Desde la pantalla gigante una mujer brasileña cuenta que vendió todos los muebles de su casa. Como lo que obtuvo no era suficiente, recolectó latas en la calle para reunir US$3 mil y entregarlos en “sacrificio” a Dios. Cuando termina el video-testimonio del milagro, se encienden las luces del templo y se iluminan los rostros de unas 400 personas dispuestas a buscar su propio milagro.

Es 22 de noviembre en Santiago, domingo, el día más importante de las celebraciones de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), más conocida como Pare de Sufrir, el nombre de su famoso programa de televisión. Afuera del templo, en calle Nataniel Cox  Nº 59, a un costado de la gran bandera chilena de la Plaza de la Ciudadanía, el domingo transcurre en calma. Adentro, está carburando la euforia colectiva de quienes esperaron una semana para escuchar al obispo brasileño Francisco Couto, sus métodos para alcanzar a Dios y los muchos milagros que puede hacer por las personas que están con problemas económicos o de otra índole.

La Iglesia Universal del Reino de Dios  –con su fundador, Edir Macedo Bezerra (70 años), multimillonario, acusado y absuelto por lavado de dinero en Brasil– está en plena expansión en Chile, con una inversión de más de US$ 6 millones en la construcción de su nueva catedral y la compra de más espacios en televisión y radio.

En cosa de días, este teatro de fachada descolorida, ubicado en el primer piso de un edificio de departamentos en Nataniel Cox, será cosa del pasado para la Iglesia Universal del Reino de Dios. El piso pegajoso y las butacas de madera que rechinan serán remplazados dentro de un par de meses por un templo moderno, con capacidad para más de dos mil personas. También están en busca de dar mayor masividad a su programa de televisión Pare de Sufrir, que se transmite por ahora en Telecanal. Recientemente trataron de comprar un segmento en Televisión Nacional. No tuvieron éxito, pues según dijeron a CIPER fuentes de la estación estatal, la venta de programas publicitarios no se ajusta a las políticas del canal.

La maquinaria para conseguir dinero trabaja rápido. Se viene la llamada “Campaña de Israel” de diciembre, para la cual le piden a sus adeptos que de manera “voluntaria” hagan el “sacrificio de sus vidas” a cambio del milagro que se verá traducido en plata. Un sacrificio para el que se les incita a vender todo lo que tienen para entregar el dinero a la iglesia. Sin contarle a nadie, porque es un trato “entre ustedes y Dios”.

Edir Macedo Bezerra (Fuente: blog-sin-dioses.blogspot.com)

La fórmula está en la llamada Teología de la Prosperidad y consiste, según observó CIPER, en ofrecer bienestar económico a cambio de sacrificios a Dios, que también se miden en dinero. Y la fórmula funciona tanto que la Iglesia Universal del Reino de Dios tiene presencia en 200 países. Edir Macedo aparece desde 2013 en la lista de la revista Forbes como poseedor de una fortuna de US$ 1.100 millones y es considerado por esa publicación como uno de los líderes religiosos más ricos del mundo.

Desde su fundación en Brasil en 1977, la Iglesia Universal del Reino de Dios ha construido su prosperidad en medio de polémicas alimentadas con episodios como el que presenciamos el domingo 22 de noviembre, en que personas que se reconocían a ellas mismas en situación de extrema precariedad económica o afectadas por problemas personales graves, se convencieron de deshacerse de todos sus bienes para pagar por un milagro.

“UN SALTO EN CHILE EN 2016”

Domingo 29 de noviembre, catedral de la IURD en Nataniel Cox. El obispo Francisco Couto está de pie, arriba del escenario, desde donde todos pueden verlo. Es alto y viste impecable: pantalón azul, chaleco y corbata. Su presencia y dominio escénico son notables.

Apenas tarda 10 minutos en tener a los feligreses murmurando plegarias con los brazos en alto y las palmas extendidas, como si trataran de tocar algo invisible. A las 10:15 unas 400 personas están listas para ser “diezmistas”.

15 edecanes –mujeres de vestido gris y hombres con pantalón azul y camisa blanca– están dispuestos en filas en los pasillos laterales del teatro, vigilando a los fieles y apoyando la logística de la ceremonia: haciendo imposición de manos, caminando pausados cuando el momento es solemne y apresurados cuando tienen que repartir propaganda o sobres para las donaciones. Les llaman “obreros” y son jóvenes que cuidan muy bien su aspecto. Son los que se forman al pie del escenario con bolsas azules para recibir el dinero. El público hace filas para entregarles su diezmo.

Francisco Couto le recuerda a los que no tienen dinero en efectivo, que pueden dar su diezmo a través de sus tarjetas de crédito o débito en la terminal bancaria que sostiene uno de los “obreros”. Una vez hecha la donación, el aparato imprime un comprobante de venta a nombre de la Iglesia Universal del Reino de Dios (ver comprobante).

Ahora el obispo coloca una de las bolsas azules al pie de un baúl dorado, ubicado también arriba del escenario, y se lanza durante cinco minutos en una plegaria a Dios para que recompense con más dinero en un futuro a los que “hicieron un sacrificio”. Un tecladista pone música de fondo a las palabras del obispo y le ayuda a construir la atmósfera celestial que regocija a sus queridos “diezmistas”.

La música se detiene y el obispo Couto lanza un sonoro “¡Gracias a Dioooos!”. Se escucha un atronador aplauso al que sigue sin interrupción un importante recordatorio del mismo obispo: el dinero que casi todos los presentes acaban de entregar es plata que le dieron a Dios, no a la Iglesia Universal del Reino de Dios.

Según Francisco Couto, quien llegó al país hace dos años desde Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios “dará un salto en Chile en 2016” con la construcción de la nueva catedral. Es un proyecto planeado hace más de 10 años y está a días de concretarse.

El 30 de septiembre de 2004, esta iglesia inició su expansión cuando compró una propiedad en la Alameda, cerca de la estación de metro Unión Latinoamericana. Según las escrituras, el vendedor fue la Sociedad Inmobiliaria Quimera Limitada, que cobró UF 62.600 . Un año más tarde, el 24 de octubre de 2005, la iglesia adquirió un predio aledaño, en Abate Molina Nº 60, a Rentaequipos Comercial por $611,4 millones (UF 34.313 de la época).

Con los dos predios bajo su propiedad, el 23 de octubre de 2007, el representante legal de la IURD, el pastor José Roberto Aguilera Inostroza, ingresó la solicitud de permiso de edificación en la Municipalidad de Santiago. El proyecto incluyó el permiso de demolición de un edificio construido en la década de los ‘60.

En los documentos presentados a la Dirección de Obras de la municipalidad, se calcula que la construcción tiene un costo de $1.477 millones (UF 76.390 en esa fecha). Entre los terrenos y las obras, la inversión presupuestada para la construcción de la nueva catedral de la institución religiosa suma UF 172.703, el equivalente hoy a más de US$ 6,2 millones.

La arquitecta Paulina Rica Mery, encargada de la construcción de la nueva catedral, cuenta que las nuevas instalaciones servirán también para formar “jóvenes teólogos” que esparcirán en Chile la doctrina de Pare de Sufrir.

Fachada de la nueva catedral de la Iglesia Universal del Reino de Dios en la Alameda.

En los planos de la construcción, a los que CIPER tuvo acceso, se percibe la magnitud del “salto” que la Iglesia Universal del Reino de Dios pretende dar en Chile: la superficie total de construcción es de 10.826 metros cuadrados (más de dos canchas de fútbol); la capacidad del templo principal es de 2.132 personas, incluyendo a discapacitados; hay 29 departamentos para vivienda y 54 estacionamientos. Sumando los espacios de oficinas, comedores, departamentos y el templo, en un mismo día podría haber actividad de 2.668 personas en la nueva catedral. Según los planos, las instalaciones llegarán a tener ocho pisos.

-Es una construcción moderna que se adapta a los nuevos tiempos. No tiene imágenes ni motivos religiosos que no sea la cruz. Es un lugar de activa operación social. El color de la fachada es tierra-cobre y significa la integración a la idiosincrasia chilena -explica la arquitecta Paulina Rica.

La empresa constructora del nuevo templo es IDC, de Argentina. En febrero de 2014, el representante legal de la Iglesia Universal, el pastor José Roberto Aguilera Inostroza, fundó una sociedad en Chile, también llamada Construcciones IDC Limitada, con el ingeniero argentino Daniel Adolfo Carrera, quien aportó el 99% del capital.

Ahora, Aguilera Inostroza, representante legal de Pare de Sufrir, es parte de una empresa constructora en la que aportó un simbólico 1% (según el Diario Oficial), y está en condiciones de desarrollar en Chile proyectos de construcción, de alquiler de equipos o herramientas, prestar servicios profesionales de arquitectura y “la realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal”.

Pese a la enorme catedral que están construyendo, “Reinaldo”, el pastor del templo de esta iglesia en Ñuñoa –uno de los 14 que la IURD tiene en Santiago, además de 19 en regiones–, no está satisfecho con la recepción que ha tenido la Iglesia Universal del Reino de Dios en Chile. Se han encontrado –dice- con “corazones cerrados”, lo que les ha impedido por ahora establecerse en el país como lo esperaban. Pero luego asegura que el esfuerzo no se detendrá.

La nueva sede de la IURD está casi lista y el viejo Teatro Continental de Nataniel Cox está en arriendo y disponible para un nuevo locatario a partir de enero, según confirmó a CIPER la Inmobiliaria GYG Propiedades.

La nueva catedral es un logro que la Iglesia Universal del Reino de Dios alcanzó con la fe, afirma ante los fieles el obispo Francisco Couto: “porque tener fe es estar seguro de lo que no puedes ver. Y nosotros no tenemos plata, pero tenemos fe”. Couto va hablándole a los fieles mientras los prepara para el momento de las donaciones, la actividad más importante del año: la “Campaña de Israel en la fe de Gedeón”.

LA MUJER DE LAS LATAS

Una semana antes, el sábado 14 de noviembre, CIPER presenció en el mismo templo de Nataniel Cox una sesión más íntima. Ese día el que presidió la ceremonia fue otro pastor, de menor jerarquía que Couto, el que pidió a un grupo de nueve mujeres de edad avanzada y zapatos gastados, que se acercaran al escenario. Son mujeres que andan a pie por la vida y ese día acuden a la ceremonia de “los casos imposibles”.

Entre ellas hay una señora que llega presurosa. En sus brazos lleva varias latas de bebidas recogidas en la calle que ella intenta con prisa guardar en una bolsa de plástico, porque la arenga del pastor ya ha comenzado. Esta vez el pastor – joven, de pantalón negro y camisa blanca arremangada- no se ubica arriba del escenario, sino que se queda al mismo nivel de los fieles. Mirándolas fijamente, le pregunta al grupo de mujeres evidentemente cansadas: “¿vienen mal, tienen problemas, cómo están? En coro todas responden que sí están mal.

Entrada a la actual catedral “Pare de Sufrir”.

El pastor se sitúa frente a la mujer que llegó con las latas de bebidas y le habla sobre la vida de los feligreses: “es como el agua y no como el vino”, afirma con una voz que denota el esfuerzo que hace por parecer empático.

-¿A qué sabe el agua? -les pregunta.

-A nada, a nada, a nada, a nada –responden las mujeres en coro.

-¿Lo ven?, así están su vidas.

Entonces, el pastor les sigue hablando para convencerlas de que lo único que se necesita para convertir el agua en vino, de que la única condición para que sus vidas dejen de ser insípidas es “obedecer a Dios” y, sobre todo, “sacrificarse por Él”. Llama la atención que a partir de ahí el joven pastor continúa su arenga imitando la forma de hablar de los pastores brasileños: cambia la “s” por la “sh” y el castellano por el portuñol.

Para entonces el grupo de mujeres ya está entregado: todas le obedecen cada uno de los pasos que les indica el pastor: cierran los ojos y luego levantan los puños, tiran pequeños golpes al aire y sacuden tímidamente sus cuerpos mientras el pastor dibuja molinos de viento con sus brazos, invocando la presencia de Jesucristo, Dios o El Señor.

-¡No acepto la miseria, el dolor, la enfermedad…! -grita el pastor.

Las mujeres también a voz alta repiten sus palabras.

“NO ACEPTO”

Una investigadora que incluyó a la Iglesia Universal del Reino de Dios en sus estudios de doctorado -y que pidió a CIPER no revelar su nombre- describe los métodos que utiliza en su iglesia el obispo Edir Macedo como “pragmáticos y modernos”, porque evitan, por ejemplo, cansar a los feligreses con las lecturas de la Biblia que requieren ser razonadas e interpretadas.

Ya en 1991 el diario Folha de Sao Paulo publicaba un testimonio de Macedo que ilustraba el “no acepto” que se repite a diario en los templos de la IURD alrededor del mundo, en un no aceptar para volcarse en la fe: “Mi segunda hija nació con labio leporino. Sufrí, gemí. Ella no fue una alegría, fue una tristeza, una agonía. Decidí que iría a anunciar al Dios que me fue revelado”.

Y ese sábado 14 de noviembre en Chile, se puede ver a un pastor desarrollar  en el templo de Nataniel Cox  las enseñanzas de Macedo frente al grupo de mujeres de a pie y con los zapatos gastados. El pastor toma una Biblia y les dice a los fieles: “Aquí –y da golpecitos sobre la tapa del libro- hay más de ocho mil promesas, pero ustedes se preguntan por qué en sus vidas no están cumplidas estas promesas”.

El pastor continúa su mensaje reseñando el pasaje bíblico de Gedeón, que obedeció a Dios y se sacudió el miedo que le daba defender a Israel de los ataques de los Medianitas y venció ejércitos de “cientos, miles o millones” con un grupo de solo 300 soldados.  Y termina directo al grano: obedecer a Dios al interior de este templo que antes fue un cine de butacas de madera, significa entregar el diezmo.

“Si ganas un millón, donas mil; si ganas mil, donas cien; si ganas cien, donas 10”, sentencia el pastor.  Acto seguido, el hombre toma una bolsa azul y les pide a las mujeres acercarse para depositar ahí sus monedas. Todas lo hacen, incluyendo la mujer que se gana el sustento recolectando y vendiendo basura.

FE EN GEDEÓN Y LA LEY DE CULTO

La Iglesia Universal del Reino de Dios le transmite a sus feligreses que Gedeón fue capaz de escuchar a Dios y tomar la iniciativa de formar un ejército, prescindiendo de los “incrédulos” no aptos para la “batalla”, para enfrentar a los opresores. Gedeón representa el “no aceptar” la miseria, la desgracia y demás calamidades que los pastores y obispos suelen mencionar en sus prédicas de convencimiento.

Allí en el templo de Nataniel Cox es recurrente escuchar cómo obispos y pastores de esta iglesia ofrecen a cientos de personas ser como Gedeón, librando sus propias batallas para dejar ir sus problemas. Y ese sacrificio consiste en vender todas sus propiedades, reunir el dinero, colocarlo en un sobre y ofrendarlo a Dios a través de las manos terrenales del personal de la Iglesia Universal del Reino de Dios.

Según el Manual Criminológico para Investigar Sectas de la Policía de Investigaciones (PDI), la entrega de los bienes de los fieles a un grupo es una de las características de las sectas. Otro rasgo son los líderes carismáticos. También difunden ideas de astucia, audacia y sentido de lo heroico. Relación de ruptura y desconfianza con la sociedad, y compensaciones claras y próximas son otras características sectarias que identifica el manual de la PDI. El texto fue escrito por el capellán evangélico de la PDI, David Muñoz Condell, y editado por la institución para que lo lean sus detectives.

Propaganda de la campaña “En la Fe de Gedeón”.

Las descripciones del manual de la PDI se parecen bastante a las prácticas que CIPER pudo observar durante más de un mes en los templos de la Iglesia Universal del Reino de Dios. A pesar de que este grupo ha sido mirado con recelo por ciertas iglesias evangélicas tradicionales y también por algunas autoridades, hasta ahora no han tenido problemas pues formalmente se han ajustado a las mínimas exigencias que impone la ley chilena.

La IURD llegó a Chile a principios de los años 90. En septiembre de 1995, el Ministerio de Justicia le denegó la solicitud de personalidad jurídica, pero sorpresivamente, dos meses después, cuando la Contraloría ya había tomado razón, pero aún no se publicaba el decreto en el Diario Oficial, decidió dejar el documento oficial sin efecto y concederle la personalidad jurídica.

La razón esgrimida para el cambio de opinión fue el respaldo de las dos principales organizaciones que representan al mundo evangélico, que aseguraron que no se trataba de una secta. Así lo registra el decreto que le concedió la personalidad jurídica: “Numerosas organizaciones religiosas evangélicas de nuestro país, tales como el Consejo de Pastores Evangélicos de Chile y el Comité de Organizaciones Evangélicas, han respaldado la solicitud de concesión de personalidad jurídica para la Iglesia Universal del Reino de Dios, expresando su apoyo y confianza en la mencionada entidad, señalando que ésta no es una secta, sino una Iglesia Evangélica cuyos objetivos no son contrarios a la moral, al orden público y a las buenas costumbres”.

El Ministerio de Justicia volvió a darle el visto bueno a la IURD en 2002, luego de que la Ley de Culto permitiera que las iglesias evangélicas, que hasta entonces tenían personalidad jurídica de derecho privado, tuvieran personalidad jurídica de derecho público, un privilegio hasta entonces sólo reservado para la Iglesia Católica. El Estado chileno no le exige cuentas de nada a la IURD, como tampoco lo hace con las otras 2.680 entidades religiosas de derecho público existentes, según información de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Como la Ley de Culto no establece ningún tipo de control financiero hacia las iglesias y no las obliga a entregar información sobre quienes las dirigen, el Ministerio de Justicia no ejerce ninguna fiscalización sobre la IURD. Un control que por ley debe hacer sobre otras organizaciones sin fines de lucro: “No cuenta este Ministerio con facultades legales para ejercer la supervigilancia y fiscalización respecto de las iglesia o confesiones de derecho público”, se lee en la web de esa cartera. Si se conoce el nombre del representante legal de la IURD en Chile, es porque ha debido darlo para  algunos trámites municipales, no porque un ente público tenga algún registro oficial.

Uno de los instrumentos de recolección de dinero. Lo feligreses deben depositar un billete real en cada solapa.

La ley está en vías de ser modificada y ya la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR) trabaja en ello junto con otros actores. CIPER tuvo acceso a los avances del anteproyecto de ley que presentará la Presidenta Michelle Bachelet al Congreso.

En el artículo 15 el borrador contempla que las entidades religiosas “deberán informar al Ministerio de Justicia los nombramientos de sus ministros de culto a objeto de mantener actualizado el registro”. En el artículo16 se establece que también deben ser informados los cambios en los estatutos, mientras que en el artículo 17 se indica que “las omisiones, inconsistencias o imprecisiones, fruto del incumplimiento de la obligación de informar, le serán imponibles al Ministerio de Justicia”.

Sin embargo, las formas de obtener dinero, como las que ocupa la Iglesia Universal del Reino de Dios, no han sido cuestionadas por el momento. Tampoco establece por ahora mecanismos de control a sus finanzas. El borrador del proyecto de ley no pone reparos a actividades como la campaña de Gedeón, que está en marcha en Chile en estos momentos, y que promete milagros de gran calado si los fieles hacen sacrificios económicos en beneficio de la iglesia: personas inválidas que vuelven a caminar, enfermos con cáncer o VIH/Sida curándose por completo y niños muertos regresando a la vida, según el discurso de Pare de Sufrir.

La mecánica en el templo de Nataniel Cox consiste en que solo los que realmente estén convencidos tomen un sobre café estampado con un pasaje bíblico. Al interior encontrarán un papel con espacio para escribir “mi pedido” a Dios. Una petición que debiera corresponder “al tamaño de su capacidad de sacrificio” –la cantidad de dinero que están dispuestos a poner en el sobre– y del cual nadie debe enterarse, pues “es un trato entre Dios y tú”.

Los “obreros” colocan los sobres en un pequeño monte de piedras dispuesto en el escenario –que representa al Monte Carmelo– para que los feligreses suban y los tomen con sus propias manos. Se forma una fila que sólo deja de fluir cuando alguno se queda dubitativo frente a los sobres, como pensando en si hacer o no el sacrificio.

Las “batallas” de los adeptos a Pare de Sufrir durarán hasta el próximo 13 de diciembre. Han tenido días para preparar su sacrificio y evitar “al Diablo y a los incrédulos” que intentarán impedir sus actos de fe, según dice Francisco Couto, quien busca la aprobación del público preguntando, ¿amén?, y ¡amén! le contestan.

-Tienen hasta el 13 de diciembre para ahorrar. Nadie más debe sostener ese sobre. No deben contar a nadie de su sacrificio. Es un diálogo entre ustedes y Dios. No hagan caso de las burlas de los incrédulos. Ustedes tendrán una batalla como la de Gedeón hasta el 13 de diciembre, Satán intentará que duden de su sacrificio, intentará hacerlos retroceder -advierte el obispo brasileño desde el escenario.

La Iglesia Universal del Reino de Dios ha sido cuestionada y se ha visto envuelta en procesos judiciales en Brasil –su país de origen– en contra de su fundador, Edir Macedo. Aún así, el controversial líder no esconde que su empresa ofrece salvación y milagros a cambio de dinero. En noviembre de 2012 lo dijo así en su blog:

“Dios es justo y no dejará a los que se sacrifican sin una justa recompensa. Si usted ha esperado algo de Dios que aún no ha llegado, solo hay dos motivos: su sacrificio no fue verdadero o su sacrificio sí fue verdadero pero Dios lo está preparando para que sepa manejar las cosas grandes que aún van a llegar”.

Al menos a Edir Macedo la fórmula le ha reportado grandes recompensas. En 2013, compró el 49% de las acciones del Banco Ranner de Brasil. Macedo no tiene licencia técnica para operar en el mercado financiero de Brasil, pero aún así llevó a cabo esa operación bursátil que, de acuerdo con Forbes, comenzó en 2009.

La revista Forbes lo clasifica además, como un productor de medios de comunicación, ya que es dueño de Rádio e Televisão Record. Vive en Atlanta y es dueño de una filial de la televisora Telemundo, la W67CI.

En 2014 inauguró en Río de Janeiro una réplica de la iglesia del Rey Salomón, con un costo aproximado de US$ 200 millones. La Iglesia Universal del Reino de Dios se asocia también a un partido político, el PRB, que en las últimas elecciones legislativas de Brasil ganó 21 diputaciones federales y 32 regionales.

Es la ruta que ha seguido en Brasil y en otros países donde la iglesia que lidera Edir Macedo ya dio el “salto” que ahora buscan en Chile, según la académica que investiga a la IURD.

LAS PISTAS INVISIBLES DE PARE DE SUFRIR

En 2005, el abogado chileno Eduardo Villarroel recibió testimonios de personas que habían participado en la campaña de Gedeón entregando todo su patrimonio a la Iglesia Universal del Reino de Dios y se sentían estafados. Villarroel, que representaba al entonces diputado Iván Moreira (UDI), presentó una denuncia que terminó archivada. Los acusadores no quisieron firmar como querellantes y el recurso legal no prosperó.

-La denuncia salió, se publicitó en esa época, pero no se siguió el tema, los jueces… ahí quedaron. La Iglesia Universal no respondió nada en absoluto. Me dio la impresión de que hubo algo oculto que empezó a enterrar esto. Nosotros no teníamos todos los antecedentes, porque los querellantes estaban muy atemorizados. Si hubiesen finalmente firmado, la historia habría sido distinta -afirmó el abogado Villarroel a CIPER.

Llegar al meollo de Pare de Sufrir y seguirle los pasos, es difícil. Es una organización sin fines de lucro capaz de gastarse más de US$ 6,2 millones en un enorme templo sin levantar sospechas u objeciones. De hecho, en la PDI informaron a CIPER que no tienen en este momento ninguna investigación sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y lo más grave que detectó CIPER, es que quienes podrían entregar alguna información sobre quiénes controlan esta iglesia, no lo hacen por temor.

Petitorio que viaja con el pastor Couto a Israel.

Si se busca a sus fundadores en los distintos registros oficiales en Chile, ninguno de ellos aparece con un patrimonio que dé cuenta de los millones que recibe y utiliza. La prosperidad que profesan no está registrada a su nombre. La IURD tiene solo un domicilio legal en Chile, el de Nataniel Cox  Nº59, el viejo inmueble que están a punto de abandonar. Ahí tiene registradas actividades organizacionales religiosas y ventas al por menor de productos en almacenes especializados.

Su representante legal, el “pastor Roberto”, tiene dos domicilios en los registros de Dicom, uno en San Miguel y otro en Peñalolén, pero no hay propiedades a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. El anterior representante, José Luis Godoy Flores, exhibe un perfil similar.

Jaime Mallea Illezca, primer arquitecto de la nueva catedral, dijo a CIPER que dejó de ser el responsable, pero declinó explicar por qué. En la obra hay un cartel donde aparece el nombre del arquitecto Ricardo Alegría Barba, pero este profesional también respondió que no se hizo cargo del edificio y declinó dar explicaciones.

Una fuente del gobierno que estuvo entre los detractores de la Iglesia Universal del Reino de Dios cuando ésta aterrizó en Chile, recuerda que en ese momento hubo un debate acerca del origen del dinero de Pare de Sufrir: unos decían que no era importante, otros hablaban de “lavado físico y espiritual de dinero”. Este punto fue mencionado por dos fuentes que pidieron reserva de su identidad, haciendo hincapié en que, ante la falta de fiscalización, existe el riesgo de que ciertas organizaciones religiosas que mueven grandes cantidades de dinero, recurran a malas prácticas ya que nadie pesquisa el origen de sus fondos ni el destino que le dan. Y recordaron lo que ocurrió por décadas en Chile con Colonia Dignidad, la secta que fundo Paul Schäfer y que utilizó su excepción tributaria para hacer toda clase de negocios ilícitos, incluyendo el tráfico de armas.

Los cuestionamientos a los métodos de la Iglesia Universal del Reino de Dios datan de hace 25 años, cuando desembarcaron en Chile: “Había críticas teológicas que siguen vigentes, como el aprovechamiento y entrega de dineros de encandilados, el juego con los sentimientos y las histerias colectivas que crean para luego hacer las peticiones de dinero. Los asistentes a las ceremonias se convierten en inermes cumplidores de cualquier exigencia que hagan los pastores, aunque esa exigencia vulnere su dignidad. Hay antecedentes suficientes para que se inicie una investigación judicial, pero las penas del infierno frenan las denuncias de los feligreses engañados”, advierte un experto en organizaciones religiosas que conoce bien el funcionamiento de la IURD.

ASÍ SE HACE UN “MILAGRO”

Domingo 22 de noviembre, en la mañana. Al interior del templo en Nataniel Cox, el obispo Francisco Couto les cuenta a los fieles que el día anterior el fundador de la IURD, el obispo Macedo, desde Brasil, le informó de una mujer que era golpeada “hasta sangrar” y amenazada de muerte por su marido. Por eso –dijo- ella vendió todos sus muebles e hizo una ofrenda en la IURD. A cambio –continuó su relato el obispo Couto– Dios le concedió que su marido se arrepintiera de golpearla. Y el obispo celebró que esta señora recuperara el amor del hombre que la golpeaba y amenazaba de muerte. Hasta allí llegó ese domingo el relato de Couto. Porque el testimonio completo de lo que le había ocurrido a esa mujer en Brasil, estaba reservado para el domingo 29.

Porque el domingo 22 de noviembre no hubo videos, sino un episodio que parece sacado de un reality caribeño. Cuando el obispo Couto terminó de relatar lo que le había confiado Edir Macedo el día anterior, le pidió subir al escenario a una mujer de menos de 30 años, que llevaba un bebé en sus brazos, acompañada por un hombre de similar edad: su marido. Y les pidió que compartieran con todos los fieles su “sacrificio”.

Ella comenzó a contar su historia. Relató que había querido suicidarse, que su vida estaba tan vacía, que ya no le quedaba otro camino. Hasta que le hizo una gran ofrenda a Dios: puso una gran cantidad de dinero en un sobre que entregó a la Iglesia Universal del Reino de Dios para que llevaran sus plegarias a la Hoguera Sagrada de Israel. Y el “pedido” que le hizo a Dios fue que le quitara esos malos pensamientos y, de paso, le consiguiera un marido.

-¡Entonces, tú eres producto de esa ofrenda! –exclamó casi gritando desde el escenario el obispo Couto, señalando con su índice al marido de la mujer.

Ahí el marido de la mujer tomó la palabra. Y relató que después de que se casaron, decidieron hacer la misma ofrenda que la mujer brasileña golpeada por su marido: vendieron todos sus muebles y el producto de esa venta se la entregaron a la IURD.

El hombre contó que dormían en el piso y desde allí dibujaban la casa de sus sueños y los coches que querían comprarse. De alguna manera que nunca especificaron, Dios les concedió esos y otros milagros, incluyendo ocho propiedades, un auto modelo 2016 y una hija (se habían sometido a varios tratamientos de fertilidad sin resultados).

Dos sacrificios para la Hoguera Santa a cambio de muchos milagros. La enseñanza fue recalcada una y otra vez: para ello, el matrimonio debió dar todo lo que tenían, porque la Iglesia Universal del Reino de Dios dice que cuando uno hace un trato directo con Dios, se trata de un “todo o nada”.

Domingo 29 de noviembre. En el templo de Nataniel Cox hay unas 400 personas. En la última fila, está sentada la señora que antes vimos llegar con las latas recogidas de la calle. Pero este domingo ella no viene de recoger basura, su trabajo. Su vestimenta luce impecable: el listón rosa de su gorrito combina con el lápiz labial que se aplicó para la ocasión.

Entra el obispo Francisco Couto. Todos se ponen de pie. Esta vez no hay arenga al inicio. Se apagan las luces y desde la pantalla gigante desplegada en el escenario, comienza el video con el testimonio de la mujer brasileña a la que golpeaba su marido. Sus dichos están doblados al castellano. En la pantalla aparecen ella y su marido más un obispo de la IURD que los entrevista.

Ella detalla las golpizas recibidas y él asiente cuando el obispo le pregunta si estaba endemoniado. También dice “sí” cuando le pregunta si todo en su vida cambió después que su mujer vendiera todos sus muebles para reunir el dinero necesario para su “sacrificio”. La mujer brasileña retoma su relato. Y dice que en un momento decidió que su “sacrificio” debía ser más grande. Y que para ello reunió cientos de latas en la calle durante un día para conseguir US$300 más.

El video ha llegado a su fin. Las luces del templo se encienden al tiempo que el obispo Francisco Couto grita “¡Gracias a Dios!” y los fieles hacen remecer el local con sus aplausos. La señora de las latas también aplaude.

En ese momento, el obispo Couto hace un anuncio. Cambiando su tono habitual por otro que llama a la intimidad, les dice a los fieles que “el Espíritu Santo” eligió a la Iglesia Universal del Reino de Dios de Chile –entre todas las otras de América Latina- para representar al continente en la Hoguera Santa, en Israel. Y que será él mismo el que hará ese importante viaje para llevar los “pedidos” de los fieles que hicieron su “sacrificio” al mismo lugar donde Gedeón hizo su hazaña. Será cansador, explica, tardará 24 horas “entre viajes y esperas en aeropuertos, pero no importa”.

Si los planes de la Iglesia Universal del Reino de Dios de Chile salen como están trazados, Francisco Couto viajará el domingo 13 de diciembre en un avión hacia Israel. Según dijo, llevará con él los “pedidos” de todos sus fieles. Entre ellos irá el de la señora de las latas. Ella saldrá del templo y regresará caminando a su casa, o a lo que quede de ella. Los dineros de los “sacrificios” nadie sabe dónde serán depositados.

La empresa que funciona como vehículo de inversiones de la familia Said Somavía, Inversiones Caburga, rectificó más de $663 millones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por pagos realizados a distintas personas y sociedades entre 2009 y 2014. El desglose de esa cifra, que CIPER da a conocer en este reportaje de forma íntegra, muestra que la inmensa mayoría de esos pagos irregulares se realizaron a figuras vinculadas al mundo político, incluidos candidatos que compitieron en las últimas dos carreras presidenciales. Una situación similar ocurre en el caso de Newport, la empresa que controla otra rama de la misma familia -los Said Handal- la que rectificó ante el SII $95 millones pagados en 2010 y 2011.

Los negocios del Grupo Said -que incluye a las dos ramas familiares, Said Somavia y Said Handal-, se concentran en el Banco BBVA y en la Embotelladora Andina, pero cada uno por su lado tiene otras inversiones. Mientras los Said Somavia forman parte del grupo controlador del Parque Arauco (junto a Orlando Saenz y la familia Eluchans Urenda), son accionistas principales de Envases del Pacífico y acaban de enajenar su participación en el mercado de la salud (Isapre Cruz Blanca) en un negocio que les reportará US$90 millones, los Said Handal han incursionado en las viñas -Principal- y en el negocio eléctrico a través de Coyanco.

A pesar de la evidencia acumulada y de los testimonios prestados por representantes de ambas compañías -y también por personas que recibieron esos pagos- que confirman que se trata de donaciones políticas por fuera de la vía legal (Servel), la investigación sobre estas sociedades no ha evidenciado ni un solo avance judicial. No obstante, CIPER pudo confirmar por distintas vías que funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios del SII continúan requiriendo información de las operaciones contables de las empresas del Grupo Said.

Enrique Correa

Los pagos irregulares asumidos por el Grupo Said son llamativos. Por primera vez desde que estallara el escándalo de los aportes ilegales a la política, una empresa rectifica pagos al lobbista favorito del poder, Enrique Correa, el dueño de Imaginacción. A él se suman otros personajes que hasta hoy están en la primera línea de la dirigencia política nacional: empresas del ex Presidente Sebastián Piñera, al que las encuestas encumbran como probable candidato presidencial para 2017, y del senador Andrés Zaldívar (DC), uno de los hombres clave de la Falange en el Senado, quien ha participado de los principales acuerdos en torno a las reformas aprobadas durante este gobierno.

No son los únicos, otros diputados y senadores en ejercicio se cuentan entre los receptores de dineros sin respaldo de los Said. En el grupo también aparece un ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier Aguilar, órgano que por estos días ocupa un lugar central luego de que frenara la gratuidad universitaria impulsada por La Moneda.

CIPER revisó en detalle las rectificaciones presentadas por Caburga y Newport ante Impuestos Internos, así como los testimonios de ejecutivos y controladores de estas sociedades que han sido llamados a declarar por el Ministerio Público y el SII.  También se contactó con quienes aparecen recibiendo estos pagos rectificados. Todos los antecedentes dan cuenta de que el Grupo Said fue uno de los vehículos utilizados por distintos sectores políticos para obtener financiamiento irregular (Revise aquí el listado de rectificaciones del Grupo Said).

LA CONTADORA QUE SE SINCERÓ

El Grupo Said apareció en el mapa de los fiscales que investigaban el financiamiento ilegal de la política el 17 de abril de este año. Ese día declaró ante el Ministerio Público la contadora Clara Bensan, unahistórica militante de la DC. La también controladora de la empresa Asesores en Gestión Integral (Agesin), aseguró que en 2009 el recaudador de la entonces Concertación, Giorgio Martelli, le solicitó emitir facturas falsas a SQM y a Inversiones Caburga, como una forma de allegar recursos a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Sobre los documentos falsos emitidos a Caburga por su empresa Agesin, Bensan declaró: “Para estas facturas Giorgio Martelli se comunicó conmigo por teléfono y solicitó la emisión de las facturas. Yo las extendí mediante mi secretaria y se las entregué pues era tiempo de campaña, pues las fechas de estas facturas son el 9 y el 31 de diciembre del año 2009 (…) Respecto a la glosa que indica asesoría contable a la empresa Inversiones Caburga S.A., señalo que no es real, nunca hubo ningún servicio que se prestara”.

Cuatro días después de esa primera declaración frente a los fiscales, el 21 de abril, Clara Bensan ratificó sus dichos, esta vez ante el SII. Sin embargo, un informe del organismo tributario entregado a la Fiscalía precisó que Agesin emitió solo una factura a Caburga, la 152, ya que el segundo documento falso -por $12 millones- fue en realidad extendido a Newport, una empresa propiedad de la rama familiar de los Said Handal. La factura falsa emitida a Caburga fue también por $12 millones.

Esa información calza con la rectificación que Inversiones Caburga, de los Said Somavía, realizó ante Impuestos Internos. El registro, al que tuvo acceso CIPER, da cuenta de solo una boleta por $12 millones girados a Agesin durante el año comercial 2009, y que se registró en su contabilidad para el año tributario 2010. En ese mismo periodo se rectificaron otros $8 millones pagados directamente por Caburga a Clara Bensan. En total, serían $20 millones los que fueron a parar a la fallida campaña presidencial de Frei en 2009.

Pero la rectificación presentada por Inversiones Caburga ante el SII es mucho más amplia y comprende pagos a dirigentes de todos los sectores políticos, con acento en figuras y sociedades vinculadas a la DC, a RN y a la UDI. Sumados los seis años rectificados -2009 a 2014-, el monto final de pagos irregulares reconocidos por la empresa asciende a $663 millones.

En la carta que firmó Joaquín Erlbaun en representación de Inversiones Caburga y que acompaña la rectificación presentada ante el SII el 4 de mayo pasado, se informa que la empresa realizó una auditoría interna que detectó diferencias en su cumplimiento tributario. En el documento se añade que, “con el fin de evitar una controversia con el SII, y sin que esta rectificatoria implique reconocimiento alguno de otras posibles objeciones del SII o de una actuación dolosa por parte de la compañía”, se rectifican los gastos rechazados entre 2009 y 2014. La carta de Earlbaun iba acompañada por una planilla Excel en la que se incluyen todos los pagos rectificados por la compañía. El proceso significó que Caburga cancelara $402 millones por impuestos adeudados, más multas e intereses.

LIGAS PRESIDENCIALES

Según ha podido acreditar la investigación de la Fiscalía, durante el año electoral 2009, $140 millones fueron a parar a manos de personas o sociedades ligadas a los entonces candidatos presidenciales Eduardo Frei y Sebastián Piñera.

El 19 de junio declaró ante el Ministerio Público Rodrigo Muñoz Muñoz, gerente general de Inversiones Caburga, quien confirmó lo señalado anteriormente por Clara Bensan, en orden a que los $20 millones que se aportaron por fuera de la vía legal a la campaña de Frei no contaron con ningún trabajo que los justificaran. Sobre el punto, aclaró: “Estos (los $20 millones) fueron solicitados por un señor de nombre Pedro Yaconi para gastos de la campaña”. Según relató Muñoz, esos pagos fueron autorizados por Salvador Said Somavía, director ejecutivo de la compañía.

El abogado Pedro Yaconi, actual pareja de una de las hijas del ex presidente Frei (Magdalena), fue en 2009 miembro del comité de finanzas de la fallida campaña de Frei y aparece recibiendo pagos de Soquimich, Endesa y Aguas Andinas, empresas que son investigadas por financiar de manera irregular actividades políticas. En abril, SQM rectificó $30 millones cancelados a una de sus sociedades, pero al declarar como imputado ante el fiscal Emiliano Arias, Yaconi aseguró que eran pagos por un informe en derecho realizado por petición del abogado Nurieldín Hermosilla. A ello se suma la información que publicó en junio El Mostrador, en la que Yaconi aparece en la nómina de los gastos que el directorio de Endesa decidió rectificar por no haberse encontrado suficiente respaldo. En la contabilidad que Aguas Andinas entregó al SII y al Ministerio Público, Pedro Yaconi también aparece con millonarios pagos.

Salvador Said Somavía declaró ante la Fiscalía el pasado 11 de agosto, y reconoció los pagos irregulares de Inversiones Caburga a la campaña de Frei: “Recibí la llamada de Pedro Yaconi quien me dijo que estaba trabajando en la campaña de Eduardo Frei y si lo podía recibir (…) encontré interesante recibirlo para escucharlo, ya que le preocupaban temas vinculados a las campañas y temas país e impulsar una candidatura de Eduardo Frei. A los días llegó a mi oficina acompañado de otra persona cuyo nombre no recuerdo (…) y me pidió un aporte económico para la campaña. En esa reunión acordamos que yo lo iba a ayudar con $20 millones”, declaró el controlador de Caburga.

Su primo, Javier Said Handal, ya había declarado ante la Fiscalía el 26 de junio. Como representante legal de Inversiones Newport, dijo que “alguien” de Inversiones Caburga les solicitó un aporte para la campaña presidencial de Frei: “Como nos pidieron un monto de dinero importante y para ayudar a la campaña política de Frei, lo sometimos a la decisión del directorio y el directorio aprobó el aporte de $12 millones”, los que se pagaron a la empresa Agesin, de Clara Bensan.

Newport pagó otros $8 millones a Alfredo Ugarte, abogado que entonces participaba del mismo comité de finanzas de Frei, que integraba Yaconi. Consultado por CIPER, Ugarte declinó referirse al tema. En total, las dos empresas de inversiones de la familia Said, Caburga y Newport, entregaron $40 millones a la fallida campaña de Frei.

En 2009 los Said no solo entregaron fondos a personas y sociedades ligadas al candidato de la Concertación. Tanto las rectificaciones de Caburga como las de Newport registran millonarios pagos a empresas de Sebastián Piñera, el candidato de la derecha que ganó esas elecciones presidenciales. Hasta el momento no se conocen diligencias de la Fiscalía o de Impuestos Internos que apunten a clarificar judicialmente los montos que facturaron las empresas de Piñera.

Laurence Golborne

A través de Inversiones Caburga, los Said Somavía destinaron $50 millones a dos sociedades del ex mandatario: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). A través de Newport (que hoy opera como Inversiones Santa Virginia), los Said Handal cooperaron con una cifra idéntica, $50 millones, pero repartidos en tres sociedades: Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.

En representación de Bancard, el abogado Bernardo Simian, del estudio Barros& Errázuriz, dijo a CIPER que la empresa no puede referirse a este tema debido a que existen investigaciones en curso a nivel judicial y administrativo (SII), y que la información se entregará si es que es requerida en esas instancias. Fuentes cercanas a la compañía de Piñera enfatizaron que, si los gastos fueron rectificados por las sociedades del Grupo Said, ello no significa necesariamente que los servicios por los que se pagó no se hayan prestado, pero tampoco entregaron ningún antecedente que permita concluir que sí hubo una prestación y no se trató de platas políticas.

Los pagos irregulares de Inversiones Caburga a campañas presidenciales se repitieron en 2013, aunque esta vez con otro destinatario. En la lista de rectificaciones realizadas por Caburga aparecen $20 millones pagados a Asesorías VSA Limitada, una firma ligada a Siglo Outsourcing, la que ideó una fórmula de evasión tributaria y firmó contratos forwards irregulares con Empresas Penta (ver reportaje de Qué Pasa). Según La Tercera, el dueño de VSA, Tomás Carrasco Burgos, reconoció ante el Ministerio Público que además emitió facturas falsas a diez compañías por un total de $160 millones, fondos que eran destinados a la campaña presidencial que Laurence Golborne levantó durante 2013.

Nuevamente, los Said Somavía aportaron a través de VSA un monto idéntico al de sus primos Said Handal. Sin embargo, a diferencia de Inversiones Caburga, los $20 millones desembolsados por Newport -ahora denominada Inversiones Santa Virgina- no fueron rectificados.

La empresa de Carrasco –VSA- se usó como pantalla para triangular dineros para Golborne. Tomás Carrasco declaró que esos dineros, luego de ser cobrados, fueron distribuidos a personas que trabajaron en esa campaña, quienes entregaban boletas por servicios que no habían prestado. Carrasco habría asegurado que el listado de las empresas a las que se debía facturar se lo facilitó el mismo Golborne. Las otras firmas que participaron de esta fórmula de financiamiento irregular serían: Ripley ($15 millones), CAP ($5 millones), Watt´s ($5 millones), Banco BCI ($10 millones), Inmobiliaria Ecomac ($12,5 millones). GT Advisors ($2 millones), Inversiones Paso Nevado ($25 millones) e Inversiones Longovilo ($25 millones), estas dos últimas ligadas al Grupo Hurtado Vicuña.

LA PRIMERA NEGACIÓN DE ENRIQUE CORREA

No es raro que Imaginacción, la empresa de lobby y de asesoría estratégica creada por Enrique Correa, aparezca en las contabilidades de grandes empresas que tanto el SII como la Fiscalía han revisado durante el transcurso de las investigaciones por aportes al margen de la ley a la política. Los clientes de la consultora son selectos y los empresarios pagan montos abultados por los servicios del ex ministro secretario general de Gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin.

Lo que sí es raro es que una de las empresas reconozca como irregulares pagos girados al lobbista. Y eso es lo que hizo Inversiones Caburga. En la rectificación que presentó a Impuestos Internos incluyó un pago, a través de una boleta,  a Enrique Correa por $15 millones en 2013.

Correa ha jugado un rol central en la forma en que las empresas Penta y SQM han enfrentado la investigación del Ministerio Público. En el caso del holding controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, formó parte de su comité de crisis a fines de 2014, cuando el escándalo de los aportes irregulares a la política solo se limitaba al Grupo Penta. En ese grupo operó junto a Valentina Giacaman, de Rumbo Cierto; Extend, de las hermanas Velasco; y Alfredo Moreno, actual presidente de Empresas Penta, según informó un reportaje de El Mostrador.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

En el inicio de la investigación a SQM también cumplió un rol importante, desplegando toda su capacidad de lobby político para frenar el avance de la indagatoria del Ministerio Público. Imaginacción venía trabajando hace años con la minera no metálica y Correa prestaba una asesoría personal a Julio Ponce Lerou, controlador de la misma, desde que este cayera en desgracia a partir del escándalo de las Cascadas. Imaginacción también se cuenta como asesor hace años de Aguas Andinas, la sanitaria que es investigada por aportes irregulares a Sebastián Piñera y a otras figuras políticas. Pero no sólo asesora a las empresas. Desde mayo de este año, cuando el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, debiera abandonar su cargo de jefe del gabinete por su vinculación con los pagos ilegales de SQM, Correa se convirtió en su asesor personal.

En los últimos meses, Enrique Correa ha intentado trazar una línea de defensa común de los involucrados en el escándalo de las platas políticas. Hace poco más de una semana concedió una entrevista a La Tercera donde aseguró que “el financiamiento irregular de la política no es corrupción” y que se debe esperar y no sacar conclusiones apresuradas: “Hay que mirar con serenidad el curso del proceso judicial. En tres meses más deberíamos conocer la proporción de todo lo ocurrido, los acuerdos alcanzados con la fiscalía, los nombres de los formalizados y de quiénes van a ser incluidos en la acusación. Tengo la impresión de que los procesos judiciales ya tomaron su cauce más normal y no veo más dramatismo”.

Sin dramatismo respondió también a CIPER, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Moisés Valenzuela: “Es de público conocimiento que tanto Enrique Correa como sus empresas asesoran y han asesorado al Grupo Said en su conjunto durante muchos años. Nuestra relación comercial con ellos es abundante y permanente. Y si ellos rectificaron, ellos deberán explicarlo. El punto es que nosotros les prestamos servicios y por ello recibimos un pago”. Lo que sí reconoció Valenzuela, es que “hoy en día la empresa Inversiones Caburga no es cliente nuestro”.

EL MINISTRO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El listado de pagos rectificados por Inversiones Caburga incluye al abogado Cristián Letelier Aguilar, ex diputado de la UDI y actual ministro del Tribunal Constitucional (TC). La empresa informó al SII que los $5,5 millones que giró a la sociedad Cristián Letelier y Compañía Limitada en 2009, no tienen respaldo, por lo que se trataría de un pago irregular.

Durante ese año 2009, el actual ministro del TC compitió en un cupo de la UDI para llegar al Senado en representación de la Región de Atacama. A sus cercanos, Letelier ha asegurado que casi no hizo campaña y que el partido lo inscribió en la papeleta para acompañar a Baldo Prokurica (RN), pero que no existían intenciones reales de competir, por lo que no incurrió en mayores gastos.

Cristián Letelier

Cristián Letelier ya se había cruzado en el camino de los fiscales que indagan los aportes irregulares a la política. En 2013, el actual ministro del TC le envió un mail a Carlos Alberto Délano (del Grupo Penta) pidiéndole recursos: “Apreciado Carlos Alberto. En períodos difíciles mis amigos han recurrido a mí para defenderlos en tribunales. Ahora que la UDI me ha puesto en la situación de ser diputado, como siempre he defendido con vehemencia nuestros principios, pero veo que los recursos siempre son muy escasos, por eso me atrevo a pedirte me ayudes a enfrentar este momento y sacar adelante en mi distrito la campaña de Pablo Longueira. Toda la ayuda se agradece. En la confianza de nuestra amistad. Un abrazo. Cristián”.

Antes de asumir como miembro del Tribunal Constitucional, Letelier tomó la defensa de Paula Rojo, quien siendo secretaria del ex diputado Alberto Cardemil (RN), fue individualizada como la persona que daba las instrucciones a quienes emitieron boletas falsas al Grupo Penta que beneficiaron al ex diputado. Esa misma vinculación, hizo que el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, solicitara al TC que Letelier se inhabilitara de la decisión que el organismo debió tomar cuando el abogado de Patricio Contesse (ex gerente general de SQM), Samuel Donoso, ingresó un escrito para evitar que la Fiscalía accediera a la contabilidad de la minera. En esa ocasión, Letelier no votó.

Pero el abogado Letelier sí votó el jueves 10 de diciembre, cuando el TC se pronunció a favor de dos de los tres capítulos del recurso presentado por diputados de RN y la UDI que buscaron declarar inconstitucional el mecanismo utilizado por el gobierno para implementar la gratuidad universitaria vía glosa presupuestaria.

Letelier fue durante décadas militante de la UDI y sólo abandonó el partido en 2013, cuando el gremialismo le quitó el cupo con el que pretendía su reelección como diputado por el distrito de Melipilla, el que había ocupado desde marzo de 2011 en reemplazo de Gonzalo Uriarte, quien a su vez había llenado el escaño senatorial que dejó vacante Evelyn Matthei, cuando asumió como ministra del Trabajo de Sebastián Piñera. La UDI lo compensó al instalarlo en el TC en marzo de este año.

PAGOS A PARLAMENTARIOS

Entre los pagos rectificados por la sociedad de los Said Somavía aparecen varios vínculos, directos o indirectos, con parlamentarios DC, RN o UDI. Todos ellos se concentran en el año 2009, que corresponde al año tributario 2010. El senador y hoy pre-candidato presidencial Francisco Chahuán (RN), recibió $5 millones de los cuales Inversiones Caburga aseguró no tener respaldo contable. Ese pago se realizó a la sociedad Chahuán Abogados Asociados Limitada, en la que el senador tenía el 99% de los derechos y el abogado Roberto Núñez Videla el 1%. Ambos la disolvieron el 4 de septiembre pasado.

CIPER se comunicó con el senador Chahuán para conocer su versión. Esta fue su respuesta: “Soy socio pasivo de esa sociedad desde que soy parlamentario. Mi socio era quien la administraba y tomamos la decisión de cerrarla justamente a partir de este tema. Yo entiendo que hubo una prestación efectiva de mi socio Roberto Núñez a Inversiones Caburga. Descarto absolutamente que se trate se un aporte a mi campaña”.

Una prima hermana del senador Francisco Chahuán, recibió de Caburga $2,2 millones el mismo 2009. Este pago también fue rectificado ante el SII. Karen Chahuán Manzur trabajó como jefa de gabinete de Gustavo Hasbún (UDI) cuando el actual diputado era alcalde de la comuna de Estación Central.

Otro senador que recibió pagos de Inversiones Caburga a través de una sociedad es Andrés Zaldívar (DC). Su sociedad Asesorías San Martín Limitada recibió $5 millones de Caburga en 2009, antes de que regresara al Senado. Cuando el diario La Tercera le preguntó por estos pagos, el senador respondió que se trató de asesorías jurídico-legislativas: “Es lo mismo que Aguas Andinas, a la que también presté asesorías”. En el caso de la sanitaria, son más de $150 millones pagados a Zaldívar entre 2006 y 2010.

Son tres los pagos vinculados a diputados que fueron rectificados por Inversiones Caburga: $5,5 millones a Fuad Chahín (DC), $1,1 millón a Gonzalo Fuenzalida (RN) y $3 millones a Alejandro Fernández Jullian, quien fuera jefe de campaña del diputado José Manuel Edwards (RN) en 2009, y quien luego se convirtiera en su jefe de gabinete. El mismo 2009, la empresa giró $1,5 millón a Jessica Mualim (RN), candidata a diputada por Melipilla, quien no resultó electa. En 2013, Mualim volvió a intentar llegar a la Cámara y nuevamente fracasó. Ese año recibió otros $5,5 millones desde la empresa de los Said.

Andrés Zaldivar

En 2013 también aparecen pagos rectificados a familiares de parlamentarios. Es el caso de la cónyuge del diputado Javier Macaya (UDI), Constanza Farías Prieto, quien ese año recibió $11 millones desde Caburga. Farías también formó parte de la denuncia que el SII presentó el pasado 2 de abril por haber recibido $5 millones sin respaldo desde SQM en octubre de 2012.

La señora del diputado Gabriel Silber (DC) también tiene un pago rectificado en 2013. Cristina Orellana Quezada hoy es la directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y hace dos años percibió $16,6 millones de la sociedad de los Said Somavía.  Contactada por CIPER, Cristina Orellana afirmó: “Me imagino que Inversiones Caburga rectificó porque estoy casada con un diputado. Yo trabajo, a mi Gabriel no me mantiene. Tengo un contrato de confidencialidad con esa empresa. No te puedo dar más datos. Trabajé varios meses y fue un solo pago. Yo creo que pagamos justos por pecadores”.

La ex esposa de Pablo Zalaquett Said (UDI) -sobrino en segundo grado de José Said Saffie  y primo de José Said Handal- es la única persona de la nómina que aparece con pagos rectificados desde 2009 a 2014. Silvia Bustamante Gubbins es la madre de los cuatro hijos del ex alcalde de La Florida y Santiago, y en total recibió $72 millones desde la empresa de los Said Somavía. Silvia Bustamante, hija de un ex presidente del Perú (José Luis Bustamante), es periodista y diseñadora floral.  Consultada por CIPER, dijo que prefería no referirse al tema.

Otro pariente del ex alcalde que también aparece recibiendo pagos de Caburga es su primo Hernán Abogabir Said, quien en 2013 recibió $2,7 millones, los que también fueron rectificados. Ese año Zalaquett compitió por un cupo en el Senado y fue derrotado. Cuando era alcalde de La Florida, su primo Hernán Abogabir se desempeñó como director de la Corporación Municipal.

Los hermanos Walker Prieto cuentan con tres representantes en el Congreso: los senadores Ignacio y Patricio y el diputado Matías. Un cuarto hermano, Tomás Walker Prieto, es hoy uno de los controladores de Walker y Valdivia Servicios Legales Limitada, sociedad que recibió en 2009 $5 millones, los que fueron rectificados por Inversiones Caburga. Tomás Walker recibió dos llamados de CIPER y no entregó su versión.

Juan Carlos Jobet, quien se desempeñó como ministro de Trabajo y subsecretario de Vivienda en la administración de Sebastián Piñera, recibió de Inversiones Caburga $27,4 millones en 2013. Lo hizo a través de su sociedad Asesorías e Inversiones El Arrayán, pago que también se incluye en la nómina de rectificaciones. Sobre este dinero, Jobet aseguró a La Tercera: “Tengo una vinculación laboral de muchos años con el Grupo Said. El contrato al que se hace alusión se firmó, facturó y pagó cuando yo no era funcionario público, cuando estuve fuera del gobierno”. Jobet fue subsecretario de Vivienda y Urbanismo hasta noviembre de 2012 y luego asumió en Trabajo en julio de 2013, año en que recibió el pago de Caburga.

El Centro de Investigaciones Sociales de Chile Limitada (CIS) recibió $5,5 millones de Inversiones Caburga en 2013, cancelación que fue rectificada. Esa sociedad fue fundada en 2004 por el analista político de la UDI, Gonzalo Müller (casado con la diputada María José Hoffmann, UDI), y por su padre, Gilberto Müller Corvalán (quien declaró a la Fiscalía desconocer el funcionamiento de la empresa). Gonzalo –panelista del programa de TVN Estado Nacional–, vendió su participación en la sociedad a su hermano Mauricio en 2010. Entre 2009 y 2013, el CIS registra facturas irregulares por $125 millones a SQM. Según el archivo del Servel, durante 2013 esa sociedad recibió $19 millones por haber prestado servicios a la campaña de la senadora gremialista Ena Von Baer. El gerente general de CIS, Esteban Gal Oliva, recibió otros $3,5 millones rectificados por SQM.

La rectificación de Inversiones Caburga es extensa, e incluye a otros personeros ligados a la UDI. Con $5 millones en 2010 aparece Juan Aguerreberry Tesler, dirigente gremialista de la zona poniente de Santiago que en la arista SQM figura con otros $50 millones irregulares. Otro nombre que se repite de la investigación a SQM es José Hormazábal López, esposo de Marisol Cavieres, la secretaria de la UDI que puso a varios miembros de su familia a emitir boletas falsas para la minera de Ponce Lerou. En Caburga rectificaron $5 millones pagados a su marido en 2010. En la misma situación están los $2 millones que recibiò de la empresa del Grupo Said, Juan Masferrer Vidal, ex secretario general de la Juventud UDI y candidato a CORE en el 2013 por Rancagua.

Daniela Tudela García (hija de Carlos Tudela, reconocido lobbista DC) recibió pagos por $7,7 millones en 2013 de Inversiones Caburga. Junto a su padre y su hermano Carlos (que registra otros $12 millones rectificados por SQM), es dueña de Servicios de Visión y Gestión Estratégica, empresa que recibió otros $3 millones de la minera y que fueron rectificados. Esa empresa familiar de los Tudela ha asesorado a los diputados de la Democracia Cristiana: Víctor Torres, Eduardo Cerda y Jorge Sabag.

Otros miembros del club de los rectificados son Santiago Ried Undurraga -fue el director de la revista que intentó hacer humor desde la derecha, Ají Verde-, quien recibió $5,5 millones también en 2013; el abogado y actual defensor de Alberto Cardemil, Eduardo Riquelme Portilla (RN), con $4,4 millones en 2009; el analista y ex asesor de Andrés Allamand, Gonzalo Cordero (UDI, quien es socio de Cristina Bitar y Felipe Edwards en Azerta), con un pago por $10 millones en 2009; y el abogado vinculado a RN, Carlos Castro Castro, con una boleta por $2,2 millones también en 2009. Con todos ellos CIPER se comunicó para conocer su versión sobre estos pagos rectificados. No se obtuvo respuesta.

En el listado de rectificaciones se incluyó también a quien fuera jefe de la campaña de Andrés Velasco en las pasadas primarias presidenciales: Cristóbal Aninat. Suempresa Aninat y Elacqua Consultores –en sociedad con Gregory Elacqua, ex académico UDP y asesor del Ministerio de Educación-, figura recibiendo $24 millones entre 2012 y 2013. Es uno de los tres casos que repiten pagos en años distintos. Contactado por CIPER, Aninat solo respondió: “La verdad es que no tengo ningún comentario que hacer al respecto”.

Una rectificación que llama la atención es el realizado a Costanera de Caburga SpA, que entre 2013 y 2014 suma $261,35 millones. Esa sociedad es controlada por la misma familia Said Somavía y se desconoce por qué decidieron corregir ese pago ante Impuestos Internos.

Hasta el cierre de esta edición CIPER intentó obtener una versión de la familia Said, pero no fue posible.

Al menos media docena de abogados ha trabajado al interior del Ministerio de Justicia en la revisión de todos los contratos y documentos contables retirados por funcionarios de esa cartera desde la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). El pasado jueves 10 de diciembre, en una reunión entre representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y funcionarios del Ministerio de Justicia, estos últimos reportaron que,  aunque todavía no finalizan el análisis de los documentos, ya han detectado anomalías que pueden dar pie a la cancelación de la personalidad jurídica de la ANFP como corporación sin fines de lucro.

En un punto crítico se encuentra la continuidad de la ANFP como corporación, debido a que el gobierno no ha descartado pedir la cancelación de su personalidad jurídica. Así lo confirmaron a CIPER altas fuentes del Ejecutivo, las que señalaron que es tal el cúmulo de irregularidades detectadas en la contabilidad y los contratos de la asociación que la solicitud de cancelación ya debería haber sido cursada. No obstante, lo que mantiene en vilo esa decisión son las repercusiones que esto puede tener: la paralización de los torneos de fútbol profesional durante un periodo que se puede extender entre uno y dos años.

Sergio Jadue

Ilícitos que implican diversas figuras de evasión tributaria, entre las cuales se cuenta el no pago de impuesto a la renta, y al menos una decena de anomalías graves en el manejo de la contabilidad fueron detectadas en la revisión que se ha hecho en el Ministerio de Justicia. Los contratos que involucran a Datisa, la empresa que ostentó los derechos televisivos y comerciales de la Copa América Chile 2015, han sido una fuente de sorpresas permanentes para los fiscalizadores. Según fuentes de gobierno, los US$7,5 millones que entregó la Conmebol para la organización de ese torneo “aparecen y desaparecen de las cuentas, sin que se pueda rastrear en un orden cronológico su origen, flujo y destino”.

Entre las irregularidades que se han descubierto se cuentan ingresos que no siguieron los conductos contables regulares, gastos sin justificación adecuada, trasvasije de recursos entre las cuentas de la ANFP y las del Comité Organizador Local (COL) de la Copa América, el pago improcedente de dietas al directorio, contratos extemporáneos con Jorge Sampaoli y contratos con empresas de algunos dirigentes de la misma ANFP o de los clubes que la componen (como la compra de los derechos de TV y comerciales de la selección de fútbol por parte de una empresa de Carlos Heller, presidente de Azul Azul). Lo anterior implicaría que, aunque la asociación tiene la calidad de corporación sin fines de lucro, sus socios e integrantes han lucrado con ella.

De lo que no hay dudas en el gobierno, es que las corporaciones que formó la ANFP para administrar la Copa América y el Mundial Sub 17 tendrán corta vida. Según altos funcionarios consultados por CIPER se trata de dos organizaciones satélites que permitieron al ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, administrar los recursos a su antojo y fuera de toda norma contable. Una situación que se agravó porque el directorio entregó a Jadue, hoy procesado en Estados Unidos por recibir US$ 2,2 millones en sobornos al interior de la Confederación Sudamericana (Conmebol), el poder exclusivo para firmar todos los contratos y cursar los pagos de la ANFP.

Un ex gerente de la ANFP confirmó a CIPER que efectivamente Jadue concentró, con la venia de su directorio –Jaime Baeza, Antonio Martínez, Cristián Varela, Alex Kiblisky y Jorge Fistonic- el poder de las decisiones bajo su firma. Esto relegó a los funcionarios administrativos a un rol casi de comparsa. El resto de los dirigentes, agrupados en el Consejo de Presidentes jamás levantó la voz para cuestionar esta delegación a favor de Jadue, ni siquiera tras la revelación de la Fiscalía de Estados Unidos de que investigaba el pago de sobornos en la directiva de la Conmebol, la que era integrada por el calerano.

DOS AÑOS EN EL CONGELADOR

El Ministerio de Justicia, más allá de constatar el eventual quebrantamiento del estatuto de la ANFP y de las normas que regulan a las corporaciones sin fines de lucro, no tiene facultades para decretar por sí mismo la cancelación de la personalidad jurídica de la asociación, pues requiere del acuerdo del CDE. Por eso se realizó la reunión preliminar del jueves 10 entre funcionarios del ministerio y abogados del Consejo, donde se reportaron los hallazgos a esa fecha. Si el ministerio decide finalmente oficiar al CDE para que analice la cancelación, esta última entidad debe nombrar a un abogado que estudie los antecedentes y que determine si los directivos de la ANFP efectivamente infringieron “gravemente” los propios estatutos de esa corporación y la ley. Este abogado puede proponer al CDE acoger la solicitud de cancelación, rechazarla o adoptar medidas alternativas, como nombrar a un interventor.

Aunque los funcionarios de Justicia ya acreditaron la existencia de irregularidades que avalarían la pérdida de la personalidad jurídica, al interior del Ejecutivo se sigue evaluando la conveniencia de aplicar una medida tan radical. Un sector del gobierno opina que una resolución de ese tipo sólo ahondaría la crisis del deporte más popular, lo que podría generar escenarios políticos indeseados, como el eventual nombramiento de un interventor, lo que obligaría al gobierno a asumir un rol protagónico en una crisis ajena y de alta connotación pública.

El análisis jurídico que se ha hecho en el gobierno, tras estudiar todos los documentos retirados desde la sede de la ANFP, es que si se opta por cancelar la personalidad jurídica de la asociación, los torneos de fútbol profesional quedarían suspendidos hasta que se genere una nueva entidad en conformidad con las normas vigentes. Esto, porque si bien la FIFA se relaciona con nuestro país a través de la Federación de Fútbol de Chile -que agrupa a la ANFP y la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA)- es la ANFP la que  tiene la facultad exclusiva para organizar el torneo nacional y los certámenes que son de rango FIFA o Conmebol (como las clasificatorias mundialistas y la Copa Libertadores). Así, su disolución implicaría congelar toda competencia entre uno y dos años, pues ese es el plazo que, a juicio de quienes han conocido los antecedentes, tomaría reorganizar el fútbol profesional bajo una nueva institucionalidad que cumpla con las normas chilenas, los estándares de las competencias FIFA bajo criterios de eficiencia administrativa, probidad y transparencia.

El gobierno está dispuesto a buscar una solución alternativa para no dejar al país sin fútbol rentado. Esta sería una suerte de intervención encubierta y solo sería viable si los clubes que integran la ANFP se comprometen a llevar adelante un proceso de saneamiento profundo. Dependerá de la voluntad del nuevo directorio de la ANFP -que debe elegirse el lunes 4 de enero- si el gobierno decide clausurar la personalidad jurídica de la asociación o dejarla en manos de sus nuevos dirigentes, pero bajo condiciones y plazos perentorios. La idea es que las nuevas autoridades del fútbol se comprometan a ejecutar un completo plan de reestructuración que no se extienda más allá de abril de 2016.

El gobierno vería con buenos ojos que este plan considere el nombramiento de un consejo externo a la ANFP que fiscalice y acompañe el cumplimiento de todas las etapas de la reestructuración. Asimismo, que se garantice que todos los clubes entregaran a tiempo toda la documentación que requiera la investigación penal que desarrolla el fiscal Carlos Gajardo, la que incluye ilícitos relacionados con malversación y apropiación indebida.

A juicio de las autoridades, el resultado de este plan de reestructuración debe ser la transparencia total de los contratos y cuentas no solo de la asociación, sino también de las sociedades anónimas de los clubes que la componen. En ese sentido, diversos actores que han estado involucrados en este proceso han manifestado su sorpresa por la histórica falta de fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y del Instituto Nacional del Deporte (IND) en el control de las cuentas de las sociedades anónimas del fútbol profesional.

Hoy no solo la ANFP, sino todos los clubes profesionales, están bajo la mira de la SVS, del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Ministerio de Justicia. La revisión que está haciendo el SII podría revelar información clave sobre el monto real de los préstamos que los clubes han recibido de la ANFP, el detalle de sus verdaderos ingresos y gastos, así como las empresas relacionadas con los propietarios de los equipos que en paralelo hacen negocios con la asociación.

Pablo Milad, actual candidato a la presidencia de la ANFP

La ANFP tiene programado realizar el lunes 4 de enero las elecciones de su nueva directiva como primer paso para dar un corte definitivo a la gestión del ex presidente Sergio Jadue. En estas nuevas elecciones compiten por el sillón de presidente de la ANFP el dirigente de Curicó Unido, Pablo Milad, y el ex futbolista, ex entrenador y ex presidente de Blanco y Negro, Arturo Salah. Este último, estaba a la cabeza de la sociedad administradora de Colo Colo cuando esa entidad participó irregularmente en el sistema de donaciones aprobadas por el Instituto Nacional del Deporte (IND), lo que estaba prohibido para las entidades con fines de lucro, y que buscaban financiar con rebajas tributarias las series menores del club albo (ver reportaje CIPER “El millonario negocio de las donaciones deportivas“).

Ya sea Milad o Salah, quien se convierta en el sucesor de Sergio Jadue enfrentará el fantasma de la cancelación de la personalidad jurídica de la asociación. Frente a ese escenario, una de las alternativas que barajan los dirigentes para darle continuidad a la gestión del fútbol profesional, es dejar de ser una corporación sin fines de lucro y convertir la ANFP en una sociedad anónima cuyas acciones estén en poder de cada club. El ex presidente de la asociación Harold Mayne-Nicholls, señaló a La Tercera, el jueves 17, que esa vía presenta el inconveniente de que la selección nacional de fútbol, dependiente de la ANFP, pasaría a ser un negocio privado y quedaría expuesta a que su propiedad se transe en el mercado sin regulaciones.

TURBIO MANEJO DEL DINERO DE LA COPA

Sin perjuicio de la resolución que adopte finalmente el Ministerio de Justicia, esa secretaría de Estado tiene asegurado un rol estelar en la trama que se inició con la caída de Sergio Jadue. Mientras la Fiscalía de Estados Unidos ya tiene enrielada la investigación del papel de Jadue en los sobornos pagados en la Conmebol, el esclarecimiento del destino de los dineros que se manejaron en Chile bajo la gestión del calerano dependerá en gran medida del análisis que se está haciendo en ese ministerio.

A nivel sudamericano, Jadue estaba ubicado en los últimos lugares entre quienes se repartían el dinero negro entregado por los derechos televisivos y comerciales de la Copa América y otros torneos sudamericanos. Por lo tanto, no tiene a quien más delatar ante las autoridades judiciales de Estados Unidos (vea el reportaje de CIPER “Sergio Jadue: el juego sucio que le reportó US$2,2 millones”). Pero respecto del dinero que manejó en Chile, si se transparenta todo lo que Jadue hizo podría ser lapidario para dirigentes que eventualmente se beneficiaron con tratos irregulares o que, al menos, le dejaron la pista libre.

Ramiro Mendoza

Por eso, más allá de la investigación de las cuentas de la ANFP que lleva adelante una comisión nombrada por la misma asociación -encabezada por el ex contralor Ramiro Mendoza-, la fiscalización que está haciendo el Ministerio de Justicia es la primera que puede afectar legalmente a otros dirigentes del fútbol profesional local. Esto, porque los funcionarios de la cartera están obligados por ley a denunciar a la justicia los eventuales ilícitos que detecten en la revisión de los documentos. De hecho, la investigación del Ministerio Público, que dirige el fiscal Carlos Gajardo, partió precisamente de una denuncia efectuada por el Ministerio de Justicia por las remuneraciones improcedentes pagadas al directorio de Jadue.

Una de las fuentes de mayores sospechas de manejo irregular de dinero que llegó a las arcas de la ANFP son los recursos de la Copa América. La primera bofetada que recibieron los organizadores de ese torneo -que son los mismos integrantes del directorio de Jadue- ocurrió el 23 de octubre pasado, cuando los auditores de la empresa RSM entregaron a la ANFP un informe sobre las platas de la copa. El documento de 15 páginas mostró que el evento tuvo ingresos por $23.782 millones y una utilidad final de $11.817 millones. Sin embargo, los auditores indicaron que no existe certeza de cómo ingresaron los US$7,5 millones entregados por la Conmebol a la ANFP para organizar el campeonato y que el paradero de $1.500 millones provenientes de esos mismos recursos es incierto (vea el reportaje de CIPER “Platas de la ANFP: todas las evidencias contra Jadue que los dirigentes dejaron pasar”). Este, precisamente, es el enredo que el ex contralor Ramiro Mendoza trató de dilucidar con su investigación.

El informe que Mendoza entregó a los dirigentes del fútbol en el Consejo de Presidentes desarrollado este jueves 17 de diciembre, ratificó el desorden contable y financiero en las cuentas de la Copa América. Tal como lo adelantó The Clinic, la comisión de Mendoza enfatizó el traspaso poco claro de los millones de dólares desde la Conmebol al Comité Organizador Local de la Copa América (COL), sugirió la realización de una completa auditoría a todas las cuentas y contratos de las organización y acusó que no pudo contar con todos los documentos que se requerían para inspeccionar adecuadamente los flujos del dinero.

CIPER constató que los recursos de la Copa América navegaron por aguas turbias desde un comienzo. Así lo asegura Elías Vistoso, tesorero de la Federación de Fútbol de Chile, organismo que  es el vínculo oficial de nuestro país con la FIFA: “Los dineros enviados a Chile por la Conmebol y la FIFA tienen un camino establecido: tienen que pasar primero por la Federación y luego van a la ANFP”. A la inversa, las rendiciones enviadas por la ANFP a la Conmebol y FIFA también deben pasar por la federación chilena, donde son auditadas por encargo de estos organismos internacionales. Pero el tesorero Vistoso dice que nada de eso se hizo ni con los dineros enviados por la Conmebol para la Copa América ni con los que puso la FIFA para el reciente Mundial Sub 17.

“El dinero tenía que llegar primero a la federación y de ahí al Comité Organizador Local (tanto de la Copa América como del Mundial Sub 17). Así, el comité, con autonomía, puede manejar su presupuesto”, agrega Vistoso. Pero no ocurrió así. Vistoso señala que en diversas ocasiones se pidió al directorio de la ANFP que explicara por qué esta vez el dinero no había transitado por la vía normal, pero la respuesta siempre se postergó. Sergio Jadue era, al mismo tiempo, presidente de la ANFP y de la propia Federación de Fútbol de Chile, por lo que tampoco le dio mucho espacio a las consultas del tesorero.

El directorio de la ANFP tomó la determinación de que los dineros para la Copa América pasaran de manera directa desde la Conmebol a una cuenta creada especialmente para el torneo en el banco BBVA. Y aunque siempre se dijo en público que el Comité Organizador Local (COL) tenía autonomía y capacidad de gestión, nunca fue así.

Un ejecutivo del COL dijo a CIPER que Sergio Jadue ostentaba el poder de firma sobre esa cuenta del BBVA. Además, sostuvo que el mismo Jadue resolvió que las cuentas del torneo fuesen llevadas por el departamento de contabilidad de la ANFP, sobre el cual el ex jerarca tenía un amplio control. En la práctica, esto significó que cada gasto de la Copa América tenía que pasar por las manos de Jadue para pagar el servicio o proveedor.

Los empleados del COL constataron en diversas ocasiones que cuando solicitaban dinero para pagar proveedores o financiar gastos corrientes, se les respondía que no había dinero en caja. La respuesta les resultaba sorprendente, debido a que ya se habían ingresado los US$7,5 millones aportados por la Conmebol precisamente para afrontar los gastos de organización del certamen. En el equipo del COL se instaló la sospecha de que el directorio de Jadue estaba usando el dinero de la Copa América para financiar otros gastos de la ANFP. Un ex gerente de la asociación indicó a CIPER que esto ocurrió en los precisos instantes en que la ANFP comenzó a repartir entre los clubes un adelanto de utilidades por una cifra cercana a $100 millones para cada equipo.

-Me acuerdo que nos salvó la tercera etapa de venta de tickets y con eso pudimos cumplir con todos nuestros proveedores. Pero era raro que el COL no tuviera plata -cuenta un ex ejecutivo del comité.

Tras la caída de Jadue, el directorio provisional de la ANFP alejó de sus funciones en la asociación al ex director ejecutivo del COL de la Copa América, René Rosas. Funcionarios de la asociación señalan que  antes de dejar la sede de Quilín, Rosas se reunió con el ex contralor Ramiro Mendoza y lo puso al tanto de todos estos antecedentes que indican que hubo un irregular trasvasije de dinero entre las cuentas del COL y de la ANFP. En ese desorden contable, habría por lo menos $1.500 millones que no tienen un destino claro.

EL APARENTE ORDEN DEL MUNDIAL

Los dineros para la organización del Mundial Sub 17 que se disputó este año en Chile tuvieron dos fuentes: recursos aportados por la FIFA y fondos del Estado. Respecto del dinero que llegó de la FIFA, sólo se sabe que, de forma anormal, no pasó por la Federación de Fútbol Chile, de acuerdo a lo señalado a CIPER por el tesorero de ese organismo, Elías Vistoso. Sobre los recursos de origen público, el Instituto Nacional de Deportes (IND) le entregó $2.163 millones al COL del Mundial. Ese dinero solventó gastos en cinco ítems: seguridad, generación de electricidad, acondicionamiento de los estadios, transporte y voluntarios.

El pasado lunes 14 de diciembre, La Cuarta publicó que el IND había rechazado la primera rendición del COL del Mundial, por una suma superior a $535 millones (vea esa nota). Aunque se pensó que podía existir el mismo problema contable de la Copa América, desde el IND informaron a CIPER que la rendición fue inicialmente rechazada por un problema de forma y no por su contenido. Finalmente, el organismo público tramitó y aceptó una segunda versión de la rendición, tras considerar subsanado el error inicial.

Darío Calderón, integrante del directorio del COL del Mundial Sub 17, aseguró que la corporación cumplió con los requerimientos del IND y rindió satisfactoriamente el total de la primera cuota, que alcanzó los $686,7 millones (vea el documento de aprobación del IND). El plazo para rendir los $1.476 millones restantes vence a fines de marzo de 2016.

Calderón señaló que el COL contrató a la auditora PwC para que visara permanentemente la contabilidad de la corporación y que pidió a la Contraloría que designara un funcionario para supervisar el manejo de los recursos estatales. Según el abogado, hasta hoy ninguna de las dos partes fiscalizadoras ha encendido las alarmas.

LAS CUENTAS DE LA ANFP

La ANFP maneja un presupuesto anual de $15 mil millones, según las cifras que entregó Sergio Jadue a CIPER en enero pasado en una entrevista donde se le consultó por su patrimonio y sus vínculos con el dueño de Unión La Calera, Tomás Serrano, condenado a 15 años de cárcel por una estafa de $12 mil millones (Ver entrevista CIPER “Sergio Jadue: Preferí no hacerme la pregunta de dónde venía la plata de Serrano”). Jadue mencionó esa suma porque dijo que el Consejo de Presidentes de la ANFP había aprobado pagar remuneraciones al directorio que él encabezaba. Por eso, señaló, se estaba estudiando la cuantía que debían alcanzar esas dietas, para compararlas con las de directorios de empresas que manejan un presupuesto similar al de la ANFP.

Fue precisamente la decisión de pagarle a los miembros del directorio la que abrió al Ministerio de Justicia los libros con las cuentas de la asociación, debido a que está prohibido que las corporaciones sin fines de lucro paguen a sus directores. El ministerio es el encargado de fiscalizar que las fundaciones y corporaciones cumplan con las normas, por lo que estas entidades, además de enviar cada año sus memorias y balances a la secretaría de Estado, deben estar dispuestas a mostrar su contabilidad cada vez que la cartera lo requiera. Esa es la razón por la que funcionarios del ministerio se apersonaron en la sede de la ANFP el viernes 20 de noviembre para solicitar los libros y contratos. Aunque inicialmente les fueron negados, finalmente accedieron a la documentación. Pero solo a una parte.

CIPER solicitó al Ministerio de Justicia, a través de la Ley de Transparencia, acceso a los balances y memorias de la ANFP de 2010 hasta 2014 (ver en “Documentos asociados” en pestaña superior). En estos documentos se aprecia un fuerte aumento de los activos de la corporación bajo la gestión de Jadue: si en 2010 la ANFP declaraba activos por $11.041 millones, en 2014 esa cifra llegó a los $36.025 millones. El brinco ocurrió en 2013, cuando ingresó a las arcas de la asociación un préstamo pedido al Banco BBVA por $15.750 millones. La cifra equivale a unos US$30 millones (al cambio de la época) y todo indica que se trata del dinero que la ANFP pidió a la banca para prestarlo a los clubes que estaban ahogados por deudas con empresas de factoring (ver documento).

La revisión de las cuentas de la ANFP determinó que bajo la gestión de Jadue varios clubes superaron el límite de $50 millones por año que les puede prestar la ANFP. Esta práctica tenía por objeto generar lealtad a las políticas que impulsaba el directorio del calerano. El Consejo de Presidentes desarrollado este jueves 17 determinó que cuatro clubes aún no saldan esta deuda y se fijó el mes de enero próximo para que propongan un plan de pago a la nueva directiva: Deportes Concepción, Deportes La Serena, San Felipe y Santiago Morning.

El examen de los balances de la ANFP también indica que los gastos en proveedores y servicios tuvieron un fuerte aumento durante la gestión de Sergio Jadue. Mientras el balance de 2010 indica que en el último año de la administración de Harold Mayne-Nicholls las cuentas por pagar sumaron $590 millones, en 2013 llegaron a $5.848 millones. Dentro de este ítem, uno de los que más creció fue el de pago a proveedores, que pasó de $1.089 millones en 2012 a $2.513 en 2013. Entre ambos años también se disparó el ítem de “documentos por pagar”, de $1.015 millones a $2.721 millones. Los balances no indican quiénes son los proveedores que se pagan con este dinero ni a qué corresponden los “documentos por pagar”.

Las provisiones de pagos también aumentaron de manera vistosa: de $310 millones en 2012 a $2.293 millones en 2013. Lo que hace crecer mayormente esta glosa es la provisión de los premios para la selección nacional de fútbol: saltaron de $118 millones en 2011 a $1.863 millones en 2013, año en que se inició el proceso al mando de Jorge Sampaoli.

No solo por haber sido nominado entre los tres mejores entrenadores del mundo, Jorge Sampaoli ha hecho noticia. También porque recién ahora comienzan a conocerse los detalles de los acuerdos y contratos que firmó con Sergio Jadue. Y sus montos. La sorpresa fue que el premio inicialmente pactado para los tres miembros del equipo técnico de US$800 mil por la participación de Chile en la Copa América, se modificó dos meses después de terminado dicho torneo: la suma final fue de US$6 millones.

A eso se agregó la revelación difundida por el periodista de Chilevisión, Fernando Tapia, de que hay un segundo contrato que beneficia a Sampaoli, esta vez por concepto de imagen, que lleva la firma de Jadue. Este suplemento para Sampaoli se habría pagado en el extranjero mediante un depósito en una sociedad de inversiones.

SOCIOS Y CLIENTES

Uno de los puntos en los que han puesto más atención los funcionarios del Ministerio de Justicia que revisan los documentos de la ANFP, son los contratos que vinculan a esta corporación con las empresas de dirigentes de la misma asociación. Esto, porque podrían constituir una fórmula para convertir una corporación supuestamente sin fines de lucro en una fuente de negocios personales. En esta categoría podrían ser considerados algunos proveedores mencionados en los balances de la ANFP de 2011 y 2012. En los balances posteriores ya no se especifican los proveedores de la asociación. Entre los que figuran en 2011 y 2012, se encuentran empresas relacionadas con dirigentes de los clubes que integran el Consejo de Presidentes. Es el caso de la agencia de viajes Mundo Tour, de la que es socio Felipe Achondo, ex gerente general de Cruzados hasta 2010, a través de Inversiones y Asesorías Captiva. También aparece la Inmobiliaria e Inversiones El Melado Oeste, perteneciente a Miguel Nasur, presidente de Santiago Morning.  En la nómina figura EuroAmerica Seguros de Vida, empresa relacionada con EuroAmerica Corredores de Bolsa, la que está registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros como uno de los 12 mayores accionistas de Azul Azul, la sociedad propietaria del club Universidad de Chile.

Miguel Nasur

Consultado por CIPER sobre el contrato de Mundo Tour, Felipe Achondo explicó que duró 12 años: “Se firmó en la época de la presidencia de Ricardo Abumohor. Y en 2011, Jadue licitó el servicio y ahí terminó la relación”. A su vez, Miguel Nasur aseguró que no estaba al tanto de los pagos que hizo la ANFP a su inmobiliaria El Melado y se manifestó “de acuerdo en que se investigue para ver de qué se trata”. Finalmente, EuroAmerica respondió a CIPER: “Como es habitual en el mercado y de acuerdo al procedimiento de las corredoras, EuroAmerica tiene acciones de Azul Azul y de muchas otras compañías en custodia de sus clientes. EuroAmerica no tiene participación a título propio en esa sociedad”.

Un contrato que está bajo la mira es el que mantiene la corporación ANFP con el representante de uno de sus más connotados socios: el club Universidad de Chile. Se trata del vínculo comercial que une a la ANFP con MegaSports, la empresa de representación de derechos deportivos del Grupo Bethia. Ese holding es controlado por la familia de Carlos Heller, quien en paralelo preside Azul Azul. De esta manera, Heller es representante de uno de los miembros de la ANFP -la “U”- y a la vez, ha hecho negocios por millones de dólares con la misma corporación. Esto, porque Mega Sports adquirió los derechos televisivos y comerciales de la selección nacional en una negociación con Sergio Jadue por US$106 millones.

Una relación del mismo tenor ocurrió en 2010, bajo la gestión de Harold Mayne-Nicholls, cuando Chilevisión compró los derechos televisivos de la Roja por US$16 millones. Entonces, el canal estaba en manos de Sebastián Piñera, quien era uno de los accionistas mayoritarios de Blanco y Negro, la concesionaria que administra el club Colo Colo.

Según la Ley Corta que el Congreso aprobó este miércoles 23 para dar la partida a la gratuidad en la educación universitaria en 2016, la Universidad Mayor, cumple con los requisitos para ingresar al club de planteles que podrían recibir fondos públicos que financien los estudios de sus alumnos más vulnerables: es controlada por personas naturales y tiene más de cuatro años de acreditación.

Rubén Covarrubias

Ello a pesar de que está en curso una investigación en el Ministerio de Educación (Mineduc) por posible lucro en ese establecimiento. La alarma la encendió la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en junio pasado, cuando envió un oficio al Mineduc ante la existencia de operaciones financieras sospechosas protagonizadas por la Universidad Mayor. En lo fundamental, se trata del rol que jugó el plantel como fiador y codeudor solidario de una serie de contratos leaseback firmados por sociedades relacionadas con instituciones financieras (ver oficio). Cabe recordar que por vacíos legales, el hecho de que una universidad lucre no es impedimento para que obtenga la acreditación.

La resolución de acreditación que dio origen a ese oficio puso sobre la mesa, por ejemplo, el hecho de que un 15,5% de la infraestructura que utiliza la universidad pertenece a empresas relacionadas a los socios del establecimiento –Rubén Covarrubias Giordano y Erich Villaseñor Maldonado–, entre ellas la Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A. También puso el foco en la disminución de las ganancias obtenidas por la universidad en los últimos años –en 2013 cayeron 70% en relación a 2011–, en contraposición al aumento de sus costos operacionales (entre los que se cuentan el arriendo de infraestructura a sociedades relacionadas). Todo esto, estimó la CNA, refleja “una menor disponibilidad de recursos frescos para la cobertura de gastos e inversión”. Y si bien señala que su estructura financiera le permite sustentar la viabilidad de su proyecto educacional, hace hincapié en que las inversiones futuras “requerirán necesariamente de la disponibilidad oportuna de fuentes de endeudamiento”.

A raíz del informe enviado por los comisionados, el Mineduc inició una investigación en contra del plantel por posible lucro. Así lo confirmaron a CIPER desde el interior de la cartera comandada por la ministra Adriana Delpiano, aunque no especificaron la fecha en que comenzaron las indagaciones. Dato relevante, pues según la información recogida por CIPER el oficio enviado al Mineduc el 8 de junio, habría permanecido archivado durante varias semanas, luego de que la funcionaria de la División de Educación Superior que lo recibió lo guardara en un cajón sin que la División Jurídica del ministerio se enterara de su existencia.

Cuando el equipo jurídico de la cartera conoció el informe de la CNA y ofició a la universidad, ésta inmediatamente envió las respuestas y aclaraciones a cada una de las alertas contenidas en el documento. La situación generó un manto de dudas al interior del ministerio. Se sospecha que mientras el documento estuvo guardado en el cajón fuera de la órbita de quienes deben fiscalizar, algún funcionario con contactos en la administración del plantel de educación superior lo filtró.

La revisión de CIPER de los movimientos societarios y financieros de la Universidad Mayor y de varias de las sociedades ligadas directa o indirectamente a sus fundadores, es concordante con las sospechas que se incubaron en la CNA y que ahora fueron acogidas por el Mineduc. Una de estas operaciones es el contrato –que CIPER revisó en el Archivo Judicial– por más de $42 millones mensuales (UF 1.650) que la universidad firmó en julio de 2010 con la sociedad relacionada Río Manso por una propiedad en Las Condes. En ese inmueble hasta hace poco funcionaron la rectoría, el conservatorio de música y las dependencias administrativas de la universidad.

Erich Villaseñor (Foto: umayor.cl)

Otra operación que llama la atención es el contrato que la universidad firmó en 2007 con una segunda sociedad relacionada, Agrícola Valle Morado, para el arriendo por 178 meses ($715 millones en 14,8 años) de un terreno de 100 hectáreas en la Región de la Araucanía. Ese acuerdo terminó con la universidad indemnizando a la agrícola por $40 millones por “término anticipado de contrato” (la escritura que dio término a este contrato también fue revisada por CIPER en el Archivo Judicial).

Estos movimientos se producen dentro de un complejo entramado de sociedades levantado desde la creación de la universidad en 1988. A las maniobras ya descritas, se suman continuas reingenierías en el esquema de sociedades; múltiples acrobacias financieras para afrontar deudas que las propias empresas del grupo mantienen con la universidad o con otras sociedades ligadas; y al menos seis suculentos contratos que la universidad mantiene con empresas agrícolas, de logística, transporte y construcción, entre otras, todas constituidas por sus socios fundadores o por familiares directos de éstos.

Su rector, Rubén Covarrubias, ha sido uno de los más reticentes a la fiscalización sobre los planteles privados, y uno de los que se ha mostrado más incómodo frente a la ola transformadora del sistema educativo. En una entrevista con La Tercera, el 19 de enero de 2014, manifestó que la CNA se había transformado “en un organismo fiscalizador más que acreditador y eso no es sano”.

PRIMEROS PASOS

La trayectoria de la Universidad Mayor, fundada el 10 de febrero de 1988 con un capital de $50 millones (ver escritura), está íntimamente ligada a los últimos años de la dictadura y tuvo como punto de partida el propio Ministerio de Educación. En esa cartera, Rubén Covarrubias Giordano –su fundador y actual rector– había ocupado el cargo de director de Educación Superior; allí también, Erich Villaseñor Maldonado –otro de los fundadores y actual vicerrector de Desarrollo–, se había desempeñado como un alto asesor. En la escritura de constitución de la Universidad Mayor aparece un tercer socio: el profesor Francisco Beltrán Herrera, fundador del Instituto Diego Portales, quien no tendría mayor participación en los otros múltiples emprendimientos que Covarrubias y Villaseñor realizaron con posterioridad a la creación de la universidad.

Los resabios de ese pasado que vio nacer a la Universidad Mayor en los estertores de la dictadura marcaron la impronta del establecimiento. Actualmente, entre sus autoridades administrativas y académicas, figuran personalidades que ocuparon altos cargos en el gobierno del general Augusto Pinochet. Entre ellos, el ex ministro de Educación (1989-1990) y hoy vicerrector Académico y de Aseguramiento de la Calidad, René Salamé Martín (la Ley Orgánica Constitucional de Educación que fue derogada tras el movimiento de los “pingüinos” llevaba su firma); el ex ministro del Interior (1985- 1987) y de Relaciones Exteriores (1987-1988), Ricardo García Rodríguez; y los ex ministros de Agricultura y de Planificación, Jorge Prado Aránguiz y Sergio Melnick Israel, respectivamente.

Ese 10 de febrero de 1988, Covarrubias y Villaseñor –quien desde un inicio tomó la responsabilidad de elaborar el proyecto de factibilidad económica y financiera de esta nueva corporación de derecho privado sin fines de lucro– dieron vida al primero de muchos emprendimientos que más tarde cristalizarían en una extensa red de empresas con intereses en diversos negocios: desde el educacional, pasando por el agrícola, el de transportes y el de salud, hasta el inmobiliario. La mayoría de ellas, directa o indirectamente vinculadas con la Universidad Mayor.

En julio de 1994 y con un capital de $2 millones, nació la empresa de transportes La Pirámide S.A., creada por Miguel Cuitiñoy en la que también participó Inversiones Río Viejo S.A., ligada a Erich Villaseñor Maldonado. De acuerdo a la escritura de constitución de La Pirámide, su directorio quedó integrado por Rubén Covarrubias Giordano, Erich Villaseñor y Miguel Cuitiño Maturana. La presencia de los fundadores de la Universidad Mayor en esa sociedad no era casual: con el tiempo La Pirámide se convertiría en uno de los principales contratistas del plantel de educación superior, encargada del traslado de sus alumnos y funcionarios desde y hacia sus establecimientos.

Dos años más tarde, en julio de 1996, irrumpió una nueva sociedad en la incipiente red de empresas de los controladores de la Universidad Mayor: Domus S.A. Creada con un capital de $2 millones por el contador Juan Amador Bettiz Mariño, un nombre que se repite en las escrituras de constitución de varias de las empresas del “holding” ligado a los propietarios de la Mayor. Según su escritura de constitución, Domus contaba entre sus directores fundadores al hoy rector Rubén Covarrubias Giordano.

Fue a partir de Domus, dedicada al rubro de las comunicaciones y la publicidad, y de Inversiones Río Viejo, ligada al hoy vicerrector de Desarrollo, Erich Villaseñor, que en 2001 nació la empresa más importante de todas las que hasta la fecha han creado los controladores de la Universidad Mayor: Inmobiliaria e Inversiones Río Manso S.A.

En la primera junta de accionistas de Río Manso, el 16 de abril de 2001, aparecen como directores Rubén Covarrubias, Erich Villaseñor, y quien hasta hace algunos años se desempeñara como secretario del directorio del plantel, José Armando Castro González.

Río Manso se transformó rápidamente en el vehículo de inversión de Covarrubias y Villaseñor y, con el tiempo, en propietaria de manera directa o indirecta de una larga lista de bienes raíces: edificios, departamentos, oficinas y estacionamientos en distintas comunas de Santiago. Estos inmuebles están avaluados en varios miles de millones. Algunos de ellos los vendió hace algunos meses y el resto actualmente son ocupados por la universidad.

Desde su creación, la propiedad de Río Manso ha sido objeto de sucesivas reestructuraciones. La primera reingeniería tuvo lugar en septiembre de 2001, cuando dos sociedades recién creadas tomaron su control: Inversiones Río Puelo S.A. e Inversiones Tronador S.A. Detrás de estas empresas aparecen como socios constituyentes Arturo Venegas Palacios y René España Godoy, los que también figuran como representantes de Agrícola Valle Morado, empresa creada paralelamente a Río Puelo e Inversiones Tronador y que arrienda inmuebles a la Universidad Mayor.

UNA PROLÍFICA DUPLA

A la creación de Río Manso, protagonista de los negocios más suculentos entre la Universidad Mayor y las sociedades relacionadas con sus dueños, le anteceden y le suceden una serie de otras sociedades con vínculos con el plantel, y en las que las huellas de Covarrubias y Villaseñor, juntos o por separado, también están presentes.

Casi cuatro años antes de la creación de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Río Manso, en octubre de 1997, Juan Amador Bettiz Mariño –representante de varias de las empresas creadas por Covarrubias y por Villaseñor–, junto a su esposa, Silvia Barreda Morales, constituyeron la sociedad Clínica Veterinaria Mayor S.A., dedicada a “crear, mantener y explotar clínicas y centros de atención veterinaria”, entre otras actividades.

Dos años después, en agosto de 1998, la Clínica Veterinaria Mayor y la sociedad Colegios Mayores S.A., constituida entre otros por Francisco Varela Noguera, actual miembro del directorio de la Universidad Mayor, crearon el Centro Médico y Odontológico Universitario S.A. Esta última sociedad, que en 2005 era representada por Rubén Covarrubias Giordano, tiene como actividad la “instalación mantenimiento y explotación comercial de establecimientos destinados a la actividad médica, odontológica, veterinaria, universitaria y educacional”.

Fue la Clínica Veterinaria Mayor, ahora en sociedad con el Centro Médico y Odontológico Universitario, la que en agosto de 1999 tomó el control de una nueva empresa: Veterinaria y Peluquería Alemana Limitada. Tras el ingreso de ambas sociedades a su propiedad, Covarrubias y Villaseñor quedaron como apoderados titulares para actuar en representación de ella.

A fines de abril de 2005, el Centro Médico Odontológico se retiraría de la propiedad de Peluquería Alemana, cediendo sus derechos a las sociedades de inversión Río Puelo y Tronador, las mismas que ya para entonces controlaban Río Manso, el brazo de inversiones de los fundadores de la universidad. La Clínica Veterinaria Mayor quedó como la controladora de Peluquería Alemana, con el 99% de las acciones que en 2008 equivalían a $350 millones.

Fue en medio de ese ambiente de buenos resultados que los propietarios de la Universidad Mayor emprendieron nuevos negocios. En septiembre de 2005 Río Puelo y Tronador crearon Montesur Consultores S.A. –empresa que ha firmado contratos con distintas municipalidades de la Región Metropolitana para la prestación de servicios de capacitación, marketing y difusión, entre otros–, y dos nuevas inmobiliarias: Adaced Limitada (agosto de 2007) y Badajoz Limitada (junio de 2008).

Casi paralelamente a la creación de Badajoz, que quedó bajo el paraguas de las sociedades Río Puelo y Tronador, se constituyó Innova Learning Chile, dedicada a la creación de plataformas educativas y también a la inversión en bienes raíces. A partir de diciembre de 2013 la Universidad Mayor figura como socio y principal controlador de Innova Learning. Para entonces su capital inicial había aumentado de $6 millones a $4.600 millones.

EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y SALUD

Además de las empresas creadas a través de Río Puelo y Tronador, los controladores de la Universidad Mayor crearon otras fundamentalmente vinculadas al ámbito educacional (aunque luego fueron absorbidas por la universidad) y que tienen origen en otras dos sociedades de inversión: La Matriz Limitada e Inversiones Río Viejo Limitada. La primera está ligada al rector Rubén Covarrubias y Villaseñor ingresaría a ella en 2007. En la segunda participa desde su inicio el mismo Villaseñor.

Una de las empresas fruto de esta asociación es Colegios Mayores S.A., constituida en 1994 y dedicada a la “explotación de establecimientos educacionales de nivel pre-básico, básico, medio y superior”. Los colegios particulares manejados por los dueños de la universidad (en Puente Alto y Peñalolén) son otro jugoso negocio: la cuota de incorporación en el recinto de Peñalolen, por ejemplo, asciende a $500 mil y la mensualidad a $233 mil, y cada uno tiene cuatro cursos por nivel, de pre kínder a cuarto medio.

Colegios Mayores creó en junio de 2005 y en asociación con Cecum S.A. (sociedad ligada a la Universidad Mayor y constituida en diciembre de 2000 por Juan Amador Bettiz Mariño), el Centro de Formación Técnica Eurotec S.A. Sería Eurotec, en sociedad con Cecum la que en agosto de 2007 crearía con un capital de $100 millones el Centro de Formación Técnica (CFT) Magnos –controlado más tarde por la Universidad Mayor– y que imparte enseñanza en Santiago y Temuco en las áreas de salud, informática, agropecuaria, de administración y minera. A diciembre de 2012, el capital de Magnos superaba los $3.300 millones.

Además, Colegios Mayores participaría de la creación de dos nuevas sociedades: el Instituto Profesional Innova College, constituido en diciembre de 2010 en sociedad con Cecum y con un capital de $100 millones, y de la sociedad Gesta Mayor, incubadora de negocios que hoy pertenece en un 99% a la universidad. En la creación de Gesta Mayor, con $150 millones de capital inicial, Erich Villaseñor estuvo en ambas veredas: actuó como representante de Universidad Mayor y, al mismo tiempo, como representante de Colegios Mayores.

Otras cinco sociedades, en su mayoría creadas directamente por la Universidad Mayor completan el cuadro principal de empresas vinculadas al establecimiento: Empretec SpA (julio de 2009); Genoma Mayor SpA (agosto de 2010); el Hospital Clínico Universidad Mayor (2006 y en el que la universidad posee el 25% de las acciones); el Hospital Docente Universitario Mayor SpA (enero de 2011); y el Centro Fonoaudiológico Universidad Mayor SpA (julio de 2007).

UNA VENTANA AL LUCRO

La Universidad Mayor mantiene una curiosa estructura inmobiliaria que hace que varios de sus campus hoy estén en poder de los bancos. Ello gracias a una serie de leaseback firmados por sociedades relacionadas con la misma universidad que le permiten a sus dueños transferir recursos mediante intrincadas maniobras. CIPER confirmó estos vínculos en notarías, donde revisó las escrituras de estos contratos, y cruzó esos datos con la información disponible en el Servicio de Impuestos Internos, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y los estados financieros del plantel de educación superior.

Una operación de leaseback le permite a una sociedad obtener dineros frescos al traspasar la propiedad de un inmueble a un banco que se lo compra a cambio de un pago mensual y con la posibilidad de recomprarlo a futuro. Es una forma de obtener recursos a la que normalmente recurren empresas en apuros financieros, una alternativa onerosa que curiosamente los dueños de la Universidad Mayor han ocupado sin freno.

(Foto: umayor.cl)

El 14 de julio de 2010 Inmobiliaria e Inversiones Río Manso firmó un contrato de leaseback con Metlife, mediante el cual le traspasó la propiedad de siete inmuebles que componían el recinto ubicado en Américo Vespucio Sur, en Las Condes, donde funcionaron hasta julio de este año la rectoría, el conservatorio y todas las dependencias administrativas de la universidad. Pero fue una entrega con elástico. Si bien el nuevo propietario de esos inmuebles era Metlife, en el contrato se dejó establecido que solo se le entregaban esos inmuebles para que los arrendara a Río Manso por una suma de UF 1.063 mensuales ($27,2 millones actuales). A la propia universidad, la sociedad inmobiliaria le subarrendó esos inmuebles por UF 1.650 ($42,5 millones), es decir casi $15 millones (UF 600) por sobre lo que le pagaba al banco.

Con ese mismo recinto los controladores del plantel concretaron otro millonario negocio cinco años después. El 14 de julio de 2015 Río Manso firmó una compraventa con la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA –constituida por el abogado Max Correa Tagle–, por la totalidad de las propiedades que integraban el recinto ubicado en Américo Vespucio Sur.

La transacción por las siete propiedades incluidas en el recinto alcanzó los $18.900 millones (UF 738.100). El mismo día que Río Manso vendió las propiedades a Nueva El Golf, las había recomprado a Metlife, proceso en que desembolsó $398,6 millones (UF 159.365) que se sumaron a las 60 cuotas del leaseback ya canceladas.

La casa de estudios ha sido fiadora y codeudora solidaria (tal como se menciona en el informe de la CNA donde se alerta sobre su estructura económica) en varios contratos que Río Manso mantiene con bancos y aseguradoras. Según consta en los estados financieros del plantel correspondientes a 2014, el 31 de diciembre de ese año fueron alzadas las fianzas que mantenía con sociedades relacionadas.

El actual Campus República de la Universidad, ubicado en Alameda 2240, que hasta hace poco funcionaba como sede del CFT Magnos, está desde febrero de 2012 bajo un contrato leaseback con Corpbanca. En el documento revisado por CIPER se establece que ese banco compró el recinto con el único objeto de arrendarlo a Río Manso, acuerdo que se mantendrá vigente hasta el 5 de febrero de 2024. En el recinto funciona ahora la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor. El contrato entre Corpbanca y Río Manso detalla que se deberán pagar 139 rentas: 138 pagos mensuales por UF 520 y una última cuota –la que permite la opción de recompra del inmueble– de UF 43.400. En el mismo documento se establece que Río Manso mantiene abierta la opción de sub arrendar el recinto.

Los Estados Financieros 2012 y 2013 de la Universidad Mayor confirman que desde el 13 de febrero de 2013 existe un contrato de sub arriendo por el campus de Alameda 2240. Pero no se clarifica a cuánto asciende ese alquiler ni si es la universidad la que lo paga.

El Estadio Mayor –ubicado en Avenida Sánchez Fontecilla 13010, Peñalolén–, es mencionado en la página web de la universidad como uno de sus campus. Esa propiedad, cuyo avalúo fiscal asciende a $4.500 millones, que cuenta con más de 35.000 metros cuadrados, y que está equipado con dos gimnasios, una piscina semi olímpica, dos pistas atléticas, tres canchas de tenis, dos multicanchas, entre otras instalaciones, funciona como lugar de entrenamiento de los estudiantes de Educación Física del plantel.

Según los registros revisados por CIPER, la Inmobiliaria Río Manso, que es su dueña, ha suscrito varios contratos leaseback con bancos por la propiedad donde opera el estadio. El 8 de agosto de 2011 se produjo un doble traspaso del inmueble. El Banco BBVA, que lo había comprado vía leaseback el 24 de octubre de 2005 a Río Manso, se lo devolvió a la misma inmobiliaria a cambio de UF 76.250 ($135,8 millones de la época). El mismo día Río Manso lo entregó, también vía leaseback, a Corpbanca por UF 85.893 ($153 millones de entonces).

Pocos meses después la inmobiliaria realizó otra doble operación en un mismo día con la propiedad del estadio. Se lo recompró a Corpbanca en UF 78.456 ($139,8 millones), pero solo para volverlo a vender a ese mismo banco en UF 133.870 ($238,5 millones). Entre ambas operaciones hubo una diferencia de casi $100 millones. El nuevo contrato de arrendamiento con Corpbanca se fijó hasta 2024, y la Universidad Mayor, el CFT Magnos y la sociedad Colegios Mayores, aparecen como fiadores y co-deudores solidarios. En el documento se menciona que Río Manso podrá sub arrendar el recinto. No hay claridad si la Universidad Mayor le paga a Río Manso por la utilización que hace de esas instalaciones. Los colegios asociados a este grupo –ligados a la sociedad relacionada Colegios Mayores– también lo ocupan.

Parte de las oficinas ubicadas en Alonso de Córdova 5495, donde funciona la Dirección de Postgrado de la universidad, también aparecen bajo la propiedad de Río Manso, al igual que los 51 estacionamientos ocupados por el plantel en ese mismo inmueble. Se desconoce el monto que paga la universidad a Río Manso por ocupar estas instalaciones.

Inmobiliaria Río Manso también es propietaria de un campo ubicado en la Región de La Araucanía –avalúo fiscal de $355 millones–, el que opera como recinto deportivo para los alumnos que estudian en la sede de Temuco de la Universidad Mayor. No se conoce públicamente lo que paga la casa de estudios superiores por ocupar esas instalaciones. Río Manso también es dueña del recinto donde funciona el Colegio Mayor de Peñalolén, ubicado en Valle del Aconcagua 8031.

El registro público del Servicio de Impuestos Internos señala que la Facultad de Odontología de la casa de estudios superiores –ubicada en Alameda 2013, a pocos pasos de la Avenida Brasil–, hoy está en manos del Banco BBVA. El rastreo realizado por CIPER da cuenta de que en 1998 esas dependencias pertenecían a la Sociedad Centro Médico Odontológico Universitario, pero luego fueron adquiridas por la Universidad Mayor, la que ha firmado contratos leaseback con el BBVA. Otras propiedades en manos del plantel que también han firmado contratos con bancos son las ubicadas en la Avenida Portugal 351 –inmueble comprado a CEMA Chile (ver reportaje de CIPER)–; Manuel Montt 367; y Camino La Pirámide 3750.

REINGENIERÍAS SOSPECHOSAS

Varias de las sociedades creadas por Covarrubias y Villaseñor a través de inversiones Río Puelo y Tronador han sufrido modificaciones tanto o más complejas como aquellas que registran las sucesivas acrobacias financieras recién descritas.

Las reestructuraciones más profundas de las empresas del grupo se han producido en los últimos cinco años y su punto de partida coincide con el fuerte cuestionamiento al modelo administrativo y económico de las universidades privadas, proceso gatillado por las movilizaciones estudiantiles de 2011 y cuyo principal hito fue la debacle de la Universidad del Mar.

Ya desatada la crisis, el 28 octubre de 2011 tuvo lugar una junta extraordinaria de directorio de Río Manso. A ella concurrieron Erich Villaseñor, Mario Moraga Guerrero –quien se ha desempeñado como gerente general de la sociedad Colegios Mayores– y el abogado Gastón Gallegos Pincheira. Tanto Moraga como Gallegos han sido representantes de distintas sociedades ligadas a los fundadores de la Universidad Mayor.

En la reunión de octubre de 2011 los asistentes acordaron traspasar casi la totalidad del capital y de los bienes inmuebles que hasta la fecha estaban en manos de Clínica Veterinaria Mayor (hoy de propiedad de la universidad en un 99,6%) a dos nuevas sociedades especialmente creadas para esos efectos: Inmobiliaria Mayor S.A. y Agrícola Codegua S.A.

Inmobiliaria Mayor quedó constituida con un capital de $311 millones y entre sus primeros directores figura el ex ministro de Salud del ex Presidente Ricardo Lagos, Pedro García Aspillaga (DC). También se le transfirió un enorme patrimonio consistente en 57 bienes raíces (entre ellos tres oficinas y un local), todos ubicados en Alonso de Córdova, donde opera la Dirección de Postgrado de la Universidad Mayor. A Agrícola Codegua, en tanto, se le transfirieron dos predios en la Sexta Región que totalizan cerca de 33 hectáreas.

Las dos nuevas sociedades quedaron bajo el control de Río Manso, la que no solo recibió un millonario patrimonio. También deudas. Al momento de la división, la Clínica Veterinaria Mayor contaba con pasivos por sobre los $1.000 millones. Todas las acreencias correspondían a cuentas por pagar a sociedades relacionadas al grupo: Colegios Mayores, Cecum y la Veterinaria y Peluquería Alemana, entre otras.

Casi un año después de esta primera reestructuración, en diciembre de 2012, los accionistas de Inmobiliaria Mayor, decidieron ponerle fin a esa sociedad, siendo absorbida por Río Manso.

Seis meses más tarde, en junio de 2013, un nuevo accionista ingresó a Río Manso: el Fondo de Inversión Privado Montesur, sociedad constituida en diciembre de 2012 por uno de los representantes de Tronador y Río Puelo, Mario Moraga Guerrero. Según el registro de la junta extraordinaria de accionistas que selló esta operación, Río Manso requería de un fuerte aumento de capital para afrontar el pago de una deuda de casi $2.500 millones al CFT Magnos. El ingreso del FIP Montesur significó un aumento de capital de Río Manso por una cantidad idéntica a la deuda. El domicilio de Montesur quedó fijado en Alameda 2240, la misma dirección donde funciona la sede República de la Universidad Mayor.

A fines de ese mismo año 2013, los socios de Río Manso, que ya contaba con un capital de $4.000 millones, volvieron a crear la misma sociedad –Inmobiliaria Mayor– que habían disuelto un año atrás. A esta “nueva” Inmobiliaria Mayor se le traspasaron el Estadio Mayor y 11 departamentos –todos en proceso de adquisición por parte de Río Manso vía leaseback–, ubicados en Alameda 2240 (el campus República). A dos semanas de concluido el traspaso de estos bienes a la resucitada Inmobiliaria Mayor, el FIP Montesur transfirió la totalidad de las acciones que tenía en esa inmobiliaria –más de $2.800 millones– a Río Manso.

Seis meses después, en mayo de 2014, Inmobiliaria Mayor cambió de nombre a Inmobiliaria Llanada Sur S.A., y en enero de este año terminó por desaparecer, absorbida nuevamente por Río Manso.

Llanada, la ex Inmobiliaria Mayor, no fue la única sociedad que desapareció por fusión con Río Manso en enero pasado. Lo mismo ocurrió con Río Puelo y Tronador, que por casi 15 años operaron como controladoras de Río Manso. Lo propio sucedió con las inmobiliarias Badajoz y Adaced.

RELACIONES PELIGROSAS

Los estados financieros de la Universidad Mayor correspondientes a 2014 registran una serie de operaciones con empresas relacionadas, entre las que destacan la Clínica Veterinaria Mayor, Genoma Mayor, Empretec, Gesta Mayor, Innova Learning y el CFT Magnos. Son las mismas sociedades que la universidad declara como “filiales y coligadas” en su página web (ver listado). Algunas de ellas tuvieron origen en sociedades no relacionadas directamente a la universidad, sino que a sus propietarios, pero actualmente la Universidad Mayor –salvo en el caso de Clínica Mayor, en la que tiene el 25% de las acciones– controla al menos el 90% de la propiedad de cada una de ellas.

Según los estados financieros de la universidad correspondientes a 2014, las transacciones entre el plantel de educación superior y empresas “directa o indirectamente” relacionadas a éste, sumaron más de $3.600 millones.

Pero el cúmulo de empresas que exhiben los mismos estados financieros, no agotan la lista de sociedades “directa o indirectamente” ligadas con el establecimiento de educación superior. Una serie de otras sociedades tienen actualmente millonarios contratos con la universidad y no aparecen entre las “filiales o coligadas” declaradas por el establecimiento. Sí aparecen, en cambio, en la nómina de los “principales contratos con terceros” que mantiene vigentes la universidad y que publica en su página web (ver listado). Y aquí se abre una nueva ventana para el lucro: de las 23 sociedades que allí aparecen, al menos seis de ellas tienen o han tenido relación directa con los socios fundadores de la universidad, Erich Villaseñor y Rubén Covarrubias, o con sus familiares directos.

Estas seis sociedades son: Río Manso, Agrícola Valle Morado, La Pirámide. Constructora V2, Vía Austral y Agrícola Teno.

Agrícola Valle Morado S.A. le arrienda bienes muebles e inmuebles a la universidad, fue creada en agosto de 2001 y según el registro de ese año consignado en el Diario Oficial su representantes eran dos hombres de confianza de los socios fundadores del plantel: Mario Moraga Guerrero y Gastón Gallegos Pincheira, ambos vinculados a las sociedades Río Puelo, Tronador y Río Manso. En un documento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) aparece también como miembro del directorio de esta empresa Francisco Villaseñor Maldonado, hermano del vicerrector de Desarrollo (ver aquí).

(Fuente: chilebuses.cl)

En 2005, la universidad suscribió un contrato con Valle Morado para el arriendo de 100 hectáreas en Vilcún (Región de la Araucanía), localidad donde actualmente funciona su Escuela de Medicina Veterinaria. El contrato estipulaba un plazo de arriendo por cuatro años y por UF 250 mensuales ($5 millones de la época). Cumplido el plazo de arriendo, en 2007 se firmó un segundo contrato por 178 meses. La extensión vino aparejada de una oferta: Valle Morado le ofreció a la universidad pagar por adelantado y de una vez el arriendo por los 178 meses a cambio de un descuento. El precio quedó fijado en UF 35.717 ($715 millones de la época).

Cuatro años después, sin embargo el panorama cambió. Las “partes” acordaron poner término anticipado el contrato, lo que significó que la Universidad Mayor tuviera que indemnizar “por perjuicios” a su sociedad relacionada, Agrícola Valle Morado, con UF 1.795 ($40 millones de la época).

Otra de las sociedades que aparecen en la lista de “principales contratos con terceros” de la universidad, es la empresa de transportes La Pirámide S.A., creada en 2001 por Juan Amador Bettiz Mariño, con la concurrencia de Erich Villaseñor y Rubén Covarrubias, rector y vicerrector de Desarrollo de la Mayor. También figura Agrícola Teno Limitada, que le presta “servicios agrícolas” a la universidad y que fue constituida en diciembre de 2002 por Erich Villaseñor Maldonado y su hijo, Erich Villaseñor Sánchez.

La Constructora V2 Limitada es la encargada de las “mejoras, construcciones y  mantenciones de las sedes” de la universidad, según la información desplegada en la web de la casa de estudios. Y la sociedad Vía Austral SpA, aparece como responsable del “almacenamiento, transporte, retiro, envío y reingreso de cajas con documentos, de su clasificación y digitalización”. La primera fue creada en noviembre de 2009 por dos sociedades de los hijos de Villaseñor: Erich Villaseñor Sánchez Asesorías y Álvaro Andrés Villaseñor Sánchez Asesorías, ambas con domicilio en Alameda 2240 (campus República). La segunda, Vía Austral, fue creada en enero de 2012 por el contador Juan Amador Bettiz Mariño, histórico socio de Covarrubias y Villaseñor en varios de sus emprendimientos.

CIPER intentó contactarse por teléfono y correo electrónico con el rector, Rubén Covarrubias, y con el vicerrector de Desarrollo, Erich Villaseñor, para consultarles si aún mantenían los vínculos con todas estas sociedades que aparecen en los registros del Diario Oficial, pero no fue posible. La última respuesta que dieron desde el despacho del rector fue que ambos no regresarían a la universidad hasta la próxima semana.

Línea de tiempo, principales transacciones y sociedades

Transcurridos ocho meses desde que la principal empresa sanitaria de Chile, Aguas Andinas, se viera involucrada en el financiamiento irregular de la política, la investigación de los pagos ilícitos que arroja su contabilidad entre 2009 y 2014, está paralizada tanto en Impuestos Internos (SII) como en el Ministerio Público. Y ello, a pesar de que la propia empresa hiciera al menos dos rectificaciones ante el SII, en abril y junio de este año, reconociendo pagos que no tienen respaldo contable y que beneficiaron a una empresa de Sebastián Piñera y del abogado Carlos Castro, ligado a Renovación Nacional.

Más inexplicable resulta esta paralización a la luz del rastreo que realizó CIPER a la contabilidad de la sanitaria. A los pagos por trabajos no realizados ya mencionados, se suman otras transferencias a sociedades vinculadas a personas que ya han sido querelladas o están siendo investigadas por el financiamiento ilegal de la política. Entre ellos figuran: $430 millones pagados por Aguas Andinas a tres sociedades del abogado Pedro Yaconi, yerno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y miembro del comité de finanzas de su fallida campaña presidencial en 2009; los $27 millones cancelados a una sociedad personal de Pablo Longueira y los $53,5 millones que recibió Vox Comunicaciones, la misma empresa querellada por el SII por recibir dineros de Penta para la campaña presidencial de Laurence Golborne.

Pablo Longueira

En 2014, las utilidades de Aguas Andinas, que suministra y trata el agua en la Región Metropolitana, rozaron los $120 mil millones. Pero el éxito empresarial de la sanitaria controlada por Aguas de Barcelona (Agbar), se vio empañado con el estallido del escándalo de las platas políticas, trama en la que el pago de boletas y facturas falsas por parte de Soquimich terminó por incluir a Aguas Andinas en el club de las empresas bajo sospecha.

Hasta ahora, Aguas Andinas ha ingresado al menos dos rectificaciones ante el SII, reconociendo que no existe respaldo para justificar algunos pagos. Entre ellos, los $76 millones girados a los entonces ejecutivos de CHV, Jaime de Aguirre y Mario Conca, que emitieron facturas falsas a la sanitaria por solicitud de Santiago Valdés, ex gerente de Administración y Finanzas de Bancard, sociedad de propiedad de Sebastián Piñera, quien en esa época también controlaba ese canal de TV.

La onda expansiva de las platas políticas que salpicó a una de las empresas de Piñera resulta sensible. Fue el propio Piñera quien a fines de 2010, ya siendo Presidente, autorizó la polémica enajenación de la mayoría de las acciones (35%) que el Estado aún poseía en Aguas Andinas, hecho que se materializó en junio del año siguiente. Desde entonces, el Fisco, a través de Corfo, posee solo una participación nominal (5%) en la propiedad de la sanitaria.

Como el detalle y los montos de las rectificaciones que hicieron los ejecutivos de Aguas Andinas ante el SII han sido mantenidas en riguroso secreto por esa entidad, no ha sido posible clarificar cuántos son los pagos bajo sospecha de haber sido aportes ilegales a la política que realizó la principal empresa sanitaria del país. El problema no solo afecta a Aguas Andinas sino a todas las empresas que rectificaron entre marzo y junio de este año. De la decisión que asuma el SII respecto de los ilícitos cometidos por la sanitaria, dependerá en gran medida el futuro de las otras investigaciones.

ALCANZA PARA TODOS

CIPER revisó la contabilidad que la empresa sanitaria entregó al SII y a la Fiscalía. Se trata de los libros de compras y de retención de honorarios con registros contables desde el 2009 al 2014. Allí, entre los cientos de proveedores que prestaron servicios a la sanitaria entre esos años, CIPER detectó cerca de 30 receptores de pagos –entre personas jurídicas y naturales– con vínculos políticos directos.

Un puñado de ellos son los mismos que figuran en la carpeta investigativa que indaga la repartija de platas políticas de SQM, la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y también de Penta.

Felipe Larraín Aspillaga

Pero las platas sospechosas de haber ido a parar al financiamiento ilícito de la política, no es lo único que resalta en los registros contables de la sanitaria filial de Aguas de Barcelona (Agbar). Resultan llamativos también los más de $420 millones girados por la sanitaria entre 2009 y 2014a casi una decena de centros de pensamiento estrechamente vinculados a partidos políticos de derecha y centro-izquierda, desde la Fundación Jaime Guzmán (UDI), pasando por el Instituto Libertad (RN), a Chile 21 (PRO-PS-PPD).

Más sensible resulta el hecho de que Aguas Andinas es un monopolio regulado por el Estado, cuyas tarifas –que deben responder a parámetros de máxima eficiencia– se negocian cada cinco años con el organismo regulador, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). La pregunta que ronda es si los cuantiosos pagos desembolsados por la sanitaria a esas sociedades y centros de pensamiento forman parte del “modelo eficiente” al que debe ceñirse por ley la sanitaria.

Más importante aún es si todos estos aportes y donaciones  –a los que se suman transferencias por más de $3 mil millones a universidades– son finalmente absorbidos por el bolsillo de los casi dos millones de clientes de la sanitaria en la Región Metropolitana. Pregunta que toma fuerza a la luz de un estudio de la Red Internacional de Comparaciones para Empresas de Agua y Saneamiento de 2011, que concluyó que el metro cúbico de agua en Santiago es más caro que en Lima, Sao Paulo, Caracas, Roma, Shanghai y Seúl.

Contactado por CIPER, el presidente del directorio de Aguas Andinas, Felipe Larraín Aspillaga, afirmó: “Por decisión de la empresa nadie de nosotros hablará con la prensa de estos temas. No es un problema con CIPER, todo lo contrario, es solo que hemos decidido colaborar con todo lo que el SII y el Ministerio Público nos pidan y nada más”.

PAGOS SOSPECHOSOS

En los numerosos archivos revisados por CIPER, llaman la atención los pagos girados por Aguas Andinas a tres sociedades ligadas a Pedro Yaconi, mano derecha del ex presidente Eduardo Frei que participó en el comité de finanzas de la última aventura electoral del ex mandatario en 2009. Precisamente en octubre de ese año figuran transferencias por $81,2 millones desde la sanitaria a estas sociedades.

El 20 de octubre de 2009 aparecen $49 millones pagados a C2P –sociedad de asesorías constituida por Yaconi en 2003–, a través de dos facturas de $13 millones y $36 millones. El mismo día Aguas Andinas giró otros $14 millones a Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, Rinvesa, la misma sociedad que recibió ese año $30 millones de SQM, pago que la minera luego rectificó ante el SII. Rinvesa fue constituida en 2006 por Yaconi y por la que era entonces su cónyuge, Mónica Urzúa Frei, sobrina del ex presidente Frei Ruiz Tagle.

Pedro Yaconi (Foto: Twitter)

Seis días antes de esos pagos, el 14 de octubre de 2009, Aguas Andinas giró otros $18 millones a una tercera sociedad ligada a Yaconi: Selectiva Consultores, constituidaen 2004 junto a su hermana, Lorena. Consultada por CIPER, Lorena Yaconi aseguró que Pedro solo le ayudó a conformar la sociedad pero que nunca ha participado en ella, y que el pago corresponde a un informe que por motivos de confidencialidad del contrato no puede mostrar ni tampoco revelar la materia que trató. “Se entregó un informe, y este año, cuando comenzaron los comentarios sobre este tema, Aguas Andinas nos pidió que lo volviéramos a enviar. Como ha pasado mucho tiempo, no tenían el respaldo, pero nosotros se lo enviamos”, afirmó.

A diferencia de Selectiva y Rinvesa que, de acuerdo a la contabilidad de la sanitaria, recibieron dineros solo en octubre de 2009, C2P recibió pagos mensuales durante todo 2009 ($120 millones en total), los que se retomaron en mayo de 2012 y siguieron hasta diciembre de 2014. En total, los pagos a sociedades ligadas a Yaconi acumulan $430 millones.

Pedro Yaconi aseguró a CIPER: “Mis trabajos están respaldados por contratos”. Dice que las transferencias de 2009 desde Aguas Andinas a C2P se justifican por labores que realizó desde 2007 por la implementación de plazas de agua en distintas comunas y un informe sobre biosólidos. Respecto del pago a Rinvesa afirma que fue por un juicio en que representó a la sanitaria, que duró tres años y que “se pagó por adelantado”. También señala no tener nada que ver con Selectiva Consultores, a pesar de que en el registro del Diario Oficial aparece como parte de la propiedad con el 50%, equivalentes a $124,6 millones, hasta diciembre de 2012 (cuando vendió su parte).

El abogado Cristián Quinzio también participó junto a Pedro Yaconi en el comité de financiamiento de la campaña presidencial de Frei en 2009. A ese grupo también perteneció Giorgio Martelli, quien además fue recaudador de dineros de la pre-campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. En ese preciso año 2009, Quinzio era socio del staff de Marcelo Olivares, abogado que además participa en el directorio del Centro de Estudios del Cobre y la Minería. El 10 de diciembre de ese año, la sociedad Asesorías Marcelo Olivares recibió $20 millones de Aguas Andinas. El abogado no respondió los llamados de CIPER para explicar ese pago.

Otra de las empresas ligada a precampañas de la Concertación o de la Nueva Mayoría y que en la contabilidad de Aguas Andinas aparece recibiendo pagos, es Soluciones en Gestión Ambiental (SGA), de propiedad de Jaime Solari (PS). SGA recibió de Aguas Andinas $393,4 millones entre 2009 y 2014. Esa misma sociedad organizó en 2013 un taller para la empresa Rockwood Lithium (competencia de Soquimich Salar ya que tiene una parte de la concesión de la explotación de litio en Chile) y terminó derivando $37 millones a Asesorías y Negocios, la empresa de Giorgio Martelli que financió la pre-campaña de Bachelet, transferencias que investiga el Ministerio Público y el SII.

Jaime Solari fue enfático al responder a CIPER: “Aguas Andinas es nuestro cliente desde 2006 y le hacemos diversas asesorías. En 2013 partió un estudio que se hizo con ellos y que duró hasta el 2015. Están los informes y todo el respaldo. No puedo mostrarlos porque es confidencial. Se pagó en varias partes, eso explica que haya pagos en 2013 y 2014”.

LONGUEIRA Y GOLBORNE

Desde abril de 2014, Aguas Andinas registra giros mensuales a Asesorías e Inversiones LB SpA, sociedad constituida el 12 de diciembre de 2013 por Pablo Longueira y su señora (Cecilia Brinkmann). Son nueve pagos que totalizan $27,5 millones. Esta sociedad de Longueira también figura recibiendo pagos de SQM por algo más de $65 millones entre 2014 y 2015. El abogado de Pablo Longueira, Alejandro Espinoza, no respondió los mensajes que se le enviaron para obtener su versión de estos hechos.

Laurence Golborne

En la contabilidad de la sanitaria, hay otra sociedad que posee estrechos vínculos con la UDI: la Corporación de Asuntos Públicos, que recibió pagos por $43,7 millones entre 2012 y 2014. Esa sociedad de la UDI también registra pagos bajo investigación del Ministerio Público: recibió de SQM $131 millones, montos que la minera rectificó. Uno de sus representantes legales es Andrés Serrano Gutiérrez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI desde 1993. Registra domicilio en Arturo Prat 60, departamento 54, ubicado frente al Instituto Nacional. Allí también funciona la oficina de la contadora Graciela Alcamán, quien firma los balances anuales de la UDI desde 2002 (ver reportaje de CIPER). En esa misma dirección registra domicilio la Sociedad Comercial L y L Limitada, de Pablo Longueira y Cristián Leay, quien hoy ocupa un cupo UDI en el directorio de TVN.

Otra empresa que aparece recibiendo pagos de Aguas Andinas y que se ha visto involucrada en el financiamiento irregular de la política, es Vox Comunicaciones, en cuya constitución participó el ex candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne. La Fiscalía investiga a la firma que hoy es liderada por Gabriele Lothholz, por emitir seis facturas falsas a Penta por un total de $120 millones, los que se ocuparon para financiar la fallida campaña presidencial de Golborne. Vox también registra pagos desde SQM que la minera rectificó y que según aseguró Lothholz a la Fiscalía, obedecen a un contrato que comenzó en julio de 2013 y dura cuatro años.

De Aguas Andinas recibió $53, 5 millones entre junio de 2013 y febrero de 2014, periodo que abarca la aventura presidencial y senatorial de Golborne. En julio pasado La Tercera informó que la Fiscalía comenzó a indagar los supuestos informes realizados por Vox para la sanitaria en la preparación de la futura formalización de Golborne. En ese contexto concurrió a declarar a la Fiscalía Víctor Salazar, quien fuera gerente de asuntos corporativos de la sanitaria. En su declaración señaló que Vox hizo un trabajo de medios sociales para manejar la crisis desatada por el corte masivo de agua en Santiago en febrero de 2013.

El 8 de octubre el SII se querelló en contra de Golborne, Gabriele Lothholz, Luis Calvo Astorquiza (socio de Lothholz en Vox), y ejecutivos de Penta por la entrega de $120 millones a la campaña de Laurence Golborne. El perjuicio fiscal se estableció en $45,3 millones. La acción judicial del SII no incluyó los más de $50 millones que le pagó Aguas Andinas.

Otra de las empresas de comunicaciones que figura en la contabilidad de Aguas Andinas es Imaginacción, de Enrique Correa. Aunque no está siendo indagada en ninguno de los procesos por el financiamiento ilegal de la política, Correa ha jugado un rol de primera línea en éstos, asesorando a los dueños del Grupo Penta, a Julio Ponce Lerou (controlador de SQM), y al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. Entre 2009 y 2012 Imaginacción recibió $179 millones deAguas Andinas. Una segunda sociedad de Correa –Consultores en Asuntos Públicos– registra pagos por más de $97 millones.

RECTIFICACIONES

La contabilidad de Aguas Andinas fue entregada a la PDI en mayo de este año en tres partes. Con la información completa, el Ministerio Público citó a Eduardo Yarur Sairafi, gerente corporativo de Finanzas y Abastecimiento de Aguas Andinas, quien declaró el 4 de septiembre. En esa ocasión, apuntó a Joaquín Villarino –ex presidente de la compañía y actual presidente del Consejo Minero–, como la persona que le indicó que debían pagarse los giros a Mario Conca y a Jaime de Aguirre, ejecutivos de Chilevisión que reconocieron ante la Fiscalía no haber prestado servicios para Aguas Andinas.

En su declaración, Yarur afirmó que habló varias veces con Santiago Valdés –el administrador electoral de la campaña presidencial de Piñera en 2009, quien fue formalizado en el caso Penta–, para coordinar los pagos, y que los documentos que autorizaron las transferencias fueron firmados por Francesc Mayné, el gerente corporativo de Comunicaciones de la sanitaria en 2010.

Sebastián Piñera

Cuatro meses antes de que el gerente de Aguas Andinas, Eduardo Yarur, asumiera ante los fiscales la existencia de pagos irregulares, ya la sanitaria había dado el primer paso que aliviaría su situación tributaria. El 30 de abril, el gerente general de Aguas Andinas, Jordi Valls, presentó al director de Grandes Contribuyentes del SII, Bernardo Seaman, la primera rectificación tributaria de la empresa. Con ello, la sanitaria reconoció pagos no respaldados.

Una semana antes se habían hecho públicos los pagos irregulares de Aguas Andinas a los ejecutivos de Chilevisión: tres facturas emitidas por Inversiones La Música (De Aguirre) entre enero y marzo de 2010, por un total de $30 millones; y cuatro facturas de  Inversiones y Servicios Carrizal (Conca), entre enero y abril de 2010, por $46,7 millones.

Cuando De Aguirre y Conca declararon ante los fiscales, afirmaron no haber prestado ningún servicio ni a Aguas Andinas, ni a otras empresas a las que también emitieron facturas falsas. Y describieron cómo esas facturas les fueron pedidas desde la empresa de Sebastián Piñera, Bancard, para concretar el pago de bonos y otros servicios que le prestaron al ex presidente y que terminaron siendo trianguladas y canceladas desde Aguas Andinas, SQM, Pampa Calichera, Andes Task (de propiedad de Alejandro Reyes, contralor de Sigdo Koopers), e Inversiones Ilihue (ligada a José Cox, socio histórico de Piñera).

No obstante que las facturas pagadas a Conca y De Aguirre fueron incluidas en las primera rectificación que hizo Aguas Andinas el 30 de abril, la empresa finalizó ese documento afirmando: “Nuestra compañía no ha registrado pagos irregulares a ejecutivos propios ni de terceros, tampoco ha disfrazado bonos, ni jamás ha celebrado contratos de especulación a fin de generar pérdidas dolosas”.

Pero alinterior de Aguas Andinas la situación no estaba controlada. De hecho, en ese preciso momento se realizaba contra reloj una auditoría interna para detectar otros pagos irregulares, a cargo del abogado tributarista Christian Aste y del auditor Francisco Ramos. A pesar del secreto que ha rodeado el trabajo de ese equipo y la investigación que ha realizado el SII, algo se encontró. Porque el 4 de junio Aguas Andinas procedió a realizar una segunda rectificación en la que reconoció que no tenía respaldo para dos facturas pagadas el 23 de marzo y el 23 de abril de 2009 al abogado Carlos Eugenio Castro Castro, por un total de $5,5 millones,.

En la rectificación de Aguas Andinas ante el SII, se hizo mención al vínculo de Castro con otros pagos irregulares: el abogado integró la nomina de denunciados por el SII el 2 de abril, por haber recibido $31 millones sin respaldo contable desde SQM. Pero hubo más, ya que Castro también le facturó en 2009 a Inversiones Caburga, de propiedad del Grupo Said. Esa empresa rectificó ante el SII $663 millones por concepto de boletas y facturas sin respaldo contable, parte de cuyos pagos –como quedó consignado en declaraciones de ejecutivos del grupo– fueron aportes a las campañas presidenciales de Frei y Piñera en 2009 (ver reportaje de CIPER).

LOS PAGOS A THINK TANKS Y UNIVERSIDADES

Aguas Andinas también registra millonarios pagos a centros de pensamiento ligados a casi todos los sectores políticos. Los think tank han justificado su trabajo señalando que los pagos de las grandes empresas están respaldados en informes de coyuntura política y seguimiento legislativo. La mayoría de estos centros cuentan con un sistema de suscripción para las empresas, donde se paga una mensualidad a cambio de un boletín.

Los aportes a think tank políticos son transversales y totalizan $422,4 millones entre 2009 y 2014. El Instituto Libertad, vinculado a RN, es el que concentra los mayores pagos: entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014 suma $117,6 millones. Libertad y Desarrollo (ligado a la UDI) recibió $72 millones de Aguas Andinas. En el mismo período, la Fundación Jaime Guzmán (UDI) obtuvo $52,3 millones. Los centros de pensamiento de la centroizquierda también aparecen: Chile 21, ligado al progresismo, percibió entre 2009 y 2014 $34,5 millones. Proyectamerica, el think tank creado a fines de la administración de Ricardo Lagos y que funcionó hasta fines de 2013, recibió $66,3 millones entre junio de 2010 y junio de 2013.

El Centro de Estudios y Gestión Ambiental Para el Desarrollo (Cegades), ligado a la corriente que encabeza Gutenberg Martínez en la Democracia Cristiana, recibió $75,6 millones. El centro de estudios que recibió la menor cantidad de dinero de Aguas Andinas es el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED): $4,2 millones en marzo de 2009.

Además de los centros políticos de pensamiento, la contabilidad de Aguas Andinas registra pagos regulares a distintas instituciones de educación superior. Parte de esos dineros son por servicios prestados y otros corresponden a donaciones, sin que se conozca los montos asignados para cada ítem.

Entre 2009 y 2014, Aguas Andinas transfirió $3.189 millones a casas de estudios superiores. Entre los que recibieron más dineros están la Universidad de Chile ($1.408 millones, incluye al Centro Nacional de Medio Ambiente, la Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias y la Fundación para la Transferencia Tecnológica); y la Universidad Católica ($922 millones, incluye al Duoc y el Dictuc). Completan la lista, la Universidad Católica de Valparaíso, la de Concepción, el Inacap, y las universidades Alberto Hurtado, Adolfo Ibáñez, Andrés Bello, del Desarrollo y Arcis.

EL CÓDIGO ÉTICO DE AGUAS ANDINAS

Aguas de Barcelona –que controla el 50,1% de Aguas Andinas a través de Inversiones Aguas Metropolitanas – tiene operaciones en 24 países, aunque tal como reveló CIPER en un reportaje publicado a fines de 2014, Chile se ha transformado en una verdadera joya para los intereses del grupo (ver reportaje).

Tanto su operación en Chile como las que mantiene en los 23 países restantes están sujetas a un Código Ético que aplica a todas las empresas del Grupo Agbar. Entre los valores y principios de cabecera del Código Ético del grupo están la integridad, el respeto, la honradez y el actuar de acuerdo con leyes y normativas. Cuando Agbar habla de integridad, por ejemplo, remite entre otras cosas a la prohibición de financiar la política.

“La política del grupo consiste en abstenerse de financiar cualquier actividad política. En los países en los que este tipo de financiación esté permitida, el grupo puede, bajo determinadas condiciones, someter a consideración la realización de aportaciones”, señala el Código Ético del grupo (ver documento).

Hasta antes de estallar el escándalo del financiamiento irregular de la política, era difícil dudar respecto del firme cumplimiento por parte de Aguas Andinas de aquella norma: nunca el directorio de Aguas Andinas ha aprobado donaciones políticas a través del conducto regular del Servel.

Pero las esquirlas del capítulo platas políticas dejaron al desnudo la fórmula que encontró la sanitaria para saltarse, sin hacer ruido, los estatutos que le impone su controladora y también las restricciones que le impone la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (Ley 19.884). Esa normativa prohíbe a los órganos de la administración del Estado, de las empresas del Estado, o de aquellas en que el Estado (sus empresas, sociedades o instituciones) tengan participación, hacer donaciones políticas. Hasta mediados de 2011, el Estado tenía un 35% de participación en la propiedad de la sanitaria, la que, aunque reducida, aún mantiene en un 5%.

En ese contexto, las facturas emitidas a Aguas Andinas por los entones ejecutivos de Chilevisión, por servicios que nunca se prestaron y cuyos dineros se presume fueron finalmente a financiar la campaña presidencial de Piñera, se estrellan de frente con la ley. En una polémica situación quedan también los más de $422 millones que Aguas Andinas pagó entre 2009 y 2014 a los centros políticos de pensamiento. CIPER se contactó con el departamento de comunicaciones del Grupo Agbar con sede en Barcelona, desde donde declinaron referirse al tema.

ABOGADOS, SUBSECRETARIOS Y DC

La contabilidad de Aguas Andinas también registra pagos por asesorías a tres ex subsecretarios de Obras Públicas -cuando ya no estaban en el ejercicio de su cargo- ministerio del que depende el ente estatal que regula a las sanitarias: la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Y si bien no forman parte del cúmulo de dineros sospechosos repartidos por la sanitaria en el periodo revisado por CIPER, sí resultan llamativos por ser pagos cuyos destinatarios han ocupado cargos clave en el sistema de regulación al cual deben someterse las sanitarias.

Guillermo Pickering

El caso más emblemático es el del abogado y ex subsecretario de Obras Públicas (1996-1999) y de Interior (1999-2000), Guillermo Pickering (DC). Su vínculo con la sanitaria es través de una de sus sociedades: Pickering, Puga y Compañía, la querecibió cuatro pagos –todos correspondientes a 2012– por un total de $35 millones.

La relación de Pickering con el mundo sanitario es estrecha y de larga data. Como subsecretario de Obras Públicas, Pickering participó en la elaboración y promulgación de la ley que en 1998 modificó el régimen jurídico que regulaba a las sanitarias. Pocos años después, el ex subsecretario se convirtió en el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) –organismo privado que reúne a las empresas del sector– y en consejero de la Fundación Agbar, creada por la matriz de Aguas Andinas. Pickering también es director de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), controlada por Aguas Andinas (51%).

–Llevo 15 años como asesor de Aguas Andinas. Trabajé toda mi vida en el sector agua, soy experto en temas sanitarios. Desde que salí del gobierno he trabajado en el sector y hace 15 años que no realizo ningún trabajo para el Estado –dijo Pickering a CIPER.

En la contabilidad de Aguas Andinas figura también el abogado Juan Eduardo Saldivia (DC), actual presidente deCopsa, asociación de empresas concesionarias. Saldivia no solo se desempeñó como subsecretario de Obras Públicas entre 2006 y 2010. También lo hizo como superintendente de Servicios Sanitarios entre 1996 y 2006. Entre mayo de 2010 y marzo de 2015, Saldivia recibió pagos que totalizan poco más de $55 millones por diversas asesorías a Aguas Andinas.

Consultado por CIPER, el abogado señaló: “Mi trabajo es jurídico, hago informes en derecho y análisis de temas. Era un contrato anual, con una tarifa fija. Dejé de ser superintendente en 2006 y la ley de superintendencia establece una prohibición de seis meses desde que dejas el cargo, así que no tenía impedimento legal”.

A Pickering y Saldivia, se suma el también abogado Clemente Pérez Errázuriz (DC), subsecretario de Obras Públicas entre 2003 y 2005. Pérez es presidente del directorio de Sustentable, empresa que entre 2009 y 2014 recibió $46 millones de Aguas Andinas. Sobre el detalle de los trabajos que realizó Sustentable para Aguas Andinas, ver Nota de la Redacción.

Un cuarto abogado figura en la lista de asesores de Aguas Andinas. Se trata del senador Andrés Zaldívar (DC), quien según informó El Mostrador, recibió pagos mensuales por más de $150 millones, entre octubre de 2006 y marzo de 2010 por asesorías de “seguimiento legislativo”.

LEY CONGELADA HACE 26 AÑOS

Cada cinco años, todas las sanitarias del país deben negociar con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), las tarifas que cobrarán a sus clientes en el próximo quinquenio. Como son monopolios regulados por el Estado, la SISS debe simular escenarios de competencia para su cálculo. Lo hace a través de la creación de una “empresa modelo”, es decir, una empresa ficticia que realiza lo mismo que la empresa real (la sanitaria), bajo parámetros de máxima eficiencia. La “empresa modelo” es el  estudio que presenta la SISS en la negociación de tarifas, el que se enfrenta al que ponen sobre la mesa las sanitarias.

En la negociación de tarifas de 2009 entre la SISS y Aguas Andinas –proceso que se realiza a puerta cerrada– los cálculos de la superintendencia en base a la “empresa modelo” indicaban que la tarifa eficiente que debía cobrar la sanitaria debía ser 21% menor a la que estaba cobrando a sus clientes. Tras la negociación, la SISS anunció que las tarifas para la Región Metropolitana bajarían solo un 1,3%.

Es precisamente en ese periodo (2010-2014), en el que pese a los cálculos a la baja del ente regulador la tarifa se mantuvo prácticamente intacta, donde Aguas Andinas ha obtenido utilidades por $572 mil millones. Casi el mismo tramo en el cual realizó pagos irregulares a sociedades vinculadas a personeros políticos y desembolsó $422 millones a think tanks de distintos partidos políticos.

Pese a que la ley que regula los servicios sanitarios arrastra evidentes falencias, su esencia no ha sido modificada en 26 años. La propia ex superintendenta de área, Magaly Espinoza, (dejó su cargo en octubre de 2015) reconoció a CIPER a fines de 2014 que las utilidades de las sanitarias en Chile debían revisarse, ya que la ley que les asegura un piso de rentabilidad del 7% y que fue creada con el fin de atraer inversión extranjera, ya no se justifica.

Vea tambiém: “ANFP paga US$500 mil al SII por contrato con sociedad de Sampaoli creada en paraíso fiscal”

El lunes 4 de enero la prensa deportiva se concentró en la votación que ungió a Arturo Salah como el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y en cómo este abordaría la crisis por la continuidad del seleccionador Jorge Sampaoli. Pero en ese primer lunes de 2016 otra noticia gestada en la sede de Quilín pasó inadvertida: se cumplían seis meses desde que el capitán Claudio Bravo levantó la Copa América y, por lo mismo, era el día en que debía dejar de existir la corporación que administró los millonarios fondos de ese torneo: el Comité Organizador  Local (COL), que cerró con utilidades por más de $10.440 millones.

Arturo Salah

La norma señala que a seis meses de cumplido el fin para el que fue creada la corporación, esta debe cerrarse. Pero ese lunes no hubo lápida para el COL. Por el contrario, la ANFP le arrimó un tubo de oxígeno: el martes 29 había acordado pedir la prórroga de las funciones del COL, con el propósito de ganar tiempo para regularizar el pago de impuestos por las utilidades que dejó la copa, una obligación que inicialmente se pretendía eludir, lo que quedó al descubierto con la revisión de las cuentas tras la caída de Sergio Jadue.

La Copa América Chile 2015 se financió con un aporte de US$7,5 millones remitidos por la Confederación Sudamericana (Conmebol) y con $19.403 millones por la venta de entradas. Descontados los gastos, los “excedentes” se empinaron por sobre $10.440 millones. Para no presentarlos como utilidades, se anotaron en la contabilidad del COL como “cuentas por cobrar”. De esa manera se transfirieron a la ANFP intentando eludir las obligaciones tributarias.

El COL, contrario a lo que planificó inicialmente la ANFP, debe pagar impuestos. Así lo estimaron tres equipos de especialistas, dos de ellos requeridos por la misma ANFP y el tercero por la comisión revisora de las cuentas de la Copa América que encabezó el ex contralor Ramiro Mendoza. CIPER tuvo a la vista las conclusiones de dos de estos consultores.

Este desembolso obligatorio achicará aún más la caja con la que contará Arturo Salah, debido a que la ANFP ya tuvo que pagar US$500 mil a Impuestos Internos (SII) para regularizar los tributos adeudados por los pagos al cuerpo técnico de la Roja. Esto, pues los “derechos de imagen” y premios pagados a Jorge Sampaoli y sus ayudantes en 2013 y 2014 fueron depositados por la ANFP en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes sin cancelar todos los impuestos en Chile.

Como no estaba en los cálculos de la ANFP, este nuevo gasto por los tributos del COL agrega pimienta a las negociaciones entre Salah y un Sampaoli disgustado por las filtraciones de sus contratos. Esto, porque con el antecedente de que la ANFP deberá seguir abriendo la chequera ante el SII, si el entrenador se empecina en partir es esperable que el nuevo presidente del fútbol endurezca su posición para cobrarle la cláusula de salida. Diversos medios han señalado que esta compensación bordea los US$6 millones, aunque no se ha entregado una cifra oficial.

OPERACIÓN RELÁMPAGO

El trámite para pedir la extensión deL COL se decidió y se puso en marcha en tiempo récord. El martes 29 de diciembre, después de reunirse con expertos tributarios que explicaron la necesidad de prolongar la vida del COL -para reformar sus estatutos y así ordenar sus cuentas y pagar en regla los impuestos-, dirigentes de la ANFP aprobaron reducir a escritura pública y protocolizar ante notario un acuerdo destinado a prorrogar la existencia legal del Comité Organizador Local como corporación sin fines de lucro. Según explicó a CIPER una fuente que conoció estas tratativas, en estos días el escrito debía ser presentado a la Municipalidad de Peñalolén, en cuya jurisdicción se emplazan los campos de Quilín y donde se habían hecho los trámites que dieron origen a la misma corporación en 2013. La operación debía ser visada por el nuevo directorio que lidera Salah. Hasta el jueves 7 de enero el equipo a cargo del trámite no había recibido orden contraria.

La solicitud de ampliación de la vigencia del COL será gestionada por la Municipalidad de Peñalolén cuando, en paralelo a ese proceso, el Ministerio de Justicia mantiene en suspenso si pide la clausura de la personalidad jurídica de la propia ANFP. La asociación también es una corporación sin fines de lucro y sus cuentas y balances han sido rigurosamente fiscalizados por la cartera que dirige la ministra Javiera Blanco después del escándalo desatado por la entrega de Sergio Jadue a la justicia de Estados Unidos (ver reportaje de CIPER sobre la fiscalización del ministerio a la ANFP).

Se espera que la nueva directiva de Salah plantee a la ministra un calendario acotado para normalizar y transparentar las cuentas y procedimientos internos de la ANFP, si la asociación quiere seguir gozando de la calidad de corporación sin fines de lucro.

Fue en la misma reunión del pasado martes 29 de diciembre donde los expertos tributarios informaron a la ANFP que para pagar los impuestos del COL era necesario realizar cambios a sus estatutos. Y para concretar esas reformas –expusieron- urgía solicitar la prórroga de la vigencia del COL antes de que se cumpliera el plazo del lunes 4 de enero. Quedaban apenas tres días hábiles. De ahí el apuro. Y también la reserva: nadie quería manchar con un tema tan amargo como la elusión de impuestos el día de las votaciones para elegir a la nueva directiva.

Con esta, ya son cuatro las veces en que la ANFP, desde que asumió Sergio Jadue como presidente en 2011, tramita millonarias regularizaciones tributarias: la primera fue por el cobro de una deuda de IVA que llegó a sumar más de $4 mil millones y que inicialmente ocasionó el embargo de las platas del Canal del Fútbol (CDF) y luego de los terrenos de Quilín; la segunda fue para conseguir una condonación que permitió a la ANFP rebajar una deuda tributaria de $38 mil millones hasta cancelar solo $1.400 millones; después vino la reciente rectificación de US$500 mil por los impuestos que no se pagaron al depositar en Islas Vírgenes los bonos del cuerpo técnico que encabeza Sampaoli y, finalmente, esta operación que recién se puso en marcha para prolongar la existencia del COL y regularizar los impuestos por las utilidades de la Copa América.

CIPER analizó cada una de estas intervenciones que le han permitido a la ANFP, con distintos mecanismos de rebajas y beneficios, poner al día obligaciones tributarias impagas, algunas originadas en los años 90. En el análisis de estas operaciones, CIPER estableció que la ANFP no paga impuestos por las ganancias que le deja la selección nacional -y que reparte entre los clubes-, bajo el subterfugio de que los equipos las utilizan de manera exclusiva para fomentar y desarrollar el “fútbol joven”, un objetivo que genera la exención, pero cuyo cumplimiento nadie fiscaliza.

La argucia del financiamiento del “fútbol joven” ya había sido detectada por CIPER en las donaciones que irregularmente recibieron las sociedades anónimas que controlan los clubes, a pesar de que ese beneficio está reservado por ley solo para entidades sin fines de lucro. Esto motivó que el Instituto Nacional de Deportes bloqueara el acceso de 17 clubes de fútbol profesional al sistema de donaciones (vea el reportaje de CIPER). Entre estos se contaba Colo Colo, que entre 2010 y 2012 recibió más $1.600 millones en donaciones irregulares y cuya sociedad administradora -Blanco y Negro- participó en ese sistema al menos hasta 2013, cuando ya era presidida por Arturo Salah, el ahora flamante timonel de la ANFP.

LAS UTILIDADES DEL COL

Después de que en mayo del año pasado el FBI dio a conocer su investigación sobre los sobornos pagados en la FIFA y en la Confederación Sudamericana (Conmebol), la ANFP, todavía presidida por Jadue, pidió a especialistas tributarios que revisaran las cuentas con el dinero que había enviado la Conmebol para la organización de la Copa América. En junio se recibió la respuesta: el COL debía pagar tributos como todo contribuyente afecto a la Ley de Impuesto a la Renta. La cuantía de esos tributos quedaba supeditada a establecer en qué calidad había recibido el COL los US$7,5 millones entregados por la Conmebol.

Las noticias empeoraron: el COL no podía acogerse a beneficios tributarios porque fue creado por personas naturales, Sergio Jadue, Óscar Fuentes, Rodrigo Grumberg, Jaime Baeza y Norman Bull. Si la entidad la hubiese fundado otra corporación sin fines de lucro, como la propia ANFP, podría haber obtenido rebajas de impuestos. Eso, en virtud de la Ley 8.834, una norma de 1947, que estableció exenciones del impuesto a la renta para las entidades sin fines de lucro que fomenten el deporte.

Sergio Jadue

Una vez establecido que el COL debía pagar impuesto a la renta, era necesario determinar a cuánto alcanzarían los tributos. Para aclararlo, se requería despejar si el COL era el propietario de los recursos o solo los administraba por mandato de la Conmebol.

Los diversos especialistas tributarios que han analizado el problema, dan por sentado que la Confederación Sudamericana es la única entidad que puede organizar campeonatos de fútbol profesional a nivel del subcontinente y, además, se reserva la comercialización de todos los derechos que deriven de estos torneos. En síntesis, asumen que la Copa América le pertenece a la Conmebol y que el COL solo funcionó como un intermediario que la organizó. Por eso, los expertos estiman que tanto el COL como la Conmebol deben pagar impuestos en Chile, pero sostienen que la cantidad que corresponde a cada una solo se podrá determinar una vez que el COL rinda formalmente a la confederación el dinero que gastó y se establezca el destino de las utilidades.

Para algunos de los especialistas consultados por la ANFP, la única forma de que el Comité Organizador Local aparezca formalmente como administrador de los recursos por mandato de la Conmebol, es especificándolo en los estatutos del COL. Por eso, indican, se requiere efectuar una reforma a esos estatutos que incluya, además, el mecanismo a través del cual el COL tendría que rendir los gastos ante la confederación. Solo manteniendo con vida al COL se podrían efectuar estas modificaciones tendientes a aclarar el supuesto mandato de la Conmebol, regularizar las cuentas, rendir los gastos y finalmente determinar la suma que se debe pagar al SII.

 UNA DEUDA DE LA PREHISTORIA DEL CDF

La primera vez que la ANFP se vio enfrentada al SII bajo la gestión de Sergio Jadue ocurrió en 2011. Ese año la Tesorería General de la República embargó el flujo de dinero desde el Canal del Fútbol (CDF) hacia la ANFP. La deuda se originó en 1994 por un contrato firmado entre la asociación, entonces presidida por Ricardo Abumohor, y la desaparecida Cable Express, por los derechos de TV del fútbol local.

Ricardo Abumohor

La operadora de cable aseguró que la operación no pagaba IVA y Abumohor, precavido, puso en el contrato que en caso de que el SII exigiera el pago sería Cable Express la que se haría cargo o costearía los gastos de un eventual juicio. Además, pidió boletas de garantía reajustables para asegurar que no habría perjuicio para la ANFP.

En 1999 el SII pidió a la ANFP que rectificara los pagos de IVA y se originó un litigio que involucró a VTR, sucesora legal de Cable Express. En 2011, producto de esta deuda, la Tesorería embargó los flujos del CDF a la ANFP por una cifra superior a los $4 mil millones, lo que puso en riesgo la continuidad de prácticamente todos los clubes de Primera A y Primera B.

Los abogados de la ANFP consiguieron que la Tesorería cambiara el embargo de los flujos del CDF por el de los terrenos de Quilín. Luego, apuraron a VTR para que se hiciera cargo del pago de la deuda, pero la empresa lo fue aplazando a la espera de conseguir una condonación de intereses y multas por parte del SII. Esas conversaciones se trabaron porque a mediados de 2012 se conocieron las irregularidades de la “megacondonación” concedida por el SII a Johnson’s, lo que ralentizó todos los procesos de condonación.  En medio de este tironeo, en la ANFP detectaron que en administraciones anteriores no se habían renovado las boletas de garantía, por lo que el panorama pintaba bastante oscuro para el directorio de Sergio Jadue.

El incordió se extendió hasta octubre de 2012 cuando los abogados de la ANFP consiguieron que VTR se allanara a cancelar lo adeudado, pero después de lograr una sustancial rebaja de las multas e intereses. La cifra que en definitiva se pagó fue de $1.360 millones.

IMPUESTOS IMPAGOS DESDE 1999

En paralelo a exigir el pago del IVA por el contrato de los derechos de TV, el SII también inició la cobranza de impuestos asociados a las transacciones y utilidades de la ANFP en el periodo 1999-2010. El monto exigido por el SII llegó a sumar más $38 mil millones.

La asociación se defendió con el argumento de que estaba exenta de pagar impuestos, sobre la base de la ya mencionada ley promulgada en 1947. La norma favorece a entidades asociativas con personalidad jurídica que fomenten el deporte y que no tengan fines de lucro. Sobre este último requisito, los expertos consultados por el directorio de Jadue estimaron que la ANFP dejó de cumplirlo desde 2005, cuando se formaron las sociedades anónimas deportivas con fines lucrativos y fueron aceptadas en la asociación.

Los abogados de la ANFP, en negociaciones con la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, tuvieron que aceptar que no correspondía la exención en virtud de la ley de 1947. Pero defendieron la tesis de que esta exención había corrido hasta 2005, por lo que los tributos se adeudaban desde ese año, y que los dineros que recibía la asociación (del CDF y de la selección nacional,  principalmente) pertenecen a los clubes que la integran, por lo que la ANFP solo actúa como mandataria que reparte esos recursos entre sus miembros. Impuestos Internos aceptó esta interpretación, por lo que estos flujos se consideraron como “gastos” y no como utilidad.

El litigio por los impuestos impagos entre 2005 y 2010 se cerró el 27 de enero de 2014 con una fuerte condonación de multas e intereses. La suma final que pagó la ANFP fue de $1.691 millones, menos del 5% de la cifra original. Pero el resultado no le gustó a Sergio Jadue, quien manifestó su molestia por escrito, en un correo dirigido a varios dirigentes y funcionarios de la ANFP, por no haber obtenido una rebaja más amplia. Luego se regularizaron los impuestos correspondientes a 2011, 2012 y 2013, donde se aplicó la tesis de que los flujos eran “gastos”, por lo que la ANFP incluso consiguió que le rebajaran impuestos y terminó pagando una cifra definitiva de $1.440 millones para subsanar todas sus diferencias con el SII.

El triunfo de la ANFP fue dejar sentado ante el SII que el dinero que recibe del CDF es “gasto” y que los impuestos por esos recursos deben pagarlos el mismo Canal del Fútbol y los clubes destinatarios de los fondos. El ahorro es significativo: en 2014 el CDF repartió entre los clubes más de $47 mil millones. Las sociedades anónimas que manejan los equipos profesionales no quieren pagar impuestos por cifras tan altas, por lo que la ANFP estudia modificar su trato con el CDF, a objeto de aumentar el valor de los derechos de imagen del fútbol local. Así la mayor parte del dinero que les llegaría a los clubes desde el canal sería por concepto de pago de esos derechos y no como utilidades a repartir, lo que disminuiría sensiblemente la tributación (vea el reportaje de CIPER “La milagrosa fórmula para rebajar impuestos del CDF”).

EL ARDID DEL “FÚTBOL JOVEN”

Después de salvar con éxito su largo round con el SII por los impuestos impagos, la ANFP nuevamente requirió los servicios de expertos en materia tributaria. Esta vez para consultarles si la asociación, siendo una corporación sin fines de lucro, podía repartir dinero entre los clubes que la integran. Los fondos que reparte la ANFP entre sus miembros provienen de dos fuentes: el CDF y los ingresos que deja la selección nacional.

La respuesta de los especialistas indicó que con el dinero del CDF no habría problemas, ya que se entiende que los clubes le ceden a la ANFP la administración de sus derechos de imagen y luego reciben el pago del canal por intermedio de la asociación. En todo caso, para asegurarse de no volver a tener problemas con el SII, se modificaron los estatutos de la ANFP a objeto de incluir formalmente en ellos que la asociación recibe el mandato de los clubes para intermediar los recursos.

Los especialistas en planificación tributaria fueron más cautelosos para tratar el tema de los ingresos que deja la selección de fútbol. Lo consideraron un activo de la ANFP que le genera ingresos. La Roja, dijeron, es un producto de la ANFP. Y ejemplificaron con que la asociación no recibe ni requiere mandato de terceros para comercializar los derechos de la selección nacional, ni para fijar los pagos que se hacen a su cuerpo técnico ni a los jugadores. Y esto es un problema, porque si la ANFP reparte entre los clubes los dineros que produce la Roja -como lo ha hecho-, se convierte en una corporación sin fines de lucro que de manera irregular genera utilidades y las reparte entre sus integrantes que además, son sociedades anónimas.

Para manejar esta situación, se propuso otra modificación de estatutos. Esta reforma se basa en la siguiente tesis: la selección nacional es un activo que pertenece a la ANFP y que genera gastos por la necesidad de contar con jugadores de buen nivel, por eso se justifica que la asociación entregue dinero a los clubes para fomentar el hallazgo y desarrollo de valores jóvenes. Así, las utilidades que genera la selección se pueden repartir a los clubes bajo el compromiso de que sólo se deben invertir en el “fútbol joven”, como se denomina ahora a las series infantiles y juveniles.

En enero de 2013 la ANFP generó un instructivo sobre el tratamiento contable que los clubes deben dar a los dineros que reciben de la selección, de tal forma de unificar el registro de entrega y rendición. Además, se hizo un seminario en la ANFP al que asistieron dirigentes y funcionarios de los clubes para explicarles estos cambios.

Carlos Heller

Cada club debía firmar un convenio con la ANFP, donde se comprometía a recibir los fondos generados por la Roja y dedicarlos exclusivamente a la formación de nuevos futbolistas. Las rendiciones de cuentas de los equipos debía pedirlas la gerencia de la ANFP, que bajo la gestión de Sergio Jadue estaba en manos de Rodrigo Grumberg. Sin embargo, profesionales que participaron en este proceso de adecuación de los estatutos y de las cuentas dijeron que no hay certeza de que se hayan cumplido los convenios.

La falta de rigurosidad en el registro y uso del dinero generado por la selección quedó en evidencia  en el último Consejo de Presidentes que encabezó Sergio Jadue, el 6 de noviembre pasado, cuando rindió cuentas de la Copa América y aseguró que ya se habían repartido a los clubes $3.200 millones generados por ese torneo. El calerano fue duramente interpelado, ya que ese dinero en realidad provenía de la selección: correspondía a una cuota de los derechos de TV y comercialización de la Roja que paga MegaSports. Esa empresa, cuyo dueño es Carlos Heller, el controlador de Azul Azul, propietaria del club Universidad de Chile, desembolsó un total de US$106 millones por esos derechos hasta el Mundial de Rusia 2018.

DEPÓSITOS EN ISLAS VÍRGENES

El 22 de diciembre pasado, CIPER reveló que la ANFP había pagado US$500 mil al SII para regularizar la situación tributaria de los dineros que había depositado en sociedades constituidas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, propiedad de Jorge Sampaoli y sus ayudantes, Sebastián Beccacece y Jorge Desio. Esa fue la tercera vez, bajo la gestión de Sergio Jadue, que el directorio de la asociación recurrió a expertos tributarios para rectificar el pago de impuestos.

Jorge Sampaoli

Inicialmente, CIPER informó que los depósitos en Islas Vírgenes que fueron regularizados con el pago de US$500 mil al SII, correspondían a un contrato por derechos de imagen del cuerpo técnico de la Roja que incluía los premios de la Copa América. Pero eso era inexacto. En realidad, como lo aclaró un reportaje posterior de The Clinic, los dineros que fueron rectificados corresponden al pago por derechos de imagen que Sampaoli y sus colaboradores percibieron entre los años 2013 y 2014, además de los premios por la clasificación al Mundial de Brasil 2014 y por haber escalado hasta la segunda ronda en ese mismo torneo.

Todos estos pagos en Islas Vírgenes hechos hasta fines de 2014, que totalizan más de US$6,1 millones, pudieron acogerse al beneficio de repatriación de capitales incorporado de manera transitoria en la reforma tributaria. Este “incentivo” para declarar el dinero que se encontraba en el extranjero estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2015 y permitía regularizar la situación tributaria de esos fondos pagando una tasa de solo 8%.

Todo lo que Sampaoli y sus ayudantes percibieron como ingresos desde 2015, no tendrá ningún beneficio tributario. El último cambio en sus contratos se efectuó el 16 de noviembre pasado y estipuló que Sampaoli recibiría US$59.234 mensuales y que los premios por la Copa América totalizarán US$6,2 millones (US$3,1 millones para el entrenador y US$1,5 millón para cada uno de sus colaboradores).

Este jueves 7 de enero en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, el subdirector de Fiscalización del SII, Norberto San Martín, explicó a los parlamentarios que los impuestos por las rentas de Sampaoli y su cuerpo técnico –ya sea como sueldo, premio o derecho de imagen- deben ser cancelados por la ANFP, en calidad de empleadora, según informó el diputado Matías Walker.

De acuerdo con esta interpretación, es la asociación la que debe cancelar los impuestos por los derechos de imagen y los premios de la Copa América pactados con el entrenador y sus ayudantes en 2015. Con esos nuevos millonarios montos que deberá pagar la ANFP al SII, a Salah se le achica la caja disponible para negociar con Sampaoli una eventual cláusula de salida.

Para el próximo 29 de enero, está fijada la audiencia de formalización en la que el fiscal jefe de Rancagua, Luis Toledo, notificará a los primeros imputados por el millonario negocio de especulación inmobiliaria en Machalí, que tiene como protagonista a la empresa CAVAL, propiedad de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon y del relacionador público Mauricio Valero.

Mauricio Valero y Natalia Compagnon

Uno de los primeros formalizados será el propio Valero, a quien se le notificará del delito de soborno. La imputación que recae en el socio de Natalia Compagnon pone en la mesa antecedentes hasta ahora desconocidos sobre su participación en el principal delito que se habría cometido en el municipio de la Sexta Región.

De acuerdo a la información recogida por CIPER, la Fiscalía habría acreditado la existencia de dos pagos girados por Valero desde la cuenta de CAVAL en 2013  y 2014 por un total de $20 millones al operador político UDI y gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda. Díaztrabajó junto al síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín en el cambio de uso de suelo de los terrenos y buscando compradores para estos, encargos que le significaron el pago de $415 millones.

Una de las tesis que maneja el Ministerio Público, es que los destinatarios finales de esos $20 millones que recibió Díaz de Valero habrían sido funcionarios del municipio de Machalí encargados de agilizar el cambio de uso de suelo de los terrenos que adquirió CAVAL, operación que multiplicaba las ganancias del negocio.

La formalización de Valero por soborno resulta llamativa. Hasta hoy solo se conocía que en la arista de las irregularidades cometidas en el municipio de Machalí, el socio de Compagnon en CAVAL era investigado por tráfico de influencias y por el uso de información reservada, la que fue entregada por un funcionario municipal (ver reportaje de CIPER).

Los cargos por los que el fiscal Toledo llevará a tribunales a los 10 imputados –entre ellos CAVAL como persona jurídica-  son: soborno, cohecho, prevaricación y ventajas indebidas, en calidades de autores, cómplices y encubridores.

Junto a Mauricio Valero, también será formalizado por soborno Juan Díaz, quien habría repartido los dineros ilícitos en la Municipalidad de Machalí. La fiscalía investiga como receptores de esas platas negras al ex director de Obras del municipio y brazo derecho del alcalde José Miguel Urrutia (UDI), Jorge Silva Menares, y a la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, también funcionaria a honorarios del municipio y sobrina de Patricio Wiesner del Solar, dueño original de los terrenos de Machalí. Ambos serán formalizados el próximo 29 de enero por cohecho. A ellos se suma Marisol Navarrete, esposa de Silva, como cómplice.

“VENTAJAS INDEBIDAS”

Una segunda línea de investigación que da pie a las formalizaciones solicitadas por el fiscal Luis Toledo, se relaciona con las presuntas irregularidades en la administración del convenio judicial preventivo de la sociedad Wiesner S.A., controlada por Patricio Wiesner del Solar.

El síndico Herman Chadwick, quien llevó adelante el convenio judicial, será formalizado como autor del delito de “ventajas indebidas del síndico”, consagrado en el artículo 38 del Libro IV del Código de Comercio. Por el mismo delito, en calidad de cómplice, será formalizado el ingeniero comercial y colaborador de Chadwick, Andrés Orchard Vergara.

Herman Chadwick Larraín

Tal como sucede con Valero, la imputación del Ministerio Público contra el síndico también arrojó nuevos antecedentes. En la formalización aparecieron dos nombres que habían estado muy lejos de los roles protagónicos del guión de la trama CAVAL. A los abogados de Patricio Wiesner, Daniel Huerta Cordero y Matías Ovalle Andrade, el fiscal les imputa prevaricación (perjudicar a su cliente, la familia Wiesner), además de ser encubridores de las presuntas ventajas indebidas obtenidas por Chadwick.

Las acusaciones hechas por Toledo contra Chadwick, Orchard, Huerta y Ovalle, remiten a un mismo episodio: la entrega por parte de Helga Riffart, esposa de Patricio Wiesner, de un cheque por $96 millones al síndico Chadwick. Este pago la fiscalía lo cuestionó por dos motivos: por haberse girado a la sociedad Vicuña y Cía., de propiedad de Andrés Orchard y no del síndico; y porque esas platas estarían al margen de los honorarios que por ley debía recibir Chadwick como interventor del convenio y que alcanzaron un monto de $178 millones.

El antecedente que no se conocía es que esos $96 millones no fueron a parar íntegramente a los bolsillos del síndico. Daniel Huerta y Matías Ovalle, los abogados de la familia Wiesner-Riffart, recibieron $40 millones de ese monto, hecho que los Wiesner desconocían al momento del pago. El resto se repartió entre Chadwick ($34 millones) y Orchard ($22 millones).

LA “JUBILACIÓN” DE LOS WIESNER

La inclusión de los abogados Huerta y Ovalle en la lista de los primeros formalizados abre la puerta a un capítulo desconocido de la madeja de CAVAL. Se trata del inusitado protagonismo que adquirió de principio a fin en el negocio la familia Wiesner-Riffart, dueña de los predios.

Alex Wiesner

A pesar del bajo perfil que han logrado mantener desde que en febrero de 2015 estallara el escándalo, información a la que accedió CIPER evidencia que los Wiesner cumplieron un rol de primera línea tanto en las gestiones para cambiar el uso de suelo de los terrenos, como en la venta de estos a CAVAL. También en varias de las operaciones que hoy comprometen a parte de los que serán formalizados por Toledo a fines de enero. Entre ellas, el cuestionado pago de $415 millones a Juan Díaz –y que nunca fue informado a la comisión de acreedores–, y la polémica transferencia por $96 millones a la sociedad de Andrés Orchard.

Las gestiones familiares fueron comandadas principalmente por Alex Wiesner Riffart, quien desde un comienzo tuvo un firme propósito en mente: dejar a su padre con un millonario saldo a favor una vez liquidados los bienes de su empresa al borde de la quiebra. Y lo logró. Porque al final del proceso los Wiesner-Riffart se quedaron con un “vuelto” de más de $2.100 millones y sin ninguna imputación judicial.

Diametralmente distinta fue la situación de los dueños de CAVAL. A su incierto escenario judicial se suma el hecho de que su ganancia inicial de $2.500 millones se redujo drásticamente una vez que explotó el escándalo: pagó casi $800 millones a Juan Díaz y tuvo que devolver $1.250 millones al comprador final de los terrenos, Hugo Silva.

HORA CERO

A principios de abril de 2010, el directorio de Wiesner S.A. se vio obligado a tomar decisiones. Los pasivos de la empresa agrícola controlada por distintas sociedades de los Wiesner –Kollwen Trust, Inversiones Wiesner y Cía., Inmobiliaria Nova e Inversiones Agrofrut– superaban los $4 mil millones. La situación se hacía insostenible y para inicios de 2011, Wiesner S.A.  se hallaba al borde de la quiebra y con una ruma interminable de cuentas por pagar a bancos –principalmente el Rabobank– proveedores y empleados.

En los directorios de Wiesner S.A. participaba Patricio Wiesner, su esposa Helga Riffart, sus hijos Alex y Gisela, el ingeniero Herman Benson, y Jorge Lufin Huerta (quien fue además contador de Asesorías y Negocios, sociedad de propiedad de Giorgio Martelli, creada para levantar fondos para la precampaña de Michelle Bachelet).

En una presentación del 20 de abril de 2011, quedó consignado el paquete de medidas con que la sociedad enfrentaría la severa crisis. Entre ellas, que para pagar sus deudas, Wiesner S.A. se acogería a un convenio judicial preventivo, aportando los activos de la empresa -los predios San Diego y Santa Elena (más la maquinaria y equipamiento que allí existía)- y otros bienes de la familia, entre los que se encontraban los predios Los Castaños, Santa Cecilia y Santa Emilia.

Junto a la decisión de acogerse al convenio preventivo de quiebra, los Wiesner-Riffart diseñaron un ambicioso proyecto que incluía la licitación de los terrenos puestos a disposición del convenio a inmobiliarias y la construcción de una laguna artificial de tres hectáreas a cargo de Crystal Lagoons, la compañía del empresario Fernando Fischmann.

Pese a que este proyecto finalmente no se materializó, los esfuerzos de la familia se volcaron a obtener el máximo rendimiento de los bienes aportados a la quiebra preventiva.

GESTIONES TEMPRANAS

El junio de 2011, Patricio Wiesner presentó en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago el convenio judicial preventivo de Wiesner S.A. A fines del mismo mes, el juez citó a una primera junta de acreedores, la que se constituyó el 25 de agosto. En el acta de constitución se estableció que las reuniones de la comisión se efectuarían una vez al mes en las oficinas de Herman Chadwick Larraín –el síndico de quiebras escogido por el Rabobank– ubicadas en el barrio El Golf. Pero a lo largo de todo el proceso, la comisión solo sesionó en cuatro oportunidades.

Tras jurar como síndico del convenio, a Chadwick se lo mandató para “efectuar los trámites administrativos necesarios para modificar el uso de suelo de los inmuebles que forman parte de la masa de activos a fin de mejorar su valoración comercial”, tal como se lee en uno de los documentos del convenio (13 de junio de 2011).

Solo días después de constituirse la comisión de acreedores, Juan Díaz Sepúlveda y Cynthia Ross Wiesner llegaron a las oficinas del síndico Chadwick. La visita de Díaz, quien conocía al síndico, fue fructífera: acordó con el síndico hacer las gestiones necesarias para agilizar el cambio del plano regulador de Machalí, paso clave para poder vender los terrenos de la sociedad Wiesner a un precio mucho mayor.

Municipalidad de Machalí

Díaz se convirtió así en uno de los protagonistas de la compleja trama CAVAL. Ross, en tanto, antes de presentarse en la oficina del síndico junto a Juan Díaz (agosto 2011), ya asesoraba a su tío, Patricio Wiesner, con los trámites para acelerar el cambio de uso de suelo de los terrenos en venta.

Según la declaración que prestó a la Fiscalía una funcionaria del municipio de Machalí, Cynthia Ross y su tío Patricio Wiesner tuvieron una reunión con el director de Obras Jorge Silva en mayo de 2011, poco antes de activarse el convenio (en agosto de 2012 la arquitecta Cynthia Ross sería contratada a honorarios en la dirección de Obras de Machalí).

Corría septiembre de 2011 y se acercaba la fecha del remate de la primera porción agrícola de los terrenos –el que ejecutó la corredora Macal– y el 26 de ese mes, el hijo de Patricio Wiesner -Alex Wiesner- les propuso al síndico Chadwick, Andrés Orchard, al abogado de la familia, Daniel Huerta y a su padre, repasar la estrategia de venta de los campos. En el correo electrónico escribió:

“Dudo que en un remate de Macal el campo se venda a 50 millones/hectárea. Si la Cynthia logra cambiarle el uso de suelo rápido a Santa Cecilia y San Diego, deberíamos hacer un master plan y vender por macro lotes (…) Además, si la Cynthia cree que igual le puede cambiar el uso a todo, yo no  haría el remate”.

Ese email como otros del mismo tenor y que forman parte del expediente judicial, dan cuenta de que los Wiesner-Riffart eran los principales interesados en que el cambio de uso de suelo se hiciera efectivo antes de que se cumpliera el plazo pactado con los acreedores para liquidar los bienes. El “vuelto”, tal como lo señaló Alex Wiesner al síndico Chadwick en un email del 9 de julio de 2013, debía ser de a lo menos US$ 6 millones.

“PUNTO DE COCCIÓN”

En septiembre de 2012 el síndico Chadwick puso sobre la mesa una oferta del empresario inmobiliario Pedro Heimpell. Según lo que contó Heimpell a El Mercurio, Juan Díaz le pidió $600 millones suplementarios al valor de los terrenos para cubrir los ingentes gastos en los que había incurrido para acelerar el cambio al uso de suelo. La solicitud de esa comisión le significó a Díaz perder a su comprador.

Extrañamente, la oferta de Heimpell –de UF 0,54 por metro cuadrado– nunca fue discutida en la comisión de acreedores. Al menos no hay constancia en ninguna de las actas. De lo que sí quedó huella es que esa oferta sí fue discutida entre Alex y Patricio Wiesner, el abogado Daniel Huerta (quien participaba en la comisión de acreedores en representación de Wiesner) y el síndico Herman Chadwick. Así lo prueban los correos electrónicos que incautó la Fiscalía.

En ese momento la venta de los terrenos se estaba convirtiendo en una meta difícil para los Wiesner. “Pasan y pasan las semanas, ya hemos llegado al punto de cocción”, le escribió Alex Wiesner al síndico poco antes de que la oferta de Heimpell se desvaneciera. El deseo de la familia era cerrar el 2012 con el convenio resuelto, las deudas pagadas y “el vuelto en la cuenta”. Pero sus expectativas se frustraron.

Aunque la venta no se concretó, la familia Wiesner confiaba a ciegas en que el cambio de uso de suelo se haría realidad en el corto plazo. “En seis meses más, este paño va a valer a lo menos UF 0,8”, le escribió Alex Wiesner al síndico Chadwick a fines de noviembre de 2012.

UN FRENÉTICO 2013

La única oferta que vino luego de la del empresario Heimpell, fue la de CAVAL. Informado por Patricio Cordero y Juan Díaz del negocio, el 3 de abril de 2013 Mauricio Valero manifestó por correo electrónico al síndico la intención de CAVAL de adquirir los paños por UF 0,54 el metro cuadrado.

Pese a que los plazos apremiaban –los acreedores habían decidido extender por única vez y por 12 meses a contar de enero de 2013 el plazo límite para la venta de los activos– los Wiesner rechazaron la propuesta: “Hemos pasado por el desierto tratando de sacar adelante el cambio de uso, invertimos UF 6.000 (NdR: en pagos a Juan Díaz) en el proceso, más todo el estrés invaluable. A ese precio no podemos vender”, escribió Alex Wiesner a Chadwick el 5 de julio de 2013.

Matías Ovalle

Los plazos se agotaban. De no aparecer otras propuestas, estarían forzados a vender rápido y eso hacía peligrar el principal objetivo de la familia: quedarse con dinero una vez liquidados los bienes. Con la premura a cuestas, cuatro días más tarde, el 9 de julio, Alex Wiesner le planteó a Chadwick la necesidad de obtener una mejor oferta:

“Ya estamos en la recta final y perfectamente se puede negociar un precio más alto, ya que el vuelto debe ser a lo menos US$ 6 o 7 millones. Es la última chance de poder quedar con un patrimonio familiar razonable después de 50 años de trabajo de mi papá”.

El mismo mes de abril de 2013 en que llegó la oferta de CAVAL, Alex Wiesner le preguntó por email al síndico Herman Chadwick si el cambio de uso de suelo ya se había presentado en el Consejo Regional (CORE). Fue la propia Cynthia Ross, ya como funcionaria municipal, la que a principios de julio le advirtió al síndico Chadwick que el cambio de uso de suelo podría tardar más de lo esperado:

“Como profesional encargada por parte del municipio para ver los temas urbanos de la comuna, te informo que dado el año de elecciones y la lentitud que percibo en la región, vislumbro que con suerte en un año más esto se aprobará”.

Enterado de la noticia, el 9 de julio Alex Wiesner le escribió a su abogado, Matías Ovalle: “Veré con Cynthia qué podemos hacer para que el CORE avance rápido”. La respuesta del abogado fue: “Es un tema demasiado importante. Por favor avísame cómo te va con tu prima”.

Lo que los Wiesner no supieron fue que en agosto de 2013, cuando Valero y Compagnon subieron su oferta a UF 0,6 CAVAL era una empresa prácticamente insolvente. Eso no fue impedimento para que cuatro meses más tarde, Andrónico Luksic, controlador del Banco de Chile, le otorgara a Natalia Compagnon el millonario crédito por $6.500 millones que haría posible la compra de las 44 hectáreas en Machalí.

LA REPARTIJA A JUAN DÍAZ

Vendidos los terrenos y liquidados los bienes de los Wiesner, vino el último ajuste de cuentas. En el transcurso del proceso y de modo informal se habían prometido varios pagos a distintos intervinientes. Restaba, por ejemplo, hacer efectivo un saldo de los $415 millones que finalmente recibió Juan Díaz por sus gestiones de cambio de uso de suelo y venta de los terrenos.

Y si bien los pagos a Juan Díaz nunca fueron aprobados por la comisión de acreedores, antecedentes recabados por CIPER y correos incautados por la Fiscalía indican que esos honorarios sí estaban en conocimiento de la familia Wiesner.

El 25 de abril  de 2014 Alex Wiesner le escribió a Herman Chadwick pidiéndole “negociar” las platas que se debían pagar por el cambio de uso de suelo:

“Si puedes lograr bajar estos honorarios a UF 4.000 adicionales, es decir, sumado a las UF 6.000 iniciales, que quede todo en UF 10.000, nos dejaría muy conforme. Antes de los descuentos finales de cambio de uso y honorarios extra tenemos un vuelto aproximado de UF 115.000, mi target es dejar a mi viejo con unas UF 107.000”.

Dos días antes, Chadwick había intentado negociar con Juan Díaz sus honorarios. Pero Díaz se puso firme y le respondió el 23 de abril de 2014, a través de un correo electrónico:

“Patricio Wiesner llamó a su sobrina Cynthia para preguntarle por el valor aproximado del estudio de cambio de suelo y ella con todos sus contactos y experiencia le informó que el costo total debiera ser de UF 22.000 y yo estoy cobrando UF 17.500, por lo tanto estamos bastante baratos para todo el trabajo que se hizo (…) Recuerda también que hicimos la gestión exitosa de la venta del terreno”.

Siete días más tarde Alex Wiesner volvió a escribir a Chadwick, en busca de una respuesta a su petición de bajar los honorarios de Díaz e insistiendo en mantener el tema al margen de la comisión de acreedores:

“Nuestro acuerdo fue que resolveríamos esto entre nosotros y así lo queremos dejar. Eso fue lo que pactamos y no queremos que lleven esto a la comisión, porque a la comisión no le importa el vuelto, ni lo que le pase a mi papá si ellos pueden pagarse sus deudas”.

El 9 de mayo, Alex Wiesner le reconoció a Chadwick vía email lo importante de las labores de Juan Díaz durante el proceso de venta: “De verdad el palo de Juan Díaz fue una mascada totalmente necesaria, pero mucho más grande de lo que esperábamos”.

Juan Díaz terminaría recibiendo $415 millones con cargo a la masa de activos del convenio judicial de Wiesner S.A., los que fueron girados en cuatro cuotas. Díaz recibió además dos cheques en garantía de CAVAL por su participación en el negocio: uno por $530 millones y otro por $282 millones. Esos documentos bancarios aún no han sido cobrados.

EL “PREMIO” DE LA DISCORDIA

Con el proceso ya concluido, los Wiesner hicieron un último pago: $96 millones girados por Helga Riffart a la sociedad Vicuña y Cía., y cuyo destinatario real era Herman Chadwick. En medio de las tratativas por reducir las platas que el síndico debía pagar a Juan Díaz, Alex Wiesner le comentó a Chadwick –a modo de incentivo- que él (el síndico) también se podría llevar UF 4.000 (email fechado el 25 de abril de 2014).

Esas UF 4.000 ($96 millones aproximados) terminarían distribuidas entre Chadwick, Andrés Orchard y los abogados Huerta y Ovalle.

Daniel Huerta

Por sus labores como síndico del convenio, Herman Chadwick recibió $178 millones. Son los honorarios que le correspondían por tabla según la ley de quiebras. Por ello, para el Ministerio Público el pago de esos $96 millones es ilegal. Una de las tesis que manejaría la fiscalía es que ese dinero es producto de un acto concertado contra la familia Wiesner. Por ello, a los abogados Huerta y Ovalle se les formalizará por prevaricación y como encubridores del síndico, a quien se le imputan “ventajas indebidas”.

Es este mismo cheque, el que le valió a Chadwick una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) por delitos tributarios al emitir “una factura falsa por parte de la sociedad Vicuña y Cía., con la que evitó la tributación del Impuesto Global Complementario que le correspondía por haber percibido los montos pagados por Helga Riffart a título de premio y que ascendieron a UF 4.000”. El escrito también incluye como autores de diversos delitos tributarios a Natalia Compagnon, Mauricio Valero, al ex administrador municipal de las Condes y Santiago, Patricio Cordero, a su esposa Paulina Besserer Esquerre y a Juan Díaz.

La imputación que recae sobre Patricio Cordero se fundamenta en las boletas falsas emitidas por su sociedad familiar Inversiones Lo Beltrán, para CAVAL por servicios que nunca fueron prestados. Impuestos Internos lo acusa de haber hecho esa operación para permitirle a CAVAL aumentar sus costos y así rebajar sus impuestos (ver reportaje de CIPER).

Aún no existe claridad sobre el origen y las razones que sustentan el polémico pago de los $96 millones cursado por Riffart. En la declaración que dio la esposa de Wiesner ante el SII, aseguró que fue Chadwick quien pidió el premio. Su hijo, Alex Wiesner, señaló en el SII lo contrario: “Como empresario estimé que era necesario estimular el trabajo de él para obtener el mejor valor posible”.

Fuentes cercanas al entorno de Ovalle y Huerta, dijeron a CIPER que ambos abogados afirman haber desconocido el origen de esos dineros. Y que los $40 millones que recibieron fue por trabajos realizados: una serie de tareas relacionadas con el convenio judicial preventivo y que eran propias del síndico. Insisten en que todo se pactó con Chadwick vía correo electrónico. No hay rastro de un contrato escrito.

Esos $40 millones se suman a los más de $70 millones que los abogados Ovalle y Huerta cobraron por representar a la familia Wiesner en el convenio: $30 millones por la preparación y aprobación del convenio judicial preventivo y $43 millones correspondientes a un porcentaje del saldo –o “vuelto”– que le quedó a los Wiesner una vez liquidados sus bienes.

Uno de los puntos que debilita la tesis de Ovalle y Huerta –de no haber tenido conocimiento de que los $40 millones provenían de Helga Riffart– es que los abogados no pusieron reparo cuando se les solicitó emitir una factura a nombre de Vicuña y Cía., sociedad que no está ligada a Chadwick, sino a Orchard. La factura tiene fecha 23 de junio de 2014, cinco días después de que Chadwick recibiera el cheque.

Serán los tribunales los que a partir del próximo 29 de enero deberán resolver el destino judicial de Chadwick, Orchard, Ovalle y Huerta. También el de Valero, Díaz, Silva, Navarrete (esposa de Silva) y Ross en la arista que persigue la comisión de los delitos de soborno y cohecho en el Municipio de Machalí. Ello, mientras el fiscal Toledo resuelve si formaliza o no a Natalia Compagnon tras la querella por delitos tributarios presentada por el SII hace unos días contra la nuera de la Presidenta y otras seis personas.

El ex subsecretario de Minería Pablo Wagner es por lejos el más complicado de los políticos imputados en la investigación por los pagos irregulares del Grupo Penta: enfrenta una acusación triple por delito tributario, cohecho y lavado de activos. Pero podría ser peor. Si no hubiera sido por un cambio legal que entró en vigencia en febrero de 2015, poco antes de que lo formalizaran, probablemente arriesgaría penas de cárcel efectiva. No tanto por el uso de boletas falsas o el supuesto soborno que recibió del holding controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos delitos con muy bajas sanciones en el ordenamiento jurídico chileno, sino que por el lavado de dinero. La pena partía en los cinco años y un día y podía extenderse hasta los 15 años de cárcel. Entonces, de haber resultado culpable, la libertad vigilada no habría sido para él una opción. Pero el Congreso aprobó una modificación de las penas y abrió una puerta de salida a todos los imputados por delitos económicos y casos de corrupción que además cargan con una acusación por blanquear las ganancias obtenidas ilícitamente.

Pablo Wagner

El lavado de activos se define como el uso de distintos mecanismos para ocultar o disimular ingresos originados en actividades ilegales e introducirlos en el sistema económico y financiero (ver definición). Pero no cualquier ganancia ilícita puede derivar en lavado. Al menos no en la legislación chilena. La ley establece un catálogo limitado de delitos que sirven de base para el blanqueo de activos. Ahí están el narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas, además de algunos delitos vinculados a hechos de corrupción, como el cohecho y otros asociados a las leyes que regulan el mercado de valores y el sistema bancario (ver ley). Con la modificación de comienzos de 2015, esa lista se amplió. Qué nuevos delitos serían incluidos fue uno de los principales rounds que se dieron en el Congreso durante la larga tramitación de la nueva ley. Al final, se agregaron la asociación ilícita, la trata de personas, la pornografía infantil, el contrabando, la piratería (propiedad intelectual) y el que es considerado como el más grave de los delitos tributarios: la devolución fraudulenta de impuestos.

Mientras que algunos de los delitos en la lista tienen penas muy altas, en otros las sanciones son bajísimas. Es el caso de varios delitos económicos y de corrupción. Por eso fue que en el Congreso se agregó también un nuevo párrafo que estableció una regla de proporcionalidad que cambiaría en adelante cómo se sanciona el blanqueo de capitales en Chile: la pena por lavado no podrá superar la sanción máxima del delito base que le precede.

Fue esa modificación la que hizo que las sentencias que pedía la Fiscalía Centro Norte para los tres ex ejecutivos de La Polar –Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno–, principales responsables de uno de los mayores fraudes corporativos de la última década, se fueran desinflando hasta el punto en que prácticamente se esfumaron las posibilidades de que cumplieran penas efectivas de cárcel (ver reportaje de CIPER). Ese mismo cambio legal fue el pilar de las negociaciones que lideró el fiscal José Morales para acordar un juicio abreviado que permitió que los tres fueran condenados, aun cuando no pisen ni un solo minuto la cárcel: el acuerdo fue una pena de cinco años que Alcalde, Farah y Moreno cumplirán en libertad.

Un efecto similar está teniendo sobre la investigación que llevan adelante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena por la entrega fraudulenta de acreditaciones universitarias (ver reportaje de CIPER). Tanto el ex presidente interino de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, como los ex rectores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, enfrentan acusaciones por cohecho y lavado de activos. Por ese último delito, en diciembre de 2014 la fiscalía pidió para cada uno una pena de cinco años y un día (ver acusación). Tres meses después cambió la norma y la petición se desinfló. Ahora, como mucho, arriesgan una sentencia que en su versión más severa podría alzarse hasta los tres años, pero lo más probable es que llegue a los 541 días en el caso de Díaz, quien también enfrenta una acusación de fraude tributario. Lo mismo corre para Zúñiga y Maulén, aunque en su caso hay posibilidades de que la pena sea incluso menor, de apenas 61 días. Fue así que se allanó el camino a una negociación aún en curso para acordar un juicio abreviado.

La idea de cambiar la norma partió tras la evaluación que el capítulo sudamericano del Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (GAFISUD) realizó en 2006 sobre cómo en Chile se perseguía el lavado de dinero (ver informe). El resultado fue lapidario: el país no cumplía los estándares, y si quería ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tendría que hacer algo al respecto.

La legislación chilena no contemplaba todos los delitos base recomendados por los organismos internacionales, no existía una normativa que previera el decomiso de bienes de origen ilícito ni había mecanismos de coordinación eficaces entre las distintas instituciones encargadas de perseguir el lavado. Más deficientes todavía eran los canales de cooperación con jurisdicciones extranjeras. El secreto bancario aún era un impedimento para que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la entidad que depende del Ministerio de Hacienda y que está encargada de “prevenir e impedir la utilización del sistema” para lavar activos y financiar el terrorismo, pudiera acceder sin trabas a información confidencial. El número de entidades públicas y privadas obligadas a reportar operaciones sospechosas aún era limitado, todavía no existía la responsabilidad penal de personas jurídicas y no había datos fehacientes que permitieran medir la efectividad de la institucionalidad vigente para perseguir penalmente estos delitos.

Ángel Maulén, Luis Eugenio Díaz y Héctor Zúñiga el día de su formalización.

Sobre las sanciones penales, el GAFISUD sólo recomienda que sean proporcionales, ya que cada país condena de forma distinta los diferentes delitos base. Por eso, la fórmula que finalmente se aplicó en Chile con el detalle de qué delitos serían incluidos en el catálogo y qué penas se aplicarían, fue de factura 100% nacional.

Para algunos abogados consultados por CIPER, lo que resultó de ese proceso terminó estableciendo dos categorías para castigar el lavado de dinero: la de los narcos que pagan con cárcel y la del delincuente de cuello y corbata que cumple su sentencia en libertad. Otros dicen que no es tan así, y que lo que se promulgó fue la única vía para hacer que el sistema judicial accediera a aplicar condenas en este tipo de casos y así mejorar su persecución, facilitando la incautación de bienes, independiente de si la condena termina o no enviando al imputado a la cárcel. Varios aseguran también que respecto a las sentencias, el problema no está tanto en la ley de lavado, sino que en las bajas penas de los delitos base. En lo que todos sí están de acuerdo, es en que los jueces siguen reacios a fallar contra los acusados de blanquear activos originados en juicios de corrupción y delitos económicos, porque entre ellos aún está radicada la cultura de que el lavado es un delito sólo de traficantes.

LA VIEJA ESCUELA DEL LAVADO

Al principio, el lavado de activos era un delito asociado exclusivamente al narcotráfico. Apareció tipificado recién en 1995 como parte de la antigua Ley de Drogas. Pero no hubo ninguna condena en esa primera etapa. Cinco años después, Chile se hizo parte del GAFISUD y en 2003 se promulgó la ley que dio origen a la UAF, ampliando también el catálogo a otros delitos base, siguiendo la tendencia internacional. El lavado ya no era sólo algo de narcos, sino también de traficantes de armas, terroristas, pedófilos, proxenetas, secuestradores, infractores de las leyes de mercado de valores y de bancos, así como funcionarios públicos corruptos. No eran todos los delitos recomendados por los organismos internacionales, pero era un inicio. Para todos corría la misma sanción: desde cinco años y un día hasta 15 años de prisión. Aun así, en los dos años que siguieron ningún juez sentenció a nadie por lavado de activos: la estadística de condenados por la justicia antigua por blanqueo de dinero quedó en cero.

La Reforma Procesal Penal vino aparejada de un aumento en las causas que perseguían el lavado de activos. También comenzaron a aparecer condenas. La primera fue en 2007, por un caso de tráfico de drogas que investigó José Morales cuando era fiscal jefe de Los Vilos. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta también fueron por delitos asociados al tráfico de estupefacientes. Lo mismo con la gran mayoría de las sentencias que vinieron en los años siguientes: la concepción del lavado como un delito de narcos nunca desapareció.

Son 81 las condenas que el Poder Judicial ha dictado entre 2007 y 2015 por lavado de dinero. De ellas, el 78% fue por tráfico de drogas. Por casos de corrupción sólo ha habido 12 sentencias y apenas una por infringir la Ley de Mercado de Valores: la que involucra a los tres ex ejecutivos de La Polar. Lo que más llama la atención es que todas las que han tenido como base la malversación de fondos públicos, el fraude al Fisco, el cohecho o cualquier otro delito económico o de corrupción, han sido obtenidas a través de juicios abreviados. Es decir, producto de una negociación entre las fiscalías y las defensas de los imputados. Ninguno puso un pie en la cárcel. Más que sentencias, son acuerdos entre persecutores y perseguidos que luego son ratificados por el tribunal. Si no hay acuerdo, se van a juicio oral. Y cada vez que eso ha ocurrido, los acusados han terminado absueltos.

Mauricio Fernández

–Si se le pregunta a cualquier juez oral de Chile si está dispuesto a condenar a cinco años y un día por lavado a un imputado que cometió un delito base que tiene una pena máxima de 541 días, o incluso de tres años, ninguno dirá que sí. Es más, no hay ni un solo fallo que demuestre que eso haya ocurrido. Simplemente no se ha dado. Si propusimos una norma de proporcionalidad, fue después de analizar lo que estaba pasando: fue una estrategia para fomentar que otros delitos sean investigados por lavado, sobre todo los económicos, y que efectivamente puedan terminar en condena –dijo a CIPER Mauricio Fernández, director de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional.

Más de 13 años lleva Fernández a cargo de esa unidad, y fue desde esa posición que se convirtió en uno de los principales promotores de los cambios a la ley que persigue el lavado de activos. Él representó al Ministerio Público durante los nueve años que se tramitó el proyecto en el Congreso. Participó en las comisiones parlamentarias y en las reuniones de coordinación con el Ejecutivo. De hecho, fue clave para destrabar el muñequeo más duro que se dio en todo el proceso: llegar a un acuerdo sobre qué delitos serían incluidos en el catálogo y en cómo solucionar la disparidad entre las penas del lavado y las del delito base.

LA MODIFICACIÓN ENTRA AL HORNO

El diputado Juan Bustos (PS) fue el primero en notar que tras la redacción, tal como estaba, había un gran riesgo. Era el 12 de diciembre de 2007, y en esa sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se discutía el contenido del texto que el gobierno de Michelle Bachelet poco antes había ingresado al Congreso para su tramitación. Cuando llegaron a la parte en que el Ejecutivo proponía limitar las penas por lavado de activos para equipararlas a las de cada delito base, a Bustos, que era penalista, no le gustó y pidió aplazar la votación para buscar una fórmula alternativa. El parlamentario –quien murió ocho meses después– consideró que el nuevo párrafo propuesto podría “crear un problema de confusión conceptual, ya que podría darse el caso de defraudaciones importantes cuya pena límite será la establecida para el delito base”.

Juan Bustos

En todo caso, el proyecto no partió con el texto del Ejecutivo, sino que como una moción que un grupo de siete parlamentarios presentó en agosto de 2006 con la única intención de levantar el secreto bancario para las investigaciones de lavado (ver historia de la ley). El proyecto original era simple y acotado: con dos artículos, pretendía que los fiscales pudieran investigar movimientos financieros y sortear la confidencialidad de la información bancaria con la sola autorización de un juez de garantía. Exactamente lo mismo que el Tribunal Constitucional (TC) había echado abajo ese mismo año en la tramitación de un proyecto previo por falta de quórum (ver sentencia del TC).

Fue en esa moción que la primera administración de Bachelet vio la oportunidad de incluir una reforma mucho mayor que extendiera los límites de la UAF y el Ministerio Público para prevenir y perseguir el blanqueamiento de capitales, tal como lo recomendaba GAFISUD. Por eso, en 2007 presentó una “indicación sustitutiva total” que cambió por completo la iniciativa (ver recuadro). Fue entonces que aparecieron por primera vez sobre la mesa los nuevos delitos base y la regla de penas proporcionales. Las riendas de la tramitación las tomó el Ministerio de Hacienda a través de su entonces asesora y posterior jefa de la UAF, Tamara Agnic, actual superintendenta de Pensiones, hoy fuertemente cuestionada por permitir que Cuprum y Provida crearan AFPs de papel para fusionarse y así obtener millonarios beneficios tributarios (ver reportaje de CIPER).

Tres años demoró el proyecto en pasar al Senado. Para cuando eso ocurrió, en agosto de 2009, la Cámara había aprobado dos cambios sustanciales. Primero, incluir al catálogo de delitos base todas las infracciones contempladas en la Ordenanza de Aduanas y en las leyes de propiedad intelectual e industrial, además de todas las estafas del Código Penal y las asociaciones ilícitas. Se ampliaba así enormemente el campo de acción para la fiscalía y la UAF. Pero lo segundo fue lo más importante: la fórmula más “flexible y diferenciada” que propusieron los diputados Juan Bustos, Jorge Burgos (DC, hoy ministro del Interior) y Cristián Monckeberg (RN) para reemplazar la regla de proporcionalidad planteada inicialmente por el gobierno.

La nueva fórmula ya no limitaba las penas del lavado según la sanción del delito base. En cambio, lo que la Cámara aprobó fue una nueva pena única que podía variar entre los 541 días y los cinco años cuando el delito que precede el lavado no tuviera pena de crimen. A eso se sumaba una multa de 200 hasta 1.000 UTM. Así quedaban establecidas dos penas distintas para el lavado de dinero: para los delitos base con sanciones sobre los cinco años se mantenía el castigo original, de hasta 15 años, mientras que la nueva pena se aplicaría para todos los delitos sancionados con menos de cinco años. Una propuesta que el Ministerio Público y el gobierno apoyaron inicialmente porque respetaba la proporcionalidad y mantenía la autonomía del lavado de activos sin disminuir tanto las penas, como habría ocurrido al limitarlas según las del delito base.

Ninguno de esos acuerdos sobreviviría a su paso por el Senado ni a la implacable podadora del asesor externo que definió el futuro del proyecto.

ACOSTA Y SU PODADORA

Más de un año demoró la Comisión de Constitución del Senado en aprobar en general el proyecto tal cual salió de la Cámara. Y aunque hubo senadores que señalaban lo imperativo que era terminar 2010 con la ley aprobada para cumplir con las exigencias de la OCDE, a partir de noviembre de ese año, cuando el texto volvió a manos de la comisión para su discusión en particular, en vez de apurarse todo se puso más lento.

La ralentización coincidió con el cambio de timón que trajo la administración de Sebastián Piñera. Según cuenta a CIPER un abogado que trabajó esos años en el Ministerio de Hacienda, la decisión del nuevo gobierno “fue quitarle las riendas del tema a la UAF, la que empezó a participar cada vez menos debido a una discrepancia respecto de los delitos base que se estaban incluyendo. Agnic quería agrandar la lista con todas las recomendaciones de GAFISUD, una institución que ella incluso llegó a presidir durante 2012. Pero el gobierno de Piñera, al contrario, intentaba achicar la lista”.

Juan Domingo Acosta

En 2011 la comisión del Senado sólo discutió el tema una vez, en una sesión de enero, y el trabajo no se retomó sino hasta agosto de 2012. Después de siete sesiones en que se revisó el proyecto, a fines de octubre de ese año el texto quedó a la espera de nuevas indicaciones del Ejecutivo, las que demoraron otros siete meses en llegar. Para entonces, ya había intervenido el influyente asesor externo que provocó un profundo recorte en el catálogo de delitos base y que propuso echar abajo la fórmula de los diputados para la proporcionalidad de las penas: el abogado Juan Domingo Acosta. Este reputado penalista defendió a los ejecutivos de Farmacias Cruz Verde en el juicio por colusión de precios y ha representado a la familia de Carlos Alberto Délano y los intereses de Minera Dominga en la investigación contra el ex subsecretario Pablo Wagner por supuesto cohecho y el consecuente lavado de activos.

Acosta todavía era socio en su estudio de abogados con el senador Alberto Espina (RN) cuando intervino en octubre de 2012 ante la comisión de Constitución del Senado, de la cual Espina es miembro. El tercer socio era el fallecido abogado Carlos Zepeda, un cercano consejero del entonces Presidente Sebastián Piñera, quien lo nombró presidente del directorio de TVN. Espina, Zepeda & Acosta llegó a ser llamado “el estudio de abogados preferido de La Moneda”. Pese a la presencia de su socio Espina en la comisión, Acosta aseguró a CIPER que no fue el senador quien lo invitó a participar en el análisis de los cambios legales: dice que asesora tanto a esa como a otras comisiones legislativas ad honorem por ser su “responsabilidad como profesor de Derecho”.

Acosta convenció a los senadores de que las penas que proponía el proyecto seguían siendo “inusualmente altas” y que además era inconveniente incluir tantos delitos base. Decía que no tenía sentido meter en el catálogo todas las infracciones de las leyes de Aduanas, de propiedad intelectual e industrial y la gama completa de estafas incorporadas en el Código Penal, por la desproporción entre las sanciones de esos delitos y las del lavado. Había entonces que recortar lo que ya se había aprobado. Quienes más apoyaron a Acosta en la comisión fueron el senador Espina y su par Hernán Larraín (UDI). Una postura muy distinta a la que planteaban la Fiscalía Nacional y la UAF, que aspiraban a incluir la mayor cantidad de delitos a la lista. Los representantes de esas dos últimas instituciones tuvieron que sentarse a negociar una propuesta final al proyecto. Pero no con los senadores, sino con Acosta. Como se ha vuelto habitual en los temas complejos, la “cocina” salía del Congreso.

–Mi informe fue bastante crítico y obviamente no coincidía con varias de las cosas que planteaban el Ministerio Público y la UAF. La comisión nos propuso que nos reuniéramos los tres para ponernos de acuerdo en lo posible, y en efecto, llegamos a un acuerdo –dice Acosta.

Fue en esa negociación que Mauricio Fernández, el director de la ULDDECO del Ministerio Público, cumplió un rol clave para destrabar la discusión. “Si queríamos incluir delitos con penas bajas para que puedan ser perseguidos por lavado de dinero, teníamos que acceder a tener una regla de proporcionalidad”, dice a CIPER. De hecho, él fue quien propuso en el Senado volver a limitar las penas del lavado a las del delito base, algo que Acosta respaldó y que la comisión votó a favor. A cambio, acordaron incluir al catálogo sólo uno de los delitos incluidos en cada una de las normativas cuestionadas por el asesor externo de la comisión. De la Ordenanza General de Aduanas, quedó sólo el contrabando. De las leyes por propiedad intelectual, la piratería. Y de las estafas, sólo aquellas por más de 400 UTM (casi $18 millones). Así finalmente salió aprobado el proyecto del Senado en abril de 2014. Pero aún quedaba un detalle por afinar.

EL ROUND DEL DELITO TRIBUTARIO

Uno de los puntos fuertes de la nueva ley, según Mauricio Fernández, es que obliga al Servicio de Impuestos Internos (SII) a informar a la UAF cada vez que detecte una operación sospechosa. Eso estaba explicando en la Cámara de Diputados cuando surgió el tema de los paraísos fiscales. El diputado Leonardo Soto (PS) fue el primero que los mencionó como una vía para blanquear dinero sucio. El guante lo recogió el abogado Javier Cruz, sucesor de Tamara Agnic a la cabeza de la UAF. Dijo que en efecto son muy importantes para las empresas a la hora de tomar decisiones tributarias, que sí son usados para transferir dineros de origen ilícito a pesar de que ha aumentado sobre ellos la fiscalización y, lo más importante, que los delitos tributarios no habían sido incluidos como base para el lavado de activos en el proyecto que estaban discutiendo.

-¿Qué puede hacer la Unidad de Análisis Financiero (UAF) si se efectúan importantes alertas de movimientos de dinero hacia paraísos fiscales? –le preguntó Soto.

–La UAF no puede iniciar investigaciones fuera de los delitos señalados en los artículos 27 y 28 (delitos base) –respondió Cruz.

Javier Cruz

Así fue que cobró fuerza la idea de incluir al catálogo los delitos tributarios. Fernández dijo que si se aprobaba, podrían indagar sin tener que esperar que el SII resuelva si perseguirá al contribuyente infractor por la vía administrativa o penal. Es decir: el Ministerio Público podría investigar un lavado de dinero asociado a un delito tributario “saltándose” al SII. Los diputados después votaron lo que envió el Senado. Aprobaron mantener lo de las penas proporcionales, pero rechazaron el catálogo de delitos base para llevarlo a una comisión mixta y tratar allí de meter en la nómina los delitos asociados a la evasión de impuestos.

La comisión mixta emitió su informe a mediados de octubre de 2014. Por esos días ya se empezaban a conocer los detalles de los alcances que tenía la máquina que había montado Penta para evadir impuestos y cómo se había ramificado al financiamiento de la política (ver reportaje de CIPER). Juan Domingo Acosta fue nuevamente invitado. Él es de la idea de que el delito tributario no tenía que incluirse: “En la evasión tributaria no hay tal cosa como un botín delictual previo”, argumentó. Eso sí, dijo que si había que incluir alguno, correspondía hacerlo con el más grave: la devolución fraudulenta de impuestos. Y además, que el SII debería tener la atribución exclusiva de perseguir el lavado originado en un delito de ese tipo. Una posición muy similar a la que planteó otro abogado invitado a la comisión: Sebastián Guerrero, entonces socio del estudio Guerrero, Olivo, Novoa y Errázuriz, del que fue fundador Jovino Novoa. Mientras Novoa renunció en enero de 2015, en medio del caso Penta, Sebastián Guerrero dejó el estudio en diciembre pasado.

Hubo un tercer abogado invitado esta vez: Gonzalo Medina. Aunque dijo estar de acuerdo con Acosta en la atribución exclusiva del SII, se manifestó a favor de incluir los delitos tributarios como base para el lavado de activos, porque así lo “acoge la teoría moderna”.

La comisión tomó parte de la propuesta de Acosta e incorporó sólo el fraude para obtener la devolución indebida de impuestos, pero sin restringir la acción penal sólo al SII. Apenas un par de semanas después de que Medina interviniera a favor de incluir el delito tributario como base para el lavado de activos, se revelaron los pagos irregulares del Grupo Penta al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Medina asumió su defensa y la de su cuñada, Carolina De la Cerda, quien emitió las boletas falsas a solicitud de Wagner. Los dos enfrentan hoy una querella del SII por el delito tributario que Medina ayudó a incluir como delito base para el lavado de activos (ver querella). Pero como Wagner también está acusado de cohecho, la disminución de penas para igualarlas al delito base de todos modos lo beneficia, tal como ya sacaron provecho los ex ejecutivos de La Polar y podrían hacerlo quienes participaron en la venta de acreditaciones universitarias.

Mauricio Fernández asegura que a pesar de la reducción en las penas, la modificación legal no implica un real beneficio para los delincuentes de cuello y corbata acusados por lavado de activos. Dice que el problema no está en la nueva ley, sino que en las bajas penas de los delitos base, que en el caso del cohecho, llega a ser “una vergüenza”. Y agrega:

–El problema es que nunca ha habido pena de cárcel efectiva para el corrupto. Ni antes ni después de esta ley. Si se suben las penas de esos delitos base, ahí mismo se acaba esta discusión. Ese es el verdadero debate de fondo que se tiene que dar.

En abril de 2015, CIPER reveló una serie de graves irregularidades en una millonaria licitación que la Universidad de Santiago (Usach) adjudicó a una filial de la empresa española Isolux-Corsán (Corsán-Corviam Agencia en Chile) para la construcción de un edificio docente de ocho pisos que debió haber quedado finiquitado en enero de 2015 (ver reportaje). La obra, una de las mayores inversiones en infraestructura realizada por la universidad en los últimos años, tenía un costo cercano a los $10 mil millones y era largamente esperada por los alumnos.

A 17 meses de haberse adjudicado la construcción del edificio estrella de la Usach, el proyecto se desmoronó, dejando en evidencia una larga lista de irregularidades e ilícitos que hoy tienen a quien fuera gerente general de Isolux-Corsán en Chile, Christian Manrique Valdor, y al ex director de Administración y Finanzas de la universidad, Mauricio Carrasco Torres, querellados por soborno, cohecho y fraude al Fisco.

Juan Manuel Zolezzi

En abril de 2015, en el desarrollo de la investigación publicada por CIPER, se le preguntó al rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, cómo explicaba que, a pesar de los flagrantes atrasos de la compañía multinacional en la construcción, la universidad le hubiera hecho millonarios anticipos injustificados, además de omitir el cobro de multas por $414 millones. Su respuesta fue que el edificio estaba atrasado (“debería haber concluido, de ocho pisos comprometidos, estamos en el primero, segundo, por ahí”), y que todo lo concerniente a lo que se haría en función de ello se había delegado en una comisión.

Ante la pregunta sobre si conocía a los representantes de la empresa a cargo de las obras, Zolezzi respondió que “no”, y agregó: “Cuando volví de vacaciones en febrero (2015), pregunté si había empresas españolas trabajando con nosotros, por lo del puente Cau Cau y otros temas. Y me dijeron sí, hay una”. Ahora, en una nueva entrevista con CIPER, el rector ratificó sus dichos (ver entrevista).

En esa misma entrevista de abril de 2015, cuando le preguntamos a Zolezzi por qué no se había decidido el termino anticipado del contrato, su respuesta fue: “Frente a una situación de hacer la licitación de nuevo -y eso te va a tomar más tiempo y va a costar más caro- uno no sabe si a lo mejor dándole un empujón a la empresa podría avanzar y terminar en un periodo razonable”. Sin embargo, dos días después de que CIPER publicara el reportaje, la Usach puso término anticipado al contrato con la filial de Isolux (22 de abril de 2015).

Dos días más tarde de ese finiquito, Zolezzi –como rector y representante legal de la universidad– interpuso una querella contra quienes resultaran responsables de “hechos aparentemente ilícitos” (24 de abril). En el libelo al que accedió CIPER, la Usach acusó que esos hechos no habían sido informados “por los canales debidos” ni a la rectoría, ni a la prorrectoría, ni a la división jurídica de la Usach, y que solo se enteraron de su “real alcance” una vez que renunció el director de Administración  y Finanzas, Mauricio Carrasco (5 de marzo de 2015).

Lo que no dijo Juan Manuel Zolezzi en la entrevista con CIPER en abril de 2015 y en la que le hicimos en enero de este año, ni tampoco en la querella, es que varios meses antes de que se pusiera término al contrato, el rector y el prorrector, Pedro Palominos, habían recibido al menos dos alertas serias sobre el evidente atraso de la obra y, más grave aún, sobre una serie de anticipos que la universidad había cursado a la constructora sin ninguna justificación.

La primera alerta vino de la jefa del departamento de Gestión de la Infraestructura de la universidad, la arquitecta Jaqueline Chong, quien en una reunión con Zolezzi y Palominos el 26 de agosto de 2014, les advirtió que la universidad había cursado anticipos a Isolux-Corsán por casi $3.300 millones. Según la carta Gantt del proyecto, ese monto correspondía pagarlo siempre y cuando estuviera lista la obra gruesa completa del edificio (tres subterráneos más los ocho pisos). El problema era, les dijo, que el avance real era del 10% y ello, a su juicio, era motivo suficiente para finiquitar el contrato.

Casi cuatro meses después, una segunda luz roja se encendió en la rectoría. El 19 de diciembre de 2014, la entonces contralora de la Usach, la contadora auditora Gladys Soto, le envió un oficio a Zolezzi –con copia a otras altas autoridades de la universidad- señalándoles que la obra presentaba un atraso que “no resistía explicación” a la luz de “los avances financieros que se le han hecho a la empresa”. Para entonces, los anticipos que la universidad le había pagado a Isolux habían aumentado a más de $4.300 millones. La contralora concluyó en su oficio que la situación ameritaba demandar a la empresa. No fue escuchada.

Lo anterior indica que las evidencias concluyentes de la serie de irregularidades que acumulaba la obra más costosa de la universidad, fueron conocidas por el rector y el prorrector desde agosto de 2014. Y que la bola de nieve siguió rodando cuesta abajo hasta que estalló a fines de abril de 2015.

Todos esos antecedentes se encuentran en la carpeta de la investigación a cargo del fiscal Andrés Montes (Fiscalía Metropolitana Centro Norte) y que busca establecer la existencia de una serie de delitos en la licitación, adjudicación y ejecución del proyecto encargado por la Usach a la empresa filial de Isolux-Corsán. A la querella de la Usach se sumó el 10 de enero pasado -como informó The Clinic- una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Carrasco y Manrique, por cohecho, soborno y fraude al Fisco, y “contra todos quienes resulten responsables por la comisión de los delitos materia de esta querella y de otros que pudieran configurarse”.

El CDE le pidió al Ministerio Público que cite a declarar, entre otros, a Pedro Palominos (prorrector), y que se oficie a la universidad para que entregue copia de una serie de documentos, entre los que se encuentran 11 informes enviados por Jaqueline Chong al propio prorrector con los estados de avance del proyecto. El primero de esos informes que CIPER tuvo a la vista, tiene fecha 4 de mayo de 2014 y en él la arquitecta ya advertía sobre distintas irregularidades, entre las que destaca un eventual sobreprecio en el valor de la obra.

Hoy, la construcción del edificio con el que se esperaba ampliar la matrícula de 2015 en más de 2.500 nuevos alumnos, está paralizada. Sobre el único piso construido descansan fierros al aire.

FALLA DE ORIGEN

El 6 de noviembre de 2013, la Usach emitió el decreto universitario 2511 con el que adjudicó la obra “Construcción de Edificio Docente y Centros de Administración EDOC-Usach” a una de las filiales en Chile de la multinacional española Isolux-Corsán, por $9.414 millones (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 365 días.

Inauguración de faenas con rector Zolezzi.

Los ejecutivos de Isolux no se sorprendieron con la noticia. Si bien para esa fecha la compañía había obtenido otros cinco millonarios contratos en Chile (casi todos fueron a la postre rescindidos por incumplimientos e irregularidades), ese no fue el motivo de su falta de sorpresa ante el anuncio. Según un correo electrónico del 27 de agosto de 2013 (más de dos meses antes de que la obra fuera adjudicada), al que tuvo acceso CIPER, la plana mayor de la transnacional española ya tenía indicios de que sería favorecida con la licitación:

“Ni el plazo ni los antecedentes son públicos, pero te puedo decir que tuvimos mejor plazo que ellos (…) pero estamos unos US$4 millones por encima del presupuesto oficial (…) No obstante, por la misma vía que sabemos todo esto, hemos logrado un dictamen de la comisión que obra en mi poder, que aconseja la adjudicación a Corsán. Esto por supuesto es absolutamente confidencial y no debe ser transmitido a nadie, menos en Chile”, le escribió Juan Carlos de Goycochea, presidente de Isolux-Corsán para Latinoamérica, a la presidencia de la compañía en España (ver correo).

Fue desde la propia comisión que evaluó esta licitación que se filtró la información clave para los intereses de Isolux-Corsán. Esa instancia la integraron elprorrector Pedro Palominos Belmar, además de Mauricio Carrasco Torres y Felipe Reyes Vergara, quienes se desempeñaban entonces comodirector de Administración y Finanzas y jefe de la Unidad de Construcciones de la Usach, respectivamente. Hoy Carrasco se encuentra querellado por fraude al Fisco y cohecho, tras recibir de Isolux-Corsán una serie de dádivas (pasajes aéreos, entradas y estadía para él y su señora en Brasil para ver a Chile en el Mundial de Fútbol) a cambio de favores (ver reportaje).

El sobreprecio en la obra –cercano a los $2 mil millones, reconocido por los propios ejecutivos de la compañía– no fue impedimento para que la Usach le adjudicara la licitación a Isolux. Lo paradojal es que, los plazos que ofrecía, menores a los de la competencia, fueron determinantes en la decisión. Distintas fuentes consultadas por CIPER señalaron que los miembros de la comisión, principalmente Carrasco y Reyes, justificaron la elección de la abultada propuesta de la empresa española con el argumento de que el edificio estaría operativo en enero de 2015. Requisito indispensable para ampliar la matrícula de la universidad ese año en 2.672 nuevos estudiantes (se calculó una capacidad de 334 alumnos por cada uno de los ocho pisos del edificio), lo que reportaría al plantel ingresos suplementarios estimados en $6.250 millones.

Pero los cálculos fallaron. Llegó marzo de 2015 y el estado de avance de la obra que debió haber sido entregada a fines de enero, apenas superaba el 20%.

ALERTAS TEMPRANAS

El 4 de julio de 2014, el constructor civil e Inspector Técnico de Obras (ITO) de la Usach para este proyecto, Arturo González Riquelme (asumió su cargo el 16 de junio de 2014), entregó su primer informe de inspección de faenas. Fue el primero de otros nueve informes (los que el CDE solicita en su querella) que tenían regularmente como destinatarios a Chong, Carrasco, Reyes y el prorrector Palominos. En ese primer informe, el ITO advirtió la ausencia prolongada en terreno (siete días corridos) del administrador de obras de Isolux, causal suficiente para poner término anticipado al contrato.

Cinco días más tarde, en su informe N°2, González advirtió que, de acuerdo al contrato, la construcción del edificio tenía 116 días de atraso. Y dejó establecidas las incongruencias entre los estados de pago cursados por la universidad (autorizados por Reyes y Carrasco) y el avance real de la obra. “La diferencia equivale a una sobrevalorización  de $819 millones”, informó González. Casi dos semanas antes, el 22 de mayo de 2014, la arquitecta Jaqueline Chong (contratada a honorarios por el prorrector en abril para supervisar la obra), había advertido al prorrector Pedro Palominos en otro informe (Informe N°6) sobre el atraso de la construcción, haciendo hincapié en la escasa dotación que la empresa mantenía en la faena.

La obra está actualmente paralizada. (Foto: Enero 2016)

Con el correr de las semanas, las alertas de González y Chong, pasaron de amarillo a rojo. A pesar de ello, los anticipos se siguieron pagando. A comienzos de agosto, la Usach ya había cursado seis estados de pago a Isolux por un total de $1.405 millones (además del anticipo inicial de $1.890 millones, por el 20% del valor total de la obra).

El último anticipo de $568 millones fue pagado el 27 de junio de 2014. Ese mismo día, el entonces director de Administración y Finanzas de la Usach, encargado de autorizar los pagos, Mauricio Carrasco (a quien Zolezzi llevó a la Usach en 2012 como uno de sus hombres de confianza), aceptó de Isolux los tickets aéreos, la estadía y las entradas para asistir junto a su cónyuge al partido por octavos de final del Mundial de Fútbol entre Chile y Brasil (en Belo Horizonte).

Tal como lo reveló CIPER, fue una operación express del entonces gerente general de Isolux en Chile, Christian Manrique Valdor (ver correos), quien está querellado por soborno y fraude al Fisco, a la espera de un pedido de extradición del Ministerio Público que se envió a España.

SUENAN LAS SIRENAS

El 26 de agosto de 2014, tuvo lugar una reunión clave en el edificio de la rectoría de la Usach. A ella asistieron el rector Juan Manuel Zolezzi, el prorrector Pedro Palominos,  la abogada Lizzy Calcagno (hoy jefa del departamento de Gestión y Control de la Usach), y la arquitecta Jaqueline Chong (recientemente ascendida a jefa del departamento de Gestión de Infraestructura).

La reunión se extendió por casi una hora y en ella el rector y prorrector fueron notificados por la arquitecta del estado y las irregularidades que el proyecto acumulaba a la fecha. La presentación power point consignó que transcurridos 242 días (67% del plazo total) desde el inicio de las faenas, el avance apenas superaba el 10%: el atraso ya se empinaba por sobre los 160 días. Lo más grave era que la universidad, obviando el evidente incumplimiento en los plazos, había cursado anticipos por casi $3.300 millones (más el anticipo inicial del 20%), los que según la carta Gantt del proyecto correspondían a tener lista la obra gruesa completa. La realidad era que aún no se concluía siquiera el primer piso.

Fuentes consultadas por CIPER confirmaron que, en esa reunión de agosto de 2014, se les sugirió al rector y prorrector terminar anticipadamente el contrato y mandatar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que se hiciera cargo de la obra.

Similar solución –aunque más categórica– puso sobre la mesa el ITO Arturo González en la conclusión de su Informe Técnico N° 3, del 2 de septiembre de 2014:

“Existen dos caminos a seguir. El primero: se sugiere poner término inmediato al contrato porque es inaplicable la multa a la empresa constructora, ya que no da lugar ni tiene la capacidad económica en responder. El segundo es entregar parcialmente las actividades más comprometidas y atrasadas (obra gruesa), descontándolas totalmente del contrato y administrarlas directamente por esta universidad” (ver informe).

En su siguiente informe (N° 4, del 22 de octubre), el ITO González indicó que la obra aún no experimentaba mejorías y ello era atribuible, entre otras cosas, a que la empresa “no poseía un amplio conocimiento en obras de edificación”. González adjuntó a su reporte, un informe de DICOM de Isolux Corsán (agencia en Chile), en el que aparecían 179 documentos impagos por un total de $971 millones con distintas instituciones (ver informe).

La alerta máxima que activó González con la evidencia respecto de la incapacidad de la empresa de responder tanto financiera como profesionalmente a los compromisos contraídos con la Usach, debió haber motivado decisiones de la plana mayor del plantel. No fue así.

“LUCRO CESANTE”

El 19 de diciembre de 2014, un nuevo informe, esta vez del órgano contralor de la propia universidad, debió haber motivado la reacción de la plana mayor de la Usach. En la conclusión del reporte de la entonces contralora Gladys Soto Villarroel -“Seguimiento relacionado con la auditoría de obras”- enviado al rector Juan Manuel Zolezzi, al prorrector Pedro Palominos y al presidente de la junta directiva de la universidad Héctor Kaschel, se dice: “presenta un atraso que no resiste explicación en relación a los avances financieros que se le han hecho a la empresa. El avance financiero de la construcción es de un 46% del total contratado ($9.454 millones), no obstante su avance físico se encuentra en la cota 0, alrededor de un 18%” (ver oficio).

En el lapso entre la reunión del 26 de agosto -en la que participó el rector Zolezzi y el prorrector Palominos- y este informe, se cursaron cuatro pagos más a la filial de Isolux por más de mil millones. Todos autorizados por Mauricio Carrasco. Los dos últimos, por $300 y $200 millones (octubre y diciembre de 2014), fueron impugnados por la contraloría de la Usach. Otros $374 millones girados por la Usach en septiembre de 2014, por “concepto de devolución de retenciones”, también fueron objetados. “Si los avances financieros no corresponden al avance de obras, no existe obligación alguna de reponer anticipos (…) Es inexcusable estar entregando mayor cantidad de fondos sin que se corresponda con avances efectivos de la obra”, se le comunicó al rector.

En su lapidario informe, la contralora Soto afirmó que existen motivos suficientes para demandar a la constructora y enfatiza las pérdidas financieras que sufrirá la Usach por el atraso en la construcción del edificio:

“De acuerdo a opinión de expertos, este edificio podría estar disponible a mediados del próximo año (2015), lo que amerita demandar a los responsables por daños de lucro cesante, puesto que no se recibirán los ingresos que estaban programados para continuar con todos los planes de obras de la universidad”.

Prorrector Pedro Palominos

No había transcurrido un mes del contundente escrito de la contralora de la Usach, cuando el 14 de enero de 2015, la plana mayor del plantel debió asumir que el asunto había traspasado los muros de la universidad. Ese día, la Contraloría General de la República entregó el resultado de su “Inspección Técnica de Obra”, consignando multas sin cobrar a la empresa por $414 millones, deficiencias en la construcción y extensiones fuera de norma de los plazos de entrega, entre otras anomalías. El informe de Contraloría va dirigido al rector Zolezzi y otras autoridades (ver informe).

La Contraloría estaría pronta a emitir un segundo informe respecto de las irregularidades en el proceso de adjudicación y desarrollo de la obra entregada a Isolux, el que incluiría reparos sobre otros tres contratos de obras. Uno de ellos refiere a la construcción del “Edificio de Áreas Prioritarias (API)”, adjudicado el 29 de noviembre de 2013 a la empresa De Vicente Ingeniería y Construcción, cuyo valor supera los $3.500 millones y en el que también se pagaron anticipos irregulares autorizados por Mauricio Carrasco y Felipe Reyes.

CABOS SUELTOS

A mediados de abril de 2015, pese al cerro de evidencias disponible y a que a Isolux ya le habían rescindido otros tres millonarios contratos con distintas entidades públicas por incumplimientos e irregularidades (Hospital de Pitrufquén, Estadio de Calama y Puente Bicentenario), la constructora española continuaba a cargo del proyecto.

Fue en esos mismos días, el 20 de abril de 2015, que CIPER le preguntó al rector Zolezzi por qué la Usach no manejaba como opción el término anticipado del contrato. Su respuesta fue: “En una obra de construcción es difícil tomar una decisión de término (…) no digo que no lo vamos a hacer, lo que no le puedo asegurar es que sí lo vamos a hacer”.  

El mismo 20 de abril, la PDI allanó las oficinas de Isolux-Corsán en Providencia. El martes 21 realizó el mismo procedimiento en la Universidad de Santiago. Al día siguiente la Usach emitió el decreto N° 789 poniendo término anticipado al contrato.

El 24 de abril de 2015, Zolezzi interpuso una querella en el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, “contra quienes resulten responsables de hechos aparentemente ilícitos”, y que fueron: los $374 millones de “devolución de retenciones” realizados por la Usach a la constructora en septiembre de 2014, y los anticipos por $300 y $200 millones desembolsados en octubre y diciembre del mismo año.

Mauricio Carrasco Torres, ex director Administración y Finanzas USACH.

Son los mismos dineros que impugnó la contraloría universitaria de la Usach en su oficio enviado al propio rector cuatro meses antes, el 19 de diciembre de 2014. Por eso resulta extraño que en la querella de Zolezzi se señale que esos hechos no “fueron puestos en conocimiento por los canales debidos a la rectoría de la universidad, a prorrectoría, ni a dirección jurídica” y que “solo fueron conocidos en su real alcance una vez que renunció el antiguo director de Administración y Finanzas, Mauricio Carrasco”, lo que ocurrió recién el 5 de marzo de 2015.

El 5 de mayo de 2015, la Usach presentó una segunda querella por malversación de fondos y cohecho en contra del ex director de Administración y Finanzas, Mauricio Carrasco. Y el 4 de enero pasado, la Usach presentó una tercera querella en contra de quienes resulten responsables del delito de fraude al Fisco. En el escrito los abogados de la universidad no solo incluyeron las irregularidades en la construcción de “Edificio EDOC” encargado a Isolux, sino también aquellas que presuntamente se hayan cometido en la adjudicación del Edificio de Áreas Prioritarias de Investigación (API) y en otras dos obras.

CAJA DE PANDORA

Una vez que se puso término anticipado al contrato con Corsán-Corviam, la Usach emitió un comunicado listando cada una de las acciones que había llevado a cabo en defensa de los intereses de la universidad. Allí se dice que el plantel procedió a cursar el cobro de las boletas de garantía, lo que “ha permitido resguardar de manera oportuna el patrimonio universitario, al recuperar la suma de $3.200 millones aproximadamente, lo que sumado a lo construido hasta el momento, representa una positiva defensa de dicho patrimonio”.

Lo que dice el comunicado no se condice con la realidad. Porque esa operación matemática -entre el monto de las boletas de garantía y los sucesivos anticipos desembolsados por la universidad a la constructora- no incluye los $6.250 millones que la universidad dejó de percibir en 2015, de acuerdo a la estimación oficial de 2.672 nuevos estudiantes que albergaría el edificio planificado. Una vía para recuperar esos dineros fue propuesta por la contraloría universitaria en diciembre de 2014, cuando concluyó que los hechos ameritaban que la Usach interpusiera una demanda por “lucro cesante”.

Aunque en entrevista con CIPER, el rector Zolezzi señaló que el daño por lucro cesante sí había sido incluido en una de las querellas criminales presentadas contra Isolux (ver entrevista con el rector), la revisión hecha por CIPER indica que al menos en las tres querellas interpuestas por la Usach no se hace mención al daño por lucro cesante.

En el mismo comunicado, la Usach se refirió a Mauricio Carrasco, el director de Administración y Finanzas ya desvinculado. Para entonces, la renuncia de Carrasco ya estaba en conocimiento de varios decanos y académicos del plantel. CIPER tuvo a la vista un correo electrónico del 16 de marzo de 2015, en el que desde una cuenta anónima (“indignado.usach”) y con copia al rector, prorrector, miembros de la junta directiva y otra docena de autoridades y académicos de la universidad, se cuestiona que no se haya utilizado con otros funcionarios de la universidad que también estarían involucrados en irregularidades, la misma vara con la que se castigó a Carrasco.

El email hace alusión al proyecto Peoplesoft, plataforma de gestión administrativa de la Usach en la que según el autor del correo se habrían invertido más de US$ 8 millones con “nulos resultados”. Se acusa además que en torno a este proyecto se han creado “empresas de papel” en las que tendrían participación algunas autoridades y con las que se han firmado contratos vía trato directo por varios millones.

Parte de las denuncias incluidas en ese correo del 16 de marzo encontraron algún eco once días más tarde. El 27 de marzo de 2015, otro informe de la Contraloría General de la República concluyó que la adquisición, gestión y funcionamiento del sistema Peoplesoft arrastraba una larga lista de deficiencias e irregularidades. Entre ellas, “respaldos con data anterior a la emisión del contrato” y “falta de aprobación del convenio“.

El informe de Contraloría concluye señalando que, a causa de ese y otros temas, la universidad “deberá instruir un sumario administrativo para hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las observaciones consignadas” (ver informe).

Por Oscar Martínez. Fotografías: Fred Ramos y Víctor Peña.

Minutos antes de que unos policías lo mataran, José Armando Díaz Valladares dormía en su casa. Armando —como lo llaman sus familiares— había trabajado toda la noche anterior en la fábrica de plásticos. Tuvo turno de domingo en la noche y regresó cansado a casa el lunes a las 8 de la mañana. Comió algo. Se puso un pantalón deportivo anaranjado y se echó a dormir. En la casa estaba también Dayana, su compañera de vida, con el hijo de ambos: Aarón, de 3 años. En la casa estaba también Sofía, la hermana menor de Armando, una niña de 13 años.

Dayana se asustó cuando cerca del mediodía escuchó disparos. Corrió hacia Armando. Por los gritos que escuchó afuera, se hizo la idea de que había un enfrentamiento entre pandilleros y policías. La colonia es dominada por la pandillas Barrio 18 Sureños y está rodeada por zonas de control de la Mara Salvatrucha. Los operativos policiales de cateo son comunes. Dayana pensó que quizá quienes corrían en el techo de lámina de su casa eran policías. “Armando está acostado, no le van a hacer nada”, pensó.

No eran policías los primeros en bajar. Del techo de lámina cayeron tres pandilleros, menores de edad los tres. Dayana pudo ver que al menos uno de ellos estaba herido. Armando se había despertado en medio del alboroto y, todavía recomponiéndose, pidió varias veces a los intrusos que se fueran. Pero en ese momento “los policías se tiraron por (encima de) la puerta. Ya no podían irse”, recuerda Dayana.

El lunes 8 de febrero, la Policía reportó en un comunicado en su sitio oficial de internet que había matado a cinco pandilleros durante dos enfrentamientos con armas de fuego en el municipio de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. La versión policial a viva voz la dio el subdirector general, César Baldemar Flores Murillo, mientras aún se procesaba la escena donde quedaron cuatro cadáveres.

Flores Murillo fue procesado y absuelto en 1995 en el departamento de San Miguel por encubrir operaciones del grupo de exterminio de pandilleros La Sombra Negra.

El comisionado dijo que durante la mañana “sujetos” asaltaban un “vehículo con mercadería” en un lugar conocido como La Fuente, en el casco urbano del municipio. Agentes de la subdelegación de Zaragoza intervinieron, y los pandilleros respondieron a balazos. En el intercambio murió un pandillero –algunos policías aseguraron que de 15 años; otros, que de 24 o de 18- y “los demás se dieron a la fuga”. También aseguraron que fue herido de bala un cabo de la Policía. La versión oficial continúa: luego de eso, recibieron información de que los pandilleros que habían huido se refugiaban en una casa de dos plantas de la colonia Villas de Zaragoza, a unos cinco minutos de donde ocurrió el primer enfrentamiento. Se armó un operativo, los pandilleros intentaron huir por el techo y se pasaron a la casa vecina. En esa casa se generó otro “intercambio de disparos donde murieron otros cuatro miembros de la estructura criminal”.

Esta versión consignó que el operativo lo realizaron agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y de la subdelegación de la zona.

La Policía aseguró que en la escena encontraron una escopeta y una pistola calibre 9 milímetros. En declaraciones a medios, el comisionado Flores Murillo dijo que también encontraron “mochilas tipo militar, miras telescópicas y otro tipo de herramientas que se puede presumir iban a utilizar para sus actos delictivos”.

Los policías en la escena del crimen solo dieron a los periodistas los supuestos nombres y apodos de tres de los muertos en esa casa: Carlos Vladimir Nerio Andrade (a) Queco, de 13 años; Edwin Manuel Lemus Aldana (a) Pinki, de 16; y Miguel Ángel Ponce (a) Gazú, de 17

No mencionaron a Armando, de 23 años.

—Dicen que hay cuatro muertos, mamá. Armando estaba en la casa, ahí se quedó, a nosotras nos sacaron —dice una niña a una señora que acaba de llegar a la escena del crimen.

La niña lo dice lejos del grupo de periodistas y sin saber que yo la escucho.

Son las 4 de la tarde del lunes 8 de febrero. La Policía ha difundido que se enfrentó a unos pandilleros y mató a cuatro en esta colonia de Zaragoza. La niña es Sofía, tiene 13 años y vive en la casa donde están los muertos. Dice que, cuando los policías la sacaron, su hermano Armando estaba vivo, al igual que otros tres muchachos que cayeron del techo. La señora es Ana del Carmen, una empleada doméstica, madre de Armando y de Sofía.

La señora camina del brazo de la niña hacia la línea policial, que cierra una manzana alrededor de la casa custodiada, pero los policías con gorros navarone negros no dejan que nadie se acerque a la casa número 33, así sea la gente que vive en ella. La señora se descompone y grita: “¡Ellos me lo han matado!” Los medios la filman. La niña la aparta de las cámaras. Uno de los policías dice en voz alta y tono burlón: “¡Ay, sí, bañándose estaba mi hijo!”

La señora recibe una llamada telefónica: “No sé, no sé, dicen que han matado a cuatro y ahí estaba Armando… No sé, no sé”.

La niña se sienta en la acera tomada del brazo de su madre. A la escena ya han llegado otras cuatro madres preguntando por sus hijos, pero del otro lado de la línea amarilla nadie les contesta nada.

“Los mataron a sangre fría”, dice la niña, cuando le pregunto qué pasó. Ella y su madre se han vuelto a alejar de los periodistas y los policías y se han sentado en la acera. La niña llora. “Eran un montón (los que entraron a la casa). Por la lámina saltaron (los tres pandilleros) y los policías detrás. Nos apuntaron. Nos sacaron de la casa a mí, a la mujer de él y al niño. Él se quedó adentro. Fue como a la 1 de la tarde”.

Después de eso, la niña solo recuerda que “cada minuto sonaba algún disparo”.

La señora recibe otra llamada. Es su otro hijo, hermano de Armando, que llama desde Estados Unidos, donde vive indocumentado. “Se metieron a la casa, hijo, no sé nada… Las sacaron de la casa… Ahí quedó Armando”.

Los empleados de cinco funerarias de bajo costo intentan convencer a las madres de los supuestos muertos. Las madres no saben si sus hijos son los muertos, pero los empleados de las funerarias que llegan antes que los periodistas a las escenas ya hacen sus ofertas. 200 dólares la más baja: “No es un servicio de lujo, madre, pero es muy digno. Hay quienes se aprovechan del dolor, nosotros solo queremos ayudar. Entonces, ¿cristiana o católica?”

Son las 5 de la tarde. La Policía no dejará que la señora entre a su casa sino hasta las 9 de la noche, cuando, sin que ningún medio pueda verlo, los cadáveres ya hayan salido en bolsas blancas hacia Medicina Legal de Santa Tecla.

***

El año 2015 marcó la confrontación entre pandilleros y policías. 63 agentes fueron asesinados el año pasado, la mayoría mientras estaban de descanso. 2016 ha iniciado con más de 15 asesinatos de familiares de policías y militares. El mensaje ha sido recibido entre los uniformados, que cada vez más parecen comportarse como parte de un conflicto y no como autoridad. De todas las denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2014, el 40 % eran en contra de militares o policías. En 2015, el número subió al 74 %.

La escena en Villas de Zaragoza es calcada a lo que ocurre semanalmente en El Salvador actual. La Policía informa que hubo un enfrentamiento donde murieron dos o tres u ocho pandilleros. Informa que un policía fue herido y que está fuera de peligro o, en el peor y menos común de los casos, que un uniformado murió. Informa que encontraron algunas armas, de las que no presentan el examen de balística o alguna pista de su procedencia. No permite que nadie vea la escena a menos de que no haya posibilidad de ocultarla. La Inspectoría no se presenta al lugar ni suele abrir investigaciones si no hay algún eco mediático. La Fiscalía, como ya han dicho fuentes fiscales a este medio, no amplía el expediente. Se da por cierto el relato policial. Así pasó tras la masacre de la finca San Blas, que ocurrió el 26 de marzo de 2015 a unos tres kilómetros de la colonia Villas de Zaragoza, donde la Policía mató a las cuatro personas a las que etiqueta como pandilleros.

La Prensa Gráfica consignó en octubre del año pasado el caso de cinco supuestos pandilleros abatidos en Panchimalco. De nuevo, las muertes, que fueron presentadas por las autoridades policiales y militares como producto de un enfrentamiento, parecían más asesinatos a la luz de las pruebas forenses y los testimonios de testigos.

Sin embargo, la práctica de poner en duda la historia oficial no es la tendencia. Los medios suelen consignar este tipo de noticia como les contaron que pasó. “Los policías lograron acabar con la vida de otros cuatro antisociales”, dijo La Página sobre este hecho. “Mueren cinco pandilleros en tiroteo con la Policía”, dijo El Diario de Hoy. “Cuatro pandilleros del Barrio 18, ala Sureños, murieron la tarde de este lunes al enfrentarse con la PNC en la comunidad Brisas de Zaragoza”, se lee en Diario 1.

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El teléfono lo contesta la gerente financiera de la empresa de plásticos donde trabajaba Armando. “Él era súper tranquilo, nada que ver con eso de pandillas. Armando trabajó la noche del domingo. Están sus huellas en el reloj marcador digital. Entró a las 7 de la noche del domingo y salió a las 7 de la mañana del lunes. No tiene ninguna falta en su expediente. Entró a la empresa hace como cuatro años porque lo recomendó un ejecutivo de ventas que tiene 35 años de trabajar aquí”, dice la gerente.

También por teléfono habla el gerente de producción de la misma empresa, jefe directo de Armando. “Él era uno de los mejores trabajadores. Ya hemos tenido empleados de los que sospechamos, pero él era bicho y tenía ganas de trabajar. Jugábamos juntos en el equipo de fútbol y estaba aspirando a un puesto superior que se abrió. Él llegó a su casa desvelado. Yo creo lo que dice su madre. Hay compañeros de él que viven en esa zona y confirman esa historia”.

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Contesta el teléfono un investigador policial que estuvo en la escena.

—Ellos (los pandilleros) no estaban en la casa donde los mataron. Se tiraron desde la casa de atrás. Ellos, al ver que llegaban policías, se avientan a la otra casa.

Contesta el teléfono otro de los investigadores policiales que recogieron evidencia:

—Yo no vi esas mochilas militares que dicen los jefes en los medios que se encontraron en la casa. Y la mira telescópica que mencionan era una cosa como de juguete, no era de arma de fuego. Ni nos la llevamos.

Se envió un cuestionario a la jefa de prensa de la Policía el martes a las 3 de la tarde. Se le preguntó cómo es que si solo encontraron dos armas se decía que los cuatro muertos participaban del enfrentamiento armado. Se le preguntó si tenían antecedentes de los muertos. Se le preguntó cómo sabían que Armando era pandillero, entre otras cosas. “Ese proceso ya está en manos de la FGR (Fiscalía), quienes son los únicos autorizados para brindar información al respecto, le sugiero avocarse a ellos”, contestó minutos después. La Fiscalía, a través de su vocero, dijo que tampoco tiene nada que decir de momento.

***

Es mediodía del martes 9 de febrero. Los familiares de los cinco muertos esperan afuera de Medicina Legal de Santa Tecla que les entreguen los cadáveres.

—Los muchachos se rindieron. Mi hijo no tiene algunos pedazos (de cara), del odio con que lo mataron —dice una madre que no niega que su hijo era pandillero.

—¿Armando era pandillero? —le pregunto.

—El muchacho no era nada. Descansando estaba en su casa.

—Él solo trabajaba. Estaba descansando —dice el papá de Armando, un electricista. Más tarde él tendrá que recostarse durante la vela, porque padece del corazón y el pecho empezará a repiquetearle.

Sale el primer cadáver. Es Armando. Dayana, su mujer, sube al microbús y se va hacia la funeraria de bajo costo donde lo prepararán.

La constancia de Medicina Legal que recibieron los familiares de Armando dice que murió de “lesión de tórax y abdomen por arma de fuego”. El cadáver de Armando, puesto sobre la palangana de la funeraria, muestra otro orificio. Tiene un agujero en la oreja derecha, una rozadura en el cuello y un agujero en la clavícula, como si una bala hubiera roto, herido y roto de nuevo. Da la impresión de que es un disparo que entra desde arriba hacia abajo.

Dayana, la mujer de Armando y testigo del hecho, llora en la funeraria mientras espera su cadáver. Sin embargo, acepta contestar una pregunta.

—¿Qué pasó ayer?

—Ellos (pandilleros) no sé cómo aparecieron encima de la lámina… Ya entraron los policías y no sé qué le hicieron a los demás muchachos… La Policía apuntó así donde nosotros, porque Armando se tiró al suelo así (manos en la nuca) y me decía que me calmara, que me calmara. Así como estás, venite (arrastrada), me dijo el policía. Mire, le dije, él no es nada, él de trabajar ha venido, desvelado, yo no sé cómo aparecieron esos hombres aquí. Tome, aquí está la cartera, le dije. Ahí después vamos a ver eso, váyase para allá, me dijo. Mire, le dije, aquí están los papeles, véalos (el carné de la empresa de plásticos). Váyase para afuera, me dijo, y me apuntaba… Sofía salió corriendo para donde mi mamá, con el niño. Yo les dije: no es marero ni nada, por favor, vea los papeles. Eran un montón de policías… Ponete ahí, le decía el policía (a Armando), a la par del otro que estaba echando sangre. Ya estaban rendidos (los otros). Me imagino que baleados…Entonces, yo me fui corriendo para donde mi mamá. Y entonces oí los balazos, me sentí mal, me dolió el corazón cuando oí los balazos, los últimos balazos.

Las dos testigos directas de la escena coinciden en la historia y aseguran que no solo Armando, sino que también los tres supuestos pandilleros estaban ya tirados en el suelo, heridos algunos. Dayana no recuerda si todos sangraban. “Yo me fijé en Armando, en él pensé. Se puso las manos en la cabeza y se tiró al suelo”, dice. De lo que sí está segura es de que adentro de la casa ya no había enfrentamiento armado, sino tres supuestos pandilleros de 17, 16 y 13 años sentados en el suelo y un trabajador acostado boca abajo. No había disparos cuando ella intentó negociar con los policías. No había disparos cuando Sofía y Aarón, hermana e hijo de Armando, salieron corriendo de la casa. No había disparos cuando Dayana finalmente fue obligada por los policías a salir de la casa.

Hubo disparos después.

Cristián Gonzalo Riquelme Urra está en un lugar incómodo. Políticos de todos los sectores llevan meses pidiendo que sea removido de su cargo de director administrativo de la Presidencia de la República. Se ha puesto bajo la lupa su gestión y el patrimonio que ha declarado, pero hay otros aspectos de las finanzas de Riquelme que abren signos de interrogación y que tienen que ver con los negocios que inició luego del primer gobierno de Michelle Bachelet, en el que también fue administrador de La Moneda. CIPER siguió la pista de dos empresas que formó durante ese periodo y se encontró con que ambas registran millonarios contratos con el Fisco entre 2013 y 2015. En total, acumulan pagos por $417 millones en 39 órdenes de compra, la gran mayoría por servicios prestados al sistema de salud pública durante este gobierno.

Aunque Riquelme ya no figura como socio en estas compañías, las dejó en manos de personas de su entorno. En Comercial A y R (que utiliza como nombre de fantasía Socoar), su cónyuge Ada Álvarez, trabajadora social, aparece con el 65% de las acciones, mientras que el otro 35% está en manos de David Arévalo Lucabech, quien fuera jefe de adquisiciones de la Presidencia en el anterior gobierno de Bachelet, es decir, cuando Riquelme era su jefe directo. En el caso de Greentec, la segunda sociedad que figura con pagos desde el Estado, Riquelme intentó traspasar sus acciones a su esposa, pero la transacción era ilegal y debió ser anulada seis meses después. La participación terminó en manos del otro socio, Julio Campos Quintana, quien al igual que él es ingeniero civil industrial de la Universidad del Bio Bio.

Riquelme logró sobrevivir a la razzia que se produjo en mayo pasado, cuando tras la remoción de Rodrigo Peñailillo del Ministerio del Interior, fueron despedidos gran parte de los integrantes de la llamada Generación de los años 90 del PPD (G-90), con la que se le identifica. Pero poco después caería en desgracia por el llamado Caso Caval. Su declive comenzó cuando se supo que en abril de 2015 recibió en La Moneda al ex operador de la UDI Juan Díaz, quien le solicitó que hiciera gestiones para que la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, le pagara una deuda. Todo, en medio de la tormenta del caso Caval, lo que terminó de aislarlo políticamente.

Hasta su propio partido lo dejó caer, lo que quedó en evidencia la semana pasada cuando el secretario general del PPD, Óscar Santelices, si bien cuestionó que se haga un “juicio anticipatorio”, dijo que “lo más conveniente es que dé un paso al costado”, según reportó la Radio de la Universidad de Chile. Pero hasta ahora Riquelme ha contado con el único apoyo que importa para su puesto: el de Bachelet. El ingeniero no sólo ha estado a cargo de las cuentas de la Presidencia en sus dos gobierno, sino que durante la última campaña administró la Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Limitada (Somae), creada para manejar el gasto electoral.

Este miércoles 10 de febrero Cristián Riquelme debió presentar una nueva versión de su declaración de patrimonio, luego de que un grupo de parlamentarios cuestionara que faltaba información en la versión publicada en la página web y el ministro del Interior, Jorge Burgos, le sugiriera a través de la prensa agregar los datos omitidos. La nueva declaración da cuenta de que acumula más de $570 millones en bienes raíces (ver documento). Registra además dos créditos hipotecarios, poco más de $800 mil en tres cuentas corrientes, fondos mutuos por $7,1 millones y un APV con $1,1 millones ahorrados. Como administrador de La Moneda tiene actualmente un sueldo bruto de $7,7 millones mensuales.

CAMILLAS, SILLAS DE RUEDAS Y CATRES CLÍNICOS

Comercial A y R, o Socoar, se presenta en su sitio web como una empresa proveedora de insumos y equipamientos médicos, lo que se confirma al revisar los contratos que registra con el sistema público. La sociedad fue constituida el 5 de julio de 2010 por Cristián Riquelme y su esposa, con un capital de $3 millones, cifra que completaron en partes iguales, por lo que cada uno se quedó con el 50% de las acciones. Ambos también quedaron a cargo de la administración y la representación legal de la firma. Y aunque al momento de la constitución su objeto fue amplio (representación de firmas nacionales o extranjeras y comercialización de bienes muebles e inmuebles), en la práctica se han dedicado a la venta de infraestructura médica. Según la información que entregaron en la Expo Hospital que se realizó en 2015, tienen la representación de la empresa radicada en Miami Advanced Instrumentations.

Riquelme permaneció como socio de A y R hasta varios meses después de haber vuelto a La Moneda, el 11 de marzo de 2014. El 30 de septiembre de ese año se produjo el primer cambio societario de la compañía desde su creación. Le vendió sus acciones a su padre, José Miguel Riquelme Sanhueza, por $1,5 millones. Más de un año después, el 13 de noviembre de 2015, la sociedad sufrió una nueva modificación. Esta vez el padre de Cristián Riquelme vendió su participación en la sociedad y traspasó el 15% a Ada Álvarez (su nuera, que quedó con el 65%) por $500 mil, y el restante 35% a David Arévalo Lucabech, por $1 millón. La escritura, alojada en la Notaría de Sergio Carmona, establece que a partir de esa fecha David Arévalo se transforma en el representante legal de la sociedad.

Arévalo es administrador público y al momento de asociarse con el negocio de los Riquelme solo se reencontraba con alguien con quien había compartido labores en La Moneda. El 22 de enero de 2007 ingresó como profesional a la Presidencia de la República, mientras Riquelme ejercía como su jefe en la misma repartición. Según el sitio de Transparencia Activa de La Moneda, desde 2008 fue jefe de Adquisiciones de la Presidencia. Se mantuvo en ese cargo hasta el  23 de septiembre de 2010. Así fue pavimentando su camino desde el aparato público como un experto en licitaciones.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, David Arévalo continuó especializándose en el sistema de compras del Estado. Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2013 trabajó en el Hospital Roberto del Río y en los registros de algunas licitaciones figura como analista de compras, el responsable del contacto con los proveedores. Con ese curriculum, y siendo hombre de su confianza desde el primer periodo de Bachelet en La Moneda, Arévalo se transformó en la persona perfecta para asumir la administración del negocio familiar de Riquelme, más aún cuando lo que ofrece Comercial A y R, o Socoar, es la venta de insumos para los servicios de salud del país. De la mano de su ex jefe, Arévalo dio el salto del mundo público al privado. El hecho cobra relevancia ya que el Hospital Roberto del Río aparece como el principal pagador de la otra sociedad ligada a Cristián Riquelme, Greentec.

Consultado por CIPER, Arévalo afirmó que no tiene ninguna relación con Greentec y que cuando trabajó en el Hospital Roberto del Río se encargaba de abastecimiento y evaluación de proveedores. Respecto a A y R, Arévalo sostuvo que “este es un negocio que en la actualidad no tiene nada que ver con él (Cristián Riquelme), ni con los rubros a los que él se dedica, por lo que no existe incompatibilidad. Nosotros tenemos red de clientes públicos y privados. Nos dedicamos a la importación y venta de insumos. La señora de Cristián Riquelme, Ada Álvarez, trabaja en la empresa igual que yo”.

Actualmente la dirección de Comercial A y R (Socoar) está en José Miguel de la Barra 536 oficina 601, que es propiedad de Harold Correa Angulo, Alex Matute Johns y Daniel Ulloa Iluffi, quienes lo adquirieron el 23 de agosto de 2010 por 1.000 UF. Según registros del Conservador de Bienes Raíces, el mismo trío también es dueño del vecino departamento 602, del mismo edificio. Esa oficina también figuró como domicilio de  Harold’s & Johns Business & Law Limitada, propiedad de Harold Correa (G-90, ex jefe de gabinete en el Ministerio de Educación) y Alex Matute, firma que se ha visto envuelta en la investigación por financiamiento político irregular: aparece recibiendo dineros rectificados de empresas del Grupo Angelini, a fines de 2012 realizó pagos al ex ministro Rodrigo Peñailillo y recibió un préstamo de Asesorías y Negocios, la sociedad de Giorgio Martelli que financió la precampaña de Bachelet. El tercer dueño de la oficina, Daniel Ulloa, al igual que Correa, es militante PPD y fue Director Nacional de Obras Portuarias durante el anterior gobierno de Bachelet.

Desde esa céntrica oficina A y R ha desarrollado sus negocios con distintas instituciones de salud del Estado. El 1 de octubre de 2014, un día después de que Cristián Riquelme le vendiera a su padre su participación en la empresa, vencía el plazo para presentar ofertas para la licitación de un “convenio marco”, que incluía mobiliario clínico. Estos convenios permiten ingresar a un catálogo de empresas, a las cuales las instituciones públicas pueden comprar sin necesidad de hacer licitaciones (revisar convenio marco que integró Comercial A y R).

A y R (Socoar)  logró ser incluida en ese convenio marco, lo que ha resultado un buen negocio. Durante 2015 obtuvo 27 contratos con organismos públicos por $188 millones. De éstos, 22 se los adjudicó gracias al convenio, por un total de $142 millones.

El primer beneficio lo obtuvo en enero de 2015,  cuando el Hospital Augusto Essmann Burgos, ubicado en la comuna de Puerto Natales, le transfirió $1,2 millones por 20 sillas de ruedas estándar. Hasta abril de 2015, la empresa continuó proveyendo de sillas de ruedas a organismos como el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y el Sence. Las sillas estándar no son caras ($59 mil cada unidad), por lo que las mayores transferencias de dinero no se ubicaron en este periodo.

Ya el 9 de junio de 2015 aparecen pagos mayores. Ese día el Hospital Claudio Vicuña firmó una orden de compra de $9,2 millones por cinco catres clínicos eléctricos. El 4 de noviembre del mismo año el Servicio de Salud de Iquique transfirió otros $8,3 millones por 40 veladores para pacientes. De ahí en adelante se incrementaron los pagos. El mismo 4 de noviembre el Hospital San José emitió dos órdenes de compra por un total de $88 millones por 20 catres clínicos.

El Hospital San Juan de Dios de Los Andes pagó $11 millones el 23 de noviembre del año pasado por seis catres clínicos, mientras que el Hospital de Valdivia canceló otros $14,6 millones el 7 de diciembre por el arriendo durante un mes de siete monitores de signos vitales (revise la totalidad de las órdenes de compra emitidas por organismos públicos a Comercial A y R).

UN NEGOCIO G-90

La sociedad Greentec Proyectos de Ingeniería y Mantención Industrial Limitada fue constituida el 18 de diciembre de 2010 por amigos cercanos que formaban parte de la llamada G-90, la generación de militantes PPD que adquirió poder en el aparato público de la mano de Rodrigo Peñailillo, su líder, cuando éste llegó al Ministerio del Interior en marzo de 2014. Antes se habían fogueado en cargos de asesores durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (2000-2010).

En la constitución de Greentec participaron Cristián Riquelme, Flavio Candia Gallardo (jefe de la Unidad de Análisis Estratégicos de Interior durante la gestión de Peñailillo), y Julio Campos Quintana (quien estudió ingeniería en la Universidad del Bio Bio, a la que también asistieron Riquelme y Peñailillo). El domicilio legal se estableció en un departamento de Ñuñoa, en la calle José Domingo Cañas, que es el domicilio personal de Riquelme.

Los pagos del Fisco a Greentec comenzaron el 15 de noviembre de 2013 –dos días antes de que la entonces candidata Michelle Bachelet ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales–, cuando Capredena le pagó $1,9 millones por la instalación de pisos laminados. Después de eso, el Hospital Roberto del Río sería el único cliente estatal de Greentec. Un buen cliente. En total, el hospital le ha pagado $228 millones, de los cuales $86 millones han tenido lugar durante la administración Bachelet.

El primer cambio societario de Greentec ocurrió el 24 de enero de 2013, cuando Flavio Candia vendió su participación (33%) a Rocío Millaray Manzanares Ferrada por $300 mil. Cambiaron el nombre a Asesorías e Inversiones Greentec Limitada y quedaron entonces como socios Cristián Riquelme, Julio Campos y Rocío Manzanares, la misma persona que asumió como fiadora y co deudora solidaria de Candia en la compra de un terreno en Peñalolén que éste concretó en 2014 junto a Riquelme (ver recuadro).

El mismo día que Michelle Bachelet volvió a la Presidencia, el 11 de marzo de 2014, Cristián Riquelme quiso retirarse de Greentec. Hizo un movimiento errático, ya que primero intentó vender su 34% de las acciones a su mujer, Ada Álvarez, por $300 mil. Sin embargo, la ley se lo impedía. El artículo 1.796 del Código Civil señala que “es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente”, por lo que tuvo que anular esa operación y seis meses después, el 24 de septiembre, transferir sus acciones a Julio Campos, el otro socio. De esta forma, Campos quedó con el 67% de las acciones y Rocío Manzanares con el restante 33%.

Durante ese periodo, entre que trató de venderle a su esposa y terminó vendiendo a Campos, Greentec prestó servicios por $39 millones al Estado.

Los contratos con el Hospital Roberto del Río comenzaron antes de que asumiera su cargo público. El primer pago fue también el más grande: el 21 de febrero de 2014, el recinto hospitalario canceló $139,4 millones por la reparación de los quirófanos 5, 6 y 7. La siguiente orden de compra se giró cuando Riquelme y compañía ya estaban instalados en La Moneda: el 30 de mayo de 2014 el mismo Hospital Roberto del Río pagó otros $24,9 millones por la instalación y reparación del sistema de climatización de pabellones quirúrgicos. A pesar de que en el papel Riquelme ya había salido de Greentec, la orden de compra está a su nombre y su domicilio particular continúa apareciendo como la residencia legal de la empresa (ver orden de compra).

Julio Campos, socio de Greentec.

El nombre de Cristián Riquelme aparece como contraparte del hospital en las órdenes de compra fechadas el 30 de mayo, 14 de julio, 13 de noviembre y 5 de diciembre de 2014, todas asignadas por trato directo. Su nombre figura además en otra orden emitida el 2 de febrero de 2015(ver orden de compra), aunque Julio Campos es quien firma el contrato. En esa ocasión sí hubo licitación, pero Greentec fue el único oferente. El domicilio legal asociado a Greentec nunca dejará de ser el departamento personal de Riquelme ubicado en Ñuñoa. Incluso otra orden de compra emitida el 15 de agosto de 2015ver orden de compra vuelve a instalar a Cristián Riquelme como destinatario.

En total, Greentec ha recibido $228 millones desde el Fisco, y de ese total la inmensa mayoría proviene del Hospital Roberto del Río. Antes de que Riquelme y compañía aterrizaran en La Moneda se produjeron dos pagos por un total de $141 millones. El resto se canceló cuando ya ocupaba su cargo en la administración bacheletista (revise la totalidad de las órdenes de compra emitidas por organismos públicos a Greentec).

COMPAÑEROS Y VECINOS

Cristián Riquelme y el ex ministro Rodrigo Peñailillo se conocen desde que eran adolescentes. Fueron compañeros de estudios en el Liceo A-49 de Coronel y en la Universidad del Bio Bio, donde Riquelme cursó ingeniería civil industrial y Peñailillo ingeniería comercial. Ambos siguieron la misma ruta participando en la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1999, y luego del triunfo de éste en las urnas pasaron a formar parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, fichados por Francisco Vidal (PPD). Fue su ingreso al aparato público.

De esa historia de ascenso pasaron 15 años, hasta que ambos chocaron de frente con un escándalo político que terminó derribando al ex ministro del Interior. Luego, los fuertes cuestionamientos de la derecha y el oficialismo que apuntan a Riquelme por su rol en el caso Caval y por el manejo de platas políticas en medio de la campaña presidencial de 2013, terminaron de poner al administrador de La Moneda entre las cuerdas.

Riquelme administraba la Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Limitada (Somae), creada en abril de 2013 especialmente para administrar las platas del comando presidencial. Según el Diario Oficial, fue inscrita por Jonny Heiss (actual coordinador de tecnología en el Ministerio de Educación, Mineduc), y José Luis Sepúlveda (administrador público, ex jefe de gabinete en la Secretaría General de Gobierno entre enero y abril de 2009, asesor del Mineduc en diversos periodos y actual director del Instituto de Gestión Pública de la Universidad Central).

El rol jugado por Riquelme como administrador de las platas de la Presidencia durante los dos periodos de Bachelet, además de su protagonismo en el manejo de las platas de su segunda campaña, han abierto la interrogante respecto a cuánta información reservada maneja. El recaudador de dineros para campañas del oficialismo, Giorgio Martelli (hoy formalizado por la Justicia) reconoció ante el Ministerio Público que Riquelme le solicitó un préstamo durante el desarrollo de la campaña presidencial de 2013.

Esa información fue revelada por El Mostrador el 10 de septiembre de 2015, dando cuenta de traspasos por $32,5 millones desde la cuenta corriente personal de Martelli a la de Riquelme entre marzo y agosto de 2013. Martelli reconoció ante los fiscales que se trató de platas políticas: “Mi relación con él (Riquelme) fue una relación exclusivamente de trabajo para la futura campaña, al final de la gestión activa de AyN (Asesorías y Negocios) nos reuníamos en su casa, en mi domicilio, cafés y en la oficina de Peñailillo, ubicada en (Francisco) Bilbao con Antonio Varas, en la Fundación Dialoga, y también en la casa de Peñailillo, ya que Cristián Riquelme vivía al lado de Peñailillo, en Ñuñoa. Nos reuníamos por temas políticos pero con el tiempo nos fuimos haciendo amigos, estas reuniones fueron hasta fines de la campaña, es decir, hasta comienzos de 2014”, aseguró Martelli el 13 de noviembre pasado frente a la fiscal Carmen Gloria Segura.

Las reuniones en Ñuñoa a las que hace mención Martelli en su declaración judicial se realizaron en los departamentos que Riquelme y Peñailillo compraron en 2005 en Ñuñoa, en la calle José Domingo Cañas, donde compartieron edificio hasta hace poco tiempo.

Según registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el 21 de junio de 2005 en la Notaría de René Benavente Cash, Rodrigo Peñailillo le compró a la Inmobiliaria Simonetti el departamento 72, ubicado en el séptimo piso de un edificio de la comuna de Ñuñoa, en la calle José Domingo Cañas. Además del inmueble, la compra incluyó una bodega y un estacionamiento. El monto del traspaso fue de $60,5 millones. Apenas 17 días después, el 8 de julio, su amigo Cristián Riquelme compró un departamento en el mismo edificio, un piso más arriba, el número 86, también acompañado por bodega y estacionamiento. Por la propiedad, Riquelme pagó UF 3.410 (equivalentes a $59,7 millones de la época). Ambos vivieron en el edificio casi 10 años.

En esos departamentos, según Martelli, se desarrollaron parte de las reuniones de la precampaña y campaña presidencial de Bachelet, las que habrían durado “hasta inicios de 2014”. Durante ese año, según aseguran en el edificio de José Domingo Cañas, Peñailillo entregó en arriendo su departamento, periodo que coincide con su llegada al Ministerio del Interior.

El caso de Cristián Riquelme es distinto. Hasta el día de hoy, según afirman en el edificio, el administrador de La Moneda reside en el departamento. Esa misma dirección aparece como domicilio legal de las dos sociedades que tuvieron contratos con el Estado: Asesorías e Inversiones Greentec Ltda. y Comercial A y R Ltda., cuyo nombre de fantasía es Socoar.

Ese departamento figura en la opaca declaración patrimonial que Riquelme actualizó esta semana en medio del coro público que brega por su salida del cargo.  Según esa declaración, el avalúo fiscal hoy alcanza a $68 millones, mientras que su valor comercial llegaría a $135 millones. A eso se deben sumar los $5 millones que según él cuestan en el mercado la bodega y el estacionamiento que están asociados a ese inmueble.

La casa que la declaración de Riquelme ubica en la ciudad de Lota corresponde a un inmueble que le compró en 2008 a su suegra, Ada Aravena Ruiz, por $18 millones, a pesar que hoy él sitúa su avalúo comercial tan solo en $14 millones.

Alexi Ríos, militante PPD y socio de Cristián Riquelme

Respecto del terreno que según su declaración compró en 2015 en Chillán (avaluado comercialmente en $25 millones), CIPER no encontró huellas en el índice virtual del Conservador de Bienes Raíces de esa ciudad. A esto hay que sumar un terreno en Peñalolén (ver recuadro), con lo cual el patrimonio inmobiliario de Riquelme suma –según sus propios cálculos– más de $570 millones.

De lo que este medio sí encontró indicios es de una sociedad comercial que hasta ahora no ha sido mencionada y que Riquelme omitió en su declaración patrimonial: En julio de 2012 constituyó la Sociedad de Marketing y Asesorías Los Ríos Limitada, junto a Alexi Ríos Díaz (militante PPD, cercano a la G 90 y asesor en la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Playa Ancha).

El registro en el Diario Oficial consigna que el objeto de la firma es la “asesoría financiera, económica, política, administrativa y publicitaria de personas naturales y jurídicas; la realización de eventos culturales, deportivos, sociales y políticos; el desarrollo de colectas públicas; de campañas de recaudación de fondos; de actividades de promoción y marketing de marcas comerciales, de productos, de personalidades, de imágenes corporativas y afines; pudiendo administrar dichos fondos y destinarlos a la compra y/o arriendo de bienes y servicios que tengan por objeto la realización de cualesquiera de los objetos previamente enunciados”. Los Ríos Limitada también utiliza como domicilio legal el departamento de Riquelme en José Domingo Cañas.

Según el registro del Servicio de Impuestos Internos, Los Ríos registra actividad tributaria entre 2012 y 2013. Aunque está vigente, no ha registrado nuevos movimientos societarios. No hay registros públicos que indiquen que Riquelme haya dejado de participar en esa sociedad, sin embargo no la incluyó en su declaración de patrimonio.

Cuando le faltaba una semana para terminar su internado en el servicio de urgencias del Hospital de Buin, Paula Valenzuela quedó paralizada. A minutos de terminar su turno llegó un paciente con un paro cardiorrespiratorio y no supo cómo realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP), una técnica básica de primeros auxilios que sólo le enseñaron en un par de horas de clases casi sin ejercicios prácticos. Los paramédicos que la acompañaban comprendieron que no tenía idea de lo que debía hacer para salvar al hombre que se moría frente a ella y la ayudaron: la dirigieron y logró reanimar al paciente. Paula supo esa noche que la formación que estaba recibiendo como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) en el Instituto Profesional de Chile tenía vacíos graves.

Este año las carreras de Enfermería y TENS fueron las más demandadas por los postulantes a la educación superior. Alcanzaron la cúspide de las aspiraciones juveniles impulsadas por el ingreso económico mensual promedio de los recientemente titulados (más de un millón de pesos para los enfermeros y $450 mil para los TENS) y por su alto porcentaje de ocupación laboral (98% en Enfermería y 67% para los TENS).

A diez horas de que se publicaran los resultados de las postulaciones, el domingo 10 de enero, Medicina y Enfermería ya estaban saturadas en las universidades tradicionales que imparten esas carreras. A mediados de enero ya no había vacantes en esas instituciones. Sólo quedaban algunos cupos en los institutos y centros de formación técnica (CFT) que ofrecen la carrera TENS, también altamente demandada.

Según un artículo de La Tercera, sólo en las universidades del Consejo de Rectores, los postulantes a Enfermería sumaron 9.143 para llenar 648 vacantes. Algo similar ocurrió con Medicina, donde el número de aspirantes superó 17 veces los cupos ofrecidos. Según los datos de la Comisión Ingresa, en 2015 había 38.205 estudiantes de Medicina, Enfermería y TENS que financiaron sus estudios con el Crédito con Aval del Estado (CAE) en la Región Metropolitana. El monto total de los recursos suma más de $61 mil millones en préstamos que estos jóvenes pagarán hasta por 20 años a los bancos que participan del sistema.

Las carreras de la salud -especialmente Medicina, Enfermería y TENS- se han convertido en una poderosa fuente de ingresos para las instituciones de educación superior. Los aranceles anuales que pagarán los estudiantes este año lo reflejan: en Medicina, van desde $4,4 millones (U. de Santiago) hasta $7,3 millones (U. del Desarrollo); en Enfermería, los pagos parten en $2,5 millones (Ucinf) y se elevan hasta $4,7 millones (U. del Desarrollo); en TENS, van desde $919 mil (ICEL) hasta $1,7 millón (AIEP) (vea las instituciones de la Región Metropolitana que imparten estas carreras, los aranceles que cobran, el número de alumnos que reciben y si están acreditadas).

El masivo auge de estas carreras ha hecho que se multipliquen las instituciones que las imparten. El problema: muchas lo hacen con serias falencias en sus contenidos e infraestructura, lo que solo queda al descubierto cuando los alumnos hacen su práctica y fallan en la atención de pacientes. Incluso, como las universidades e institutos firman convenios que reportan beneficios a los hospitales y consultorios que reciben a sus alumnos, esta relación resulta propicia para que se soslaye la falta de preparación de los estudiantes.

Respecto de los requisitos para el ingreso, universidades como UCINF, SEK y UBO no exigen un puntaje mínimo, solo que se acredite que la PSU fue rendida: el que llega primero se matricula. La Universidad Autónoma, por ejemplo, que este año accedió a la gratuidad, exige un puntaje mínimo de 700 para Medicina y 600 para Enfermería, pero no considera la PSU de Ciencias, lo que facilita ponderar ese piso. Y en el caso de los TENS, los institutos y CFT no seleccionan por criterios académicos. Muchos jóvenes que no quedan en universidades tradicionales o en las privadas más reconocidas, persisten en su empeño de convertirse en enfermeros en instituciones de menor prestigio académico, aunque no estén acreditadas.

El único indicador de la calidad de la enseñanza es la acreditación de la institución que ofrece matrícula, pero por años ese sistema fue socavado por la corrupción que imperó en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que permitió la compra y venta de acreditaciones (vea el especial de CIPER con los reportajes escritos entre 2011 y 2013). De hecho, la CNA permitió la acreditación de la fallida Universidad del Mar que impartió las carreras de Medicina y Enfermería en deplorables condiciones académicas y de infraestructura, lo que incluyó a una decana de la Facultad de Salud y un profesor de anatomía con títulos falsos (vea el reportaje de CIPER “Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha II: El imperio de la U. del Mar”).

No obstante, el sistema admite que la carrera de Enfermería sea impartida aunque no esté acreditada, lo que no ocurre con Medicina, que solo puede ser dictada si su programa de estudios cuenta con este supuesto sello de calidad. La acreditación, en todo caso, no es considerada por el mercado como una marca de valor, pues se dan casos como el de la U. del Desarrollo, que cobra un arancel de $4,7 millones por su carrera de Enfermería que no está acreditada, frente a los $2,9 millones que pide la U. de Santiago, cuyo programa de Enfermería si cuenta con acreditación.

Ni el Ministerio de Educación (Mineduc) ni el Ministerio de Salud (Minsal) tienen facultades para determinar los contenidos mínimos que deben impartir universidades e institutos ni cómo deben enseñarse. Amparadas en la “libertad de enseñanza”, concepto que desde el régimen militar se convirtió en la piedra angular del sistema educacional, cada institución define su propia malla y contenidos.

Solo el Minsal conserva un pequeño espacio para incidir en qué y cómo debe enseñarse, ya que cuenta con normas  -como el Libro V del Código Sanitario o reglamentos “para el ejercicio de la profesión”- que definen conocimientos exigibles a quienes ingresan a trabajar en el sistema público. En el caso de Medicina, solo los titulados que hayan aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos Médicos (Eunacom) pueden trabajar en los establecimientos estatales. Aún así, cada vez es mayor el número de profesionales (médicos o enfermeros) que se incorporan con deficiencias que deben ser suplidas con capacitaciones que costea el Estado.

-Estamos invirtiendo montos del orden de los $2.500 millones anuales para agregar habilidades con que los profesionales médicos no cuentan al egresar, y que se requieren para el desempeño en la atención primaria. Lo que hoy ocurre, y que no puede pasar más, es que a un médico que salió bien formado en el estándar universitario, el sistema público tenga que agregarle capacitaciones adicionales que no recibió durante el pregrado –señala José Concha, jefe del Departamento de Formación y Capacitación del Minsal.

VACÍOS EN CLASES Y LABORATORIOS

CIPER recorrió universidades, institutos y centros de formación técnica de la Región Metropolitana que imparten Medicina, Enfermería y TENS. El recorrido incluyó 15 instituciones donde se revisó la infraestructura (principalmente laboratorios y salas de simulación), y se conversó con académicos y alumnos. Sólo en las universidades San Sebastián y Pedro de Valdivia no hubo respuesta a los requerimientos de esta investigación (vea la nómina de las instituciones y sedes visitadas).

En paralelo, CIPER recorrió hospitales y consultorios que funcionan como campos clínicos, donde entrevistó a médicos y enfermeros que trabajan con los estudiantes que hacen internado. En ese camino, pudo constatar que varias escuelas universitarias y técnicas envían a sus alumnos con falencias tan graves como las que demostró Paula Valenzuela en el Hospital de Buin.

La alarma por la falta de filtros en los campos clínicos se amplificó dramáticamente en agosto de 2014, cuando en el Hospital de Melipilla murieron tres personas y ocho fueron afectadas por una hipoglicemia severa. La fatal emergencia fue gatillada por la ignorancia de una estudiante de Enfermería de la U. del Pacífico que aplicó un fármaco equivocado y también por la escasa supervisión de las enfermeras a cargo. El episodio dejó al descubierto la relación impropia que se ha tejido entre universidades e institutos con los hospitales para obtener campos clínicos a cambio de infraestructura e insumos (vea el reportaje de CIPER “Negligencia mortal en Hospital de Melipilla devela feroz disputa de universidades por campos clínicos”).

Conversando con sus compañeros de la carrera vespertina de TENS del Instituto Profesional de Chile (IP Chile), Paula Valenzuela confirmó su sospecha. Ella no era la única que al hacer el internado descubrió que no sabía cómo reanimar a un paciente. Y no era el único vacío en su formación. Sara Salazar, una de sus compañeras, contó a CIPER que uno de los frutos más importantes de su práctica fue que le permitió darse cuenta de todo lo que no sabía:

-No sabía hacer la revisión y lectura de exámenes. El taller en que nos enseñaban eso duraba 30 minutos cada clase, porque el profesor llegaba tarde y a veces no llegaba. De farmacología casi no tuve clases. No nos enseñaron nada de medicamentos específicos, ni a relacionar los de marca con los genéricos. Lo que sé de ese tema lo aprendí sola, de noche en mi casa, después de trabajar en la mañana y estudiar en el vespertino.

Para repetir una asignatura, los estudiantes del IP Chile deben pagar $50 mil. Para dar el examen de título el monto es de $243 mil y si reprueban, tienen que volver a cancelarlo. Para hacer su práctica profesional en el tercer año de estudios -la misma en la que descubrieron que no tenían las herramientas básicas para ejercer- Paula, Sara y sus compañeros, desembolsaron $430 mil, que equivalen a casi un tercio del $1,5 millón que les cobraron como arancel anual al cursar el primer y segundo año. Por ser estudiantes vespertinos, debieron pedir vacaciones, días administrativos, permisos sin goce de sueldo o sencillamente renunciar a sus trabajos, para realizar sus prácticas.

Una alumna de quinto año de Enfermería de la Universidad Santo Tomás explicó a CIPER que en su escuela, los laboratorios donde practican, que pertenecen al Centro Médico Español y que su universidad arrienda, los muñecos tienen los antebrazos tan perforados por el uso que “es fácil pasar las pruebas, porque ya sabes dónde inyectar ya que la punción está marcada”. Ella estudió con la malla antigua, que cambiaron en 2012, en la que había pocas clases de farmacología. Explica que las clases eran básicas, con poca práctica, escasos insumos y poco trabajo en laboratorios.

Gema Santander, directora de la Escuela de Enfermería de la sede Santiago de la U. Santo Tomás, explicó a CIPER que la nueva malla se hace cargo de las falencia descritas por la alumna, al incluir ramos desde primer año destinados a evaluar distintos casos y a entender cómo y para qué se usan los medicamentos más comunes en consultorios y hospitales, además de la responsabilidad legal y ética que conlleva su uso. Sobre  la infraestructura de los laboratorios, la académica explicó a CIPER:

-No los podemos llamar “Centros de Simulación” aún. Ahí evaluamos a nuestros estudiantes, pero para poder mejorar su preparación y su evaluación estamos trabajando en un proyecto para que, de acá a cinco años, todas las escuelas tengan uno con las mejores condiciones.

A diferencia de lo que sucede con la U. Santo Tomas, el CFT del mismo conglomerado educacional -que imparte TENS- está dentro de las instituciones con mejor equipamiento en sus laboratorios. En la misma condición destacan otras instituciones privadas, como la U. Mayor (que imparte Enfermería) y el Instituto AIEP (TENS).

En el recorrido realizado por CIPER, se pudo constatar que la U. Pedro de Valdivia es una de las entidades que presenta laboratorios al límite de lo exigible: espacios muy pequeños y escaso equipamiento e insumos. En el IP Chile sus alumnos describen que los laboratorios cuentan con pocos insumos, lo que obliga a turnar a los estudiantes y les resta horas de práctica, los muñecos tienen las punciones marcadas y nunca les enseñaron a poner sondas nasogástricas y digestivas (sonda sengstaken). Tampoco practicaron colocar cables de monitoreo cardíaco y electrocardiograma, porque no estaban los equipos en el instituto. Todas estas carencias las descubrieron recién en la práctica y, gracias al apoyo de los paramédicos que los recibieron en los campos clínicos, pudieron completar su aprendizaje.

PRÁCTICAS SIN SUPERVISIÓN

En la alternancia permanente de teoría y práctica, los campos clínicos son el escalón superior del sistema de enseñanza y el estudiante solo debe acceder a ellos si maneja los conocimientos necesarios y con una adecuada supervisión. Un enfermero de la Posta Central señaló que un problema grave es que muchas veces los internos quedan a la deriva porque no cuentan con un profesor guía que supervise sus prácticas o, peor aún, en ocasiones el profesional a cargo no tiene las competencias requeridas. Así sucedió, por ejemplo, con una universidad de la Quinta Región que contrató como guía a una enfermera recién titulada de la fallida Universidad del Mar, quien no tenía ni la experiencia docente ni los conocimientos necesarios.

-Ahora estamos con alumnos de TENS del CFT Santo Tomás y les falta la guía. Quedan como pajaritos a cargo de un enfermero, a quien no le corresponde, y no de alguien de la universidad. Ahí se produce un problema, porque tenemos que hacer otras cosas y “encargarle” los alumnos a alguien más –dijo a CIPER otro enfermero de la misma Posta Central a mediados de enero pasado.

Un profesional del mismo hospital de urgencias que durante diez años ha estado a cargo de internos de Enfermería de distintas instituciones, señaló a CIPER:

-Hay algunos muy mal preparados. Me ha tocado recibir alumnos de las universidades Iberoamericana, La República, del Pacífico, del Aconcagua y Bernardo O’Higgins, que estaban terminando la carrera y no sabían cosas básicas de segundo o tercer año, como los valores normales de los signos vitales y de los exámenes. Tampoco conocían las necesidades básicas de los pacientes, por lo que no pueden solucionarlas rápidamente. No son diestros en técnicas como las punciones o administrar medicamentos.

El principal problema, dice el mismo profesional, es que estos practicantes no sabían para qué sirven los medicamentos y cuáles son sus efectos secundarios. Este tipo de materias, dice, hace la diferencia entre un profesional con criterio, que puede aportarle información a los médicos para resolver emergencias, y una persona entrenada que solo repite un procedimiento:

-Por ejemplo, si un médico me dice que le ponga dipirona a un paciente y yo veo que tiene la presión baja, no se la voy a poner, porque sé que le va a bajar la presión y lo va a complicar. Los estudiantes sólo hacen las cosas que les piden, sin pensar. No cuestionan las indicaciones, porque no tienen los conocimientos.

Para Izkia Siches, presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico, la falta de fiscalización de parte del Estado a la formación académica y las pocas exigencias a las universidades es la causa de que muchos egresados se den cuenta tardíamente, cuando ya están trabajando, que recibieron una preparación deficiente. Para enfrentar ese problema, la doctora Siches propone:

-Las universidades e institutos que no acreditan sus carreras no deberían impartirlas. No deberían existir carreras sin acreditación, como ya ocurre con Medicina. Eso tiene que extenderse a las otras profesiones de la salud. La Enfermería hoy no necesita estar acreditada y permitimos que esas carreras existan, que el estudiante postule y se endeude para estudiar ahí, en un lugar que no lo está capacitando según las exigencias mínimas del Ministerio de Salud. Pero hoy el Estado mira esto y permite ese abuso.

EL PLAN DEL MINSAL

Todas las falencias en la formación de los futuros profesionales, impulsaron al Departamento de Formación y Capacitación del Ministerio de Salud a poner en marcha una ambiciosa reforma que busca manejar centralizadamente la asignación de los campos clínicos (hospitales y consultorios) que reciben practicantes, para evitar convenios económicos que enturbien la relación entre la institución educacional y el centro de salud.

El objetivo es convertir estos campos clínicos en un verdadero “filtro” que deje en carrera solo a alumnos con formación adecuada. Otro de los objetivos de esta reforma es la generación de reglamentos que detallen los conocimientos técnicos que deben manejar los profesionales que se sumen al sistema de salud pública, de manera que universidades e institutos se vean obligados a homogenizar sus programas.

El plan ya partió en el Minsal. Lo primero ha sido el análisis y corrección de las Normas Técnicas Operativas, las que describen los conocimientos que deben manejar los funcionarios de las distintas áreas del sistema público. Estas normas, señala el doctor José Concha, tendrán un segundo efecto positivo: ordenarán los contenidos mínimos de las carreras que imparten universidades, institutos y CFT. Por eso, ha habido una constante comunicación con el Ministerio de Educación.

- Nosotros no vamos a intervenir los currículos, porque no tenemos facultades. Pero sí vamos a decir que, para el uso de nuestros campos clínicos (hospitales y consultorios públicos), los currículos tienen que adecuarse a las necesidades sanitarias del sistema nacional de servicios de salud. Y eso habrá que hacerlo con la gradualidad que corresponda.

El primer eslabón de la larga cadena de cambios que está poniendo en práctica el Minsal es completar la acreditación de los establecimientos de salud. Al 30 de junio de 2016 se espera que ya lo estén todos los hospitales de alta complejidad del país: quedará regulado su equipamiento y funcionamiento y la preparación de sus funcionarios. También implicará normar los convenios de campos clínicos, el nudo crítico con el que se espera solucionar los problemas de la formación de los profesionales, según explica el doctor Concha:

-Este es el terreno en que nosotros tenemos reglas que nos permiten concordar con el Ministerio de Educación los sistemas de formación de pre y postgrado. Como en el área de la salud la formación es eminentemente práctica, todas las carreras, desde Medicina hasta las técnicas, requieren campo clínico para desarrollar las prácticas. Y vamos a intervenir las normas que las regulan.

Esa intervención significa que se regulará la Relación Asistencial Docente (RAD): la forma en que interactúan las universidades e institutos con los hospitales y consultorios que son campos clínicos. En esa relación -prácticamente dejada en manos del mercado- será el Minsal el que determinará el campo clínico que le corresponde a cada universidad e instituto. Además, se reformarán las normas que regulan la formación que se imparte en los campos clínicos -en pre y postgrado- para que todas las carreras se ajusten más a los objetivos sanitarios del ministerio, los que ponen énfasis en la atención primaria y seguridad del paciente.

-Cada carrera tendrá los cupos que se requieran de acuerdo a las “pasadas” (rotaciones de los internos por unidades de especialidad) que a nosotros nos importe que se desarrollen en su malla curricular. Además, estamos pensando en implementar un test de competencias básicas que los estudiantes tendrán que cumplir para ingresar a un centro asistencial -dice el doctor Concha.

Así, el Estado definirá qué campo clínico del sistema público puede ser usado por una determinada institución educativa, de acuerdo a las necesidades de los hospitales y consultorios. Además, se erradicarán las transacciones económicas entre ambos actores. Hasta ahora, los campos clínicos se asignan por licitación y muchas veces no se lo adjudica la institución que prepara de mejor manera a sus alumnos, sino el mejor postor: el que ofrece equipamiento, fondos, becas y lo que sea necesario, a cambio de pacientes para que sus estudiantes practiquen.

A principios de 2014, el Minsal solicitó una auditoría sobre la Relación Asistencial Docente (RAD) entre las instituciones formadoras y los campos clínicos. La radiografía entregó un diagnóstico lapidario: en un 15% de los establecimientos (9 de 61) había alumnos usando el campo clínico sin un convenio, sin supervisión ni evaluación formal.

El análisis de la forma en que los convenios fueron suscritos también alertó al Minsal. De 473 acuerdos, el 88% se suscribió antes de que hubiese bases técnicas para la asignación; en el 78% los convenios no surgieron de una licitación regulada por un “Proceso de Asignación de Campos de Formación Profesional y Técnica”; y en un 56% no se incorporaron académicos destinados a la supervisión de los estudiantes que estuviesen registrados en la Superintendencia de Salud, una obligación básica para otorgar garantías AUGE a los pacientes.

ACREDITACIONES BAJO EL MICROSCOPIO

Un punto esencial para conseguir la acreditación de una carrera es que cuente con campos clínicos. Este es uno de los factores que las agencias acreditadoras revisan para certificar una escuela. El problema es que hay casos en que este aspecto no ha sido debidamente certificado y la acreditación se extendió igual.

El proceso de acreditación de Medicina de la Universidad del Mar es paradigmático. En julio de 2010 la agencia Akredita QA –que hasta 2013 estuvo encabezada por el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros- le otorgó dos años de acreditación en las sedes de Viña del Mar e Iquique, aunque su informe señalaba falencias graves en materia de campos clínicos: lejanos, dispersos, con infraestructura insuficiente y con pocos supervisores contratados, no permitían el buen desarrollo de los internados. Además, se constataron otras irregularidades: un alto porcentaje de alumnos matriculados por admisión especial, bajos ingresos de la carrera en años anteriores y pocos docentes con contrato.

En 2012 el Mineduc solicitó el cierre de la Universidad del Mar. Y en julio de 2015 la Comisión Nacional de Acreditación le canceló a Akredita QA la autorización para operar (ver resolución).

Antes de perder su autorización, Akredita QA participó en la acreditación de 25 carreras del área de la salud de distintas universidades, institutos y CFT, entre 2012 y 2015 (vea la nómina completa de esas carreras). Al revisar estos antecedentes se aprecian situaciones llamativas, como la acreditación en diciembre de 2014 -por dos años- de Medicina en la U. Pedro de Valdivia, para sus sedes de Santiago y La Serena, a pesar de que el documento de Akredita QA consigna más debilidades que fortalezas (ver acuerdo de acreditación).

La agencia también certificó Medicina de la U. San Sebastián en 2013, por tres años, aunque en su informe se menciona: “Los estudiantes han debido enfrentar cambios importantes del plan de estudio, introducidos dentro del proceso formativo, y se detecta que algunos contenidos básicos esenciales para la formación médica quedaron sin cursar” (ver acuerdo de acreditación). Otro punto relevante del documento refiere a la sobrecarga del campo clínico: “Es conocido que la práctica clínica está saturada, sin embargo, se continúa incrementando el número de alumnos, sin constatación de aseguramiento de la práctica clínica”.

Tanto la U. Pedro de Valdivia como la U. San Sebastián apelaron ante la misma agencia y consiguieron un año más de acreditación, quedando certificadas hasta 2017. El recurso de reposición de la U. San Sebastián tiene sólo dos páginas y en él no se aprecian detalles que expliquen el cambio de opinión de Akredita QA. El de la U. Pedro de Valdivia, aún cuando es más extenso, tampoco deja claro qué factores hicieron que su certificación se extendiera. CIPER intentó comunicarse con ambas instituciones sin éxito.

Otro ejemplo a destacar es el Instituto AIEP, que acreditó por cinco años la carrera de TENS con supuestas especializaciones: anestesiología, geriatría, ginecobstetricia, oncología, pediatría, instrumentación quirúrgica y urgencias. El arancel anual que AIEP cobra por estas carreras asciende a $1,7 millón, con un costo adicional para la titulación de $595 mil, lo que ubica a este instituto entre los más caros del mercado de TENS, según los datos del Mineduc. La única diferencia entre estas especialidades está en dos ramos: uno teórico y otro práctico.

Las reformas que está impulsando el Minsal apuntan en el sentido contrario de esta supuesta especialización que promociona el AIEP:

-El funcionario médico tiene que tener las destrezas para manejarse en la atención primaria y ambulatoria sin distinción de si es para niño, adulto o adulto mayor. Tiene que saber cuándo derivar a un especialista. En el caso del técnico, tiene que conocer todo el bagaje de un establecimiento de atención primaria. No nos interesa que las universidades o institutos entreguen un técnico en oftalmología del ojo derecho –explicó el doctor José Concha.

La directora de la Escuela de Salud del AIEP, Julia Ortiz, dijo que planean cambiar el título, dejándolo sólo en el de TENS, sin especialización. Lo que nació como un “sello diferenciador”, sostuvo la académica, originó que los centros médicos dudaran de si los egresados podían trabajar en servicios distintos a su mención:

-Hemos decidido replantearnos esto. Una vez que terminemos el proceso de re-acreditación, haremos un pequeño cambio, de forma que el chico que ingrese con la malla 2017 tenga una herramienta más y no un factor en contra. Así, además, nos alineamos con lo que el sistema de salud nos solicita.

EL EUNACOM EN LA MIRA DEL MINSAL

Hace un par de semanas, un doctor del Hospital Sótero del Río evaluó a un grupo de internos de Medicina. Cuenta que partió con preguntas casi de rutina: ¿Dónde está tal nervio? ¿Para qué sirve tal músculo? Varios sencillamente no sabían. Quedó pasmado:
-Ya estaban licenciados y tenían que saber todo lo básico. Cuando los interrogas sobre cómo evaluar a un paciente, tienen una falta de semiología (reconocimiento de síntomas) absoluta. Y eso, al menos en mi experiencia, pasa más con los de universidades privadas, especialmente en cosas como preparar a un paciente para hacer suturas o cómo se deben tomar los instrumentales. Todo eso hay que ir enseñándoselos. Pero cuando te lo enseñaron en tercer o cuarto año y ya lo tienes en la cabeza, es muy distinto que aprenderlo sobre la marcha en el internado.

En el Ministerio de Salud esperan que la reforma al manejo de los campos clínicos ayude a que no lleguen a los hospitales y consultorios más alumnos de Medicina con conocimientos insuficientes. Las universidades ya no podrán definir entre cuatro paredes sus currículos, bajo la bandera de la “libertad de enseñanza”, pues estarán obligadas a cumplir estándares formativos que serán exigidos en los campos clínicos del sistema público.

Así, el campo clínico se convertirá, en los hechos, en un primer gran examen externo que deberán sortear los estudiantes de Medicina. El segundo será el que ya se toma a los recién titulados y que los habilita para trabajar en el sistema público: el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom). En 2014 el Minsal retomó la iniciativa -que quedó en suspenso durante  el gobierno de Sebastián Piñera- de reevaluar el Eunacom y estudiar su extensión a otras profesiones (Enfermería y Odontología).

El doctor José Concha, jefe del Departamento de Formación y Capacitación del Minsal, señaló que el Eunacom será evaluado entre este año y el próximo: “Hay carencias en la adecuación del examen a los objetivos sanitarios actuales. Tiene que actualizarse”.

Hoy, los contenidos del Eunacom son definidos por la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), en la que participan universidades públicas, tradicionales y privadas. Dirigentes del gremio médico critican que es una prueba diseñada según los intereses de las universidades y no del sistema de salud:

-La prueba partió con el perfil de egreso desfigurado que tienen las universidades. A través de la Asofamech dicen: “Yo, universidad de elite, formo profesionales de elite”. Entonces, preguntan temas muy específicos. Debiese estar más orientada a la atención primaria, a lo que hace un médico general, a temas que uno diría “si no sabe esto, es un peligro público”. Preguntar, por ejemplo, por diagnósticos diferenciales de tumores de vejiga, está fuera del espectro -señala Izkia Siches, presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico.

Ana María Quiroga, presidenta del Capítulo Médico del Hospital San Borja, lo explica así: “El gran problema es que cada universidad mata al toro como quiere. Y después, ¿cómo pruebas lo que saben los estudiantes? Sólo con un examen generalizado para nivelar a los que ingresan al servicio público. Hay egresados de universidades que sacan resultados mínimos, pero pasan la prueba y quedan listos para la salud pública. Es una brutalidad”.

Para la doctora Siches, la evaluación de las instituciones debe ser tan importante como la de los egresados:

-Alguien tiene que evaluar si tienen docentes, tutores, que sus internos estén acompañados, que rotaron por todas las áreas. Y las instituciones que no cumplan, las que no tengan los mejores resultados, las que están en situación más crítica, más que cerrarlas, que el Estado las acompañe en un proceso de mejora, porque eso es hacerse cargo del problema. Claro que primero tienen que salir de la lógica del lucro.

La orden que recibió Diego Núñez en su oficina de La Serena fue la misma que el ministro Víctor Osorio dio a los otros 14 seremis de Bienes Nacionales del país: debían investigar en sus respectivas regiones qué había pasado con cada uno de los inmuebles que el Estado cedió gratis durante la dictadura a la Fundación CEMA Chile. El objetivo: informar cuántos siguen en manos de la entidad sin fines de lucro que preside desde hace 42 años Lucía Hiriart, cuántos están arrendados y cuántos fueron vendidos. En su respuesta -que el seremi anticipó en un comunicado el  11 de enero- Núñez informó que en la IV Región son tres las propiedades bajo su lupa: una en La Serena, una en Coquimbo y otra en Vicuña.

Lucía Hiriart

El seremi Núñez no lo sabía, pero tras esas propiedades se escondía el punto de partida de una ruta que CIPER descubrió y que lleva directamente a unos 186 rut distintos asociados a CEMA y a varios de los inmuebles que le regaló el régimen militar y que no figuran en los registros oficiales.

Lo ocurrido en la IV Región confirmó que nadie sabe hoy con certeza cuántos bienes le transfirió el Fisco a CEMA. La única lista oficial es la que elaboró el Ministerio de Bienes Nacionales y que incluye 134 inmuebles que le fueron donados entre 1977 y 1989 (ver lista). A ellos se agregan los casi 20 inmuebles que recibió en concesión la fundación, cuyo destino se desconoce.

Pero basta una mirada al catálogo de propiedades asociadas a cada uno de esos rut que descubrió CIPER, para comprobar que el listado de Bienes Nacionales es una mínima parte del volumen que llegó a tener el lucrativo imperio inmobiliario que edificó CEMA con la subvención del Estado. Y a la vez, del complejo entramado que levantó para ocultar y enajenar esos bienes fuera de toda fiscalización.

VÍCTOR M. AVILES: EL ABOGADO DE CEMA

Uno de los éxitos de CEMA en los ’70 y ‘80 fue su capacidad para ramificarse por todo el país y penetrar los sectores más populares a través de sus centros de madres, bajo el mando de la esposa de Pinochet. Con el apoyo de toda la estructura de administración del Estado, estableció una amplia red de sedes regionales, provinciales y comunales en los cientos de inmuebles que el régimen le donó. Fue quizás una de las estrategias más exitosas de la dictadura para sumar simpatizantes.

Una vez retornada la democracia, su modelo de financiamiento cambió: de depender de las subvenciones y donaciones del Estado -salvo por unos pocos municipios que le siguieron entregando recursos–, pasó a obtener sus ingresos casi exclusivamente de la venta y arriendo de esos inmuebles.

Hubo una excepción, pues lo que inexplicablemente se mantuvo fueron los aportes que por ley debían entregarle la Polla y la Lotería de Concepción, y que se cortaron solo a fines de 2005. Para graficar la cuantía de esos ingresos basta decir que entre 1994 y 2003, CEMA recibió de la Polla $1.300 millones.

Pero esas sedes y oficinas territoriales resultaron ser mucho más que eso: lo que CEMA hizo fue dar forma a una extensa red de filiales con personalidad jurídica, rut y patrimonio propios (ver listado). Para mantener esa estructura oculta por tantos años, ha sido clave el papel del abogado Víctor Manuel Avilés Mejías (esta nota fue actualizada: carta de Víctor Manuel Avilés Hernández y respuesta de la directora de CIPER).

Avilés Mejías fue abogado de la DINA y fiscal de la Fundación CEMA. De hecho, es él, como fiscal de la fundación, quien redujo a escritura pública en abril de 1979, un importante cambio a sus estatutos, los que fueron aprobados por el Ministerio de Justicia “por orden del Presidente de la República” en julio de 1981 (ver escritura).

En ese cambio, se creó el cargo de director administrativo de la fundación, el que fue ocupado por el coronel de Ejército Hugo Jara González (actual profesor de la Universidad Bernardo O’Higgins), con las más amplias facultades y poderes ya que, a proposición de Lucía Hiriart, el consejo de la fundación decidió delegar todas sus atribuciones y poderes en el nuevo director administrativo (a quien subrogaba el fiscal Avilés Mejías), principalmente respecto de adquirir, vender y administrar los bienes, cuentas corrientes y depósitos a plazo y créditos en bancos, además de celebrar toda clase de contratos.

En ese nuevo entramado muy pronto toda la administración de las propiedades –arriendos, venta y recepción de inmuebles donados- quedó en manos exclusivas del fiscal de CEMA. El abogado Avilés Mejías tenía experiencia en apropiación de activos del Estado. Además de su participación en la DINA, en diciembre de 1973 fue nombrado por Pinochet como representante del Ministerio de Economía en el “Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas”.

En 2004, cuando estalló el escándalo por la cuantiosa fortuna que la familia Pinochet mantenía oculta en el Banco Riggs y otras entidades financieras en el extranjero, fue el mismo abogado Víctor Manuel Avilés Mejías quien ungió de interlocutor de los dineros y propiedades que manejaba CEMA con los ministros que llevaron el juicio en Chile.

Bien poco fue lo que aportó Avilés Mejías. Porque ya entonces los peritajes policiales establecieron que no había registros contables históricos. Tampoco de las propiedades que recibió la Fundación CEMA del Estado. Y también, que la entidad no había cumplido por largos años –salvo en el último periodo- con su única obligación como entidad sin fines de lucro: enviar al Ministerio de Justicia su memoria y balance anual.

Y así como muchas de las propiedades que el Estado le donó fueron ingresadas a sus registros con valor $1, no hubo forma de saber el destino de los millones que faltaron de los $1.248 millones que le pagó la Universidad Mayor a CEMA por la casona “El Claustro del Novecientos” (Portugal Nº 351, allí funcionó la Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, hasta septiembre de 1973) y que jamás ingresaron a la caja de CEMA. Tampoco quedó ni una sola huella de la llamada “Unidad de Exportaciones” de la fundación ni del inmueble que compró CEMA en Washington para habilitar una sede y que funcionó entre 1981 y 1987 a cargo del oficial Sergio Fernández Castillo.

Los nuevos antecedentes hallados por CIPER cambian por completo el escenario, precisamente en los días en que la Corte de Apelaciones de Santiago debe revisar el recurso que presentó el Consejo de Defensa del Estado para reabrir la investigación sobre el patrimonio de la entidad que controla la familia del ex dictador Augusto Pinochet. Porque la Fundación CEMA Chile ya no es una sola entidad, como se ha creído hasta ahora.

SEIS RUTS PARA UN MISMO NOMBRE

Han existido al menos seis personas jurídicas distintas con el nombre Fundación CEMA Chile, aunque sólo dos siguen vigentes. Las cuatro restantes presentaron término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) hace ya varios años (ver certificados). La primera lo hizo en 1990, mientras que las otras tres lo hicieron en 2003, poco antes de que la fundación pasara a ser parte de la investigación judicial por la fortuna que la familia Pinochet tenía oculta en el extranjero.

De las dos que quedan, una es la que todos conocen: aquella que tiene su domicilio en Providencia y que supuestamente maneja todo el patrimonio de la fundación. La otra, en cambio, tiene su sede en Iquique, en la misma dirección que se anuncia en el sitio web de CEMA, y maneja su propio patrimonio. De hecho, según su informe comercial, es titular de tres inmuebles en esa ciudad con un avalúo fiscal que suma más de $68 millones. Esas propiedades hasta hoy no figuran ni en las nóminas del Ministerio de Bienes Nacionales ni en los informes periciales de la Policía de Investigaciones (PDI), y tampoco en los catastros que la misma fundación ha entregado a la justicia.

Cuando en noviembre de 2015 el pinochetismo conmemoraba el centenario del ex dictador, CIPER publicó un reportaje que entregó tres revelaciones importantes. Primero, que la fundación que controla la viuda de Pinochet sigue vendiendo las propiedades que obtuvo gratis del régimen militar. Segundo, que sus ingresos por ese concepto ya se alzan por sobre los $6.300 millones, incluyendo las ventas de terrenos a las universidades Bernardo O’Higgins, Mayor y San Sebastián. Y tercero –quizás lo más importante–, que aún hoy se desconoce el número real de bienes que le fueron transferidos por el Estado a CEMA y el destino final de los dineros que ha obtenido por su venta (ver reportaje de CIPER).

Fue a partir de esa investigación de CIPER que los ministerios de Justicia y Bienes Nacionales iniciaron una ofensiva coordinada con el CDE para tratar de recuperar los bienes que todavía estén en poder de CEMA. En esa estrategia, cada institución cumple un rol. Lo que viene depende en gran parte de lo que resuelva la Corte de Apelaciones frente al recurso que presentó el CDE.

Ahora, con la nueva arista del “multirut de CEMA” que revela CIPER en este reportaje, se abre un área desconocida en esa investigación. ¿Cuántas filiales ha creado CEMA? ¿Cuántos inmuebles poseen en total? ¿Cuántos ya han sido vendidos y a dónde han ido a parar esas platas? ¿Qué otros negocios han realizado?

Al menos 12 filiales de CEMA siguen activas. Sólo entre ellas suman un patrimonio inmobiliario cuyo avalúo fiscal bordea los $4.545 millones. Falta dimensionar en ese cálculo todos los inmuebles que pueden estar repartidos entre los otros 174 ruts vinculados a CEMA que pudo detectar CIPER. Y si bien todos registran término de giro ante el SII, por lo que no debieran realizar actividades comerciales, los hechos demuestran que no es así: algunas de esas filiales “inactivas” aún arriendan o venden bienes raíces. Así lo prueba lo ocurrido con la primera propiedad que CIPER descubrió y que dio origen a este reportaje.

COQUIMBO: LA PUNTA DE LA MADEJA

La hebra parte en La Serena, a media cuadra de la Plaza de Armas, en uno de los inmuebles que el seremi Diego Núñez dijo estar investigando: la casa ubicada en Los Carrera Nº 564. La propiedad pasó a ser de CEMA en 1985, cedida por el Ministerio de Bienes Nacionales a través de un decreto supremo. Como la fundación sólo la ocupaba parcialmente, en abril de 2014 le arrendó una parte a la Municipalidad de La Serena para que se instalara allí un centro para desarrollar un programa conjunto con el Sernam, enfocado en dar tratamiento a hombres que han abusado de sus parejas. Cuando el contrato se renovó en marzo de 2015, el precio a pagar por el municipio fue de $450 mil mensuales (ver contratos). Pero lo más llamativo en ese documento es la entidad propietaria: no es CEMA, sino que una de sus filiales.

En la Cuarta Región han existido cinco filiales de CEMA: una en La Serena, dos en Coquimbo, una en la provincia de Elqui y una en Salamanca; todas con rut distinto y oficialmente inactivas (ver certificados). La última en poner término a su giro fue la Fundación CEMA Chile IV Región Coquimbo, y lo hizo en enero de 2007. A pesar de ello, es la misma entidad (con el mismo rut) que ocho años después figura como titular en los contratos de arriendo con la municipalidad.

Sede de CEMA en Los Carrera 566, en La Serena

En su informe comercial, Fundación CEMA Chile IV Región Coquimbo aún aparece como dueña de seis inmuebles, cinco de los cuales fueron antes propiedad fiscal. Pero sólo uno está incluido en la nómina del Ministerio de Bienes Nacionales: la casa de calle O’Higgins Nº 262, en Vicuña, también mencionada por el seremi en su comunicado.

En la lista del ministerio no aparecen ni las tres direcciones de Ovalle ni la vivienda de Padre Cornelio Van Speek Nº 22, en Coquimbo, que sí están en su informe Dicom. Esta última supuestamente fue vendida en 2002 en apenas $3 millones, pero en los registros del SII todavía figura como propiedad de CEMA (ver certificado). Los cuatro inmuebles son parte de un lote de más de 50 bienes raíces que CIPER identificó a fines de 2015 y que a pesar de haber sido transferidos a CEMA por el mismo ministerio, no figuran en sus registros (ver lista de propiedades).

La sexta propiedad vinculada a la filial de CEMA en Coquimbo no aparece en ninguno de los catastros de bienes conocidos de la fundación. Ubicada en Aníbal Pinto Nº 3092, en el sector Vista Hermosa de La Serena, tiene un avalúo fiscal de $17 millones. No hay información respecto al origen de ese inmueble.

Tampoco hay información en ese informe sobre la casa que le arrienda al municipio de La Serena. Simplemente no aparece entre los inmuebles que pertenecen a Fundación CEMA Chile IV Región Coquimbo, aunque en los contratos dice claramente que esa entidad es la propietaria. En la municipalidad dicen no saber si el inmueble fue vendido, pero la información disponible en el SII señala que el dueño actual es Inmobiliaria Santillana, una sociedad creada en 2009 y representada por el empresario Fernando Sánchez Alen (ver certificado). En esa empresa dijeron a CIPER no tener a mano información que permita verificar cuándo fue la venta ni su valor. 

LAS 12 IDENTIDADES VIGENTES DE CEMA

No había nadie el martes 26 de enero en la sede que tiene CEMA en la calle Veteranos del 79, en Concepción, a un costado del Parque Ecuador. Estaba cerrado por vacaciones. Por eso nadie le abrió al seremi de Bienes Nacionales del Bío Bío, Eric Aedo, cuando llegó a inspeccionar. Ésa es una de las cinco propiedades que están en la VIII Región y que, de acuerdo a los registros del ministerio, fueron cedidas a CEMA. Y según dijo Aedo a Radio Bío Bío, probablemente esté pronta a salir a la venta. Sería un gran negocio: la casa tiene una tasación fiscal que supera los $502 millones. Su valor comercial es mucho más que eso. Si la Fundación CEMA Chile Concepción, que es la verdadera dueña de esa y otras ocho propiedades en la región, la sacara al mercado, se estima que podría obtener fácilmente unos $2.200 millones de pura ganancia.

Fundación CEMA Chile Concepción es la verdadera identidad de CEMA en el Bío Bío. Fue esa filial la que vendió a fines de 2014 el inmueble de Chillán y que permitió a CIPER descubrir más de 100 propiedades que le fueron cedidas por el Estado y que no aparecen en los registros. Es también la que maneja el mayor patrimonio: el valor fiscal de sus inmuebles supera los $1.133 millones, lo que equivale a una cuarta parte de lo que suman las 12 filiales de CEMA que aún están vigentes (ver certificados).

Sede de CEMA en Linares, calle Chacabuco 467. El inmueble es propiedad de Fundación CEMA VII Región del Maule.

Todas ellas registran algún tipo de actividad tributaria. Algunas tienen como giro la venta al por menor de artesanías. Otras, los servicios personales de educación. Unas tributan por actividades de asesoría empresarial y en materia de gestión o simplemente por un giro más genérico y ambiguo: “actividades de otras asociaciones”. Pero todas tienen algo en común: son los vehículos que ha creado CEMA para administrar su millonario patrimonio inmobiliario.

La fundación de Lucía Hiriart tiene una “identidad secreta” doble en la región de Valparaíso. Allá opera bajo dos ruts: uno es el de Fundación CEMA Chile 5ª Región; el otro, el de Fundación CEMA Chile Viña del Mar. Sólo la primera posee inmuebles: un sitio en Los Andes avaluado en más de $53 millones y que hasta ahora no figura en ninguno de los listados conocidos con el detalle de sus propiedades.

Poco más al sur, en las regiones de O’Higgins y el Maule, CEMA también funciona a través de personas jurídicas independientes. La Fundación CEMA Chile VI Región es dueña de inmuebles distribuidos en las comunas de Rancagua, Peumo, Rengo, Pumanque, San Fernando, Chimbarongo, Nancagua, Placilla y Olivar. Por su parte, la Fundación CEMA Chile VII Región del Maule posee 17 propiedades en ocho comunas diferentes. En ambos casos, gran parte de los inmuebles proviene de donaciones fiscales o municipales.

En el norte, lo mismo pasa en Antofagasta y la Fundación CEMA Chile Provincia El Loa. Y en la zona austral, CEMA tiene filiales con rut vigente en las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Aysén.

El ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, aseguró a CIPER que “no hay ninguna otra organización de la sociedad civil o del sector privado que haya recibido tantas propiedades gratis del Estado como CEMA”. Su aseveración se basa sólo en las 134 propiedades de las cuales consta registro en los archivos y catastros del ministerio. Lo extraño es que no considera las otras propiedades que CIPER encontró en noviembre ni aquellas que están repartidas en la red de personas jurídicas vinculadas a CEMA. Simplemente porque la existencia de esta red era hasta ahora desconocida.

LA TRIPLE VÍA PARA RECUPERAR LOS INMUEBLES

El gobierno empezó a mover las piezas del tablero ofensivamente a comienzos de diciembre pasado. Los primeros en sentarse a la mesa fueron los abogados del Ministerio de Justicia y del Consejo de Defensa del Estado. Buscaban una fórmula para impedir que CEMA siguiera lucrando con las propiedades que le regaló el Estado, y para ello debían actuar coordinados. Delinearon entonces un plan para atacar por dos frentes distintos: uno administrativo y otro judicial.

En lo formal, CEMA ha cumplido con la entrega de información que le exige la ley: en la Subsecretaría de Justicia están todas sus memorias y balances desde 1994 hasta 2014. Pero es poco lo que se puede inferir de esos documentos. La información que contienen es muy vaga y no incluyen datos desagregados respecto a la venta de inmuebles ni otras fuentes de ingresos. Menos sobre su red de filiales. Es por eso que desde Justicia ya le pidieron a CEMA que informe en detalle sobre la venta de bienes raíces, el destino y las inversiones que se han hecho con esos ingresos y las actividades que realiza para cumplir sus objetivos. La primera respuesta fue insatisfactoria. Mientras se espera una segunda réplica más detallada, el ministerio puso a un grupo de especialistas a revisar toda la información contable de la fundación.

Pero como la cartera de Justicia no tiene las atribuciones ni las herramientas para hacer un catastro exhaustivo de los inmuebles que el Estado regaló a CEMA desde 1974 a la fecha, ahí es donde se incorpora el Ministerio de Bienes Nacionales.

La cartera que dirige Víctor Osorio se comprometió a actualizar la nómina de inmuebles cedidos a CEMA. Osorio sabe que los 134 que ya tienen acreditados son sólo una pequeña parte del total. Para cumplir su tarea, tendrían que revisar los antecedentes disponibles en sus propios sistemas de catastro, en sus archivos físicos y en cada secretaría regional. También solicitar antecedentes al Archivo Nacional y al SII. Y salir a fiscalizar en terreno cada una de las direcciones individualizadas. La idea es llegar lo más cerca posible a un número definitivo de propiedades entregadas a la fundación, determinar cuántas fueron vendidas, cuántas siguen en su poder y qué uso se les está dando.

Juan Ignacio Piña, presidente del CDE, junto al ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio.

Con los dos ministerios recopilando datos, el CDE se concentró en la vía judicial. Como la arista CEMA del Caso Riggs está paralizada desde que el ministro Manuel Valderrama la sobreseyó de manera temporal en agosto de 2013, su misión inmediata es hacer que se reactive. El primer paso fue requerir la reapertura a Javiera González, la ministra que quedó a cargo de la causa luego de que Valderrama pasara a integrar la Corte Suprema.

Más que reactivar la investigación, lo que el CDE pedía era abrir una nueva arista que poco o nada tiene que ver con las cuentas de la familia Pinochet en el extranjero, pero sí con los traspasos de bienes desde el Estado a la fundación, su posterior venta y el destino final de ese dinero. González consideró que la petición no tenía relación con la causa original, así que la derivó al presidente de la Corte de Apelaciones, el ministro Mauricio Silva, quien dejó la decisión en manos del 34° Juzgado del Crimen. Allí la jueza Claudia Salgado revisó la solicitud y la rechazó (ver resolución). Eso ocurrió el 29 de diciembre.

El CDE volvió a la carga con un recurso que ingresó a la Corte de Apelaciones y que será revisado próximamente. De lo que pase allí depende casi toda la estrategia que busca devolver al patrimonio del Estado el dominio de los inmuebles que se entregaron a CEMA.

Pase lo que pase en el tribunal, en los ministerios y en el CDE tienen claro que sus posibilidades de recuperar las propiedades dependen de la propia continuidad de CEMA.  Por eso deben evitar a toda costa que se le cancele la personalidad jurídica. Si eso ocurre, el plan que diseñó Lucía Hiriart para no perder el millonario patrimonio que logró acumular CEMA se pondría en marcha y los bienes de CEMA pasarían directamente a formar parte del patrimonio de su familia.

De acuerdo al estatuto vigente de la Fundación CEMA, en caso de disolución, una parte de su patrimonio se entregaría a la Corporación de Damas de la Defensa Nacional y la otra iría a parar directamente a manos de la “Fundación de Apoyo Social”, entidad sin fines de lucro creada en 1983.

El único directorio que se le conoce lo encabeza la propia Lucía Hiriart y lo integran sus tres hijas como vicepresidentas: Lucía, María Verónica y Jacqueline Pinochet Hiriart. La secretaria general de la Fundación de Apoyo Social es Margarita Moreno Zambrano, quien fuera jefa de gabinete de Lucía Hiriart y actual suplente del notario Eduardo Avello en Santiago. Entre sus directores, destacan: Tatiana Hiriart Rodríguez (hermana de Lucía Hiriart), Adriana Benavente de Canessa (esposa del ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex senador designado, Julio Canessa), Gastón Acuña Mac-Lean y el reverendo Alfredo Ruiz Tagle.

–¿A Juan Díaz, lo has visto?

–De Juan Díaz no he sabido nada. Por un amigo en común supe que andaba vendiéndole unos terrenos a los Chadwick y un tema de Freirina, pero no me ha llamado hace dos meses, más o menos.

Quien preguntaba por Juan Díaz en ese intercambio de correos electrónicos el 11 de enero de 2013, era Patricio Cordero Barrera (UDI), ex administrador municipal de Joaquín Lavín en Las Condes y Santiago. Su búsqueda nada tenía que ver con sus labores como gerente general de Banigualdad, la entidad de microcréditos creada en la campaña presidencial de Lavín en 1999. Cordero, hoy formalizado como autor de delitos tributarios por sus negocios con CAVAL, la empresa de Natalia Compagnon y Mauricio Valero, estaba preocupado por la marcha de una empresa de prótesis dentales en Concepción que había iniciado hacía casi un año con Juan Díaz como socio.

La respuesta que le dio Rodrigo Jerez Muñoz, el administrador de esa sociedad en la Octava Región, a Patricio Cordero, era cierta. Porque además del negocio en Concepción, el gestor inmobiliario y ex operador de la UDI, Juan Díaz Sepúlveda, trabajaba en ese preciso momento para el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín gestionando el cambio de uso de suelo y buscando compradores para los terrenos de Machalí que finalmente adquirió CAVAL.

Juan Díaz Sepúlveda

En febrero de 2012 se creó la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos, empresa que comenzó a operar con el nombre de fantasía Family Health Center en calle Camilo Henríquez N° 1820, en Concepción. En el mismo edificio donde hasta marzo de ese año 2012 estuvieron alojadas las carreras médicas de la Universidad San Sebastián (USS). En ese plantel de educación superior, el hermano de Patricio Cordero, Luis Cordero Barrera (uno de los fundadores de la UDI), ha cumplido un rol clave como socio controlador y ahora como presidente de la junta directiva (ver reportajes de CIPER).

Desocupadas las instalaciones y como al contrato de arriendo que mantenía la USS por el inmueble de Camilo Henríquez le quedaban varios años para caducar, Patricio Cordero y Juan Díaz decidieron impulsar allí un negocio de servicios odontológicos. Como el negocio dependía de asegurar un flujo continuo de pacientes, las miradas se dirigieron al Servicio de Salud Concepción (SSC), dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, donde Cordero y Díaz tenían línea política directa.

Y allí aparecen dos nombres clave: el del director del SSC, el médico cirujano Jorge Madariaga Burrows y el del ex subdirector de Recursos Físicos y Financieros del servicio (y brazo derecho de Madariaga), el ingeniero civil George Sepúlveda Yáñez.

Cuando Patricio Cordero, gerente general de la clínica odontológica, le preguntó a Rodrigo Jerez por Juan Díaz esa mañana de enero de 2013, Family Health Center ya se había adjudicado dos licitaciones con el SSC. La primera en septiembre y la segunda en diciembre de 2012.

CIPER accedió a una serie de emails que dan cuenta que la primera licitación fue confeccionada como un traje a medida para que se la adjudicara Family Health Center. En un correo electrónico fechado el 21 de julio de 2012, el entonces subdirector de Recursos Físicos y Financieros del SSC, George Sepúlveda, le sugiere a Rodrigo Jerez que en su propuesta “lo ideal es colocar el RRHH (encargado de Recursos Humanos) de las Universidades”. También le informa que el servicio “sí podía pagarles en cuotas anticipadamente”, lo que aliviaría los problemas de caja de la sociedad. Lo grave es que Sepúlveda se refería a una licitación del SSC por $35 millones que aún no era publicada y que finalmente ganó la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos meses más tarde.

BUSCANDO A JUAN DÍAZ

En enero de 2013, Cordero y Jerez le habían perdido la pista a Juan Díaz. Su ausencia era extraña, pues Díaz había adquirido la costumbre de ir al menos una vez al mes a Concepción a controlar el negocio. En esas visitas, según dijeron a CIPER algunos de los funcionarios de la clínica, Díaz se jactaba de que debía reunirse con sus contactos en el SSC y con personas con las que tenía negocios en Concepción y otras ciudades del sur.

Pero en esos minutos a Patricio Cordero le preocupaba la ausencia de Juan Díaz. El negocio odontológico no marchaba según lo planificado. Cuando el ex administrador municipal le escribió a Jerez para saber por el paradero del “Gatito” –como se le conoce en círculos íntimos a Juan Díaz–, también le consultó al administrador de la clínica si habría nuevas licitaciones del servicio de salud. “¿Qué dice George?”, preguntó Patricio Cordero.

Efectivamente en esos días “El Gatito” tenía puestas todas sus energías en lograr el cambio del plan regulador en la Municipalidad de Machalí y en encontrar un comprador para los terrenos de la familia Wiesner que vendía el síndico Herman Chadwick. Cuando Cordero logró ubicar a su socio Juan Díaz, el ex administrador municipal y gerente general de Banigualdad le dio el nombre de un posible interesado en el negocio de Machalí: CAVAL.

George Sepúlveda

Patricio Cordero conocía desde hacía años a uno de los dueños de CAVAL, Mauricio Valero, y para entonces (primer semestre de 2013), ambos ya habían ejecutado negocios en conjunto. Un reportaje de CIPER de agosto de 2015 develó pagos de CAVAL a la sociedad familiar de Patricio Cordero, Inversiones Lo Beltrán, por al menos $135 millones entre 2012 y 2013 (ver reportaje).

Esas y otras facturas que involucran a Cordero y a los dueños de CAVAL están hoy bajo la lupa de la Fiscalía por posibles delitos tributarios. También se investiga el presunto pago de coimas al ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Nibaldo Mora (UDI), para que la empresa Saydex –que en 2012 contrató los servicios de CAVAL para comercializar sus software de gestión hospitalaria– se adjudicara millonarias licitaciones en al menos tres hospitales de la Región Metropolitana. El vehículo de los eventuales pagos efectuados por CAVAL a Mora, quien conocía a Cordero a través de la militancia de ambos en la UDI, habría sido Inversiones Lo Beltrán, la sociedad familiar del ex administrador municipal.

Las gestiones realizadas por Cordero y CAVAL en 2012 en el Servicio de Salud Metropolitano Central para beneficio de Saydex, corrieron casi paralelamente a las que el mismo Cordero y Juan Díaz comenzaban a hacer en el Servicio de Salud Concepción para asegurar licitaciones que favorecieran su nuevo emprendimiento: la clínica Family Health Center.

En 2012, la maquinaria de negocios de Díaz y de Cordero –quien fue definido por una colaboradora de CAVAL como un “banco de redes de contacto humano”– caminaba a toda velocidad.

LA COFRADÍA DE CORDERO

La Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos fue constituida el 3 de febrero de 2012 por Héctor Rodrigo Feeley Díaz y Juan Pablo Pozo Ruiz. Entre los propietarios no hay ningún dentista: Feeley es ingeniero civil industrial y Pozo era abogado (murió en marzo de 2015). CIPER revisó la escritura de constitución de esta sociedad y aparece un tercer nombre en el directorio: el contador José Guillermo Puga Rojas, cercano a Patricio Cordero. Puga ha trabajado con Cordero en Banigualdad, entidad de microcréditos liderada por el ex administrador municipal, como “encargado de contabilidad y remuneraciones”.

A Cordero, Feeley y Pozo los une un pasado común. Todos han desempeñado labores en distintas municipalidades de la Región Metropolitana controladas por la Alianza (hoy Chile Vamos), y todos han pasado en alguna oportunidad por el municipio de Santiago. Patricio Cordero fue administrador municipal de Joaquín Lavín en Las Condes (1992-1999) y en Santiago (2000-2004). En dictadura, Cordero se desempeñó como secretario municipal en la alcaldía de Macul, bajo el mandato de la alcaldesa designada Lelia Moya Aránguiz.

Héctor Feeley Díaz es desde hace siete años administrador de la Municipalidad de Lo Barnechea, liderada por el alcalde Felipe Guevara (RN). Antes de eso, sucedió a Cordero como administrador municipal de Santiago cuando Raúl Alcaíno, era el jefe edilicio (2004-2008). El abogado Juan Pablo Pozo Ruiz aparece en documentos oficiales como secretario municipal (s) de la Municipalidad de Quinta Normal (1990), bajo el mandato del alcalde designado Cristián Irarrázaval (RN). Años después, figura como director jurídico de la Municipalidad de Las Condes (2008), comuna dirigida desde el 2000 por Francisco de la Maza (UDI) y en 2012 como director de asesoría jurídica del municipio de Santiago, liderado por el ex alcalde Pablo Zalaquett (UDI).

Si bien Patricio Cordero no aparece en la escritura de constitución de la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos, en distintos documentos oficiales se le cita como gerente general de la empresa. En esos mismos documentos aparece como dirección comercial de Family Health Center, Agustinas 1442, oficina 802, un departamento de 63 m2 en el centro de Santiago donde Pozo Ruiz realizaba sus labores particulares como abogado.

Centro de salud en Camilo Henríquez 1820

Creada la sociedad, la clínica se instaló en calle Camilo Henríquez N° 1820 (esquina Lientur), en un edificio que desocupó la Universidad San Sebastián (USS), luego de trasladar en marzo de 2012 las carreras de Medicina, Sicología, Odontología y Oftalmología a su sede principal: el campus Tres Pascualas, ubicado en Lientur 1457, Concepción.

Enterado del inminente traslado, Patricio Cordero, hermano de uno de los socios controladores de la USS, Luis Cordero, vio allí junto a su socio Juan Díaz, una oportunidad que se materializó con la firma de un convenio de capacitación entre la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos y la universidad, lo que además le permitiría a la USS contar con pacientes para sus estudiantes de Odontología, lo que nunca se puso en práctica. Como la universidad tenía un contrato de arriendo por varios años con el empresario penquista Mario Capponi Martínez, Family Health Center le subarrendó las instalaciones a la USS por $7 millones mensuales.

La apuesta de Cordero fue en grande. Junto con el arriendo del edificio, compraron 20 sillones de atención odontológica. El siguiente paso fue armar un equipo de trabajo. A la primera persona que se contactó fue al contador Rodrigo Alejandro Jerez Muñoz, quien hasta entonces dirigía la sede Concepción de la Universidad Bolivariana. El 1 de marzo de 2012, Jerez se convirtió en el administrador de Family Health Center.

Versiones recogidas por CIPER indican que la negociación con el nuevo administrador de la clínica dental la hizo Juan Díaz, y se produjo en los siguientes términos: Jerez ganaba un sueldo de $2 millones mensuales en la Universidad Bolivariana y Díaz le ofreció $5 millones. Pero con un truco de por medio: de esos $5 millones, Díaz se llevaría $2,5 millones. Los mismos testimonios señalan que a Jerez le pareció que un aumento de $500.000 respecto de su remuneración en la Universidad Bolivariana –descontando el “peaje” de Díaz– valía la pena. Fue Jerez quien, a su vez, se encargó de reclutar al equipo de odontólogos y de asistentes de la clínica.

Siendo nuevos en el mercado, debían asegurar un flujo de pacientes que permitiera hacer crecer el negocio rápidamente. Pero ese tema crítico ya estaba resuelto desde el inicio. Fue Juan Díaz quien llamó a un antiguo conocido: el médico cirujano Jorge Madariaga Burrows, entonces director del Servicio de Salud de Concepción (SSC). CIPER supo de al menos una reunión en la que participaron el doctor Madariaga, su jefe de Finanzas en el SSC, George Sepúlveda, y Juan Díaz, en la que éste último fue informado de cómo debía presentarse la sociedad que representaba en una próxima licitación.

LICITACIÓN CON VENTAJA

El 7 de septiembre de 2012, el Consultorio Dr. Víctor Manuel Fernández, dependiente del Servicio de Salud Concepción, abrió una licitación para cubrir cerca de 200 atenciones odontológicas. El objetivo era contratar servicios externos para reducir la lista de espera de esa especialidad en hombres y mujeres de escasos recursos.

El 17 mayo de 2011, el doctor Jorge Madariaga Burrows había asumido como director suplente del Servicio de Salud Concepción (en noviembre del mismo año asumiría como titular). Madariaga no llegó solo al SSC. Trajo consigo al ingeniero George Sepúlveda Yáñez, el que a los pocos meses sería nombrado oficialmente (por el propio Madariaga) subdirector de Recursos Físicos y Financieros.

George Sepúlveda jugó un rol clave en la adjudicación de la primera licitación que obtuvo  Family Health Center. Así lo demuestran distintos correos electrónicos a los que accedió CIPER. En uno de ellos, fechado en julio de 2012, un mes y medio antes de que se publicara la licitación del Consultorio Dr. Víctor Manuel Fernández, Jerez explica que en la licitación “colocarán que deben ser clínicas que estén ‘asociadas con universidades’ para hacerla más personal y que sólo nosotros podamos postular”.

Patricio Cordero (Fuente: Banigualdad)

Como Rodrigo Jerez estaba preocupado por el flujo de caja de la nueva empresa, tomando en cuenta los tiempos que se toma la administración pública en efectuar los pagos, el 21 de julio George Sepúlveda lo tranquilizó. En su correo dirigido a Jerez, le escribió: “Si todos los tratamientos cuestan 60 millones y son tres meses de resolución, se puede pagar en tres cuotas mensuales, o sea cada 30 días y el último pago es la recepción conforme final de todos los tratamientos. Este es un ejemplo que te estoy colocando, ya que en el contrato definimos las formas de pago”.

Cuando 47 días más tarde (7 de septiembre) se abrió la licitación, no se incluyó el requisito de demostrar vínculos con universidades. Para certificar competencias, se solicitó como condición que el cirujano dentista a cargo tuviera un año de experiencia y que el centro médico estuviera acreditado ante la Seremi de Salud (ver especificaciones técnicas).

La Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos fue la única empresa que hizo una oferta y en una semana logró cerrar su primer negocio con el aparato público por $35,6 millones. En las órdenes de compra de esta licitación, Patricio Cordero figura como gerente general de Family Health Center y como correo de contacto aparece su email de Banigualdad (ver documento).

La segunda licitación en que participó la empresa no fue tan exitosa como la primera. En octubre de 2012, la Municipalidad de San Pedro de La Paz adjudicó una licitación para proveer de prótesis removibles a pacientes de la comuna. Family Health Center solo obtuvo un pedazo de la torta: $2,5 millones por 44 prótesis. Otras dos empresas se llevaron los $4,9 millones restantes.

A partir de entonces, la suerte de Cordero y sus socios dio un giro y en eso mucho tuvieron que ver los cambios que a fines de 2012 experimentó el Servicio de Salud Concepción.

MESES CRÍTICOS

A comienzos de 2013 y a poco de cumplir un año de vida, la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos funcionaba con problemas. Según se desprende de los correos a los que accedió CIPER, comenzaron a idearse distintas fórmulas para “salvar” el negocio.

En un correo electrónico enviado por Rodrigo Jerez a Patricio Cordero con fecha 11 de enero de 2013, el contador sugirió buscar alternativas más económicas de arriendo para la clínica, o bien negociar con la Universidad San Sebastián un nuevo acuerdo. Jerez estaba molesto con cómo se había manejado el convenio con la USS y se lo hizo saber a Cordero: “La USS no respetó ninguno de nuestros acuerdos del convenio”, le dijo. Y en vista de eso propuso que se le informara a la universidad que solo arrendarían un tercio del espacio del edificio de Camilo Henríquez, lo que les permitiría bajar el costo de $7 millones a $2,2 millones.

Frente a una eventual negativa de la USS, Jerez tenía un “plan b”. Ya había sondeado otros locales en el centro de Concepción, cuyos arriendos bordeaban los $2,5 millones. “En Concepción hay varios lugares en arriendo que nos pueden ser útiles, mejor ubicados, mejor presentados, más afluencia de público (…) te aseguro que la atención de pacientes particulares aumentará enormemente, por cercanía, por imagen, por comodidad”, le comunicó a Cordero.

El plan que propuso Jerez implicaba vender 14 de las 20 sillas odontológicas (a $750 mil cada una) y quedarse solo con seis. “De acuerdo al flujo, perfectamente se puede trabajar con seis sillones con una atención de 18 pacientes hora, 180 pacientes día. Más que suficientes”, agregó.

La réplica de Cordero no se hizo esperar. Pero más que ofrecerle respuestas, le lanzó una serie de preguntas: “¿Qué pasó con todas las universidades e institutos que nos arrendarían boxes? ¿Qué pasó con la Junji? ¿Tú no ves que vaya a haber otra licitación del servicio de salud? ¿Qué dice George?”.

Jerez respondió una a una las preguntas de Cordero. “Lo de las licitaciones, debe salir dentro de enero la de esterilización y las prótesis 421×2, con seguridad, y me lo han confirmado”. Y respecto de George Sepúlveda, le comunicó: “George nunca más se comunicó conmigo, pero hablo bastante con su jefa de finanzas. Está medio complicado con el nuevo director (NdR: Carlos Vera Bugueño)”.

Jorge Madariaga Burrows (Fuente: Twitter)

Jorge Madariaga Burrows, había sido desvinculado de la dirección del Servicio de Salud Concepción en noviembre de 2012. Tres meses antes, la Contraloría había publicado un informe señalando que durante 2011 el Servicio de Salud de Concepción se había excedido en $1.817 millones respecto del gasto autorizado para contratos a honorario a suma alzada. Madariaga, además, estaba siendo acusado por la Federación de Trabajadores de la Salud (Fenats) –que pedía su renuncia– de prácticas antisindicales. La explicación que dieron entonces las autoridades de salud fue que la salida de Madariaga del SSC se había producido en el contexto de una reestructuración de los servicios de salud a nivel nacional.

Poco después, George Sepúlveda también dejó el Servicio de Salud Concepción. Su última remuneración en la entidad pública, de $4,5 millones, data de febrero de 2013.

Las suertes de Madariaga y Sepúlveda tomaron caminos distintos. Jorge Madariaga se presentó como candidato a diputado por la Región del Biobío en las elecciones de 2013 (Independiente, Pacto Alianza). Obtuvo el 3,6% de los votos. Tras el fracaso de su aventura parlamentaria fue recontratado el 21 de noviembre en el aparato estatal como médico en la unidad de urgencia del Hospital de San Carlos (Octava Región). Tal como informó El Mostrador, Madariaga fue parte de un grupo de 20 ex funcionarios públicos cercanos a la entonces Alianza por Chile que se presentó a las elecciones parlamentarias de 2013 y que, luego de sus fallidas candidaturas, fueron recontratados por el gobierno, capítulo bautizado como las “becas Piñera”.

Al igual que Madariaga, una vez fuera del servicio de salud, George Sepúlveda también hizo noticia. En 2015, según informó el Diario Concepción, Sepúlveda –quien comenzó a dedicarse a un negocio familiar de software creado en mayo de 2013 bajo el nombre “Abex Technology”– fue protagonista de una cuestionada licitación para proveer a la Municipalidad de Talcahuano de un nuevo sistema informático para la gestión del área de salud. La licitación por $144 millones la ganó Abex Technology. Pero había un detalle: uno de los integrantes de la comisión evaluadora de la licitación, el administrador municipal Héctor Silva Gormaz, había sido testigo de matrimonio de George Sepúlveda en enero de 2011.

Según consigna el Diario Concepción, la Contraloría Regional se pronunció al respecto señalando que aquello contravenía “el principio de probidad administrativa”, señalando que el funcionario debió “abstenerse de intervenir en dichos asuntos”. También cuestionó el hecho de que el municipio ya tuviera un sistema informático para el área de la salud que cumplía con los mismos requerimientos.

CLÍNICA THOMPSON

En el transcurso de 2013, Family Health Center sufrió profundos cambios. En enero llegó un nuevo administrador, el ingeniero Claudio Durán Alvial. El 7 de marzo de ese año, el sitio web de la Radio Biobío informó que el entonces ministro de Economía Pablo Longueira tenía en carpeta el nombre de Durán como nuevo seremi de Economía en la Octava Región, lo que no se concretó. Durán Alvial mantenía una relación de amistad con quien hasta entonces administraba Family Health Center, Rodrigo Jerez. Pero el 21 de enero, Durán ingresó al edificio de Camilo Henríquez y Jerez fue despedido.

La reestructuración se oficializó el 19 de abril de 2013, en una junta de accionistas de la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos. En ella se acordó renovar completamente el directorio de la sociedad, a la que ingresaron Claudio Durán Alvial, la matrona Ana María Caballero Deramond (esposa de Durán), y el abogado Marco Antonio Figueroa Poblete. Feeley y Pozo vendieron su parte y se retiraron del negocio.

Según las versiones recogidas por CIPER, Cordero también dejó la gerencia general, aunque su nombre siguió apareciendo en documentos oficiales como el contacto de la sociedad ahora controlada por Durán.

Abril de 2013, mes en que Family Health Center sufrió la reestructuración, fue un mes clave para el ex administrador municipal Patricio Cordero. Fue entonces (3 de abril) cuando CAVAL, impulsada por el propio Cordero, le manifestó por primera vez al síndico Herman Chadwick Larraín su intención de adquirir los tres terrenos en Machalí y le hizo una oferta de 0,54 UF por metro cuadrado. El interés de Cordero se volcó a este negocio. Pocos meses después Cordero le haría un recordatorio a Valero sobre el negocio de Machalí: “no me olvides, que yo también tengo velitas en ese entierro”, le comunicó por email (ver reportaje de CIPER).

Tras hacerse de la propiedad de Family Health Center, Durán le cambió el nombre. En julio de 2013 el nuevo centro odontológico, ahora Clínica Thompson, dejó Camilo Henríquez N° 1820 y se trasladó a un lugar más céntrico de Concepción (a pocas cuadras de la Plaza de la Independencia), en calle Angol N° 540. El edificio de Camilo Henríquez donde funcionó la sociedad odontológica de Cordero, Díaz y sus socios fue ocupado tiempo después por el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Santa Sabina, institución pública que se lo arrienda hasta hoy a su dueño, el empresario Mario Capponi.

Pocas semanas antes, el 21 de junio, la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos se había ganado una nueva licitación de “altas dentales” por $18,5 millones del consultorio Dr. Víctor Manuel Fernández, dependiente del Servicio de Salud Concepción. En las dos órdenes de compra emitidas por el consultorio médico con fecha 11 de septiembre y 6 de noviembre de 2013, se consigna la nueva dirección de la empresa en calle Angol. En la orden de compra de septiembre, sigue apareciendo como destinatario Patricio Cordero Barrera y como contacto su dirección de email de Banigualdad (ver documento).

Un mes más tarde, el 23 de julio, la sociedad volvió a adjudicarse una licitación del mismo consultorio por $24 millones. Aquí también aparece Cordero como destinatario de una de las órdenes de compra enviadas por el consultorio con fecha 6 de noviembre de 2013 (ver documento).

La ascendente carrera de la clínica ahora manejada por Durán se frenó el 26 de noviembre de 2013. Una resolución exenta del Servicio de Salud Concepción puso término anticipado a la licitación del consultorio Dr. Víctor Manuel Fernández que Clínica Thompson se había adjudicado en junio. Según el documento, la clínica “no cumplió con las prestaciones solicitadas”, lo que se explicaba por la “falta de condiciones tanto en infraestructura como en personal” (ver documento).

El 31 de diciembre, según consta en documentos de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío, la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos (RUT N° 76.198.942-1) dejó de existir como tal. Pero Durán no se salió de negocio. Creó una nueva sociedad, que mantuvo el nombre de la sociedad odontológica que compró a Feeley y Pozo, con un nuevo RUT (N° 76.303.662-6), constituida como entidad de responsabilidad limitada.

DEMANDAS LABORALES

Capítulo aparte merece la avalancha de demandas laborales que tuvo que afrontar Family Health Center –bajo la administración de Patricio Cordero y también de Claudio Durán– de parte de varios de sus trabajadores.

Un día antes de que Family Health Center se adjudicara su primera licitación (septiembre de 2012), Érika Aguirre Peña, quien había trabajado con Rodrigo Jerez en la Universidad Bolivariana y luego como jefa de Operaciones y Administración en la nueva clínica dental, los demandó por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

El texto de la demanda explica que Aguirre había llegado a la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos en abril de 2012, llevada por Jerez para “organizar y poner en funcionamiento dicho centro”. Su tarea sería implementar e instalar equipos de informática, coordinar instalaciones y certificaciones, preparar la documentación necesaria para la autorización de funcionamiento de la Seremi, todo en la oficina instalada en Av. Camilo Henríquez N° 1820.

Érika Aguirre duró tres meses en el cargo. Según su versión, en todo ese tiempo nunca firmó contrato y no le pagaron las imposiciones de salud, previsionales, su seguro de cesantía, las horas extraordinarias, ni los gastos por bencina y teléfono que le habían prometido. La empresa, aún en manos de Cordero y sus socios, fue condenada a pagarle a Aguirre $600 mil de indemnización, más feriados y cotizaciones de salud, previsional y seguro de cesantía.

Ya con Claudio Durán a la cabeza del negocio, el 4 de febrero de 2013 Clínica Thompson (ex Family Health Center), fue demandada por Rodrigo Jerez por “despido injustificado” y por prestaciones laborales que no fueron pagadas. Según su versión, la empresa le debía $7,9 millones luego de que lo despidieran sin aviso.

Durán contraatacó. En su respuesta, acusó a Jerez de haber tomado sin autorización $32,6 millones de la cuenta corriente de la Clínica Thompson. Jerez sintió el golpe. El 15 de marzo de 2013 les escribió a Patricio Cordero, Héctor Feeley, Juan Pozo y José Puga pidiéndoles ayuda:

“Como mi honradez y transparencia han sido los valores mejor cuidados en mi carrera profesional, acudo a vuestra ayuda, considerando que en la respuesta que entregó Claudio Durán al Tribunal fue que me había robado $32 millones de la empresa y que esa era la razón por la que me habían despedido y (eso) se paga obviamente con cárcel si no justifico todos sus dichos. (…) No sé hasta dónde llega la dignidad, pero lo que hizo Claudio Durán realmente no tiene nombre”.

Un mes después, Jerez y Durán llegaron a acuerdo. El primero recibió $7 millones de compensación divididos en pagos de $1 millón mensual, a cambio de retirar la demanda.

Una nueva demanda se sumó el 21 de noviembre de 2013. Esta vez se trató de seis ex funcionarios de la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos que en vista de los incumplimientos de la empresa, habían decidido auto despedirse. Todos reclamaban sueldos y pagos de imposiciones pendientes. El 20 de marzo de 2014, el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción condenó a la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos a pagar a los demandantes $7,6 millones en total, además de las imposiciones atrasadas de cada uno de los trabajadores.

La sentencia, marcó el último capítulo judicial que involucró al fugaz emprendimiento odontológico en Concepción de Patricio Cordero y Juan Díaz, hoy también formalizado por soborno en el negocio inmobiliario que hizo junto a los dueños de CAVAL en Machalí.

La reiteración de reclamos de ciudadanos que han sido perjudicados gravemente en sus intereses por abogados que asumen deficientemente sus defensas, forman parte de un problema que se ha ido agravando y que asoma por distintos vértices. Una de las quejas más frecuentes es sobre abogados defensores que sin explicación no concurren a audiencias o no entregan escritos en los plazos establecidos. No es extraño entonces que durante 2015 y los primeros meses de 2016 los tribunales hayan sancionado a 156 abogados por distintas irregularidades en su proceder. Un 10% más que en el período anterior, según información que entrega un artículo de El Mercurio.

Más allá de los problemas éticos y de procedimientos que reflejan las sanciones aplicadas por lo distintos tribunales del país, su aumento pone en evidencia otro factor que incide directamente en cómo se comportan los abogados en tribunales: las graves falencias en la formación académica que reciben muchos de los abogados que salen de las 44 universidades que imparten Derecho en el país. Un problema que la Corte Suprema ha intentado regular, pero que hasta ahora se ha estrellado contra un muro y que ya provocó drásticos cambios en el proceso de selección de la Academia Judicial, donde se forman los jueces.

LA LUPA DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL

La primera prueba de fuego para los futuros abogados al terminar el quinto año de universidad, es la práctica profesional. En Chile, todos los estudiantes de Derecho deben hacer su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), organismo público que proporciona abogados de manera gratuita a quienes no tienen recursos para pagar uno. El 80% de ellos la hace en la CAJ Metropolitana, mientras que el 20% restante la hace en sus sedes regionales.

Así, son los tutores y jefes de práctica de esta corporación, testigos directos de la calidad de la formación que se imparte hoy en las 44 escuelas de Derecho que existen en el país.

Marcela González, abogada jefe de la Oficina Civil de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago, es tajante a la hora de evaluar a los futuros abogados:

-Falta de conocimientos básicos, problemas de oratoria, poca capacidad de análisis y prácticamente nula capacidad crítica. Hay algunos que llegan preguntando dónde están los tribunales o si ellos tienen que hacer las notificaciones. ¿Después de cinco años de estudio no saben que existe un receptor judicial que se encarga de eso? -señaló la abogada a CIPER.

Milton Juica

La misma preocupación se manifestó hace algunos años en el pleno de la Corte Suprema, cuando los ministros comenzaron a cuestionar la calidad de los abogados que se estaban titulando. Milton Juica, ministro desde el año 2001 y presidente del máximo tribunal entre 2010 y 2012, ha sido testigo de las consecuencias de esta mala formación:

-Abogados sin capacidad de oratoria que no pueden sostener un discurso coherente y con grandes vacíos en gramática a la hora de escribir, incapaces de entender la terminología jurídica a raíz de estas carencias básicas -explica.

A diferencia de lo que ocurre con las otras carreras, las escuelas de Derecho solo pueden otorgar la licenciatura, mientras que la entrega del título de abogado, por ley, es responsabilidad exclusiva de la Corte Suprema. Revisando los antecedentes de los estudiantes que llegaban a solicitar el título, los ministros identificaron escuelas que ni siquiera respetaban su propia reglamentación interna, convalidando ramos de otras facultades sin que esos ramos existieran o simplemente utilizando exámenes “de conocimientos relevantes” para justificar las convalidaciones.

-Eso facilitó mucho las cosas para aquellos abogados que después de 10 ó 15 años obtuvieron convalidaciones en facultades que se crearon exclusivamente para ese fin -asegura Milton Juica.

DERECHO: LA CARRERA DE LOS HUEVOS DE ORO

La cantidad de escuelas de Derecho ha crecido explosivamente desde que por ley se autorizó la creación de universidades privadas. En 1980, cuando se dictó el decreto que les otorgó autonomía y libertad académica, existían cinco facultades de Derecho en Chile. Hoy la carrera se imparte en 44 universidades, con más de 100 sedes a lo largo del país.

Si el año 2000 se titularon mil abogados, 15 años después la cifra se ha más que triplicado con 3.487 titulados durante 2015. ¿Cómo se explica este crecimiento? La alta tasa de ocupación, las expectativas de sueldo de los estudiantes y el bajo costo que significa implementar la carrera, la han transformado en el enganche perfecto para aquellos que buscan asegurar rentabilidad en el negocio educativo.

Según los registros del Mineduc, en 2015 existían más de 34.000 matriculados en Derecho a nivel nacional. El costo de la carrera en Santiago no baja de $1,6 millón anuales (Universidad Miguel de Cervantes) y llega hasta los $5,5 millones anuales (Universidad del Desarrollo).

Dentro de la variada oferta de programas diurnos, vespertinos, especiales para egresados y modalidades de dos días y medio a la semana, destaca un grupo de 13 instituciones que no están acreditadas. Algunas de estas universidades pueden llegar a tener siete sedes impartiendo la carrera, como la Universidad La República, o la Universidad de Las Américas que concentra cuatro sedes con la carrera solo en Santiago (vea la nómina de universidades no acreditadas que imparten Derecho).

Entre las 31 instituciones de educación superior que están acreditadas tampoco se puede afirmar con certeza que existan estándares mínimos de calidad. Y ello, porque tal como reveló CIPER en una serie de reportajes, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo a cargo de avalar la calidad de las instituciones de educación superior, contaminó esa certificación al comprobarse que había vendido acreditaciones, además de otras irregularidades en los procesos (ver especial acreditaciones).

Conservar la acreditación es clave para estas universidades, ya que mientras esta certificación dure, sus alumnos podrán financiar sus estudios con el Crédito con Aval del Estado (CAE), el que se ha transformado en otro indicador importante –esta vez relacionado al mercado laboral- respecto de la calidad de las escuelas de Derecho.

Cada año, luego del otorgamiento del CAE, los bancos le venden al Estado un porcentaje de estos créditos, y los que venden son los de aquellos alumnos que tendrán menos capacidad de pago una vez que salen de la universidad. Para determinar eso, las instituciones financieras no solo consideran la comuna en la que vive el estudiante, las deudas que tiene o el trabajo de sus padres, sino que la institución donde cursa su carrera se transforma en un factor clave.

En otras palabras, las instituciones financieras crean su propio ranking de calidad de acuerdo a las expectativas de pago, y venden al Fisco los préstamos más riesgosos. Según los datos de la Comisión Ingresa, en 2015 más de 7.300 préstamos CAE de alumnos de Derecho fueron vendidos al Estado, por un monto que superó los $16.800 millones. Una deuda que deberá ser pagada por los estudiantes y sus familias a los bancos, después de terminar la carrera.

Las universidades privadas concentraron el 85% de los créditos vendidos ese año para financiar estudios de Derecho. Las instituciones de educación superior con más créditos vendidos al Fisco por los bancos fueron la Universidad Andrés Bello con 933 créditos, la Universidad Autónoma con 557 y la Universidad Central con 554.

PRACTICANTES MAL PREPARADOS Y TUTORES SATURADOS

La Corporación de Asistencia Judicial es para muchos de los estudiantes de Derecho el primer encuentro profesional con los tribunales y con todo lo que significa hacerse cargo de un caso real. Después de al menos cinco años de teoría, aprendiendo las normas y el lenguaje del complejo mundo del Derecho, aquí deben interpretarlo, traducirlo y aplicarlo para entregar una solución a las personas que llegan buscando apoyo.

Los tribunales de familia, laborales y civiles son las tres áreas de mayor demanda en la CAJ. En ésta última se concentra la mayoría de los practicantes ya que allí todavía se funciona “a la antigua”, por escrito, lo que permite seguir con más cuidado su desempeño. Embargos, arriendos, negligencias médicas e indemnizaciones forman parte del menú de problemas que deben resolver.

Con más de 18 años en el servicio, la abogada Marcela González, jefe de la Oficina Civil de la Corporación de Asistencia Judicial en Santiago, describe al estudiante de Derecho actual como un sujeto “mecánico”:

Paula Camus

-No son capaces de analizar lo que ven. Antes, si no sabían algo lo estudiaban, te daban ideas, aportaban. Hoy es raro que un practicante aporte. Esto se ha transformado en una máquina de hacer abogados. Hace diez años, los estudiantes no eran así.

Paula Camus, coordinadora de la Unidad de Prácticas Profesionales de la corporación, coincide con el diagnóstico de la abogada González:

-Se preocupan de seguir el modelo preestablecido, pero no les importa si está mal o está bien, simplemente lo siguen y se justifican en que ese es el modelo que se les entregó.

Entre las características negativas que destaca en los practicantes, Paula Camus identifica un actuar negligente y con cierto desdén. “No se preocupan del perjuicio que le pueden provocar a los usuarios cuando no llegan a una audiencia o deliberadamente deciden no ir, porque no se sienten preparados”, explica.

La coordinadora advierte que, aunque se hace necesario, el personal de la corporación no puede destinar tiempo ni recursos para nivelar a los estudiantes en práctica. “Nuestra dotación no alcanza para supervisar en profundidad a cada practicante”, afirma. Y para demostrar lo saturado que está el servicio arroja un preocupante dato: un solo tutor debe revisar entre 400 y 800 causas, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga bajo su tutela.

Según las profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial, cada mes ingresa un promedio de 200 estudiantes a realizar su práctica. De ellos, un 10% renuncia como promedio mensual. Las razones, según Paula Camus, son casi siempre las mismas: “no les tocó el lugar que pidieron o simplemente se retiran cuando algo no les gusta”.

Un factor que abre la puerta a la tasa de renuncias es que la norma indica que los estudiantes pueden rendir su práctica cuantas veces sea necesario para aprobarla. En lugar de reprobarlos, la evaluación final aplica “sanciones”, las que van desde una amonestación escrita hasta la prolongación o la repetición de la práctica. Dentro de la pauta de evaluación, las razones que dan origen a la mayor cantidad de sanciones son “la falta de conocimiento teórico y la irresponsabilidad”. 

JUECES CON PROBLEMAS

En cada juzgado, tribunal o corte de nuestro país, los encargados de zanjar los conflictos son los jueces. ¿Pero qué se necesita para llegar a ser juez? Además del título de abogado, un curso de diez meses en la Academia Judicial, la que en los últimos años ha sufrido una importante reestructuración en sus procesos de ingreso debido a la deficiente preparación con la que llegan los postulantes.

En 2013, el director de la academia, Eduardo Aldunate, se vio en la necesidad de pedir autorización al Consejo Directivo de la entidad para eliminar la obligación de llenar los 24 cupos de abogados que buscan acceder al escalafón primario del Poder Judicial. “Por llenar los 24 cupos estaban entrando personas que no eran idóneas”, reconoció Aldunate a CIPER. Desde 2014, los cursos no superan las 18 personas.

A este plan de formación postulan en cada proceso de admisión alrededor de 340 abogados. Más del 70% de estos postulantes tiene entre 25 y 27 años y menos de dos años de titulado. El sistema de ingreso actual se instauró en 2012, tras la llegada del director Aldunate, y consta de tres etapas.

La primera fase incluye una evaluación teórica de 140 preguntas de alternativas y una prueba práctica que consiste en resolver tres casos. Luego, en la academia seleccionan a los 120 mejores puntajes de la prueba teórica. Como se constató que las notas de los seleccionados seguían siendo muy bajas -el puntaje de corte está alrededor del 3,8- el consejo de la Academia Judicial decidió instaurar un punto base para “inflar” sus calificaciones.

-Si no lo hacíamos así, reducíamos mucho la cantidad de postulantes para los pasos siguientes, que ya son muy reductores -justifica la medida el director Aldunate.

Eduardo Aldunate

Para probarlo basta con echar una mirada al promedio de notas por universidad en el último proceso de selección en mayo de 2015: solo la Universidad Católica de Valparaíso supera el 5.0, mientras que al otro extremo, cinco universidades –Bolivariana, SEK, La República, Pedro de Valdivia y Finis Terrae– tienen promedio rojo, el que incluye el punto de regalo (ver calificaciones).

Solo a los 120 seleccionados de la prueba teórica se les corrige la prueba práctica, que fue rendida el mismo día. Un filtro que reduce a 90 los postulantes que podrán avanzar a la segunda etapa, una evaluación psicométrica: cinco tests psicológicos, entrevista con un psicólogo y una actividad en grupo, donde se discute sobre un tema polémico.

Al terminar esta evaluación, los postulantes son clasificados en tres categorías: aptos, aptos con observaciones (habilitados para avanzar a la siguiente etapa) y los no aptos, los que son excluidos del proceso.

Si entre aptos y aptos con observaciones los postulantes exceden los 40 cupos, serán las notas de egreso que hayan obtenido en la universidad las que determinarán los 40 elegidos. Hay que decir que en los últimos procesos de admisión no ha sido necesario aplicar este criterio debido al bajo número de seleccionados.

La última instancia consiste en una entrevista individual frente a una comisión integrada por dos miembros del consejo de la Academia Judicial y cuatro miembros del equipo de trabajo: director, subdirectora, coordinador de formación y subdirector de estudios. Al concluir, deben haber seleccionado un máximo de 24 postulantes.

A pesar de todos los filtros del proceso de selección, la Academia Judicial debe seguir evaluando contenidos básicos. Hasta 2011, esto se hacía a través de una nivelación.

-Hasta 2011, la academia se hacía cargo de las deficiencias en la formación jurídica de las universidades. Entre el 70% y 80% del curso eran clases de derecho sobre materias de pregrado, lo que era un dispendio de recursos públicos, porque estábamos subsidiando algo que otras personas estaban haciendo mal –explicó a CIPER el director Aldunate.

Hoy ya no existe esa nivelación, pero en su lugar establecieron siete pruebas de conocimientos teóricos básicos a lo largo del curso, para asegurar los estándares mínimos de los futuros jueces.

-Nuestra lógica fue que todo abogado debe estar capacitado para responder por lo menos con nota 4 esta evaluación sin haber estudiado nada. Nunca pensamos que habría personas que reprobarían. Por curso, se reprueban entre tres y cuatro de estas pruebas e incluso tuvimos el caso de una persona que reprobó por segunda vez y debió ser expulsada del programa. Esto quiere decir que el 25% mejor calificado de los postulantes aún es capaz de reprobar pruebas parciales sobre temas mínimos de Derecho –afirma Eduardo Aldunate.

Para Aldunate estos son los síntomas de una enfermedad que hoy crece en las escuelas de Derecho y que tuvo su punto de inicio en la liberalización desregulada de la oferta académica:

-La proliferación de universidades que imparten Derecho abrió cupos principalmente para los alumnos que en los antiguos procesos de selección quedaban fuera. Y los intentos por regular la calidad de estas nuevas instituciones, no solo han fracasado sino que han distorsionado la enseñanza -señaló a CIPER.

El director de la Academia Judicial identifica consecuencias negativas en algunos criterios de la Comisión Nacional de Acreditación, como el porcentaje de retención de alumnos, la tasa ocupacional y la producción científica, los que según él han orientado el rumbo esencialmente a lograr la acreditación, y con ella los ansiados millones del CAE que eso implica, más que a lograr real calidad en la formación integral de los abogados.

-La capacidad de los abogados, a raíz de este proceso, se ha ido descomponiendo en una especie de lista de compra que ha ido dejando de lado la formación integral y la visión crítica de los alumnos, porque no son las competencias que demanda el mercado laboral. Ningún empleador le va a pedir que aprecie críticamente el Derecho, porque lo que pide son soluciones jurídicas -concluye Aldunate.

LOS INTENTOS DE LA CORTE SUPREMA

Terminaba el año 2015 y los alumnos de quinto año de Derecho de la Universidad Andrés Bello que llegaron a rendir el examen de la asignatura “Estatuto jurídico de los pueblos originarios”, se encontraron con una sorpresa: el profesor titular Ricardo López Vyhmeister ya no estaba. El cambio aumentó el nerviosismo de los 21 alumnos (de los 36 que integraban el curso) que sabían que ese examen era su última oportunidad para no repetir el ramo. Para el profesor López también fue una sorpresa: solo el día anterior recibió un correo de las autoridades de la facultad en el que le comunicaron que habían decidido reemplazarlo.

Con casi el 60% del curso a punto de reprobar el ramo, López fue removido para que otra persona zanjara el resultado final de sus alumnos. Los problemas habían comenzado antes, precisamente por las quejas de los estudiantes ante los exigentes métodos de evaluación del profesor. “Me pidieron derechamente que inflara las notas”, acusa Ricardo López, quien presentó su renuncia para el siguiente período académico.

Consultado por CIPER, el decano de la facultad, Juan David Terrazas, insiste en que el curso “estaba cerrado” y que es normal que otro profesor del área tome el examen de repetición cuando el académico original tiene “problemas”.

Para el profesor Ricardo López, esos “problemas” son preocupantes falencias que él observó en la formación de los alumnos del último año de Derecho y que lo impulsaron a reforzar los requisitos de aprobación. Un solo ejemplo: en uno de los trabajos finales uno de los alumnos se refirió a la “Corte Suprema de Copiapó”.

Fue la reiteración de esas mismas falencias en muchos abogados que llegaban a distintos tribunales del país, lo que llevó a que en 2008 la Corte Suprema decidiera tomar cartas en el asunto, endureciendo los requisitos para obtener el título. El ministro Milton Juica fue el encargado de diseñar un nuevo instructivo para la tramitación del título, agregando requisitos para los alumnos que pasaran por más de una universidad a lo largo de su carrera y exigiendo que se cumplieran las reglamentaciones internas de cada facultad (ver instructivo 2008).

Este instructivo fue perfeccionado por la misma Corte Suprema en noviembre de 2015, aumentando las exigencias a través de un auto acordado que, entre otras cosas, rechaza entregar el título a los estudiantes que no hayan cursado al menos el último semestre en la universidad de egreso. Y también cuando hayan transcurrido más de diez años entre la fecha en que se aprobó una asignatura y la fecha en que se solicitó su convalidación, salvo que acredite tener “experiencia laboral significativa en el área” durante los últimos diez años y además haya rendido exámenes de conocimientos relevantes en forma oral y escrita (ver instructivo 2015).

Conscientes de que las medidas instauradas no han tenido un efecto práctico directo en la formación con que llegan muchos abogados a los tribunales y los riesgos que implica tener litigando a un abogado mal preparado, algunos ministros de la Corte Suprema hicieron una propuesta. Al igual como se hace en otros países, plantearon la idea de instaurar un examen que habilitara a los abogados ya titulados para poder litigar en los tribunales.

Así como los médicos deben aprobar un examen (Eunacom) para poder desempeñarse en los centros públicos de salud, los abogados que quisieran trabajar litigando en tribunales debían superar este examen. Una especie de filtro de calidad. Y si bien durante un tiempo la idea cobró adeptos, apenas salió de los pasillos de la Corte Suprema, un poderoso lobby externo la asfixió.

-Las universidades se opusieron. Y el peso de las universidades privadas es muy importante en este país -concluye Milton Juica.

LAS UNIVERSIDADES DE LOS SUPREMOS

Cuando un estudiante no cumple con los requisitos que exige la Corte Suprema para obtener el título de abogado, su expediente pasa al Comité de Comunicaciones del mismo tribunal, liderado por Milton Juica, quien prepara un informe para que los ministros en el pleno del tribunal aprueben o rechacen esa titulación. Pero muchos de los supremos no solo evalúan a los estudiantes dentro del máximo tribunal.

A pesar de la contundente crítica que han formulado varios ministros de la Corte Suprema a la formación que entregan algunas universidades, es posible comprobar que prácticamente los 21 ministros que la componen tienen o han tenido vínculos laborales con instituciones de educación superior.

A principios de 2007, bajo la presidencia de Enrique Tapia Witting, el pleno se reunió para regular la actividad docente de sus propios ministros, los de la Corte de Apelaciones de Santiago y los jueces del Poder Judicial que quisieran dictar clases.

Hugo Dolmestch

A través de un auto acordado, los ministros de la Suprema resolvieron que las actividades de docencia debían realizarse después de las 15:00 horas, “en un número prudente de unidades académicas y en una carga horaria que permita cumplir con las labores de su cargo” (ver el auto acordado). En el acta de la misma resolución, se consigna que el ministro Hugo Dolmestch, actual presidente de la Corte Suprema, junto a los ex ministros Nibaldo Segura y Margarita Herreros, estuvieron por suprimir la limitación de las 15:00 horas.

Actualmente, de los 21 ministros que componen el pleno, al menos ocho de ellos mantienen vínculos laborales con escuelas de Derecho.

El ministro Milton Juica renunció el año 2000 a la coordinación académica de la Universidad Finis Terrae y a las clases de Derecho Procesal que impartía en la Universidad Central, para asumir como director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Andrés Bello. Antes de él, el jefe del área procesal en esa universidad era el también ministro Raúl Valdés, quien emigró a la Universidad del Desarrollo, donde imparte clases desde 2003.

El ministro Carlos Künsemüller es uno de los fundadores de la cátedra de Derecho Penal en la Universidad Gabriela Mistral, la que no está acreditada. También es profesor del postítulo en Derecho Penal de la Universidad Finis Terrae y consultor del Centro de Estudios Penales de la Universidad de Talca.

El ministro Guillermo Silva es profesor titular desde 1996 de la cátedra de Derecho Penal en la Universidad San Sebastián. El ministro Héctor Carreño Seaman es profesor asociado en el curso de Enseñanza Clínica del Derecho en la Universidad de Chile y hasta hace un año, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Gabriela Mistral. En esta última universidad, el ministro Lamberto Cisternas imparte el curso de Derecho Procesal II.

En el área de postgrado, el ministro Carlos Aránguiz es profesor en la Universidad Andrés Bello, mientras que la ministra Andrea Muñoz es parte del cuerpo docente del diplomado en Derecho de la Familia en la Universidad Diego Portales.

El 28 de abril de 2014, una joven de 19 años acudió a un centro médico del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC). Había sido abusada sexualmente el día anterior y solicitó Levonorgestrel, comúnmente conocida como la pastilla del día después. Le entregaron dos dosis de 0,75mg cada una. La primera se la tomó en el lugar y la segunda tenía que ingerirla 12 horas después. El registro de esa consulta quedó alojado en la red informática del Ministerio de Salud (Minsal),  junto a los nombres y datos personales de todas las mujeres que solicitaron la misma píldora desde 2012 a 2015 en ese establecimiento y en otros a lo largo del país.

El registro lleva el nombre de la paciente, su RUT, domicilio, descripción del caso y el medicamento entregado. Son todos antecedentes personales de máxima privacidad, que debieran haber estado encriptados o disponibles solo y rigurosamente para los funcionarios autorizados para consultar esa sensible información.

No fue así. Porque la red informática interna del Minsal estuvo a disposición de los funcionarios que quisieran ingresar a esos archivos hasta la noche del viernes 4 de marzo. El universo de quienes podían acceder a las llamadas  “carpetas compartidas” de la red computacional de Salud, incluye a cerca de 100 mil personas, más los empleados de los consultorios desde Arica a Magallanes.

Ministra de Salud, Carmen Castillo

CIPER descubrió esta grave situación y en la tarde del viernes 4 de marzo concurrió al despacho de la ministra de Salud, Carmen Castillo, y le informó de la falla de seguridad que presentaba la red informática de su cartera. Una vulnerabilidad que, tal como lo constató CIPER haciendo pruebas desde tres puntos distintos, incluye que se podía ingresar a esas “carpetas compartidas” desde fuera de los establecimientos de Salud, ya que hay computadores del ministerio y centros de atención que tienen instalados un programa de acceso remoto.

En efecto, algunos computadores de la red de Salud tienen instalados programas, como Teamviewer, que permiten ingresar al ordenador –y así a la red del Minsal- desde fuera de los establecimientos hospitalarios y desde cualquier lugar de Chile o el mundo.

En el mismo despacho de la ministra, CIPER hizo las pruebas que demostraron que la red era vulnerable. La ministra Carmen Castillo se mostró consternada por la situación y ordenó de inmediato a los equipos técnicos del Minsal bloquear los archivos, al tiempo que afirmó que adoptará “todas las medidas técnicas, administrativas y legales” para proteger la información privada de los pacientes.

CIPER se comprometió a esperar que el Minsal pudiera al menos bloquear el acceso a las “carpetas compartidas” antes de publicar lo ocurrido, para así evitar una entrada masiva a esa información privada y altamente sensible. Lo que sí se nos aseguró fue que al menos las fichas electrónicas de los usuarios –que contienen la información completa de los pacientes- no están comprometidas en esta brecha de seguridad, porque requieren claves para acceder.

CIPER cumplió su compromiso y las medidas adoptadas por la ministra Carmen Castillo ya están en ejecución (ver minuta).

TRES MILLONES DE ARCHIVOS

En la indagación realizada por CIPER a los accesos que estaban disponibles para los funcionarios del Minsal que quisieran ingresar, pudimos constatar que los datos de las mujeres que pidieron la pastilla del día después no eran los únicos que estaban sin resguardo. Había al menos tres millones de archivos contenidos en las “carpetas compartidas”, con todo tipo de información sobre personas, funcionarios, exámenes de laboratorio, biopsias, proyectos, programas, sumarios, etc.

Durante la investigación, CIPER presenció cómo un funcionario ingresaba a distintos computadores y servidores de la red sin ninguna restricción, llegando a tener acceso a carpetas que se supone son de alta privacidad. Porque entre los archivos a los que el funcionario pudo acceder sin problemas estaban los registros de pacientes con VIH, cáncer, problemas de salud mental y procedimientos de abortos a nivel nacional. La falla en la seguridad de la red informática había dejado toda esa información expuesta a posibles filtraciones o usos indebidos.

Para dilucidar la magnitud y la extensión de la falla de seguridad, CIPER ingresó a la red de salud desde tres puntos distintos en la Región Metropolitana. Y en cada ocasión pudimos confirmar que en todos ellos se podía acceder a las “carpetas compartidas”.

El proveedor del servicio de internet de salud es ENTEL, empresa que fue contratada a través de trato directo –sin licitación pública- en 2013 por el Minsal para construir la red y realizar su mantención durante ocho años. Todo por un costo anual de 605.472 UF (valor UF actual), unos $15.576 millones (ver documento).

De acuerdo a las bases utilizadas para la licitación que originalmente fue declarada desierta, ENTEL tiene la obligación de velar por la “Prevención de Fuga de Información”, “ofreciendo la opción para definir reglas que permitan analizar los distintos archivos que circulan a través de la red en búsqueda de información confidencial”, especificando tipo de archivo y protocolo a seguir en caso de la detección de una posible fuga (ver documento).

La brecha de seguridad detectada por CIPER indica que los compromisos contraídos a partir de las bases de la licitación no se cumplieron. Porque la falla vulneró completamente el llamado Sistema de Seguridad de la Información del Ministerio de Salud y violó las 44 Resoluciones Exentas dictadas con normas específicas para proteger los antecedentes de los pacientes.

Lo más inquietante es que la información contenida en esos tres millones de archivos alojados en las “carpetas compartidas” estaba accesible y despojada de todo circuito de seguridad desde hacía por lo menos un año. Lo grave es que la investigación de CIPER corroboró que el riesgo había sido puesto en conocimiento de algunas jefaturas de seguridad informática del ministerio hace meses. Y a pesar de ello, no se adoptó ninguna medida.

Por esa razón, el Ministerio de Salud abrirá una investigación sumaria a nivel central y en los servicios descentralizados para establecer responsabilidades.

CÓMO SE VULNERÓ LA RED

El Ministerio de Salud tiene entre sus planes estratégicos la llamada “e-salud”, que busca fortalecer la atención “garantizando el intercambio de información entre los diferentes establecimientos, instituciones y proveedores”. Para ello, se desarrolló la red informática con ENTEL que abarca más de 1.500 establecimientos de salud en todo el país. Como la seguridad es el gran problema de estos sistemas, porque se ingresa allí información altamente sensible de los ciudadanos, uno de los puntos revelantes que se incluyó en el contrato con ENTEL fue el resguardo de estos registros.

La investigación del Minsal deberá dilucidar cómo fue que la decisión de compartir la información alojada en las llamadas “carpetas compartidas” quedó librada a cualquier usuario de la red, sin restringir el acceso a través de una clave secreta u otro filtro. Porque fue así como esos archivos fueron quedando a disposición de quien ingresara a la plataforma, pudiendo copiar, modificar y hasta borrar el documento.

La vulnerabilidad detectada, y ahora corregida, se refiere a las llamadas “carpetas compartidas”, cuyo manejo está regulado en la Resolución 1.157 del 29 de diciembre de 2014. Allí se estableció la Política de control de acceso “a los medios compartidos de información del Minsal” y se aplica a toda la información que se encuentre en carpetas compartidas, bases de datos, sistemas computacionales, servidores y otros medios del ministerio.

Esa resolución ordena que “todos los funcionarios del Minsal, incluso terceros, deberán tener acceso solo a la información que necesiten para el desarrollo legítimo de sus funciones”. Las necesidades de acceso para cada persona las determina cada jefatura. También se establece que los derechos de acceso que recibe cada funcionario deben ser revisados al menos cada seis meses y que cualquier intento de acceso no autorizado a los “equipos, carpetas compartidas, sistemas de información, será considerado un incidente grave, por lo que debe reportarse de inmediato”.

Nada de ello se cumplió. Porque lo que CIPER constató es que no se necesitaba ser un experto en computación para ingresar a esa documentación. Cualquier funcionario integrado a la red del Minsal podía acceder a esas carpetas desde el llamado “explorador de archivos” en Windows, Finder en Mac o Nautilus en Linux. La única restricción que existía era la obtención de la IP de un computador, algo así como la dirección de la casa de cada PC. Pero para eso existen programas gratuitos y aplicaciones de celulares que permiten escanear todas las direcciones IP de la red, que en la del Minsal incluye a más de 200 mil dispositivos conectados.

Con las IP identificadas, la persona podía ver en pantalla cuáles computadores están encendidos, seleccionar uno, digitar la IP en la barra del explorador de archivos, y ya tenía ingreso a ese PC y a las carpetas que mantenía compartidas.

Así como CIPER ingresó desde tres lugares distintos de la Región Metropolitana, ese mismo ejercicio se podía realizar desde cualquier punto del país conectado a la red del Minsal. Incluso, había servidores con respaldo de toda la información que contienen computadores de las jefaturas de servicios, mientras que otros tenían compartidos archivos de canciones (MP3), películas (MOV y AVI) y fotografías personales de funcionarios. Y todos ellos sin restricción alguna de acceso.

MILLONARIO CONTRATO CON ENTEL

En diciembre de 2013, y a través de un trato directo, ENTEL firmó el contrato con el Ministerio de Salud. La idea fue implementar una conexión interna completa: desde las oficinas administrativas, pasando por hospitales y urgencias, hasta los Centros de Salud Familiar (Cesfam) en todo el país. Actualmente hay unos 200 mil dispositivos conectados, ya sean computadores, impresoras, routers y servidores. El contrato incluyó la instalación de 120 mil puntos de voz (teléfonos), 30 mil casillas de correo electrónico, 200 salas de videoconferencias y seguridad de la red. Pero el proceso no fue tan fácil.

En abril de 2012 comenzó la licitación de red del ministerio, que incluía tres áreas por separado: 1) Grupo de servicios de red de comunicaciones y complementarios; 2) Servicio unidad de gestión y control central (UGC); 3) el servicio de instalación y mantenimiento de cableado.

El 3 de agosto de ese año, el Minsal declaró desierta la primera área, porque las dos empresas que postularon –ENTEL y Movistar (ex Telefónica)- ofrecieron propuestas económicas que excedieron el monto máximo de la licitación: $12 mil millones. Las otras dos etapas de la licitación –a las que postularon Claro, Powersoft y Cyberplus- se declararon como “ofertas inadmisibles”.

Como el contrato vigente con Movistar estaba a punto de expirar, el Ministerio de Salud de la época decidió optar por un trato directo con uno de los oferentes. Esta decisión fue fundamentada así por el Departamento de Gestión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Minsal: “Considerando que existe un tiempo estimado por licitación de 18 meses y una implementación de seis meses, como mínimo para entrar en operación, y 12 meses más para que la red quede 100% operativa, es necesario el trato directo con uno de los oferentes”. De lo contrario, decía el informe, el riesgo de quedar sin sistema informático en los servicios de salud nacional era inminente, algo que “no se puede tolerar”.

Fue entonces que se inició una negociación con ENTEL y Movistar, las dos grandes empresas con la capacidad técnica de realizar este servicio. Para la revisión técnica del proceso, el Minsal contrató a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Un oficio del Minsal a la Cámara de Diputados dice que en ese proceso se utilizaron las mismas bases de la licitación declarada desierta. Sin embargo, en el mismo documento se cita la conclusión de los profesionales de la Universidad de Chile, los que aseguran que hubo “cambios en las condiciones de contratación que ofreció el Minsal”.

Consultadas las actuales autoridades del Ministerio de Salud sobre esta contradicción, informaron a CIPER que, respecto del sistema de seguridad que debía resguardar la red informática, no hubo cambios en las bases originales de la licitación.

Si así fue, ENTEL sería responsable de la seguridad de la red. Así lo establece el punto 56.2.4.2 de las bases de la licitación, donde se señalan los protocolos y estándares que deberán mantener la red protegida. Entre ellos, se menciona la Protección contra Intrusos (IPS, por sus siglas en inglés) y la Prevención de Fuga de Información (DPL, por sus siglas en inglés).

Con más precisión, las bases de la licitación establecieron que es al proveedor del servicio al que le corresponde revisar que nadie pueda tener acceso a la red desde fuera y, al mismo tiempo, analizar todos los archivos que circulan a través de la red en búsqueda de información confidencial. Algo que como se comprobó, no ocurrió con las “carpetas compartidas”.

Actualmente ENTEL presta servicios de red interna e Internet a varias instituciones del Estado, como la Superintendencia de Educación, la Dirección General de Movilización Nacional, Carabineros y el Comando de Salud del Ejército, entre otros.

EL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL MINSAL

La desprotección de los archivos del Minsal vulneró todas las normas de seguridad de la red que el propio ministerio ha dictado y que están contenidas en resoluciones firmadas por ministros y subsecretarios de la cartera desde 2013 en adelante.

El control de su cumplimiento está entregado al Departamento de Gestión Sectorial TIC -dependiente del gabinete de la ministra(o)-, a los Encargados de Seguridad de la Información de los diversos servicios y al Comité de Seguridad Ministerial, integrado por 10 jefaturas.

En el sitio web del Minsal están detalladas las 44 Resoluciones Exentas (RE) y las circulares que contienen las normas de acceso, uso y seguridad de todos los computadores, dispositivos, programas (software) y documentación que está contenida en la red. Las conexiones van desde las oficinas centrales del ministerio, en Santiago, hasta los consultorios en regiones, pasando por los hospitales públicos, postas y sedes del ministerio en todo el país.

Entre esas resoluciones está la Política de protección de los datos y privacidad de la información personal (RE 1.082, del 17 de diciembre de 2014), firmada por el actual subsecretario de Salud, Jaime Burrows, y la entonces subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo. Allí se ordena que todos los funcionarios usen los archivos solo para sus tareas y no difundan esa información a ninguna persona o entidad, para lo cual deben firmar una cláusula de confidencialidad y resguardo.

Otra norma es la Política General de Seguridad de la Información (RE 781, del 14 de octubre de 2014) que establece que “la información sólo puede ser conocida por el personal que la requiera para el desarrollo de sus funciones. Este principio fundamental de seguridad busca garantizar que toda la información de los ciudadanos, funcionarios y proveedores, y sus medios de procesamiento y conservación estén protegidos del uso no autorizado o divulgación accidental, sabotaje, espionaje industrial, violación de la privacidad y otras acciones que pudieran poner en riesgo dicha información”. Esta resolución, también firmada por Burrows y Verdugo, encarga al Departamento de Gestión TIC “velar por su estricto cumplimiento”.

Los 44 documentos conforman el “Sistema de Seguridad de la Información”, que “da la posibilidad de disminuir en forma significativa el impacto de los riesgos a los que están sometidos los activos de información”.

Ello resultó completamente vulnerado con la existencia de al menos tres millones de archivos compartidos al alcance de cualquier funcionario del Minsal. Lo grave es que este enorme agujero de datos no fue detectado por la empresa que aseguraba el servicio –ENTEL- y tampoco por el Comité de Seguridad de la Información Sectorial del ministerio. Y ello a pesar de que fueron advertidos de la falla, como lo constató CIPER, al menos desde hacía diez meses.

La resolución 782, del 14 octubre de 2014, establece que ese comité lo preside el jefe del Departamento Gestión TIC (Rodrigo Castro), y participan el encargado del Área de Operaciones (Gestión TIC), el encargado de Infraestructura, Telecomunicaciones y Seguridad (Gestión TIC); el encargado de Seguridad de la Información, el jefe de Recursos Humanos, el jefe de Control de Gestión Ministerial, el encargado de Calidad, un asesor jurídico, y dos encargados de Programas de Mejoramiento de Gestión.

Entre las funciones del comité están velar por la implementación de los controles de seguridad en la plataforma tecnológica, revisar y monitorear el estado del Sistema de Seguridad de la Información, y revisar y monitorear los incidentes de seguridad de la información. Al menos una vez al año el comité debe evaluar el cumplimiento de la Política General de Seguridad de la Información y proponer los cambios necesarios, considerando entre otros factores las “alertas ante amenazas y vulnerabilidades”.

Todo indica que las 10 jefaturas y los miembros del Comité de Seguridad de la Información Sectorial del Minsal no cumplieron su tarea. A partir de la medianoche del viernes 4 de marzo, la brecha de seguridad fue subsanada. Esa fue la información enviada por el Ministerio de Salud. Y si bien la ministra Carmen Castillo dijo a CIPER que se iban a tomar “todas las medidas técnicas, administrativas y legales”, estas negligencias podrían tener repercusiones judiciales, porque se vulneraron las leyes de Deberes y Derechos del Paciente y de Protección de la Vida Privada. Y será muy difícil dilucidar quiénes tuvieron acceso a la información más sensible.

El gráfico que aparece en el informe de la auditora estadounidense Shearman & Sterling sobre Pablo Longueira (UDI) es revelador. La tarea que se le encargó al estudio fue medir la frecuencia y magnitud de los pagos irregulares de Soquimich (SQM) asociados al entorno de distintos dirigentes políticos, para evaluar el riesgo de que la minera haya cometido el delito de soborno. Basta una mirada para concluir que el gráfico dedicado a Longueira es el que muestra el mayor monto de pagos irregulares desde la empresa minera controlada por Julio Ponce Lerou.

La auditoría que le encargó la propia minera a Shearman & Sterling concluye que entre 2009 y 2014, SQM entregó $730 millones a sociedades y personas relacionadas con el ex senador y ex ministro de Economía. Pero SQM no es la única empresa que ha aparecido en las indagatorias por las platas políticas ilícitas entregando dinero a cambio de boletas o facturas sin respaldo contable a personas asociadas al entono político y familiar de Longueira. Hasta ahora, testimonios recogidos por el Ministerio Público y por el Servicio de Impuestos Internos (SII) dan cuenta de al menos otras 13 empresas que pagaron dinero a personas que han reconocido no haber realizado ningún trabajo que los justifique y que las boletas eran solicitadas desde el entorno del dirigente gremialista.

En total, el cálculo hecho por CIPER es que durante todo ese período las fundaciones y personas naturales o jurídicas vinculadas a Longueira recibieron pagos bajo investigación de Impuestos Internos y del Ministerio Público por más de $900 millones.

CIPER recopiló los testimonios que se encuentran en esas investigaciones y revisó las rectificaciones de pago de impuestos que han realizado algunas empresas mencionadas. El resultado es que existe una línea continua de pagos irregulares, los que se mantuvieron mientras Longueira ejerció como senador, que continuaron cuando pasó a ser ministro del gobierno de Sebastián Piñera y que no se detuvieron cuando anunció que se retiraba de la política, al declinar su campaña presidencial a mediados de 2013. Los pagos que asocian a Longueira al financiamiento ilegal de la política están hoy diseminados en los tres expedientes abiertos en el Ministerio Público: Penta, SQM y Corpesca. Pero muy pronto debiera abrirse una carpeta especial y que debiera llevar el rótulo: investigación por el delito de cohecho.

LOS PAGOS A LONGUEIRA, EL SENADOR

Hasta el 18 de julio de 2011, Pablo Longueira ejerció como senador por Santiago Oriente. Según la información sistematizada por CIPER, desde 2009 y hasta esa fecha personas ligadas al líder gremialista recibieron al menos $200 millones desde empresas como SQM, Pesquera El Golfo y el Centro de Estudios Nueva Minería. El cálculo considera los registros disponibles, pero debiera crecer, ya que existen pagos cuya fecha se desconoce, como las donaciones de SQM a dos fundaciones de Longueira: $360 millones a la Fundación WEB y $75 millones a la Fundación Chile Justo, los que aparecen consignados en el estudio de Shearman & Sterling.

La primera boleta asociada a Longueira y cuyo monto fue rectificado por SQM, fue de Ana Carolina Palacios Silva y data de junio de 2009.Palacios recibió $45 millones de la minera, a través de ocho boletas emitidas entre junio de 2009 y septiembre de 2012 (cuando Longueira ya era ministro). Su testimonio fue clave para entender la operación que el entorno de Longueira realizaba para recaudar fondos. Ante el SII, Palacios declaró que es cuñada de Carmen Luz Titi Valdivielso, la principal colaboradora y asesora histórica de Longueira, a quien le entregó su talonario de boletas: “No presté los servicios que se señalan en esas boletas, no conozco a nadie de SQM, nunca he estado en el edificio de SQM y no tengo idea dónde queda”.

A través de Palacios, no solo se recibieron dineros desde SQM. Ocupando la misma fórmula, Ana Carolina recibió $7 millones de Cencosud y $8 millones del Banco BCI, entidad financiera que ya rectificó esa boleta ante Impuestos Internos.

Otro de los testimonios clave obtenidos en la indagatoria, es el del ex estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Nicolás Guíñez, quien el 18 de diciembre de 2015 declaró en la Fiscalía que fue Titi Valdivielso quien recibió los dineros obtenidos gracias a la emisión de 12 boletas falsas: “Las boletas que emití por servicios que no presté a las empresas SQM, Copec, Senexco, Asociación Gremial de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio, Compañía de Inversiones Río Bueno, Pesquera El Golfo y Centro de Estudios Nueva Minería, las envié a la dirección electrónica de titivaldivielso@chilejusto.cl por instrucciones telefónicas del junior de la Fundación Chile Justo”.

Nicolás Guíñez ya había revelado el 3 de agosto de 2015, ante detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec), que un compañero de universidad de la Finis Terrae lo reclutó como boletero al servicio de las fundaciones de Longueira. El compañero –dijo- se llama Fabián Quezada (afirmó no estar seguro de su apellido) y le solicitó “que yo le prestara boletas para emitir en nombre de un tercero, es decir a una empresa, agregando que la retribución económica en mi beneficio sería la devolución del impuesto a la renta”. Ante la policía afirmó que también dio dos boletas por $4,7 millones en total a Inversiones Afa.

Nicolás Guíñez integró a su hermano, Gustavo, a esta estructura de defraudación. Y cuando declaró ante los fiscales, Nicolás agregó que varios de sus compañeros que participaron en ese esquema han aparecido en la prensa relacionados con boletas irregulares, como Sebastián Prat, Juan Pablo Destuet y Gustavo Alessandri (los tres tienen boletas rectificadas por SQM).

La declaración de otro estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Ricardo Jorquera Gutiérrez, confirmó la existencia de una red articulada por Titi Valdivielso. Jorquera compareció ante el SII el 26 de marzo de 2015, y también reveló que fue un compañero de carrera de nombre Fabián el que le ofreció emitir boletas y quedarse con la devolución de impuestos. “No presté esos servicios que dice la boleta que me exhiben, la emití por internet usando mi clave del servicio y se enviaba a un correo de una persona conocida como Titi Valdivielso”, respondió cuando le mostraron la boleta que emitió a SQM el 25 de noviembre de 2009 por $6,6 millones.

Y agregó: “Son muchos los compañeros que emitieron boletas, mucho más de diez, pero ellos no han sido citados para venir al servicio”. Jorquera registra otra boleta a Metalpar por $6 millones el 25 de noviembre de 2009; y una tercera al Centro de Estudios Nueva Minería por $1,8 millón, el 11 de enero de 2010.

Nicolás Guíñez profundizó en el mecanismo utilizado para entregar los dineros de esas boletas a las fundaciones de Pablo Longueira: “En contacto con Fabián, me señaló que desde la Fundación Chile Justo se comunicarían con nosotros de forma telefónica (…) para coordinar la emisión de las boletas, es decir, monto, tercero o destinatario, glosa y fecha”. Un junior de la fundación lo acompañaba a los bancos a cobrar los cheques:

“El junior llevaba el maletín, como siempre, ya que cada vez que nos juntábamos a retirar el valor del cheque o del vale vista él llevaba y me entregaba el documento a cobrar, o lo tenía el banco y me daban la colilla. Y el junior siempre estaba a mi lado. El dinero nunca pasó por mis manos, él siempre tomó el dinero de la ventanilla y lo guardaba en el maletín”, declaró Nicolás Guíñez.

Los hermanos Guíñez fueron boleteros clave de Longueira entre 2009 y 2011, cuando éste era senador. Nicolás emitió 12 boletas falsas a ocho empresas entre el 15 de octubre de 2009 y el 19 de enero de 2011, las que suman $42,4 millones. Su hermano Gustavo registra seis boletas falsas entre el 29 de octubre de 2009 y el 25 de junio de 2010 a las empresas SQM, Pesquera El Golfo, Centro de Estudios Nueva Minería y a la Inmobiliaria Lomas de Quelén, por un total de $25,1 millones.

El 23 de diciembre de 2015 la fiscal Carmen Gloria Segura le envió un oficio al SII con los antecedentes relacionados a los pagos irregulares recibidos por los hermanos Guíñez. El 10 de febrero, la Fiscalía le solicitó a la Superintendencia de Bancos informar en qué bancos tiene cuentas Valdivielso y cuáles son sus productos financieros. También ha oficiado a distintos bancos pidiendo esa misma información.

Otro de los boleteros relacionados con Longueira, Patricio Lazcano –quien figura con dos boletas falsas a SQM, en junio y agosto de 2009, por $11 millones– declaró que en realidad él realizó trabajos para la Fundación Chile Justo, pero que en esa entidad le solicitaron emitir las boletas a SQM, empresa que pagó sus servicios. También registra pagos desde Copec ($15 millones).

Otra boletera clave de Pablo Longueira en este periodo es Solange Hermosilla Chandía, quien declaró que la boleta que emitió el 23 de noviembre de 2009 a Pesquera El Golfo es falsa: “Quiero dejar en claro que los servicios nunca los presté, solo emití la boleta de honorarios en el año comercial 2009, donde fui contactada por una persona que llamaban Titi Valdivielso”.

Cecilia Morel, Sebastián Piñera, Cecilia Brinkmann y Pablo Longueira

El 25 de noviembre de 2009, Hermosilla entregó otra boleta, esta vez a SQM, por $5 millones. En su testimonio dijo que ese dinero lo transfirió a la cuenta de Carmen Gloria de Castro, mujer clave en la campaña senatorial de Longueira en 2005, a quien le encargó la instalación de las fundaciones que más tarde serían usadas como plataforma de su frustrada campaña presidencial: Chile Justo, Web y Chile Cultura. De Castro también ha sido una asesora clave en la carrera de otro militante de la UDI, Pablo Zalaquett. Ambos están formalizados por pagos irregulares desde distintas empresas.

En este mismo período, la indagatoria del Ministerio Público ha identificado a otros emisores de boletas a SQM, sin respaldo contable, asociadas al ex senador de la UDI: Rubén Carvacho (ahijado de Longueira) y su señora, Carolina Chamorro, con boletas por $5 millones cada uno en octubre y noviembre de 2010; Karin Grollmus, con $3 millones en agosto de 2009; el hijo de Longueira, José Tomás, con $4 millones también en agosto; María Paz Schuster, con $1 millón en septiembre de 2009 y Víctor Krefft Marín, con $4 millones, en octubre de 2009 (revise el listado de personas asociadas a Longueira que emitieron boletas irregulares durante su periodo como senador).

LOS PAGOS AL MINISTRO LONGUEIRA

Entre el 18 de julio de 2011  y el 29 de abril de 2013 Pablo Longueira ejerció como ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera. En ese período, su red de boleteros continuó recibiendo pagos de empresas, aunque los nombres cambiaron (revise los pagos recibidos por el entorno de Longueira en el periodo en que fue ministro). Los hermanos Guíñez ya no figuran, pero ahora aparece Loreto Undurraga Castelblanco, esposa del cuñado de Longueira (Francisco Brinkmann), quien registra tres boletas rectificadas por SQM entre septiembre de 2012 y mayo de 2013, por $14 millones. A su vez, y tal como informó CIPER en abril de 2015, Undurraga registra pagos desde la Corporación de Asuntos Públicos (vinculada a la UDI) y el Centro de Estudios Nueva Minería (ver reportaje “74 personas que el SII investiga por pagos políticos de SQM tienen nexos con la UDI y RN”).

En ese mismo periodo, Loreto Mora Domínguez, sobrina de Longueira en segundo grado, aparece con tres boletas rectificadas por la minera por $16 millones. Lo mismo ocurre con su hermano, Alfonso Mora Domínguez, quien recibió de SQM $12 millones por dos boletas emitidas en octubre de 2011 y agosto de 2012. Este último también recibió pagos que hoy son investigados desde el Centro de Estudios Nueva Minería y de la Asociación de Industriales Pesqueros.

El informe de Shearman & Sterling identifica a Carmen Gloria de Castro y a Cristián Leay Morán, socio histórico de Longueira y actual director de TVN, dentro de la red que habría beneficiado al ex senador UDI. La primera aparece recibiendo de SQM $5 millones en enero de 2012. Respecto a Leay, el mismo informe incluye a su nuera, Trinidad Subercaseaux, quien recibió $5 millones de SQM en septiembre de 2012.

Cristián Leay

En su declaración ante Impuestos Internos, Subercaseaux reveló que no prestó ningún servicio a SQM. Interrogada sobre quién le solicitó efectuar esa maniobra fraudulenta, señaló: “Lo más probable es que haya sido por parte de la familia de mi marido, que tiene afinidad con el partido UDI (…) El dinero si lo recibí mediante un vale vista y luego se lo entregué a mi suegro (Cristián Leay)”.

Otra persona cercana a Leay que figura con ocho boletas rectificadas por SQM, es María Alejandra Bórquez Cousiño, pareja y socia del director de TVN en Inversiones y Asesorías Maqui. Bórquez recibió $40 millones de la minera, entre noviembre de 2010 y abril de 2013. Según información recabada por CIPER, Bórqueztambién recibió pagos de dos empresas de Leay: el Centro de Estudios Nueva Minería e Inversiones Santa Mané.

Las boletas pagadas por SQM al ex diputado Gustavo Alessandri Balmaceda -y a dos de sus hijos, Antonia y Gustavo-, fueron rectificadas por la minera y también son parte de los dineros que el informe de Shearman & Sterling atribuye a Longueira. Alessandri Balmaceda ha sido director en las fundaciones del ex ministro de Economía y emitió dos boletas a SQM -abril de 2010 y julio de 2011- por $10 millones. Su hijo Gustavo hizo lo propio con cinco boletas por $23 millones, entre octubre de 2009 y febrero de 2012; y las boletas de Antonia son cuatro –entre enero de 2011 y noviembre de 2012- y suman $17 millones.

Alessandri Balmaceda (quien es socio comercial de Titi Valdivielso) dijo a CIPER en abril de 2015: “No hay aportes a la política. No fue así ni es así. Los ingresos recibidos tienen certificados de donaciones” (ver “Pagos ilícitos de SQM: las pistas que llevan a Cristián Leay y a las fundaciones de Longueira”). Sin embargo, los pagos recibidos por él y por sus hijos desde SQM sí fueron a través de boletas de honorarios que la minera rectificó. Puede que Alessandri se haya confundido, porque la Fundación Chile Justo, de la cual fue director, también registra donaciones desde SQM por $75 millones, dineros que fueron por otro carril. Otra fundación de Longueira, Fundación Web, recibió otros $350 millones vía donaciones de la minera, según estableció el informe de la auditora Shearman & Sterling.

El mismo informe, para cuya realización la firma estadounidense accedió a documentos internos de Soquimich, menciona otros receptores de dinero de la minera asociados con Longueira, pero cuyos vínculos con el ex senador no quedan claros. Gabriel Jiménez Celsi recibió $5 millones en diciembre de 2009 y Esteban Gal Oliva, emitió una boleta por $3,8 millones en junio de 2013. En este mismo grupo figura la ex periodista de la UDI, Lily Zúñiga, quien tiene dos boletas rectificadas por SQM por $3,1 millones cada una, en octubre y noviembre de 2012. Aunque ella ha reconocido su cercanía con Longueira, en su declaración judicial señaló que esas boletas se las habían solicitado en la UDI por petición de Jovino Novoa.

El 29 de abril de 2013, Pablo Longueira renunció a su cargo de ministro y fue proclamado precandidato presidencial de la UDI. Pero los pagos desde SQM no cesaron. Existen desembolsos rectificados por la minera a su red de boleteros en 2014 y también pagos directos a una empresa de Longueira: Asesorías e Inversiones LB, sociedad que constituyó junto a su esposa Cecilia Brinkmann el 16 de diciembre de 2013, que recibió $60 millones desde SQM durante 2015 (ver listado de pagos asociados a Longueira luego que declinara su candidatura presidencial).

MILLONES DESDE PENTA

El primer indicio de que Pablo Longueira estaba implicado en el financiamiento irregular de la política lo entregó Hugo Bravo, el ex gerente general de Penta, quien señaló que durante 2013 se le habían entregado más de cien millones de pesos en efectivo para su campaña presidencial de ese año. Antes de contarlo a los fiscales, Bravo se lo recordó a uno de los controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín, cuando éste lo visitó en su departamento luego de que fuera desvinculado de la empresa. Bravo grabó esa conversación, la que después se hizo pública.

“En efectivo (dinero) fue a Pablo Longueira, antes y después, deben haber sido $ 140 o $ 150 millones”, se escucha a Hugo Bravo decirle a Lavín en la grabación. En esa misma conversación, Bravo le recuerda a Lavín que esos dineros los cobró en efectivo y los sacó del Banco Penta. “Ningún otro banco me entrega $50 millones (en billetes) sin preguntar”, le puntualiza Bravo, quien luego le enumera los dineros del grupo que habían ido a manos de personeros de la UDI.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Las posteriores declaraciones de Hugo Bravo y de los controladores de Penta a la Fiscalía proporcionaron más detalles de esas entregas de dinero. El 2 de octubre de 2014, Bravo relató cómo desde el holding se le entregaron $100 millones a Longueira en un maletín:

“Para la campaña de primarias de Pablo Longueira, Lavín y Délano lo financiaron con cerca de $100 millones (…). Me pidieron que se lo entregara (el dinero) a Longueira en efectivo. Esta suma yo la transferí a mi cuenta Settelman del Banco Penta por dos montos de $50 millones y solicité que se me entregara el dinero en efectivo en mi propia oficina. Para ello llamé por teléfono al gerente general del banco, Andrés Chelchenisky, indicándole que necesitaba en efectivo $50 millones de mi cuenta. Subió a una oficina una cajera y un guardia con el dinero y una máquina para contar billetes. Me la entregaron en un sobre-bolso café. Yo fui con el bolso a la oficina de Carlos Lavín y se lo mostré (…). Luego, mi secretaria Mylene llamó al contacto y yo se los entregué, pero no recuerdo quién era. Esto lo hice en mi oficina. A la semana se repitió la operación por $50 millones más. Finalmente, cuando Longueira ya se había bajado, creo que le entregaron al mismo contacto otros $35 millones, que eran para que Longueira viviera después que se bajara como candidato. El depósito no sé quién lo hizo, pero me lo contaron Délano y Lavín”.

El desarrollo de esa investigación permitió determinar que esos dineros provinieron de contratos forwards irregulares que Penta firmó con la empresa VSA, de Roberto Carrasco, el empresario y amigo de Laurence Golborne que abrió una nueva arista del caso al revelar cómo otras diez grandes empresas donaron plata a políticos por la vía ilegal.

En su declaración ante la Fiscalía, Carlos Eugenio Lavín confirmó los $100 millones en efectivo que el Grupo Penta le donó a Longueira: “Respecto de Pablo Longueira, sé que aprobamos para su campaña junto a Carlos Alberto (Délano) un aporte de 100 millones de pesos. La entrega de ese dinero la hizo Hugo Bravo y él me dijo que lo habría hecho en efectivo. Por lo que me contó en agosto o septiembre de este año, Hugo Bravo habría hecho unos forwards para disponer de efectivo. Para eso hizo cuatro contratos entre Empresas Penta y una sociedad VSA”.

Cuando declaró el otro controlador de Penta, Carlos Alberto Délano (5 de enero de 2015), ratificó lo dicho por su socio: “Respecto de Pablo Longueira señalo que  no nos ha pedido ningún aporte, sino que nosotros decidimos apoyarlo y contactamos a su candidatura. Entiendo que se le aportó alrededor de 100 millones de pesos y creo que lo implementamos por intermedio de Hugo Bravo”.

LAS REDES TRANSVERSALES DE LONGUEIRA

Aunque los millonarios pagos a su red de boleteros desde SQM son los que más complican a Pablo Longueira, en las distintas aristas de la investigación de la Fiscalía se han ido recogiendo nuevos antecedentes sobre aportes políticos asociados al ex senador desde otras empresas.

Recapitulando las empresas mencionadas más arriba, la red de boleteros vinculada al ex ministro incluye a Copec, del Grupo Angelini y el Banco BCI, de la familia Yarur. Ambas empresas rectificaron los pagos. No hay información respecto de si ocurrió lo mismo con el dinero que entregó vía boletas la empresa de Horst Paulmann, Cencosud. Tampoco se sabe si rectificó  Metalpar, la sigla de Metalúrgica Paredes, que se dedica a la fabricación e importación de buses para el transporte público.

Otra empresa que registra un pago vinculado a Longueira es Senexco, parte del grupo inmobiliario Sencorp, propiedad de Abraham Senerman Lamas, cuyos proyectos han dado forma a Sanhattan y dueño del 50% de Valle Nevado. Hasta fines de 2013, Senexco era manejada por su hijo, Ricardo Senerman Volochinsky. No hay información disponible sobre si rectificó en el SII esos pagos y canceló los impuestos y multas correspondientes.

Más desconocida es la Inmobiliaria Lomas de Quelén, vehículo de inversión de la familia Pérez Cruz,integrada por diez hermanos liderados por Andrés Pérez Cruz. Este grupo tiene una participación relevante en Gasco y un porcentaje menor en la CMPC.

Casi anónima es Inversiones Afa, propiedad de Álvaro Fischer Abeliuk, quien presidió la Fundación Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera. Desde 2014, Fischer es director de Copec (propuesto por AFP Provida), y es uno de los fundadores de Resiter, empresa que se dedica al negocio de la basura industrial.

También figura un pago de Inversiones Río Bueno, de propiedad de los ex presidentes de la Sofofa, Bruno Philippi y Andrés Concha (fallecido). Río Bueno ha participado en la empresa eléctrica Pilmaiquén, en el Grupo Security y en Puerto Ventanas con porcentajes menores.

Otra empresa que registra pagos asociados a Longueira, esta vez directos, es Aguas Andinas. La sanitaria comenzó a pagarle mensualmente $3 millones en abril de 2014 a Asesorías e Inversiones LB, la sociedad de Longueira y su esposa. Hasta enero de 2015 esos pagos continuaron, sumando $27 millones y no fueron rectificados por la sanitaria.

El entorno de Longueira también registra otros pagos investigados desde dos pesqueras: la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio (Asipes) y Pesquera El Golfo, que perteneció al grupo Yaconi-Santa Cruz hasta que en 2011 se fusionó con Pesquera Itata, de la familia Sarquis, dando paso a Blumar S.A., una de las empresas que se benefició con la Ley de Pesca que se tramitó en el Congreso mientras Longueira era el ministro del ramo.

Un caso aparte es Corpesca, la empresa del Grupo Angelini que protagoniza la tercera arista de la indagatoria por las platas políticas ilegales y que registra en 2012 dos pagos, por un total de $18 millones, al Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos, rectificados por la pesquera. Esa sociedad fue constituida el 26 de enero de 2009 por uno de los colaboradores más cercanos al ex senador gremialista, el ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo, en asociación con Darío Chacón. Cornejo asesoró a Longueira en el Ministerio de Economía entre julio de 2011 y mayo de 2012.

Arturo Lavín Aliaga, quien era representante legal del Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos cuando Corpesca realizó esos dos pagos, declaró ante la Fiscalía el 21 de agosto de 2015 que el contacto con Francisco Mujica, ex gerente general de Corpesca, se lo hizo Carlos Feres, asesor de Longueira durante la tramitación de la Ley de Pesca (recientemente fallecido y cuyo hijo, Carlos Feres Ducci, registra dos boletas rectificadas de SQM por $12 millones).

Lavín Aliaga declaró: “Conocí a Francisco Mujica a través de un amigo, Carlos Feres, con quien estaba tomándome un café frente al Ministerio de Economía”. Y agregó que en mayo de 2012 Feres le dijo: “Mujica se acordó de ti y me pidió que le prepares una propuesta”. Esa propuesta se tradujo en un estudio sobre los actores y sus mensajes en medio de la tramitación de la Ley de Pesca, un trabajo con el que justificó parte de los $18 millones que recibió de Corpesca. Si bien hay una copia de dicho estudio en la carpeta del expediente Corpesca, recientemente Mujica declaró que no conocía a Arturo Lavín Aliaga.

Sobre estos pagos y otros antecedentes que figuran en el expediente Corpesca, Pablo Longueira debía declarar como “testigo” este 8 de marzo ante la fiscal Ximena Chong. No se sabe qué fue lo que motivó al ex senador a postergar una semana su cita con el Ministerio Público.

INVESTIGADO POR COHECHO

Al día siguiente que CIPER revelara el intercambio de correos electrónicos entre Pablo Longueira y el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, el que incluyó el traspaso de información privilegiada sobre un proyecto de ley de royalty minero que en 2010 preparaba el gobierno de Sebastián Piñera, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien está a cargo de la investigación de los pagos ilícitos de SQM a políticos, confirmó lo publicado por CIPER. Gómez informó, además, que desde enero Pablo Longueira está siendo investigado por el posible delito de cohecho.

Fiscal Pablo Gómez

Y se entiende. Porque el contenido de los correos revelados por CIPER indica que Pablo Longueira no se limitó a mostrarle a Patricio Contesse lo que el gobierno preparaba para aumentar temporalmente el royalty a la minería y así recaudar dineros para la reconstrucción tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero. Longueira le entregó a Contesse -casi un mes antes de que el proyecto ingresara al Congreso- la información clave de ese proyecto de ley que afectaba directamente los intereses de Soquimich, y luego el entonces senador sirvió de trampolín para recibir la contrapropuesta que elaboraron en la propia minera (vea reportaje de CIPER: “Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse”).

Los adjuntos a esos correos que entregó CIPER a sus lectores, indican que la redacción que le envió de vuelta Contesse a Longueira, fue finalmente la que se impuso en la ley que se aprobó. Contesse logró modificar un artículo del borrador del proyecto sobre royalty minero, lo que le permitió a SQM acceder a la invariabilidad tributaria. Será ahora la justicia la que deberá determinar qué perdida representó esa modificación para el Estado (respecto del proyecto original) y quiénes le ayudaron a obtener ese beneficio tributario interviniendo en la redacción de la ley.

Una vez promulgada la ley, en 2011 fue en el mismo Ministerio de Economía, del cual era titular Pablo Longueira, que se firmaron los contratos que incluían las nuevas cláusulas con las filiales SQM Salar y SQM Nitratos.

Con la información entregada por el fiscal Pablo Gómez, ahora deberá reunirse en una sola y cuarta carpeta, la indagación de Pablo Longueira. En ella se acumularán todos los antecedentes que arroja la investigación de los pagos ilícitos efectuados y rectificados por Soquimich, y también los recogidos en esta investigación y que incluyen las boletas por pagos de trabajos no realizados de al menos 13 empresas a su extensa red de boleteros y fundaciones.

Traducción Gerardo Cárdenas/IDL-Reporteros

Ver reportaje original en Portugués

Desde su amplia oficina en el octavo piso de la sede de Odebrecht en Angola, Antonio Carlos Dahia Blando observa una mañana de septiembre de 2015, las avenidas circulares del barrio de Talatona, en la zona  sur de Luanda, llenas de camionetas Toyota 4×4 plateadas que rodean los edificios de lujo, junto a los cuales un ejército de volquetes anuncia los proyectos venideros. “Luanda Sur es nuestra creación”, dice. Más temprano, al llegar al lugar, el ejecutivo derrocharía galanería  con sus funcionarias -hace chistes, besa las manos de la secretaria, está dispuesto a tomar de los brazos a la  periodista-, mientras avisa: “Tengo que salir a las 11:30, reunión con el ministro de Administración Territorial. Un hombre muy bueno, muy capaz”.

Dahia, superintendente de la gigante brasileña en Angola, es un moreno de gafas y sonrisa suave que encarna el “espíritu de servicio”, primer mandamiento de una empresa que tiene en el país africano su segunda mayor operación fuera de Brasil. La consigna ahí es servir bien a su principal cliente: el gobierno del presidente José Eduardo dos Santos, desde hace 36 años en el poder. Angola es el segundo exportador de petróleo en África, y es considerado uno de los países más corruptos del mundo. Casi el 36% de su población vive en pobreza, y tiene la peor tasa de mortalidad infantil; mientras que la hija mayor de Presidente, Isabel dos Santos, es considerada la mujer más rica del continente.

Junio de 2010. El entonces mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. (Foto: Agencia Brasil)

Desde 1984, año en que se firmó el contrato para construir la hidroeléctrica de Capanda,Odebrecht ha ganado una envidiable lealtad por parte del Estado angoleño. Construyó muchas de las principales obras estratégicas después de la independencia, y es hoy la empresa más importante en Angola, con 12 mil empleados y 5 mil subcontratistas, según su informe anual. En 2014, uno de cada diez dólares gastados por el gobierno en infraestructura terminaron en las cuentas de Odebrecht. “El año pasado, el gobierno de Angola invirtió 15 mil millones de dólares en infraestructura. Tuvimos un papel importante: mil quinientos millones de dólares es un número significativo, y se basa fundamentalmente en proyectos de gran envergadura como Cambambe, Laúca y la refinería de Lobito “, explica Dahia.

Cambambe es la segunda hidroeléctrica más grande del país, y está en proceso de renovación y expansión. La refinería de Lobito trae la promesa de que Angola finalmente producirá productos derivados del petróleo, en lugar de sólo exportar el crudo. Laúca es la cereza del pastel: es la obra más importante de construcción en el país y promete duplicar la capacidad del suministro de energía. Hoy, apenas el 30% de la población tiene luz, el resto está obligado a usar generadores. “Hemos crecido alrededor del 30, 35 por ciento gracias a las inversiones en el sector energía”, dice Dahia, “en estos 30 años fue en los pequeños proyectos donde colocamos la bandera Odebrecht”.

Esa “bandera” está en todas partes. Los barrenderos de las calles del barrio de Maianga, en el centro de Luanda, visten uniformes de color naranja con el logo de Odebrecht. En las vallas publicitarias que están por toda la ciudad, Odebrecht pone a la venta condominios de lujo. En la bahía de Luanda, delante de los antiguos asentamientos humanos, está de nuevo la placa de Odebrecht, a cargo de la construcción de la nueva Avenida Marginal. De hecho, gran parte de la capital fue construida por Odebrecht: construyeron las principales vías de Luanda -la Vía Expresa, la carretera de Samba, la autopista periférica- e hicieron el sistema de saneamiento y de distribución de agua. La cadena de supermercados Nosso Super, que se extiende por todo el país, es una concesión de la empresa. También Odebrecht es uno de los propietarios de la mayor operación de la industria del diamante de Angola, la cuarta mina más grande de kimberlita en el mundo. Odebrecht es, además, el único productor de azúcar en el país con la marca “Kapanda”, envasada ​​en bolsas blancas y rojas, y fabricada en la planta de Biocom, una sociedad en la que también participa la estatal Sonangol y un general influyente.

Vista panorámica de Luanda. (Foto: Agencia Publica)

Dahia se despide leyendo con candor un tramo de TEO, Tecnología Empresarial Odebrecht, un libro escrito por el patriarca Norberto Odebrecht el siglo pasado. Es la biblia del núcleo duro del conglomerado empresarial. En tres volúmenes, TEO trata sobre “la tarea empresarial de identificar, conquistar, satisfacer al cliente y crear lazos duraderos”. Enseña que “el acto más noble del ser humano es servir a sus semejantes”.

Cada año Emilio Odebrecht se reúne con el presidente angoleño en el Palacio, en Luanda, por cerca de dos horas para hablar de negocios. Sus declaraciones a la salida de los encuentros serán luego titulares en los medios. “Una vez al año nos encontramos con el Presidente de la República para ver el estado de las metas trazadas el año anterior y planificar los próximos 12 meses”, dijo al portal Angop en septiembre del 2014.

Odebrecht integra también la Asamblea General y el Consejo Fiscal de la Fundación Eduardo dos Santos, FESA, la ONG más importante de Angola, fundada por el mandatario con la misión de fortalecer el desarrollo social, cultural y científico. Además de Odebrecht, el consejo fiscal de la fundación está conformado por tres empresas estatales de Angola y la petrolera Texaco, entre otros. “No vemos ningún conflicto de intereses, en vista que FESA es una institución sin fines de lucro enfocada en el desarrollo del pueblo de Angola, en diversos aspectos, que no están subordinados al gobierno”, refiere la compañía.

(Foto: Agencia Publica)

A mediados de 2013, esta asociación de larga data rindió un inesperado homenaje, cuando el Presidente, en su primera entrevista en 22 años, citó a una -sólo una- compañía: Odebrecht.“De Angola salieron muchos esclavos que fueron enviados a Brasil. Por lo tanto, hay una participación de Angola en la formación de la nación brasileña. Hay afinidades de varios tipos, hay relaciones personales entre los dos países. Por eso las relaciones son de amistad fuerte, de cierta complicidad. Y son relaciones económicas que se extienden en varias áreas. Están aquí las empresas sólidas, como el caso de Odebrecht, desde los tiempos más difíciles de la guerra y que ha hecho una enorme contribución al proceso de construcción de Angola. Participó en el esfuerzo de reconstrucción nacional y ahora ha tratado de reinvertir parte de lo que gana aquí en negocios que son útiles, por supuesto, para Angola”. El diario estatalJornal de Angola, único diario en el país, en su versión impresa suprimió la parte de “relaciones personales” y “cierta complicidad”.

Cierta complicidad

“El día fue de fiesta en Capanda. En esa época del año, una especie de niebla cubre las aguas revueltas del río Kwanza al amanecer y crea una atmósfera de ensueño. Los que se habían empeñado tenazmente en realizar este proyecto lo notaban, y no despegaban la vista del sitio. Angola estaba finalmente en paz y había una perspectiva de desarrollo con disponibilidad de energía”. Así describió el vistoso libro -publicado por Odebrecht con motivo de la celebración de sus 25 años en el país- el llenado del embalse de la hidroeléctrica de Capanda en 2002. Las ceremonias no terminaron ahí. En 2005, durante los eventos de celebración de los 30 años de la independencia, José Eduardo dos Santos y varios de sus ministros inauguraron la primera fase de la represa de la hidroeléctrica. Cinco años más tarde, en 2010, el Presidente volvió a inaugurar el arranque de la primera turbina.

La promesa no se concretó: más de dos tercios de la población angoleña sigue sin luz. Pero la historia de Capanda, la primera gran obra de la contratista en el país, hasta hoy se cuenta con tonos épicos en la literatura institucional de Odebrecht.

Para ganar el contrato, la empresa contó con el apoyo de la dictadura brasileña durante los gobiernos de los generales Ernesto Geisel y João Batista Figueiredo. “Es una empresa brasileña que creció en la dictadura. El gran salto de Odebrecht fue a inicios de la década de 1970, durante el gobierno de Geisel”, explica el historiador Pedro Campos, autor del libro Extrañas catedrales – Las empresas brasileñas y la dictadura cívico-militar. Eso demuestra que la construcción de las plantas de energía nuclear de Angra le valió a Odebrecht la confianza de los generales.“Son obras de seguridad nacional que los militares no dejarían a cualquiera. [Odebrecht] Era la empresa en la que los militares confiaban para hacerlo”.

En 1975, el gobierno de Geisel fue el primero en reconocer la independencia de Angola. Al mismo tiempo, Odebrecht iniciaba su internacionalización, a partir de un contrato con el Perú. Pero Capanda fue un salto: para que sea viable, Odebrecht convenció al gobierno dictatorial de financiar la operación.

“La solución al problema del financiamiento del proyecto fue alcanzada cuando Marc Altit, que se desempeñaba como director de desarrollo de negocios en el área internacional de Odebrecht, desarrolló un contrato innovador, con muchas variables y un mecanismo de garantía: el petróleo producido en Angola. La idea fue presentada al gobierno brasileño, que vio con buenos ojos la perspectiva de tener una fuente confiable de petróleo en una época en la que los precios internacionales eran elevados y había una gran disputa por el petróleo”, relata Luiz Almeida, entonces vicepresidente de Desarrollo Internacional de Odebrecht, en una publicación institucional.

El actual miembro el Consejo de Administración continúa: “En abril de 1983, el ministro Delfim -el miembro más importante de la comitiva del Presidente de Brasil, João Batista Figueiredo, en una visita oficial a México- tuvo la amabilidad de recibirme en el hotel en el que estaba hospedado, en Cancún, e indicó que cuando regresara a Brasil, formalizaría la autorización de la operación de crédito para Capanda, y que sería compensado con un trueque de petróleo angoleño para Petrobras”. De acuerdo con la tesis doctoral de Joveta José, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), la línea de crédito de Brasil para la construcción de Capanda absorbió recursos superiores a mil 500 millones de dólares. Otros acuerdos similares se había hecho en la dictadura en Irak. El país enviaba petróleo y recibía a cambio obras de infraestructura.

Turbinas de la hidroeléctrica de Cambambe. (Foto: Agencia Publica)

De otro lado, Odebrecht convenció al gobierno de Angola de que sería más rentable construir una nueva hidroeléctrica que ampliar la de Cambambe, que ya estaba en funcionamiento.“Trabajamos para demostrarle al gobierno de Angola que la prioridad debía ser la inversión en Capanda. Cuando la decisión fue tomada, fui invitado a la oficina del ministro de Planificación, Lopo do Nascimento, que personalmente me dio la noticia de que Capanda había sido calificada como prioritaria, ya que estaba convencido de nuestros argumentos”, explica Luiz Almeida. Otro argumento irrefutable fue la oferta del gobierno ruso para financiar los servicios y equipos enviados por la empresa estatal Technoexport, que ya era un socio de Odebrecht en Perú. Pero faltaba algo esencial: el cliente. Luiz cuenta que habían convencido al ministro de Energía y Petróleo de establecer una autoridad estatal que sea responsable de la obra. Y facilitó un acuerdo con la estatal Furnas para auxiliar la implementación técnica de una nueva entidad, el Gamek – Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza.

Angola estaba, en aquella época, en medio de una guerra civil en la que diferentes guerrillas disputaban el control del territorio. UNITA, con el apoyo del gobierno del apartheid de Sudáfrica y de Estados Unidos, controlaba parte del país, mientras que el gobierno marxista del MPLA, con el apoyo de Cuba, tenía el control de la capital, Luanda. Una empresa en el interior del país solo sería viable con el amplio apoyo del vencedor de la guerra. “Autorizado por Emilio Odebrecht, llamé al coronel António dos Santos França N’Dalu, entonces jefe de la FAPLA [Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola], amigo con el que compartía conversaciones e historias”, continúa Luiz Almeida. N’Dalu se convertiría luego en el “general de generales”, siendo dos veces viceministro de Defensa.

“Después de un breve silencio, el coronel N’Dalu afirmó que implementaría las medidas necesarias para asegurar la construcción de la planta. Y así, finalmente, llegamos a Capanda”, describe Luiz Almeida. N’Dalu estableció un gabinete militar dirigido por el capitán Jorge Silva “Sapo”, miembro del Estado Mayor del Frente Centro de FAPLA. Con la nueva posición estratégica, “Sapo” fue ascendido a mayor.

Miembros de Odebrecht y FAPLA en el lugar donde se constuiría Capanda. Al centro, Jorge Silva, “Sapo”. (Foto: Odebrecht)

Capanda era un objetivo estratégico en la guerra y la obra fue paralizada dos veces. En noviembre de 1992 fue ocupada por las tropas de UNITA. Ocho empleados fueron secuestrados y las negociaciones para su liberación fueron encabezadas por el propio Emilio Odebrecht, con el apoyo de la Cruz Roja y dos aviones Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas brasileñas.

En 1997, los equipos de Odebrecht volvieron a la zona. Dos años después, en 1999, la obra fue de nuevo interrumpida a causa de los bombardeos. Reanudada en 2000, se culminó con el llenado del embalse dos años más tarde, al final de la guerra civil. Mientras tanto, Jorge Silva “Sapo”, se había convertido en más que un aliado de Odebrecht: en 1992, el angoleño se unió al personal de Odebrecht y fue enviado a Cuba para trabajar en una posición de confianza con el Superintendente de la empresa en el país.

La evidencia de que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) no cumplió su rol fiscalizador respecto de los contratos con los que el Estado le entregó en 1995 a Soquimich (SQM) 81 mil hectáreas del Salar de Atacama, para la explotación “exclusiva y excluyente” del litio y sus derivados, podría darle la estocada final al principal negocio de la minera controlada por Julio Ponce Lerou. El cúmulo de nuevas irregularidades detectadas por CIPER se suma a las que ya denunció la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y que dieron paso a una demanda de término anticipado de contrato, juicio arbitral que debe dirimir la Cámara de Comercio de Santiago antes de mayo.

Julio Ponce Lerou

El principal efecto de esa violación de los contratos –que podría provocar que Soquimich pierda la concesión que le fue entregada hasta 2030- habría significado para el Estado de Chile un daño patrimonial que podría llegar a los US$30 millones.

Ese es el negocio que SQM ve hoy amenazado y no por ser la empresa que más dinero repartió entre políticos de todo el espectro por vías ilegales. En 2014, la explotación del Salar de Atacama (litio y potasio, principalmente) representó el 39% de las ventas de la compañía y le generó ingresos por más de US$771 millones.

La investigación realizada por CIPER indica que, además de la Corfo, la otra institución que debía fiscalizar rigurosamente la explotación y comercialización de los productos que exporta SQM, específicamente del litio por su utilización como elemento de fusión nuclear, es la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y no lo hizo.

En los hechos, SQM ha podido saltarse todos los controles que desde 1995 obligan a la minera a solicitar la autorización de la Cchen para vender y exportar el litio, reportando para ello el volumen, características técnicas (litio extraído, sus concentrados, derivados o compuestos), el comprador final y el uso que le dará éste al mineral.

El incumplimiento de estas obligaciones, según la norma oficial que data de 1995, es causal de revocación de la autorización para explotar el Salar de Atacama, potestad que está en manos de la Cchen. La indagación de CIPER constató que durante años SQM evadió la normativa con la complicidad pasiva de la propia Cchen que abandonó su rol fiscalizador. En los hechos, la práctica que se instaló fue que SQM incluso pedía la autorización de exportación a la Comisión Chilena de Energía Nuclear cuando ya el embarque de litio había zarpado de algún puerto chileno.

El correlato de irregularidades involucra también al Servicio Nacional de Aduanas, institución que debía ejercer el último control sobre la exportación del litio de SQM, exigiendo al momento del despacho del embarque el certificado de autorización de la Cchen. Tampoco lo hizo.

CIPER detectó que en la mayoría de las autorizaciones de exportación que pidió SQM a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la minera tampoco especificó con claridad ni el destinatario final del litio, ni para qué se usaría. “Se consignaba algo general, que se usaría para batería, vidrio y generalmente para ‘usos industriales’, concepto que abarca prácticamente todo”, señaló a CIPER un ex funcionario de la Cchen que pidió reserva de su identidad.

La no fiscalización de la Cchen sobre el volumen, el precio y el real producto que Soquimich estaba exportando en sus más de 6.500 embarques vendidos solo en la última década al extranjero, representa el principal problema para las autoridades del país. Y ello, porque la concesión de una parte del Salar de Atacama se le entregó a la minera bajo condición de que debía pagar al Estado el 5% de las ventas de litio y el 1,8% de otros minerales que extrae.

La Corfo tampoco supervisó que esos pagos se hicieran de acuerdo a la fórmula establecida en los contratos. Así lo dejó en claro la Contraloría en un dictamen del 19 de noviembre de 2013: “Se ha podido advertir que existió descuido por parte de la Corfo en la supervisión del acuerdo (…) pues recién le exigió rendición de cuentas del mandato conferido a dicha compañía en enero de 2013, en circunstancias que aquel fue otorgado en 1993“.

–El no cumplimiento de las condiciones a las que estaba obligada Soquimich, tiene eventualmente un daño patrimonial para el Estado chileno, porque se puede estar enviando productos que contienen elementos (de litio) que tienen un valor mucho más alto que lo que se exporta. Un ejemplo es la salmuera, cuyo valor de venta es muy menor si se toma en cuenta el valor que puede tener el litio que ésta contiene –señaló a CIPER el ex ministro y actual presidente del Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Jaime Tohá (ver entrevista).

Para graficar el desorden en la fiscalización y en la información real sobre lo que ha exportado Soquimich durante 20 años –y sobre las comisiones que le correspondía recibir al Estado- basta citar un ejemplo. CIPER revisó registros oficiales entregados por Aduanas con todas las exportaciones de litio y sus subproductos realizadas por la minera en los últimos diez años (2005-2015). En ninguno de ellos se consigna un producto: “solución de cloruro de litio”. Lo extraño es que la propia minera reconoce haber exportado ese producto en varias oportunidades. Revisando distintas bases de datos de tráfico marítimo internacional, CIPER encontró que la “solución de cloruro de litio” ha sido enviada desde puertos chilenos por SQM en más de una oportunidad a China. Pero para Aduanas, esa exportación no existe.

Los coletazos que trae la pérdida del rastro de las exportaciones de SQM no se agotan allí. La principal tarea que le corresponde ejercer a la Cchen es cautelar que el litio –por razones “de interés y de seguridad nacional”– no sea utilizado “para fines de fusión nuclear”. Para ello, resultaba imperativo no perder de vista la trazabilidad del litio. No fue así. Esa omisión se convierte en un grave problema si se considera que en la última década SQM ha vendido más de 6.500 partidas de litio a cerca de 30 países, envíos fundamentalmente estimulados por la creciente demanda del mineral para su uso en las industrias productoras de baterías, vidrio, cerámica y aluminio.

Pero entre esos países también figuran potencias como Estados Unidos, China y Alemania, que desde hace varios años cuentan con reactores experimentales de fusión nuclear para generar energía de manera estable y controlada, algo que aún no es posible. La carrera por lograr energía a partir de la fusión de átomos, tal como lo hace el sol, está activa: el año pasado Alemania y China anunciaron avances sustantivos en la materia, los que se suman a los realizados desde hace 35 años por el ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), proyecto ubicado al sur de Francia que concentra los esfuerzos de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, entre otros.

Lo llamativo es que entre los compradores de litio de SQM también aparecen naciones bajo sospecha de realizar experimentos de fusión nuclear con fines bélicos, al margen de toda normativa internacional. Una de ellas es Corea del Norte, sujeta al régimen totalitario de Kim Yong Un.

UN ACTOR CLAVE

Según los contratos firmados en 1993 y 1995, la fiscalización del cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se le entregó la explotación del Salar de Atacama a SQM, no se agotaban en la Corfo. Por tratarse de un material de interés nuclear, se estipuló que fuese la Comisión Chilena de Energía Nuclear la que regulara la explotación y comercialización del litio. El objetivo: impedir que el mineral fuese utilizado para fusión nuclear.

Por esa razón, es la Cchen el organismo público que fija las cuotas de litio que SQM está autorizada a extraer (180.100 toneladas como volumen máximo al término de la concesión en 2030), a exportar y además determina el calendario de ventas anuales.

La potestad de la Comisión de Energía Nuclear quedó consagrada en una resolución que dictó la propia comisión el 10 de octubre de 1995. A la luz del conflicto actual que mantiene Corfo con SQM, el acuerdo N°1.576 de la Cchen –al que tuvo acceso CIPER– resulta clave. Allí se establece:

Sede CCHEN en Santiago centro

“Cualquier acto jurídico que celebre la sociedad sobre litio extraído, sus concentrados, derivados o compuestos, deberá ser previamente autorizado por la comisión. Así la sociedad deberá someter a la comisión los contratos de venta y otros actos jurídicos sobre litio extraído… que celebre con cargo a la presente autorización… Para esos efectos deberán comunicar anticipadamente los siguientes datos: volumen y características técnicas; precio de venta; comprador y uso final”.

El mismo acuerdo estableció que esa comisión se reservaba la facultad de fiscalizar el cumplimiento por parte de SQM “de las condiciones que rigen la autorización, incluso con inspecciones discrecionales en terreno”. A lo que se agregó la facultad de “revocar la autorización en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna para el Estado de Chile, si a su juicio no se diera cumplimiento íntegro y oportuno a las condiciones bajo las cuales la autorización se ha acordado” (ver acuerdo).

Lo que no tiene explicación es por qué habiendo transcurrido casi dos años de la demanda interpuesta por la Corfo para darle término anticipado al contrato con SQM por evidente perjuicio al Estado, no se haya ni mencionado ni menos interpelado a la Comisión Chilena de Energía Nuclear por el importante rol que le corresponde.

Cuando en octubre pasado, CIPER demandó de la Cchen su versión sobre la falta de fiscalización realizada a las exportaciones de Soquimich, la respuesta del entonces jefe de Asuntos Jurídicos, Luis Frangini Norris, fue: “En el proceso de verificación del cumplimiento de las condiciones fijadas a las empresas explotadoras de litio, la Cchen efectúa exhaustivos controles documentales y, cuando lo estima pertinente, solicita información adicional” (ver respuesta). Frangini agregó que la Cchen había recibido respuestas en los plazos legales y que, en conclusión, todo estaba en orden.

La investigación de CIPER indica que los dichos de Frangini -funcionario nombrado en calidad de inamovible en 1976 en el régimen de Augusto Pinochet y desvinculado en enero de 2016-, no se ajustan a la verdad. A la misma conclusión había llegado tres meses antes de la respuesta de Frangini a CIPER el recién asumido presidente del consejo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Jaime Tohá. En julio de 2015, Tohá encabezó una reunión del consejo directivo donde presentó el resultado de la primera investigación realizada al cumplimiento del rol fiscalizador de esa comisión respecto de las exportaciones de Soquimich. Hubo estupor.

LA INQUIETUD DE TOHÁ

El 17 de julio de 2015 tuvo lugar esa reunión clave en la Cchen. La presidió el ex ministro Jaime Tohá González; y contó con la participación de su vicepresidente, el general (r) de Ejército Julio Baeza Von Bohlen y los consejeros: el capitán de corbeta Francisco Mackay Imboden, el general del aire Álvaro Aguirre Warden, Jorge Zanelli Iglesias (por el Ministerio de Energía) y Tito Pizarro Quevedo (por el Ministerio de Salud). También asistieron Rosamel Muñoz Quintana, quien ha ocupado distintos cargos de importancia en la Cchen desde que fue nombrado en 1976 –al igual que Frangini- y que en ese momento era director ejecutivo subrogante; y la fiscal del Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica del organismo, Gloria Zárate Pérez.

Semanas antes de esa reunión, la Corfo había rechazado una propuesta de conciliación con SQM en el juicio arbitral. El tema del litio –dijo Tohá- “se está posicionando en la opinión pública, es posible que a futuro se solicite una posición institucional”. Así quedó consignado en el acta de la sesión (ver acta).

El consejo hizo una verdadera autopsia a los procedimientos realizados respecto de Soquimich. El marco era claro: si se había cumplido o no con el acuerdo del 10 de octubre de 1995. El presidente del consejo directivo, que había asumido recién en noviembre de 2014, se mostró inquieto. Tal como reconoció en esa reunión, las autorizaciones de exportación que hacía la Cchen se habían transformado “en un acto rutinario”.

El crudo diagnóstico de Tohá dio paso a una propuesta: “Se debe instruir al director ejecutivo para que se elabore un procedimiento para las autorizaciones (de exportación), que contenga temas como el usuario final y uso que se le dará al litio en el exterior. El tema es cómo garantizar el uso final del litio”.

Las palabras de Tohá son la constatación de que no se habían cumplido las obligaciones asumidas por la Cchen 20 años atrás y que fueron consagradas en el acuerdo del 10 de octubre de 1995. El control de daños se puso en marcha.

INTRAZABLE

Si bien el acta de esa sesión del consejo directivo de la Cchen indica que los consejeros concluyeron que no había dolo en el cumplimiento de su rol fiscalizador, los antecedentes que tuvieron a la vista indican exactamente lo contrario. Porque una de las primeras constataciones fue que era difícil “trazar el uso final del litio una vez exportado”. Lo que no dice el acta son las razones de esa “dificultad”.

La investigación de CIPER arroja que hasta hace solo algunos meses, las autorizaciones de exportación que otorgó la Cchen a Soquimich se avalaron en la siguiente frase: “teniendo a la vista el informe positivo del Grupo del Litio (de la Cchen)…”.  El problema es que desde hace mucho tiempo ese supuesto “Grupo del Litio” no existe. Pero se siguió utilizando la fórmula.

El segundo problema es que en la Cchen se optó –nadie sabe hoy por orden de quién- por no pedirle a Soquimich los contratos de sus exportaciones con la debida antelación. Una obligación importante, porque esa es la única forma de garantizar quién es el comprador del litio y el uso que le dará al mineral. Aduanas también optó por no pedir el certificado de la Cchen, y fue así como una parte de las exportaciones de SQM salió del país burlando los controles establecidos.

La situación se complica aún más, porque en esos contratos de venta de SQM muchas veces figuraba como comprador un intermediario o broker, el que luego revendía la producción sin que quedara registro del comprador final.

Lo grave es que el acuerdo de octubre de 1995 que le confirió a la Comisión Chilena de Energía Nuclear la obligación de hacer un acucioso seguimiento de las exportaciones de SQM, fue uno de los pocos resguardos que tomó el Estado antes de traspasar el control del Salar de Atacama a la minera.

El abandono de deberes de la Cchen no solo podría tener implicancias internas. En 1995, Chile adscribió al Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares de Naciones Unidas (TNP, vigente desde 1970), el que obliga a los estados miembros a “no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado no poseedor de armas nucleares a fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos (…) con miras a impedir que la energía nuclear se desvíe de usos pacíficos hacia armas nucleares” (ver documento).

La pérdida del rastro de las exportaciones de SQM deja caer un manto de dudas respecto del real cumplimiento del compromiso asumido por Chile en el marco de este tratado. Dudas que toman fuerza a la luz de las cifras de exportación de litio de SQM Salar: entre 2005 y 2015 Soquimich ha hecho más de 6.500 envíos de productos de litio a 30 países de Europa, América y Asia.

Los registros de Aduanas a los que accedió CIPER, con todas las partidas del litio exportado por SQM Salar, indican que en el lapso de esos 10 años los mayores compradores del mineral han sido Bélgica, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y China.

Pero entre los países receptores de la producción de la minera se encuentra también Corea del Norte (al margen del TNP desde 2003), país que hace poco anunció haber “culminado exitosamente” sus primeras pruebas nucleares utilizando una bomba de hidrógeno (“Bomba H” o termonuclear), uno de cuyos componentes –el Litio-6– se consigue purificando litio.

La noticia despertó el escepticismo de la comunidad internacional que aún duda de si Corea del Norte es poseedora o no de esa tecnología que –a diferencia de la bomba atómica que funciona en base fisión nuclear (separación de un átomo)– responde a un complejo proceso de fusión de átomos y es capaz de liberar una energía destructiva mucho mayor (Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra ya han realizado pruebas con bombas de hidrógeno).

En la última década SQM ha despachado dos embarques con destino a Pyongyang, capital de Corea del Norte. El primero salió del puerto de Iquique el 2 de mayo de 2005  con 10 toneladas de carbonato de litio; y el segundo, del puerto de Angamos (Región de Antofagasta), el 30 de marzo de 2012 con 96 toneladas de carbonato de litio. El valor de ambas exportaciones sumó poco más de US$ 430 mil.

Aunque el carbonato de litio no es útil para propósitos nucleares, la duda persiste ya que otra de las irregularidades detectadas por CIPER en su investigación es que, en la práctica, el contenido de los embarques de SQM no es fiscalizado. Para obtener Litio-6 se ha utilizado más frecuentemente hidróxido de litio, otro de los subproductos del mineral que vende SQM. La base de datos de Aduanas no registra exportaciones de hidróxido de litio a Corea del Norte.

Sí registra ventas de ese producto a India, nación que no ha firmado el TNP y desde la década de los ‘80 ha ejecutado pruebas atómicas. Entre 2005 y 2012, SQM Salar ha hecho envíos a India por más de 2.300 toneladas de hidróxido de litio, según los registros de Aduanas. En diciembre pasado, un artículo de la prestigiosa revista estadounidense Foreign Policy reveló que desde 2012 el país asiático se encuentra construyendo en secreto un complejo militar para el desarrollo de armamento nuclear, incluyendo la temible bomba de hidrógeno.  

ATRIBUCIONES CONFUSAS

Las dificultades para dar cumplimiento al mandato de octubre de 1995 respecto de la trazabilidad de las exportaciones de SQM, no fue lo único que encendió las alarmas en la sesión de consejo de la Cchen del 17 de julio de 2015. Se recordó además que una de las disposiciones del acuerdo N°1.576 de 1995 recomendaba de “manera imperiosa ubicar zonas de retorno de las salmueras residuales y sales de descarte al salar de manera que el litio contenido en ellas sea técnica u económicamente factible recuperarlo”.

En esa reunión, Jaime Tohá advirtió sobre la urgencia de realizar fiscalizaciones en terreno. “La Cchen debiera estar en condiciones de tomar muestras de salmuera y hacer los análisis químicos”, señaló. El general (r) Julio Baeza fue más explícito aún en su diagnóstico, y reconoció la existencia de “una zona gris” que impide conocer con certeza “hasta dónde llega el control de lo extraído y cómo se produce la reinyección”.

Salar de Atacama

Fue la constatación de esos graves vacíos lo que llevó al consejo directivo del organismo a ordenar un estudio en Derecho que abordara las “atribuciones legales de la Comisión Chilena de Energía Nuclear relacionadas con el litio”. El informe fue elaborado por el abogado experto en derecho minero Winston Alburquenque, del estudio Vergara Galindo Correa, y fue entregado a la Cchen el 29 de diciembre de 2015 (ver informe).

Casi un mes después de la sesión del 17 de julio de 2015, la Cchen creó un Grupo del Litio para trabajar en “el cumplimiento de las atribuciones legales de la Cchen sobre el litio, como es la elaboración de procedimientos, y pronunciarse sobre las solicitudes de venta, previo a la autorización” (ver acuerdo). Es decir, recién en agosto de 2015 la Cchen creó el llamado Grupo del Litio, al que durante años se hizo referencia en las autorizaciones de las exportaciones de SQM.

Según la indagación de CIPER, en septiembre de 2015, SQM tomó conocimiento de que sus exportaciones estarían ahora sometidas a los controles que quedaron estipulados hace 20 años en el acuerdo de 1995 de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

LA VISITA DE VON APPEN

El 7 de octubre de 2015 llegó a las oficinas de la Cchen, en calle Amunátegui 95 (Santiago), una visita poco usual: el propietario de Ultramar y desde 2005 director de Soquimich, Wolf von Appen.El empresario concurrió en calidad de “gestor de intereses” de SQM. Allí lo esperaba Jaime Tohá. Según quedó registrado en la plataforma de lobby del organismo, en la reunión Von Appen le manifestó a Tohá su disposición “para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el acuerdo de consejo vigente” (el acuerdo de 1995 con el que la Cchen debía asegurar la trazabilidad del mineral).

Wolf von Appen

La visita de Von Appen fue parte de una intensa agenda de reuniones que el director de SQM sostuvo con distintas autoridades de gobierno intentando frenar la demanda arbitral de Corfo. Una semana después, el 14 de octubre, el alto mando de SQM volvió a tocar las puertas de la Cchen. Esta vez fue su gerente general, Patricio de Solminihac, quien se apersonó en Amunátegui 95 para reunirse con su entonces director ejecutivo (s), Rosamel Muñoz Quintana (quien al igual que Luis Frangini fue desvinculado de la Cchen en enero de este año).

De Solminihac llegó con una propuesta bajo el brazo. Según consigna el registro de la plataforma de lobby, ésta contenía la “información que SQM enviará a la Cchen para responder a las obligaciones que la empresa tiene que cumplir de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas, establecidas en el acuerdo del Consejo Directivo de la Cchen N° 1.576 del 10 de octubre de 1995” (ver registro de audiencia).

No hay registro de qué explicación se dio para que recién solo 20 años después de la firma del contrato, SQM y la Cchen se preocuparan por su cumplimiento.

ADUANAS: EL TERCERO INVOLUCRADO

Poco antes de la junta entre Von Appen y Tohá, la Cchen había iniciado una ronda de reuniones con el Servicio Nacional de Aduanas, las que se extendieron hasta noviembre de 2015. En total fueron seis reuniones en menos de dos meses (7 de septiembre al 3 de noviembre) y su objetivo fue siempre el mismo: “analizar algunas materias relacionadas con el litio”. En todas ellas participó Rosamel Muñoz por la Cchen, personal de Aduanas y en las dos últimas se integraron representantes de la Corfo.

La información recogida por CIPER indica que en esas reuniones se habrían cotejado las bases de datos de la Cchen y de Aduanas con los envíos de litio de SQM para homologar procedimientos entre ambas instituciones respecto de las exportaciones.

Funcionarios de Aduanas consultados por CIPER, señalaron que en los puertos de salida que utiliza SQM -Tocopilla, Antofagasta, Iquique, entre otros- son escasas las comprobaciones en terreno de los productos que exporta la minera. Y ello, porque los controles se realizan a posteriori en función de matrices de riesgo, metodología con la que en 2013 ese servicio logró fiscalizar apenas el 2% de las exportaciones de minerales, el litio entre ellos.

Un ex fiscalizador de Aduanas, quien pidió reserva de su identidad, y que realizó controles aduaneros en al menos tres puertos a las exportaciones de Soquimich, dijo a CIPER que mientras se desempeñó no existía certeza respecto de la concentración real de litio presente en los embarques de la llamada “solución de cloruro de litio”, materia prima para el carbonato de litio, hidróxido y litio metálico.

CIPER corroboró que recién en diciembre de 2014 Aduanas emitió la Resolución 7.258 sobre el control de las exportaciones de cobre y otros minerales, la que mejoró los procedimientos que existían desde 1999. La nueva normativa obliga a las empresas mineras a “adjuntar un certificado de análisis que señale la ley de todos los elementos pagables y penalizables“. Los certificados son expedidos por laboratorios inscritos en el Instituto Nacional de Normalización.

Pero los nuevos controles fueron resistidos por la plana mayor de SQM. De hecho, en julio de 2015, la minera presentó una solicitud para que Aduanas dejara de considerar a ciertos subproductos del litio como “productos mineros“. En los hechos, eso implicaba que sus embarques de carbonato de litio e hidróxido de litio estarían eximidos de presentar un certificado indicando las calidades del mineral exportado (la ley).

La solicitud de SQM –firmada por la gerenta de Asuntos Regulatorios, Beatriz Oelkers- revela de paso que incluso después de haberse dictado la nueva normativa de Aduanas, que exigía acompañar sus exportaciones con un certificado indicando la calidad del mineral vendido, SQM no lo hizo. En el mismo documento, Oelkers pide que se exima de responsabilidad al agente de aduanas que daba servicio a SQM, Jorge Stephens, a quien se le levantaron cargos por no haber dado cumplimiento a las nuevas exigencias instruidas en la resolución de diciembre de 2014 (ver solicitud de SQM).

En septiembre de 2015, Aduanas rechazó la solicitud de SQM firmada por Oelkers. El entonces director -Gonzalo Pereira- argumentó: “Con la finalidad de contar con mayores antecedentes para realizar la fiscalización del producto minero que se está declarando y que corresponda con la mercancía que efectivamente está saliendo del país, los exportadores tienen la obligación de informar, de manera consistente y completa, todos los contenidos y especificaciones técnicas de los productos mineros que salen del país”  (ver respuesta de Aduanas).

CAMINO A JIUJIANG

La sucesión de reuniones entre Aduanas, la Cchen y Corfo comenzó pocos meses después de que, en julio de 2015 y a petición del diputado Alberto Robles (PR), la Cámara de Diputados oficiara al servicio aduanero pidiéndole el registro de las exportaciones de litio de SQM. Paralelamente también se ofició a la Cchen para que diera cuenta de “su rol legal respecto del recurso litio”.

Tras recibir los antecedentes, el diputado Robles solicitó al Ministerio Público que abriera una investigación contra SQM por eventual fraude al Fisco por la presunta venta fraudulenta de “solución de cloruro de litio” (o salmuera de cloruro de litio). Según el diputado, la minera no cuenta con autorización para exportar ese producto. SQM refutó la acusación de Robles en un comunicado emitido el 25 de noviembre de 2015, en el que señala que sí está autorizada la venta de ese producto y que la primera solicitud ante la Cchen para exportarlo data de 2004 (ver comunicado).

CIPER solicitó a la Comisión Chilena de Energía Nuclear -vía Ley de Transparencia- todas las autorizaciones a las exportaciones de SQM de litio y sus subproductos. La minera se opuso a que se nos entregara la información. Para corroborar si efectivamente la minera había vendido “solución de cloruro de litio”, CIPER revisó entonces los registros de Aduanas entre 2005 y 2015 buscando el código arancelario con el que el propio servicio clasifica este producto: el N° 2530.9000 (ver dictamen de clasificación).

Revisados los registros oficiales de Aduanas de los más de 6.500 envíos hechos por SQM a una treintena de países en esos diez años, solo figura la exportación de tres productos: carbonato de litio (código arancelario N° 2836.9100), hidróxido de litio (código arancelario N° 2825.2000) y cloruro de litio (código arancelario N° 2827.3930).

En vista de la contradicción entre lo informado por SQM y los registros de Aduanas, CIPER revisó distintas bases de datos de tráfico marítimo internacional. Y allí consta la venta y envío por parte de SQM de “solución de cloruro de litio”. Un ejemplo de ello son dos embarques con cerca de 650 toneladas del producto que arribaron al puerto fluvial de la provincia de Jiujiang, en China, en dos partidas: el 11 y el 18 de febrero de 2011 (ver documento).

El comprador de esas partidas de “solución de cloruro de litio” fue Fengxin Ganfeng Lithium Co., una de las más grandes productoras de carbonato, hidróxido y cloruro de litio en China y cuyos productos se exportan a Corea del Sur, India, Alemania, Estados Unidos y Holanda. PeroFengxin Ganfeng Lithium es también uno de los muchos clientes de SQM Salar que actúan como broker o intermediarias. Justamente el tipo de comprador que hace perder la trazabilidad de las exportaciones sin que se conozca finalmente quiénes usan y para qué el litio que se extrae del Salar de Atacama.

El desorden y la falta de control que constató CIPER respecto de los compromisos contraídos por Soquimich para explotar una parte del Salar de Atacama, dejan en evidencia el abandono de deberes tanto de la Corfo como de la Cchen. Y también el perjuicio provocado al Estado por la violación de los contratos por parte de SQM. Los expertos en la materia que CIPER consultó coinciden en que las evidencias recogidas reúnen las causales para que la Corfo le ponga fin anticipado al contrato con SQM, decisión que resolverá el juicio arbitral antes de mayo.

Los nuevos antecedentes recogidos en esta investigación, también podrían gatillar que la Comisión Chilena de Energía Nuclear –por una vía paralela- y de acuerdo a su potestad, abra el expediente de expropiación.

JAIME TOHÁ, PRESIDENTE DE LA CCHEN:

“NO HA HABIDO CONTROL ABSOLUTO DE QUIÉN ES EL USUARIO FINAL DEL LITIO”

Jaime Tohá

-La investigación que CIPER ha realizado indica que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) no ha fiscalizado como debía las exportaciones de Soquimich. Usted llegó a presidir su directorio en noviembre de 2014, ¿qué pasó hacia atrás?, ¿con qué se encontró cuándo llegó?
Cuando se recabó información por parte de esta presidencia se pudo constatar que las autorizaciones tenían un carácter rutinario. Y que no siempre esa empresa (SQM) había entregado toda la documentación que debía exigirse de acuerdo a las condiciones con que fueron autorizadas sus operaciones productivas y comerciales. El tema de los brokers lo estamos resolviendo. Nosotros hemos señalado que no es más aceptable que la autorización diga que SQM le vende sus productos a un broker. Tiene que quedar consignado su uso final. Evidentemente, en la medida en que en el pasado han aparecido brokers como el destinatario final, ahí no ha habido un control absoluto de quién es el usuario final. Eso hoy está subsanado.

-¿Qué rol debe cumplir la Cchen en materia de explotación y comercialización del litio que SQM extrae del Salar de Atacama?
En primer lugar, asegurarse que se haga un manejo apropiado de los salares. En segundo lugar, garantizar a través del envío oportuno de los contratos por parte de SQM, que el usuario final del litio lo va a dedicar a usos que están permitidos por la legislación internacional y la chilena: es decir, que no lo utilice para fines nucleares. Hay que controlar y monitorear el precio de venta, que de alguna manera es un elemento complementario en la certificación de cuál es el uso final.

Ahora, en estas materias, por razones prácticas, el control que hace la Cchen tiene que ser necesariamente documental, en términos que se nos tienen que exhibir los contratos y otros documentos mercantiles que nos lleven a tener la certeza de cuál es el usuario final. Y en caso que haya incumplimiento, esto llega naturalmente hasta la posibilidad de ponerle fin a la autorización. E incluso, la legislación prevé que la Cchen puede proponer al gobierno la expropiación de las instalaciones productivas y comerciales.

-Es decir, el término anticipado del contrato con Soquimich…
Son dos cosas distintas, uno es el término de la autorización para la explotación y otro es la posibilidad –lo que no está sobre la mesa en este momento– de proponer un decreto de expropiación.

-¿Qué efecto tiene esa falta de fiscalización para el interés del Estado, sobre los pagos trimestrales que debía hacer SQM al Estado chileno, además de una renta anual?
Bueno, naturalmente eso no es potestad de la Cchen, pero indirectamente el no cumplimiento de las condiciones tiene eventualmente un daño patrimonial para el Estado chileno, porque se pueden estar exportando productos que contienen elementos de litio que tienen un valor mucho más alto que el producto que se está vendiendo.

-¿Puede dar un ejemplo?
La salmuera, cuyo valor de venta es muy menor si se toma en cuenta el valor que puede tener el litio que ésta contiene. Y como SQM está pagando una tasa sobre el valor de venta, ahí hay un daño patrimonial para el Estado chileno. Por esa razón, interesa conocer -en coordinación con Aduanas- cómo está sucediendo exactamente el proceso de exportación de salmuera que contiene litio. Y ese es un trabajo que estamos profundizando. Hemos creado una unidad de litio dentro de la comisión, cosa que ojalá hubiera existido desde siempre. Ahora es absolutamente imperioso, de manera que vamos a poder garantizar que realmente se cumplan a cabalidad las condiciones bajo las cuales se autorizó la explotación y comercialización del litio.

-¿Existe alguna explicación de por qué no quedan registradas en Aduanas algunas partidas de litio que se sabe han sido exportadas por SQM, como la “solución de cloruro de litio”?
No, no quisiera hablar a nombre de Aduanas. Solo decir que estamos haciendo un trabajo conjunto para poder homologar apropiadamente los criterios que ellos y nosotros usamos de acuerdo a lo que la legislación establece, de modo que ya estamos muy cerca de tener una homologación total, un elemento de control muy efectivo.

-¿Es posible que durante todo este tiempo en que no hubo fiscalización ni controles se haya exportado productos de litio que no son tales y que estos productos hayan salido con otro nombre y código?
Nosotros no tenemos la seguridad de que no haya ocurrido algo así.

-Cuando dice que están homologando ahora los procedimientos con Aduanas, ¿quiere decir que esa homologación no existía antes?
Las distintas administraciones de Aduanas y las de la Cchen han tenido criterios que no han sido uniformes en el tiempo, entonces parece que hubo un tiempo en que Aduanas sí procesaba los documentos de autorización nuestros y periodos en que no. Ahora lo importante es que hemos llegado a la conclusión de que eso no puede funcionar así.

-Eso significa que Aduanas no debiera dejar salir productos que no tienen la autorización de la Cchen…
No debiera dejarlos salir.

-Y lo ha hecho…
Pudo haberlo hecho.

- Según los contratos, la salmuera residual debe volver a los acuíferos para asegurar la sustentabilidad del Salar de Atacama. ¿Quién fiscaliza que eso suceda?
Entre las atribuciones de la Cchen está realizar inspecciones en terreno para velar porque un producto de valor e interés nuclear, como es el litio, esté siendo explotado racionalmente, no se estén provocando pérdidas, y se esté haciendo un manejo de los salares que implique la reinyección, para que pueda haber una recuperación apropiada del mismo. En esa materia, estamos desarrollando una labor creciente. En diciembre de 2015 fue al Salar de Atacama una delegación importante formada por consejeros y profesionales de esta comisión para comenzar…, o retomar una labor de monitoreo en terreno que vamos a ir profundizando en la medida que vayamos teniendo los recursos.

-¿Hace cuánto no se hacían inspecciones a terreno?
Bastante.