Traducción Gerardo Cárdenas/IDL-Reporteros

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Cuatro años después del inicio de las obras de construcción de la hidroeléctrica Capanda, Odebrecht inició su segundo negocio en Angola, en una industria en la que la empresa opera sólo en ese país: la exploración de diamantes. Los episodios de esta actuación han sido menos destacados en la publicidad institucional, pero permiten entender la profunda conexión de la empresa brasileña con la cúpula militar angoleña.

Uno de los pocos relatos al respecto es el de Paulo Lacerda, director de Odebrecht en Angola entre 1988 y 1992: “Con el fin de ampliar la generación de divisas para Angola, presentamos a Endiama [diamantífera estatal] el proyecto Luzamba, para la exploración de minas de diamantes en Lunda Norte [provincia angoleña], en un contrato que fue firmado en abril de 1991. Después de 16 meses, en agosto de 1992, la producción de Luzamba duplicó la exportación de diamantes en Angola”.

(Foto: Odebrecht)

La operación duró sólo 15 meses hasta que fue objetivo de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). Con un área de tres kilómetros en el río Cuango, era la mayor unidad de producción de diamantes del país, constituyéndose en una importante fuente de divisas durante la guerra civil. La compañía brasileña no sólo era socia del gobierno, sino también parte interesada de la guerra.

Renato Baiardi, un ex ejecutivo de confianza de la familia Odebrecht, que ahora es miembro del Consejo de Administración, relató que “cuando el conflicto se reanudó en 1992, pregunté a las autoridades locales cómo podríamos apoyarlos. Nos pidieron que enviemos con urgencia alimentos para las tropas y la población, especialmente en Luanda. Contratamos, entonces, un Boeing 747 en los Estados Unidos, que aterrizó en Luanda cargado con alimentos para atender el pedido. Este caso es útil para demostrar que nuestra relación con Angola extrapola cualquier cosa, que nos hemos comprometido y nos lleva también a invertir en el país”.

El control de los campos de diamantes por parte de UNITA, después de la expulsión de los brasileños, fue lo que le mantuvo viva la guerra civil angoleña después de la derrota del régimen del apartheid.

Expulsada de Luzamba, al final de ese mismo año, Odebrecht entró definitivamente en la industria del diamante en 1993, al firmar un contrato para la implementación de la mina Catoca, ubicada en otra región de Lunda Sur, de la cual Odebrecht participa con el 16,4%, en asociación con Endiama, el grupo estatal ruso Alrosa y el grupo israelí Lev Leviev.

Catoca es hoy la primera operación de exploración de kimberlita en Angola y la cuarta mayor mina de diamantes de este tipo en el mundo. De acuerdo con el informe de 2014, Catoca vendió 82 millones de quilates -el 84,7% del volumen de la producción en Angola- y tuvo una ganancia neta de US $ 126 millones.

Vista de la mina de Catoca. (Foto: Embajada de Angola)

De acuerdo con el investigador Mathias Alencastro, autor de la tesis doctoral La política de diamantes en la periferia de Angola, de la Universidad de Oxford, la entrada de Odebrecht en la mina Catoca obedecía a una demanda estratégica del MPLA. “Era una región tomada por la producción artesanal, porque Catoca tenía la particularidad de que los diamantes estaban muy cerca de la superficie. El MPLA necesitaba una empresa que sea el brazo industrial del Ejército. Lo que ellos crean ahí es un mecanismo de gestión del territorio que pasa por el control de la mina de diamantes. Básicamente, el MPLA privatizó la reconstrucción el Estado en esta región”.

Para Alencastro, la entrada en la industria de los diamantes fue fundamental para la trayectoria de la empresa. “Al final de la guerra civil, Odebrecht era considerada un ‘muleta’ del Estado. Esto se debe principalmente a dos grandes, digamos, sacrificios, que fueron Capanda y Catoca. Este legado de la legitimación del Estado de Angola en el momento en que fue considerado por los inversores internacionales no sólo como marxista-leninista, sino también beligerante, es mucho más importante que el legado industrial de Odebrecht”.

Si se sabe poco acerca de la actuación de Odebrecht en Catoca, hay incluso menos información de la asociación con Endiama y la Sociedad de Desarrollo Minero de Angola (SDM), establecida por decreto presidencial el 25 de agosto de 1995, con una división del 50% para cada empresa: Odebrecht invirtió US $ 20 millones en esa época. La SDM tomó las antiguas operaciones de Luzamba, abandonadas en 1992, en la región de Lunda Norte. Con un área de aproximadamente tres mil kilómetros cuadrados, fue durante años el segundo mayor productor de diamantes en Angola.

A partir del 2006, las brutales violaciones de derechos humanos en la zona administrada por la SDM fueron denunciadas por el periodista de investigación angoleño Rafael Marques. Uno de sus informes, “Operación Kissonde”, relata cómo, en febrero de 2005, empresas privadas de seguridad asumieron la responsabilidad de luchar contra la minería ilegal en Cuango. La empresa Alpha-5, entonces contratada por SDM, controlaba la sede municipal y castigaba perversamente a lo mineros artesanales. “En el caso particular de Alpha-5, son varios los casos documentados en los que las víctimas fueron forzadas a tener relaciones homosexuales entre sí, habiendo llegado al extremo de forzar a un yerno de violar a su suegro”, dice el informe.

Todas las violaciones han sido identificadas con la fecha, lugar, el nombre de las víctimas y los testigos. Las historias son increíbles. Algunas de las víctimas se han visto obligadas a trabajar desnudas en la sede de la empresa minera de Odebrecht. Otros mencionaron haber sido obligados a tener relaciones sexuales entre sí por “33 efectivos Alpha-5, siete soldados de las fuerzas armadas y los 5 agentes de seguridad industrial de SDM”. Entonces, Alpha-5 mantenía un puesto de control en el interior de la sede de SDM.

(Foto: Agencia Publica)

Odebrecht negó enérgicamente las denuncias. “En relación a las operaciones de la empresa minera SDM en la región de Cuango, en la provincia de Lunda Norte, es necesario mencionar que ni la SDM ni Odebrecht tienen ningún registro de la ocurrencia de las situaciones que se describen como ‘violaciones de los derechos humanos’ en el informe”, afirmó en un comunicado el superintendente en Angola, Luiz Mameri. Preguntada por Agencia Publica sobre esta sociedad, Odebrecht señaló que todavía existe la empresa, pero que está inactiva desde hace cinco años. En 2006 se agotó la mina. Nadie fue castigado por las denuncias de violaciones de derechos humanos.

En otra inversión relacionada a diamantes, que figura en la literatura institucional de Odebrecht, la empresa mantuvo una sociedad con los dos hijos del Presidente angoleño – Welwitschea José dos Santos, Tchizé; y José Eduardo Paulino dos Santos, el cantante Córeon Dú- y un yerno, según los registros de Diário da República y los registros de la empresa obtenidos por Agencia Publica. La ley de Angola establece que toda empresa extranjera debe tener un socio nacional. Aprobado por decreto presidencial del 27 de mayo de 2005, el Consorcio Muanga fue constituido como una sociedad conformada por Endiama (51%), Odebrecht Servicios Mineros (19%), SDM (20%) y Di Oro Sociedad de Negocios Limitada (10%), de los hijos de José Eduardo dos Santos.

La empresa, que antes estuvo en el rubro de “alta costura”, se adaptó para la firma del contrato, que preveía una inversión mínima de US$ 10 millones de las dos empresas de Odebrecht, que asumirán “la inversión total bajo su propio riesgo”. En 2010, el consorcio recibió por decreto presidencial dos años más para operar la mina. La producción de diamantes, que fue anunciada para 2006, nunca se concretó, de acuerdo con Odebrecht. Consultada para este reportaje, Odebrecht negó la sociedad: “Odebrecht no es, y nunca ha sido, socia de los hijos del Presidente de la República de Angola. Las investigaciones realizadas en el proyecto de diamantes Muanga demostraron su falta de viabilidad económica y la concesión no fue desarrollada”, indicó la oficina de prensa de la empresa.

(Infografía: Agencia Publica)

“Los generales, hoy, son millonarios. Entraron en el negocio a través del petróleo y los diamantes. Las empresas privadas que operan en Lunda eran de los generales. Fue una privatización de la seguridad del Estado”, explica Mathias Alencastro.

Este es el caso del general António dos Santos Francia N’Dalu, el “general de generales”, viejo conocido de los directivos de Odebrecht que, después de haber servido como embajador en los Estados Unidos, se dedicó a los negocios, en especial a la industria del diamante. Desde 2005, N’Dalu es el presidente no-ejecutivo de la operación angoleña de De Beers, la empresa diamantífera más grande del mundo. Es uno de los socios de la empresa de seguridad Teleservice (10% de participación), acusada de violaciones de derechos humanos en la región de Lunda. Teleservice llegó a ser contratada por Odebrecht para encargarse de la seguridad patrimonial durante la construcción de un condominio en Luanda, Kizomba, para la petrolera Esso en 2012.

Angola es el quinto productor mundial de diamantes, genera el 8% de la producción mundial. En 2014, la producción llegó a los 8 millones 600 mil quilates, alcanzando un total de mil 200 millones de dólares, de acuerdo al Ministerio de Geología y Minas. Los diamantes son el segundo mayor producto de exportación, muy por detrás del petróleo.

Después de haber anunciado la intención de alejarse de la industria del diamante, al final de la década pasada, Odebrecht abrió una nueva sociedad con Endiama para explorar la mina de diamantes de Luaxe, en la región de Lunda Sur, que puede duplicar la producción nacional.Odebrecht tiene el 7,5% de las acciones. Luaxe, considerada la mayor mina de kimberlita del mundo, está ubicada a solo 20 kilómetros de Catoca.

Para salir de la cárcel, Cristián Avilés Trigo pagó $7 millones de fianza en el Tribunal de Garantía de San Antonio. El ahora ex funcionario del Servicio Nacional de Aduanas recibía en 2015 un sueldo de $691 mil mensual, pero se hacía de un “extra” gracias a su colaboración con una bien montada organización de contrabandistas dedicada al ingreso clandestino de cigarrillos y a la sustracción de mercadería de lujo falsificada –como carteras Louis Vuitton y perfumes- que estaba retenida en Aduanas para su destrucción.

El ilícito descubierto en el Puerto de San Antonio –que hoy investiga el Ministerio Público- es solo la punta del iceberg de las profundas falencias que arrastra Aduanas desde hace años. Ello se expresa en la escasa revisión física de las importaciones, pocos fiscalizadores; el control casi inexistente de las exportaciones de minerales y el conflicto de interés latente por la entrega a laboratorios privados de las certificaciones de la ley (calidad) del cobre, oro y plata. CIPER pudo verificar que algunos de estos laboratorios son de propiedad de las mismas mineras exportadoras.

Con sus 1.766 funcionarios –menos de los que tiene la Municipalidad de Santiago-, de los cuales solo 375 son fiscalizadores, Aduanas es la barrera de control de todo el comercio exterior chileno que en 2015 sumó US$119 mil millones.

Dirección Nacional de Aduanas

Sus funcionarios no solo son responsables de cobrar los gravámenes de las importaciones. Su tarea más delicada la cumplen en 92 puntos de control -puertos, aeropuertos y pasos fronterizos- del país donde deben: verificar el valor y contenido físico de las mercaderías; ser escudo contra el narcotráfico, el contrabando, las falsificaciones y los productos peligrosos para la salud; además de hacer cumplir los tratados y acuerdos de comercio que Chile tiene con 25 países.

Aduanas recauda casi el 30% de los impuestos que percibe anualmente el país. Así, ese servicio ingresó en 2015 a las arcas fiscales US$12.244 millones, una cifra menor que en 2014 cuando recaudó US$14.309 millones. Ese cuantioso flujo se obtiene al aplicar a las importaciones el 6% de derechos aduaneros más el 19% del IVA y equivale a disponer del dinero necesario para financiar durante 16 años la gratuidad de la educación superior a los alumnos del 50% de las familias más vulnerables de Chile (US$ 766 millones anuales).

La recaudación podría ser mayor. Y ello, porque la evasión le arrebata al país unos US$400 millones cada año. Así lo estableció un estudio encargado en 2014 por el Ministerio de Hacienda. “Lo inferior a US$30 no se revisa y puedo declarar un repuesto de helicóptero en US$29”, dice un aduanero en ese mismo informe (ver estudio).

Transcurrido más de un año y a pesar de la contundencia del estudio, los fiscalizadores de Aduanas siguen siendo los mismos. Aún cuando está claro que los 375 fiscalizadores solo dan abasto para revisar visualmente (aforo físico) el 5% de la mercadería importada y verificar que el producto, la cantidad y el valor de la mercadería declarada documentalmente por la empresa propietaria y la agencia de aduana que realiza los trámites, sea real.

En el caso de las exportaciones, la revisión visual es prácticamente nula.

Aduaneros dijeron a CIPER que el 5% que se inspecciona visualmente es claramente insuficiente. Y lo sigue siendo –insistieron- incluso si se controla otro 5% de embarques, utilizando modelos de riesgo o “de inteligencia” que identifica procedencias o importadores sospechosos. Los fiscalizadores criticaron la priorización de estos modelos por sobre el aforo físico (visual) y responsabilizaron de ello al depuesto director Gonzalo Pereira.

A lo anterior se suma la ausencia casi total de control de otros minerales exportados por empresas mineras en el concentrado de cobre. Entre ellos, destaca el molibdeno y hasta hace muy poco el oro y la plata, los que salen del territorio como productos “no transables”. Recursos que generan millonarias utilidades para las empresas exportadoras, las que no cancelan impuestos por esas ganancias.

La escasez de fiscalizadores también facilita el narcotráfico y el contrabando, en especial de cigarrillos, producto que paga altos impuestos. Aunque resulte increíble, hay puntos de control -como Punta Arenas- que no cuentan con máquina de rayos X para inspeccionar contenedores y vehículos.

ENORME EVASIÓN Y POCA FISCALIZACIÓN

Las falencias de Aduanas no son nuevas. Ya en 2010 un informe de la Contraloría evidenció fallas en los procesos operacionales en la Aduana de San Antonio (ver informe). Entre los problemas estaba el atraso en la puesta en marcha del plan anual de fiscalización y diferencias entre la información que aparece en las declaraciones de importación (DIN) y los valores ingresados por los aduaneros.

Las fallas que detectó la Contraloría no ocurrían solo en San Antonio y fueron dimensionadas en 2014 por el doctor en Economía de la Universidad de Texas, Claudio Bonilla. En el estudio que encargó la Subsecretaría de Hacienda, Bonilla calculó que Chile pierde al menos US$400 millones cada año tributario solo en importaciones que evadieron impuestos. Además, señala como debilidad la falta de dotación fiscalizadora y personal con expertise en exportaciones sectoriales, como el pesquero, minero y químico.

En Iquique, el estudio de Bonilla dejó al desnudo la precariedad de la fiscalización: para los dos mil usuarios que generaron operaciones de franquicia en la Zona Franca, solo había tres funcionarios para el control de inventarios y se realizaron 38 revisiones. Esos controles generaron cobros de impuestos y denuncias que sobrepasaron los US$20 millones. “¿Qué hubiera pasado si se revisaban 60 de los dos mil?”, se plantea en el informe (ver estudio).

Uno de los sectores que exhibe mayor deficiencia en la fiscalización de Aduanas es el de las exportaciones de minerales. Así lo asegura Rolando Castillo, ex fiscalizador de ese servicio, quien ha denunciado en distintas instancias los miles de millones que el Estado deja de recibir por su ineficiente control.

Ya en 2009 Castillo había recurrido a la Contraloría por el molibdeno y el azufre contenido en el concentrado de cobre que exporta La Escondida (controlada por BHP Billiton), que no se consideraban como productos transables. La Contraloría respondió lo mismo que Aduanas en esa época: “La práctica comercial no los considera elementos pagables”. No tienen valor.

Castillo asegura que “durante mi permanencia en Aduanas observé que en ninguno de los embarques de concentrado de cobre de La Escondida se declaraba la existencia de molibdeno”. El no pago de impuestos por el molibdeno que se saca de Chile resulta extraño a la luz de los cálculos que otro organismo del Estado –la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco)- ha hecho sobre el precio internacional del molibdeno para 2016: US$5,5 la libra, más del doble del precio del cobre en la misma fecha.

Según el ex fiscalizador de Aduanas, Rolando Castillo, en 2009 La Escondida habría obtenido ingresos por US$ 700 millones sólo por el molibdeno que contenía el concentrado de cobre exportado, si es que fue procesado fuera del país, antecedente que él desconoce. Una situación similar –afirma Castillo- ha ocurrido por décadas con el azufre y minerales como plata y oro; y metales como renio y selenio que se obtienen del molibdeno.

La aseveración de Castillo se ve avalada por un informe de la Contraloría sobre la inspección que funcionarios de Aduanas realizaron en 2013 al laboratorio que presta servicios de control de embarque a la Minera La Escondida. En terreno concluyeron que los procedimientos empleados no eran suficientes para garantizar que la muestra extraída fuera representativa y que el peso controlado fuera el declarado.

No fue la denuncia de Castillo lo que encendió la alerta de las autoridades. Un gigantesco robo de concentrado de cobre a la División El Salvador de Codelco en 2014, desembarcó el problema en la Cámara de Diputados. El concentrado lo había vendido la minera La Escondida a El Salvador, pero los camiones que lo trasladaban fueron interceptados en el camino –con la colaboración de los transportistas- donde se procedió a cambiar la carga por prácticamente escoria de cobre.

El robo provocó un perjuicio para el Estado de casi $6 mil millones. Si bien 22 personas resultaron detenidas, la investigación nunca logró establecer qué pasó con el concentrado sustraído. Según la PDI, éste fue comprado por Enami, pero también existe la sospecha de que fue exportado. El escándalo derivó en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Y fue allí que el entonces director de Aduanas, Gonzalo Pereira, reconoció que la fiscalización a las exportaciones de minería es la gran debilidad y el gran problema del servicio.

Pereira explicó la razón: “La exportación no genera ningún tipo de pago de impuesto y, por lo tanto, está muy en el ADN de los funcionarios fiscalizar la importación y no la exportación”. Por esa razón, agregó, se mejoraron las fórmulas de fiscalización documental “a posteriori”, transformando el Departamento de Inteligencia Aduanera en el Departamento de Fiscalización a Posteriori, que tiene un plazo de hasta tres años para rectificar y cursar una infracción de ser necesario.

Las conclusiones de la Comisión Investigadora fueron claras (abril de 2014): Chile no cuenta con la institucionalidad pública adecuada para un control eficiente y riguroso que permita determinar la trazabilidad de un recurso tan preciado como el cobre. Y en las entidades responsables de ese trabajo, Cochilco y Aduanas, existe un déficit de funcionarios y medios técnicos para llevar adelante su labor.

“Lo anterior nos lleva a reflexionar de cómo es posible entender que se hayan robado toneladas de concentrado y ninguna institución del Estado pueda dar con su destino final”, dejaron consignado en su informe los diputados (ver informe de la comisión).

Paro de funcionarios de aduanas en 2015

Un año después, las debilidades no habían sido superadas pese a que Aduanas dictó una resolución que hizo más exigentes las certificaciones de las exportaciones mineras. En enero de 2015, un informe de la Contraloría constató que “la Aduana de Antofagasta no ha ejercido una fiscalización efectiva sobre los organismos de inspección” (las empresas privadas que realizan los controles sobre el mineral exportado). El ente contralor también apuntó que Aduanas de Antofagasta tampoco fiscalizaba las leyes de fino (pureza) de los metales y no metales presentes en los concentrados de cobre exportados, por lo que ordenó un sumario (ver informe).

En Aduanas aseguraron que entre 2013 y 2015 se hacían contramuestras de los embarques de minerales. CIPER tuvo acceso a la planilla de 110 contramuestras realizadas por el Laboratorio Químico de la Aduana entre enero y septiembre de 2015, sobre un total de 691 exportaciones de concentrado de cobre. Según la información entregada al ingeniero comercial Marcos Simunovic, vía Ley de Transparencia, las muestras y contramuestras arrojaron resultados muy cercanos.

Faltaba dilucidar cuán idóneos eran los análisis de Aduanas.

CONTROL EN MANOS PRIVADAS

El sistema de control de calidad y pureza de minerales se encuentra externalizado por Aduanas desde 2002. El análisis de los minerales exportados corre por cuenta de laboratorios privados, acreditados por el Instituto Nacional de Normalización (INN). Estos laboratorios emiten informes de calidad sobre las exportaciones de concentrado de cobre: algunos certifican el peso de la carga y otros controlan los metales preciosos. Son funcionarios de esos laboratorios los que toman las muestras y se responsabilizan de la correspondiente certificación para su exportación. 

CIPER revisó dos registros de laboratorios proporcionados por Aduanas y encontró que varios pertenecen a las propias empresas mineras.

Los cinco laboratorios privados acreditados para el análisis de las exportaciones de metales preciosos, son propiedad de compañías mineras. Dos de ellos, pertenecen a las mineras Meridian Limitada y Florida. Ambas son parte del consorcio Yamana Gold Inc., que explota en Chile las minas de oro y plata “El Peñón” y “Minera Florida”.

Otros dos laboratorios que entregan la certificación que requiere Aduanas para el análisis de metales preciosos, también pertenecen a empresas mineras: Compañía Minera Mantos de Oro y Compañía Minera Maricunga, dedicadas a la extracción de plata y oro. Las dos son propiedad de la multinacional Kinross Gold. El quinto laboratorio acreditado en este mismo rubro de metales preciosos, pertenece a Guanaco Compañía Minera, de propiedad del consorcio Austral Gold (ver listado de laboratorios).

En el listado de los diez laboratorios que analizan el concentrado de cobre de exportación, hay dos que son propiedad de empresas mineras. Uno de ellos, pertenece a la Compañía Minera Candelaria, cuyo dueño es Lunding Mining Corporation y se dedica a la extracción de cobre en la Región de Atacama (Proyecto Candelaria). Ella misma está acreditada hasta diciembre de 2019 para certificar informes de calidad de minerales. Un segundo laboratorio para concentrado de cobre es de propiedad de la Minera Esperanza, la actual Minera Centinela (nació de la fusión de Minera El Tesoro con Esperanza) y pertenece a Antofagasta Minerals (propiedad del Grupo Luksic) y Marubeni Corporation (ver listado de laboratorios).

El evidente conflicto de interés en perjuicio del Estado fue expuesto por la Contraloría en enero de 2015, en el informe “Sobre eventuales irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas respecto del muestreo de minerales”. Allí se afirma que los organismos de inspección y emisores de informes de peso “no pueden tener relación con el exportador a quien provean servicio”.

En la indagación de 2014, funcionarios de Contraloría revisaron una lista de 10 emisores de informes de calidad y otra de seis organismos de inspección del concentrado de cobre. La conclusión fue: “No se acreditó la existencia de nexos de propiedad y/o comerciales entre los organismos de inspección y emisores de informes de peso y los exportadores a quienes proveen tales servicios”. Pero no se explica por qué quedaron fuera de la revisión los laboratorios que certifican la calidad de los metales preciosos, los que sí tienen vínculo de propiedad con las mineras.

Lo más grave que constataron los fiscalizadores de la Contraloría, fue que representantes de dos laboratorios privados –Alfred H. Knight Int. Ltd. Chile Ltda. y CIMM Tecnologías y Servicios- explicaron que sus análisis “se restringían a los componentes de cobre, oro y plata “(dejando fuera los restantes metales o no metales, como el molibdeno). La razón: “el exportador no les permitía obtener información y les restringía el acceso al contrato de compraventa de la exportación”. La conclusión de la Contraloría fue clara: “Todo ello deja de manifiesto una falta de control por parte del Servicio de Aduanas”.

CONTRABANDO DESDE PANAMÁ

El producto estrella del contrabando en Chile son los cigarrillos. Entre 2013 y 2015 se decomisaron más de 15 millones de cajetillas, lo que significó una evasión de impuestos que supera los US$57 millones. Las investigaciones indican que el puerto de San Antonio es uno de los puntos vulnerables. Y es precisamente allí donde recientemente se han descubierto bandas organizadas que, coludidas con funcionarios de Aduanas, ingresan cigarrillos por vía ilegal.

Una de esas bandas enfrenta hoy a la justicia por asociación ilícita, comercio clandestino, comercio ilegal, cohecho, soborno y fraude al Fisco. En total, la Fiscalía acreditó que el fraude superó los $2 mil millones.

La indagatoria realizada por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brideco), concluyó en enero de 2014 que el líder de la banda era Miguel Alcaíno Aleu (registra condena por infracción a la propiedad intelectual, comercio clandestino y contrabando), quien financiaba y dirigía las internaciones ilegales de contenedores con cigarrillos desde Panamá y Argentina.

Las escuchas telefónicas realizadas por la PDI permitieron identificar el modus operandi más recurrente: compraban la mercancía en Panamá y la enviaban por barco a Chile, pero con una factura marítima (Bill of Lading) falsificada (otra mercadería, otro país de origen y falso destinatario). Para evitar que apareciera Panamá como origen de la mercancía (es un factor de alerta en Aduanas), el contenedor no viajaba directo a Chile: lo enviaban a las islas de Curazao o Jamaica y desde allí la redirigían a Chile. Y como importadores utilizaron a “Salfa” y “Emasa”, identificadas como compañías “confiables”.

Puerto de San Antonio

En estas operaciones participaban dos miembros de la banda de Alcaíno: Fernando Hernández viajaba a Panamá a comprar los cigarrillos y Nelson Lara proveía la información de la ruta del barco, los documentos y realizaba gestiones con funcionarios de Aduanas para que el contenedor no fuera fiscalizado. Una vez desaduanado, el contenedor era llevado a un galpón en el Camino Lonquén (San Bernardo), donde los cigarrillos se comercializaban clandestinamente.

Otra ruta usada por la banda de Alcaíno era el Paso Cardenal Samoré, en Osorno, para lo cual contaban con ayuda de transportistas de Argentina. Una vez que el camión estaba en marcha hacia Chile, Alcaíno se contactaba con Nelson Lara, quien hacía los contactos con funcionarios de Aduanas, enviándoles mensajes de texto con la patente y hora de salida del vehículo que transportaba el contrabando.

La investigación policial también descubrió que la organización delictual, con la complicidad del aduanero Avilés Trigo, se apropiaba de mercadería que se encontraba incautada en galpones de Aduanas por ser falsificada, infringiendo la ley de propiedad industrial. Entre los productos había perfumes, carteras, relojes y zapatillas imitación de marcas de lujo, todo lo cual debía ser destruido.

En la reconstrucción de la operación delictual, la PDI determinó que el aduanero Cristián Avilés no solo modificó la notificación judicial y el acta de destrucción de las especies, a cargo  de la empresa Logística Ambiente Sano Limitada. En los hechos, Avilés se habría coludido con los dueños de esa empresa -Karen Maulén, Mauricio Rivera y Héctor Valenzuela- y en vez de eliminar las especies, éstas fueron llevadas a distintas bodegas en Santiago.

Pero los contactos de los contrabandistas se extendían más allá de la Aduana de San Antonio. Los peritajes policiales detectaron vínculos con funcionarios de Aduanas de Punta Arenas, Los Andes e Iquique, donde habrían utilizado estos mismos métodos para ingresar al país productos sin pago de impuestos.

A pesar de las evidencias entregadas por la Fiscalía, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó a Miguel Alcaíno y a Nelson Lara solo con arresto domiciliario nocturno; y a Cristián Avilés Trigo con prisión preventiva. Pero como al aduanero se le otorgó el beneficio de una fianza de $7 millones, suma que su esposa canceló, de inmediato recuperó su libertad. Avilés se desempeñaba como fiscalizador en San Antonio desde enero de 2011. A pesar de que su sueldo era de $691 mil mensuales, era propietario de una gran casa en Santo Domingo y de dos vehículos de doble tracción. Solo por su complicidad en la apropiación de mercadería falsificada incautada, recibió $2 millones.

CIGARRILLOS EN EL NORTE

A fines de enero de 2016, el asesor de la dirección nacional de Aduanas, Juan José Pérez Cotapos –quien además es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso- entregó una carilla titulada “Informe de gestión enero 2016”. Allí el asesor enumeró algunos de los problemas del servicio: “Arica: propiedad intelectual y contrabando”, “Asesoría por contrabando Aduana de San Antonio”, “Aduana de Iquique: documentos no cumplidos, cargos por faltantes de inventarios, deudores incobrables”.

Lo que Pérez Cotapos enunció en su informe sobre la Aduana de Iquique no era novedad: el inventario de cigarrillos es uno de los más difíciles de controlar en la Zona Franca. De hecho, en 2015 una denuncia interna dio paso a un sumario -aún en curso- a cuatro fiscalizadores del servicio por sospechas de que habrían certificado la salida de tres millones de cajetillas de cigarrillos desde la importadora Saint Patrick (entre 2013 y 2015). Los cigarrillos desaparecieron, pero nunca fueron exportados a otro país, como aparecía en los documentos de la empresa autorizados por los aduaneros.

El representante legal y fundador de Saint Patrick es Leonardo Solari Alcota, ex presidente en dos periodos de la Zona Franca y conocido empresario del norte, donde además figuró como presidente local de la Fundación Augusto Pinochet.

Solari Alcota enfrentó un juicio en 2006 por supuesta infracción a las normas de propiedad intelectual, según acusó la tabacalera Philip Morris. Fue condenado en primera instancia y luego absuelto por la Corte de Apelaciones de Iquique. CIPER intentó contactar a Solari, pero en su empresa dijeron que estaba en viaje de negocios fuera del país, junto a la plana mayor de Saint Patrick. Tampoco respondió a las consultas de CIPER por correo electrónico.

Decomiso de cigarrillos.

La investigación de Aduanas indica que parte de esas 3 millones de cajetillas de cigarrillos habrían salido supuestamente de Iquique bajo la fórmula legal “rancho de naves”: productos destinados al consumo de las tripulaciones de los barcos mercantes. Aduanas consultó a la Naviera Ultramar si habían adquirido cigarrillos a Saint Patrick bajo esa modalidad, lo cual la empresa naviera negó, como consta en el documento al que tuvo acceso CIPER (ver documento).

La sospecha es que ese enorme cargamento de cigarrillos, que desapareció de las bodegas de la Zona Franca, en realidad se vendió ilegalmente en Chile. En Aduanas calculan que el perjuicio causado al Fisco es de US$ 7,29 millones, poco más de $5 mil millones. El Ministerio Público inició una investigación aún en desarrollo.

No hay duda de que Aduanas necesita y con urgencia una reingeniería. Pero los cambios se han dilatado. La sorpresiva salida del director nacional, el abogado Gonzalo Pereira, y su reemplazo el 1 de marzo por otro abogado, Juan Araya Allende, es solo el primer paso para poner fin al menos al desorden. Una muestra de ello ocurrió en enero de 2016, cuando se pagaron sueldos en exceso a 1.400 empleados, los que tendrán que devolver esos dineros.

Lo importante está en el Congreso. Una ley que apunta a la modernización del Servicio Nacional de Aduanas y a un cambio total a la fiscalización que hoy realizan sus funcionarios, espera su trámite desde 2015.

La más grande filtración de documentos de la historia del periodismo deja al descubierto el mundo de las sociedades offshore de 12 líderes mundiales, muchos de ellos en el poder. También entrega detalles sobre los negocios secretos de 140 políticos y funcionarios públicos alrededor del mundo. Entre ellos destaca el Presidente ruso Vladimir Putin, cuyos asociados movieron hasta US$2 mil millones a través de bancos y sociedades ocultas (ver interactivo con líderes políticos).

Los registros filtrados -que fueron revisados por un equipo de 376 periodistas de 76 países- provienen de un poco conocido pero poderoso bufete de abogados con base en Panamá: Mossack-Fonseca, con sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y más de 35 otros puntos alrededor del globo.

Son 11,5 millones de documentos que muestran cómo la industria global de bufetes de abogados y grandes bancos vende secreto financiero a políticos estafadores y traficantes de drogas, así como a billonarios, celebridades y estrellas deportivas (ver video).

Estos son algunos de los hallazgos clave de una investigación realizada durante un año por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el diario alemán Süddeutsche Zeitung y más de 100 medios de comunicación del mundo, entre ellos CIPER.

Vladimir Putin

Los archivos de Mossack Fonseca revelan sociedades offshore controladas por los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el rey de Arabia Saudí y los hijos del Presidente de Azerbaiyán. También incluyen a por lo menos 33 personas y compañías que integran la lista negra del gobierno de los Estados Unidos en base a evidencia de que han hecho negocios con capos mexicanos de la droga, organizaciones terroristas como Hizbulá y naciones que han violado tratados internacionales, como Corea del Norte e Irán.

Una de las compañías que aparece en estos registros, proveyó combustible para las aeronaves que el gobierno de Siria utilizó para bombardear y matar a miles de sus propios ciudadanos, acusaron las autoridades de Estados Unidos.

“Estos hallazgos demuestran cuán profundamente infiltradas están la criminalidad y las prácticas dañinas en el mundo offshore”, dijo Gabriel Zucman, un economista de la Universidad de California en Berkeley y autor de “La Riqueza Oculta de las Naciones: El Azote de los Paraísos Fiscales”. Zucman, quien fue informado sobre esta investigación, dijo que la publicación de los documentos filtrados debería impulsar a los gobiernos a buscar “sanciones concretas” contra las jurisdicciones e instituciones que venden secretismo offshore.

Líderes mundiales que han impulsado programas para combatir la corrupción también aparecen en los archivos filtrados. Así ocurre con las sociedades offshore vinculadas a la familia del líder chino Xi Jinping, quien ha jurado dar batalla contra los “ejércitos de corrupción” de su país, al igual que el Presidente ucraniano Petro Poroshenko, quien se ha posicionado como un reformador en un país sacudido por escándalos de este tipo.

Los archivos también contienen nuevos detalles de los negocios offshore del difunto padre del Primer Ministro británico David Cameron, un líder que precisamente impulsa una reforma de los paraísos fiscales.

Los datos filtrados cubren casi 40 años -desde 1977 hasta fines de 2015- y permiten una mirada inédita al corazón del mundo offshore: un vistazo día a día, década a década, de cómo el dinero sucio fluye por el sistema financiero global, generando crimen y despojando a las tesorerías nacionales de los preciados ingresos de impuestos.

La mayor parte de los servicios que la industria offshore provee son legales. Siempre y cuando quienes los utilicen acaten la ley. Pero los “Papeles de Panamá” filtrados demuestran que bancos, firmas legales y otros actores offshore a menudo no han seguido los requerimientos legales para asegurarse de que sus clientes no estén envueltos en actividades criminales, evasión de impuestos o corrupción política. Incluso, los archivos revelan cómo en algunas instancias intermediarios, offshore se protegieron a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando registros oficiales.

Otro hecho importante que dejan en claro esos documentos financieros, es que grandes bancos son importantes impulsores de la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos offshore. Los archivos exhiben más de 15.300 compañías de papel que los bancos establecieron para clientes que quieren mantener ocultas sus finanzas. Entre ellas aparecen centenares que han sido creadas por gigantes de las finanzas internacionales como UBS y HSBC.

La investigación de esos registros permitió penetrar un enjambre de maniobras encubiertas por parte de bancos, compañías y personas vinculadas al líder ruso Vladimir Putin. Y descubrir que compañías offshore vinculadas a esta red mueven dinero en transacciones de hasta US$200 millones a la vez. Asociados a Putin disfrazaron pagos, fecharon incorrectamente documentos y ganaron influencia oculta dentro de las industrias de medios y automóviles en Rusia.

Un portavoz de Putin no respondió a las preguntas que se le formularon para esta investigación. No obstante, el 28 de marzo afirmó públicamente que ICIJ y sus medios asociados estaban preparando un malintencionado “ataque informativo” contra el presidente ruso y sus cercanos.

La firma de abogados Mossack Fonseca es una de las principales creadoras de sociedades pantalla en el mundo, estructuras corporativas que pueden ser usadas para esconder a los reales propietarios de los bienes. Los archivos internos filtrados de este bufete contienen información sobre 214.488 entidades offshore relacionadas con personas en más de 200 países y territorios. ICIJ publicará la lista completa de compañías y personas vinculadas a ellas a principios de mayo.

Los datos que contienen esos registros incluyen correos electrónicos, formularios financieros, pasaportes y registros corporativos, todo lo cual deja al descubierto a los propietarios secretos de cuentas bancarias y compañías en 21 jurisdicciones offshore, desde Nevada a Singapur y las Islas Vírgenes Británicas.

Mossack Fonseca ha dejado sus huellas en el tráfico de diamantes en África, el mercado internacional del arte y otros negocios que se benefician del secretismo. La firma ha prestado servicios a tantos miembros de la realeza del Medio Oriente que todos ellos podrían llenar un palacio. Entre ellos, destacan dos reyes, Mohammed VI de Marruecos y el rey Salman de Arabia Saudí, a quienes Mossack Fonseca ayudóa salir al mar en lujosos yates.

En Islandia, los archivos filtrados muestran cómo el Primer Ministro Sigmundur David Gunnlaugsson y su esposa eran los controladores secretos de una firma offshore que tenía millones de dólares en bonos bancarios islandeses durante la crisis financiera de ese país.

Los archivos dejan al desnudo las sociedades offshore de 29 de las 500 personas más adineradas del mundo que figuran en el ranking de la revista Forbes.

Entre las sociedades que aparecen en los registros de Mossack Fonseca, figuran seis de propiedad de la estrella de cine Jackie Chan. Y como sucede con muchos de los clientes de esa firma de abogados, no hay evidencia de que Chan haya usado sus compañías para fines ilegales. Tener una compañía offshore no es ilegal. Es más, para algunas transacciones de negocios internacionales es una opción lógica.

Lo que convierte a los documentos filtrados de Mossack Fonseca en un valioso registro, es que entre sus clientes aparecen estafadores que utilizan el “Esquema Ponzi” (estafas piramidales), capos de la droga, evasores de impuestos y al menos un criminal sexual condenado. Se trata de un hombre de negocios estadounidense condenado por haber viajado a Rusia para tener sexo con menores de edad, quien firmó papeles para una sociedad offshore mientras cumplía su condena de prisión en Nueva Jersey.

Los “Papeles de Panamá” contienen nueva información sobre grandes escándalos, desde el más infame robo de oro en Inglaterra hasta antecedentes secretos de los protagonistas de los sobornos que remecen a la FIFA, el ente que regula el fútbol mundial.

Edificio Mossack Fonseca (Crédito: Mathieu Tourliere, Revista Proceso).

Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados de Juan Pedro Damiani, un miembro del Comité de Ética de la FIFA, tenía relaciones de negocios con tres hombres que han sido inculpados en el escándalo de los sobornos: el ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo y Hugo y Mariano Jinkis, el dúo padre-hijo acusado de pagar sobornos para ganar los derechos de transmisión de eventos de fútbol para Latinoamérica. Los registros muestran que la firma de Damiani en Uruguay representó a una compañía offshore vinculada a los Jinkis y a siete compañías vinculadas a Figueredo.

En virtud de los descubrimientos de la investigación de ICIJ y sus medios asociados, el Comité de Ética de la FIFA inició una investigación preliminar sobre la relación entre Damiani y Figueredo. Un vocero del Comité de Ética de este organismo confirmó que Damiani les informó el 18 de marzo de sus lazos financieros con Figueredo. Damiani lo hizo un día después de que ICIJ y sus reporteros asociados le enviaran preguntas detalladas sobre el trabajo de su firma de abogados para compañías ligadas al ex vicepresidente de la FIFA.

El mejor jugador de fúbtol del mundo, el delantero del Barcelona Lionel Messi, también aparece en los documentos. Los registros muestran a Messi y a su padre como dueños de la sociedad panameña Mega Star Enterprises Inc. Esto, añade un nuevo nombre a la lista de sociedades pantalla que se sabe están vinculadas a Messi. Sus negocios offshore son hoy el blanco de un juicio por evasión de impuestos en España.

Los documentos filtrados muestran cómo Mossack Fonseca trabaja agresivamente para proteger los secretos de sus clientes. En Nevada, por ejemplo, el bufete de abogados trató de protegerse a sí mismo y a sus clientes de las consecuencias de una acción legal en la Corte de Distrito de EE.UU. Lo hizo sacando papeles de su sucursal en Las Vegas y haciendo que sus técnicos borraran registros electrónicos de teléfonos y computadoras.

Los archivos filtrados muestran también que la firma ofreció con regularidad a sus clientes fechar incorrectamente documentos para ayudarlos a obtener ventaja en sus asuntos financieros. Era una práctica tan común que, en 2007, un intercambio a través de correos electrónicos muestra a empleados de Mossack Fonseca hablando de establecer una estructura de precios: los clientes pagarían US$8,75 por cada mes que la fecha de un documento corporativo sería atrasada.

En una respuesta por escrito a preguntas del ICIJ y sus socios en esta investigación, los directivos de Mossack Fonseca afirmaron que la firma “no alberga o promueve actos ilegales. Sus acusaciones de que proveemos a los accionistas de estructuras supuestamente diseñadas para esconder la identidad de los verdaderos propietarios, son completamente infundadas y falsas”.

También dijeron que poner fechas atrasadas en documentos “es una práctica bien fundada y aceptada”, la que es “común en nuestra industria y cuyo objetivo no es encubrir o esconder actos ilegales”. Y que no podían responder preguntas sobre clientes específicos pues están obligados a mantener la confidencialidad de sus clientes.

El cofundador del bufete de abogados, Ramón Fonseca, dijo en una entrevista reciente en la televisión panameña que la firma no tiene responsabilidad por lo que los clientes hacen con las compañías offshore que ella ofrece. Comparó a su estudio con una “fábrica de autos”, cuya responsabilidad termina una vez que el auto es fabricado. Culpar a Mossack Fonseca por lo que la gente hace con sus compañías, sería como culpar a la fábrica de autos “si el auto se usa en un robo”, dijo.

BAJO ESCRUTINIO

Hasta hace poco, Mossack Fonseca operaba principalmente en las sombras. Pero se ha visto bajo creciente escrutinio a medida que los gobiernos han obtenido filtraciones parciales de sus archivos, y que autoridades de Alemania y Brasil comenzaran a indagar en sus prácticas.

En febrero de 2015, Süddeutsche Zeitung reportó que organismos judiciales de Alemania habían lanzado una serie de redadas apuntando a uno de los principales bancos del país: Commerzbank. La investigación se refería a una evasión de impuestos que según las autoridades de ese país podría conducir a cargos criminales contra empleados de Mossack Fonseca.

En Brasil, el bufete de abogados se ha convertido en blanco del escándalo por sobornos y lavado de dinero que ha provocado una grave crisis política en ese país. En enero, fiscales brasileños calificaron a Mossack Fonseca como un “gran lavador de dinero” y anunciaron que se le imputaron cargos criminales a cinco empleados de la oficina brasileña de la firma por sus roles en la llamada “Operación Lava Jato”. Hasta ahora, figuran como acusados destacados políticos y se abrió una investigación sobre los bienes del popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El escándalo amenaza con la destitución en un juicio político de la Presidenta Dilma Rousseff.

Mossack Fonseca niega haber incumplido la ley en Brasil.

En la colaboración periodística más grande de la historia, periodistas trabajando en más de 25 idiomas, investigaron el manejo interno de Mossack Fonseca y rastrearon los negocios secretos de los clientes de la firma alrededor del mundo. Compartieron la información y persiguieron pistas generadas por los archivos filtrados utilizando archivos corporativos, registros de propiedad, declaraciones financieras, documentos judiciales y entrevistas con agentes de la ley y expertos en lavado de dinero.

Reporteros del Süddeutsche Zeitung obtuvieron millones de registros de una fuente confidencial y los compartieron con ICIJ y otros socios. Los medios involucrados en esta investigación no pagaron por los documentos.

Antes de que Süddeutsche Zeitung obtuviera esta filtración, las autoridades de impuestos de Alemania compraron a un informante una serie más pequeña de documentos de Mossack Fonseca, antecedentes que impulsaron las redadas en Alemania a principios de 2015. Esa serie más pequeña de documentos fue luego ofrecida a las autoridades del Reino Unido, Estados Unidos y otros países, de acuerdo a fuentes con conocimiento sobre el tema.

La serie más grande de archivos obtenida por periodistas ofrece mucho más que una simple mirada a los métodos de negocios de Mossack Fonseca y al catálogo de sus clientes más reprochables. Permite una amplia mirada al interior de una industria que ha trabajado para mantener sus prácticas ocultas  y ofrece pistas sobre por qué los esfuerzos por reformar el sistema han fallado.

La historia de Mossack Fonseca es, en muchas formas, la historia del mismísimo sistema offshore.

EL CRIMEN DEL SIGLO

Antes del amanecer del 26 de noviembre de 1983, seis hombres se infiltraron en el depósito de Brink’s-Mat en el Aeropuerto Heathrow de Londres. Los delincuentes ataron a los guardias de seguridad, los empaparon en gasolina, encendieron un fósforo y amenazaron con prenderles fuego si no abrían la bóveda del depósito. En su interior los ladrones hallaron casi 7 mil barras de oro, diamantes y dinero en efectivo.

“Muchísimas gracias por su ayuda. Que pasen una linda Navidad”, dijo uno de los ladrones antes de partir.

Los medios británicos llamaron al robo el “Crimen del Siglo”. Gran parte del botín -incluyendo el dinero conseguido al derretir el oro y venderlo- nunca fue recuperado. A dónde se envió el dinero desaparecido es un misterio que sigue fascinando a los estudiosos del bajo mundo de Inglaterra.

Jürgen Mossak (Fuente: hg.org)

Ahora, documentos en los archivos de Mossack Fonseca revelan que ese bufete y su cofundador, Jürgen Mossack, habrían ayudado a los ladrones a mantener el botín fuera del alcance de las autoridades, protegiendo a una compañía ligada a Gordon Parry, un operador londinense que lavaba dinero para Brink’s-Mat.

Quince meses después del robo, según los registros, Mossack Fonseca creó una compañía pantalla en Panamá: Feberion Inc. Jürgen Mossack fue uno de los tres directores “nominales” de la sociedad, término usado en el negocio para los testaferros que controlan una compañía en el papel, pero no ejercen real control sobre sus actividades.

Un memo interno escrito por Jürgen Mossack muestra que él ya sabía en 1986 que la sociedad Feberion estaba “aparentemente envuelta en el manejo de dinero del famoso robo de Brink’s-Mat en Londres. La compañía en sí no ha sido usada ilegalmente, pero podría ser que invirtió dinero proveniente de fuentes ilegítimas a través de cuentas bancarias y propiedades”.

Los registros de Mossack Fonseca evidencian que Parry era quien estaba detrás de la sociedad Feberion. En vez de ayudar a las autoridades a conseguir acceso a los bienes de Feberion, el bufete ejecutó acciones que impidieron a la policía del Reino Unido tomar el control de esa sociedad.

Luego de que la policía inglesa obtuvo los dos certificados que controlaban la propiedad de Feberion, Mossack Fonseca hizo que la sociedad emitiera 98 nuevas acciones, un movimiento que le habría arrebatado el control a los investigadores, indican los registros filtrados.

No fue hasta 1995 -tres años después de que Gordon Parry fuera sentenciado a prisión por su rol en el robo de oro- que Mossack Fonseca terminó su relación de negocios con Feberion.

Un vocero de Mossack Fonseca señaló que cualquier vínculo con el robo de Brink’s-Mat “es enteramente falso”. Y agregó que Jürgen Mossack nunca tuvo vínculos con Parry y que nunca fue contactado por la policía sobre este delito.

La defensa que hizo Mossack Fonseca de la dudosa compañía utilizada por los delincuentes ilustra lo lejos que muchos operadores offshore pueden llegar para servir los intereses de sus clientes.

El sistema offshore depende de una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan mancomunadamente para proteger los secretos de sus clientes. Estos expertos en secretismo usan compañías anónimas, fondos y otras entidades de papel para crear estructuras complejas que pueden ser usadas para disfrazar los orígenes del dinero sucio.

“Son la bencina que impulsa el motor, una pieza extraordinariamente importante de la fórmula del éxito para las organizaciones criminales”, dice Robert Mazur, un ex agente antidrogas de Estados Unidos y autor de “El Infiltrador: Mi Vida Secreta Dentro de los Bancos Sucios Detrás del Cartel de Medellín de Pablo Escobar” .

Mossack Fonseca dijo al ICIJ que respetan “tanto la letra como el espíritu de la ley. Porque hacemos eso, no hemos recibido cargos por acciones criminales en casi 40 años de operatividad”.

Los hombres que fundaron la firma décadas atrás -y continúan hoy como sus principales figuras- son bien conocidos en la sociedad y la política panameña.

Jürgen Mossack es un inmigrante alemán cuyo padre buscó una nueva vida para su familia en Panamá tras servir en la Waffen-SS de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Ramón Fonseca es un novelista premiado que ha trabajado como consejero del presidente de Panamá. En marzo de este año se tomó una licencia como consejero presidencial luego de que su firma fuera implicada en el escándalo de coimas en Brasil y que ICIJ y sus socios comenzaran a hacer preguntas sobre las prácticas de la firma.

Ramón Fonseca (Fuente: portadapanama.com=

Desde su base en Panamá, una de las principales zonas de secreto financiero del mundo, Mossack Fonseca siembra compañías anónimas en ese país, en las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales.

La firma ha trabajado de cerca con grandes bancos y sociedades legales en otros países, como México, Estados Unidos, los Países Bajos y Suiza, ayudando a sus clientes a mover dinero o reducir sus pagos de impuestos, indican los registros secretos.

El análisis que hizo el equipo del ICIJ de los archivos filtrados arrojó que más de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales han trabajado con Mossack Fonseca desde los ’70 para asesorar a sus clientes en el manejo de compañías offshore. UBS estableció más de 1.100 compañías offshore a través de Mossack Fonseca. HSBC y sus filiales crearon más de 2.300.

En total, los archivos revelan que Mossack Fonseca trabajaba con más de 14.000 bancos, bufetes de abogados, gestores de compañías y otros intermediarios para establecer sociedades, fundaciones y fondos para clientes.

Mossack Fonseca dice que estos intermediaron son sus verdaderos clientes, no los eventuales clientes que usan compañías offshore. Y que estos intermediaron proveen niveles adicionales de supervisión a la hora de analizar a nuevos clientes. En cuanto a sus propios procedimientos, Mossack Fonseca dice que a menudo exceden “las reglas y estándares existentes a los que nosotros y otros estamos atados”.

En su afán de proteger a Feberion Inc., la compañía vinculada al robo de Brink’s-Mat, Mossack Fonseca utilizó los servicios de una firma con base en Panamá, Chartered Management Company, encabezada por Gilbert R.J. Straub, un estadounidense que tuvo un pequeño rol en el escándalo de Watergate.

En 1987, mientras la policía del Reino Unido investigaba la compañía pantalla, Jürgen Mossack y otros directores de papel de Feberion, renunciaron en el entendido de que serían reemplazados por nuevos directores designados por la Chartered Management de Straub, indican los archivos secretos.

Straub habría sido detenido en una operación de la Administración Antidrogas de Estados Unidos no relacionada al caso Brink’s-Mat, según Mazur, un ex agente encubierto. Mazur armó esa investigación, la que llevó a que Straub se declarara culpable de lavado de dinero en 1995. Según Mazur, durante su trabajo encubierto, Straub trató de establecer sus credenciales criminales describiendo cómo encaminó dinero de forma ilegal hacia la campaña de reelección de 1972 del presidente Richard Nixon.

SECRETOS Y VÍCTIMAS

El padre de Nick Kgopa trabajaba en una mina de oro en el norte de Sudáfrica y murió cuando Nick tenía 14 años. Los compañeros de trabajo de su padre dijeron que había muerto por exposición a químicos. Nick, su madre y su hermano menor, que es sordo, sobrevivieron gracias a cheques mensuales de un fondo para viudas y huérfanos de trabajadores mineros. Hasta que un día, los pagos cesaron.

La familia de Nick fue una de muchas que perdieron sus pagos a causa de un fraude de inversión de US$60 millones llevado a cabo por hombres de negocio sudafricanos. Los fiscales acusaron que un grupo de individuos conectados a una compañía de manejo de bienes, Fidentia, había conspirado para robar millones de dólares de fondos de inversión, entre ellos, el que correspondía a los beneficios por muerte de los mineros y que mantenía a unas 46 mil viudas y huérfanos.

Los documentos filtrados de Mossack Fonseca muestran que al menos dos de los hombres involucrados en el fraude emplearon a ese bufete de abogados con base en Panamá para crear compañías offshore. Y también revelan que Mossack Fonseca estuvo dispuesta a ayudar a uno de los estafadores a proteger su dinero, incluso luego de que las autoridades lo vincularan públicamente con el escandaloso robo.

Estafadores como los Ponzi y otros embaucadores que roban grandes sumas de sus víctimas frecuentemente usan estructuras offshore para llevar a cabo sus operaciones y esconder las ganancias. El Caso Fidentia no es el único fraude de escala mayor que aparece en los archivos de los clientes de Mossack Fonseca.

En Indonesia, por ejemplo, pequeños inversores aseguran que una compañía registrada por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas se utilizó para estafar a 3.500 personas en al menos US$150 millones.

“De verdad necesitamos ese dinero para pagar la educación de nuestro hijo en abril”, escribió un inversor indonesio a Mossack Fonseca, en 2007, luego de que los pagos cesaron. “¿Pueden darnos alguna sugerencia sobre qué podemos hacer?”, preguntó el inversor en un inglés imperfecto tras ver el nombre de Mossack Fonseca en el folleto de publicidad del fondo de inversiones.

En el Caso Fidentia, los registros de Mossack Fonseca muestran que uno de los hombres posteriormente encarcelado en Sudáfrica por su participación en el fraude, Graham Maddock, pagó a Mossack Fonseca US$59 mil en 2005 y 2006 para establecer dos series de compañías offshore, incluyendo una llamada Fidentia North America. Los registros de la firma dicen que le dieron “el servicio VIP”.

Mossack Fonseca también creó estructuras offshore para Steven Goodwin, un hombre que, según fiscales sudafricanos, había tenido un “rol instrumental” en la estafa de Fidentia. Cuando el escándalo se hizo público en 2007, los registros filtrados del bufete indican que Goodwin voló a Australia y luego a Estados Unidos, donde un abogado de Mossack Fonseca se reunió con él en un hotel de lujo en Manhattan para discutir sus propiedades offshore.

El empleado de la firma luego escribió que él y Goodwin “hablamos en profundidad” sobre el escándalo de Fidentia y que él había “convencido a Goodwin de proteger mejor” los bienes de su compañía offshore pasándolos a un tercero. En su memo –que se encuentra en los registros- el empleado de la firma dijo a sus colegas que Goodwin no estaba involucrado en el escándalo “de forma alguna”: era solo “una víctima de las circunstancias”.

En abril de 2008, el FBI arrestó a Goodwin en Los Ángeles y lo envió de vuelta a Sudáfrica, donde se declaró culpable de fraude y lavado de dinero. Fue sentenciado a diez años de prisión. Un mes después de la sentencia de Goodwin, un empleado de Mossack Fonseca sugirió un plan para frenar a los fiscales sudafricanos que debían indagar en los bienes vinculados a la compañía offshore de Goodwin, Hamlyn Property LLP, la que había sido creada para comprar bienes raíces en Sudáfrica.

El empleado propuso que un contador “prepare” (las comillas son del email original que aparece en el registro filtrado) auditorías para 2006 y 2007, que permitan “tratar de prevenir que el fiscal tome acciones contra las entidades tras Hamlyn”. No está claro si la propuesta fue adoptada.

Mossack Fonseca no respondió a las preguntas de ICIJ sobre su relación con Goodwin. Un representante de Goodwin dijo a ICIJ que él “no tenía absolutamente nada” que ver con el colapso de Fidentia “o con cualquier cosa directa o indirectamente relacionada con las 46 mil viudas y huérfanos”.

POLITICAMENTE EXPUESTO

El 10 de febrero de 2011, una compañía anónima en las Islas Vírgenes Británicas llamada Sandalwood Continental Ltd. prestó US$200 millones a una también misteriosa firma basada en Chipre: Horwich Trading Ltd. Al día siguiente, Sandalwood asignó los derechos a recolectar pagos por el mencionado préstamo (incluyendo intereses) a Ove Financial Corp., otra misteriosa compañía de las Islas Vírgenes Británicas.

Por esos derechos, Ove pagó 1 dólar. Pero el rastro del dinero no terminó allí. Ese mismo día, Ove reasignó sus derechos a recolectar por el mismo préstamo a una compañía de Panamá: International Media Overseas. Esta sociedad también pagó 1 dólar.

Kremlin

En solo 24 horas el préstamo había atravesado –en el papel- tres países, dos bancos y cuatro compañías, haciendo prácticamente imposible rastrear la ruta del dinero. Había varias razones por las que quienes estaban detrás de la transacción podían querer disfrazarla, incluyendo el hecho de que el origen de los recursos venía desde muy cerca del líder ruso Vladimir Putin.

El Banco Rossiya, con base en San Petersburgo, una institución cuyo dueño mayoritario ha sido llamado uno de los “cajeros” de Putin, había creado Sandalwood Continental y dirigido el flujo del dinero.

En cuanto a International Media Overseas, donde los derechos a los pagos con intereses del préstamo de US$200 millones parecen haber terminado, era controlada en el papel por uno de los más viejos amigos de Putin: Sergey Roldugin, un chelista clásico y padrino de la hija mayor de Putin.

El préstamo de US$200 millones fue una de las docenas de transacciones -que sumaron al menos US$2 mil millones- que se encontraron en los registros filtrados de Mossack Fonseca y que involucran a personas o compañías relacionadas a Putin. Formaron parte de una operación del Banco Rossiya, el que ganó influencia indirecta sobre el accionista mayoritario de la principal fábrica de camiones de Rusia, y que también amasó acciones secretas de la propiedad de un importante medio de comunicación en Rusia.

Los pagos sospechosos hechos por el círculo de Putin pueden haber sido en algunos casos sobornos a cambio de contratos y ayudas del gobierno ruso. Los documentos secretos de Mossack Fonseca sugieren que gran parte del dinero prestado que figura en los registros, proviene de un banco en Chipre que por entonces tenía como dueño mayoritario al VTB Bank, controlado por el Estado ruso.

En una conferencia de prensa la semana pasada el vocero de Putin, Dmitry Peskov, dijo que el gobierno no respondería al cuestionario de ICIJ y sus medios asociados, porque contiene preguntas que “han sido hechas cientos de veces y respondidas cientos de veces”. Peskov agregó que Rusia tiene “disponible todo un arsenal legal en el ámbito nacional e internacional para proteger el honor y dignidad de nuestro Presidente”.

Leyes nacionales y acuerdos internacionales obligan a los bufetes de abogados -como Mossack Fonseca- que ayudan a crear sociedades y cuentas bancarias, a mantener la alerta ante clientes que puedan estar involucrados en lavado de dinero, evasión de impuestos u otros delitos. Y se les exige que presten especial atención a “personas políticamente expuestas” (PEP, funcionarios de gobierno o sus familiares o socios). Si alguien es “PEP”, los intermediarios encargados de crear sus compañías deben revisar sus actividades cuidadosamente para asegurarse de que no están envueltos en corrupción.

Mossack Fonseca dijo a ICIJ que ha “establecido políticas y procedimientos para identificar y manejar los casos en que individuos califican como PEP”.

Sin embargo, a menudo Mossack Fonseca parece no percatarse de quiénes son sus clientes. Una auditoría interna de 2015 estableció que la firma conocía la identidad de los dueños reales de solo 204 de las 14.086 compañías que había incorporado en Seychelles, un paraíso fiscal en el Océano Índico.

Las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas multaron a Mossack Fonseca con US$37.500 por violar reglas antilavado debido a que la firma incorporó una compañía para el hijo del ex presidente egipcio Hosni Mubarak, pero no identificó la conexión, incluso después de que padre e hijo fueran acusados de corrupción. Una evaluación interna de la firma concluyó: “nuestra fórmula de análisis de riesgo es seriamente imperfecta”.

En total, el análisis de los archivos de Mossack Fonseca realizado por el equipo de ICIJ, identificó a 58 familiares y asociados a primeros ministros, presidentes y reyes.

Ilham Aliyev

Los registros revelan, por ejemplo, que la familia del Presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, utilizó fundaciones y compañías en Panamá para mantener acciones secretas en minas de oro y bienes raíces en Londres. Los hijos del Primer Ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, también poseían bienes raíces en Londres a través de compañías creadas por Mossack Fonseca.

Los familiares de al menos ocho miembros actuales y pasados del Comité del Politburó de China, el principal cuerpo gubernamental de ese país, tienen compañías offshore manejadas a través de Mossack Fonseca. Entre ellos figura el cuñado del Presidente Xi Jinping, quien estableció dos compañías en las Islas Vírgenes Británicas en 2009.

Representantes de los líderes de Azerbaiyán, Pakistán y China no respondieron a las consultas formuladas.

La lista de líderes mundiales que utilizaron a Mossack Fonseca para establecer entidades offshore incluye al actual Presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien era director y vicepresidente de una compañía en Las Bahamas manejada por Mossack Fonseca cuando era alcalde de Buenos Aires. Un vocero de Macri dijo que el presidente nunca fue personalmente propietario de acciones en esa firma, la que era parte de los negocios de su familia.

En 2014, durante los días más sangrientos de la invasión rusa en la región Donbas de Ucrania, los registros de Mossack Fonseca muestran que representantes del líder ucraniano Petro Poroshenko buscaron con urgencia una copia de una factura para completar el papeleo que requería crear una compañía en las Islas Vírgenes Británicas. Un vocero de Poroshenko dijo que la creación de esa compañía no tenía relación con “eventos políticos o militares en Ucrania”.

Mauricio Macri

Los consejeros financieros de Poroshenko dijeron que el presidente no incluyó a la firma de las Islas Vírgenes en su declaración financiera de 2014, porque ni esa compañía ni dos compañías relacionadas en Chipre y Países Bajos tenían bienes. Y afirmaron que esas compañías eran parte de una reestructuración corporativa para facilitar la venta del negocio de confección de Poroshenko.

Cuando Sigmundur David Gunnlaugsson se convirtió en Primer Ministro de Islandia en 2013, ocultó un secreto que podría haber dañado su carrera política. Él y su esposa compartían la propiedad de una compañía offshore en las Islas Vírgenes Británicas cuando él entró al parlamento en 2009. Meses después, vendió su parte a su esposa en US$1.

La compañía tenía bonos que originalmente valían millones de dólares en tres grandes bancos islandeses que colapsaron durante la crisis financiera global de 2008, lo que la hacía acreedora en sus bancarrotas. El gobierno de Gunnlaugsson negoció un acuerdo con los acreedores el año pasado sin revelar el interés financiero de su familia en el resultado.

Gunnlaugsson ha negado recientemente que los intereses financieros de su familia hayan influenciado su postura. Los registros filtrados no dejan en claro si las posiciones políticas de Gunnlaugsson beneficiaron o redujeron el valor de los bonos que poseía a través de la compañía offshore.

En una entrevista con Reykjavik Media, medio asociado de ICIJ, Gunnlaugsson negó haber ocultado bienes. Cuando se le confrontó con el nombre de la compañía offshore a la que se lo vincula -Wintris Inc.- el Primer Ministro dijo: “Me estoy empezando a sentir raro con estas preguntas porque parece que me estás acusando de algo”. Poco después, dio por terminada la entrevista.

Cuatro días después, su esposa hizo público el asunto. Escribió una nota en Facebook en la que afirmó que Wintris Inc. era de su propiedad y no de su esposo, y que ella había pagado todos los impuestos. Desde entonces, miembros del parlamento de Islandia han cuestionado por qué Gunnlaugsson jamás reveló la compañía offshore, y un legislador pidió que el Primer Ministro y su gobierno renuncien.

El Primer Ministro contraatacó con un comunicado de ocho páginas, en el que argumentó que él no fue requerido a reportar públicamente su conexión con Wintris, porque esta sociedad era realmente de propiedad de su esposa y porque era “solo una compañía holding, no vinculada a actividades comerciales”.

ENCUBRIMIENTOS OFFSHORE

En 2005, el barco de turismo Ethan Allen se hundió en el lago George de Nueva York, con un saldo de 20 turistas de avanzada edad ahogados. Luego de que los sobrevivientes y las familias de los fallecidos demandaron, se enteraron de que la compañía turística no tenía seguro porque estafadores le habían vendido una póliza falsa.

En 2011, Malchus Irvin Boncamper, un contador de la isla caribeña de St. Kitts, se declaró culpable en una corte de EE.UU., por haber ayudado a los estafadores a lavar las ganancias de sus fraudes.

El hecho le creó un problema a Mossack Fonseca: Malchus Irvin Boncamper había sido el testaferro -director “nominativo”-para 30 compañías creadas por la firma.

Al enterarse de la condena criminal de Boncamper, Mossack Fonseca actuó rápidamente. Se impartieron instrucciones para que en sus oficinas se reemplazara a Boncamper como director de las compañías  y se modificaran las fechas de los registros para que apareciera en algunos casos que los cambios habían tenido lugar una década antes.

Lo ocurrido con Boncamper es uno de los ejemplos que aparecen en los archivos filtrados que muestran a Mossack Fonseca utilizando tácticas dudosas para esconder sus métodos o las actividades de sus clientes de la mirada de las autoridades legales.

Luiz Inacio Lula da Silva

En la “Operación Lava Jato” en Brasil, los fiscales acusaron que empleados de Mossack Fonseca destruyeron y escondieron documentos para enmascarar la participación de la firma en lavado de dinero. Un documento policial dice que, en un momento, un empleado de la sucursal brasileña de la firma envió un email pidiendo a sus compañeros esconder registros relacionados a un cliente que podía ser blanco de una investigación policial: “No dejen nada. Los voy a guardar en mi auto o en mi casa”.

En Nevada, según indican los archivos filtrados, empleados de Mossack Fonseca trabajaron a finales de 2014 para oscurecer los vínculos entre la sucursal de la firma en Las Vegas y su central en Panamá, anticipándose a una orden de la Corte de EE.UU. de que entreguen información sobre 123 compañías incorporadas por la firma. Fiscales argentinos habían vinculado a esas compañías con base en Nevada con un escándalo de corrupción que involucró a un asociado de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En un intento por liberarse de la jurisdicción de la corte estadounidense, Mossack Fonseca aseguró que su oficina en Las Vegas, MF Nevada, no era una sucursal, por lo que no tenían control sobre ella.

Los registros internos de la firma demuestran lo opuesto. Mossack Fonseca sí controlaba la cuenta bancaria de MF Nevada, y sus cofundadores, junto a otro funcionario de la firma, eran propietarios del 100% de MF Nevada.

Para eliminar la evidencia de la conexión, la firma se preparó para sacar documentos de la sucursal y se dispuso a borrar los rastros informáticos del vínculo entre las operaciones de Nevada y Panamá, según muestran correos electrónicos internos. Una gran preocupación, según un correo electrónico, era que el gerente de la sucursal podía ser demasiado “nervioso” para llevar a cabo la tarea, lo que podía facilitar que los investigadores descubrieran “que estamos escondiendo algo”.

Mossack Fonseca declinó responder preguntas sobre los casos de Nevada y Brasil, pero negó en forma genérica que haya obstruido investigaciones o encubierto actos impropios: “No es nuestra política esconder o destruir documentación que pueda ser de utilidad para alguna investigación o procedimiento”.

REFORMANDO EL MUNDO SECRETO

En 2013, el líder del Reino Unido, David Cameron, urgió a los territorios de ultramar de su país -incluyendo a las Islas Vírgenes Británicas- a trabajar en conjunto para “poner nuestras casas en orden” y unirse en la lucha contra la evasión de impuestos y el secretismo offshore.

Cameron no tenía más que mirar hacia su difunto padre para ver lo difícil que eso sería.

Ian Cameron, un multimillonario corredor de bolsa, era un cliente de Mossack Fonseca que utilizó la firma para esconder su fondo de inversión, Blairmore Holdings Inc., de los impuestos en el Reino Unido. El nombre del fondo provino de Blairmore House, la ancestral estancia de su familia en el campo. Mossack Fonseca registró el fondo de inversión en Panamá a pesar de que muchos de sus inversores clave eran británicos. Ian Cameron controló el fondo desde su creación en 1982 hasta su muerte en 2010.

David Cameron

Un prospecto para inversores decía que el fondo “debería ser manejado y conducido de forma que no sea residente en el Reino Unido, por propósitos de impuestos”. Los registros filtrados indican que el objetivo selogró usando certificados de propiedad imposibles de rastrear -“acciones al portador”- y empleando funcionarios “nominales” con base en Bahamas.

La historia de Ian Cameron con los paraísos fiscales es un ejemplo de cuán profundamente arraigado está el secreto offshore en las vidas de las élites políticas y financieras alrededor del mundo. También es un importante motor económico para varios países. Ese factor ha hecho que las reformas sean difíciles.

En Estados Unidos, por ejemplo, jurisdicciones como Delaware y Nevada, que han permitido que los propietarios de compañías permanezcan anónimos, siguen oponiéndose a los intentos por imponer más transparencia corporativa.

Por miedo a que su industria offshore se quede en desventaja competitiva, Panamá, país de origen de Mossack Fonseca, se ha rehusado a adoptar un plan para el intercambio mundial de información sobre cuentas bancarias. Funcionarios de ese país dicen que intercambiarán información, pero a una escala más modesta.

El desafío que enfrentan los reformadores y agentes de la ley es cómo descubrir y detener el comportamiento criminal cuando éste está enterrado bajo varias capas de secretismo. Las herramientas más efectivas para penetrar este secretismo han sido las filtraciones de documentos offshore que han sacado a la luz los negocios ocultos.

Filtraciones de documentos investigados y develados por ICIJ y sus medios asociados han impulsado investigaciones oficiales y el avance en la legislación en docenas de países. Esas publicaciones también han provocado efecto en clientes offshore ante el temor de que sus negocios secretos puedan ser descubiertos.

En abril de 2013, luego de que ICIJ publicara sus artículos de “Filtraciones Offshore”, basadas en documentos confidenciales de las Islas Vírgenes Británicas y Singapur, algunos clientes de Mossack Fonseca escribieron a la firma pidiendo que se les asegure que sus bienes offshore estarían a salvo del escrutinio.

La respuesta de Mossack Fonseca fue que no se preocuparan, que su compromiso con la privacidad de sus clientes “siempre ha sido prioridad, y en respeto a eso, su información confidencial se almacena en nuestro centro de datos de alta tecnología, y toda comunicación dentro de nuestra red global se lleva a cabo a través de un algoritmo de encriptación acorde a los estándares de clase mundial más altos”.

* Esta investigación fue reporteada y escrita por Bastian Obermayer, Gerard Ryle, Marina Walker Guevara, Michael Hudson, Jake Bernstein, Will Fitzgibbon, Mar Cabra, Martha M. Hamilton, Frederik Obermaier, Ryan Chittum, Emilia Díaz-Struck, Rigoberto Carvajal, Cécil Schilis-Gallego, Marcos García Rey, Delphin Reuter, Matthew Caruana-Galizia, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor y Mago Torres.

(El Diario ABC Color de Paraguay colaboró en la traducción al español de este texto)

Entre los más de 11 millones de documentos secretos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y los medios asociados en esta investigación, descubrieron múltiples registros de sociedades offshore que involucran a jugadores, dueños de equipos y dirigentes del fútbol internacional.

Los documentos de Mossack Fonseca, una firma que se especializa en asesorías para la creación de sociedades asentadas en países de baja o nula tributación,  incluyen los nombres de cerca de 20 futbolistas de alto perfil y de representantes de algunos de los más famosos clubes de fútbol del mundo, entre ellos el Barcelona, Manchester United y Real Madrid.

Edificio Mossack Fonseca (Crédito: Mathieu Tourliere, Revista Proceso).

Los papeles panameños revelan además las  relaciones comerciales entre un miembro del Comité Independiente de Ética de la FIFA, Juan Pedro Damiani, con tres acusados en el escándalo de corrupción que el 2015 remeció al fútbol mundial: el ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo y los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis.

Los registros que fueron filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ con medios de comunicación de 76 países, revelan que la sociedad de Juan Pedro Damiani trabajó para al menos siete compañías offshore vinculadas al uruguayo Eugenio Figueredo. El ex vicepresidente de la FIFA está acusado por autoridades de Estados Unidos por fraude y lavado de dinero en la conspiración de sobornos que se está investigando.

Los archivos del bufete panameño muestran que la sociedad de Damiani servía como intermediaria para una compañía constituida en Nevada (EE.UU.), vinculada a los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo, acusados de pagar decenas de millones de dólares en sobornos para adjudicarse los derechos de transmisión de campeonatos de la FIFA en Latinoamérica.

Si bien esos documentos no muestran que Damiani o su firma hayan incurrido en comportamientos ilegales, sí plantean nuevas preguntas para el miembro del Consejo Independiente de Ética de la FIFA y para el propio organismo rector del fútbol mundial, en un momento en que el nexo entre el secretismo offshore y la corrupción se ha vuelto un serio problema en el deporte más popular del mundo.

Damiani, presidente de Peñarol de Uruguay, uno de los clubes más importantes de Latinoamérica, dijo que su firma no mantiene “ninguna relación profesional” con personas de la FIFA acusadas por la investigación en EE.UU. Pero no respondió sobre sus relaciones profesionales previas con gente acusada en ese juicio.

Un vocero del Comité Independiente de Ética de la FIFA confirmó, sin embargo, que Damiani les informó el 18 de marzo que tenía lazos financieros con Figueredo. Esto fue un día después de que ICIJ y sus reporteros asociados le enviaran a Damiani preguntas detalladas sobre el trabajo de su firma de abogados para compañías ligadas al ex vicepresidente de la FIFA.

El vínculo de Damiani con Mossack Fonseca no se limita solo al ámbito de la FIFA. Los registros dan cuenta de que la firma de Damiani –J.P. Damiani y Asociados- ha actuado como intermediaria de cientos de sociedades registradas en el portafolio del bufete panameño.

Los archivos filtrados dejan en evidencia que lo que a menudo es llamado “el juego hermoso”, también podría ser denominado el juego de las corporaciones de fachada y los paraísos fiscales. Los documentos develan entidades offshore utilizadas por varios futbolistas, dueños de equipos, directivos de ligas, agentes deportivos y clubes de fútbol para mover dinero offshore.

Estos hallazgos son el resultado de una investigación de un año realizada por el ICIJ, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y otros medios asociados (entre ellos CIPER). Los periodistas que indagaron en los más de 11 millones de registros de los archivos internos de Mossack Fonseca se encontraron con nombres tan importantes como el del mejor jugador del mundo: el rosarino Lionel Messi.

EL “MEGA STAR” DEL BARCELONA

La estrella del Barcelona, cinco veces premiado como jugador del año, y su padre, Jorge Horacio Messi, están acusados en España por haber utilizado compañías offshore en Bélice y Uruguay que les permitieron no pagar millones de dólares en impuestos.

Además de las compañías que las autoridades españolas ya les habían detectado en Bélice y Uruguay, los registros del bufete Mossack Fonseca revelan que Messi y su padre eran propietarios de otra compañía más en Panamá: Mega Star Enterprises.

Lionel Messi y su padre (Fuente: elnacional.com)

La primera referencia a esta nueva compañía aparece en los archivos de Mossack Fonseca el 13 de junio de 2013, un día después de que los fiscales españoles establecieron cargos de fraude tributario contra los Messi. En un correo electrónico se indica que la responsabilidad de manejar esta compañía estaba siendo transferida a Mossack Fonseca desde otro agente offshore.

Menos de dos semanas después, el 23 de junio de 2013, en los registros aparece la primera mención a los Messi como dueños de Mega Star. A través de su padre, Lionel Messi rechazó hacer comentarios para esta investigación.

La información contenida en los archivos de los abogados panameños también incluye sociedades offshore de ex dueños de al menos 20 grandes clubes de fútbol, entre ellos el Inter de Milán y Boca Juniors de Argentina.

Aunque los futbolistas y los dirigentes de clubes son por lejos los nombres del mundo del deporte que más se repiten en los documentos filtrados, estos también incluyen a atletas actuales y en retiro de otras disciplinas.

“A través de los años, hemos visto una penetración cada vez mayor de las finanzas offshore en los deportes, lo que creemos va en detrimento del juego”, dijo George Turner de la Tax Justice Network, un grupo con base en Londres que aboga por la justicia en los impuestos. Y acotó: “Si la competencia deportiva la estamos alejando de la habilidad y el talento de los jugadores, y la estamos llevando al talento y a la habilidad de contadores, abogados, banqueros y ejecutivos, pronto el deporte se convertirá en algo sin interés”.

ÉTICA EN EL FÚTBOL

El escándalo de corrupción de la FIFA estalló en 2015 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó que empresarios habrían sobornado a dirigentes del fútbol para obtener términos favorables en los derechos de transmisión de torneos del organismo mundial de ese deporte.

Cuatro de los 16 directivos de la FIFA acusados en Estados Unidos utilizaron compañías offshore creadas por Mossack Fonseca, al igual que cuatro empresarios vinculados al mismo caso de corrupción en el fútbol, según muestran los registros filtrados.

Dos de los empresarios acusados en Estados Unidos de fraude y lavado de dinero en este escándalo -Hugo y Mariano Jinkis-, aparecen vinculados en estos registros a la compañía Cross Trading S.A., originalmente constituida en la pequeña isla de Niue, en el Pacífico, en 1998. Ocho años más tarde, en 2006, se cambió a Nevada como Cross Trading LLC.  En los registros filtrados Hugo Jinkis aparece como “beneficiario” de la compañía cuando ya se instaló en Nevada.

Hugo y Mariano Jinkis

Esos mismos archivos  muestran que la firma de Juan Pedro Damiani trabajó para Cross Trading tanto en Niue como en Nevada, manejando la correspondencia de esta sociedad offshore y asesorándola sobre si tendría que pagar impuestos en Nevada. Luego de que la compañía se mudara a Nevada, los registros identifican a Damiani como “beneficiario principal” de Cross Trading, pero no está claro lo que eso significa. Es posible que haya sido designado en esa posición temporalmente, mientras la nueva estructura de la compañía estaba siendo organizada.

Los vínculos de Damiani con Cross Trading no eran inusuales. De acuerdo a los documentos filtrados, Damiani y su firma -J.P. Damiani y Asociados- actuaron como intermediarios para cientos de compañías registradas con Mossack Fonseca.

Entre ellas hay cinco compañías offshore propiedad del uruguayo Eugenio Figueredo, el ex vicepresidente de FIFA arrestado en Zurich en mayo de 2015. La firma de Damiani también actuó como intermediaria para una compañía sobre la que Figueredo tenía autoridad como abogado y otra para la cual el mismo dirigente y miembros de su familia servían como directivos y directores.

Figueredo ha sido acusado de formar parte de un complot de sobornos en el que ejecutivos de medios de comunicación y marketing debían pagar más de US$100 millones a cambio de los derechos de la Copa Libertadores, la Copa América y la Copa Sudamericana.

En otro juicio que se abrió en Uruguay, Figueredo ya se declaró culpable de fraude y lavado de dinero.

MÁS FIGURAS DE LA FIFA

Una de las más grandes figuras del fútbol mundial que aparece en los documentos del bufete panameño, es Michel Platini, quien fuera estrella de la selección de fútbol de Francia y uno de los dirigentes clave en el escándalo de la FIFA en 2015. Platini recurrió a Mossack Fonseca para que lo ayudaran a administrar una compañía offshore creada en Panamá en 2007, el mismo año en que fue nombrado presidente de la Asociación Europea de Fútbol (UEFA). Platini tenía autoridad total para controlar la sociedad Balney Enterprises Corp., que seguía activa en marzo de 2016, según el registro comercial de Panamá.

Platini, miembro de larga data del Comité Ejecutivo de la FIFA, ya ha sido castigado con una suspensión de seis años para ocupar cargos directivos, debido a un sospechoso pago de US$2 millones que recibió de la FIFA en 2011.

Un abogado de Platini dijo que su cliente es ciudadano suizo y destacó que sus “cuentas bancarias, inversiones y bienes son conocidos por las autoridades suizas”.

Jérôme Valcke, secretario general de la FIFA desde 2007 hasta que fue suspendido por acusaciones de corrupción en septiembre de 2015, también aparece en los documentos filtrados. Valcke figura como dueño de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas: Umbelina S.A., creada en julio de 2013.

“Publiquen lo que quieran”, escribió Valcke en un correo electrónico en el que respondió a las preguntas para este artículo. “La compañía ya no existe y nunca tuvo fondos propios, nunca tuvo una cuenta bancaria y nunca tuvo actividad comercial alguna”.

Los archivos de Mossack Fonseca también proveen detalles sobre los contratos de transmisión de torneos por televisión suscritos por los dirigentes de la Conmebol, la confederación de fútbol de Sudamérica, con compañías acusadas por las autoridades de Estados Unidos de pagar sobornos. Los hombres que firmaron estos contratos por la Conmebol –su ex presidente Nicolás Leoz y su ex secretario general Eduardo Deluca- fueron acusados por la justicia de EE.UU. en noviembre.

EL EQUIPO DE MESSI Y BAM BAM

Los jugadores de fútbol que aparecen en los archivos de Mossack Fonseca son de Brasil, Uruguay, Reino Unido, Turquía, Serbia, Holanda y Suecia, entre otros países. La mayoría habría usado los servicios de la firma para crear sociedades offshore destinadas a guardar el dinero que ganaban vendiendo sus derechos de imagen a compañías de ropa deportiva y otras empresas publicitarias.

Lionel Messi y su padre, quien ejercía de representante de su hijo, irán a juicio a partir del 31 de mayo por cargos de fraude tributario.  Messi ya pagó impuestos atrasados al gobierno español correspondientes a los años 2007–2009. Y está acusado de no haber pagado casi US$6,5 millones en impuestos al escudar en una red offshore el dinero que percibió por sus derechos de imagen. Messi niega haber intentado engañar en forma deliberada a las autoridades fiscales.

Mega Star Enterprises, la compañía offshore que al menos desde 2013 está en manos de Messi y su padre, no ha sido mencionada en las acusaciones del gobierno español por los tributos adeudados en 2014 y 2015. Los registros filtrados de Mossack Fonseca muestran que Messi firmó un documento que refleja su estatus de dueño de Mega Star, pero que su padre, Jorge Messi, se convirtió en el único propietario de la compañía en diciembre de 2015. La sociedad está activa en el registro oficial de Panamá.

Messi no es el único futbolista connotado que ha utilizado los refugios offshore. Entre los otros nombrados en los archivos secretos figura también el chileno Iván Zamorano, que aunque ya está retirado fue incorporado por la FIFA en la nómina de los 100 mejores jugadores históricos aún vivos.

Iván Zamorano

Los derechos de imagen de Iván Zamorano eran administrados por la sociedad offshore Fut Bam International Ltd. cuando era un jugador estrella del Real Madrid en la década del ‘90. Fut Bam fue constituida en 1992 en las Islas Vírgenes Británicas, que tiene una tarifa efectiva de impuestos cero. En los registros filtrados Zamorano figura como su dueño. La sociedad está inactiva desde 2005.

Fut Bam otorgó custodia temporal de sus derechos de imagen al Real Madrid a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas (aproximadamente US$1,3 millón). El club debía pagar a Fut Bam 45 millones de pesetas en 1993 y otras 50 millones de pesetas (US$330 mil) entre 1994 y 1996.

Otro jugador que aparece en los registros de Mossack Fonseca esel argentino Gabriel Iván Heinze, ex zaguero del Manchester United y del Real Madrid, entre otros equipos.

En 2005, cuando estaba fichado en el Manchester United, Heinze creó Galena Mills Corp., también en las Islas Vírgenes Británicas. Ese mismo año firmó un contrato con Puma AG, empresa que le garantizó pagos por al menos US$1 millón durante cinco años. Los pagos de Puma fueron canalizados a través de esa compañía offshore. En los registros la madre de Heinze figuraba como dueña de la sociedad.

El trato con Puma terminó en 2008, pocos meses después de que Heinze se uniera al Real Madrid. Los archivos de Mossack Fonseca también muestran que el ex futbolista tenía una cuenta en el banco suizo UBS.

Un portavoz de Heinze dijo que “el establecimiento de Galena Mills fue parte de una estrategia de sucesión (herencia), solo en caso de que algo malo le pase a Heinze”. Y agregó que esa sociedad “pagó todos los impuestos necesarios” en los países donde debía tributar.

ESFUERZO DE EQUIPO

Los documentos secretos también dejan al descubierto cómo el club Real Sociedad de España pagó a sus jugadores con una fórmula que al parecer permitía que tanto esa institución como los futbolistas redujeran sus impuestos.

El club Real Sociedad pagó millones de dólares cada año a los jugadores extranjeros de su plantel, pero los futbolistas reportaron solo una fracción de esos ingresos al gobierno español. Así, como lo indican los archivos del bufete panameño, siete de los jugadores extranjeros del club español cobraron entre 2000 y 2008 a través de compañías y bancos en Nuie, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Holanda, Suiza y Jersey en las Islas Channel.

A las autoridades españolas se les dijo que Darko Kovacevic, un conocido futbolista serbio, ganaba alrededor de US$2.000 al mes en la Real Sociedad durante la temporada 2006-2007. Así lo informó el diario electrónico ExtraConfidential.com, que en diciembre publicó parte del reporte de la investigación de un fiscal español. En cambio, los archivos de Mossack Fonseca revelan que el equipo pagó a Kovacevic alrededor de US$1,4 millón esa misma temporada, a través de  la sociedad IMFC Licensing en Holanda.

El gerente general de la Real Sociedad, Iñaki Otegi, rehusó responder preguntas para esta investigación. Pero el encargado de prensa del club dijo: “(Otegi)me pidió que le llame a usted y le diga que este tipo de práctica, de usar compañías en el extranjero para remunerar a los jugadores extranjeros, fue y es una práctica común en todos los clubes de fútbol españoles”.

* Bastian Obermayer contribuyó en el reporteo de este reportaje y el Diario ABC Color de Paraguay en la traducción al español.

Vea además: “Los reportes de Mossack Fonseca que develan su relación con Gonzalo Delaveau”

El bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon) –utilizado por clientes de más de 200 países y territorios para crear sociedades pantalla en paraísos fiscales y jurisdicciones con sistemas tributarios blandos–, está en el centro de una polémica mundial. Y no solo por la investigación que hace semanas inició el Ministerio Público de Brasil, tras detectar que sociedades creadas por Mossfon en Panamá habrían servido para blanquear dineros desviados de la estatal Petrobras en la “Operación Lava Jato”.

El domingo 3 de abril, la delicada situación que enfrenta la firma de abogados creada en 1977 tomó un color aún más oscuro. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en conjunto con 109 medios de todo el mundo –entre ellos CIPER– dejó al descubierto los nexos ocultos que el bufete panameño ha mantenido históricamente con gobernantes, políticos, celebridades y empresarios en distintos países. También con un sinnúmero de “clientes” incluidos en listas negras internacionales, entre los que se cuentan estafadores, sospechosos de financiar el terrorismo, traficar drogas y proveer de armas a países azotados por guerras internas.

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca

Mossack Fonseca también tiene un capítulo chileno. Aunque formalmente abrió oficinas en nuestro país en diciembre de 2012 de la mano del abogado Juan Cristóbal Recart Salas, sus vínculos con Chile son de larga data y abundantes. Hasta ahora CIPER ha identificado que desde fines de los ‘70 a la fecha, la firma panameña ha sido vehículo para la creación de cerca de 200 entidades offshore vinculadas a chilenos o a extranjeros con inversiones en Chile, en jurisdicciones como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles y Nevada (USA).

En algunos casos son sociedades instrumentales con un directorio de pantalla, conformado por ejecutivos de la misma firma Mossack Fonseca o testaferros. Valiéndose del secreto bancario y la opacidad que impera en esos territorios, uno de los propósitos de estas estructuras de papel es resguardar la identidad de los reales propietarios de los dineros que administran.

Los registros que investigó CIPER y más de un centenar de medios de 76 países, corresponden a 11,5 millones de archivos secretos de Mossack Fonseca que abarcan desde 1977 a 2015. Los documentos fueron filtrados por una fuente anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el que los compartió con ICIJ que organizó el trabajo colaborativo de investigación internacional.

Los más de 11 millones de archivos de Mossfon –que contienen certificados, pasaportes, actas de directorio, documentos legales y correos electrónicos, entre otros- permiten penetrar los esquemas de ingeniería tributaria que ofrece la compañía. Y, en muchos casos, esos registros proporcionan la llave para develar el secreto mejor guardado de esas sociedades: la identidad oculta de sus beneficiarios finales.

La investigación realizada por 376 periodistas de todo el mundo –entre ellos el equipo de CIPER- ilumina el oscuro y gigantesco subsuelo del mundo financiero internacional. Según cálculos conservadores del economista francés Gabriel Zucman (autor del libro “La riqueza escondida de las naciones: cómo funcionan los paraísos fiscales y qué hacer con ellos”), en los paraísos fiscales están alojados bajo secreto –y en ocasiones de manera ilícita–, cerca de 5,8 billones de euros, lo que representa el 8% del patrimonio financiero mundial.

En Chile no se sabe con certeza el total de capitales invertidos en paraísos fiscales. La única aproximación posible es a partir de las declaraciones realizadas por contribuyentes chilenos con dineros alojados en esas jurisdicciones. En 2015, según información entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a CIPER, existían US$11.200 millones, declarados por 408 contribuyentes con inversiones en Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. La cifra equivale al total de los préstamos que hizo en el mismo año el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en toda América Latina y el Caribe.

Entre los beneficiarios chilenos de las sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca aún activas, figuran el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), y socio del ex jefe financiero de la DINA, el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga Moreno,quien ha hecho millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado (ver reportaje de CIPER); el dueño de la empresa El Mercurio S.A.P., Agustín Edwards Eastman; el ex ministro de Hacienda, candidato presidencial y hasta hace poco director de Soquimich, Hernán Büchi Buc; la familia Calderón Volochinsky, controladora de la empresa de retail Ripley; y los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, entre otros.    

Mención aparte merecen los abogados que aparecen en estos registros actuando como intermediarios entre los propietarios reales de esas sociedades y el polémico bufete panameño. Allí se encuentra el presidente de Chile Transparente (capítulo chileno de Transparencia Internacional), Gonzalo Delaveau Swett, quien ha gestionado a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de sociedades offshore con domicilio en Bahamas, desde las que se controla un millonario proyecto minero e hidroeléctrico en la V Región.

Pese al secreto y al amplio pliego de resquicios que hacen de un paraíso fiscal un poderoso imán de capitales, abrir y mantener sociedades en esas jurisdicciones no es ilegal. Pero los hechos y los mismos registros de Mossack Fonseca demuestran que los paraísos fiscales han sido suelo fértil para albergar dinero proveniente de actividades ilícitas y para burlar o disminuir la carga tributaria –vía elusión o evasión– que deben pagar los capitales en los países donde éstos fueron generados.

La información disponible en los archivos de Mossack Fonseca vinculada a Chile no arroja evidencias de ilegalidades. Para romper ese cerco, se necesitaría contar con la información bancaria completa de esas sociedades y cruzar esos registros con bases de datos del SII y del Banco Central, pero esa información por ley se encuentra bajo secreto.

De las cerca de 200 entidades offshore vinculadas a Chile y que han sido creadas por Mossack Fonseca entre 1977 y 2015, alrededor de 70 están aún activas según los registros a los que tuvo acceso CIPER. A la mayoría de sus beneficiarios CIPER les envió una carta explicándoles de qué trataba la investigación y preguntándoles si sus sociedades offshore siguen activas; si éstas son poseedoras de cuentas corrientes; y si los dineros vinculados a esas cuentas se habían acogido o no a la repatriación de capitales durante 2015.

De las 50 cartas enviadas (muchos de los clientes de Mossack Fonseca tienen más de una sociedad),12 fueron contestadas.

 “UNA GRAN LAVADORA DE DINERO”

La firma de abogadosMossack Fonseca fue fundada en 1977 en Panamá por los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, quien el 11 de marzo congeló su función de ministro consejero del gobierno del Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, luego de que su firma fuera acusada de ser el eslabón de una operación de lavado de dineros provenientes del gigante brasilero Petrobras. Uno de los fiscales del caso, Carlos dos Santos Lima, catalogó a la firma como una “gran lavadora de dinero” (ver aquí).

Mossfon se define como una compañía líder en proveer servicios legales, fiduciarios y contables a clientes de todo el mundo. Cuenta con cerca de 500 colaboradores y 44 oficinas. En simple, lo que hace la firma es ofrecer a personas naturales y jurídicas la creación de estructuras offshore –sociedades, fideicomisos y fundaciones de interés privado– en territorios con sistemas poco transparentes para la administración de sus capitales bajo total discreción. Anguila, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Nevada (USA), Panamá y Seychelles, son un puñado de las más de 15 jurisdicciones con las que trabaja Mossack Fonseca.

Los registros a los que tuvo acceso CIPER por intermedio del diario Süddeutsche Zeitung e ICIJ, dan cuenta que desde su fundación a la fecha, Mossack Fonseca ha creado al menos 214.488 entidades offshore para clientes de más de 200 países y territorios.

Desde hace algunos años, Mossfon se ha visto envuelta en sucesivas polémicas. Fue el intermediario para la creación de 123 sociedades de papel domiciliadas en el estado de Nevada (Estados Unidos), cuya propiedad ha sido atribuida al empresario vinculado a la familia Kirchner Lázaro Báez.

Los archivos filtrados de Mossack Fonseca también conducen a sociedades creadas por el círculo cercano del Presidente ruso Vladimir Putin, se adentran en los secretos de la FIFA yevidencian cómo familiares de líderes mundiales, como el Primer Ministro británico David Cameron, y celebridades como Lionel Messi, han encontrado en los paraísos fiscales un albergue confiable para depositar sus riquezas.

Los documentos también conectan a la firma con al menos 33 personas naturales y jurídicas incluidas en listas negras del gobierno estadounidense por sus vínculos comerciales con carteles de droga en México y con traficantes de diamantes en África, con organizaciones terroristas como Hezbollah, y con países como Corea del Norte e Irán (ver reportaje central de ICIJ).

LOS CHILENOS DE MOSSFON

El martes 22 de marzo, CIPER contactó por teléfono y correo electrónico al abogado tributarista Juan Cristóbal Recart (del estudio Recart, Bilbao, Villalobos), quien desde diciembre de 2012 representa a Mossack Fonseca en Chile. El propósito era pedirle su versión sobre la información a la que tuvimos acceso. El  abogado se excusó señalando que el jueves de esa semana tenía un viaje, aunque se mostró dispuesto a conversar a su regreso (con posterioridad a la publicación de este reportaje). CIPER insistió en la urgencia de la cita, pero Recart no volvió a responder.

Yate “Anakena” (Royal Huisman)

De quien sí recibimos respuesta fue de Felipe Lyon, en calidad de apoderado de Agustín Edwards Eastman, dueño de El Mercurio S.A.P. y beneficiario de la sociedad offshore Aladin Marine Corporation, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas desde mayo de 1994. Aladin Marine Corporation sería la propietaria del yate “Anakena” (40 metros de eslora y 150 toneladas), propiedad de Edwards, y construido por el prestigioso astillero holandés Royal Huisman.

En su respuesta a CIPER, Lyon –quien junto a María Luisa del Río, esposa de Edwards, tiene desde diciembre de 2014 poder para representar a esta sociedad– señaló que Aladin Marine Corporation era “una sociedad holding de inversiones” y que la totalidad de sus activos están radicados en Estados Unidos. Agregó además que las inversiones de la sociedad en el extranjero, se habían financiado “con fondos tributados en Chile” y con ingresos provenientes de “su trabajo (de Edwards) en una empresa norteamericana, durante la época en que debió abandonar el país por razones de seguridad personal y de su familia”.

La empresa norteamericana a la que refiere Lyon es Pepsico Inc., compañía de la cual Agustín Edwards fue vicepresidente entre 1970 y 1975. Edwards llegó a Estados Unidos en septiembre de 1970, pocos días después de que Salvador Allende fuese electo presidente. Archivos desclasificados en mayo de 2014 por Estados Unidos revelaron la reunión clave que tuvo Edwards con el jefe de la CIA, Richard Helms el 14 de septiembre de 1970. Esa mañana, Edwards tomó desayuno en Washington con Henry Kissinger, entonces asesor de Seguridad del presidente Richard Nixon y fue el propio Kissinger quien le pidió al jefe de la CIA que se reuniera ese mismo día con Edwards para que lo informara de la situación en Chile. En esa reunión participó además de Helms y Agustín Edwards, el presidente de Pepsi Cola, Donald Kendall (amigo de Nixon).

La desclasificación del “memcon”, la transcripción oficial de lo que se habló en esa reunión, reveló que la cita fue clave en el impulso que se le dio a partir de ese día a la acción desestabilizadora emprendida por el gobierno de Nixon en contra de Allende. Al día siguiente (15 de septiembre), el propio Nixon ordenó a Helms iniciar un conjunto de acciones encubiertas para “hacer que la economía chilena chille” y así provocar un golpe para evitar que Salvador Allende asumiera la presidencia (ver reportaje de CIPER).

Alfredo Ovalle

Agustín Edwards no es el único empresario chileno con vínculos con Mossack Fonseca. Los registros secretos del bufete panameño muestran cómo el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle Rodríguez, montó una compleja estructura offshore en Panamá para administrar los capitales que generan sus inversiones en Chile, principalmente las relacionadas al grupo minero Las Cenizas.

En 1976 Ovalle, junto a su socio Raimundo Langlois Vicuña (ambos abogados), crearon la primera de una serie de empresas con el jefe del Departamento Financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren, ex oficial de Armada y amigo de Manuel Contreras. Algunas de esas sociedades fueron constituidas cuando Olavarría controlaba el aparato financiero de la policía secreta del régimen de Pinochet. Ovalle fue también el nexo entre Olavarría y el ex presidente panameño entre 1990 y 1994, Guillermo Endara Gallimany, a quien había conocido en Nueva York en la década de los ‘60. El mismo año en que Ovalle y Olavarría pusieron en marcha su primer emprendimiento, Endara constituyó varias sociedades pantalla para la DINA en Panamádestinadas a financiar la Operación Cóndor (ver reportaje de CIPER).   

Mossack Fonseca fue el vehículo con el que Ovalle creó en 1987 la sociedad Sierra Leona, con domicilio en Panamá. Parte de las acciones de esa sociedad se emitieron al portador y otro tanto a nombre de otras dos compañías también registradas en ese país: Thames Global Corporation y Blue Hill Group Incorporated.

Sierra Leona es a su vez propietaria o tiene participación en una serie de empresas mineras, agrícolas y de inversiones en Chile de las que Ovalle es dueño.  En octubre de 2008 todas las acciones de Sierra Leona fueron traspasadas a una nueva estructura creada en Panamá por el ex timonel de la CPC: la Fundación Bello Amanecer. En palabras de la propia firma Mossack Fonseca, una fundación offshore ofrece la posibilidad de mantener con mayor resguardo “la confidencialidad respecto del propietario de los capitales, incluso una vez disuelta”, “puede funcionar como un holding” y “como vehículo para recaudar royalties y otro tipo de retornos”, entre otros beneficios.

Raimundo Langlois

Alfredo Ovalle ha tomado todas las precauciones para mantener su identidad lo más desconectada de las entidades offshore que controla. La administración de Sierra Leona está en manos de un “directorio pantalla” conformado por ejecutivos de la propia Mossack Fonseca. Los mismos nombres se repiten una y otra vez en los directorios de cientos de sociedades creadas por el bufete panameño en distintos paraísos fiscales. Este directorio ficticio, con poderes para representar a la sociedad, recibe instrucciones de manera remota (por email) para formalizar en actas las decisiones que se toman en Chile respecto de reestructuraciones, aumentos de capital, apertura de cuentas bancarias y otras operaciones financieras.

Sierra Leona ha abierto cuentas corrientes con distintos bancos, como el HSBC, Credit Suisse y Multibank, domiciliados en Panamá. En los papeles de Mossack Fonseca no existen registros que permitan cuantificar el monto de los capitales que Ovalle maneja en ese país, aunque un correo electrónico de octubre de 2012 ofrece una aproximación.

El 16 de octubre, un alto ejecutivo de Mossfon le escribió a una subgerente del Credicorp Bank de Panamá explicándole que tenía un cliente chileno muy importante (Alfredo Ovalle) que necesitaba abrir una cuenta corriente. “Las sociedades son tenedoras de acciones de unas empresas chilenas que a su vez poseen acciones en una compañía minera allá en Chile. Las sociedades panameñas y las cuentas que tengan, se usan para recibir sus dividendos respectivos. ¿Tiene el Credicorp Bank algún reparo con esto? (…) El promedio sería de 1MM anualmente (NdR: un millón de dólares)”.

Ni Alfredo Ovalle ni Raimundo Langlois respondieron a CIPER.

Hernán Büchi Buc

Otro de los clientes de Mossack Fonseca es el ex ministro de Hacienda de Pinochet, ex candidato presidencial y director de Soquimich (dejará el cargo a fines de abril), Hernán Büchi Buc. En los registros del bufete panameño, Büchi aparece como accionista de Compton Investment Inc., sociedad registrada en Seychelles en enero de 2011 y cuya directora es la abogada argentina y esposa del ex ministro, María Eleonora Urrutia. La sociedad se abrió a través de las oficinas de Mossack Fonseca en Montevideo, Uruguay, y según los registros aún se mantiene activa. En octubre de 2012, la mitad de las acciones de Compton fueron absorbidas por la sociedad Deleo International Corp., con domicilio en Islas Vírgenes Británicas, a la que los archivos de Mossfon identifican como “propietaria de inmuebles fuera de Uruguay”.

La abogada Urrutia respondió a las consultas de CIPER: “No soy ciudadana chilena y, dado mi estatus, no me ha correspondido tributar en Chile en base a mi renta global”. Además señaló que la sociedad de Seychelles no tiene cuentas bancarias en ninguna jurisdicción offshore.

COBRE, CARBÓN Y APUESTAS

Entre los papeles de Mossack Fonseca hay registro de una serie de otras sociedades offshore vinculadas a empresarios y abogados chilenos. Entre ellos figura el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett. El abogado mantiene una relación con la firma panameña desde al menos 2006, cuando integraba el estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz. Delaveau, socio del estudio Honorato-Delaveau, es también director de la minera Andes Copper, compañía de capitales canadienses y titular del proyecto Vizcachitas para la extracción de cobre y molibdeno en Putaendo (V Región). El proyecto –que contempla la instalación de una hidroeléctrica de pasada– tiene en pie de guerra a la comunidad local por el uso intensivo que hará la minera de los recursos hídricos de la zona.

Gonzalo Delaveau

Mossack Fonseca aparece como el agente de al menos cinco sociedades offshore con domicilio en Bahamas vinculadas a Andes Copper y en las que el abogado Delaveau ha tenido un rol clave en calidad de director o secretario de algunas de ellas: Turnbrook Corporation (mayo de 2006), DK Corporation (mayo de 2011),  Heatlhey International Inc. (agosto de 2011), Turnbrook Mining Ltd. (diciembre de 2011) y Vizcachitas Ltd. (existe desde 2006, pero fue incorporada en diciembre de 2013 a los registros de Mossfon).

Según información financiera de Andes Copper, Turnbrook Mining Ltd. posee el 51,6% de la minera, en la que también participa como director el empresario chileno Eduardo Covarrubias Noé.

Ambos, Delaveau y Covarrubias, contestaron a CIPER señalando que no eran los beneficiarios de esas sociedades, sino que solo participaban en calidad de directores de algunas de ellas. El presidente de Chile Transparente dijo que solo era director en Turnbrook Mining, y que su relación con las otras sociedades era “por temas profesionales en mi calidad de abogado o secretario de las mismas”.

El empresario Isidoro Quiroga Moreno, dueño del holding Asesorías e Inversiones Benjamín, también recurrió a los servicios de Mossack Fonseca. Quiroga, con importantes inversiones en los rubros minero, hidroeléctrico y salmonicultura, entre otros, ha logrado amasar parte de su fortuna en el desregulado mercado del agua en Chile. Una investigación de CIPER reveló que Quiroga es propietario de enormes cantidades de agua desde Antofagasta a Coihaique. En los últimos años, Quiroga ha ingresado a su holding cerca de US$25 millones por la venta de derechos de agua entregados gratuitamente por el Estado (ver reportaje de CIPER).

Asesorías e Inversiones Benjamín participa de tres sociedades offshore creadas en Panamá y que en 2012 se incorporaron al portafolio de  Mossack Fonseca: Carbones Andinos, Metalúrgicos de Colombia y Rivergate Properties.

La respuesta del empresario a CIPER señala: “El año 2008, a través de una filial de Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., celebré determinados contratos mediante los cuales ingresé, junto a otros inversionistas chilenos y colombianos, a la propiedad de esas sociedades. Se trató de una inversión en capital de riesgo para el desarrollo y potencial explotación de minas de carbón ubicadas en Colombia”. Luego puntualizó que los resultados de su inversión no fueron los esperados “generando solo pérdidas para mí y los demás inversionistas que participaron de este negocio”.

Los hermanos Luis y Lientur Fuentealba Meier, controladores del Casino de Talca a través de la Corporación Meier SAC (con inversiones también en Perú) y dueños de Australis Limitada, dedicada a la comercialización de máquinas tragamonedas y mesas de juego, han tenido una prolífica relación con Mossack Fonseca. Según sus estados financieros, el Casino de Talca obtuvo ganancias por sobre los $1.200 millones en 2015. En los papeles del bufete panameño, los hermanos Fuentealba aparecen vinculados –como propietarios o representantes– a seis sociedades offshore con domicilio en Nevada, Panamá e Islas Vírgenes Británicas: Bluefield Management LLC (septiembre de 2002), Lyon Investment Group LLC (julio de 2004), Ivory Holding Services (septiembre de 2004), Drywood Ventures (agosto de 2005), Astoria Company Design (agosto de 2005) y Lynton Trading Ltd. (octubre de 2010).

En mayo de 2012, uno de los accionistas minoritarios del Casino de Talca impugnó los estados financieros de la compañía, acusando que el arriendo de los tragamonedas se hacía a precios fuera de mercado, que se habían pagado asesorías sin aprobación del directorio y que existían deudas por pagar que no correspondían al casino, sino a sus socios mayoritarios. El tenedor de una de esas deudas, por un monto de $2.304 millones, era precisamente la Corporación Meier SAC, según informó El Mostrador.

Lientur Fuentealba respondió a CIPER señalando que hace 15 años planificó proyectos de negocios en el extranjero para lo que creó algunas sociedades como vehículos de inversión. Agregó que esos proyectos de negocios ya no están vigentes y si bien señala “no recordar los nombres de las sociedades, ni haber participado en ellas”, asegura que todas “se sometieron plenamente a la legalidad”.

RIPLEY Y ANDES TASK

Jorad Trading Inc. y Woodfell International Corp., registradas por Mossack Fonseca en agosto de 2002 y abril de 2012 respectivamente en Islas Vírgenes Británicas, son sociedades ligadas a los hermanos Andrés, Lázaro, Michel y Verónica Calderón Voloshinsky. A través de Inversiones R Matriz Limitada y de Inversiones International Funds S.A., la familia Calderón controla el 53% de las acciones de la empresa de retail Ripley Corp., la que en 2014 obtuvo utilidades cercanas a los $44.600 millones.

Ripley Corp. es, a su vez, propietaria del 40% de Woodfell International, sociedad que comercializa la marca de ropa Forever 21 en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Los registros de Mossfon indican que Jorad Trading se dedica al negocio de la exportación e importación en Chile, Perú y China.

En diciembre del año pasado, el SII se querelló contra Alberto Calderón Crispín, uno de los fundadores y accionistas principales de Ripley (padre de los hermanos Calderón Voloshinsky), por una serie de operaciones que tuvieron lugar en 2008. Se le acusa de que junto a su fallecido hermano Marcelo habrían constituido una sociedad acogida a un régimen simplificado de tributación, pese a que no cumplía con los requisitos, con el fin de no pagar los impuestos a utilidades generadas durante la venta de un paquete de acciones. En su primera denuncia, de 2014, el SII calculó que se habían evadido US$22,3 millones. La querella incluye a Jorge Andrés Saieh y Pilar Dañoboitía, ambos directivos del Grupo Saieh (principal financista de CIPER), que fue el que compró las acciones de Ripley Corp.

Desde Ripley no respondieron a CIPER. La empresa también está bajo la lupa del Ministerio Público luego de que rectificó ante el SII una serie de pagos por servicios no prestados y que habrían servido para financiar campañas políticas.

El escándalo del financiamiento irregular de la política y que investiga el Ministerio Público llegó hasta las oficinas de los ejecutivos de Mossack Fonseca en Panamá, A fines de 2015, evaluaron integrar a su portafolio a la sociedad offshore Unioncuatror Ventures Corp., con registro en Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario de Unioncuatror es el contralor de Sigdo Koppers y propietario de la empresa Andes Task Consulting, Alejandro Reyes Pizarro.

Andes Task saltó a la palestra a mediados de 2015 cuando se descubrió que los pagos de bonos por desempeño de los dos principales ejecutivos de Chilevisión, canal de TV que en 2010 aún controlaba el ex presidente Sebastián Piñera, se hicieron a través de otras empresas, entre ellas Andes Task. Lo grave fue que los dos ejecutivos reconocieron no haber prestado servicios para esas empresas y que facturaron para ellas por instrucciones del gerente de Bancard, sociedad de Piñera. La historia fue ampliamente difundida por los medios de comunicación en los que se recogió la tesis de que Andes Task habría sido parte de un esquema de triangulación de dineros para financiar la campaña del ex presidente.

En esos momentos en el bufete panameño se evaluaba la incorporación de Unioncuatror a su portafolio, por lo que los ejecutivos de Mossack Fonseca decidieron averiguar si el propietario de esta sociedad era el mismo que el de Andes Task. En los registros filtrados está el correo electrónico con la respuesta que envía la empresa que hizo el vínculo entre Unioncuatror y Mossack Fonseca: se trata de la misma persona, pero Alejandro Reyes es un cliente de nuestra entera confianza. Y agrega: “si alguno de los rumores mencionados por este blog de internet (NdR: se refiere a un artículo de El Mostrador) tuviese alguna posibilidad de ser cierto, se hubiera recomendado dejar de trabajar con el cliente”.

En los registros de Mossfon no es posible confirmar si la sociedad quedó finalmente bajo su dominio.

AUTOS, FÚTBOL Y AVIONES

Los registros de Mossack Fonseca muestran también cómo importantes empresarios extranjeros han solicitado sus servicios para crear sociedades offshore que controlen sus inversiones en Chile. El caso más llamativo es el del magnate ecuatoriano Juan Eljuri Antón, titular de uno de los grupos empresariales más importantes de ese país (con cerca de 160 empresas, según artículos de prensa local).

Eljuri es el beneficiario final de la sociedad panameña Bostick International, la que a su vez es propietaria del 100% de las acciones de Autoeastern Chile SpA., constituida en nuestro país en enero de 2015, y representante de Nissan. En su respuesta a CIPER, el gerente general de Autoeastern, Eduardo Saucedo, señaló que la sociedad “fue constituida para formar parte de una sociedad chilena que gira en el rubro de la venta y distribución de vehículos. Bostick no mantiene cuentas corrientes ni fondos de ninguna naturaleza ni en Panamá ni en ningún paraíso fiscal”.

René Kreutzberger, hermano y socio del popular animador de televisión “Don Francisco”, es otro de los empresarios que ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca para administrar sus inversiones. Kreutzberger, su esposa e hijos, aparecen como beneficiarios de: el trust Mashe Nishar registrado en Islas Vírgenes Británicas (2011) y las empresas filiales con domicilio en la misma jurisdicción Gracias a la Vida (2011) y Kingsfield Enterprise Limited (2012). Una tercera sociedad, Producciones RK Group Inc. (2012), tiene domicilio en Panamá. Parte de estas sociedades, según los registros de Mossack Fonseca, se dedican a administrar negocios inmobiliarios en República Dominicana. Kreutzberger, quien ha constituido en Chile una serie de sociedades de inversión, agrícolas, de comercio y producción televisiva, no respondió a CIPER.

Los clientes chilenos “insignes” de Mossack Fonseca no se remiten únicamente al ámbito empresarial. La firma panameña ha sido utilizada por reconocidos futbolistas en varias partes del mundo. Los registros de Mossfon evidencian que cerca de 20 jugadores de equipos como el Manchester United, el Barcelona y el Real Madrid, han tocado las puertas del bufete para crear sociedades offshore. Uno de ellos es la estrella blaugrana y de la selección argentina, Lionel Messi, quien enfrenta acusaciones en España por delitos tributarios (ver historia de ICIJ sobre la FIFA).

Iván Zamorano

En la lista de estrellas del fútbol que han abierto sociedades offshore con Mossack Fonseca, figura el ex capitán de la selección chilena Iván Zamorano. Aunque su sociedad Fut Bam International Ltd, creada en 1992 en Islas Vírgenes Británicas no está activa desde 2005, fue a través de ella que administró sus derechos de imagen mientras fue jugador del Real Madrid (1992-1996). Fut Bam otorgó custodia temporal de esos derechos al Real Madrid a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas (US$ 1,3 millón aproximado).

Otra de las sociedades abiertas por Mossack Fonseca para clientes chilenos fue Air Management Inc., creada en Panamá en febrero de 2002, cuyo titular fue el fallecido empresario Jurgen Paulmann, fundador y controlador de la aerolínea Sky Airline. Directores de esa sociedad –que fue disuelta en noviembre de 2006- eran José Manuel Rebolledo (fue presidente de la aerolínea) y Juan Fernando Uauy (fue accionista de Sky).

LÍOS NOVENTEROS

Quien también aparece en los papeles de Mossack Fonseca con una sociedad inactiva (desde abril de 2009) es el ex gerente general de Edesur, filial de Enersis, Alfonso Torrealba Ugarte. En septiembre de 1997 Torrealba creó la sociedad Discosa International Corp. en Islas Vírgenes Británicas, justo un mes después de que un grupo de ejecutivos de Enersis (“los gestores clave”) –entre los que se encontraba José Yuraszeck, Marcos Zylberberg y el propio Torrealba– concretara la millonaria operación de venta de acciones preferentes a la española Endesa, capítulo conocido como el “Caso Chispas”.

Luis Enrique Yarur

En mayo de 1999, los protagonistas del jugoso negocio por el que serían sancionados años después, crearon Prospecta, con una capital de US$3,5 millones y a través de la cual se presume canalizaron las platas obtenidas de manera irregular tras la venta de las acciones. Es precisamente a través de una dirección de email de esa sociedad (prospecta.cl) que Torrealba se comunicó con los ejecutivos de Mossack Fonseca. Discosa International era la titular de una cuenta corriente que el ex ejecutivo de Enersis abrió en la sucursal del banco HSBC en Suiza. Allí, al menos hasta 2007, Torrealba tenía depositado cerca US$1 millón, de acuerdo a datos filtrados de esa entidad financiera (ver reportaje de CIPER).

En los registros de Mossack Fonseca también aparece con una sociedad inactiva desde 2008, Luis Enrique Yarur, presidente y controlador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). Yarur fue el beneficiario de la sociedad Westhill Investment, creada en agosto de 1994 en Panamá. En los archivos de Mossfon hay registros que dan cuenta de una serie de millonarios préstamos realizados (uno por US$6 millones y otro por US$59,5 millones) en 1996 por el Chase Manhattan Bank (hoy JP Morgan Chase Bank) a Westhill Investment y en los que actuó como aval Inversiones Petro S.A., el brazo a través del que históricamente los Yarur han controlado su holding familiar.

Dos años antes, coincidentemente con la creación de Westhill, Luis Enrique Yarur había iniciado la toma de control del BCI comprando acciones, según versiones de prensa, a un precio 50% inferior al valor de su transacción en Bolsa. Según El Mostrador, la operación habría sido concretada fuera del país, evitando así el pago de impuestos en Chile.

GIMNASIA TRIBUTARIA

En febrero de 2015, el economista Claudio Agostini enumeró una serie de maniobras elusivas posibles de realizar utilizando sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales. Entre ellas, evitar el pago del impuesto a la herencia, la prestación de servicios ficticios a sociedades relacionadas al mismo propietario con domicilio en Chile o que esas mismas sociedades offshore funjan como prestamistas de las sociedades locales con altas tasas de interés, permitiendo que los dineros salgan legalmente del país. También se refirió a la utilidad que prestan las sociedades offshore a altos ejecutivos de grandes compañías para recibir millonarios bonos exentos del pago de impuestos (ver entrevista en CIPER).

En efecto, en algunos de los millones de archivos secretos de Mossack Fonseca se discuten esquemas de planificación tributaria que apuntan en esa misma dirección. En abril de 2006, tras visitar distintos estudios de abogados chilenos, la ejecutiva de Mossack Fonseca que condujo las reuniones informó a su casa matriz que una de las oficinas que visitó estaba muy interesada en lograr un acercamiento con ellos: “Varios clientes quieren sacar sus dineros a algún paraíso fiscal como Panamá, y no quieren que los mismos o sus utilidades vuelvan a Chile, pues tendrían que pagar los impuestos de internación o de herencia. También quieren absoluta confidencialidad”.

Claudio Agostini

Las prácticas elusivas a que se refiere Agostini quedan en evidencia en varios de los correos electrónicos del registro de Mossfon. En 2009 una empresa mexicana de outsourcing quería pagar bonos a sus ejecutivos, lo que implicaba un gasto mensual de US$350 mil. Mossfon le sugirió crear sociedades en Chile que facturaran a la empresa mexicana para así aminorar la carga tributaria (Chile y México tienen un tratado para evitar la doble tributación). En el correo electrónico que CIPER halló en los registros de Mossack Fonseca se lee: “Gracias al tratado, la retención en México es nula o muy mínima (…) sé que lograremos hacer que en Chile el impuesto sea nulo o muy bajo. El dinero podría triangularse hacia Paraguay, pero previendo que a la larga se puede enviar a Panamá para depositarse en las cuentas offshore de los ejecutivos de esta empresa”, escribió un abogado del bufete panameño.

Los tratados para evitar la doble tributación que ha firmado Chile con 25 países (ver listado aquí), le abrieron el apetito a los abogados de Mossack Fonseca que vieron en nuestro país una plataforma para “triangular dineros”. Así queda en evidencia en un correo electrónico de abril de 2010 enviado por una alta funcionaria de Mossfon a un abogado de un estudio chileno: “La idea del uso de la sociedad de Chile es poder facturar desde allí hacia países que hayan firmado para evitar doble tributación. Al facturarse por servicios, trabajos y comisiones, la retención impositiva en el país desde donde viene el pago sería cero, o una retención impositiva muy baja (…) en Chile sabemos que habrá que recibir el dinero y realizar entonces una planificación tributaria”.

Otro ejecutivo de Mossack Fonseca que interviene en esta misma cadena de correos, cita el caso de un cliente de Ecuador que quiere reducir sus compromisos tributarios: “Lo único que necesita el ecuatoriano es poder recibir una factura de una empresa chilena, por cifras que rondan los US$500.000 o US$1 millón, y demostrar de alguna forma que el dinero se ha enviado a esa empresa chilena (…) Sabemos que se trata de una forma quizá un tanto ‘agresiva’ de eludir el pago de tributos. Nuestras disculpas por lo atrevido de este esquema”.

Otros correos dan cuenta de los métodos de Mossack Fonsaca para garantizar el secreto de sus prácticas. El 25 de mayo de 2012, el entonces embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, se contactó directamente con uno de los fundadores de la firma, Jurgen Mossack. Le contó que iba a recibir a una delegación de la Cámara Chilena de la Construcción, varias empresas con una facturación que “oscila entre US$100 millones y US$150 millones”, y le solicitó analizar la posibilidad de que algún ejecutivo de Mossfon los instruyera sobre el “marco legal para las inversiones privadas”.

El embajador Labbé adjuntó una lista con las visitas que conformarían la delegación. Al ver que en la nómina venía un periodista de El Mercurio, uno de los ejecutivos de la firma envió un correo electrónico interno advirtiendo: “Lamentablemente no podremos tocar esquemas de planeación tributaria, para no ser malinterpretados”.

PANAMÁ, LA VEDETTE

La información analizada por CIPER revela que la plaza preferida por los clientes de Mossfon vinculados a Chile es Panamá: los registros históricos arrojan hasta el momento 91 sociedades offshore ligadas a chilenos o extranjeros con inversiones en nuestro país. Le siguen las Islas Vírgenes Británicas, con 55 sociedades; Bahamas con 16; Seychelles con 15 y Nevada con 14. El resto de entidades se reparten entre Anguila, Wyoming (USA)y Costa Rica. La mayoría de estas jurisdicciones integran la lista de países o territorios considerados paraísos fiscales o regímenes preferenciales nocivos, según el Decreto Supremo N° 628 de 2003 del Ministerio de Hacienda (ver decreto).

CIPER solicitó vía Ley de Transparencia a Impuestos Internos los montos declarados en 2015 por chilenos en paraísos fiscales. La cifra alcanza a $7.618.899.844.633 (equivalentes a US$11.204 millones) y corresponde a 408 contribuyentes con inversiones en 20 territorios. Los dineros se encuentran concentrados principalmente en tres jurisdicciones: Panamá con $2.605.969.731.405 (US$3.832 millones), Islas Caimán con $2.071.289.206.861 (US$3.046 millones) e Islas Vírgenes Británicas con $1.539.211.891.834 (US$2.263 millones) (ver respuesta del SII).

La concentración de sociedades en Panamá que muestran los registros de Mossack Fonseca y de capitales, según la información del SII, no es casual. El país centroamericano es el único de Latinoamérica que se ha negado a avanzar en la eliminación del secreto bancario. Así lo señaló a El Pulso en su última visita a Chile el director del centro de políticas y administración fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, responsable de impulsar una estrategia multilateral conocida como BEPS (Base Erosion and Profit Shifting),  que busca avanzar en el intercambio automático de información para combatir la raíz de la elusión tributaria.

El presidente panameño Juan Carlos Varela, hasta hace poco asesorado por uno de los propietarios de la firma de abogados, Ramón Fonseca, señaló que su país continuará subscribiendo acuerdos de intercambio de información, pero solo bilaterales y con sus principales socios comerciales. Así, descartó sumarse a esta iniciativa multilateral.

CÓMO CREAR UNA OFFSHORE

Crear una sociedad offshore en un paraíso fiscal toma poco tiempo. Cinco o seis días hábiles hasta que quede inscrita en la jurisdicción escogida. En casos de mayor urgencia, Mossack Fonseca ofrece una vía express, adquirir una “shelf company”: una “sociedad de reserva” ya inscrita en algún paraíso fiscal, con un directorio nominal ya conformado y “virgen” desde el punto de vista comercial.

Los costos varían dependiendo del tipo de estructura offshore que el cliente pida. Tomemos el ejemplo de Panamá con una “shell company”: una sociedad totalmente nueva. Según la tabla de precios de Mossack Fonseca para “clientes profesionales” (estudios de abogados que actúan como intermediarios entre el beneficiario y la firma panameña), adquirir una sociedad en Panamá cuesta US$1.235. Los honorarios de mantenimiento ascienden a US$495 anuales y si el cliente solicita que Mossfon le provea de una junta directiva que simule ser su administradora, se agregan otros US$800 anuales.

Ciudad de Panamá

A veces son los mismos beneficiarios los que se contactan directamente con Mossack Fonseca, aunque es recurrente que sean abogados o estudios jurídicos los que intermedian esa relación, preocupándose del pago de anualidades, legalizaciones, entrega de poderes, obtención de certificados e incluso facilitando sus nombres para integrar directorios.

En la lista de estudios jurídicos que han intermediado entre Mossfon y clientes chilenos para la creación de sociedades offshore figuran: Cariola, Díez, Pérez-Cotapos & Cía.; Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz (hoy Guerrero Olivos);  Vial y Cía.; Cuevas Abogados; Ovalle y Cía.; y Mena y Guijón abogados, entre otros.

El costo de creación de una sociedad offshore –con directorio incluido– asciende a cerca de US$2.500. Con eso ya se puede operar. Los beneficios que entregan estas sociedades -que no realizan ningún tipo de actividad económica en el país donde residen- son múltiples (juega a crear una sociedad offshore aquí).

* Participó en esta investigación la periodista Catalina Albert.

* ICIJ publicará la lista completa de compañías y personas vinculadas a ellas a principios de mayo.

Un cántico de cancha suena muy fuerte en cada partido de la Copa Libertadores: “Dale, dale… queremos la Copa”. La que se llevó la Copa Libertadores -y por 15 años- fue la empresa T&T, que nació de la unión entre las otrora poderosas Torneos y Competencias, de Argentina, y Traffic, de Brasil.

El viernes 22 de agosto de 2003 fue un buen día para Nicolás Leoz, entonces presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Ese día aseguró, a nombre de la Conmebol, un contrato de cesión de los derechos de televisión de la Copa Libertadores de América entre 2004 y 2010. Posteriormente, el contrato se extendió en dos ocasiones luego de que T&T pagara millonarias sumas de dinero. La Copa Libertadores quedó en manos de este grupo empresarial desde su edición 2004 hasta la del 2018.

La Conmebol cedió los derechos de televisión de la Libertadores por esas 15 temporadas por un total de US$262,1 millones, con dos primas de extensión de contrato que totalizaron US$8 millones. La primera extensión se firmó en 2008 (por las temporadas 2011-2014) y la segunda en el 2013, antes de que Nicolás Leoz dejara la presidencia (por las ediciones 2015-2018).

Sede Conmebol

La acusación dada a conocer por la justicia de Estados Unidos el año pasado afirma que la empresa T&T coimeó a Leoz y a otros directivos de la Conmebol para asegurarse los derechos del certamen más importante de la Confederación Sudamericana.

Según los documentos de Estados Unidos y los contratos a los que accedió el diario paraguayo ABC Color, otros dirigentes beneficiados en este esquema son: el uruguayo Eugenio Figueredo, ex presidente de la Conmebol (sucedió en 2013 a Nicolás Leoz); el eterno secretario general, el argentino Eduardo De Luca y el ex vicepresidente de la FIFA y titular de la Asociación de Fútbol Argentino, el fallecido Julio Grondona.

A simple vista, todos estos acuerdos parecen tener un sustento legal, excepto por un detalle. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró en la acusación presentada en mayo de 2015 -y ampliada en noviembre, cuando fue detenido Juan Ángel Napout en Zurich- que dos empresas vinculadas con T&T, llamadas Somerton y Valente (domiciliadas en paraísos fiscales) sirvieron como intermediarias para pagar sobornos a dirigentes de la Conmebol. Uno de ellos sería Nicolás Leoz, quien hoy cumple prisión domiciliaria y está a la espera de una extradición a Estados Unidos.

LAS “JOYAS” DE LA CONMEBOL

Para entender las negociaciones de la Conmebol con las diferentes empresas es importante saber que la entidad matriz del fútbol sudamericano tiene tres competencias emblemáticas a la hora de comercializar los derechos: Copa América, eliminatorias mundialistas y la Copa Libertadores de América.

Alejandro Burzaco

La empresa Torneos & Traffic estaba liderada por Alejandro Buzarco, hoy procesado también como Leoz, Napout y otros ex dirigentes de la Conmebol involucrados en varias causas que van desde conspiración ilegal para delinquir hasta el pago de sobornos. T&T era gestionada por el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca y tuvo su sede primero en Islas Caimán (paraíso fiscal) y luego, a mediados de la década pasada migró a Holanda, donde levantó serias sospechas de conducta empresarial fraudulenta.

Traffic, por su parte, estaba comandada en los ’80 por José Hawilla, quien según la acusación de Estados Unidos pagó sobornos a Leoz y a otros directivos de la Conmebol para hacerse con los derechos de transmisión de la Copa América desde 1987 hasta 1995. El mismo Hawilla ha confesado haber hecho esos pagos.

En el documento de la acusación de Estados Unidos se detalla que el 23 de enero de 1991 se firmó en Asunción (sede de la Conmebol) un contrato entre Traffic y la confederación. Este documento se suscribió en las oficinas del Banco do Brasil de Asunción, cuyo edificio es propiedad de Nicolás Leoz.

Como anécdota, la acusación de EE.UU. añade que ese mismo día –miércoles 23 de enero– en el evento de la firma del contrato todos los directivos, tanto de la Conmebol como de Traffic, firmaron el acuerdo, salvo Leoz, el hombre clave para que se hiciera efectivo el documento.

El ex titular de la Conmebol tenía planeada otra estrategia. El documento de acusación de la justicia de Estados Unidos la describe así: “En ese tiempo, el cómplice 2 (José Hawila) firmó el contrato en nombre de Traffic, así como también dos directivos de la Conmebol. El acusado Nicolás Leoz no firmó ese día. Luego, en una reunión privada, Leoz le dijo al cómplice 2 (José Hawila) (…) que el cómplice 2 (Hawila) haría mucho dinero con los derechos que estaba adquiriendo y que Leoz no creía justo que él no ganara dinero (por la firma del contrato)”.

Y continúa: “Leoz le dijo al cómplice 2 que él no iba a firmar el contrato si el cómplice 2 (José Hawila) no acordaba pagarle una coima. Luego de que el cómplice 2 hubo acordado hacer el pago, Leoz firmó el contrato. El cómplice 2 pagó una suma en dólares de seis dígitos (NdR: cientos de miles de dólares, no especificados en el documento) a una cuenta elegida por Leoz”.

Hawila, con los años, dejó la dirección de Traffic a uno de sus fieles aliados: José Margulies, también conocido como “José Lázaro”, quien era dueño de las empresas “coimeadoras” como Somerton y Valente. Esta relación se desprende de la investigación internacional “Panamá Papers”,  del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y de los documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.

CONTRATO SE RESCINDIÓ

Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmemobol, confirmó a ABC Color a través de un correo electrónico que el contrato con T&T fue rescindido el año pasado durante la presidencia de Juan Ángel Napout, quien ahora también está procesado por el escándalo de los sobornos. La Conmebol recién cortó lazos con T&T cuando se dio a conocer el caso “FIFA Gate”, a mediados del año pasado.

Ahora la dueña de los derechos de televisión es Fox International Channels (FIC) del conglomerado estadounidense 21st Century Fox. Ellos pagaron, según Conmebol, US$450 millones por los derechos de la Copa Libertadores, la Recopa y la Copa Sudamericana de los años 2016, 2017 y 2018. ABC Color ya había publicado en noviembre pasado que la Conmebol rechazó una oferta de Global Sports (del empresario Francisco Casal) por los derechos de televisión de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana entre 2015 y 2020 por un total de US$805 millones (vea un reportaje de CIPER sobre la relación que existe entre T&T y Fox).

PARA QUÉ SERVÍAN SOMERTON Y VALENTE

José Marguiles, la mano derecha de José Hawilla, que quedó a cargo de la gestión de Traffic, según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobornó a directivos de la Conmebol a través de sus empresas personales: Somerton y Valente, constituidas en paraísos fiscales, las islas Turks and Caicos, un territorio de ultramar del Reino Unido, y Panamá, respectivamente.

Somerton era una sociedad ficticia creada en los años 80, pero que recién tuvo dueño real en el nuevo siglo. Fue esta sociedad la que suscribió un contrato con T&T para organizar la logística de la Copa Libertadores, como los viajes y organización de los equipos.

En los papeles, Somerton servía para la “estructuración, planeamiento, desarrollo y supervisión de los servicios de transmisión y logística, desplazamiento de los equipos a los estadios”.

Inicialmente, el contrato entre T&T (alianza de Buzarco y Margulies) y Somerton (Margulies) iba hasta la edición 2018 de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, en 2011 se produce un quiebre. Fue el mismo Margulies quien cedió los derechos de su empresa Somerton a otra sociedad de su propiedad llamada Valente, domiciliada en Panamá. Esto ocurrió en 2011 y Valente cumplía, en los papeles, la misma función que Somerton. El detalle es que Valente tenía como accionistas a todos los parientes de José Margulies; como su esposa, Nirvana  Margulies y sus hijos Elis Regina Margulies y Claudio Fabián Margulies.

Esto demuestra cómo la Conmebol, entonces de la mano de Nicolás Leoz, cedió los derechos de la Copa Libertadores a una compañía que creaba sociedades a placer para manejar el dinero sucio.

Nicolás Leoz

La cesión de los derechos a T&T tiene otro trasfondo. Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las sociedades de Marguiles –Somerton y Valente- eran las compañías a través de las cuales se pagaron los sobornos a los directivos de la Conmebol para garantizarse los derechos de televisión de la Copa Libertadores. Entre estos directivos están el paraguayo Nicolás Leoz, el uruguayo Eugenio Figueredo, el eterno presidente del Futbol Argentino, el ya fallecido Julio Grondona, y el ex tesorero de la Conmebol, el boliviano Romer Ozuna.

El texto de la justicia de Estados Unidos afirma que tanto Somerton como Valente, las empresas de Margulies, usaban entidades financieras estadounidenses para pagar los sobornos. En otra parte de la acusación se cuenta que esos pagos se hacían a través del National Delta Bank a la sede de Nueva York del Banco do Brasil, desde donde llegaba el dinero a Paraguay.  Otro de los bancos con los que operaban las empresas de Margulies era el Standart Chartered de Nueva York. Es por eso que Estados Unidos abrió la investigación fiscal.

RESPUESTAS DE LA DEFENSA

El abogado Ricardo Preda, del equipo legal de Nicolás Leoz, afirmó al diario ABC Color que se encuentra centrado en el proceso de extradición del ex titular de la Conmebol, ya que el gobierno de Estados Unidos lo requirió luego de imputarlo. Esta fase del proceso, explicó, nada tiene que ver con los hechos que pudo o no haber cometido Leoz en el sentido de recibir coimas de parte de estas empresas. Y recordó que en Paraguay no hay castigo penal por recibir dinero como coima entre empresas privadas o particulares, como se entiende en este caso, ya que la Conmebol no es una entidad pública. Estados Unidos sí castiga esta figura.

Preda comentó que el proceso de extradición de Leoz no lo obliga a reconocer o no su culpabilidad. Consultado sobre si Leoz se manifestó sobre su culpabilidad o no en el juicio, el abogado respondió que ni siquiera le ha preguntado eso ya que no es necesario para el proceso legal que actualmente enfrenta.

Vea aquí el artículo original 

En el tablero de la política y los negocios, Juan Armando Hinojosa Cantú nunca da manotazos, jamás se lamenta y ejecuta cada movimiento con la frialdad de asesino a sueldo.

Cuando se descubrió que él fue quien construyó una casa de US$7 millones para el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto y, al mismo tiempo, perdió un contrato por US$3 mil 750 millones para el primer tren de alta velocidad en México, jamás protestó (ver el premiado reportaje La casa blanca de Enrique Peña Nieto).

Lo suyo no es la estridencia, como lo demostró cuando fue apartado del grupo de empresas nacionales que buscaban ganar la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México en donde hay en juego una inversión de 169 mil millones de pesos mexicanos (alrededor de US$2 mil 783 millones).

Tras perder estos negocios, los más cuantiosos en su carrera empresarial de 28 años, se abrió la investigación oficial sobre un conflicto de intereses con el Presidente Peña Nieto.

Fue entonces cuando Hinojosa Cantú decidió poner a salvo su dinero; usó como prestanombres a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra, María Teresa Cubria Cavazos.

Una parte de su fortuna circuló a través de siete países, algunos de ellos identificados como paraísos fiscales, hasta llegar a puerto seguro en Nueva Zelanda, de acuerdo con información interna del proveedor de servicios financieros con base en Panamá, Mossack Fonseca.

Esta información fue obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) con 110 medios alrededor mundo. La revista Proceso y Aristegui Noticias fueron los únicos medios mexicanos convocados por ICIJ para esta gran investigación internacional.

El 3 de febrero del 2015, Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública. Su principal tarea –le dijo en ese momento– era investigarlo por La Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más caros de la capital mexicana.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también formaría parte de la indagatoria por una residencia de descanso en el Club de Golf Malinalco, construida por Hinojosa a través de la firma H&G.

Peña Nieto dejó la investigación en manos de un miembro de su gabinete. Por otra parte, la Constitución establece que al Presidente sólo puede juzgársele por traición a la patria y delitos graves del orden común, entre los que no se encuentra el conflicto de intereses. De cualquier forma, sería intocable.

Pero Hinojosa Cantú no se confió. La primera asesoría para resguardar su dinero la recibió del despacho D´Orleans Bourbon & Associates.

Este bufete también es conocido por las siglas DBA, con las subsidiarias DBA Capital, de servicios financieros privados, y DBA Consulting, de asesoría en gobierno corporativo y estrategias comerciales. Tiene oficinas por todo el mundo. Algunas de ellas están en Reino Unido, Nueva Zelanda, Panamá y, desde luego, México.

D´Orleans fue el intermediario con Mossack Fonseca, especializado en crear empresas fachada en paraísos fiscales o en países con leyes laxas para inversiones extranjeras.

El abogado Filipe Di Matos fue asignado como asesor del dueño de Grupo Higa. El 15 marzo del 2015, Hinojosa Cantú donó a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, cinco empresas ubicadas en la Isla Nieves y en las Islas Vírgenes Británicas.

Para entonces, apenas habían transcurrido 42 días desde que fue abierta la investigación por conflicto de intereses.

El movimiento con estas empresas lo hicieron desde la Ciudad de México y lo legalizaron como un “donativo” que incluyó cuentas bancarias en Estados Unidos en sucursales del Credit Suisse, del JP Morgan y del USB Hamburg (ver documento).

Hinojosa había ganado no menos de US$750 millones en contratos a la par de la carrera política de Enrique Peña Nieto, primero cuando fue gobernador en el Estado de México y continuó cuando llegó a la Presidencia, de acuerdo con una base de datos elaborada por Aristegui Noticias para el reportaje de La Casa Blanca.

El pasado 12 de febrero, el Papa Francisco aterrizó en la ciudad de México para su primera visita pastoral. Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su gabinete organizaron una ceremonia de recepción en el hangar construido por Concretos y Obra Civil de Pacífico, una de las firmas propiedad de Hinojosa por cuyo contrato ganó 977 millones de pesos mexicanos (US$12.7 millones al tipo de cambio correspondiente). La obra se le asignó de forma directa, sin licitación.

Ese contrato ha sido reservado durante 12 años por razones de seguridad nacional, según una repuesta del Estado Mayor Presidencial ante solicitudes de acceso de información presentadas por Aristegui Noticias.

Hinojosa es el propietario de grupo Higa, conformado por 29 subsidiarias, una de ellas encargada de construir la casa de US$7 millones para Peña Nieto. Sin embargo, no se sabía que tuviera vínculos comerciales con las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves.

Pero más allá de esto, ¿qué ventajas le han ofrecido estos países?

Hinojosa Cantú hizo un segundo movimiento tan rápido como eficaz. Una vez eliminado su rastro de las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves, buscó un lugar más seguro.

El país elegido fue Nueva Zelanda. D’Orleans abrió ahí dos fideicomisos. Un tercero fue tramitado directamente por Mossack Fonseca.

Los primeros quedarían a nombre de su madre, la misma Dora Patricia Cantú Moreno y llevarían por nombre The Huanca Trust y The Khuno Trust. En el último, llamado The Huiracocha Trust, aparecería como propietaria su suegra, María Teresa Cubria Cavazos (ver documentos).

La madre de Hinojosa Cantú ha manejado una funeraria en Reynosa, Tamaulipas, en la zona fronteriza con Estados Unidos. De hecho, ese fue el negocio que sostuvo a la familia durante años. Sin embargo, ella no figura como accionista en las subsidiarias de Grupo Higa.

“Apagué el radio y no quise saber más, son calumnias, todo lo que dijeron son calumnias”, dijo a la revista Expansión para un reportaje publicado en agosto del 2015. En ese momento, los fideicomisos a su nombre ya estaban abiertos en Nueva Zelanda.

Pero ella y María Teresa Cubria Cavazos son prestanombres. En esos tres fideicomisos, el principal beneficiario es el propio Hinojosa, luego su esposa María Teresa García y al final sus hijas María Teresa y María Fernanda, según consta en documentos y correos filtrados a través de la investigación Panamá Papers.

Los cimientos de esta estructura financiera permitieron a Hinojosa Cantú eliminar su rastro en las Islas Vírgenes Británicas y en la Isla Nieves, sin que ello implicara perder su fortuna.

El reto, en ese momento, fue encontrar un puente seguro para trasladar el dinero desde las cuentas en Estados Unidos hasta Nueva Zelanda, sin despertar sospechas en el sistema financiero.

Filipe Di Matos -ejecutivo de la firma D’Orleans- buscó apoyo en la empresa panameña OMC Group, especializada en servicios corporativos y constitución de compañías alrededor del mundo, pero hubo contratiempos. Fue entonces cuando tocaron la puerta de Mossack Fonseca.

El 01 de junio del 2015, Filipe di Matos envió un correo a Olga Santini, ejecutiva de Mossack Fonseca en Estados Unidos, para avisarle que uno de sus clientes quería contratarlos para reestructurar sus bienes fuera de su país de origen.

Ahí mismo, describió a Hinojosa como un empresario de “alto perfil” quien necesitaba transferir US$100 millones a fideicomisos en Nueva Zelanda, cantidad que representaba una “pequeña parte” de su portafolio de posibles inversiones.

Los abogados omitieron el tema de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y sólo se refirieron a él como uno de los empresarios “más prominentes”, pero con mala publicidad motivada por su “alto perfil”, según consta en los correos electrónicos (ver documento).

El 8 de junio, unos días después de ese correo, la Secretaría de la Función Pública pidió a Peña Nieto responder un cuestionario sobre su relación con Hinojosa y, casi simultáneamente, solicitó al secretario de Hacienda, Videgaray, entregar sus documentos sobre la residencia de descanso en Malinalco.

Por separado, decenas de funcionarios fueron llamados a comparecer sobre la fallida licitación del tren de alta velocidad que había ganado Constructora Teya, perteneciente al Grupo Higa.

Peña Nieto dejó que su esposa, Angélica Rivera, respondiera sobre La Casa Blanca. Videgaray envió su contrato con la firma H&G –de Grupo Higa– y los comprobantes de pago. Esta inmobiliaria, registrada a nombre de Hinojosa, le vendió esa casa en 7 millones de pesos mexicanos–alrededor de US$700 mil al tipo de cambio vigente en el año 2012– sin obtener un solo peso como ganancia.

Videgaray era el coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto durante la cual empresas de Hinojosa fueron contratadas para la renta de helicópteros (Eolo Plus) y para fabricar objetos de plástico (PACSA).

A lo largo de junio de 2015 hubo un intenso intercambio de correos entre las oficinas de Mossack Fonseca. En alguno de ellos, se pidió investigar en bases de datos propias si Hinojosa y su esposa eran personas políticamente expuestas, lo que se conoce en el ambiente financiero como PEP (por sus siglas en inglés).

El despacho D´Orleans colaboró con una carta en la cual describieron al dueño de Grupo Higa como un empresario de “alto perfil”.

En esta misma carta, el despacho D’Orleans mintió sobre el origen de los recursos de Hinojosa en Perú, al dar por hecho que gozaban de un contrato exclusivo para tratar a pacientes renales por 30 años en ocho departamentos, “un negocio valorado en 355 millones de dólares”.

No obstante, el seguro social de ese país llamado EsSalud informó que la propuesta de IGSA fue rechazada desde el año 2011, según información obtenida por IDL Reporteros, de Perú, para esta investigación periodística.

Es cierto que la filial de Higa tiene contratos para atender a pacientes con enfermedades renales, pero no el que citan en esa carta enviada a Mossack Fonseca.

El resultado fue que al dueño de Higa no lo catalogaron como una persona políticamente expuesta.

Mossack Fonseca tomó esta decisión justo cuando se desarrollaba la investigación oficial por conflicto de intereses, en la cual él era uno de los principales involucrados. Tampoco prestó atención a las repercusiones internacionales del reportaje La casa blanca de Peña Nieto.

De haberse catalogado como persona políticamente expuesta, la transferencia del dinero Estados Unidos-Nueva Zelanda cuando menos se hubiera retrasado, porque las compañías hubieran tenido que investigar a fondo el origen del dinero.

Según la legislación de Nueva Zelanda, una PEP es un jefe de Estado, Presidente o funcionario de alto nivel de cualquier país. Pero también entran en esta categoría los familiares y los empresarios que se benefician de hacer negocios con estos personajes.

La Unión Europa ha hecho las siguientes recomendaciones para amortiguar el lavado de dinero y las operaciones de dudosa procedencia:

Mossack Fonseca transfirió el caso a sus oficinas en Holanda en donde diseñarían una estrategia que atendiera las necesidades, urgentes, de este cliente.

Entre el 2 y 12 de julio del 2015, Hinojosa Cantú fue notificado oficialmente que estaba bajo investigación por conflicto de intereses con el Presidente Peña Nieto.

Aunque él no fue llamado a comparecer, su representante legal Arturo Reyes Gómez fue emplazado por la Secretaría de la Función Pública para que entregara los archivos sobre La Casa Blanca así como de la residencia de descanso en Malinalco y de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, entre otros.

El 13 de julio del 2015, apenas un día después de que Reyes Gómez compareció por escrito para la investigación oficial, el despacho  D´Orleans envió un correo al ejecutivo de Mossack Fonseca Daniel León pidiéndole apresurar la transferencia y concretar los trámites para los fideicomisos toda vez que “ya se encontraban bajo mucha presión”.

En este mensaje, pidieron “tener todo listo entre hoy y mañana”, ya que Hinojosa representa una oportunidad única para hacerse no sólo de un cliente con alto perfil, sino también como parte de una estrategia de negocios ya que los pondría en contacto con “muchos UHNWI” en México.

En el ambiente financiero, la clave UHNWI (Ultra High Net Worth Individual) se utiliza para referirse a una persona con activos de inversión de por lo menos US$30. En esta categoría están los empresarios más ricos del mundo.

Pero eso no fue todo. Además, anuncian que si concretan todo de inmediato, Hinojosa tenía la intención de constituir dos nuevos fideicomisos “antes del periodo de vacaciones”, es decir, antes de agosto del 2015.

Dos días después, efectivamente, todo estaba listo. La oficina de Mossack Fonseca en Holanda usó uno de sus instrumentos para encubrir a sus clientes, un fideicomiso llamado Orion Trust, para crear a su vez dos compañías fachada: Khuno Investments –registrada en Londres– y Stichting Khuno Management –asentada en Ámsterdam-, según consta en el intercambio de información entre ejecutivos de Mossack Fonseca y el bufete D´Orleans.

Estas dos últimas firmas en Londres y Ámsterdam aparecerían como las administradoras de los fideicomisos en Nueva Zelanda en donde la identidad de los verdaderos dueños sería confidencial, aun cuando se tratara de prestanombres.

En ese mismo julio del 2015, Mossack Fonseca intentó verificar de nuevo la trayectoria empresarial de Hinojosa Cantú, pero sus abogados lo impidieron.

En un correo, explicaron que no podían enviar copias de todo el pasaporte porque su cliente prefería mantener confidencialidad sobre las fechas, las ciudades y los países visitados.

El 21 de agosto del 2015, el secretario de la Función Pública Virgilio Andrade informó que el Presidente Peña Nieto no incurrió en un conflicto de intereses por el caso de la Casa Blanca. Según la versión oficial, la residencia perteneció a Angélica Rivera y, sobre todo, no encontraron evidencias que estuviera vinculada a la entrega de obras públicas a favor de Grupo Higa.

La exoneración a Peña Nieto facilitó las cosas. El 30 de septiembre del mismo año, Daniel León –ejecutivo de Mossack Fonseca encargado del caso en Holanda– informó a Filipe di Marco –abogado de D´Orleans– sobre el hallazgo de información adversa relacionada con Hinojosa respecto a vínculos con el Presidente de México. Y preguntó: “¿Existe alguna relación entre ambos, incluyendo lo económico? ¿Por qué han surgido estas denuncias? Necesitamos tener suficiente información que nos permita descartar esta posibilidad (ver documento).

Estas inquietudes fueron planteadas tres meses después del primer contacto que tuvieron con el dueño de Grupo Higa y cuando la investigación oficial ya estaba cerrada.

El mismo día, el abogado Di Marco respondió que esa información adversa apareció sólo en periódicos, muchos de ellos propiedad de rivales en negocios “como el caso del New York Times de Carlos Slim”. Su cliente –explicó– ya fue exonerado (ver documento).

El 9 de noviembre del 2015, Lissa Crook, representante de la firma Benthey –socia en Nueva Zelanda que dio validez a los fideicomisos– preguntó nuevamente a Mossack Fonseca si estaban plenamente satisfechos con la investigación sobre Hinojosa Cantú y el origen de su dinero.

Daniel León responde que sí (ver documento). Y afirma que las operaciones han sido por alrededor de US$50 millones.

Débora Montesinos, la directora del departamento de cumplimiento de Mossack Fonseca, intervino para advertir que, definitivamente, Hinojosa Cantú, no era peligroso.

Aún así, todavía quedaban trámites por desahogar. Como el dinero provendría de cuentas en Estados Unidos, las aparentes dueñas de los fideicomisos, Dora Patricia Cantú y María Teresa Cubria Cavazos, debieron firman una declaración de conformidad de impuestos para extranjeros.

En esas declaraciones se incluye que tanto ellas como sus beneficiaros –en esta caso Hinojosa– están conscientes de su obligación de informar y pagar impuestos en sus país de residencia. También incluyeron un documento en el que afirman no tener obligaciones con el sistema de impuestos de Estados Unidos.

Las referencias crediticias que también necesitaban ambas para trámites en Nueva Zelanda, fueron extendidas por la firma XRV Management, ubicada en las Islas Caimán, conocidas internacionalmente como paraíso fiscal.

Sobre Dora Patricia (la esposa) dicen que la han asesorado durante los últimos 3 años, es decir, desde 2012. Y en torno a María Teresa Cubría (la suegra) desde dos años, es decir, desde 2013.

Consultado sobre la investigación periodística internacional Panama Papers, Carlos Sousa, director de Relaciones Públicas en Mossack Fonseca ,expuso que su trabajo es simplemente ayudar a la creación de compañías y que, antes de apoyar a cualquier cliente, realizan un “rígido proceso de verificación” que incluso excede “todas las reglas relevantes, regulaciones y estándares locales” a los que todo están supeditados.

Y añadió por escrito:

“Sin embargo, llenar el papeleo legal para ayudar a formar una compañía es una cosa muy distinta a establecer un vínculo de negocio o a dirigir las compañías que se formaron.

“Nosotros solamente formamos compañías, lo cual casi todos reconocemos que es importante y algo crítico para asegurar que la economía global funcione eficientemente. Al proveer esos servicios seguimos tanto la letra como el espíritu de la ley porque en 40 años de operación no hemos sido acusados de ninguna conducta criminal. Estamos orgullosos del trabajo que hacemos, a pesar de los recientes y deliberados intentos de algunos por malinterpretarlo.

“Finalmente, está bien establecido que varios países (por ejemplo Reino Unido y Estados Unidos) tienen leyes sobre fideicomisos que permiten a una persona o empresa representar a una tercera parte en alcances fiduciarios, lo cual es 100% legal y tiene un propósito importante en el comercio global”.

En los archivos y documentos usados para esta investigación, no consta si el dueño de grupo Higa reportó este dinero y las transferencias ante el Sistema de Administración Tributaria.  Sin embargo, él recibió un correo sobre este reportaje a través del ICIJ semanas antes de la publicación, pero hasta el momento no hay respuesta.

Mientras tanto, los fideicomisos en Nueva Zelanda siguen operando y Grupo Higa continúa allegándose de contratos con el Gobierno de Peña Nieto.

Desde enero del 2015 a la fecha en que se publicó esta investigación, sumaron 6 millones de pesos mexicanos  más –alrededor de US$353 mil dólares– por la transportación aérea del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como por la construcción de instalaciones militares en Chiapas.

Por Mago Torres, Sebastián Barragán, Irving Huerta, Rafael Cabrera y Daniel Lizárraga.

Durante muchos años, el gigante bancario suizo UBS y el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca mantuvieron una relación muy rentable para ambos. UBS tenía clientes que querían crear sociedades pantalla ‘offshore’ (en paraísos fiscales o en países con secreto bancario) para mantener su patrimonio oculto. Y Mossack Fonseca, uno de los mayores creadores de sociedades ‘offshore’ del mundo, estaba encantado de vendérselas. Todos contentos. Menos las haciendas nacionales, que veían escamoteados sus ingresos, claro.

Este idilio acabó en 2010, cuando EEUU amenazó a los bancos suizos con perseguirlos penalmente por colaborar en la evasión fiscal y el blanqueo de capitales de ciudadanos norteamericanos. UBS buscó vías para contener los daños y su consejo decidió salir del negocio de las sociedades pantalla. Las tensiones estallaron en una reunión en Zúrich el 28 de septiembre de ese año, cuando UBS afirmó que Mossack Fonseca, y no el banco, era responsable de identificar los propietarios que aparecían como titulares de las cuentas secretas.

Un empleado del bufete panameño, Dieter Buchholz, respondió que su firma no tenía ni idea de quién era el verdadero propietario de las empresas creadas por los clientes de UBS, ya que el banco había retenido esa información. El ejecutivo de UBS Patrick Küng acusó entonces a Mossack Fonseca de “violar las leyes suizas de blanqueo” y añadió que estaba “contemplando seriamente” denunciar al despacho a las autoridades, según los ‘e-mails’ que describen esta reunión.

Fotogalería: todos los personajes implicados en ‘Los papeles de Panamá’.

Estos correos aparecen entre los más de 11 millones de documentos internos de Mossack Fonseca obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’, y que en España están revelando El Confidencial y La Sexta tras una investigación periodística conjunta iniciada en julio de 2015. Estos documentos no solo ofrecen un vistazo a la relación entre UBS y este bufete panameño, sino un retrato sin precedentes de cómo los mayores bancos del mundo trabajan mano a mano con otros jugadores en una industria ‘offshore’ que sirve para ayudar a los multimillonarios, políticos y delincuentes a mantener oculto su patrimonio.

Ocultar a los titulares de cuentas bancarias

Una de las principales razones por las que se crearon estas sociedades es mantener ocultos a los verdaderos titulares de cuentas en países con secreto bancario como Suiza, Andorra o Mónaco. En 2005, entró en vigor en la UE la Directiva del Ahorro (asumida por Suiza en 2006), que obligaba a los bancos a practicar retenciones a las cuentas de sus clientes que vivieran en países comunitarios. Pero solo regía para personas físicas, no para sociedades, por lo que muchos bancos crearon sociedades pantalla que figuraban como titulares de las cuentas y así sus clientes mantenían el anonimato de cara al fisco. De esta forma, se disparó la creación de estas estructuras en Mossack Fonseca: en 2005, los bancos constituyeron 1.814, frente a las 543 del año anterior. La tendencia continuó en los años posteriores: una de cada tres sociedades del bufete se crearon entre 2005 y 2008.

Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través de Mossack Fonseca, según el análisis de esta documentación. La inmensa mayoría de las mismas fueron constituidas a partir de los años noventa. El gigante británico HSBC (el banco de la lista Falciani, también desvelada en España por El Confidencial en colaboración con el ICIJ hace un año) a través de distintas filiales es responsable él solo de más de 2.300 de estas sociedades, y UBS creó 1.100. Otros grandes bancos internacionales que han hecho negocios con este despacho son el francés Société Générale (979 sociedades), Royal Bank of Canada, RBC (378), el alemán Commerzbank (92) y el también suizo Credit Suisse (1.105).

En algunos casos, como el de Société Générale, estas sociedades utilizaban acciones al portador, lo que permite no registrar el nombre del propietario: si las tienes en tus manos (son acciones físicas), tú eres el dueño. Incluso el banco ofrecía a sus clientes vip guardarlas en una caja de seguridad por si la policía registraba su casa. Desde siempre, las acciones al portador se han considerado un vehículo para el blanqueo de dinero y otras irregularidades, y han ido desapareciendo gradualmente en todo el mundo debido al endurecimiento de la regulación.

Blanqueo de dinero de traficantes o dictadores

El dictador sirio, Bashar al Asad.

Muchas de las sociedades creadas por estos bancos se utilizaron para fines legítimos, pero algunas también han servido para enmascarar actividades delictivas o con pocos escrúpulos, al servir de pantalla para dictadores, defraudadores y traficantes de droga. Así, los propietarios de las sociedades creadas por UBS van desde el príncipe de Arabia Saudí Muhammad bin Nayef bin Abdulaziz al Saud hasta Roberto Videira Brandao (convicto por fraude en la quiebra de un banco brasieño) o Marco Tulio Henríquez, un banquero venezolano y fugitivo de la Justicia de EEUU, que le acusa de blanqueo de dinero para los cárteles de la droga. El hombre de confianza del dictador sirio Bashar al Asad, Rami Makhlouf,  también creó sociedades en Panamá, en este caso a través de HSBC.

“En todos los casos, UBS conoce la identidad de los propietarios de las sociedades con las que sus clientes le han pedido trabajar, y aplicamos las mismas reglas estrictas antiblanqueo de dinero a todas nuestras relaciones bancarias y de negocios”, afirma una portavoz de la entidad en un comunicado. “UBS decidió voluntariamente” dejar de constituir sociedades para sus clientes en 2010 “debido a cambios en la regulación en algunas jurisdicciones donde se mantenían las sociedades ‘offshore’ y debido a un mayor endurecimiento de las políticas internas de UBS”.

Por su parte, un portavoz de Mossack Fonseca declara: “Llevamos a cabo un examen a fondo de todos los clientes nuevos o potenciales que a menudo excede las exigencias de las normas y estándares a los que estamos sujetos. Muchos de nuestros clientes llegan a través de firmas de abogados conocidas y reputadas y entidades financieras de todo el mundo, incluyendo los mayores bancos, que también están sujetos a los protocolos internacionales de ‘conoce a tu cliente’ y sus propias leyes nacionales”.

Pelea entre Mossack Fonseca y UBS

Con la nueva actitud de UBS en 2010, provocada por la presión de EEUU, Mossack Fonseca se sintió traicionado por su viejo socio. “UBS ha cambiado totalmente y, por los problemas que han tenido que afrontar, ahora reaccionan de una forma intolerable”, escribió el representante del despacho en Ginebra, Adrian Simon, en respuesta al ‘e-mail’ de Buchholz sobre la tensa reunión. “Parece que solo quieren cargar a otro con su responsabilidad“, añadió Christopher Zollinger, uno de los tres socios de la firma. Finalmente, Mossack Fonseca y UBS alcanzaron un acuerdo en 2010 que beneficiaba a ambos: el bufete se haría cargo de la administración de las sociedades pantalla del banco y daría un “tratamiento especial” a sus clientes, que mantendrían sus cuentas en UBS.

Normalmente, Mossack Fonseca requería a los bancos que le facilitaran una ‘due diligence’ (información detallada) para verificar la identidad de los propietarios y confirmar que no estaban involucrados en actividades delictivas antes de poner en marcha o gestionar sociedades creadas para los clientes de los bancos. Pero con el nuevo acuerdo de 2010, aceptaba una ‘due diligence light’ por parte de UBS, requiriendo mucha menos documentación sobre los verdaderos propietarios y sobre las razones por las que usaban este tipo de sociedades. De esta forma, el bufete trataba directamente con los clientes, lo que permitía a UBS poner cierta distancia con este mundo. Posteriormente, Mossack Fonseca alcanzó acuerdos similares con otros bancos con presencia en Suiza, como Credit Suisse y HSBC.

Sede de Société Générale en La Defense, París.

En cuanto a Société Générale, se negó a revelar al bufete los propietarios de las acciones al portador que había adquirido en las Islas Vírgenes, pero este siguió adelante sin requerir ninguna ‘due diligence’ del banco. Llegó incluso a constituir dos fundaciones que actuaron como accionistas de las sociedades de SG, con lo que se oscurecía aún más la estructura de propiedad. A cambio, Mossack Fonseca cobró al banco unas comisiones más altas porque “el servicio especial flexible que proporcionamos (sin demasiada ‘due diligence’) definitivamente comporta un riesgo más alto”.

Un portavoz de SG explica que “las acciones al portador, en las jurisdicciones donde existen, se pueden usar por razones legítimas de confidencialidad [no fiscales], por ejemplo para la protección de familias conocidas en países donde hay un riesgo real para su seguridad. SG no se ha saltado ni ha pedido a Mossack Fonseca que se salte ningún requisito de ‘due diligence’. SG identifica y conoce los beneficiarios de todas las sociedades”. En cuanto a Credit Suisse, asegura que desde 2013 ha puesto en marcha “programas de regularización fiscales” que requieren a los clientes que proporcionen pruebas del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. “Para Credit Suisse, es clave que sus clientes usen estructuras solo para propósitos legítimos, por ejemplo organizar la riqueza de familias que tienen una gran variedad de activos financieros en diferentes países”.

Mossack Fonseca afirma que “se llevaron a cabo los procedimientos de ‘due diligence’ de acuerdo con las leyes en vigor en el momento en que las sociedades y los casos a los que ustedes hacen referencia fueron creados”. Una portavoz de RBC sostiene que el banco tiene un extenso proceso de ‘due diligence’ “para asegurarnos de que conocemos quién es el cliente y cuáles son sus intenciones, y no seguimos adelante con una transacción hasta que lo sabemos”. Según HSBC, “las alegaciones son antiguas, en algunos casos de hace 20 años, anteriores a nuestras reformas significativas y anunciadas que hemos puesto en marcha en los últimos años. Trabajamos conjuntamente con las autoridades para combatir los delitos financieros e imponer sanciones”. Commerzbank declinó hacer comentarios.

Este reportaje fue traducido por el diario digital español El Confidencial.

El vuelo #441 de Copa Airlines tocó la loza del Aeropuerto Internacional Tocumén de Panamá el 10 de octubre de 2008 a las 18:02. En el avión, procedente de El Salvador, venía el abogado, empresario y entonces presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Ovalle Rodríguez. Pero su viaje, nada tenía que ver con sus labores como líder del gremio empresarial más importante de Chile. Tampoco con las funciones que desempeñaba desde 2005 como presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Acompañando a Ovalle, viajaba el también abogado Francisco Ibáñez Concha, por más de 30 años estrecho colaborador del entonces timonel de la CPC y fiscal del Grupo Minero Las Cenizas, holding de inversiones del empresario.

Al bajar del avión, Ovalle e Ibáñez siguieron al pie de la letra las instrucciones que vía email le había entregado pocos días antes Beatriz Suira, ejecutiva de Mossack Fonseca (Mossfon), firma de abogados global con base en Panamá y especialista en la creación de sociedades de papel en paraísos fiscales.

“Por favor, al bajar del avión, busquen una persona que sostendrá un letrero con sus nombres, ella les ayudará con los trámites de aduana y equipaje y le guiará al salón VIP, donde los estará esperando nuestro chofer para llevarlos al hotel Four Point Sheraton”.

La cortesía extendida por el bufete panameño, hoy sometido al escrutinio mundial luego de que 109 medios de todo el mundo –entre ellos CIPER (ver reportaje)– develaran sus oscuros nexos con gobernantes, políticos, empresarios, oligarcas y traficantes de drogas y armas, tenía una explicación.

Aeropuerto Internacional de Tocumén.

Desde 1987, Ovalle es cliente de Mossack Fonseca y a través de los años ha solicitado prácticamente todos los servicios que la firma ofrece a sus clientes: ha creado sociedades, una fundación de interés privado, abierto múltiples cuentas corrientes en Panamá y paga anualmente para que los propios ejecutivos de Mossfon funjan como directores nominales de sus entidades offshore en el país centroamericano.

Para la firma panameña, que no acostumbra hacer ese tipo de gestos con cualquiera de los miles de clientes que integran su portafolio, Ovalle y su socio merecían trato premium.

Fue un viaje flash, de solo dos días, y el motivo era específico: reunirse con el licenciado Rigoberto Coronado, abogado de Mossack Fonseca, “para realizar ciertas gestiones para Sierra Leona S.A.”, la compañía que Ovalle creó en 1987 en Panamá para administrar sus diversas inversiones en Chile.

Sierra Leona es una de las cerca de 200 estructuras de papel vinculadas a Chile creadas por Mossack Fonseca entre 1977 y 2015. Alrededor de 70 de ellas se encuentran aún activas en los registros del bufete panameño y entre sus accionistas figuran el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, el empresario Isidoro Quiroga, y la familia Calderón Voloshinsky, controladora de la multitienda Ripley (ver reportaje).

Son varias las razones que hacen de Alfredo Ovalle un cliente especial entre el grupo de chilenos que han abierto y operado sociedades offshore con Mossack Fonseca. De quienes aún cuentan con sociedades vigentes, es el que posee la más antigua (1987) y sus estructuras offshore tienen participación directa en sus inversiones en Chile.

A partir de la información contenida en los registros de Mossack Fonseca -y a la que accedió CIPER- no es posible cuantificar el monto de los dineros que Ovalle y sus socios mueven anualmente desde Chile a Panamá, pero un correo electrónico que allí se encuentra aporta una aproximación: US$1 millón. En octubre de 2012, el abogado de Mossack Fonseca, Rigoberto Coronado, le escribió a una subgerente del Banco Credicorp de Panamá con el objeto de abrir una cuenta corriente a nombre de Sierra Leona.

“Tengo un muy antiguo cliente chileno que tiene unas sociedades panameñas con nosotros. Esas sociedades son tenedoras de acciones de unas empresas chilenas que a su vez poseen acciones en una compañía minera allá en Chile. Las sociedades panameñas y las cuentas que tengan, se usan para recibir sus dividendos respectivos.¿Tiene el Credicorp Bank algún reparo con esto? El promedio sería de 1MM anualmente”.

La respuesta que dio la ejecutiva al día siguiente fue: “Sí, creo que podemos hacer algo con tus clientes siempre y cuando presenten la información financiera de las compañías y quedemos claros con la respectiva distribución accionaria de las personas que estarán recibiendo dividendos en nuestra cuenta”.

Tras llevar a cabo un proceso de “due dilligence”, el Credicorp decidió no trabajar con la sociedad de Ovalle.

“Nos fregó este banco”, fue la respuesta que le dio Coronado a los propietarios de Sierra Leona. El pasado de Ovalle le obstaculizó en ese momento sus planes.

DE LAS ESCRITURAS A LOS NEGOCIOS

El abogado Alfredo Ovalle no siempre fue empresario. Hasta 1967, Ovalle se desempeñó como suplente del conocido notario de Santiago Enrique Morgan Torres. Ese mismo año, abandonó las escrituras por los negocios incorporándose a la sociedad constructora Foram. Cuatro años después, el 19 de agosto de 1971, adquirió el 10% de Foram Chilena Empresa Constructora de Viviendas Económicas, asumiendo como uno de sus tres administradores.

Raimundo Langlois.

El 18 de agosto de 1976, y tras varias otras incursiones en el ámbito empresarial, Alfredo Ovalle y Raimundo Langlois Vicuña, su socio histórico, sellarían el primero de una serie de negocios con quien se convertiría en pieza clave de muchos de los posteriores emprendimientos de ambos abogados: el entonces jefe del aparato financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren. De la mano del ex oficial de la Armada y hombre de confianza de Manuel Contreras, cabeza de la policía secreta de Augusto Pinochet, Ovalle y Langlois crearon la empresa Comercio Exterior Bío-Bío Limitada y, 12 días después, la sociedad Inversiones y Comercial Sur Limitada (Incosur).

Fueron en total 13 las empresas en las que Ovalle, Langlois y Olavarría participarían como socios entre 1976 y 1982 (ver infografía). La más importante sería el Banco de Fomento del Bío Bío, un negocio que llevaría a Ovalle a la cárcel por más de 40 días. En ese mismo período (76-82), Olavarría fue el jefe de las finanzas de la DINA, cuyo poder y redes, incluso financieras, se mantuvieron después que la salida de Contreras del organismo represivo diera paso a la creación de la CNI. Desde un discreto y secreto departamento ubicado en calle Doctor Charlín Nº 1481 (Providencia), el aparato financiero secreto de Contreras mantuvo sus vínculos con grupos terroristas en el exterior, como los de Milicia Nacionalista en Argentina. Una estructura que Olavarría ayudó a construir paso a paso.

A Humberto Olavarría solo le bastaba desplazarse unos pocos metros para llegar a Doctor Charlín Nº 1475, donde funcionaba la oficina de la Empresa Pesquera de Chile (EPECH) en Santiago. Una empresa estatal de San Antonio y de la cual se apoderó la DINA después del Golpe de Estado para convertirla en el pilar de su financiamiento secreto. Olavarría siguió siendo su administrador después que Contreras fue sacado de la dirección de la DINA, para operar como su liquidador en 1981, obteniendo beneficios para las empresas que tenía con Alfredo Ovalle.

El vínculo entre Ovalle y Olavarría no solo se remitió al ámbito de los negocios. Ovalle, que desde 1976 era el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (hasta 1979), fue el nexo entre el entonces jefe de las finanzas de la DINA y el abogado panameño Guillermo Endara Gallimany, quien encabezaba entonces uno de los más importantes bufetesen su país de gestión de sociedades de papel: “Endara, Solís y Guevara”.

Ovalle y Endara, quien en 1990 se convirtió en presidente de Panamá, se habían conocido en Nueva York en la década de los ’60, ciudad donde ambos realizaron cursos de especialización en derecho comparado. Fue el propio Endara quien siendo presidente de Panamá, en enero de 1990 relató en una entrevista con el diario La Tercera que durante sus estudios de post grado en Estados Unidos “explicó el sistema de sociedades anónimas de Panamá a un grupo de tres abogados chilenos (que no identificó por secreto profesional), los que utilizaron este medio para sacar capitales de Chile durante el gobierno de Allende y también en el régimen militar”.

Uno de esos tres abogados era Alfredo Ovalle. Endara y Olavarría formarían una prolífica, aunque mucho más temible, dupla. El mismo año en que Ovalle y Olavarría pusieron en marcha su primer emprendimiento, agosto de 1976, Endara constituyó varias sociedades pantalla para la DINA en Panamá, destinadas a financiar la Operación Cóndor: Edice Investment Inc., South Fishing Corporation y Entrecostera Panatlántica, entre otras. De muchas de ellas, Endara ofició de presidente. La pantalla perfecta.

Ovalle, mientras tanto, además de ser asesor ejecutivo de la presidencia de Codelco (1981-1985), siguió ampliando sus inversiones de la mano de Humberto Olavarría y Raimundo Langlois.Una de sus adquisiciones más polémicas data de 1978, cuando la Empresa Nacional de Minería (Enami) le vendió la estatal Sociedad Legal Minera Las Cenizas Uno de Cabildo, cuya negociación hasta hoy se mantiene en la nebulosa. Ese sería el pilar de su nuevo centro de operaciones al que muy pronto se sumarian: Inversiones Mineras Norte , la Compañía Minera Las Luces y Minera Oro Andino. Esta última en sociedad con María Teresa Cañas Pinochet, sobrina de Augusto Pinochet y quien fuera desde 1980 hasta el fin de la dictadura (1990), directora del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín).

Minera Las Cenizas Uno de Cabildo, que en 1999 fue rebautizada como Minera Las Cenizas, se convertiría en el negocio más importante y lucrativo de Ovalle, y también en el holding de sus inversiones. En diciembre de 2002, tras absorber a la Compañía Minera Las Luces, el capital de la sociedad de Ovalle ascendía a más de $17 mil millones y a través de ella participaba en otras cuatro empresas, entre ellas Minera Florida, cuyo capital por ese entonces superaba los $490 millones. 

DUDOSO “DUE DILLIGENCE”

Sierra Leona, de propiedad de Alfredo Ovalle, fue inscrita en el registro de comercio de Panamá el 20 de noviembre de 1987. Según las escrituras, su objeto es: “la compra, venta, arriendo y tenencia de toda clase de bienes muebles e inmuebles; la realización de cualquier tipo de operación comercial y financiera; y la apertura y operación de cuentas bancarias de cualquier naturaleza, con bancos en cualquier parte del mundo”.

Mossack Fonseca no solo gestionó la creación de esta sociedad. También le proporcionó el directorio pantalla, integrado por los ciudadanos panameños: José Alberto Ruiz, Diva Argelis Patiño, Leticia Montoya, Francis Pérez y Cornelio McKay, todos ejecutivos de la firma. Dos de ellos, Montoya y Pérez, se mantienen hasta hoy como directores nominales de Sierra Leona junto a Katia Solano, Imogene Wilson yMarta Edghill. Son los mismos nombres que se repiten una y otra vez en los directorios de miles de sociedades ficticias creadas por el bufete panameño en distintos paraísos fiscales: Leticia Montoya es directora de 11.038 sociedades offshore, repartidas en más de una decena de jurisdicciones; Katia Solano de 638 e Imogene Wilson de 422.

En medio del escándalo mundial que significó la publicación de los “Panama Papers”, Mossack Fonseca ha ocupado como defensa el que los chequeos que históricamente ha realizado el bufete antes de incorporar a nuevos clientes a su portafolio, son rigurosos y exceden con creces los estándares existentes en Panamá. Pero la práctica indica que los controles del organismo -tal como lo demuestra la investigación internacional de ICIJ y sus medios asociados- han fallado. Ovalle es uno más de una larga lista de personajes que lo evidencian.

A comienzo de los ‘80 Alfredo Ovalle se convirtió en Chile en el protagonista de un escándalo de proporciones. En 1983, junto a Mario Olavarría Aranguren (hermano del ex jefe financiero de la DINA) fue sometido a proceso en calidad del delito de autor de estafa y fraude contra el Banco de Fomento del Bío Bío, de cual Ovalle fue presidente en 1982, institución financiera de la cual también era socio Humberto Olavarría.

Cuando Sierra Leona fue inscrita por Mossack Fonseca en los registros comerciales de Panamá en 1987, Ovalle estaba en medio del proceso judicial. Recién en agosto de 1991, el ministro en visita Hernán Correa de la Cerda, dictó sentencia de primera instancia contra Ovalle y Olavarría: los condenó por delitos reiterados a 541 días de presidio menor en su grado medio y a una multa en dinero.

Entre las acusaciones figuran las millonarias pérdidas que experimentó el banco por créditos otorgados a empresas relacionadas. Entre ellas, la Sociedad Inmobiliaria y Comercial Asesora L.V.M. Ltda. y Reloncaví Dos, en ambas Ovalle era socio de Humberto Olavarría. También aparece allí la Pesquera Chauques, la cual recibió cuantiosos bienes de la pesquera de la DINA (EPECH). Todos ellos (incluyendo barcazas y el barco “Nordsee”) fueron liquidados por Olavarría. Pesquera Chauques era propiedad de Olavarría, Raimundo Langlois y Alfredo Ovalle, a través de Comercio Bio Bío.

El ministro Correa de la Cerda enfrentó múltiples problemas durante su investigación. El rumor que corría era que Manuel Contreras ocultaba dineros en el Banco de Fomento del Bío Bío. Finalmente, en su dictamen, el ministro señaló: “El banco otorgó a empresas y personas naturales relacionadas con su administración, préstamos cuantiosos sin garantía, en menoscabo de los intereses del banco”.

En mayo de 1998, Ovalle y Olavarría serían absueltos de todos los cargos por la Corte Suprema. El fallo de alzada sentenció que el Banco de Fomento del Bío Bío “tomó una serie de decisiones económicas excesivamente riesgosas e imprudentes consistentes en una serie de préstamos a empresas o personas relacionadas de enorme cuantía” y que se ejecutaron “operaciones excesiva e injustificadamente onerosas para el banco que terminaron en su insolvencia”. No obstante ese preámbulo, a reglón seguido el fallo señaló que Correa de la Cerda (falleció en diciembre de 1992) no había logrado demostrar a cabalidad la existencia de dolo en el actuar de los acusados.

Cuando Ovalle fue absuelto de cargos, Sierra Leona tenía casi 10 años de funcionamiento.

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Tras su creación, la offshore panameña Sierra Leona, cuyas acciones fueron emitidas al portador, comenzó a adquirir participación en distintas sociedades chilenas vinculadas a Alfredo Ovalle: Inversiones y Comercial Carahue, Inversiones Santo Domingo, Inversiones Santo Domingo II, Agrícola Forestal y Ganadera San Francisco de Polpaico, Inversiones San Ramón, Inversiones Trineo, Inversiones Paciflor e Inversiones Luciérnaga, entre otras.

Minera Las Cenizas

El 12 de agosto de 2002, Alfredo Ovalle y su socio Raimundo Langlois, viajaron a Panamá para reunirse con los abogados de Mossack Fonseca. La razón del viaje se relacionaba con el interés del empresario chileno de adquirir dos nuevas sociedades panameñas que pasaron a controlar Sierra Leona. Tras la visita, aparecieron en el mapa de inversiones de Ovalle y Langlois: Thames Global Corporation y Blue Hill Group Incorporated, las que se quedaron con el 100% de las acciones de Sierra Leona en partes iguales.

Tras consolidar su estructura de negocios en Panamá y Chile, Ovalle y Langlois iniciaron otros movimientos financieros. El 17 de marzo de 2006 Imogene Wilson, una de las ejecutivas de Mossack Fonseca y directora de Sierra Leona, fue autorizada para abrir una cuenta corriente para la sociedad en la sucursal panameña del Banco Credit Suisse. Ella es la que aparece como titular de la cuenta, aunque se le entregaron poderes en calidad de abogados a Ovalle y Langlois para que pudiesen operarla.

Cuando Sierra Leona adquirió el 100% de las acciones de Inversiones Santo Domingo II, Ovalle empezó a utilizar a esa última sociedad para participar en distintas empresas: Comercial Serendipity, Agrícola El Peumo e Inversiones Ariwash.

Francisco Ibáñez Concha, mano derecha de Ovalle y Langlois en Minera Las Cenizas, es quien históricamente ha llevado la relación con Mossack Fonseca. Lo usual, es que Ibáñez envíe instrucciones a Panamá para que el directorio ficticio de Sierra Leona consigne en actas oficiales las decisiones que Ovalle y Langlois adoptan respecto de sus negocios.

La apertura de la primera cuenta corriente de Sierra Leona en el Credit Suisse se dio tras una larga discusión interna entre ejecutivos de Mossack Fonseca, capítulo del que ni Ovalle, ni Langlois ni Ibáñez se enteraron.

Francisco Ibáñez Concha

El 9 de marzo Ibáñez había telefoneado al área financiera de Mossack Fonseca preguntando por los procedimientos a seguir para cambiar las acciones al portador de Sierra Leona por acciones nominativas. El propósito de Ovalle y sus socios era abrir una cuenta corriente en Estados Unidos, país donde no aceptan realizar ese procedimiento en sociedades con acciones cuyo tenedor no esté identificado. También preguntó qué clase de documentos requerirían las entidades financieras estadounidense cada vez que recibieran transferencias por montos sobre los US$500.000.

Los ejecutivos de Mossack Fonseca planearon presentarle una alternativa que conviniera a los intereses de la propia firma. “Quiero venderle al cliente lo que más le conviene a la firma… pensaría que es abrir las cuentas en Panamá o ¿me equivoco?”, preguntó por correo electrónico la ejecutiva Julie Palacios. La respuesta de Ramsés Owens, uno de los abogados de la firma fue inmediata: “100%, por enmendar el pacto no ganamos mucho(se refiere al cambio de acciones a nominativas). Por tramitarle cuentas facturamos más, y lo tenemos como cliente cautivo por mucho más tiempo”.

Sin conocer los motivos detrás de las recomendaciones de Mossack Fonseca, Ovalle y sus socios optaron por Panamá como plaza financiera. Los movimientos continuaron.

A comienzos de 2007, los directores panameños de Sierra Leona, por instrucciones de sus clientes chilenos, resolvieron facultar a Francisco Ibáñez Concha para que “en uso de los poderes que detenta de la sociedad, actúe en Chile con las más amplias facultades y con el objeto de diversificar las inversiones que posee la sociedad en la empresa chilena Inversiones Santo Domingo II Limitada, retire utilidades de esa sociedad por una cantidad no superior a US$10,5 millones a objeto de invertirlos inmediatamente en Inversiones San Ramón Limitada”, sociedad vinculada a Ovalle.

El 23 de enero de 2007, según registro del Diario Oficial, Inversiones San Ramón Limitada fue modificada. La panameña Sierra Leona ingresó a su propiedad aportando $5.427 millones, quedándose con el 99% de las acciones. En febrero de 2009, Inversiones San Ramón, cuyo capital para entonces ascendía a $6.398 millones, sería dividida, dando origen (sin desaparecer) a otras tres empresas: Inversiones Luciérnaga; Inversiones Paciflor; e Inversiones Trineo, todas ellas controladas en un 99% por Sierra Leona.

BELLO AMANECER

El 23 de octubre de 2008, la junta directiva de Sierra Leona instruyó la apertura de una cuenta corriente en el Banistmo de Panamá. En esa misma reunión de directorio, se autorizó al abogado panameño Mario Fonseca López (propietario del bufete Fonseca y Abogados) para que la solicitara.

Fonseca López se había convertido en el hombre ancla de Ovalle y sus socios en Panamá, y en el punto de contacto más próximo con el bufete panameño. Fonseca López ha participado en la constitución de varias empresas pantalla y aparece como director o agente en algunas de ellas. Un artículo del diario El País (España) publicado en 1989 lo vincula como apoderado de la sociedad panameña The Rio Seco Business Company, compañía ligada a la familia asturiana Fernández Espina. Los Fernández Espina fueron investigados a fines de la década de los ’80 por sus conexiones con la familia del narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros (ver artículo).

En 2008, una nueva sociedad se incorporó a la estructura de Ovalle en Panamá: la Fundación Bello Amanecer. Entre los servicios que ofrece Mossack Fonseca está el de crear fundaciones de interés privado. Los beneficios que ofrecen son múltiples. En su propia página web los señala: “Una fundación de interés privado panameña, es una entidad que no tiene dueños, pero sí tiene beneficiarios cuyos nombres no son de conocimiento público (…) Se establece claramente un patrimonio separado. Como resultado de ello, la titularidad de los activos no puede ser atacada o impugnada una vez los activos han sido transferidos con éxito, a menos que dentro de los tres años de haberse transferido los bienes, se pueda demostrar que los mismos derivan de un acto criminal o fraudulento” (ver aquí).    

El 28 de octubre de 2008 a las 10:14, Rigoberto Coronado, de Mossack Fonseca, escribió un correo electrónico dirigido a su colega Verna Nelson, con las siguientes instrucciones: “Favor mandar a hacer acta de junta directiva de la sociedad Sierra Leona, en la cual se cancelen los certificados de acciones al portador, todos los existentes, y se emita uno solo en reemplazo de las acciones en circulación, a favor de Fundación Bello Amanecer”.

El acta de la junta directiva que oficializa esa reestructuración está fechada ese mismo día a las 10:30. Los directores que autorizan el movimiento son: Francis Pérez, Leticia Montoya, Imogene Wilson, Marta Edghill y Katia Solano. Así, las acciones al portador fueron canceladas y se emitieron nuevas por la totalidad del capital autorizado (US$10.000) “a cambio de su valor nominativo” y a favor de Fundación Bello Amanecer.

El 3 de diciembre de 2008, una nueva junta de accionistas de Sierra Leona resolvió autorizar la inclusión de Alfredo Ovalle, Raimundo Langlois y Mario Fonseca López, como firmantes de la cuenta corriente que la sociedad tiene con el Banitsmo.

Ovalle, Langlois y Fonseca no solo adquirieron poder para operar la cuenta que abrió Sierra Leona con el Banistmo. El 2 de septiembre del 2009, una nueva junta directiva de la sociedad resolvió incluir “como nuevos firmantes” a las mismas personas en la cuenta corriente “que mantiene Sierra Leona en el Banco HSBC de Panamá, sucursal Obarrio”.

En junio de 2010, Sierra Leona y sus inversiones en Chile experimentaron nuevos movimientos. El 1 de ese mes, Francisco Ibáñez le escribió  a Rigoberto Coronado para que realizara una junta de accionistas “actuando los dignatarios panameños” para que se autorizara la aprobación de aumentos de capital en las sociedades chilenas Minera Buenaventura e Inversiones Santo Domingo II.

El Diario Oficial registra que al menos una de esas disposiciones se llevó a cabo en agosto de 2010. El capital social de Minera Buenaventura pasó de $2,5 millones a $4.895 millones. El aumento se realizó “mediante capitalización revalorización capital propio de la sociedad, acumulada según balance al 31 de diciembre 2009, ascendente a $412.912.889 y de utilidades acumuladas, según mismo balance, ascendentes a $4.430.716.352”.

A partir de esta reestructuración, la panameña Sierra Leona quedó con el 98% de las acciones, Cibelys con 1% (otra sociedad panameña de Ovalle) y Alfredo Ovalle con el otro 1%. De aumentos de capital de Inversiones Santo Domingo II en fechas cercanas a la aprobación de la junta directiva (junio 2010), no hay rastro.

ES UN PEP

En mayo de 2008, y a propósito de que la junta directiva de Sierra Leona había decidido emitir un poder especial a Alfredo Ovalle, Raimundo Langlois y Francisco Ibáñez, se le pidió al departamento de “compliance” (cumplimiento) de Mossack Fonseca revisar sus antecedentes. El 5 de mayo de 2008, una ejecutiva de Mossfon escribió a “compliance”: “Buenos días, agradecemos ubicar información adicional del Sr. Alfredo Ovalle Rodríguez, cédula nacional de identidad de Chile N° (…) quien según el World Check realizado aparece como PEP (Persona Expuesta Políticamente)”.

La mayoría de las instituciones financieras en el mundo cuentan con políticas respecto de las personas catalogadas como PEP, consideradas de alto riesgo para la banca, lo que obliga a redoblar los esfuerzos en sus procedimientos de chequeo respecto de las operaciones financieras que éstos realizan.

La respuesta del departamento de cumplimiento de Mossfon fue la siguiente: “Les confirmamos que se trata de la misma persona, inclusive vemos que el número de cédula coincide. World check lo ha clasificado PEP, sin embargo revisando en Google podemos confirmar que no se encontraron artículos que lo relacionen con alguna actividad ilícita. Es posible que lo hayan clasificado PEP por haber ocupado el cargo de presidente de SONAMI (Sociedad Nacional de Minería) en Chile”.

Con esa información, el jefe del departamento de corporaciones de Mossack Fonseca, Edison Teano, zanjó el tema: “Si solo aparece como PEP por esa razón, no veo inconveniente en seguir adelante con el poder”.

El proceder de Mossack Fonseca no fue el mismo que siguió años después, en enero de 2013, el Credicorp de Panamá cuando decidió, pese a la insistencia de Mossack Fonseca, no abrirle cuenta corriente a Sierra Leona.

Tras informarle a la subgerenta del banco (16 de octubre de 2012) si la institución financiera tenía algún reparo con abrir una cuenta –a nombre de Sierra Leona– para recibir los dividendos de “una compañía minera allá en Chile”, Rigoberto Coronado de Mossack Fonseca le escribió a Francisco Ibáñez solicitándole una serie de documentos para entregarle un dossier al banco. Entre ellos, recomendaciones comerciales.

-“¿Cuándo dices recomendaciones comerciales, a qué te refieres?”, preguntó por correo electrónico Ibáñez.

-“Me refiero a una empresa que trabaje contigo, en realidad yo te puedo hacer una de Mossfon, no te preocupes por esa”.

El 23 de noviembre fue Coronado quien preguntó a Ibáñez: “¿Vamos a indicarle al banco que el último accionistas o beneficiario final es Alfredo Ovalle? ¿Cuánto será el depósito final?

A lo que Ibáñez respondió: “Efectivamente en Sierra Leona el beneficiario final es Alfredo Ovalle. El depósito inicial será cercano a US$100.000”.

Las tratativas con el Credicorp marchaban sin inconvenientes. Pero el 18 de enero de 2013 todo cambió. El banco rechazó la apertura de la cuenta. Frente a la negativa, Coronado escribió a la ejecutiva: “Hice que nuestro departamento de cumplimiento buscara y me reportaron lo mismo que ya tienen ustedes. Leí todo lo que aparece en la jurisprudencia de este caso (NdR: se refiere al extenso juicio del Banco de Fomento del Bío Bío, del que Ovalle fue absuelto en 1998)  y aunque no soy abogado chileno, mi formación me ayuda a entender que como todo buen litigio, se cumplieron las etapas procesales en este complejo caso y en la Corte Suprema de Justicia fueron absueltos todos los acusados”.

La respuesta del banco no cambió: “Hemos enviado nuevamente a consideración la cuenta, pero lamentablemente nos han solicitado desistir del trámite de don Alfredo. Favor confirmar cuándo retirarán los expedientes relacionados con la apertura”.

Entre los papeles que Ibáñez envío desde Chile para la apertura de la cuenta de Sierra Leona en el Credicorp de Panamá, aparecen dos dossiers. Uno corresponde a Ovalle y el otro a Langlois. En los de ambos están sus respectivas declaraciones de renta de los años 2011 y 2012. Para el año 2012, Ovalle declaró $741.134.283 (ítem subtotal renta global comp.) y pagó $161.882.696 en impuestos. Langlois, en tanto, declaró $523.395.348 (mismo ítem) y pagó $114.399.417.

El 2 de enero de 2014, los ejecutivos de Mossack Fonseca parecen haber logrado el objetivo de abrir una nueva cuenta corriente. En el acta de directorio que se llevó a cabo ese día, el Multibank de Panamá fue “designado depositario de los dineros de Sierra Leona”. Francisco Ibáñez, Mario Fonseca Imendia y Mario Fonseca López, quedaron con autorización para firmar.

El último documento disponible de Sierra Leona en los papeles de Mossack Fonseca, refiere a la tasa anual obligatoria que deben pagar todas las sociedades anónimas en Panamá (el único que deben hacer en ese país). El pago fue realizado el 23 de enero de 2015 y fue de US$300, monto que le cuesta a Ovalle y sus socios mantener activa esa sociedad en los registros comerciales de Panamá. La cifra total de dineros que llegaron desde Chile a las cuentas asociadas a sus entidades offshore permanece en secreto.

LAS CARTAS

El 22 de marzo pasado, CIPER envió a través de sendos correos electrónicos cartas para Alfredo Ovalle Rodríguez y para Raimundo Langlois Vicuña, preguntándoles sobre sus sociedades en Panamá. CIPER no recibió respuesta.

Ovalle optó por explicar su situación a través de una carta al director enviada al diario La Tercera, y publicada el miércoles 6 de abril:

“Señor director,
En relación con algunos comentarios recibidos producto de la mención de mi nombre en la prensa, quisiera precisar lo siguiente.

Con ocasión de la crisis económica que afectó a Chile en los años ochenta, algunas de las empresas donde participaba como accionista y administrador cayeron en quiebra. Esto dio lugar a procesos judiciales de los acreedores en mi contra, en todos los cuales fui completamente absuelto por la Corte Suprema de Justicia después de más de 15 años en los que, como es habitual en estos casos, me vi restringido de ser sujeto de crédito, adquirir bienes y poder actuar a mi nombre.

Producto de esta situación, me vi en la necesidad de partir nuevamente, y para los efectos de poder reiniciar mi vida empresarial, debí hacerlo a través de una sociedad extranjera.

Todas las utilidades de estos emprendimientos tributaron en Chile con el impuesto a la renta, y aquellas cantidades que se remesaron al exterior cumplieron con los deberes tributarios aplicables en Chile. Esta información está en conocimiento de las autoridades pertinentes de nuestro país y, tanto mis empresas como yo, estamos al día con nuestras obligaciones impositivas.

Alfredo Ovalle Rodríguez”.

Después de que decidió no repostular al Senado en 2013, el ex presidente Eduardo Frei estuvo lejos de acogerse a retiro. El 24 de abril de 2014 la Presidenta Michelle Bachelet lo nombró Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial para el Asia Pacífico. ¿Cuál es esa misión? Entre otras cosas, conseguir que grandes inversionistas de esa zona pongan su dinero en proyectos de infraestructura pública. Frei parecía hecho a la medida para la tarea, gracias a sus privilegiados vínculos con China y Japón, donde goza de la confianza de altas autoridades. En China, incluso, se distribuye el “Vino Presidencial Frei”, exportado desde Chile por Akana Wines y por el que la Fundación Frei había recibido hasta fines de 2015 un royalty por US$70 mil, aunque allegados al ex mandatario enfatizaron a CIPER que Frei “no hace negocios personales con China y Asia”.

Eduardo Frei

El que sí los hace es uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente: Pedro Yaconi, representante legal de la Fundación Frei al menos hasta fines de 2015. El abogado actuó como recaudador para la fallida campaña presidencial del ex mandatario en 2009 y es pareja de su hija, Magdalena Frei Larraechea. Pedro Yaconi se ha presentado ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP) acompañando a ejecutivos de una importante constructora china: Sun Yu y Chu Yili, ejecutivos de la China Road & Bridge Corporation (CRBC). Además, es el asesor legal de la polémica constructora brasileña OAS.

El registro de lobby del MOP indica que el 7 de marzo pasado Pedro Yaconi, en calidad de “gestor de intereses”, acompañó a los dos ejecutivos chinos de CRBC a una audiencia con Eduardo Abedrapo Bustos, coordinador de Concesiones de Obras Públicas. En el registro se menciona escuetamente el motivo de la cita: “Les interesa conocer e invertir en proyectos” (vea ficha del registro de lobby).

Consultado por CIPER, Abedrapo señaló que efectivamente, en la audiencia sus interlocutores manifestaron interés en proyectos de concesiones que están próximos a licitarse. Sobre el rol de Yaconi en la cita, señaló que los acompañaba como asesor.

Una ficha anterior del mismo registro de lobby permite establecer con mayor precisión cuál es el mayor interés de los chinos en sus conversaciones con el MOP: el meganegocio del Túnel Binacional Agua Negra. Así quedó consignado en la ficha de la audiencia que el 20 de noviembre del año pasado el ministro del MOP, Alberto Undurraga, concedió a los mismos Chu Yili y Sun Yu, quienes se presentaron acompañados de Du Fei, Li Jiaxin, Zhou Hongying y Sun Lingyue.

La ficha de esa audiencia indica que la visita era de alto nivel: Du Fei es vicepresidente de la compañía y venía a agradecer la invitación del MOP a participar en las licitaciones programadas para los próximos dos años. De ese paquete, los ejecutivos de CRBC manifestaron interés en tres obras: el tramo Príncipe de Gales-Los Presidentes de Américo Vespucio, la conexión vial de las rutas 68 y 78, y la relicitación de la Ruta 5.

En la cita, aprovecharon de reiterarle al ministro Undurraga que lo que realmente les interesa es adjudicarse el proyecto del Túnel Binacional Agua Negra. Una obra que involucra un cuantioso volumen de dinero para los estándares locales: más de US$ 1.400 millones (cerca de $930 mil millones). “Reiterar nuestro interés en el proyecto Túnel Agua Negra, que CBRC ha venido siguiendo de cerca en nombre de nuestra empresa matriz”, quedó registrado en la ficha de la audiencia.

El Túnel Binacional Agua Negra es la “joya” de los proyectos de infraestructura pública que abre los apetitos de las grandes constructoras que operan en Sudamérica. La obra unirá la Región de Coquimbo con la provincia argentina de San Juan, consolidando un corredor bioceánico para el tránsito de mercancías desde Porto Alegre hasta el puerto de la IV Región.

En el meganegocio del túnel también puso sus ojos la constructora brasileña OAS, una de las 19 empresas que cumplió con los requisitos del llamado a “manifestación de interés” que se realizó en octubre de 2013. OAS también es asesorada por Pedro Yaconi, aunque en el entorno del abogado aseguran que el tema del túnel no está entre los trabajos que le han encargado los brasileños.

La matriz de OAS quebró en marzo de 2015, pues no tuvo más acceso al crédito tras aparecer envuelta en la investigación de corrupción que también tiene en la cuerda floja a la presidenta Dilma Rousseff y a Lula da Silva. De ser protagonista estelar de las licitaciones de obras públicas chilenas -se había adjudicado el Hospital de Rancagua y luego el ambicioso proyecto del Puente de Chacao-, ahora el único objetivo de OAS en Chile es liquidar sus asuntos y emprender la retirada. Una tarea que se cumplía sigilosamente y sin asperezas hasta que OAS aterrizó en las primeras planas el 13 de marzo último, cuando La Tercera la vinculó con el jet que usó Marco Enríquez-Ominami en su campaña de 2013.

Un alto funcionario del MOP que ha recibido a Yaconi después de que OAS se adjudicó el Puente de Chacao en consorcio con la coreana Hyundai (obra que involucra unos $360 mil millones), dice que este no se comporta como un abogado de la compañía que solo discute temas jurídicos o contractuales. Su rol, señala la misma fuente, es el de un lobista que representa los intereses de la constructora ante las autoridades.

(Fuente: elnuevoherald.com)

En estos días Yaconi está concentrado en liquidar la participación de OAS en el Puente Chacao, por lo que asesora el proceso de venta del 49% de participación que la constructora tiene en el consorcio que integra con Hyundai. La misma compañía coreana que posee el restante 51%, es una de las interesadas. Para el MOP la resolución de esa venta y la salida de OAS son prioritarias, pues extender su permanencia empantana el desarrollo del puente.

Además, el MOP también quiere deshacer prontamente sus lazos con una empresa contaminada con la corrupción revelada en Brasil y acusada de pagar coimas y hacer aportes ilegales a políticos en Perú, Argentina y Uruguay.  Estas denuncias han sido atizadas por las recientes revelaciones de la investigación periodística internacional “Papeles de Panamá”, que reveló la existencia de sociedades offshore creadas por el bufete panameño Mossak Fonseca que pudieron participar en la cadena para lavar activos y pagar sobornos en Brasil (vea el especial de CIPER sobre los “Papeles de Panamá”).

Antes, en febrero de este año, Pedro Yaconi consiguió afinar y finiquitar la venta del 33% que OAS tenía en el consorcio que ejecutó el Hospital de Rancagua (que involucró $67 mil millones). El comprador fue la constructora Echeverría Izquierdo, que ya era parte del mismo consorcio.

Desde el año pasado, Pedro Yaconi integra el bufete Yaconi, Laura y Nakouzi. En el entorno del abogado confirmaron que él asesora a OAS y que se trata de un cliente que atiende de manera personal, por lo que este vínculo no tiene relación con los bufetes en que ha participado.

Contactado por CIPER, Yaconi declinó referirse a su papel de abogado de la constructora OAS, ya que no fue autorizado por su cliente. Pero sí aceptó entregar su versión sobre su rol como asesor de la compañía China Road & Bridge Corporation (CRBC):

-No veo ningún conflicto de interés entre mi trabajo, que he desarrollado durante 20 años, como abogado asesor de empresas de infraestructura y concesiones, y el rol que cumple Eduardo Frei como embajador extraordinario para el Asia-Pacífico. Si Frei hubiese tenido contactos previos con esta empresa, yo no la habría tomado como cliente. No tengo una relación laboral con Eduardo Frei, nada me impide tomar los clientes que estime conveniente. Si creyera que aquí hay un conflicto de interés, tendría que cerrar mi oficina de abogado –afirmó a CIPER.

LA MISIÓN DE FREI

Una de las tareas específicas que ha llevado adelante el ex presidente Eduardo Frei en su rol de embajador extraordinario, es conseguir inversionistas para el Túnel Agua Negra. En agosto de 2015, durante el evento Chile Week desarrollado en Shanghai, Frei encabezó una misión que incluyó al ministro del MOP, Alberto Undurraga, para atraer inversiones para obras de infraestructura entre las que promocionó el Túnel Agua Negra como la licitación más próxima.

Tres meses después del Chile Week, los ejecutivos de la china CRBC se reunieron con Undurraga para recordarle el interés que tienen en el Túnel Agua Negra.

Ya en enero de 2013 CRBC había hecho público ese interés. En esa oportunidad Chu Yili se reunió con el entonces gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, a quien le manifestó que su compañía estaba en condiciones de realizar los estudios de ingeniería, conseguir el financiamiento y ejecutar las obras. Ese mismo mes el ejecutivo de la brasileña OAS, Marcel Henrique Corazza, también fue recibido en audiencia por Gioja y manifestó el deseo de su compañía de hacerse cargo del proyecto.

Entre las autoridades argentinas siempre se miró con entusiasmo la participación de una constructora brasileña. Así lo era, al menos, bajo la administración de Cristina Fernández en la Casa Rosada y de José Luis Gioja en San Juan. Según la versión de la prensa sanjuanina, en la visita de saludos protocolares cuando asumió Dilma Rousseff, la mandataria brasileña le resaltó al gobernador Gioja el interés de las constructoras brasileñas en el Túnel Agua Negra.

De hecho, el principal estudio de ingeniería para el proyecto del túnel que contrató Argentina se financió con dinero del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil (BNDES): US$ 10 millones. Con esos fondos los argentinos le encargaron el informe a una consultora brasileña: Bureau de Projetos.

En Chile no hay tanto entusiasmo como en Argentina por el eventual ingreso de brasileños al proyecto. No obstante, en el entorno de Pedro Yaconi niegan que OAS lo haya contratado por sus vínculos privilegiados con Eduardo Frei, para hacer lobby por el Túnel Agua Negra.

En octubre de 2013 se cerró la “manifestación de interés” para adjudicarse las obras del túnel y se presentaron 23 empresas, pero cuatro de ellas no cumplieron los requisitos, por lo que 19 siguieron en carrera (vea la nómina completa). Entre ellas había tres brasileñas: OAS, Odebrecht y Camargo Correa. Las tres están siendo investigadas en el proceso contra la corrupción política que remece a ese país.

Con las compañías brasileñas fuera de carrera, el campo se abre auspicioso para los capitales chinos. China Road & Bridge Corporation (CRBC) es una de las empresas que calificaron.

HOMBRES DE FREI

Pedro Yaconi no sólo fue recaudador de dinero para la campaña de Frei en 2009, también integró el comité de finanzas de esa fallida postulación. Facturas emitidas por tres sociedades en las que participa están siendo investigadas por el Ministerio Público bajo la sospecha de que se usaron para el financiamiento ilegal de la política. Esas facturas fueron pagadas por Empresas Copec (Grupo Angelini), Aguas Andinas y Soquimich (ver reportaje de CIPER).

Una de esas sociedades es C2P consultores, de la que Yaconi es socio y representante legal, y que Magdalena Frei ha administrado. La dirección que proporciona la Cancillería cuando se consulta por la oficina de la Embajada Extraordinaria de Chile para el Asia Pacífico es Vitacura 2771, oficina 603. Lo curioso es que es la misma ubicación que se asigna a C2P en la web de esa empresa (vea imagen de esa web). Y si usted llama a las oficinas de la embajada, como lo hizo CIPER, le dirán que puede dejar mensajes para C2P o para Magdalena Frei.

Magdalena Frei

De hecho, Magdalena Frei respondió el recado que CIPER le dejó en las dependencias de la embajada. En ese contacto, realizado a comienzos de este año, ella explicó que la consultora ya no funcionaba en esa dirección y que no tiene clientes de Asia Pacífico, por lo que no veía un conflicto de interés entre las actividades de su padre y el negocio que ella administraba. En todo caso, no descartó que a futuro C2P pueda trabajar con clientes de esa zona geográfica.

Yaconi no es el único miembro del círculo más cercano a Frei que ha probado suerte en el negocio de asesorar a inversionistas asiáticos. También lo ha hecho Cristián Toloza, quien ha sido asesor del ex mandatario desde 1994.

En septiembre de 2014 la Cancillería contrató a honorarios a dos personas para que asistieran a Eduardo Frei en las labores de su embajada extraordinaria para el Asia Pacífico: el sicólogo Cristián Toloza y el abogado Francisco Pérez Walker, cada uno por $1,1 millón mensuales. Toloza fue estrecho asesor de Frei en su gobierno, luego embajador ante el Reino de los Países Bajos en la administración de Ricardo Lagos, director de la Fundación Frei y, hasta mediados de 2015, director del Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). A su vez, Pérez Walker fue embajador en Portugal, Cónsul en Bolivia y director Consular de la Cancillería.

Un año antes de su contratación a honorarios en la embajada extraordinaria de Eduardo Frei, el sicólogo Toloza había creado la oficina TCS Capital Partners, que se promocionaba en la web como una empresa enfocada en “identificar, diseñar y construir propuestas para articular inversiones y negocios entre los mercados de Chile y Asia Pacífico“. Las áreas de interés ofrecidas eran energías renovables, minería, productos agrícolas y del mar. Como socios de Toloza aparecían los ingenieros Hernán Covarrubias y José Manuel Saavedra.

El sicólogo se presentaba en la web de TCS como “experto en asuntos de Asia Pacífico, que ha publicado libros de Japón, China, Corea del Sur con una perspectiva latinoamericana. Ex asesor presidencial, ex embajador en los Países Bajos, y consultor de análisis estratégico para los sectores público y privado” (vea la web de la empresa, la que fue “bajada” después de las consultas de CIPER).

Los libros a los que hace mención Toloza, los publicó cuando fue contratado en la Biblioteca del Congreso Nacional, organismo al que accedió en 2007 de la mano de Frei para abrir un programa de estudios del Asia Pacífico. Los volúmenes que editó son seis (tres sobre China, uno de Japón, otro de Corea y uno acerca de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Además, creó en la BCN un observatorio de la relación de Chile con esa región para asesorar a parlamentarios.

Entre los auspiciadores de los libros de Toloza figuran Forestal Arauco (del Grupo Angelini, investigado por pagar facturas sospechosas a C2P), Akana Wines (que comercializa el “Vino Presidencial Frei”), el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, Codelco y Banco de Chile.

Toloza rehusó dar una entrevista a CIPER, pero accedió a responder consultas puntuales sobre los negocios que intentó realizar con inversionistas de Asia Pacífico. Sobre su oficina TCS Capital Partners, dijo: “Ya no existe. Nunca constituimos una sociedad y nunca se logró hacer un negocio”. Explicó que inicialmente la idea era que uno de los socios se radicara en China, pero ello no ocurrió. “Hernán y José estaban a cargo. Yo daba contactos para abrir puertas. La intención era representar a empresas e intermediar negocios. Tuvimos consultas por minería y pesca, pero ningún negocio resultó”.

Consultado si esta actividad era compatible con el cargo que entonces tenía en la BCN, ya que obtendría beneficio de su labor en una entidad pública, dijo: “Yo no tenía incompatibilidad como empresa individual (EIRL) para hacer negocios”. También puntualizó que TCS Capital Partners no tuvo ninguna relación con el ex presidente Frei ni con la Fundación Frei.

Fuera de Capital Partners, Toloza dijo a CIPER que intentó negocios por su cuenta con una empresa coreana interesada en fabricar micro procesadores para paneles solares, pero aseguró que todo quedó en consultas y nunca hubo pago.

Toloza renunció a la embajada extraordinaria en diciembre de 2014. El asesor de Frei dijo a CIPER que su contrato a honorarios en la BCN por $3 millones mensuales le impedía desempeñarse en otra repartición pública, por lo que dejó el apoyo a Frei. A mediados de 2015 también salió de la biblioteca, pero en diciembre regresó a Relaciones Exteriores, a la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), esta vez como jefe del Departamento Europa, África y Medio Oriente.

LOS VIAJES Y EL VINO PRESIDENCIAL

La Cancillería informó a CIPER de seis decretos emitidos para sendas misiones del embajador Frei desde junio de 2014 a julio de 2015, en los que se detallan los viáticos pagados al ex mandatario, que suman US$21.377. Estas misiones incluyeron viajes para informar la posición de Chile ante otros gobiernos por la demanda de Bolivia en la Corte Internacional de La Haya. Tres de las seis misiones fueron a China, una a Japón, otra a Centroamérica y la sexta a Nueva York.

En junio de 2014, Frei partió a Beijing y Hong Kong y los pasajes corrieron por cuenta del invitante que no fue identificado. El decreto firmado por el canciller Heraldo Muñoz dividió la tarea entre el 14 y 18 de junio y el 27 al 30 de ese mes, quedando un intermedio de nueve días durante los cuales, estando en China, Frei actuaba como persona privada según dijeron sus cercanos. Ese lapso fue el que ocupó para el lanzamiento del “Vino Presidencial Frei”.

Volvió a viajar a China entre el 16 y 27 de noviembre de 2014 y participó en el Asia Cooper Week en Shangai, encuentro mundial del cobre. No volvió a Asia hasta agosto de 2015 para las celebraciones de los 45 años de relaciones diplomáticas de nuestro país con China. Luego, en septiembre, tuvo una misión desde el 29 de ese mes al 18 de octubre, a la India y Japón, periplo al que lo acompañó su esposa y en el que fue recibido por el emperador Akihito.

Frei estrechó sus lazos con Asia tras una visita oficial a China durante su periodo presidencial y luego los profundizó como senador. En 2007 viajó a Beijing acompañado de Cristián Toloza, Pedro Yaconi y el entonces rector de la Universidad Santo Tomás, Gerardo Rocha, quien logró el acuerdo con las autoridades chinas para crear el primer Instituto Confucio en Chile, en 2008, en Viña del Mar. Ese mismo año, Rocha murió horriblemente quemado al cometer un homicidio por celos.

En mayo de 2014 se inauguró en Santiago la sede del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina (CRICAL), que agrupa a 11 países. Frei integra el consejo asesor del centro, con representantes chinos y latinoamericanos.

Al menos hasta fines de 2015, Magdalena Frei era directora ejecutiva y Pedro Yaconi  representante legal de la Fundación Frei, la cual recibió US$70 mil hasta el año pasado como royalty por el envío de las primeras 10 mil unidades del “Vino Presidencial Frei”. Esta es una iniciativa de Viña Undurraga y la empresa china Perfect, que ya promocionaba el vino del ex presidente sudafricano, Frederik de Klerk.

Undurraga es una compañía en la que son socios mayoritarios el colombiano Rafael Picciotto y el chileno José Yuraszeck. Para exportar el vino a Asia se constituyó en febrero de 2014 la sociedad Akana Chile, entre Viña Undurraga e Inversiones Ignamar, esta última representada por Ernesto Müller, gerente general de Akana. Müller explicó a CIPER que él hizo el contacto inicial con los asiáticos y luego con Frei.

El acuerdo se materializó en un contrato entre Akana y la Fundación Frei, por el cual esta última recibe un royalty del 10% de la facturación FOB (puesto en el puerto de embarque) del vino presidencial enviado a China. Müller explicó que los vinos presidenciales no se venden al público, sino a coleccionistas o se utilizan en remates de beneficencia. En una subasta una botella puede alcanzar US$1 mil. El compromiso de Frei es apoyar la difusión de la marca con un viaje anual.

El lanzamiento del “vino rojo Frei” en China fue en el Kerry Hotel de Beijing el 19 de junio de 2014, con el ex presidente como figura estelar. Lo acompañaron su esposa Marta Larraechea y Cristián Toloza, en esa fecha director del Programa Asia Pacífico de la Biblioteca Nacional, quien asistió invitado por Perfect. Previamente, en mayo de 2013, Frei había viajado a Los Ángeles (Estados Unidos), a  la reunión anual de los distribuidores de Perfect en el mundo, donde se anunció su vino ante seis mil asistentes. Lo acompañaba Pedro Yaconi.

YACONI Y OAS

El primer contacto entre la brasileña OAS y Pedro Yaconi del que se tiene registro público ocurrió cuando el ex presidente Lula da Silva visitó Santiago el 27 y 28 de noviembre de 2013. En ese viaje, Lula participó en un desayuno organizado por la  Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), al que asistió acompañado por el presidente de OAS, José Adelmário Pinheiro, quien fue detenido en Brasil en diciembre pasado a raíz del proceso por corrupción que involucra a Petrobras.

En la foto oficial de ese desayuno figuraron protagonistas del mundo de los negocios de alto octanaje, como Eliodoro Matte (CMPC), Horst Paulmann (Cencosud) y Juan Eduardo Errázuriz (Sigdo Koppers). También participaron dos recaudadores de fondos para campañas concertacionistas: Jorge Rosenblut  y Pedro Yaconi.

Rosenblut asistió en calidad de presidente de Endesa, cargo que dejó en julio de 2015, diez días antes de declarar en la investigación por los aportes políticos ilegales de SQM. Yaconi lo hizo en representación del estudio jurídico que entonces integraba: Hermosilla, Levi, Yaconi, Donoso y Abogados, bufete que se disolvió después de conocerse los pagos de SQM al mismo Pedro Yaconi y el lobby que hizo otro de los socios, Samuel Donoso, para impedir que el Servicio de Impuestos Internos (SII) investigara las cuentas de la minera de Julio Ponce Lerou (vea el reportaje de CIPER “El detalle de las presiones de Peñailillo sobre el SII para impedir la investigación a SQM”).

Los pinchazos que la policía brasileña hizo a las conversaciones entre el presidente de la constructora OAS, José Adelmário Pinheiro, y el representante internacional de la compañía, Augusto César Ferreira, permitieron saber que la empresa se ofreció a pagar el pequeño jet privado que trajo a Lula a Chile en noviembre de 2013.

Cuatro meses antes de la visita de Lula, un jet similar había aterrizado en Santiago con el mismo Ferreira, acompañado de Augusto César de Souza, director de OAS para el Cono Sur. Estuvieron en el país solo un fin de semana y el 22 de julio volvieron a Sao Paulo con otros dos pasajeros: Marco Enríquez-Ominami y su jefe de campaña, Cristián Warner. El candidato retornó a Santiago en el mismo avión, pero sin los ejecutivos de OAS. La aeronave se quedó en Chile y MEO la utilizó durante toda la campaña, pero no detalló ese gasto en su rendición de cuentas al Servicio Electoral (Servel).

Camilo Lagos, asesor de MEO, dijo a La Tercera que el avión era parte del paquete de servicios del publicista brasileño contratado para la campaña, Duda Mendonça. Pero, este domingo 10 de abril un informe difundido por T13 reveló que Mendonça no confirmó la versión que han dado en el entorno de MEO. Por el contrario, un colaborador del publicista, cuya identidad se mantuvo en reserva, señaló que el avión no estaba entre los servicios que prestaron a la campaña de MEO.

DESEMBARCO EN CHACAO

Cuando Yaconi asistió al desayuno con Lula, ya tenía un nexo con OAS. En octubre de 2012, el español Jaume Serret Gili se convirtió en uno de los ejecutivos de OAS en Chile. Serret y Yaconi, se conocían.

Jaume Serret lideró el proyecto del puente de Chacao. Apenas nueve días después del desayuno con Lula organizado por la CPC, en diciembre de 2013, la entonces ministra de Obras Públicas de Sebastián Piñera, Loreto Silva, anunció que el puente había sido adjudicado al consorcio de OAS y la coreana Hyundai. En abril de 2014, año en que se inició la asesoría de Yaconi para OAS, Jaume Serret asumió como gerente del proyecto Chacao.

La designación de Serret a la cabeza de una obra que involucra una inversión de $360 mil millones (cerca de US$540 millones), provocó sorpresa entre algunos funcionarios del MOP. Esto, porque Serret había sido el responsable de Comsa en Chile cuando esa empresa quebró. La caída de Comsa dejó varias obras públicas inconclusas y una demanda de los controladores de la compañía contra Serret, donde se le acusa de adulteración de informes financieros.

El vínculo entre Jaume Serret y Yaconi data, al menos, de 2010. Ese año el abogado representó a Comsa, entonces administrada por Serret, ante la Contraloría. Yaconi manifestó reparos a la licitación de una autopista en Bío Bío que Comsa había perdido por incumplir las bases. Pero la Contraloría no se pronunció (vea ese dictamen).

Al año siguiente, Comsa se fue cuesta abajo. Su estela de incumplimientos incluyó el Hospital de Calama (en consorcio con la constructora Pilasi, por $40 mil millones); obras viales licitadas por el MOP en cuatro regiones (por $65 mil millones) y otras obras encargadas por los municipios de Las Condes, Santiago y San Joaquín (por un total cercano a $15 mil millones).

Jaume Serret se apartó de Comsa en septiembre de 2012. Los españoles de la matriz acusaron que les ocultó la pérdida de unos $11 mil millones, mostrándoles un supuestamente engañoso saldo positivo de $2.900 millones. La defensa de Serret en ese juicio -que aún se desarrolla en el 8º Juzgado Civil de Santiago- la lleva la abogada Paulina Nakouzi, quien integra el bufete de Yaconi y que lo acompañó a la audiencia de los ejecutivos chinos de CRBC con Eduardo Abedrapo, coordinador de Concesiones de Obras Públicas el 7 de marzo pasado.

Ahora queOAS está en plan de retirada, Serret dejó de ser el responsable de Chacao. En marzo de 2015 la compañía se acogió a la Ley de Quiebras en Brasil por dificultades de acceso al crédito, tras aparecer en el escándalo de corrupción de Petrobras. Ese mismo mes, Serret dejó la compañía. Se recicló en Chile a través de GOCgroup, una consultora que había sido creada en 2011 por Alejandro Molina Aguirre y a la que Serret se unió en junio de 2015 a través de GOCgroup Spa. Molina Aguirre fue hasta 2010 jefe de la Unidad de Obras Viales Interurbanas de Explotación del MOP.

Aunque salió de OAS, Serret no perdió su vínculo con Yaconi, cuyo bufete lo defiende en la demanda de Comsa. Y tampoco sus nexos con el MOP. Su nueva empresa GOCgroup sigue haciendo negocios con el ministerio. De hecho, en la web de la consultora se anuncia al MOP como su cliente (vea una imagen de su web). GOCgroup hizo el diseño del proyecto para la concesión de la Ruta 5 en el tramo Caldera-Antofagasta. La propuesta ya fue declarada de “interés público” por el Consejo de Concesiones.

La consultora presenta como empresa partner a Ahimco, la sociedad de Lorenzo Pérez, quien está formalizado en la investigación de los contratos municipales de la basura. Serret tenía vínculos con Lorenzo Pérez desde 2009, año en que participaron juntos en la licitación de luminarias LED en algunos municipios.

La consultora de Jaume Serret también menciona como clientes a OAS y Puente Chacao, por lo que no estaría rota la relación del español con sus ex empleadores brasileños, que siguen representados por Pedro Yaconi.

El PH 909 es un edificio de 17 pisos al este de la ciudad de Panamá. La oficina principal está ocupada por un banco; en la entrada principal, a la derecha, hay un pasillo y un recepcionista que controla el ingreso hacia el ascensor. Por este pasillo desfilan elegantes hombres y mujeres de negocios que contratan abogados para crear en Panamá, uno de los paraísos fiscales más importantes del continente, empresas y cuentas bancarias al servicio de empresas y particulares de otros países. En el sector se los conoce como “servicios offshore”.

El piso 16 del PH 909 es la sede de Arias, Alemán & Mora, la firma de abogados que, en 1998, creó empresas para que Carlos Perla y Mario Orellana, expresidente y exgerente de la empresa pública de aguas en El Salvador, ANDA, ocultaran sobornos por nueve millones de dólares durante el tercer gobierno del partido Arena. Aquellas empresas están hoy inactivas porque Perla fue condenado por corrupción, mientras que Orellana es prófugo. Se le busca por lavado de dinero.

Han pasado los años, pero el edificio PH 909 es como un imán que sigue atrayendo a otros salvadoreños ansiosos de llevar su dinero a Panamá, un país caluroso en el que los propietarios de empresas offshore no pagan ningún impuesto. Dos pisos abajo del bufete que atendió a los exfuncionarios de ANDA, en el 14, está Infante & Pérez Almillano, otra firma legal, relacionada con la creación de empresas de Miguel Menéndez, Mecafé, según ha revelado la investigación de los #PanamáPapers.

Infante & Pérez Almillano es también el bufete que Alba Petróleos de El Salvador contrató para representar a una de las ocho empresas filiales offshore que tiene en Panamá.

Alba Petróleos es una empresa semipública, creada en 2006 por el entorno del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para importar combustible subsidiado desde Venezuela. La empresa pública venezolana PDVSA es dueña del 60% de las acciones y 18 alcaldías gobernadas por el Frente son propietarias del 40% restante.

Desde su nacimiento en 2006, Alba Petróleos de El Salvador compra combustible subsidiado al gobierno venezolano gracias a que el Estado salvadoreño, por medio de las municipalidades, se ha comprometido a pagar una deuda con PDVSA que en el año 2014 ya alcanzaba los 943.4 millones de dólares. El de Alba Petróleos es un millonario negocio, un delicioso banquete en el que los principales comensales son un puñado de empresas relacionadas con dirigentes del FMLN, que gozan de millonarios créditos a bajos intereses, sin responsabilidad directa alguna con Venezuela. Las alcaldías, que han comprometido el dinero de los contribuyentes en esa inversión, se alimentan mientras tanto de las migajas.

Es decir: las alcaldías pusieron su dinero en Alba Petróleos; Venezuela puso el combustible en Alba Petróleos; pero Alba Petróleos no ha repartido utilidades a las alcaldías sino que ha destinado sus ingresos a hacer préstamos a empresas, dirigidas por socios y abogados relacionados con José Luis Merino. Y, por ser estas empresas privadas, el dinero que entra a sus cuentas bancarias ya no puede ser fiscalizado por la Corte de Cuentas.

En enero de 2014, El Faro ya publicó que una buena parte de las ganancias de Alba Petróleos se había destinado a financiar el nacimiento de una veintena de empresas manejadas por familiares, socios y abogados relacionados con José Luis Merino, asesor de Alba Petróleos y uno de los principales dirigentes del FMLN. Pero además de en sus inversiones en El Salvador, Alba Petróleos ha utilizado su dinero para montar ocho empresas en Panamá: Atlantic Pacific Logistic, Inversiones para el Desarrollo Internacional, Conemite Internacional, Guazapa, Subes Panamá, Alba Refining Company Latin América, Apalsa Marítima y Apes Inc. (Ver documentos)

También en estas compañías son directivos o apoderados familiares, socios y abogados relacionados con el dirigente del FMLN José Luis Merino. En Apes Inc., por ejemplo, su hermano Sigfredo Israel Merino recibió el 20 de abril de 2011 un poder para abrir cuentas bancarias, comprar o vender bienes muebles o inmuebles.

Otra figura clave en el manejo de las empresas panameñas del grupo Alba es José Mauricio Cortez Avelar, asesor de Alba Petróleos. En El Salvador, Cortez Avelar ha trabajado como notario para Alba Alimentos, empresa que preside José Luis Merino; mientras que en Panamá aparece, por ejemplo, como directivo de Guazapa, de Atlantic Pacific Logistic, de Apalsa Marítima y de Inversiones para el Desarrollo Internacional. Consultado al respecto, Cortez Avelar confirmó que es directivo de empresas panameñas, pero afirmó que, por tratarse de cuestiones de su trabajo, no podía conceder entrevistas para profundizar sobre las mismas. “Algo sé, pero entenderá que por la confidencialidad de mi trabajo no puedo hacer ningún comentario”, dijo.

Alba Petróleos comenzó a invertir en Panamá en 2008. El 8 de septiembre de ese año tres alcaldes del FMLN crearon con un capital de 10 mil dólares Apes Inc., empresa que en sus primeros tres meses de operaciones recibió más de medio millón de dólares desde Alba Petróleos en El Salvador en concepto de préstamos. En los años siguientes, la empresa semipública salvadoreña también haría préstamos a otra empresa en Panamá ligada al FMLN: Atlantic Pacific Logistic. Para 2014, los préstamos de Alba Petróleos a estas dos empresas ascendían a 290.6 millones de dólares. De ese dinero, por estar radicadas en Panamá, estas empresas no pagan ni un centavo de impuestos. Ni renta ni IVA por sus operaciones o por la compra de cualquier bien o servicio.

En Panamá, todas las empresas relacionadas con Alba Petróleos son representadas por firmas de abogados que se promocionan explícitamente en sus sitios web como especialistas en el uso de sociedades offshore para obtener beneficios fiscales.

Tres alcaldes invierten en Panamá

Apes Inc nació en la oficina 1918 del edificio Century Tower, el local de Delvalle & Delvalle, un bufete que destaca en su sitio web que el secreto bancario y la “reducción de impuestos pagados por sus negocios” son algunos de los atractivos para que inversionistas extranjeros creen empresas en Panamá. La oficina 1918 ahora está vacía, pero el bufete tiene otra oficina en pleno corazón financiero panameño.

El 8 de septiembre de 2008 tres alcaldes del FMLN, directivos en ese momento de Alba Petróleos de El Salvador, viajaron a Panamá para ser nombrados directivos de Apes Inc. La compañía se creó para un giro comercial bastante amplio: “llevar a cabo cualesquiera negocios lícitos”. Esos primeros directivos de Apes Inc fueron: como presidente Carlos Alberto García Ruiz, exalcalde de Soyapango y actual diputado del FMLN, conocido popularmente como “El diablito” Ruiz; como vicepresidente Francisco Humberto Castaneda Monterrosa, exalcalde de San Sebastián Salitrillo y actual viceministro de Educación; y como tesorero Miguel Ángel Hernández Ventura, exalcalde de San Pedro Perulapán.

En 2008, El diablito Ruiz era presidente de Alba Petróleos en El Salvador, y presidente de Apes Inc., en Panamá. El balance de Alba Petróleos inscrito en el Registro de Comercio detalla que Apes Inc. recibió en sus primeros cinco meses de vida un préstamo de 750 mil 966 dólares. Eso significa que Alba Petróleos, la empresa que presidía El Diablito Ruiz, le prestó más de medio millón de dólares a la panameña Apes Inc., empresa que también presidía El Diablito Ruiz. En Panamá, Apes Inc. puede hacer lo que quiera con los 750 mil 966 dólares. Aunque el dinero proviene de una empresa semipública, allí no está sujeto de ningún control por parte de la Corte de Cuentas de la República.

El préstamo significa que Alba Petróleos destinó, en cinco meses, más dinero a la compañía panameña que a las obras sociales más emblemáticas durante un año. Una investigación de la Universidad de El Salvador destaca que, durante 2009, Alba Petróleos donó 609 mil 270 dólares en combustible para que el Ministerio de Obras Públicas atendiera la emergencia del huracán Ida, y otros 100 mil dólares para la construcción de unas canchas en Cuscatancingo. La inversión total suma 709 mil 879 dólares.

El mismo día que nació Apes Inc, dos abogados relacionados con los negocios de Alba Petróleos recibieron un “poder general” para, sin autorización de los directivos o accionistas, poder abrir cuentas bancarias, contratar préstamos, adquirir bienes muebles o inmuebles, comprar acciones, bonos y valores de cualquier naturaleza en nombre de la nueva compañía. Esos abogados eran José Salomón Padilla y Orestes David Ortez Quintanar.

Gracias al préstamo que recibió de Alba Petróleos, Apes Inc. arrancó con tanto éxito que, siete meses después de su fundación, aumentó el valor de sus acciones. Apes Inc. arrancó con un capital de 10 mil dólares, pero solo seis meses después de su nacimiento, el Diablito Ruiz viajó a Panamá para inscribir el siguiente documento: “El capital autorizado de la sociedad será la suma de 500 mil (dólares), dividido en 100 acciones al portador, aumentándose el valor nominal de las acciones de 100 a 5 mil dólares cada una”.

Ese año, 2009, la izquierda ganó por primera vez una elección presidencial. Ese año, 2009, el monto de los préstamos de Alba Petróleos para Apes Inc aumentaron casi diez veces: a siete millones 551 mil 786 dólares.

Eso significa que, en apenas siete meses, Alba Petróleos destinó más dinero a la empresa panameña Apes Inc. que, por ejemplo, lo entregado a una de sus alcaldías socias que está sumergida en la pobreza: El Divisadero, en Morazán. En un año, Alba Petróleos prestó 7.5 millones de dólares a Apes Inc., mientras que el dinero destinado durante los nueve años a la alcaldía de El Divisadero, socia de Alba Petróleos, ha sido de 200 mil dólares, 37 veces menos del monto que durante un año se fue a Panamá. El monto de la inversión en El Divisadero fue proporcionado por Ángel Rubén Benítez, alcalde de ese municipio y presidente suplente de Alba Petróleos.

El 8 de julio de 2010, Apes Inc retiró el poder general a los abogados Padilla y Ortez Quintanar. En su lugar fueron nombrados Jaime Ambrosio Alvarenga Reyes, exgerente financiero de la alcaldía de San Salvador durante la gestión de Violeta Menjívar (2006-2009), y Sigfredo Israel Merino Cabrera, hermano de José Luis Merino, asesor de Alba Petróleos y uno de los principales dirigentes del FMLN.

En 2010, los préstamos de Alba Petróleos a la panameña Apes Inc. casi se triplicaron. De 7.5 millones de dólares, el préstamo aumentó a 25 millones 893 mil 661 dólares.

Los abogados cercanos a Alba

La relación en Panamá entre el Diablito Ruiz y los abogados José Salomón Padilla y Orestes David Ortez Quintanar terminó el 8 de julio de 2010, cuando dejaron de tener un “poder general” en Apes Inc, pero la política salvadoreña se encargó de juntarlos nuevamente como funcionarios públicos, gracias al apoyo del FMLN.

Padilla es el notario que creó Enepasa, la asociación de alcaldías accionistas de Alba Petróleos. También fue gerente jurídico de Alba Petróleos y, en enero del 2012, fue nombrado fiscal electoral. En agosto de ese año, el FMLN lo promovió para dirigir uno de los tres órganos del Estado, el Órgano Judicial: Presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal de justicia en el país.

La administración de Padilla contrató como subjefe de seguridad a García Ruiz y como gerente jurídico a Ortez Quintanar. Para entender el peso político y económico de estos dos personajes hay que decir que el Diablito Ruiz fue alcalde de Soyapango desde 2003 hasta 2012 (actualmente es diputado); mientras que Ortez Quintanar fue apoderado de PDV Caribe y exsecretario de Importaciones y Exportaciones Lubbex, empresa que dirigen familiares del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, ahora al mando del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa).

El padre de Ortez Quintanar es el ministro de agricultura y ganadería, Orestes Fredesman Ortez Andrade, presidente de la cooperativa Siglo XXI y asesor de Alba Petróleos. Durante el 2014, Alba Petróleos prestó 5.2 millones de dólares a Siglo XXI. Además, la madre de Ortez Quintanar, Elsa Margarita Quintanar de Ortez, es la directora general de Correos.

En octubre del 2013, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el nombramiento de Padilla como presidente de la CSJ por su afiliación al FMLN. “El riesgo de la pérdida de independencia se intensifica cuando se enjuicia un acto de una autoridad que pertenece al mismo partido político al que está afiliado el juzgador, o al de un adversario político”, resolvieron los magistrados.

Tras la salida de Padilla de la presidencia de la CSJ, el Diablito Ruiz y el abogado Ortez Quintanar también dejaron de laborar para el Órgano Judicial.

iNo… no soy accionista!

Guazapa es el nombre de un volcán duramente bombardeado por el ejército durante la guerra civil, en la década de los ochenta. Guazapa se convirtió en el bastión del brazo armado del Partido Comunista, una eterna amenaza para quienes querían evitar el control de la guerrilla sobre San Salvador. Guazapa es el nombre de un volcán donde dirigió operaciones uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) conocido como Ramiro Vásquez (José Luis Merino). “Sobreviviendo Guazapa” es el nombre de una película que cuenta la historia de un guerrillero y un soldado que se unen para sobrevivir a un bombardeo durante la guerra. Guazapa es un nombre que evoca recuerdos de la guerra salvadoreña, pero también es un nombre que revela la transformación de algunos guerrilleros que ahora son empresarios que manejan millones de dólares. Guazapa SA es una compañía radicada en Panamá que tiene hilos comunicantes con los salvadoreños que dirigen Alba Petróleos.

Guazapa SA es una agencia naviera creada el 25 de octubre de 2012. La escritura de constitución, elaborada por la firma Delvalle & Delvalle, dice que se dedica a mercadear y comercializar petróleo y sus derivados. También hace trading, “en su aplicación más amplia”: el fletamento, alquiler y operación de sus propios buques tanqueros, alquilados o de terceras personas. Es, además, una agencia intermediaria para la compra y venta de buques.

Los directivos de Guazapa SA son tres salvadoreños: José Mauricio Cortez Avelar, presidente; y Marco René Martínez Estrada, tesorero; y Obdulio Pérez Gómez, secretario.

Guazapa SA tiene una empresa gemela llamada Apalsa Marítima. Nacieron el mismo día, 25 de octubre de 2012, se dedican a la misma actividad y tienen los mismos directivos. Ambas fueron fundadas por las panameñas María Lucrecia Martínez y Nicole Beverly Smith ¿Por qué crear dos empresas que se dedican a lo mismo? ¿Cómo se les ocurrió fundar una empresa panameña y nombrar como directivos a tres salvadoreños?

Una parte de esa respuesta está en una oficina del lujoso edificio Ocean Business Plaza, en el centro financiero de ciudad Panamá. Esa oficina es el local del bufete Delvalle & Delvalle, para el cual trabajan las panameñas María Lucrecia Martínez y Nicole Beverly Smith, que aparecen como directoras de 217 sociedades. En Panamá, que uno de sus ciudadanos aparezca como directivo de un centenar de empresas es algo tan cotidiano como que miles de vendedores ambulantes trabajen en el centro de San Salvador. No se trata de grandes empresarios sino de empleados de bufetes que viven en zonas populares panameñas y que se dedican a prestar sus nombres para la creación de empresas offshore. Y que sean cientos de empresas en las que aparecen Martínez y Smith es poco. Tras la revelación de los #PanamáPapers, en los miles de documentos filtrados del Bufete Mossack Fonseca de Panamá aparecen prestanombres como Martínez y Smith que no tienen cientos, sino que decenas de miles de empresas a quienes sirven como directivos o accionistas.

El edificio Ocean Business Plaza es de cristal azul polarizado y, en la cima, luce las letras de Banesco, uno de los bancos más grandes de Venezuela. La mañana del 9 de diciembre de 2015, El Faro buscó a las fundadoras de Apalsa Marítima y Guazapa SA.

La firma Delvalle & Delvalle tiene un local con puertas de vidrio, una recepción con mullidos sillones negros, un cuadro colgado en la pared y atrás unos pequeños cubículos. Ese día de diciembre, entre la recepción y el espacio que lleva hacia los cubículos estaba un hombre mediano, de camisa blanca y corbata, que no se movió de ese lugar desde que se preguntó por María Lucrecia Martínez, directora de 154 empresas panameñas.

María Lucrecia, una de las fundadoras de Guazapa y Apalsa Marítima, es una mujer de tez blanca que parece una veinteañera.

—Hola. Sé que usted es accionista de unas empresas panameñas que…

Ella pone una cara de asombro e interrumpe la pregunta.

—¡No… no soy accionista!, responde.

El hombre de camisa blanca y corbata que ha seguido atento la corta conversación interviene y pregunta por qué y para qué se está indagando esa información. La mujer aprovecha esa intervención para regresar a uno de los cubículos, atrás de la recepción. El hombre de camisa blanca y corbata escucha un resumen de este reportaje sobre Alba Petróleos.

—No, no le podemos decir nada por la política de confidencialidad con nuestros clientes.

—Ah, entonces, ¿Alba Petróleos es su cliente?

El hombre esboza una mueca de fastidio y no responde.

—Adiós, gracias…

Sánchez Cerén: “no saquen su dinero del país”

En el último trimestre de 2015, cuando las estadísticas sobre homicidios ya perfilaban a El Salvador como uno de los más violentos del continente, el gobierno pidió la aprobación de un paquete de impuestos para financiar El Salvador Seguro, el plan gubernamental contra la delincuencia. Los diputados aprobaron un impuesto del 5 % para las empresas cuyas ganancias sobrepasen los 500 mil dólares, durante un plazo de 5 años.

La Asamblea Legislativa aprobó otro impuesto que tendrá una duración de 10 años. Es el impuesto del 5% a la factura de telefonía fija, telefonía celular, la televisión por cable, el internet por cable e inalámbrico, así como la adquisición de dispositivos tecnológicos para el uso de esos servicios. “Es justo que todos contribuyamos (…) quisiéramos tener una varita mágica para no afectar a nadie porque los tributos afectan, a nadie le gustan, pero es de justicia que todos aportemos a garantizar la seguridad del país”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén cuando justificó que el Estado no tenía los recursos suficientes para financiar los planes contra la delincuencia.

Presidente Salvador Sánchez Cerén.

El paquete de impuestos se aprobó a finales de octubre del 2015, pero desde principios de año el Ejecutivo advertía que el dinero no alcanzaba para desarrollar su programa de gobierno. En abril de ese año, Sánchez Cerén hizo un llamado a los empresarios: “Yo lo que le pido a los grandes empresarios es que no saquen su dinero del país, que lo inviertan aquí en el país. Ahora tienen más ganancia los grandes empresarios ¿Por qué? Porque ha bajado el precio de la energía y están ahorrando, esos ahorros lo debían de utilizar en generar más desarrollo de la planta productiva del país, y generar más oportunidades, y generar más empleo”.

Tres meses antes del discurso del mandatario, en el año 2014, la empresa Alba Petróleos sacó -por medio de préstamos- 290.6 millones de dólares hacia empresas domiciliadas en Panamá, donde no pagan impuestos.

De ese total, 144 millones 287 mil 971 dólares se destinaron para Apes Inc, la empresa panameña que, según el Registro Panameño, sigue presidiendo El Diablito Ruiz. El Faro llamó al celular del diputado Ruiz para consultarle sobre el tema, pero no correspondió a las mensajes que se dejaron en su teléfono.

En 2014, Alba Petróleos también prestó otros 146 millones 330 mil 73 dólares a Atlantic Pacific Logistic, otra empresa radicada en Panamá. Esta empresa fue creada por unos abogados panameños el 28 de agosto de 2008 para invertir en mensajería, construir muelles, carreteras, puentes y urbanizaciones. Además para comercializar y distribuir equipo para seguir por satélite embarcaciones terrestres o marítimas.

El 12 de octubre de 2011, los abogados panameños dejaron la directiva de Atlantic Pacific Logistic y en su lugar fueron nombrados tres salvadoreños que manejan los principales negocios de Alba Petróleos en El Salvador. Algunas de esas personas también aparecen en la directiva de Guazapa (el presidente José Mauricio Cortez Avelar y el tesorero Marco René Martínez Estrada). El tercer directivo de esta empresa panameña es Julio César Gutiérrez Ramos. En el balance de 2014, Alba Petróleos reportó al Registro de Comercio que concedió un préstamo en El Salvador a Gutiérrez Ramos por un monto de 10 millones de dólares.

Atlantic Pacific Logistic se promociona como la entidad exclusiva de comercio internacional de Alba Petróleos, socia comercial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que tiene negocios con grandes compañías como las suizas Vitol y Trafigura, así como la estadounidense Glencore. En cuanto a sus finanzas destaca “una fuerte” relación con el banco Promérica de El Salvador; Banco G&T de Guatemala y el Banco Industrial Venezuela-Curazao.

Aunque ha crecido gracias al paraguas financiero de Alba Petróleos, la irrupción de Atlantic Pacific Logistic rompe con el discurso público que la empresa de las municipalidades era para importar combustible venezolano y que las ganancias se usarían para proyectos sociales. Atlantic Pacific Logistic es un intermediario que compra combustible en Estados Unidos y en Aruba, operaciones comerciales de las cuales no tiene que rendir cuentas a las alcaldías que aportaron dinero para el montaje del negocio.

Un paraíso fiscal es un lugar anhelado por los corruptos para ocultar su dinero sucio, como en el caso de ANDA. Un paraíso fiscal también es un lugar al que llegan grandes compañías para crear holdings (grupos de empresas) para no pagar o pagar menos impuestos que los establecidos en sus países de origen. Al crear varias empresas, las grandes compañías pueden jugar con el valor de transferencia o romper la relación proveedor-cliente, por medio de la refacturación, para tener más ganancia y pagar menos impuestos.

El valor de transferencia es el precio que pactan dos empresas para transferir bienes o servicios. Los estados regulan el precio de transferencia para evitar que empresas de un mismo conglomerado compren o vendan un producto a un precio más bajo o más alto de los establecidos en el mercado para afectar a la competencia.

Otra ventaja de los paraísos fiscales es que permiten la refacturación de un producto. Imagine que usted es un comerciante que compra una camisa en Estados Unidos en cuatro dólares y la vende en El Salvador en seis dólares; entonces los impuestos que paga al Estado se calcula sobre los dos dólares de la ganancia.

Ahora imagine que usted es dueño de una empresa offshore en Panamá. Usted compra la camisa en $4 dolares en Estados Unidos, pero usa su empresa offshore como intermediaria para declarar la compra en $5.50 dólares, en Panamá. Usted siempre vende la camisa en seis dólares en El Salvador, pero los impuestos que pagará al fisco salvadoreño será calculado sobre la ganancia de $50 centavos. En Panamá, su empresa offshore se queda con 1.50 de dólar que están libre de impuestos.

Según datos de la Dirección General de Renta y Aduanas, entre el 2013 y 2014, Atlantic Pacific Logistic realizó 18 compras de gasolina regular en Aruba por 61 millones de dólares. Además hay reporte de cinco compras de diésel en los Estados Unidos por un monto de 38 millones 672 mil 277 dólares. Todas esas compras que hizo la empresa panameña fueron gracias al dinero de Alba Petróleos y, por toda esa actividad comercial en Panamá, el fisco salvadoreño no recibirá ni un centavo. Además de esto, subsiste la siguiente pregunta: ¿Por qué Alba Petróleos decidió prestar millones de dólares a una empresa panameña para luego comprarle el producto a la misma empresa panameña?

El Faro pidió, por medio de la unidad de comunicaciones, una entrevista con el presidente de Alba Petróleos, Bernardo Luis Del Carmen Alvarez Herrera, o la persona que la empresa designara, pero hasta el cierre de esta nota, este periódico no había recibido respuesta. También se solicitó entrevista al vicepresidente y tesorero de Alba Petróleos, Jaime Alberto Recinos Crespín y José Tomás Minero (alcaldes de Cuscatancingo y Ciudad Delgado, respectivamente), pero tampoco hubo respuesta. Antes de las vacaciones de Semana Santa también se pidió una entrevista con Francisco Castaneda, viceministro de educación. La oficina de comunicaciones del MINED pidió solicitar la misma por correo electrónico, pero al cierre de esta nota no habían respondido.

Antes de las vacaciones de Semana Santa, al diputado Ruiz se le llamó cinco veces a su teléfono celular para pedirle una entrevista, pero no atendió ni devolvió las llamadas. Este lunes 11 de abril, Diario El Mundo publicó una nota sobre Apes Inc, y el diputado Ruiz dio la siguiente declaración: “Mire, por eso cada quien sabrá, podrá explicar, yo de eso no tengo opinión porque no es un problema ni que tenga que ver con la organización partidaria, ni que tenga que ver con la necesidad de país. Así es que cada quien personalmente tenga”.

De las entrevistas solicitadas por El Faro, el único que atendió la solicitud fue Ángel Rubén Benítez, el presidente suplente de Alba Petróleos y alcalde de El Divisadero, en Morazán.

—Entiendo que Alba Petróleos tiene inversiones en Panamá, ¿Usted, como representante de la alcaldía, participó en la discusión sobre esas inversiones?

Yo te decía que los socios mayoritarios de la empresa Alba Petróleos son venezolanos. Ellos son los socios mayoritarios, tú sabes que la empresa PDVSA tiene inversiones en todo el mundo. Ellos son los socios mayoritarios, nuestra parte El Salvador para que te hagás una idea tienen la vicepresidencia. O sea, por ejemplo, no es cierto que yo soy suplente del presidente porque el presidente de Alba Petróleos es un venezolano. Ellos tienen la mayor cantidad de acciones tienen derecho de la presidencia, entonces, PDVSA tiene proyectos en todo el mundo y Petrocaribe, por ejemplo.

—Pero las alcaldías son socias de los venezolanos, ¿Ustedes no participan en la discusión sobre las inversiones de Alba Petróleos en el exterior?
Como no. Nosotros nos reunimos, en mi caso por ser director suplente no participo siempre en las reuniones, solamente que se excuse un propietario entonces yo voy. Esa es la forma, pero las discusiones siempre se dan y te voy a decir, a veces, cuesta llegar a entendimientos.

—¿Por qué?
Porque tenemos a los socios mayoritarios que ellos piensan más en grande y nosotros por la capacidad que tenemos y el aporte inicial que no fue la mayor cosa, cuando ellos vienen y el aporte fue más significativo.

—¿En cuantas empresas panameñas tiene inversiones Alba Petróleos?
No…

—¿Por qué las alcaldías, socias de Alba Petróleos, no saben dónde está el dinero de Alba Petróleos?
Si tiene inversiones en Panamá han de ser inversiones que se han dado estos meses, nosotros generalmente tenemos una Asamblea cada tres meses, entonces, ahorita vamos a una Asamblea General de socios.

—Estas inversiones comenzaron en el 2008
Ujum… eh… pues, yo desconozco. Te digo, yo no manejo alguna información, soy director de Enepasa y soy director suplente de Alba Petróleos, pero ahora hay acceso a la información y en las oficinas está eso.

—Si, eso lo tengo documentado, pero mi pregunta es: ¿Por qué no le informan a las alcaldías que una parte del dinero de su empresa está fuera del país?
Si… eh… en eso no tengo mayor comentario.

Aunque algunos alcaldes no saben que parte del dinero de su empresa está fuera del país, el abogado panameño Ramón Ricardo Arias, miembro de la fundación que representa el capítulo panameño de Transparencia Internacional, da algunas luces por qué Alba Petróleos prestó dinero a empresas domiciliadas en Panamá, una acción contraria a la solicitud del presidente Sánchez Cerén, quien pidió a los grandes empresarios no sacar su dinero del país.

“Aquí (en Panamá) solo se tributa sobre los ingresos que se generan en el país, no de los dineros que son del extranjero o que provienen del extranjero. Los dineros del extranjero y los dineros que están en cuentas bancarias no tributan, eso nos hace a nuestro sistema fiscal un poco distinto (…) Las empresas offshore no pagan impuestos y los intereses que generan las cuentas bancarias están exentos de impuesto sobre la renta en Panamá”, dice Arias.

*Este reportaje fue realizado por Efren Lemus para El Faro en el marco de la Iniciativa por el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS. 

Jueves 11 de septiembre de 2014. Son las 08:41 y la chilena Patricia Amunátegui Ossa está sentada en un banquillo de la Corte Distrital de Nevada (Estados Unidos), esperando ser interrogada por Dennis H. Hranitzky. El abogado Hranitzky representa a NML Capital, uno de los llamados “fondos buitres” que entabló un juicio contra la República de Argentina, país al que le reclama el pago de US$1.700 millones.

Amunátegui, quien lleva más de 15 años radicada en Estados Unidos, está nerviosa y opta por responder a las preguntas del abogado Hranitzky apoyándose en una intérprete español-inglés. En el juicio, en el que comparece en calidad de testigo, se intenta probar que MF Corporate –empresa de Nevada donde ella es la única empleada– es una sucursal del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon), fundado en 1977 por los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca.

Lázaro Báez (Fuente: La Nación, Argentina)

Desde ese día hasta el 16 de marzo de 2015, cuando el juez de Nevada Cam Ferembach dicte sentencia, ejecutivos del bufete panameño harán lo imposible por borrar todo rastro que los vincule con la oficina que maneja Patricia Amunátegui. De esa operación, de la que el tribunal estadounidense nunca se enteró, dan cuenta una serie de correos que encontró CIPER y La Nación (Argentina) entre los 11,5 millones de registros de Mossfon que el Consorcio International de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) compartió con más de cien medios asociados.

Poderosas razones había para que Mossack Fonseca quisiera enterrar en ese momento todo vínculo con MF Corporate y con Amunátegui.

MF Corporate, empresa cuyo único rostro en Nevada es Patricia Amunátegui, quedó bajo la lupa de la justicia estadounidense tras revelarse que a través de esa oficina se gestionaron 123 sociedades offshore cuya propiedad es atribuida al empresario kirchnerista Lázaro Báez, protagonista del caso “La ruta de los dineros K”. Báez, que bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se adjudicó millonarios contratos de obras públicas con el Estado, comenzó a ser investigado en 2013 por el fiscal argentino José María Campagnoli bajo sospecha de haber utilizado esas sociedades para lavar US$ 65 millones.

Pocos días después que Patricia Amunátegui compareciera ante la Corte de Nevada, el ingeniero de sistemas de Mossack Fonseca, Luis Martínez, la contactó vía Skype. Martínez dejó rastro de esa conversación en un correo electrónico enviado el 17 de septiembre a varios ejecutivos del bufete en Panamá:

“Me preocupa mucho la Señora Patricia. Se le olvidan las cosas y se pone muy nerviosa, creo que con esta situación podemos quedar fácilmente en evidencia de que estamos ocultando algo (…) No se acordaba del password que ella misma actualizó del usuario espejo y tenía más de tres meses de no utilizarlo. Le ayudamos con esto y se le dio instrucciones de utilizar palabras o nombres que ella pueda recordar con facilidad (…) Debe tener mucho cuidado de dejar evidencia física de lo que imprime”, comunicó Martínez.

El comportamiento de Amunátegui encendió las alarmas en los cuarteles generales de Mossack Fonseca. Los esfuerzos que a partir de entonces desplegó el bufete para borrar las huellas que conectaban sus oficinas en Ciudad de Panamá con la de Nevada, tomaron el cariz de una operación de espías de la Guerra Fría.

DE SANTIAGO A LAS VEGAS

“No estoy segura. No me acuerdo. No me fijé”. Son las frases que más se repiten en la declaración judicial que prestó durante seis horas Patricia Amunátegui ese 11 de septiembre de 2014.

Amunátegui nació en Santiago y tiene 60 años. Casi un cuarto de ese tiempo lo ha vivido en Estados Unidos, primero en San Francisco (California), luego en Las Vegas (Nevada). En su declaración señaló que hizo estudios de secretariado en Chile y que trabajó un tiempo como secretaria de la vicepresidencia del Banco Santander. También mencionó su paso como empleada en una radioemisora, en una compañía de seguros y un emprendimiento que realizó a mediados de la década de los ’90 en Chile.

El 31 de marzo de 1994, Amunátegui creó en una notaría de Santiago la compañía Sun Industries Chile (nombre de fantasía Electric Beach),ensociedad con una empresa domiciliada en Uruguay: Iraway Sociedad Anónima. El capital inicial fue de $6 millones y el objeto de la sociedad: “La explotación de centros estéticos y de salud, balnearios u otros similares de esparcimiento, principalmente mediante el uso de máquinas ecológicas computarizadas”.  

Patricia Amunátegui

Un año antes, Amunátegui había importado desde California varias camas de bronceado por un total de US$7.600, las que sirvieron de base para un negocio que ella misma catalogó en su declaración ante la corte de “divertido” y de “el primero en su tipo (en Chile)”.

Desde 2002 Electric Beach figura con término de giro, según los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII). Para entonces, Patricia Amunátegui –que en junio de 2001 obtuvo pasaporte estadounidense– ya llevaba algunos años radicada en Estados Unidos y dividía su tiempo entre el trabajo y los estudios.

Gran parte del día lo dedicaba a sus labores en el casino Bally’s de Las Vegas, el mismo donde se grabaron escenas para las películas “Rocky IV”, protagonizada por Sylvester Stallone, y “Adiós a Las Vegas”, en la que Nicolas Cage interpreta a un alcohólico.

Si bien en su declaración no dio detalles de la labor que realizó en el Bally’s, un artículo de la revista norteamericana Vice, precisó que su rol era el de mesera de cócteles. En base a la información publicada por Amunátegui en su cuenta de Facebook, el mismo artículo se refiere a su gusto por el trekking, el yoga y su admiración por el Dalai Lama y Augusto Pinochet. Una de las páginas que sigue Amunátegui de la misma red social –“Chile Libre”– reivindica el rol de militares condenados por crímenes durante la dictadura, entre ellos, el del ex agente de la CNI Álvaro Corbalán.

A fines de los ’90 Amunátegui tomó un curso de asistente legal en la Universidad de Nevada (UNLV). Según su declaración en la corte, poco después ingresó a MF Corporate Services, aunque sin dejar de trabajar en el casino. Ante el tribunal de Nevada aseguró que nunca buscó un segundo empleo y que fueron personas de MF Corporate la que la contactaron.

“Pensé que era una buena oportunidad y dije que sí”, precisó Amunátegui que, a lo largo de todo el interrogatorio, insistió en limitar la relación de MF Corporate Services y Mossack Fonseca a un vínculo entre proveedor y cliente.

ÚNICA EMPLEADA

Terminada la indagación sobre la vida laboral de Amunátegui, el abogado representante de NML Corporate, Dennis H. Hranitzky, tomó un documento y se lo pasó.

-¿Reconoce ese documento como su contrato de empleo con MF Corporate Services Nevada? -le preguntó.
-Sí. Quiero estar segura, sí -respondió Amunátegui.

-¿Puedo pedirle que mire la última página?¿Reconoce su firma?
-Sí.

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca

-¿Y reconoce la firma del señor Mossack y del señor Fonseca?
-Nunca vi su firma antes, asumo que sí.

El abogado de NML inquirió si antes de firmar su contrato se había reunido con los propietarios del bufete panameño. Amunátegui respondió que no, que solo los conoció tiempo después cuando viajó a Panamá para asistir a un seminario de ventas en el que debió promocionar a Nevada como jurisdicción offshore para hacer negocios. Luego los vería tres veces más, siempre en el contexto de este tipo de reuniones, según dijo.

Hranitzky siguió tratando de vincular a la oficina de Amunátegui en Nevada con las de Mossack Fonseca en Panamá:

-Tienen bonitas playas en Panamá -le dijo el abogado para distender el ambiente.
-Muy…Yo soy una persona playera, entonces…-contestó Amunátegui.

El paréntesis duró poco y el abogado interrumpió:

-¿Sabe usted si los señores Mossack o Fonseca han tenido alguna posición en MF Corporate Services?
-No, nunca pregunté.

Amunátegui era imprecisa y errática en sus respuestas. En reiteradas oportunidades el abogado tuvo que volver a preguntarle si lo que decía debía tomarlo como un no o como un sí. “Soy la única administradora y empleada de MF Corporate Service”, precisó luego, agregando que su rol era la de secretaria asistente de la dirección y que también se había desempeñado como vicepresidenta de la empresa. “No me gusta ser vicepresidenta de nada, así que solo lo hice por un periodo corto”, puntualizó.

-¿Entonces MF Nevada no tiene más empleados que usted?
-No -dijo la chilena.

El abogado le preguntó quién era la presidenta de MF Corporate. Amunátegui respondió: Imogene Wilson. Se trata de la misma ejecutiva panameña de Mossack Fonseca que tiene el rol de directora en más de 420 sociedades offshore creadas por el bufete en más de una docena de jurisdicciones. De hecho, Wilson es directora de la sociedad panameña Sierra Leona, cuyo beneficiario final es el empresario y ex timonel de la CPC, Alfredo Ovalle Rodríguez (ver reportaje).

Parte del trabajo de Patricia Amunátegui consistía en crear y mantener sociedades offshore listas para ser adquiridas por sus clientes. Si bien Amunátegui insistió en que MF era solo un proveedor de Mossack Fonseca, luego tuvo que reconocer que la compañía no tenía más clientes que la firma de abogados panameña.

TRAS LOS PASOS DE ALDYNE

El abogado Hranitzky también preguntó a Amunátegui si tenía otro rol en MF Corporate, a lo que la chilena respondió que había sido asignada como secretaria asistente para “otras corporaciones”, a objeto de “acelerar el proceso de incorporación o de legalización” de sociedades.

Amunátegui reconoció haber actuado como secretaria de Aldyne Ltd., sociedad domiciliada en Seychelles y cuyo agente registrado es Mossack Fonseca. Aldyne es la corporación de papel ligada a 123 sociedades atribuidas por el fondo NML al empresario kirchnerista Lázaro Báez y con las que se habrían hecho operaciones para lavar dinero. Desde 2003, año en que Néstor Kirchner asumió el poder, Báez, originario de Santa Cruz, facturó cerca de US$870 millones por contratos de obras públicas para el Estado. A Lázaro Báez se le ha acusado de ser el testaferro de la familia Kirchner, y de haber tejido a través de palos blancos una telaraña de sociedades para blanquear capitales.

“En el pasado firmé documentos para Aldyne (…) Pero en el pasado, no los he vuelto a firmar”, insistió Amunátegui cuando Hranitzky le preguntó por la compañía.

-¿Es MF Nevada la agente registrada de las 123 compañías de las que el fondo NML reclama información?-preguntó Hranitzky.

-No estoy segura de si somos nosotros todavía el agente registrado de todas ellas.

Amunátegui explicó que lo que hacía Aldyne era prestar servicios de “director nominal” para muchas sociedades. Y que ella, en calidad de directora o secretaria de Aldyne, firmaba documentos para esas mismas sociedades, los que podía legalizar rápidamente en Nevada.

Agregó que hacía tiempo, tres o cuatro años antes de su declaración (septiembre de 2014), había dejado de ser la secretaria asistente de Aldyne por recomendación de sus abogados, en vista de la inminente entrada en vigencia de nuevas regulaciones. Se refería a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), política del gobierno estadounidense para reducir la evasión fiscal de ciudadanos norteamericanos con dineros depositados en el exterior.

Correos electrónicos incluidos en los millones de archivos filtrados de Mossack Fonseca dan cuenta de que la versión entregada por Amunátegui en la Corte de Nevada no era completa ni reflejaba la compleja situación que se vivía en el bufete panameño.

En un email del 10 de septiembre de 2013, solo un año antes de la declaración de la testigo chilena ante la Corte de Nevada, una ejecutiva de Mossack Fonseca instruyó “procesar la renuncia de la Sra. Patricia en la sociedad Aldyne Ltd. (…) La fecha de la renuncia sería el 5 de junio del 2013 (tres meses antes del envío del correo), que fue la fecha en que Damiani notificó lo de la noticia”. En el correo se adjuntó un linkal diario La Nación de Argentina con artículos sobre las sociedades de Lázaro Báez.

El hombre de la “noticia” es el abogado uruguayo Juan Pedro Damiani, quien no es un desconocido en esta historia. En 2014 fue vinculado por el periódico argentino Clarín con operaciones que habrían favorecido a Lázaro Báez y en las que se habrían utilizado sociedades pantalla para mover millones de dólares a una cuenta en Liechtenstein. Según el artículo, la creación de parte de las empresas fantasma vinculadas a Báez  -y que están bajo la administración de Aldyne- había sido solicitada por el estudio jurídico de Damiani. Esa versión fue desmentida en ese momento por el abogado uruguayo, pero los correos de Mossack Fonseca indican que tuvo un rol.

Juan Pedro Damiani

Lo que Damiani notificó a los ejecutivos de Mossack Fonseca el 5 de junio de 2013, fue que la sociedad Aldyne ya estaba en el radar de algunos medios transandinos que la involucraban como parte del complejo esquema a través del que Lázaro Báez habría hecho sus negocios.

Ese mismo 11 de septiembre de 2013, la abogada de Mossack Fonseca, Sara Montenegro, sugirió vía correo electrónico a otros ejecutivos de la compañía: “Lo mejor es que (Patricia Amunátegui) no firme nada más a nombre de la sociedad, hasta que este tema haya pasado (…) Nunca sabemos por dónde saltará la liebre”.

J.P. Damiani & Asociados ha sido un histórico cliente de Mossack Fonseca. El pasado domingo 3 de abril, el dueño de la firma, el uruguayo Juan Pedro Damiani, se convirtió en un protagonista de las nuevas revelaciones que emanaron de los “Papeles de Panamá” sobre el escándalo de las coimas de la FIFA y debió dejar su cargo en el Comité Independiente de Ética del organismo. Damiani fue el intermediario para la creación de sociedades offshore del ex vicepresidente del ente rector del fútbol mundial, Eugenio Figueredo, acusado de fraude y lavado de dinero. Hizo lo mismo para Hugo y Mariano Jinkins, acusados de pagar millones de dólares en sobornos para adjudicarse los derechos de transmisión de campeonatos de la FIFA en Latinoamérica (ver reportaje).

EL PUENTE CON CHILE

En los más de 11 millones de archivos filtrados de Mossack Fonseca, aparece una quincena de sociedades registradas en Nevada y vinculadas a Chile. En la constitución de la mayoría de ellas, Patricia Amunátegui tuvo un rol clave.

En el Decreto Supremo N° 628 del Ministerio de Hacienda que lista los países o territorios considerados paraísos fiscales o regímenes preferenciales nocivos, el estado de Nevada no aparece. Pero basta citar un párrafo de la entrevista que dio a El Mercurio  el 10 de abril pasado el ex director del SII, Ricardo Escobar, para confirmar que Nevada –producto del férreo secreto financiero que ofrece– es cada vez más atractivo para las grandes fortunas: “Hoy, el mejor paraíso fiscal de la Tierra está en Nevada, Estados Unidos”, dijo Escobar.

Entre las sociedades vinculadas a Chile y que fueron registradas en Nevada por la oficina que administra Amunátegui, figuran al menos siete relacionadas con personas que tienen inversiones en la industria de los casinos. La mayoría han sido o son accionistas del Casino de Talca.

Los hermanos Luis y Lientur Fuentealba Meier, controladoresdel Casino de Talca a través de la Corporación Meier SAC, han constituido entre 2002 y 2010 cinco sociedades en Nevada: Bluefield Management LLC, Lyon Investment Group LLC, Ivory Holding Services, Drywood Ventures y Lynton Trading Ltd.   

Según los registros de Mossack Fonseca, la entidad que administra a Lynton Trading Ltd es Aldyne, la misma sociedad bajo cuyo paraguas Mossack Fonseca administra las 123 empresas atribuidas a Lázaro Báez.

Otra de las sociedades vinculadas al Casino de Talca y que fue registrada a través de la oficina de Patricia Amunátegui en Nevada, es Gamex LLC (hoy inactiva según los registros de Mossfon). Sus titulares eran los estadounidenses Daniel Wisecarver Duell y Joe Luis López. Wisecarver controla el 35,8% del Casino de Talca según los estados financieros de 2015. Joe López mantuvo el 20,1% de la propiedad del casino hasta 2014, año en que vendió su parte a la Corporación Meier SAC controlada por los hermanos Fuentealba. Gamex LLC se abrió a través de las oficinas de Mossack Fonseca en Ecuador y fue incorporada en Nevada el 25 de agosto de 2009.

Lientur Fuentealba respondió a CIPER: “Puedo asegurarle que todas las sociedades que alguna vez tuvieron giro efectivo se sometieron plenamente a la legalidad. Abandoné hace muchos años ese proyecto de negocios y no tengo capitales fuera de Chile que pudiera repatriar”.

Studio 3521 LLC es otra de las compañías creadas por Mossack Fonseca. Su beneficiario es el austríaco Charles Hiten, quien hasta diciembre de 2014 fue director del Casino Monticello, ubicado en San Francisco de Mostazal. Mena y Guijón Abogados fue el estudio jurídico chileno que gestionó la apertura de esa sociedad con la oficina de Mossfon en Nevada, administrada por Amunátegui.

Los trámites para abrir esta sociedad – registrada el 25 de enero de 2013- se iniciaron el 12 de noviembre de 2012, día en que el abogado Xavier Guijón escribió a los ejecutivos de Mossack Fonseca: “Se constituirá una sociedad fuera de Chile (…) Nevada parece especialmente adecuada, pues los servicios serían en el mercado de los casinos de juego. La sociedad tendrá en principio un aporte de capital de unos US$300.000”.

En 2015, Hiten se radicó en Florida, Estados Unidos, tras ser nombrado director de una transnacional especialista en juegos de azar. Durante su estadía en Chile, Hiten creó junto a su esposa una segunda compañía registrada por Mossack Fonseca: H. Investment Trust, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas. En varios de los archivos filtrados se menciona que esta sociedad es propietaria de la empresa chilena H. Investment SpA, constituida por un abogado de Mena y Guijón en marzo de 2013 con un capital de $148 millones.

Hiten no respondió a la carta enviada por CIPER.

TRANSPORTES, AGRICULTURA Y ENERGÍA

En julio de 2015, Amunátegui incorporó en los registros de Nevada la sociedad Balmark Group Ltd. Según los papeles de Mossack Fonseca el beneficiario de la sociedad es el empresario Mario Galdames Yáñez, con inversiones inmobiliarias y en transporte.

Galdames figura como el administrador de esta sociedad. Como único accionista de Balmark aparece Inversiones Magma Limitada, creada el 10 de diciembre de 2012. En los registros de Mossfon se señala que Magma tiene domicilio en San Ignacio 068, Quilicura (Santiago), misma ubicación que registra la empresa Logística Inversol Limitada, creada en 1999 y dedicada al transporte de carga. Los socios de Inversol son Galdames y su esposa, quienes la administran a través de Inversiones SN2 y de la propia Magma. La misma sociedad Inversiones Magma es el vehículo a través del que Galdames controla la Sociedad de Transportes Solmar y Transportes LI.

En los papeles de Mossfon no queda claro cómo Galdames gestionó su sociedad offshore en Nevada. De lo que sí hay registro es que con apoyo del representante en Chile de Mossack Fonseca, Juan Cristóbal Recart, Galdames solicitó la incorporación de otras dos sociedades en la isla caribeña de Anguila y en Wyoming (Estados Unidos): Westbrook Assets S.A. y Silver Sky LLC. En el formulario de solicitud de incorporación enviado al bufete panameño para proceder con el trámite, Galdames escribió que Westbrook se dedicaría a realizar inversiones en Chile y que el valor de sus activos estaría entre los US$250 mil y US$ 1 millón. Entre los directores de esta compañía aparece Galdames y el propio Juan Cristóbal Recart. Y como único accionista, la sociedad SN2 limitada.

Juan Cristóbal Recart (Fuente: Alba Management).

Los registros no permiten saber si esas dos sociedades fueron incorporadas a las jurisdicciones de Anguila y Wyoming. Galdames no devolvió llamados ni el correo electrónico enviado por CIPER.

The Ingelec Group LLC, es otra sociedad registrada por Mossack Fonseca en Nevada con un pie en Chile. En los registros aparece como su representante la cuestionada sociedad Aldyne. Ingelec fue creada el 2 de octubre de 2006 y es una empresa de capitales bolivianos representada por Raúl Quiroga Urquidi y René Fernández Weisser.

En abril de 2008, The Ingelec Group, cuya actividad está concentrada en el sector energético, constituyó Ingelec Chile con un capital de $100 millones.Ingeleces también propietaria de Inprolec, empresa que posee el 25% de la central termoeléctrica de Los Guindos, en la Región de Bío Bío (vendió el 75% de su participación este año a una filial de General Electric).

CIPER conversó con uno de los socios de la compañía, René Fernández, quien señaló que la sociedad de Nevada se creó con el fin de “aglutinar las acciones de la empresa” cuando ésta comenzó a expandirse en Latinoamérica. Aseguró también que The Ingelec Group LLC no tiene cuentas bancarias, ni ha hecho operaciones financieras.

MF Corporate y Amunátegui también fueron el agente registrado de Overlea Enterprises Limited, constituida en Nevada en junio de 2012 y cuyo objeto es la explotación agroindustrial. Su administrador es otra sociedad con domicilio en Anguila: Forbest LTD. Asociado a Overlea aparece el nombre del ingeniero agrónomo Nicolás González Larraín, uno de los más importantes empresarios agrícolas de la zona central. A través de su sociedad familiar Inversiones Santa Regina, controla sus propiedades y negocios más importantes: Frucentro, Frutícola Punitaqui, Agrícola La Vega y Los Huertos de Chocalán. También participa de la Agrícola El Pabellón.

Cinco meses antes de crear su sociedad en Nevada -a través de Mossack Fonseca- las principales inversiones de González Larraín experimentaron una modificación. En febrero de 2012 él y su esposa cedieron la “nuda propiedad” de Santa Regina (conservando el usufructo vitalicio) a Inversiones Talimay, sociedad de su hijo José Manuel. Los registros del bufete panameño indican que Overlea Enterprises se encuentra inactiva desde julio de 2014. CIPER contactó al empresario por correo electrónico y no obtuvo respuesta.

Otras dos empresas vinculadas a Chile registradas en Nevada son OTT International LLC y Brandideas International LLC. La primera fue creada el 20 de agosto de 2012, y entre sus beneficiarios figuran los empresarios Emilio Martinic García y Nancy Venegas Aguillón. La segunda quedó registrada en Nevada con fecha 7 de noviembre de 2014 y su beneficiaria es Venegas Aguillón. Vinculado a OTT International aparece también el propietario del canal de cable Vía X, Luis Venegas Almendras.

Luis Venegas señaló a CIPER que aquellas sociedades se encuentran inactivas y que fueron creadas para concretar un proyecto de contenidos digitales en varios países de Latinoamérica que no se ha llevado a cabo. “Las sociedades no han sido utilizadas y no son poseedoras de cuentas corrientes”, afirmó.

Una última sociedad es Ryefield Properties LLC, administrada por otra de las “sociedades paraguas” de Mossack Fonseca en Nevada: Plascot Limited. Al igual que en Aldyne, en Plascot la chilena Amunátegui también actuaba como secretaria. Ryefield fue inscrita el 2 de junio de 2011 y gestionada por Mossack Fonseca Chile. Como beneficiaria de Ryefield aparece Inversiones El Indalo Limitada y los poderes para actuar en nombre de la sociedad están manos de los chilenos: Yael Luft Parada, Ximena Inés Parada Gómez y Michael Luft Sinclaire (falleció en 2014).

Según el Diario Oficial, El Indalo, sociedad familiar de los Luft Parada, se creó en noviembre de 2008 y sus inversiones se concentran en el ámbito agrícola. Entre las empresas vinculadas a la familia aparecen: Inversiones Golán, Inversiones Las Pataguas, Agrícola Ben David, Exportadora Ben David y Ben Olam Fruit, creada en el año 2000 con un capital de $1.200 millones.

En noviembre de 2010, pocos meses antes de la creación de Ryefield en Nevada, la Exportadora Ben David II, constituida en diciembre de 2008 se dividió creándose una segunda sociedad: Inversiones El Almendro. Esta última se quedó con casi la totalidad de las acciones de Ben David II, avaluadas en cerca de $900 millones. CIPER le envió una carta a una de las apoderadas de la sociedad Ryefield, Yael Luft, pero ésta no respondió.

LIMPIAR LA ESCENA

Tras el intercambio de correos electrónicos que sostuvieron varios ejecutivos de Mossack Fonseca el 17 de septiembre de 2014, en el que manifestaron su preocupación por la actitud descuidada de la ejecutiva chilena, entró en escena el ingeniero Luis Martínez. Experto informático de Mossfon, Martínez, hizo un viaje relámpago a Nevada poco días después de que Amunátegui entregara su testimonio ante la justicia.

El 24 de septiembre, Martínez reportó por correo electrónico a la gerente corporativa de Mossack, Josette Roquebert, desde las oficinas de MF Corporate Services ubicadas en el número 5858 de la calle South Pecos de Las Vegas:

“Te confirmo que hay un teléfono que podemos instalarle que NO permite ver nuestro directorio corporativo ni que deje registrado los logs (registros) de llamadas. La desventaja es que la Sra. Patricia deberá acordarse de todas las extensiones a las que debe llamar o crearse una lista impresa o archivada en algún lugar para hacer las llamadas”.

Junto al cambio de teléfono, se instruyó una completa limpieza al computador de Amunátegui. Se realizaron al menos dos intervenciones al computador de la titular de MF Corporate. Una presencial y la otra remota. Los archivos extraídos se guardaron en los cuarteles generales de Mossfon en Panamá.

Oficina de Amunátegui en Las Vegas (Fuente: Mcclathydc.com)

El “asunto Amunátegui” era de la máxima urgencia y varias personas trabajaban en él. El mismo día en que el ingeniero llegó a la sede de Mossfon en Nevada, uno de los miembros de su equipo que intentaba limpiar vía remota el computador de la chilena desde Panamá, advirtió por correo electrónico que Amunátegui le había señalado que contrataría a una secretaria nueva: “Si la Sra. Patricia no está en la oficina y la chica está trabajando en Citrix (sistema de gestión de información digital utilizado por Mossfon) y llegan a revisar estamos mal. La Sra. Patricia no puede decirle a la chica nueva: si viene fulano, salte del Citrix. Eso levantaría sospechas”.

La visita a terreno de Martínez no hizo más que acrecentar las alarmas. Vía email advirtió a sus superiores: “Insisto…, la Sra. Patricia no tiene el perfil para pasar una auditoría básica sin dejarnos en evidencia. OJO!!!!”.

Las maniobras desplegadas por los empleados de Mossack Fonseca para ocultar los vínculos entre las oficinas de Nevada y Panamá no rindieron frutos. El 16 de marzo de 2015, el juez de Nevada Cam Ferembach falló que MF Corporate era el “alter ego” de Mossack Fonseca en Nevada.

“Cada una de las compañías supuestamente de Báez, tienen el mismo agente registrado, MF Corporate Services Ltd., entidad que tiene un empleado (Amunátegui), un cliente (Mossack Fonseca) y un dueño: Tornbell Associates Inc., compañía panameña cuyo agente es Mossack Fonseca y cuyos directores son todos empleados de Mossack Fonseca”, sentenció Ferembach.

La investigación sobre los dineros irregulares que habría amasado Báez bajo el gobierno de los Kirchner y sobre los complejos circuitos utilizados para llevarlos fuera de ese país aún se mantiene abierta. El 5 de abril pasado, Lázaro Báez fue detenido por la policía bonaerense en el aeropuerto para obligarlo a presentarse ante el juez al día siguiente. Su detención coincidió con el escándalo que provocaron en Argentina las revelaciones de los “Papeles de Panamá” publicados por el diario La Nación y que salpicaron al propio Presidente Mauricio Macri, quien también tenía vínculos con sociedades offshore.

Pese a todas las advertencias y reparos que había sobre su comportamiento, Amunátegui siguió en su puesto como titular de Mossack Fonseca en Nevada. La última intervención rastreable de la chilena en los millones de archivos del bufete panameño es un email fechado el 21 de diciembre de 2015. A esa fecha, la investigación contra Lázaro Báez en Argentina ya tenía nerviosos a otros beneficiarios de sociedades offshore que actuaban bajo el paraguas de Aldyne. Varios optaron por disolver sus sociedades o cambiar a su administrador. Precisamente, en este último correo de Amunátegui, la chilena le informa al ejecutivo  de Mossfon, Julio Rivera, que procederá a la disolución de la sociedad Xanadu International, pero que necesita alterar las fechas del trámite:

“Estimado (…) estaremos corrigiendo la fecha del formulario ya que aparece octubre. Es posible efectuar la disolución sin corrección, pero demostrará que nos demoramos dos meses en procesarla, por lo que prefiero corregir el formulario con fecha actual. ¿Le parece?”.

No se sabe si Rivera accedió o no a cambiar la fecha del formulario tal como sugirió Amunátegui. Lo que queda claro es que cuando se trataba de ocultar o alterar información, la chilena tenía a los mejores maestros.

“Natalia Compagnon era mi amiga. Hoy la relación está quebrada”, señaló el socio de la esposa de Sebastián Dávalos en CAVAL, Mauricio Valero, en una entrevista a La Tercera, el 10 de abril pasado. A medida que se fue endureciendo la estrategia legal de la defensa de Compagnon –que optó por separar las cuerdas entre su actuar y el de su socio Valero–, el quiebre entre ambos se hizo inminente.

Luego de que Compagnon declarara en la Fiscalía de Rancagua que no tenía mayor conocimiento de los negocios que llevaba su socio en CAVAL, principalmente con la empresa de informática Saydex y con Inversiones Lo Beltrán, Valero contraatacó. Ante los fiscales no solo afirmó que la socia de CAVAL estaba al tanto y de acuerdo con esos negocios, en los que hoy el Ministerio Público indaga la existencia de delitos tributarios y de cohecho. También abrió la puerta de un compartimento que Natalia Compagnon se había esmerado en mantener fuera del radar de los fiscales: las relaciones comerciales que la unían a la empresa de telecomunicaciones Raylex.

Fuentes consultadas por CIPER, señalan que Compagnon se presentó a mediados de 2011 en las oficinas de Raylex en Providencia, para ofrecerle a la empresa una asesoría en el ámbito minero. Eran momentos en que Raylex, creada en 1967, buscaba expandir su cartera de clientes tradicionalmente enfocada en el sector de telecomunicaciones, construcción y el ámbito militar. El ofrecimiento de Compagnon parecía venirles bien. A veces de manera explícita, Compagnon ofrecía a la mayoría de sus clientes tender puentes con el ámbito público, donde solía ufanarse de los contactos que poseía.

Las gestiones de Compagnon rindieron frutos: el 2 de noviembre de 2011 la empresa la contrató para que la asesorara en el posicionamiento de la marca Raylex, en la identificación de oportunidades de negocios y en el apoyo para la elaboración de propuestas de licitaciones.

Mauricio Valero

Ese contrato gestionado por Compagnon revela un dato desconocido hasta ahora. Junto a la firma del gerente general de Raylex, Germán von Geldern, está la firma de Mauricio Valero como representante legal de Inprocon. Esta empresa de construcción saltó a la palestra en febrero de 2015 apenas estalló el escándalo por el negocio de especulación inmobiliaria protagonizado por CAVAL en Machalí. Su dirección está registrada en los Conquistadores 1700 Piso 9 B, el mismo domicilio que fijó CAVAL desde su constitución a principios de 2012 hasta septiembre de ese año, cuando se estableció en calle Nevería 4631(Las Condes). Tres meses antes de que CAVAL fuese constituida (febrero de 2012), Compagnon y Valero ya hacían negocios juntos en Inprocon.

Las gestiones de Compagnon para Raylex se extendieron hasta por lo menos julio de 2012 y éstas se concentraron mayormente en la estatal Codelco y, en menor medida, en la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) dependiente del Ministerio del Interior. Con posterioridad a la firma del contrato de asesoría de Compagnon para Raylex -en noviembre de 2011-, la empresa de telecomunicaciones se adjudicó millonarias licitaciones entre las que destacan dos de Codelco por más de $2.400 millones y otras dos de la Onemi por un total de $82 millones.

CIPER tuvo a la vista una serie de correos electrónicos en los que queda en evidencia que Natalia Compagnon tenía una “muy buena fuente” en la minera estatal, la que le entregaba información sensible respecto de licitaciones de la División El Teniente (Región de O’Higgins). “Sería muy bueno que tú Natalia averiguaras los detalles de la próxima licitación”, se lee en uno de los correos enviados a Compagnon por Hugo Irribarra Villena, quien se desempeñó como gerente de Desarrollo de Negocios de Raylex hasta diciembre de 2013. En otro email se informa a Raylex acerca de los montos ofertados por la empresa Motorola (competencia de Raylex) en una licitación en curso de Codelco.

Según se desprende de los correos electrónicos, quien habría allanado los vínculos de Compagnon en Codelco fue el ingeniero civil Patricio Muñoz Flores, quien en ese momento trabajaba como ejecutivo de una empresa subcontratista de El Teniente. Por ejemplo, el 26 de marzo de 2012 Patricio Muñoz le envía un correo electrónico a Compagnon y a Valero con el siguiente mensaje: “Vengo de una reunión con Codelco”.

Para entonces, Raylex ya había ganado terreno en Codelco y a alto nivel. Así lo evidencia un correo electrónico del 30 de enero de 2012, en el que Irribarra le escribe a Compagnon señalándole que el ingeniero civil electrónico Néstor Hernández, de la vicepresidencia de proyectos de Codelco, le había solicitado cotizar unos productos por una licitación que estaba “supuestamente en proceso”.

Meses después, en mayo, Compagnon le escribió a Irribarra un email en cuyo “asunto” se señala: “Proyecto Onemi”. “¡Necesitan comprar!”, le advirtió la socia de CAVAL al gerente de Raylex alertándole sobre una inminente adquisición del organismo.

Según la indagación de CIPER, por los trabajos realizados por Compagnon, Inprocon facturó a Raylex poco más de $11 millones. La constructora emitió dos facturas: una con fecha 29 de diciembre de 2011 por $7 millones y otra el 3 de febrero de 2012 por $4,7 millones.

Un tercer pago se habría hecho en marzo de 2012, aunque siguió un patrón distinto. El 20 de ese mes, Natalia Compagnon le escribió directamente a Germán Von Geldern, gerente general de Raylex, enviándole los datos de su cuenta corriente personal con el mensaje: “Son 6,3”.

Fuentes de Raylex señalaron a CIPER que pusieron fin al contrato con Compagnon en marzo de 2012 y que esos dineros corresponderían al término de ese vínculo laboral. Consultados respecto de por qué ese pago no se hizo a Inprocon, como los dos anteriores, desde la empresa de telecomunicaciones explicaron que ese es un tema que explicarán al fiscal de Rancagua, Sergio Moya.

Pese a que en Raylex aseguran que en marzo de 2012 dejaron de encargarle tareas a Compagnon, según los antecedentes recogidos por CIPER, las gestiones de la esposa de Sebastián Dávalos con esa empresa se extendieron al menos hasta julio de ese año. En un balance de CAVAL correspondiente a julio, aparecen $15 millones de pesos asignados al ítem “Raylex”. Según Mauricio Valero en su última declaración ante los fiscales, ese dinero fue utilizado por Natalia Compagnon “para negociaciones con Raylex destinadas a un proyecto con Codelco”.

EL NIDO INPROCON

Hasta hoy el polémico historial empresarial de la dupla Compagnon-Valero tenía como punto de partida conocido el 3 de febrero de 2012, cuando se constituyó la Sociedad Exportadora y de Gestión CAVAL en la notaría de Eduardo Avello Concha en Santiago. Los nuevos antecedentes recogidos por CIPER dan cuenta de que ambos ya estaban haciendo negocios con anterioridad, en la constructora Inprocon. Constituida en 1993 por el arquitecto Rafael Gana Koporcic, entre otros, Inprocon incluso le asignó a Compagnon un correo electrónico para realizar sus gestiones comerciales (ncompagnons@inprocon.cl).

Waldo Rojas y Sebastián Dávalos

El punto de contacto entre Compagnon y Valero fue el tío político de la esposa de Dávalos, Waldo Rojas Soto, quien está casado con la hermana de su madre, Grisela Soto. La relación de ambos ha sido muy estrecha, al punto que durante una época Natalia Compagnon vivió en la casa del matrimonio Rojas-Soto. Según versiones de prensa, en 2011 Rojas hizo algunas gestiones para los proyectos que Valero desarrollaba en Inprocon. El tío de Compagnon arrastra un historial de querellas por estafa, asociación ilícita, giro doloso de cheques y hoy está siendo investigado por la Fiscalía Centro Norte por su eventual rol en el pago de coimas en una millonaria licitación adjudicada por la Universidad de Santiago a la constructora española Isolux-Corsán (ver reportaje de CIPER).

Uno de los proyectos en los que Valero y Waldo Rojas habrían participado fue el que se adjudicó vía trato directo Inprocon en noviembre de 2011 para reconstruir las oficinas del edificio municipal de Río Claro (Séptima Región), destruidas por el terremoto de febrero de 2010. A fines de 2011 la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) asignó $597 millones para tales efectos.

En un artículo de El Mostrador se señala que Waldo Rojas tenía “un fuerte ascendiente” entre alcaldes y concejales de varias comunas de la Séptima Región. Uno de ellos sería precisamente el alcalde de Río Claro Claudio Guajardo Oyarce (RN).

Según la indagación de CIPER, en noviembre de 2012, la Dirección de Obras de Río Claro autorizó que los estados de pago Nº 13 y Nº 19 por un total de $61 millones se cursaran a nombre de Marcelo Carreño Salgado, contador de CAVAL y hombre de confianza de Compagnon y Valero. El documento edilicio que da luz verde a la operación lleva la firma de Guajardo (ver documento).

LA TRENZA RADICAL

El 19 de marzo de 2012, Natalia Compagnon informó a su contraparte de Raylex, el ingeniero Hugo Irribarra, respecto de una serie de gestiones clave que realizaría en los próximos días para la empresa:

“Según lo conversado te envío el ‘pool’ de empresas en las cuales quedará registrada Raylex (como proveedor). En los próximos días debería estar listo. Este viernes, a lo sumo el próximo lunes”. Entre las empresas listadas en el email de Compagnon figuran: Codelco, Anglo American, Minera Gaby, CAP, Entel, Hatch, Proyecto Caserones, Gerdau Aza, Freeport-McMoran y Grupo Polpaico. “Por favor cuéntale a Germán (gerente general de Raylex), más tarde te doy los detalles, un abrazo y nos vemos”, agregó Compagnon.

Marzo de 2012 fue un mes agitado para la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. Paralelamente a sus trabajos para Raylex, Compagnon gestionaba importantes proyectos para Gonzalo Vial Concha. Ese mismo año el empresario rancagüino pagó a CAVAL más de $1.340 millones por diferentes servicios que él mismo calificó después como “sobrevalorados”.

Hace unas semanas, Revista Qué Pasa dio a conocer la declaración de un personaje nuevo en esta compleja trama: Gilda Verónica Vanni Zunino. Vanni, una profesional del sector minero, acudió voluntariamente a la Fiscalía de Rancagua el pasado 15 de febrero. Ante los fiscales manifestó que Compagnon la contactó en 2012 con el argumento de que tenía proyectos mineros para ofrecerle y que fue ella la que posibilitó el vínculo entre la esposa de Sebastián Dávalos y Vial Concha. Según Vanni, en una oportunidad Compagnon, delante suyo y del empresario rancagüino, comentó que tenía “a un tipo mojado en Codelco que trabajaba para ella y con ella”.

Versiones recogidas por CIPER indican que ese no era el único contacto que Compagnon ponía sobre la mesa frente a sus socios y clientes. Además de sus contactos en Codelco, Compagnon hacía gala de su cercanía con un ex vicepresidente de la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco), y con un ex ministro de Minería del primer mandato de Michelle Bachelet. Durante ese gobierno, hubo dos personas que ocuparon ese cargo: los ex ministros Karen Poniachik y Santiago González Larraín.

Natalia Compagnon

El padre de Patricio Muñoz Flores –uno de los contactos de Natalia Compagnon en sus gestiones con Codelco–, Raúl Muñoz Valle, fue socio del ex ministro Santiago González en la empresa G5 Consultores Limitada, constituida en abril de 2010. González Larraín se desempeña actualmente como rector (subrogante) de la Universidad Central, plantel al que ingresó como director del Programa Minero en mayo de 2010. Fue en ese mismo establecimiento de educación superior donde Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon cursaron sus estudios de Ciencias Políticas.

Raúl Muñoz Valle también participó junto al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en la sociedad Inmobiliaria GKD S.A., constituida en agosto de 2007. En la inmobiliaria GKD, junto a Gómez y Muñoz, también figura como socio fundador Luis Rojas Mansilla, quien en 1993 constituyó con Waldo Rojas Soto, tío de Natalia Compagnon, la sociedad Servicios Globales a Empresas SGE Limitada.

La mayoría de estos nombres están unidos por una trenza que va más allá de los negocios: su cercanía al Partido Radical. Patricio Muñoz Flores, el ingeniero que le envía correos a Compagnon y Valero cuando se desempeñaba en una empresa subcontratista de Codelco, en enero de 2015 fue nombrado subdirector de Administración y Finanzas del Registro Civil, un servicio que es considerado un “feudo radical” de los gobiernos oficialistas (Muñoz ya no se desempeña en ese servicio).

CIPER conversó con el ex ministro Santiago González quien negó tajantemente haberle entregado alguna vez información a Natalia Compagnon sobre Codelco y tener algo que ver con Raylex. Pero aportó un dato adicional: “La única relación que he tenido con Natalia Compagnon fue hace cinco años, en 2011, cuando llegó a las oficinas de mi consultora G 5 pidiendo una cita. La cita se la di y allí contó que se estaba dedicando al área de la minería y nos ofreció una propiedad minera. Analizamos la propuesta y al cabo de diez días, le comunicamos que no nos interesaba”, dijo.

DE CODELCO A LA ONEMI

Las gestiones que en 2012 llevó a cabo Natalia Compagnon en Codelco para Raylex, corrieron paralelamente a la asesoría que le prestaba Compagnon a Gonzalo Vial Concha. Inicialmente esas labores se concentraron en un estudio de mercado para ver la factibilidad de un desarrollo inmobiliario en su campo Tejas Verdes, ubicado en Machalí, comuna en donde Codelco terminó comprando en diciembre de ese año 2012, un terreno de 22,3 hectáreas.

Días después de que en febrero de 2015 estallara el escándalo del negocio inmobiliario que hizo CAVAL al comprar los terrenos de la familia Wiesner en Machalí, Codelco emitió un comunicado informando que había adquirido esos terrenos (cuyo valor fue de $4.100 millones) para instalar allí las oficinas administrativas y otras de su División El Teniente. Sin embargo, en esos terrenos de uso agrícola, hasta hoy no se construye nada.

Las gestiones de Compagnon para Raylex se extendieron más allá de marzo de 2012. El 2 de mayo, el entonces gerente de Nuevos Negocios de Raylex, Hugo Irribarra, le escribe a Compagnon para comentarle sobre el “Proyecto de Telecomunicaciones P25, Nuevo Nivel Mina El Teniente”. En el correo, Irribarra informa: “Para tema túneles estaba licitando la consultora internacional (SKM). Quedaría la ingeniería para la cobertura de los túneles. Quedaron de invitarnos a participar cuando estuviera decidido”.

El proyecto Nuevo Nivel Mina El Teniente de Codelco comenzó a tomar forma en 2010. Considerado “proyecto estructural” por Codelco, consiste en la ampliación de la mina El Teniente integrando a las faenas una nueva superficie de explotación de más de 2 millones de metros cuadrados.  El proyecto –que ha enfrentado dificultades en su implementación– considera la habilitación de dos túneles de acceso de nueve kilómetros cada uno. Precisamente para esos ambientes hostiles de trabajo Raylex, a través de su empresa filial Raytech, ofrece sofisticados sistemas de telecomunicación.

División El Teniente.

El 20 de mayo de 2012, Irribarra le volvió a escribir un correo electrónico a Natalia Compagnon. Lo que le comunicó esta vez nada tenía que ver con Codelco, pero sí con otra institución pública. En el asunto del correo se lee “Proyecto Onemi” y en el mensaje Irribarra le solicita a Compagnon que le entregue información para “modelar un proyecto y tratar de ubicarlo”. “Necesitamos saber cantidad de usuarios móviles por región, cantidad de grupos de trabajo por región, bandas de frecuencia y número de bandas, necesidad de comunicación HF entre regiones, zonas de cobertura deseadas y coordenadas de las torres y puntos de la Onemi”, preguntó Irribarra.

Ante la duda del ingeniero sobre si él o Natalia Compagnon debía enviar el proyecto al organismo público, Compagnon le respondió el 13 de junio: “Mándalo tú, con copia a mí”. Para agilizar las gestiones de su contraparte en Raylex, Compagnon le escribió al final del correo: ¡Necesitan comprar!”.

Consultados al respecto, desde Raylex insisten en que el contrato con Compagnon se terminó en marzo. “Lo que haya sucedido después del término del contrato con Natalia Compagnon no nos consta”, dijeron.

LAS ADJUDICACIONES DE CODELCO

Son cuatro los proyectos que Raylex o sus filiales (Raylex Diginet y Raytech) se han adjudicado en licitaciones de la minera estatal. El total de las adjudicaciones suma $2.498 millones. Los vínculos comerciales de la empresa, según registros entregados a CIPER por Codelco, datan de 2005, seis años antes de que Compagnon comenzara a asesorar a Raylex.

Pero las licitaciones más contundentes fueron conseguidas con posterioridad al 2 de noviembre de 2011, cuando la esposa de Sebastián Dávalos se hizo cargo del contrato firmado entre Raylex e Inprocon. Estas suman $2.409 millones.

La primera licitación adjudicada por Codelco a Raylex Diginet en 2005 fue para la compra de “enlaces microondas Rancagua-Carén”, con el fin de conectar con telefonía y datos ambos puntos. El monto: US$123.959 ($81,4 millones, al valor actual del dólar). Al año siguiente, la misma filial de Raylex suministró a Codelco de un “analizador de espectro”, utilizado para faenas de mantención, por un total de US$11.122 ($7,3 millones, al valor actual del dólar).

Las adjudicaciones más grandes llegaron siete años después. En 2013, Codelco licitó la compra del servicio “Sistema de Enlace Microondas DHM (División Ministro Hales) – Pampa Puno”, proyecto adjudicado a Raylex Diginet por un total de US$960.951 ($631,3 millones, al valor actual del dólar). La faena minera Ministro Hales se ubica 10 kilómetros al norte de Calama, en la Región de Antofagasta.

El cuarto proyecto fue adjudicado este año y consistió en la provisión de “fibra óptica” para el Tranque Carén, lugar donde se almacenan los relaves mineros generados por El Teniente. El costo total del proyecto adjudicado a Raytech, filial de Raylex, ascendió a $1.778 millones.

Desde Codelco explicaron a través de un comunicado que todas las licitaciones se ajustaron “a los estándares de compra de la Corporación”. Respecto de la adjudicación por $1.778 millones a Raytech, la minera estatal señaló que esa licitación “fue revisada, constatándose que fue aprobada por los niveles facultados para ello y cumple con los estándares de adquisiciones de la Corporación”.

OTRAS LICITACIONES CON EL ESTADO

Además de Codelco, desde 2007 a la fecha, Raylex se ha adjudicado más de 25 licitaciones por un total de $506 millones con distintas entidades públicas, entre las que figuran la Onemi, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Ejército, la Armada, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y algunas municipalidades.

Según el registro de mercado público, de las 26 licitaciones obtenidas por Raylex a partir de 2007, 18 fueron adjudicadas entre noviembre de 2011 y noviembre de 2015. El principal cliente de Raylex ha sido la DGAC, organismo dependiente de la Fuerza Aérea (FACH), institución que le ha adjudicado seis proyectos por más de $223 millones.

Oficinas de Raylex en Providencia.

Los vínculos de la FACH y Raylex se estrecharon en mayo de 2010, pocos meses después del terremoto, luego de una donación que hiciera la empresa a la rama aérea de las Fuerzas Armadas consistente en equipos de comunicación satelital marca Harris. “Cuando nos dimos cuenta de las necesidades que caracterizaron a esta catástrofe, y particularmente en el campo de las comunicaciones de larga distancia flexibles y rápidas, pensamos que se necesitaba un sistema de emergencia como el que estamos entregando hoy a la Fuerza Aérea”, dijo en la ceremonia de entrega el entonces presidente de Raylex, Eduardo Middleton.

Cinco de los seis proyectos adjudicados por DGAC a Raylex consignados en la plataforma mercado público –por un total de $220 millones–, fueron licitados con posterioridad a la fecha de la donación.

La Onemi, en tanto, le adjudicó a la empresa en marzo de 2013 y enero de 2014 dos licitaciones consistentes en la compra de equipos de telecomunicación por un total de $82 millones. Otro de los clientes importantes de Raylex ha sido el Ejército, institución que entre 2009 y 2015 le ha hecho cinco compras por un total de $136 millones. La Armada, en tanto, entre 2007 y 2014 le ha hecho compras por casi $43 millones, consistentes en equipos de telecomunicación y visores nocturnos.

Entre las municipalidades que han adjudicado licitaciones para Raylex se encuentra la de San José de Maipo, dirigida por Luis Pezoa Álvarez (RN), la que en agosto de 2015 le hizo una compra de equipos de comunicaciones por un total de $11,7 millones (ver detalle de las licitaciones).

Respecto de todas las licitaciones, incluidas las de Codelco, Raylex señaló que le fueron adjudicadas a partir de procesos transparentes y altamente competitivos. Agregaron, además, que ya habían tomado contacto con el fiscal Sergio Moya para hacerle entrega de una serie de documentos. “Raylex cuenta con todos los respaldos y antecedentes necesarios respecto de la asesoría de Inprocon y los pagos que se realizaron a esta empresa de conformidad con el contrato”, puntualizaron.

Cuando Fernando Rojas pulsó el botón “enviar denuncia” en el computador que ocupaba como subgerente de Afiliación de Empresas de la Caja de Compensación Los Héroes, confió en la garantía de anonimato de la intranet de la institución, diseñada para aplicar el modelo de prevención del delito.

La acusación apuntaba directamente a su jefe, el gerente de Empresas y Trabajadores, Gonzalo Vial,a quien denunciaba por tener una “estrecha relación” con un proveedor involucrado en irregularidades. Pero en vez de iniciarse una investigación contra Vial, algunas semanas después, el  viernes 28 de agosto de 2015, éste despidió a Rojas. Gonzalo Vial desmiente el supuesto vínculo con el proveedor, asegura que nunca supo de la denuncia de Rojas y dice que su despido se debió exclusivamente a su bajo rendimiento.

Sean cuales fueren las verdaderas razones de su despido, Rojas dejó puesta una bomba de tiempo antes de irse: se reunió con la gerenta de Personas de la Caja de Compensación Los Héroes, Sara Narbona, y le entregó detalles de su denuncia. Alarmada, Narbona empezó a recoger testimonios coincidentes de otros empleados e informó a sus superiores de la gravedad de las acusaciones. El 21 de septiembre, Narbona también era notificada de su despido.

Los dos ex ejecutivos –Fernando Rojas y Sara Narbona- recurrieron a la justicia laboral en noviembre, exigiendo una indemnización. Ambos llegaron a acuerdo con la caja y cada uno obtuvo $20 millones. Lo que podría haber sido una controversia laboral más, terminó abriendo una caja de Pandora que ya ha costado la cabeza a varios otros ejecutivos de Los Héroes. Porque los hechos denunciados por Rojas y Narbona motivaron que en enero la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) iniciara una investigación sobre el cúmulo de irregularidades denunciadas.

¿Qué escondían las acusaciones de Rojas y Narbona? La lista de irregularidades es larga y gira en torno a la relación de Los Héroes con los dirigentes sindicales de instituciones afiliadas y a los denominados “dealers”, empresas contratadas por la caja de compensación para externalizar la captación de créditos entre los trabajadores a cambio de una comisión. Las denuncias apuntan también a la relación que la caja tiene con los dirigentes sindicales de su mayor afiliado: Gendarmería de Chile.

La investigación de la Suseso tiene lugar en momentos en que el sistema de cajas de compensación vive una situación crítica, tras la intervención de la Caja de Compensación La Araucana, la que gatilló que se restringiera el acceso a los créditos bancarios. Las ganancias de Los Héroes han caído (ver gráfico) y Sara Narbona acusa que, pese a ello, la institución gastó en 2014 más de $3 mil millones en pagar comisiones a dealers, un monto similar a sus utilidades de ese año.

Las cajas de compensación son entidades sin fines de lucro que por ley deben destinar la totalidad de sus utilidades a entregar beneficios a sus afiliados. Todos los gastos que se realicen indebidamente son al final dineros que debieran ser destinados a sus afiliados en vez de terminar en bolsillos de terceros, como parece suceder en este caso. CIPER intentó tener una versión de la Caja Los Héroes, donde primero pidieron una semana para poder agendar una entrevista con el gerente general, Jorge Leyton, pero luego se arrepintieron argumentando que sólo contestarían un cuestionario por escrito. Debido a las delicadas denuncias sobre el manejo de los dineros, insistimos en la entrevista cara a cara. No tuvimos éxito.

DEALERS EXTERNOS

Uno de los focos de atención es el explosivo crecimiento de los pagos a una empresa conocida coloquialmente dentro de Los Héroes como Global, propiedad del ingeniero comercial Juan Esteban Calleja. El dealer con el que opera oficialmente se llama en realidad Consulting Management Limitada, donde las verdaderas dueñas son la madre y esposa de Calleja. En las memorias de Los Héroes, Consulting Management figura desde 2013 entre los 20 mayores proveedores de la caja, prestando un “servicio de preevaluaciones”. En su denuncia, Sara Narbona acusa que actualmente el 65% de las comisiones que se pagan a los dealers los recibe esa empresa, pero Gonzalo Vial asegura que sólo llegó a ser la segunda más grande, después de Contiggo.

El principal “cliente” de Consulting Management en afiliados para Los Héroes es Gendarmería. Un dato que resulta clave en la segunda acusación del ex subgerente de Afiliación de Empresas de Los Héroes, Fernando Rojas: la existencia de “pagos irregulares” a dirigentes sindicales de esa institución pública. Los pagos, dice un ex ejecutivo, se habrían hecho a través de Consulting Management, entidad a la que luego la caja reembolsaba.

En su demanda, Sara Narbona reproduce la entrevista que le hizo a Rojas al momento de su despido, quien le dijo que la afiliación de funcionarios de Gendarmería se habría hecho en base a coimas: “Todos sabemos que a Gendarmería se lo ganaron solo pagando a los dirigentes, no solo plata directa, sino también fiestas, alojamientos, hoteles lujosos (…) Todo financiado con el concepto de Plan de Beneficios, que se supone se debe disponer como beneficis para todos los afiliados de la CCAF Los Héroes”.

(Fuente: Memoria Los Héroes)

Estas denuncias son las que hoy preocupan y ocupan en la Suseso, donde se dice que las acusaciones son graves y, de confirmarse, podrían significar una sanción para la caja de compensación. La normativa contempla multas de hasta 15.000 UF.

-Nuestra preocupación básicamente es la protección de lo que se denomina el fondo social, es decir los recursos que la caja administra para otorgar beneficios sociales (…) Regalos u otro tipo de incentivos están expresamente prohibidos por circulares nuestras emitidas ya en 2006 –dijo a CIPER el superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes.

La relación entre Los Héroes y Gendarmería comenzó a gestarse hace unos cinco años. Hasta entonces todos los funcionarios de la institución cotizaban en la Caja de Compensación Los Andes, pero cada región empezó a votar para decidir de manera independiente si se cambiaban a otra caja. Los ejecutivos de Los Héroes sabían que esa podía ser una mina de oro: con cerca de 15.000 funcionarios, conocidos por su altísima propensión a endeudarse, Gendarmería podía significar un punto de inflexión para la caja, que en 2011 había visto caer en 75% sus utilidades (ver gráfico “Ganancias”).

Es ahí donde entra en escena Consulting Management. La empresa, en conjunto con directivos de Los Héroes, comenzó un trabajo región por región para convencer a los trabajadores de cambiarse de caja de compensación y optar por Los Héroes. La campaña fue un éxito: en un par de años, las 15 regiones de Gendarmería estaban adscritas a esa caja. ¿Cómo lo lograron? Entre los testimonios que recogió la propia Sara Narbona, los empleados de Los Héroes mencionaron que había hechos “graves: pues se han ofrecido muchas cosas que no debemos ofrecer”.

Las irregularidades eran un secreto a voces dentro de Los Héroes. Como lo resume una de las denuncias que escuchó Sara Narbona: “lo que pasó en Gendarmería lo saben todos, pero nadie habla”. Los rumores tanto dentro de la caja como entre funcionarios de la institución pública mencionan millonarios obsequios a dirigentes de las regiones más cotizadas. Los altos montos no pudieron ser confirmados por CIPER, pero sí “regalos” y  pagos indebidos a funcionarios de Gendarmería.

Un gendarme reconoció a CIPER que recibió dinero de parte de una ejecutiva de Los Héroes a cambio de convencer a los funcionarios de su región de votar a favor de afiliarse a esa caja. La palabra clave de la oferta era “potenciarlo” como dirigente, entregándole herramientas para promoverse entre los afiliados a su asociación gremial. Así todos ganaban.

Claudio Reyes

“Tú me puedes apoyar y yo te puedo potenciar. ¿En qué te puedo ayudar?”, le dijo la ejecutiva al dirigente, que pidió reserva de su nombre. Relata que recibió $200 mil, los que utilizó en hacer un asado para los gendarmes, entre otras actividades de proselitismo gremial. La ejecutiva de Los Héroes sólo le pedía boletas para poder acreditar el gasto ante la caja, pero reconoce que él podría hacer entregando cualquier recibo y haberse quedado con el dinero para su bolsillo. Lo mismo con los regalos de vales para fines de semana en las cabañas que tiene Los Héroes para sus afiliados, que él podía usar como quisiera. Aunque el dirigente de Gendarmería asegura que los distribuía entre los asociados a su organización gremial.

“No sabíamos cómo era el juego, o si no habríamos pedido más plata”, dice ahora el mismo dirigente respecto a los rumores de millonarios pagos en otras regiones. Su respuesta refleja el malestar que ha provocado entre los dirigentes y funcionarios de Gendarmería el rumor de que algunas organizaciones y dirigentes han recibido más beneficios que otros.

Un dirigente gremial de otra región que el anterior, afirma: “Es un tema muy tránsfuga para nosotros”, y apunta a Gonzalo Vial como responsable, porque descubrieron que a ellos les daban $30 mil por funcionario mientras que en otras regiones recibían hasta $80 mil. Reclamaron y consiguieron nivelar el monto. En Santiago, en cambio, el dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Óscar Benavides,  asegura que el reparto de los fondos es equitativo y se entrega para actividades recreativas.

Además, la entrega de financiamiento cuyos montos dependen de la captación de créditos es una práctica habitual, pero cuestionada por la Superintendencia de Seguridad Social:

-Un comportamiento aceptable es que esas prácticas no existan. Esta es plata que sale del Fondo Social como gastos de administración. Los créditos debieran otorgarse simplemente en base a los méritos del deudor, no de un gestor o intermediario. Y por cierto esto no tiene solo que ver con un tema de carácter ético, sino con la sustentabilidad de la industria. Porque esto lo que hace es incrementar el costo del crédito -explica el superintendente Reyes.

PRÁCTICAS CUESTIONADAS

A fines del año pasado, tras las denuncias de los subgerentes de Afiliación de Empresas, Fernando Rojas, y de Personas, Sara Narbona, se habría iniciado una investigación interna en Los Héroes. Por esa misma fecha fue despedido el gerente de Empresas y Trabajadores de la Caja de Compensación Los Héroes, Gonzalo Vial. Muchos creyeron ver allí el vínculo entre ambos hechos. Pero Vial aseguró a CIPER que nunca supo de las acusaciones que se habían hecho en su contra. Lo echaron –insiste- por ser el superior de una ex funcionaria que había cometido irregularidades de las que jerárquicamente era el responsable.

Lo que llama la atención es que, cuando describe las irregularidades descubiertas, nuevamente se trata de pagos a dirigentes sindicales, aunque esta vez no son de Gendarmería. De acuerdo a lo que supo Vial, una productora llamó para cobrar por un evento del cual no había registro en Los Héroes. Después esa misma productora confesó que los eventos no se realizaban, sino que una ejecutiva de Los Héroes le pedía que facturara el servicio y traspasara dineros a dirigentes sindicales.  Gonzalo Vial asegura que es el único caso irregular que conoce.

Respecto al crecimiento explosivo de Consulting Management como proveedor de afiliados de Los Héroes, Vial asegura que la única explicación es que trataban de mantener a los equipos trabajando con las mismas instituciones, pues ya conocían la organización y la estructura de beneficios. Y sería así que Juan Esteban Calleja fue ganando regiones de Gendarmería como afiliados y su empresa creció hasta convertirse en la segunda más grande.

Quienes cuestionan las prácticas de los dealers y la relación de éstos con dirigentes gremiales de Gendarmería, apuntan, además de Vial, a la subgerenta Nacional de Empresas y Trabajadores de Los Héroes, Yanira Figueroa. Sus acusadores sostienen que Figueroa es la ejecutiva que manejaba los contactos cotidianos con Consulting Management, empresa donde incluso trabaja su padre. Yanina Figueroa es también quien interactúa con los dirigentes de Gendarmería, pues lideró el proceso de afiliación de la institución en distintas regiones, para lo cual se apoyó también en personal de Consulting Management.

Una de esas personas es una ex ejecutiva de Consulting Management, además de pareja y hermana de gendarme, quien luego denunció acoso laboral, haber sido despedida pese a estar embarazada y que no se le pagaron las comisiones prometidas por su trabajo con Los Héroes.  En su denuncia, la mujer hace ver que “yo no acepté ciertos acuerdos dentro de los procesos de mi trabajo reñidos por mis valores y mi ética”.

Según una ex ejecutiva de Consulting Management, durante el proceso de afiliación todas las energías estaban puestas en “fidelizar” a los funcionarios de Gendarmería, lo que incluía entregarles regalos a personas estratégicas –desde teléfonos a computadores–, además de agasajar a los dirigentes con cenas caras y otras actividades nocturnas.

Varias de las fuentes consultadas describieron como problemática la relación del equipo de Yanina Figueroa con los funcionarios de Gendarmería, pues se habrían cruzado varios límites profesionales. Quizás el caso más dramático lo vivió la misma Figueroa, quien protagonizó un episodio policial en febrero pasado en el balneario penquista El Pingueral, cuando un gendarme fue detenido por agredirla e intentar secuestrarla. El gendarme fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Tomé y el caso está siendo investigado actualmente por la Fiscalía de la VIII Región.

GENDARMERÍA: LA “JOYA” DE LOS HÉROES

Según una presentación hecha por Los Héroes a inversionistas, el 24% de la cartera de créditos a trabajadores a marzo de 2015 estaba en manos de Gendarmería. La mayor colocación de la caja en una sola institución. Sin embargo, empleados de Los Héroes aseguran que en realidad la cifra es aún más alta y alcanza al 65%, mientras que Sara Narbona en su demanda dice que corresponde al 70%. El superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, estima que el porcentaje es menor, pero de todos modos estaría sobre el máximo de 10% de concentración permitido en una institución: “En este caso nos parece que está siendo vulnerado”, dice.

En enero pasado, un informe de la clasificadora de riesgo Feller-Rate también calculó un porcentaje que está sobre el límite, aunque en un rango menor: “Cabe destacar que parte importante del incremento de las colocaciones del segmento trabajadores corresponde al convenio alcanzado con la Dirección General de Gendarmería, que a septiembre de 2015 representa el 14,8% del total de la cartera. Si bien dicho porcentaje es elevado, el riesgo de concentración se compensa por la pertenencia de la entidad al Estado, caracterizado por una mayor estabilidad en el empleo”.

Las cajas de compensación deben enviar a la Suseso información de todos los créditos que otorgan, por lo tanto se investiga cómo se superó el límite sin que la autoridad reparara en ello:

-Se supone que la caja tiene una política de crédito, un comité de riesgo de crédito y tiene normas impartidas por la superintendencia para administrarlos. Y tiene que informar. Nosotros tenemos una central de riesgos que concentra digitalmente los saldos de las colocaciones y a través de esos indicadores podemos percibir si eso (la superación del límite) está ocurriendo. Por lo tanto, si ocurre, puede darse lugar a un proceso sancionatorio -explica el superintendente Reyes.

Si bien Los Héroes informó a fines del año pasado del litigio con Narbona y la Superintendencia de Seguridad Social sabe que ha habido más despidos, resta aún por certificar las causales. Y lo más importante, el grado de conocimiento que tenían los directivos de la caja sobre los hechos denunciados.

Claudio Reyes explica que el foco de investigación está en las prácticas comerciales, que también pueden ser objeto de un proceso sancionatorio. Además de combatir aquellas prácticas que la normativa prohíbe, como ofrecer regalos, incentivos indebidos o pagos a cambio de afiliados, el superintendente anuncia cambios para poner límites más estrictos: “Nos preocupa que nos ajustemos a ciertas normas de carácter ético y de respeto también desde el punto de vista de consumidores”.

Actualmente las cajas de compensación viven un momento particularmente complejo. Tras el colapso e intervención de la Caja La Araucana el año pasado, en la Superintendencia de Seguridad Social creen necesario que todas las instituciones ajusten sus operaciones. A juicio de Claudio Reyes, el escenario actual obliga a estas empresas a revisar sus estructuras de costos, y allí algunos servicios, como los pagos de comisiones a dialers, pueden no ser sostenibles.

La afirmación de Claudio Reyes da asidero a la acusación que hace Sara Narbona: Los Héroes gastó en 2014 más de $3 mil millones en comisiones para dealers, un monto similar a las utilidades obtenidas por esa caja ese año.

La reformulación de la forma en que operan las cajas de compensación debiera alcanzar también a las prácticas que se han cuestionado en Los Héroes y en costumbres que están arraigadas en las relaciones que establecen con los sindicatos. “Eso también tiene que ver con una cultura de los propios sindicatos, que encontraron en las cajas y otras instituciones similares una fuente de financiamiento de sus propias actividades. Esto también va a tener que ir desapareciendo en el tiempo, no hay recursos para aquello”, concluye Reyes.

El 3 de agosto de 2015 comenzó una de las audiencias de formalización más largas de las que se tenga memoria desde que partió el actual régimen procesal penal. La maratónica audiencia correspondió al “Caso Basura” que investiga irregularidades en licitaciones de recolección de desechos y otros millonarios contratos en las comunas de Maipú y Cerro Navia. Fueron 19 las jornadas de presentaciones de la Fiscalía y de las defensas de 18 imputados, entre ellos los alcaldes Christian Vittori (DC, Maipú) y Luis Plaza (RN, Cerro Navia), además de concejales, funcionarios municipales y empresarios, todos involucrados en una causa que incluye fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos.

En medio de la montaña de datos y evidencias que desfilaron por el tribunal, asomaron antecedentes que salpicaron a una municipalidad que inicialmente no figuraba en el escándalo: Colina, un reducto que lleva 16 años bajo el estricto control del alcalde Mario Olavarría (UDI).

La fiscal Tania Mora apuntó contra Colina porque una de las principales imputadas, la funcionaria municipal de Cerro Navia, Marcela Morales, estaba contratada en paralelo en la comuna que dirige Olavarría. Y, según los antecedentes de la Contraloría y de la Fiscalía, los servicios que supuestamente Marcela Morales prestaba en Colina, nunca se realizaron. La acusación de la fiscal Tania Mora encendió las alarmas en Colina y para preparar su defensa, el alcalde Mario Olavarría recurrió a los servicios del abogado Matías Balmaceda Mahns. El edil tenía razones para preocuparse, porque en enero tuvo que declarar como imputado.

Mario Olavarría

Lo que no se sabía hasta ahora, es que mientras preparaba la defensa de Olavarría, el abogado Balmaceda gestionó un contrato con la Municipalidad de Colina por 700 UF (unos $18 millones), para que su estudio jurídico Balmaceda, Cox y Piña (BCP Abogados) realizara una capacitación sobre manejo de la Ley de Lobby a los funcionarios municipales. Consultado por CIPER, Balmaceda rechazó que este contrato sea interpretado como una maniobra para encubrir un eventual financiamiento de la defensa de Olavarría con recursos públicos. Para corroborarlo, señaló que la capacitación nunca se hizo y que no se ha facturado por ese servicio.

Efectivamente, la capacitación no se concretó, porque a fines de marzo pasado la Municipalidad de Colina anuló abruptamente la aprobación del contrato a través de un proceso claramente irregular. Tan irregular que hoy se investiga al interior del municipio bajo secreto de sumario, debido a que implicó la duplicación de un decreto: hay dos que llevan el mismo número, pero que se refieren a materias diferentes. Uno de estos decretos es el que anuló el contrato con el bufete de Balmaceda.

A la controversia por el contrato y su irregular proceso de anulación, se suman los pagos que realizó el municipio a dos personas muy cercanas a Balmaceda: su esposa, Bernardita Swinburn Pérez, y la empleada doméstica de su casa, Eugenia Uribe Aceitón. La primera recibió $1,6 millón por un contrato a honorarios en agosto de 2015. Y la segunda ha cobrado un poco más de $10 millones por contratos a honorarios en 2014 y 2015.

Matías Balmaceda reconoció a CIPER que fue él quien gestionó los contratos de su esposa y la empleada doméstica de su casa en la Municipalidad de Colina. La relación de confianza que el abogado tiene con el alcalde Olavarría se consolidó cuando Balmaceda defendió al edil en el juicio más complejo que ha enfrentado antes del “Caso Basura”. Olavarría fue formalizado en 2010 tras constatarse que recibió millonarios depósitos de su ex jefe de gabinete, Domingo Soto, los que se presumía habían provenido de coimas por autorizar la instalación de un supermercado Tottus en terrenos municipales (ver reportaje de Ciper). Según la acusación de Alma Sánchez, abogada del CDE, el alcalde no tenía cómo explicar el origen de los casi $130 millones que ingresaron a su cuenta corriente entre 2006 y 2007. Más aún considerando que su sueldo de alcalde era de $2,8 millones y que debía pagar una pensión alimenticia de $2 millones.

En 2014 la defensa del abogado Matías Balmaceda logró que el Juzgado de Garantía de Colina absolviera a Mario Olavarría. El tribunal estimó que no había pruebas suficientes para hacerse la convicción que la autoridad comunal hubiese recibido algún tipo de coimas para concretar el arriendo.

VERSIÓN CONTRADICTORIA

Consultado por CIPER, Matías Balmaceda explicó que en septiembre de 2015, días después de la última jornada de formalización del “Caso Basura”, envió a la Municipalidad de Colina una propuesta para capacitar a directores y profesionales en el manejo de la Ley de Lobby y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según comentó, su bufete tiene amplia experiencia en capacitaciones de este tipo y también la ofreció a las municipalidades de Recoleta y Renca.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) indicó a CIPER que en su municipalidad no se han recibido ofertas de capacitaciones del estudio jurídico de Balmaceda. Lo mismo respondió el director de Control de Renca, Luis Alberto Jorquera: “Esta municipalidad no ha recibido propuesta de capacitación ni sobre la Ley del Lobby ni de ninguna otra, por parte del estudio jurídico Balmaceda, Cox y Piña Abogados, por lo que la persona que le dio ésta información, por razones que desconocemos, ha faltado a la verdad”.

El abogado Balmaceda explicó a CIPER cómo surgió el contacto con la Municipalidad de Colina para la capacitación sobre Ley de Lobby:

Matías Balmaceda

-La verdad es que el primer proyecto fue con Mario (Olavarría, alcalde), porque a él lo conozco más (…). Le propuse que hiciéramos una capacitación en el tema, porque era fundamental la relación de los funcionarios públicos con los particulares. El tema avanzó, tenían que aprobarlo y entiendo que el decreto salió como en el mes de febrero o por ahí -manifiesta el abogado.

El decreto que menciona Balmaceda es el N° E-347 del 7 de marzo de 2016, que autorizó la contratación directa, es decir, sin licitación pública, de su estudio jurídico (vea ese decreto).

“En enero de este año, Mario Olavarría es citado a declarar por primera vez en calidad de imputado y me dice que por favor le vea el tema, porque él no va a poder ir a declarar, porque se va fuera de Chile. En ese contexto, yo le mando el escrito a la fiscal pidiendo que no vaya a declarar. Entendiendo que se podía malinterpretar que yo estaba asesorando a la municipalidad y también al alcalde, le pedí a Mario que dejara sin efecto el decreto mediante el cual supuestamente íbamos a contratar esta asesoría. No quería tener problemas con el municipio y tampoco interpretaciones extrañas”, afirma Balmaceda.

-¿Cuándo le pidió eso a Mario Olavarría?
-Principios de marzo. Me acuerdo porque yo me fui de vacaciones todo febrero y esto lo hice después de vacaciones, cuando volví. Y entiendo que en el mes de abril (…) Mario me confirmó que ya se había dejado sin efecto el decreto y naturalmente no se iba a prestar la asesoría. Por ende, nunca he emitido una factura y naturalmente no presté la asesoría, porque obviamente preferí darle de bajo por lo mismo que me estás llamando tú, para que después no me estén, con todo respeto, hueveando.

-¿Cuándo asumió la defensa de Mario Olavarría en el “Caso Basura”?
-El 25 de enero. Por ahí fue la citación (…) Fue la última semana de enero que yo presenté un escrito en la causa de la fiscal, avisándole que Mario no podía comparecer y que nos agendara un nuevo día y hora. Después me fui de vacaciones, todo febrero, volví y le dije a Mario: ‘Sabís qué, no me parece y no creo que sea bueno que yo tenga un contrato con la municipalidad si voy a asumir tu defensa’.

CIPER accedió a correos electrónicos que Matías Balmaceda intercambió con funcionarios de la Municipalidad de Colina y que refutan la versión del abogado. Estos e-mails comprueban que Balmaceda comenzó a participar en la defensa en septiembre de 2015 y que, al mismo tiempo, gestionaba la aprobación del contrato para la capacitación.

El 23 de septiembre de 2015, Matías Balmaceda le escribió a la administradora municipal de Colina, Elizabeth Arellano Quiroga. El asunto del correo: “Firma de contrato capacitación”. El texto del mensaje: “Elizabeth cuándo podemos proceder a la firma del contrato por este tema, saludos”. En paralelo el abogado ya estaba participando en la defensa por el “Caso Basura”, porque al día siguiente, el 24 de septiembre, vuelve a escribir a la misma funcionaria, solicitándole información relacionada con ese juicio. En particular, le preocupaban las comunicaciones que habían sostenido Marcela Morales y César Vidal, dos funcionarios municipales de Cerro Navia acusados de abultar sus ingresos mediante contratos con la Municipalidad de Colina por servicios que no se habrían prestado. Este es el texto de ese segundo mensaje de Balmaceda dirigido a la administradora municipal:

“Elizabeth: en relación a la carpeta enviada con antecedentes del caso, me gustaría saber si es factible recopilar cualquier tipo de intercambio de mails, entre personal de la municipalidad y Marcela Morales y César Vidal, y naturalmente cualquier otro tipo de comunicación que me ayude a respaldar los servicios prestados, saludos”.

En octubre de 2015, el abogado Balmaceda volvió a intercambiar información sobre el caso con Elizabeth Arellano, a quien reenvió correos provenientes del estudio jurídico de Sergio Contreras Paredes, el abogado que defiende a Marcela Morales. En esta misma cadena de correos, Balmaceda aprovecha de preguntar si hay novedades respecto del decreto que autoriza la contratación de la capacitación.

Otra contradicción con la versión del abogado que queda al descubierto con estos correos, es la fecha en que Balmaceda supuestamente le solicitó al alcalde anular la contratación. Según cuenta, esto lo hizo a principios de marzo inmediatamente después de volver de sus vacaciones. Pero, lo que efectivamente ocurrió a inicios de marzo fue lo contrario: el 8 de marzo Matías Balmaceda y el alcalde Mario Olavarría firmaron el contrato (vea ese contrato).

El 3 de marzo de 2016 el asesor jurídico de Colina, David Vega, había enviado a la Secretaría Municipal el memorándum N°197, donde justifica la contratación directa de la capacitación en virtud de la “confianza, seguridad y credibilidad” que otorga el estudio. En el escrito, el asesor explica que BCP Abogados “se dedica especialmente a asuntos relativos a ética pública” y menciona a Iván Millán Gutiérrez, ex fiscal jefe de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, como el abogado a cargo de esta área dentro de la organización (vea ese memorándum).

DECRETO DUPLICADO

Las razones de por qué la capacitación no se llevó a cabo no están claras. Respecto de lo que no hay duda alguna es que el proceso para anular el contrato con Balmaceda se hizo con una rapidez inusitada, al punto que se concretó mediante un proceso totalmente irregular que involucró duplicar un decreto. Una situación que motivó la apertura de una investigación al interior de la municipalidad.

Desde el 19 de abril, Carlos García Lecaros, secretario municipal de Colina, se encuentra bajo sumario. La razón es el decreto N°E-489, o mejor dicho, las dos versiones del decreto N°E-489.

La versión original de este decreto fue firmada por García el 24 de marzo de 2016. En él, se autorizaba la contratación directa de la empresa Escogestión para que un concejal asistiera al seminario “Habilidades de Comunicación, Calidad y Gestión del Cambio Local” que realizaría esa consultora en Tacna (vea ese primer decreto E-489).

El conflicto surgió cuando apareció otro decreto, con el mismo número y fecha, pero con un contenido distinto. Este fue el que anuló la contratación directa del estudio jurídico BCP Abogados para impartir la capacitación sobre la Ley de Lobby. Al final del documento se aprecia la firma y timbre del mismo García.

Esta segunda versión del decreto N°E-489 es la que figura en la web de transparencia de la Municipalidad de Colina (vea este segundo decreto E-489).

Municipalidad de Colina

Seis días después, el 30 de marzo, se firmó otro decreto que volvió a aprobar la asistencia al seminario en Tacna, esta vez bajo el número E-517. En su encabezado, donde se deben citar los documentos anteriores que tengan directa relación con el tema, no se hace mención alguna al decreto original N°E-489, ni las razones para modificarlo. La única diferencia con el original, además de la fecha y el número, es que se agrega un concejal al viaje (vea este decreto).

Consultado por esta duplicación, antes de que se instruyera el sumario, el secretario Carlos García aseguró a CIPER que no recordaba todo lo que había firmado, pero que debía haber una explicación para lo ocurrido. De no haberla, dijo, él mismo pediría el sumario.

-Cuando uno anula un decreto, se hace un decreto de rectificación o de anulación. Por eso me llama la atención. Mi firma está en los dos, pero yo firmo muchos decretos diariamente. Pero hay todo un proceso. Por ejemplo, cuando se hacen los decretos, se deben ir a visto bueno de (la Dirección de) Control, que es el que ve la parte legal del contrato y que los números sean correlativos. Entonces, quiero averiguar qué pasó, dónde estuvo el error. Yo puedo contestarle de aquí a mañana, porque esto debe ser rápido -aseguró García a CIPER.

Pero Carlos García no volvió a responder. Tras las consultas iniciales de CIPER, el secretario municipal derivó el tema al Departamento de Relaciones Públicas de la municipalidad, el que bloqueó la comunicación con el secretario, argumentando el secreto de sumario.

VÍRGENES Y PANES DE PASCUA

En agosto del año pasado, un mes antes de que el abogado Balmaceda comenzara a participar en la defensa de los implicados de la Municipalidad de Colina en el “Caso Basura”, según consta en sus correos electrónicos, su esposa fue contratada a honorarios en la misma municipalidad. El servicio de Bernardita Swinburn se extendió solo por ese mes y, de acuerdo a lo que señala su contrato, fue para “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y autoestima de los adultos mayores”, con un pago de $1,6 millón (vea ese contrato).

Fotos enviadas por Matías Balmaceda

Balmaceda reconoce que él hizo las gestiones para conseguirle el contrato a su esposa, pero aclara que no tiene relación alguna con los honorarios que cobra por defender al alcalde Olavarría: “Ella le vendió diez vírgenes a la municipalidad. Ella se dedica a hacer varias manualidades y hace vírgenes de greda blanca. Ella las pinta, las adorna y yo le dije a Mario en su minuto ‘oye, sabes que tengo estas vírgenes, por qué no se las vendes a la gente’, porque las iban a regalar, entiendo, a la gente de los clubes de fútbol. Además, están las fotografías de cómo se entregaron las vírgenes en todos los clubes de fútbol”.

Al preguntarle qué tenía que ver eso con el “mejoramiento de la calidad de vida y autoestima de los adultos mayores”, el abogado amplió su explicación: “Entiendo que las vírgenes eran una forma de contribución a los mayores. Honestamente, no tengo idea de la glosa del contrato, lo que dice. Pero el contrato es simplemente por esas vírgenes, que entiendo se regalaron a los adultos mayores. En las fotografías que tengo son varios viejitos recibiendo las vírgenes”, concluyó (Balmaceda envió a CIPER copia de esas fotografías).

En todo caso, en el contrato de Bernardita Swinburn no se mencionan vírgenes, pero se estipula que la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) será la encargada de visar los informes que respalden el servicio prestado. CIPER preguntó en ese departamento si existen respaldos de la entrega de vírgenes de greda blanca a adultos mayores en 2015, pero los funcionarios indicaron que sólo la encargada de relaciones públicas podía responder. Al consultar con ella, respondió que la solicitud debía hacerse a través del Portal de Transparencia, cuya respuesta puede tomar hasta 30 días hábiles.

La empleada doméstica del matrimonio Balmaceda-Swinburn, Eugenia Uribe Aceitón, también ha sido contratada a honorarios por la Municipalidad de Colina. El abogado admite que él hizo los contactos para conseguirle los dos contratos que se le han hecho. El primero es de 2014, por servicios que habría prestado entre octubre y diciembre como “apoyo actividades navideñas y de fin de año”, por $1,8 millón mensual (vea el contrato). Luego, entre noviembre y diciembre de 2015, se le volvió a contratar para “fomentar vínculos de la comunidad organizada, en el marco del programa recreación vecinal” por $2,2 millones mensuales (vea este contrato). En total, Eugenia Uribe ha recibido cerca de $10 millones pagados por la Municipalidad de Colina entre 2014 y 2015.

Fotos enviadas por Matías Balmaceda

En ambos contratos se consigna que la Dideco debe visar los informes que den cuenta del trabajo realizado por Eugenia Uribe. CIPER preguntó a la actual directora de esa repartición, Amory Hormazábal, por estos servicios y sus informes de respaldo, pero la funcionaria explicó que no tiene conocimiento del caso, ya que solo lleva un mes en el cargo, y que los informes también debían ser pedidos a través de la Ley de Transparencia.

Matías Balmaceda explicó que los dos contratos de Eugenia Uribe fueron por panes de pascua que ella vendió al municipio:

-Los hizo en mi casa. Yo le compré un horno. Ella es nana. Para que te hagas una idea, ella viene de Los Ángeles, un poquito hacia adentro, y tiene que costear la educación de dos hijos. La verdad es que a las nanas no les da para poder costear la educación de los hijos. A mí se me ocurrió, en particular fue idea mía, que ella hiciera panes de pascua para el municipio, porque los hace muy ricos. Fueron 1.500 panes. Yo los fui a dejar y cada pan vale entre $2.000 y $2.500 en el mercado. Es el segundo año que hace panes de pascua y en 2016 también los va a hacer. Yo hice la gestión para que ella tuviera ese contacto y no me arrepiento. Donde haya que decirlo, lo voy a hacer, porque es una forma de ayudar a la gente que lo necesita.

Eran pasadas las 20 horas del lunes 11 de abril cuando en la 17ª Compañía de Bomberos de Santiago se recibió un llamado de auxilio. No era un incendio: provenía del Centro Galvarino del Servicio Nacional de Menores (Sename), ubicado justo al lado de la bomba, donde una niña de 11 años se debatía entre la vida y la muerte. Allí encontraron solo a una auxiliar de Enfermería que hacía lo que podía para intentar salvar a Lissette. Era la única que había recibido entrenamiento de reanimación entre los funcionarios que en ese momento estaban a cargo de los 102 menores que cobija el hogar.

La ayuda de los bomberos fue inútil. Cuando la ambulancia del SAPU llegó hasta las cinco casas que ocupa el Centro Galvarino en el barrio Estación Central, ya era tarde. Lissette falleció y su muerte abrió de un golpe una ventana al sistema del que depende la vida de más de 5 mil niños y adolescentes en situación de abandono, riesgo o que han cometido delitos y son vulnerables. Lo que se esconde detrás de las paredes de los hogares bajo tuición del Sename, sigue siendo ignorado por la sociedad y, lo más grave, por las instituciones del Estado que debieran garantizar la protección de los niños más desprotegidos del país.

Lissette

La historia de Lissette grafica el periplo de gran parte de los niños que llegan hasta los hogares del Sename. A los 5 años, un ambiente familiar adverso –donde se mezclaban abuso sexual y maltrato físico- hizo que un juez de familia decidiera que Lissette fuera trasladada al hogar “Regacito”, entonces ubicado en Maipú. A partir de ese momento, la niña protagonizó un largo ir y venir entre su casa y distintos hogares. De eso da cuenta un expediente que pasó por varios jueces de familia en estos seis años. Más de diez veces la niña debió transitar entre su casa y los hogares que provee el Estado para los niños vulnerables como ella. Hasta que en 2014 llegó una vez más al Centro Galvarino, allí donde supuestamente empezaría a sanar las heridas que le dejaron la violencia síquica y sexual.

No fue así. Ni para ella ni para los 102 niños del Galvarino, donde solo hay –en el mejor de los casos- 10 educadores: dos por cada una de las cinco casas. Cada funcionario, entre educadores y profesionales, tiene en promedio 30 niños a su cargo, lo que hace imposible hacer un trabajo en profundidad con los menores. La misma situación se repite en los otros dos centros residenciales administrados por Sename en la Región Metropolitana: Pudahuel y la Casa Nacional del Niño.

Lissette no fue protegida. En 2014, cuando su estado clínico empeoró al ser separada de su hermana en un hogar de María Ayuda, fue internada durante un mes en un hospital donde debió ser estabilizada con psicofármacos. De ahí en adelante nunca dejó de recibir tres dosis diarias de medicamentos. Hasta que un paro cardio-respiratorio la mató el pasado 11 de abril. Ese día, no había ningún psiquiatra, ningún doctor ni enfermera que pudiera realizar la reanimación que habría podido salvar su vida.

La muerte de Lissette gatilló un hecho inédito: la presentación de una querella del juez del 4º Juzgado de Familia de Santiago, Pedro Maldonado, contra quienes resulten responsables de la muerte de Lissette.

La fiscal Erika Vargas (Fiscalía Metropolitana Centro Norte), quedó a cargo de la investigación por cuasidelito de homicidio de Lissette. Una de sus primeras diligencias fue la obtención de su ficha médica en el Hospital San Borja. Allí está el detalle de los medicamentos que desde el año pasado le suministraban a Lissette. Una información clave para intentar dilucidar si efectivamente la niña estaba sobre medicada, como acusan algunos. En medio de una férrea cortina impuesta por el Sename, y que busca impedir que se conozcan las reales condiciones de vida y el “tratamiento” que se le aplicaba a Lissette, versiones desde el Ministerio de Salud apuntan a que se hacía lo indicado.

CIPER intentó obtener del Sename una versión sobre la medicación que recibía Lissette en el Centro Galvarino y los protocolos para el suministro de psicofármacos en los hogares bajo su tuición. La respuesta fue que no se referirían al tema. La misma respuesta obtuvimos al consultar por el número de niños que fallecieron en 2015 en los hogares del servicio.

EL PELIGRO DE LA MEDICACIÓN SIN CONTROL

Según las versiones que pudo recoger CIPER de profesionales y funcionarios que trabajan en distintos hogares del Sename de la Región Metropolitana, la mayoría de los menores que habitan esos centros son medicados a diario con psicofármacos. Las últimas cifras disponibles en la página web de ese servicio indican que en la Región Metropolitana hay 979 niños y adolescentes en las residencias administradas directamente por esa institución, ya sean hogares de protección o los que responden al sistema de justicia juvenil, donde van los menores de 18 años que cometen delitos.

CIPER accedió al listado de psicofármacos que Sename les suministra a los niños y adolescentes en los centros que administra. Solo en la Región Metropolitana las dosis promedio de antidepresivos, antipsicóticos y tranquilizantes suman más de 10 mil al mes (126 mil dosis por año).

Testimonios recogidos entre psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, enfermeros y educadores que trabajan en centros del Sename, muestran la verdadera función que cumplen los psicofármacos en el control de los menores. Las versiones coinciden: ante el colapso de los centros, el hacinamiento y la falta de personal, muchas veces se los medica para evitar comportamientos disruptivos que puedan poner en riesgo la integridad de los menores.

-Muchos de estos muchachos requieren atención farmacológica especializada, pero también tiene que ver con el control sobre los jóvenes: reducir conductas disruptivas que pueden llegar a complicar el manejo dentro de las unidades. Incide la falta de educadores. Se supone que por cada ocho jóvenes debiera haber un educador, pero actualmente es de 15 a 20 jóvenes por educador. Efectivamente la medicación sirve para mantener el control –relató a CIPER un psicólogo que trabaja en los centros CIP (Centro de Internación Provisoria) y CRC (Centro de Régimen Cerrado).

La doctora Cecilia Ruiz, siquiatra infanto-juvenil experta en trastornos del ánimo y fármaco-terapia de la Universidad Católica, analizó el listado de psicofármacos que se les suministra a los niños y adolescentes bajo tutela del Sename. Si bien en una primera lectura los medicamentos y sus dosis no llaman la atención -explicó-, sí es importante fijarse en quién prescribe, quién administra y cómo se combinan los medicamentos. Ruiz usa la tioridazina para dar un ejemplo:

-Es un medicamento que, como muchos remedios para tratamiento siquiátrico, tiene efectos cardiovasculares. Hay que tener en cuenta, también, que los medicamentos interactúan entre ellos: se potencian en algunos casos, se debilitan en otros. Entonces, si le doy un medicamento siquiátrico a un niño, hasta un antibiótico podría causarle problemas. Y yo dudo que quienes les administran los medicamentos sean educados sobre este tema.

La aprensión de la doctora Ruiz se ve corroborada por profesionales que trabajan en centros del Sename, quienes hacen hincapié en que la atención psiquiátrica es escasa. Por lo mismo, dicen, no se realizan tratamientos psiquiátricos que acompañen la medicación diaria, por lo que el peligro al que se expone a los menores al administrarles sedantes, antipsicóticos y antidepresivos sin un real acompañamiento profesional, es elevado.

Por ejemplo, en el CIP/CRC de San Joaquín, las duplas psicosociales a cargo de los menores no tienen reuniones desde enero con el psiquiatra a cargo. Esa omisión revela que allí no existe una coordinación entre el suministro de psicofármacos y el trabajo cotidiano que realizan psicólogos y trabajadores sociales con los menores.

EL LISTADO DE PSICOFÁRMACOS

Mensualmente, los centros bajo administración directa de Sename en la Región Metropolitana consumen más de 10 mil dosis de medicamentos de uso siquiátrico. Para abastecerse, el Sename adjudicó el 23 de noviembre pasado una licitación por $43 millones a la Sociedad Farmacéutica Lobos y Compañía. El contrato fue prorrogado por cuatro meses más el 30 de marzo de este año. Entre los documentos adjuntos de esa licitación, CIPER encontró la lista de medicamentos que se utilizan en estos centros, la que lleva inscrita el promedio mensual de dosis consumidas.

Entre los 17 tipos de antidepresivos, antipsicóticos neurolépticos y tranquilizantes ansiolíticos que aparecen en la nómina, hay cuatro medicamentos con un consumo promedio de más de 1.000 dosis mensuales. Encabeza el cuadro, la risperidona, un antipsicótico para tratar síntomas de esquizofrenia, bipolaridad y problemas de conducta, como la agresividad, autolesiones y cambios repentinos de ánimo, con 2.560 dosis en alguna de sus tres concentraciones (1 mg, 1mg/mL y 3 mg) cada mes. La sigue la clorpromazina, otro antipsicótico usado también para tratar problemas de conducta serios, con 2.234 dosis mensuales; la fluoxetina, un poderoso antidepresivo, con 1.832 dosis mensuales; y la tioridazina, un antipsicótico que principalmente se receta a personas que ya han sido tratadas con otros medicamentos sin éxito, con 1.354 dosis mensuales (revise aquí el listado de psicofármacos y el promedio de dosis mensual y anual).

La psiquiatra de la Universidad Católica, Cecilia Ruiz, indica que el problema mayor es que incluso cuando un siquiatra prescribe un medicamento para situaciones específicas, como crisis o descompensaciones, “al no haber un psiquiatra en forma permanente en los centros, no hay nadie en ese momento de crisis que registre que efectivamente el menor necesita ese medicamento, que haga un trabajo previo, pruebe otras opciones, decida dar el medicamento y si es necesario repetir la dosis y ver cuándo hacerlo”.

Otros siquiatras consultados por CIPER coinciden en que lo importante es que haya una evaluación diagnóstica previa del menor, no sólo psiquiátrica, también física: ver si un niño tiene problemas al corazón, a los riñones, a lo que sea, antes de medicarlo. Y hacerlo también después, para monitorear los efectos físicos de los medicamentos y decidir si aumentar o reducir la dosis, o cambiar de remedio.

Todo lo que los especialistas consultados indican como urgente y necesario es precisamente de lo que carecen los niños que llegan a los hogares del Sename.

MENORES DOPADOS

Lissette, la niña cuya muerte reavivó los cuestionamientos a la red de hogares que el Estado tiene esparcidos en todo el país para proteger a los menores que sufren maltrato, abusos o abandono, ingresó al circuito del Sename cuando solo tenía 5 años. Aunque después fue devuelta a su hogar, fue solo una medida temporal: la violencia hizo que Lissette siempre debiera regresar a los hogares del Sename. Así fue como en 2013 ingresó al hogar de María Ayuda en Maipú.

CIPER conversó con quienes fueron testigos de la estadía de la niña en ese hogar. Los relatos coinciden: Lissette no tenía un tratamiento psiquiátrico y “empezó a tener descompensaciones emocionales frecuentes e intensas”. Un problema que en María Ayuda no estaban en condiciones médicas de asumir.

Sus crisis fueron intensificándose, al punto que durante los últimos meses “terminaba en el Hospital San Borja día por medio”, cuentan. Un psiquiatra del San Borja visitaba una vez al mes a las niñas de ese hogar, pero ese control era evidentemente insuficiente para las necesidades de la pequeña de entonces 9 años.

Quienes trabajaron con ella afirman que la última semana en que Lissette estuvo en María Ayuda, tuvo descompensaciones durante tres días seguidos, ocasiones en que pasó toda la noche en el Hospital San Borja donde le aplicaban un cóctel de fármacos que la tranquilizaban.

Sus descompensaciones se hicieron constantes. Ya era el segundo semestre de 2014 cuando en María Ayuda decidieron que Lissette debía ser internada en una Unidad de Corta Estadía en un hospital que nadie quiere identificar. Allí permaneció por un mes con medicamentos que la mantuvieron dopada. Según un funcionario que ha seguido de cerca su periplo y que pide reserva de su identidad, en ocasiones Lissette debió ser amarrada a una cama. Cuando salió del hospital, iba a ser devuelta al hogar de María Ayuda, pero allí se negaron a recibirla: su caso requería un nivel de tratamiento que ellos no podían proporcionarle. Fue así que a fines de 2014, la niña volvió al hogar Galvarino, donde murió el 11 de abril pasado.

Los tres fármacos que se le suministraban a diario fueron recetados por el profesional que la atendió en el Hospital San Borja, recinto que se hizo cargo de su tratamiento siquiátrico cuando volvió al Galvarino. También allí Lissette recibía atención neurológica y psicológica. La última atención de Lissette en el San Borja fue cinco días antes de su muerte, el 6 de abril, la visita mensual de la menor al recinto donde se le hacían también exámenes físicos y de sangre para monitorear su evolución. Esa es la versión que han hecho trascender profesionales del hospital ante la ola de cuestionamientos por el tratamiento farmacológico que se le suministraba a la menor.

CIPER recorrió algunos de los centros administrados por Sename en la Región Metropolitana. Están los Centros de Internación Provisoria (CIP, para menores imputados por delitos y su investigación en curso) y los Centros de Régimen Cerrado (CRC, para mayores de 14 años que deben cumplir condena privados de libertad), ambos pertenecen al área de Justicia Juvenil. Y bajo el área de Protección están los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD), destinados a menores que envían los jueces de familia porque han sufrido abandono, abusos o están en riesgo.

A estos niños y adolescentes se les suministra psicofármacos en dos modalidades: medicación diaria para estabilizar el ánimo, reducir la hiperactividad, impulsos agresivos e insomnio; y un cóctel de fármacos de emergencia que se denomina “SOS”. Según afirman los encargados de administrar esos medicamentos, estos son recetados por psiquiatras que trabajan al interior del Sename y también por profesionales que atienden a algunos niños en las unidades psiquiátricas del sistema público de salud.

Respecto de la medicación diaria, se les suministra principalmente sedantes (aradix, clonazepam y otros) para regular la hiperactividad y los cuadros de ansiedad. En cambio, el “SOS” se compone de un clonazepam (sedante) más quietiapina o clorpromacina (antipsicóticos), se ingiere por vía oral y se usa para prevenir descompensaciones.

Hay un segundo “SOS” que se suministra vía inyección intramuscular y que sirve para controlar a un niño o adolescente que ya está descompensado: su efecto es casi inmediato. El compuesto madre de esta segunda mezcla es la benzodiacepina (de la familia de los sedantes) más un antipsicótico como la clorpromacina. Un profesional del Sename aclara que las dosis son variables según peso y talla, y que los “SOS” requieren de una prescripción especial de un siquiatra.

El hogar donde murió Lissette, el CREAD Galvarino, no era una excepción. De los 102 menores que lo habitan, 45 reciben algún tipo de medicación diaria, principalmente psicofármacos. A pesar de la demanda de atención en salud mental de esos menores, en el Galvarino no había un siquiatra que los atendiera en forma permanente. De hecho, desde 2013 el Sename estaba alertado de esta grave carencia.

Así lo constató la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros dependientes de Sename (CISC, entidad a cargo del Ministerio de Justicia y que supervisa los hogares del servicio) en su informe del segundo semestre de 2013 sobre el Centro Galvarino: “La atención que reciben los niños y niñas en el sistema público es la misma que recibiría cualquier niño. Las horas las solicitan por teléfono. Cuando es una situación grave concurren al servicio de urgencia del Hospital San Borja Arriarán” (vea el informe de la CISC sobre el CREAD Galvarino).

Los trabajadores de los hogares del Sename sabían muy bien lo que esa carencia significaba. Cuando un menor se descompensaba o sufría crisis graves, recurrir al sistema de salud público era una pesadilla: como los cupos allí son escasos, estos menores debían sufrir largas esperas sin tener opción a una atención preferente.

Centro del SENAME en Til Til

Los efectos de esa deficitaria atención en salud mental los vivió Lissette el pasado 11 de abril. Lo trágico, es que poco antes de que la niña falleciera, el Sename había lanzado un concurso público para contratar un psiquiatra para el Centro Galvarino. En marzo se solicitó un profesional para 10 horas semanales por $1.239.983 mensual. Las entrevistas para evaluar a los postulantes terminaron el 23 de marzo. Cuando el 26 de abril el siquiatra llegó a ocupar sus funciones al CREAD Galvarino, Lissette ya no estaba allí.

El Hogar Galvarino atiende a niños y niñas hasta los 11 años. Cuando los menores cumplen 12 años son trasladados al CREAD Pudahuel, ubicado en la comuna del mismo nombre y con capacidad para atender a 100 menores de entre 12 y 17 años. La realidad es otra: hoy alberga a 120 adolescentes, de los cuales 80 reciben medicación diaria.

A pesar de que el CREAD Pudahuel cuenta hoy con un psiquiatra que asiste algunas horas a la semana, cuyo trabajo se complementa con psicólogos y trabajadores sociales, funcionarios de ese centro confidenciaron a CIPER que están “sobrepasados”. El estándar del Sename de un educador por cada ocho niños no se cumple: cada funcionario debe atender a más del doble. Además, hay una sola enfermera para los 120 menores.

Al igual que en el Galvarino, las alertas sobre la situación crítica del CREAD Pudahuel están sobre la mesa desde 2013: “Se requiere atención en salud, es decir hacer una atención especial a los niños del centro, en especial en enfermedades psiquiátricas. Los educadores, que están en atención directa al niño, no cuentan con la especialidad de educadores sociales. Es vital capacitar a estos educadores de manera tal de institucionalizar su labor, sus responsabilidades y deberes. En estos momentos su trabajo da cuenta de un saber hacer sin mayor especialización”, establece el informe de la CISC de 2013 sobre este centro (vea el informe de la CISC sobre el CREAD Pudahuel).

INTERNACIÓN, MEDICACIÓN Y ABUSO

En los Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Régimen Cerrado (CRC) la situación no es distinta. Testimonios recogidos por CIPER en el CIP de San Joaquín dan cuenta de la masiva medicación de adolescentes internos y de la nula coordinación entre la atención psiquiátrica y sicológica que estos reciben.

De los 240 adolescentes internos que hoy atiende el CIP San Joaquín, 139 reciben medicación diaria. La atención psiquiátrica en los CIP y los CRC se provee por dos vías: un psiquiatra que asiste un par de horas a la semana a los centros, mientras que el tratamiento para las adicciones a drogas y alcohol es externo. En Santiago ese servicio lo presta “Tierra de Esperanza” con su programa “Ágora”, que en San Joaquín cuenta con dos psiquiatras.

Un trabajador de San Joaquín aseguró a CIPER: “Hay una larga lista de espera, hay chicos que esperan hasta dos meses un tratamiento de droga”. De allí que para enfrentar los síntomas de la abstinencia, los funcionarios medican.

Menores en el Centro Cerrado de San Joaquín

El protocolo del Sename indica que los enfermeros o paramédicos son los únicos autorizados para suministrar la medicación a los menores. Eso es en los libros, porque la realidad es otra: “Como este es un centro grande y a veces el personal no da abasto, son los educadores los que suministran los fármacos. Como ellos no tienen la experticia para que el joven efectivamente ingiera el medicamento, a veces no se los toman, los esconden y después los consumen con otros jóvenes. De esto se ha alertado al Sename, pero no ha habido cambios”, relata una profesional.

No es el único problema en San Joaquín. Según el protocolo del Sename cada psicólogo debiera atender a un máximo de 15 jóvenes, pero hoy los ocho psicólogos que trabajan en ese centro atienden entre 30 a 35 adolescentes cada uno. Si se consideran además las licencias que son frecuentes, esa carga a veces puede elevarse a 70 jóvenes por cada psicólogo.

En el CRC de Til Til la medicación de los jóvenes también es masiva. De los 80 internos que hoy atienden, 65 son medicados diariamente. Y aunque en Til Til no hay sobre población (tienen cupo para 200 adolescentes), sí han ocurrido episodios que grafican que la falta de control permite que el suministro de medicamentos pueda ser mal utilizado.

Así lo revela la golpiza que recibió un menor del CRC de Til Til en octubre de 2015, luego de arrojarle un vaso de jugo a uno de los coordinadores. Aunque trabajadores del centro reconocen que el menor es conflictivo, la respuesta del funcionario fue denunciada: instruyó a los gendarmes (resguardan los CIP y CRC para evitar la fuga de los internos) a propinarle una golpiza al adolescente. Después, los enfermeros de Til Til firmaron un documento señalando que el joven no presentaba lesiones, lo que no era efectivo. El castigo terminó con un “planchado”: al joven se le aplicó un cóctel “SOS”.

Fue personal del propio CRC de Til Til que denunció el episodio. El sumario está en curso.

No era la primera vez que ese coordinador incurría en abusos con los menores bajo su protección. A principios de 2015, castigó a un joven de 17 años, ingresándolo a la Casa 12, reconocida en Til Til por ser la que alberga a los jóvenes más agresivos. Allí los otros internos le propinaron una golpiza, la que contó con la venia del coordinador. El castigo también terminó con un “planchado”.  El sumario hasta hoy no arroja resultados.

HACINAMIENTO

En el CREAD Galvarino, donde murió Lissette, las camas no alcanzan. Diseñado para recibir a 70 niños, hoy acoge a 102. Esta semana tuvieron que poner una colchoneta en una de las piezas para que un niño pudiera dormir. Si ingresa uno más, los funcionarios no van a tener dónde ubicarlo. Las 100 camas están dispuestas en camarotes que ocupan todo el espacio disponible en las cinco casas. Y aunque los niños están separados por sexo y edad, a veces tienen que poner a algunos de los niños más chicos en la pieza de las niñas, o mezclar niñas de distintas edades. Los casilleros donde guardan sus cosas personales están en las salas comunes, espacios donde también instalan camas. La situación crítica vulnera todas las normas del Sename, que indican que los niños no pueden mezclarse, y que todos deben tener su propio espacio.

Christopher Simpson

El hacinamiento en los CREAD es un efecto más del mal funcionamiento del sistema. La ubicación de los niños bajo protección depende de la decisión de los jueces de familia. Se supone que allí los niños deberían vivir sólo por algunos meses, mientras el tribunal analiza su situación y se busca una solución: reubicarlos con un familiar directo con supervisión de un programa colaborador del Sename o encontrar un centro adecuado. Pero como la búsqueda de un familiar que los acepte demanda trabajo y recursos, y no existen centros adecuados donde internarlos, estos hogares se convierten en residencia permanente de esos menores. Es lo que ocurre con los CREAD Galvarino, Pudahuel y la Casa Nacional del Niño.

Esa misma situación crítica y agravada se repite en la mayoría de los centros CIP y CRC. En 2015 un muchacho que habitaba la Casa 2 del CIP San Joaquín fue violado por tres de sus compañeros. La investigación está en curso. Pero el reclamo de los funcionarios subsiste: no existe un protocolo de acción frente a estas situaciones.

Lo mismo ocurre con la separación de los jóvenes según su grado de compromiso delictual. Los funcionarios denuncian que se mezclan jóvenes primerizos con otros que tienen una larga carrera delictiva u otros que presentan severos rasgos antisociales. La presencia de mayores de 18 años también se repite en los centros. Esto se produce porque muchas veces son condenados por delitos que cometieron antes de cumplir la mayoría de edad y, en esos casos, la ley estipula que la condena debe ser cumplida en un centro del Sename.

Christopher Simpson, dirigente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores del Sename (Armetrase), explicó a CIPER que la situación es insostenible e inaceptable de parte de un organismo estatal: “No puede ser que saquemos a niños de situaciones de abuso, de vulneración de sus derechos, para meterlos en centros donde esa dinámica se repite”.

Esta situación –afirma Simpson- se explica por varios factores, entre ellos, la sobre derivación de niños por parte de los tribunales de familia a los CREAD:

- Más del 50% del presupuesto anual de Sename, cerca de $110 mil millones, se va a organizaciones colaboradoras privadas, en desmedro de las que son administradas por el mismo Sename. Más encima, tres cuartos de los recursos que sí van a los centros administrados por Sename, van a parar a los de justicia juvenil, y no a los de protección, que son los que están más colapsados. A eso hay que agregar que Sename invierte mucho más en cargos profesionales burocráticos, que no cumplen funciones esenciales para el funcionamiento de los centros, y menos en educadores que están todos los días trabajando con los niños –explica Simpson.

Hernán Olivi (Fuente: CHV)

A la sobrecarga de niños y la escasez de funcionarios se suma la gran cantidad de licencias médicas de los trabajadores. Tanto en los CREAD como en los centros de justicia juvenil, los funcionarios alegan que las condiciones de trabajo, el estrés y las lesiones producidas en la jornada laboral disparan el ausentismo. Así lo alertó un informe de octubre de 2015 de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros (CISC) al visitar el CIP San Joaquín donde 19 funcionarios estaban ausentes por licencias médicas prolongadas: “Se hace evidente la escasez de personal en el centro. Según se obtiene de la entrevista, si bien el centro tiene implementado turnos extras que permitan suplir la falta de funcionarios, parece relevante considerar que esta situación afecta tanto a los jóvenes como a los propios funcionarios, quienes generan un desgaste excesivo, siendo un hecho que se ha perpetrado en el tiempo” (Vea informe de CISC sobre CIP San Joaquín).

Para Hernán Olivi, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (Antrase), la situación ha llegado a un punto crítico:

-Para que no se nos mueran más niños necesitamos más funcionarios que se preocupen de ellos, que los cuiden. Organismos internacionales dicen que son siete niños por cada funcionario, acá tenemos 30 por educador. Muchos de los niños en CREAD tienen problemas siquiátricos, requieren una atención personalizada. ¡No la tienen! Como no hay programas, o los privados no aceptan a nuestros niños, porque no tienen la escolaridad necesaria o por ser casos muy complejos, hay niños que permanecen años en estos centros, como ocurrió con Lissette… Pero a final de año nadie más hablará del Sename, todos se habrán olvidado de Lissette.

La Pintana es una de las comunas con más población vulnerable. Su Índice de Prioridad Social (IPS) -un ranking del Ministerio de Desarrollo Social para focalizar el combate a la pobreza- grafica el drama de una comuna golpeada por la marginalidad. De los 52 municipios metropolitanos, el IPS ubica a La Pintana en el cuarto lugar de las comunas con mayor necesidad de recursos para enfrentar las carencias que sufren sus habitantes (vea el informe IPS 2014). El IPS de La Pintana es de 71,54 puntos, tan solo a 83 centésimas de la comuna que ocupa el primer lugar. Pero esos números no reflejan la dureza de las urgentes y múltiples necesidades de sus residentes. La Pintana es una de esas comunas donde cada peso que se invierte mal, duele. Y si se trata de dinero para la educación de los niños más pobres, el dolor se multiplica.

El pasado lunes 25 de abril La Pintana adjudicó un contrato por $925 millones para dar asesoría técnica a los 11 colegios de esa municipalidad, que lleva 23 años encabezada por el mismo alcalde: Jaime Pavez (PPD), quien planea volver a postular este año. Los recursos comprometidos en esta licitación provienen de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada a mejorar la educación de los estudiantes vulnerables. Este es el contrato más grande que se ha cerrado en esa comuna con fondos reservados exclusivamente para la enseñanza de los niños más pobres.

CIPER comprobó que el proceso de adjudicación de esta millonaria licitación presenta una grave irregularidad que benefició a la empresa que obtuvo el contrato: Auditorías y Gestión Educativa (Audigeduc). Esta consultora superó a las otras dos firmas que participaron en la licitación -Santillana y Napsis- porque presentó un equipo de trabajo que incluye a dos profesionales que cuentan con doctorado y a cuatro con magister. Ese, según las bases preparadas por los funcionarios municipales, fue el punto clave que le otorgó el puntaje mayor. Pero estos profesionales confirmaron a CIPER que no sabían que sus nombres figuraban en la oferta que presentó Audigeduc y que no tienen contemplado participar en esta asesoría.

La Agencia Técnica Educativa (ATE) Audigeduc es propiedad de un ex funcionario del Ministerio de Educación que trabajó en esa cartera durante los gobiernos de la Concertación: el contador auditor Miguel Ángel Ortega Aguirre. Su empresa ya prestaba el mismo servicio de asesoría para La Pintana desde 2014, aunque el monto de esa primera licitación fue mucho menor: $390 millones. Ese contrato debía terminar en diciembre de 2015, pero en octubre pasado el Concejo Municipal aprobó ampliarlo hasta abril de este año, con un desembolso adicional de $156 millones. En total, por esa primera asesoría se pagaron $546 millones.

En la práctica, esa extensión fue un “puente” para enlazar el fin de ese primer contrato con la nueva licitación. En el concurso efectuado en 2014 Ortega presentó el mismo equipo profesional que ahora incluyó en la licitación que acaba de adjudicarse. De esta forma, al sumar la licitación de 2014 y la recién cerrada, los recursos SEP de La Pintana destinados a Audigeduc suman $1.471 millones. Eso, aunque en ambas licitaciones los equipos profesionales que presentó no son más que una ficción.

“USO ABUSIVO DE MI NOMBRE”

CIPER se comunicó con cinco de los profesionales con post-grado cuyos títulos y currículos fueron incluidos en la “oferta técnica” de Audigeduc. Todos manifestaron su sorpresa por aparecer en las nóminas que esa empresa presentó en las dos licitaciones de La Pintana. Según señalaron, nunca trabajaron en la asesoría iniciada en 2014 y no se les informó que sus nombres integraban ese equipo. Tampoco sabían que Ortega los incluyó en su oferta para adjudicarse este segundo contrato por $925 millones.

-Me reservo el derecho de iniciar acciones legales, porque esto es un uso abusivo de mi nombre y mi currículum. Esto es grave. Me expone a quedar amarrado a irregularidades con los recursos para los niños más vulnerables. Pienso ir a una notaría a hacer una declaración legal de que no tuve ni tengo ni tendré relación con estas asesorías. Nunca he trabajado en La Pintana ni me han pedido que lo haga -señaló a CIPER, Ramón Jara Zavala, profesor de religión titulado en la UCV, consultor en materia educacional y magister en Política y Gobierno de la Flacso.

Del mismo tenor fueron las respuestas entregadas a CIPER por Margarita Traverso Carvajal (profesora de Historia y Geografía de la U. de Talca y doctorada en la U. Autónoma de Barcelona); René Donoso Sereño (profesor de Educación Básica de la PUC y doctorado en un programa conjunto de las universidades de Granada y Central); Dina Gutiérrez (profesora de Educación Básica de la U. de Tarapacá y magister en Educación Superior de la U. Andrés Bello) y Carolina Ferrer Artigas (profesora de Educación Media en Matemáticas y Física, licenciada de la PUC).

CIPER también se comunicó con Loreto Navarro Rojas (profesora de Educación Básica de la UTEM con un magister de la U. Academia de Humanismo Cristiano). Ella indicó que con anterioridad participó en una asesoría que Audigeduc hizo en la zona de Rengo, pero que nunca ha prestado servicios relacionados con La Pintana y que no se le había informado que su nombre estaba en la oferta que hizo Audigeduc a ese municipio. En la misma situación, dijo, se encuentra su novio, Guillermo Meneses Pérez (profesor de Educación Básica de la UTEM con un magister de la U. Mayor), quien figura en la nómina que la empresa de Miguel Ángel Ortega presentó en la segunda licitación de La Pintana.

CIPER intentó comunicarse directamente con Guillermo Meneses, pero no contestó las llamadas y Loreto Navarro no volvió a responder.

La siguiente es la nómina del equipo profesional ofrecido por Audigeduc para las licitaciones de 2014 y 2016, según datos publicados por Mercado Público (en rojo las personas que CIPER confirmó que no tienen relación con La Pintana; en verde los que CIPER pudo comprobar que sí han trabajado en estas asesorías y en negro los casos en que no se obtuvo información):

Personas que trabajan en el área de Educación de La Pintana indicaron que siempre han sabido que el equipo de Audigeduc está “inflado”, porque la asesoría iniciada en 2014 solo fue realizada por tres profesionales, los que no cuentan con post-grado: Felipe Sepúlveda, Álvaro Vallejos y Claudio Alarcón. Son ellos los que planificaban el trabajo y visitaban los colegios. En ese grupo inicialmente también figuraba Hugo Quintana, quien este año dejó de asistir a los establecimientos de La Pintana, porque ya no presta servicios para Audigeduc.

Las mismas fuentes indicaron que el dueño de Audigeduc, Miguel Ángel Ortega, visitaba semanalmente el despacho del jefe técnico del Departamento de Educación de la comuna: Simón Bolívar Seguel. Se entendía que estas citas se debían a que Bolívar era la contraparte técnica de la asesoría que Audigeduc prestó desde 2014. Pero, por transparencia, estos encuentros tendrían que haberse suspendido en el periodo en que el Departamento de Educación preparaba las bases de la nueva licitación, debido a que Ortega era uno de los principales interesados.

Luis Olmedo Veguer

Personas que conocen en detalle el proceso de la reciente licitación, señalan que Bolívar incluso visitó a Ortega en las oficinas de Audigeduc cuando se preparaban las bases.

CIPER pidió entrevistas con el director de Salud y Educación de la Municipalidad de La Pintana, Luis Olmedo Veguer; con el jefe del Departamento de Educación, José Sotelo, y con Simón Bolívar. A los tres se le dejaron mensajes con sus asistentes, pero no respondieron. Además de la responsabilidad de sus cargos, los tres han participado en las comisiones evaluadoras de las licitaciones otorgadas a Audigeduc que no repararon en estos tres años en que la nómina de profesionales ofrecida por la consultora era irreal: Olmedo integró las comisiones de 2014 y 2016, mientras que Bolívar lo hizo en 2014 y Sotelo en 2016.

Y EL GANADOR ES…

De acuerdo con las bases técnicas elaboradas para la licitación que recién fue adjudicada a la empresa de Miguel Ángel Ortega, si los oferentes presentaban uno o más profesionales con grado de doctor, recibían 10 puntos. Y si contaban con dos o más especialistas con grado de magister, obtenían otros 10 puntos.

La comisión evaluadora asignó a la oferta de Audigeduc un puntaje ponderado total de 95,1. Le siguió Napsis con 90,52 y cerró el cuadro Santillana, con 80,54. CIPER hizo nuevamente el cálculo, pero considerando que en la realidad Audigeduc no cuenta con un  doctor ni con dos magister. La nueva puntuación deja a la empresa de Ortega con 85,54 puntos. De esta forma, la empresa que efectivamente alcanzó el mayor puntaje es Napsis.

En la sesión del Concejo Municipal del pasado 12 de abril, cuando se aprobó la adjudicación del nuevo contrato con Audigeduc por $925 millones, la concejala Claudia Pizarro preguntó qué aspecto de la evaluación había inclinado la balanza a favor de esta empresa. La respuesta de Simón Bolívar, encargado de presentar este tema ante los concejales, no dejó dudas respecto de que la oferta de doctorados y magister fue crucial:

“En cada informe para ustedes (alcalde y concejales) va la pauta de evaluación, donde pueden identificar cuáles fueron los documentos que tanto Napsis como Santillana no ofrecieron  en su propuesta (…). Cuando le pedimos un doctor, no un magister, para que trabaje en las escuelas, si las empresas no nos presentan el doctor no les puedo asignar el mismo puntaje que a la que sí presentó el doctor, porque entro en una pugna de interpretación de las bases (de licitación), para lo cual nosotros no estamos, porque la evaluación tiene que ser de acuerdo a los criterios que estábamos pidiendo. Efectivamente, Napsis y Santillana no presentan doctor”.

Claudia Pizarro

Un detalle de la oferta de Audigeduc que debió despertar las sospechas de Simón Bolívar y de los integrantes de la Comisión Evaluadora, es que los currículos de la mayoría de los profesionales presentados por la consultora solo estaban actualizados hasta 2011, 2012 o 2013 y son exactamente los mismos que Miguel Ángel Ortega presentó en la licitación de 2014. Ninguno de los currículos menciona la asesoría que supuestamente habían desarrollado entre 2014 y 2016 en La Pintana, un antecedente particularmente valioso para demostrar experiencia en esa comuna.

No obstante, la comisión evaluadora no reparó en esta anomalía ni se aseguró de que los profesionales efectivamente formaran parte del equipo que prestaría la asesoría.

PRONTUARIO SEP EN LA PINTANA

No es esta la primera vez que los dineros SEP de La Pintana hacen noticia, y no precisamente por el mejoramiento de la educación de sus alumnos. En enero, El Mostrador publicó una nota en la que el director del colegio municipal Juan de Dios Aldea, Pedro Esparza, denunció el uso indebido de dineros SEP para financiar al equipo Deportes La Pintana, que compite en la Segunda División Profesional. El club surgió del antiguo Municipal La Pintana, que se financiaba con recursos comunales, y es propiedad de una sociedad anónima deportiva constituida por altos funcionarios de la municipalidad de la confianza del alcalde Jaime Pávez y por empresarios que también son amigos del jefe comunal.

“Muchos jugadores eran contratados con recursos SEP, y los hacían figurar en cargos que nunca ejercieron, como asistentes de aula o asistentes de patio. Así financiaban parte de la planilla”, dijo Esparza a El Mostrador. El programa Contacto de Canal 13 también cubrió este tema y entrevistó a los jugadores que eran pagados con fondos SEP.

La Contraloría realizó un informe de auditoría en 2015, verificando el uso de recursos públicos en el club Municipal La Pintana que luego fueron capitalizados por la sociedad que privatizó el equipo. El organismo fiscalizador instruyó la restitución de algunos de estos dineros y también un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas (vea reportaje de CIPER “Deportes La Pintana: Dinero municipal financió club de fútbol de sociedad anónima“).

(Fuente: ANFP)

Deportes La Pintana está a un paso de subir a la Primera B del fútbol profesional (va segundo en la tabla y solo le resta un partido contra el puntero). De ascender, sus accionistas tendrán acceso a los dineros que reparte el Canal del Fútbol (CDF) y otros recursos que distribuye la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). El año pasado, cada equipo de Primera B recibió cerca de $670 millones provenientes del CDF, por lo que Deportes La Pintana está a punto de convertirse en un buen negocio para los subalternos y amigos del alcalde Pávez.

La concejala Claudia Pizarro, quien ha denunciado el uso de recursos SEP para financiar al equipo de los amigos del alcalde, destaca que la comisión técnica que evaluó las ofertas en la reciente licitación que ganó Audigeduc está compuesta por personas relacionadas con la sociedad propietaria de Deportes La Pintana.

La comisión fue integrada por Luis Olmedo Veguer, Oscar Astudillo Vilches, Germán Chandía Olea y José Sotelo Toro. Los dos primeros (Olmedo y Astudillo) integran la nómina de socios que en 2013 constituyeron Santiago Sur, la sociedad dueña de Deportes La Pintana. Y Simón Bolívar, que formó parte de la comisión evaluadora que adjudicó la licitación de 2014, es hermano de otro socio constituyente de Santiago Sur: Lautaro Bolívar Seguel (vea la constitución en el Diario Oficial).

NEXOS ANTERIORES

Algunos de los profesionales que fueron incorporados sin su conocimiento en la oferta presentada a las licitaciones por Miguel Ángel Ortega, indican que el dueño de Audigeduc tenía sus certificados de estudios y currículos porque con anterioridad ellos habían prestado servicios para esa consultora. Es el caso de René Donoso, Ramón Jara y Margarita Traverso. Los tres trabajaron en el Ministerio de Educación, donde conocieron a Ortega. Y en 2011, cuando ya habían dejado esa secretaría de Estado, hicieron algunos trabajos para él. Pero los tres insisten en que Ortega nunca les informó que los incluiría en la nómina que presentó en la licitación de 2014 y también en la de 2016.

En el caso de Ramón Jara la sorpresa fue mayor, ya que él mantenía una relación de confianza con Ortega. En agosto de 2010 ambos se asociaron y constituyeron Asesorías y Soluciones Educativas Solo Dos. En julio de 2014, Jara se retiró de la sociedad y su parte fue adquirida por la esposa de Ortega: Irene Lizana Toro, quien también es socia de Audigeduc.

Dina Gutiérrez y Carolina Ferrer sostienen que no han hecho trabajos para Miguel Ángel Ortega en La Pintana. Carolina Ferrer cree que él pudo tener acceso a copias de sus certificados y currículo porque ella trabaja en una asesoría para la Corporación Educacional Emprender y sus boletas de honorarios las tramita una de las sociedades de Ortega: Soluciones Educativas Solo Dos.

Dina Gutiérrez y Margarita Traverso manifestaron a CIPER sus temores de que otras consultoras ATE estén haciendo lo mismo, ya que se quedan con copia de los certificados y currículos de los profesionales que alguna vez les prestaron servicios. Ambas concordaron en que deben buscarse mecanismos para certificar que los profesionales que se ofrecen en las licitaciones de asesorías educativas efectivamente participan en esos equipos.

Contactado por CIPER, Miguel Ángel Ortega admitió que nunca comunicó a estos profesionales que los había incluido en el equipo de trabajo que presentó a las dos licitaciones de La Pintana. Según dijo, estas personas forman parte de su “base de datos” porque han prestado servicios anteriores para él, y por eso se toma la libertad de inscribirlos, y después, según las necesidades que surjan durante la asesoría, les pide que se sumen:

Jaime Pavez

-Estos son profesionales con los que yo trabajo en distintos proyectos. Entonces, yo los coloco porque después, dependiendo del proyecto, los asigno. Justamente, en este proyecto de ahora algunos profesionales no sabían, pero hay otros que tienen más permanencia y que sí están informados. Yo estaba esperando tener la adjudicación para tener las reuniones pertinentes con ellos.

-¿Usted me está diciendo que en la licitación que se acaba de adjudicar y en la que se ganó en 2014 puso a algunas personas sin avisarles?
-No, ellos trabajan conmigo en distintas otras cosas. Estas personas forman parte de distintos proyectos que hemos trabajado y por eso están en mi base de datos. Y, ahora, cuando me adjudicaron, recién a algunas de esas personas las iba a confirmar.

-Para entender bien: usted me dice que estas personas han cumplido algún tipo de tarea para su consultora, pero no necesariamente en La Pintana, y que, como forman parte de un pool de profesionales que han trabajado para su empresa, usted los puso en el equipo.
-Por eso después tengo que coordinar con ellos para ver su disponibilidad de tiempo. Pero, eso es.

-Y en la licitación que usted ganó en 2014 con estas mismas personas, ¿qué tipo de labor cumplieron ellos durante esos dos años?
-Eeeeh… algunos probablemente no han podido participar, porque depende de la estrategia que se adoptó. El año pasado tuvimos que cambiar la estrategia producto de un diagnóstico técnico a los profesores y fue necesario definir otras estrategias ahí, directamente. Entonces, alguno puede que finalmente no haya estado con nosotros.

-¿René Donoso, a quien usted incluyó en el equipo para La Pintana, en qué trabaja habitualmente para usted?
-René lamentablemente no pudo trabajar conmigo, porque asumió una función con el nuevo gobierno. Entonces, él iba a trabajar conmigo temas de convivencia y no pudo.

-¿Y Ramón Jara, en qué trabaja habitualmente con usted?
-Tampoco pudo acompañarme en La Pintana, porque está cumpliendo una jornada más extensa en otro lado.

-¿Y Dina Gutiérrez qué servicios presta para usted?
-Dina cumple otro tipo de actividades, pero no conmigo acá en La Pintana.

-¿Qué actividades hace ella para usted?
-Otro proyecto.

-¿Y podría decirme cuál es?
-Sí, es asesora de otro establecimiento.

-¿En dónde?
-¿Estamos hablando de La Pintana?

-Me ha dicho que estas personas trabajan habitualmente con usted y le estoy consultando qué servicios le prestan y en qué comuna lo hacen.
-Tendría que explicarle cómo hago todo mi trabajo y no creo que sea pertinente. Usted me está consultando por La Pintana y le estoy respondiendo sobre eso.

-Le estoy preguntando por profesionales que usted ofreció en La Pintana y que no han trabajado ahí, pero con los cuales usted dice que opera de manera habitual. Le vuelvo a preguntar, ¿en qué trabaja habitualmente Dina Gutiérrez con usted?
-¿Usted le preguntó a ella?

-Le estoy preguntando a usted: ¿ella trabaja con usted en otra comuna?
-Sí.

-¿Y Loreto Navarro?
-No, en La Pintana tampoco.

-¿Y Guillermo Meneses?
-Tampoco trabajó para La Pintana.

-Entonces, usted dice que del equipo que presentó en La Pintana, ni Ramón Jara ni René Donoso ni Dina Gutiérrez ni Loreto Navarro ni Guillermo Meneses trabajaron en la asesoría que se ganó en 2014. Y, en segundo término, me dice que tampoco tiene certeza de que puedan trabajar en la nueva licitación que ahora se adjudicó.
-Los presenté porque sé que podré disponer con ellos de los tiempos necesarios, pero planificando sus tiempos.

CLASE A CLASE

El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) mide el porcentaje de alumnos vulnerables de cada establecimiento y es calculado por la Junaeb. El IVE de los 11 establecimientos que administra la Municipalidad de La Pintana oscila entre 81,6% y 93,0%. La necesidad de generar mejoras en la educación municipal de la comuna es evidente, pero eso no ha ocurrido. No ha habido incrementos significativos en las pruebas estandarizadas, como el Simce y la PSU. Y los profesores no asignan valor a la asesoría prestada por Audigeduc.

La Municipalidad de La Pintana ha hecho noticia en materia educacional por el escándalo de los jugadores de fútbol pagados con recursos SEP o porque el alcalde Jaime Pavez votó en el Concejo Municipal a favor de cerrar escuelas municipales, a pesar de que era propietario de colegios particulares subvencionados que podían beneficiarse con la matrícula de los alumnos que quedarían sin escuela. La Pintana es una de las comunas donde más ha caído la matrícula municipal, según un informe de la Fundación Sol con datos del Mineduc: en 1992 el 51,4% de su matrícula era municipal, lo que en 2010 había bajado a 19,2% (vea el informe de la Fundación Sol).

Durante años Pavez negó sus intereses en el Colegio Iberoamericano y la Escuela de Lenguaje Planeta de los Niños, señalando que los manejaba su esposa, Sonia Zapata Diez, quien aparecía como sostenedora. Pero sus explicaciones se vinieron abajo cuando El Mostrador informó que la pareja se enfrentó en un juicio de divorcio, donde el alcalde Pavez exigió el pago de $1.675 millones, los que incluían la parte que le correspondía por los colegios.

CIPER conversó con docentes que se desempeñan en colegios municipales de La Pintana, pero prefieren la reserva de sus nombres por temor a represalias. Según cuentan, la principal fortaleza de la asesoría que ha prestado Audigeduc es la planificación clase a clase que se hace a comienzos de año. Los asesores se aseguran de que todos los profesores planifiquen íntegramente el año escolar, pero luego no tienen herramientas para comprobar si se cumple la planificación.

La dirigenta del Colegio de Profesores de la comuna, Jeanette Ortiz, asegura: “El trabajo de esa ATE es nulo. Vienen tres personas en verano. Ahí te hacen organizar el año clase a clase, sin preocuparse de las contingencias o la realidad de los niños. Entonces, durante el año vienen cada cierto tiempo y revisan los libros para contrastarlo con la planificación. Al final, los profesores ponen que pasan las materias planificadas, pero en la realidad muchos van atrasados, porque no puedes avanzar si un grupo de estudiantes no entendió la materia”.

José Verdugo, ex director del Colegio Pablo de Rokha, fue uno de los denunciantes del uso de recursos SEP para financiar a Deportes La Pintana. En enero puso fin a su relación laboral con La Pintana, por lo que habla sin temores:

-Siempre me opuse a esta ATE. Eran tres personas, incluido el dueño, que venían y hablaban con los profesores para organizar el año y con la inspectora general para temas de comportamiento. Eran conversaciones cortas y presentaciones powerpoint. El resto del trabajo lo hacían los mismos profesores: organizar clase a clase, algo que no mide la realidad o las contingencias que existen en colegios con alumnos de alta vulnerabilidad. Los profesores siguen y seguirán haciendo sus clases como antes.

Aunque han pasado casi 20 años, la millonaria operación de venta de Enersis a Endesa España a fines de los ’90, quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los mayores escándalos financieros ocurridosen Chile. A mediados de 1997, siete altos ejecutivos de la chilena Enersis, encabezados por José Yuraszeck Troncoso, negociaron el ingreso de Endesa España a la propiedad de la eléctrica acordando una serie de contratos que beneficiaban con millonarios dividendos a este grupo –conocido como los “gestores clave”–, en desmedro del resto de los accionistas y de los intereses de la compañía.

“El negocio del Siglo”, como fue tildada la operación, dio pie para la promulgación de la Ley de OPAs (Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones), la que introdujo nuevas regulaciones al mercado en materia de transparencia. También ha llenado innumerables páginas de la prensa nacional y ha sido objeto de múltiples estudios sobre gobierno y regulación corporativa. Pero algunas preguntas aún siguen dando vuelta.

Una de ellas es cómo los “gestores clave” administraron los cuantiosos fondos que recibieron una vez que saldaron la venta de sus acciones en Enersis. Casi dos décadas después, los más de 11 millones de archivos del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con CIPER y un centenar de medios, podrían entregar algunas luces al respecto.

Un puñado de esos archivos permite conocer, paso a paso, las hasta hoy desconocidas gestiones de José Yuraszeck y sus socios, para comprar simultáneamente siete sociedades offshore en el mismo paraíso fiscal: las Islas Vírgenes Británicas. Y esas gestiones se hicieron justo en momentos en que los “gestores clave” llevaban adelante las negociaciones paralelas con Endesa. Todas las sociedades offshore se constituyeron entre la última semana de agosto y las primeras de septiembre de 1997, cuando aún el directorio de Enersis no había sido informado sobre los acuerdos secretos que Yuraszeck había concretado, luego de haberlo mandatado a fines de julio para acordar una “alianza estratégica” con Endesa España.

En esta desconocida maniobra, el grupo liderado por Yuraszeck y conformado por los ex ejecutivos de Enersis Luis Mackenna Echaurren, Marcos Zylberberg Klos, Marcelo Brito León, Arsenio Molina Alcalde, Eduardo Gardella Brusco y Alfonso Torrealba Ugarte, contó con un facilitador clave: el estudio jurídico Prieto y Cía., fundado en 1977 por el reconocido abogado –y consejero legal de ICARE–, Patricio Prieto Sánchez.

Todos los “gestores clave” –a excepción de Luis Fernando Mackenna– abrieron con solo días de diferencia sociedades offshore con Mossack Fonseca, asistidos por el staff de abogados de Prieto y Cía., las que quedaron registradas en el mismo domicilio: calle 24 de Castro, Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas.

A poco de estallar el escándalo, luego de conocerse las favorables condiciones de venta que los ejecutivos habían pactado con Endesa en beneficio propio, las sociedades offshore ya se encontraban operativas, la mayoría contaba con cuentas corrientes en el  Republic National Bank of New York de Suiza (adquirido en 1999 por el Banco HSBC) y realizaban importantes movimientos financieros: entre noviembre de 1997 y abril de 1998, se instruyeron aumentos de capital para esas siete sociedades que en conjunto sumaron US$86,5 millones ($38 mil millones de la época).

A mediados de 1997 los protagonistas de esta polémica negociación, por la que años después serían sancionados por la Corte Suprema con millonarias multas, comenzaron a manejar los hilos de sus finanzas con sociedades registradas a miles de kilómetros de Chile.

NEGOCIACIONES PARALELAS

El 30 de julio de 1997 el directorio de Enersis –ex Chilectra Metropolitana, privatizada en 1987– aprobó iniciar las negociaciones para sellar una “alianza estratégica” con Endesa España, a objeto de que la empresa chilena iniciara una nueva etapa de expansión en el sector eléctrico en Sudamérica. Se acordó que fuera el entonces gerente general y accionista de Enersis, José Yuraszeck, el encargado de representar a la empresa en esa trascendental negociación.

Recién el 10 de octubre de 1997 –y luego de dos reuniones de directorio de la eléctrica chilena en las que, según acusó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), nunca se informó de la magnitud de la negociación en curso– los directores de Enersis se habrían enterado de que las negociaciones iniciadas hacía más de dos meses por su gerente general, habían ido mucho más lejos de lo pactado.

Además de suscribir el 2 de agosto de 1997 el contrato de “alianza estratégica” con Endesa España, Yuraszeck había cerrado una serie de acuerdos paralelos de compraventa por las acciones serie B de las Sociedades Chispas,controladoras del 29% de Enersis.

Las acciones B solo representaban el 0,06% de la propiedad de las Chispas y estaban en manos de Yuraszeck y otros seis altos funcionarios de Enersis, “los gestores clave”: Luis Fernando Mackenna; Marcos Zylberberg; Marcelo Brito; Arsenio Molina; Eduardo Gardella; y Alfonso Torrealba (además tenían el 20% de las acciones de la serie A). Este grupo de “gestores clave”, tras una exitosa gestión de siete años (1990-1997) había logrado aumentar el valor de mercado de Enersis de US$517 millones a US$4.951 millones.

Pese a la baja participación accionaria que detentaban, los “gestores clave” manejaban la compañía a través de un esquema de control que les otorgaba “poder político” en el directorio de Enersis y eso era lo que mayormente seducía a los ejecutivos de Endesa España, interesados en controlar la eléctrica chilena. Para ello, una vez resuelta la operación, mantendrían a los ejecutivos en sus puestos directivos, bajo el compromiso de que éstos favorecerían el traspaso gradual a la transnacional española del control que detentaban en la empresa.

Fue esa la base del acuerdo entre el grupo de Yuraszeck y Endesa, por el cual la española acordó pagar US$500 millones por las acciones serie B (distribuidos en dos pagos por el 51% y 49% de las acciones) y solo US$1.000 millones por las A, pese a que los tenedores de estas últimas representaban casi la totalidad de la propiedad de Enersis (el 99,94% restante).

El 22 de octubre, a los pocos días de que la junta de accionistas de Enersis se enterara de las negociaciones sostenidas por los “gestores clave”, el directorio tomó la decisión de cesar en sus funciones a Yuraszeck por considerar que se había extralimitado en los poderes otorgados para la celebración del acuerdo.

El plan de los “gestores clave” se aguó, lo que forzó a una venta acelerada del paquete global de acciones serie B en cerca de US$250 millones. Según un artículo de El Mercurio de julio de 2005, US$66,1 millones de las ganancias de la operación de venta de las acciones quedaron en manos de Yuraszeck, US$39,7 millones fueron para Zylberberg; US$19,9 millones para Mackenna; US$26,5 millones para Molina; US$33,1 millones para Brito; y US$10,6 millones para Gardella.

En noviembre de 1997, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), sancionó con una multa de 2.200.000 UF ($31 mil millones, valor UF de la época) a seis de los siete “gestores clave” por considerar que habían incurrido en conflicto de interés (Alfonso Torrealba quedó excluido).

Francisco Pfeiffer

Respecto de Yuraszeck, el organismo regulador se pronunció en los siguientes términos: “Ante los múltiples y evidentes conflictos de interés envueltos en la compleja negociación llevada a efecto, entre otros por el señor Yuraszeck con Endesa España, éste no informó a los órganos sociales respectivos el interés que tenía, ni se inhibió o excusó en aquellos actos que favorecían sus intereses (…) así como tampoco solicitó autorización para celebrar aquellos actos y contratos. De esta forma confundió sus intereses particulares con los de las sociedades en las que se desempeñaba como gerente general, director o presidente, en violación a su deber de observar las normas de proteger, con sus actuaciones, los intereses de tales sociedades” (ver documento de la SVS).

La sanción de la SVS dio origen a una larga batalla judicial que fue zanjada por la Corte Suprema en julio de 2005, la que ratificó la multa aplicada por el ente regulador (ver fallo de la Corte Suprema).

En una entrevista publicada el 17 de julio de 2005 por El Mercurio, el entonces abogado de la SVS, Francisco Pfeffer, resumió el fallo señalando: “Se les sancionó por el artículo 42, números 3 y 4, que prohíbe a los directores ocultar información a los directorios. Ellos suscribieron un contrato de gestión con Endesa España que contiene una cláusula de confidencialidad (…) esta es una muestra clara de ocultamiento como medio para favorecer una operación que iría en beneficio personal de ellos como accionistas de la sociedad en la que también eran directores”.

ENTRA EN ESCENA MOSSACK FONSECA

A fines de agosto de 1997, pocos días después de que José Yuraszeck sellara los acuerdos con Endesa España, las oficinas de Mossack Fonseca en Ginebra (Suiza) culminaban los preparativos para la inscripción de una sociedad offshore en Islas Vírgenes Británicas. El 29 de ese mes, la sociedad Packington Industries Limited quedó definitivamente incorporada en la jurisdicción británica de ultramar. Los papeles de Mossack Fonseca muestran como cliente de esa sociedad al estudio jurídico Prieto y Cía., domiciliado entonces en pleno centro de Santiago, y como primeros directores a José Roberto Yuraszeck, su esposa, Cecilia María Krebs, y sus hijos: José Francisco, Cristóbal y Cecilia.

Según los registros del bufete panameño, la sociedad fue sacada del sistema el 11 de noviembre de 1999. Sin embargo, en esos poco más de dos años, la oficina de Mossack Fonseca en Ginebra instruyó la ejecución de trámites clave. El más importante está fechado el 24 de abril de 1998, cuando se autorizó proceder con un aumento del capital de la sociedad de US$50 mil dólares, dividido en 50 acciones de un dólar cada una, a US$ 41,4 millones, dividido en el mismo número de acciones.

José Yuraszeck

Los registros no aclaran cómo aquella instrucción se llevó a cabo y si finalmente se ejecutó. Lo concreto es que casi un año después, el 26 de agosto de 1999, Mossack Fonseca recibió un nuevo documento firmado por los cinco directores de Packington ordenando la disolución de la sociedad. La razón: “su inactividad” (ver respuesta de José Yuraszeck).

Técnicamente, Yuraszeck no fue el primero de los “gestores clave” de las sociedades Chispas en constituir una sociedad offshore con Mossack Fonseca como agente registrado. El 28 de agosto de 1997, solo un día antes de la inscripción de Packington, la sede de Ginebra del bufete panameño había inscrito –en el mismo paraíso fiscal de Islas Vírgenes–  Eversley Holding Limited, sociedad en la que también está la huella de Prieto y Cía. como intermediario.

Según los registros, el 29 de abril de 1998, Eversley Holding Limited emitió acciones nominativas equivalentes a US$50 mil en favor de Myriam Serman Dvorquez –esposa de Marcos Zylberberg Klos (ex gerente general de la filial de Enersis, Chilectra S.A.)– y sus tres hijos: Alejandro, Joyce y David Zylberberg Serman.

Esta es la única sociedad ligada a los “gestores clave” del caso Chispas en la que, de acuerdo a los archivos disponibles de Mossack Fonseca, no se instruyeron aumentos de capital. Aunque sí realizó operaciones. En un fax con fecha 12 de julio de 1999 enviado por la abogada Alicia Olivos, de Prieto y Cía., a la oficina de Ginebra de Mossack Fonseca, se pide proceder con la disolución de Eversley Holding Limited, pues la sociedad “no ha realizado operación alguna desde el 31 de marzo de 1999”.

Siguiendo las instrucciones emanadas desde Santiago, el 9 de septiembre de ese año la sociedad fue oficialmente disuelta (ver respuesta de Marcos Zylberberg).

DANZA DE MILLONES

Otra de las sociedades incorporada a Islas Vírgenes Británicas entre fines de agosto y principios de septiembre de 1997 por Mossack Fonseca fue Plaza Contractors Corporation, ligada al ex gerente de Desarrollo de Enersis, Arsenio Molina Alcalde y a su esposa María Cristina Lira Valdés.

Plaza Contractors quedó inscrita el 12 de septiembre de 1997 y los registros la muestran como una de las más activas de entre las sociedades que compraron los ex ejecutivos de Enersis en Islas Vírgenes. El 26 de septiembre, la sociedad –también gestionada por el estudio Prieto y Cía.- emitió 50 mil acciones al portador (equivalentes a US$50.000) e instruyó la apertura de una cuenta bancaria en el Republic National Bank of New York en Suiza (hoy HSBC).

A dos meses de haber sido constituida, la nueva sociedad fue objeto de un importante movimiento. El 18 de noviembre de 1997 –cuando la negociación con Enersis aún estaba fresca– el directorio de Plaza Contractors autorizó un incremento de capital desde US$50 mil a US$11,5 millones.

Tras esa primera operación, Plaza Contractors dispuso de sucesivas maniobras financieras. El 23 de noviembre, cinco días más tarde de que quedara consignada la decisión de aumentar los fondos, se cancelaron las acciones al portador emitidas por la sociedad y se ordenó emitir un nuevo certificado de acciones nominativas a favor de Inversiones y Rentas Metropolitanas, empresa familiar de Arsenio Molina creada en julio de 1990. Junto a ello se instruyó un nuevo incremento de capital: de US$11,5 millones a US$13,6 millones. Según registros del Diario Oficial, el 4 de noviembre Inversiones y Rentas Metropolitanas, poco antes del traspaso de las acciones de Plaza Contractors, contaba con un capital de $117 millones. Fue ese mismo día que la sociedad anónima familiar de Arsenio Molina se transformó en sociedad de responsabilidad limitada. El siguiente movimiento se produjo el 11 de junio de 1999. Plaza Contractors dispuso recomprar 2,5 millones de acciones (a un valor par de US$1 cada una) a Inversiones y Rentas Metropolitanas, quedándose esta última con las 11,5 millones de acciones restantes. Siete meses más tarde la operación se repitió. El 11 de enero de 2000, la sociedad offshore de Molina volvió a comprar acciones a Inversiones y Rentas Metropolitanas: 4,5 millones de acciones, equivalentes a US$4,5 millones (quedaron 6,6 millones de acciones en manos de la sociedad chilena de Molina).

Una resolución de directorio de Plaza Contractors fechada el 30 de marzo de 2000, ordenó prescindir de los servicios de Mossack Fonseca como agente registrado de la sociedad. Pero a diferencia de las sociedades de José Yuraszeck y la vinculada a Marcos Zylberberg, Plaza Contractors no desapareció. En los registros del bufete panameño la sociedad aparece con el estatus de “CAR” (cambio de agente registrado), denominación con la que Mossack Fonseca rotula las sociedades que han estado bajo su dominio pero que fueron traspasadas por decisión del cliente a otro agente registrado. Desde entonces, Plaza Contractors fue administrada por la empresa Commonwealth Trust Limited.

Plaza Contractors no fue la única sociedad que Arsenio Molina y su esposa abrieron en Islas Vírgenes Británicas. El 25 de septiembre de 1997 constituyeron Wilbury International Limited, con Mossack Fonseca como agente registrado. Según un acta de directorio de esta sociedad del 28 de noviembre de 1997, Wilbury contaba a esa fecha con un capital de US$492 mil. Tal como sucedió con Plaza Contractors, a mediados del 2000, la sociedad fue sacada de los registros de Mossack Fonseca y transferida a Commonwealth Trust Limited.

RECOMPRA DE ACCIONES

Otra de las sociedades gestionadas por el estudio Prieto y Cía. para el grupo de ex ejecutivos de Enersis, fue Green Lane Impex Corporation, constituida el 12 de septiembre de 1997 en Islas Vírgenes, con Mossack Fonseca como agente. Vinculados a esta sociedad aparecen Marcelo Brito León (ex presidente de Synapsis y Río Maipo, filiales de Enersis) y su esposa Ana María Díaz Cumsille.

La sociedad fue incorporada a Islas Vírgenes Británicas el 12 de septiembre de 1997, con un capital de US$50 mil, dividido en 50 mil acciones de US$1 cada una. El 29 de septiembre de 1997, la sociedad instruyó abrir una cuenta bancaria en el Republic National Bank of New York de Suiza (hoy HSBC).

En reunión de directorio fechada el 21 de noviembre de 1997, se resolvió aumentar el capital de la sociedad en 300 veces: de US$50 mil a US$15 millones.

Los registros de Mossack Fonseca muestran que los movimientos financieros de la sociedad de Brito habrían seguido un patrón similar a los que ejecutó Arsenio Molina. El 12 de marzo de 1999, Green Lane autorizó la emisión de dos certificados de acciones: uno por US$50 mil a nombre de Marcelo Brito y otro por US$14,9 millones a nombre de Inversiones San Marcelo. Según registros de Impuestos Internos, Inversiones San Marcelo, propiedad de Brito León, inició sus actividades el 1 enero de 1993.

Cuatro días después, Green Lane dispuso recomprar 8 millones de las casi 15 millones de acciones en manos de Inversiones San Marcelo, transacción por la que le pagaría a la sociedad chilena de Brito US$8 millones. San Marcelo se quedó con 6,9 millones de acciones de US$1 cada una.

El siguiente movimiento de Green Lane registrado en los archivos del bufete panameño ocurrió el 28 de enero de 2000. La sociedad offshore ordenó recomprar otros US$5 millones en acciones a Inversiones San Marcelo, quedándose esta última sólo con 1,9 millones de acciones de la sociedad de Islas Vírgenes.

Dos meses después, el 30 de marzo, los directores de la sociedad acordaron reemplazar a Mossack Fonseca como agente registrado. Según se comunicó a los ejecutivos de la firma panameña, el “cliente tenía otros negocios” y los quería reunir bajo un mismo agente (ver respuesta de Marcelo Brito).

Fue Alicia Olivos, de Prieto y Cía., la encargada de comunicar la noticia a un ejecutivo de Mossack Fonseca vía fax: “efectivamente mis clientes han acordado el cambio de agente residente de Green Lane Impex Corporation. Por lo tanto le agradeceré proceder al traspaso de la sociedad a Commonwealth Trust Limited”, la misma compañía a la que Arsenio Molina traspasó sus sociedades.

LOS OTROS “CHISPAS”

El patrón de movimientos financieros instruidos por las sociedades de Arsenio Molina y Marcelo Brito, fue replicado con calco por el ex gerente Contralor de Enersis, Eduardo Gardella Brusco, también miembro del grupo de “gestores clave”.

A principios de septiembre de 1997, los abogados de Prieto y Cía. gestionaron para Gardella y su esposa, Patricia Gardella Dezerega, la apertura de la sociedad Stratford Industries Limited, la que quedó registrada en Islas Vírgenes Británicas el 12 de ese mes. El 29 de septiembre, los directores de la sociedad instruyeron la apertura de una cuenta bancaria en el Republic National Bank of New York de Suiza.

El 21 de noviembre de 1997, la sociedad instruyó un aumento de capital de US$50 mil a US$3 millones. Un año y medio después, entró en escena Inversiones Navidad, propiedad de Gardella Brusco y cuyo inicio de actividades data de 1993.

El 5 de abril de 1999, Stratford emitió dos certificados de acciones: uno de 50 mil a nombre de Eduardo Gardella y otro de 2,9 millones de acciones (con valor US$2,9 millones) a favor de Inversiones Navidad. Solo un día después, el 6 de abril, Stratford dispuso la recompra a Navidad de US$2 millones de acciones. Inversiones Navidad se quedó con las restantes 950 mil acciones de Stratford.

El 11 de septiembre de 2000, y siguiendo el mismo camino de la mayoría de las otras sociedades de los “gestores clave”, Stratford cambió de agente registrado.

Aunque no fue sancionado por la SVS, Alfonso Torrealba Ugarte (ex gerente general de la filial de Enersis, Edesur), también es mencionado como parte del grupo de “gestores clave” involucrado en la polémica operación con Endesa España.

Discosa International Corporation, sociedad vinculada a Torrealba y a su esposa, Virginia Medel Fernández, quedó constituida en Islas Vírgenes Británicas el 12 de septiembre de 1997, con Mossack Fonseca como agente registrado.

El 18 de noviembre de 1997, se instruyó aumentar el capital de la sociedad de US$50 mil a US$12,8 millones, dividido en la misma cantidad de acciones con valor de US$1. Discosa también abrió cuenta corriente en el Banco HSBC de Suiza y desde esa cuenta Torrealba pagaba los costos de mantenimiento de la su sociedad en Islas Vírgenes.

Aparentemente, a diferencia del resto de “gestores clave”, Torrealba comenzó en algún momento a administrar su sociedad directamente, sin la gestión de un intermediario. Así se desprende de un correo electrónico del 2 de junio de 2006 enviado por un ejecutivo de Mossack Fonseca al ex gerente de Edesur: “Le informamos que Discosa fue eliminada del registro de BVI (Islas Vírgenes) por no pago de la licencia 2005 y su recargo. Dicha factura fue emitida y enviada a Prieto y Cía., quienes lamentablemente no nos habían informado que esta compañía había cambiado de administración hacia su persona”.

Ese mismo mes de junio, y tras ponerse al día en el pago,Torrealba instruyó el cambio de agente registrado y la sociedad salió de los registros de Mossack Fonseca. Discosa International Corporation fue transferida a la compañía Citco. La respuesta que el ex ejecutivo de Edesur dio al bufete panameño para explicar el cambio fue: “Básicamente para centralizar todo con una sola institución”.

SE APAGA LA LUZ

Según los papeles de Mossack Fonseca, Yuraszeck, Zylberberg, Gardella, Molina, Brito y Torrealba, instruyeron entre noviembre de 1997 y abril de 1998 sucesivos aumentos de capital de sus sociedades offshore en Islas Vírgenes, que en conjunto totalizan US$86,5 millones, unos $38 mil millones de la época.

Una vez instruidos los aumentos de capital de las sociedades offshore de los “gestores clave”, Yuraszeck, Zylberberg, Brito, Molina, Gardella, Torrealba y Luis Fernando Mackenna (que no figura con sociedades en los registros de Mossack Fonseca), volvieron a reunirse. El 30 de abril de 1999, los “Chispas” constituyeron en una notaría de Santiago la sociedad Prospecta Limitada, con un capital de $1.750 millones.

A la constitución de esa sociedad, Marcelo Brito concurrió en representación de Inversiones San Marcelo, Arsenio Molina en representación de Inversiones y Rentas Metropolitanas y Patricia Gardella Dezerega (esposa de Eduardo Gardella), en representación de Inversiones Navidad. Las mismas tres empresas que, según los papeles de Mossack Fonseca, ordenaron sucesivas operaciones de canje y venta de acciones por millones de dólares con las sociedades offshore creadas por sus respectivos dueños en Islas Vírgenes.

Fue a través de Prospecta que los ex ejecutivos de Enersis tomaron en 2001 el control de la compañía Sal Punta de Lobos (SPL), en una operación que habría rondado los US$100 millones. Prospecta también llevó a cabo varios negocios inmobiliarios.

El 27 de abril de 2001, los mismos socios de Prospecta, crearon Prospecta Minera con un capital de $100 millones y luego Prospecta Transportes, que en junio de 2003 figura con un capital de $681 millones.

El 23 de diciembre de 2010, los dueños de Prospecta acordaron disminuir el capital de $1.750 millones dela sociedad, el que se redujo a $65 millones. En noviembre de 2013, la sociedad, que aglutinó los negocios de los ex ejecutivos de Enersis tras al escándalo financiero, fue disuelta. Habían transcurrido 17 años de aquél bullado episodio.

El Grupo Angelini es bueno para encabezar rankings. Desde hace décadas forma parte del top ten de los grupos empresariales chilenos más ricos. La cuantía de sus inversiones en las industrias forestal, energética y pesquera lo mantienen anclado desde hace años como uno de los pesos pesados a la hora de sumar influencias.

De allí que no sea extraño que el holding de los Angelini esté a la cabeza de otro ranking: el de las grandes empresas que han financiado ilegalmente la política. Durante 2015 el holding debió rectificar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) pagos emitidos por cinco de sus empresas: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur (hasta junio de 2013, cuando la vendió al Grupo Security). Según publicó Revista Qué Pasa, solo Copec y Arauco rectificaron $1.500 millones, mientras que Corpesca sumó otros $260 millones. Información recabada por CIPER agrega otros $370 millones rectificados por Siemel y $120 millones de Cruz del Sur. En total, más de $2.250 millones en aportes irregulares a la política.

Roberto Angelini

Los pagos realizados por el Grupo Angelini siguieron la tónica de Soquimich: repartir a distintos sectores políticos. En los datos recopilados por CIPER aparecen aportes a a las campañas presidenciales de Michelle Bachelet y Marco Enríquez Ominami; a dirigentes de la UDI, a una sociedad ligada a Renovación Nacional, a militantes DC, a un asesor de un senador PPD, y a una red de boleteros que utilizó boletas falsas para financiar el PRI.

A pesar de lo abultado de la cifra ($2.250 millones), que los ubica solo por debajo de SQM entre quienes más dinero irregular entregaron, hoy solo una de las empresas del holding enfrenta una querella del SII: Corpesca, la empresa pesquera del grupo que es investigada hace más de un año por delito tributario y eventual soborno, en el que están involucrados el desaforado senador Jaime Orpis (quien renunció a la UDI) y la ex diputada Marta Isasi (ver reportaje de CIPER).

Recién a fines de 2015, el SII le solicitó a las otras empresas de los Angelini el detalle de su contabilidad para revisar los pagos irregulares, tal como publicó La Tercera. Pero por ahora, no hay acciones legales del SII aunque esos pagos sí están siendo investigados por el Ministerio Público. Tampoco ha sido posible conocer el detalle de los dineros rectificados por Copec y Arauco, las dos empresas que ostentan la mayor cantidad de correcciones tributarias del holding. En un procedimiento inédito, el SII no envió a la Fiscalía el listado con esos pagos rectificados, una información que el Ministerio Público sí ha recibido cuando ha requerido el detalle de otras empresas indagadas.

Información recabada por CIPER da cuenta del millonario aporte hecho por Copec, Arauco y Cruz del Sur a sociedades ligadas a la precampaña presidencial de Michelle Bachelet (más de $360 millones), una hebra de la indagatoria que vuelve a poner en el foco al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y a sus más cercanos colaboradores, como Harold Correa, quien también integra la G 90 del PPD. 

En una rectificación hasta ahora desconocida realizada por Siemel –una de las empresas inversoras del Grupo Angelini- aparecen nuevos pagos a una sociedad donde participa el senador Alberto Espina (RN), y otra relacionada con la cónyuge del diputado Gabriel Silber (DC), Cristina Orellana. Estos nombres se suman a otros dirigentes políticos que aparecen como sospechosos de recibir las platas políticas de los Angelini: Felipe Harboe (PPD), varios dirigentes del PRI, miembros del grupo de boleteros organizado por “Titi” Valdivielso, la estrecha asesora de Pablo Longueira, y una sociedad perteneciente a Pedro Yaconi, recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei, y cercano colaborador del ex presidente.

EL CAPITULO BACHELET

La primera rectificación realizada por dos empresas del Grupo Angelini -Copec y Celulosa Arauco- fue enviada por el SII a la Fiscalía sin el listado de los pagos corregidos. Es decir, en el expediente judicial de la investigación no aparecían los beneficiados con los aportes irregulares realizados por ambas firmas.

Fue el contador general de Copec, Ricardo Vargas Bernal, quien dejó en evidencia esa anomalía al declarar ante la fiscal Carmen Gloria Segura el 1 de septiembre de 2015: “Nosotros le entregamos al SII un listado resumen con el detalle de RUT de las empresas o personas cuyos gastos se rectificaron por cada año tributario, documento que no veo en la rectificación que usted me muestra”.

A pesar del “extravío” de ese listado, CIPER pudo reconstruir parte de los pagos rectificados por Copec y Arauco. Entre ambas empresas aparecen aportes para Asesorías y Negocios (AyN), la empresa creada por Giorgio Martelli para financiar la precampaña presidencial de Michelle Bachelet, tarea que tuvo entre sus responsables al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. AyN recibió pagos irregulares de tres empresas de los Angelini: Copec, Arauco y Cruz del Sur, firma que hasta junio de 2013 fue propiedad del grupo.

Según información sistematizada por CIPER, Copec entregó $57 millones a Asesorías y Negocios entre enero de 2012 y enero de 2013; Celulosa Arauco aportó con otros $151 millones a través de ocho facturas entre enero de 2012 y marzo de 2013; mientras que el 29 de noviembre de 2012 Cruz del Sur pagó a AyN una factura por $10 millones. En total, Copec, Arauco y Cruz del Sur le entregaron $218 millones a Asesorías y Negocios.

Según declaró Giorgio Martelli ante el Ministerio Público, fue el ex presidente de Endesa y Enersis, Jorge Rosenblut, quien hizo el puente para que el Grupo Angelini entregara recursos: Rosenblut “me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución de financiamiento entre las empresas del grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut”.

Jorge Rosenblut

Cuando declaró Jorge Rosenblut, aseguró que “en uno de mis viajes a Chile en 2012 y aprovechando una reunión en la que me tocó participar con ejecutivos del Grupo Copec, al final de la misma me acerqué a José Tomás Guzmán, a quien conozco y aprecio mucho y a quien consulté si estarían disponibles para apoyar el proyecto de la futura Nueva Mayoría. La consulta fue bien recibida y así se lo informé a (Giorgio) Martelli telefónicamente”.

Rosenblut había realizado la misma gestión con Patricio Contesse, entonces gerente general de Soquimich, gracias a lo cual AyN recibió otros $245 millones desde la filial SQM Salar.

José Tomás Guzmán Dumas, el hombre que acordó con Rosenblut el aporte a la precampaña de Bachelet, fue la mano derecha de Anacleto Angelini, el fundador del grupo fallecido en 2007 (ver reportaje de CIPER “La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet”)

Desde 1991 Guzmán fue parte del directorio de Arauco, de donde se retiró a fines de diciembre de 2015. Meses más tarde también abandonó el directorio de Corpesca. El abogado de 86 años se mantiene en la vicepresidencia de Copec. Hasta ahora, la Fiscalía no ha podido confrontar la versión de Martelli ya que Guzmán retrasó su testimonio (presentó un informe médico que advertía de antecedentes de párkinson, diabetes y osteoporosis, lo que le imposibilitaría acudir a un interrogatorio), aunque luego asistió el 22 de septiembre de 2015, pero optó por guardar silencio.

Cuando en junio de 2013 el Grupo Angelini vendió Cruz del Sur al Security, solo un alto funcionario siguió trabajando en la compañía: Rodrigo Guzmán Leyton, quien era gerente de Administración y Finanzas de Cruz del Sur, cargo que mantuvo cuando esta cambió de dueño. En las dos declaraciones que prestó ante los fiscales (4 y 10 de septiembre de 2015) apuntó a José Tomás Guzmán como el único responsable de los pagos cuestionados:

“Nunca supe a qué correspondían estos pagos, más que una asesoría al directorio. En todas estas facturas la solicitud de pago y quien envía la factura para que se pague es don José Tomás Guzmán Dumas (…) Tal como consta en los documentos que se me exhiben, la factura Nº 105 de diciembre de 2011, dice en forma manuscrita un visto bueno de la presidencia, es decir José Tomás Guzmán y además una tarjeta del presidente José Tomás Guzmán. Esa era la forma que tenía él de mandar la factura, autorizar y solicitar el pago”.

El ejecutivo de Cruz del Sur autorizó a la Fiscalía a que accediera a dos cuentas de correo electrónico que utilizó mientras la compañía estuvo en poder de los Angelini (entre octubre de 2012 y el 31 de mayo de 2013). No fue posible. Los detectives mandatados para esa diligencia informaron que el archivo que contenía esa información fue destruido en octubre de 2015 por orden de la unidad de servicios tecnológicos de Security. Esa diligencia deja en evidencia que la Fiscalía sigue indagando los pagos irregulares de las empresas de Angelini, a pesar de no existir ninguna querella del SII al respecto.

HAROLDS & JOHNS & BILLS QUESTIONED

La cadena de contactos que permitió que el Grupo Angelini financiara de forma ilegal la política no se detuvo en Asesorías y Negocios. Fue el controlador de esa sociedad, Giorgio Martelli, quien en su declaración del 4 de junio de 2015, abrió otra compuerta: “Quiero precisar respecto a mi relación con José Tomás Guzmán, en representación del Grupo Angelini, que este me solicitó los servicios de un estudio jurídico. Le presenté al estudio Harolds & Johns, llevándole un papel de referencia y me solicitó que fuera intermediario, para lo cual me solicitó diversos informes en derecho, que yo conversé con ambas partes (José Tomás Guzmán y Álex Matute). Álex Matute me entregó los informes en derecho requeridos, y yo se los hice llegar a José Tomás Guzmán, los pagos se hicieron a través mío, mediante cheques que yo entregué a Harolds & Johns”.

Fue así que se abrió la investigación judicial a Harolds & Johns Business and Law, constituida en febrero de 2007 por Harold Correa y Alex Matute Johns. Desde entonces, ambos se han dedicado a representar en Chile a empresas extranjeras en licitaciones de distintos organismos públicos.

El testimonio de Martelli fue corroborado ante la justicia por el contador general de Copec, Ricardo Vargas Bernal, quien entregó más antecedentes de los dineros que la empresa entregó y rectificó a Harolds & Johns: “Creo que fueron dos facturas, no recuerdo quien puso la ‘mosca’ en esas facturas, pero debe ser uno de los tres gerentes de la empresa, no recuerdo montos y las razones las tiene el gerente de finanzas”. El ejecutivo de Copec agregó: “Yo nunca vi a Alex Matute ni a Harold Correa en la empresa Copec, ni nunca vi un informe de ellos. Cuando revisamos la contabilidad (para hacer la rectificación tributaria) yo pensé que era un estudio de abogados extranjeros”.

Aunque Vargas no lo recordaba, CIPER sí halló la información. Son dos facturas por $16 millones cada una emitidas por Harolds & Johns a Copec el 6 y 25 de marzo de 2013, cuando los pagos a Asesorías y Negocios habían cesado. Cruz del Sur fue más generosa, a través de cuatro facturas entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012, le entregó $110 millones a Harolds & Johns. En total, entre Copec y Cruz del Sur el Grupo Angelini pagó $142 millones a la sociedad de Harold Correa y Álex Matute.

Las gestiones de Martelli ante José Tomás Guzmán se produjeron mientras se desarrollaba la precampaña de Bachelet. La contabilidad de AyN dio cuenta de que esa empresa de papel financió el trabajo político del grupo que allanó el camino para el regreso de la actual Presidenta desde Nueva York. Entre quienes recibieron pagos de esa sociedad se cuentan el ex director del SII, Michael Jorratt; la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, María Estela Ortíz; la prima de la mandataria, Alicia Galdames Jeria y otras personas que fueron pagadas por AyN durante la precampaña. Entre los beneficiados también figura el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Rodrigo Peñailillo

Peñailillo recibió cuatro pagos de AyN entre enero y mayo de 2012 por un total de $16 millones. Cuando declaró ante los fiscales, Peñailillo afirmó que, con posterioridad a mayo de 2012, trabajó para Harolds & Johns (“creo que por más de un año”). En su declaración del 17 de junio de 2015 señaló que firmó un contrato con la empresa de Correa y Matute, pero no informó sobre los honorarios recibidos. En otra declaración, el 7 de agosto de 2015, descartó que elaborara informes para justificar los pagos: “Participaba en reuniones con Álex y Harold en este estudio que tiene varios años y obviamente discutíamos sobre el desarrollo de la empresa. En relación a mis funciones están mencionadas en el contrato de trabajo que traeré a la Fiscalía, a través de mi abogado”. El año pasado Álex Matute también reconoció el vínculo laboral indicando que fue una asesoría “muy bien valorada” por sus clientes.

El 27 de agosto de 2015 Harold Correa acudió a la Fiscalía como imputado y guardó silencio. Lo mismo hizo su socio, Álex Matute, quien fue citado el 25 de agosto de 2015. En paralelo, el Ministerio Público le ordenó a la PDI el 4 de agosto solicitar en la oficina de Harold & Johns en Santiago (José Miguel de la Barra), la entrega voluntaria de la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014. No hubo resultados.

En noviembre de 2015, el abogado de Harolds & Johns, Marcelo Torres, le pidió a Alejandro Alzerreca (gerente general de Seguros Vida Security, empresa que en 2013 compró Cruz del Sur al Grupo Angelini) que autorizara el levantamiento de la confidencialidad. Una vez que ello ocurriera, sus representados declararían ante los fiscales y presentarían los trabajos que supuestamente justificaron el pago de $110 millones desde Cruz del Sur. Hasta hoy no hay novedades.

Contactados por CIPER, ni Harold Correa ni Álex Matute quisieron referirse a este tema. Fuentes de esa oficina señalaron que el abogado Marcelo Torres se juntó con un representante del Grupo Angelini, el que le habría manifestado la intención de reconocer que los trabajos que justificaron los pagos desde Cruz del Sur y Copec estaban respaldados por informes.

Desde julio de 2014, Álex Matute es fiscal de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Después de abandonar el Ministerio de Educación a mediados del año pasado, Harold Correa solo aparece como director suplente de la Fundación por la Democracia (PPD).

PAGOS RELACIONADOS AL SENADOR HARBOE

Si se cruzan los datos de las correcciones tributarias de las empresas de los Angelini, aparecen pagos que se repiten. Es lo que sucede con Asesorías e Inversiones Arrieta, propiedad del abogado Raúl Arrieta Cortés, quien ha sido asesor del senador Felipe Harboe (PPD) y de su esposa, Katia Trusich,mientras fue subsecretaria de Economía. La sociedad de Arrieta recibió $12 millones de Corpesca y otros $40 millones de Copec y Arauco, empresas que le cancelaron $20 millones cada una en marzo de 2013. En total, Raúl Arrieta acumula $52 millones bajo investigación del Ministerio Público.

Según el entorno del senador Harboe, la principal asesoría de Arrieta fue en materias relacionadas con la protección de datos personales, un proyecto de ley que tenia a cargo la esposa de Harboe, Katia Trusich, mientras era subsecretaria de Economía del actual gobierno (hasta enero de 2016). En esa función, Trusich también contrató a Arrieta como su asesor.

Felipe Harboe

Cuando el 21 de agosto de 2015 Arrieta fue citado a la Fiscalía, optó por guardar silencio: “No cuento con autorización de mis clientes que sindican las facturas 102, emitida a Celulosa Arauco; y 100, emitida a Copec, que me releven de mi secreto profesional”. El abogado no accedió a levantar su secreto bancario, ni a entregar la contabilidad de su sociedad y tampoco accedió a la revisión de sus correos electrónicos.

El vínculo de Arrieta con el senador Harboe va más allá de las asesorías: durante la campaña senatorial de 2013 el entonces candidato PPD arrendó tres sedes en la Región del Bío Bío a Asesorías e Inversiones Arrieta por un total de casi $9 millones.

Una investigación de CIPER detectó otro vínculo del matrimonio Harboe-Trusich con el Grupo Angelini: la sociedad Bioambar Spa, una filial de la Pesquera Iquique-Guanaye, propiedad de los Angelini. Katia Trusich participa de Bioambar a través de Alpha Omega. Consultada por CIPER, la entonces subsecretaria de Economía aseguró que no participa en Bioambar de forma directa y que esa inversión la hizo en 2010 para apoyar una investigación en nutracéuticos. Trusich agregó: “A la fecha, esta empresa no ha tenido movimientos de tipo comercial y tampoco registra utilidades” (ver reportaje de CIPER).

OTROS PAGOS SIN RESPALDO

Arauco también corrigió los $30 millones que en abril de 2012 pagó a Cristián Warner Comunicaciones, la empresa de quien fuera la mano derecha de Marco Enríquez Ominami, que hoy es investigado por la Fiscalía por otros pagos de SQM que no tienen respaldo. Lo mismo ocurre con la corrección que hizo Copec a los pagos a otra sociedad ya investigada por recibir platas políticas ilegales desde Penta: Asesorías e Inversiones La Manada, ligada a Pablo Zalaquett (UDI).

El contador general de Copec, Ricardo Vargas, mencionó en su declaración el 1 de septiembre pasado, que también se rectificaron algunos pagos a C2P la consultora del yerno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Pedro Yaconi, quienes investigado por facturas emitidas a Aguas Andinas y SQM. Yaconi fue miembro del comité de financiamiento de la fallida candidatura presidencial de Frei en 2009.

Pedro Yaconi (Foto: Twitter)

Respecto de los pagos a Yaconi, Ricardo Vargas aseguró: “Hay una situación excepcional en los gastos rectificados, y se trata de dos o tres facturas que rectificamos, fue un contrato de estudio de carbón que hizo C2P, y en ese caso gente de la Gerencia de Estudio dijo que ese trabajo se hizo pero que se perdieron los informes”. Según La Tercera, los pagos de Copec a C2P alcanzaron los $50 millones.

En esa misma declaración el contador de Copec se refirió a otros pagos vía boletas falsas a personas del entorno de Pablo Longueira: Nicolás Guíñez Ramírez y Patricio Lazcano Silva. CIPER ya había informado de las boletas emitidas a Copec por estas personas (ver reportaje). En su declaración, Vargas también nombró a Cristóbal Aninat y Compañía Consultores, propiedad de quien fuera coordinador del comando presidencial de Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Bachelet entre 2006 y 2010.

En el verano pasado La Tercera dio cuenta de otra rectificación de Copec ante el SII. Ella incluyó más de $150 millones pagados entre 2009 y 2014 a Asesorías Técnicas (Asetec), sociedad de Renovación Nacional, según declaró su secretario general Mario Desbordes, y que también es indagada por recibir en el mismo periodo $137 millones rectificados por SQM. Desbordes aseguró al matutino que fue llamado a declarar por el SII y que haría llegar la documentación que respaldaría la prestación de servicios a esas dos empresas.

SIEMEL Y SU VÍNCULO CON ESPINA Y SILBER

Inversiones Siemel es uno de los brazos inversores del Grupo Angelini. A través de esta empresa el holding controla varios proyectos inmobiliarios, agrícolas y financieros. Es dueña de la marca de jugos naturales Guallarauco y posee un 12% de los hoteles Atton. La primera rectificación de Siemel fue el 12 de mayo de 2015 y allí incluyó pagos ilegales a la política por $296 millones. El 2 de septiembre de 2015, Siemel volvió a rectificar. Según había adelantado a la Fiscalía el contador general de la empresa, Freddy Barrera, la nueva rectificatoria sería solo de boletas y por más de $300 millones. Sin embargo, el listado de pagos que Siemel incluyó llega solo a los $82 millones.

Entre los pagos corregidos por Siemel sobre los cuales se puede establecer una línea de continuidad entre las dos rectificaciones, están los que beneficiaron a dos sociedades relacionadas al senador Alberto Espina (RN).

Alberto Espina

En la corrección tributaria presentada en abril, Siemel señaló no tener respaldo para justificar cuatro pagos por un total de $68,2 millones al estudio Zepeda & Compañía (entre noviembre de 2010 y agosto de 2013). Alberto Espina participó junto al abogado Carlos Zepeda en la creación de ese estudio jurídico que quedó registrado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1993.

Al correr de los años los miembros del bufete cambiaron, pero el senador Espina se mantuvo allí hasta el 9 de julio de 2013, cuando en la Notaría de Iván Torrealba en Santiago estampó su salida del staff: vendió el 10% de sus derechos a Inversiones y Rentas Tongoy, propiedad de Zepeda. Las facturas del estudio que Siemel rectificó (todas por $18,7 millones) fueron emitidas el 3 de noviembre de 2010, el 10 de junio de 2011, el 3 de abril de 2012 y el 12 de marzo de 2013, cuatro meses antes de que el senador se retirara de ese bufete.

A fines de ese 2013 el senador Alberto Espina ingresó a otro estudio de abogados a través de su sociedad familiar Inversiones y Rentas El Peral (posee el 50% de sus acciones, su esposa María Elena Donoso Peña el 47% y cada uno de sus tres hijos un 1%). Según registro de la Notaría de Cosme Gomila, el 20 de diciembre de 2013 esta sociedad pagó $700 mil para adquirir el 10% de Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías, bufete controlado por Gonzalo Cisternas Sobarzo.

Este nuevo staff de abogados -donde participa Espina- aparece en la segunda rectificación presentada por Inversiones Siemel en septiembre pasado. Allí figura el pago de $18,7 millones sin registro contable a Cisternas & Compañía, realizado el 12 de mayo de 2014. El monto es el mismo que Siemel pagó cuatro veces entre 2010 y 2013 al estudio donde participaba Espina y el ya fallecido abogado Carlos Zepeda.

El equipo del parlamentario comentó a CIPER que el senador no podía contestar preguntas, pero aseguraron que no tiene ningún tipo de participación administrativa en Cisternas & Compañía. Una declaración jurada de intereses que Espina registró en la Notaría de Cosme Gomila el 28 de diciembre de 2013, le otorgó un mandato a Gonzalo Cisternas para que administre sus intereses en la sociedad. Un fideicomiso.

Consultado por CIPER, Gonzalo Cisternas descartó que el pago de Inversiones Siemel haya sido un aporte al senador Espina: “Se trata de un servicio profesional que efectivamente se encargó por empresas del Grupo Angelini, que efectivamente yo realicé, y que están bajo el amparo del secreto profesional. No sé por qué ellos rectificaron. Me imagino que pensaron que ese trabajo no cumplía con los requisitos legales para ser un gasto necesario para producir la renta”.

Desmenuzando las dos rectificaciones de Siemel se puede trazar otra línea de continuidad entre quienes aparecen recibiendo esos dineros. En la rectificación de abril destaca el Centro Democracia y Comunidad, ligado a la Democracia Cristiana, sociedad que recibió $84 millones entre septiembre de 2011 y noviembre de 2013, con pagos mensuales de $3 millones. Según explicaron desde ese think tank, en ese tiempo era dirigido por Cristina Orellana Quezada, esposa del diputado Gabriel Silber (DC), quien utilizó una línea de financiamiento desde empresas. Desde enero de 2014, aseguraron, se cortó la llave de los dineros empresariales.

Si bien Democracia y Comunidad no aparece en la segunda rectificación de Siemel (septiembre), sí figura Asesorías y Servicios e Inversiones Vichuquén, la que recibió la misma cuota mensual que la firma de los Angelini le pagada a Democracia y Comunidad: $3 millones entre enero y octubre de 2014 (en total $30 millones). Los pagos a Vichuquén comenzaron justo cuando Democracia y Comunidad dejó de percibir aportes desde Inversiones Siemel. El único accionista de esta sociedad es el hermano de Cristina Orellana, Víctor Antonio Orellana Quezada, quien la constituyó poco antes de comenzar a recibir los pagos desde Siemel: el 19 de noviembre de 2013.

Contactada por CIPER, Cristina Orellana aseguró que ella no maneja información sobre las relaciones que su hermano, quien es empresario, tiene con las empresas. Descartó que se trate de platas políticas y solicitó que sean las empresas las que aclaren las rectificaciones tributarias que realizan.

No es la primera vez que Cristina Orellana aparece vinculada a pagos irregulares a la política. En diciembre de 2015, CIPER reveló que Inversiones Caburga, del Grupo Said, corrigió ante el SII un pago por $16,6 millones a Orellana en 2013. En esa ocasión, la actual directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas (SEP), señaló: “Me imagino que Inversiones Caburga rectificó porque estoy casada con un diputado. Yo trabajo, a mí Gabriel no me mantiene. Tengo un contrato de confidencialidad con esa empresa. No le puedo dar más datos. Trabajé varios meses y fue un solo pago. Yo creo que pagamos justos por pecadores”.

El otro pago que se repite en las dos rectificaciones que hizo Siemel en 2015, es a Eugenio San Martín(DC), quien fue director del Sename y que el 17 de enero de 2014 recibió de la firma de los Angelini $6,6 millones. Ya en la primera rectificación de Siemel apareció otro pago a San Martín por otros $6,6 millones (3 de mayo de 2013).

LA CAJA DE PANDORA DE SIEMEL

La primera rectificación de Siemel incluyó a otras personas ligadas a la Democracia Cristiana. Es el caso de la abogada Carolina Tello Rojas, quien emitió una boleta por $7 millones el 1 de julio de 2011. Desde 2014, Tello asesora al diputado por Aysén, Iván Fuentes (independiente). Consultada por CIPER, declinó referirse a este asunto.

Gabriel Silber

Otras fuentes consultadas aseguraron que ella formaba parte de una red de boleteros que creció en la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana al final del primer gobierno de Bachelet, cuando el Seremi era Antonio Saavedra Veas (DC), quien ha sido miembro del tribunal supremo de ese partido. Saavedra afirmó a CIPER que no tiene ninguna relación con esa red de boleteros.

Saavedra Veas aparece en los registros de la Cámara de Diputados como asesor externo de la bancada DC al menos hasta el primer semestre de 2014 y también registra pagos por asesorías al diputado Gabriel Silber (DC)y al ahora ex parlamentario y embajador en Ecuador, Gabriel Ascencio (DC). Saavedra fue uno de los asesores legislativos detectados por CIPER que cumplían un doble rol al asesorar bancadas de forma externa y, al mismo tiempo, prestar asesorías individuales a parlamentarios (a través de su Consultora Antonio Saavedra Veas EIRL), lo que está prohibido (ver reportaje). Antonio Saavedra es jefe del Departamento de Desarrollo de las Personas del Registro Civil.

Asesoría Jurídica Dalmacia aparece también en la rectificación de mayo de Inversiones Siemel, con $6 millones pagados en agosto de 2013. El principal accionista de Dalmacia es el ex diputado Zarko Luksic (DC), quien aseguró a La Tercera que él sí realizó una asesoría jurídica a Siemel.

La rectificación de mayo de 2015 también corrigió pagos por $7,7 millones a Eduardo Montalva Pérez, quien fuera encargado territorial del senador Iván Moreira (UDI).

La primera rectificación de Siemel ante el SII arroja misterios. Uno de ellos es el rol que juegan en esta trama distintas empresas de León Hugo Correa Rueda, las que aparecen con $89 millones corregidos (Inmobiliaria Correa y Compañía, Inmobiliaria e Inversiones Correa y Farms Chile). Consultado por CIPER, el empresario inmobiliario señaló: “Ningún pago ha tenido un fin político. A mí no me gusta la política, nunca he pertenecido a un partido y nunca lo haré. Son informes que se remitieron por conceptos de tasación de nuestra inmobiliaria. Habría que preguntarle a la empresa Siemel por qué rectificó estos pagos” (revise el listado con ambas rectificaciones de Siemel).

LOS MILLONES QUE RECIBIÓ EL PRI

Los últimos dos pagos rectificados por Inversiones Siemel en mayo de 2015 corresponden a personas ligadas al Partido Regionalista Independiente (PRI), fundado por el fallecido ex senador Adolfo Zaldívar luego de quebrar con la DC: Julieta Cruz Figueroa (ex intendenta de Atacama), con $5,5 millones en octubre de 2010, y Eduardo Salas Cerda, con otros $5,5 millones en noviembre del mismo año.

Pero el financiamiento ilegal que proporcionó el Grupo Angelini al PRI no solo provino de Inversiones Siemel. Así se desprende al desmenuzar el listado completo de las rectificaciones que hicieron ante el SII las empresas del grupo. Copec realizó cinco pagos entre 2012 y 2013 a Marcelo Peñaloza Villalobos,por un total de $27 millones. Otros $21,5 millones le giró Arauco al mismo Peñaloza en igual periodo. Además de las boletas falsas que Peñaloza emitió a Copec y Arauco, hubo otras dos para SQM, empresa que aportó más de $350 millones ilegales al PRI.

Marcelo Peñaloza está casado con la hija de Humberto de la Maza, quien fuera presidente del PRI hasta fines de 2015, y en su declaración judicial reconoció que las boletas por esos $48,5 millones eran falsas. El 17 de agosto de 2015, Peñaloza contó en la Fiscalía:

“Un día en la oficina de Adolfo Zaldívar en calle Miraflores (Santiago), Zaldívar me dice si le podía emitir unas boletas y que después me daba el detalle. Como yo tenía confianza con él le dije que bueno. Posteriormente él mismo o su secretaria Gilda Schiaffino me daba el detalle de los montos y glosas (…) Me pidió en total 11 boletas”.

En la emisión de boletas falsas para financiar al PRI, Peñaloza involucró a parte de su familia. El 17 de agosto de 2015, su hermana Marcia Peñaloza Villalobos reconoció ante la Fiscalía la emisión de cinco boletas falsas que le solicitó su hermano: cuatro a SQM y una a Copec, esta última por $5,5 millones (noviembre de 2013).

Lo mismo ocurrió con la ingeniero comercial María Fernanda Correa Lasa, sobrina política de Humberto de la Maza, quien reconoció ante los fiscales que su tío le solicitó seis boletas falsas para SQM y una que emitió para Arauco (por $5 millones en enero de 2013). Su hermana, Carola Correa Lasa, también prestó boletas falsas para financiar al PRI. María Fernanda Correa trabajó junto a Humberto de la Maza -entre 2012 y 2014- en las elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales y de consejeros regionales del PRI.

Alejandra Bravo

En su segunda declaración (19 de enero de 2016), María Fernanda Correa entregó un dato clave sobre lo que motivó a los Angelini a financiar el PRI: “Después que falleció Adolfo Zaldívar el contacto con las empresas Celulosa Arauco, Copec y SQM, desapareció. Humberto de la Maza no tenía el contacto  con las empresas. Después del fallecimiento de Zaldívar el partido se financió con la plata del Servel y no sé de donde más”.

A pesar de los datos acumulados, la Fiscalía solo formalizó a boleteros vinculados al PRI por las boletas falsas emitidas a Soquimich. Ninguna mención se hizo de los dineros irregulares que empresas del Grupo Angelini cancelaron. Luego de la formalización (2 de diciembre de 2015), Humberto de la Maza, acusado de ser el controlador de la red ilícita, debió cumplir arresto domiciliario nocturno. La ex intendenta de Atacama, Julieta Cruz, quedó con firma mensual y arraigo nacional; los hermanos Marcelo y Marcia Peñaloza con firma quincenal y arraigo nacional, mientras que las hermanas María Fernanda y Carola Correa Lasa solo con firma quincenal.

Si bien Humberto de la Maza fue reemplazado por Alejandra Bravo en la presidencia del PRI, otro de los boleteros, Eduardo Salas Cerda, continúa como secretario general y Gilda Schiaffino sigue siendo la tesorera del partido, a pesar de los testimonios judiciales que la apuntan como la persona que muchas veces acompañó a los boleteros a cobrar los vales vista de Copec, Arauco y SQM por sus boletas falsas.

Otro miembro de la red de boleteros que se utilizó en el PRI para financiarse ilegalmente, es Patricio Purcell, quien ya fue denunciado por el SII el 2 de abril de 2015, por los dineros irregulares que recibió de SQM. Según Qué Pasa, Purcell también tiene dineros rectificados por Arauco.

Instalado nuevamente en Miami desde mediados de 2015, Jorge Rosenblut era hasta ahora un mero espectador del escándalo que provocó la revelación mundial de los “Papeles de Panamá”, con los detalles de 220 mil sociedades en paraísos fiscales. Allí se radicó luego de que en la investigación de la Fiscalía apareciera como el hombre que articuló el financiamiento del Grupo Angelini y SQM para la campaña de Michelle Bachelet. Jamás imaginó que los coletazos de otra investigación sobre paraísos fiscales lo pondrían nuevamente bajo cuestionamiento.

Islas Vírgenes Británicas

Una investigación que hiciera el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en abril de 2013, cuya base de datos recién se hizo pública, reveló hoy que Jorge Rosenblut y dos connotados arquitectos chilenos, Raimundo Onetto e Ignacio Hernández, crearon diez sociedades offshore en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas en 2002.

Que solo hoy se conozcan los nombres de los chilenos que aparecían en las más de 130 mil sociedades que reveló el ICIJ en el llamado “Offshore Leaks”, parece extraño. Lo que ocurre, es que en esa investigación no trabajaron medios chilenos y los registros recién fueron publicados el 9 de mayo. El ICIJ los incluyó en la base de datos con las 220 mil sociedades que forman parte de los “Papeles de Panamá” (vea aquí la base de datos completa).

Lejos están los días en que el entonces presidente de Enersis era el puente privilegiado entre el mundo privado y La Moneda. A comienzos de 2015, cuando irrumpieron las primeras boletas por trabajos nunca realizados y pagadas por SQM a dirigentes políticos, su situación empezó a debilitarse. Y se fue a pique cuando surgieron las pruebas de su rol de articulador del financiamiento ilegal. El 30 de junio debió abandonar la presidencia de Enersis. Diez días después declaraba en la Fiscalía. Ya no había vuelta atrás.

Su viaje a Estados Unidos fue su último intento por poner un muro de contención a los requerimientos de los fiscales. En los meses siguientes, el que no hubiera querella del SII ni para los responsables de las empresas de Angelini ni contra él, lo fueron tranquilizando. Ahora de nuevo se instala la incertidumbre.

LA OTRA PARTIDA A EE.UU.

Entre 2002 y 2004, instalado en Estados Unidos, Jorge Rosenblut había logrado dejar atrás algunas derrotas y el abrupto episodio que le puso fin a su breve paso por el gobierno, donde hasta 1996 figuró como uno de los líderes tecnócratas más exitosos de la Concertación. Luego de una dura polémica con el entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, Rosenblut dejó la subsecretaría del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y se dedicó a afinar su sintonía con el mundo privado a través de su nueva empresa: Desarrollo de Proyectos Empresariales (DPE), desde donde asesoró a múltiples compañías.

Su cambio de status en el nuevo mundo lo logró en el año 2000, cuando fue nombrado presidente de Chilectra y de la telefónica Smartcom, entonces en manos de Endesa España. A partir de ese momento sus viajes a Estados Unidos y particularmente a Miami se hicieron cada vez más frecuentes.

Ignacio Hernández

En paralelo, en Chile, los arquitectos Ignacio Hernández y Raimundo Onetto también vivían tiempos de cambio. En 1985 ambos profesionales habían decidido unir sus talentos en distintas sociedades, pero fue en 1992 que el negocio inmobiliario y arquitectónico les comenzó a entregar dinero y reconocimiento. Fue el año en que ambos fundaron Archiplan (originalmente se llamó Arquitectura e Inversiones Architects & Planning Consultants).

Sus proyectos en el área turística fueron famosos. Desde la construcción del complejo que transformó el balneario Las Tacas, en Coquimbo, y que incluyó una pista de aterrizaje, cancha de golf, departamentos y un apart hotel; hasta la edificación del exclusivo condominio Cantagua, en Zapallar.

La crisis asiática que azotó al país desde 1996 mermó sus ganancias. Muy pronto los arquitectos se trasladaron a España. Allá levantaron complejos turísticos de lujo en distintos pueblos del borde costero sur, como Cádiz, Marbella y Málaga, hasta que en  2001 se instalaron en Miami. En esa ciudad ya estaba radicado el ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, Jorge Rosenblut.

Versiones de prensa coinciden en que fue Rosenblut quien incentivó a los arquitectos Hernández y Onetto a instalar una sucursal de las oficinas de Archiplan en Miami. Como sea, lo cierto es que a partir de ese momento los tres emprenderían la aventura inmobiliaria en esa ciudad, junto a otros dos socios: Patricio Kreutzberger (hijo de Don Francisco) y el cubano Pedro Martín.

En entrevista con el Diario Financiero, Martín detalló en 2008 el primer proyecto que realizaron: “En 2002 empezamos Terra Group e hicimos dos torres llamadas Metropolis. Nos fue muy bien, el único problema es que hubo dos huracanes en medio de la construcción”. El siguiente proyecto fue el “900 Biscayne”, en pleno centro de Miami, que incluyó una torre de 63 pisos y 516 departamentos. A este le siguió “Quantum on the Bace”, de 55 pisos, también en Miami.

Según contó Pedro Martín en la misma entrevista con el Diario Financiero, “desarrollamos negocios inmobiliarios por más de US$1.200 millones”. Puede que haya sido la magnitud de esas ganancias las que motivaron a Jorge Rosenblut y a los arquitectos Hernández y Onetto a asociarse nuevamente para emprender otra aventura, esta vez en las sociedades alojadas en paraísos fiscales. Si había un lugar seguro para guardar secretos financieros, ese era el registro de las Islas Vírgenes Británicas, el destino escogido por el grupo para crear sus sociedades offshore.

Fue ICIJ, el mismo consorcio periodístico que encabezó la investigación internacional de los “Papeles de Panamá”, difundida simultáneamente el 3 de abril por más de un centenar de medios en todo el mundo –incluido CIPER-, el que reveló los llamados “Offshore Leaks” en abril de 2013. Era la primera vez que un grupo de medios, encabezados también por ICIJ (investigación en la que no participó CIPER), revelaban una filtración de los secretos que esconden 130 mil sociedades alojadas en paraísos fiscales.

Y en esos archivos que ya no fueron secretos estaban las diez sociedades offshore que crearon en 2002 Rosenblut y los arquitectos Hernández y Onetto, a través del agente Commonwealth Trust Limited (CTL), que opera exclusivamente en las Islas Vírgenes Británicas (ver recuadro).

Raimundo Onetto (Fuente: altadevelopers.com)

Dos fueron las primeras sociedades que el grupo registró el 25 de junio de 2002: A.I. Dadeland Corp, cuyos directores fueron Jorge Rosenblut e Ignacio Hernández, y RM International Corp., en la que a los dos directores anteriores se sumó Raimundo Onetto. Una tercera sociedad fue creada el 12 de diciembre de 2002 por los mismos tres directores: A.I. Bayshore Corp.

La última operación se hizo el 16 de diciembre de 2002 y ella incluyó la creación de otras siete sociedades: Bahía Mejillones International Corp., Bahía Zapallar International Corp., Bahía Buena International Corp., Bahía Maullín International Corp., Bahía Mansa International Corp., Bahía Inglesa International Corp. y Bahía Grande International Corp. En seis de ellas aparecen como directores Jorge Rosenblut, Ignacio Hernández y Raimundo Onetto. Solo en una de ellas -Bahía Mejillones- Onetto no figura como director (vea la nómina de las sociedades offshore de Rosenblut, Hernández y Onetto).

A diferencia de la filtración del bufete panameño Mossack Fonseca, que dio paso a los “Papeles de Panamá”, la filtración de los “Offshore Leaks” no contiene el cúmulo de correos, certificados y documentos que den cuenta de la ruta que tomaron cada una de esas sociedades y tampoco de los montos de dinero que en ellas se manejaron. Pero algo hay. Y lo que se sabe de las diez sociedades offshore de Rosemblut, Hernández y Onetto, es que dos años después de su creación, experimentaron una reestructuración.

En efecto, en 2004 los registros indican que, en siete de las diez sociedades, los directores fueron cambiados y en el lugar de los chilenos apareció una sociedad con residencia también en las Islas Vírgenes Británicas: Corporate Services Group Inc. En otras dos –Bahía Zapallar y Bahía Mejillones- Jorge Rosenblut se mantuvo como director, en la primera solo y en la segunda acompañado de Ignacio Hernández y Raimundo Onetto.

Otro dato importante que arrojan los registros que ahora encontró CIPER, es que de las diez sociedades creadas en 2002 en las Islas Vírgenes Británicas, sólo ocho permanecían activas hasta 2010. A.I. Dadeland Corp. y RM International Corp fueron desactivadas antes.

Como los archivos filtrados que incluyen los “Offshore Leaks” datan de 2010, es imposible saber qué pasó con esas sociedades después de esa fecha. Sin embargo, bajo el rótulo de Corporate Service Group, el misterioso director que reemplazó a los chilenos en siete de las diez sociedades que estos crearon en las Islas Vírgenes Británicas, CIPER descubrió algunas pistas.

La primera, es que una de esas sociedades -RM International Corp.- aparece en 2009 como accionista de otra sociedad offshore y bajo el control de Highlands Interinvest Inc., la que está hoy activa y alojada en el paraíso fiscal de Panamá. Ese mismo año 2009, Highlands registra bajo su propiedad varias sociedades que hasta ese momento tenían como director a Corporate. La mayoría de ellas tiene nombres relacionados con Chile (como Monte Aconcagua, Lago Puyehue International, Cerro El Plomo Holdings Inc., entre otros).

La segunda pista es que Bahía Maullín, una de esas siete sociedades en donde los directores chilenos fueron reemplazados por Corporate Services Group, en 2009 aparece un nuevo directorio y conformado por chilenos: Alejandro Ergas, Sergio Motles y Óscar Acevedo. El registro de la sociedad Bahía Maullín revela quien fue uno de sus accionistas: Quantum Inv. Inc. El nombre ha sido utilizado dos veces antes por el grupo de Rosenblut, Hernández y Onetto. La primera fue cuando el 10 de marzo de 2000 los arquitectos crearon otra sociedad en Chile: la Inmobiliaria Quantum. En 2004, los arquitectos decidieron modificar su razón social y Quantum pasó a llamarse “Archiplan, Desarrollos Inmobiliarios”. En 2002, Quantum fue utilizado para bautizar uno de los proyectos inmobiliarios que el grupo levantó en Miami.

AFRICA Y MEDIO ORIENTE

Las sociedades offshore de Jorge Rosenblut, Ignacio Hernández y Raimundo Onetto se desarrollaron al mismo ritmo que los éxitos en los negocios inmobiliarios del grupo, el que los llevó al Medio Oriente y el norte de África.  En 2010, los arquitectos se asociaron con la oficina sudafricana Northpoint para desarrollar un proyecto en los Emiratos Árabes: un resort que incluyó un club de yates, restoranes, villas y el Hotel Emirates Palace, catalogado por el New York Times como el hotel más caro jamás construido.

Hotel Emirates Palace (fuente: nytimes.com).

Rosenblut también había subido a otra cima: fue presidente de Endesa entre 2009 y 2015, año en que fue designado presidente de Enersis y nuevamente se avecindó en Chile. Para Hernández y Onetto los vientos cambiaron en 2009 por los efectos de la crisis subprime que remeció la cartera de Archiplan. Los arquitectos volvieron a poner sus ojos en Chile, pero no para regresar, al menos así lo afirmó Raimundo Onetto a revista Capital.

En marzo de 2011, Ignacio Hernández le contó a revista Qué Pasa  que para capear la crisis subprime pusieron en su radar a la industria minera que en esos años reportaba millonarias ganancias. Se contactaron con Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic, y con la minera Doña Inés de Collahuasi, controlada por Anglo American Plc y Xstrata, para intervenir la arquitectura de sus instalaciones y cerraron millonarios contratos por más de US$150 millones en inversión.

En septiembre de 2015, fue el arquitecto Raimundo Onetto, quien reside hace 15 años en Miami, el que contó a revista Capital que Archiplan -que hoy tiene oficinas en Perú- contemplaba efectuar inversiones por más de US$100 millones en Estados Unidos.

Si Rosenblut y los arquitectos Hernández y Onetto pagaron los impuestos asociados a las diez sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, es un asunto que deberá dilucidar el Servicio de Impuestos Internos (SII). Los nuevos antecedentes aumentan la presión sobre el SII para que profundice la investigación sobre el rol de Rosenblut en los aportes políticos ilegales del Grupo Angelini y Soquimich. Los montos involucrados y las rectificaciones hechas por esas dos empresas indican que es muy difícil que el SII pueda eludir una acción judicial que debiera involucrar a Rosenblut (ver reportaje de CIPER).

Es muy probable que esta vez nuevamente los caminos de Jorge Rosenblut y de los arquitectos Ignacio Hernández y Raimundo Onetto se vuelvan a cruzar. Ahora que el ex presidente de Enersis volvió a abandonar Chile para radicarse en Miami, está por verse cuál será su próxima incursión empresarial. Aunque si la investigación judicial del financiamiento ilegal a las campañas de Michelle Bachelet y Eduardo Frei (2009) llega a tribunales, deberá volver.