ordenada por el gobierno, elevó las expectativas de los gremios de la salud que exigieron incorporar los hospitales del Salvador y Félix Bulnes en el paquete de concesiones congeladas. La reacción más dura fue la de los funcionarios del Salvador que realizaron un paro de 28 días, dejaron de atender 10 mil consultas y suspendieron cerca de mil cirugías programadas durante julio para exigir que se anule el contrato de concesión por 15 años ya adjudicado al consorcio de Cosal, GIA+A y Assignia. Pero deshacer el acuerdo podría costar al fisco un centenar de millones de dólares sólo para compensar al consorcio, el que tiene la sartén por el mango gracias a un contrato ya firmado por el Estado y visado por la Contraloría.

A las puertas de que esta semana terminen las negociaciones entre el gobierno y los funcionarios del Salvador, todo indica que el Ministerio de Salud no accederá a la demanda gremial, pues argumenta que no tiene presupuesto para invertir en el nuevo hospital. Para acercar posiciones, los representantes de la secretaría de Estado han planteado en la mesa de diálogo una alternativa intermedia: modificar el contrato con el consorcio para incluir un inspector sanitario que fiscalice al concesionario. No obstante, aquello podría significar más gasto de dineros públicos, aunque nadie se atreve por ahora a cuantificarlo.

A su vez, los trabajadores prepararon una contraoferta: no construir un nuevo hospital, sino restaurar el actual, agregando algunas edificaciones de menor tamaño, lo que ahorraría al fisco cerca de US$300 millones, incluso pagando la compensación al concesionario. Si el Ministerio de Salud lo rechaza, los gremios tendrán que decidir entre aceptar la propuesta gubernamental o reiniciar el paro.

Las negociaciones han sido cordiales, aunque no exentas de dramatismo, como las lágrimas de algunas dirigentas en la reunión del miércoles 13 de agosto al argumentar contra la concesión, pues rechazan entregar el hospital a privados. En todo caso, la mayoría de los servicios no médicos de dicho hospital ya están externalizados a particulares, salvo la logística (transporte) y parte de la alimentación.

LICITACION A TODA CARRERA

Cualquiera sea el epílogo del conflicto entre el ministerio y los funcionarios del Hospital del Salvador es posible que su resonancia ayude a proyectar luces sobre las zonas oscuras del proceso de concesión de éste y otros hospitales. Las preguntas que aún no tienen respuesta son varias: ¿Por qué se mejoraron sustancialmente los subsidios y premios a los concesionarios comparado con las licitaciones de La Florida y Maipú? ¿Por qué se aumentó drásticamente la superficie de los proyectos respecto del plan original? ¿Cuánto realmente tendrá que pagar el Fisco a los privados, comparado con el escenario de financiar la construcción con fondos propios?

Para responder estas preguntas es necesario rebobinar la historia hasta enero de este año. Ese fue el mes clave para la adjudicación del Hospital del Salvador al Consorcio de Salud Santiago Oriente y apenas en diez días se resolvieron todos los pasos que normalmente toman meses en la administración pública. La apertura de las Ofertas Técnicas de las cuatro empresas que competían (Sacyr Concesiones, Consorio Abengoa Chile-Inabensa Teyma, Consorcio Hospitales Salud y Consorcio Salud Santiago Oriente) se realizó el lunes 20 de enero ante los ministros de Obras Públicas, Loreto Silva, y de Salud, Jaime Mañalich. El martes 28 ya estaba concluida la evaluación de las ofertas. Las calificaciones fueron puestas sólo en ocho días, incluyendo un fin de semana, aunque debían revisarse decenas de variables y miles de páginas llenas de detalles y tecnicismos.

El miércoles 29 se abrieron los sobres de las Ofertas Económicas y el viernes 31 de enero, sólo dos días después, se adjudicó el hospital a la más barata: Consorcio de Salud Santiago Oriente. Aunque en la evaluación técnica sólo obtuvo la tercera calificación (con una nota 5,2), primó el factor económico: semestralmente el Estado le pagará 538 mil UF como subsidio fijo para la construcción (unos $ 12.912 millones).

En todo caso hubo situaciones más extremas en el apuro de la administración anterior por sacar adelante el plan de doce concesiones: la evaluación económica para el Hospital Sótero del Río se hizo en un día; las de Marga-Marga y Quillota en cero día, pues se resolvieron el mismo 7 de marzo en que se abrieron los sobres, según informó el Ministerio de Salud a la Comisión Investigadora de Infraestructura de Salud de la Cámara de Diputados.

Como punto de comparación, en el caso de los hospitales de Maipú y La Florida, la apertura de las Ofertas Técnicas se hizo el 18 de mayo de 2009 y su evaluación tomó tres semanas, pues el resultado se conoció recién el 11 de junio de ese año. Al día siguiente se abrieron los sobres de las Ofertas Económicas y su análisis demoró varias semanas. De hecho,  el decreto de adjudicación lleva fecha del 11 de agosto.

MEJORANDO EL NEGOCIO

Las actuales autoridades de Salud aseguran que nadie del gobierno anterior les ha dado una explicación técnica del porqué del apuro ni tampoco de la razones para mejorar sustancialmente, en favor del concesionario, las condiciones de pago respecto de lo que se aplicó para los hospitales de Maipú y La Florida. Y los cambios no fueron menores.

De partida, la superficie en metros cuadrados del proyecto original del Hospital del Salvador creció de 126.264 metros cuadrados a 165.948 metros cuadrados (un incremento de 31,43%), lo que impacta en los costos y en los futuros ingresos del concesionario por el cobro de estacionamientos, pues se sumaron 541 espacios para recibir vehículos. Esto último puede significar varios millones de dólares de ingresos extras a la concesionaria en los 15 años que dura el contrato.

Pero lo más significativo está en el mejoramiento de algunas subvenciones que se pagarán al concesionario, como el estímulo por nivel de cumplimiento de los estándares que en el caso de Maipú y La Florida llegó a 5.640 UF semestrales (equivalentes a $ 131 millones)y en el Hospital del Salvador subirá a 54.500 UF, casi 10 veces más ($1.308 millones).

En el Ministerio de Salud, donde existía un Departamento de Concesiones que fue eliminado, dicen que tales mejoramientos pretendían estimular la presentación de empresas a la licitación. Pero si fue así, resultó un fracaso, pues al final llegaron cuatro postulantes, igual que para Antofagasta y Maipú-La Florida, porque no son tantas las empresas que tienen experiencia en este tipo de infraestructura.

La inversión requerida para construir los nuevos edificios, estacionamientos y equipar el Hospital del Salvador se acerca a los US$500 millones, estimación en la que coinciden el gobierno y el asesor de los gremios del centro asistencial, Matías Goyenechea, quien es director de la Fundación Creando Salud y políticamente cercano a Izquierda Autónoma, el grupo que encabeza el diputado Gabriel Boric.

Al obtener el financiamiento a través del concesionario, el Estado tendrá que pagar US$679 millones, sin considerar los subsidios variables por ocupación (que se cancelan cuando las camas ocupadas superan el 60% de la capacidad total) y el premio de 54.500 UF semestral por cumplimiento del contrato.

Según las autoridades, lo que se pagará anualmente al consorcio formado por Cosal, GIA+A y Aassignia equivale a construir un hospital similar al de Ancud cada año o tres centros asistenciales del tipo que existe en Chimbarongo.

Para el asesor Goyenechea, la modalidad de la concesión le saldrá al Estado 26% más caro que financiarlo con dinero público. (Vea la columna de Matías Goyenechea publicada por CIPER). El Ministerio de Salud no entregó a CIPER cálculos que comparen el costo del Hospital del Salvador financiado por concesión o directamente por el Fisco. Las únicas cifras que proporcionó se refieren al encarecimiento de la concesión del Salvador respecto de las ya realizadas den Maipú y La Florida: la administración podría llegar a ser hasta 57% más cara y la construcción, un 33%.

Para los gremios, el asunto menos debatido es cómo el modelo de negocios concesionado repercutirá en la atención de los pacientes del Salvador. En ambos lados de la mesa de negociación hay acuerdo en que los pagos al concesionario van a “estresar” el presupuesto de funcionamiento habitual del hospital.  Hoy, en ese ítem, se gastan $30 mil millones anuales y se calcula que -si no se aumenta el presupuesto- tendrán que salir de allí $20 mil millones para pagar al concesionario, con lo que quedarán unos $10 mil millones disponibles. Esto, según los gremios, obligará al endeudamiento o a contener costos a expensas de la atención a los pacientes.

Este tipo de presiones sobre el presupuesto operativo, son las que, según indica el especialista mexicano Valentín Cardona Sosa, tienen al Hospital de Ixtapaluca sin suero ni material para curaciones. Mientras se multiplican las críticas contra GIA+A y Assignia, las dos empresas que administran ese centro asistencial mexicano –y que participan en el consorcio que se hará cargo del Hospital del Salvador-, las esquirlas también han mellado la figura de la ministra de Salud, Mercedes Juan López. Los procesos que ella ha encabezado para concesionar hospitales están siendo rigurosamente fiscalizados.

LAS SOCIEDADES DE SAMUEL LEVY

La Constructora Cosal, de Samuel Levy Benveniste, se ha especializado en obras de infraestructura de transporte y edificios, especialmente para el Poder Judicial. Estuvo a cargo de la repavimentación de la Alameda, en Santiago; de los estacionamientos de Plaza Perú, en Las Condes; de los corredores Transantiago de Lira y Santa Rosa; del edificio de la Corte de Apelaciones de Valdivia y la completa remodelación de la Corte de Concepción; junto con el Centro de Justicia de Iquique, los Juzgados del Trabajo de Santiago y la Contraloría de la Región del Bíobío, además de ganar las concesiones de los aeropuertos de Iquique, Antofagasta y Puerto Montt, por mencionar obras relacionadas con el Estado.

Para desarrollar sus proyectos, Levy cuenta con un entramado de sociedades -junto a sus hijos Henry y Ariel-, cuyas matrices son Cosalco, Cosal (que tiene $5.055 millones de capital y con la que participa en la concesión del Hospital del Salvador) y Condeltech. A ellas agrega varias sociedades de inversión, como La Araucana Ltda. y Los Naranjos S.A., a través de la cuales controla otras sociedades que tienen un giro específico.

Entre sus socios figura Jacobo Ergas Ventura, quien participa en La  Araucana Ltda., a través de la Sociedad Viento Claro).

Para entrar en el negocio del hospital, utilizó su sociedad Cosal, la que se unió a los inversionistas internacionales GIA+A y Assignia. Las tres constituyeron el Consorcio de Salud Santiago Oriente, con $20 mil millones de capital. Este no es el único emprendimiento de Levy con extranjeros. En 2007 creó la Sociedad Administrativa CH  S.A., donde participa Cosal junto a las brasileñas Pampulha Engenharia Ltda. y Kubo Engenharia e Empreendimentos Ltda., además de la española Gesaworld.

A través de la Administradora de Concesiones IDC S.A. es socio en A-port Operaciones S.A. con la suiza Flughafen Zurich AG, dueña y operadora del aeropuerto de Zurich.

 

El millonario negocio de las donaciones deportivas

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El 30 de enero de 2001 fue un día de fiesta para los deportistas amateurs, los clubes de barrio, las organizaciones deportivas comunitarias y los atletas de alto rendimiento. Ese día se aprobó por fin, después de seis años en trámite, la Ley del  Deporte, la que permite que los privados aporten dinero a organizaciones deportivas sin fines de lucro a cambio de importantes rebajas tributarias. Al cabo de 13 años de vigencia, la ley ha demostrado ser exitosa, pero solo en lo que se refiere al volumen de donaciones que se hacen efectivas cada año: entre 2010 y 2013 los aportes sumaron un total que superó los $58 mil millones. Y si en 2010 las donaciones alcanzaron más de $12 mil millones, en 2013 sobrepasaron los $17 mil millones. A pesar de la desaceleración de la economía, para este año se espera que la cifra vuelva a subir, ya que sólo en el primer semestre llegó a los $10 mil millones.

Lo que no refleja el monto de las donaciones, es que el espíritu original de la ley no se está cumpliendo. CIPER comprobó que la mayor parte de esos aportes sujetos a rebajas tributarias, no está llegando a clubes o federaciones sin fines de lucro. El grueso de esos recursos va a parar a “agencias” que se dedican a promocionar entre las empresas esta fórmula para rebajar impuestos. Aunque se presentan como “clubes” o “corporaciones” ante el Instituto Nacional del Deporte (IND), entidad que aprueba las organizaciones autorizadas para recibir donaciones, en la práctica, esta “agencias” actúan como meras productoras de eventos deportivos

Gabriel Ruiz Tagle

Otra parte significativa de las donaciones ha beneficiado a sociedades anónimas del fútbol profesional. El IND ha aceptado como “clubes” que pueden recibir donaciones a las divisiones inferiores (infantiles y juveniles) de estas sociedades anónimas. Por ejemplo, la sociedad Blanco y Negro (Colo Colo) se presenta ante el Instituto Nacional del Deporte como Club Colo Colo Fútbol Joven, el que entre 2010 y 2012 recibió más de $1.605 millones en donaciones. En esos mismos años, el subsecretario de Deportes era Gabriel Ruiz-Tagle, ex presidente y accionista de Blanco y Negro (aunque sus acciones las vendió durante el ejercicio de su cargo, el 24 de julio de 2010, luego de un dictamen de la Contraloría que le ordenó inhibirse de tomar decisiones en el área del fútbol profesional).

La actual ministra de Deportes, Natalia Riffo, dijo a CIPER que ya pidió una investigación interna en el IND sobre las donaciones deportivas. Para la ministra Riffo, las donaciones a las sociedades anónimas de fútbol profesional deben revisarse, porque estos aportes de privados deben beneficiar solo a entidades sin fines de lucro.

En relación a las “agencias” que se presentan como “clubes” o “corporaciones”, Natalia Riffo señaló que, sin haberse hecho aún la investigación respectiva, pareciera que en su actuar no hay ilegalidad. Y agregó que, de igual forma, se revisará el procedimiento que utilizan para proponer correcciones, ya que los hechos indican que no se está cumpliendo con el objetivo de la ley. (Vea la entrevista a la ministra Riffo en recuadro)

“AGENCIAS” PARA REBAJAR IMPUESTOS

María Antonieta Saa (PPD) era diputada en el período en que se promulgó la ley. Junto al entonces diputado y ahora senador Carlos Montes (PS) y al ex senador Augusto Parra (PRSD), ella manifestó serios reparos al proyecto:

-La historia demuestra que las donaciones siempre han sido hechas por ciertos sectores de la sociedad y que no todos tienen la posibilidad de ser beneficiados por éstas. Por ejemplo, las donaciones educacionales o culturales las captan ciertas instituciones, ideológicamente más cercanas a las grandes empresas – afirmó María Antonieta Saa a CIPER. (Vea el reportaje de CIPER “Universidades privadas con más recursos son las más beneficiadas con la Ley de Donaciones)

Natalia Riffo

Los temores de la ex diputada Saa no resultaron infundados. En los hechos, la mayor parte de las donaciones favorecen directamente a las empresas que hacen el aporte y no a organizaciones deportivas sin fines de lucro. Esto, porque las empresas se benefician con la rebaja de sus impuestos, pero para materializar su aporte contratan a “agencias”. Aprovechando los vacíos de la ley, estas organizaciones se presentan ante el Instituto Nacional del Deporte como “clubes” o “corporaciones” que organizan torneos o actividades físicas para los trabajadores de la misma empresa donante.

CIPER pudo corroborar que incluso estas “agencias” producen las fiestas navideñas de las empresas, las que se financian como donación deportiva y así el monto de lo gastado permite descontar impuestos:

-Se organiza una pichanga de fútbol, para que parezca actividad física, pero si se revisan las facturas, la mayor parte del gasto es comida -señala un empleado de una de estas “agencias”.

Según los registros del IND, las cinco empresas que más han donado, sumando los aportes que hicieron entre 2010 y el primer semestre de 2014,  son: Copec ($5.353 millones), Nestlé ($3.023 millones), Coca Cola ($2.621 millones), Banco BCI ($2.291 millones) y VTR ($1.944 millones).

El sistema opera de la siguiente manera: las “agencias” presentan al Instituto Nacional del Deporte una serie de proyectos deportivos (torneos, corridas, baile entretenido, cicletadas, gimnasia laboral, entre otros) que han sido pactados previamente con las empresas que desean rebajar impuestos. El IND aprueba estos proyectos y los incluye en las nóminas que se publican cuatro veces al año para que puedan recibir aportes. De esta forma, los proyectos de estas “agencias” aparecen compitiendo por las donaciones con los verdaderos clubes sin fines de lucro. Pero en realidad las “agencias” ya tienen al donante asegurado. También la comisión que cobran.

Este creativo modelo de negocios ha crecido a tal punto que del total de recursos donados en 2013, estas “agencias” capturaron el 66% (más de $11.697 millones). En 2012 consiguieron un 58% (alrededor de $9.426 millones). En 2011, el porcentaje fue de 66% (unos $8.202 millones). Y en 2010, lograron el 65% (con $7.850 millones).

EL HERMANO DEL “TOBI”

La primera campanada de alerta sobre esta irregularidad del sistema ocurrió en 2005. Ese año se detectó que el Club Deportivo Full Sport, que dirigía Miguel Ángel Vega, hermano del ex futbolista Marcelo Tobi Vega, se dedicaba a este verdadero “corretaje” de donaciones y que acumulaba más de $3.800 millones en proyectos que esperaban recibir donaciones de empresas. Aunque el club Full Sport desapareció, Miguel Ángel Vega sigue en el negocio, ahora al mando de la Corporación Deportiva Mundo Deporte (CDMD).

En sólo dos años, Mundo Deporte se ha posicionado como un actor principal en el rubro de las donaciones deportivas. Empezó recibiendo más de $500 millones para los proyectos que postuló en 2013, mientras que durante el primer semestre del 2014 esa cifra aumentó por sobre los $1.000 millones. Miguel Ángel Vega creó Mundo Deporte después de trabajar en el Club Deportivo La Araucana, dependiente de la caja de compensación del mismo nombre. CIPER solicitó entrevista con Vega, pero no respondió los mensajes que se dejaron en su oficina ni los que se enviaron a su correo electrónico.

La Corporación Mundo Deporte incluso paga sus cuentas y gastos administrativos con donaciones deportivas. Para lograrlo, los presentó como un “proyecto deportivo” a financiar con aportes de empresas, el que, increíblemente, fue autorizado por el IND. El proyecto “Gastos Club 2” (vea documento) se presentó bajo la categoría “Desarrollo de Organizaciones Deportivas”. A través de esta fórmula, pidió “recursos necesarios” para su “funcionamiento administrativo y operacional” por $106 millones, destinados a pagar teléfono, aseo, impresora, luz, arriendo de oficina, papel, agua, archivadores, gas, notarías, correspondencia, telefonía móvil y fija. Incluso, pidió que le costearan los formularios para presentar proyectos al IND. El proyecto fue aprobado en octubre pasado y hasta el primer semestre de 2014 ya había recibido donaciones por $101 millones.

El modelo utilizado por Miguel Ángel Vega ha sido replicado. Todas las “agencias” cuentan con un equipo de ventas y desarrollo. Su trabajo es capturar clientes. Lo hacen a través de presentaciones donde le explican a empresarios la ley y cómo aprovechar sus beneficios tributarios. Si hay acuerdo, se desarrolla un proyecto y se postula al IND. Una vez aprobado, entra al concurso público y el cliente efectúa la donación. Luego, las “agencias” subcontratan productoras para realizar el evento.

Si el evento tuvo un costo entre 1 y 1.000 UTM (hasta $ 42,2 millones), el donante recibe un 50% de lo aportado como crédito de franquicia tributaria, dinero que se le descuenta del impuesto de primera categoría o del global complementario del mismo período. Si el costo del evento deportivo es mayor a las 1.000 UTM, la franquicia se reduce al 35% de lo donado. ¿Qué ganan estas agencias? En general, cobran una comisión que ronda entre el 6% y el 15% de la donación, dinero que muchas veces va incluido en el costo del proyecto. O sea, se pagan con el dinero destinado al evento deportivo y beneficiado con la rebaja tributaria.

EL “KAISER” PIZARRO

El Club Deportivo La Araucana es la “agencia” con mayor flujo de donaciones por año. En 2012 sus proyectos sumaron $4.700 millones en donaciones y en 2013 superaron los $3.000 millones. El actual gerente de Desarrollo Cultura Deportes de Caja de Compensación La Araucana, área encargada del Club Deportivo, es Jaime Pizarro. El ex futbolista, ex entrenador, ex subsecretario de Chiledeportes y ex gerente técnico de Colo Colo, reemplazó a Miguel Ángel Vega.

Jaime Pizarro

Gran parte de sus clientes provienen de las mismas empresas afiliadas a la caja de compensación, aunque también ofrece servicios a otras compañías. De hecho, el Club Deportivo La Araucana es el que tramita los proyectos de Blanco y Negro que se presentan al Instituto Nacional del Deporte.

Club ABC Deportes y Club ABC Deporte y Educación suenan similar, funcionan en el mismo lugar y tienen los mismos empleados que firman los proyectos enviados al IND. Pero tienen distinto RUT, giro y directorio. El monto de las donaciones que suman en conjunto los posiciona justo detrás de La Araucana como la segunda “agencia” con más aportes captados. En 2012 obtuvieron más de $2.200 millones, mientras que en 2013 superaron los $3.600 millones. Este año podrían mejorar el récord, ya que sólo en el primer semestre obtuvieron los mismos $2.200 millones de 2012.

Club Deportivo Crack es una “agencia” de muy bajo perfil. Es la única, dentro de las cinco con mayores flujos de donaciones, que no ofrece información sobre sus servicios en algún tipo de plataforma pública y no tiene publicidad en internet u otros medios. Los únicos antecedentes sobre ella son los que se encuentran disponibles en su registro ante el IND (vea documento). Allí aparece Fernando Kaminski Rodríguez como su presidente. En 2013 esta “agencia” operó con más de $2.300 millones en donaciones, doblando la cifra que marcó en 2012.

Finalmente, se encuentra el Club Deportivo Cordeportes (Cordep) que es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Osvaldo del Valle, gerente comercial de Cordep, dice que anualmente el “club presenta alrededor de 800 proyectos a concurso, con una aprobación por parte del IND en torno al 90%, siendo aproximadamente un 70% de estos ejecutados”. Esta “agencia” es la que consigue menos donaciones, promediando los $1.000 millones por año. La primera parte de 2014 no fue auspiciosa, pues sólo generó $239 millones en donaciones.

SEMILLERO DE ASTROS

Los documentos entregados por el IND a CIPER, vía Ley de Transparencia, permiten establecer también que los beneficios tributarios asociados a las donaciones deportivas, a despecho del espíritu original de la ley, han servido para abonar el negocio de las sociedades anónimas del futbol profesional. Efectivamente, el IND no sólo le ha permitido a Blanco y Negro postular proyectos para beneficiar a sus series juveniles e infantiles. Lo mismo ha hecho Everton, Wanderers, Cobreloa, Audax Italiano, Universidad Católica, Unión Española y O’Higgins, entre otros clubes del fútbol profesional.

Incluso, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha presentado ante el IND un “club” que ha sido autorizado para recibir donaciones. Se trata del hasta ahora desconocido Club Deportivo Social y Cultural ANFP Fútbol Joven. En la ANFP informaron a CIPER que este “club” tiene sólo 15 socios, y está presidido por un funcionario de la misma asociación (Rodrigo Laoutari). Su finalidad es conseguir financiamiento para torneos de fútbol-playa y fútbol-sala.

Aunque las donaciones deportivas sólo pueden beneficiar a organizaciones sin fines de lucro, esto no se ha cumplido en el caso de las sociedades de fútbol profesional. De hecho, en sus memorias anuales y en su página web, Blanco y Negro presenta a sus categorías de “fútbol joven” como una de sus tres “unidades de negocio”:

“En Chile, está industria (el fútbol) está caracterizada por un crecimiento alto y sostenido en el curso de los últimos años y, al mismo tiempo, enfrenta altos niveles de competitividad. Sus “unidades de negocios” son tres frentes, por un lado, el “Fútbol Joven”, compuesto por sus Divisiones Cadetes y desde donde nacen y se forman los futbolistas del futuro; el “Fútbol Profesional”, mediante el cual Colo-Colo participa en el plano nacional e internacional y los proyectos comerciales que aprovechen el Know How desarrollado por la compañía”.

Alberto Gutiérrez, gerente de Futbol Joven de Colo Colo, dijo a CIPER que entre 2010 y 2012 consiguieron financiar vía donaciones el 50% del presupuesto que requieren. El dinero, señaló, fue aportado por las mismas empresas dueñas de las marcas que auspician al equipo: Cristal, Sodimac y Carozzi.

Los frutos comerciales del “fútbol joven” se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, con la venta de Arturo Vidal y Claudio Bravo -ambos formados en la cantera alba- el club logró recolectar para la institución un poco menos de US$10 millones. Aunque en los últimos años Colo Colo no ha vendido jugadores por cifras millonarias,  uno de los pilares de su negocio son los pases de los futbolistas nacidos en el club.

Actualmente las fichas del club popular están puestas en los juveniles Bryan Carvallo, Luis Pavez y Camilo Rodríguez, recién promovidos a la serie de honor. Si se venden, serían parte de una generación formada, en parte, gracias a los beneficios tributarios otorgados por el Fisco a través de las donaciones deportivas.

De esta forma, el Estado ha aportado recursos al negocio de inversionistas como Leonidas Vial y Anibal Mosa (Colo Colo), Jorge Segovia (Unión Española), Ricardo Abumohor (O’Higgins).  Todos estos clubes, a través de las donaciones deportivas, han presentado proyectos a objeto de financiar la preparación física y participación en torneos de sus cadetes.

En 2012 el Club Colo Colo Fútbol Joven recibió $582 millones en donaciones; Everton Fútbol Joven obtuvo $ 117 millones y Club Deportivo La Celeste (O’Higgins) percibió poco más de $70 millones.

El abogado Fernando Monsalve, representante del movimiento Colo Colo de Todos, que se opone a la administración de Blanco y Negro, estima que no se justifica una rebaja tributaria si ésta genera lucro y no un beneficio social: “Acá hay personas que lucharon para que el sistema de concesiones estuviera vigente en el fútbol profesional y me parece que son los mismos que se están beneficiando con la plata de todos los chilenos”.

 

Natalia Riffo, ministra del Deporte: “Sabíamos que había problemas con estas donaciones”

-Al investigar las donaciones con fines deportivos, CIPER descubrió que “agencias” han sacado provecho al ofrecer proyectos a empresas para que obtengan franquicias tributarias a cambio de una comisión.  ¿Tenían conocimiento en el Instituto Nacional del Deporte (IND) de este negocio?

Efectivamente, sabíamos de esto. Y es un tema que hemos estado viendo, porque la ley no lo regula ni tampoco lo sanciona. Porque esto, sin duda, deja en desventaja a los clubes más pequeños y no cumple con lo que queremos potenciar.

-¿Y qué se está haciendo para corregir esto?

Lo que estamos haciendo es ir orientando las bases para que se cumpla el rol que debiese cumplir esta ley que, hasta ahora, ha permitido realizar buenos proyectos pero, como todo mecanismo, necesita ser perfeccionado.

-¿Cómo se fiscalizan estas donaciones?

Primero, existe una etapa de elegibilidad que lo realiza una empresa externa al ministerio, que ve si una postulación es elegible para recibir una donación. Luego, entra la responsabilidad del IND, el que fiscaliza si el evento se realizó. Tenemos que ir a terreno, elaborar informes y, de haber irregularidades, informar a las entidades pertinentes.

-¿Entonces la fiscalización no ha funcionado?

La fiscalización es lo que hay que mejorar. Las herramientas que tenemos no nos permiten hacer mucho, porque la operación de estos clubes no está fuera de la ley. Pero, efectivamente, van fuera del espíritu y del fin de la ley: la promoción del deporte y del valor público que estos eventos entregan.

-Las sociedades anónimas del fútbol profesional han recibido dinero de estas donaciones para la formación de sus equipos juveniles. ¿Es correcto entregar franquicias tributarias a quienes pueden  ganar millones si luego venden en altas sumas a sus jugadores?

Quiero ser bien clara, nosotros no escogimos como elegibles a las sociedades anónimas. Por lo mismo, por oficio, solicité que se revisaran estas dudas, en particular, por la participación de sociedades anónimas en un beneficio para entidades sin fines de lucro. Si se encuentran irregularidades, se realizará una investigación.

-¿Qué medidas se han tomado para corregir esta situación?

Lo que podemos hacer hoy como Ejecutivo es modificar las bases y orientar de mejor manera el sentido de la ley. Y lo estamos haciendo para el año 2015, pero para el futuro, queremos fortalecer la fiscalización y revisar algunas categorías para que no existan problemas con estos dineros.

-¿Cuál será el siguiente paso que adoptará el Ministerio de Deportes para subsanar los problemas detectados?

La próxima semana voy a estar en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados hablando sobre este mismo tema, donde seguramente vamos a revisar la ley que posibilita las donaciones y si es necesario hacer ajustes. Creo que con las medidas que estamos tomando hoy podemos avanzar bastante respecto a cumplir el espíritu de la ley. De necesitar modificaciones, lo vamos a analizar con el Ejecutivo. No me adelantaría a decir qué vamos a hacer, pero sí le aseguro que este ha sido un tema desde que llegué y lo estamos revisando porque sabíamos que había problemas.

 

Desaparecidos en México: la guerra por la verdad (Parte 1)

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Araceli busca a su hijo, Luis Ángel, un policía federal secuestrado en 2009 por el crimen organizado asentado en Michoacán, y en esta búsqueda encontró a F…, una muchacha de Guerrero raptada con fines de explotación sexual y que meses después fue abandonada, torturada, moribunda, en un hotel del Estado de México.

Excavaciones en busca de desaparecidos en Atoyac, estado de Guerrero.

Nicomedes busca a su tío, Julio, un guerrillero secuestrado por el Ejército en 1974, en el Estado de México, y en ese camino, a mediados de 2014, logró encontrar a dos insurgentes que cayeron en la sierra de Guerrero, el mismo día en que murió Lucio Cabañas, y cuyos restos permanecieron ocultos los últimos 40 años…

Fernando busca a su hijo, al que dio su mismo nombre, un joven estudiante de ingeniería secuestrado en Tijuana, en 2007, por un grupo de hombres vestidos con uniformes policiacos, que allanó su casa para sacarlo a la fuerza. Y fue al buscar a su hijo, que Fernando halló dos de las fosas clandestinas en las que Santiago Meza, el Pozolero, depositó los restos de al menos 300 personas, cuyos cuerpos había disuelto con sosa cáustica.

Juan Carlos busca a sus hermanos Raúl, Salvador, Gustavo y Luis Armando, los dos primeros raptados por el crimen organizado en Guerrero, en 2008, y los otros dos por policías de Veracruz, en 2010. Y en esta lid, apenas en marzo pasado, Juan Carlos encontró y salvó la vida de N…, una joven del Distrito Federal plagiada por los seguidores de un culto privado, y a la que mantenían cautiva para someterla a distintos tormentos durante ceremonias rituales.

Estos son logros reales que ha arrojado la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en México, más allá de las estadísticas oficiales. Logros obtenidos por aquellos que, urgidos por el amor a sus hijos, hijas, tíos, hermanos, han tomado en sus manos las investigaciones sobre el paradero de los miles de desaparecidos que hay en el país, convirtiéndose en defensores de los derechos humanos. Ellos han generado resultados más palpables que los de la misma autoridad… Éste es un vistazo a la guerra por la verdad que hoy libran las víctimas de la violencia en México.

ARACELI…

El pasado 21 de agosto, el gobierno mexicano informó que, durante los últimos ocho años, en el país han sido encontradas 17 mil 175 personas reportadas como desaparecidas, mientras que otras 12 mil 532 personas siguen aún sin ser localizadas. Estas son las conclusiones estadísticas a las que arribó la Secretaría de Gobernación, después de actualizar su Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Renped).

En dicha lista oficial, sin embargo, no se incluye a Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal que fue secuestrado, junto con otros siete uniformados y un acompañante civil (al que habían contratado por unas horas como chofer), cuando se dirigían a Ciudad Hidalgo, Michoacán, a donde habían sido asignados como escoltas del jefe de la policía municipal.

Araceli Rodríguez muestra la foto de su hijo desaparecido (Fotografía: Prometeo Lucero)

“En la Policía Federal me dijeron que ellos tuvieron la culpa –narra Araceli, su mamá, con indignación– que ellos se identificaron como policías federales en una caseta carretera, y que ahí les puso el dedo un halcón (un vigía del crimen organizado), alguien que dio aviso a los líderes del cártel de La Familia Michoacana, ahora conocido como Caballeros Templarios”.

Desde su rapto han transcurrido ya cuatro años y nueve meses, que han sido “de agonía –dice Araceli–, de búsqueda, de impotencia, de dolor, de insomnios, de estar pensando todas las noches qué hacer, qué más hacer, qué no he hecho, que podría seguir haciendo, y no sólo para saber la verdad histórica sobre lo que pasó con Luis Ángel y sus compañeros, sino la de muchos más, porque nosotros, cuando buscamos a nuestro propio hijo, nos convertimos en mamá de miles, porque el dolor que tengo yo, lo tienen muchas madres y padres…”

Las autoridades federales, cabe destacar, no sólo olvidaron incluir el nombre de Luis Ángel en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. De origen, olvidaron que él y sus compañeros habían sido comisionados a Michoacán, razón por la cual su desaparición no fue detectada sino hasta seis días después de que fueran secuestrados. Y luego, en 2013, nuevamente las autoridades olvidaron que Luis Ángel estaba en calidad de desaparecido en cumplimiento del deber, y le fincaron cargos por abandono de trabajo.

“Ellos son policías honestos, que salieron desde las instalaciones de la Policía Federal en Iztapalapa para ir a servir y proteger a una comunidad –subraya Araceli–, pero, finalmente, la institución no los protegió a ellos y, hasta la fecha, las autoridades jamás han querido aceptar que, como institución, son responsables de lo que les ocurrió.”

–¿Qué han hecho, en concreto, las autoridades, para dar con el paradero de Luis Ángel? –se pregunta a su madre.
–Al principio nada –responde, tajante–. Las autoridades le dieron seis días a los secuestradores para que hicieran lo que quisieran… Ya después me queda muy claro que han hecho mucho, incluso han perdido la vida otros policías federales, por ir a la búsqueda de sus siete compañeros y del civil que iba con ellos. Eso me queda muy claro, y me duele su sangre derramada, me duele el dolor de sus familias.

Araceli se refiere a los 15 policías federales asesinados en Zitácuaro, Michoacán, el pasado 14 de junio de 2010, cuando fueron emboscados por sicarios de La Familia, en un ataque perpetrado cuando realizaban labores de rastreo, y que dejó otros 15 uniformados heridos, algunos de los cuales quedaron discapacitados de por vida.

Durante estos cuatro años y ocho meses, las acciones de las autoridades relacionadas con la búsqueda de estos siete agentes y su acompañante civil, además, ha permitido la captura de 20 presuntos involucrados, ninguno de los cuales ha sido sentenciado hasta la fecha, cuyos testimonios refieren que “ellos fueron asesinados el mismo día de su secuestro, de una forma muy cruel“.

Sin embargo, subraya Araceli, aún con todo lo que hayan hecho hasta ahora las autoridades, falta lo principal: encontrarlos, vivos o muertos.

“De pronto siento que el gobierno apuesta a que nos cansemos, a que nos debilitemos y a que nos llegue la muerte silenciosa –dice Araceli, con una calma gélida–. Esta muerte que no te avisa, porque te sientes mal y no le haces caso a tu enfermedad. Si te duele el estómago, te dices ‘al rato se me pasa’; si te duele la cabeza, si te duele un pie, qué se yo… si se te entumen las manos te dices que es por el estrés… pero no es cierto, es la muerte silenciosa que te va atacando, y cuando intentas atenderte ya no puedes, porque resulta que ya tienes algo grave, como un tumor, como le pasó a nuestro compañero Roberto Galván, que a raíz de la búsqueda de su hijo desarrolló un tumor canceroso en su cabeza, y falleció… Esto es a lo que el gobierno apuesta: a que nos cansemos, a que nos debilitemos, ‘déjenla que siga hablando’, ‘déjenlos que griten lo que quieran, algún día se cansarán‘, pero lo que no saben es que nosotros tenemos la gran fortaleza en nuestro vientre, en nuestro corazón, de haber sido madres, de haber tenido la dicha por medio de Dios de haber parido a nuestros hijos e hijas, y que no vamos a claudicar. No vamos a dejar que queden impunes tantos crímenes”.

Y es esa fuerza, afirma, la que “nos ha convertido en agentes de cambio, y entonces sales, porque la gente te está llamando, pidiéndote ayuda, y tú, como sientes el dolor, no puedes dejar que esa gente viva lo mismo que tú has vivido. Lo que a mí me tomó de trabajo para que me abrieran las puertas de las instituciones, es algo por lo que ya no deben pasar ahora estas personas, porque quienes hemos aprendido a abrir esas puertas, se las abrimos. Para que sea, a la mejor, el mismo dolor, pero que no lo lleven de la forma tan difícil en que nosotros tuvimos que hacerlo, como estar en la lluvia, en el sol, ocho horas afuera de una institución para poder ser atendidos, todo este proceso que yo viví no lo quiero para otros, eso es lo que he aprendido”.

Y ese aprendizaje llevó a Araceli a cumplir, para otra madre guerrerense, el sueño, que también es suyo, de ver a su ser amado de vuelta en casa.

“Ocurrió –recuerda, y el recuerdo le devuelve una pizca de alegría a su mirada– en el año 2011, cuando la mamá de una chica que había desaparecido en Acapulco me llamó llorando, para contarme que a su hija la habían llevado con mentiras al Estado de México. Le habían prometido que recibiría una beca para estudiar colocación de uñas postizas en una academia de belleza, pero en realidad era un asunto de trata de personas. Ella se llama F…, es muy jovencita, y se la llevaron a Iztapaluca, y luego la obligaron a prostituirse en un bar de Los Reyes la Paz”.

En Acapulco, las autoridades estatales se habían negado a recibir la denuncia de la madre de F… y debido a ello, esta señora pidió el apoyo del Movimiento por la Paz, la organización ciudadana surgida ese año e integrada mayoritariamente por víctimas de la violencia. Y Araceli, para entonces, era la encargada de atender las denuncias de quienes se acercaban a la agrupación.

Sabiendo de estas nuevas responsabilidades, “casi milagrosamente”, una amiga de Araceli, que trabaja como enfermera en un hospital del Estado de México, le pidió su ayuda para identificar a una jovencita que se encontraba internada en calidad de desconocida desde hacía un mes, y que había sido abandonada en un hotel, pensando sus agresores que estaba muerta.

“Mi conocida me dijo que esta chica llegó muy mal, los médicos hicieron lo humanamente posible para salvarle la vida. Había llegado con un pie totalmente dislocado. Le habían cortado un pedazo de lengua, le arrancaron los pezones, y la golpearon tanto que le provocaron atrofia cerebral. Y mi amiga temía que si no era identificada, terminaría en un albergue, sin que su familia pudiera nunca encontrarla… Yo le pedí a mi amiga un favor, sólo por no dejar: que le dijera el nombre de ‘F…’ y cuando lo hizo, ella reaccionó, aún inconsciente, ella se estremeció, en realidad, muy en el fondo, sí estaba consciente, y entonces me dirigí al hospital”.

En cuestión de horas, y por intermediación de Araceli, las autoridades federales pudieron comprobar que la joven que llevaba un mes en calidad de desconocida era la misma que, dos meses antes, había sido raptada en Acapulco. También en cuestión de horas, su madre fue conducida hacia el hospital y, en tanto llegaba, aún inconsciente, narra Araceli, que se le acercó y le dijo al oído: “‘F…, tranquila, m’ija, ya te encontramos, ya nadie te va a dañar, ya viene tu mamá, y tú te tienes que recuperar, porque yo no sé nadar, y quiero que tú me enseñes, porque tú debes de nadar muy bien‘… Hoy, ella está de vuelta en su casa, con su familia. Los doctores habían dicho que el daño cerebral era irreversible, que pasaría la vida postrada en una cama, en estado vegetativo, pero no es así. Yo la visité hace un año y ella me recibió sentada, ya comienza a hablar, con dificultad, con balbuceos, pero ella me reconoció y me llamó por mi nombre, y me recordó que hay una promesa pendiente: “tú y yo a nadar –me dijo–… tú y yo a nadar…”

NICOMEDES…

Entre finales de los años 60 y principios de los 80, el Estado mexicano desató una política represiva contra grupos opositores al régimen, lo mismo beligerantes que pacíficos, conocida hoy como la “guerra sucia”, cuya principal práctica fue la desaparición forzada de activistas, familiares, sospechosos o cualquier persona que, a juicio del gobierno, pudiera aportar información sobre actividades insurreccionales.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en este periodo se tiene reporte de al menos 532 casos de desaparición forzada perpetrados en todo el país, de víctimas que siguen sin ser localizadas hasta la fecha, siendo Guerrero la entidad más afectada por la represión institucional, con 293 casos en los que las personas fueron detenidas por alguna autoridad y nunca más se supo de ellas. La CNDH, sin embargo, sólo acreditó fehacientemente 275 casos, sin descartar que el resto fuesen desapariciones forzadas.

Nicomedes Fuentes García (Fotografía: Prometeo Lucero)

Aún así, el número real de víctimas desaparecidas por el Estado durante ese periodo es mucho mayor, e incuantificable, aclara Nicomedes Fuentes García, quien busca a su tío, Juilo Fuentes Martínez, un guerrillero del Partido de los Pobres –la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas–, detenido en 1974 en el Estado de México por la Dirección Federal de Seguridad y entregado al Ejército.

En la actualidad, Nicomedes es integrante de la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la ‘Guerra Sucia’ de los Años Sesenta y Setenta en el Estado de Guerrero (Comverdad), que luego de dos años y medio de trabajo, emprendido por mandato legal del Congreso guerrerense, está por concluir sus labores en septiembre próximo.

Nosotros buscamos desaparecidos… Cuántos, es incierto, no existe una contabilidad –lamenta Nicomedes, al pie de una zanja donde busca restos humanos, en el ex cuartel militar de Atoyac, apoyado por los familiares de otras víctimas de desaparición–, no tenemos una cifra exacta de cuántos desaparecidos hay… Pero, además, nos interesa investigar también todas las violaciones a derechos humanos cometidas de 1969 a 1979, porque aquí hubo despariciones forzadas, desapariciones forzadas transitorias, desplazamientos de comunidades, hubo violaciones a mujeres, hubo menores de edad detenidos, asesinados y desaparecidos. Es gravísimo todo lo que ocurrió. El Estado mexicano tiene una deuda muy grande con todas estas gentes…

Tan sólo en Atoyac, durante este periodo de represión gubernamental se tiene registro de 450 casos de personas desaparecidas por el Ejército, abunda al respecto Julio Mata, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), ya que en esta región de Guerrero “el Ejército y otras fuerzas, como la Policía de Tránsito y la Brigada Blanca, actuaron específicamente en contra de la población, para exterminarnos, y así evitar, según ellos, que se brindara apoyo a las guerrillas”.

Se trató, añade, de un periodo de “terrorismo de Estado (…) en el que el Ejército vino y arrasó los pueblos de toda esta zona, cercaba las comunidades, impedían la entrada y salida de gente, tumbaban puertas y ventanas de las casas, sacaban a la gente a culatazos, y los llevaban a la cancha de básquetbol, y mediante una lista, los separaban”.

A pesar de haber transcurrido 40 años desde entonces, Julio narra con dolor fresco las escenas de la guerra sucia en Guerrero. “A muchos se los llevaban, principalmente a los hombres, aunque también a mujeres, niños y ancianos, y se los llevaban al cuartel militar de Atoyac, los vendaban de los ojos y los traían caminando desde sus comunidades lejanas, hasta el cuartel… A veces los subían a helicópteros y los aventaban como costales desde una altura de 10 o 15 metros, para que cayeran en el cuartel. Otras, los subían en camiones de redilas, amarrados de pies y manos, el cuartel en ese momento sirvió como cárcel clandestina. Ahí torturaban a la gente, y les exigían, mediante tortura, que revelaran las posiciones de los guerrilleros (…) Según los testimonios de sobrevivientes, del cuartel de Atoyac, algunos eran trasladados a la base de Pie de la Cuesta (en Acapulco), y ahí los mataban con un balazo en la nuca, y luego en un avión se los llevaban rumbo a Oaxaca y los arrojaban al mar”.

Julio Fuentes Martínez, el tío de Nicomedes, fue trasladado a esa base de las Fuerzas Armadas en Guerrero, luego de su captura en el Estado de México.

“En el Archivo General de la Nación (AGN) –explica Nicomedes– pudimos tener acceso a un archivo sobre este periodo, que nunca antes había podido ser consultado, porque la Procuraduría General de la República lo mantenía en reserva. Ahí obtuvimos cerca de 250 fichas que hablan del tema. Cuando detuvieron a mi tío, el gobierno dijo que no sabía nada de él, pero en el AGN encontramos un documento que dice que Julio Fuentes Martínez fue detenido en Tlalnepantla, y está firmado por Luis de la Barreda Moreno, el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, que lo entregó a la Policía Militar”.

El resultado de esas investigaciones documentales, que aportan nombres de algunas de las autoridades involucradas en la estrategia represiva aplicada en Guerrero, así como de las pesquisas de campo realizadas por la Comisión de la Verdad, serán presentados en los próximos meses, afirma Nicomedes, mientras se apura a cerrar las últimas zanjas abiertas en el ex cuartel de Atoyac –instalaciones que hoy ocupa el ayuntamiento local–, donde no pudo ser hallado ningún cuerpo, a pesar de contar con testimonios que indican que en algún lugar de este cuartel se enterró clandestinamente a víctimas asesinadas durante la guerra sucia.

El trabajo, sin embargo, no ha sido en vano. “A principios de diciembre del año 2013 –narra Nicomedes–, tuvimos acceso a una información acerca de un enfrentamiento entre la guerrilla y miliares en la comunidad del Posquelite, en los límites de Atoyac y Coyuca de Benítez, en el que murieron dos guerrilleros, que fueron enterrados por las autoridades en algún lugar de la zona. Le dimos seguimiento. La comunidad fue dando información. Aunque muchos sabían dónde se había enterrado a esos guerrilleros que ya habían muerto, los sobrevivientes no recordaban dónde excavaron las fosas, así que comenzamos a realizar la búsqueda, con apoyo de peritos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y en junio de este año encontramos el primer cuerpo. La exhumación fue exitosa, los restos de esa persona estaban la mayoría ahí. Empezamos por detectar una falange, un metatarsiano al parecer, y más abajo encontramos el cráneo y fueron apareciendo el resto de los huesitos, muy bien conservados aún con 40 años ahí, esto ocurrió en el 74, y un mes después, a 400 metros de distancia fue encontrado el segundo cuerpo, y ahora están esos restos en proceso de identificación, si es que ésta es posible”.

–¿No siente feo estar cerrando estas zanjas en el ex cuartel de Atoyac, sin haber encontrado nada? –se le pregunta.
–Sí –reconoce–, pero tenemos limitantes. El tiempo que puede existir la Comisión de la Verdad por ley, está por concluir, y tenemos que presentar el informe de las labores realizadas. Hemos buscado y, obviamente, no vamos a darle a los familiares la respuesta que ellos esperan, pero sí localizamos los restos de dos personas, desaparecidas desde hace 40 años. Un sobreviviente de la guerrilla recientemente fallecido, Octaviano Santiago, era de la idea de que, si la Comisión de la Verdad encontraba aunque fuese a uno de los desaparecidos, eso ya habría hecho importante su existencia, y, al menos desde la perspectiva de él, nosotros cumplimos, eso es muy importante, aunque falte aún mucho por hacer…

En el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas no está incluido el caso de Julio Fuentes Martínez y, de hecho, si se hace una búsqueda de registros por año, el Renped no contempla ningún caso registrado entre 1969 y 1980, los años más álgidos de la “guerra sucia”.

* “Desaparecidos en México: la guerra por la verdad” es un reportaje en tres partes realizado con el apoyo de la Red de Periodistas de a Pie/, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), como parte del proyecto de protección de los defensores de derechos humanos financiado por la Comisión Europea. El contenido no refleja la posición de la Unión Europea.

Los asesinos de Víctor Jara: el último secreto

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Ver comunicado y resolución judicial del 3 de septiembre de 2014

 

El 16 de septiembre [de 1973], a las 7:00, el cuerpo de Víctor Jara, junto con cinco cadáveres más, fue encontrado al lado del Cementerio Metropolitano, cerca de la línea del tren. De los seis cuerpos, pobladores reconocieron a dos: a Víctor y a Litre Quiroga, quien también había sido visto por testigos como prisionero en el Estadio Chile. Los nombres de esos testigos los daré oportunamente al tribunal. Algunos de esos testigos conocían personalmente a Víctor y a Litre Quiroga, tal es así que uno de ellos sabía que Litre tenía una cicatriz en el pecho, al lado izquierdo. Esto lo constató abriendo sus ropas. Y con respecto a Víctor, palparon las callosidades de sus manos, propias de intérpretes de guitarra y que en ese momento estaban llenas de moretones e hinchadas”. Así se leía en la primera denuncia judicial que presentó Joan Turner pidiendo que se esclareciera la muerte de quien fuera su marido: Víctor Jara Martínez, nacido el 28 de septiembre de 1932, hijo de Manuel y Amanda.

El juicio para identificar a los autores materiales e intelectuales de su muerte se inició el 12 de septiembre de 1978, por denuncia de su esposa, de nacionalidad británica y profesora de danza, con quien se casó el 27 de enero de 1965. Al momento de ser asesinado tenía 41 años y dos hijas: Manuela, de 13 años y Amanda, de 9.

Debieron transcurrir 40 años para que al fin el cerrojo del secreto que envolvía el asesinato de Víctor Jara, Litre Quiroga y otras decenas de ciudadanos chilenos y extranjeros que encontraron la muerte en el Estadio Chile, cuya identidad y número aún se desconoce, comenzara lentamente a descorrerse.

El Estadio Chile y la planificación del Golpe

Hasta las últimas horas de la noche del 10 de septiembre de 1973, la casa central de la Universidad Técnica del Estado (UTE, hoy Universidad de Santiago) fue el epicentro de una gran ebullición. Todo quedó listo para que, a las 11:00 de la mañana siguiente, el Presidente Salvador Allende inaugurara la exposición “Por la Vida Siempre”, con una esperada actuación del cantautor Víctor Jara. Solo unos pocos sabían lo que Allende anunciaría desde la UTE: un plebiscito con el que pretendía evitar el Golpe de Estado. Dos días antes el Presidente le había dicho al general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército hasta el 23 de agosto de 1973: “Es la única solución democrática para evitar el Golpe o la guerra civil”. Allende sabía que de ese veredicto popular no saldría vencedor.

Lo que los profesores y estudiantes de la UTE no imaginaban, y tampoco Allende, era que precisamente ese anuncio de plebiscito, que rápidamente fue informado a quienes querían derrocarlo, había sido el gatillo acelerador del Golpe. Y menos que a esa misma hora, otra ebullición pero para fines muy distintos, envolvía varios pisos del ministerio de Defensa, ubicado a pocos metros del palacio presidencial. En su interior, un grupo de militares bajo el mando de los generales Herman Brady y Sergio Arellano Stark, ultimaba los detalles para el ataque a La Moneda y la ocupación de Santiago que se desencadenaría sólo horas después.

El mando de las operaciones militares en Santiago quedó configurado esa misma mañana. Bajo la conducción del general Brady, al frente de la Guarnición Militar de Santiago, se alinearon: el general Sergio Arellano, a cargo de la Agrupación Santiago-Centro; el general César Benavides, en la Agrupación-Este, y el coronel Felipe Geiger, en la Agrupación-Norte. La Agrupación Reserva le fue entregada al general Javier Palacios, quien tendría un rol protagónico el 11 de septiembre.

Alrededor de una mesa en una de las oficinas del ministerio, un grupo de oficiales de la Academia de Guerra del Ejército y de Inteligencia adscrito al Estado Mayor de la Defensa Nacional, núcleo estratégico del Golpe de Estado en marcha (encabezado por el almirante Patricio Carvajal), revisaba por enésima vez los detalles de los planes de seguridad “Cobre” y “Ariete”, con las primeras órdenes de qué hacer con los partidos de la Unidad Popular, sus dirigentes y los campos de prisioneros que se habilitarían.

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

“Debo indicar que me tocó ordenar alfabéticamente un listado de personas que debían presentarse en los regimientos del país y el cual fue leído mediante un bando militar. Este listado me fue pasado por el almirante Carvajal”, declaró más tarde Álvaro Puga, quien fue uno de los pocos civiles que participó en esos preparativos el mismo día 10 (1).

 

Puga se encontraría también en el ministerio de Defensa con el mayor Pedro Espinoza, quien vestía de civil y estaba a cargo del principal grupo de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, unidad que había secundado la planificación secreta de los golpistas en esos meses de 1973.

En el cuarto piso del edificio, otro grupo, en el que destacaba Pedro Ewin Hodar (secretario del Estado Mayor de la Defensa Nacional) y el alumno de la Academia de Guerra, coronel Roberto Guillard (2), y que integraban también civiles, revisaba los borradores de los primeros bandos militares que se transmitirían por una cadena radial encabezada por la Radio Agricultura (de propiedad de la Sociedad Nacional de Agricultura, el principal gremio patronal agrícola).

Que allí estuvieran oficiales de la Academia Guerra, la llamada elite del Ejército, no era sorpresivo. Fueron esos oficiales los primeros que se integraron a la preparación del Golpe de Estado en las reuniones clandestinas con oficiales de la Fuerza Aérea y la Armada, que tenían el liderazgo. Ya desde el 7 de septiembre estaban informados de la inminencia del Golpe, por lo cual los alumnos de los tres cursos de la academia fueron destinados a distintas unidades para asegurarse de que el día definitivo fuera exitoso.

La importancia de la Academia de Guerra en el Golpe quedó nítidamente reflejada cuando Arellano le encomendó la organización del cuartel general de la Agrupación Santiago-Centro, al coronel Enrique Morel Donoso (3), director de la Academia de Guerra desde agosto, cuando el titular, Herman Brady, asumió la comandancia de la Guarnición de Santiago. Fue también ése el momento en que la academia se convirtió en el brazo armado de los golpistas en el Ejército, con informaciones que transmitía el coronel Sergio Arredondo González (4), profesor de la academia y uno de los primeros conjurados. Arredondo tendría también un rol preponderante en las acciones del Golpe como jefe del Estado Mayor de la Agrupación Santiago-Centro.

Fue así como ese día 10, Arellano Stark, Morel y Arredondo tomaron los últimos y sigilosos contactos con los jefes de las fuerzas que actuarían sobre La Moneda y Santiago: Escuela de Infantería, Escuela de Suboficiales, los regimientos Tacna, Yungay (de San Felipe), Guardia Vieja (de Los Andes), Coraceros (de Viña del Mar), Maipo (de Valparaíso) y Escuela de Ingenieros (de Tejas Verdes).

Ese mismo día 10, en las dependencias del Comando Administrativo del Ejército (CAE), el general Arturo Viveros (5), otro de los primeros partícipes de la preparación del Golpe, citaba al comandante Mario Manríquez Bravo, para ordenarle habilitar el Estadio Chile (ubicado en Pasaje Boxeador Arturo Godoy Nº 2750, entre la calle Unión Latinoamericana por el oriente y Bascuñan Guerrero, por el poniente) como campo de prisioneros. Antes de ocuparse del Estadio Chile, Manríquez debió cumplir una delicada misión el mismo día 11 de septiembre: hacerse cargo del entierro de Salvador Allende y de su autopsia, la que permanecería secreta por 28 largos años.

Al mayor Hernán Chacón Soto, otro de los oficiales de la Academia de Guerra, también se le encomendó la organización de los campos de prisioneros, bajo las órdenes del general Viveros. Pero la orden la había recibido antes: el 8 de septiembre.

Para entonces, el mando de los golpistas ya había decidido que el Regimiento Tacna sería el primer y principal centro de reclusión, pues hasta allí se llevaría a los que integraban las nóminas que había preparado el grupo de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encabezado por el mayor Pedro Espinoza. El comandante del Tacna, coronel Luis Joaquín Ramírez Pineda, ya se preparaba.

Manuel Contreras

 

Lo mismo hacía en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, el mayor Manuel Contreras Sepúlveda. Uno de los conscriptos de su escuela relató lo siguiente en el juicio que busca establecer quiénes son los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Víctor Jara:

“El 10 de septiembre de 1973, alrededor de las 19:00, llegó un helicóptero a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, donde venía un oficial de Marina, quien fue a conversar con el director de la escuela, coronel Manuel Contreras, y éste da la orden de formar en el patio. En la formación, se nos ordena que preparáramos nuestra mochila y armamento de guerra, que consistía en un fusil SIG, con cien tiros cada uno. Alrededor de las 20:00, nos fuimos a dormir y aproximadamente a las 02:00 del día 11 fuimos despertados por el cabo de servicio y se nos ordenó formar en el patio. El personal de planta estaba acuartelado. El coronel Contreras nos señala que íbamos a un combate y que no quería bajas de parte nuestra. Junto a mi sección, nos subimos a unos camiones institucionales y nos dirigimos a Santiago. Los que íbamos a Santiago eran: la Segunda Compañía, a cargo del capitán Germán Montero Valenzuela, integrada por la primera, segunda y tercera sección, a cargo de los tenientes Pedro Barrientos Núñez, Rodrigo Rodríguez Fuschloger y [Jorge] Smith, respectivamente. Además de la Tercera Compañía, a cargo del capitán Víctor Lizárraga Arias, y la primera, segunda y tercera sección de esa compañía, a cargo del teniente Orlando Cartes Cuadra (6). A cargo de todo este contingente iba el mayor Alejandro Rodríguez Fainé” (7).

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El conscripto R.A., relata: “Una vez que llegamos a Santiago, nos dirigimos al Regimiento Tacna, pero éste estaba ocupado por el Regimiento Maipo, motivo por el cual nos llevaron a una cancha de básquetbol, en Arsenales de Guerra. Lo primero que nos dieron fue desayuno y alrededor de las 07:00 nos formaron y nos pasan un cuello de color salmón y un brazalete de color blanco con tortugas verdes y un oficial, de quien ignoro nombre y grado, nos indica que íbamos a derrocar al Presidente comunista Allende y el que no quiere ir que diera un paso al frente. Nos miramos con nuestros compañeros: nadie quiso salir. Posteriormente, la compañía que iba completa, nos dirigimos al costado del ministerio de Defensa [diario Clarín], tomamos posición de este edificio y comenzamos a tener fuego cruzado con francotiradores de otras azoteas”.

 

El relato del conscripto R.A. fue complementado por el del conscripto C.A.P.: “Después del desayuno, el teniente coronel Julio Canessa, comandante de Arsenales de Guerra, nos señala que habría un hecho importante en el país y el teniente Pedro Barrientos Núñez nos dio mayores detalles y nos indicó que el que no quería ir, que diera un paso adelante: obviamente no salió nadie. Posteriormente nos dirigimos hacia La Moneda, por calle San Diego, allanando todos los edificios de los alrededores del ministerio de Defensa” (8).

Enrique Kirberg, rector de la Universidad Técnica, durmió poco y mal esa noche. A las 6:30, el repiquetear del teléfono lo hizo saltar de su cama. “Un grupo de civiles armados atacó las instalaciones de la radio de la universidad, inutilizando la antena”, fue el escueto anuncio que recibió. Luego de cerciorarse que no había heridos, Kirberg se fue directo a la universidad.

El ataque fue perpetrado por el contingente de la Armada apostado en la Estación Naval de Quinta Normal, desde donde el almirante Patricio Carvajal, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, digitaba paso a paso el desarrollo de los planes golpistas. El día 10 de septiembre la Armada dispuso que un grupo de infantes de Marina y personal de Inteligencia se trasladara a Santiago. Entre ellos estaban los tenientes Miguel Álvarez y Jorge Aníbal Osses Novoa, del Servicio de Inteligencia de la Armada. En Santiago, ya se encontraba el oficial Pedro Castro Bustos, quien dependía directamente del capitán de fragata Víctor Vergara” (9).

En La Serena, otro grupo de militares del Regimiento de Artillería Nº 2, “Arica”, se preparaba para marchar a Santiago. Al mando de la Agrupación Serena se apostó el mayor Marcelo Moren Brito (10), segundo comandante del regimiento que dirigía el coronel Ariosto Lapostol, quien no viajó. Entre los escogidos estuvo el capitán Fernando Polanco, quien era el jefe de Inteligencia del regimiento y comandaba una compañía de infantería de unos 120 hombres.

Poco después de que el rector Kirberg ingresara a la UTE, el sector de calle Ecuador se convirtió en un hormiguero. Mientras las primeras tropas se desplegaban en el entorno, estudiantes y profesores recorrían patios y dependencias intentando obtener más información de lo que estaba ocurriendo. Desde radios a pilas que emergieron por doquier se podía escuchar los sones del himno de la Unidad Popular “Venceremos”, que la Radio Magallanes difundía una y otra vez acompañado de consignas para defender el gobierno.

Alrededor de las 10 de la mañana, Víctor Jara se despidió de su esposa, Joan Turner, y de sus hijas Manuela y Amanda, y salió de su casa en calle Piacenza Nº 1144. A sabiendas de que estaba en marcha un Golpe de Estado, decidió estar en su lugar de trabajo: la UTE. Joan recordará por siempre la imagen de Víctor con su pantalón negro y su suéter de alpaca negro, tomando las llaves de su renoleta para luego partir raudo en dirección a la universidad. Llevaba consigo uno de sus objetos más preciados: su guitarra.

Poco después, Víctor Jara ingresaba a la Vicerrectoría de Comunicaciones de la UTE, ubicada al frente de la casa central, allí donde trabajaba como investigador folklórico y director de teatro. Se fue directo a la oficina de Cecilia Coll, jefa del departamento de Extensión Artística, su amiga y compañera de muchas jornadas de cultura llevada a las poblaciones y fábricas. Y también de trabajo voluntario, en los que se descargaba harina y otros productos de primera necesidad que escaseaban.

“‘¿Qué hago?’, fue lo primero que me dijo. Lo vi llegar empuñando su guitarra y con su rostro preocupado. Pero me habló con esa convicción que me impresionaba, de estar profundamente convencido de lo que hacía ya sea en la música, en el teatro y en su actitud militante. Lo escuché en un momento hablar esa mañana con su mujer, Joan, lo que me reafirmó que Víctor tenía claro cuál era su responsabilidad ese día”, recuerda Cecilia en entrevista con la autora.

Estadio Chile.

Esa llamada fue confirmada por la esposa de Víctor Jara, Joan Turner, quien dijo: “Víctor me llamó por teléfono alrededor de las 11:30 para decirme que había llegado bien, a pesar del movimiento de tropas. Que estuviera tranquila y que cuidara a las niñas”.

Cecilia Coll no olvida que fue ella quien le dijo a Víctor que se fuera a la Escuela de Artes y Oficios, el edificio antiguo y de construcción sólida que podría resistir en mejor forma un ataque militar, ya que a esas horas se escuchaban muchos disparos. Para entonces, ya eran cientos los profesores y alumnos que permanecían en la UTE.

A esa misma hora ya habían sido liberados los oficiales que habían protagonizado el 29 de junio de 1973 la rebelión del Regimiento Blindado Nº 2, conocida como el “Tanquetazo”. La asonada, un borrador del Golpe de Estado que se ejecutaría tres meses más tarde, dejó varios muertos y heridos, y fue organizada y llevada a cabo por un grupo de militares en concomitancia con el movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. Sus líderes fueron: el coronel Roberto Souper Onfray (11), quien era el comandante del Blindado Nº 2; el capitán Sergio Rocha Aros (12), comandante de la Compañía de Tanques del regimiento; el capitán Carlos Lemus y los tenientes Raúl Jofré González, Antonio Bustamante Aguilar, Mario Garay Martínez (13), Edwin Dimter Bianchi, René López Rivera (14), Carlos Souper Quinteros y Víctor Urzúa Patri. La mayoría estaba en prisión militar en distintas unidades de Santiago, acusados de sublevación y sedición.

La vorágine de los acontecimientos del 11 asfixió la liberación de los militares sediciosos. Pero el secreto se mantuvo largos años. Había motivos para ello. El principal: ocultar los nombres de quienes ordenaron las misiones que les fueron encomendadas a los oficiales que recién salían de la prisión militar, masticando el fracaso de su operación y de reconocida vocación violentista y de extrema derecha. Pero hubo otros hechos que rodearon esa liberación y que conectaron a esos hombres con el Estadio Chile y el destino de Víctor Jara.

Uno de esos oficiales fue el entonces teniente y hoy brigadier (R) Raúl Aníbal Jofré González, quien fue dejado en libertad en la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, junto al también teniente sublevado Edwin Dimter Bianchi. Jofré relató:

“El 11 de septiembre, alrededor de las 18:00, me fueron a buscar y me trasladaron a la Comandancia de Guarnición, ubicada en el sexto piso del entonces ministerio de Defensa. El mismo día, a distintas horas, llegaron el resto de los oficiales que estábamos detenidos, con excepción del coronel Souper, a quien no vi. Al día siguiente fui enviado junto al teniente Edwin Dimter al Estadio Chile…” (15).

Otro oficial sublevado y liberado sí vio al coronel Souper esa mañana en el mando central del Golpe. El ahora coronel (R) Antonio Roberto Bustamante Aguilar (16), relata:

“El 11 de septiembre de 1973, alrededor de las 11:00, me comunican que estoy en libertad y me trasladan a Zenteno Nº 45 donde funcionaba el ministerio de Defensa. Fui directo al sexto piso, donde quedé en calidad de disponible junto con los demás oficiales que habíamos participado en el llamado ‘Tanquetazo’: coronel Roberto Souper, capitán Sergio Rocha, los tenientes Raúl Jofre, Edwin Dimter, Mario Garay y René López. En la tarde fuimos destinados a distintas unidades. Desconozco a qué unidad fue destinado el coronel Souper. El capitán Rocha fue enviado al Comando de Área Jurisdiccional de la Zona de Seguridad Interior (CAJSI) de Puente Alto, donde había estado preso (el entonces Regimiento Ferrocarrilero Nº 2); Jofré y López fueron enviados al Estadio Chile; respecto de Dimter, tengo dudas, y sobre Garay, me parece que fue enviado a la Segunda División del Ejército. Yo fui destinado al Comando de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior, o CAJSI de Santiago, que funcionó en el sexto piso, ala sur del ministerio de Defensa (Departamento Quinto, Asuntos Civiles). Todas las actividades de seguridad tanto de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, como de Carabineros e Investigaciones, se subordinaban al CAJSI. El Departamento Quinto de Asuntos Civiles, al cual fui asignado, estaba a cargo del capitán de Ejército, Ramón Castro Ivanovic, alumno de tercer año de la Academia de Guerra” (17).

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Edwin Dimter.

Pero hubo otro hecho que todos callaron por muchos años y que el teniente Edwin Dimter, otro de los sublevados y liberados, decidió revelar ante el tribunal 31 años más tarde, cuando la figura de Víctor Jara regresó con inusitada fuerza:

“Al mediodía del 13 de septiembre de 1973, todos los oficiales que habíamos participado en el alzamiento del 29 de junio, fuimos recibidos por el general Augusto Pinochet, quien nos dirigió unas breves palabras y luego nos dijo que íbamos a recibir instrucciones. Estábamos presentes en esa reunión: el coronel Roberto Souper, el capitán Sergio Rocha; y los tenientes Raúl Jofré, Antonio Bustamante, René López, Mario Garay y el que habla. A continuación, fui destinado al Estadio Chile, recinto al cual fui trasladado en un jeep el mismo día” (18).

La partida de Dimter y Jofré al Estadio Chile fue confirmada por el entonces teniente y ahora teniente coronel (R) Mario Garay Martínez, otro de los sublevados del Blindados Nº 2: “Los tenientes Jofré y Dimter fueron enviados al Estadio Chile… En mi caso, fui mantenido en la Segunda División para cumplir labores administrativas y a disposición de los oficiales superiores del Estado Mayor” (19).

A las 10:20, después de haber difundido por segunda vez el último discurso de Salvador Allende, la Radio Magallanes enmudeció para siempre. A las 11:52 caía la primera bomba sobre La Moneda. Víctor Jara evidenció el impacto y llamó a su esposa. Joan relatará más tarde que en esa conversación le dijo que estuviera tranquila, que intentaría regresar a la casa, pero más tarde…

Poco antes de las 14:00, las tropas de ocupación, encabezadas por el general Javier Palacios, con contingente del Tacna y de las Escuelas de Suboficiales e Infantería, ingresaron a La Moneda. A cargo de las cinco baterías del Regimiento Tacna, que luego descerrajaron el ministerio de Educación, estaba el mayor Enrique Cruz Laugier (20).

Palacios dijo más tarde que recibieron balazos desde el interior de La Moneda en llamas y que la rápida actuación de su ayudante, el teniente Iván Herrera López (21), evitó que fuera alcanzado por otros proyectiles. Y agregó en entrevista con María Eugenia Oyarzún: “El teniente Armando Fernández Larios me vendó con un pañuelo que yo mismo le pasé para cubrir la herida. ¿Por qué estaba allí? Creo que el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIM) envió gente por su cuenta para identificar a los prisioneros”. Palacios tenía razón. Armando Fernández Larios pertenecía ya en ese momento al equipo de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que encabezaba el mayor Pedro Espinoza, grupo que había confeccionado la lista de dirigentes de personeros de la UP que había que hacer prisioneros como primera prioridad. Una tarea que los efectivos de Inteligencia del Estado Mayor del Golpe seguirían desarrollando después en el Estadio Chile.

Al interior de la UTE la gente se convulsionaba. El rector Kirberg aún no podía convencerse de que el palacio de gobierno ardía en llamas. De pronto, se escucharon gritos: “¡Al Paraninfo! ¡Al Paraninfo! ¡Ampliado general!”. En entrevista con la autora, Kirberg relata:

“Se realizó la asamblea. Estábamos todos juntos, profesores, alumnos, trabajadores. Habló el presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, Osiel Núñez, quien llamó a detener el Golpe… La mañana había transcurrido de manera vertiginosa. Una delegación de profesores y estudiantes democratacristianos vino a decirme que se ponía a mi disposición. Cuando aún estábamos bajo el impacto del bombardeo, llegó una patrulla de infantes de Marina. Reclamaban por una bandera a media asta que alguien había puesto. ‘O la suben, o la bajan!’, ordenaron. Acordamos quedarnos en la universidad. Éramos alrededor de mil personas.”

La estudiante Iris Aceitón no olvida esos momentos: “El grito de la UTE traspasó las paredes del Paraninfo hasta elevarse en el cielo brumoso. Un gran escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Los rostros de mis compañeras estaban llenos de lágrimas. Nos abrazábamos… Los hombres no escondían su sobrecogimiento. Fueron muy pocos los que se fueron” (22).

Todos se organizan para lo que venía y que no era otra cosa que permanecer allí, en la casa que les daba identidad. Víctor Jara era uno más.

“Allí en el patio, junto a una gran columna de concreto, apoyado en su inseparable guitarra, diviso a Víctor Jara. Está con Patricio Pumarino. Me invitan a acercarme. Víctor me habla y lo abrazo agradecida”, recuerda Iris.

Poco después, un mayor de Carabineros al mando de una patrulla llegó hasta la UTE y le comunicó al rector que estaban acordonados: “Nadie puede salir, ni siquiera pasar de un edificio a otro, porque van a recibir fuego. Estamos en Estado de Sitio y ya entró en vigencia el toque de queda”, dijo escueto.

Víctor Jara, fiel a su carácter, había decidido quedarse. Como a las 16:30 se volvió a comunicar con su esposa: “Después de algunas dificultades logré hablar con él. Me dijo que no podría llegar a la casa por el toque de queda, que tendría que quedarse en la UTE esa noche, que esperaba verme en la casa a la mañana siguiente. Que me quería mucho… Esa fue la última vez que hablamos”, relata Joan Jara.

“Nos organizamos en dos grupos, uno de ellos en la Escuela de Artes y Oficios y otro en la casa central, repartidos en diferentes dependencias. De los que estábamos en la casa central, algunos se encontraban en el sector de los ingenieros industriales y otros en el Paraninfo. La casa central cuenta con subterráneo, por lo cual nos sentíamos seguros. Víctor Jara permaneció en la Escuela de Artes y Oficios, donde estaba el mayor grupo de personas. La noche la pasó en una de sus salas”, relató el dirigente estudiantil Mario Aguirre Sánchez (23).

Efectivamente, Víctor Jara permaneció en el Laboratorio de Física de la Escuela de Artes y Oficios de la UTE. El estudiante Juan Manuel Ferrari Ramírez también estaba allí y no lo olvidó:

“Esa noche me quedó grabada su expresión porque se veía muy sereno, preocupado y triste. Estaba abrazado a su guitarra lo que lo hacía muy particular, a diferencia de las demás personas que estaban asustadas o con pánico” (24).

Luego de que el rector Kirberg llegara a un acuerdo con un contingente de Carabineros para que a la mañana siguiente se desalojara la universidad en completa calma, se inició la noche más larga que se haya vivido en la Universidad Técnica. Ni Víctor Jara ni Kirberg ni ninguno de los estudiantes y profesores que habían decidido permanecer en la UTE, podían imaginar que a esas mismas horas y a todo motor los militares golpistas preparaban el Estadio Chile para recibir a sus primeros prisioneros. Y ellos serían sus próximos moradores.

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Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El oficial David González Toro, del Comando Administrativo del Ejército, recibió una orden que lo ligó de por vida al Estadio Chile:

“El día 11 mi general Viveros me ordenó hacerme cargo de la intendencia de un centro de prisioneros que se iba a crear. Horas más tarde se me informó que debía concurrir junto al comandante Mario Manríquez, el mayor Sergio Acuña y los sargentos Sergio Etcheverry, Caupolicán Campos y el cabo Héctor Bernal, hasta el Estadio Chile. Cuando llegamos en horas de la tarde, no había ninguna persona… Cuando llegan los detenidos, tengo claro que había personal de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, del CAE y del Regimiento de Calama. Ignoro si había personal de otra unidad… Recuerdo haber visto al comandante Manríquez en una oficina de pequeñas dimensiones ubicada siguiendo un pasillo ancho, a un costado de unos baños” (25).

El mayor Hernán Chacón Soto recibió otras órdenes respecto al Estadio Chile:

“A eso de las 16:00 del 11 de septiembre, se me ordenó por intermedio del jefe del Departamento Habitacional del Comando Administrativo del Ejército, el teniente coronel Mario Pérez Paredes, que debía hacerme cargo de una sección de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. En compañía del teniente coronel Pérez, debí trasladarme, con esta sección a cargo, hasta el Estadio Chile, constituyéndome en el lugar a eso de las 19:00, donde fui informado de que tenía a cargo la seguridad exterior del gimnasio… En esta labor y con esta sección permanecí hasta el día 15 de septiembre de 1973, según mi recuerdo, en que todos los detenidos del Estadio Chile fueron trasladados hasta el Estadio Nacional”.

Uno de los conscriptos de Tejas Verdes, M. C., relató lo que en esas horas ocurría en el Estadio Chile:

“Alrededor de las 19:00 del día 11 se nos ordena a toda la sección concurrir al Estadio Chile, a cargo del teniente Rodríguez Fuschloger y del teniente Jorge Smith Gumucio [y da los nombres de todos los sargentos, cabos y conscriptos que iban con él]. Al llegar observé varios buses con detenidos a los que bajaban con las manos arribas y eran apuntados por soldados. A mí se me ordenó apostarme en la entrada del estadio, ordenando la fila de detenidos que ingresaba. Esto duró varias horas hasta que el estadio estuvo casi lleno. De repente, junto a la fila de detenidos, vi a un hombre de avanzada edad y le permití descansar en el suelo. Fui sorprendido por el teniente Smith, quien me increpó y quiso mandarme detenido por desobediencia. Intercedió el teniente Rodríguez Fuschloger en mi favor. Posteriormente, me fui a descansar unas pocas horas en una sala en el segundo piso, y después, al regresar, el cabo R. me ordenó quedarme como centinela en la galería que estaba al frente de la entrada principal, en el pasillo que dividía la galería baja y alta” (26).

El conscripto R. A., de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, también afirma haber recibido la orden de concurrir al Estadio Chile a las 19:00 del día 11. Y recuerda que va toda su sección, la que era dirigida por el teniente Rodrigo Rodríguez Fuschloger (27). Al llegar al estadio, dice que están con él los sargentos Víctor Heredia Castro, Exequiel Oliva Muñoz y los cabos Nelson Barraza Morales, Homero Reinoso Valdés, Carlos Sepúlveda Moreno, José Galdames Arteaga, Jaime Sepúlveda López y 38 conscriptos (da todos sus nombres). También iban los sargentos Sergio Montiel Díaz y Manuel Rolando Mella San Martín, que no eran de su sección, pero que sí estaban en el Estadio Chile:

“Una vez que llegamos al estadio, a un costado estaban unos buses de Carabineros con detenidos, esperándonos a que nosotros tomáramos posición en el recinto. Para custodiar el lugar nos dividimos en turnos de seis horas. Los cabos nos ordenaban dónde teníamos que estar como centinelas. Recuerdo que estuve apostado en la entrada principal, en el costado externo. Desde mi posición podía observar la entrada de los detenidos. Era una gran cantidad. Sus pertenencias personales las dejaban en un pañuelo o cualquier otra cosa en un costado de la entrada. Toda la noche del 11 y la madrugada del 12 de septiembre llegaron detenidos. El día 12, alrededor de las 06:00, fui relevado y me fui a dormir, para asumir luego mi turno en el mismo lugar”.

No muy lejos de allí, al interior de la UTE, se vivían horas de terror: “Al final, éramos unos 600 docentes, estudiantes y auxiliares los que permanecimos en la universidad, la que fue tiroteada en forma persistente con arma de larga distancia durante toda la noche. Vehículos recorrían los alrededores disparando para atemorizarnos”, cuenta un estudiante de Ingeniería en entrevista con la autora.

Enrique Kirberg: “A la medianoche, llamaron de la Escuela de Artes y Oficios. Me informaron que había un herido: un camarógrafo, al que llamaban El Salvaje, había recibido un balazo en la espina dorsal que le comprometió los riñones. Estaba muy grave. Pedí asistencia hospitalaria, insistí frente a los militares, esperamos toda la noche… Nuestro hombre se nos murió… Y debo decir que no había armas dentro de la universidad y tampoco hubo resistencia. Se ha creado un mito: se cree que resistimos… Me da un poco de pena desilusionarlos”.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, Osiel Núñez, también recordó muy bien esos momentos en que fue herido el camarógrafo y fotógrafo de la revista Presencia de la universidad, Hugo Araya Araya, El Salvaje: “El rector hizo varios llamados solicitando una ambulancia para trasladar al herido. Fue inútil. Como a la una de la madrugada nos informaron que Hugo Araya había muerto desangrado”, relató ante la Comisión Rettig (28).

El grupo del Regimiento “Arica” que llegó desde La Serena para reforzar las operaciones militares del Golpe, estaba conformado por dos compañías de Infantería y una batería de Artillería formada por cuatro piezas al mando del mayor Marcelo Moren Brito. Su primera misión fue “desalojar y ocupar todas las dependencias de la UTE”.

“La información de inteligencia que manejaba la Guarnición Militar de Santiago era que al interior de esa casa de estudios había entre 300 a 500 personas, muchos de ellos armados. Personal de la Armada, dependiente de la Estación Naval de Quinta Normal, en conjunto con carabineros de la Comisaría de calle Ecuador, no habían logrado el desalojo, informando que habían recibido disparos desde el interior”, recuerda el subteniente (R) Pedro Rodríguez Bustos, quien participó de la ocupación de la UTE (29).

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales

El oficial Fernando Polanco también forma parte del contingente que estaba listo para atacar la UTE, al mando del mayor Moren Brito: “Pernoctamos ese día en el Regimiento Buin. En la madrugada del día 12, a través de una orden que presumo fue dada por el comandante del Regimiento Buin, el coronel Felipe Geyger, todo nuestro grupo fuimos a allanar y ocupar el recinto de la Universidad Técnica del Estado…El mayor Moren era quien se entendía con la superioridad y recibía las órdenes directamente del comandante de la Agrupación Santiago-Centro. Nuestra misión fue únicamente evacuar el recinto y coordinar el traslado al Estadio Chile. Aproximadamente en octubre de ese año se creó la DINA, a la que pasó directamente y únicamente dentro de nuestra agrupación, el mayor Moren Brito” (30).

Lo que no dice Polanco, más conocido en el Ejército como “El Polaco”, es que en esos mismos días también estuvo a la caza de dirigentes de la Unidad Popular. Así llegó hasta el domicilio de Félix Huerta, uno de los miembros del comité asesor más secreto de Salvador Allende. Huerta estaba inválido y Polanco lo extorsionó para que entregara la identidad de sus compañeros a cambio de la vida de su hermano, Enrique Huerta (a quien, sin embargo, ya habían asesinado). Polanco, finalmente, no mató a Félix Huerta, pero siguió su carrera en servicios de inteligencia, en el BIE, el grupo más secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Otras muertes, entre ellas la del coronel Huber, miembro de la DINA, le serían adjudicadas a lo largo de los años. Huber fue asesinado cuando se descubrió la venta ilegal de armas a Croacia una vez recuperada la democracia.

Como a las 6:00 del día 12 de septiembre, Enrique Kirberg se cambió de camisa y se afeitó. Quería estar preparado para recibir a la delegación militar que ayudaría al desalojo:

“De repente sentí un estruendo terrible. Lanzaron un cañonazo hacia el edificio de la universidad. El obús abrió un boquete inmenso y estalló dos oficinas más allá de donde yo estaba. Quedé masticando trozos de concreto. Me asomé y vi tropas atrincheradas que disparaban hacia la universidad. Los vidrios del frontis se quebraron haciendo un ruido espantoso. Nos tuvimos que tender en el suelo para esquivar los disparos. Como el ataque no cesaba, tomé mi camisa blanca, me acerqué a la ventana y la saqué hacia fuera. Oí gritos: ‘¡Salgan con los brazos en alto!’. Una mujer empezó a llorar… Me escuché decir: ‘¡No es hora de llorar!’”.

“Aproximadamente a las 7:00, yo me encontraba en las oficinas de la administración, junto a unas cien personas y vimos cuando instalaron un cañón frente al edificio principal y tiraron tres obuses. Enseguida descargaron un ataque de ametralladoras durante más de 30 minutos. Por altoparlantes un oficial pidió que nos rindiéramos. Salió todo el mundo con las manos en alto y en fila india entre dos hileras de soldados armados”, relató el profesor Carlos Orellana (31).

Enrique Kirberg: “La gente empezó a salir con los brazos en alto, pero aún así no dejaban de disparar. Mi impresión fue que los soldados estaban más asustados que nosotros. En forma violenta obligaban a la gente a tenderse en el suelo. Yo también lo hice, pero el comandante me hizo parar a punta de culatazos y me gritó: ‘¡Así que tú eres el rector, tal por cual! ¡Ahora vas a ver lo que es la autonomía universitaria!’. Violentamente me tomó de un brazo, me tiró contra una pared, amartilló su arma y me apuntó: ‘Tienes 15 segundos para decirme dónde están las armas, ¡de lo contrario disparo!’. Tuve muy claro que estaba frente a mi universidad, profesores y estudiantes me escuchaban. No sé de dónde saqué fuerzas, pero muy sereno respondí: ‘Las armas de la Universidad son el conocimiento, el arte y la cultura’. Pasaron los 15 segundos y el hombre que me apuntaba no apretó el gatillo. Llamó a un soldado y le dijo: ‘¡Apúntalo!, y si no dice dónde están las armas, tú sabes…’. Dispararon un segundo cañonazo y luego se llevaron el cañón hacia la Escuela de Artes y Oficios. Mi gente seguía tendida en el suelo. El soldado seguía apuntándome, se oían gritos y órdenes mientras las tropas derribaban puertas y ventanas y entraban disparando a los edificios”.

Apenas ingresaron, los militares pidieron que se identificaran los dirigentes estudiantiles. Osiel Núñez, presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, lo hizo. Fue separado inmediatamente y los golpes se iniciaron. “¿Dónde están las armas?”, era el grito que se repetía:

“Me golpeaban y me amenazaban de muerte. Me dispararon en dos oportunidades a un costado para que me decidiera a hablar. Yo insistía en que en la universidad no había armas. En ese momento llegaron a informarle al oficial al mando que se estaba produciendo un enfrentamiento en la Escuela de Artes y Oficios. Yo le pido a este militar que me permita concurrir para evitar una matanza. Acepta. Llego al lugar, pidiéndole a los estudiantes que abandonen la escuela, asegurándoles que no se les dispararía, comenzando a salir principalmente funcionarios. Luego soy llevado hasta otro sector, donde hago lo mismo, pero los estudiantes no alcanzan a salir pues los militares ingresan violentamente, disparando. Pido al oficial al mando que cesen los disparos para evitar muertes innecesarias. Se detienen los disparos y comienzan a salir estudiantes. Pero los militares continúan los disparos” (32).

El estudiante Boris Navia Pérez relata: “Los militares sacaron a estudiantes, profesores y funcionarios, hombres y mujeres, y entre culatazos nos obligan a tendernos en la calle, frente a la casa central, incluyendo al propio rector. En este lugar, permanecimos durante toda la mañana y parte de la tarde. A lo lejos se veían bultos acostados, lo que hizo pensar al vecindario que estábamos todos muertos. Entre estas personas, también se encontraba Víctor Jara” (33).

Muchos de los estudiantes y profesores que permanecieron en la UTE vieron a Víctor Jara tendido en el suelo y con las manos en la nuca, como todos sus compañeros. Así lo recuerda uno de los estudiantes que fue hecho prisionero:

“Nos trasladan a la cancha de baby fútbol de la Escuela de Artes y Oficios. Víctor queda en mi misma fila. Pasaron horas antes de que nos hicieran subir a los buses. Nos colocaron de rodillas en el suelo de la micro, con la cabeza agachada y las manos en la nuca. Víctor viajó en la misma micro que yo”.

Mario Aguirre Sánchez: “La actuación de Osiel Núñez logró disuadir a los militares y los convenció de moderar su comportamiento para que la gente pudiera salir y no ser ametrallada. En una cancha de la Escuela de Artes se nos mantuvo en el suelo, siendo golpeados por los militares que nos custodiaban mientras se allanaban diferentes dependencias. No hubo resistencia. Cerca del mediodía, termina el allanamiento y comienza el traslado de los detenidos en unos buses. Nos condujeron con la cabeza agachada, para evitar que viéramos el lugar de detención”.

Enrique Kirberg: “Después, me subieron a un jeep. A un costado de la calle, las mujeres con los brazos en alto formaban una fila. Alguien sacó a mi mujer de la fila para que se despidiera. Nos dimos un apretado abrazo. No la volvería a ver en largos once meses…”.

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El rector Kirberg fue llevado al Regimiento Tacna, donde escuchó fusilamientos y se convenció de que muy pronto sería su turno. “Y como soy enemigo de las cosas tragicómicas, dudaba en si gritar algo o no antes de la descarga. Noté que tenía el cuerpo húmedo y el corazón me latía con rapidez. Quise sacar un papel y dejar un mensaje a mi familia… Me arrepentí… Cuando ya estaba preparado, me vinieron a buscar y me subieron a un jeep”. De allí fue llevado a un subterráneo del ministerio de Defensa, donde nuevamente presenció golpes e insultos. “De rodillas, vi a un cabo que recorría el recinto con un yatagán en la mano. Un oficial me sacó, me subieron a un jeep y me llevaron al Estadio Chile”.

Cuando los prisioneros de la Universidad Técnica llegaron al Estadio Chile en las últimas horas de la tarde del 12 de septiembre, fueron recibidos por un contingente militar cuyas características recuerda el entonces suboficial del Regimiento Arica de La Serena, Pedro Rodríguez Bustos, quien había participado en el asalto a la UTE:

“Quienes recibieron a los detenidos de la UTE en el Estadio Chile fueron el capitán Rafael Ahumada Valderrama, el capitán Joaquín Molina Fuenzalida [quien fue asesinado el 9 de noviembre de 1988] y el subteniente Jorge Herrera López [todos del Regimiento Tacna]. A estos oficiales los pude observar en los momentos en que me tocó entregar los detenidos de la UTE el 12 de septiembre. Ellos recibieron a los prisioneros en su calidad de encargados del recinto. El capitán Ahumada era oficial de Inteligencia, por lo que presumo le tocó participar en los interrogatorios con otros oficiales del Tacna”.

Un régimen de terror

Entre los casi 600 prisioneros de la Universidad Técnica que llegan al Estadio Chile, hay una joven de 16 años, estudiante de 4º Humanidades del Liceo Darío Salas (ubicado en Avenida España). El día 11, con algunos de sus compañeros de colegio, Lelia observó estremecida y a la distancia el bombardeo a La Moneda. Poco después, junto a otros 12 liceanos, decidieron partir a la Escuela Normal Abelardo Núñez, ubicada a pocas cuadras de la UTE. Allí pasaron la noche.

A las 6:00 de la mañana siguiente, irrumpió un contingente de carabineros en la escuela y los detuvieron. Permanecieron tendidos en el suelo de la calzada, boca abajo y manos en la nuca durante unas dos horas. De improviso, los carabineros los hicieron parar y los llevaron hasta el frontis de la UTE, donde los entregaron a un grupo de militares con brazalete color naranja. Lelia no olvida a ese sargento que les dio de comer y los hizo pasar a una casa para que pudieran llamar por teléfono a sus familias y entrar al baño. Por la conversación supieron que venían de La Serena (Regimiento “Arica”). No sabían que muy pronto ingresarían al infierno. Lelia recordó:

“Al ingresar al Estadio Chile, nos colocan en una fila con las manos en la nuca y saltando. A la entrada había cuatro o cinco mesas atendidas por personas de civil que vestían terno y corbata. Preguntaban nuestros nombres, militancia y el por qué de nuestra detención. También nos quitaban nuestra cédula de identidad, la que después debíamos retirar en el ministerio de Defensa, según nos instruyeron. Nos separan: los hombres a una galería, las mujeres a otra. En la tarde del día 12, un funcionario de Ejército nos dio un discurso: dijo que los días del marxismo habían terminado…”

El estudiante de la UTE Mario Aguirre Sánchez, también recordó esa arenga: “Un militar que se identificó como el encargado del recinto, tomó un micrófono e hizo una arenga diciendo que él tenía autorización para matar y no quería ser privado de ese gusto. Nos intimidó diciendo que los soldados también contaban con esa autorización con las ametralladoras que disparaban 30 proyectiles por segundo y eran conocidas como ‘las sierras de Hitler’ ya que cortaban a los que asesinaban”.

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Pedro Barrientos.

Años más tarde (2004), el coronel Mario Manríquez Bravo (34) reconocerá en un careo: “Es efectivo que les manifesté a los prisioneros que estas armas se habían conocido en la Segunda Guerra Mundial como ‘las sierras de Hitler’, caracterizadas por una cadencia de tiro alta que podían cortar una persona en dos”.

El conscripto C.E., de la dotación de Tejas Verdes, ingresó al Estadio Chile alrededor de la 11:00 del 12 de septiembre. Recuerda: “Iban llegando camiones con prisioneros. El teniente Pedro Barrientos nos ordena formar un cordón para la fila de detenidos a los que muchos dan culatazos. Una vez que los detenidos ingresaron al estadio, el sargento Mella nos distribuyó en diferentes sectores para custodiar a los presos, ubicados en la platea y en la cancha, ya que en la galería había una ametralladora punto 30, a cargo de un soldado que tenía la orden de disparar en caso de cualquier cosa. A mí me correspondió estar en el costado sur poniente de las galerías, donde se encontraban alrededor de unos 70 extranjeros de distintas nacionalidades [Y da los nombres de los oficiales Jorge Smith Gumucio, Rodrigo Rodríguez Fuschloger y Jorge Garcés Von Hohenstein, que los comandaban (35)]. La estadía en el recinto no era buena, ya que no recibimos comida durante unos tres días y menos los detenidos, además que no había agua y los baños eran insalubres”.

Enrique Kirberg: “Apenas llegué al Estadio Chile, me ubicaron contra la pared, con los zapatos pegados a la muralla y los brazos en alto. Un soldado me apuntaba. Vi llegar más gente, en fila y con las manos en alto y trotando. Vi pasar a Víctor Jara a mi lado. Me dirigió esa sonrisa ancha que lo caracterizaba. Le hice señas con mi mano… Una hora más tarde me subieron a otro jeep y me llevaron de regreso al Regimiento Tacna (36)”.

El profesor de la UTE Carlos Orellana también está manos en la nuca en la fila de prisioneros que esperan su ingreso al estadio: “Éramos varios miles de prisioneros. Los militares habían constituido grupos y cada detenido llevaba un número. Víctor Jara quedó en mi grupo. Vi cuando un oficial lo golpeó. Parece que el oficial lo reconoció, se acercó a él y le dio un puñetazo en el rostro. Víctor recibió el golpe sin caerse. El oficial llamó a unos soldados y les ordenó que se lo llevaran. Eso sucedió en los corredores del estadio. Los soldados tomaron a Víctor por los brazos y lo condujeron al subsuelo. Antes de este incidente Víctor no presentaba ninguna herida”.

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El profesor Ricardo Iturra Moyano: “A la llegada al Estadio Chile, en la misma fila que yo, unas quince personas más adelante, estaba Víctor Jara. En el momento en que ingresaba al estadio, un uniformado lo detuvo y lo proyectó violentamente contra el muro, mientras lo insultaba y le propinaba golpes… Después, cuando Víctor Jara vino a sentarse frente a mí, noté que llevaba las manos adelante, con los dedos encogidos y parecía sufrir terriblemente” (37).

El profesor de la UTE César Fernández Carrasco también estaba en esa fila de prisioneros: “Víctor Jara se encontraba en la fila cuatro o cinco hombres detrás de mí. Un soldado lo identificó e informó a su superior. Víctor Jara fue retenido por varios soldados y golpeado. Su pecho fue golpeado tan fuerte con las culatas de los fusiles que cayó al suelo… ” (38).

Julia Fuentes dice no haber visto a Víctor Jara al interior del Estadio Chile, pero como casi todos los conscriptos, soldados y oficiales que dominaban el recinto, supo que allí estaba. Julia no era una prisionera, aunque en cierto sentido también lo fue. Porque Julia era cocinera del estadio antes del día 11 de septiembre y el 12 llegó hasta su casa una patrulla militar que la condujo directo al recinto deportivo. Durante un mes, sin derecho a salir, cocinó para los oficiales y algo para los conscriptos a cargo del Campo de Prisioneros. Ingresó escoltada al local que ella tanto conocía, por un pasillo ubicado al costado derecho de las boleterías. Le advirtieron que caminara al frente sin mirar:

“Fue inevitable, lo hice…había un grupo de hombres semidesnudos, tirados en el suelo, amontonados uno encima del otro. No supe si estaban vivos o muertos, pero la piel se las vi de color muy oscuro, no pudiendo precisar si era por hematomas o moretones. Vi también manos, muchas manos que se agitaban y pedían agua. Subí al segundo piso directo al casino y a la cocina y por donde transité no tenía visión a la cancha. En el comedor comían los militares, pero en mesas separadas los oficiales. Los primeros 15 días dormí en una colchoneta en la misma cocina. Después me dieron una pieza. Recuerdo haber visto desde la cocina cuando los soldados juntaban todas las mesas del comedor y de sus bolsillos sacaban puñados de billetes que habían robado a los prisioneros. Recuerdo haber visto en un pasillo a prisioneros que eran empujados por los soldados que les clavaban las bayonetas. También haber sentido muchos disparos al interior todo el día, tanto de fusiles como de ametralladoras, las que reconocía por su tableteo inconfundible…Varios días después que me llevaron al estadio, un soldado me comentó secretamente en la cocina: ‘Se nos terminó el cantante Víctor Jara, porque lo mataron’. Ese mismo soldado me comentó días después en privado: ‘Esta noche van a sacar del estadio 40 camiones cargados con muertos que van a ir a dejar al Cerro Chena’” (39).

El dibujante técnico Guillermo Orrego Valdebenito no fue hecho prisionero en la UTE, pero él sí vio a Víctor Jara en el Estadio Chile. En 1973 trabajaba en la empresa Standard Electric, ubicada en el cordón industrial Vicuña Mackenna. Fue detenido en Textil Progreso en la tarde del 12 de septiembre junto a otros 60 trabajadores, los que fueron llevados en buses al Estadio Chile por carabineros y personal de Ejército:

“Aproximadamente el 13 o 14 de septiembre recuerdo haber pasado junto a Víctor Jara, a quien reconocí inmediatamente puesto que, además de ser un artista reconocido, se desempeñaba como profesor en la UTE donde yo tomaba clases vespertinas de dibujo técnico. Se notaba a simple vista que había sido maltratado y muy golpeado en la cara, aunque se encontraba de buen ánimo. Víctor estaba rodeado de estudiantes y gente de la UTE. Muy cerca de ellos, estaba un grupo proveniente de la CORFO”.

Uno de esos profesionales detenidos en la sede de la Corporación de Fomento de las Producción (CORFO), el ingeniero Julio Del Río Navarrete, recuerda:

“El 12 de septiembre fui detenido en la oficina central de la CORFO, ubicaba en Ramón Nieto con Moneda, junto con los demás profesionales que allí estábamos, entre los cuales puedo citar a Alfredo Cabrera Contreras, ingeniero comercial; Hugo Pavez Lazo, abogado; Gustavo Muñoz López, ingeniero comercial, y otros cuyos nombres no recuerdo. Fuimos trasladados a pie por el centro de Santiago hasta La Moneda y enviados al ministerio de Defensa, donde fuimos interrogados y golpeados en los subterráneos. En la tarde del día 13, fuimos trasladados al Estadio Chile en microbuses. Ingresamos por el acceso de calle Unión Latinoamericana, en donde vimos por primera vez al oficial Mario Manríquez, quien nos recibió y preguntó de dónde veníamos. Cuando le respondimos, dijo que nosotros éramos los ‘ideólogos del sistema o del gobierno’ y que éramos comunistas. Desenfundó una pistola, pasó bala, me la puso en la sien y preguntó cuál era mi militancia. Al responderle que era independiente, dijo que estaba mintiendo y que ahora todos éramos independientes. En ese momento sacaron el cadáver de un niño que no debe haber tenido más de 12 o 13 años, a lo cual Manríquez nos dijo que nos iba a pasar lo mismo si no decíamos la verdad. Luego nos envió al subterráneo donde había un grupo de ocho oficiales jóvenes con boina roja. Nos colocaron contra la muralla. Nos amarraron las manos atrás y nos golpeaban en la espalda con puños y pies. Un oficial nos golpeaba con un linchaco. Nos preguntaban dónde se encontraban las armas y especialmente por el paradero de Pedro Vuscovic, quien había sido ministro de Economía y hasta ese momento vicepresidente ejecutivo de la CORFO. Incluso preguntaban por la remuneración que recibíamos. Hasta que llegó Mario Manríquez, comandante del recinto, acompañado de su plana mayor, formada precisamente por los oficiales que nos golpeaban. Se produjo un diálogo que duró aproximadamente dos horas, en donde se discutió y conversó acerca del gobierno de la Unidad Popular. Le hice presente a Manríquez que yo estaba a cargo de la parte logística que abastecía al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por lo cual había tenido mucho contacto con oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que además cumplía por instrucciones directas del Presidente de la República. En medio del diálogo, Manríquez dijo que nosotros éramos ‘recuperables’. En la conversación intervino un oficial que manifestó haber estado preso hasta el día 11 de septiembre por los hechos conocidos como el ‘Tanquetazo’, igual situación de otros de los oficiales, dijo. Como le manifestáramos a Manríquez nuestra preocupación por los robos reiterados de los que habíamos sido objetos, éste dijo que se hacía cargo. Le entregamos nuestro dinero y él le entregó a Alfredo Cabrera una tarjeta donde figuraba su lugar de trabajo habitual: el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, ubicado en Alameda al llegar a Portugal. Nos dijo que concurriéramos después a buscar el dinero a este lugar y que nos lo devolvería. Y así ocurrió efectivamente, cuando recuperamos la libertad. Una vez que terminó la conversación, Manríquez ordenó que nos trajeran comida y nos dieran unas colchonetas para dormir, ante el reclamo de los oficiales. Nos dormimos. Pasado un tiempo que no puedo precisar, fui despertado por Souper, un oficial de contextura delgada, baja estatura y rostro muy fino. Dijo que debíamos subir a las graderías porque allí corríamos peligro…Entendimos de inmediato: ya habíamos experimentado el interrogatorio. Una vez que nos subieron a las graderías, fuimos situados en las del lado norte, donde se encontraba un grupo seleccionado de prisioneros. Allí estaba también Víctor Jara. Se encontraba solo, sin gente a su alrededor y en la parte alta, cerca de una caseta de transmisión. Horas antes, cuando aún estábamos en el subterráneo, lo había divisado en un camarín. Su cara era muy conocida. Estaba muy mal, golpeado y con un ojo prácticamente cerrado. Con mis compañeros decidimos ir a verlo para saber qué necesitaba. Tenía su rostro hinchado por los golpes y un ojo cerrado, parece que el derecho. Sus manos no las podía mover, se le notaban fracturadas, hinchadas y llagadas. Permanecimos con Víctor alrededor de una o dos horas hasta que a nosotros nos bajaron a la cancha para ser trasladados al Estadio Nacional” (40).

Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El dibujante técnico Guillermo Orrego fue testigo de otro hecho que grafica lo que en esas horas vivían Víctor Jara y los más de cinco mil prisioneros del Estadio Chile:

“En una oportunidad, un militar me mandó a la enfermería con otro detenido que tuvo un ataque de nervios y que trabajaba en Textil Progreso. En la enfermería, como asimismo en el foyer que da al acceso del estadio, perpendicular a la Alameda, pude ver a varias personas tendidas en el suelo que no se movían. Podrían haber sido alrededor de 20. Algunas estaban cubiertas con sábanas blancas, pero todos estaban ensangrentados. Escuché algunos quejidos. Nadie los custodiaba. Los oficiales a cargo eran del Ejército, usaban uniforme verde oliva con boinas de color rojo granate. El militar a cargo del recinto era un oficial que habrá tenido entre 40 y 50 años, de bigote y un poco corpulento, al que posteriormente reconocí en la prensa como un oficial de apellido Manríquez. Había otros oficiales, más de 20, que se distinguían porque daban órdenes y se imponían por su voz de mando. Algunos de ellos llevaban boina negra y otros una especie de quepis color verde oliva. Con mayor certeza recuerdo a un oficial de boina negra, bigote grueso y negro y tez morena, quien disparó una ráfaga de metralleta al aire y a otro que se autodenominó ‘El Príncipe’, ya que cuando se dirigía a los prisioneros no tenía necesidad de usar micrófonos: decía que tenía ‘voz de príncipe’. Era un oficial alto, de contextura mediana, tez muy blanca, sin bigote, cabello rubio y liso. No recuerdo que usara boina ni quepis. Portaba un linchaco con el que les pegaba a los detenidos, siendo especialmente cruel y vulgar en su trato” (41).

Avanzada la investigación judicial y cuando ya el comandante Mario Manríquez no pudo seguir negando los muertos en el Estadio Chile y tampoco que él era el oficial al mando, afirmó:

“Al momento de constituirme en el Estadio, llamé por teléfono a mi superior jerárquico del CAE, el coronel Martínez, a quien le informé que estaba operando personal de Inteligencia en el subterráneo del Estadio, que pertenecía a las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas. Me ordenó que los dejara funcionar, ya que éstos realizaban una labor importante considerando el estado del país…Tengo la certeza interna de que la gente de Inteligencia del subterráneo también retiraba prisioneros y los sacaba fuera del estadio, puesto que tenían sus propios vehículos y no había ningún control sobre ellos: obedecían solamente a sus mandos institucionales. Recuerdo que uno de los tenientes jóvenes del Regimiento Blindado siempre andaba con un linchaco. No es parte del entrenamiento del Ejército el uso de un arma como el linchaco” (42).

“Había un teniente de características germánicas, de boina granate, quien era muy loco y golpeaba mucho a los detenidos. Los mismos soldados y cabos se preocupaban por él, ya que no se sabía su reacción. Nadie aprobaba su acción, pero al ser oficial nadie le decía nada. Incluso el comandante, el coronel Manríquez, no sabía qué hacer con él. Los conscriptos le decían ‘El Príncipe’”, relata un soldado en el expediente del caso.

A la joven estudiante Lelia le costó años sacarse la voz y las manos de “El Príncipe” de encima: “Estuve en el Estadio Chile hasta el 18 de septiembre. Durante esos días sufrí múltiples vejámenes, agresiones sexuales y torturas en sesiones de interrogatorios. Los interrogatorios se hacían en los camarines y baños del estadio, y los interrogadores cambiaban. Entre ellos recuerdo a uno que llamaban ‘El Príncipe’, el que me torturó en varias ocasiones” (43).

Uno de los prisioneros del Estadio Chile complementa los relatos y describe a ‘El Príncipe’: “Alto y rubio y con pañuelo naranja al cuello. Alardeaba con voz potente que ahora tendrían que pagársela estos marxistas por haberlo tenido detenido el 29 de junio [el día del ‘Tanquetazo’]”.

Y sí, precisamente en el Estadio Chile estaba un grupo de los oficiales que protagonizaron la rebelión del Regimiento Blindados Nº 2. Habían sido destinados al campo de prisioneros apenas fueron liberados el mismo día 11, ya que se encontraban procesados por el delito de sublevación militar. Interesante resulta contrastar las declaraciones de los testigos acerca de la descripción física de “El Príncipe”, con la que hizo el entonces teniente y hoy brigadier (R) y próspero empresario Raúl Jofre, de los oficiales que afirmó que lo acompañaban en el Estadio Chile Edwin Dimter, Rodrigo Fuschloger y Luis Bethke Wulf (44). Jofré, también protagonista de la rebelión del Blindado Nº 2, dijo:

“Edwin Dimter era delgado, alto, tez blanca rubio y con voz potente y fuerte. Debe haber tenido una estatura de un metro ochenta y cinco centímetros, y no creo que haya utilizado boina granate, debe haber utilizado quepis. Luis Bethke, del arma de Infantería, era fornido, un poco más bajo que Dimter, de tez blanca, pelo rubio y con un tono de voz fuerte. Rodrigo Rodríguez Fushlocher era alto, de un metro noventa centímetros, había sido seleccionado nacional de básquetbol, tenía el pelo castaño oscuro y no era de tez blanca… Recuerdo a estos oficiales porque con Rodríguez Fuschlocher y Bethke dormíamos en la misma pieza en el estadio”.

El brigadier (r) Raúl Jofré (45), quien no recordó ante la justicia que hubiera ametralladoras emplazadas en la parte alta del Estadio Chile, sí hizo acopio de su memoria y afirmó:

“El oficial que puede responder a estos rasgos es Edwin Dimter (46), con quien serví un año en el Regimiento Blindado, pero siempre tuvimos una relación estrictamente profesional y no fuimos amigos. La personalidad de Dimter era la de una persona de difícil trato, muy inteligente, pero con poco criterio y tenía una gran prestancia física. No tengo muy claro qué actividades desarrolló en el Estadio Chile” (47).

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

En el proceso, Dimter negó toda relación con ‘El Príncipe’. Dijo que mientras estuvo en el Estadio Chile utilizó “tenida de combate: parka reglamentaria de color gris azulino y como cubrecabeza el quepis del reglamento. No usé boina”. Y repetirá: “Yo no soy el oficial que se ha descrito ni tampoco maltraté ni di muerte a prisionero alguno en el Estadio Chile”. Y a continuación se explayará sobre otros oficiales que podrían corresponder a esas características:

“Un teniente menos antiguo que yo, de apellidos Rodríguez Fuschlocher, que era de Concepción y basquetbolista, más alto que yo, de contextura atlética y de pelo castaño claro. Asimismo, había otros dos oficiales que tenían apellidos alemanes: el teniente Bethke, quien era como de mi estatura, delgado y de cabello claro. El otro oficial, era un teniente más antiguo que yo, de apellido Haase [se refiere a Nelson Haase (48), de Tejas Verdes que sí estaba en el Estadio Chile], del arma de Ingenieros, quien se encontraba en Santiago en tratamiento médico en el Hospital Militar por una enfermedad relacionada con la salud mental, según él me refirió” (49).

Pero el conscripto C.A., de la dotación de Tejas Verdes, sí vio al teniente Edwin Dimter (50) torturar y asesinar a un prisionero: un joven al que describe “bien vestido y con apariencia de provenir de una familia de buena situación económica, que decía ser estudiante de Arquitectura”. Dimter había llegado con un block de dibujos que pertenecía al joven y lo acusó de “hacer planos de instalaciones militares”. El conscripto fue testigo de cómo Dimter lo interrogó en alemán, para luego asesinarlo “de un disparo en su cabeza con un fusil SIG”. C.A. recordó la escena que siguió y que le quedó grabada: “Saltó masa encefálica del joven a la pared… Luego, el teniente Dimter le sacó el reloj marca Seiko que el joven portaba en su muñeca, y se lo entregó al comandante Manríquez diciéndole: ‘¡Es un trofeo de guerra!’”.

Un incidente ocurrido alrededor del 14 de septiembre conmocionó a los conscriptos de Tejas Verdes. Casi todos lo recuerdan:

“Cuando estaba de servicio fui relevado por otro conscripto y me dirigía hasta el pasillo de las galerías, cuando escucho un disparo y concurro hacia donde se había producido, observando que el soldado M. le había disparado a un joven que se había abalanzado contra él, quedando el soldado muy mal anímicamente”, recuerda el conscripto C.E.

El autor del disparo también lo relató: “Aproximadamente el 15 de septiembre, alrededor de las 20:00, un detenido que había sido fuertemente golpeado por otros funcionarios, trato de quitarme el fusil SIG, forcejeando con él pues trataba de sacármelo. Instintivamente se me escapó un tiro, dándole en el pecho o en el estómago. Fui llevado hacia la salida por un grupo de funcionarios de Ejército de distinto grado. Incluso llegó el jefe del recinto, el coronel Manríquez, quien me señaló que estaba bien lo que había hecho, ya que el detenido podía haberme quitado el fusil y habría sido un mal mayor”.

Víctor no vuelve a casa

Joan Jara esperó ansiosa el regreso de su esposo. Pero Víctor Jara no regresó el 12 de septiembre. Junto a sus hijas intentó seguir el curso de los acontecimientos desde su hogar. Hasta que en la tarde, la televisión le dio la noticia de que la Universidad Técnica había sido tomada por los militares y que “un gran número de extremistas había sido detenido”. El jueves 13 se enteró que profesores y alumnos de la UTE habían sido llevados al Estadio Chile. Esa misma tarde recibió un llamado:

“A las 16:30 un muchacho llamó por teléfono. Me dijo que él había estado en el Estadio Chile, que había podido salir y que tenía un recado para mí de Víctor. El último mensaje que me mandó Víctor fue que tuviera valor, que cuidara a las niñas, que él pensaba que no iba a poder salir del estadio, que pensaba en nosotras… Estábamos encerradas en la casa sin saber qué hacer, sin información”.

Joan Jara jamás mintió. Cada uno de sus testimonios se apegaron siempre a la verdad. Años más tarde aparecería esa última persona que le transmitió el mensaje de su marido: Hugo González González

“Fui detenido el 12 de septiembre en la vía pública por toque de queda y llevado al Estadio Chile. El 13 de septiembre me encontré con Víctor Jara en una especie de pasillo, a un costado de la cancha. Estaba solo y sentado, sin custodia militar, con señales físicas de haber sido muy golpeado, siendo las de su rostro las heridas más notorias. Me acerqué a hablar con él. Me contó que había sido detenido en la Universidad Técnica y que había sido reconocido en el estadio por el comandante del recinto: un militar con bigotes, un poco macizo, de pelo negro y de mediana edad. Que este militar lo había apartado de los demás detenidos, siendo posteriormente sometido a apremios físicos por el mismo oficial. Víctor Jara me indicó que fue amenazado por el comandante del Estadio Chile, sin precisarme qué tipo de amenaza. Y me solicitó que llamara a su cónyuge, Joan Turner, a fin de comunicarle dónde se encontraba su renoleta, la que había dejado estacionada en las cercanías de la Universidad Técnica. Salí libre el 14 de Septiembre de 1973. Ignoro si Víctor Jara seguía en el lugar donde lo vi, ya que con posterioridad a nuestro primer encuentro solo lo divisé una vez más, en el mismo sitio, sin poder precisar el día exacto. Luego de salir en libertad, cumplí con lo que le había prometido a Víctor Jara y le di su recado a Joan Turner. La llamé desde un teléfono público que estaba en la Alameda al número que Víctor Jara me señaló. Le dije a la señora Turner la ubicación de la renoleta y ella me preguntó por el estado de Víctor. Le respondí que se encontraba bien… (51)”.

La amenaza que recibió Víctor Jara y que guardó en su memoria Hugo González, tuvo otro testigo: Wolfgang Tirado, entonces prisionero en el Estadio Chile:

“En la mañana del 13 de septiembre pude cambiarme de ubicación en el Estadio Chile y acercarme a las rejas donde tenían lugar los procedimientos de liberación. Allí vi nuevamente a Víctor Jara. Advertí que estaba conversando con un oficial de Ejército que lo había reconocido. Vi que lo empujaron y le dieron golpes con los pies. Recuerdo que el oficial hizo un gesto con su mano a través de su cuello, indicando a Víctor que le cortaría la cabeza. El oficial ordenó a dos soldados que lo llevaran aparte. En ese momento fue que le dieron puntapiés y culatazos. No volví a ver a Víctor después de eso” (52).

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Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El arquitecto Miguel Lawner también vio a Víctor Jara el 13 de septiembre. Lawner, quien era el principal directivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), había sido detenido en su oficina, donde permaneció junto a otros trabajadores de la misma entidad hasta el 12 de septiembre. Fue llevado al Estadio Chile y salió de allí gracias a la intervención del general Arturo Viveros, a raíz de la relación entablada entre ambos por un convenio firmado entre el Ejército y la CORMU. Lawner lograría salir con vida del Estadio Chile para ser enviado, al igual que el rector de la Universidad Técnica, Enrique Kirberg, como prisionero a Isla Dawson. Jamás imaginó que el episodio de su encuentro con el general Viveros en esos días del Estadio Chile sería importante para identificar 30 años más tarde al comandante del Estadio Chile. Esto es lo que Miguel Lawner relató en el proceso:

“Al regresar a la sala de acceso al estadio, cargando las colchonetas, en una escalera con un pasamano de hierro, a unos 6 o 7 metros, pude observar a Víctor Jara. Estaba solo. Soldados lo custodiaban en las cercanías, por lo que me acerqué, pudiendo apreciar que estaba muy golpeado y torturado, pese a lo cual permanecía de pie. Lo que recuerdo es que debe haber sido muy tarde. Ese 13 de septiembre de 1973 fue la última vez que pude ver a Víctor Jara con vida” (53).

Boris Navia: “El jueves 13, en horas de la tarde, se produjo un gran revuelo en el estadio al llegar varios buses trayendo pobladores de La Legua. Se dijo que habían resistido con armas a las fuerzas militares. Hubo gente muerta, algunos muy malheridos y otros llevados a los subterráneos. Se produjo un olvido transitorio de la existencia de Víctor Jara. Y entonces, los profesores y funcionarios de la UTE que vigilábamos de cerca la suerte de Víctor, aprovechamos ese momento para arrastrarlo a las galerías y tratar de hacerlo uno más de los prisioneros. Él miraba por un solo ojo, ya que el otro lo tenía totalmente inflamado. Le limpiamos la sangre de su cara y un carpintero de la UTE le pasó su vestón para darle abrigo. En nuestro intento de disfrazar su figura, alguien nos proporcionó un cortaúñas y con mucho cuidado empezamos a cortarle su ensortijado pelo tan característico. Un soldado le regaló un huevo crudo. Dijo que se lo comería como lo hacían los campesinos de Lonquén: lo perforó en la parte inferior y luego lo succionó. Víctor se reanimó. Pese a sus heridas, compartió sus temores respecto de su familia y de sus amigos”.

Carlos Orellana: “El jueves 13 me encontré con Víctor Jara cuando los militares comenzaban a organizar a los presos en grupos. Tenía el rostro muy maltratado, hinchado y sangre en la cara y en la ropa. Sus manos estaban muy hinchadas y solo podía moverlas con gran dificultad. Nos contó que había sido golpeado durante gran parte de la noche por el mismo oficial del ingreso. Y nos dijo que este oficial lo reconoció y era hermano de un hombre con el cual había tenido un altercado dos o tres años antes en el Colegio Saint George de Santiago, donde había cantado Preguntas por Puerto Montt, produciéndose un incidente con algunos alumnos, entre ellos el hermano del oficial y uno de los hijos del ministro al que aludía la canción [Edmundo Pérez Zujovic, quien fue ministro del Interior del Presidente Eduardo Frei Montalva y que fuera asesinado por un comando extremista el 8 de junio de 1971]. El oficial había evocado este hecho en el transcurso de la noche…Víctor permaneció con nosotros durante dos o dos días y medio”.

El relato de Orellana es corroborado por otro prisionero: “El jueves 13, cuando Víctor Jara subió por fin a las graderías, junto a Carlos Orellana y otros detenidos, curamos como pudimos sus heridas. Nos turnábamos para ir al baño y mojar nuestros pañuelos con los cuales hacíamos compresas para calmar la hinchazón. El viernes 14, alrededor de las 11:00 de la mañana, un familiar me envió con un sargento unas galletas y un tarrito de mermelada. Las galletas eran fáciles de repartir, ¿pero cómo repartir la mermelada? Se nos ocurrió que cada uno tenía el derecho de meter el dedo en el tarro, darlo vuelta y sacarlo para chuparlo… Me parece ver hoy el dedo de Víctor chorreando de mermelada… Él estaba mucho mejor: sus labios y su cara se habían deshinchado un poco”.

Cuesta que algún conscripto u oficial que estuvo en esos días de septiembre en el Estadio Chile hable de Víctor Jara. Todos saben que era uno de los prisioneros, pero callan. Pareciera que, con los años, el secreto que ha rodeado su muerte, impuesto por el Ejército, ha permeado a cada uno de los hombres. Pero también, hay culpa. Mucha culpa y recuerdos de todos esos hombres y mujeres que allí murieron, de los que se desconoce su identidad y cantidad. Pero en esos días de 1973 lo que imperaba era la impunidad total. Porque el poder mayor lo tenían los oficiales y soldados que accedían al recinto donde se interrogaba a los detenidos. Allí donde a los pocos días, según los testimonios judiciales más fidedignos, llegaron oficiales de la Academia de Guerra del Ejército.

El entonces subteniente Pedro Rodríguez Bustos, quien participó del asalto a la UTE y cuya unidad fue después asignada como refuerzo al Regimiento Tacna, relata:

“Recuerdo que el día 16 o 17 de septiembre, me correspondió ir por segunda vez al Estadio Chile, donde pude constatar que las condiciones de los prisioneros eran malas, se notaba que era gente cansada, aunque no puedo asegurar que habían sido golpeados. En esta oportunidad constaté que la situación del estadio había variado. La guardia del mismo seguía correspondiendo a personal del Ejército, del Regimiento Tacna, pero los encargados de los interrogatorios dentro del estadio y de chequear a los detenidos, era personal del área de Inteligencia de la Guarnición de Ejército de Santiago, con refuerzo de alumnos de Segundo y Tercer Año de la Academia de Guerra, con el grado de mayor y teniente coronel, con la misión de dirigir los interrogatorios”.

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Entre esos oficiales de la Academia de Guerra que llegan al Estadio Chile a reforzar los equipos de interrogatorios, se repiten dos nombres: el mayor Hernán Chacón Soto, entonces alumno de primer año de la academia, y Víctor Echeverría Henríquez, del segundo año. Este último, quien se fue a retiro como coronel, sería visto después en Villa Grimaldi, una de las principales cárceles secretas de la DINA (su hija sería más tarde subsecretaria de Marina, en el ministerio de Defensa del gobierno de Michelle Bachelet, 2006-2010, pero no podría asumir como subsecretaria de Fuerzas Armadas en 2014 luego de que se hicieran públicas otras acusaciones de tortura contra su padre).

 

El coronel (r) Juan Jara Quintana, quien también estuvo destinado en esos días en el Estadio Chile, relató:

“Se encontraban en el Estadio Chile, además, unos 40 oficiales de la Academia de Guerra del Ejército, del Primero y Segundo año, quienes cumplían un horario de cuatro horas y eran relevados por sus mismos compañeros ya que la academia les quedaba muy cerca: en García Reyes con Alameda. Entre quienes se desempeñaban en el control de ingreso de detenidos del Estadio Chile, recuerdo a los oficiales Rubén Burgos Vargas, Víctor Echeverría Henríquez (quien fue mi segundo comandante en el Regimiento Rancagua en Arica a fines de 1980), Sergio Urrutia Francke, Patricio Vásquez Donoso y Hernán Chacón Soto, entre otros” (54).

El testimonio de Jara fue ampliado por otro de los oficiales de la Academia de Guerra que sería destinado al Estadio Chile: el oficial Alejandro González Samohod, quien llegó a ser un importante general del régimen militar. González reconoció haber estado en el estadio y afirmó también haberse encontrado allí con su compañero de la Academia de Guerra, Richard Quass:

“Días antes del 11 de septiembre, siendo alumno de Conducción Estratégica, Tercer Año, en la Academia de Guerra, fui destinado como integrante del cuartel general del comandante de las Fuerzas Militares de la Región Metropolitana, bajo el mando del general Sergio Arellano Stark. Durante los 10 días que allí me desempeñé, alrededor de tres debí cumplir funciones en el Estadio Chile, ya que fui enviado a colaborar en la seguridad del recinto, sin contacto directo con los detenidos”.

Raúl Jofré corroboraría el rol de los oficiales de la Academia de Guerra en la instalación de los campos de prisioneros, cuando declaró: “Fue a la hora de almuerzo del 12 de septiembre, cuando mi coronel Oscar Coddou, en ese tiempo jefe de un Cuartel General de la Comandancia de Guarnición y profesor de la Academia de Guerra, me envió a reforzar el Estadio Chile, el que se estaba creando como centro de detención provisorio en espera del Estadio Nacional”. Jofré también diría que entre los interrogadores había “un oficial de reserva de la Armada, de apellido Prieto [Daniel Prieto Vidal, quien actualmente se presenta como ‘consultor de asuntos internacionales’, declaró el 26 de octubre 2007. Tiene un largo historial en Inteligencia de la Armada]”.

“En la puerta de acceso a la cancha del estadio, precisamente en el costado nororiente, se encontraba el acceso al subterráneo. En dicha puerta había un oficial con tenida de salida del Ejército, el cual mandaba a pedir a los distintos presos. En este subterráneo se interrogaban a los detenidos. Era un sector cerrado y con un solo acceso. En una oportunidad, por curiosidad, traté de bajar a dicho sector, pero otro soldado me señaló que no me lo recomendaba, ya que recientemente habían matado a alguien y estaba lleno de sangre. Desde afuera, no se escuchaban los disparos. En este lugar había personal muy probablemente de Inteligencia del Ejército”, cuenta el conscripto C.E.

El conscripto M.C., recuerda: “Los interrogatorios se realizaban en un subterráneo que se ubicaba en la planta baja donde estaban los camarines. A este lugar no teníamos acceso, pero sí los oficiales, entre ellos, Rodrigo Rodríguez y Jorge Smith, además de civiles y otros oficiales de Ejército. Para ser llevados a este lugar, los detenidos comúnmente eran sacados de las galerías por los soldados que custodiaban ese sector. Regresaban en muy mal estado…En una oportunidad, en horas de la noche, no podría señalar fecha, estando de guardia centinela en la galería ubicada frente a la entrada, la que tenía una pequeña visión a la puerta de la sala de interrogatorios que daba hacia la salida del estadio, observé que sacaban varios cuerpos, casi desnudos. Fueron subidos a una ambulancia, la que se fue con rumbo desconocido. Era un comentario común que desde ese lugar, en horas de la noche, sacaban los cadáveres del subterráneo. Por comentarios de los mismos soldados se sabía que Víctor Jara estaba recluido en el estadio, pero ignoro en qué lugar. Un día, alrededor de las 14:00, otro conscripto me señaló que Víctor Jara había muerto… No quise consultar más”.

El conscripto C.E.: “En el estadio yo estuve a cargo de cuidar a los extranjeros, alrededor de 60, entre ellos, dos mexicanos que estaban en el hall en malas condiciones físicas. En una oportunidad, puede ser entre el 13 o 14 de septiembre, en horas de la tarde, un oficial de boina granate de la especialidad blindado, me mandó a custodiar a dos detenidos que él mismo me dijo que eran mexicanos. Después de aproximadamente veinte minutos, me señala que lo acompañe junto con los detenidos, conduciéndome hacia el exterior, precisamente a calle Bascuñan Guerrero, donde estaba apostada una ametralladora. El teniente me dijo que dejara a los detenidos en el trayecto y que él los llevaría ‘a dar un paseo’, y se dirigió hacia la ametralladora. Era el término para señalar que serían fusilados. A los pocos minutos sentí la ráfaga, presumiendo que les dieron muerte. Era común sentirla disparar, principalmente en la noche. Los muertos eran tirados a la excavación de los trabajos del Metro, los cuales eran recogidos por una ambulancia que pasaba diariamente, la cual pude ver a distancia: un vehículo blanco como de hospital. Se comentaba que el teniente que me dio la orden de cuidar a esos dos mexicanos, era el mismo que había chocado con su tanque las puertas del ministerio de Defensa para el ‘Tanquetazo’. Se distinguía del resto de los oficiales porque usaba boina granate”.

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Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

“Sacar a pasear”. Una expresión que hasta hoy estremece a muchos de los soldados que pasaron por el Estadio Chile. Para la mayoría significa fusilamiento. Pero también, dónde se procedería a la ejecución. El conscripto G.M., dice corto y directo: “La frase significaba que a los detenidos los iban a fusilar o en la calle que daba hacia la Alameda o en el subterráneo”. “Significaba que a los detenidos los iban a fusilar en la calle hacia la Alameda”, dice el soldado M.T.

Las graderías del Estadio Chile se fueron repletando de prisioneros. Los baños colapsaron, no había agua ni alimentos. Muchos venían de las industrias de los cordones industriales. Manuel Bustos, quien era en septiembre de 1973 dirigente sindical democratacristiano y presidente del sindicato de la industria textil intervenida Sumar, también vio a Víctor Jara:

“En la mañana [del 11 de septiembre] hicimos en Sumar una asamblea para repudiar el Golpe. En mi turno había unos mil trabajadores y yo sostuve que debíamos retirarnos. Pero como muchos no alcanzaron a llegar muy lejos porque ya no hubo locomoción colectiva, volvieron a la fábrica buscando refugio. Como presidente del sindicato, decidí quedarme en la fábrica con unas 300 personas que no alcanzaron a retirarse cuando se anunció el toque de queda. El día 12, como a las 6 de la mañana, llegaron los militares en camiones. Nos lanzaron a todos al suelo y comenzaron a golpearnos. Traté de explicarles, pero me llegaron más golpes. Fui detenido junto a unos 150 trabajadores. Nos sacaron manos en la nuca y a punta de golpes nos llevaron al Estadio Chile. Recuerdo que muy cerca mío mataron a un trabajador. Nunca supe su nombre, pero la imagen me quedó grabada. Pasaban militares por los pasillos y con la metralleta uno le golpeó la cara. El hombre le gritó ‘¡fascista!’ y le dispararon. Estaba pegado a mí. Dos compañeros de Sumar se volvieron locos por lo que vieron. Uno ya murió y el otro anda vagando por ahí…A Víctor Jara lo divisé desde lejos”.

La llegada de los nuevos prisioneros tiene otros testigos. Como los protagonistas de los peculiares cargamentos que empezarían a salir desde el Regimiento Tacna en dirección al Estadio Chile. Al Tacna habían llevado a los prisioneros que sobrevivieron del ataque a La Moneda, a los que muy pronto se sumarían, tal como lo había establecido el comando de guerra golpista –conformado también por oficiales de la Academia de Guerra del Ejército–, otros centenares de prisioneros provenientes de los cordones industriales. La orden fue que en el Tacna quedaran solo los prisioneros de La Moneda. Poco después serían asesinados en Peldehue.

El subteniente Iván Herrera López, del Regimiento Tacna, participó en esas ejecuciones sumarias. Recibió la orden del comandante del regimiento, Joaquín Ramírez Pineda de trasladar los prisioneros de La Moneda a Peldehue, junto al subteniente de reserva Castillo. Quien recibió en ese campo de entrenamiento militar a los prisioneros, fue el teniente Julio Vandorsee Cerda, del Arma de Artillería (55).

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Pedro Espinoza.

Quien certificó las muertes en el sitio mismo, para luego informarles a los jefes del Estado Mayor del Golpe, fue el mayor Pedro Espinoza, del mismo grupo de Inteligencia del Estado Mayor. El ahora brigadier (R), afirmó: “Lo único que me correspondió realizar en forma extraordinaria en septiembre de 1973, fue que el 12 se me ordenó, por parte del general Nicanor Díaz, concurrir a la Comandancia de Guarnición, donde se me entregaría un documento para ser llevado al comandante del Regimiento Tacna. Concurrí a la oficina del ayudante del general [Herman] Brady, comandante de la Guarnición, el que me entregó un sobre cerrado que trasladé al Regimiento Tacna y se lo entregué al segundo comandante de apellido Fernández. Le dije, también por instrucciones del general Díaz Estrada, que debía dejar en libertad a todo el personal de Investigaciones. Debo añadir que al día siguiente recibí la orden del mismo general de presenciar la ejecución de los detenidos de La Moneda, con la obligación de informar al regreso el resultado” (56).

No fue, sin embargo, la única ejecución de prisioneros a la que Pedro Espinoza estuvo vinculado en esos días. Según investigación de la autora, el día 14 de septiembre llegó hasta la sexta comisaría, ubicada en calle San Francisco, para llevarse a miembros del GAP y al hijo de Mirya Contreras, la secretaria y compañera de Salvador Allende, detenidos en la mañana del 11 en las puertas de La Moneda. Todos ellos fueron asesinados y después botados en alguna calle de Santiago. (57)

El resto de los detenidos en el Tacna fue llevado hasta el Estadio Chile, salvo excepciones, que aún siguen sin ser aclaradas. El funcionario civil del Ejército Eliseo Cornejo, que trasladó algunos de esos cargamentos, relata:

“Yo era chofer de un bus, un camión y un jeep asignado a la Batería Logística del Regimiento Tacna. Y me correspondió conducir a detenidos que se encontraban en los boxes del regimiento… Creo que muchos de ellos provenían del cordón industrial, especialmente recuerdo a Madeco y las textiles Hirmas y Sumar. Había también otras personas detenidas por toque de queda. En esa ocasión, manejé el bus con aproximadamente 60 personas, siendo escoltado por dos jeep con personal del regimiento, un oficial y personal de planta. Todos los vehículos se estacionaron en calle Unión Latinoamericana y escoltados por dos conscriptos se hizo bajar a los detenidos y avanzar por el pasaje por el cual se ingresa al estadio, distante a unos 100 metros. Como chofer me correspondió efectuar alrededor de tres viajes al Estadio Chile conduciendo el mismo bus y trasladando detenidos” (58).

El soldado C.A. reconoció haber visto a Víctor Jara en el Estadio Chile. Y afirmó haberse cruzado con él el día 14 de septiembre entre las 17:00 y las 18:00 “en el sector del hall, pasillo oriente, al volver de ronda, cuando venía en compañía del comandante de mi sección, Rodrigo Rodríguez Fuschloger”. Y agrega que después vio a una persona de civil llamarlo “a un interrogatorio”. C.A. también vio a Litre Quiroga, el que fuera director de Prisiones del gobierno de Allende, en el mismo estadio.

El conscripto G.B., de la dotación de Tejas Verdes, fue testigo directo de cómo el teniente Edwin Dimter interrogaba a Litre Quiroga:

“En el deambular por los pasillos vi matar a muchas personas… Un día, en horas de la mañana, estando de guardia en el sector del pasillo de la entrada oriente que da vista hacia la cancha, vi al teniente Dimter que junto a su grupo de escoltas mencionaba el nombre de Litre Quiroga. El detenido estaba junto a otras siete personas tendidas boca abajo con sus manos en la nuca. Dimter procedió a golpearlas tanto con el pie como a culatazos en sus cuerpos… Pasada la medianoche y estando de guardia en el techo del recinto, en la esquina norponiente, vi cuando salía Litre Quiroga y las otras siete personas hacia la calle. Iban caminando, una tras otra, por calle Arturo Godoy, en dirección al poniente, donde había soldados dispuestos en dos filas, quedando el medio libre y un jeep, al parecer blindado, con una reimetal (59) en su parte posterior. Cuando los detenidos pasaban comenzaron a dispararles, luego todos se marcharon quedando los cuerpos tendidos en el suelo… Yo identifiqué claramente a Litre Quiroga, ya que lo conocí cuando lo interrogaban en el estadio. Y sé que eran siete porque después los conté y certifiqué que estaban muertos… Al cabo de unos minutos llegó un camión grande, blanco, térmico, tipo congelador, con militares. Subieron los cuerpos y se los llevaron”.

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

El soldado G.M. de Tejas Verdes: “A los dos o tres días después que llegamos, me ordenan custodiar a un detenido que después se comentó que era Litre Quiroga, director de Prisiones, quien se encontraba en el hall de entrada y a quien los soldados que pasaban lo golpeaban. Estuve en su custodia todo el turno, el que retomó otro soldado cuyo nombre no recuerdo”.

Conscripto R. A.: “Por comentarios de los conscriptos, me enteré que en el interior del estadio estaba el director de Prisiones (hoy Gendarmería), don Litre Quiroga, quien le había sacado las uñas al general Roberto Viaux Marambio para el ‘Tacnazo’ [sublevación que Viaux encabezó en el gobierno de Frei Montalva]. Era característico, porque era grande y gordo. No recuerdo fecha, pero debería haber sido entre el día 14 o 15 de septiembre, en momentos que cambiaba turno, observé en el hall de acceso a Litre Quiroga, el cual estaba tendido en el suelo, en malas condiciones físicas, pero vivo. Esto me consta porque se quejaba mucho. No observé a nadie más a su alrededor. Con el correr de los días no lo volví a ver ni tampoco supe qué le paso”.

Carlos Orellana: “El sábado 15, estando en las graderías, vino un soldado a buscar a Víctor Jara. Esto nos angustió mucho. Ese mismo día, en la tarde, vino un prisionero a decirme que Víctor Jara quería hablarme. Fui a los urinarios arreglándomelas para pasar delante de la oficina donde estaba detenido. Al pasar, le hice señas para que me siguiera. Se me reunió en los urinarios bajo la guardia de un soldado, quien se quedó delante de la puerta. En ese momento, Víctor estaba muy débil, caminaba con mucha dificultad. Su nariz estaba quebrada. Su rostro estaba aún más hinchado. Su camisa estaba llena de sangre. Hablaba con dificultad. Me dijo que había sido golpeado nuevamente. Lo que quería decirme principalmente era que, en su opinión, se nos había colado un espía en el grupo. Efectivamente, cuando era interrogado, advirtió a un empleado de la universidad que hablaba muy libremente con los militares y quería advertirnos de este hecho. El soldado puso fin a la conversación. Nunca más lo volví a ver. Cuando partíamos hacia el Estadio Nacional, un brasileño nos dijo que lo había visto la noche anterior, en el subterráneo, tendido en el suelo. Ya no podía hablar. Tenía sangre en el vientre”.

César Fernández: “Había otro grupo también separado del resto de los detenidos, en la parte alta de la galería sur. Ambos grupos habían sido separados por ser personas mas conocidas. Reconocí allí a Osiel Núñez, presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, y a un periodista y profesor cuyo nombre no recuerdo que hacia un programa de concursos de conocimientos muy famoso en radio y televisión [Mario Céspedes]. Víctor Jara se quedó con nuestro grupo aproximadamente un día completo. Se produjo entonces una reorganización de los prisioneros en grupos con el objeto del traslado al Estadio Nacional. Y en esas circunstancias, un par de horas antes que nuestro grupo partiera, unos tres o cuatro militares vinieron a buscar a Víctor Jara, lo golpearon y se lo llevaron con destino desconocido” (60).

Otro de los prisioneros relata: “El viernes 14 en la tarde nos hicieron constituirnos en grupos de unos 200 para ser trasladados al Estadio Nacional. Víctor quedó en mi grupo. Escribió en un pequeño papel un poema que titulo Somos cinco mil. Luego supe que el poema salió al exterior, pero con otro título. El original que Víctor escribió fue entregado a un compañero que continúa viviendo en Chile y que lo escondió en uno de sus calcetines, donde fue descubierto por los militares en el interrogatorio que le hicieron en el tristemente célebre velódromo del Estadio Nacional. Nuestro grupo fue el antepenúltimo que salió hacia el Estadio Nacional el viernes 14, como a las 22:00. Alrededor de dos horas antes una patrulla vino a buscar a Víctor y en medio de golpes e insultos lo apartaron de nosotros. Cuando nuestro grupo abandonó el Estadio Chile, por un pasadizo lateral, divisé a Víctor en el hall de entrada del estadio. Se encontraba en el suelo y sangraba… Fue la última vez que lo vi. Víctor no llegó esa noche al Estadio Nacional. Ni esa noche ni en los días siguientes…”.

El abogado Hugo Pavez: “El viernes 14 de septiembre fuimos subidos a las graderías y allí, a pocos metros, vi a Víctor Jara quien se encontraba con la mitad de la cara muy amoratada e hinchada producto de los golpes recibidos. Estaba sentado y sin hablar. Cuando nos colocaron en las graderías ordenaron que nos inscribiéramos y luego en distintos grupos fueron sacados del estadio. El grupo en que yo me encontraba fue el último en inscribirse. A Víctor lo volví a ver al día siguiente cuando estábamos formados en la cancha a punto de subir a una micro que nos trasladó al Estadio Nacional. El Estadio Chile ya prácticamente estaba vacío. Solo quedó un grupo pequeño entre los que estaban Víctor Jara y Danilo Bartulín, médico del staff de Salvador Allende” (61).

Boris Navia Pérez: “En la noche del viernes 14 estuvimos a punto de subir a los buses que llevaban a la gente al Estadio Nacional. Víctor estaba con mi grupo. Sin embargo, una última orden nos hizo retroceder y volvimos a la galería en donde pasamos la noche. La mañana del sábado 15 de septiembre, salieron algunos prisioneros en libertad y todos empezamos a redactar pequeñas notas dirigidas a nuestras familias para informar que estábamos vivos, con la esperanza de que algunos de los afortunados pudiera llevar nuestras cartas. Víctor me pide lápiz y papel y empieza a escribir lo que todos pensamos era una nota para Joan, su mujer. En ese momento, él estaba sentado entre el profesor Carlos Orellana y yo, cuando de improviso se acercan dos soldados y uno le pega un fuerte culatazo en la espalda y el otro lo toma por el cuello de su chaqueta y lo arrastra hasta la parte superior del estadio. Víctor suelta el lápiz y el papel, y a duras penas puede dar unos pasos entre sus captores. Ese mismo sábado, a las 14:00, nos sacaron del Estadio Chile y en el foyer presenciamos un espectáculo dantesco: 40 o 50 cadáveres tendidos a la entrada, casi todos manchados de blanco por el yeso que había en los subterráneos, recinto en aquel momento en reparaciones. Entre esos cuerpos estaba el de Litre Quiroga, director de Prisiones y nuestro querido Víctor Jara. Su cuerpo estaba tendido de lado, podíamos ver su cara y su ropa manchadas de sangre… Al llegar al Estadio Nacional, golpeados, torturados y entristecidos por la muerte de Víctor, comprobamos que el papel y lápiz que él me pidió en el Estadio Chile, no estaba destinado a escribir una carta, sino que dio vida a la última expresión de su canto y poesía, escribiendo su último poema”.

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Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

La estudiante de Ingeniería de la UTE, Erika Osorio: “Volví a ver a Víctor Jara el día viernes 15 de septiembre, cuando fui bajada por segunda vez al subterráneo, a interrogatorio. Cuando me sacaron, un oficial le ordenó al militar que me custodiaba que me trasladara a donde estaba el grupo de la UTE que permanecía en el mismo subterráneo, ya que nos iban a matar a todos. Pude ver, al final de una especie de pasillo en ese sector, a varias personas muertas. Sus cadáveres estaban sobrepuestos. Otras estaban aún vivas, pero todas con señales de maltrato físico o heridas. Entre estas personas se encontraba Víctor Jara. Estaba sentado en el piso, mirando hacia el suelo. Su cara estaba muy herida y sobretodo sus manos, las que tenía ensangrentadas. A instancias del militar que me conducía afortunadamente pude ser devuelta a las graderías del Estadio Chile, saliendo libre el día siguiente, junto a un grupo de mujeres que venían del Cordón Industrial de Cerrillos” (62).

Transcurridos 40 años del Golpe de Estado aún se abren compartimentos secretos de lo que ocurrió aquel 11 de septiembre de 1973. Porque hubo otras tropas destinadas al Estadio Chile que aquellas que hasta ahora se conocían. Es el caso preciso del contingente que llegó desde Antofagasta, del Regimiento “Esmeralda”. El coronel (R) Juan Quintana era teniente y segundo al mando de la Segunda Compañía de Fusileros de ese regimiento en esa fecha, unidad a cargo del capitán Jorge Ramón Durand González y que también integraban los subtenientes José Luis Contreras Mora, Fernando Daguerrasar Franzani y Rolando López Álamos. Sería ese grupo de soldados venidos de Antofagasta uno de los últimos en retirarse del Estadio Chile. Una ventana que abre nuevos testigos.

El coronel (R) Quintana relató:

“Salimos de Antofagasta a las 00:00 horas, llegando a las 4:00 horas al Grupo 10 de Cerrillos, con un total de 160 hombres. Una vez en Cerrillos, a eso de las 7:00 horas, fuimos trasladados en buses hasta el Estadio Militar, ubicado en Rondizzoni [hoy Club de Campo de Suboficiales del Ejército] encontrándonos en el lugar con una fuerza de 6500 hombres de todo Chile. A la Primera Compañía de Fusileros del Regimiento ‘Esmeralda’ se le ordenó embarcarse a Santiago 24 horas antes, viniendo a cargo del teniente Alexander Hananías Barrios… El día 15, a eso de las 8:00, por orden del capitán Durand, la compañía completa debió dirigirse al Estadio Chile donde fuimos recibidos por el comandante Mario Manríquez Bravo quien nos señaló, junto al capitán Durand, que en el recinto había un total de 5500 detenidos que provenían principalmente de las empresas del Cordón Cerrillos y que nuestra misión era la custodia de la totalidad de los detenidos distribuidos únicamente en las tribunas y en la cancha… Tengo la certeza absoluta de que además de los alumnos de la Academia de Guerra, estaba el 1º y 2º curso de Aspirantes de Ayudantías de la Escuela de Telecomunicaciones en el Estadio Chile. Pero la Primera Compañía de Fusileros del ‘Esmeralda’, a cargo del teniente Hananías, no puso un pie en el Estadio Chile ya que les correspondió constituirse en La Moneda con posterioridad al pronunciamiento militar. Estuvimos en el Estadio Chile la Segunda Compañía completa, desde las 8:00 del sábado 15 hasta las 9:00 del domingo 16, cuando se inició el traslado total de los 5500 prisioneros políticos hacia el Estadio Nacional. Quienes realizaban los interrogatorios en el subterráneo del recinto o camarines eran los tenientes Edwin Dimter y Raúl Jofré, entre otros… Conocí en el interior del estadio a Litre Quiroga, director general de Prisiones, a quien vi junto a unos 30 detenidos extremistas en un hall a la entrada del recinto, llamado Patio Siberia. Estaban todos amarrados de manos y de pies, boca abajo en el suelo. Litre Quiroga vestía un terno color gris oscuro con rayas blancas, se encontraba en malas condiciones físicas y le perdí el rastro en el traslado al Estadio Nacional. Cuando nuestra compañía llegó al Estadio Chile, ya se encontraban allí los cursos de la Academia de Guerra, siendo nosotros los últimos en llegar y los últimos en irnos” (63).

Osiel Núñez: “El sábado 15 me encontraba aislado del resto de los detenidos, junto a un matrimonio uruguayo y a un argentino con el pelo rasurado que finalmente fue ejecutado según la versión de un soldado. Aproximadamente a las 19:00, se constituyó una fila de prisioneros frente a una puerta lateral derecha. En esa fila distinguí, entre otros 20 o 30 prisioneros, a Carlos Naudón, Mario Céspedes, Danilo Bartulín y Víctor Jara. Momentos antes de salir, pasó un oficial joven, de tez blanca, casi rubio y voz de mando, y sacó a Danilo Bartulín y a Víctor Jara de la fila. A Víctor lo ubicó en una sala contigua y se nos hizo salir. Víctor me sonrío… A nosotros nos trasladaron al Estadio Nacional donde habilitaron un camarín para los llamados ‘peces gordos’. A este camarín llegó Bartulín, por lo que Víctor habría quedado solo”.

Esa fue la última vez que Víctor Jara fue visto con vida.

El último eslabón

Fue un día de mayo de 2009 cuando el que fuera conscripto de Tejas Verdes, José Paredes Vásquez, se decidió. Paredes fue asignado al Estadio Chile y por 36 años guardó el secreto de lo que vivió allí, hasta llegar donde un juez y revelar lo que vio un día en los subterráneos: Víctor Jara y Litre Quiroga eran lanzados contra la pared. Detrás de los prisioneros, Paredes vio llegar al teniente Nelson Haase y al subteniente a cargo de los conscriptos. Este fue parte de su relato ante la justicia:

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Jorge Smith.

“El teniente Jorge Smith comenzó a jugar a la ruleta rusa con un revólver que portaba. Se acercó a Víctor Jara, quien se encontraba de pie, mirando hacía la pared, con las manos en la espalda, por lo que Smith hizo girar la nuez del revólver, lo cerró, apuntó a la cabeza de Víctor Jara, en la región parietal derecha, y disparó. Luego de recibir el tiro, Víctor Jara cayó al suelo, hacia el costado. Comenzó a convulsionar en el suelo y el teniente Smith me ordenó rematarlo en el suelo… Cuando esto ocurría los otros detenidos que se encontraban en el lugar, entre los que estaba Litre Quiroga, estaban arrinconados, manteniéndose en silencio. Luego de los disparos llegaron al camarín otros oficiales para ver si los uniformados nos encontrábamos bien. Luego de esto, el teniente Smith llamó por radio a una ambulancia, llegando luego de un corto rato un camillero, quien nos entregó una bolsa plástica de color café con mimetismo, por lo que procedimos a meter el cadáver de Víctor Jara en la bolsa y lo subimos a la camilla, para luego ser retirado del lugar, ignorando qué harían con el cadáver…”.

Smith y Nelson Haase, junto a otros oficiales, habrían asesinado a los otros prisioneros que se encontraban al interior del camarín, entre los que se encontraba Litre Quiroga. Según el protocolo de autopsia, el cuerpo del cantautor tenía aproximadamente 44 impactos de bala en su cuerpo. El de Quiroga indica 38 impactos de proyectiles.

José Paredes diría más tarde que todo lo inventó. Porque es fantasioso. Otros oficiales dirían que robaba, lo que contrasta con la hoja de vida de los empleadores de Paredes, el hijo de un suboficial de Carabineros. Y muchos han reiterado que Paredes no viajó a Santiago con el contingente de Tejas Verdes y que jamás estuvo en el Estadio Chile. Nada calza. No solo porque el relato de Paredes es consistente con los más de cien testimonios acumulados de cómo y quiénes interrogaban, torturaban y asesinaban al interior del Estadio Chile. Por muy fantasioso que fuera Paredes, es difícil creer que su imaginación recreara tanto nivel de detalles de lo que allí ocurrió. Porque lo más importante es que hay a lo menos otros tres testimonios que certifican que José Paredes sí viajó a Santiago desde Tejas Verdes y estuvo en el Estadio Nacional.

El cadáver de Víctor Jara fue lanzado en una calle de Renca en la mañana del domingo 16 de septiembre. El informe de autopsia, firmado por el doctor Exequiel Jiménez Ferry, indica que Víctor Jara medía 1,67 y pesaba 66 kilos. “En la región parietal derecha hay dos orificios de entrada de bala. En la región torácica, 16 orificios de entrada de bala y 12 orificios de salida de diferentes tamaños. En el abdomen, hay 6 orificios de entrada de bala y 4 de salida. En la extremidad superior derecha, hay 2 heridas de bala transfixiante. En las extremidades inferiores, hay 18 orificios de entrada de bala y 14 de salida. Causa de muerte: heridas múltiples a bala”.

Hasta hoy el juicio para identificar a los hombres que torturaron y dieron muerte a Víctor Jara sigue abierto. En una de sus carátulas se lee: “Está establecido que en el último grupo que quedó en el Estadio Chile y en el que se encontraba Víctor Jara, también estaban Manuel Cabieses, Laureano León (subsecretario de Previsión Social), Waldo Suárez, Darío Pérez, Adriana Vásquez y Danilo Bartulín (64).

Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

La Academia de Guerra y la DINA

 

En septiembre de 1973, Manuel Contreras obtuvo de Pinochet el consentimiento para su gran obsesión: la organización de una nueva estructura de inteligencia para iniciar la lucha antisubversiva. Y sería él quien la comandaría. Había nacido la DINA y su primer cuartel sería la Academia de Guerra, institución que muy pronto dirigiría. De hecho, las primeras comisiones de servicio de los oficiales escogidos por Contreras para integrar el alto mando del organismo secreto, llevan el rótulo “destinado a la Academia de Guerra”: Raúl Iturriaga Neumann, Gustavo Abarzúa (65) y Rolf Wenderorth (66), todos ellos alumnos de la academia.

Hasta hoy no se sabía que altos oficiales de la Academia de Guerra participaron en los equipos de interrogadores y torturadores del Estadio Chile. Quizás esa sea una clave que explique por qué el Ejército por más de 35 años se negó a entregar las nóminas de quienes estuvieron destinados al Estadio Chile y sus mandos, las que fueron solicitadas en innumerables ocasiones por diversos jueces. Lo mismo ocurrió con la lista de los alumnos que estaban en la Academia de Guerra en 1973.

Esa persistente obstrucción a la justicia por parte del Ejército, que se mantiene hasta hoy, adquiere otro significado cuando queda al descubierto que los nombres protegidos formaron parte de la que fuera la elite militar en 1973. Porque a partir de septiembre de ese año ellos fueron los que mantendría el control del Estado por los siguientes 17 años. Esa generación, ubicada estratégicamente en la Academia de Guerra, tendría el mayor poder jamás desplegado en la historia del régimen militar. De sus alumnos, 28 llegaron a ser generales y ocuparon los más altos puestos del Estado y la institución. Y otros 14 oficiales lideraron los servicios secretos, ya sea en la DINA o en la CNI (ver nómina). Allí está, en parte, el origen del secreto en torno a quiénes asesinaron a Víctor Jara, Litre Quiroga y todos los que murieron y fueron brutalmente torturados en el Estadio Chile.

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Estadio Chile.

 

NOTAS

(1) Álvaro Puga fue el primer subsecretario general de Gobierno, hasta junio de 1976 y fue miembro del Departamento de Operaciones Sicológicas de la DINA. Su acción en esos años aparece en varios de los documentos de la DINA encontrados por la autora en el Archivo Judicial de Argentina y que pertenecían a Enrique Arancibia Clavel. Parte de su declaración judicial del 21 de septiembre de 2007.

(2) Roberto Guillar fue el locutor oficial del Golpe el 11 de septiembre. Integró la CONARA y en 1976, fue subsecretario de Guerra. En 1981, dirigió el COAP (Consejo Asesor de la Presidencia), que luego se transformó en Estado Mayor Presidencial. En 1980, fue nombrado por Pinochet ministro Secretario General de la Presidencia, desde donde protagonizó graves cortocircuitos con la Iglesia Católica. Desde 1979 hasta 1982, fue director de la Compañía de Teléfonos. Ministro de Vivienda en 1982 y 1983. Intendente de Santiago en 1984, y agregado Militar en Estados Unidos hasta 1986. En 1985, ascendió a mayor general y en 1987, asumió la Dirección de Logística del Ejército. En 1988, pasó a retiro y fue nombrado por Pinochet cónsul general en Los Ángeles.

(3) Enrique Morel Donoso ascendió a general en 1974 y dejó de ser edecán de Pinochet. En 1977, fue el jefe militar de la Zona en Estado de Emergencia de Santiago. Fue presidente de Soquimich y en 1979 le dejó su cargo a Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet. En 1981, fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario ante todas las sedes diplomáticas de Chile en el extranjero. En 1982, fue presidente de Codelco y director del Banco del Estado (1982-1989). Fue rector de la Universidad de Chile por pocos meses. En 1986, ascendió a mayor general y en 1989 reemplazó a Pedro Ewing en la Dirección de Frontera y Límites de la Cancillería. Su hermano Alejandro fue jefe de Zona en Angol para el 11 de septiembre de 1973 y más tarde efectivo de la CNI. También fue gerente general de Chilectra y alcalde designado de Ñuñoa, además de agregado Militar de Chile en Honduras y Guatemala.

(4) Al momento de partir en la Caravana de la Muerte, como segundo de Arellano, Arredondo ya había sido informado por Pinochet de su próxima destinación: director de la Escuela de Caballería, un regalo para quien era conocido por su pasión por los caballos. Pero nunca se desligó de la DINA, cumpliendo funciones secretas en el extranjero, principalmente en Brasil (donde fue agregado militar); y Estados Unidos. En 1976, haría un importante viaje con Manuel Contreras a Irán, junto al traficante de armas Gerhard Mertins y un general brasileño. Fue procesado por los crímenes de la comitiva de Arellano, siendo el segundo al mando y por la ejecución de 9 personas en Quillota, a las que se hizo aparecer como muertas en un enfrentamiento.

(5) El general Arturo Vivero fue el primer ministro de Vivienda de la dictadura.

(6) Yerno de Manuel Contreras.

(7) Declaración del conscripto R..A., del 14 de enero de 2009. Ingresó a realizar el servicio militar el 2 de abril de 1973, hasta abril de 1975, fecha en la cual regresó a la vida civil.

(8) C.A.P. declaró el 30 de enero de 2009. En su caso y en otros similares, se optó por utilizar solo las iniciales de conscriptos ya que fueron de alguna manera obligados a cumplir determinadas misiones.

(9) Declaración del 20 de abril de 2007 del capitán de fragata (R) Guillermo Segundo González Salvo.

(10) Marcelo Moren, en 1973, era mayor de la dotación del Regimiento Arica de La Serena y se incorporó, en septiembre, a la DINA, a la que perteneció hasta 1977. Fue el segundo jefe de Villa Grimaldi y jefe de la Brigada «Caupolicán» de la DINA. En 1976 cumplió misión en Brasil, donde estaba instalado el principal centro de adiestramiento para la dotación DINA. Desde 1977 y hasta 1981, siendo coronel, fue asignado a la comandancia en jefe del Ejército. Del ‘81 al ‘84 estuvo en la Guarnición de Arica y del ‘84 al ‘85 en el Estado Mayor General del Ejército. Se fue a retiro en 1985. Ha sido sometido a proceso y condenado en múltiples oportunidades por su responsabilidad en la detención y desaparición de personas y cumple condena en una prisión militar.

(11) El teniente coronel Roberto Souper Onfray asumió como comandante del Regimiento Blindados Nº 2, el 14 de enero de 1970. El 3 de enero 1972 fue designado en comisión de servicio para que concurra a Cuba como invitado del gobierno de ese país por un total de 17 días a presenciar maniobras militares. El 29 de junio de 1973 pasa a la Comandancia General de la Guarnición Militar de Santiago. El 23 de octubre de 1973, pasa al Comando de Tropas del Ejército y el 1 de enero de 1974, asciende a coronel. El 2 de diciembre de 1974 fue destinado a la Dirección General de Reclutamiento y Estadísticas de las FF.AA. Se fue a retiro el 2 de mayo de 1978.

(12) El mayor (r) Sergio Rocha Aros, fue destinado al Regimiento Blindado Nº 1 “Granaderos”en 1974 y se fue a retiro recién el 30 de junio de 1990.

(13) El coronel (r) Mario Garay Martínez registra la siguiente Hoja de Vida en el Ejército: “24 noviembre 1972, destinado a Regimiento Blindado Nº 2; 5 febrero 1975, teniente, destinado a Escuela de Blindados Antofagasta; entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 1976, a la Escuela de Inteligencia del Ejército, hasta 1978; En 1979, comisión extrainstitucional comando en jefe del Ejército (lo que significa enviado a la CNI, hasta 1988; 16 febrero 1990, a la DINE. Se fue a retiro el 31 julio 1991.

(14) El capitán (r) René Eduardo López Rivera, registra la siguiente Hoja de Servicio en el Ejército: “En abril de 1973, al Regimiento Blindado Nº 2; el 24 de diciembre de 1973, destinado a EE.UU. para que “cumpla actividades determinadas por el Ejército desde el 15 al 27 diciembre de 1973; 7 septiembre de 1978, comisión de servicio a Sevilla; 28 de mayo de 1991, deja de pertenecer al Ejército a contar del 29 de marzo de 1981, por fallecimiento”.

(15) El 8 de noviembre de 2004 declaró Raúl Aníbal Jofré González.

(16) El coronel (r) Antonio Roberto Bustamante Aguilar, registra la siguiente Hoja de Vida: “Enero 1976, Dirección de Inteligencia del Ejército, hasta 1979; 1980, comisiones de servicio a Panamá y Londres; 1981, a Sudáfrica; en 1982, Cuerpo de Inteligencia del Ejército; abril de 1983, comisión de servicio a Argentina, Paraguay, Perú, Panamá, Honduras, Salvador, Corea y China. Se fue a retiro en abril de 2000.

(17) El coronel (r) Antonio Roberto Bustamante Aguilar, declaró el 9 noviembre de 2004 (55 años) y dijo haber estado destinado al CAJSI de Santiago hasta el 17 de enero de 1974, cuando fue destinado al Depósito de Municiones y Explosivos Batuco”.

(18) El teniente (r) Edwin Armando Dimter Bianchi, declaró el 10 de noviembre de 2004.

(19) El 9 noviembre 2004 declaró el teniente coronel (r) Mario José Garay Martínez (57 años).

(20) El mismo mayor Enrique Cruz Laugier sería quien apoyaría horas más tarde el desalojo de la fabrica Yarur en calle Club Hípico.

(21) Iván Herrera fue uno de los oficiales que ejecutó a los sobrevivientes de La Moneda en Peldehue, después de que los sacaron del Regimiento Tacna. Lo confesó ante el tribunal 30 años más tarde.

(22) Relato que figura en su libro: Y todavía no olvido.

(23) El 9 de octubre de 2001 declaró Mario Aguirre Sánchez, dirigente entonces de la Federación de Estudiantes de la UTE y más tarde empresario, quien permaneció como prisionero en el Estadio Nacional hasta noviembre de 1973, cuando fue cerrado. “Me liberaron junto a otros 12 compañeros salvándonos de ser conducidos al Campo de Prisioneros de Chacabuco”.

(24) Juan Manuel Ferrari Ramírez declaró el 12 de agosto de 2008.

(25) David Miguel González Toro, mayor de Ejército (r) de Intendencia, declaró el 25 de marzo de 2009 y dijo haber estado en el Estadio Chile durante “cinco a seis días, hasta que se produjo el traslado de detenidos hacia el Estadio Nacional”.

(26) Manuel Isidoro Chaura Pavez, conscripto de Tejas Verdes, declara el 28 de enero de 2009, fue asignado a la Segunda Compañía de Combate, a cargo del capitán Luis Montero Valenzuela, Tercera Sección, a cargo del teniente Rodrigo Rodríguez Fuschloger. Salió licenciado a mediados de 1975.

(27) El subteniente de Ejército, Rodrigo Rodríguez Fuschloger, falleció en Santiago, el 15 de marzo de 1974, en un accidente.

(28) Osiel Núñez declaró en el proceso por la muerte de Víctor Jara en varias oportunidades. Este relato es parte de su declaración ante la Comisión Rettig, el 18 de enero de 1991.

(29) El subteniente (r) Pedro Rodríguez Bustos, declaró el 4 de abril de 2002, y pertenecía al grupo de Operaciones del Regimiento “Arica” de La Serena.

(30) Fernando Polanco declaró el 29 enero de 2008, cuando tenía 66 años

(31) Carlos Orellana, quien fue editor en el exilio de la Revista Araucaria y más tarde un reconocido editor de la Editorial Planeta, declaró por exhorto desde Francia para el juicio en Chile el 11 de septiembre de 1979, estuvo detenido en el Estadio Chile desde el 12 hasta el 17 de septiembre de 1973 y luego en el Estadio Nacional hasta el 25 de octubre de 1973.

(32) Osiel Núñez permaneció un mes en el Estadio Nacional y de allí pasó a la Cárcel Pública acusado de ser el organizador de la resistencia armada en la UTE. Allí estuvo dos años detenido. Fue sobreseído y trasladado a Tres Álamos donde permaneció tres meses. Quedó con registro domiciliario hasta lograr autorización para salir del país. Regresó a Chile en 1982.

(33) El abogado Boris Navia Pérez era jefe del Departamento de Personal y Nombramientos de la Universidad Técnica del Estado, en esa calidad conocía bien al profesor Víctor Jara. Fue también detenido en la UTE y llevado como prisionero al Estadio Chile. Declaró el 23 de octubre de 2001.

(34) El comandante Mario Manríquez, ya fallecido, se desempeñó durante 10 años como gerente de Seguridad de ENTEL.

(35) También la identidad de 31 conscriptos, 9 cabos y 4 sargentos que estuvieron con él en esas funciones en el Estadio Chile.

(36) Enrique Kirberg fue llevado finalmente al Campo de Prisioneros de Isla Dawson con los principales dirigentes de la Unidad Popular. Murió el 22 de abril de 1992, de un coma hepático, Todos sus testimonios son parte de una extensa entrevista hecha por la autora.

(37) Ricardo Iturra era profesor y funcionario de la UTE, conoció a Víctor Jara en 1970 en la UTE, en el desempeño de su trabajo, cuando Jara llegó como director de Teatro y cantante y él era director del Programa de Educación Permanente. Declaró por exhorto desde París el 3de septiembre de 1979 para el juicio en Chile por la muerte de Víctor Jara.

(38) Cesar Fernández Carrasco declaró por exhorto desde Alemania, era profesor de la UTE donde estaba el 11 de septiembre.

(39) Julia Fuentes declaró el 19 de julio de 2003. En su declaración dijo también: “Cuando el Estadio Chile fue desocupado, me enviaron a Tres Álamos (otro Campo de Prisioneros), siempre como maestra de cocina. Recuerdo haber trabajado para Conrado Pacheco Cárdenas y para un mayor de apellido Salgado”.

(40) Julio Guillermo Del Río Navarrete, ingeniero, 60 años, declaró el 11 de enero de 2005. Fue uno de los prisioneros que identificó a Miguel Krassnoff Martchenko como “El Príncipe”. Del Estadio Nacional salió en libertad el 2 de octubre de 1973, junto con el resto de sus compañeros, salvo seis de ellos que fueron trasladados a Investigaciones. A muchos de ellos les cambio la vida para siempre. Su testimonio ha sido corroborado por la autora con otras dos personas que estuvieron prisioneros con él.

(41) El 24 de abril 2008, declara Guillermo Orrego Valdebenito (59 años).

(42) Declaración del 31 marzo de 2006.

(43) El 28 diciembre de 2007 declaró Lelia, identificó en las fotos al oficial Edwin Dimter como “El Príncipe”. Así relató el hecho que le permitió salir en libertad: “En una ocasión, llegó al estadio un grupo de los mismos militares que venían de La Serena y al que nos habían entregado los carabineros en la UTE, a lo menos el sargento, quien nos dijo que al responder la lista de la mañana siguiente debíamos indicar que estábamos detenidos por toque de queda. Así, nos dejarían en libertad. Y así ocurrió”.

(44) El teniente coronel (r) Luis Bethke Wulf, en septiembre de 1973 era teniente de Infantería en el Regimiento Nº 2 “Maipo”, de Valparaíso. Durante la Unidad Popular, su familia sufrió la expropiación de sus tierras. Se acogió a retiro en 1985. Declaró el 1 de febrero 2005.

(45) El brigadier (r) Raúl Aníbal Jofré González, registra la siguiente Hoja de Vida: “En 1970, curso de paracaidista en la Escuela de Paracaidistas, y es teniente el 1 de enero de 1971. Enero 1972, al Regimiento Blindado Nº 2. Primero de marzo de 1974, curso por correspondencia “Aplicación Básico del Oficial Subalterno” hasta el 31 de mayo ’74; 7 septiembre ’74, comisión de servicio a Israel, Jordania, Líbano y Siria; 14 octubre ’74, curso extraordinario “Aplicación Avanzado del oficial Subalterno de Blindados”, hasta el 31 octubre ’74 en la Escuela de Blindados (Antofagasta); 1 enero ’75, capitán; 6 marzo ‘75, complementa Decreto Supremo, destinado a la Escuela de Blindados (Santiago). Se retiró el 30 de abril de 1998.

(46) El mejor y principal perfil del oficial Edwin Dimter ha sido una investigación de la periodista Pascale Bonnefoy, publicada en 2006.

(47) El 8 de noviembre de 2004 declara Raúl Aníbal Jofré González. Cuando los prisioneros del Estadio Chile fueron trasladados al Estadio Nacional, él sería el ayudante del comandante del nuevo Campo de Prisioneros; el coronel Jorge Espinoza Ulloa.

(48) El coronel (r) Nelson Edgardo Haase Mazzei, en septiembre de 1973 tenía el grado de teniente y se desempañaba como ayudante del subdirector de la Escuela de Ingenieros Tejas Verdes, de San Antonio, cuyo director era el coronel Manuel Contreras Sepúlveda. En 1976 ascendió a capitán y pasó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En 1990 se fue a retiro con el grado de coronel. Declaró el 27 de enero de 2005, tenía 58 años.

(49) El teniente (r) Edwin Armando Dimter Bianchi, declaró el 10 de noviembre de 2004.

(50) El teniente Edwin Dimter Bianchi, registra la siguiente Hoja de Vida en el Ejército: “El 21 enero 1972, destinado como subteniente al Regimiento Blindado Nº 2 en Santiago; el 10 enero de 1974, es nombrado teniente y pasa al Reg. Blindado Nº 1 “Granadero” en Iquique, al año vuelve a Santiago, al Blindado Nº 2. El 31 diciembre 1976 se le concede retiro absoluto.

(51) Hugo González González declaró el 17 de junio de 2008.

(52) Wolfgang Tirado declaró por exhorto el 11 de marzo de 1980. Conocía bien a Víctor Jara pues “trabajábamos en el mismo departamento en la UTE: él en la sección Música y yo en la de Películas.

(53) El arquitecto Miguel Lawner declaró el 31 de agosto de 2004

(54) El coronel (r) Juan Jara Quintana, quien se fue a retiro en 1994, declaró el 1 de agosto de 2013.

(55) Al subteniente Herrera lo que vio e hizo le provocó un fuerte conmoción. Se fue a retiro como capitán en 1983. Declaró el 30 de mayo de 2002.

(56) Declaración de Pedro Espinoza del 10 de enero de 2008.

(57) Testigo de ese retiro fue el entonces mayor de Carabineros Jorge Retamal Berríos.

(58) El 6 de febrero 2007 declaró Eliseo Cornejo (64 años).

(59) Potente ametralladora de piso de 11 o más kilos, de 1.300 metros de alcance, con una cinta con 50 proyectiles a modo de cargador.

(60) El 2 de marzo de 2006, declaró César Leonel Fernández Carrasco, quien era profesor de la UTE y miembro de su Consejo Superior.

(61) Extraído de la declaración judicial de Hugo Pavez del 15 de octubre de 2002, quien fue detenido en la CORFO y llevado al Estadio Chile.

(62) El 14 mayo 2008 declaró Erika Osorio, estudiante de Ingeniería de la UTE quien fue detenida y llevada al Estadio Chile.

(63) El coronel ( r) Juan Quintana declaró el 1 de agosto de 2013. Se fue a retiro en 1994.

(64) Danilo Bartulín, médico de Salvador Allende, fue liberado cuando La Moneda ardía, a las 16:00 del 11 de septiembre de 1973, junto a los médicos: Oscar Soto, Patricio Arroyo, Alejandro Cuevas, Hernán Ruiz, Víctor Oñate y José Quiroga. Después fue nuevamente detenido y llevado al Estadio Chile y luego al Estadio Nacional.

(65) Gustavo Abarzúa, artillero, fue secretario de estudios de la DINA y de ahí pasó a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), luego fue agregado Militar en Uruguay y volvió a la DINE, donde estaba en 1984, siendo coronel. Llegó al generalato en 1987, siendo nombrado jefe de la DINE. Desde allí, en marzo de 1988, amenazó con un nuevo 11 de septiembre. En 1989 tuvo también la dirección de la CNI. En marzo del ‘90, en la reestructuración por el traspaso del poder, continuó como director de la DINE, pero en octubre pasó a retiro. Se lo vinculó con el escándalo de La Cutufa, una financiera ilegal que se formó al interior del Ejército y que terminó con homicidios nunca aclarados. Fue procesado por haber dado la orden de asesinar al dirigente Jecar Neghme, en 1989, según confesó uno de sus victimarios, pero la Corte Suprema lo absolvió en 2009.

(66) El coronel (R) Rolf Wenderoth, ingeniero, formó parte del alto mando de la DINA, como subdirector de Inteligencia Interior. En 1995, fue jefe de Villa Grimaldi. Fue destinado después a la CNI. En 1986, participó de la creación de una unidad especial antisubversiva. En 1987, fue agregado Militar en República Federal Alemana y a su regreso, en 1989, se fue a retiro. Fue condenado a 5 años y 1 día por la muerte de Manuel Cotez Joo, en 1975. Ha sido sometido a proceso en varias oportunidades por su participación en la detención y desaparición de personas e invariablemente ha pedido que se aplique la Ley de Amnistía.


Asalto en el aeropuerto: DGAC tendrá vigilantes armados y podría desligarse de la FACh

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El robo de $6 mil millones el 12 de agosto pasado desde la losa del aeropuerto Arturo Merino Benítez se convirtió en el más grande de la historia y también en el golpe capaz de remecer los cimientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que ya tiene cinco altos funcionarios suspendidos. Hasta ahora la DGAC parecía intocable, pese a que en voz baja desde el mundo político siempre se le ha criticado que está “capturada” por ex funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), entidad de la que depende.

El primer efecto del robo es que la DGAC no contratará más empresas privadas de vigilancia para el aeropuerto de Santiago y las reemplazará por funcionarios propios que portarán armas. En lo estructural, el gobierno estudia la posibilidad de sacar a la DGAC del área de influencia de la FACh, eliminando el requisito de que sea liderada por un general activo, y transformarla en una entidad completamente civil.

Existe coincidencia de que la DGAC ha realizado un excelente trabajo en la vigilancia de la seguridad aérea, pero su labor ha dejado mucho que desear en lo referente a la seguridad terrestre. Por eso, en lo inmediato tomará en sus manos la responsabilidad de vigilar el perímetro, los accesos y los sectores estratégicos del aeropuerto de Santiago, con personal del servicio de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC), de su propia institución. Además, los van a capacitar para que puedan portar armas, un cambio radical respecto de la normativa actual, que impide a los guardias privados usen armamento dentro del recinto. La información fue confirmada oficialmente a CIPER por el organismo.

La primera señal de cambio se produjo este martes 2 de septiembre, cuando la DGAC revocó una licitación (ver documento) que estaba en curso para adjudicar el servicio de vigilancia privada en el aeropuerto internacional y en otras cinco dependencias del servicio. La repartición argumentó “la necesidad de estudiar la reformulación de exigencias técnicas” frente al asalto ocurrido en la losa del terminal aéreo internacional.

Al momento del robo, la seguridad estaba a cargo de Promociones Work Service Limitada, que presta servicios en Arturo Merino Benítez desde agosto de 2011. El 31 de agosto pasado vencía su contrato, pero la DGAC confirmó por escrito a CIPER que la empresa continúa prestando el servicio:

-En este momento se está formalizando un nuevo contrato con la misma empresa, temporal, por un año, con cláusula de término anticipado, mientras se define la nueva estructura del sistema de vigilancia en Arturo Merino Benítez.

La DGAC es un organismo poderoso que fiscaliza y controla el mundo de la aviación civil y comercial, con un presupuesto importante en la partida de Defensa y una planta de 3.700 funcionarios; un servicio estratégico que responde por la seguridad aeronáutica del país y que por lo mismo, parecía intocable en su estructura, hasta ahora.

CIPER investigó este enclave militar donde aterrizan muchos oficiales en retiro y que se ha convertido en una apetecible parcela de poder; indagó en las tensiones que genera su dominio absoluto en la seguridad aérea y terrestre y en las disputas soterradas que mantiene con los concesionarios privados por los negocios del aeropuerto de Santiago.

FACH REFUERZA SEGURIDAD

Desde que ocurrió el millonario robo, la plana mayor de la DGAC ha estado sumergida en reuniones con el ministerio de Defensa -de quien depende orgánicamente-, para buscar un modelo de gestión que garantice la seguridad del aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), sin fisuras.

Según explicaron a CIPER, el nuevo sistema contempla una estrategia diferenciada para el aeropuerto AMB del resto de las unidades que están bajo la dependencia de la DGAC en la Región Metropolitana. Esos servicios serán licitados con empresas privadas de seguridad. En cambio, para el terminal internacional se contempla capacitar a los funcionarios de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC), para que desempeñen esas funciones estratégicas de proteger el perímetro y las instalaciones del aeropuerto y la losa.

-Se ha solicitado el apoyo a la Fuerza Aérea de Chile para reforzar la seguridad al interior de los recintos aeroportuarios, mientras se materializa el entrenamiento requerido para el uso de armamento por parte de profesionales de Seguridad Aeroportuaria, que van a cumplir esa labor-, dice textualmente la respuesta de la DGAC.

Agregaron que, en paralelo, se están haciendo gestiones legales para autorizar el empleo de armamento. Actualmente, la Dirección de Aeronáutica se rige por lo recomendado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Desde el robo, se ha argumentado que dicha recomendación impide el ingreso de armas a la losa, pero los mismos protocolos de la DGAC lo permiten cuando se da aviso por anticipado y fuentes de gobierno aseguraron que los carabineros entran armados cuando Casa de Moneda exporta dinero.

Según dijeron a CIPER fuentes del ministerio de Defensa, los detalles de los cambios deberá dirimirlos el grupo de trabajo que se formó en el gobierno, a propósito de la emergencia del asalto. La comisión, encabezada por los subsecretarios para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, e Interior, Mahmud Aleuy, tiene la misión de buscar soluciones que deriven en una mejor coordinación al interior del aeropuerto entre todos los servicios que conviven: SAG, MOP, concesionario SCL y Aduanas, entre otros.

La nueva propuesta para garantizar la seguridad terrestre en el terminal internacional deberá contemplar además las nuevas exigencias que importa la construcción del nuevo terminal aéreo (en proceso de licitación). Eso debiera significar más recursos para controlar la circulación de unos siete mil nuevos trabajadores que van a sumarse a la actividad del aeropuerto.

INFRACCIONES A WORK SERVICE

La nueva licitación para servicios de guardias privados, que se abrirá en fecha no determinada aún, será solo para los otros cinco recintos de la Región Metropolitana de la DGAC. Aunque AMB finalmente se manejará en forma interna, el proceso que alcanzó a iniciarse en agosto pasado sirve para hacerse una idea del manejo de la seguridad en el aeropuerto.

Originalmente, el llamado contemplaba un monto global de $2.396.484.000, para los seis servicios. El contrato con la actual empresa que vigila el aeropuerto, Promociones Work Service Ltda, alcanzó una suma inferior ($1.866.377.160), porque el plazo del contrato era menor.

La empresa Segaer, que pertenece al fondo de inversión privada SL Group y trabaja en la seguridad privada de Lan, postuló inicialmente a esta licitación, pero tras leer las bases, se retiró, como explicó a CIPER su gerente general, Sergio Sierra:

-Los montos asignados por la DGAC eran totalmente insuficientes, lo que significa que no podíamos pagar el sueldo que un guardia requiere en estas circunstancias. Si quieren seguridad de verdad, tienen que considerar el precio de mercado. Y además, se necesita nuevos equipamientos como visores nocturnos, equipamiento de última tecnología, que con los montos que ofrece la DGAC no es posible de cumplir.

Otro empresario que no participó en la licitación dijo a CIPER que se necesitan como mínimo $83 millones mensuales para que se pueda contratar guardias  capacitados con buenos sueldos y se contemplaban sólo unos $55 millones (sin IVA) en las bases que fueron publicadas. Según su experiencia, un monto adecuado para un guardia que trabaja en zonas de seguridad estratégica, oscila entre $320 mil y $480 mil, dependiendo del grado de responsabilidad.

La actual empresa Promociones Work Service Limitada publicó avisos en portales de internet en marzo de este año, pidiendo guardias para puntos fijos y para conductores que hicieran las rondas vehiculares en el aeropuerto. El sueldo que ofrecían era desde $325 mil hasta los $345 mil.

Uno de los requisitos adicionales que contempla el actual contrato con Work Service es que los guardias estén certificados por el OS-10 de Carabineros. Consultamos a este organismo y nos señalaron que la empresa tiene vigente el permiso para “actuar en materia de seguridad privada como empresa de recursos humanos” hasta julio de 2015. Sin embargo, registran dos infracciones por prestar “servicios con guardias sin acreditación ni curso”, una en Santiago y otra en Temuco.

Las empresas del rubro coinciden en que en el aeropuerto AMB se produce alta rotación por los bajos sueldos y eso genera un ingrediente de inseguridad al sistema.

-El ambiente en cuanto a seguridad perimetral y espacios físicos es muy inseguro en el aeropuerto internacional. Quienes participaron de este robo deben ser personas que han trabajado o que aún trabajan en el aeropuerto. Es imposible haberlo hecho sólo con información externa-, cree el gerente general de Segaer, Sergio Sierra.

CIPER contactó reiteradamente a la empresa Promociones Work Service Ltda, pero no quisieron entregar declaraciones.

¿“CAPTURA” DE LA FACH?

“La DGAC está capturada por la FACh, es un lugar privilegiado donde aterrizan los oficiales en retiro, ocurre un trasvasije permanente y además, se maneja con total autonomía de la autoridad civil”. Así define un ex subsecretario de Aviación el rol que hoy cumple la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), en el área del control, fiscalización y seguridad aéreos.

General Rolando Mercado

Esta es una repartición pública con un modelo muy singular. Su director debe ser un general activo de la Fuerza Aérea (nombrado por el comandante en jefe, pero aprobado por el Presidente de la República y el ministro de Defensa), cargo que actualmente está en manos del general Rolando Mercado. El director de Planificación, el general Duncan Silva, también ocupa un puesto reservado para oficiales activos de la FACh. En esa línea, reportan directamente al comandante en jefe de la Fuerza Aérea como su superior jerárquico, porque en la práctica ellos están destinados en esta función. Sin embargo, en términos administrativos  y de manejo presupuestario, la DGAC depende del ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Fuentes del Ministerio de Defensa aseguraron a CIPER que, al menos desde el robo en el aeropuerto, los directivos del organismo han reportado debidamente al ministerio, han respetado los conductos regulares, sin pasar a llevar la autoridad política por sobre su dependencia jerárquica de la FACh. También, valoraron “la transparencia” con que han actuado después del asalto al aeropuerto, asumiendo su responsabilidad en los hechos y suspendiendo a cinco altos funcionarios que enfrentan un sumario.

CIPER revisó el organigrama de la DGAC y constató que, al menos en la primera línea directiva, en el corazón de la gestión, tres de los cuatro cargos más relevantes lo ocupan oficiales en retiro de la FACh. Ricardo Castelli Pauliac es coronel (R) y encabeza el Departamento de Auditoría Interna; Ricardo Gutiérrez Recabarren, general (R) es el Secretario General, cargo que se eligió a través de un concurso de Alta Dirección Pública; Alfonso Lefno Schaaf, coronel (R), dirige el departamento de Prevención de Accidentes, también elegido por Alta Dirección Pública. En esta línea de mando, sólo el Departamento Jurídico lo dirige una persona civil: la fiscal Paulina Radrigán Mendoza, elegida también por Alta Dirección Pública.

En la jefatura de servicios, tres de ocho cargos lo ocupan oficiales en retiro de la FACh: Lorenzo Sepúlveda Biget, coronel (R) a cargo del Departamento de Seguridad Operacional; Héctor Barrientos Parra, coronel (R) dirige el Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos; Guillermo Navarro Schlotterbeck, coronel (R), director del servicio de Meteorología. Sólo este último llegó por Alta Dirección Pública al cargo. Los cinco cargos restantes son civiles que encabezan los departamentos de Finanzas, Comercial, Tecnología de la Información y Comunicaciones, Logística y Recursos Humanos.

El Sistema de Alta Dirección Pública se incorporó a la DGAC el 24 de enero de 2007, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. De los 13 altos cargos, 12 son elegidos mediante este sistema, aunque hasta ahora sólo 9 han pasado por el proceso. El único que no se rige por esta normativa es el director del Departamento de Planificación.

De acuerdo al sistema de selección de cargos públicos, el director de la DGAC elige a los directores según una lista de nombres finalistas enviados por la Alta Dirección Pública. Como se trata de un proceso reservado, no se sabe quienes más postularon y cómo se decidió la asignación, en cada caso.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios, José Pérez, considera un avance este cambio:

-Le pedimos a la autoridad política de la época que pusiera un decreto, porque estábamos aburridos de la política dedocrática. Aparecía un general amigo que es amigo del que está activo y le cortaba la carrera al que venía. Hoy el espectro es más interesante. Al menos las postulaciones son más abiertas.

Según el presupuesto 2014, la DGAC tiene una planta autorizada de 3.738 personas, a lo largo de todo el país. De esos funcionarios, hay un 12% que tiene vínculos con la FACh, lo que equivale a 400 oficiales en retiro y 20 oficiales activos (destinados en su mayor parte al Museo Aeronáutico).

Existe una barrera de entrada que maneja el propio organismo. Para postular a cualquier cargo, los civiles deben formarse en la Escuela Técnica Aeronáutica (ETA) dependiente de la DGAC, durante dos a tres años. Este organismo está a cargo de un general en retiro de la Fuerza Aérea, actualmente Fernando González Bruzzone (ex jefe de inteligencia de la FACH). La ETA funciona como un instituto de educación superior, que forma especialidad en control de tránsito aéreo, seguridad aeroportuaria, seguridad de aviación (AVSEC) y administración de aeropuertos, entre otras áreas.

Los vasos comunicantes no terminan aquí. El camino de relaciones continúa con la migración de ex directivos de la DGAC, oficiales en retiro, a las líneas aéreas privadas. El ejemplo más visible es el del general (R) Enrique Rosende Alva, ex director de la DGAC que hoy ocupa el cargo de Director Corporativo de Seguridad de Lan. Pasó de ser el jefe del organismo fiscalizador al jefe de seguridad de la principal empresa fiscalizada, con el agregado que la DGAC funciona con las lógicas de una institución jerarquizada y disciplinada.

También emigró a la empresa privada, en aerovías DAP, otro ex director de la DGAC, el general (R) José Huepe. A partir de esta situación, la asociación de funcionarios pidió un pronunciamiento de la Contraloría. En un dictamen de diciembre de 2012, determinó que en este caso se aplica la Ley de Bases para la Administración del Estado (ley N° 18.575): “Son incompatibles, hasta seis meses después de haber expirado en funciones, las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización del respectivo organismo”.

La Contraloría pidió instruir un sumario a la jefatura de la DGAC, que no podía tener efecto práctico porque Huepe ya estaba fuera del servicio. El problema que se genera en este punto es que una de las facultades de la DGAC es investigar los accidentes o incidentes aéreos, y la independencia de la investigación podría estar comprometida si la contraparte es un ex director nacional del organismo.

Pese a los fuertes y evidentes lazos que unen a la DGAC y la FACh, el secretario general de la Dirección de Aeronáutica, general (R) Ricardo Gutiérrez, se preocupó de separar aguas con la institución armada en una entrevista concedida a El Mercurio el sábado 30 de agosto pasado. “No tenemos nada que ver con la Fuerza Aérea…la amo con todo mi corazón pero no somos la Fuerza Aérea”, dijo.

UN BOTÍN EN DISPUTA

La DGAC, en su estructura singular de organismo público que reporta a la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, se autofinancia con recursos que vienen de la aviación comercial, un modelo que es poco común en el mundo. Sus ingresos provienen casi en un 100% del monto que recaudan las líneas aéreas por concepto de tasas de embarque -30 dólares por pasajero-, y un impuesto por derecho aeronáutico, que pagan los aviones por el uso de la losa del aeropuerto. La suma total de ingresos, según el presupuesto 2014, asciende a $155.337 millones.

Este ha sido un punto de roce con los concesionarios privados que administran los aeropuertos nacionales, porque es un monto que ellos reclaman para su gestión. En otros aeropuertos del mundo, en general son los concesionarios quienes reciben el dinero recaudado por tasas de embarque. En el modelo de concesión chileno, es al revés. La DGAC traspasa una porción de ese monto recaudado a los privados, sólo cuando su gestión es deficitaria. No es el caso de Arturo Merino Benítez, pero sí de algunos aeropuertos regionales. Para el año 2014, se estima que habrá un traspaso de $1.000 millones a los concesionarios privados del país.

Además, hay una tercera fuente de ingresos, que es un beneficio exclusivo para la Dirección de Aeronáutica Civil, consagrado por la ley orgánica que rige el servicio desde 1968 (Ley N° 16.752). Esa normativa determinó que de cada factura que la DGAC paga, “se retiene un 2%, que pasa a constituir un fondo utilizado con fines de salud para los funcionarios de la institución”, según explicaron a CIPER en la Dirección de Presupuestos. En el 2014, ese monto asciende a $452.204 millones que solo se utiliza en casos muy graves y calificados por un comité.

La Dirección General de Aeronáutica debe regirse por las normas que rigen a la administración pública en materia de adquisiciones. Pero no siempre se han cumplido los procedimientos. Específicamente, la Contraloría ha objetado algunas licitaciones en el área de la vigilancia privada.

Antes de Promociones Work Service Ltda., la seguridad del aeropuerto estuvo en manos de la empresa Emflo y Compañía Limitada (Enrique Leiva Olmedo y Cía Ltda), entre agosto de 2007 y agosto de 2011. La empresa se adjudicó una licitación que no fue visada por la Contraloría, sin embargo se renovó por trato directo durante todo ese periodo, por un monto mensual de $44 millones aproximado y un total pagado de $1.692.823.167 hasta mayo de 2010, según consigna el informe que emitió la Contraloría en septiembre de ese año. El dictamen sostiene que estos contratos sucesivos “contravienen” la normativa sobre compras públicas y que extender la vigencia de un contrato por varios periodos, bajo esta modalidad, “pugna con los principios de transparencia y libre concurrencia”. Por último, la Contraloría objeta el que no se haya publicado estas contrataciones en el portal de Chilecompra, como exige la ley (ver informe contraloría).

La DGAC renovó sucesivamente el contrato con Emflo justificando que durante ese periodo hubo tres procesos de licitación que el mismo organismo declaró desiertos. En su informe, la Contraloría objeta las razones para no adjudicar esos contratos. Llama la atención que la tercera licitación se adjudicó en un primer momento a la empresa FM Seguridad S.A., pero como otro de los postulantes objetó la adjudicación, “la Comandancia en jefe de la Fuerza Aérea decidió dejarla sin efecto”, en circunstancias que la decisión debiera ser resorte del director nacional, como máxima autoridad de la DGAC.

Emflo y Cía Ltda siguió con las mismas condiciones contractuales hasta el 8 de marzo de 2011. En el intertanto, en noviembre de 2010 se llamó a licitación pública y la misma empresa se adjudicó el contrato. Así, se suponía que Emflo prestaría servicios de vigilancia hasta el 14 de marzo de 2014. Pero nuevos problemas afloraron.

En un proceso de negociación colectiva de la empresa Emflo se generaron conflictos laborales que según la DGAC derivaron en “incumplimientos graves” en la prestación de servicios, específicamente por “no haber acreditado la capacitación y habilitación del personal”. Entonces, decidieron poner término anticipado al contrato en agosto de 2011. La empresa hoy está en proceso de quiebra.

El escenario –al igual que ahora– era delicado porque no podía quedar desprotegida la seguridad, sobre todo en el terminal aéreo internacional. La Dirección de Aeronáutica argumentó en ese momento que no se podía hacer una nueva licitación por los 30 meses que restaban del contrato dado que la premura “podría encarecer el servicio” dado que los postulantes se verían obligados a invertir fuertes sumas de dinero para cumplir con los requisitos de equipamiento de seguridad. De ese modo, recurrieron de nuevo al sistema de trato directo. Esta vez, sí lo visó la Contraloría.

La empresa elegida fue Promociones Work Service Limitada, quien había obtenido el segundo lugar en la licitación anterior. La sociedad se constituyó legalmente en julio de 1995, con los socios Paulina Lorca Beltrán y Rodrigo Andrés Venegas Lorca. Entre los servicios que ha prestado está un contrato de vigilancia por dos meses para las 40 oficinas del Registro Civil de Santiago, en 2012, y algunos municipios del país.

Originalmente, el contrato con Work Service expiró el 28 de febrero de 2014, pero la Dirección de Aeronáutica Civil resolvió extender el plazo por seis meses hasta septiembre, por la vía de trato directo. El argumento: no estaba lista la licitación.

En ese proceso se encontraba la relación contractual con la empresa privada de seguridad cuando se produjo el robo de $6 mil millones en la losa del aeropuerto internacional en momentos en que la empresa de transportes de valores Brinks se aprestaba a descargar el dinero para enviarlo a Copiapó, vía Lan.

PULPO CON MUCHOS TENTÁCULOS

Históricamente, la Dirección de Aeronáutica Civil operó, administró y controló todos los aeropuertos y aeródromos del país, sin participación de terceros. Con la entrada de concesionarios privados a este negocio, en 1997 la DGAC debió entregar parte de esa parcela y hoy conviven en la gestión de los terminales aéreos. El aeropuerto internacional es un punto muy sensible, dado los volúmenes de tráfico y los quince millones de pasajeros que circulan anualmente por el terminal.

Personas vinculadas a los concesionarios privados sostienen que la DGAG “es un vecino con el que tenemos que convivir, pero con el que no hay mayor coordinación cuando de se trata de seguridad”. Desde el momento que la persona cruza Policía Internacional hasta que aborda un avión, la seguridad es responsabilidad de la DGAC. También lo es la losa o plataforma del aeropuerto y todo el perímetro del recinto. El concesionario sólo responde por los espacios públicos comprendidos entre los estacionamientos y los counters de las líneas aéreas.

Representantes del mundo privado –contratistas y concesionarios– coinciden en que hoy no se justifica que la DGAC gestione y administre materias que no son del corazón de su negocio, como es la seguridad terrestre o la gestión comercial. Sí le reconocen experiencia y prestigio en la seguridad aeronáutica, a nivel internacional. Postulan que debiera separar aguas y marginarse de la seguridad terrestre, que es donde se presentaron las fallas por el asalto al camión de valores en la losa del recinto.

“Es como un pulpo con muchos tentáculos, que termina siendo ineficiente en labores que no le corresponden, pudiendo concentrar sus esfuerzos y recursos en las áreas donde sí tienen prestigio y conocimientos”, grafica un empresario que trabaja en el aeropuerto internacional.

La DGAC se defiende, señalando que Chile exhibe resultados de gestión reconocidos a nivel mundial por el máximo organismo de aviación comercial, OACI. Según la última auditoría efectuada a Chile en agosto del 2010, el resultado fue de un 82% de cumplimiento. “Esto significa estar dentro de los mejores registros a nivel mundial”, dijeron a CIPER. Según explicaron, lo que se audita es la seguridad aérea y aspectos de facilitación (tratamiento adecuado, seguro y rápido del pasajero).

–Es importante mencionar que con posterioridad al 11 de septiembre de 2011 (ataque a las Torres Gemelas), la DGAC ha dado énfasis y ha implementado una serie de normas de seguridad, no solo desde la perspectiva de la seguridad operacional, que es aquella relacionada con la operación segura de los operadores aéreos; sino también desde la perspectiva del embarque y traslado de pasajeros que se refiere a la seguridad aeroportuaria–, consigna la respuesta escrita de la DGAC.

En el gobierno esperan que haya conclusiones drásticas al término del sumario que realiza la DGAC por el robo. El informe preliminar que entregaron al ministro de Defensa, Jorge Burgos, reconoce que hubo medidas de seguridad que no se adoptaron tras el robo en otra zona del aeropuerto en 2012 y que podrían explicar las fallas en los procedimientos el 12 de agosto pasado.

CAMBIOS A LA LEY ORGÁNICA

Tres de los ministros de Defensa que han pasado por gobiernos de diferente color político reconocieron a CIPER que la única forma de reestructurar esta organización es modificando la ley orgánica respectiva, que data de 1968. Uno de los puntos centrales es que consagra la dependencia con la FACh, al establecer como condición que el director nacional sea un general activo de la Fuerza Aérea. Una fórmula posible es modificar su dependencia, reportando al ministerio de Transportes o Defensa, transformando la DGAC en un organismo civil. Pero admiten que nunca estuvo en la agenda de prioridades para nadie. Uno de ellos graficó la situación:

-La relación de los civiles con los militares se ha ido construyendo muy poco a poco y este es un tema muy sensible para la FACh. Si nos demoramos diez años en modificar el sistema distorsionado de pensiones para las viudas en las fuerzas armadas, no creo que este camino vaya a ser muy rápido.

Pero el robo ha tenido un fuerte impacto que ha hecho reconsiderar todo. Fuentes del Ministerio de Defensa admitieron a CIPER que se está iniciando una discusión para revisar en su totalidad la Ley Orgánica que regula a la DGAC. Subrayan que “hay que analizar el tema con calma, mirada abierta y cabeza fría” para que no se contamine la discusión con el millonario robo en el aeropuerto.

Según explicaron, el propósito es “revisar si los argumentos que en su minuto justificaron la estructura actual con un general activo en la dirección nacional se sigue justificando hoy; y también si se justifica que la DGAC controle todo el ámbito de la seguridad, tanto aéreo como terrestre”. En el gobierno reconocen que es posible que exista una “captura” de la DGAC por parte de la FACH, “pero es porque la Ley Orgánica tiende a eso”, enfatizan, lo que hace importante revisarla.

Plazos no existen. Pero el tema está en la agenda del Ministerio de Defensa y es posible que termine con la dependencia de la Fuerza Aérea.

SISTEMA DE “CASTAS”

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Aeronáutica reclaman que la estructura actual consagra la existencia de “dos castas”: el mundo civil y el mundo militar. Los funcionarios retirados perciben doble ingreso: su jubilación bajo el régimen previsional de las fuerzas armadas (Capredena) y el sueldo, que oscila en torno a los $3 millones para la plana directiva y las jefaturas de servicio. (ver cuadro de remuneraciones).

El paso por la DGAC resulta muy beneficioso para subir los montos de jubilación, explica el presidente del sindicato, José Pérez: “Después de estar tres años en el cargo, pueden reactualizar la pensión. Por ejemplo, un general que originalmente se retiraba con un sueldo de $1,2 millones, tras su paso por la DGAC mejora su renta y con ella, actualiza la pensión Capredena.  Hay una brecha sustancial con la gente que no tiene esa posibilidad”.

El resto de los trabajadores son contratados en calidad de empleados civiles de las Fuerzas Armadas, por lo tanto se rigen por el escalafón de remuneraciones militar. Lo que varía entre unos y otros es el régimen previsional. Quienes ingresaron a partir de 1985 fueron obligados a cotizar en AFP. Por lo tanto, conviven personas que en el mismo cargo y con iguales funciones, reciben menos remuneración, porque están obligados a imponer montos muy distintos de sus salarios, según explica José Pérez.

Los trabajadores perjudicados han golpeado puertas en el Ministerio de Defensa con todos los últimos gobiernos. El único intento que llegó más lejos fue un proyecto de ley que acordaron con el ex ministro Francisco Vidal, que reincorporaba a todo el personal de la DGAC al sistema previsional de las Fuerzas Armadas, con efecto retroactivo. Ese acuerdo se produjo en septiembre de 2009, meses antes de la elección presidencial (ver documento). Sin embargo, el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, cerró la opción de un portazo. No habría excepciones en el aparato público.

La estructura del organismo también es cuestionada por ex funcionarios del Ministerio de Defensa, pues hay demasiados altos cargos. Los mismos trabajadores se quejan de que el personal de la planta no es suficiente para los requerimientos de un terminal internacional como el chileno. “Aquí hay mucho cacique, en los cargos directivos, pero pocos indios para hacer la tarea”, sentencian. Al respecto, el dirigente José Pérez afirma que en temporada alta, hay 200 personas trabajando en el terminal aéreo, 40 trabajadores por turno, que se hacen insuficientes para los requerimientos del aeropuerto AMB. “La gente incluso va de apoyo, después de que sale del turno. ¡Eso no puede ser!”, sentencia.

 

EL CONTRATO CON ALDEASA

Un ex ministro de Defensa comentó a CIPER que “existe un problema endémico, porque es un organismo que se maneja con mentalidad y códigos militares, bastante hermético, que interactúa con el mundo aeronáutico civil y comercial, con reglas del juego y criterios muy diferentes, que no siempre coinciden. Es una parcela demasiado grande para los tiempos que corren”.

Por ejemplo, la DGAC maneja los contratos con las tiendas de venta libre de impuestos o duty free. ¿Qué relación tiene esto con su rol de fiscalizar la seguridad aeronáutica? Según explicaron a CIPER, es un área de negocios que les corresponde gestionar porque las tiendas se encuentran en la zona de su jurisdicción. En este caso, negocian en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas.

Los contratos con Aldeasa han generado ruido en el ambiente empresarial, porque con la última renovación, dicha empresa suma 27 años controlando un negocio que en el aeropuerto AMB factura, según quienes conocen del tema, unos US$ 80 millones.

El primer contrato se adjudicó por licitación pública a Aldeasa Chile S.A. (hoy Aldeasa Chile Ltda.) en 1995 por 10 años. El contrato se ha prorrogado y está vigente hasta 2022, con una inversión de por medio de 4 millones de dólares para que Aldeasa ampliara la superficie de las tiendas.

Uno de los argumentos de DGAC para extender el contrato con esta empresa es que el porcentaje de ventas pagado al organismo por la empresa de duty free “es considerablemente mayor al del mercado”, por lo que consideran que no sería rentable hacer un nuevo llamado a licitación pública. Ejecutivos que conocen el negocio cuestionan el que desde la primera licitación hace casi 20 años, dicho porcentaje no haya variado.

Según informó la Dirección de Presupuestos a CIPER, “los recursos por concepto del contrato con Aldeasa no ingresan al presupuesto de la DGAC. Por convenio complementario se estableció que estos van íntegramente al concesionario del aeropuerto”. Otras fuentes aseguraron que una parte de lo recaudado se entrega a Aduanas. Lo que es claro es que desde que el concesionario es privado, la DGAC negocia un contrato del que no obtiene ningún beneficio y por lo tanto no tiene incentivos para negociar.

La práctica que rige para los contratos y sub concesiones del aeropuerto es que terminen junto con el periodo del concesionario, para evitar situaciones “de amarre”. En este caso, la concesión con SCL termina en 2015. Aldeasa tiene contrato hasta 2022. Con el nuevo diseño de aeropuerto, el terminal donde se ubican sus instalaciones será exclusivo para vuelos nacionales. Por lo tanto, el nuevo concesionario del aeropuerto tendrá que negociar en pie forzado su reubicación, con una empresa que tiene asegurado su contrato.

Algunas personas consultadas por CIPER utilizaron el ejemplo de los puertos, como un modelo de gestión al que podría mutar la DGAC. Es decir, emular el rol de la Dirección de Territorio Marítimo, centrada en aspectos normativos y fiscalizadores, mientras la administración y gestión económica de los puertos recae en empresas concesionarias privadas.

 

Más de $7 mil millones destinados a niños con problemas de aprendizaje están “perdidos”

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Más de $7 mil millones destinados a alumnos de colegios municipales que presentan discapacidad o dificultades de aprendizaje, están “perdidos”. Así se desprende de los informes que hizo la Contraloría General de la República tras revisar las cuentas de 153 municipalidades. La entidad fiscalizadora detectó que, al 31 de diciembre pasado, en las cuentas de diversas comunas faltaban fondos provenientes del Programa de Integración Escolar (PIE) que no fueron ejecutados en 2012 y 2013. Esto, según los informes de la misma Contraloría, “evidencia el uso de los recursos en fines distintos a los previstos en la normativa”.

CIPER revisó los 153 informes que han sido publicados por la Contraloría y que detallan los ingresos y gastos del PIE en igual número de municipios. Así, esta investigación periodística pudo determinar que los fondos perdidos suman $ 7.283.919.737 y que son 49 las municipalidades que presentan saldos faltantes en sus cuentas, correspondientes a recursos recibidos, pero no ejecutados, en 2012 y 2013.

A la fecha, esos recursos no han aparecido. Aunque muchos municipios respondieron a la Contraloría que ocuparon el dinero en el pago de bienes y servicios distintos a los establecidos en el Programa de Integración Escolar, el organismo continúa considerándolos como saldo faltante, porque no se usaron en los niños con problemas de aprendizaje como lo establece la normativa. De hecho, un dictamen de la misma entidad fiscalizadora determina que los recursos mal utilizados, provenientes de un convenio como el PIE, deben ser restituidos. Es altamente probable que la cifra de fondos “perdidos” o mal utilizados aumente, pues todavía quedan informes de municipios que la Contraloría no ha dado a conocer. (Vea la nómina de los 49 municipios que registran saldos faltantes de recursos del PIE)

La ley establece que los fondos del PIE deben destinarse exclusivamente a la adquisición de materiales didácticos, al pago y capacitación de profesionales especializados y a la habilitación de aulas, a objeto de apoyar de manera directa la integración de niños con dificultades de aprendizaje permanentes o transitorias. Muchos de estos niños viven, además, en condiciones de vulnerabilidad social. Por eso, la subvención que se origina por el PIE es muy alta. El promedio es de $170 mil mensuales por alumno con Jornada Escolar Completa. Y si el menor además cuenta con la subvención SEP (para estudiantes vulnerables), puede sumar más de $200 mil mensuales.

Los niños vulnerables beneficiados por el Programa de Integración Escolar se han convertido en una veta dorada para los presupuestos municipales. Las estadísticas revisadas por CIPER, así como los testimonios de diversos especialistas, indican que se ha generado un “sobre-diagnóstico” de alumnos con necesidades educativas especiales con el único objeto de inscribirlos en el PIE y, de esa forma, recaudar más fondos. Todo esto con el agravante de que una parte significativa de esos recursos se ha destinado a fines distintos a los señalados por la ley o sencillamente no hay rastros de ellos, tal como lo constataron los 153 informes finales de auditoría de la Contraloría (realizados después de considerar o desestimar las respuestas de los municipios).

Según un informe presentado por el Ministerio de Educación (Mineduc) al Congreso Nacional para la discusión del presupuesto 2014, en 2009 existían 2.933 establecimientos con 38.625 alumnos dentro del Programa de Integración Escolar. Las estimaciones realizadas en dicha ocasión por la ex ministra Carolina Schmidt indican que en 2014 el programa debe alcanzar a 5 mil establecimientos con un total superior a los 250 mil alumnos. Eso significa que en seis años la cobertura de establecimientos ha crecido 70% y la de alumnos, 555%. (Vea la presentación hecha por la ex ministra, lámina 12).

El desvío de fondos destinados a escolares matriculados en la educación pública no es una noticia nueva. Ya en 2012 la Contraloría detectó que faltaban más de $25 mil millones correspondientes a subvención SEP en las cuentas de 52 municipalidades. (Vea el reportaje de CIPER “Ley SEP: Contraloría revela masiva pérdida de recursos destinados a educación de los más pobres).

Ahora, el organismo fiscalizador, junto con verificar saldos faltantes de recursos del Programa de Integración Escolar, detectó fallas graves en la administración y registro de esos fondos. Una de las irregularidades que más se repite en los informes de la Contraloría es que gran parte de los municipios fiscalizados no poseen una cuenta bancaria exclusiva para manejar los fondos del programa. Estas municipalidades acumulan el dinero de todas las subvenciones educacionales en un pozo único, lo que impide verificar si los fondos disponibles en la cuenta son o no del PIE.

Además, los fiscalizadores descubrieron falta de documentación en las carpetas de los alumnos, evaluaciones realizadas por personal no idóneo para determinar si el niño presenta un problema de aprendizaje, carencia de capacitación de los docentes que deben atender a estos menores e, incluso, la falta de salas acondicionadas para la integración en algunos establecimientos.

COMUNAS CON MÁS PROBLEMAS

En 2013 el Programa de Integración Escolar entregó un total de $148.398 millones a todas las comunas inscritas en ese plan. El año anterior los fondos repartidos alcanzaron los $116.798 millones.

Entre las comunas fiscalizadas que registran la mayor cantidad de recursos faltantes o mal usados del PIE, se encuentran Quinta Normal ($652 millones), San Fernando ($512 millones), Curanilahue ($479 millones), Puerto Natales ($387 millones), Punta Arenas ($381 millones), Bulnes ($365 millones), Cauquenes ($344 millones), Purranque ($337 millones), Viña Del Mar ($302 millones), Longaví ($282 millones), Santa Cruz ($266 millones), Graneros ($251 millones), Coyhaique ($227 millones), Calera de Tango ($213 millones), Hualqui ($194 millones), San Antonio ($178 millones), Santa Juana ($174 millones) y San Joaquín ($160 millones).

La Escuela Básica República de India y el Liceo Guillermo Abarca se encuentran en la misma cuadra de la calle Catedral de Quinta Normal. Ambos son parte del PIE y su sostenedor es la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal (Corpquin). Los establecimientos se preparan para celebrar las Fiestas Patrias y en sus pasillos lucen adornos confeccionados por alumnos y profesores. La ornamentación no consigue disimular la precariedad de ambos colegios. Puertas carcomidas, salas deterioradas, sillas y bancos en mal estado. Según relatan algunos profesores, se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero están conscientes de que los recursos son escasos y que no está llegando todo el dinero que les corresponde. La Contraloría les da la razón: están siendo gastados en otros fines.

En 2013, Corpquin recibió $935 millones por el PIE de los cuales sólo acreditó el gasto de $639 millones, dejando un excedente que superó los $295 millones. En 2012 pasó algo similar: los dineros no gastados llegaron a $394 millones. Esto significa que, sumando ambos años de remanentes del programa, la cuenta de la corporación debería tener $690 millones. Pero, al 31 de diciembre del 2013 sólo contaba con $38 millones. Más de $652 millones no fueron utilizados en el propósito determinado por la ley, que era mejorar las condiciones educativas de los 1.166 alumnos inscritos en el Programa de Integración Escolar que asisten a las 17 escuelas y liceos que Corpquin tiene inscritos en ese plan.

En respuesta al primer informe de la Contraloría, la alcaldesa Carmen Gloria Fernández argumentó que los dineros remanentes del programa fueron gastados en fines distintos a los que señala la ley, pero siempre dentro del sector educación. Se trata de una explicación que se repite en muchas comunas. El 28 de mayo pasado, la municipalidad de Quinta Normal dirigió un oficio al secretario regional ministerial (seremi) de Educación, solicitando que se coordine un plan para “habilitar a la corporación para el correcto uso de los recursos y de re imputación de los fondos”. De esta manera, se deja entrever que los funcionarios de la corporación no sabían en qué se podía gastar el dinero.

El seremi metropolitano de Educación, Felipe Melo, en un oficio del 15 de mayo pasado, había informado que cada Departamento Provincial de Educación, organismo que debe prestar asesoramiento en la ejecución del Programa de Integración Escolar, cuenta con apenas un funcionario para este propósito. “Es imposible, por recursos humanos, prestar asesorías directas o visitas en terreno a cada establecimiento con PIE”, señala en el documento.

Contraloría verificó que en los colegios de Quinta Normal inscritos en el PIE no existe constancia del desarrollo de las tres horas cronológicas por semana para que los profesores planifiquen sus actividades del programa. También acreditó la inexistencia de un registro de horas de apoyo especializado para los alumnos, que deben ser de 7 a 10 horas semanales, dependiendo de si tienen jornada escolar parcial o completa. También se advirtió que los materiales de enseñanza eran insuficientes para la cantidad de alumnos inscritos.

CIPER intentó en reiteradas ocasiones contactar a los encargados de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, sin obtener respuesta.

Donde sí respondieron fue en San Joaquín. La secretaria general de la corporación de esa comuna, Mary Sánchez, envió una declaración a CIPER donde explica que el dinero que falta “se gastó en obligaciones que son canceladas a través de la cuenta corriente común que dispone la corporación”. El texto agrega que ya se abrió “una cuenta especial para efectuar un control más adecuado de la ejecución de los fondos PIE, lo que evitará que a futuro la ejecución de dichos fondos se confunda con el movimiento de la cuenta general”.

San Joaquín recibió casi $466 millones por el programa en 2013 y gastó $335 millones. Dejando un remanente de $130 millones. Al sumar esta cifra con lo que no se utilizó en 2012, la comuna debería tener un saldo de $226 millones, pero al 31 de diciembre del 2013 sólo tenía $66 millones. En respuesta al informe de la Contraloría, la corporación dijo que $100 millones fueron invertidos en fondos mutuos. El organismo fiscalizador cuestionó esta explicación, porque estos dineros tienen una finalidad concreta: atender a los niños con necesidades educativas especiales, lo que no incluye invertirlos en el mercado de capitales. En todo caso, aunque se sumen los $100 millones invertidos, tampoco se alcanza a cubrir el saldo faltante.

Un funcionario municipal responsable de la aplicación del PIE en una comuna metropolitana, y que pidió la reserva de su identidad, dijo a CIPER que el problema se origina en la mala gestión administrativa de los municipios. Debido al “forado” que la mayoría de las municipalidades exhibe en su manejo presupuestario, especialmente en educación, los encargados de manejar el dinero que proviene del Mineduc se ven en la obligación de “bicicletear, con las distintas subvenciones, el pago de sueldos, previsión y servicios básicos de los colegios, entre otros ítems.

El gobierno sabe de este problema y, por lo mismo, el 6 de agosto pasado el Mineduc comprometió dineros para pagar deudas previsionales de personal docente de 31 comunas por un total de $23 mil millones, lo que cubre el 41% del total adeudado. El propósito es ir limpiando la deuda municipal antes de que se concrete la reforma que pretende devolver a un organismo central del Estado la administración de los establecimientos educacionales.

La lista de los municipios con mayor deuda previsional docente, según una nota de La Tercera que cita fuentes del Mineduc, es liderada por Valparaíso ($16 mil millones), San Fernando ($6.900 millones) y La Serena ($3.335 millones). En la Región Metropolitana, la nómina la encabezan Santiago ($2.909 millones), San Bernardo ($2.687 millones) y Buin ($2.124 millones).

“SOBRE-DIAGNÓSTICO”

Paulina Godoy fue coordinadora de Educación Especial del Mineduc entre 2006 y 2010. Ahora es directora de Hineni, una fundación que promueve la inclusión educacional. El principal problema para el uso eficiente de los recursos del Programa de Integración Escolar, asegura, es que los sostenedores de colegios, incluidos los municipios, han convertido el sistema en una vía para aumentar sus ingresos mediante la multiplicación de los diagnósticos de niños con necesidades educativas especiales. A su juicio, hay una asociación perniciosa entre captación de recursos y una evaluación poco rigurosa de los escolares.

-Existe un “sobre-diagnóstico” y los vicios se generan por esto. Ocurre que hay profesionales (médicos, psicólogos y psicopedagogos) que firman hasta cien diagnósticos en un día. Algo imposible en la realidad –señala Paulina Godoy.

La especialista explica que una evaluación requiere un diagnóstico psicométrico, para detectar problemas o dificultades sociales en los niños, procedimiento que puede demorar entre dos y tres horas por estudiante.

Un encargado del PIE en una municipalidad de la zona norte metropolita confirma lo anterior y agrega que, muchas veces, los municipios llevan médicos de un Centro de Salud Familiar (Cesfam, de dependencia municipal) a los colegios, los que, sin realizar una revisión exhaustiva, timbran el certificado para que el alumno entre al programa. Aunque los profesionales están inscritos en un registro del Mineduc, esto no entrega la certeza de que los alumnos fueron debidamente evaluados. La única limitación que evita un mayor abuso del sistema son los cupos del PIE por curso: cinco alumnos con necesidades transitorias y dos con necesidades permanentes.

Existe una segunda razón que explica la explosiva multiplicación de los beneficiarios: el cambio realizado en 2010, con Joaquín Lavín como ministro de Educación, que impulsó la autorregulación en el sistema.

-Antes, el Mineduc iba a la escuela, daba asesorías y veía que estuvieran las condiciones mínimas para implementar el PIE. Pero desde el año 2010, se sacó este programa de la Unidad de Educación Especial y se llevó a una plataforma informática, donde convive junto a la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Ahí sólo basta que las escuelas registren (en internet) a sus alumnos para recibir el dinero -asegura Paulina Godoy.

Así, el Programa de Integración Escolar pasó de ser un plan que era supervisado en terreno a uno que se regula a través de una plataforma electrónica alimentada por documentos que ingresa el sostenedor a la web. Esto no permite verificar que el diagnóstico de cada niño se haya hecho conforme a los requisitos establecidos por las normas, y tampoco acreditar de manera fehaciente que los recursos se hayan ejecutado en lo que declara el sostenedor. Esta fue la ventana que se abrió para recibir mayores fondos mediante el “sobre-diagnóstico”.

FALTA FISCALIZACIÓN

La Superintendencia de Educación Escolar (SIEE) es el organismo que debe fiscalizar el buen uso de los recursos proveniente de planes como el PIE. No obstante, desde que comenzó a funcionar, en septiembre de 2012, sólo ha realizado auditorías a los documentos de rendición ingresados en la plataforma web. La primera fiscalización completa, con un cruce de rendiciones, gastos y saldos (como lo realizado por la Contraloría), se ejecutará recién a finales de este año y se cerrará durante el primer semestre de 2015.

Según el artículo 86 del Decreto 170 del Mineduc (vea ese documento), los recursos del Programa de Integración Escolar deben ser gastados exclusivamente en contratación de docentes especializados, coordinación y evaluación del mismo programa, capacitación de los docentes regulares y especiales, y la provisión de recursos educativos que faciliten la participación, autonomía y progreso de los estudiantes.

Si quedan excedentes deben ser devueltos al ministerio, según estipula el Dictamen 19.326 de 2013 de la Contraloría y que obliga a “restituir aquellos caudales que no hayan sido invertidos en los objetivos prefijados por la normativa aplicable, dentro del período establecido para la ejecución del proyecto o programa del caso y, de igual manera, el otorgante de los fondos tiene el deber de requerir su reintegro”.

Nada de esto se ha hecho. Solo una vez, en agosto de 2012, el Mineduc aplicó un plan piloto para fiscalizar a 51 establecimientos de 26 comunas de la Región Metropolitana. Ahí comprobó que había “incumplimiento de diagnóstico” por parte de algunos colegios con programa de integración. En aquella ocasión se aplicaron cinco multas, 11 amonestaciones y ocho sobreseimientos. Si los incumplimientos son “leves”, las sanciones van desde 50 UTM a 100 UTM ($2,1 millones a $4,2 millones); si son “menos graves”, de 100 a 500 UTM (hasta $21,1 millones), y si son “graves” de 500 a 1.000 UTM (hasta $42,3 millones).

En parte, las irregularidades detectadas por la Contraloría se deben al bajo número de fiscalizadores de la Superintendencia de Educación Escolar. Según información proporcionada por esa misma entidad, sólo cuenta con 250 fiscalizadores a nivel nacional, quienes tienen que revisar casos de bullying, discriminación, maltrato a profesores y, claro está, el uso y ejecución de los recursos públicos.

Mauricio Farías, jefe de Fiscalización de la superintendencia dice que la actual administración está generando “cambios importantes” para robustecer el sistema informático, aumentar el personal de fiscalización y realizar procesos administrativos a quienes no cumplan con la normativa.

Según Farías, uno de los mayores problemas con los que debieron lidiar cuando se instaló la nueva administración de la superintendencia, en mayo de este año, fue la falta de coordinación entre las distintas unidades educativas (Mineduc, Agencia de Calidad de la Educación y superintendencia): “Se creó una mesa de trabajo entre las instituciones de aseguramiento de la calidad y, por medio de esto, modificaremos la manera de fiscalizar para hacer más efectivo el trabajo”, asegura.

Sobre los informes de la Contraloría que dan cuenta de la “pérdida” de recursos del Programa de Integración Escolar, en la SIEE dijeron que ya fueron informados y que se realizarán los procesos administrativos correspondientes a la situación de cada municipio.

Puente Alto, un ejemplo positivo

Hasta ahora, la Contraloría no ha publicado todos sus informes de auditoría a los recursos del Programa de Integración Escolar ejecutados por municipios. Por lo mismo, no se sabe si entre ellos figurará Puente Alto. De hacerlo, los especialistas esperan que pase la prueba.

Paulina Godoy, ex coordinadora nacional de Educación Especial del Mineduc durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, alaba la gestión que se ha hecho en el populoso municipio entonces encabezado por Manuel José Ossandón (RN) y ahora en manos del alcalde Germán Codina (RN).

Para Paulina Godoy, lo que se ha hecho en Puente Alto “es el modelo a seguir” en materia de educación especial e integración. El Índice de Vulnerabilidad Escolar indica que un 67% de los alumnos que asisten a los establecimientos de la corporación municipal puentealtina son vulnerables. La comuna pasó de tener 874 alumnos inscritos en el PIE en 2010 a 2.678 en 2014.

El fuerte incremento de los alumnos beneficiados con este plan, y el consiguiente aumento de los recursos, ha sido aprovechado para multiplicar la contratación y capacitación de profesionales especializados, los que cuentan con el material de apoyo necesario para realizar sus clases. De esta manera, los profesores de apoyo al PIE aumentaron, en cuatro años, de 55 a 225. La Corporación Municipal de Puente Alto informó a CIPER que en 2013 recibió $2.829 millones por el PIE y gastó $2.160 millones.

Mediante la inversión de recursos propios, la corporación realizó mejoras en la infraestructura de algunos colegios, adaptándolos para el acceso de menores con necesidades especiales permanentes. En el Colegio Maipo, por ejemplo, se instaló un ascensor para alumnos con problemas motores.

El Colegio Maipo es un establecimiento municipal “emblemático” en materia de integración. Cuenta con 165 alumnos inscritos en el PIE, de los cuales 70 tienen necesidades especiales permanentes. Este año se graduará de 4º medio un alumno con problemas motores que se desplaza en silla de ruedas y que se ha convertido en un símbolo de lo que se puede lograr en materia de integración. Diego León Muñoz llegó al colegio en 1º medio y no sólo pudo integrarse, sino que cambió a todo su curso:

-Entró al curso más revoltoso. Tuvimos miedo, pero no sólo demostró ser un excelente alumno, sino que transformó a sus compañeros en mejores personas -dice María Fernanda Ibieta, coordinadora del PIE en el Colegio Maipo. (vea un video institucional del colegio con sus avances en materia de integración)

Otro de los 22 establecimientos municipales de Puente Alto integrados al PIE es la Escuela Los Andes. Tiene 494 alumnos y 82 de ellos están inscritos en el programa. Para su directora, Cecilia Poblete, “lo realizado ha sido como abrir el mundo a estos niños. Antes estaban encerrados en un claustro, pero ahora nosotros le damos oportunidades que les eran negadas. De eso me siento orgullosa”.

 

Lazos entre UPV y Akredita QA ponen en jaque certificación de su Escuela de Medicina

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Una mujer responde al teléfono en la Escuela de Medicina de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV). Le preguntamos sobre los campos clínicos que tienen para sus alumnos. Nos dicen que los hay en las dos regiones donde la UPV imparte la carrera de Medicina. En La Serena está el Hospital de Ovalle, el que forma parte de un convenio entre la universidad y el Servicio de Salud de Coquimbo (SSC), vigente desde julio de 2010. Y en Santiago, agrega, están el Hospital de Talagante, el Centro de Referencia en Salud (CRS) Salvador Allende de Pudahuel, dos consultorios en Lo Espejo, la Mutual de Seguridad y el Servicio Médico Legal (SML).

Lo que la funcionaria dice es muy parecido a lo que describió a CIPER el rector de la UPV, Aldo Biagini, cuando respondió el año pasado a la carta que nos había enviado una ex alumna denunciando la pésima calidad de la educación que se imparte en esa escuela (ver carta y respuesta). Allí Biagini mencionaba los mismos centros, y además agregaba convenios con las municipalidades de Nancagua y Chépica, en la VI Región. Con esa oferta de establecimientos, la UPV pareciera estar en excelente pie para enfrentar en los próximos meses el proceso de reacreditación de su Escuela de Medicina. CIPER investigó la situación en que la UPV se postula y no sólo encontró problemas académicos que podrían poner en riesgo la acreditación, sino también serias irregularidades que abren un nuevo flanco sobre la manera en que la UPV ha obtenido sus certificaciones.

Esta vez las acusaciones no apuntan a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), como lo fue en el proceso que llevó a su controlador y ex rector Ángel Maulen a la cárcel, sino que a Akredita QA, la agencia que creó el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, junto a otros académicos en 2006 para evaluar y acreditar carreras universitarias. Esa agencia fue la encargada de certificar a la Escuela de Medicina de la UPV las dos veces que ha sido acreditada. En ambas ocasiones operaron estrechos lazos hasta ahora desconocidos entre ambas entidades, y que hoy generan dudas sobre la legitimidad de esos procesos.

En 2010, cuando la carrera fue acreditada por primera vez, uno de los pares evaluadores que permitió la certificación fue el doctor Leandro Biagini, hermano y socio del entonces secretario general de la universidad y actual rector, Aldo Biagini. Al año siguiente, en noviembre de 2011, Akredita QA volvió a acreditar la escuela pero esta vez por tres años. Un mes después, Vito Sciaraffia fue contratado como nuevo director nacional de Medicina en la UPV. Hasta ahora eran muy pocos los que sabían que Sciaraffia forma parte desde 2008 de Akredita QA como uno de los encargados de certificar las carreras del área de la salud.

Aldo Biagini (Fuente: cnnchile.cl)

La Universidad Pedro de Valdivia no está acreditada, pues su certificación no fue renovada en 2012 por la Comisión Nacional de Acreditación. Pero su carrera de Medicina sí lo está. Al perder su acreditación, los nuevos alumnos que ingresaron a la UPV en 2013 y 2014 perdieron la posibilidad de optar al Crédito con Aval del Estado (CAE), beneficio que sí conservaron los poco más de 250 alumnos que ya estudiaban Medicina en esa universidad. Si el próximo 17 de noviembre, fecha en que caduca la acreditación vigente de la Escuela de Medicina de la UPV, es rechazada su renovación, proceso a cargo nuevamente de la agencia Akredita QA, la situación de crisis que vive dicha universidad -producto de la pérdida del CAE y de las investigaciones judiciales y del Ministerio de Educación- se agravará. Los alumnos de Medicina no sólo perderán el último sello de legitimidad que les quedaba, sino también todo acceso a becas o beneficios otorgados por el Estado. Lo grave es que todos los antecedentes revisados por CIPER dan cuenta de un escenario cuesta arriba en torno a la reacreditación.

Según la última medición oficial del Ministerio de Salud (Prueba Eunacom 2013), la Escuela de Medicina de la UPV es una de las dos escuelas que obtuvieron los resultados más deficientes del país. Eso significa que, a pesar de que se presenta en su sitio web como una carrera “con énfasis en Salud Pública”, la mayoría de sus egresados no está lo suficientemente capacitada para trabajar en el sistema público de salud. Y aún así, con un arancel anual de $5,5 millones, es una de las ocho universidades más caras entre las 23 que imparten la carrera (ver listado de aranceles). El elevado precio podría justificarse con el alto número de campos clínicos que la universidad ha conseguido para sus alumnos, y que son un requisito clave para la acreditación de la carrera. Pero hay un problema: la mayoría de esos convenios ya no están vigentes o están a punto de caducar. Aunque los sigan promocionando como gancho para atraer nuevos alumnos, la UPV ha perdido casi todos sus campos clínicos.

En abril de 2013 el Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOCC) decidió poner fin al contrato que le permitía a la Universidad Pedro de Valdivia usar el Hospital de Talagante como su principal campo clínico: aunque los alumnos seguirán cursando su internado hasta fin de año, el convenio terminó oficialmente el 31 de agosto recién pasado (ver carta). Como el CRS de Pudahuel forma parte del mismo convenio, también se puso fin al acuerdo que permitía que fuera utilizado como centro de práctica para los alumnos de la UPV. Un médico que trabaja en ese establecimiento y que pidió a CIPER reserva de su nombre, dice que ahí sólo permiten que los estudiantes de la UPV observen procedimientos, pero casi nunca participar activamente en la atención de pacientes porque “no nos dan confianza”. Es por eso que, asegura, han optado por licitar el campo clínico a otras universidades. Respecto al vínculo que le permite a la UPV hacer uso del Hospital de Ovalle, en Coquimbo, la situación es la misma: está en su fase final, pues se acaba a fines de este año.

Los estudiantes de Medicina de la UPV también pudieron usar como campos clínicos los consultorios Nº1 y Nº5 de la comuna de Santiago. Pero desde 2013 ese convenio se acabó. En los consultorios de Lo Espejo, aunque el pacto tiene vigencia hasta 2015, sólo en uno podrán seguir los alumnos de Medicina de la UPV. Y en el SML señalan que, al igual que otras 24 universidades, la UPV firmó en 2007 un contrato que duraría un año y que desde  entonces se ha renovado automáticamente por períodos iguales y consecutivos. Allí el acuerdo sigue vigente, aunque puntualizan que desde 2012 no han recibido a alumnos de esa escuela.

EL HISTORIAL DE AKREDITA QA

La UPV es una de las 12 universidades que hoy investiga el Ministerio Público por lucro o irregularidades en su acreditación institucional. Su principal controlador y ex rector, el empresario y ex subsecretario de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei, Ángel Maulén, hoy está libre, aunque con firma mensual, luego de pasar meses encarcelado por su participación en la acreditación fraudulenta de su universidad en 2010 (ver reportaje de CIPER). Está formalizado por cohecho y lavado de dinero. Esa es la arista penal. Por la vía administrativa los resultados parecían ser mejores: el Ministerio de Educación absolvió a fines de 2013 a la UPV por irregularidades. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, nuevamente el Ejecutivo abrió una investigación con la UPV como una de las siete universidades protagonista.

Hasta hoy, todas las acusaciones por irregularidades por lucro y en los procesos de certificación de la UPV tenían que ver con Maulén y su vínculo con la venta fraudulenta de acreditaciones universitarias operadas por Eugenio Díaz desde la CNA. Fue en ese proceso que la universidad obtuvo por primera vez su acreditación, en diciembre de 2010 (ver resolución). Pero antes, en septiembre de 2008, la universidad cerró un contrato con la agencia Akredita QA para acreditar sus carreras de Pedagogía y Medicina, exigencia legal que rige para esas dos carreras. El documento, al que CIPER tuvo a acceso a través de la Ley de Transparencia, lleva las firmas de Ángel Maulén y Luis Riveros y constituye el inicio de una relación que en adelante estaría marcada por evidentes conflictos de intereses.

Ángel Maulen

Cuando se firmó el contrato, Akredita QA aún no tenía atribuciones para acreditar la carrera de Medicina. Si bien la agencia existe desde 2006, recién a mediados de 2008 fue autorizada por la CNA para operar como acreditadora. Al principio, Akredita QA obtuvo autorización para certificar todo tipo de carreras en el área de Educación, Administración y Comercio, Ciencias Sociales, Tecnología y Salud, aunque con excepciones: Medicina y sus programas de especialización quedaban fuera (ver autorización). La restricción duró poco: en enero de 2009 la CNA amplió la autorización e incluyó a Medicina en su área de acción.

Akredita QA es una de las tres agencias que han sido sancionadas por la CNA, y la única que aparece dos veces en esa nómina. La primera fue en 2011, por conflicto de intereses en la acreditación de Educación Parvularia del Instituto Profesional Los Leones: además de presidir la agencia evaluadora, Luis Riveros también formaba parte del Consejo Académico de la entidad evaluada. Por eso la CNA multó a Akredita QA con 100 UTM (unos $3,8 millones). La segunda fue en julio de 2013, cuando la CNA la sancionó con una “amonestación por escrito” por negarse a entregar información respecto a la acreditación de 26 carreras en distintas universidades entre 2010 y 2011 (ver sanción). Una de esas carreras era Medicina en la UPV. Poco después Riveros, quien fue rector de la Universidad de Chile (1998-2006) y es el “gran maestro” de la Masonería de Chile, abandonó su participación en Akredita QA. Hoy preside la comisión ejecutiva para la creación de una universidad estatal en la Región de O’Higgins.

La empresa acreditadora es también conocida como “la agencia de los rectores”, pues además de Riveros han participado en su propiedad Manfred Max Neef (ex rector de la Universidad Austral), Jaime Pozo (ex rector de la Universidad de La Serena) y Ubaldo Zúñiga (ex rector de la Usach). Este último estuvo formalizado por fraude al fisco en 2009 por las irregularidades en la licitación de la plataforma informática del Registro Civil. Además de ellos, han sido socios en Akredita QA el ex diputado de Renovación Nacional, Maximiano Errázuriz, condenado por fraude al fisco por el mal uso de las asignaciones parlamentarias (ver reportaje de CIPER); e Iván Navarro, fundador de la Universidad Blas Cañas (hoy Universidad Católica Silva Henríquez), quien actualmente preside la agencia.

CIPER solicitó a la CNA copia de todos los documentos que respaldaran la acreditación de Medicina en la UPV, tanto en 2010, cuando fue acreditada por un año, como en 2011, cuando se le otorgó la certificación por tres años. En ambos casos la decisión estuvo en manos de Akredita QA. La respuesta de la CNA indica que en esa repartición pública sólo cuentan con la información respecto del primero de esos procesos. Los documentos de la acreditación de 2011 –aquellos de los que trata la sanción de la CNA–, nunca fueron entregados. No obstante, la información disponible permite verificar irregularidades hasta ahora desconocidas en ambos procesos. En el primero, porque uno de los evaluadores era hermano y socio de una de las principales autoridades de la UPV, el actual rector Aldo Biagini. Y en el segundo, porque apenas un mes después de obtener la reacreditación de Medicina, y por un período de tres años, uno de los miembros del Consejo de Acreditación de la agencia que decidió otorgar la certificación de Medicina de la UPV fue contratado por esa misma universidad para hacerse cargo de la dirección nacional de la carrera.

EL HERMANO EVALUADOR

Ángel Maulén todavía estaba a la cabeza de la UPV cuando el 18 de enero de 2010 su Escuela de Medicina, tanto en Santiago como en La Serena, obtuvo por primera vez la acreditación. Para entonces, sus vínculos con Eugenio Díaz y las irregularidades en las acreditaciones desde la CNA eran algo desconocido. Es más, faltaban 11 meses para que la UPV fuera acreditada en el proceso irregular que hoy es materia de investigación judicial. Por eso la certificación de la carrera de Medicina, tras tres años de funcionamiento y sin siquiera una primera generación de egresados, era un hito para su universidad. Sobre todo porque era un logro de la segunda esposa de Maulén, la doctora Candice Rudloff, en esa época directora nacional de la carrera.

Leandro Biagini Alarcón (Fuente, www.umayortemuco.cl)

Aunque ese primer informe resultó más bien lapidario, la agencia Akredita QA la certificó por un año (ver resolución). Si bien reconocía que la escuela tenía un perfil de egreso claro para sus alumnos, también señalaba que los programas académicos y la malla curricular no eran consistentes con ese perfil. De hecho, los evaluadores detectaron “un reducido énfasis en la atención primaria de salud y del modelo biopsicosocial que se dice orienta los estudios de la carrera”, precisamente el perfil de médicos que la escuela pretende formar, según su sitio web. Destacaron también una alta rotación de autoridades que interfería con el seguimiento de los planes remediales; incoherencia entre los profesionales contratados y los que figuraban en cada evaluación; bajo número de docentes vinculados formalmente con la institución; una autoevaluación con un inadecuado nivel de participación en la que se confundían fortalezas con debilidades; y mecanismos de toma de decisiones no acordes con los propósitos planteados como escuela. La mayoría de las medidas que los evaluadores consideraban positivas eran demasiado recientes como para poder calificarlas. No obstante todas las falencias consignadas, el Consejo de Acreditación del Área de la Salud de Akredita QA consideró que la carrera cumplía con los requisitos establecidos por la CNA para ser certificada por los siguientes 12 meses.

Un dato que hasta ahora pasó inadvertido es que uno de los tres pares evaluadores de Akredita QA que participaron en el proceso era hermano y socio de Aldo Biagini, el actual rector de la UPV, quien por entonces era secretario general de la universidad (ver informe de pares evaluadores).

Leandro Biagini Alarcón, médico cirujano y especialista en Medicina Interna, fue director médico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en la época en que Luis Riveros era rector de esa universidad. Como el establecimiento hospitalario depende de la rectoría y no de la Facultad de Medicina, fue el mismo Riveros quien lo designó en el cargo. Desde ahí lo habría reclutado como par evaluador en Akredita QA, en 2008. Hasta hoy continúa siendo parte de ese equipo. Fue director médico corporativo de Megasalud y actualmente es director docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Mayor, la que depende de la Facultad de Medicina de esa misma casa de estudios. Allí, la carrera está acreditada por seis años desde 2013. Y también fue Akredita QA la agencia que la certificó (ver resolución).

Luis Riveros

El vínculo de los hermanos Biagini Alarcón no es sólo sanguíneo, sino también comercial. Ambos son socios en al menos tres sociedades familiares: Inversiones Mar Azul Ltda., Inversiones del Pacífico Ltda. e Inversiones Tobalaba S.A. Esos nexos, que por entonces pasaron inadvertidos, seguían vigentes en 2011 cuando la escuela volvió a presentarse ante Akredita QA para postular a una nueva acreditación.

El año pasó y la primera certificación de la escuela de Medicina caducó. La UPV debía reacreditar la carrera y entregar su nuevo informe de autoevaluación a la agencia de Luis Riveros, 90 días antes de que venciera la acreditación, esto es el 18 de enero de 2011. Pero el documento no se despachó sino hasta fines de marzo de ese año (ver informe de autoevaluación). Según el informe, la carrera tenía  entonces 284 alumnos y 95 docentes en sus sedes de Santiago y La Serena. Maulén seguía siendo el rector, Rudloff aún era directora nacional de Medicina y todavía no egresaba la primera generación de la carrera.

EL NUEVO CARGO DEL CONSEJERO SCIARAFFIA

El atraso en la entrega del informe significó también una demora en la resolución de Akredita QA respecto a la reacreditación. Recién en agosto de 2011 fueron los pares evaluadores a visitar la escuela y no fue hasta el 17 de noviembre que el Consejo de Acreditación del Área de Salud de Akredita QA decidió (ver resolución). En su informe, los evaluadores reconocen la existencia de reglamentos que norman el desempeño de los estudiantes, pero también la ausencia de reglas claras respecto a notas mínimas de promoción y porcentajes de asistencia. También señalan  la ausencia de instancias donde se permita la interacción entre académicos de las distintas sedes, y un número insuficiente tanto de docentes como de horas designadas para docencia práctica. Los evaluadores establecen que los académicos cumplen sólo parcialmente con las calificaciones y la experiencia necesarias para desempeñar funciones directivas y académicas docentes y que no hay mecanismos suficientes para que el cuerpo académico participe activamente en la formulación de planes y programas. Y además, la carrera no tiene un número máximo de alumnos por sede, lo que no es acorde con el compromiso de asegurar una enseñanza de calidad.

A pesar de las debilidades detectadas, nuevamente Akredita QA acreditó la carrera, esta vez por tres años, hasta noviembre de 2014. Habían pasado tan sólo dos meses desde la publicación en CIPER de un reportaje que reveló las primeras irregularidades tras la acreditación institucional de la UPV en 2010 y de la salida de Maulén de la rectoría. En su lugar había asumido Gonzalo Arenas, quien hasta entonces había sido decano de la Facultad de Ingeniería de la UPV. CIPER no pudo acreditar si Leandro Biagini participó activamente en este segundo proceso como par evaluador, aunque cada uno seguía en su posición: Aldo aún era secretario general de la UPV y Leandro todavía figuraba en la lista de pares evaluadores de Akredita QA.

Pero los hermanos Biagini no serían el único nexo entre la UPV y la agencia acreditadora. En diciembre de 2011, apenas un mes después de que Akredita QA aprobara la reacreditación de Medicina  por los siguientes tres años, la esposa de Ángel Maulen, Candice Rudloff, renunció a la universidad, que ya estaba en el centro de las investigaciones judiciales. Vito Sciaraffia asumió la dirección nacional de Medicina en su reemplazo. Se mantendría en el cargo apenas unos meses, hasta mayo de 2012. Pocos sabían de sus estrechos vínculos con Akredita QA y su rol en la acreditación de la carrera.

Vito Sciaraffia

Sciaraffia es ingeniero civil y  médico cirujano. Fue director del Instituto de Administración y Salud de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también el primer superintendente de Salud del gobierno de Sebastián Piñera. Duró en ese cargo apenas tres meses (ver reportaje de CIPER). Además, desde 2008 que forma parte del Consejo de Acreditación del Área de la Salud de Akredita QA, una instancia que presidió el doctor Juan Eduardo Bustos hasta su muerte el pasado 10 de septiembre, y que además componen otras cinco personas. Desde allí fue uno de los encargados de decidir la acreditación de Medicina de la UPV, carrera que pasó a dirigir apenas un mes después de haberla acreditado.

Las dos resoluciones que sellaron la certificación de Medicina de la UPV llevan las firmas de Bustos y Riveros. Hasta el momento resulta imposible saber cómo votó Sciaraffia en esas sesiones del consejo de Akredita QA, ya que las actas no son de acceso público. Actualmente la misma agencia está a cargo de evaluar la reacreditación de la escuela. Aunque ya no está en la UPV, Sciaraffia continúa siendo miembro del Consejo de Acreditación del Área de la Salud de Akredita QA. Aldo Biagini ahora es rector de la universidad y su hermano Leandro aún figura como par evaluador de la agencia.

El proceso ya comenzó con la visita de los pares evaluadores a la universidad los días 3, 4 y 5 de septiembre. Con su hermano en la rectoría desde febrero de 2013 –tras la renuncia de Gonzalo Arenas–, Leandro Biagini no forma esta vez parte del equipo que evaluador. Varios académicos de la escuela han señalado a CIPER que la UPV difícilmente tendrá éxito en esta nueva evaluación. Esto porque según los criterios establecidos por la CNA, para acreditarse la carrera “debe tener suscritos los convenios necesarios para la utilización de campos clínicos, hospitales y consultorios en que se realizarán las actividades prácticas”. Algo que en las condiciones actuales no se estaría cumpliendo.

AL FONDO DEL RANKING

El año pasado egresó la primera generación de médicos de la UPV. Tras rendir la versión 2013 del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), la universidad quedó como una de las dos con mayor tasa de reprobación, junto a la ya desahuciada Universidad del Mar. Era su primera incursión en la medición que permite al Ministerio de Salud (Minsal) no sólo evaluar la calidad de la enseñanza de las escuelas de Medicina del país, sino que también filtrar el ingreso de profesionales a sus establecimientos: quienes reprueban el Eunacom no pueden optar a cargos en hospitales, consultorios ni centros públicos de salud.

CIPER solicitó a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), entidad encargada desde 2009 del diseño y administración del examen por mandato del Minsal, el detalle de los resultados de ese examen, pero nos los negaron. El argumento fue que después de la filtración de los resultados del examen en 2012, el Consejo de Decanos de la Asofamech acordó no volver a informar los resultados que hasta 2011 eran públicos, para así evitar la excesiva competencia y posibles irregularidades. Desde entonces, los resultados sólo son comunicados de forma individual a los médicos que lo rindieron y a las escuelas, sin darles mayor detalle de otros evaluados. En otras palabras, por decisión administrativa de una entidad privada los resultados del Examen Eunacom ya no son información pública.

Que esa información haya dejado de ser de acceso público es un hecho grave. Los datos no sólo permiten a la ciudadanía saber si los médicos que egresan de las escuelas poseen los conocimientos mínimos necesarios para desempeñarse en el sistema público y hacer frente al nuevo perfil epidemiológico que ha desbordado el sistema de salud. También son el principal insumo para que los estudiantes que postulan a una escuela de Medicina sepan cuál es el nivel de la educación que en ellas se imparte. Es por eso que CIPER presentó a comienzos de septiembre un amparo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia (Rol C1929-14), para exigir que dicha información vuelva a estar disponible para la ciudadanía.

Si a los magros resultados en el Eunacom se suma el fin de los convenios para hacer uso de campos clínicos, la Universidad Pedro de Valdivia enfrenta una compleja situación para obtener la acreditación de Medicina. Varios académicos y alumnos manifestaron a CIPER su preocupación, no sólo por la pérdida de campos clínicos, sino por lo que ocurre en ellos. Dicen que el bajo nivel técnico y académico de los alumnos hace que los médicos en estos recintos no les permitan poner en práctica sus habilidades, por el riesgo que significa para los pacientes. Se refieren también a modificaciones en las calificaciones para que los alumnos pasen cursos sin los conocimientos mínimos, reduciendo así la tasa de retención de la escuela y mejorando sus posibilidades de competir a futuro para una beca de especialización. Y señalan un profundo desorden interno, al punto que a comienzos de 2013, después de casi tres años cursando Medicina y uno como interno en el Hospital de Talagante, descubrieron que Alexander Bravo, uno de sus alumnos, había ingresado desde otra universidad a la UPV con documentos falsos. Es decir, este estudiante de séptimo año de Medicina, que cursaba su segundo año de internado y que atendía pacientes del sistema público, no tenía siquiera los conocimientos básicos de los primeros años de la carrera. El fraude quedó acreditado en un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago (ver fallo). Bravo fue descubierto por sus propios compañeros. Ningún directivo de la escuela se percató de sus graves falencias.

 

 

Niños, mujeres y ancianos: Las víctimas desterradas

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(Foto de portada: Luis Brito)

Cada noche, los pobladores de Ocurague, en la sierra madre occidental, se escabullían de sus viviendas para ocultarse entre los matorrales. Desde las sombras escuchaban el accionar de las armas, las cuatrimotos y las camionetas que aplanaban los caminos terregosos. Cuando el silencio volvía a imperar, apaciguaban el miedo y regresaban a sus viviendas. Era la señal de que el peligro había pasado, al menos por esa noche.

Así era la vida en 2011 en este poblado de la Sierra Madre Occidental que es parte del municipio de Sinaloa de Leyva, muy cerca de Badiraguato, Sinaloa, en el llamado “Triángulo Dorado” del narcotráfico mexicano, que incluye la parte serrana de Durango, Chihuahua y Sinaloa.

Al paso de los meses, el temor a la violencia escaló a los homicidios. A inicios de 2012, un grupo armado secuestró y asesinó a un joven originario del poblado vecino de San José de los Hornos.

“Cuando mataron al muchacho ese de San José de los Hornos los hombres no se atrevieron a ir a levantarlo, por eso las mujeres fuimos por él, acompañadas del Comisario. Ahí habían dejado un papel donde se atribuían el asesinato; el papel decía que eso les iba a pasar a todos los ‘dedos’ (soplones) de ‘El Chapo’, que porque ahí era puro Beltrán Leyva”, recuerda la señora Esperanza Hernández, una mujer que ronda los 50 años, originaria de Ocurague, y que se desplazó a la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.

El nuevo grupo criminal condicionó a los pobladores a unirse a ellos, a abandonar sus tierras o a morir en sus manos.

Foto: Luis Brito

“Asesinaron a una familia entera. Los cuerpos quedaron ahí tirados. El Comisario, antes de salir, dio aviso a la cabecera municipal de Sinaloa de Leyva. Fue una cosa muy difícil y muy fea: imagínese tener que dejar ahí a los cuerpos, y la gente tener que venirse por el miedo. Una persona decía que venían los Beltrán Leyva a quemar el rancho y a matar al que encontraran”, menciona con la mirada vaga, mientras recuerda los homicidios de 30 personas de la zona y el éxodo de 96 familias que habitaban Ocurague, ahora convertido en un pueblo fantasma.

Por eso, por el terror, el 12 de enero de 2012, junto con su familia y un pueblo entero, Esperanza salió huyendo: dejó el abarrote familiar que trabajaba, su casa, su siembra, su ganado. Todo.

Desde entonces, esta madre soltera se convirtió en una activista que lucha para que se mejoren las condiciones de los desplazados; ha hecho un padrón de los que se hallan en Guamúchil y ha registrado a los que se fueron al norte del estado, particularmente a las familias que se asentaron en Guasave y en Choix.

El trauma del desplazamiento ha sido muy grande, explica Esperanza, primero por la falta de empleo y vivienda, y después por el desconocimiento de la vida de la ciudad, donde todo cuesta, hasta el agua.

“No podemos acostumbrarnos a vivir aquí: allá, si se acaba el gas, hay leña; tenemos gallinas que producen huevo, tenemos carne, queso; tenemos agua. Ocurague significa lugar donde nace el agua; hay una arroyo que nunca se seca. Nunca carecemos de fruta: ¡aquí hay que comprarla!”

La temporada de calor también ha sido una hornilla: ellos vivían entre los pinos serranos, ahora padecen de temperaturas de más de 40 grados centígrados, muchos de ellos sin siquiera contar con un ventilador.

Las demandas de la mayoría de los desplazados siguen siendo las mismas que en un principio: el regreso de las familias a sus pueblos con garantías de seguridad, o en su defecto, ayuda para un empleo, educación y una indemnización por las tierras y bienes perdidos a manos de los grupos del narcotráfico (…)

Vea aquí la versión completa de esta primera entrega publicada por Noroeste.com

Foto: Luis Brito

 

Desplazados de Sierra Madre: Los nuevos dueños de la tierra

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(Foto de portada: Luis Brito)

Vea acá el primer reportaje de esta serie: “Niños, mujeres y ancianos: Las víctimas desterradas”.

La invasión habría resultado un éxito, pero sus huellas los delataron. Ese abril de 2012, un convoy de aliados criminales de Sonora, Chihuahua y Sinaloa se internó en la Sierra Madre Occidental para apoderarse del territorio norponiente de Choix, a cargo de Adelmo Núñez, alias “El Lemus” o “El 01”.

Disfrazados de soldados, caminaron por las accidentadas veredas, entre las coníferas de la montaña. Llevaban también algunos vehículos rotulados como unidades del Ejército. Sólo simulando ser militares y con el apoyo de Benito Portillo, antes aliado de “El Lemus”, podían moverse sin resistencia por el paisaje agreste. De acuerdo con testimonios locales, la banda criminal local de “El Lemus” los habría visto y dejado pasar, pensando que eran del Ejército, pero luego vieron sus huellas: eran guaraches, y no botas de soldado.

Foto: Luis Brito

Entonces, la alerta se envió por la radiocomunicación y en la madrugada del 28 de abril, en el poblado serrano de Bacayopa, empezó la batalla por el control total de la sierra choicense entre dos grupos del Cártel de Sinaloa: los Portillo y los Núñez.

El choque armado capturó la atención de la prensa y, por lo tanto, del Gobierno de Sinaloa. El informe oficial fue de 20 muertos, pero pobladores serranos dicen que fueron muchos más.

La batalla provocó el desplazamiento de algunas familias hacia la cabecera municipal de Choix, pero éstas regresaron pronto a sus comunidades y se creyó que el problema estaba resuelto.

La pugna, sin embargo, se prolongó por al menos un año y tres meses más, de manera lejana, distante, sorda, ya sin la atención de los medios ni del gobierno.

Los invasores, encabezados por Portillo y apoyados por grupos armados de Sonora y de Chihuahua, fueron cercados y replegados aún más arriba de la Sierra Madre Occidental, a unos mil metros sobre el nivel del mar. Fue entonces cuando se dio el desplazamiento masivo de la población civil que quedó atrapada en la refriega.

En julio de 2013, y obligados por la violencia, a las cabeceras municipales sinaloenses de Choix, El Fuerte y Ahome comenzaron a llegar desplazados internos de comunidades como La Culebra, la Judía, Corral Quemado, El Saucito, El Saucillo y la Cieneguita de Núñez, muchos de ellos indígenas rarámuris.

“En la parte alta de la sierra se dieron enfrentamientos entre los grupos que, de alguna manera, iban replegando a los que habían invadido”, narra un habitante de Choix que vivió el problema, y que su identidad se conserva en anonimato por seguridad.

El testigo continúa: “poco a poco los iban desplazando y ahí fue donde se dio el éxodo hacia acá (hacia Choix)”.

Actualmente, según testimonios de los pobladores, el equilibrio de fuerzas se restableció entre los grupos criminales del propio Cártel de Sinaloa. Habría un vencedor y un vencido.

Indistintamente del nuevo dueño del terreno, los verdaderos perdedores fueron los desplazados (…).

Vea aquí la versión completa de esta segunda entrega publicada por Noroeste.com

 

Foto: Luis Brito

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