El 3 de noviembre de 2014 Sergio Jadue se sentía protegido en su templo de Quilín. Ese día, fue reelecto por unanimidad a la cabeza de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y su administración solo recibía elogios de sus pares. Jadue fue alzado como el artífice de los mejores contratos de la historia de la asociación y, con la ayuda de una generación dorada de jugadores que ya había brillado en el Mundial de Brasil, nada podía fallar. Un año más tarde, un misil disparado por el FBI desde Nueva York y que llevaba la marca de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), derrumbó su templo.

A partir de ese momento, los dirigentes de los 32 clubes del Consejo de Presidentes de la ANFP intentaron crear una muralla entre ellos y las millonarias coimas que el propio Jadue confesó  haber recibido, y los desfalcos que fueron apareciendo en la asociación. Ese muro ya no existe. Porque lo que Jadue hizo durante los cinco años que estuvo al mando de la asociación (2011-2015), tuvo el beneplácito y el silencio de todos. Para ello, hizo uso de su mejor jugada: repartir los millonarios ingresos que recibía la ANFP entre los clubes asociados, además de otorgarles créditos blandos que sobrepasaron los límites establecidos.

En total, las sociedades anónimas del futbol ingresaron a sus arcas más de $42 mil millones entre créditos y contratos de “La Roja”, a lo que se suma la suculenta cifra que proviene del Canal del Fútbol (CDF), la que solo en 2015 les significó otros $32.800 millones. Así, a fines del 2014, la ANFP se había transformado en un verdadero banco que entregaba dinero a cambio de subordinación y silencio.

Las consecuencias de todo aquello están hoy a la vista: un déficit que, según la directiva actual, supera los $9 mil millones. Entre los dirigentes de clubes y de la ANFP hay unanimidad: Sergio Jadue es el único culpable. Distintos directivos aseguraron a CIPER que nunca supieron de las maniobras realizadas por la directiva anterior, porque “la información era entregada por Jadue de manera confusa y en medio de ‘fuegos de artificio’, una estrategia que el calerano manejaba como un maestro”.

La indagación de CIPER desmiente esa versión. Porque tanto el directorio pasado como el Consejo de Presidentes de la ANFP –del cual eran parte cinco miembros del actual directorio (ver nómina)– fueron informados y alertados del profundo hoyo financiero que se estaba acumulando.

Una de las pruebas de ello está en un puñado de documentos de la ANFP que CIPER revisó: estados financieros anuales, informes semestrales, controles de finanzas y las actas del directorio y del consejo de presidentes donde estos informes fueron presentados.

Allí figuran los seis aumentos de remuneraciones del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli entre 2012 y 2015, los millonarios créditos a los clubes que sobrepasaban el máximo autorizado; y también, como lo informó La Tercera, las abultadas cifras que estaban gastando los clubes por sus plantillas técnicas y de jugadores. Un gasto sin control que dejó a 11 clubes con pérdidas que superan los $12 mil millones durante 2015, según informó El Mercurio.

La revisión que hizo CIPER de esos archivos confirma la estrategia utilizada por Jadue: muestra cómo desde que se instaló en el timón de la ANFP en 2011, se dispararon los préstamos que se otorgaban a los clubes. Si en 2011 alcanzaban a $550 millones, en 2014 llegaron a $2.153 millones. En total, durante todo el período de Jadue, la ANFP prestó más de $6.500 millones a los clubes asociados.

El resultado de ese despilfarro quedó a la vista de todos a fines de 2014: al 31 de diciembre de ese año, los clubes adeudaban $3.428 millones a la ANFP (ver documento). Según el estatuto de la ANFP, el máximo de préstamos a cada club no puede superar los $50 millones (lo que da un total de $1.600 millones al año). Cuando se informó a los directivos de los 32 clubes que la deuda llegaba casi a los $3.500 millones, todos supieron que la norma se había violado. Pero nadie dijo nada.

Pero eso no es todo. Porque los clubes seguían fuertemente endeudados y estaban acosados por las empresas de factoring. La prueba es que, a fines de 2013, la ANFP solicitó un crédito al BBVA y al Banco Penta por US$30 millones en total, para saldar las deudas que tenían algunos clubes con los factoring. La garantía para los bancos -y que se dejó establecida en acta- fueron las próximas cuotas que los clubes recibirían del CDF, con la condición de que el máximo que podía alcanzar el préstamo por club sería de US$1 millón (ver documento).

El acuerdo no fue respetado. Porque Unión La Calera, el club que presidió Jadue y que le permitió ser elegido presidente de la ANFP, recibió US$2 millones, el doble de lo establecido, un “regalo” que no le impidió descender esta temporada a Primera B. Los mismos US$2 millones recibió Deportes Concepción,  club que fue propiedad de Nibaldo Jaque, secretario general de la ANFP y el más estrecho aliado de Jadue. Nadie sabe qué hizo ese club con la danza de millones que llegaron a sus arcas. Hoy, sus jugadores están impagos, el club expulsado del fútbol profesional por morosidad y su sede cerrada. Pero la ANFP no ha presentado querella por sus deudas, para que sea la justicia la que identifique quién o quiénes se quedaron con esos millones.

No solo los clubes de Jadue y Jaque se beneficiaron de estos últimos préstamos. También lo hizo Ñublense, el club propiedad del hermano del tesorero de la ANFP, Alexander Kiblisky, el que obtuvo US$1,2 millones, sobrepasando también el límite acordado. Del resto de los 32 clubes, 18 solicitaron el máximo (US$1 millón), mientras que Curicó y San Felipe pidieron US$400 mil y US$500 mil, respectivamente (ver nómina).

AQUÍ NO SE PAGAN IMPUESTOS

La directiva de Sergio Jaduetuvo un trofeo mayor de dinero a repartir: los contratos por derechos correspondientes a la selección nacional. Fue la mejor arma de Jadue para obtener sumisión y silencio de los 32 clubes. Entre 2012 y 2015 repartió casi $23 mil millones: $10 mil millones del contrato con MegaSports, $2 mil millones del contrato con Nike, $8.500 millones por adelanto y entradas de la Copa América y $1.600 millones que en los balances solo se registra como “flujo ANFP”.

Todos estos dineros tuvieron un beneficio adicional: no pagaron impuestos porque se entregaban a los clubes a cambio de una promesa que la ANFP garantizó: fomentar el desarrollo del fútbol joven. Una promesa que todo indica que no se cumplió.

La fórmula que acordaron en la ANFP para repartir estos dineros, que provienen del valor en alza que fue teniendo la selección nacional en el mercado, fue que debían ser rendidos a final de cada año para su revisión. CIPER tuvo acceso a la documentación oficial respectiva y ella indica que a fines de 2015 más de la mitad de los $23 mil millones repartidos, no ha sido rendido. Un dato grafica la falta de control: en 2012 ni un solo club rindió los $1.600 millones repartidos por ese concepto.

LA “FÓRMULA” DEL FÚTBOL JOVEN

La regencia de Jadue partió con una promesa clave que fue tomada del programa con el que su “padrino” Jorge Segovia (principal controlador de Unión Española y de la Universidad SEK), llegó en 2010 a la presidencia de la ANFP, de la que debió salir al poco tiempo en medio del primer escándalo: “La selección chilena, un aporte de todos”.  El incentivo que acompañó ese slogan fue que los excedentes de la selección “deben ser distribuidos entre todos los asociados en forma igualitaria” (ver reportaje CIPER “Las platas de la Roja: El botín detrás de la guerra del fútbol”).

En esa época (2010), los ojos del mundo del fútbol estaban puestos en el grupo de los 23 jugadores de la selección chilena y que se convirtieron en el mayor susto de la España campeona del mundo en Sudáfrica. Una generación dorada que, por su calidad y personalidad, iba a traer contratos millonarios para la ANFP. La promesa que Jadue les puso a los clubes sobre la mesa el día de su elección, los engolosinó  a todos. Y así fue, porque los millones llegaron.

La primera remesa de dólares llegó en noviembre de 2012. Sergio Jadue se presentó ante el directorio (conformado por Jorge Segovia, Cristián Varela, Nibaldo Jaque, Jaime Baeza y Alexander Kiblisky, quien se excusó ese día) con una oferta que dejó boquiabierta a todos. Había llegado a un acuerdo por los derechos televisivos y comerciales de la selección chilena para las clasificatorias a Rusia 2018 por US$106 millones. El oferente: MegaSports, perteneciente a Carlos Heller, entonces solo dirigente de Azul Azul (sería presidente a partir de abril de 2014) y cabeza del Grupo Bethia.

El acta de esa sesión dice: “El presidente explicó la oferta que hizo la empresa (MegaSports) y detalló cuáles son los derechos que pretende adquirir. Asimismo, las reuniones que hubo y los derechos que se excluyeron”. El acuerdo contó con la aprobación unánime del directorio, el que elogió la gestión de Sergio Jadue (vea acta).

Casi un mes después, el 18 de diciembre de 2012, se realizó el Consejo de Presidentes donde Jadue informó de la oferta. Apoyado en un powerpoint, explicó los beneficios: “es casi un cien por ciento de aumento” comparado con la administración pasada. Y detalló: por los derechos televisivos y comerciales de la selección chilena se pagarían US$20 millones al contado al momento de suscribir la firma, y el resto (US$86 millones) en 48 cuotas iguales y sucesivas.

Pero eso no fue todo lo que revisaron los dirigentes de los 32 clubes. El segundo punto de la tabla fue la fórmula de reparto de esos dineros. Un obstáculo impedía concretar la promesa hecha por Jadue. Por ser una corporación de derecho privado sin fines de lucro, no podía repartir dineros entre sus asociados. Y se hacía prácticamente imposible al considerar que la mayor parte de los 32 clubes asociados eran sociedades anónimas que sí tienen fines de lucro. Todos sabían que  Impuestos Internos (SII) estaba encima: había iniciado una cobranza asociada a las transacciones y utilidades de la ANFP (se cerró el 27 de enero de 2014 con un pago de $1.691 millones, menos del 5% de lo que debieron pagar, ver reportaje de CIPER “Copa América: La operación relámpago de la ANFP para evitar otro round con el SII”).

No contaban con la astucia del calerano (o de sus gestores, el más importante Jorge Segovia, entonces aún vicepresidente de la ANFP) y de la directiva que lo secundó. Porque en esa misma sesión en que el consejo de presidentes aprobó el contrato con MegaSports,  Sergio Jadue presentó la fórmula que permitiría sortear el obstáculo por la “vía legal”: los dineros se repartirían con excepción tributaria bajo el objetivo de promover el desarrollo del fútbol joven.

Sergio Jadue

Jadue llevó a esa sesión a un asesor tributario, quien explicó el modelo a los presidentes: “Todos los ingresos que son propios de la ANFP van a tener que pagar impuestos. Entonces, qué se me ocurre a mí, apelando a la realidad de la corporación: lo que se tiene que hacer es asumir ciertos gastos que son propios de los clubes y que son necesarios para que el ‘producto selección’ pueda venderse a mejor valor, que es mejorar los cadetes. Esto, lógicamente, tienen que resolverlo ustedes, pero a mí se me ocurre que tiene una buena defensa (ante el SII) que la ANFP asuma los gastos de financiamiento de los cadetes de los clubes y directamente con rendición de gastos de los clubes y, de esa forma, logramos ‘netear’ el ingreso de la ANFP y no le generamos el ingreso tributario a los clubes”. Así registró el acta la “fórmula” acordada.

Un ejecutivo de la ANFP que fue parte de la elaboración de este plan, explicó a CIPER por qué el fútbol joven era la solución perfecta: “Entregaba la justificación ideal para el SII, que era la formación de futuras estrellas del balompié nacional. Un reparto del dinero que era justificado y que tiene que ser rendido”.

LA PELOTA GIRA CON NIKE

Con la fórmula establecida, sólo faltaba que llegaran los demás contratos. En el intertanto, había que mantener el reparto funcionando, por lo que se distribuyeron los dineros que entregó la Conmebol para organizar la Copa América en Chile, y los ingresos por venta de entradas del mismo evento.

La bicicleta funcionó en perfectas condiciones hasta marzo de 2015, cuando se anunció el proceso de licitación para vestir a “La Roja”. Fueron invitadas a participar las marcas deportivas Under Armour, Brooks, Penalty, Puma, Nike y Adidas. De ellas, sólo llegaron los sobres con ofertas de las tres últimas (ver documento).

Un ejecutivo de la ANFP fue el encargado en abril de 2015 de abrir los sobres ante el consejo de presidentes. Puma ofreció un pago anual de 81.875 UF ($2.055 millones), Nike ofertó 182.449 UF ($4.479 millones) por año y Adidas 176.176 UF ($4.422 millones) también anual. Además, dos empresas ofertaron un pago up front (por adelantado) por la firma del contrato: la de Nike fue de 80.650 UF ($2.026 millones) y la de Adidas, 56.650 UF ($1.421 millones). Adidas y Puma ofertaron contratos por cuatro años, mientras que Nike ofreció ocho años.

Al finalizar la presentación de las ofertas, Sergio Jadue dijo las palabras mágicas: “Como nosotros tenemos presupuesto, los up front lo vamos a repartir en reparto igualitario a los clubes para que ustedes lo utilicen de buena manera”. La opción de Nike fue elegida en forma unánime por el consejo porque era la que repartía el mayor monto de manera inmediata.

Solo Jorge Lafrentz, representante de Santiago Wanderers, esbozó una tímida cautela sobre los montos que se estaban repartiendo: “Es delicado hablar el tema de montos, porque, lo que ocurre, es que en la imagen popular creen que hay danzas de millones y millones y millones de dólares; que todos los clubes con esto se hacen ricos; y hay que ser muy cuidadosos y austeros en la comunicación de las cifras para que no exista mala interpretación, porque, por otra parte, hay distribución del Canal del Fútbol” (ver acta).

Lafrentz tenía razón. El 12 de agosto de 2015, dos días después de la firma del contrato, se repartieron $2.026 millones. La demora entre la adjudicación (abril) y el inicio de contrato (agosto) tuvo una explicación que fue un presagio de la tormenta que se les vendría encima solo meses más tarde: “Debido a que Nike está siendo investigada a propósito del caso FIFA y FBI en la venta de derechos indumentaria deportiva de la selección de Brasil”, le explicó al directorio de la ANFP, el secretario ejecutivo. Por esta misma razón, la casa matriz de Nike en Estados Unidos, pidió que el contrato tuviera una fiscalización externa. La ANFP no lo creyó necesario y no aceptó.

Hoy el problema principal para la ANFP no es Nike, sino poder demostrar que los dineros repartidos entre los 32 clubes sin pago de impuestos, bajo la promesa de que se utilizarían en la promoción y desarrollo del fútbol joven, efectivamente tuvieron ese destino. El dinero reservado para las divisiones inferiores de los clubes, se encuentra en tela de juicio. Y ello, porque en algunos clubes simplemente esa inversión no se ve.

Durante los cinco años de Jadue se repartieron unos $714 millones por club por ese concepto. Y la responsabilidad no es solo de la ANFP. Administrativos de la asociación que tuvieron relación con esas rendiciones, aseguraron a CIPER: “En Impuestos Internos sólo se hace una revisión documental, pero nadie, ni la ANFP ni la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) o el Ministerio de Justicia, que recibe las rendiciones y memorias anuales, revisa si la compra de indumentaria, comida o tanta otra cosa que se dice en el papel, es real o no”.

Directivos de la ANFP reconocieron a CIPER que no tienen la capacidad de fiscalizar de verdad cómo se invierte el dinero del fútbol joven, por lo que solo realizan una revisión documental de los gastos. Lo mismo que luego hacen funcionarios del SII.

CIPER tuvo acceso al instructivo que entregó la ANFP para estas rendiciones (ver instructivo). El proceso consta de dos etapas: la primera, es una planilla excel modelo que incluye tablas por remuneraciones, honorarios, facturas y un resumen de todos los gastos. En la segunda fase, se envían copia de todos los documentos a la ANFP, donde quedan archivadas. En el propio instructivo se incentiva el relajo: allí se estipula que el club que no cumpla con la rendición deberá devolver sólo el 20% de la “cifra no rendida”.

CIPER solicitó a la ANFP acceso a estas rendiciones de fútbol joven. No hubo respuesta. También consultó al SII detalles sobre la fiscalización de estas rendiciones. Tampoco hubo respuesta.

CIPER tuvo acceso a un correo electrónico de la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP, enviado a miembros del directorio el 27 de noviembre de 2015. Allí se detallan todas las rendiciones que han hecho los clubes de los dineros entregados para el desarrollo del fútbol joven, además de la identificación de aquellos que están en deuda. En total, de los casi $23 mil millones que se repartieron durante el mandato de Sergio Jadue, más de $12 mil millones aún no se rendían (ver nómina).

TODOS SABÍAN

El 24 de abril de 2015 todos los miembros del Consejo de Presidentes de la ANFP recibieron el estado financiero del período 2014. Allí, nuevamente había constancia del déficit acumulado. En el acta respectiva consta que solo un consejero (identificado como representante de la U. de Chile) expresó su preocupación por las cuentas de la ANFP. Específicamente, sobre el aumento de costos en la selección chilena:

“Nos gustaría poder preguntar acerca de un incremento importante que ha habido en los costos de la selección nacional. ¿Cómo se ve eso hacia el futuro y cómo ven ustedes esa situación? Porque una parte importante del aumento de los costos de la asociación tiene que ver con eso”, dijo el consejero.

Al parecer, la respuesta por parte de la directiva fue insatisfactoria, porque el consejero insistió: “Nosotros no tenemos ningún problema respecto a la aprobación del gasto que se hizo, más bien, saber cuáles son las razones por las cuales ha aumentado el gasto en la selección. Porque de acuerdo a la cifra que nosotros disponemos, ha aumentado de los $6 mil millones (en 2011) a $11.500 millones (en 2014)” (ver acta).

Fue el propio Sergio Jadue quien le respondió: “Básicamente, en gastos en jugadores, los premios, premios del cuerpo técnico que no estaban presupuestados, la gira que se realizó de los trabajos preparativos para el mundial, etc. Ese es más o menos el desglose de los ítems más importantes de lo que usted hace mención”.

Jorge Sampaoli, ex entrenador de la Selección Chilena.

En ese momento, Sergio Jadue ya había negociado dos nuevos aumentos con Jorge Sampaoli, además de otro monto de US$200 mil que se incluyó en un anexo y que obligaba al DT a realizar charlas y revisar la malla curricular del Instituto Nacional del Fútbol (INAF), una tarea que cumpliría en un “informe oral” (ver reportaje de CIPER “Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas ‘perdidas’”).

En el mismo informe financiero de abril que conocieron todos los dirigentes, aparecen las “cuentas por cobrar a clubes”. Fue la fórmula de ocultar en el balance los préstamos que la ANFP había entregado a los equipos, vulnerando incluso las normas que imponían límites. En el “estado financiero” que revisó CIPER, ese ítem corrobora el explosivo aumento del endeudamiento de los clubes: los préstamos no pagados pasaron de $334 millones en 2013 a $3.428 millones en 2014. No hubo un solo directivo de club que reclamara o que alertara sobre ese monto. Solo silencio y aprobación. Todos aceptaron el balance (ver “estado financiero”).

Meses más tarde, en agosto del 2015, los directivos de los clubes tuvieron otro remezón cuando recibieron el estado financiero del primer semestre de ese año, con los flujos de caja proyectados (del 31 de julio hasta diciembre). Para que nadie dijera que no entendió, el informe fue acompañado de una presentación en powerpoint. Allí se incluyen los $149 millones que la ANFP pagó a los abogados estadounidenses que Jadue contrató para su defensa en el “escándalo FIFA”. Y los  $960 millones más que se le pagarían a Sampaoli y su cuerpo técnico en la nueva adecuación del contrato. Una modificación que le significaría a la ANFP pagar otros $400 millones en impuestos, como consta en el informe.

Sobre el déficit acumulado, ese informe es muy claro. Tras la Copa América y considerando los premios que se debían pagar a los jugadores por haber salido campeones en ese torneo continental, el flujo de caja proyectado a diciembre preveía un déficit de $3.477 millones (ver documento). Una vez más, nadie dijo nada.

Debieron pasar más de dos meses -y cuando ya era evidente que Sergio Jadue se hundía junto a los otros directivos de la Conmebol- para que en el directorio de la ANFP se escuchara una voz disidente. En noviembre de 2015, cuatro miembros de la directiva de la asociación por primera vez le enrostraron a Jadue haber negociado solo con Nibaldo Jaque un contrato. Hasta ese momento nunca les importó que Jadue gestionara solo los contratos de MegaSports, los aumentos para Sampaoli y tampoco que decidiera unilateralmente los montos de los préstamos a clubes. Y fue la renovación que Jadue hizo con Santa Mónica (por US$3 millones), empresa española dedicada a la compra y venta de derechos comerciales deportivos, la que encendió la primera mecha en el directorio (ver contratos con Santa Mónica).

Jadue abandono la reunión abruptamente y evidentemente ofuscado. Días después viajó a Estados Unidos donde confesó haber recibido US$2,2 millones en coimas como vicepresidente de la Conmebol (vea reportaje de CIPER: “Sergio Jadue: el juego sucio que le reportó US$2,2 millones”).

Si para muchos la imagen de Jadue, saliendo de Chile rodeado de carabineros, marcó el fin de una etapa, lo que los dirigentes del fútbol chileno no pueden decir es que recién ese día empezaron a saber lo ocurrido. Como se ha dicho, todos supieron en distintos momentos el déficit que se estaba acumulando. Y muchos de ellos participaron de las decisiones que beneficiaron a sus clubes y que dejaron un forado en la corporación que hoy lideran.

Arturo Salah asumió como presidente de Blanco y Negro S.A. (Colo Colo) en abril de 2013, meses después del primer reparto de la ANFP a los clubes por el contrato de MegaSports. En el período de Jadue, Colo Colo recibió $714 millones para el fútbol joven. A noviembre de 2015, Blanco y Negro aún no había rendido $378 millones, correspondiente a los repartos de 2012, 2014 y 2015.

Arturo Salah

Durante su período como presidente de la concesionaria del Club Social y Deportivo Colo Colo, Salah estuvo presente en dos repartos de dineros por fútbol joven (segundo anticipo de MegaSports y primer anticipo de la Copa América 2015) y fue parte del consejo de presidentes que acordó pedir un crédito por US$30 millones a los bancos BBVA y Penta para saldar los factorings.

En similar situación están Aldo Corradosi (Audax Italiano y actual tesorero de la ANFP) y Juan Carlos Silva (Deportes Iquique, actual director de la ANFP), ambos también empezaron a acudir al consejo en 2013, como representantes de sus clubes (no eran presidentes). Y a diferencia de Salah, allí se mantuvieron hasta su elección en el actual directorio, por lo que participaron en un total de cinco reparticiones de dineros (se agrega el segundo anticipo por la Copa América y el contrato con Nike). En noviembre de 2015, Audax Italiano aún no había rendido $308 millones del fútbol joven, mientras que Deportes Iquique estaba al día.

La complicidad de Sebastián Moreno (Cobresal) y de Gaspar Goycoolea (San Luis), secretario general y vicepresidente respectivamente de la actual directiva que encabeza Salah, es mayor: estuvieron desde el principio y participaron de la decisión de la fórmula del “fútbol joven” con la cual se evitaba pagar impuestos por los dineros que la ANFP repartiría entre los clubes. Ambos llevaron a sus clubes la primera tajada del contrato con MegaSports. Moreno fue presidente de Cobresal desde junio de 2012 hasta enero de 2016, cuando entró junto a Salah a la directiva de la ANFP. Goycoolea fue presidente de San Luis desde 2008 hasta julio de 2014. Su club se benefició en 2013 con un préstamo de $55 millones.

F. N. tiene tres años y lleva más de un mes viviendo en un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename). Está ahí porque ni su madre ni su padre pueden asumir su custodia. En rigor, la madre no puede ni quiere. Trabaja de noche, es alcohólica y no es capaz de proporcionarle a su hijo lo mínimo: alimento y abrigo. Cada vez que ella ya no quería cuidar a su hijo, el padre lo recibía. Hasta que a fines del año pasado, él decidió hacer una denuncia por abandono ante Carabineros, para asumir oficialmente la custodia de F.N. Mientras la denuncia estaba en trámite, empeoraron las cosas: el padre, quien había pasado parte de su infancia y juventud en centros del Sename, se involucró en un robo con intimidación que llegó a los tribunales y ya no pudo hacerse cargo de su hijo.

La situación de abandono de F.N. llegó a principios de este año a un juzgado de familia de San Miguel. A la audiencia asistió su madre y también su abuela materna, la única de la familia que quiere y puede quedarse con F.N. Y se lo llevó a su casa. Pero la alegría le duraría poco. Porque en la segunda audiencia que tuvo a F.N. como protagonista principal, el juez decidió que tampoco la abuela materna era apta para su custodia y ordenó que fuera internado en un hogar del Sename. La razón: ella también tenía su expediente en esos tribunales, ya que, siendo muy joven, los siete hijos que tuvo sucesivamente fueron a parar a hogares del Sename porque no tenía con qué mantenerlos.

La abuela materna ahora vive en otras condiciones. Tiene una pareja consolidada y ambos trabajan de manera estable, una vivienda y sí pueden cuidar a F.N. Pero serán los Tribunales de Familia los que decidirán su destino.

El juez que deberá decidir la situación de F.N., se enfrenta a un primer problema: no hay ninguna norma que defina qué significa una “vulneración de derechos grave”, un concepto que se utiliza en los juicios de menores en situación de riesgo o abandono. Por lo tanto, quedan a criterio de los jueces las medidas a adoptar. Y estas van desde la separación del niño de su familia para dejarlo “bajo protección” de un hogar del Sename, hasta el estudio a fondo de los miembros del grupo familiar para explorar la posibilidad de que uno de ellos tenga o adquiera las aptitudes para su custodia.

Como la decisión queda en manos de un juez, entonces aparece un segundo problema en la norma del sistema de protección, pero esta vez para el menor y/o su familia. Porque la ley no exige que los afectados tengan un abogado que los represente. Y como la gran mayoría de los niños y las familias que llegan a esos juzgados son vulnerables y con escasa educación, no saben que pueden solicitar apoyo legal y dónde acudir para ello.

CIPER tuvo acceso a las estadísticas de sentencias en causas de protección en la Región Metropolitana desde enero de 2015 hasta abril de 2016 (ver nómina). Las frías cifras de esa planilla dan cuenta de una cruda realidad: 205 jueces para analizar y fallar respecto a 27.075 causas. Y como veremos más adelante, el sistema hace que algunas veces la situación de un mismo niño abra más de una causa.

CIPER investigó en la trastienda de los Tribunales de Familia, allí donde la calificación de un juez depende del número de sentencias que firmó en el menor lapso de tiempo. Una vía para obtener la máxima evaluación y con ello acceso a capacitación y otros beneficios: el futuro de su carrera en el sistema judicial.

Esa planilla da cuenta de otros hechos que requieren una explicación. Por ejemplo, allí aparecen cuatro jueces que dictaron entre 821 y 1.568 fallos desde enero de 2015 hasta abril de este año. El resto de los 201 jueces, tiene un promedio de 70 sentencias en ese mismo período.

SENTENCIAS SIN AUDIENCIAS

El sistema de protección para niños en situación de riesgo se echa a andar cuando hasta una comisaría de Carabineros, como ocurre generalmente, llega una denuncia. La policía luego envía el parte de esa denuncia al juzgado de familia que corresponda al lugar donde se encontró al niño para el que se pide protección. Allí será un juez quien debe acoger o rechazar la demanda. Si la acoge, el juez deberá ordenar una audiencia, donde escuchará a las partes y revisará las evidencias que se acompañan. Al final de ese proceso, que es corto, el juez tomará una decisión: si aplica o no una medida de protección.

Es en ese punto donde CIPER detectó un tercer problema en el sistema. Como los jueces están presionados por la carrera de quién dicta más sentencias, la decisión de aplicar o no una medida de protección se dicta, en algunos casos, sin realizar la audiencia respectiva. Solo se revisa en el SITFA, el sistema donde se encuentran todas las causas de familia, si el niño en cuestión ha sido objeto antes de otra denuncia y antecedentes de los padres. Y a veces, el juez llama a la consejera técnica del tribunal para que se comunique con el denunciante y pida más información. Generalmente, por la premura, esa comunicación es telefónica. El resultado es que la sentencia se dicta sin escuchar a ningún familiar y sin siquiera una aproximación personal entre el juez y el niño.

Acceder al método y la rutina con que los jueces de familia adoptan decisiones que afectan la vida de miles de niños y de sus familias, es muy difícil. Aunque lo que ocurre adentro de esos tribunales es un comentario recurrente en pasillos y oficinas, la experiencia de años ya enquistada les indica a esos magistrados que denunciar las malas prácticas les puede significar ser mal evaluados y, finalmente, ser conducidos a la puerta de salida de esos tribunales. De allí que los jueces con los que habló CIPER pidieran reserva de sus identidades. Uno de ellos explicó el curso que sigue una causa de protección:

Arturo Klenner

-Si uno mira el universo de causas de protección, en la mayoría se acoge la denuncia. El juez estima que hay méritos, de acuerdo al parte, y lo grave es lo que viene después, porque los casos que pasan a una audiencia preparatoria son una minoría. En la fase previa a la audiencia el proceso termina para un grupo grande. Porque las causas que pasan a juicio son las realmente muy graves, muy pocas. El resultado es que muchas veces, sin siquiera una audiencia, con estas mínimas diligencias, el niño sale de allí con una medida de protección encima que significa que, de la noche a la mañana, le dicen que su vida cambiará ya que será incorporado a un programa de protección, que su familia será intervenida. Y todo eso se ejecuta sin que nunca su situación sea examinada a fondo por un tribunal.

El relato de esta jueza de familia de Pudahuel, CIPER lo escuchó casi con las mismas palabras de otros jueces de Santiago y San Miguel. Casi todos identifican en el foco de las malas prácticas al Centro de Medidas Cautelares (CMC), dependiente de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dirime las medidas de protección de esa jurisdicción. Un relato que se ve avalado por las estadísticas enviadas a CIPER por el Poder Judicial.

Del listado de las sentencias que dictaron 69 jueces del CMC entre enero de 2015 y abril de 2016, hay seis que se encumbran por sobre el resto en “eficiencia”. El primero de la lista es el juez coordinador del CMC, Arturo Klenner Gutiérrez, con 1.568 sentencias. En abril pasado, Klenner batió su propio récord mensual: 277 fallos. Lo siguen, la magistrada Jessica Arenas Paredes, con 1.069; Karen Hoyuelos De Luca, con 1.027; Johana Sepúlveda Coria, con 821; Gloria Negroni Vera, con 701 (de las cuales 332 fueron dictadas en enero de este año); y Constanza Feliú Slater, con 470 sentencias. Entre estos seis jueces suman en 16 meses un total de 5.656 sentencias en casos de protección.

Si bien esas estadísticas no indican si se tomaron o no medidas de protección ni de qué tipo, sí muestran que, de las 27.075 causas, 19.128 -más de la mitad- terminaron en sentencia. Dada la cantidad de fallos y los 16 meses del período en que se adoptaron, todos los jueces de familia que entrevistó CIPER concluyeron que es imposible que todas ellas hayan sido dictadas luego de hacer una audiencia y estudiado bien cada caso.

Que se falle en los Tribunales de Familia sin audiencia previa en la mayoría de los casos, no es novedad para la Corte Suprema. En 2013 una investigación hecha por el Poder Judicial y la Unicef, cuyo informe fue investigado y publicado por CIPER (ver reportaje de CIPER), dejó al desnudo la crisis terminal en que se encontraba el Sename y también la responsabilidad del Poder Judicial en no dar debida protección a los niños en situación de riesgo o abandono.

La comisión de jueces de familia (la llamaron “Comisión Jeldres”) que recorrió los centros bajo tuición del Sename, descubrió niñas que eran explotadas sexualmente por los propios educadores de los hogares (Arica), decenas de menores sin atención médica mínima, maltrato y consumo de drogas al interior de los centros y un listado de problemas de tal gravedad, que desató un escándalo. Se constituyeron dos comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, e incluso se acusó por notable abandono de deberes al ministro Héctor Carreño, encargado por la Corte Suprema de supervigilar la marcha de los Tribunales de Familia.

En un intento por parar la escalada de acusaciones, se frenó la publicación del informe de la “Comisión Jeldres”, que no había tenido respuesta ni del Sename ni del Poder Judicial, aunque ya CIPER había informado de gran parte de su contenido. Y finalmente, el 14 de marzo de 2014, la Corte Suprema dictó un Auto Acordado imponiendo nuevas reglas para el funcionamiento de los Tribunales de Familia en casos de protección de menores (ver Auto Acordado).

Transcurridos dos años de aquel dictamen, los procedimientos aplicados por los jueces de familia indican que el sistema sigue fallando. No hay rastro de los nuevos “principios rectores” que allí se ordenaron, como el que los jueces debían velar por el derecho de los niños a ser oídos, y que la internación en centros del Sename debía ser siempre una última instancia, luego de considerar todos los antecedentes.

Héctor Carreño

Y si bien se ejecutó la orden de la Suprema, de organizar un sistema de registro único para mejorar el seguimiento de las causas, lo que se obtuvo no fue lo que se esperaba. La instrucción obligaba a los jueces de familia a incorporar toda la información pertinente de una causa en una carpeta que va a ese registro, el que debía estar conectado con las fichas de cada niño que está bajo protección del Sename y que debía ser mantenida por los funcionarios de este servicio. Como esa conexión nunca se hizo, no hay una carpeta que contenga toda la información de los niños en tribunales y en los hogares a los que se los envía, lo que impide el seguimiento en el sistema de protección.

A ello se suman otros incumplimientos del instructivo de la Corte Suprema.

Se dispuso que los jueces de familia debían visitar los hogares bajo tuición del Sename cada seis meses. Jueces y abogados que tienen acceso a esos informes indicaron a CIPER que el problema es que las visitas se hacen, pero la información recogida es superficial y no permite una fiscalización a fondo. Además, los centros del Sename también incumplieron el instructivo de la Corte Suprema. Los informes que debían enviar cada tres meses a los Juzgados de Familia, indicando si se cumplen las medidas de protección dictadas para cada niño bajo su custodia, son casi inexistentes.

Lo grave es que después de todo el escándalo que provocó en 2013 la extrema vulnerabilidad en que se encontraban los niños bajo protección del Sename y los problemas en los Juzgados de Familia, nadie en la Corte Suprema revisó si se cumplían sus órdenes. A la Cámara de Diputados el problema dejó de preocuparle.

Para los jueces de familia uno de los factores que agrava la precariedad en que funciona el sistema de protección, es el énfasis impuesto por la cúpula del Poder Judicial en las metas de gestión que se les exigen a los jueces.

Para 2015, por ejemplo, los Tribunales de Familia de Santiago debían cumplir con la meta de un 92% de causas terminadas del total que ingresaron. A fines de cada año, los ministros de la Corte de Apelaciones revisan los antecedentes y califican a los jueces. La vara: el número de sentencias dictadas.

-Los ministros siempre se fijan en el número de sentencias dictadas. Y mientras más sentencias, mejor nota y la posibilidad de estar en la lista de sobresalientes. Eso no es solo una cuestión de ego, también significa acceso a becas y capacitaciones, avanzar… -explicó un juez de San Miguel a CIPER.

UN NIÑO FRENTE A VARIOS JUECES

D.C. tenía poco más de cinco años cuando fue internada en un hogar del Sename en 2010. Sus padres fueron denunciados por negligencia cuando uno de sus hermanos, de dos meses, murió de virus sincicial. Un juez de San Miguel decidió su internación y la de dos de sus hermanos, todos en hogares distintos. La sentencia ordenó además terapia para D.C. y su familia hasta que los padres pudieran hacerse cargo de sus hijos. En ese momento su padre y su madre tenían trabajos inestables y vivían hacinados en el departamento de su abuela, que fumaba mucho.

Meses después, los funcionarios del hogar donde fue enviada D.C. denunciaron que la niña no era visitada por sus padres. Solicitaron que fuera declarada admisible para el proceso de adopción. Un Tribunal de  Familia de Santiago le abrió a D.C. un nuevo expediente. Así, mientras la familia iba a terapia acatando la primera orden judicial, otro tribunal iniciaba un proceso que iba en dirección opuesta: separarla definitivamente de sus padres.

Finalmente, la Corte de Apelaciones determinó que la situación de la familia había mejorado: había conseguido un subsidio habitacional y mostraba mejor relación con los niños y compromiso con la terapia. Lo más importante fue lo que se descubrió en el segundo proceso. La ausencia de los padres a las visitas de D.C. tenía una razón: como los tres hijos estaban en distintos hogares del Sename, muy distantes entre sí, era imposible cumplir con las visitas a los hijos, asistir a terapia y además trabajar para poder demostrar que eran aptos para hacerse cargo de sus hijos. Ese informe fue clave para que la corte revocara la orden que incorporaba a D.C. a los procesos de adopción.

El desorden evidente que vivió D.C., y su familia tiene una explicación: la falta de un sistema que impida que un niño tenga abiertas simultáneamente dos causas en distintos tribunales. El problema puede ser peor: un mismo niño puede pasar por varios jueces en un mismo juzgado. Ello obedece a lo que en tribunales llaman la “no radicación”, y que establece que los jueces de familia roten entre causas de protección y de otros asuntos, como divorcios, alimentos, etc. Un juez de familia de Pudahuel, lo explica así:

-La no radicación significa que yo no me puedo quedar con una causa. Hasta 2010, yo seguía una causa desde que la iniciaba hasta que la terminaba. Incluso más allá: me preocupaba del cumplimiento de las protecciones, porque yo como juez era responsable de ese niño. Eso ya no pasa. Y como todo el sistema está en función de la celeridad, se decidió la “no radicación” a rajatabla. No pensaron en que, especialmente en protección, el seguimiento es muy necesario. Si el niño pasa de juez en juez, yo lo pierdo, me olvido. Con eso, además, se produce otro efecto nefasto: lo que yo dicto hoy, mañana otro juez lo puede revocar sin problemas.

SIN DEFENSA

F.N. y D.C. son sólo dos de los miles de niños que cada año pasan por el sistema de protección. Ambos tienen otro punto en común: consiguieron un abogado que velara por sus derechos. Una excepción. La modificación de 2008 a la Ley de Tribunales de Familia no exige la presencia de un abogado en las causas de protección.

Según un juez de familia entrevistado por CIPER, la mayoría de las causas de protección que llegan a audiencia, se fallan sin abogado. Esto, indica el juez, le da un poder a los magistrados ante el cual las familias no tienen armas: “Si eres juez, llegas a las 8:30 al tribunal, ves las audiencias que tienes en materia proteccional, con la mamá, el papá, o ambos si es el caso, sin abogado, y tú decides. Aplicas una medida, internas niños, y como no hay abogado, nadie apela y nada de esto llega a las cortes. El juez decide”.

El relato de este juez de familia, que fue corroborado por otros magistrados, indica que los jueces de esta área casi no tienen fiscalizador. Y el rol que en teoría debieran ejercer los tribunales superiores, como la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, no funciona, porque rara vez una causa de protección llega a esas instancias.

El problema es mayor, porque las ofertas de defensa pública para el sistema de protección son pocas. Está la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), los Programas de Representación Jurídica (PRJ), dependientes del Sename; los abogados de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de los municipios; y los estudiantes de cuarto y quinto año de Derecho de las clínicas jurídicas de las universidades. Según un abogado y académico experto en Derecho de Familia, en todas estas unidades de apoyo jurídico la mayoría de los abogados que allí trabaja, tienen poca preparación y, además, tienen tantos casos a cargo, que es imposible que puedan hacer una defensa en profundidad:

- Con las cosas como están, es imposible que los abogados hagan lo que el sistema indica: que  entreviste al niño del que se pide protección, que intervenga y aporte antecedentes en la audiencia respectiva, que le pida al juez que escuche al niño, que si se toma una decisión que significa internarlo, la estudie bien y si no corresponde, apele. Es decir, que haga todo lo debido para conocer bien y a fondo la real situación de abuso o riesgo del menor. Y claro, para eso hay además que pagarle bien a ese abogado –explicó a CIPER el abogado y académico.

INFORMES QUE NO LLEGAN

Se supone que cuando un juez ordena la internación de un niño en un centro del Sename, debiera recibir cada tres meses un informe de ese servicio indicando si se está cumpliendo la medida de protección que ordenó y en qué condiciones: si el niño y su familia van a terapia, los avances de esas reuniones, el estado anímico y de salud de ese niño. Con esa información, los jueces deberían poder definir si mantener, cambiar o revocar la decisión judicial que lo afecta.

Aunque la Corte Suprema le ordenó al Sename el envío trimestral de esos informes, los hogares rara vez lo hacen. Por esa razón, en muy pocas ocasiones se revisan las medidas de protección dictadas por un juez, y la más importante es la internación en un hogar. Según explicó a CIPER una jueza de familia de Santiago, el control que pueden tener sobre lo que pasa con los niños una vez dictada la sentencia, es casi nulo:

-Los hogares tienen la obligación de mandarnos un informe cada tres meses, pero no los mandan jamás. Uno advierte que le pasó algo malo a un niño recién cuando llega un informe porque pasó algo malo, o porque viene la mamá o un familiar a denunciarlo, o porque el mismo niño se escapa y va a parar de nuevo al tribunal.

La única vía que les queda entonces a los jueces de familia para fiscalizar cómo están los niños que han sido internados, son las visitas que deben hacer cada seis meses a los hogares. Tampoco sirven de mucho. Según un juez de familia de San Miguel, esas visitas son más bien administrativas: el juez llega al hogar, ve la infraestructura y luego les pregunta a los niños si alguien quiere hablar con él: “Pero eso no sirve de mucho, porque si visito, por ejemplo, un centro en Pudahuel, ahí puede haber tres niños que corresponden a nuestro tribunal y todos los demás son de otros tribunales. Eso significa que lo que pase con las causas de esos niños que corresponden a otros tribunales, no depende de mí”.

LOS COMPROMISOS NO SE CUMPLEN

Para entregar alguna solución luego del lapidario informe de la “Comisión Jeldres”, el 28 de noviembre de 2014 se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Sename. El objetivo principal de este convenio era mejorar la comunicación entre los distintos órganos del Estado, principalmente a través de sus sistemas de información y seguimiento de causas (ver convenio).

CIPER accedió a todos los oficios respecto de materias de protección de los últimos dos años del Poder Judicial. Y en ellos queda claro que los avances para cambiar la situación de los más de 100 mil niños y adolescentes en situación de abandono o riesgo, y que están en alguno de los programas del Sename (según las últimas estadísticas de 2014), son escasos. Incluso, según esos mismos documentos, la aplicación del Auto Acordado de 2014 de la Corte Suprema, ha sido mínima.

Dos meses después de firmado el acuerdo se constituyó la “mesa técnica” que debía ejecutar los compromisos adquiridos del convenio. Así lo informó el 26 de enero pasado la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi (reemplazó al ministro Carreño en la fiscalización de los Tribunales de Familia), en un oficio enviado a la ministra de Justicia Javiera Blanco.

A pesar de la urgencia que se evidenció en 2013 por mejorar el sistema de protección, nueve meses transcurrieron después de la constitución de la “mesa técnica” sin que se registrara alguna actividad. Otro oficio de la ministra Maggi da cuenta que solo el 29 de octubre se “reactivó el trabajo de la mesa técnica”. Hubo tres reuniones entre el 18 de noviembre de 2015 y el 13 de enero de 2016.

Y en ellas, según informó Rosa María Maggi a la ministra Javiera Blanco, “fue posible evidenciar que el Servicio Nacional de Menores no cumplió ninguno de los compromisos acordados, lo que significó la suspensión de la reunión”. Y así fue, porque la última reunión de la “mesa técnica” del 13 de enero pasado duró solo 15 minutos.

En el acta respectiva quedó la constancia de la incompetencia del Sename. El servicio encargado de la protección de los niños en situación de riesgo o abandono no pudo informar en esa reunión sobre las dos tareas que le fueron ordenadas: el avance en el registro de información sobre la situación de cada menor que los hogares deben ingresar en el sistema informático del servicio (SENAINFO); y el diagnóstico de los avances que cada una de las instituciones debía tener para esa reunión.

Rosa María Maggi

Sobre el incumplimiento del primer compromiso, los representantes del Sename presentes (la sicóloga Fabiola Barros y el abogado Claudio Contreras) afirmaron: “Las personas encargadas no pudieron participar de la reunión y, por ende, no lo tenemos actualizado”. Respecto del diagnóstico, dijeron: “No tenemos respuesta para el diagnóstico debido a que éste se encuentra en construcción por parte del Departamento de Planificación y, por ende, no tenemos conocimiento de cuándo podrá estar listo” (ver documento).

Al final del acta, quedó estampada la siguiente frase: “En vista de que Sename no cumple con ninguno de los compromisos acordados para esta reunión, se pone termino a la misma señalando que no se harán nuevas reuniones mientras no se cuente con los productos comprometidos por el Sename”.

A pesar de la constatación que tuvo en sus manos la magistrada Rosa María Maggi del casi nulo cumplimiento por parte del Sename y del poco avance en los Tribunales de Familia de lo ordenado por la Corte Suprema en su Auto Acordado de 2014, el 13 de marzo de este año la misma ministra le envió un informe al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, que indica exactamente lo contrario. Sobre los avances más importantes de la Unidad de Apoyo a la Justicia de Familia, Maggi afirmó:

“Durante el año 2015 se han desarrollado actividades orientadas a la correcta implementación del Acta (Auto Acordado), en particular la adecuada utilización de los formularios denominados ‘fichas’ que el acta dispone sean completados, y al uso correcto de las nomenclaturas en las causas de protección (P) y causas de cumplimiento de medidas de protección (X)” (ver documento).

Los jueces de familia entrevistados por CIPER están de acuerdo: “El Auto Acordado de la Corte Suprema no ha tenido, en la práctica, ningún efecto. Nadie lo aplica”. Uno de los abogados que interviene en el sistema es más duro aún: “Visto lo que ha sucedido en estos dos años, lo que está detrás de ese Auto Acordado aparece como la reacción de defensa corporativa del Poder Judicial después del informe Unicef-Poder Judicial de 2013. Nada más que eso”.

Mientras tanto, 15 mil niños (cifras de 2014) siguen hacinados y desprotegidos en los hogares del Sename. Tal cual lo demostró la muerte de Lissette en el Hogar Galvarino del Sename en abril de este año.

El jueves 12 de mayo, los estudiantes de la Universidad Andrés Bello (UNAB) se tomaron cuatro de los cinco edificios del plantel en Santiago. La ofensiva estudiantil revive las movilizaciones que en 2014 protagonizaron los estudiantes de Derecho de esa universidad, en las que instalaron como una de sus demandas más importantes que el grupo controlador de la UNAB –Laureate International Universities–, transparente las remesas de dinero que recibe desde la casa de estudios.

Las sospechas de que Laureate recibe en forma oculta las utilidades obtenidas en su negocio en el área de la educación en Chile –controla las universidades De las Américas, Viña del Mar y la UNAB– son antiguas y han sido insistentemente negadas por sus representantes en el país. Sin embargo, CIPER pudo confirmar que la propia UNAB encargó hace dos años una auditoría externa que concluye que no consta que los servicios por los que supuestamente la universidad paga a Laureate en el exterior, hayan sido efectivamente prestados o que éstos tengan algún beneficio para la institución.

Además, el estudio revela que la universidad paga un alto sobreprecio por el arriendo de sus sedes a sociedades relacionadas. Las conclusiones de dicha auditoría han permanecido ocultas hasta ahora.

La toma masiva de edificios en la universidad con la mayor matrícula del país (46.979 estudiantes en 2015) es la primera que se realiza exclusivamente en contra del lucro en una institución privada. Los alumnos movilizados acusan que Laureate extrae recursos para sacarlos del país y que, con esa operación, se ve mermada la calidad educativa. Reclaman que parte de los dineros generados por sus matrículas y aranceles no son reinvertidos en la universidad, lo que redunda en menor inversión en infraestructura y menor contratación de profesores de planta en las facultades.

La inédita protesta de los estudiantes de la UNAB se produce justo cuando la discusión por la reforma al sistema de educación superior alcanza su peak, previo al ingreso del proyecto que el gobierno enviará al Congreso a inicios de junio, y justo cuando tres senadores de la Nueva Mayoría (Carlos Montes, Andrés Zaldívar y Fulvio Rossi) propusieron permitir el lucro en universidades que no reciban fondos públicos.

El rechazo del movimiento estudiantil y de la mayoría de los rectores de universidades tradicionales a la propuesta, antecedió a la salida de Francisco Martínez de la jefatura de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, pieza clave en el diseño del nuevo proyecto que buscará regular el sistema de educación superior. En el Mineduc aseguran que Martínez pasará a apoyar el trabajo legislativo de la reforma, pero los rumores de un quiebre por diferencias sobre cómo se abordará el lucro en la reforma se mantienen.

LA HUELLA DE 2011

La profunda reforma a la regulación en la educación superior es consecuencia directa del movimiento estudiantil de 2011, el que gatilló que las universidades privadas estuvieran bajo la lupa de diversas instituciones. La Universidad Andrés Bello, creada en 1988 y una de las privadas más antiguas, ha sido investigada por distintos organismos, los que han buscado esclarecer – hasta ahora sin éxito-  todas las rutas a través de las cuales su grupo controlador, Laureate, ha sacado sus ganancias, y también cuantificarlas.

Fue finalmente el escándalo de la compra y venta de acreditaciones que se hacía desde la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo que hizo aterrizar el lucro en el Ministerio Público. Doce universidades se incluyeron en una segunda investigación judicial, entre ellas la UNAB. Sin embargo, en abril pasado el fiscal Carlos Gajardo dijo que aunque pudo establecer “la existencia de pagos importantes” de las universidades a sus controladores, la investigación no prosperará.

Pese a que una ley orgánica constitucional prohíbe el lucro en las universidades, no existe una norma que conceptualice el lucro ni una figura penal que lo sancione. Un vacío que deja al Ministerio Público atado de manos.

El Ministerio de Educación también realizó una investigación a la UNAB. Si bien se ha nombrado a la Andrés Bello entre las casas de estudio cuyas finanzas están siendo analizadas, fuentes del Mineduc aseguraron que la pesquisa se refería exclusivamente a la calidad de su infraestructura. Y afirmaron que la indagación se sobreseyó en enero pasado, luego de que la universidad subsanara las falencias.

Quien sí revisó las cuentas la Andrés Bello fue el Servicio de Impuestos Internos (SII), institución que no habría encontrado inconsistencias con el pago de impuestos. Pero fueron las dudas de los directivos de la propia universidad sobre su comportamiento tributario las que motivaron en 2014 que se decidiera hacer la auditoría externa que encontró CIPER. Un análisis financiero que aporta antecedentes inéditos respecto al mecanismo utilizado por el Grupo Laureate para extraer recursos de sus universidades.

Además de poner en duda que los servicios por los que el plantel paga a Laureate miles de millones se presten efectivamente, que su precio sea el indicado y que éstos sean útiles para el proyecto educacional, la auditoría pone la lupa en el sobreprecio que la universidad paga por el arriendo de sus sedes. El informe señala que podrían existir contingencias tributarias por parte de la institución que podrían derivar en cobros de impuestos adeudados.

LA AUDITORÍA SECRETA

A inicios de 2014 las autoridades de la Universidad Andrés Bello estaban preocupadas. Tanto el rector de la época, Pedro Uribe, como el pro-rector, Jorge Id, habían sido llamados a declarar por la Fiscalía en la investigación que buscó esclarecer si el plantel lucraba con los dineros destinados a la educación de los más de 40 mil estudiantes matriculados en esa institución. Sobre la mesa de los fiscales estaban los millonarios traspasos de dinero de ese plantel a su grupo controlador, Laureate, utilizando exenciones tributarias que otorga el Estado a los planteles de educación.

En paralelo, el centro de alumnos de la carrera de Derecho convocó a un paro de actividades de los alumnos de esa facultad, denunciando el colapso de la infraestructura por el aumento de la matrícula. Exigían además que se transparentaran los envíos de dinero a Laureate. Fue entonces que las autoridades de la UNAB encargaron una auditoría externa para evaluar el cumplimiento tributario de la institución. A esas alturas, el SII también indagaba a la universidad por los traspasos de dinero al grupo controlador.

“Diagnóstico y evaluación de cumplimiento tributario 2010-2013” se titula el estudio realizado por Aptitude Consultores, que en ese minuto tenía entre sus directores a Julio Bustamante, quien a la vez es miembro de la Junta Directiva de la UNAB. El trabajo de auditoría tuvo a la vista documentos contables facilitados por el área administrativa del plantel. Se analizaron las remesas enviadas al exterior, los pagos por el arriendo de los edificios que utiliza la universidad, y cada una de las exenciones tributarias que benefician a la institución, para chequear que todo estuviera en regla.

Pero la conclusión de los auditores fue que existían millonarias transferencias que no estaban pagando los impuestos que correspondía. El diagnóstico tributario se explica porque Aptitude detectó que entre 2010 y 2013 la UNAB traspasó a Laureate $30 mil millones (US$43 millones según el valor de cambio actual) gracias a cuatro contratos firmados con sociedades ligadas al controlador: Network Products Agreement, Intellectual Property License, Operational Service Agreement (OSA) e Information Technology Service Agreement.

Además de esos $30 mil millones enviados por la UNAB a Laureate en el exterior, se detectaron otros $3.800 millones (US$5,5 millones) pagados a Laureate en Chile por el contrato OSA (revise aquí el detalle de las remesas de dinero pagadas por la UNAB a Laureate).

Según se afirma en la auditoría de Aptitude, estos traspasos de dinero podrían estar acogidos a la exención tributaria que otorga el Estado a las universidades, ya que se trata de pagos por servicios que tendrían fines educacionales. Eso sí, para que la exención sea efectiva, los servicios deben prestarse y ser útiles. Y según el informe, este no es el caso:

“En este contexto y producto de la revisión, principalmente a los contratos con empresas relacionadas, hemos detectado que existen desembolsos sobre los cuales no se dispone de evidencia documental, de la prestación efectiva de los servicios, ni tampoco ha sido posible identificar los beneficios específicos para UNAB”.

Por ese motivo, los auditores consideraron que estos envíos de dinero al exterior debieron pasar a ser gastos rechazados, por lo que correspondía que se pagaran al SII los impuestos correspondientes más multas e intereses: “Advertimos la posibilidad de que, con estos fundamentos, el SII pudiera emitir una liquidación del adicional del 35% a la UNAB, como agente retenedor de este impuesto, considerando que los receptores de los pagos han incrementado su patrimonio y, por tanto, les han generado rentas”.

Otro gasto que debiera ser corregido ante el SII, según el informe de Aptitude, corresponde al sobreprecio por el arriendo de los edificios que utiliza la universidad y que son propiedad de una sociedad donde participa Laureate. Para llegar a esa conclusión, los auditores utilizaron la tasación de 20 edificios que ocupa la UNAB realizada por Transsa Tasaciones y Servicios Inmobiliarios, Colliers International y Ernst & Young.

Considerando esas tasaciones, se concluyó que la universidad paga anualmente un sobreprecio de UF 48.272, lo que equivale a $1.253 millones, según el valor de la UF hoy. En los cuatro años analizados (2010-2013), la institución habría pagado $4.338 millones en exceso por los edificios que ocupa (revise aquí la tabla de sobreprecios pagados por la UNAB).  

El pago de sobreprecio en el arriendo de infraestructura y en los servicios prestados por sociedades relacionadas, es la fórmula más utilizada por las universidades privadas que lucran. De esta forma, disfrazan el retiro de utilidades. En el caso de la UNAB, el plantel le sub-arrienda 18 edificios a Inmobiliaria Educacional SpA (IESA), sociedad en la que mantiene un 48,9% de las acciones (según registros de diciembre de 2013). La Universidad de Las Américas tiene otro 20%, la Universidad de Viña del Mar un 0,9%, la Universidad de Las Américas de Ecuador otro 8,5% y el AIEP un 4,6% del total de acciones. El restante 17,1% está en manos de sociedades controladas por Laureate: Laureate Chile II, Campus Master y Laureate Desarrollos Educacionales.

Cuando en 2014 CIPER describió a IESA como el “brazo inmobiliario” de Laureate, el director ejecutivo del grupo educacional, Jesús Villate, acusó que era una imprecisión, pues “Inmobiliaria Educacional SpA no es propiedad de Laureate. De hecho, el 82,88% de su propiedad pertenece a las instituciones de educación superior. El 17,12% restante pertenece a entidades Laureate”. El informe de Aptitude revela que las sociedades Laureate tienen un poder mucho mayor que el que muestra su participación accionaria directa.

Mientras las universidades poseen acciones clase A, las sociedades de Laureate poseen acciones clase B. Los dueños de las primeras tienen derecho a nombrar a dos directores de IESA, mientras que los segundos pueden nombrar a tres de ellos, logrando de esta forma la mayoría en la toma de decisiones del directorio.

Otros aspectos analizados por la auditoría tienen que ver con servicios prestados por la universidad y que no pagaron el impuesto correspondiente. En particular, el informe enumera atenciones psicológicas prestadas por el plantel e ingresos percibidos por servicios prestados por los laboratorios clínicos de la UNAB.

La auditoría detalla facturas emitidas por la UNAB por informes realizados para distintas entidades, los que debieron haber pagado impuestos. Entre ellos aparecen pagos de Forestal Mininco, Fundación Minera Los Pelambres, Universidad de Chile y el Comité Innova Chile.

El estudio que analizó el comportamiento tributario de la UNAB entre 2010 y 2013 nunca se hizo público. Según indicaron a CIPER fuentes que conocieron de cerca ese proceso, los representantes de Laureate en la institución sólo se enteraron de que se había encargado este análisis cuando el trabajo ya había sido realizado. Al conocer las conclusiones del informe, esos mismos representantes de Laureate ordenaron mantenerlo bajo estricta confidencialidad.

Quien coordinó la auditoría fue Luis Castellani, uno de los dos socios propietarios de Aptitude (los otros son los hermanos Jaime y Mauricio Cisternas López). Castellani confirmó a CIPER la realización de la auditoría: “Efectivamente esa auditoría se realizó, pero nosotros estamos sujetos a un convenio de confidencialidad de nuestros clientes. Tendría que consultar al cliente para saber qué pasó con ese trabajo”.

CIPER intentó conocer qué había hecho la UNAB con los resultados de la auditoría, pero desde la Dirección de Comunicaciones de la universidad informaron que no se referirían al tema.

VENTA DE SERVICIOS

La información detallada por la auditoría ayuda a completar un puzzle del que hasta ahora sólo se conocían algunas piezas. En una entrevista concedida a El Mercurio en junio de 2014, Jesús Villate, gerente general de Laureate en Chile, justificó los pagos realizados por la UNAB, los que consideró perfectamente legales:

“Hay muchos servicios a los que las universidades tienen acceso como parte de la red y algunos son cursos de inglés o el soporte de software. Son servicios que si las universidades los contrataran independientemente, terminarían pagando muchísimo más. Nosotros tenemos los estudios que soportan eso y se los hemos facilitado a los fiscales y a todas las personas que los han requerido”, aseguró Villate.

Sobre el pago de impuestos, recalcó la exención tributaria de la que gozan: “La ley es clara y tiene una excepción para los servicios académicos que se prestan desde empresas fuera de Chile, que claramente no hay que pagar impuestos”. La versión oficial de Laureate –refutada por el informe de Aptitude– es que se trata de servicios prestados, los que se venden a precios de mercado.

Un informe que Laureate envió en 2006 a la Securities and Exchange Commission (SEC, regulador de valores de Estados Unidos), explica el mecanismo que utiliza para extraer ganancias de sus universidades en Chile: “En México y Chile, las universidades con fines de lucro no están autorizadas legalmente. Con el fin de sacar eficientemente los fondos de las universidades en estos países, la empresa ha firmado acuerdos de gestión con la universidad. Bajo estos acuerdos, la sociedad de gestión se pagaría por la prestación de servicios a la universidad”.

Un reportaje de El Mostrador, que da cuenta del incremento de las remesas de dinero enviadas a Laureate por parte de las tres universidades que controla en Chile, reveló un contrato firmado por la Universidad de Las Américas y Laureate T BV (una de las sociedades utilizadas por el controlador para cobrar los pagos por los servicios), en el que se explicita que la UDLA deberá pagar anualmente por el uso de la marca Laureate. El precio acordado es de US$250 anual por alumno matriculado. Ese contrato también ofrece acceso a plataformas web y material que podría ayudar a los alumnos que deseen aprender inglés.

ESTUDIANTES PIDEN TRANSPARENCIA

Una de las principales demandas de los estudiantes que se tomaron cuatro de los cinco campus que la UNAB mantiene en Santiago, es la transparencia. Apelan a que se realice una auditoría independiente que determine cada peso que entra y sale de la institución.

El vocero del Consejo de Presidentes y presidente del Centro de Alumnos de Derecho, Fabián Ceballos, lo resume así: “Nosotros estamos pidiendo que se realice una auditoría independiente, donde los estudiantes podamos elegir a una empresa auditora, donde se aclare cómo funciona la compra de servicios, cómo opera el arriendo de los edificios. Queremos saber el detalle de cada peso que entra y sale de la universidad. También solicitamos el congelamiento de los aranceles, que se han disparado en los últimos años. Las inversiones de los últimos años no se condicen con las alzas de aranceles. El dinero no se ve”.

Las advertencias sobre la relación financiera entre el plantel y su grupo controlador no son nuevas. En el informe que dio cuenta de la acreditación de la UNAB en diciembre de 2013, se constata la alerta hecha por los pares evaluadores (académicos que evalúan a las instituciones) sobre la política de arriendos de la UNAB: “La estructura de propiedad de los inmuebles de la universidad, en que la Universidad Andrés Bello es parte de sociedades inmobiliarias, presenta el inconveniente que la disponibilidad de uso y mantención mayor de los inmuebles puede ser condicionada a factores ajenos al mejor interés institucional, lo que representa algún grado de riesgo para el proyecto educativo”.

Esa advertencia fue compartida por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En el mismo informe hace notar: “Es evidente la necesidad de revisar estas políticas por parte de la dirección superior de la universidad. Además, se hace necesario extremar los mecanismos para transparentar los pagos por uso de recursos de infraestructura y servicios, así como garantizar la plena justificación de su validez”.

SIN GRATUIDAD

Otro de los cuestionamientos de los estudiantes es que la universidad no haya ingresado al sistema de gratuidad instalado en Chile desde este año. Según el cálculo de los estudiantes, el 40% de los alumnos matriculados en el plantel cumple las características socioeconómicas para estudiar gratis.

José Rodríguez

Una de las condiciones impuestas por el Ministerio de Educación para incluir universidades en la gratuidad, es que estas no sean controladas por sociedades que persigan fines de lucro. Como la UNAB es propiedad del mayor grupo transnacional de educación con fines de lucro en el mundo, Laureate Education Inc. (el que a su vez es controlado por el fondo de inversión KKR, Kohlberg Kravis Roberts, el cuarto mayor administrador de capital privado del mundo), no cumple con las condiciones para acceder a la gratuidad.

Fabián Ceballos señaló a CIPER que los estudiantes hacen “un emplazamiento directo a las autoridades para que se refieran a por qué la universidad no accede a la gratuidad, y cuál es el proyecto paralelo de la universidad para paliar el no acceso a la gratuidad”.

En una entrevista con El Mostrador, el rector, José Rodríguez Pérez, respondió a los estudiantes: “Aquí la Universidad no es contraria a ninguna política que vaya en beneficio de sus estudiantes y creo que se han confundido hechos y conceptos. Primero que todo, por la naturaleza jurídica de su controlador, la universidad fue excluida por el gobierno de la política de gratuidad. Aquí no se nos dio la opción de entrar. El año pasado en más de una oportunidad planteé públicamente que esta discriminación a los estudiantes me parecía inaceptable”.

Pese a no tener gratuidad, el rector ha dicho que la UNAB elevó en un 41% las postulaciones efectivas en 2016, siendo la de mayor crecimiento de entre todas las que integran el sistema único de admisión.

Eran las 2:19 de la madrugada del 26 de junio del 2014, cuando el avión Piper matrícula CC-PZB de la empresa Transportes Australis tocó la losa del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. La aeronave venía de Cabo Frío, Brasil, donde estuvo 15 días a completa disposición de la directiva y de funcionarios de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) durante el mundial de fútbol. Por ese servicio, la ANFP tuvo que desembolsar $138 millones.  

Ese y otros montos –además de las rutas que siguieron los dineros de la ANFP bajo el periodo Jadue– son objeto de una auditoría forense a cargo de Deloitte, que busca establecer responsabilidades en el escándalo financiero que estalló en la corporación a raíz de las malas prácticas contables y administrativas de la pasada administración.  Los primeros resultados de la auditoría se pondrán a disposición del Consejo de Presidentes de la asociación el miércoles 25 de mayo.

Uno de los gastos que están bajo la lupa de los auditores de Deloitte es precisamente el del servicio de aerotaxi que contrató la ANFP durante el Mundial de Brasil 2014. CIPER habló con el piloto del vehículo aéreo, Luis Faúndez, y con uno de los socios de Transportes Australis, Pablo Vargas, quienes afirmaron que el servicio fue contratado para saltarse las demoras en los aeropuertos por la gran cantidad de gente que estaría viajando y siguiendo el mundial de fútbol.

El piloto de la nave dijo a CIPER que el avión tenía que estar disponible 24/7 frente a cualquier solicitud del directorio. Y así fue. La bitácora de vuelos del avión muestra desplazamientos que llaman la atención (ver infografía con los trayectos).

Uno de ellos es el vuelo que la aeronave realizó el 22 de junio entre Cabo Frío y Sao Paulo, solo un día antes del partido de Chile contra Holanda en la fase de grupos. El contrato de la ANFP con Transportes Australis, gestionado por Mauricio Etcheverry –mano derecha de Jadue en la ANFP–, establecía un cobro por horas efectivas de vuelo (US$4.500 la hora) y no por pasajero. Lo llamativo de ese viaje del 22 de junio, que tuvo un costo de US$13.500 ($7,4 millones), es que se realizó con un solo pasajero a bordo: Nibaldo Jaque. Los motivos del costoso y exclusivo traslado del ex secretario general de la ANFP en el avión Piper –con capacidad para ocho pasajeros–, aún están bajo una nebulosa.

Sergio Jadue, Mauricio Etcheverry y Nibaldo Jaque

De acuerdo a El Mercurio, Jaque está en la mira de la actual dirigencia de la ANFP por los millonarios préstamos entregados a Deportes Concepción –club donde Jaque fue accionista– durante el período de Sergio Jadue. Según la misma nota, Jaque sería el primer querellado desde la caída de Sergio Jadue (ver reportaje de CIPER).

CIPER revisó las bitácoras de viaje del avión, los trayectos que realizó y quiénes lo abordaron (tripulantes y pasajeros), durante el periodo que estuvo en Brasil. La indagación da cuenta que la aeronave despegó 14 veces de aeropuertos brasileros, cumpliendo 44,2 horas de vuelo efectivas y trasladando durante esas dos semanas a 12 dirigentes y funcionarios de la ANFP.

Además de Nibaldo Jaque, la nómina de pasajeros que utilizaron la aeronave incluye al ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue y al ex vicepresidente del organismo –y uno de los primeros dirigentes en traicionar la confianza del calerano–, Cristián Varela.A ellos se sumó una corte de funcionarios de la ANFP cercanos a Jadue, encabezada por Alfredo Asfura,  Yamal Rajab (* ver Nota de la Redacción) y José Antonio Acosta, entre otros (ver lista de pasajeros).

El misterioso viaje de Jaque no es la única interrogante que se abre en este polémico episodio que vuelve a protagonizar la antigua dirigencia de la ANFP. La investigación de CIPER detectó que la empresa que prestó el servicio de aerotaxi en Brasil, Transportes Australis, está vinculada al ex presidente del Canal del Fútbol (CDF) Alberto Eguiguren, quien también es hombre de confianza del propietario de Santiago Wanderers, Nicolás Ibáñez. Una de las empresas que aparece como socia constituyente de Transportes Australis es Inversiones Australis, sociedad creada en enero de 2010 por Asesorías e Inversiones Los Espinos, de propiedad de Eguiguren, y VG Noramco, uno de cuyos socios es Pablo Vargas.

Consultado por CIPER, Alberto Eguiguren negó ser socio de Transportes Australis, asegurando que la sociedad “pertenece a un cliente de mi oficina de abogados”. Además fue tajante al señalar que no realizó gestiones para favorecer a la empresa aérea en este negocio:

–Yo no tuve ningún rol en este negocio. No lo conversé con el señor Jadue, como tampoco con algún otro dirigente o funcionario de la ANFP –dijo el abogado a CIPER.

Alberto Eguiguren fue uno de los primeros dirigentes en salir en defensa de Sergio Jadue cuando estalló el caso FIFA en 2015. En una entrevista a El Mercurio de julio de 2014, señaló: “Creo que (la ‘comisión sobornos’ liderada por Jaime Estévez) le va a dar la razón a Sergio y la tranquilidad para poder seguir libre de comentarios de personas malintencionadas que lo único que buscan es su salida y dañar su imagen. Son personas que buscan el poder, que tienen ambición y que quieren la figuración que les da este tipo de cargo”, sentenció.

SOBREVOLANDO BRASIL

Habían pasado cinco días desde la llegada de la selección chilena a Toca da Raposa II, su lugar de concentración durante el torneo, cuando el avión Piper CC-PZB de Transportes Australis despegó desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con rumbo a Brasil. Era el  10 de junio de 2014 y en el avión sólo iban sus pilotos. Según información solicitada por CIPER a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la nave realizó una parada en Foz de Iguazú, para cargar combustible, antes de llegar a su destino final: Belo Horizonte (vea bitácora de viaje).

Al día siguiente de su llegada a tierras cariocas, el avión volvió a despegar. Esta vez con destino a Cuiabá, sede donde Chile jugaría el 13 de junio su partido inaugural contra el combinado australiano. En ese vuelo iban los funcionarios de la ANFP Alejandro Montoya, Yamal Rajab, Patricio Jerez, José Luis Pino, Marco Antonio Alfaro Maulén y algunos miembros del cuerpo técnico.

Los viajeros eran los integrantes del llamado “grupo de avanzada” de la ANFP, quienes debían llegar con antelación a las sedes donde jugaba la selección nacional para asegurarse de que todo estuviera preparado para el arribo de los jugadores. El avión regresó el mismo día a Belo Horizonte solo con la tripulación a bordo (vea bitácora de viaje).

Al día siguiente, el 12 de junio de 2014, el avión viajó desde Belo Horizonte a Sao Paulo para recoger a Sergio Jadue, Cristián Varela, Nibaldo Jaque, Alfredo Asfura y al periodista José Antonio Acosta. Todos ellos habían asistido a la jornada inaugural del mundial de fútbol en el Arena de São Paulo. Inmediatamente fueron trasladados a Cuiabá justo a tiempo para el primer partido de Chile (vea bitácora de viaje).

Según la información recogida por CIPER, el avión pasó dos noches en Cuiabá, y el 14 de junio los pilotos lo condujeron a Cabo Frío, donde quedó aparcado a la espera de nuevos desplazamientos. Al día siguiente, la nave realizó un viaje a Belo Horizonte solo con la tripulación (vea bitácora de viaje).

El 16 de junio el avión se trasladó a Río de Janeiro, sede en la que dos días después Chile enfrentó a España. Entre los pasajeros se encontraban Manuel Ojeda, Felipe Passi, Patricio Jerez, José Luis Pino y Marco Antonio Alfaro Maulén (vea bitácora de viaje).

Ese mismo día el avión retornó a Belo Horizonte, solo con la tripulación. Y al día siguiente se desplazó a Cabo Frío a la espera de instrucciones.

Para entonces, Chile había jugado dos partidos (contra Australia y España) y su juego deslumbraba a espectadores y comentaristas. El equipo liderado por Bravo, Sánchez, Vidal y Medel marchaba puntero en su grupo, junto a Holanda, y había eliminado al campeón del mundo vigente, España.

El último partido de la fase de grupos fue contra Holanda (23 de junio) en Sao Paulo. Tres días antes, el avión privado contratado por la ANFP se trasladó desde su hangar en Cabo Frío al “búnker” de La Roja en Belo Horizonte. Desde allí emprendió nuevamente viaje a Sao Paulo con  Manuel Ojeda, José Antonio Acosta, Patricio Jerez, José Luis Pino y miembros del cuerpo técnico a bordo. La aeronave volvió ese mismo día a Cabo Frío sin pasajeros.

EL VUELO EXCLUSIVO DE JAQUE

El avión alcanzó a estar dos días en Cabo Frío antes de emprender un nuevo vuelo. Fue un día antes del último partido por la fase grupal que enfrentó a Chile con Holanda el 22 de junio en el Arena de Sao Paulo. Este podría haber sido uno más de la decena de viajes que realizó la aeronave en Brasil con miembros de la ANFP, a no ser porque a bordo iba un único pasajero: Nibaldo Jaque (vea bitácora de viaje).

El viaje de Cabo Frío a Sao Paulo duró poco más de tres horas y tuvo un costo para la ANFP de US$13.500 ($7,4 millones). Si bien no existen vuelos comerciales desde Cabo Frío a Sao Paulo, el desplazamiento de Jaque costó más de 60 veces el valor de un pasaje aéreo en un vuelo comercial estándar de Santiago a Sao Paulo (US$220, aproximados).

Nibaldo Jaque

Luis Faúndez, piloto del avión privado, dijo a CIPER que este viaje estaba programado desde un comienzo y que desconoce cómo Jaque llegó a Cabo Frío, lugar desde donde el avión despegó. Pero sí asegura que ellos no lo trasladaron al punto de partida. La bitácora de vuelo del avión Piper confirma lo dicho por Faúndez.

CIPER intentó contactar a Nibaldo Jaque, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.

EL REGRESO Y EL COSTO FINAL

El 25 de junio, tres días antes del partido por octavos de final de Chile frente a Brasil, el avión privado que se arrendó para trasladar a funcionarios y dirigentes de la ANFP, regresó a Chile. Los registros de la DGAC, muestran que el avión matrícula CC- PZB aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez a las 2:19 am del 26 de junio.

A bordo solo iban los tripulantes de cabina. El viaje era largo, por lo que el avión realizó dos paradas: primero en Asunción (Paraguay), por combustible; y otra en Córdoba (Argentina), por el clima. En total, más de 10 horas de vuelo.

Según la bitácora de la aeronave de Transportes Australis contratada por la ANFP, el avión realizó 14 viajes en Brasil (con y sin pasajeros), completando 44,2 horas de vuelo efectivas. El costo total fue de US$198.900, sin incluir las tasas de aeropuerto (FBO) y el arriendo de un teléfono satelital (obligatorio por regulación aérea). En total, la ANFP desembolsó US$242.109 ($138 millones), por el servicio de aerotaxi.

Tres días más tarde de la llegada del avión a Santiago, el 28 de junio, el travesaño de la Arena Mineirao impidió que Chile continuara con su participación en el Mundial de Fútbol. Nadie imaginó que dos años después del regreso de los directivos de la ANFP a Chile, el aerotaxi que los trasladó por Brasil durante el Mundial provocaría fuertes turbulencias.

Según los antecedentes recogidos por CIPER, la auditoría forense de Deloitte incluirá en la lista de operaciones financieras que podrían configurar delito la contratación de este avión privado. En esa auditoría es probable que se dilucide el oneroso gasto en que incurrió la ANFP para asegurar que un grupo reducido de sus directivos llegara con todas las comodidades a los partidos que jugó Chile en Brasil. Y también, por qué Nibaldo Jaque fue el único que tuvo el privilegio de utilizar el avión para viajar solo desde las hermosas playas de Cabo Frío a Sao Paulo para presenciar el cierre del grupo B del campeonato mundial.

A cuatro semanas de que Informe Especial (TVN) desnudara el abultado patrimonio acumulado por el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete (2010-2014), su situación sigue oscura. El miércoles 25 de mayo el fiscal José Morales lo sometió a un interrogatorio de cinco horas en calidad de imputado. Allí, Fuente-Alba debió explicar el origen de los dineros con los que en los últimos diez años adquirió inmuebles y automóviles de lujo, acumulando bienes que versiones de prensa calculan en más de mil millones de pesos.

Fuente-Alba ha insistido en que todos sus bienes fueron adquiridos con ingresos obtenidos legalmente, pero no ha conseguido despejar las sospechas. Y estas se acrecentaron al negarse por segunda vez a concurrir ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, por consejo de sus abogados. Su defensor es Alejandro Espinoza, el mismo abogado del ex senador Pablo Longueira en la acusación de presunto cohecho y otros ilícitos que investiga el Ministerio Público.

En el Ejército están conscientes de la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el ex comandante en jefe. Y una de las medidas adoptadas fue congelar su participación en el comité asesor institucional, integrado por los ex comandantes en jefe y civiles.

Virgilio Cartoni

Tanto el Ministerio Público como la Corte Marcial –que también lo investiga y pidió antecedentes al SII– han enfocado las pesquisas sobre su probable “enriquecimiento ilícito” en el sistema de compras del Ejército que el general (r) debió tener bajo control. En esa indagatoria, ha vuelto a emerger un viejo amigo de Fuente-Alba: Virgilio Cartoni Maldonado, el comerciante de armas predilecto del Ejército.

Una cifra basta para graficar la importancia de Cartoni. Si los registros del Ejército indican que cada año esa institución destina unos US$200 millones para adquisiciones, esas mismas cuentas revelan que un 25% del total de esas compras se hace a firmas que Cartoni representa, obteniendo con ello suculentas comisiones.

Son muchos los que no se explican por qué Cartoni ha salido indemne de todas las investigaciones por fraude en las compras de equipos militares. Y ello, porque desde hace al menos diez años aparece involucrado en acusaciones que han nutrido varios expedientes.

Es probable que los privilegios que le han permitido a Virgilio Cartoni convertir sus oficinas en Chile y en Miami en un negocio infalible, estén relacionados con un lazo familiar que no se conocía. Su única hermana, Magali Cartoni Maldonado, está casada desde 1985 con Eugenio Ponce Lerou, actual presidente de Soquimich y hermano del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Dada la confianza depositada por la familia Pinochet en Julio Ponce Lerou, la que se mantuvo intacta luego de que éste se separara de Verónica Pinochet Hiriart, es probable que ese nexo familiar le haya facilitado a Cartoni penetrar el reducto del comercio de armas del Ejército.

La investigación del “Caso Riggs” sobre la fortuna que ocultaba Pinochet en el exterior, reveló que el comercio de armas estaba en manos de un reducido grupo de oficiales del entorno de Pinochet. Tanto él como ese grupo se beneficiaron hasta 1997 de las cuantiosas comisiones que pagaban los proveedores a través de una red de sociedades offshore.

La relación de Virgilio Cartoni con su hermana es tan estrecha que fue junto a ella que, en marzo de 1984, inició su primera actividad empresarial: una distribuidora de pinturas inscrita como Cartoni Maldonado Hermanos (nombre de fantasía: Piroval) y en la que cada uno invirtió $600 mil. Poco después, Cartoni pidió una solicitud de marca para su nuevo rubro: ropa de guagua, la que fabricaba y distribuía bajo el nombre Ninna Nanna.

Cartoni cambió de rubro muy rápidamente, y de la ropa de guagua pasó al comercio de armamentos. En 1992 creó la Comercializadora, Exportadora e Importadora C. Y M. (CyM), sociedad con la que capturaría paulatinamente gran parte de las compras del Ejército.

El pilar de los negocios de Virgilio Cartoni es la representación de medio centenar de empresas de pertrechos militares. A ello suma la maestría con que maneja sus nexos con el mundo castrense, lo que le permite conocer en detalle y con anticipación la trama de sus adquisiciones. Para ello, recluta a altos oficiales en retiro como sus principales ejecutivos.

Nadie discute hoy el dominio que ejerce Virgilio Cartoni Maldonado en el mercado de las armas y pertrechos. Si hay algo que lo caracteriza, es la reserva con que maneja sus contactos y utilidades. La estructura de sus negocios incluye una red de sociedades constituidas en Panamá, uno de los paraísos fiscales favoritos de quienes buscan ocultar sus flujos de dinero. CIPER encontró ocho de sus sociedades panameñas, las que se suman a otras domiciliadas en Florida.

AUDITOR Y SOCIO DE CARTONI

Al menos tres nexos unen a Fuente-Alba y Cartoni. El primero es la amistad. Una antigua relación que se cimentó después de que Cartoni abandonara tempranamente la carrera militar (siendo teniente). En el Ejército quedaron dos de sus primos: los generales (r): Patricio Cartoni Viale y Alessandro Cartoni Pruzzo.  Ambos coincidieron con Fuente-Alba en el alto mando en 2005.

Esa relación se ha traspasado a sus hijos –Roberto Fuente-Alba Pinochet y Francesco Cartoni Castilla– quienes estrecharon lazos cuando ambos coincidieron trabajando para la Viña Concha y Toro. Aunque Roberto Fuente-Alba ya dejó ese empleo, sus ex colegas de la viña lo recuerdan por sus lujosos automóviles. Un dato que no es banal: una de las aristas pesquisadas por la Fiscalía y por el ministro en visita de la Corte Marcial, Omar Astudillo, son las numerosas compras de autos de lujo del general (r) Fuente-Alba, de su esposa y sus hijos, y los inusuales traspasos de inmuebles entre ellos y su padre.

El segundo nexo lo reveló Informe Especial: un lujoso automóvil Audi que el vendedor de armas le compró al general (r) en 2010, cuando recién se instalaba en la comandancia en jefe. Poco después, Fuente-Alba sería duramente cuestionado por comprar con dineros del Ejército y para su uso exclusivo un Mercedes Benz S500L, modelo 2011.

El tercer nexo que une a Fuente-Alba y Cartoni, lo descubrió CIPER. Porque la relación entre ambos se manifestó apenas el general (r) tomó posesión del mando en marzo de 2010. Fue entonces que nombró como auditor general del Ejército al abogado Marcelo Felipe Cibié Bluth, quien tiene una sociedad con Virgilio Cartoni en Miami desde 2005.

En rigor, Cibié Bluth no podía asumir como auditor sin antes ser ascendido a general. Como el ascenso no se produjo, Fuente-Alba lo nombró auditor suplente. Y fue así como el abogado integró en diversas oportunidades la Corte Suprema para juzgar causas del fuero militar. Y ello, a pesar de que su padre, el abogado Marcelo Cibié Paolinelli, defendía al general Eugenio Covarrubias Valenzuela y al general Fernando Torres Silva, ambos condenados en agosto de 2010 por su participación en el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos. Defensas que fueron pagadas con fondos del Ejército.

Cibié Bluth se convirtió así en asesor personal del comandante en jefe, como el mismo abogado lo ha descrito en su perfil de Linkedin. A fines de 2010, el hombre de confianza del general (r) Fuente-Alba presentó su expediente de retiro. Para entonces era también hombre de confianza de Virgilio Cartoni, pues ambos integran desde 2005 la sociedad Caleci LLC, domiciliada en Miami.

Según los registros del Estado de Florida, Caleci LLC es una entidad comercial activa en la que también participa como socio Robinson J. Leiva. En antiguos registros de proveedores del Ejército figura una persona con este nombre, pero CIPER no pudo comprobar que sea el mismo socio de Cartoni y Cibié.

En los años en que Fuente-Alba fue comandante en jefe, circularon cartas anónimas de supuestos militares que lo acusaron de haber “abandonado” a los uniformados encarcelados por juicios de Derechos Humanos. En ellas aparecieron las primeras denuncias sobre el inexplicable crecimiento de su patrimonio. Como prueba de la cercanía de Fuente-Alba con Cartoni, se afirmaba que el entonces comandante en jefe había nombrado en la Auditoría del Ejército a Marcelo Cibié, cuya esposa, la abogada Vesna Lolic, prestaba servicios profesionales a la empresa de Cartoni.

SOCIEDADES EN PANAMÁ

La vida legal de la empresa de Virgilio Cartoni que representa a grandes fabricantes de armas y de equipos y tecnología de uso militar, se inició el 4 de septiembre de 1992, con $6 millones de capital y un socio: el piloto comercial Amilcar Mehech Dall’Osso (quien más tarde abandonaría la empresa para formar otra del mismo rubro). Ese día entró en vigencia CyM (Comercializadora, Exportadora e Importadora C. Y M.), la que inscribió otros dos nombres de fantasía, aparte de CyM: Coeximport CyM y C&M World Enterprise Corporation Limited. Solo dos meses más tarde la transformarían en sociedad anónima cerrada.La indagación de CIPER arroja en este punto una primera incógnita: ¿en qué fecha inició Cartoni su negocio de armamentos? Porque uno de los nombres de fantasía inscritos en el Diario Oficial para su “nueva” empresa CyM –C & M World Enterprise Corporation Limited – CIPER lo encontró ya registrado por Cartoni, pero dos años antes (1990), en una sociedad que él mismo constituyó en Miami.

No solo Miami fue el destino que escogió Cartoni para asegurar el secreto del flujo de las cuantiosas comisiones de sus proveedores. De allí que no sea extraño que Virgilio Cartoni viaje periódicamente a Panamá, paraíso fiscal en el que CIPER encontró ocho sociedades constituidas por el empresario de armamentos, a través de las cuales canalizaría las comisiones que le pagan las empresas extranjeras que representa.

Estas sociedades fueron creadas entre 2005 y 2014 a través del bufete panameño Arosemena Attorneys & Bussines Consulting Group:

• Inversiones Vafasa S.A. (en cuyo directorio figura el propio Virgilio Cartoni; su esposa, Ana María Castilla Fernández, y sus hijos Stefano y Francesco Cartoni Castilla);
• C & M West Enter Corp.(en su directorio figura Stefano Cartoni Castilla);
• Wine International Corp (W.I.C.) Inc;
• C & M West Enter Corp.(en su directorio figura Stefano Cartoni Castilla);
• Interbrands International Group Inc.;
• Investment World Pacific (I.W.P.) Inc.
• Comercializadora, exportadora e importadora CYM
• C & M World Enterprises Corp. 

Como se ha dicho, el mismo nombre de la última sociedad ya había sido usado por Cartoni para constituir otra empresa, pero en Miami. Y precisamente con ese nombre se presenta CyM en Chile, tal como se aprecia en su página web.

Los directores de C & M World Enterprises Corp. en Miami son Cartoni y su esposa, Ana María Castilla. Y el presidente es el empresario argentino Horacio O Peiro, cuyo principal negocio es el vitivinícola (“Antigal” es la marca del vino que vende), y cuyas oficinas en Miami están ubicadas en la misma dirección donde funciona la empresa de Cartoni: 8356 NY 30 Terrace, Doral, FL 33122 US.  El mismo domicilio registra otra sociedad vinculada a Peiro: Southern Vines Inc.

La misma dirección en Miami exhibe otra de las sociedades que Cartoni constituyó en esa ciudad de Estados Unidos en octubre de 2004: Los Andes Group, LLC. CIPER encontró en Miami otras dos sociedades de Cartoni: la ya mencionada Caleci LLC (en la que participa Marcelo F. Cibié) y TLC Suplier & Trading, Inc.

En los registros oficiales de un importante empresa de armamentos estadounidense, Weapon-Clear, se indica que sus productos son distribuidos a través de CyM y proporciona tres direcciones: la de Miami, y que corresponde al mismo domicilio de Peiro y Cartoni en esa ciudad; otra en Viña del Mar, calle Medio Oriente 831, oficina 704 (Edificio Olympus); y en Santiago, Av. Las Condes 7345.

EMPRESA SIN REGISTROS

El grupo de agentes de ventas reclutado por Virgilio Cartoni son, en su mayoría, ex oficiales de Ejército. De lunes a viernes se dan cita a primera hora de la mañana en las oficinas de avenida Las Condes 7345. Se dividen en áreas relacionadas con su especialidad militar, lo que asegura su contacto directo con oficiales activos de su misma competencia. De esa forma, consiguen información sobre las compras que se están preparando y hacen lobby para que las condiciones de las licitaciones sean favorables para CyM.

Cada agente de ventas tramita la documentación requerida para las licitaciones. Pero en esas oficinas hay muy pocos registros. Casi nada. Hace cuatro años Cartoni impartió instrucciones de eliminar toda la información almacenada en los computadores, por lo que cada agente debe manejar su información en discos duros o flash drive. En la sede de la empresa nunca queda información ni correspondencia.

Los agentes obtienen una remuneración fija de alrededor de un millón de pesos mensuales y una parte de la comisión que cobra CyM cada vez que cierra un negocio y que bordea el 16%. Una compra “pequeña” de US$5 millones, por ejemplo, le puede dejar a CyM una comisión de US$500 mil (unos $337,5 millones) y al agente cerca de US$80 mil (unos $54 millones).

Quienes conocen los métodos instaurados por Cartoni en su empresa, dicen que cuando Cartoni debe pagar una comisión, lo que preferentemente ocurre a principios de mes, deja el fajo de dólares en efectivo sobre los escritorios de los agentes de ventas que lograron cerrar el negocio. Una fórmula para incentivar al resto.

EL ALTO MANDO DE CyM

La plana ejecutiva de CyM se ha nutrido de altos oficiales que salen del Ejército, lo que le asegura vínculos privilegiados con la institución. Un ejemplo de ello es su actual gerente general, el coronel (r) Pedro Pablo Bustos Valderrama, a quien Cartoni reclutó cuando debió dejar el Ejército luego de que El Mostrador revelara su paso por la CNI, en noviembre de 2003. En ese momento Bustos se desempeñaba como agregado militar en la ONU.

Otro de los altos ejecutivos reclutados por Cartoni es el hijo del general Aureliano Tello, quien fuera director de Instrucción del Ejército. Eduardo Tello Jerez también fue oficial y dejó el Ejército para trabajar en CyM, donde se convirtió en jefe de la oficina en Miami. Casado con la hija del general (r) Patricio Varela Saldías (de quien más tarde se separó), sus relaciones con el Ejército las mantuvo al más alto nivel. De hecho, en marzo de 2015 figura como asesor del alto mando del Ejército.

Otro de los reclutados por Cartoni es el coronel (r) Hugo Barría Rogers. Lo fichó después de que en 2002 integrara una comisión evaluadora de la compra de helicópteros que CyM vendía. Según una versión de El Mostrador, Barría Rogers ya trabajaba en CyM cuando la empresa cerró la controversial venta de helicópteros.

El general (r) Hernán Ramírez Hald es otro ex alto oficial empleado por Cartoni: dirigió el Comando de Industrias Militares e Ingeniería y estuvo involucrado como cómplice en el asesinato de Tucapel Jiménez.

LA MARCA DEL COYOTE 

Entre las firmas que componen la cartera de empresas representadas por CyM se cuentan la alemana Krauss Maffei Wegmann (KMW), que comercializa tanques Leopard y transportes blindados Marder; la alemana-suiza RUAG Defence, que vendió al Ejército 24 obuses autopropulsados M109 de segunda mano; la isarelí Rafael Advanced Defense Systems, proveedora de misiles antitanque Spike; la europea Airbus Helicopters, que ha vendido helicópteros a la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE); la brasileña CBM, fabricante de municiones, y la belga OIP Sensors Systems, que comercializa visores nocturnos.

Aunque Cartoni ya era dueño de una aventajada posición en las compras del Ejército cuando Fuente-Alba se instaló en 2010 a la cabeza de la institución, ese rol dominante se consolidó bajo su mando. Y ello, a pesar de que en ese mercado se creía que Cartoni pagaría un costo por las graves irregularidades detectadas en una compra de helicópteros en 2009, en que actuó de intermediario, y que significó un desembolso de US$170 millones (vea el reportaje de El Mostrador que reveló las irregularidades).

Nada de eso sucedió. Un ejemplo de cómo se desarrollaron las relaciones comerciales entre el Ejército y CyM bajo el mando de Fuente-Alba, es la licitación para comprar “botas de combate”. El proceso tuvo lugar en octubre de 2012 y CyM se lo adjudicó con una oferta de $594,3 millones por 15 mil pares de botas Coyote para clima templado y frío. Cuando se despachó la orden de compra, se agregó el IVA, por lo que el monto se estiró a $707,3 millones.

Seis meses después, en mayo de 2013, el general Miguel Muñoz Farías, comandante de Apoyo a la Fuerza, suscribió un addendum de contrato, en el que no solo extendió el plazo de recepción del calzado (problemas climáticos habrían afectado su transporte desde Estados Unidos), sino que sin explicitar razones sumó otros 4.500 pares de botas, con lo que el pago a CyM ascendió a $913,7 millones.

En seis meses la compra de botas se incrementó en un 25% y el precio a pagar tuvo un salto de $206 millones.

LOS VISORES NOCTURNOS DE CARTONI

A las botas militares que Cartoni le vendió al Ejército en el periodo de Fuente-Alba, se sumaron blusones para la tenida gris de servicio, compra que se hizo a través de Famae, y la adquisición más polémica: más de tres mil visores nocturnos por un monto de US$16,5 millones. La jefatura de Adquisiciones del Ejército inició la licitación en julio de 2012. Seis meses después, el día que debía adjudicarse, algo pasó.

Lo que ocurrió ese 4 de enero de 2013, lo relató El Mercurio un año más tarde. Nuevamente fue el comandante de Apoyo a la Fuerza, general Miguel Muñoz, quien sacó de su sombrero la carta maestra: invalidó la licitación. Errores administrativos, se dijo. Un nuevo proceso se abrió. Pero el problema no había terminado. En diciembre de 2013, Fuente-Alba recibió el recurso de Theon Sensors, acusando una serie de modificaciones en el proceso que favorecieron a la empresa de Cartoni: OIP Sensors Systems.

La empresa griega Theon Sensors, fabricante de visores nocturnos y proveedor de seis países de la OTAN, pidió también todos los respaldos de las pruebas realizadas en la evaluación invalidada. El resultado fue claro: Theon debió haber resultado ganador. CyM aparecía en cuarto lugar.

El cúmulo de factores que cambiaron en el proceso de la segunda licitación en beneficio de Cartoni –entre ellos, la disminución del puntaje que se le asignó al monto de la oferta, ítem en que CyM ofertó un precio mayor– escaló. Y llegó al ministro de Defensa de la época, Rodrigo Hinzpeter. Pero el proceso siguió adelante con una fecha de adjudicación máxima: 30 de mayo de 2014. Es decir, con un nuevo gobierno.

El reclamo de Theon Sensors, al que se sumó otra empresa que participó en la licitación, llegó a la Contraloría. Otra de las principales acusaciones en contra de Cartoni fue que éste había violado los protocolos al reunirse con uno de los evaluadores durante el proceso: el coronel Alex Gluzman, muy conocido de Cartoni.

La reunión efectivamente se hizo. Pero la defensa de Cartoni, asumida por Clara Szczaranski, ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y actual consejera del organismo, fue que Cartoni no había hablado en ningún momento de la licitación de los visores, ya que esa compra estaba siendo manejada directamente por la empresa belga OIP Sensors Systems, aun cuando él la representa en Chile. Y que en esa reunión con Gluzman, él solo acompañó a una “visita protocolar” de presentación a Mohamed Chaara, representante de la empresaPhotonis Netherlands R.V., que casualmente fabrica el dispositivo principal de los visores nocturnos de OIP Sensors Systems.

Aunque parezca sorprendente, Cartoni salió ileso también del fallo de la Contraloría (ver dictamen). Y en mayo de 2015, el contrato por US$16,5 millones por los visores nocturnos fue adjudicado a la empresa OIP Sensors, representada por Cartoni. El monto de su comisión se desconoce.

Muchas de las compras que favorecen a Cartoni se fraguan en la Jefatura de Adquisiciones del Ejército (JAE), la que a su vez depende de la Comandancia de Apoyo a la Fuerza (CAF). Es allí donde se diseñan las licitaciones y se hacen los contratos. Su director fue por años el coronel Luis Reyes Álvarez, ahora en retiro, quien estuvo envuelto en la investigación por el pago de compras inexistentes en la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE), lo que involucró el desembolso irregular de unos US$3 millones. En 2013, durante la comandancia en jefe de Fuente-Alba, el coronel Reyes fue designado subdirector de Famae.

Clara Szczaranski

Entre las últimas operaciones comerciales entre Cartoni y el Ejército que han sido cuestionadas figura la refacción de helicópteros Puma en Rumania por US$20 millones, en circunstancias que varios especialistas estiman que era más conveniente adquirir nuevas unidades.

CyM también ha operado en el rubro de la venta de insumos médicos, nicho al que ingresó bajo el nombre de Insumed para proveer al nuevo Hospital Militar. Luego de ser vendida por Cartoni a dos oficiales de Ejército, la recuperó en 2001. Ese mismo año la Contraloría denunció que se le pagaban sobreprecios por los artículos que despachaba a ese centro asistencial.

LA GRABACIÓN DE MONTERO Y SANDIC

La investigación de la Corte Marcial a Fuente-Alba es una ramificación del fraude conocido como “Milicogate”, investigado por el periodista Mauricio Weibel y publicado por The Clinic. Miles de millones de pesos provenientes de los fondos reservados del cobre para la compra de pertrechos militares se pagaron contra facturas falsas o adulteradas por servicios que jamás se prestaron. Por ese ilícito un coronel y cuatro suboficiales están presos.

El coronel detenido es Clovis Montero. El reportaje de Informe Especial difundido el 1 de mayo divulgó la grabación de un diálogo entre Montero y el entonces general y jefe de Finanzas del Ejército, Jozo Santic. En esa conversación, el coronel Montero destapó el golpe más duro que ha recibido el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba: le informó a Santic que el gerente comercial de la automotora Klassic Car, Tomás Tupper, tenía documentos que demostraban que Fuente-Alba había sido parte de un esquema fraudulento de compra y venta de vehículos de lujo.

En siete ocasiones, dijo Montero, el general Fuente-Alba había adquirido autos Audi a precio de costo y los había devuelto con poco kilometraje, coludido con personal de la automotora, para que fuesen revendidos a precio comercial. Fuente-Alba, según señaló Montero, se quedaba con la diferencia.

La investigación de Informe Especial detectó que desde 2005 en adelante, incluyendo su periodo como comandante en jefe, Fuente-Alba compró y vendió, a veces con escasos meses de diferencia, numerosos vehículos de lujo: un Audi A4, un Audi A6, dos Audi Q7, dos Audi RS6 Turbo (uno de ellos fue el que después compró Virgilio Cartoni), en 2014 adquirió un Mercedes Benz que vendió a los tres meses y luego adquirió otro vehículo de la misma marca que vendió a los ocho meses. Actualmente, tiene un Mercedes Benz 2016 y una Grand Cherokee 2015.

La mayor parte de las compraventas de vehículos que hizo Fuente-Alba se realizaron en la automotora Klassic Car, la misma que fue beneficiada por el Ejército con una adquisición por trato directo cuando el general (r) ejercía la jefatura institucional. En 2013, el Ejército compró a Klassic Car, sin licitación, una station wagon Volkswagen Touareg 3.0 año 2014 por $29,9 millones (vea la orden de compra). En 2012, el Ejército ya había adquirido otro Volkswagen Touareg, pero mediante una licitación, a la que solo se presentó la oferta de Klassic Car, la que se adjudicó la venta en $30,6 millones.

El pasado 26 de mayo se produjo una nueva réplica por las revelaciones de Informe Especial. La Mutualidad del Ejército y la Aviación informó que se decidió remover de la gerencia de finanzas de la institución al general Jozo Santic.

La Fiscalía ha puesto la lupa en estas compraventas de automóviles y en los bienes raíces que adquirió el ex comandante en jefe. La investigación de Informe Especial reveló que, en 2013, cuando aún ejercía el mando del Ejército, compró un  departamento en avenida Kennedy por $125 millones y su esposa adquirió otro en el mismo edificio por $123 millones. En 2014 compró un bien raíz en Las Brisas de Chicureo por $480 millones y en 2015 un departamento en Cerro Colorado (Las Condes) por $150 millones. En apenas tres años, el general (r) hizo inversiones inmobiliarias que suman $878 millones. Una cifra muy distante de los $4 millones que ganó mensualmente en el pináculo de su carrera militar.

Con las manos vacías y desilusionadas de la Dirección del Trabajo, la mañana del 3 de agosto de 2015 volvieron a trabajar las últimas empleadas en huelga del Sindicato N°1 de la multitienda París del Mall Plaza Tobalaba. Habían resistido 76 días sin sueldo mientras el centro comercial seguía funcionando con personal de reemplazo.

A partir de ese momento, la única esperanza de las trabajadoras, encabezadas por Ester Jeldres, fue la demanda que la Inspección Cordillera de la Dirección del Trabajo (DT) inició en los tribunales laborales en contra de París Administradora (Grupo Cencosud), por “práctica antisindical”. Pero en marzo de 2016, el juicio concluyó abruptamente cuando esa inspección abandonó el caso. Y lo hizo justo en las puertas de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ya había fijado fecha para escuchar sus argumentos.

El sindicato envió una carta al director de la DT, Christian Melis, pidiendo explicaciones. No hubo respuesta. Melis dijo a CIPER que nunca recibió la carta, pero aseguró que le dará una explicación al sindicato sobre la razón del desistimiento: se hizo para corregir “un error jurídico” que había cometido la Inspección Cordillera.

El argumento de Melis es refutado por el primer vicepresidente de la Confederación del Comercio y Vestuario (Consfecove), Francisco Álvarez, quien señaló a CIPER que la Dirección del Trabajo no es un tribunal, que se debió dejar a la corte decidir si había o no un error, más aún si un director regional de la DT ya había dictaminado a favor de las huelguistas.

La importancia del juicio con París Administradora, según los sindicalistas, era clave: sus efectos iban mucho más allá de la denuncia por “práctica antisindical”. Perseguían que la justicia laboral admitiera que si los trabajadores dejan extinguir un contrato colectivo sin presentar uno nuevo, el sindicato tiene derecho a proponer un contrato en la fecha que estime e iniciar una nueva negociación colectiva.

La ley establece que cada establecimiento de una multitienda –en este caso París- es una unidad económica: puede tener uno o más sindicatos, pero estos no pueden negociar junto a los sindicatos de otros locales a pesar de tener una misma casa matriz como empleador. De allí que, si la corte acogía los argumentos de las trabajadoras del Mall Plaza Tobalaba, se abría paso una de las más preciadas demandas laborales: negociar colectivamente junto a otros sindicatos de la misma París, pero de otros locales.

Las huelguistas de París Tobalaba

El abrupto abandono que hizo la DT de ese importante juicio, a las puertas del pronunciamiento de la corte, abre una gran interrogante sobre su rol fiscalizador del cumplimiento de las leyes laborales. Una tarea clave y cuya importancia será mayor cuando comience a regir la nueva Reforma Laboral, aún entrampada tras el fallo del Tribunal Constitucional (ver recuadro).

Esta duda se acrecienta a la luz de dos recientes auditorías de la Contraloría. Ambas revelan graves irregularidades y fallas de la Dirección del Trabajo entre 2001 y 2013. Se constataron condonaciones excesivas en favor de los empleadores, pérdida de expedientes de fiscalización y la tardía emisión de informes sobre denuncias de trabajadores.

Además,  no se cobraron o se rebajaron más de 64.000 multas a empresas que han violado las normas laborales, lo que implicó un beneficio para las infractoras –y un menor ingreso al Fisco- por $39.586 millones. 

EL PODER DEL RETAIL

“La Dirección del Trabajo no quería ganar este juicio para evitar conflictos con la industria del retail”, señaló a CIPER el secretario de la Federación de Sindicatos París Cencosud, Óscar Figueroa, quien afirma que el abogado de la DT a cargo del litigio, Pascal Merino, recibió la orden de desistirse.

Los dirigentes de esa federación –que reúne a trabajadores de París del Florida Center, Plaza Vespucio y Plaza Tobalaba- están convencidos de que la DT hace tiempo que dejó de ser “pro operario”. Y explican que, a pesar de que las actuales autoridades de ese servicio son de la DC y el PS, presionan a los sindicatos para que lleguen a acuerdo con los empleadores y no haya huelga.

-A la presidenta del Sindicato N°1 de París del Mall Plaza Tobalaba, Ester Jeldres, la llamó la directora de Relaciones Laborales de la DT Metropolitana Oriente, Benita Valdivia, y le dijo que hasta cuándo iba a tener a la gente en huelga afuera del mall -relató Óscar Figueroa.

Darle la razón al sindicato de París, habría significado eliminar la actual interpretación que establece que los trabajadores deben presentar su petitorio a la empresa entre 40 y 45 días antes de que venza el acuerdo vigente, o colgarse de la fecha de otro sindicato para negociar. De lo contrario, están impedidos de hacerlo durante los próximos dos años.

Lograr esa jurisprudencia fortalecía el poder de los sindicatos. Y ello, porque en vez de sentarse cada uno a negociar con la empresa en fechas distintas, como ocurre hoy en París y en todo el retail, podrían hacerlo de manera coordinada. De allí que no solo los dueños de París estuvieran preocupados del destino de esa denuncia en tribunales.

-Nunca imaginamos que la Dirección del Trabajo iba a darnos la espalda –afirman con enojo el secretario de la federación y la presidenta del sindicato.

LAS MUJERES HASTA EL FINAL

El Sindicato N°1 de París Tobalaba (creado en 2007), tenía casi 100 socios -en su mayoría vendedoras y cajeras- al iniciar la huelga el 19 de mayo de 2015. A la semana del paro, los socios varones volvieron al trabajo luego de recibir presiones y ofertas de mejoras económicas, dijo Jeldres a CIPER. Quedaron solo mujeres en el movimiento.

Huelguistas en Mall Tobalaba

Hoy, la organización está reducida a las 34 socias que se mantuvieron firmes hasta el final en sus demandas, las que ahora deben esperar hasta 2017 para negociar con la empresa. También perdieron el bono de $50 mil después de que la Dirección del Trabajo abandonó abruptamente y sin aviso el juicio. El resto de los socios originales se cambió al Sindicato N° 2. “Pagamos un costo muy alto”, admite Ester Jeldres.

Aun cuando las trabajadoras sabían que había un riesgo al dejar extinguir el contrato colectivo vigente sin presentar el nuevo, se sintieron avaladas por una autoridad. “El abogado de la Inspección Cordillera, Pascal Merino, nos dijo que estábamos bien, que era un caso interesante y que si se lograba un fallo positivo, se podía replicar en el comercio”, cuenta Jeldres.

El Sindicato N°1 presentó su pliego a París el 27 de marzo de 2015. La petición más importante era mejorar los bonos de movilización y colación, ya que había trabajadores de los fines de semana que recibían solo $2 mil al mes para alimentarse y movilizarse. Tras aguardar 30 días -e incluso cinco más en señal de “buenos oficios”- sin que los representantes de París se sentaran a negociar un nuevo contrato, los trabajadores votaron la huelga. Apenas el paro se inició el 19 de mayo, la empresa dispuso personal de reemplazo, lo que fue denunciado a la DT por los huelguistas.

Fue entonces que vino el primer golpe a los trabajadores. París contrató para su defensa al estudio de abogados laborales Albornoz y Cía. Su socio principal es el ex subsecretario de Justicia del gobierno de la Nueva Mayoría, Marcelo Albornoz (DC), quien además fue director del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos y recientemente asesoró a senadores de su partido en la discusión de la Reforma Laboral.

El argumento que desplegaron los abogados de la Administradora París fue que, si no había derecho a negociación, entonces la huelga era ilegal y no se incurría en práctica antisindical al enrolar a personal de reemplazo. Al sindicato no le quedaba más que esperar hasta 2017 para proponer un nuevo contrato.

La fiscalizadora de la Inspección Cordillera Claudia Martínez concurrió a la tienda París el 20 de mayo. Allí dejó constancia de que la empresa “efectuó reemplazo de trabajadores en huelga legal”, recurso que estaba impedida de utilizar, pues no había ofrecido a los trabajadores el llamado “bono de reemplazo”.

Así partió el 1 de julio de 2015 la demanda por “práctica antisindical” interpuesta por la Inspección del Trabajo Cordillera ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto. Por orden del director regional Oriente del Trabajo, Cristián Umaña, la demanda fue retirada para iniciar una mediación entre la empresa y el sindicato.

Óscar Figueroa, secretario de la Federación de Sindicatos París Cencosud, cuenta que en ese momento, la empresa ofreció negociar un “convenio colectivo” sin garantía de despidos. Una vez que esa instancia fracasó, recién el 5 de agosto la Inspección Cordillera interpuso la demanda definitiva contra París por “práctica antisindical”.

Para entonces, las últimas trabajadoras habían vuelto a sus puestos después de 76 días de huelga y sin sueldo. De allí que la única herramienta que les quedaba era que la Dirección del Trabajo ganara el juicio a París y así tener la posibilidad de negociar. Su esperanza se vio reforzada cuando el director regional Oriente del Trabajo, Cristián Umaña, dictó una nueva resolución que declaró que la huelga “no es extemporánea”.

Por eso la frustración de las trabajadoras fue mayúscula cuando en marzo de este año se enteraron de que la DT se había desistido del juicio justo antes de alegar en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Lo primero que hizo la presidenta del sindicato, Ester Jeldres, fue ir donde el abogado Pascal Merino. “Lo único que me dijo es que había recibido órdenes superiores, pero no de quién”, recordó la sindicalista. El 14 de marzo, Jeldres entregó en la Oficina de Partes de la DT una carta dirigida al director Christian Melis, pidiendo explicaciones.

-La Dirección del Trabajo no quiso ganar el juicio: dejar extinguir el contrato aterró al retail y a los que fiscalizan al retail –dijo a CIPER el secretario de la federación, Óscar Figueroa.

Desde la Dirección del Trabajo confirmaron a CIPER que la orden al abogado Pascal Merino provino de las jefaturas de los departamentos de Relaciones Laborales y Jurídico de la Dirección Nacional. La indagación permitió establecer que la orden fue firmada por las abogadas Wendoling Silva y Marta Donaire.

-No es frecuente, pero nos pasa que en algunas oportunidades en que una Inspección resuelve algo, después, cuando el empleador o los trabajadores piden reposición, se revisa (en las instancias superiores) y se da la opinión contraria si se detectan errores jurídicos -explicó a CIPER el director de la DT, Christian Melis.

Para la DT el “error jurídico” de la Inspección Cordillera fue precisamente el nudo central que afectaba a todo el retail: interpretar que al extinguirse el contrato, el sindicato podía presentar una negociación en la fecha que quisiera. Sin embargo, la información recogida por CIPER indica que al menos el Departamento de Relaciones Laborales y la Dirección Regional Metropolitana Oriente de la DT conocieron desde el inicio la tesis jurídica de la Inspección Cordillera y no pusieron objeciones (ver minuta de la DT sobre el juicio laboral).

HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA

De lo obrado por la Dirección del Trabajo en el juicio por “prácticas antisindicales” de la multitienda París del Mall Plaza Tobalaba, solo quedó en pie la multa que la fiscalizadora Martínez aplicó el día de su inspección en terreno. La empresa debía pagar 60 UTM ($2,7 millones) por haber reemplazado a las huelguistas.

Establecer si realmente se cobran las multas cursadas por infracciones a la legislación laboral, fue el objetivo de la auditoría que la Contraloría realizó a la DT y que abarcó desde enero de 2001 al 30 de abril de 2013 (ver Informe N° 140/2013 del 5 de enero de 2015).

El resultado fue lapidario: la Dirección del Trabajo dejó sin efecto 47.279 multas que sumaron $30.566 millones actualizadas al año 2013. Además, aplicó rebajas a otras 17.494 multas por un total de $9.020 millones. En definitiva, la DT disminuyó o dejó de aplicar sanciones en 64.773 casos, que implicaron un beneficio para las empresas infractoras –y un menor ingreso al Fisco- por $39.586 millones. De este monto, $3.947 millones son irrecuperables: las infracciones prescribieron. Tampoco se puede perseguir responsabilidades administrativas o civiles de los funcionarios de la DT, concluyó la Contraloría.

En su indagatoria, los auditores seleccionaron una muestra de 18 empresas que habían sido beneficiadas con mayores rebajas o condonaciones en el periodo investigado. Allí figura Cencosud -matriz de las tiendas París- con pérdida de documentación en varios expedientes de multas. Por ejemplo, una multa cursada a París en 2005 por $149,1 millones (valor 2013),no se cobró y está prescrita. La DT no encontró los documentos y respondió a la Contraloría que se desconocen las razones que tuvo el jefe del Departamento de Inspección de la época para no proseguir con el proceso de sanción a la empresa.

Similar pérdida de documentación se detectó con dos multas cursadas a Taylor Asesorías por $69,7 millones en 2008. No hubo explicación en la DT de por qué se mantenían en “reconsideración” en el sistema informático. Más grave fue lo que se descubrió con la sanción no cobrada a la Minera El Abra por $78,5 millones: la carpeta estaba vacía.

Los auditores de la Contraloría también descubrieron ausencia de comprobantes del envío de las multas a la Tesorería General de la República, organismo encargado de los cobros. Así ocurrió con el envío de la multa cursada a Tur Bus en 2009, por $9,1 millones, cuya carpeta además estaba extraviada.

CONDONACIONES MILLONARIAS

Otra grave falla detectada por los auditores fueron las condonaciones excesivas de más del 80% de las multas cursadas. Una de ellas benefició a Inversiones Alsacia y Express Santiago Uno (operador del Transantiago). Debía pagar 210 UTM en 2006 (equivalentes hoy a $9,5 millones), pero se le aplicó 90% de rebaja. La propia DT reconoció que la condonación debió ser por un máximo del 70%.

En varios casos de altas condonaciones se detectó ausencia de documentos que respaldaran esa decisión. Así ocurrió con Buses Gran Santiago, con una multa de 60 UTM que bajó a 6 UTM; a Prosegur Regiones, con una multa de 180 UTM que se rebajó a 18 UTM; y a la empresa Alsacia (operador del Transantiago): su multa de 270 UTM quedó en 27 UTM sin explicación.

En el informe de Contraloría se incluyeron condonaciones excesivas que firmó el actual director de la Dirección del Trabajo, Christian Melis, cuando se desempeñaba en 2008 en la División de Inspección. La rebaja del 90% en seis multas benefició a la empresa Express Santiago Uno. Cuando los auditores de la Contraloría pidieron el expediente, lo encontraron incompleto y sin la documentación original. Las multas sumaban 3.476 UTM y disminuyeron a 347,6 UTM, lo que implicó que la empresa del Transantiago se ahorrara $125 millones. Y ello, a pesar del informe de un fiscalizador que recomendaba no rebajar las multas en cuatro de las seis infracciones.

Melis explicó a CIPER que firmó la rebaja debido a que “se había acreditado que tras la denuncias hubo acuerdos de la empresa con las organizaciones sindicales”, como la reincorporación de personas despedidas. Y agregó:

-En esa época teníamos como política la gestión del cumplimiento. Nosotros no somos el SII y no nos interesa andar por la vida cursando multas. Lo que nos interesa es que las normas laborales se cumplan y, en consecuencia, hemos entendido que la multa es un instrumento para lograr ese cumplimiento por parte de los empleadores.

Pese a los descargos de la DT, la Contraloría mantuvo la impugnación en las multas que firmó Melis, tanto por la falta de documentación de respaldo como por el incumplimiento de la normativa.

LAS CUENTAS NO CUADRAN

Las irregularidades que descubrió la Contraloría en la Dirección del Trabajo incluyeron el respaldo informático de las multas. Desde 2006, cuando la DT puso en marcha su nueva plataforma informática (DTPLUS), se suponía que allí debían quedar registradas todas las multas. Pues bien, la auditoría reveló que no era así y concluyó: “El sistema arroja resultados que no guardan relación alguna con los registros que al respecto lleva la Tesorería General”.

Duro fue el llamado de atención que le hizo el ente contralor a la DT, pues “pese a estar en conocimiento de tal hecho”, no hay constancia de que se haya indagado el origen de las divergencias con los registros de Tesorería.

La falta de concordancia entre los registros de ambas entidades tenía un efecto clave a la hora de cobrar las multas y evitar la impunidad de los infractores de las leyes laborales. La revisión exhaustiva de los auditores concluyó que 2.013 multas por 22.444 UTM ($1.021 millones actuales) no aparecían en los registros de la Tesorería.

La Contraloría calculó que hasta 2013 hubo multas por $3.216 millones que ya no era posible cobrar. Las razones:porque no se habían cumplido por parte de la Dirección del Trabajo ni los plazos ni la normativa para el cobro. Entre las irregularidades que provocaron la impunidad de los infractores, está por ejemplo, el registrar en el sistema DTPLUS un RUT erróneo de la empresa multada. Precisamente lo que ocurrió con las 470 UTM que debió pagar Express Santiago Uno por una multa en 2006 que nunca fue cobrada.

DENUNCIAS CON AÑOS DE ESPERA

La respuesta y eficiencia de las fiscalizaciones de la DT a las denuncias de trabajadores en 2013, también fue revisada por la Contraloría. Fueron seleccionados 123 procesos (de un total de 18.816) iniciados por las inspecciones Santiago Norte, Providencia y Santiago Sur Oriente. A ello se agregó el análisis de 101 casos dados de baja por error en el ingreso de los datos (ver Informe 89/2014).

En los expedientes respectivos, los auditores descubrieron la ausencia de documentación que avalara las denuncias de los trabajadores. Y en 25 de los 123 expedientes faltaba el comprobante de ingreso de la fiscalización. Entre las empresas que se beneficiaron, figuran: Subus Chile, Optus Chile y Magochic Aseo Industrial. En otros 10 casos faltaban en las carpetas documentos básicos de la fiscalización, como contratos de trabajo, registros de asistencia y comprobantes de remuneraciones.

Al revisar los registros de las denuncias laborales ingresadas en 2013 a DTPLUS por las tres Inspecciones de la DT auditadas, se encontraron 239 casos en que la DT tardó hasta 14 meses (434 días) en asignar a un fiscalizador para indagar la infracción denunciada.

La demora de la DT en reaccionar frente a una denuncia es una de las críticas habituales de los sindicatos. Los investigadores del Observatorio Laboral de CENDA (Centro de Estudios Nacionales para el Desarrollo Alternativo) Militza Meneses y Manuel Núñez, relataron a CIPER que los temporeros “reclaman que cuando llaman a la DT para hacer una denuncia, se demoran tanto en enviar a un fiscalizador que, como ese trabajo agrícola dura poco, a veces, cuando llegan ya no hay faena que fiscalizar”. La respuesta de los funcionarios de la DT que han invitado a sus talleres y seminarios es que falta personal para ir a terreno.

Tardanza no solo en llegar a fiscalizar descubrió la Contraloría. Porque la auditoría también reveló 52 casos en donde un funcionario de la DT sí concurrió a fiscalizar, pero tardó 148 días en emitir su informe. Otras 18 denuncias estuvieron paralizadas hasta 483 días sin que las jefaturas revisaran los antecedentes para decidir si eran aceptadas o rechazadas, en circunstancia que el plazo es de tres días hábiles.

En este acápite, lo más grave es que solo en las tres Inspecciones de la DT que auditó la Contraloría se habían acumulado 1.249 denuncias laborales entre 2001 y 2012 que fueron informadas por los inspectores, pero las jefaturas nunca revisaron los informes, dejando sin respuesta a los afectados.

DESCARGOS DE LA DT

“Los dos informes de la Contraloría resultaron duros para la institución, pero también fueron una oportunidad para darse cuenta y corregir”, señaló a CIPER, el titular de la DT, Christian Melis. Los cambios, según Melis, partieron en marzo de 2015 con nuevas instrucciones a todos los funcionarios.

Christian Melis, Director del Trabajo.

A ello se agrega que la Dirección del Trabajo se incorporó al programa de fortalecimiento de instituciones públicas del Ministerio de Hacienda y el BID, que está focalizado en mejorar la fiscalización y los sistemas tecnológicos, y fortalecer la conciliación laboral. Paralelamente se trabaja un proyecto de nueva ley orgánica para modernizar estructura y procedimientos, como incorporar la notificación electrónica a los fiscalizados.

Melis aseguró a CIPER que las fallas detectadas por la Contraloría, si bien evidenciaron debilidades estructurales de la DT, no gravitan en el resultado total: “Desde 2001 hasta 2016 hemos cursado más de $600 mil millones en multas y realizado más de un millón de fiscalizaciones. Pero no existía una unidad dedicada al control de las multas. En 2015 creamos una oficina que nos alerta si hay atrasos y ahora las multas pendientes no superan el 3% de las 124.572 fiscalizaciones de ese año. Hemos sido más estrictos”.

Las multas laborales cursadas por la DT en 2015 sumaron $73 mil millones, de las cuales la DT dejó sin efecto, rebajó o sustituyó el 21,9% ($16 mil millones). Parte de los infractores recurrió a tribunales por multas por un total de $11.736 millones, de los cuales la justicia rebajó o dejó sin efecto $3.060 millones. Al final, las multas llevadas a cobro totalizaron $54 mil millones. Un monto que Christian Melis asegura que fue cobrado, porque el sistema de traspaso de información a la Tesorería ahora es automático (ver cuadro estadístico de la DT).

-En mi administración hemos actuado en una lógica de protección a los trabajadores que quizá nos cuesta mostrar, pero los números están a la vista –concluye Christian Melis.

En la otra vereda, Francisco Álvarez, dirigente de la Confederación del Comercio y Vestuario (Consfecove), cuenta que hace tres semanas su organización pidió que se fiscalice el respeto a la ley que otorga siete domingos adicionales de descanso al año a cada trabajador por parte de cinco grandes tiendas (Falabella, Paris, Ripley, Sodimac e Hites). Recién el viernes 27 de mayo concurrieron inspectores de la DT al mall Plaza Vespucio.

Pasadas las siete de la tarde del miércoles 26 de enero de 2011, Katherine Bischof, la secretaria de la gerencia general de SQM recibió en su cuenta de correo la confirmación de la compra de un refrigerador LG sidebyside de $719.000 en la sección Novios de Falabella. El refrigerador figuraba en la lista de matrimonio de José Tomás Longueira, hijo del ex senador Pablo Longueira (UDI). Minutos después, Bischof reenvió ese correo a Eva Mujica, secretaria de Luis Saldías, ejecutivo de confianza de Julio Ponce Lerou, con el siguiente agregado: “Solicito reembolso por compra de regalo para don Julio, concepto: Matrimonio hijo P. Longueira”.

Cinco semanas después, el sábado 5 de marzo de 2011, el gerente general de SQM, Patricio Contesse, participaba del matrimonio del hijo de Longueira en la Iglesia Madre de la Misericordia. Es justamente la cercanía de Longueira con SQM -y específicamente con Contesse- la que hoy los tiene a ambos a punto de ser formalizados por soborno, cohecho y reiterados delitos tributarios.

Entre las áreas oscuras de esa relación que la Fiscalía ha desmenuzado están las donaciones que desde 2007 SQM hizo mensualmente a dos fundaciones creadas por el ex presidente de la UDI: Chile Justo y Web. En paralelo, la minera pagó otros $345 millones a una red de boleteros organizada por la asesora de Longueira, representante legal y tesorera de ambas fundaciones, Carmen Luz “Titi” Valdivielso.

Los pagos a la red de boleteros de Longueira están bajo la lupa del Ministerio Público desde abril de 2015, luego de que SQM iniciara una serie de rectificaciones tributarias por servicios sin respaldo. Pero fue durante el verano de 2016 que donaciones y pagos ligados al ex senador se convirtieron en una arista propia de la investigación por el financiamiento irregular de la política. Respecto de Longueira, el agravante es que se lo formalizará también por el delito de cohecho.

Desde las oficinas de SQM se redactó un artículo que Longueira hizo llegar al gobierno para que se incorporara en el proyecto de Ley de Royalty que se aprobó en el Congreso en 2010. El acápite favoreció solo a SQM y le permitió acogerse al beneficio de invariabilidad tributaria hasta 2025 (ver reportaje de CIPER).

Pablo Zalaquett, Coca de Castro y Pablo Longueira

La audiencia de formalización de Longueira y Contesse fue fijada para el próximo 22 de junio. Además, a fines de abril la Fiscalía pidió audiencia para formalizar a todo el directorio de las fundaciones de Longueira por delitos tributarios: Carmen Luz Valdivielso, Cristián Leay (miembro del directorio de TVN), Carmen Luz de Castro y Gustavo Alessandri. La solicitud incluye a otras 14 personas que la indagatoria determinó que emitieron boletas falsas a distintas empresas a solicitud de Valdivielso. La audiencia está agendada para el 6 de julio.

Las imputaciones de la Fiscalía a Longueira también incluyen delitos tributarios a pesar de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se ha querellado en su contra. El director del SII, Fernando Barraza, señaló que no existen antecedentes suficientes que apunten al ex senador como el beneficiario final de los dineros irregulares entregados por SQM a sus fundaciones y a su red de boleteros. Algunos de los integrantes de su entorno sí están querellados por el SII, como su asesora Titi Valdivielso y la pareja de Cristián Leay, María Alejandra Bórquez Cousiño.

Según la Fiscalía, entre 2009 y 2013 familiares, amigos y cercanos al entorno de Longueira recibieron $345 millones de SQM sin prestar ningún trabajo que justificara esos pagos. A ello se suman los $10 millones mensuales que la empresa donaba a las fundaciones de Longueira: entre 2007 y 2015 totalizaron $630 millones. Los últimos pagos de SQM a Longueira bajo la lupa del Ministerio Público son los $65 millones que la minera le pago a Asesorías LB, sociedad creada por el ex senador y su esposa en 2013, cuando Longueira se bajó de la carrera presidencial. En enero de 2014, SQM firmó un contrato con Asesorías LB, por $5 millones mensuales, el mismo monto que antes le donaba a una de sus fundaciones: Chile Justo. La minera rectificó los $65 millones pagados a LB entre 2014 y 2015, ya que solo encontró respaldos de trabajos realizados desde octubre de 2014, a pesar de que los pagos habían comenzado nueve meses antes.

En total, más de mil millones de pesos entregados por SQM al entorno del ex presidente de la UDI. El monto  aumenta si se consideran las boletas falsas que la red de Titi Valdivielso emitió a otras grandes empresas (ver reportaje).

La defensa de Longueira ha insistido en que las donaciones de SQM se destinaron exclusivamente al trabajo de las fundaciones, y que no hay antecedentes que lo liguen directamente con los pagos realizados a sus cercanos. Levantar el secreto bancario de las cuentas corrientes que Chile Justo y Web mantienen en el Banco BCI, podría haber respaldado la versión de la defensa. Pero la solicitud de la Fiscalía fue rechazada por el abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, quien también negó el acceso a los servidores donde se hospedan las cuentas de correo electrónico de las fundaciones.

Hasta ahora poco se sabía del funcionamiento, actividades y contabilidad de las dos fundaciones. CIPER recopiló antecedentes y cruzó los datos disponibles de Chile Justo y Web, y encontró detalles sorprendentes, como que la secretaria, el junior, la coordinadora y los gastos de la sede donde funcionan ambas fundaciones (Nueva Los Leones 0281) eran financiados con dinero del Congreso mientras Longueira era senador.

Además, CIPER reparó en un dato no conocido. En 2009 la casa de Nueva Los Leones cambió de propietario y hubo que firmar un contrato de cesión de arrendamiento. La minuta a partir de la cual se redactó la escritura fue preparada por el abogado Roberto Guzmán Lyon, uno de los asesores más antiguos y amigo de Julio Ponce Lerou. Guzmán fue quien creó la cuestionada estructura de sociedades cascadas de SQM y ha sido representante de las sociedades de Ponce Lerou en paraísos fiscales. El abogado está formalizado por delitos tributarios junto a una red de boleteros que no está ligada al mundo político (ver reportaje).

FUNDACIONES CON FINES POLÍTICOS

Las fundaciones Chile Justo y Web nacieron en momentos en que Pablo Longueira intentaba proyectarse como presidenciable. En la elección parlamentaria de 2005 había logrado llegar al Senado tras derrotar a Lily Pérez en Santiago Oriente. En 2006 desplegó una fuerte ofensiva en la UDI para adelantar la proclamación presidencial.

El 18 de noviembre de 2006, durante un consejo ampliado de la UDI, Longueira asumió formalmente su precandidatura presidencial. En la ocasión, señaló a El Mercurio: “Siempre he estado en la historia de la UDI, en el lugar que me corresponde en los momentos políticos que hemos vivido en los últimos 25 años, y creo que en esta ocasión también tengo que estar asumiendo esta responsabilidad”.

El relato de Longueira tenía un fuerte componente de equidad social y buscaba desmarcarse de la visión elitista de la derecha. En una entrevista a La Segunda el 22 de septiembre de 2006 dijo sentirse honrado de que algunos lo consideraran “populista”, porque esas críticas provenían de “un sector de la derecha que desconoce absolutamente el país real”.

Con esa premisa creó la Fundación Chile Justo, pensada inicialmente como un centro de pensamiento político, o una institución “medidora de la pobreza”, según se refleja en la prensa de la época. La personalidad jurídica de la fundación fue aprobada el 21 de agosto de 2006, en plena ofensiva política de Longueira. Al mismo tiempo nacía Chile Web.

Recorte de El Mercurio sobre el lanzamiento de “Chile Justo”

El primer directorio de ambas fundaciones lo integraron Longueira y su familia. Mientras el ex senador era el presidente de ambas instituciones, su cónyuge, María Cecilia Brinkmann, ocupó la vicepresidencia, y sus hijos Juan Pablo y José Tomás, la secretaría y la tesorería, respectivamente.

Es precisamente durante el periodo en que el ex senador y su familia estuvieron al frente de las fundaciones (2006 -2013), cuando éstas recibieron la mayor cantidad de dinero de SQM. Según declaró la ex secretaria de Patricio Contesse, Katherine Bischof, el pasado 5 de abril, las donaciones a Chile Justo se iniciaron en noviembre de 2007, y las de Web en enero de 2009; y cesaron en agosto de 2011. Sin embargo, CIPER encontró en los registros de SQM dos donaciones en 2012 y cinco en 2013. También encontramos donaciones de la minera a la Fundación Web en 2008, antes de lo reconocido por Bischof (2009).

Bischof relató ante la Fiscalía que los $10 millones mensuales destinados a las fundaciones se hacían “por instrucciones y con aprobación del Sr. Patricio Contesse. Mensualmente recibía un certificado que era emitido por la Fundación Chile Justo, por un monto de $5.000.000, que venía firmado por Carmen Luz Valdivielso. Los certificados están timbrados por el SII, y me llegaban por mano, por sobre”, declaró. A reglón seguido agregó que el mismo procedimiento se repetía en el caso de la Fundación Web. Ambas donaciones tenían beneficio tributario.

En mayo de 2007, Longueira decidió abandonar su campaña presidencial. “Todos los partidos tienen candidato, menos la UDI, y aquí aparezco yo autoproclamándome hace un año y medio… No voy a continuar”, habría señalado en un consejo directivo del gremialismo, consignó La Tercera. A pesar de ese traspié político, la actividad de las fundaciones no se detuvo. De hecho, el 5 de octubre de ese mismo 2007 Longueira presentó en sociedad a la Fundación Chile Justo con un encuentro en las Termas de Cauquenes.

El lanzamiento oficial de Chile Justo incluyó un seminario donde expusieron Osvaldo Andrade (PS), entonces ministro del Trabajo; Arturo Martínez (PS), en ese momento presidente de la CUT; Juan Claro, ex presidente de la Sofofa y la CPC y Sebastián Piñera, entre otros. A la inauguración llegaron cerca de 150 personas y varios se quedaron sin cupo, registra la prensa.

Mientras Longueira fue senador, buena parte de la mantención de la casa donde operan las fundaciones fue pagada con dineros fiscales. Según el informe que envió el Senado a la Fiscalía, “el entonces senador don Pablo Longueira Montes rindió gastos generales de oficinas desde julio de 2009, respaldados por los respectivos comprobantes que se refieren únicamente al inmueble ubicado en Avenida Nueva Los Leones 0281”.

El comprobante de julio de 2009 -enviado por Longueira al Senado- detalla los gastos que se reembolsaron ese mes: $43 mil de agua, $661 mil de luz, $676 mil de teléfono, $366 mil de internet, $27 mil por servicio de alarma y otros gastos menores. En total: $2.204.264. Ese volumen de gasto se mantuvo hasta mayo de 2011, dos meses antes de que Longueira emigrara al Ministerio de Economía. Hay meses donde el gasto se dispara, como en  abril de 2011, cuando se registra un pago adicional de $2.829.178 a Tom Watt TV y Sonido, por la instalación de un sistema de audio.

Hoy la casa de Nueva Los Leones no es solo la sede de las fundaciones del ex senador. Allí también funcionan las oficinas de Ágora, empresa de seguros en la que se asociaron Pablo Longueira y Cristián Leay; y también registra ese domicilio Imex, un negocio de importación de productos desde China de la misma dupla. Testimonios de ex empleados de las fundaciones dan cuenta de que durante los últimos años se han subarrendado oficinas. Un tiempo funcionó allí una empresa de casting para niños, la que era propiedad del hijo del ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé.

El Senado también financió sueldos de empleados de las fundaciones. En 2007 el ingeniero comercial Gonzalo Matamala era asesor de Longueira en el Senado (hasta septiembre de 2008), y paralelamente era director ejecutivo de Chile Justo. Lo mismo ocurre con la recepcionista de Fundación Web, Carolyn Osorio González, quien declaró el 28 de abril ante la Fiscalía: “Mis funciones eran contactar clientes, recibir llamados telefónicos, recibir correspondencia, enviar las facturas por pago de hosting y atenderlos. Mis labores siempre fueron para la Fundación Web y nunca presté directamente servicios para labor parlamentaria del Sr. Longueira (…) Mi sueldo era en esa época (2008) de $350.000 y se me pagaba mensualmente con un cheque emitido por el Congreso Nacional”. Cuando Longueira abandonó el Senado, dijo, le hicieron un contrato con la fundación.

El junior de las fundaciones también recibía su remuneración desde el Congreso. Bruno Vera fue señalado por distintos boleteros como la persona que los acompañaba a los bancos a cobrar los vales vista de distintas empresas, dinero que después se llevaba en un bolso.

EL CÍRCULO DE LONGUEIRA

El control familiar de las fundaciones de Longueira llegó a su fin en enero de 2013, el mismo año en que decidió abandonar el Ministerio de Economía para asumir una segunda candidatura presidencial (también fallida).

El 21 de enero de 2013 todo el clan Longueira renunció al directorio de Chile Justo en una sesión que se realizó en Nueva Los Leones 0281. En el acta legalizada se establece que los hijos del matrimonio Longueira Brinkmann, Juan Pablo y José Tomás, renuncian ya que “obligaciones profesionales les hace imposible cumplir con las responsabilidades de sus cargos”. También renuncian Longueira y Brinkmann, ya que “sin la presencia de los renunciados secretario y tesorero no será posible imprimir el pretendido sello familiar a la dirección de la fundación”.

Cristián Leay

El mismo día, en la sesión de directorio de la Fundación Web, la familia Longueira también renuncia a sus cargos. Las actas respectivas indican que fue el propio Longueira quien designó los reemplazos en ambas fundaciones: presidente, Cristián Leay; vicepresidenta, Carmen de Castro Blanco; secretario, Gustavo Alessandri Balmaceda; tesorero, Carmen Luz Valdivielso. Estos directorios se mantienen hasta hoy y retratan el círculo de leales que hoy es investigado por la Fiscalía por participar en el esquema de recaudación de dineros que se organizó en las oficinas de Providencia.

Uno de los socios más cercano a Longueira es Cristián Leay, miembro del directorio de TVN. La indagatoria de la Fiscalía registra una serie de reuniones de la dupla Longueira-Leay con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. En la agenda de reuniones que mantenía la secretaria Katherine Bischof, aparece un almuerzo de los tres el 10 de mayo de 2010 en las oficinas de SQM. Otro encuentro fue citado para el 30 de julio a las cinco de la tarde, y un tercero el lunes 2 de agosto a las 10 de la mañana, solo días antes de que Contesse hiciera llegar a Longueira el polémico artículo que fue incluido en la ley que le otorgó invariabilidad tributaria a SQM.

Meses antes, en abril de 2010, Leay fue el encargado de organizar una visita de dirigentes de la UDI a las oficinas de SQM en el norte del país. Un correo enviado el 12 de abril por Bischof a la casilla de Leay en el Centro de Estudios Nueva Minería, señala: “Don Cristián, tengo entendido que usted está a cargo del grupo que visitará el norte este 25 de abril. Agradeceré que me pudiera enviar una lista con los nombres de cada invitado, rut, # calzado y chaleco (s, m, l). Y si tuvieran una dieta o recomendación especial, para tener en consideración. ¡Mil gracias!”.

El mismo día, Leay le escribió a Titi Valdivielso: “Titi, esta es la invitación de Pato Contesse al norte. Me puedes ayudar a conseguir los datos”, y enumeró la lista de convocados: Pablo Longueira, Jovino Novoa y Jaime Orpis. El 13 de abril, Valdivielso le adjuntó los detalles requeridos a Bischof: “Aquí te mando los datos de tus invitados, un abrazo”.

El socio principal del Centro de Estudios Nueva Minería (constituido en 2006, presta servicios de asesorías a empresas mineras) es Cristián Leay. Esa sociedad realizó pagos a personas que declararon no haber prestado ningún trabajo a cambio y que también aparecen con pagos rectificados por SQM. CIPER publicó en abril de 2015 el listado de personas con pagos irregulares de la minera y del Centro de Estudios Nueva Minería: Alejandra Bórquez Cousiño (pareja de Leay), Loreto Undurraga Casteblanco, Alfonso Agustín Mora Domínguez, Laura Toledo Cruz, María Paz Schuster Pino, los hermanos Gustavo y Nicolás Guíñez y Francisca Orellana Lazo (ver reportaje “Pagos ilícitos de SQM: las pistas que llevan a Cristián Leay y a las fundaciones de Longueira”).

La actual vicepresidenta de las fundaciones, Carmen “Coca” de Castro, tiene dos pagos rectificados por SQM: $10 millones, repartidos entre enero de 2012 y enero de 2013. En su relato judicial, una de las boleteras de Longueira, Solange Hermosilla, señaló que algunos de los pagos que recibió por emitir boletas falsas, fueron depositados en una cuenta de Coca de Castro.

LA CASA DE LOS LEONES

Una de las interrogantes que busca despejar la Fiscalía es quién ha pagado el arriendo del cuartel general de Longueira en Nueva Los Leones 0281. El inmueble es propiedad de Agrícola Santa Anita, de Antonella Perugi Fachinetti. Hasta 2009 era Inmobiliaria Bellas Artes la sociedad que le arrendaba la casa a Chile Justo por $5 millones mensuales, pero ese año se realizó un cambio en la propiedad y el inmueble quedó a nombre de Santa Anita. En el nuevo contrato se deja constancia que la minuta de la escritura fue redactada por Roberto Guzmán Lyon, abogado y antiguo asesor de Julio Ponce Lerou. En ese contrato aparecen las firmas de Perugi y de Titi Valdivielso, en representación de Chile Justo.

Entrada a Nueva Los Leones 0281

El 2 de agosto de 2011 se firmó el nuevo contrato de arriendo por $6,3 millones al mes. En agosto de 2012, el monto subió a $6,5 millones; y en agosto de 2014, otro contrato consignó el nuevo precio del arriendo: $8 millones. El último contrato se firmó el 25 de enero de 2016, pero esta vez el arrendador es la Inmobiliaria Alonso de Córdova, cuyo representante es Pablo Longueira, quien firmó el contrato por cinco años.

En 2013, la casa de Los Leones también sirvió de sede de campaña de Pablo Zalaquett en su fallido intento por llegar al Senado. De Castro fue su jefa de campaña y, de hecho, aparece cancelando el arriendo de la propiedad entre junio de 2013 y junio de 2014, utilizando cheques de su cuenta corriente en el Banco Edwards. Coca de Castro está formalizada por la obtención de dineros irregulares  para esa campaña de Zalaquett y es una pieza clave para dilucidar cómo se financiaba la sede de Pablo Longueira en Nueva Los Leones.

Otro de los nexos que vinculan a las fundaciones de Longueira con la campaña parlamentaria de Zalaquett, es Luis Bone Solano, quien ha sido contador de Chile Justo y Web. Es el mismo profesional que certificó ante el Servel la rendición de gastos de las campañas senatoriales 2013 de Laurence Golborne y Pablo Zalaquett.

ALESSANDRI Y VALDIVIELSO LIMITADA

Otra interrogante de la indagatoria judicial es el rol que ha jugado Gustavo Alessandri Balmaceda (actual secretario de las fundaciones Chile Justo y Web) en el esquema de financiamiento de Longueira. Una de las boleteras asociadas a Longueira, Nicole Etcheberry, está relacionada con Alessandri: fue su encargada de prensa durante la campaña de 2009, en la que intentó volver a la Cámara como representante de La Florida. Otro boletero lo señala como beneficiario directo de los dineros de SQM.

Alejandro Arias Edwards declaró que siendoestudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, emitió una boleta falsa a SQM para apoyar económicamente la candidatura “a alcalde” de Gustavo Alessandri Balmaceda, padre de uno de sus compañeros de carrera: Gustavo Alessandri Bacuñán. Si es verdad lo que afirmó Arias, los $5 millones que recibió de SQM en 2009 fueron para la campaña a diputado de Alessandri, ya que no fue candidato a alcalde.

Gustavo Alessandri Balmaceda

Tanto Alessandri Balmaceda como sus hijos, Gustavo y Antonia, figuran con boletas falsas rectificadas por la empresa minera. El padre tiene dos boletas por $10 millones en total (abril de 2010 y julio de 2011); su hijo (actual concejal por Puente Alto y candidato a alcalde en las primarias de Chile Vamos en Zapallar) registra otras cinco boletas a SQM por $23 millones (entre octubre de 2009 y febrero de 2012). También emitió una boleta falsa al Banco BCI por $5 millones. Antonia Alessandri aparece con cuatro boletas falsas por $17 millones (entre enero de 2011 y octubre de 2012).

Gustavo Alessandri Balmaceda es estrecho colaborador de Pablo Longueira y socio de Titi Valdivielso en Alessandri y Valdivielso Limitada, sociedad constituida en 1998 y que se dedica a la explotación de productos forestales.

De todos los integrantes del círculo de Longueira la situación judicial más compleja es la de Titi Valdivielso. Y no solo por la cantidad de testimonios que la sindican como el motor de la red de boleteros que financió irregularmente las actividades de Longueira.

El informe de la PDI que analizó todas las boletas falsas relacionadas con Longueira, concluyó que en su mayoría el correo asociado a la boleta es titivaldivielso@chilejusto.cl, la casilla de correo de la tesorera de las dos fundaciones del ex ministro de Economía. A ello se agregan los numerosos correos que intercambió por años con Katherine Bischof, la secretaria de Patricio Contesse. En ellos, Valdivielso le solicita apurar dineros de la minera y crear proveedores en los registros internos de SQM para poder ejecutar los pagos de las boletas falsas. En uno de esos correos, Valdvielso le pide a Bischof crear como “proveedor” a Juan Pablo Longueira Brinkmann.

Dos reuniones coordinadas por Valdivielso y Bischof llaman la atención. La primera fue pedida por Patricio Contesse cuando Longueira ya era ministro de Economía. El jueves 15 de septiembre de 2011 Bischof le escribió a Valdivielso: “Solicitamos a través del presente audiencia con don Pablo Longueira para don Patricio Contesse. Tema: Salar de Atacama”. El segundo correo está fechado el 19 de diciembre de 2011: “Titi, hola. Don Patricio Contesse me solicita con suma urgencia una reunión (no más de 10 minutos) con don Pablo. Idealmente hoy. Porfa, te lo ultra encargo. Don Julio Ponce también urge conversar con él”.

Gustavo Alessandri Bascuñán, en campaña por Zapallar

No hay huellas en esos registros que indiquen el motivo de la urgencia de Contesse y Ponce Lerou. De lo que hay certeza es que tres días después de solicitada la reunión “urgente”, Pablo Longueira, en su calidad de ministro de Economía, firmó junto a Patricio Contesse el contrató que le aseguró a SQM Nitratos la invariabilidad tributaria.

Carmen Luz Valdivielso ha sido por años la mujer de confianza de Longueira. Estuvo desde el inicio de las fundaciones y fue su asesora legislativa desde el 1 de mayo de 2009 hasta el 18 de julio de 2011 (cuando Longueira abandonó el Senado). Su remuneración mensual el primer año fue $1,3 millón. En abril de 2010 su sueldo se duplicó: $2,5 millones.

Valdivielso acompañó a Longueira como jefa de gabinete cuando este llegó al Ministerio de Economía. Actualmente dice trabajar en Asesorías LB, la empresa que el ex ministro creó junto a su señora en 2013 y se ha mantenido como representante legal de las dos fundaciones. Fuentes del entorno de Longueira señalan que la lealtad de Valdivielso con su jefe es inquebrantable, y creen muy difícil que vaya a colaborar con la investigación

¿QUÉ HACE CHILE JUSTO?

Luego de que en 2007 Pablo Longueira lanzara la Fundación Chile Justo en las Termas de Cauquenes, no hay mayor registro de sus actividades. Incluso su página web no está activa. CIPER recurrió a la base de datos archive.org, la que respalda parte de la información que se sube a internet. En junio de 2008, la Fundación Chile Justo lucía en su página la capacitación para los alumnos de la Fundación Real Madrid en La Florida (también aparece en el registro de actividades de la Fundación Web). Meses después, el 6 de agosto, informó de un diálogo entre Oscar Landerretche y Claudio Sapelli sobre una comisión que estudió la relación entre trabajo y equidad. Son las únicas dos actividades que figuran en las capturas hechas al sitio hasta 2012.

En las mismas capturas de archive.org aparecen fotografías de columnas de opinión publicadas en distintos medios por quien fuera director ejecutivo de la Fundación Chile Justo, Gonzalo Matamala. La última columna publicada fue en el diario La Segunda: “Clase media: ¿somos millones?”, el 18 de abril de 2008.

En la indagatoria de la Fiscalía hay testimonios que dan cuenta de las actividades que se realizaban bajo el alero de la Fundación Web, pero respecto de Chile Justo los antecedentes son menores, solo se sabe con certeza que tuvo un área cultural que funcionó hasta 2011: Chile Cultura.

Captura Web Chile Cultura

El encargado de esa área, Patricio Urrutia, declaró en la Fiscalía (24 de mayo) que la relación formal comenzó en noviembre de 2007, cuando Chile Justo empezó a pagarle un sueldo mensual de $900 mil. Esa fecha coincide con el inicio de las donaciones mensuales de $10 millones de SQM a las fundaciones de Longueira.

“Trabajé hasta mayo o junio de 2011 porque Carmen Luz Valdivielso me dijo que ya no había financiamiento para esta área y le pusimos términos al contrato”, señaló Urrutia. Y detalló que durante los años que funcionó Chile Cultura se grabaron discos musicales de bandas que no contaban con financiamiento: “Mucho reggae, raperos y algunas bandas de rock y música pop y folcloristas. Debemos haber hecho unas 40 producciones aproximadamente”.

El ex encargado de Chile Cultura recordó también que mientras participaba en las fundaciones de Longueira hizo la producción de actos políticos: “Cuatro eventos que se hicieron en los distritos de La Reina, Peñalolén, La Florida y Lo Espejo, donde, como señalé, presté el servicio de coordinación, producción y todo eso. En todos ellos, hizo discursos el senador y puede que también los políticos de los sectores, pero yo a ellos no los ubico bien. Creo tener fotos y videos de eso”, aseguró ante los fiscales cuando estos le preguntaron por una factura que cobró el 17 de diciembre de 2009, por $9,5 millones, y que Longueira rindió como gasto de oficina ante el Senado.

No fue el único pago extra que recibió Urrutia por fuera de su remuneración mensual. Un año después, en noviembre de 2010, el entonces senador Longueira rindió como gasto parlamentario otra factura pagada a Patricio Urrutia E.I.R.L. por $7,1 millones. La glosa señala: “Asesoría, producción de eventos fin de año La Pintana, San Miguel, La Florida”.

Con posterioridad al fin de Chile Cultura, no hay registros. CIPER accedió a las memorias y balances de las fundaciones Chile Justo y Web.  Las memorias de Chile Justo solo indican como trabajos análisis de coyuntura política, sin precisar el destinatario de esos estudios. Por ejemplo, en la memoria de 2010 se dice: “Se realizó un seguimiento de políticas públicas llevadas adelante en diversas áreas, principalmente en los sectores de la economía, desarrollo social, empleo, tecnología e inclusión social, tanto a nivel nacional como internacional. Para lograr lo anterior, fue necesario la creación y estructuración de equipos de voluntarios con las capacidades e intereses necesarias, como asimismo, un método de trabajo común  y acorde con la realidad de la fundación”. No se adjunta ninguno de esos estudios.

En la memoria de 2011 se menciona escuetamente que se estudiaron áreas relacionadas con “educación e innovación” y se anuncia: “Se iniciaron los primeros estudios tendientes a determinar las mejores y más adecuadas políticas públicas en diversos ámbitos para el país”. En el registro de 2012 se mantiene el tono de enunciación: “Durante el presente año la Fundación se abocó a la preparación de diversos estudios en el área de las políticas públicas, tendientes a buscar una mejor aplicación de estas últimas, especialmente en el área de la educación pre escolar y de la fuerza laboral femenina, sumándose este año estudios relacionados a la superación de la pobreza mediante el emprendimiento”.

Ese mismo texto se repite íntegro en la memoria de 2013, año en que se agrega un apartado que anuncia que se trabaja en mejorar la difusión de los estudios realizados por la fundación. La memoria de 2014 es la última disponible y allí se lee: “Las actividades realizadas por la Fundación Chile Justo se enfocaron principalmente al análisis de las políticas públicas y las reformas tributarias y educacional impulsadas por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Se dio inicio a la preparación de estudios tendientes a medir el impacto o consecuencias de dichas reformas en la población”. En los documentos entregados por Chile Justo no aparecen nunca resultados concretos (revise aquí las memorias de la Fundación Chile Justo).

La situación de la Fundación Web es distinta. Según varios testimonios judiciales su rol era apoyar a micro empresarios con la creación de su primera página web. Ese trabajo se ve corroborado en las memorias revisadas por CIPER, donde aparecen registros de las páginas web elaboradas.

En 2009 se informa de la firma de un convenio con la Municipalidad de Puerto Varas, y de la realización de 79 sitios web “sin costo en su diseño y desarrollo”. La memoria de 2010 informa que impulsaron un convenio con la Municipalidad de Santiago (con el alcalde Pablo Zalaquett) y que se entregaron 140 sitios web, entre ellos, una página de la Embajada de Paraguay, otra de la Federación de Estudiantes Campus Casona de la Universidad Andrés Bello. En 2011 los sitios creados llegaron a 100 y se informa de un convenio con la Universidad del Pacífico. En 2012 los sitios creados subieron a 124, y entre las páginas aparece la web de Greentec, una de las empresas creadas por Cristián Riquelme y Flavio Candia, miembros de la G 90 del PPD que trabajaron en La Moneda durante la administración Bachelet. En 2013 los sitios creados fueron 122, de los cuales 39 fueron pagados. En 2014 las cifras fueron similares: de 132 sitios web creados, 44 fueron pagados (ver Memorias de la Fundación Web).

El Crucero Skorpios II  tiene cinco cubiertas. Entre ellas se reparten más de 50 cabinas, dos salones con bar y un amplio comedor. Cada año, entre mayo y septiembre, este barco zarpa desde Puerto Montt hacia el sur a recorrer el fiordo de Quintupeu, una ruta de volcanes, cascadas y acantilados, además de visitar pueblos y aguas termales. El viaje dura dos días y una noche, y bordea los $200.000 por persona (así es el Skorpios II).

Este es el barco que arrienda la Municipalidad de Temuco cada año -desde 2013- para realizar capacitaciones a sus funcionarios. Cada viaje le cuesta por lo menos $14 millones al municipio, y como en los últimos tres años lo ha arrendado en siete ocasiones, ha debido desembolsar $100 millones en total.

El pago de estos viajes en el Skorpios II no sale directamente de la caja de la Municipalidad de Temuco. Los tres viajes de 2013 y 2014 los pagó el Instituto Profesional La Araucana, entidad con la que el municipio firmó tres contratos directos para realizar capacitaciones por $17,5 millones cada una.

Los otros cuatro viajes de 2015 y 2016 fueron cancelados por la empresa Capacitaciones Leik Limitada (Chile Trainers). Para ello, la municipalidad licitó sus capacitaciones a través de Mercado Público y todas fueron adjudicadas a esta empresa. Los montos de esos contratos fluctúan entre $17,8 millones y $35,9 millones.

Miguel Becker Alvear

En todos estos contratos la mayor parte del gasto se destina al pago del Skorpios: entre el 70% y el 80% del total. El resto corresponde al  pago por el entrenamiento a los funcionarios municipales.

Una de las capacitaciones de 2015 incluyó dos viajes a bordo del Skorpios II, lo que elevó el gasto del curso en $28 millones. El monto fue pagado con dineros del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

El alcalde de Temuco, Miguel Becker Alvear (RN), justifica los gastos ya que, según explicó a CIPER, el objetivo es hacer capacitaciones “distintas” y el precio le parece “adecuado”.

Miguel Becker hizo noticia el viernes 3 de junio por oponerse a la propuesta de quitar el título de Ciudadano Ilustre de Temuco al ex general Augusto Pinochet, comparando la situación con el Premio Nobel del poeta Pablo Neruda. “A mí no me parece ese premio de Neruda, ¡que lo devuelva!”, dijo a SoyChile.cl.

ARRIBA DEL SKORPIOS

Lo que ocurre arriba del barco fue relatado a CIPER por el propio alcalde Miguel Becker:

-A cada capacitación asisten 90 funcionarios. Nunca se debe repetir nadie, salvo el alcalde, que ha viajado en todos los viajes. Y créeme que el primero fue entretenido, el segundo no mucho, el tercero ya no me entretuvo nada y el séptimo mucho menos.  Y no es un crucero: es un lugar donde la gente se capacita y es mejor que un hotel para que no se me escapen.

El edil explicó que los 90 funcionarios se dividen en cuatro colores y se distribuyen entre los dos bares que tiene el barco:

“Se hace un trabajo en alianza y se prepara un sketch, con presentaciones para la noche del día viernes. Lo que se hace es de alguna forma representar las cosas que no hacemos bien y, después, se hace una representación de cómo se pueden hacer mejor. Entonces se hace un tipo role play, en que hay personas que son las que atienden la municipalidad y otras que llegan a requerir el servicio. Y claro, a veces resulta bien duro ver cómo hay personas que incluso se logran identificar y se comprometen a cambiar. Ahí,  después de que se hace un análisis de la presentación, empieza esto de cómo mejorar”, explica el alcalde.

(Fuente: web Cruceros Skorpios)

-El recorrido del Skorpios incluye visitas a aguas termales y a ciertos pueblos. ¿Eso también está incluido en la capacitación?
-Sí, sí. Se hace prácticamente fuera de horario, digamos. Se baja a las termas durante dos horas y en Horno Pirén durante dos horas también, una cosa así.

-¿Y también incluye el bar abierto y la cena bailable que ofrece el barco?
-El bar no es tan abierto.

-¿Cómo es entonces?
-No, porque yo lo he restringido durante todos los viajes. El servicio se supone que en el papel está disponible, pero yo lo he tendido a restringir.

-¿Quién tomó la decisión de realizar estas capacitaciones a bordo de un crucero?
-Es parte de la Comisión de Capacitación de la municipalidad. Con el propósito de hacer un tipo de capacitaciones distintas, y con un precio que nos parece adecuado, quisimos hacer esta capacitación en el Skorpios.

VIAJES AUSPICIADOS POR EL FAEP

La crisis que se ha arrastrado durante los últimos años en la educación pública también golpea a Temuco. Hace 10 años la matrícula municipal bordeaba los 25 mil alumnos, hoy son casi 10 mil menos. La mitad de estos niños ha emigrado durante la gestión del alcalde Miguel Becker, que asumió en 2008 (vea la evolución de la matrícula).

Para establecimientos municipales y particulares subvencionados, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), elabora anualmente el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), que refleja la condición de vulnerabilidad asociada a los estudiantes de cada establecimiento. Según los registros de la Junaeb, el IVE 2016 alcanzó el 67,1% en Temuco. Si reducimos la medición solo a los colegios municipales, la cifra supera el 80% y hay cinco colegios de esa ciudad que alcanzan el 100%.

Una de las capacitaciones licitadas en 2015 se destinó a perfeccionar a los directores y jefes de las Unidades Técnico Pedagógicas (UTP) de los colegios y funcionarios de la Dirección de Educación Municipal (DAEM). Serían en total 180 funcionarios por lo que el cronograma incluyó dos viajes a bordo del Skorpios II.

El contrato se firmó con la empresa Capacitaciones Leik el 7 de julio de 2015 por un total de $35,9 millones (vea el contrato). En las bases de la licitación se destaca en letras negritas: “El municipio mantiene dos reservas para las fechas indicadas para el viaje en el barco Skorpios II, por un valor de $14.000.000 (cada una), la que será transferida al oferente que se adjudique la presente propuesta” (vea las bases).

Los $28 millones que pagó la municipalidad por los dos viajes en el Skorpios II, fueron pagados con dineros del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Este fondo estatal está destinado al apoyo de la gestión de los municipios en materia educativa. Temuco recibió en 2015 más de $2.170 millones del FAEP, los que se podían gastar, entre otras cosas, en capacitaciones para los funcionarios de la educación.

Escuela Mollulco de Temuco

El alcalde de Temuco explica que ese gasto fue rendido y aprobado por el Ministerio de Educación. Pero, en la práctica, lo que la Municipalidad de Temuco rindió fue la capacitación de sus funcionarios, a través de informes y fotos, sin detallar que casi el 80% del costo correspondía a los dos viajes en el crucero Skorpios II.

-Yo lo justifico plenamente, porque sí se hizo un muy buen trabajo con los directores y con los jefes de UTP, sí se logró el objetivo absolutamente y, de acuerdo a lo que tengo en una calculadora aquí, los $28 millones divididos en 200 personas que habrían viajado, son alrededor de $140 mil por persona- fundamenta el alcalde Becker.

-¿Y nadie en el Concejo Municipal o en otro ámbito de Temuco le ha formulado una crítica por las capacitaciones en el Skorpios?

-Estos gastos son públicos, la gente los conoce, los sabe, y lo que está viendo es que la ciudad está mejorando en todos los aspectos. No creo que vayan a cuestionar por $200 mil una capacitación de un director de un establecimiento educacional que ha tenido buenos resultados.

Becker cuenta que incluso ha mandado a algunos directores de colegios a Estados Unidos a capacitarse. Una actividad que ahora ha extendido a los alumnos:

“Estoy mandando a 30 alumnos destacados de los terceros medios de nuestros liceos a Nueva York, durante casi un mes. Eso nos cuesta cerca de $160 millones. Me podría llamar por eso también. Ahora, usted me puede decir: ‘¿por qué no hizo esta capacitación de Inglés en la comuna de Lautaro, donde tienen un muy buen profesor de Inglés? Y la respuesta es: porque quiero que los niños conozcan una realidad distinta, que vayan a Nueva York. En Boston, van a ir a visitar la Universidad de Harvard y espero abrir los ojos de niños del área rural muy carenciados”.

CONTRATACIÓN A DEDO

El proceso para elegir a la empresa que realizó las tres primeras capacitaciones entre 2013 y 2014 no fue público. El municipio de Temuco seleccionó de forma directa al Instituto Profesional La Araucana para que se hiciera cargo de los cursos.

El primer contrato se firmó el 24 de abril de 2013. Allí solo se detalla que la capacitación para 90 funcionarios municipales se realizará de forma íntegra a bordo del barco los días 26 y 27 de julio, por $17,5 millones (vea el contrato).

En esa oportunidad, el barco utilizado fue el  Skorpios III, más grande y más caro que el Skorpios II. Pero en el contrato no hay registro del mayor desembolso que le significó a la municipalidad este viaje. Como el precio está incluido dentro del costo general de la capacitación, el barco lo pagó directamente el Instituto Profesional La Araucana.

El decreto N° 279, que autorizó la contratación directa de La Araucana, establece que la municipalidad solo cotizó con esta empresa e incluye su propuesta: una capacitación de “Liderazgo y Trabajo en Equipo”  100% práctica, a través de “juegos de roles y cuestionamientos propios”, de casi cinco horas de duración entre los dos días de viaje (vea el decreto y la propuesta).

Carolina Aedo Sabugal

Para los dos contratos siguientes, de mayo y septiembre de 2014, el Instituto Profesional La Araucana presentó un programa creado por Chile Employment, compañía de reclutamiento, selección y capacitación de personal de Temuco. Dos relatoras de esa misma empresa fueron contratadas por La Araucana para que impartieran los cursos. Una de ellas, la psicóloga Carolina Aedo Sabugal, directora y dueña de Chile Employment, tendría un rol protagónico en los contratos de 2015 y 2016.

El programa “Comunicación y Gestión del Trabajo en Equipo”, creado por Chile Employment, agregó dos jornadas de trabajo, una previa y otra posterior al viaje en el barco. También detalló unidades temáticas, metodología y cronograma. Parte de ese plan de trabajo fue ocupado posteriormente por la Municipalidad de Temuco para crear las bases de las futuras licitaciones (vea el programa).

En 2014, a pesar de aumentar la cantidad de jornadas y de relatores, el precio se mantuvo en los $17,5 millones por capacitación. A diferencia del contrato de 2013, estos sí incluyeron un desglose del presupuesto. En base a estos documentos es posible afirmar que el arriendo del barco representó el 80% del monto final: $14 millones (vea el presupuesto de los contratos).

ADJUDICATARIA CONOCIDA

Las tres capacitaciones de 2015 y 2016 fueron licitadas a través del portal Mercado Público y en las tres ocasiones la beneficiada fue Capacitaciones Leik Limitada, más conocida como Chile Trainers. Pero existía un vínculo previo entre esta empresa y el municipio. Una de sus dueñas ya había estado a bordo del Skorpios II.

La directora y dueña de Chile Employment, Carolina Aedo Sabugal, también es dueña de Capacitaciones Leik junto a su esposo, Leik Patrick Caro Berenguer. La empresa fue constituida en 2013.

Su nombre solo aparece en el programa de capacitación que presentó el Instituto La Araucana en mayo de 2014, aunque también realizó la capacitación de septiembre del mismo año. Así lo demuestra ella misma en los anexos técnicos de la primera licitación que ganó su empresa, en mayo de 2015. Allí, para acreditar su experiencia como relatora, adjuntó las boletas que emitió al Instituto Profesional La Araucana por liderar las dos capacitaciones de 2014 a bordo del crucero (vea las boletas).

En dos de las tres licitaciones que ganó, la empresa de Carolina Aedo compitió contra otras propuestas, pero la ventaja era clara. El municipio de Temuco creó las bases técnicas ocupando los mismos contenidos que fijó Chile Employment para capacitar a los funcionarios en 2014, el mismo programa que aplica la empresa de los mismos dueños: Capacitaciones Leik (vea el programa).

LA ADVERTENCIA DE CHILECOMPRA

Para la licitación de 2016, Carolina Aedo siguió presentando el mismo programa que utilizó en la capacitación que el municipio pagó a La Araucana. Solo el precio cambió: subió a $21,6 millones. Esta vez, el costo del crucero también aumentó y alcanzó los $15 millones.

Un mes antes de que el Skorpios II iniciara una nueva travesía con los funcionarios municipales de Temuco, el municipio recibió una notificación del Observatorio de ChileCompra. En el documento, que fue recibido en la alcaldía el 22 de abril, se advirtió sobre el contenido de una denuncia anónima que cuestionaba el gasto de las capacitaciones. Allí se lee:

“El Observatorio de ChileCompra expresa que no obstante cada organismo es autónomo en la decisión de contrataciones y gastos de su presupuesto, le recomendamos evaluar la pertinencia de continuar con este proceso, considerando los posibles inconvenientes y cuestionamientos públicos, en particular dada la actual política de ahorro del gasto público y los mensajes de austeridad entregados a la ciudadanía por parte de nuestras autoridades”.

(Fuente: web Cruceros Skorpios)

La respuesta del alcalde de Temuco se despachó el 29 de abril. Allí explica: “La política de capacitación del municipio está refrendada por las correspondientes partidas presupuestarias (…) la cual es autorizada por el concejo municipal y cuyo detalle de actividades también ha sido conocida oportunamente por dicho cuerpo colegiado municipal” (vea la respuesta completa).

La revisión de las actas del Concejo Municipal de Temuco que hizo CIPER, indica que la única contratación que pasó por dicha instancia fue la capacitación que se hizo en julio de 2015. Precisamente los dos viajes que se hicieron en el Skorpios II y que se pagaron con fondos del FAEP. El acta del consejo realizado el 16 de junio de 2015, revela que la decisión contó con el apoyo unánime de los concejales.

Los otros cinco cruceros a bordo del Skorpios se hicieron sin pasar por la aprobación del consejo ya que el costo de cada capacitación no superaba las 500 UTM (sobre los $20 millones desde 2013).

Durante más una década, agentes del bufete de abogados Mossack Fonseca (Mossfon) aplanaron las calles de Santiago visitando firmas de abogados, estudios contables e instituciones financieras. El objetivo: captar nuevos clientes. La tarea no era fácil. Para los representantes de la firma panameña dedicada a crear sociedades de fachada en paraísos fiscales, el chileno, comparado con sus vecinos latinoamericanos, había ganado fama de conservador en el manejo de su riqueza.

Así y todo, Mossack Fonseca logró que más de un centenar de chilenos o extranjeros con inversiones en Chile abrieran cerca de 200 sociedades offshore domiciliadas en Panamá, Islas Vírgenes, Bahamas y otro puñado de paraísos fiscales (ver reportaje de CIPER). La cifra, que abarca desde la década de los ’80 hasta antes de estallar el escándalo mundial de los “Papeles de Panamá”, no es despreciable: Perú y Paraguay, según han reportado medios asociados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en esos países, exhiben cifras similares. Solo Argentina sale de ese marco con 270 sociedades offshore.

Buena parte de los beneficiarios de estas sociedades las crearon valiéndose de intermediarios o facilitadores. Ese es el apelativo para los abogados, estudios jurídicos, oficinas contables o instituciones financieras (corredoras de bolsa y bancos), que hacen de eslabón entre empresarios e inversionistas con el bufete panameño para la apertura y, en algunos casos, administración de sociedades offshore. Son ellos, los intermediarios, los primeros clientes de Mossack Fonseca. Para contactarlos, cada año, ejecutivos del bufete viajaban de Panamá a Chile con una agenda cargada de reuniones. Una rutina que cambió en 2010, cuando la firma tuvo un representante permanente en Santiago.

A partir de 2003, las visitas a Chile del equipo de agentes de Mossack Fonseca se intensificaron. El mercado chileno había comenzado a repuntar. Así lo evidencian los números: si entre 1978 y el año 2000 el bufete panameño había abierto solo 50 sociedades vinculadas a chilenos o extranjeros con negocios en Chile, entre 2001 y 2015 la cifra se triplicó.

Ciudad de Panamá

Los viajes se extendían por una o dos semanas, a razón de ocho reuniones por día. Así, en el transcurso de los últimos 15 años, Mossack Fonseca golpeó puertas en más de 150 oficinas de abogados, contadores y entidades financieras en nuestro país, ofreciendo ultra confidenciales métodos para refugiar dineros en algún paraíso fiscal. Desde Fundaciones de Interés Privado (FIP) –para planificar sucesiones o herencias ahorrando impuestos– hasta los “innovadores” Life Insurance Wrappers, una suerte de armadura a prueba de balas que protege patrimonios incluso frente a requerimientos judiciales de embargo.

En el historial de intermediarios recurrentes de Mossack Fonseca en Chile figura el estudio Cariola, Díez, Pérez Cotapos y Cía. con una decena de sociedades creadas en la década de los ’80; el estudio Prieto y Cía., con seis sociedades en 1997 para los protagonistas del “Caso Chispas” en Islas Vírgenes; el abogado Gonzalo Delaveau Swett,que aparece vinculado a cinco sociedades con domicilio en Bahamas, algunas constituidas cuando era miembro del estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz; el bufete Larraín, Rencoret, Lackington y Urzúa, que intermedió en la creación de cinco sociedades en Panamá; y los abogados de Vial y Cía., ligados como gestores a cinco offshore en Bahamas, Seychelles e Islas Vírgenes (ver intermediarios).

Entre los clientes “top” de Mossack Fonseca se encuentra también la extinta corredora de Bolsa Raimundo Serrano Mac Auliffe, propiedad de Tomás Serrano Parot, condenado en 2015 a presidio por estafa reiterada. Serrano fue hasta hace poco controlador de Unión La Calera y hombre de estrecha confianza del ex mandamás de la ANFP, Sergio Jadue, quien también presidió ese club de fútbol y recibió pagos de una consultora ligada al ex agente de Bolsa (ver reportaje de CIPER).

Serrano defraudó en más de $12 mil millones a cerca de 350 clientes de su corredora. Entre 2001 y 2009 (año en que se conocieron las fraudulentas maniobras del empresario), la empresa de Serrano gestionó siete sociedades offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas con Mossack Fonseca. La mayoría muestra al mismo director: Sebastián de Rementería Videla, quien era el gerente de la corredora.

En mayo de 2001, un mes antes de que se gestionara a través de Serrano Mac Auliffe la primera sociedad offshore con Mossack Fonseca, Serrano y de Rementería constituyeron en Chile la empresa Los Choros Power & Gas. Los Choros, junto a Accent Trading Inc., sociedad registrada por el bufete panameño en Islas Vírgenes Británicas, fueron identificadas por el Ministerio Público como dos de las piezas clave del millonario esquema de defraudación que diseñó el empresario.

LANGOSTINOS PANAMEÑOS

Al mediodía del 20 de abril de 2001, Sebastián de Rementería, gerente internacional de la corredora Raimundo Serrano Mac Auliffe y Jorge Fuenzalida Barraza, gerente comercial y director de la empresa (condenado junto a Tomás Serrano Parot por fraude), llegaron al exclusivo restaurante La Toja, en Ciudad de Panamá. Ambos ordenaron langostinos, la especialidad de la casa.

Sobre la mesa, junto a los crustáceos, había folletos de Mossack Fonseca. Tres ejecutivos de la firma panameña los acompañaban en el distendido almuerzo, donde la conversación giró en torno a los instrumentos de planificación tributaria que ofrece la firma. “Se mostraron interesados en licencias bancarias y fondos mutuos”, dice un registro del bufete en el que quedó constancia de lo conversado en la cita. CIPER encontró cientos de registros como éste en los más de 11 millones de documentos filtrados del bufete panameño. A través de ellos CIPER pudo rehacer la huella del recorrido de los agentes de Mossack Fonseca por las oficinas de cientos de potenciales intermediarios chilenos.

Tras el banquete en La Toja (Panamá), Fuenzalida y de Rementería visitaron las oficinas de Mossack Fonseca ubicadas en una lujosa zona de la ciudad. El día terminó con un tour por las concurridas esclusas de Miraflores, donde se puede ver subir y bajar los barcos que transitan por el Canal de Panamá.

En 2001, los negocios en Chile del publicista Tomás Serrano iban en subida. Ese año, la recientemente constituida sociedad Los Choros Power & Gas anunció que tomaría el control de la Empresa Eléctrica del Norte Grande (Edelnor), en una transacción cercana  a los US$4,5 millones.

Canal de Panamá

Dos meses después de la visita a Centroamérica de los gerentes de Serrano Mac Auliffe, la corredora gestionó la apertura de la primera de siete sociedades offshore con Mossack Fonseca: Kenville Group Corp., registrada el 20 de junio de 2001 en Panamá. Kenville fue constituida con un directorio de fachada proporcionado por los mismos ejecutivos de Mossfon. Meses después el directorio fue cambiado y en su reemplazo ingresaron: Sebastián de Rementería y las sociedades Inversiones San Martín Limitada y Accent Trading. San Martín fue constituida en enero de 1995 por de Rementería y por el publicista y empresario Andrés Vicuña Escala. Vicuña, al igual que Tomás Serrano, también estuvo vinculado a Deportes Unión La Calera. En octubre de 2015, según registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el publicista vendió 51% de las acciones de ese club a Andes Inversiones Deportivas, sociedad ligada a los argentinos  Sebastián y Ricardo Pini (ex controladores de Rangers de Talca).

Según los registros de Mossack Fonseca, Accent Trading fue registrada en Chile el 21 de febrero de 1996. San Martín y Accent figuran en los registros de la firma panameña con domicilio en Nueva York N°9, piso 13, Santiago. La misma dirección donde funcionaba la corredora Raimundo Serrano Mac Auliffe.

REGALOS PARA TODOS

Para los representantes de Mossack Fonseca, el aspecto, la ropa, los modales de los interlocutores y la decoración de las oficinas que visitaban, funcionaban como un semáforo. Todos los reportes de los ejecutivos de Mossfon tras sus reuniones con bancos, bufetes de abogados y estudios contables, comienzan con las impresiones que les dejaba el primer contacto con el cliente y su lugar de trabajo. “Los tres socios eran ya de edad avanzada (…), oficina de nivel medio, ya que está en el centro de Santiago y por la decoración se aprecia que no han invertido mucho en ella”, reportó en una oportunidad una agente de Mossfon luego de visitar un estudio de contadores chilenos. No hicieron negocios con ellos.

Los gerentes y las  oficinas de la corredora Serrano Mac Auliffe en calle Nueva York, causaron impresiones opuestas entre los vendedores de sociedades de fachada de Mossfon.

Representantes de Mossack Fonseca visitaron en tres oportunidades las oficinas de la corredora en Chile. El 18 de marzo de 2003, la agente Betty Motta –tal como lo anotó en su agenda con color rojo– llegó con regalos para de Rementería, Fuenzalida y Serrano. A los clientes importantes, se les entregaba como cortesía un abre cartas, lápices o libros con fotografías de Panamá. “El señor Fuenzalida quedó encantado con el regalo”, se lee en el reporte de Motta a sus superiores. Allí también consignó que el ambiente de la oficina era “profesional”, que la decoración era “excelente” y que Fuenzalida era un tipo de apariencia “cordial” y“de muy buen aspecto”.

Jorge Fuenzalida y Tomás Serrano

Para entonces, la corredora había abierto una segunda offshore en Panamá: Harton Global Corporation, registrada por Mossack Fonseca el 13 de agosto de 2001. Nuevamente aparece como director el gerente internacional de la corredora Sebastián de Rementería y como asociados figuran Accent Trading e Inversiones San Martín.

Una tercera sociedad gestionada a través de la corredora de Serrano, Adelton Investments Inc., fue registrada por Mossack Fonseca en Islas Vírgenes Británicas el 5 de marzo de 2002. En ella también figura Sebastián de Rementería como director. La cuarta sociedad quedó registrada el 11 de abril de 2003 en Islas Vírgenes: Accent Trading Inc. (mismo nombre que la sociedad ya mencionada). Como primeros directores figuran Sebastián de Rementería y el ciudadano peruano Modesto Daniel Hernández Guerrero. Las acciones fueron emitidas a nombre de dos empresas domiciliadas en Lima: IFNI S.A.C. y Sofía Antonia S.A.C. En registros comerciales de Perú, de Rementería aparece como gerente general de Sofía Antonia, la que opera en el rubro inmobiliario.

El gerente de negocios internacionales de Serrano Mac Auliffe se había instalado en Lima, desde donde donde administraba la corredora de Bolsa Cartisa Perú, otro de los emprendimientos del ex controlador de Unión La Calera Tomás Serrano (fue vendida en 2010 al grupo peruano Iaccsac).

La quinta sociedad fue VBE Inc. (Veintitantas Banderitas Entertainment Inc.), creada el 22 de abril de 2003 también en Islas Vírgenes, y con de Rementería y Andrés Vicuña como directores.

Newcastle Engineering Group Inc., fue registrada por Mossfon tres meses después, en el mismo paraíso fiscal (julio 2003). Las acciones de esta sociedad se emitieron a nombre del ingeniero peruano José Antonio Cabia Vega, quien fue representante de Cartisa Perú, la corredora de Serrano en Lima.

El 27 de abril de 2009 se creó en Islas Vírgenes la última de las siete sociedades que la corredora Raimundo Serrano Mac Auliffe gestionó a través de Mossfon: Kelter Management Corp. En ella figura la madre de Sebastián de Rementería como directora.

Solo 18 días después de la apertura de esta sociedad, estalló la bomba en Santiago. El 15 de mayo, un cliente de la corredora de Tomás Serrano, que tenía casi $2 mil millones de acciones en custodia, puso una denuncia en la Fiscalía. Los dineros no estaban. Tampoco los de varias decenas de clientes a los que durante años les habían enseñado balances adulterados. Fueron $12 mil millones los que se esfumaron.

Mientras el Ministerio Público investigaba, Sebastián de Rementería –quien no figuró entre los acusados–, siguió gestionando las sociedades abiertas por Mossack Fonseca a través de la corredora Serrano Mac Auliffe. El 23 de mayo de 2011 escribió a los ejecutivos de Mossfon en Panamá, solicitando que Accent Trading Inc. (Islas Vírgenes), emitiera un “poder amplio de representación de la sociedad (dedicada a invertir en valores), que incluya el cobro de cheques, a nombre mío, Sebastián de Rementería”.

Accent Trading Inc. es la sociedad que la Fiscalía identificó como uno de los dos vehículos –junto a Los Choros Power & Gas– con los que Serrano y Fuenzalida desfalcaron a sus clientes en $12 mil millones.

El poder que de Rementería le pidió a Mossfon dice así: “Otorgamos poder a Juan Sebastián de Rementería para administrar y representar a la compañía sin limitación alguna (…) El poder aquí conferido podrá ser usado y ejercido por el apoderado para actuar individualmente en cualquier parte del mundo, incluyendo cualquier país, estado, colonia, provincia, municipalidad o subdivisión política de cualquier país”.

Recién el 17 de marzo de 2014 –casi cinco años después de que se iniciara la investigación judicial– los ejecutivos de Mossack Fonseca en Panamá se enteraron a través de sus representantes en Chile, de que sus clientes Serrano y Fuenzalida eran protagonistas de uno de los fraudes financieros más bullados de los últimos años.

“Recomiendo renunciar como agentes registrados considerando que se encontraron resultados negativos del cliente y sus contactos”, escribió un funcionario de Mossfon en un correo electrónico. En esos momentos, dos de las siete sociedades creadas por la corredora de Tomás Serrano en Islas Vírgenes aún permanecían activas.

En abril de 2015, Tomás Serrano Parot y el gerente comercial de la corredora, Jorge Fuenzalida Barraza, fueron condenados con cárcel por los delitos de uso indebido de custodias, estafa y entrega maliciosa de información falsa.

SECRETO FINANCIERO

“Me reuní con un socio y director del área Tax&Legal de Deloitte Chile (…) Me explicó que tiene varios clientes que quieren sacar sus dineros afuera a algún paraíso fiscal como Panamá, y que no quieren que los mismos o sus utilidades vuelvan a Chile, pues tendrían que pagar los impuestos de internación o de herencia. También quieren absoluta confidencialidad (…) Habló sobre la evasión de impuestos y sobre sus políticas de no hacerlo en Deloitte, pero que en estos casos en particular no se podía hablar de evasión, porque el dinero jamás entraría a Chile”.

El párrafo corresponde a un documento enviado en marzo de 2012 a Panamá por la abogada chilena y representante permanente de Mossack Fonseca en nuestro país, Carmen García. La relación de Mossfon con Deloitte era de antigua data. Los ejecutivos del bufete habían visitado a la auditora en 2001, 2003 y 2005. Tras la primera visita, dejaron por escrito la siguiente impresión: “Ambiente: profesional; Decoración: excelente; Trato: muy Cordial; Apariencia: muy buena”.

A comienzos de mayo de 2012, Mossack Fonseca incorporó en Panamá Alpha Centauri Group S.A., sociedad vinculada a dos de los socios fundadores de la auditora Deloitte & Touch en Chile: Álvaro Mecklenburg Riquelme (en mayo de 2015 se retiró de Deloitte) y Patricio González Greco. En 2012, González aparece como el tenedor del 100% de las acciones de la sociedad. Un certificado firmado por dos ejecutivos de Mossack Fonseca con fecha 30 de abril de 2015, muestra a Mecklenburg como el único accionista de Alpha Centauri.

Según los registros de Mossack Fonseca, luego de la apertura de la sociedad, Mecklenburg y González viajaron a Panamá en junio de 2012 y fueron recibidos en el aeropuerto por un miembro de la firma panameña, quien los trasladó al Hotel Le Meridien, a orillas de la bahía de la ciudad. Poco después, Alpha Centauri abrió cuenta corriente en el Banesco de Panamá.

Mossack Fonseca no escatimó esfuerzos en complacer a los socios de la firma. Desde Chile, la representante de Mossfon había hecho hincapié en que Mecklenburg “era uno de los pesos pesados en temas tributarios”, y que la sociedad Alpha Centauri era “la prueba que nos está haciendo Deloitte” para ver si seguiría trabajando con ellos.

CIPER conversó con el abogado Mecklenburg, quien señaló que no recuerda conocer a Carmen García. Por ello, dijo, no podía hacerse cargo de las palabras que la abogada dejó registradas en su reporte. También dijo no recordar tener algún tipo de vínculo con Alpha Centauri Group, y aseguró que mientras estuvo en Deloitte jamás trabajaron con paraísos fiscales o diseñaron prácticas de evasión tributaria.

No hay constancia en los registros de Mossack Fonseca de que Mecklenburg o González hayan gestionado la creación de nuevas sociedades.

De lo que sí quedó constancia en esos millones de archivos, es de las numerosas gestiones realizadas por el abogado Jorge Raúl Hernández González para la creación de una serie de entidades offshore. Según los registros del bufete panameño, fueron abogados de Deloitte quienes habrían propiciado el vínculo entre Hernández y Mossfon. De hecho, en uno de los documentos de Mossack Fonseca se menciona a Hernández como “abogado consejero” de la auditora. CIPER no pudo comprobar ese vínculo. Lo cierto es que Hernández González quedó registrado en los sistemas de Mossack Fonseca como “cliente independiente” (no vinculado a Deloitte).

Entre 2003 y 2014, Hernández gestionó la creación de una decena de sociedades offshore en Panamá con Mossfon como agente registrado (vinculadas a sus hermanos, y a inversionistas y empresarios agrícolas): Alto Consulting Group (2003), Inversiones Santo Tomás (2003), Colonel Holdings Inc. (2008), Aleron Properties (2009), Cineactiva (2009), Forestal SPT (2009), Peteroa (2009), Mibrigth Inc. (2014), Ansa Consulting Group (2014) y Cagh S.A. (2014).

Como abogado, Hernández no solo ha incursionado en el ámbito tributario, también en el penal. En 2007, la Defensoría Penal Pública le adjudicó una licitación por $83,5 millones a Servicios Profesionales Vizcarra Limitada, sociedad constituida en enero de 2005 por Hernández González y Andrea Vizcarra Catalán.

PRINCIPIO DE BUENA FE

En agosto de 2011, Carmen García, representante de Mossack Fonseca en Chile, visitó un importante estudio de abogados en Santiago. A pesar de que no concretaron ningún negocio (razón por la que no se menciona el nombre del bufete), el reporte que hizo García de esa reunión ofrece un buen ejemplo de los instrumentos de planificación tributaria con los que intentaban seducir a los posibles intermediarios.

A uno de los abogados de ese estudio, García le ofreció utilizar los Life Insurance Wrappers (“seguros de vida de colocación privada”), como fórmula para refugiar capitales de manera segura en algún paraíso fiscal. Este instrumento permite abrir cuentas bancarias en el extranjero sin tener que revelar la identidad del beneficiario, pues en la práctica una compañía de seguros actúa como tal. Esto hace que esos fondos queden blindados y sean prácticamente inembargables. También permite realizar planificación tributaria con las herencias, pues quien recibe los dineros del seguro lo hace “por derecho propio” y no como heredero.

En el informe que Carmen García escribió después de la reunión a sus superiores en Panamá, se lee: “Hablamos sobre las fundaciones y los Life Insurance Wrappers, producto que le pareció interesante, pero señaló que él ya sabía cómo operaba y que seguía siendo peligroso traer dineros a Chile a través de este vehículo, pues si los montos eran significativos, el Servicio de Impuestos Internos con seguridad iba a revisar los oficios en que se está actualmente basando la buena fe tributaria”.

Ese año 2011, las gestiones en Chile de los agentes de Mossack Fonseca se enfrentaron a un obstáculo. Desde al menos cuatro estudios jurídicos se les señaló a los representantes del bufete panameño que los chilenos ya no estaban tan interesados en sacar sus capitales de Chile y que lo que buscaban ahora era traerlos de vuelta. Y que para hacerlo, muchos de sus clientes esperarían a la promulgación de la ley de repatriación de capitales que ya se discutía en el Congreso.

El 29 de noviembre de 2011, el socio de un estudio jurídico que tampoco sirvió de intermediario para Mossack Fonseca, le comentó a Carmen García que tenía dos clientes que querían repatriar sus dineros, pero que no habían encontrado un método seguro para hacerlo. “Eran clientes muy desconfiados y él creía que iban a esperar hasta que se promulgara la ley que propone que los dineros de chilenos ingresados desde el extranjero solo paguen 6% de arancel de internación”, se lee en el informe de García.

En marzo de 2012, la agente chilena de Mossfon recibió similar respuesta de otro prestigioso bufete de abogados: “(El cliente) dijo que ahora el interés es traer de vuelta los dineros en el extranjero y no sacarlos. Señaló que era muy posible que se aprobara la Ley de Retorno de Capitales, aunque no creía que el gobierno iba a regalarlo con el 6%, sino más bien alrededor del 12%”.

El artículo 24° transitorio de la Ley 20.780  abrió en 2015 la ventana que muchos esperaban para regularizar sus dineros en el extranjero, pagando un impuesto preferencial y único de solo 8% sobre esos activos no declarados (por la vía “tradicional” ese impuesto podría haber alcanzado un 40%). Al 31 de diciembre de 2015, casi ocho mil personas se habían acogido a este beneficio, lo que le permitió al Fisco recaudar más de US$1.500 millones.

El “perdonazo” tributario impulsado por el Ministerio de Hacienda, eximió de toda responsabilidad penal, civil o administrativa a los contribuyentes que se acogieron a esta amnistía.

LOS OTROS JUGADORES

El tradicional bufete Cariola, Díez, Pérez Cotapos y Cía., fundado a comienzos del siglo pasado, fue por años un activo intermediario de Mossack Fonseca. Entre junio de 1982 y noviembre de 1987 abrió 11 sociedades en Panamá. Por la antigüedad de esas entidades offshore –la mayoría de ellas se encuentra inactiva–, en los registros de Mossfon no figura la identidad de sus beneficiarios.

No obstante lo anterior, en esos mismos registros aparece este estudio de abogados haciendo gestiones para una de esas 11 sociedades hasta 2007. En septiembre de ese año, el bufete Mossack Fonseca recibió instrucciones para que Dunhill Properties S.A., emitiera poderes a favor de tres abogados de Cariola: Sebastián Obach González, Gonzalo Varela Alfonso y Juan Esteban Montero León.

Gonzalo Delaveau Swett es otro de los abogados que sirvió de intermediario con Mossfon para que clientes chilenos o extranjeros con inversiones en nuestro país crearan sociedades en paraísos fiscales. Hastaprincipios de abril Delaveaufue el presidente de Chile Transparente. Tras la publicación del capítulo chileno de los “Papeles de Panamá” (ver reportaje de CIPER), en el que quedó en evidencia el importante vínculo del abogado con cinco sociedades en Bahamas ligadas a la minera Andes Copper, Delaveautuvo que renunciar. Parte de estas sociedades se abrieron desde el estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, del que el abogado fue socio. En los registros de Mossack Fonseca, el estudio aparece además vinculado a la sociedad Cape Horn Group Limited, creada en Bahamas en 2002 (inactiva desde 2011).

A fines de los ’90, el estudio Prieto y Cía. –fundado por el consejero legal de ICARE, Patricio Prieto Sánchez–, intermedió en la gestión de siete entidades en Islas Vírgenes Británicas vinculadas a José Yuraszeck y los protagonistas del llamado “Caso Chispas” (ver reportaje). Desde esa firma de abogados, se instruyó a ejecutivos de Mossack Fonseca realizar sucesivos y millonarios aumentos de capital para esas sociedades, las que luego emitieron acciones a nombre de las empresas chilenas de los ex ejecutivos de Enersis. “Prieto y Cía. no participó en la creación de esas sociedades y las actuaciones que nos encargaron nuestro clientes, encuadradas dentro de la legalidad chilena, llevaron finalmente a solicitar la disolución de varias de ellas”, señalaron a CIPER representantes del bufete.

Al igual que la mayoría de los estudios jurídicos ya mencionados, la firma Vial y Cía. figura recurrentemente en los rankings de la guía británica Chambers & Partners, la que distingue a los mejores bufetes de la región. Fundada por el abogado Felipe Vial Claro, en los registros de Mossack Fonseca aparece como intermediaria de cinco sociedades offshore creadas entre 1994 y 2005 en Islas Vírgenes, Bahamas y Seychelles. Una de esas sociedades –aún activa– es Aladin Marine Corporation, propiedad del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards.

Mossack Fonseca no es la única compañía que ofrece en Chile la apertura de sociedades en paraísos fiscales para realizar planificación tributaria. En diversos documentos del bufete panameño a los que accedió CIPER, numerosos abogados contactados por Mossfon mencionan que también trabajan con otras compañías: CITCO, Commonwealth Trust Limited (CTL), Alcogal y Amicorp, entre otras. “Incorporan entre 10 y 15 sociedades offshore al año. Eligen con quién hacerlo dependiendo de la preferencia de su cliente”, escribió la ejecutiva de Mossfon Betty Motta tras una visita realizada al estudio de Vial y Cía., en marzo de 2003.

La competencia era fuerte y el mercado chileno estrecho. La misma representante de Mossfon informó, luego de otra visita de negocios realizada a Chile también en marzo de 2003, que los abogados de un estudio con el que no hicieron negocios, utilizaban los servicios de la compañía panameña Alcogal, competencia de Mossfon, y que su mayor preocupación respecto de las fundaciones de interés privado era mantener la confidencialidad del beneficiario final y no perder el control sobre los activos. Betty Motta les entregó a sus interlocutores un dato que era la garantía del secreto: “Ramsés Owens (uno de los abogados principales de Mossack Fonseca), había ayudado a escribir la ley”.

El estudio chileno Larraín, Rencoret, Lackington y Urzúa (Lackington se retiró y se incorporó a Labbe, Ovalle, Guglielmetti & Lackington, estudio que también registra sociedades con Mossfon), es otro de los bufetes que ha sido intermediario de Mossack Fonseca. “Se trata de un estudio de primera línea en Santiago, con veinticuatro abogados, excelente presencia, ubicado en el sector de negocios más prestigioso de Santiago”, escribió la ejecutiva de Mossfon, Sara Montenegro, tras una visita a sus oficinas en diciembre de 2010. La firma aparece como intermediaria de cinco sociedades offshore registradas entre 2005 y 2010 en Panamá.

Cuevas Abogados, bufete creado en 2002 por Gustavo y Álvaro Cuevas, también ha gestionado sociedades con Mossack Fonseca. “Están muy satisfechos con nuestro servicio y mencionaron que les gustaría incrementar el negocio con nosotros”, reportó el agente de Mossfon Amauri Batista tras visitar a los abogados de esta firma en abril de 2008. Son cuatro las sociedades en las que Cuevas abogados aparece como intermediario. Todas fueron constituidas en Panamá entre 2006 y 2009. Desde Cuevas Abogados, respondieron a CIPER: “Ponemos en conocimiento que Cuevas Abogados asesora clientes nacionales y extranjeros con actividades en múltiples jurisdicciones, lo que ameritaba, en algunos casos en el pasado, la constitución de entidades offshore por diversas y legítimas causas (…) Nuestro estudio ha desarrollado su trabajo en un ámbito de pleno respeto a la ley chilena y de acuerdo a las normativas del Servicio de Impuestos Internos (SII)” (ver respuesta completa).

“Le interesó especialmente la Fundación de Interés Privado panameña, pero me dijo que sería más fácil venderla dando una idea de cómo funciona el comprar una sociedad y hacer una planificación, y más o menos qué porcentaje de impuestos pueden ahorrarse (…) la conversación me dejó bastante pensativa respecto de cuál sería el justo límite para dar información a los clientes”, escribió Carmen García en el reporte de una reunión que tuvo en enero de 2012 con un abogado de Ovalle y Cía.

Este estudio jurídico fue intermediario de tres sociedades creadas por Mossack Fonseca en 2005, 2011 y 2015 en Panamá. A comienzos de este año Ovalle y Cía. se hizo conocido luego que dos de sus abogados fueran formalizados por presunta prevaricación en el llamado “Caso CAVAL”.

Desde Ovalle y Cía. respondieron a CIPER: “Nuestra oficina no tiene dentro de sus áreas de práctica profesional el ofrecer a sus clientes el trasladar sus capitales a sociedades en el extranjero. Ahora, en las sociedades que nos consulta, de una de ellas no tenemos registro. En las otras, se trató de clientes que ya tenían sociedades de esa naturaleza  y que decidieron ingresar capitales al país o bien desarrollar nuevos negocios, en un caso sin nuestra asesoría (año 2015) y en el otro a través de una sociedad  en cuya formación participamos (año 2005)”.

El 6 de junio pasado la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló ocho cargos contra el proyecto Pampa Hermosa de Soquimich. Aprobado en 2010, este proyecto no es un número más entre los 63 que SQM ha sometido a evaluación ambiental en los últimos 20 años. Este mega-proyecto, con una inversión de más de mil millones de dólares, duplica la producción de yodo de la compañía y es una viga maestra para el futuro de la minera que controla Julio Ponce Lerou. CIPER reconstruyó paso a paso cómo se tramitó el proyecto más importante y costoso de SQM desde su ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2008. Ese ejercicio muestra cómo Pampa Hermosa se evaluó, se aprobó y se puso en marcha en los mismos años en que la minera repartió más de US$11 millones en aportes ilegales para todo el arco político (ver reportaje de CIPER).

La reciente resolución de la SMA podría ser una bala de plata para SQM, pues uno de los cargos fue tipificado como “gravísimo” y puede paralizar el proyecto: la minera no implementó las medidas de mitigación comprometidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó la operación.

–No descartamos ninguna sanción a priori –señaló a CIPER el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz.

La radiografía que le hizo CIPER a la evaluación y fiscalización del proyecto Pampa Hermosa, que comenzó a operar en 2011, arroja datos interesantes. Uno de ellos es que la SMA supo de las irregularidades que arrastraba a lo menos dos años antes de que formulara los cargos. Facultada para actuar de oficio, en todo ese tiempo no lo hizo. Recién inició una investigación en abril de 2015, cuando el Consejo Regional (CORE) de Tarapacá presentó una denuncia.

CIPER también recogió testimonios y antecedentes de  las presiones que se ejercieron para aprobar el proyecto y luego para frenar la denuncia del CORE. Aquí se asoma la mano del ex ministro Enrique Correa, propietario de la empresa de lobby Imaginacción. También aparece la figura de un estrecho colaborador del senador Fulvio Rossi (PS), Luis Guzmán Contreras.

No son estos los únicos nombres de políticos con huella en Pampa Hermosa. En 2011, cuando la iniciativa ya estaba aprobada, la entonces presidenta del PPD, Carolina Tohá, visitó el Salar de Llamara, sector donde se produjeron los incumplimientos ambientales. Según un reportaje de La Tercera, la alcaldesa de Santiago fue invitada por el gerente general de la minera, Patricio Contesse, poco después de que SQM firmara un convenio con la ONG Chile Ambiente -dirigida por Patricio Rodrigo, miembro del círculo íntimo del senador Guido Girardi-, operación que encubrió un aporte cercano a los $50 millones para las arcas del PPD.

Presentado en dos oportunidades para su aprobación (2006 y 2008), Pampa Hermosa desde un comienzo enfrentó cuestionamientos por su alta demanda de agua en los acuíferos de dos zonas de alta escasez hídrica: la Pampa del Tamarugal y el Salar de Llamara. En su primera presentación, el proyecto se denominó Soronal y comprometía una demanda de agua de 395 lt/seg., pero la empresa desistió de su tramitación ante el inminente rechazo de la autoridad ambiental. El proyecto ingresó de nuevo en 2008, bajo el nombre de Pampa Hermosa, y su demanda de agua casi se duplicó: 735 lt/seg.

Muchos de los derechos de agua que SQM consiguió para operar su proyecto, fueron entregados por la Dirección General de Aguas (DGA) basada en una serie de informes pagados por la misma minera y elaborados por el DICTUC de la Universidad Católica. Una parte de esos informes se hizo cuando el DICTUC era dirigido por Hernán de Solminihac, luego ministro de Obras Públicas y de Minería de Sebastián Piñera, bajo cuyo gobierno se aprobó Pampa Hermosa. El ex director del DICTUC es hermano del actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, quien en esa época se desempeñaba en la subgerencia general de la minera.

Los cargos de la SMA abren un nuevo y delicado flanco para la empresa de Julio Ponce Lerou. A este problema que amaga con afectar su operación de yodo en Tarapacá, se suma el litigio que mantiene con Corfo por la explotación de litio y potasio en el Salar de Atacama, cuyos resultados se conocerían en diciembre. Corfo busca poner término anticipado al contrato de concesión que tiene con la minera (ver reportaje de CIPER).

De Pampa Hermosa y del Salar de Atacama dependen tres de los negocios más importantes para Soquimich. Mientras en 2015 la venta de yodo le reportó ingresos cercanos a los US$262 millones, la explotación de potasio y de litio en el Salar de Atacama significaron ventas por US$430 millones y US$223 millones, respectivamente.

DAÑO IRREVERSIBLE

El 2 de febrero de 2006, SQM Industrial, filial de Soquimich, presentó en la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama, hoy Servicio de Evaluación Ambiental), un ambicioso proyecto para incrementar su producción anual de yodo de 4.500 a 10.500 toneladas en sus instalaciones de Nueva Victoria (Región de Tarapacá). El entonces proyecto Soronal, consideraba además la construcción de una nueva planta con una capacidad de 900 mil toneladas anuales de nitrato de sodio.

En octubre de ese mismo año, la minera se desistió del proyecto. La Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entre otros organismos, manifestaron serios reparos al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por SQM. Los principales cuestionamientos se concentraban en un aspecto clave para la minería del norte: el agua.

Soronal contemplaba extraer 395 lt/seg desde 11 pozos, cuatro de ellos en el Salar de Llamara, ecosistema de alto valor por la presencia del último bosque de tamarugos de origen completamente natural (los restantes han sido replantados) y por afloramientos de agua llamados puquíos. También por ser uno de los pocos lugares en el mundo con formaciones de estromatolitos, células fosilizadas a las que se atribuye ser las primeras oxigenadoras de la atmósfera.

“La situación actual de la Pampa del Tamarugal ya es frágil (…) aprobar nuevos caudales de extracción significa en gran medida acelerar un proceso irreversible”, señaló la Conaf en un informe del 31 de marzo de 2006 (ver informe).

A estos reparos se sumó la preocupación de que Soronal afectara también al río Loa. La extracción de agua desde la zona de Quebrada Amarga ponía bajo amenaza ese curso fluvial que atraviesa las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Hasta ese momento, Soronal jugaba sin contratiempos en el área chica de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de Tarapacá. Pero cuando los efectos del proyecto se expandieron a dos regiones, la evaluadora de la Conama central que hacía el seguimiento del proceso desde Santiago, Pilar Valenzuela Delpiano, hizo una solicitud que cambiaría drásticamente el curso de los acontecimientos.

La norma establece que cuando un proyecto afecta a más de una región, debe ser evaluado por la autoridad ambiental en Santiago. En esa regla se basó Pilar Valenzuela para pedir que Soronal fuera analizado a nivel central como proyecto birregional.

ENRIQUE CORREA: “HOLA COMPAÑERA”

Cuando la Conama pidió que Soronal fuese tramitado en Santiago, en Soquimich se encendió la alerta. A mediados de 2006, un grupo de ejecutivos de la minera llegó a las dependencias de la Conama en Santiago. Entre los miembros de ese grupo estaba la vicepresidenta de Personas y Sustentabilidad de SQM, Paulina de Vidts Sabelle, y el ingeniero Carlos Prado Castillo, propietario de la consultora Pramar Ambiental, encargada de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de Soronal. Fueron recibidos por Pilar Valenzuela y por el jefe de Evaluación y Seguimiento Ambiental, Jorge Lagos Rodríguez.

En la reunión, Soquimich defendió el carácter regional del proyecto para mantener el proceso en Iquique y expuso antecedentes que apuntaban a que no se afectarían los tamarugos. La respuesta de Pilar Valenzuela fue que el proyecto sería visto en Santiago.

Poco después de esa reunión, la evaluadora recibió un inesperado llamado.

–“Hola compañera” –cuenta Pilar Valenzuela que escuchó del otro lado del teléfono.

–“¿Quién es?” –respondió ella.

–“Enrique Correa”.

Enrique Correa

Pilar Valenzuela recuerda que el llamado del ex ministro y lobista tenía un objetivo preciso: “Me preguntó si él podía hacer algo para ayudar a facilitar la aprobación del proyecto Soronal. ‘Por ningún motivo’, le dije, y de inmediato me cortó. No dijo nada más, ni siquiera se despidió”, contó a CIPER.

De acuerdo al libro de compras de Soquimich, entre 2009 y 2014, Imaginacción, la empresa de Enrique Correa, ha facturado $994 millones a la minera.

CIPER intentó hablar sin éxito con Correa para que diera su versión sobre ese llamado. Quien sí respondió fue el gerente de Asuntos Corporativos de Imaginacción, Moisés Valenzuela:

–Soquimich es cliente de Imaginacción desde hace más de una década (…). Nuestras solicitudes a distintos organismos siempre están en el marco de lo que por ley se puede solicitar y si ese llamado existió, fue para ver, dentro de los conductos regulares y de lo que permite la normativa, si se podía hacer algo (…). Si se quiere esgrimir que hubo algo irregular para torcer la ley, lo descarto absolutamente.

Soronal se fue al tacho poco después de esas gestiones para “facilitar” su aprobación. SQM desistió y lo retiró en octubre de 2006.

SORONAL “ENCHULADO”

La minera volvió a la carga un año y medio después. El 5 de agosto de 2008 presentó Pampa Hermosa. En la práctica se trataba del mismo proyecto, aunque con una leve diferencia en los volúmenes de producción: 11.500 toneladas por año de yodo y 1,2 millón de toneladas anuales de nitrato (versus las 10.500 y 900 mil toneladas, respectivamente, de Soronal).

Pese a que los objetivos eran básicamente los mismos, la inversión contemplada para Pampa Hermosa aumentó casi en cinco veces. Si Soronal comprometía recursos por US$231 millones, este nuevo proyecto alcanzaba los US$1.033 millones.

Desde 1994 Soquimich y sus filiales han presentado 63 proyectos al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). De ellos, 55 han sido aprobados, totalizando US$3.884 millones en inversiones.Pampa Hermosa ha sido el más costoso (ver tabla con proyectos y sus valores).

(Fuente: www.capa9.net)

El monto de inversión no fue lo único que varió drásticamente en la reformulación del proyecto estrella de Soquimich. También lo hizo la demanda de agua. Si en Soronal se contemplaba extraer el recurso desde 11 pozos en los que SQM tenía derechos constituidos por 395 lt/seg., para Pampa Hermosa se anunció la extracción desde 22 pozos haciendo uso de derechos constituidos o en trámite de constitución por casi el doble: 735 lt/seg. Durante el proceso de evaluación y frente a los cuestionamientos de los detractores del proyecto, SQM se comprometió a hacer una extracción escalonada de agua desde Llamara hasta completar 124 lt/seg.

El EIA presentado por Soquimich identificó 49 tipos de impacto sobre el entorno. En ese documento, ninguno de ellos fue calificado de importancia mayor.

Pese a los fuertes reparos que se habían levantado años antes con el proyecto Soronal, la mega inversión de Soquimich fue aprobada por la autoridad ambiental el 1 de septiembre de 2010. En la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que le dio luz verde quedaron sancionadas las medidas de mitigación que la minera debía implementar para minimizar el impacto por la enorme extracción de agua en esta desértica zona.

Soquimich se comprometió a implementar una “barrera hidráulica”, consistente en la inyección de agua en el sector de los puquíos para mantenerlos sin alteraciones. Esa medida se complementaría con un Plan de Alerta Temprana (PAT) que se activaría en caso de falla de la barrera y que incluía monitorear los niveles del acuífero en nueve pozos.

ALERTAS TEMPRANAS

El 20 de junio de 2011 Pampa Hermosa inició su fase operativa. Casi seis meses después (enero de 2012) la DGA envió un oficio al jefe de la división de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA, Juan Carlos Monckeberg, con los resultados de la revisión del primer informe de seguimiento de Pampa Hermosa entregado por Soquimich. En el documento se señala que, si bien “la mayoría de los pozos presentaban profundidades estables y una tendencia al equilibrio”, había dos pozos de bombeo en los que se evidenciaban “ascensos y descensos bruscos de nivel”. Se le pidió a la minera explicar “con más detalle el comportamiento observado” en ambos pozos (ver documento).

En diciembre de 2012 la DGA envió un nuevo informe al SEA con el análisis del monitoreo semestral que debía hacer la minera, el que resultó más preocupante. En dos pozos se mantenía la tendencia al decrecimiento del nivel del agua; en 10 de ellos se observó un aumento de temperatura por sobre los valores históricos y en siete, un incremento de arsénico por encima de los niveles regulares (ver documento).

Un tercer informe de la DGA, de marzo de 2013, enviado esta vez al fiscalizador de la SMA, José Bastías Gajardo, añadió nuevas irregularidades. Allí se acusa que Soquimich alteró los valores de medición de los niveles de agua de los puquíos. Eso significa que SQM alteró unilateralmente los valores comprometidos en la calificación ambiental, lo que ocultó que los niveles reportados eran inferiores a los autorizados. Finalmente el informe consigna que SQM no implementó a tiempo la medida de mitigación consistente en inyectar agua para compensar los efectos adversos (ver documento).

Una nueva evaluación de la DGA llegó en enero de 2014 al SEA. En ella se insistió en parte de las observaciones de los informes anteriores (ver documento).

Cuando la DGA ya había enviado los tres primeros informes alertando sobre la grave situación hídrica, el Salar de Llamara hizo noticia por otra vía. En agosto de 2013, el Ministerio de Bienes Nacionales decretó la incorporación de las 24 mil hectáreas del salar a la Reserva Pampa del Tamarugal, las que se convirtieron en un “sitio prioritario de conservación y protección de interés mundial”.

Ese mismo mes de agosto de 2013, la Subsecretaría de Medio Ambiente realizó una inspección cuyo informe fue enviado al SEA en enero de 2014. La subsecretaría detectó que algunos de los pozos de los que SQM debía extraer el agua que sería inyectada a los puquios estaban en sectores distintos a los autorizados (ver documento).

LOS TIEMPOS DE LA SMA

Desde las primeras alertas de la DGA en enero de 2012, pasaron cuatro años y medio antes de que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formulara cargos contra SQM. Durante todo ese periodo Pampa Hermosa apenas registra dos inspecciones de la SMA. La primera, en agosto de 2013, del fiscalizador José Bastías, el mismo destinatario del preocupante informe de la DGA de marzo de 2013. Cinco meses después, en la primera fiscalización de la SMA a Pampa Hermosa, Bastías solo se ocupó de la flora y fauna, sin controlar en qué estaba el déficit hídrico.

El segundo informe de fiscalización de la SMA realizado con apoyo del Sernageomin, la Conaf y el SAG, en noviembre de 2013, solo identificó como principal incumplimiento una falla en el sistema de riego del vivero de tamarugos. Y solo al paso deslizó una alerta por el descenso de algunos pozos y la no activación del plan de alerta temprana por la disminución sostenida del acuífero de Llamara.

Cristián Franz

A pesar de las evidencias, la SMA solo resolvió iniciar una investigación después de que en abril de 2015 el Consejo Regional de Tarapacá presentara una denuncia. La acusación recogió las mismas irregularidades constatadas por la DGA en sus informes de 2012 a 2014.

Consultado el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, sobrepor qué la SMA se demoró más de tres años, desde las primeras alertas, para investigar los incumplimientos de SQM en Pampa Hermosa, dijo:

–La Contraloría ha señalado en reiteradas oportunidades que la Ley 20.417 le entrega la discrecionalidad o autonomía a la SMA para determinar en qué casos fiscaliza y en qué casos inicia procesos sancionatorios. No tenemos un plazo establecido en la ley y no tenemos la obligación legal de formular cargos respecto de todas las denuncias que recibamos.

Franz agregó: “La información se nos presenta en 2015 y a los pocos meses, en agosto, iniciamos las actividades de inspección en terreno”.

Lo que señala Cristián Franz no es correcto: los antecedentes estaban en conocimiento de la SMA desde al menos marzo de 2013, cuando la DGA le envió a ese organismo su tercer informe -quizás el más crítico- sobre las irregularidades en Pampa Hermosa.

CIPER también le preguntó al superintendente Franz sobre la razón del amplio plazo que se tomó la SMA para investigar desde que se presentó la denuncia, en abril de 2015, hasta que se formularon cargos el 6 de junio pasado:

–La denuncia ingresa en abril y gatilla una actividad de inspección ambiental cuatro meses después. Me parece razonable. Además, la ley no exige un plazo para pronunciarse (formular cargos) respecto de los contenidos de una denuncia.

La opinión de Cristián Franz es rebatida por algunos abogados ambientalistas, quienes señalaron a CIPER que si bien la normativa ambiental (Ley 20.417) no estipula plazos para este tipo de procedimientos, debe aplicarse de forma supletoria la Ley 19.880, que establece un plazo máximo de seis meses para todo procedimiento administrativo de un organismo público.

Catorce meses pasaron desde la denuncia del CORE hasta la formulación de cargos contra Pampa Hermosa.

ORO LÍQUIDO

Hasta mediados de los años 90 las aguas subterráneas del Salar de Llamara no eran de propiedad privada. Entre enero y mayo de 1996, Soquimich ingresó a la DGA siete solicitudes para constituir derechos en ese lugar, los que fueron otorgados en 1997 por un total de 244,7 lt/seg. La autorización de la DGA se basó en un estudio sobre la disponibilidad de agua en la zona elaborado en 1994 por la Universidad Católica.

Lo llamativo es que el mandante del estudio de la UC fue la misma Soquimich. “Es usual que la DGA evalúe recursos hídricos en una zona a petición de una parte interesada”, señaló a CIPER un abogado especialista en medio ambiente.

Puquíos de Llamara

En diciembre de 2006 la DGA volvió a pronunciarse sobre los “derechos de agua factibles de constituir en el Salar de Llamara”. Y nuevamente lo hizo basado en un estudio del DICTUC de la Universidad  Católica encargado en 2003 por Soquimich. La conclusión fue que en esa zona había más agua disponible.

Pese a que en 1997 la propia DGA había cerrado la posibilidad de otorgar más agua en Llamara, el organismo aceptó entregar nuevos derechos definitivos por “un volumen anual de 1.371.028 m³”.

En esos momentos SQM tramitaba una veintena de derechos de agua en la zona.

En septiembre de 2009 la DGA volvió a pronunciarse  a favor de entregar nuevos derechos de agua en Llamara en respuesta a otros cinco estudios del DICTUC de la UC, todos encargados por SQM. Este informe de la DGA señaló que aún restaba “la posibilidad de entregar 36 lt/seg.”.

Recién en enero de 2012, cuando el proyecto Pampa Hermosa ya operaba, la DGA declaró al Salar de Llamara área de restricción para la entrega de nuevos derechos: “La demanda de aguas subterráneas comprometida al 30 de junio de 2011 supera el volumen sustentable” (ver documento).

Actualmente Soquimich posee en la Región de Tarapacá cerca de 50 derechos de agua subterránea por un total de 838 lt/seg (según registros de la DGA).

UN MUNDO PEQUEÑO

Mientras la DGA reevaluaba en septiembre de 2009 la entrega de nuevos derechos de agua en el Salar de Llamara, basada en estudios del DICTUC, pagados por SQM, en paralelo la filial de la UC trabajaba para la misma Dirección General de Aguas. El DICTUC estaba haciendo para la DGA un levantamiento hidrogeológico de todo el norte del país.

A cargo del estudio del DICTUC para la DGA estaban los hidrogeólogos José Muñoz Pardo y Pablo Rengifo Oyarce. Ambos nombres se repiten en el estudio que pagó SQM al DICTUC y que se entregó a la DGA para reevaluar el otorgamiento de nuevos derechos de agua en Llamara. A esta tarea se sumó el ingeniero Cristián Ortiz Astete.

El equipo de Muñoz, Rengifo y Ortiz, siguió prestando servicios a SQM y a la DGA, pero ya no desde el DICTUC. En diciembre de 2005, Muñoz creó Geohidrología Consultores, sociedad a la que en 2007 se unieron Rengifo y Ortiz. Según el libro de compras de Soquimich, entre 2009 y 2014 la minera pagó $1.114 millones a Geohidrología por distintos servicios.

El gran salto de Geohidrología vino en 2013, cuando la transnacional holandesa Arcadis, que ya estaba instalada en Chile, compró la consultora.

Desde que opera en Chile (fines de los ’80), Arcadis ha sido “lugar de abrigo” para varios ex funcionarios de gobierno. El actual superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, por ejemplo, fue su jefe de Proyectos entre 1996 y 2001. En 1997 figuró también como jefe de Proyectos de Arcadis un viejo conocido de Franz: Pablo Pisani Codoceo, actual gerente de Sustentabilidad de Soquimich. Antes de integrarse a Arcadis, Pisani fue asesor entre 1992 y 1994 de la Conama. En 2007 asumió como gerente de Medio Ambiente y Comunidad de la minera.

Otra ex autoridad que registra paso por Arcadis es el ex director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (2010-2013), Ignacio Toro Labbé. Tras su salida del servicio –donde evaluó la aprobación de Pampa Hermosa– Toro ingresó a Arcadis como gerente de Planificación Ambiental.

La abogada y jefa de la división de Sanción y Cumplimiento de la SMA, Marie Claude Plumer, también trabajó en Arcadis. Entre octubre de 2012 y diciembre de 2013, fue gerente de Cumplimiento Ambiental de la consultora. Antes de Arcadis, la abogada fue fiscal de la SMA (2011 y 2012).

PRESIONES INDEBIDAS

En febrero de 2015, el ministro Rodrigo Peñailillo presionaba soterradamente por impedir que  Soquimich fuera investigada por el financiamiento político ilegal. Fue en esos mismos días que un grupo de ambientalistas se acercó al Consejo Regional de Tarapacá. El presidente del CORE, Richard Godoy (DC), cuenta que la información que proporcionaron era preocupante: en los últimos tres años la DGA había emitido informes categóricos contra el proyecto Pampa Hermosa de SQM y la autoridad ambiental hacía oídos sordos en Santiago.

Godoy relata que fue el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del CORE, Jorge Antonio Zavala, quien alertó a sus colegas sobre la gravedad de la situación y quien impulsó poner en la tabla del Consejo la votación de una denuncia contra SQM en la Superintendencia de Medio Ambiente.

Consejeros consultados por CIPER indicaron que, cuando se aproximaba la votación, un reconocido operador político del senador Fulvio Rossi, Luis Guzmán, tomó contacto con un miembro del CORE para que advirtiera al resto del consejo sobre la inconveniencia de enfrentar a SQM. Guzmán, quien fue director regional de la Conama en los años en que se evaluó Pampa Hermosa, habría argumentado que Soquimich es una fuente importante de empleos para la zona y que invertía en iniciativas de interés social y cultural.

Fulvio Rossi

En esos días Luis Guzmán era director regional de Corfo, cargo que perdió a fines de 2015 tras protagonizar el escándalo de los “Iquiqueleaks”, la filtración de mensajes de whatsapp del círculo de hierro del senador Rossi. Fue uno de esos mensajes, en el que pedía un mayor compromiso de los funcionarios públicos con Rossi, el que dio notoriedad a Guzmán: “Son muy pocos los que se han ocupado de fortalecer y defender la imagen, obra pública del senador e intendente, recordar que gracias a ambos cada uno de nosotros estamos en nuestros cargos (o se creen técnicos o que es por su CV)”.

Como la primera advertencia de Guzmán al CORE no obtuvo resultados, el mensaje del hombre de Fulvio Rossi se endureció: enfrentarse con SQM tendría un duro costo para los que promovieran la acusación. No obstante, los miembros del CORE acogieron de manera unánime seguir adelante con la denuncia.

El senador Rossi se ha visto involucrado en los aportes ilegales de Soquimich debido a que tres de sus cercanos –René Madariaga, Mariela Molina y Valentina Martínez– hicieron boletas para la minera por un total de $29,5 millones. Respecto de la intervención de Guzmán ante el CORE, el parlamentario dijo a CIPER que no tenía relación alguna con este tema. Rossi desestimó esta versión, la atribuyó a rencillas políticas locales y facilitó el contacto de CIPER con el propio Guzmán.

Luis Guzmán desmintió haber realizado estas gestiones: “Jamás he intervenido en asuntos que no son de mi competencia. En ese momento yo estaba en Corfo y no tenía nada que ver con este tema”, dijo a CIPER. Agregó que como ex jefe de la Conama regional tampoco se relacionó con el proyecto Pampa Hermosa, porque su evaluación, sostuvo, se hizo íntegramente en Santiago. A su juicio, estas versiones surgen porque ha sido objeto de una “persecución política” por parte del CORE.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

El 6 de junio pasado, a más de un año de presentada la denuncia del CORE, la SMA formuló cargos contra SQM. Son ocho las imputaciones a Pampa Hermosa: una gravísima, dos graves y cinco leves.

El informe de fiscalización identifica como falta gravísima la modificación de las medidas de mitigación del proyecto –la “barrera hidráulica” y el “Plan de Alerta Temprana”–sin contar con autorización.

La SMA acusa a Soquimich de no haber implementado estas medidas de mitigación, no obstante haberse detectado descensos de agua en varios de los puquíos (ver documento).

Una infracción gravísima puede ser castigada con una multa de 5 mil hasta de 10 mil UTA (casi $5.400 millones) o con la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

CIPER consultó al superintendente Franz sobre la posibilidad de que se revoque la RCA de Pampa Hermosa. Aunque no descartó ninguna sanción, puntualizó: “Hemos formulado cargos gravísimos en muchas oportunidades. La existencia de un cargo gravísimo no significa necesariamente que se traduzca en una revocación”.

–Si es frecuente que se formulen cargos gravísimos, ¿es también frecuente que el titular de un proyecto no implemente las medidas de mitigación a las que se comprometió?

–En el caso de la minería metálica, donde tenemos más datos consolidados, diría que en el universo total de incumplimientos, el 40% corresponde a un incumplimiento que tiene que ver con no implementar una medida de mitigación.

-Pero acá no estamos hablando de una medida de mitigación accesoria. El recurso agua es el eje del proyecto Pampa Hermosa y no se implementó la barrera hidráulica para evitar la disminución de los niveles de los puquíos. Vuelvo a preguntar, ¿es eso frecuente?

-Es gravísimo.

-¿Es frecuente?

-Sucede, pero no es frecuente.

-¿Y es frecuente que se alteren parámetros de la RCA para demostrar cumplimiento? Lo pregunto por el cambio de los valores de medición…

-Eso, en particular, me atrevería a decir que no lo habíamos visto.

Ahora Soquimich tiene dos opciones. Impugnar las imputaciones y en un plazo de 15 días hábiles presentar sus descargos o reconocer los cargos y en diez días presentar un programa de cumplimiento. Si se acoge a esta última opción –la que ofrece amplias garantías al infractor– y la SMA considera que ejecuta satisfactoriamente su nuevo programa de cumplimiento, la minera podría librarse de cualquier multa o sanción, obviando el daño ambiental que pudo haber hecho. Borrón y cuenta nueva.

Al cierre de este reportaje, la SMA aún no recibía respuesta de Soquimich.

Nota de la redacción: Ver carta de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Medio Ambiente

La autoridad ambiental de México (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) autorizó la construcción de una planta de amoniaco en una superficie de una reserva natural protegida.

La planta tendrá una inversión de mil millones de dólares en una primera etapa y se prevé que sea una de las más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, la reserva está protegida por la convención internacional Ramsar por lo que este humedal fue denominado Humedal de Importancia Internacional.

La fábrica de fertilizantes de Topolobampo, que representa una inversión inicial de mil millones de dólares y que es promovida por el Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez; gestionada por Francisco Labastida Ochoa y operada por su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, se construirá dentro del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, una reserva natural protegida por normas nacionales e internacionales.

¿Que debe conservarse? ¿La inversión millonaria o el ecosistema que es vital para el 84 por ciento de las aves migratorias que cruzan por el país, así como para las tortugas en peligro de extinción?

PRIMERA PARTE

La planta de amoniaco de Topolobampo, anunciada como una de las más grandes de Latinoamérica, se construirá en una superficie del noveno humedal de mayor prioridad del país y que está protegido por un convenio internacional firmado por México. Aun así y tras titubeos, la Semarnat autorizó el proyecto. El Gobernador Mario López Valdez fue el promotor; Francisco Labastida Ochoa, el gestor y, su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, el operador. Lea aquí la primera parte de este reportaje

SEGUNDA PARTE

Si hay una constante en el tiempo, en los hechos y en los personajes que se relacionan con la planta de amoniaco de Topolobampo, esa es Francisco Labastida Ochoa. El ex Gobernador de Sinaloa y especialista en temas energéticos, es el gestor de este proyecto a través de su despacho Consultores en Desarrollo, Economía y Finanzas. Para el también ex presidente de la Comisión de Energía del Senado, sin embargo, no existe conflicto de interés en la promoción del proyecto industrial ni tampoco controversia ambiental aun cuando la factoría de fertilizantes se construirá dentro del noveno humedal más importante del país. Lea aquí la segunda parte de este reportaje

TERCERA PARTE

Acreditándose de oficio campesino, el ex candidato a Alcalde de Ahome, Rubén Félix Hays, compra las tierras ejidales que pertenecen a un humedal declarado Sitio Ramsar. En la compra-venta participan su esposa María Cecilia González y su cercano colaborador, Armando Rodríguez, quien fue su compañero de fórmula como candidato a Diputado local. Amigo de Labastida Ochoa, después vende la tierra a la empresa desarrolladora de la planta de fertilizantes. Lea aquí la tercera parte de este reportaje

CUARTA PARTE

Hace 4 décadas se dotó a este pueblo con 2 mil 570 hectáreas, casi 4 veces la superficie de CU de la UNAM; una vasta tierra salitrosa que hizo imposible cualquier cultivo. Con el tiempo y por necesidad, la gente del ejido vendió parcelas o le fueron expropiadas. Hoy se finca ahí el desarrollo industrial atraído por el gasoducto, rodeando a esta comunidad marginada y en rezago social, pero donde 30 familias aún insisten en aprovechar sus predios al convertir el ‘veneno’ en el remedio: la explotación de sal. Lea aquí la cuarta parte de este reportaje

QUINTA PARTE

Luego de ver que la fábrica de fertilizantes se construía sobre un Sitio Ramsar, pescadores de Topolobampo emprenden una lucha contra la obra que los ha llevado hasta los tribunales. Otros temen que la reserva natural que han cuidado los últimos 34 años sea destruida por el proyecto de amoniaco. Lea aquí la quinta parte de este reportaje

Entre el 17 y el 21 de septiembre de 2014 la Municipalidad de Maipú organizó la segunda versión de su “Fiesta de la Nueva Chilenidad”.  Sobre el escenario de la medialuna municipal desplegaron su show Américo, La Noche, Joe Vasconcellos, Cachureos, Chancho en Piedra y Willy Sabor, entre otros. Fueron en total 15 artistas y el costo del espectáculo fue de $113 millones, lo que incluyó juegos inflables y una granja educativa. La actividad hoy está bajo la lupa del Ministerio Público, porque el dinero fue a parar a una cuenta de Pedro Acevedo Saavedra, el empresario que se hizo conocido el año pasado cuando se supo que le había pagado una camioneta Ford Explorer a la mujer del alcalde de Maipú, Christian Vittori (vea el reportaje de CIPER que dio a conocer esa información).

Acevedo y Vittori están formalizados en el denominado Caso Basura por soborno y cohecho, respectivamente. El empresario compró la Ford Explorer después de haberse adjudicado contratos por más de $1.300 millones en la municipalidad que dirige Vittori. A pesar de que ambos han sostenido que no hay irregularidades en los servicios que Acevedo ha prestado a Maipú, el episodio de la “Fiesta de la Nueva Chilenidad” acrecienta las sospechas de que Vittori le dio un trato privilegiado al empresario. Un antecedente que enturbia aún más el futuro del alcalde, quien insiste en presentarse a la reelección en las municipales de octubre próximo, a pesar de que es investigado por la Fiscalía y que ya no cuenta con el respaldo de la DC, partido al que renunció cuando fue formalizado.

Pedro Acevedo (Fuente: 24horas)

Ni Acevedo ni su empresa fueron contratados por el municipio para la celebración dieciochera, pero él dirigió las negociaciones con los artistas y recibió finalmente el dinero pagado por Maipú. La municipalidad contrató a cinco “productores de eventos”, que debían contactar a los músicos y humoristas, además de dos proveedores de actividades recreativas para niños (juegos inflables y granja educativa), a los que pagó entre $11 millones y $19 millones.  Los siete eran personas de confianza de Acevedo, entre ellos la secretaria y la recepcionista de su empresa.

Los cinco “productores” declararon a la PDI que Acevedo los contactó y les aportó el capital inicial para contratar a los artistas. Tres de ellos, además, admitieron que el empresario financió las boletas de garantía que pedía el municipio. La declaración más ilustrativa fue la de la secretaria personal de Pedro Acevedo, Michel Medina, quien aseguró que solo facilitó su firma en el contrato y la boleta de honorarios que se presentó a la municipalidad, todo a petición de su jefe.

LAS CUENTAS DE “DON ÓSCAR”

La investigación del vínculo entre Acevedo y los “productores” se originó en una causa que lleva el Ministerio Público donde están formalizados los alcaldes Vittori y Luis Plaza (Cerro Navia, RN) y en la que también ha declarado como imputado el edil de Colina, Mario Olavarría (UDI). A ellos se suma casi una veintena de funcionarios municipales y empresarios acusados de participar en una red de corrupción. La pesquisa comenzó por irregularidades en licitaciones de recolección de la basura, pero la indagatoria también detectó anomalías en contratos de infraestructura deportiva, áreas verdes, arriendo de vehículos y luminarias, entre otros rubros.

Espacio Don Oscar, en Maipú (Fuente: labatalla.cl)

Durante la formalización de los imputados, en agosto de 2015, la entonces fiscal regional, Solange Huerta, relató que Vittori favoreció a Acevedo con una licitación por mantención de infraestructura deportiva que involucró $1.093 millones. Su única competencia era la empresa de otro imputado: Lorenzo Pérez, vinculado al concejal de Maipú Marcelo Torres (RN), quien fue sometido a prisión preventiva.

“Vittori recibió de Acevedo un beneficio económico consistente en la adquisición de un vehículo Station Wagon, marca Ford, modelo Explorer, color gris plata, año 2013”, continuó la fiscal Huerta.  La camioneta fue comprada el 19 de octubre de 2013. Acevedo pagó más de $18 millones y quedó registrada a nombre de de la esposa de Vittori, Pamela Riquelme, también imputada. El pago salió de la cuenta bancaria de la Sociedad de Inversiones Don Óscar. La misma cuenta donde, un año después, Pedro Acevedo recibió más de $102 millones de la “Fiesta de la Nueva Chilenidad”.

La dupla Vittori-Acevedo ahora vuelve a aparecer en la investigación de los pagos relacionados con el evento dieciochero. Los contratos firmados por las siete personas de confianza del empresario dependían de la unidad municipal “Alcaldía-Comunicaciones”, directamente relacionada con el edil.

“YO NO PREGUNTO ESAS COSAS”

Christian Brown Yáñez es productor de eventos y actualmente trabaja en el Canal del Fútbol (CDF). El 9 de marzo de este año declaró ante la PDI, donde relató que, a mediados de 2014, Acevedo le informó que lo había recomendado ante funcionarios de la municipalidad de Maipú para organizar las Fiestas Patrias.

En el municipio, declaró Brown, lo recibieron personas del círculo más cercano a Vittori: su jefe de gabinete, Rodrigo Velázquez; el relacionador público, Cristián Díaz, y el jefe administrativo, Héctor Cataldo.

En conversación con CIPER, Brown recordó esa reunión: “Pensé que tenía que llevar uno o dos artistas, que es lo que hago siempre, pero me pidieron como 15. Para eso se necesitan muchas lucas en caja y no las tenía”. Según dijo, Acevedo le ofreció ser su financista.

Christian Vittori

Christian Brown asegura que al negociar con el jefe administrativo de la municipalidad, este le dijo que no podía hacer un contrato por un monto tan alto solo por una persona. Por eso, incluyeron a la esposa de Brown: Marcia Jaure. El contrato de Christian Brown fue por $19,4 millones y debía “proveer la presentación del grupo La Noche, Pachuco y la Cubanacán y Cachureos”. El contrato de su cónyuge fue por $19,2 millones por “proveer la presentación del grupo Chancho en Piedra, Joe Vasconcellos, Combo Ginebra y Shamanes”.

Brown señaló a CIPER que el jefe administrativo, Héctor Cataldo, le dijo que debía conseguir otras tres boletas: “Necesitaban que les diera tres boletas que no fueran mías, por temas contables internos, me dijeron. No pregunté más, porque yo no pregunto esas cosas”.

A los artistas se les daba un anticipo de 50% y el resto el mismo día de la actuación. Pero la municipalidad entregaría los fondos recién un mes después de la fiesta. Por eso, sostiene Brown, Pedro Acevedo le facilitó el dinero para pagar a los músicos y humoristas, además de $5 millones para costear las boletas de garantía. El empresario, asegura el productor, también le ofreció boletas de honorarios de empleados y amigos para cumplir con los requerimientos de los funcionarios municipales.

Aunque Brown insiste en que el negocio era de él y que Acevedo solo le prestó dinero, en sus declaraciones policiales el productor y su esposa admitieron que cobraron los cheques del municipio y depositaron todo el dinero en la cuenta de la Sociedad de Inversiones Don Óscar. Después, Acevedo le entregó alrededor de $1,8 millón al productor.

BOLETEROS DE CONFIANZA

La versión de Brown contrasta con la que entregó a la PDI la secretaria de Pedro Acevedo, Michel Medina. Ella dijo que su jefe le pidió una boleta de honorarios para ocuparla en una licitación “en la que se presentaría, en representación de la empresa Don Óscar, el señor Christian Brown”.

En la declaración, Michel Medina explicó que firmó el contrato en las oficinas de Espacio Don Óscar, el complejo deportivo de Pedro Acevedo ubicado en avenida Pajaritos, donde el empresario también tiene una discoteca. Agregó que nunca habló con funcionarios municipales y que solo se presentó a retirar el cheque, el que posteriormente depositó en la cuenta de la Sociedad de Inversiones Don Óscar, por órdenes de Pedro Acevedo.

Su contrato fue por $18,8 por “proveer la presentación de los artistas Patricio Manns y Américo”. En conversación con CIPER, Medina reconoció que nunca habló con esos artistas y que sólo facilitó la boleta, lo que no le pareció raro: “Así funcionan en Don Óscar”, dijo.

Otro de los “productores” pagados por la municipalidad fue Marco Moraga, quien trabajó en Espacio Don Óscar hasta junio de 2015. Ante la PDI, Moraga contó que Pedro Acevedo recibió un correo electrónico de la municipalidad en el que le solicitaban una lista de artistas, pero como estaban ocupados organizando su propio evento dieciochero –la Fonda Don Óscar–, contactaron a Brown. “Nos comentó que en la municipalidad le dijeron que debía conseguirse cinco boletas (…), yo accedí a realizarle el préstamo de una de estas boletas a cambio de la devolución de impuestos”, declaró Moraga.

Willy Sabor durante la Fiesta de la Nueva Chilenidad 2014

Consultado por CIPER, Moraga sostuvo que él no pidió la devolución de impuestos y aseguró que sí trabajó para el evento de la chilenidad, porque redactó los contratos de los artistas y además consiguió a Los Charros de Lumaco, Millenium Show y Pancho del Sur. Pero este último aseguró a CIPER que fue contactado directamente por Pedro Acevedo. Al igual que Christian Brown, Marcia Jaure y Michel Medina, Moraga también depositó la totalidad del dinero en la cuenta de la empresa Don Óscar.

La tercera boleta fue aportada por Leonor Allende, modelo y amiga de Pedro Acevedo, conocida por organizar eventos de Miss XL . En su declaración ante la policía, Allende explicó que el empresario le ofreció un contrato con el municipio de Maipú y que ella se reunió con Christian Brown para conocer los pormenores.  A Leonor Allende le pagaron $13,3 millones y debía conseguir al dúo humorístico Payahop, a Claudio Reyes –conocido por su personaje “Charly Badulaque” – y a Willy Sabor. Los dos últimos aseguraron a CIPER que fueron contactados por Pedro Acevedo, mientras que Claudio Castillo, integrante de Payahop, dijo que la participación del dúo fue negociada por Pancho del Sur directamente con Pedro Acevedo.

Leonor Allende también depositó todo el dinero que le canceló la municipalidad  en la cuenta de la empresa Don Óscar. “Luego de eso, Christian Brown me pagó $300.000”, declaró.

TRATO DIRECTO

Los pagos a Brown, Jaure, Medina, Moraga y Allende no tuvieron el consentimiento del concejo municipal, debido a que cada contrato era inferior al límite de 500 UTM (unos $21 millones en septiembre de 2014) que obliga a someter el trato a la votación de los concejales. Además, sus servicios fueron requeridos  a través de “trato directo”, sin licitación pública, algo que los municipios solo pueden hacer en casos excepcionales.

Alejandra Bustamante

El decreto alcaldicio que autorizó las cinco contrataciones por “trato directo” –firmado por la administradora municipal, Alejandra Bustamante– argumenta que los derechos de propiedad intelectual de los artistas son intransferibles, así como su experiencia y habilidades artísticas. Esto haría “indispensable” contratar a los representantes directamente, ya que “el hecho de actuar representados, lo cual es de común ocurrencia en el ámbito artístico, no modifica esta circunstancia” (ver decreto). Pero ninguno de los contratados era “representante” de artistas.

Consultada por CIPER, la administradora Bustamante explicó que todo el proceso fue llevado por el Departamento de Cultura y Eventos, a pesar de que según los contratos la unidad técnica encargada era “Alcaldía-Comunicaciones”.

–¿Quién supervisó los contratos? Porque los criterios no se cumplen y en los casos de Medina, Moraga y Allende, el trabajo no lo realizaron ellos.
–Es que la supervisión del contrato es que la persona venga a cantar. A mí me basta con que yo comprometo que tengamos tal cantidad de artistas en una parrilla que empieza a las 8:30 de la noche y termina a las 2:00 de la mañana, y tuve los artistas.

–Estas personas han declarado a la policía que facilitaron una boleta y su firma en el contrato. Esas boletas habrían sido solicitadas por el municipio para dividir los pagos.
–No tengo antecedentes de que nosotros hayamos dividido un pago. Trabajo hace 20 años en esta institución y acá hay unidades técnicas que se encargan de traer a los representantes. Siempre ha funcionado así y no conozco otra forma.

–Los artistas dicen que fueron pagados por Acevedo, que firmaron sus contratos en sus oficinas y emitieron las facturas a nombre de su empresa. ¿El municipio no se enteró de eso?
–No tengo antecedentes de eso.

Sobre la relación entre los contratados y Acevedo, la administradora afirmó: “No tengo por qué saber esos detalles”.

ESPACIO DON ÓSCAR: EL CENTRO DE OPERACIONES

CIPER conversó con la mayoría de los artistas que se presentaron durante los cinco días que duró la celebración: La Noche, Chancho en Piedra, Willy Sabor, Patricio Manns, Cachureos, entre otros. Héctor Olivos, representante del grupo Shamanes, aseguró a CIPER que Pedro Acevedo era el que estaba a cargo.

Willy Sabor también negoció directamente con Pedro Acevedo. Ambos se conocían. “El 2013 fui a  la disco Don Óscar a una fiesta organizada para los funcionarios de la municipalidad”, asegura el animador.

Cachureos durante la Fiesta de la Nueva Chilenidad 2014

En algunos casos, como el de La Noche, el acuerdo se cerró de palabra, mientras que los representantes que pedían contrato eran enviados por Brown a las oficinas de Espacio Don Óscar. En ese lugar, Marco Moraga redactaba los contratos en su computador, el que fue confiscado por la PDI en los allanamientos de abril de 2015.

Era Pedro Acevedo el que les pagaba el 50% de anticipo para asegurar la presentación y los artistas emitían una factura a la Sociedad de Inversiones Don Óscar. Así lo aseguran los representantes de Patricio Manns y Cachureos. La esposa de Brown, Marcia Jaure, declaró a la PDI que también había una factura por $8 millones emitida por Joe Vasconcellos a la empresa Don Óscar.

EXPERTA SIN EXPERIENCIA

Además de los contratos para proveer artistas, Pedro Acevedo gestionó dos contrataciones directas más para la Fiesta de la Nueva Chilenidad: Patricia Jara Bravo, recepcionista de su oficina, y Roberto Orellana Osorio, amigo de Acevedo y productor de eventos en Don Óscar.

El contrato de Patricia Jara alcanzó los $14.900.000 por “juegos tradicionales, premios y seis juegos inflables” y también fue por “trato directo”. El decreto que lo autorizó argumenta que este es un servicio especializado, de manera que quien lo provea debe ser “experto” (vea el decreto). Algo que  no se cumplió en este caso, porque en su declaración a la PDI, Jara relató: “Lo más probable es que le haya escuchado a Pedro Acevedo que la municipalidad requería una prestación de servicios relacionada con juegos inflables. Me interesó el negocio, porque tiempo antes había celebrado un cumpleaños en la familia con juegos inflables, así que conocía un poco del tema”.

Patricia Jara explicó a la PDI que cobró el cheque y depositó  el dinero en la cuenta de la empresa Don Óscar. Su justificación se lee en la misma declaración: “En la empresa Don Óscar se requería pagar compromisos económicos, por lo que tomé la decisión de prestar dicho dinero de manera íntegra a la empresa (…) A los siguientes cuatro o cinco días me devolvieron dicho dinero en su totalidad, pero en efectivo”.

EL HOMBRE DE LOS ANIMALES

La última contratación directa para la Fiesta de la Nueva Chilenidad de 2014 fue la de Roberto Orellana Osorio. Conoce a Pedro Acevedo hace años y desde fines de 2014 hasta diciembre de 2015 fue contratado por la Sociedad de Inversiones Don Óscar para producir algunos eventos. A través de una contratación directa, el municipio de Maipú acordó pagarle $16,2 millones por instalar una granja educativa en la celebración de Fiestas Patrias.

Roberto Orellana, al igual que el resto de los productores, depositó el dinero en la cuenta de la empresa Don Óscar. Frente a la PDI, explicó: “Acevedo me había facilitado préstamos para realizar otros eventos (…) además, en agosto le volví a solicitar más dinero para financiar producciones de granjas educativas en la Municipalidad de Maipú, Colina (mediante licitación) y de Quilicura”.

Carlos Richter y Luis Plaza

Al revisar el historial de contrataciones que figuran a nombre de Roberto Orellana en el portal de Mercado Público, saltan a la vista datos relevantes que podrían ser considerados en la investigación del Caso Basura. Entre 2009 y 2016, ha ganado licitaciones por un total que supera los $175 millones en Colina. Mario Olavarría, alcalde de esa comuna, también es imputado en el Caso Basura (ver reportaje de CIPER). Durante los últimos siete años, Colina ha contratado la granja educativa de Orellana para la celebración de Fiestas Patrias, además de arrendarle ovejas para el pesebre de Navidad y desde 2013 ha sido contratado una vez al año para la instalación de un parque acuático.

Pero el que partió con el parque acuático en Colina, un año antes que Orellana, fue Pedro Acevedo. La Sociedad de Inversiones Don Óscar ganó una licitación por más de $22 millones en 2011 para instalar juegos acuáticos en la comuna (ver decreto adjudicación).

En agosto de 2015, durante la formalización de los imputados por el Caso Basura, la fiscal Tania Mora presentó un audio que puede estar relacionado con estas contrataciones. Era un contacto telefónico entre el ex concejal de Maipú Carlos Richter (RN) y el actual alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza (RN), ambos imputados.

En la conversación, que tuvo lugar a fines de 2012, el ex concejal le ofreció a Plaza un parque acuático “como lo tuvo Colina”. “Hay que ver los costos y de dónde sacamos las platas”, le respondió Plaza. Entonces, Richter sugirió: “Se puede hacer por contratación directa, porque los costos no son tan altos, Luchito” (escuche el audio wav).

La escucha telefónica fue presentada en la audiencia para demostrar que los involucrados instalan una necesidad artificial en el municipio, aseguran el proveedor y definen el método de financiamiento. “Es una organización criminal que tiene la función de producir riqueza a través de las licitaciones”, aseveró la fiscal Mora.

Cuando la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) decidió en marzo pasado acreditar por tres años a la Universidad de Las Américas (UDLA), advirtió sobre la situación “crítica” de sus flujos operacionales y puso el acento en los dineros que el plantel envía a su controlador, Laureate. La CNA hizo ver que esas remesas agravan la ya compleja situación financiera de la institución, pero no se pronunció sobre la pertinencia de esos pagos. El Ministerio de Educación (Mineduc) lleva casi dos años analizando si esas transferencias esconden lucro por parte de Laureate.

De hecho, los amplios cuestionamientos a la forma en que Laureate retira dineros de sus universidades en Chile y el efecto que esto tendría en la calidad de la enseñanza estuvieron en el centro del diseño del proyecto de reforma educacional que se envió recientemente al Congreso. Éste busca, entre otras cosas, terminar de una vez con el lucro encubierto y crear un sistema de acreditaciones que efectivamente certifique la calidad de las instituciones.

La CNA sólo abordó los pagos a empresas relacionadas desde el punto de vista financiero y pese a constatar que actualmente la caja de la UDLA no goza de buena salud, la comisión decidió acreditarla. De esa forma le dio oxígeno a sus finanzas, pues gracias a eso sus alumnos pueden acceder nuevamente a los dineros del Crédito con Aval del Estado (CAE). Pero la resolución emitida por la CNA en marzo pasado describe un panorama preocupante:

“Respecto de su situación financiera, si bien se soporta como una organización en marcha, se observa que la situación de ingresos operacionales es crítica y que el margen operacional y su correlato en déficit de flujo operacional también lo son. Es preciso destacar que en 2014 la universidad reconoce en su estructura de ingresos una donación del controlador por $6.020 millones y un incremento de los retornos por la participación en (la inmobiliaria) IESA por $ 2.876 millones, que habría dado origen a dividendos por $ 1.919 millones en 2014. Sin embargo, la donación mencionada, a la fecha de la decisión de acreditación aún no se había materializado como flujo de caja. La situación anterior, se ve agudizada por el pago que realiza a su relacionada, que se estructura de la siguiente manera, US$ 250 por cada alumno matriculado a diciembre de cada año por concepto de productos y servicio, más un 2% de los ingresos de manera trimestral por concepto de propiedad intelectual”.

En 2013, al negar su acreditación, la CNA ya había sostenido que esas transferencias la exponían a una “eventual vulnerabilidad financiera”. Cuando la UDLA apeló –sin éxito– al Consejo Nacional de Educación (CNED), dicho organismo puso en duda la necesidad de los “cuantiosos” servicios que se estaban cancelando a Laureate y derivó los antecedentes al Mineduc, que inició su investigación por posible lucro. Se sumó a una indagatoria que ya realizaba el Ministerio Público por la misma materia y que se encuentra congelada debido a la falta de tipificación del delito.

Mientras el actual presidente de la CNA, Alfonso Muga, recalcó que el financiero es sólo uno de los aspectos que se analizan al momento de acreditar y que la institución no es una superintendencia, su antecesor en el cargo, Matko Koljatic, estimó que tras el cambio en la composición de los comisionados, pudo haber un prisma más favorable para analizar el caso de la UDLA.

Pero la situación de Las Américas no es la única que hoy preocupa al Grupo Laureate. Su universidad con mayor matrícula, la Universidad Andrés Bello (UNAB), también está siendo investigada por el Ministerio Público y por el Mineduc por los mismos motivos, y recientemente el Servicio de Impuestos Internos (SII) reabrió una indagatoria sobre ese plantel para determinar si los pagos que realiza a Laureate cumplen la normativa tributaria chilena.

El cúmulo de investigaciones judiciales, tributarias y educativas sobre las instituciones de Laureate en el país se desarrollan mientras la reforma a la educación superior comienza a avanzar en el Congreso. Y aunque el proyecto enviado por el gobierno deja abiertas algunas ventanas para que continúen los negocios que hoy son utilizados por los dueños de los planteles para generar ganancias (ver reportaje de CIPER), de todas formas plantea cambios en la estructura de control de las universidades, las que ahora no podrán tener controladores con fines de lucro. Y ese justamente es el caso de Laureate.

Según cifras del Mineduc, las instituciones educacionales que el Grupo Laureate controla en el país tienen 177 mil estudiantes, más que la suma de las 16 universidades estatales (170 mil). El grupo norteamericano tiene a su cargo el 15% de los estudiantes matriculados en alguna institución de educación superior en Chile. Estas cifras lo convierten en el holding educacional más relevante del sistema, un dato que solo complejiza las investigaciones y cambios legales que se están tramitando, debido a las consecuencias políticas –y prácticas– que significarían eventuales cierres de esas instituciones.

Hasta ahora el grupo extranjero mantiene el control de las universidades Andrés Bello (UNAB), De Las Américas (UDLA) y de Viña del Mar (UVM), además del instituto profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música. Laureate domina las corporaciones que gobiernan los planteles y tiene el poder para nominar a directores y ejecutivos de las universidades e institutos profesionales que forman parte de su red. Esas mismas autoridades son las que deben tomar decisiones respecto de los contratos que esas casas de estudio firman con sociedades ligadas a Laureate, las que además de arrendarles los edificios donde funcionan, les ofrecen servicios, asesorías y uso de licencias.

Esos contratos constituyen el principal negocio de Laureate, tal como sus abogados Jorge Bofill y Ricardo Escobar reconocieron el 5 de junio pasado a La Tercera. Ese mecanismo de negocio también estará prohibido en la reforma a la educación superior, al menos como opera en la actualidad.

DUDAS EN LA UDLA

A pesar de que los contratos con sociedades relacionadas de Laureate se mantienen vigentes en la UDLA y de que éstos impactan su equilibrio financiero, la CNA aprobó su acreditación en marzo pasado. Gracias a eso, la universidad pudo volver a recibir recursos por el CAE. Según registros de la Comisión Ingresa (que administra el crédito), este 2016 la universidad abrió 5.000 cupos para los nuevos estudiantes que deseen postular al CAE y que ya cursen una carrera en la institución. A eso se suman a otros 1.000 cupos para estudiantes de primer año. En total, gracias a la acreditación, la Universidad de Las Américas recibirá recursos equivalentes a los aranceles de referencia de 6.000 de sus estudiantes.

La pérdida del CAE luego de que no obtuviera su acreditación en 2013 significó una caída drástica de su matrícula: de 34 mil a 26 mil estudiantes. Paradójicamente, eso benefició a la institución al mejorar los índices de número de estudiantes por profesores de planta (aunque también aumentaron estos últimos, de 482 a 658) y de alumnos por metro cuadrado construido (a pesar de que existió una disminución de la infraestructura disponible). Sin embargo, esa misma disminución de matrícula también significó una merma en los ingresos del plantel, debido a la menor recaudación por aranceles.

El presidente de la CNA, Alfonso Muga, defendió la resolución que acreditó a la Universidad de las Américas: “El propósito de la acreditación no es verificar el estado financiero de las instituciones, sino la forma en que estas cumplen su misión de acuerdo a una serie de más de veinte parámetros de calidad dispuestos en la ley y en el reglamento respectivo. Varios de ellos mejoraron sustancialmente en la UDLA entre ambos procesos de acreditación, especialmente sus políticas de aseguramiento de la calidad, sus capacidades para hacer frente a las debilidades consignadas en 2013, demostrando capacidad de ajuste y consistencia entre misión, propósitos y objetivos, y la consolidación de un modelo educativo que incluye un 39% de carreras acreditadas” (en 2013 sólo el 14% lo estaba).

Y agregó: “La resolución del 2013, que rechazó la acreditación, efectivamente hacía mención a los servicios prestados por las relacionadas, sin embargo la actual resolución menciona expresamente que “la institución presenta una adecuada estructura financiera y se soporta como una organización en marcha, aun cuando durante el 2014 se generaron situaciones con potencial para afectar su futuro”. Sin embargo, se evidenció que la institución está tomando los resguardos pertinentes, más aún si recupera sus niveles de matrícula”.

Muga citó además un informe independiente realizado por EXMO Asesores, que calificó a la UDLA en nivel “medio”. Eso significa que “la institución no posee por ella misma una estructura financiera, indicadores operacionales positivos y posición competitiva de mercado que le permitan sustentar el proyecto educativo a futuro. Depende de su capacidad de endeudamiento, del apoyo financiero de propietarios y/o relacionados y otros, para poder sustentar la viabilidad del proyecto como organización en marcha”. Por ello, para cumplir su proyecto al 2020 necesitaría de ese apoyo externo o de una estructura de costos más flexibles, lo que se considera factible pues “la universidad presenta excedentes positivos en los cuatro últimos años del periodo en estudio” y “no presenta deuda financiera con terceros”.

El informe de la CNA de marzo pasado dio cuenta de una donación por parte de Laureate por $6 mil millones, la que fue anunciada por la UDLA pero que hasta ahora no se ha materializado. Según información alojada en la plataforma de la Ley de Lobby del Servicio de Impuestos Internos, el 18 de noviembre de 2015 las abogadas Carola Trucco y Daniela Peña (del estudio Barros & Errázuriz) se reunieron con el director regional Metropolitano Oriente del SII, Christian Soto, para solicitar la exención tributaria por “donación de fuente extranjera”. Ante la consulta de CIPER, en la UDLA indicaron que existen dos donaciones de Laureate “por US$ 16,5 millones que están en tramitación”.

Esas donaciones intentarían mejorar el precario estado financiero del plantel. Esta situación llevó además a que la universidad decidiera prorrogar los cuestionados pagos a su grupo controlador por los servicios que este le presta.

Pero la resolución emitida por la CNA muestra también algunos indicadores académicos preocupantes. La tasa de retención de estudiantes en primer año (alumnos que se mantienen matriculados luego del primer año de estudio) disminuyó de 80% en 2010-2011 a un 62% en 2014. Según datos del Sistema de Información de la Educación Superior (SIES), el 2015 este indicador bajó aún más, a 57,8%. Eso ubica a la UDLA entre las que tienen peor indicador de retención de estudiantes en primer año, ubicándose en el lugar 54 de 59 casas de estudio (ver carta enviada por la UDLA después de la publicación de este reportaje).

La tasa de titulación también cayó, de un 39% de alumnos titulados entre la generación que ingresó en 2005 a un 36,8% para la que lo hizo en 2009. Eso quiere decir que de cada 10 alumnos que ingresas a estudiar a la UDLA, menos de 4 se titulan.

Alfonso Muga, presidente de la CNA

Matko Koljatic, quien presidía la CNA cuando se rechazó la acreditación a la UDLA en 2013, se mostró sorprendido por la nueva resolución: “Ahí entra a jugar el refrán todo depende del cristal con que se mire y parece ser que este cristal era más favorable que los cristales anteriores. Sí te puedo decir que me sorprendió la decisión (de acreditación)”.

En enero de 2015 hubo un cambio masivo de integrantes en la CNA, lo que en esta lógica podría haber incidido en el cambio de los criterios a la hora de votar una acreditación: “Entiendo que el personal técnico de la CNA se ha mantenido igual, entonces si es que ha habido un cambio de decisión ha sido por quienes son los comisionados… En cualquier proceso de acreditación incide cuales son las personas que votan”.

Al desmenuzar la votación de la CNA sobre la acreditación de la UDLA, se obtiene que esta se dividió en tres grupos: aquellos que respaldaron que el plantel se acreditara por tres años, los que quisieron acreditarlo pero por un periodo menor de tiempo, y quienes directamente rechazaron la acreditación.

Quienes se la jugaron por los tres años de acreditación fueron Jaime Alcalde (representante de los institutos profesionales), Hernán Burdiles (designado por el sector productivo), Víctor Fajardo (representante del Cruch), María Fernanda Juppet (universidades privadas), Blanca Palumbo (universidades privadas) y Alejandro Weinstein (centros de formación técnica).

Por una acreditación de menos de tres años estuvieron Alfonso Muga (presidente de la CNA y designado por la Presidenta de la República), Fernando Escobar (representante de colegios profesionales) y Walter Reccius (representante estudiantil de las universidades privadas). Derechamente por la no acreditación se pronunciaron Dora Altbir (Cruch), Javier Ruiz (Conicyt) y Exequiel Martínez (representante estudiantil de las universidades del Cruch). Estos últimos tres consejeros solicitaron que su negativa a la acreditación quedara en acta.

LA UNAB VUELVE A LA MIRA DEL SII

Hace unas semanas el Servicio de Impuestos Internos reabrió una investigación contra la Universidad Andrés Bello, y su controlador Laureate. Esto, luego de que el diputado  Mario Venegas (DC) planteara al SII que el grupo educacional adeuda tributos al Estado de Chile, producto de las remesas de dinero que se envían al exterior y que no pagan un solo peso en impuestos.

Los servicios educacionales gozan de una exención tributaria desde 1968, cuando una norma entregó ese beneficio a Televisión Nacional de Chile y a las universidades reconocidas por el Estado. La vigencia e interpretación de esa norma están bajo el análisis de Impuestos Internos.

En mayo pasado, CIPER reveló una auditoría interna encargada por autoridades administrativas de la UNAB en 2014 (ver reportaje “Auditoría externa encargada por la UNAB cuestiona transferencia a Laureate”). Según ese documento, la institución podría adeudar en impuestos más de $11 mil millones solo entre 2011 y 2014, ya que se traspasaron recursos por servicios que no consta que se hayan prestado. El documento cuestionó cuatro contratos que mantiene la UNAB con su grupo controlador por supuesta entrega de servicios, y según la auditora Aptitude (que realizó el estudio) “dichos desembolsos se consideran gastos rechazados, toda vez no se dispone de evidencia documental suficiente, no consta la prestación efectiva de los servicios, ni tampoco ha sido posible identificar los beneficios específicos para UNAB”.

La minuta enviada al SII por el diputado Venegas también hace hincapié en esa deuda tributaria, aunque por otros motivos. El parlamentario plantea que los servicios que le presta Laureate a la UNAB no necesariamente son educacionales, por lo que no correspondería que los pagos que le retribuye el plantel a su controlador gocen de la exención tributaria a la actividad educacional (revisar minuta enviada por el diputado Venegas).

En el documento que envió a Impuestos Internos, Venegas describe las características de los cuatro contratos que la UNAB mantiene vigentes con Laureate, los mismos que la tienen bajo la lupa de la Fiscalía y el Mineduc por supuesto lucro.

El primero de ellos –Network Products License Agreement–, fue firmado con Laureate Trademark BV, sociedad alojada en Holanda, y el cual le permite a la UNAB utilizar productos licenciados por el controlador (redes, plataformas o programas). Por ello la universidad debe pagarle a Laureate US$250 por alumno matriculado. Según el documento presentado por Venegas, “no estaríamos ante un hecho cubierto por la exención del artículo 234 respecto del artículo 59 de la Ley de la Renta, aquí, clave será el establecer cuántos de los más de 40.000 de alumnos han usado el servicio”. Entre 2011 y 2014 la universidad habría destinado $18 mil millones para pagar este compromiso.

El segundo contrato –Intellectual Property License Agreement–, también fue firmado con Laureate Trademark BV y el monto a pagar por la UNAB asciende al 2% de los ingresos netos. Según el informe del diputado, entre 2011 y 2014 por este ítem el plantel ha pagado $10,7 mil millones a su controlador. Este contrato le permite a la UNAB acceder a métodos, sistemas, herramientas y mecanismos desarrollados para gestionar operaciones universitarias. Según el diputado, estas prestaciones serían servicios comerciales y no educacionales, por lo que debieran pagar impuestos.

El Operational Services Agreement, tercer contrato que mantiene la Universidad Andrés Bello con el holding educacional (firmado con Laureate Education Inc, radicada en Estados Unidos), le ha significado a la institución pagos por $880 millones durante los últimos años. Este acuerdo se sustenta en que Laureate presta servicios de gestión y administración operacional, además de servicios legales y de contabilidad. El cuarto contrato es el llamado Information Technology Services Agreement (también con la filial estadounidense del controlador), por los que la UNAB ha pagado más de $980 millones entre 2013 y 2014.

Laureate utiliza estos servicios para vendérselos a las instituciones que controla en todo el mundo. Ocupa una economía de escala para recaudar recursos de todas sus instituciones, ofreciendo un servicio estándar.

La Universidad de las Américas opera con el mismo modelo. De acuerdo al informe que en 2013 rechazó su acreditación, el 24% de los egresos financieros de la universidad iban a las sociedades relacionadas a Laureate. La CNED consideró que los contratos con sociedades relacionadas podrían dividirse en dos: arriendo de edificios, que serían fundamentales ya que la UDLA no cuenta con inmuebles propios, y los contratos por servicios operacionales y educativos, los que fueron cuestionados:

–En cuanto a los contratos de servicios operacionales y educativos, surgen dudas razonables acerca de su pertinencia y utilidad ya que, respecto de los primeros, se trata de servicios que podrían ser realizados en todo o en parte, por la propia estructura de la universidad. Por su parte, respecto de los contratos de servicios educacionales, se advierte que los montos que se pagan por los servicios contratados –aunque estén a precios de mercado– son cuantiosos, sobre todo considerando el poco uso que se ha dado de ellos, por alumnos y docentes, según la propia información aportada por la universidad.

Sobre el mismo punto, el CNED consideró que los recursos que se malgastaban en contratar servicios operativos o educacionales prestados por Laureate, podrían destinarse a mejorar la planta docente. Por ello, decidió enviar estos antecedentes al Ministerio de Educación, gracias a lo cual se inició la investigación en curso.

LOS CONTRATOS CON EL ESTADO

La propia ministra de Educación, Adriana Delpiano, salió al paso de las prácticas de Laureate en una entrevista con Radio Biobio el pasado 13 de julio. “¿Cómo se saca el lucro hoy día? Es que te vendo software, te vendo equipamiento, te arriendo el local, etc., esa es la manera que hay”, dijo, agregando que la nueva superintendencia deberá fiscalizar que esas prácticas terminen. Además reveló los intentos de Laureate de reunirse con ella: “Una cosa son los inversores, pero tú puedes invertir en un país en una actividad que te permite sacar ganancias de tu inversión, pero si la ley de ese país dice que no puedes, bueno, están faltando a la ley. La otra vez este grupo quiso conversar conmigo y yo le dije que hablaran con Inversiones Extranjeras y que vieran el problema en ese marco, porque yo me reunía con rectores, no con inversores”.

A través de la Ley de Transparencia, CIPER accedió a todos los contratos de inversión extranjera que el Grupo Laureate ha firmado con el Estado chileno, lo que le permitió ingresar al país con una cobertura perfectamente legal y amparado en el Decreto Ley 600, el que norma las inversiones de extranjeros.

Pablo Guerrero Valenzuela

La Universidad de Las Américas fue la primera institución de educación superior privada que Sylvan International (antecesora del Grupo Laureate) adquirió en Chile. Lo hizo el año 2000 pagando US$25 millones a la familia Antillo. En la época, la transacción se presentó como una “alianza”, intentando disfrazar la compra debido a la prohibición de que los dueños de universidades perciban ganancias por su actividad educacional.

Esa cifra coincide con el primer contrato de inversión firmado por el grupo transnacional con el Estado de Chile. Ese contrato lleva las firmas del entonces ministro de Economía del gobierno de Ricardo Lagos, José de Gregorio, en representación del Estado, y del abogado Pablo Guerrero Valenzuela (del estudio Barros & Errazuriz) en representación de Sylvan International BV. El documento autoriza la inversión que estuvo destinada a adquirir “una participación mayoritaria de la sociedad Desarrollo del Conocimiento S.A., la cual directamente o a través de filiales, es propietaria del Instituto Profesional Campus, de un establecimiento escolar y además presta servicios administrativos a la institución de educación superior denominada Universidad de Las Américas” (revisar contrato).

Los abogados del grupo, Jorge Bofill y Ricardo Escobar, en su entrevista a La Tercera se refirieron a estos contratos: “En Chile Laureate firmó seis contratos de inversión extranjera, en los que declaró que vendría a invertir en empresas que serían dueñas de ciertas instituciones de educación superior, donde es un accionista y puede percibir dividendos. Además, que prestaría servicios a esas instituciones”.  A esos seis contratos originales, se suman otros dos que modifican algunos aspectos de ellos.

Los abogados ventilaron su estrategia de defensa del Grupo Laureate, indicando que todos los últimos gobiernos estuvieron al tanto del ingreso del holding al país. Bofill lo resumió así: “Laureate siempre dijo quién era, le mostró al Comité de Inversiones Extranjeras su forma jurídica y que tenía fines de lucro en el extranjero. La ley permite que una persona jurídica relacionada con la universidad le preste servicios”.

La legislación chilena prohibe el lucro, pero no ha regulado cómo opera esa prohibición, ni penalizado al lucro en la educación superior. Desde el retorno a la democracia ningún gobierno ni tampoco el Congreso elaboraron leyes que estrecharan los márgenes de acción de los sostenedores de universidades que tienen fines de lucro. El problema para el holding extranjero y sus defensores, es que los contratos firmados con el Estado no los blindan ante la nueva legislación educacional que comenzó a tramitarse en el Congreso.

Ante la duda de si los contratos firmados con el Estado pudieran ser una defensa del grupo para oponerse a que se les apliquen las nuevas restricciones incluidas en la reforma educacional, un abogado experto en inversión extranjera aclaró a CIPER que el único beneficio que estos contratos le aseguran a Laureate es la invariabilidad tributaria. Pero que si cambian las reglas del juego, deberán someterse a las nuevas disposiciones.

Todos los contratos revisados por CIPER incluyen dos cláusulas tipo que se refieren a los derechos y deberes que el inversionista tiene en su paso por Chile. La cuarta cláusula señala que a Laureate le serán aplicables la legislación y reglamentación vigentes en el país (por ejemplo, la prohibición de lucrar en sus universidades), y el sexto se extiende sobre sus derechos, entre los que destacan: “el derecho a transferir al exterior su capital y sus utilidades líquidas”.

Aunque entre ambas disposiciones podría existir una contradicción, ya que la cláusula cuarta lo ciñe a las normas chilenas mientras que la sexta lo autoriza a retirar utilidades, expertos consultados por CIPER coincidieron en que no puede obviarse la obligación del inversor de respetar las leyes nacionales. “No sólo deben respetar las obligaciones relativas al objeto de su inversión, a los vehículos de inversión (sociedades), sino que también a lo que dispone la ley respecto de estas sociedades, teniendo la obligación de solicitar autorizaciones, permisos sanitarios, patentes y cualquier otra que demande la ley, como cualquier ciudadano residente en la República. Dentro de ello se encuentra establecido de manera irrefutable la obligación de respetar la prohibición de lucrar en las corporaciones universitarias o universidades en que tenga relación”, aseguró un abogado experto en derecho comercial y tributario después de revisar los contratos.

El segundo contrato fue firmado el 23 de septiembre de 2002 y lleva la firma de Jorge Rodríguez Grossi, entonces ministro de Economía. Ese contrato le permitió a la entonces Sylvan ingresar al país US$15 millones para aumentar el capital de Sylvan Chile Limitada, la que a su vez aumentaría su participación en Desarrollo del Conocimiento S.A. la sociedad que entonces controlaba la UDLA (revisar contrato).

Casi un año después, el 17 de junio de 2003, un tercer contrato le permitió a Sylvan internar otros US$15 millones para comenzar el proceso de adquisición de su segunda universidad en Chile, la Andrés Bello, y el instituto AIEP. Ese dinero se utilizó para realizar un aporte de capital a Inversiones en Educación Limitada, otra de las sociedades utilizadas por el holding para manejar sus inversiones en Chile. Con ese aporte pudieron adquirir una parte mayoritaria de la sociedad Desarrollo de la Educación Superior S.A. (revisar contrato).

Los dos siguientes contratos son los primeros donde el inversionista aparece firmando como Laureate. Ambos están fechados el 15 de enero de 2007, lo que coincide con el ingreso del fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts (KKR) a Laureate. El primer contrato permitió que ingresaran US$150 millones, los que se utilizaron para suscribir el capital social de Sylvan Chile y para que esta, a su vez, aumentara su participación en Desarrollo del Conocimiento S.A. Mientras que el segundo ingresó al país otros US$50 millones para suscribir el capital social de Inversiones en Educación Limitada, la que también aumentaría su participación en Desarrollo del Conocimiento S.A. (ver contrato 4 y contrato 5).

La millonaria inversión de 2007 la utilizaron para tomar el control completo de sus universidades en Chile y para dar paso a una reingeniería societaria con la que ordenaron sus negocios en el país (ver reportaje “U. Andrés Bello, U. Las Américas y U. Viña del Mar: cómo Laureate tomó el control de un lucrativo negocio”).

En 2012 y 2013 se realizaron modificaciones a los contratos anteriores, lo que se hizo para adecuar la inversión a la reingeniería societaria que realizaron entonces (ver modificación de 2012 y modificación de 2013).

El último contrato de inversión entre Laureate y el Estado se firmó el 21 de enero de 2014 e implicó el permiso para internar a Chile US$10 millones, los que se utilizaron para pagar un aumento de capital de la sociedad Laureate Desarrollos Educacionales SpA (revisar contrato). En total, Laureate solicitó autorización para ingresar al país US$265 millones desde 2001 a la fecha.

En el último contrato varían en su redacción las cláusulas donde se establecen los derechos y deberes del inversionista extranjero, reforzando el apego que Laureate debe tener a las leyes chilenas. La cláusula cuarta plantea que “el inversionista extranjero declara que en el inicio o en la ejecución de su actividad económica le serán aplicables tanto la legislación nacional y reglamentación vigentes como las políticas nacionales y/o sectoriales respectivas”. Se agrega además una cláusula quinta que señala: “Por el presente acto el inversionista extranjero declara conocer y respetar íntegramente, la legislación nacional y las políticas nacionales y/o sectoriales que le sean aplicables en el desarrollo de sus actividades”. Y suma que el Comité de Inversiones Extranjeras no puede garantizar la viabilidad legal “actual o futura” del negocio que el inversionista pretende desarrollar.

Todos los contratos firmados con el Estado los suscribió utilizando una sociedad radicada en Holanda: Laureate International BV. Que el inversionista utilice una figura jurídica alojada en los Países Bajos tendría una explicación económica. Holanda es utilizada por holdings internacionales para alojar sus sociedades matrices, ya que les cobra un impuesto bajo por sus utilidades, una práctica conocida como el “sandwich holandés”.

Oficinas en Amsterdam de Laureate International

Buscando informes que entregaran antecedentes sobre la sociedad utilizada por el holding para firmar sus contratos de inversión con Chile, CIPER encontró la hebra de la compleja estructura societaria que Laureate tiene esparcida por el mundo. La Cámara de Comercio de Holanda guarda un informe que da cuenta de los estados financieros 2012, 2013 y 2014 de Laureate International BV y de su historia y composición de su directorio. Esa sociedad fue registrada en Holanda en 1988, inicialmente denominada como Aspect International Language Schools BV y en 2000 cambió de nombre a Sylvan International BV, el que se mantuvo hasta 2004. El objeto de la sociedad es la “organización para el intercambio de estudiantes”.

El informe encontrado por CIPER señala que actualmente la sociedad tiene oficina en Amsterdam (Barbara Strozzilaan 201) y en 2014 registraba activos financieros por 556 millones de euros. Esa sociedad es controlada por Laureate I BV, mientras que controla una tercera sociedad: LEI New Zeland Holdings BV.

La sociedad madre de Laureate International BV registró en 2014 activos por más de 1.000 millones de euros y a su vez es controlada por Iniciativas Culturales de España SL, entidad alojada en Madrid, España, país donde Laureate también tiene importantes inversiones en el negocio de la educación superior. Además de controlar a la sociedad utilizada para invertir en Chile, también controla otras dos figuras jurídicas: Laureate Education -Turkey BV y Online Higher Education BV.

EL NEGOCIO DE LAUREATE

En el informe 2015 que Laureate presentó ante la SEC de Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, un símil de la Superintendencia de Valores de Chile) el grupo se refiere en forma extensa a los contratos que mantiene con sus instituciones en Chile. Describe las ganancias que ha obtenido gracias al negocio inmobiliario  y también manifiesta la incertidumbre que le genera los cambios en la regulación a la educación superior.

El documento detalla todas las investigaciones que pesan sobre sus instituciones en Chile, y dice que dependiendo de los resultados de esas indagaciones o de los cambios legales, sus negocios podrían verse afectados: “Cualquier interrupción en nuestras operaciones en Chile tendría un efecto material adverso en nuestra condición financiera y resultados de operación”.

En términos contables, el grupo controlador define a sus universidades en Chile como “entidades de interés variable” (VIE, por sus siglas en inglés), ya que la legislación no permite reconocer accionistas y a que tampoco pueden existir dueños de las universidades, porque estas no pueden lucrar, pero el holding es el principal beneficiario económico de su actividad. El grupo entrega tres variables para mantener su interés en estos planteles: la venta de servicios a las casas de estudio, la posibilidad de desarrollar el negocio inmobiliario con ellas y que esté abierta la opción de que el grupo pueda vender la capacidad de gobernar esas instituciones, lo que les permitiría tener retornos.

Hasta ahora, la reforma a la educación superior les permitiría seguir desarrollando los dos primeros negocios de manera indirecta, aunque no es claro cómo asegurarían que las nuevas autoridades administrativas de las universidades, cuyo control debieran abandonar, optaran por seguir contratando sus servicios y arrendando sus edificios. En el documento, Laureate advierte que en algunos países podría haber cambios legales que pusieran en jaque su control. Ya les sucedió en Ecuador en 2010, donde actualmente enfrenta otras investigaciones (ver recuadro).

“Si no somos capaces de mantener nuestros derechos de control de los nombramientos para los órganos de gobierno (directorios), nuestra capacidad de obtener beneficios económicos de estas instituciones puede ser muy limitada, incluso no ser capaces de transferir el control de las instituciones de una manera que nos diera un retorno a nuestra inversión (vender los planteles) o no ser capaces de implementar o mantener acuerdos de servicio con esas instituciones”, dice Laureate en su informe.

Ante la preocupación de que las regulaciones cambien, Laureate identifica una serie de posibilidades que podrían tomar las autoridades para con sus instituciones: revocar la licencia o la acreditación a esas universidades, prohibir los negocios con sociedades relacionadas, imponer multas que impacten el rendimiento del negocio, obligarlos a salir del control de los planteles, y no permitir que puedan vender el control que mantienen en ellos. “Si no somos capaces de recibir beneficios económicos de estas instituciones, tendría un efecto adverso en nuestros resultados de operación y situación financiera”, concluye el grupo en su informe 2015.

PROBLEMAS EN ECUADOR

Cuando la Universidad de Las Américas llevaba siete años funcionando en Chile, en 1995, uno de sus fundadores decidió crear una filiar en Quito, Ecuador. De esa forma nació UDLA Ecuador, la que con el tiempo se independizó, aunque de todas formas terminó bajo el control de Laureate.

UDLA Ecuador

En 2005 el holding internacional ingresó a la propiedad de esa universidad, la que hoy enfrenta una investigación encargada por el gobierno de Rafael Correa debido a que al Servicio de Rentas Nacionales de Ecuador le llamó la atención la gran cantidad de recursos que ese plantel remesa al exterior, en especial a Chile y a Holanda. Según dijo a CIPER un funcionario del gobierno ecuatoriano, entre 2012 y 2015 el Consejo de Educación Superior de ese país detectó el envío de US$50 millones al extranjero, por “servicios no tan claros”.

El modelo de negocio implementado por Laureate en Ecuador es el mismo que en Chile: venta de servicios. La UDLA de ese país tiene participación accionaria (cerca de un 5%) en la inmobiliaria que el holding utiliza en Chile para arrendarle edificios a sus universidades, Inmobiliaria Educacional SpA (IESA). En Ecuador investigan si los edificios utilizados por UDLA en ese país pertenecen a la inmobiliaria chilena de Laureate, y si esos inmuebles son arrendados al plantel para así extraer recursos.

En 2009 el gobierno de Correa inició una profunda reforma a la educación superior ecuatoriana, la que incluyó la prohibición efectiva  de tener fines de lucro, lo que obligó a Laureate a salir de la propiedad de la UDLA, aunque continuó prestándole servicios, manteniendo el negocio. El caso ecuatoriano es relevante como ejemplo de lo que podría ocurrir en Chile, donde la reforma a la educación superior presentada por el gobierno apunta a que las entidades con fines de lucro deben dejar el control de las universidades.

En el informe 2015 ante la SEC de Estados Unidos, el grupo también se refirió a las pérdidas económicas que le generó el cambio a las reglas del juego en Ecuador: US$ 43,7 millones al segundo semestre de 2012.

La investigación abierta en Ecuador en contra de la UDLA (y en contra de otras tres instituciones acusadas también de tener vínculos con paraísos fiscales) podría derivar en que el gobierno le quite la exención tributaria de la que goza la institución por sus servicios educacionales.

Mucho antes de convertirse en concejal de Lo Barnechea en 2012, René Barba Rondanelli (UDI) quiso ser diputado. En 2005 compitió en el distrito N°42 (Octava Región), obteniendo poco menos de 4 mil votos. Barba compartía sede de campaña con el entonces candidato a senador Carlos Bombal. Fue en ese comando donde el OS-7 de Carabineros incautó 670 gramos de marihuana, un revólver calibre 38 y una docena de balas. Un brigadista fue detenido y Barba admitió que no conocía los antecedentes de quienes trabajaban en su comando.

Barba perdió esa elección pese a que era un candidato con experiencia en campañas, lo que le había permitido convertir la propaganda callejera en un redituable negocio. Arrastra la chapa de operador político de la UDI desde que se hiciera cargo, a principios de la década pasada, de la logística y distribución de la propaganda electoral de distintos candidatos del partido. Paralelamente a su trabajo en campañas políticas, el concejal por Lo Barnechea fue un histórico proveedor de la Fundación Teletón, institución que hasta 2014 le delegó la distribución, instalación y retiro de “palomas” y “posteras” en la vía pública, de norte a sur del país.

Los 12 años de Barba como proveedor de la Teletón registran capítulos polémicos. Un antiguo y estrecho colaborador de Barba, que pidió reserva de su identidad, acusa que junto a un puñado de personas del círculo cercano del concejal UDI emitió en varias oportunidades boletas de honorarios para la Teletón, por trabajos que nunca realizaron. CIPER tuvo a la vista tres documentos por “servicios publicitarios” que asegura nunca prestó. En la contabilidad de la Teletón aparecen además varias boletas emitidas por la ex señora de René Barba, por su contador, por la esposa de éste y por al menos tres ex administrativos del colegio que dirige, ubicado en Lo Barnechea.

La UDI inscribió a Barba para competir por la reelección en esa comuna en octubre próximo. En 2012, de los seis concejales electos fue el que obtuvo menos votos. Al interior del municipio del sector oriente hay quienes señalan que Barba se transformó al poco tiempo en una de las autoridades comunales más cercanas al alcalde Felipe Guevara Stephens (RN).

Sus redes políticas las consolidó trabajando en la propaganda callejera de candidatos emblemáticos de la derecha. Participó activamente de las campañas de los ex alcaldes de Santiago, Raúl Alcaíno y Pablo Zalaquett. También trabajó en 2009 en la campaña del ex presidente de la UDI, Ernesto Silva, cuando resultó electo diputado por Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Tras ello, fue nombrado presidente distrital de la UDI (en las mismas comunas de Silva), lo que le allanó el camino para asumir luego como jefe de gabinete de la entonces senadora por Santiago Oriente, Ena von Baer (designada en 2011 por el partido, tras la renuncia de Pablo Longueira).

En paralelo a sus actividades políticas participa de dos proyectos educacionales: dirige el colegio privado Bertait en La Dehesa (fundado por su madre) y es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Universidad Internacional de la Empresa (FUIE), institución ubicada en el mismo terreno donde está el colegio y vinculada a una escuela de negocios española ESERP.

En 2014 el colegio Bertait fue multado por la Superintendencia de Educación (Superduc) por graves faltas, mientras que Contraloría detectó en 2015 serias irregularidades en un millonario contrato adjudicado a la FUIE por el destituido edil de Zapallar Nicolás Cox Urrejola (RN).

Como concejal de Lo Barnechea, Barba registra misteriosos viajes al extranjero financiados por el municipio administrado por Guevara. Uno de ellos en 2014 a Nueva York, para asistir a un seminario organizado por una institución educacional norteamericana que un año después acreditó a su propio colegio Bertait.

La ESERP, ligada a la fundación de Barba, también galardonó al Bertait en junio de 2015 con “Medalla de Oro” por su labor educacional, momento en el que la escuela española aprovechó de condecorar al edil Guevara con otra presea. El ESERP también cursó una invitación al alcalde de Colina, Mario Olavarría Rodríguez (UDI), para asistir en julio de 2013 a un programa de gestión educacional en Barcelona.

Es precisamente en el municipio administrado por Olavarría –quien es cercano a Barba–, donde la FUIE se ha adjudicado contratos por $166 millones en los últimos cuatro años. Montos que se suman a otros $490 millones facturados por una segunda empresa –Executive S.A–, vinculada a miembros de la FUIE, y cuyo representante legal es un director de la misma fundación (ver adjudicaciones y montos).

LOS HONORARIOS DE LA TELETÓN

En el currículum de René Barba que cuelga de una página web de la Fundación Universitaria Internacional de la Empresa se señala que el concejal es colaborador de la Teletón y que hoy “desarrolla su vocación y aporte social de más de dos décadas” en la FUIE (ver aquí). Desde la institución dedicada a la rehabilitación de niños y jóvenes con discapacidad, desmienten que Barba haya sido colaborador: “Fue solo un proveedor”, recalcan.

René Barba se hizo cargo de la propaganda callejera de la Teletón en 2002. Ya llevaba un tiempo como responsable del despliegue de publicidad en terreno de candidatos de la entonces Alianza por Chile. En esas labores, y de acuerdo a distintas fuentes consultadas por CIPER, cuenta con un equipo propio de colaboradores, que incluye a ex barras bravas.

“La pelea en las calles es con todo, cada uno defiende su territorio. Yo salía con pistola para que no nos ‘botaran’ los brigadistas rivales”, dijo a CIPER un ex miembro del equipo de Barba en este negocio, que pidió reserva de su identidad.

La misma fuente señala que uno de los brigadistas que ha trabajado con el concejal de Lo Barnechea en épocas de campaña ha sido el ex líder del piño “Los Spectros” de la Garra Blanca, Rubén Olea. El mismo que aparece en una foto junto a Francisco Muñoz, alias “Pancho Malo”, acompañando a Augusto Pinochet tras su arresto en Londres (se declara su gran admirador en redes sociales), y en otra junto al secretario general de RN, Mario Desbordes, durante un acto de cierre de campaña del ex Presidente Piñera en 2009.

René Barba trabajó durante 12 años como proveedor de la Teletón. Cuentan en la institución que, con el correr de los años, el servicio que el militante de la UDI prestaba fue empeorando, hasta que en 2014 ya no dio para más: “Habían carteles en el suelo y eso, para los auspiciadores que nos dan su respaldo, resulta inviable”, dijeron.

CIPER recogió el testimonio de un antiguo colaborador de René Barba quien asegura que el concejal le pedía emitir todos los años a un grupo personas de su confianza –varios ligados a su colegio Bertait–, boletas de honorarios para la Fundación Teletón por montos que iban desde los $2 millones hasta los $15 millones.

Para respaldar sus dichos, mostró tres boletas por $12 millones emitidas en 2006 y 2008 por “servicios publicitarios” (ver boletas), reconociendo no haber realizado ningún tipo de trabajo para la Teletón. Varias de las personas supuestamente implicadas en esta “red de boleteros”, dice el ex colaborador de Barba, tampoco prestaron servicios. “Cobrábamos el dinero en la sucursal del Banco de Chile en el Cantagallo (Las Condes) y luego se lo entregábamos a él. Nosotros nos quedábamos con la retención”, señala.

René Barba declinó hablar con CIPER para aclarar esta acusación. Desde la Teletón confirmaron que hasta el 2010, el concejal de Lo Barnechea nunca facturó por sus servicios a través de una empresa y que efectivamente la institución recibía boletas de una docena de personas que supuestamente trabajaban con él en esas labores.

“Eran los supervisores que trabajaban con Barba. Estaban encargados de coordinar y vigilar que la propaganda se mantuviera en buen estado”, señalaron a CIPER en la Teletón. Frente a la pregunta de por qué no se le pidió a Barba que facturara a la institución a través de una sociedad, señalaron: “En el 2010 formalizamos el tema y le exigimos que desde ese año en adelante nos facturara como persona jurídica, a través de una sociedad, y que él se hiciera cargo de pagar a quienes trabajaban con él”.

Y así fue. En 2010 el concejal comenzó a facturar a través de la sociedad Diolre S.A., dueña del terreno donde está el Bertait College y en la que, además de Barba, participa su madre.

CIPER pudo comprobar que los registros contables de la Teletón consignan los pagos hechos a René Barba –antes de que facturara a través de su sociedad familiar– y a sus colaboradores.

Llama la atención que entre los “supervisores” a los que se les pagó figuren tres ex empleados del colegio Bertait (dirigido por René Barba y su madre), entre ellos una inspectora y un administrativo. Este último negó tajantemente a CIPER haber emitido boletas a la Teletón. Sin embargo, los registros contables sí consignan que recibió al menos un pago de la institución por $5,5 millones en 2004.

En los registros también aparece el actual director de Finanzas del establecimiento educacional y estrecho colaborador del concejal, el contador Víctor Ojeda Huenchuñir. CIPER habló por teléfono con Ojeda, quien también negó haber entregado boletas de honorarios a la institución. Los registros contables de la entidad consignan, sin embargo, pagos a nombre del contador en 2003, 2004, 2007 y 2008, por montos entre $2,5 y $5,5 millones.

En la nómina de pagos cursados por la Teletón entre 2003 y 2008 figuran también la ex esposa de René Barba y la cónyuge de Víctor Ojeda, quienes emitieron boletas a la institución por montos entre $5,5 millones y $12,5 millones.

“Nunca se pagó más de lo que correspondía por contrato y constantemente evaluamos que el servicio se hiciera a precio de mercado. Nuestra preocupación era que los pagos por estos trabajos cuadraran con el presupuesto destinado a este ítem y así fue todos los años. No se le entregó ningún peso de más a este proveedor”, recalcan en la Fundación Teletón, donde se mostraron sorprendidos con la situación.

Abraham Ovalle Ureta, empresario transportista que trabajó con René Barba en distintas campañas, para la Teletón y para candidatos de la extinta Alianza por Chile, tiene una opinión distinta. Dice haber estado presente en una reunión a la que asistió Barba y en la que un funcionario de la Teletón recriminó al concejal por una supuesta alza injustificada en el costo de su servicio. “La excusa que le dio a la fundación fue que había que colocar más gente en la calle porque se rompía mucho material”, recuerda Ovalle, quien además acusa a Barba de haber mal utilizado dos facturas de su empresa.

Según Ovalle, en 2003 le entregó dos facturas en blanco a Barba para que éste las remitiera a la Teletón con el fin de que la fundación le cancelara el servicio de transporte que prestó durante la campaña de ese año. Pero las facturas, acusa el transportista y también militante de la UDI, jamás llegaron a la fundación. A través de cartas enviadas a directivos de la tienda de calle Suecia y a la propia fundación, Ovalle acusó que Barba no solo no habría enviado los documentos, sino que los utilizó sin su consentimiento para facturar a otra empresa por trabajos no realizados (ver aquí).

EXCELLENCE IN EDUCATION

Ubicado en La Dehesa en un terreno de 10 mil m², en el Bertait College, además de Barba, participa su madre, la ex rectora de la desaparecida Universidad Las Condes, Olga Rondanelli Hidalgo. Fundada en 1987 entre otros por el ex general de Carabineros César Mendoza y Olga Rondanelli –esposa del también ex general de la institución y ex ministro de Bienes Nacionales de Augusto Pinochet, Diego Barba Valdés–, la Universidad Las Condes fue clausurada por el Ministerio de Educación a fines de los ’90, por “no encontrarse en condiciones de avanzar autónoma y responsablemente en la tarea de cumplir sus propósitos institucionales”. En 1998 fue comprada en US$ 8 millones por la Universidad del Desarrollo, fundada por un puñado de influyentes militantes de la UDI: Luis Ernesto Silva Bafalluy, Joaquín Lavín, Alfredo Valdés, Federico Valdés y Cristián Larroulet.

Fuentes consultadas por CIPER contaron que en la extinta universidad René Barba Rondanelli estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE). Pocos meses después de que se hundiera el proyecto universitario de Rondanelli y Mendoza (fallecido en 1996), el Bertait College ya estaba en funcionamiento.

René Barba y Ena von Baer (Fuente: Colegio Bertait)

El Bertait se define como un proyecto educativo incluyente “centrado en la búsqueda permanente de la felicidad de los estudiantes”. En agosto de 2014, la Superintendencia de Educación (Supereduc) impugnó el carácter inclusivo del proyecto y sancionó al colegio con una multa de 501 UTM ($22 millones). “Se concluye que el colegio no tiene proyecto de integración”, se lee en el documento de la Supereduc al que CIPER tuvo acceso y en el que se constatan otras irregularidades, entre ellas que el colegio desde marzo de 2014 –cuando se inauguró su nueva sede en Avenida El Rodeo N° 13.710 (La Dehesa)–, funcionaba sin permiso de la Seremi de Educación (ver documento).

Actualmente la superintendencia tiene bajo revisión una segunda denuncia contra el colegio, al que se le acusa de no contar con reglamento interno ajustado a la normativa y de que parte de su personal asistente no contaría con el perfil moral ni sicológicamente idóneo para cumplir con su tarea (ver documento).

El nuevo campus del Bertait, que se extiende sobre un terreno cuyo avalúo fiscal supera los $1.500 millones, fue inaugurado el 24 de marzo de 2014 en una ceremonia que tuvo una invitada especial: la senadora y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Ena von Baer, de quien Barba fue jefe de gabinete. No es la única vez que figuras del gremialismo han visitado el colegio. En diciembre de ese mismo año, el Bertait College fue sede de un seminario de liderazgo organizado por la juventud de la UDI, encabezado por el diputado Ernesto Silva Méndez y al que también fue invitado como expositor Juan Antonio Coloma (ver aquí). “No es raro que se realicen reuniones o eventos de la UDI en el colegio”, señala un ex profesor del establecimiento.

Los cargos formulados por la Supereduc en agosto de 2014 no fueron impedimento para que 10 meses después, en junio de 2015, Bertait College fuera galardonado con la “Medalla de Oro”, otorgada por la escuela de negocios catalana ESERP, por la “creación de un modelo educativo innovador que acoge, exige y forma personas integrales” (ver aquí). Es la misma institución española vinculada a la FUIE, la fundación de René Barba.

En los resultados del SIMCE de ese mismo año 2015, los alumnos de segundo medio del Bertait College promediaron 203 puntos en comprensión de lectura (78 puntos por debajo del promedio nacional en su grupo socioeconómico); 218 puntos en matemáticas (111 puntos por debajo del promedio) y 93 puntos en historia, geografía y ciencias sociales (93 puntos por debajo del promedio).

Fue el director del ESERP José Daniel Barquero, quien ese mismo mes de junio también aprovechó de condecorar al alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, con la “Medalla al Mérito Institucional” por la “creación de un modelo de desarrollo que marca tendencia en diferentes ámbitos de la sociedad” (ver aquí). La ceremonia de reconocimiento a la labor del alcalde Guevara apareció en la sección de Vida Social de El Mercurio. En una página web de la FUIE, José Daniel Barquero aparece como miembro del consejo consultivo internacional de la fundación ligada a Barba (ver aquí).

Otro de los reconocimientos que el Bertait College atesora en su palmarés es el que le otorgó en abril de este año el Centro de Innovación Educacional de Nueva York (CEI): “Excellence in Education” (Distinguished Program Award 2016). En palabras de los propios directivos del Bertait, con esta distinción el establecimiento se puso “a la vanguardia educacional a nivel latinoamericano” (ver aquí).

Alcalde Guevara recibe reconocimiento de ESERP

Lo llamativo de este galardón es que casi un año antes (marzo de 2015), las autoridades edilicias de Lo Barnechea autorizaron un viaje costeado por el municipio para que Barba viajara a Nueva York en representación del concejo para participar del seminario: “Reforma educacional: las lecciones de la experiencia norteamericana”. El evento, que tuvo lugar en abril de ese año, fue organizado por el CEI, el mismo centro de innovación norteamericano que 12 meses después acreditó al Bertait College. En viático y pasajes el municipio desembolsó casi $4 millones (ver decreto alcaldicio).

Ese no es el único viaje al extranjero de Barba como autoridad edilicia. Un decreto alcaldicio del 15 de enero de este año autorizó a los concejales René Barba y Paula Phillips a representar al municipio en el programa cultural “Conociendo China a través de la experiencia”, invitación extendida por la agencia Asia Latina (ver documento). El municipio aportó $3,5 millones en viáticos para este viaje por Beijing y Shanghai, destinado a “adquirir conocimientos en temas de adulto mayor, urbanismo y otros”.

Al mes siguiente, la página web de la Fundación Universidad Internacional de la Empresa (FUIE), publicó la noticia de que su vicepresidente ejecutivo, René Barba Rondanelli, había realizado en febrero una “visita de intercambio” a Shanghai con el propósito de conocer su cultura milenaria “y su modelo educativo escolar y superior” (ver publicación).

LOS CUESTIONADOS CONTRATOS DE FUIE

La Fundación Universidad Internacional de la Empresa (FUIE) obtuvo personalidad jurídica el 1 de marzo de 2012. Su directorio quedó conformado por Francisca Schulze Lepe, en calidad de presidenta; Francisco Javier Garrido Morales –esposo de Schulze– como director; y René Barba como vicepresidente ejecutivo, entre otros (ver directiva).

La FUIE tiene domicilio en el mismo paño donde funciona el colegio Bertait (El Rodeo N° 13.710, Lo Barnechea). El terreno donde operan ambas instituciones es propiedad de Diolre S.A., sociedad constituida en 1998 por el concejal Barba y su madre.

Fue ella, como representante de Diolre, quien en enero de 2014 firmó un contrato con el municipio de Lo Barnechea para el arriendo por tres meses de un sector del terreno donde está el colegio para el funcionamiento del jardín infantil municipal El Trébol. En el contrato, al que accedió CIPER (ver aquí), no aparecen los montos de la transacción, aunque fuentes al interior del municipio señalaron que ésta ascendió a $7,6 millones. Días después, la Municipalidad de Lo Barnechea adjudicó dos licitaciones por un total de $8 millones para efectuar allí labores de remodelación y habilitación de espacios, salas y baños.

La Fundación Universidad Internacional de la Empresa se ha adjudicado millonarios contratos con distintos municipios, entre ellos el de Zapallar, Las Condes y Colina.

El paso de la FUIE por el municipio costero de la Región de Valparaíso fue duramente cuestionado por la Contraloría en un informe de octubre de 2015. Fueron tres contratos (junio de 2012, y abril y mayo de 2013) por un total de $64 millones los que autorizó el ex alcalde de Zapallar, Nicolás Cox Urrejola (RN), para la realización de un “diplomado en Administración de Empresas” dirigido a funcionarios.

La adjudicación se hizo por trato directo, con el resquicio de que supuestamente había un solo proveedor de ese servicio. El edil Cox tampoco consultó al concejo municipal, pese a que el primer contrato superaba las 500 UTM, lo que por norma obliga a los alcaldes a contar con el acuerdo del resto de las autoridades edilicias (ver informe de Contraloría).

El pasado 6 de julio, Nicolás Cox fue destituido de su cargo por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) “por notable abandono de deberes”.En un acta del Consejo municipal de Zapallar del 23 de octubre de 2015, uno de los concejales cuestionó en duros términos las asesorías prestadas por la FUIE y consideró agregar estas irregularidades a la acusación por abandono de deberes contra el alcalde: “esto fue a un precio absolutamente fuera de mercado en relación a productos similares por la cantidad de horas que se dio el curso y por la calidad de éste” (ver acta del concejo).

La FUIE también ha ejecutado asesorías en la Municipalidad de las Condes liderada por Francisco de la Maza (UDI). En septiembre de 2015 y enero de 2016 la Corporación de Educación y Salud de la comuna le adjudicó dos contratos por $13 millones para “implementar el modelo de aprendizaje quíntuple” entre profesores de colegios municipales y un taller de “Liderazgo y trabajo en equipo”.

PASANTÍA TURÍSTICA

Es en el municipio de Colina, encabezado por el alcalde Mario Olavarría, donde René Barba y sus colaboradores en la FUIE han logrado los mayores réditos. La fundación de Barba ha facturado a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa comuna más de $166 millones en capacitaciones, entre las que destacan: cursos de inglés, diplomados y capacitaciones a funcionarios y docentes, algunas financiadas con fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y vía ley de donaciones culturales.

Otro de los clientes recurrentes de la Corporación de Colina ha sido Executive S.A., empresa cuyo representante legal es el académico chileno Francisco Javier Garrido Morales, miembro de la Real Academia de Doctores de España, doctor honoris causa de la Lishui University of China y uno de los directores de la FUIE. Entre 2011 y 2014, Executive ha obtenido contratos por casi $490 millones por asesorías en gestión estratégica, coaching y administración avanzada para directivos y técnicos de los establecimientos educacionales de la comuna.

René Barba y Mario Olavarría

Además de vincularse como directores de la FUIE, Barba y Garrido han compartido labores también en Executive. Entre 2007 y 2009 el ahora concejal de Lo Barnechea aparece como director de la revista “Executive Business Review”, marca registrada de la empresa Executive S.A. (ver aquí). Fue en su edición “Summer 2009” donde se anunció que el MBA que ofrecía la Executive Business School –en asociación con la Universidad Mayor–había sido incluido junto a los de las universidades Católica, de Chile y Adolfo Ibáñez en un libro que compilaba los 120 mejores master de negocios del mundo. Lo que no dice la nota de la revista dirigida por Barba es que ese libro forma parte de una colección (“Elegir un MBA”) editada en España y dirigida por el profesor Garrido.

La Executive Business School (antes “Schulze y Garrido Limitada”) o EBS, también opera en ocasiones de la mano con la FUIE. En el cuestionado diplomado dictado en Zapallar por la fundación de Barba, por ejemplo, se ofreció homologación del curso en España. Los diplomas internacionales entregados a los alumnos vienen con el logo de la EBS y también con el de la ESERP de Barcelona en su encabezado. Abajo se incluyen las firmas del decano de la Executive Business School, Francisco Javier Garrido, y de la coordinadora académica, Francisca Schulze (ver diploma).

Executive S.A. también ha sido objeto de severos cuestionamientos de Contraloría por una de sus asesorías en Colina. Un informe de 2014, halló una decena de graves irregularidades en un contrato de febrero de 2011 por $82,5 millones entre la corporación municipal de esa comuna y Executive para la capacitación de “directores y jefes de unidades técnicas”. Los fondos fueron entregados al municipio por el Ministerio de Educación (Mineduc) para mejorar su gestión educacional.

Casi dos meses antes de que el Mineduc aprobara los fondos, la Corporación ya había firmado contrato con Executive para llevar a cabo la iniciativa consistente en un diplomado internacional en Administración, con una pasantía en España y certificación de la ESERP de Barcelona: “El contrato fue adjudicado antes de obtener la aprobación del programa”, dice el informe del organismo contralor que, además, calificó la pasantía en España como un viaje “eminentemente turístico”.

El municipio recibió cuatro cotizaciones. Dos de ellas, en base a las cuales finalmente se eligió la oferta, corresponden a la ya mencionada Executive S.A. y a la empresa EBS Consulting, también vinculada a Francisco Javier Garrido.

La Contraloría estimó que prácticamente ninguno de los objetivos del programa impartido por Executive se cumplió. El más importante decía relación con confeccionar un “plan estratégico por establecimiento” (educacional). Como el plan nunca se realizó, la corporación municipal adjudicó con posterioridad un segundo contrato a Executive por $75 millones para elaborarlo, con cargo a los fondos SEP, destinados a la educación de alumnos vulnerables.

Ciudad de Barcelona

A modo de conclusión, el informe de Contraloría señala las siguientes irregularidades: “incumplimiento del objetivo del programa al no presentar el plan estratégico por establecimiento, que aparece solventado con otra fuente de financiamiento también del Mineduc; el programa internacional no concuerda con el nudo crítico de la iniciativa relativo a obtener un nuevo grado académico para el equipo de profesionales; inconsistencia entre las actividades y la iniciativa aprobada; contratación efectuada con dos meses de anticipación a la aprobación del programa por parte del Mineduc; falta de acreditación de las clases que se habrían realizado en Chile y que parte importante del tiempo considerado en el programa en España fue destinado a actividades turísticas en Barcelona” (ver informe).

En vista del mar de irregularidades, la Contraloría exigió a la corporación el reintegro de los dineros al Mineduc.

En el programa del diplomado aparece el alcalde de Colina, Mario Olavarría, como uno de los encargados de entregar a los asistentes de la cuestionada pasantía los certificados y diplomas en la sede de la ESERP en Barcelona. Dos años después, en mayo de 2013, Olavarría aceptó una invitación extendida por la misma escuela de negocios para participar de un programa de dirección y gestión educacional en la ciudad catalana (ver documento).

Tras la invitación, la corporación de ese municipio entregó una decena de nuevos contratos a Barba y su equipo. Los últimos datan de marzo de este año y fueron adjudicados a la FUIE. A diferencia de los contratos anteriores en Colina, en los que el concejal Barba firma como representante legal de la fundación, estos últimos llevan la firma de Francisco Javier Garrido, con quien CIPER intentó contactarse sin éxito.

CIPER habló con René Barba la tarde del miércoles 20 de julio. El concejal se mostró abierto a conversar y agendó una entrevista para el día siguiente en un café de Lo Barnechea. Dos horas antes del encuentro, y a través de un tercero, Barba canceló la cita.

La Federación de Tenis de Chile (FTCH) está jugando uno de esos partidos que se presentan cuesta arriba. Aunque el equipo nacional de Copa Davis aseguró sus boletos para disputar con Canadá el paso al Grupo Mundial, la bochornosa serie desarrollada en Iquique contra Colombia -debido al pésimo estado de la cancha- dejó en el suelo la imagen de la FTCH. A los reclamos del equipo visitante, la vergüenza que acusó Marcelo Ríos y la protesta, a través de una carta pública, de los principales rostros de este deporte, se sumó una controversia que golpeó directamente a la mesa ejecutiva de la federación: la renuncia del hasta ese momento vicepresidente de la FTCH, Esteban Elías, debido a que la empresa de su padre se había adjudicado la construcción de la cuestionada cancha donde se jugó contra Colombia.

El golpe para la directiva que encabeza Ulises Cerda fue demoledor, toda vez que se había presentado como una nueva camada de dirigentes que modernizaría la administración de la FTCH y aclararía las acusaciones de desorden e irregularidades financieras que pesan sobre la mesa anterior, encabezada durante nueve años por José Hinzpeter, quien dejó la testera en marzo pasado.

Ulises Cerda

La polémica por la cancha de Iquique llegó en un pésimo momento para la FTCH, pues la federación está ad portas de dar a conocer un informe de auditoría que ha revisado las cuentas del organismo desde 2012 en adelante y que se presentaría como un emblemático avance en materia de transparencia. El trabajo lo está realizando la firma RSM Auditores, la que inicialmente debía entregar un preinforme este viernes 5 de agosto. Pero debido a las agitadas aguas por las que navega en estos días la FTCH, la directiva determinó esperar el informe definitivo, que debería estar listo dentro de las próximas dos semanas.

A este complejo escenario que enfrenta la federación, se suman ahora los hallazgos detectados por esta investigación de CIPER, que revisó exhaustivamente pagos a honorarios que ha hecho la FTCH entre enero de 2010 y marzo de 2016.

Los registros a los que CIPER tuvo acceso contienen más de 650 boletas pagadas por la federación y que involucraron un desembolso total de $373 millones brutos. El análisis de esos documentos indica que al menos una decena de funcionarios que estaban contratados y recibían sueldo de la federación, cobraron al mismo tiempo honorarios por trabajos similares a sus labores habituales. Uno de esos casos es el de Sergio Herrera Riera, quien mientras era gerente general de la federación emitió 16 boletas por un total de $55,4 millones hasta marzo de 2015, cuando dejó ese cargo.

Consultado por esta situación, el presidente de la FTCH, Ulises Cerda,envío a CIPER una escueta respuesta por escrito que no desmiente las irregularidades: “Puedo indicar que actualmente estamos en pleno proceso de una auditoria forense, la cual aborda estos temas y otras malas prácticas. Bajo ese marco, entendemos que todo lo señalado por ustedes era la forma de operar de la administración anterior”.

RECURSOS PÚBLICOS

Varias de las boletas bajo sospecha de contener irregularidades pudieron usarse para cuadrar rendiciones ante el Instituto Nacional del Deporte (IND). Este organismo entrega recursos públicos a la FTCH para financiar gastos de administración, sueldos de funcionarios y organización de eventos deportivos.

Si el IND detecta anomalías en las rendiciones puede suspender sus aportes hasta que se aclare la situación. Por eso mismo, lo que ocurrió el pasado 30 de abril puede poner luz roja al flujo de esos recursos. En esa ocasión, Ulises Cerda anunció su autodenuncia ante el IND, como una forma de acusar y conseguir que se investiguen eventuales manejos opacos de la directiva anterior y así sanear la relación entre el organismo público y la federación. La autodenuncia sería un reconocimiento explícito de anomalías cometidas por la FTCH en el manejo o rendición de los dineros y debiese activar el congelamiento de los aportes públicos a la federación.

Esteban Elías

CIPER pidió al IND a través de la Ley de Transparencia los documentos que confirmen que Cerda le comunicó su autodenuncia. La respuesta la envió el director nacional del IND, Juan Carlos Cabezas, el 28 de junio pasado, y en ella indicó que el organismo “a través de ninguno de sus departamentos ni direcciones, ha tomado conocimiento formal ni tampoco ha recibido copia del documento de autodenuncia de la FTCH”. El viernes 5 de agosto la situación, según informaron en el IND, no había cambiado.

Anualmente el IND destina varios millones a la FTCH para administración y pago de sueldos. En 2016 le asignó $50 millones para este ítem, en 2015 la suma fue de $32 millones, en 2014 fue de $29,4 millones, en 2013 y 2012 fue de $31,2 millones, en 2011 el aporte alcanzó a $34,4 millones y en 2010 a $29 millones.

SERVICIOS EN TORNEOS DE MENORES

Las ex funcionarias del Departamento de Menores de la FTCH, Claudia Núñez Rivera y Mónica Krutmeyer Giugli, trabajaron en la federación en la organización de torneos de menores G1 y GA, que son los que entregan más puntos para el ranking. En paralelo, ambas emitieron boletas por la “coordinación” de esos eventos, obteniendo ingresos adicionales.

En el caso de Claudia Núñez, entre febrero del 2010 y febrero del 2016, mientras estuvo contratada por la federación, emitió 44 boletas por un total de $21,7 millones. De éstas, 23 corresponden a servicios de “Coordinación” en torneos de menores por un total de $13,8 millones. También hizo otras seis boletas por el servicio de “Director” en torneos Futuro -labor para la cual estaba designado otro funcionario de la FTCH, Rodrigo Cortés Carreño- por un total de $3 millones. También hizo cinco boletas por la labor de “Staff” en Copa Davis, todas por una suma global de $1,7 millones, y otras cinco por “Torneo Cosat” (sin especificar qué rol cumplió en esos eventos) que sumaron $2,2 millones, entre otras boletas adicionales.

Mónica Krutmeyer emitió 41 boletas por una cifra global de $20,2 millones por servicios brindados a la FTCH entre febrero de 2010 y diciembre de 2015. Ella estuvo contratada por la FTCH hasta octubre de 2014. Ocho de sus boletas corresponden a “Coordinación” y “Staff” en torneos de menores, las que suman $8,8 millones, a pesar de que trabajaba bajo contrato en el departamento que organizaba esos eventos.

Además, Krutmeyer figura con 18 boletas por prestar servicios como “Administrativa” y “Directora” de torneos Futuro, por un total de $5,2 millones, y con otras 15 boletas por servicios en eventos de Copa Davis, WTA (la Asociación de Tenis Femenino profesional) y de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat), por una suma de $6,1 millones.

Claudia Núñez y Mónica Krutmeyer fueron contactadas por CIPER, pero declinaron referirse al tema.

Quien sí respondió las preguntas de CIPER fue Alejandra Gamboa Osorio, quien fue contratada por la FTCH como encargada del Departamento de Capacitación y Desarrollo. Ocupó ese cargo entre marzo de 2011 y septiembre de 2015, periodo en el que también emitió 16 boletas que suman $13,4 millones. De éstas, 12 corresponden a “Coordinación” y “Administración” en Copa Davis, torneos Futuro y campeonatos de menores, las que suman $11,5 millones.

Sobre las razones por la cuales cobró por labores paralelas y similares a sus funciones habituales, Alejandra Gamboa dijo: “La federación no cuenta ni contaba con más personal, entonces obviamente la gente de la federación cubría esos otros cargos que necesitaba dentro de los torneos, porque era imposible hacerlo sin gente (…).Tenía que hacer las dos cosas (su empleo permanente y el servicio a honorarios). Si eso me significaba trabajar hasta la una o dos de la mañana, tenía que hacerlo. Así de simple. No podía descuidar una cosa por la otra”.

Sobre la situación de Núñez y Krutmeyer, Gamboa aseguró: “Ellas tenían una consideración adicional porque sus sueldos eran muy bajos. Y una forma de compensar sus sueldos era que pudieran ser las directoras de los torneos. Esa era la razón. Con eso se compensaba la plata que no podían recibir durante el año”.

HONORARIOS DE GERENTE

Sergio Herrera Riera, ex gerente general de la federación, es la persona que más dinero cobró por servicios a honorarios según los registros revisados por CIPER. Herrera emitió 16 boletas entre noviembre de 2010 y marzo de 2015 por un total de $55 millones. En enero de 2015 figura con tres boletas que suman $31,6 millones, por los conceptos de “Comisión auspicio” y “Organización de torneos”. En diciembre de 2012, además, extendió otra boleta por $10,6 millones por la “Comisión auspicio Casino Express”. Las cuatro boletas restantes son por el concepto de “Staff Torneo Futuro”, las que totalizan $5,7 millones.

Consultado por CIPER, el ex gerente aseguró que en su contrato no estaba incluido organizar torneos: “Eso era un anexo de contrato que yo tenía para organizarlos. Mi función era administrativa. Yo ahí también hacía de director de torneos, etc. Pero mis funciones como gerente general eran administrativas”. Y agregó: “Si había una persona dentro de la federación que tenía las capacidades de hacerlo, ¿para qué contratar a alguien externo?”.

Herrera estuvo involucrado en las irregularidades detectadas por CIPER en 2015, cuando se descubrieron anomalías en declaraciones juradas utilizadas por la FTCH para rendir dineros ante el IND (vea ese reportaje de CIPER).

BOLETAS DEL HEAD COACH

Aunque el argentino Alejandro “Alex” Rossi se desempeñó como Head Coach del equipo chileno de Copa Davis entre abril de 2010 y febrero de 2016, nunca fue contratado por la FTCH. Su contrato lo suscribió con la corporación Asociación de Deportistas Olímpicos de Chile (ADO). Rossi recibía todos los meses dos millones de pesos por su contrato con ADO. Pero esa cifra representaba solo dos tercios de sus ingresos, los que se completaban con otro millón que le pagaba a honorarios la FTCH.

Entre 2010 y 2016, Rossi emitió 97 boletas por una suma total de $96,3 millones. Entre estas boletas CIPER detectó al menos 24 que no corresponden a sus honorarios mensuales (que eran de $1,1 millón) y cuyas glosas son similares al trabajo que Rossi desempeñaba como entrenador. Se trata de 14 boletas en las que cobra como “asistente técnico” en Copa Davis (por un total de $10 millones) y otras diez por “servicios prestados” (que no se detallan) en torneos sudamericanos, FED Cup (el torneo femenino de naciones más importante, similar a la Davis) y otros certámenes, por un total de $4,9 millones.

Rossi explicó a CIPER que estas boletas correspondían al pago que recibía por los gastos adicionales que le significaban los viajes al extranjero con los equipos chilenos. Eso, dijo, estaba incluido en un acuerdo “verbal” entre él y los directivos de la federación: “Esos fueron los arreglos cuando empecé a trabajar. Todo lo demás, que eran viajes, era adicional. A mí me pagaban por concepto de trabajo cuando estaba acá en Chile y cuando tenía que viajar y (prestar servicios en) Copa Davis, me pagaban aparte”.

Rossi dejó la FTCH el 5 de febrero del 2016. Un día antes emitió su última boleta por $1,4 millón por un evento del año 2015.

AUXILIARES DE GIRA

CIPER detectó también boletas hechas por dos auxiliares que están contratados por la FTCH y que cumplen labores de mantención y vigilancia. Ambos aparecen cobrando honorarios por servicios prestados en torneos de tenis en regiones, en circunstancias que era más barato contar con un auxiliar de la asociación o club local. Una de las boletas emitidas por estos cuidadores en agosto de 2011 corresponde a cobros por servicios prestados en 12 torneos de casi todas las regiones del país. Entre abril de 2010 y febrero de 2016, uno de estos auxiliares emitió 30 boletas que totalizaron $6,4 millones. El segundo extendió 15 boletas, entre marzo de 2010 y noviembre de 2012, por una cifra global de $5,9 millones.

Ximena Toro López estuvo contratada en el Departamento de Coordinación de la FTCH, pero también aparece prestando servicios a honorarios a la Dirección de Torneos Futuro en Chile. La federación cuenta con una unidad especializada que tiene encomendada esas labores. Entre marzo de 2011 y febrero de 2015, Ximena Toro emitió 13 boletas por un total de $3,7 millones.

La Dirección de los Torneos Futuro está a cargo de Rodrigo Cortés. Entre abril de 2010 y febrero de 2016, Cortés emitió 52 boletas por un total de $19,9 millones. Por el puesto que desempeña, Cortés recorre gran parte del país, revisando cada uno de los torneos Futuro, lo que justificaría que se le paguen ingresos extra, aunque esos servicios estén relacionados directamente con su labor habitual: emitió 19 boletas como “Director Futuro” por un total de $10,5 millones y 14 boletas por integrar el “Staff” en torneos Futuro, WTA y Copa Davis, todo por una suma de $4,6 millones.

Otras personas que destacan en el desglose de las boletas pagadas por la FTCH son parientes de funcionarios. Así, por ejemplo, el marido y el cuñado de la encargada de las rendiciones ante el IND, Natalia Roa Villalón, aparecen con boletas por servicios prestados a la federación: Pablo Castro Álvarez figura con 12 boletas por un total de $13,2 millones, mientras que su hermano Christian emitió una boleta por $1,9 millón. En el caso del primero, la documentación no especifica qué labor desempeñó, limitándose a señalar tan solo “Servicios de Apoyo”, “Servicios Administrativos” o “Asistente”.

Además, los hijos de Alejandra Gamboa y Ximena Toro también figuran en la lista. Nicolás Toro Gamboa emitió siete boletas que suman $3,4 millones e Ignacio Carrión Toro cobró tres boletas por un total de $668 mil. En general, utilizaron la glosa “servicios prestados”, sin indicar una función específica.

(*) Este reportaje se hizo con la colaboración del periodista Matías Jara.

Ver también:
Mariana Callejas: “Es tan triste escribir y que no te publique nadie”
Mariana Callejas, cómplice del crimen de Carlos Prats y su esposa (I): Vida literaria en el corazón de la DINA
Mariana Callejas (II): Las dos vidas de su casa-cuartel en Lo Curro

En la segunda mitad de los años noventa, cuando era prácticamente una sombra de las letras chilenas, un mito, un fantasma, Mariana Callejas volvió a la carga. Aconsejada por Carlos Iturra, hizo llegar a editoriales una carpeta con un conjunto de cuentos inéditos presentados con el verdadero nombre de la autora y el título New York, New York. La iniciativa generó reacciones encontradas en el mundo editorial chileno.

Carlos Orellana, quien en ese entonces oficiaba de editor en Planeta (falleció en 2013), recuerda haber recibido los originales de manos de la propia autora. Lo que sintió al verla aparecer por su oficina, fue “una cosa helada, de frío glacial, como si hubiera entrado un ser de ultratumba. En algún momento ella fue atractiva, pero estaba convertida en un despojo humano. Se notaba que se sentía no diré perseguida, pero sí rechazada, como que esperaba de antemano la negativa”.

En efecto: Orellana no se tomó la molestia de leer los originales. Ni siquiera por curiosidad. Le advirtió de antemano que no había ninguna posibilidad de publicarla en esa editorial, pero como tampoco era su propósito ofenderla, le dio a entender que no era nada personal. “No me sonrojo: la decisión fue política. Para mí era un personaje marcado por la huella de la infamia”.

A Editorial Sudamericana los originales llegaron por intermedio de un tercero y quien primero los leyó fue el escritor Germán Marín. “Fíjate que no eran nada de malos esos cuentos. Me gustaron. Varios de ellos transcurrían en Nueva York y eran de una ternura infinita”.

Marín era director editorial y recomendó publicarlos. La decisión quedó en manos de Arturo Infante, gerente general, quien leyó los cuentos y consideró que eran buenos. Pero tenía dudas. Entonces vino el debate, recuerda Infante, actual gerente de Catalonia:

-Germán (Marín), que es un provocador, quería publicarla y me daba decenas de ejemplos. Decía que si es por consideraciones políticas, jamás se habría publicado a Céline. Ante la duda yo releí los cuentos y consideré que eran buenos, que la mujer tenía un talento literario indudable, más que muchos escritores chilenos, pero consideré que ese talento se hacía relevante por las condiciones de ella. Tendría que haber sido genial y no era para tanto. Al final, su caso judicial se complicó y no la publicamos.

No es fácil separar a la escritora de la agente de la DINA. No hay cómo. Su estigma le ha valido un sello legendario que desafía los límites y despierta curiosidades perversas. Infante, el ex gerente de Editorial Sudamericana, recuerda que en esos días en que debatían con Marín los pro y contra de publicarla se vieron tentados a citarla a la editorial para conocerla en persona. Había un propósito morboso en ese impulso, admite el editor, pero se contuvieron para no comprometerse.

CUENTOS DE NUEVA YORK

Mariana Callejas estaba consciente de lo que provocaba. Desde su departamento en Providencia, poco antes de que la Corte Suprema confirmara la sentencia a veinte años de cárcel por el asesinato de Carlos Prats y su esposa, me dijo: “La gente me invita a veces por curiosidad, y yo me doy cuenta de que la invitación vale por una sola vez. Me invitan, salen de la curiosidad y después no me invitan más”.

Mariana Callejas

Estaba segura de que esa curiosidad motivó su concurrencia a una cena en casa de Enrique Campos Menéndez, ex director de la Biblioteca Nacional y autodeclarado “primer funcionario del régimen militar”. Era la época en que pretendía publicar su colección de relatos sobre Nueva York y entre los invitados que recordaba se contaban Carlos Iturra, José Luis Rosasco, Pablo Huneeus y Tomás Mc Hale. Este último, ex editorialista de El Mercurio, supo por ella del libro inédito y le prometió recomendarla ante José Manuel Zañartu, de Editorial Zigzag.

No fue promesa de una noche. Zañartu recibió los originales y se enfrentó ante un dilema: “Efectivamente me trajo un libro de cuentos muy bien escritos pero espantosamente tristes, de gente muy miserable, y el lector le hace el quite a esos temas. Es el típico libro bueno que no vende nada. Esa fue la única razón por la cual no lo publiqué”.

Como había ocurrido otras veces, pasó el tiempo y no recibió respuesta. Ella tampoco llamó de vuelta. Sus cuentos quedaron archivados y mucho después, en 2007, su yerno le ofreció financiar la publicación de los inéditos. Los llamó Nuevos cuentos, aunque en realidad no todos eran nuevos.

Muchos habían sido concebidos en los años setenta y ochenta, a partir de los recuerdos de su estancia en Nueva York a fines de los cincuenta. Entre los más sobresalientes está Australia, sobre un solitario pianista neoyorquino que traba amistad con un joven vecino, casi un niño. Tal vez porque ambos se sienten solos en la vida, y porque comparten un cierto desencanto y prefieren los perros a los humanos, pasan varias horas juntos y esa persistencia termina con el pianista en la cárcel, acusado de abuso.

Pero éste no es un cuento de tramas judiciales sino de corte existencial, de gente incomprendida y sensible, embargada por la tristeza, como casi todos de la serie sobre Nueva York. Hay otros que hablan de terror al estilo costumbrista. Y algunos policiales de tintes políticos, donde hay violencia pero poco ruido.

El libro está antecedido por una introducción de la propia autora en que analiza, con más orgullo que autocrítica, las consecuencias de su paso por la DINA. “Aunque las condiciones en que he vivido no han sido fáciles, me las he arreglado para mantenerme a flote después de muchos naufragios”, dice. De paso se queja de que terceros hayan escrito “cuentos de horror” inspirados en la casa de Lo Curro. De la deslealtad de quienes fueron sus amigos y le dieron la espalda. Del afán por resaltar su faceta de agente por sobre la de escritora. “Lo mío, realmente, es el cuento. Y por eso publico este libro, aunque no sin un resabio de escepticismo”.

MAL CHISTE

Nuevos cuentos pasó sin pena ni gloria. No mereció reseñas y llegó a unas pocas librerías, con suerte. Por su connotación y escasez, es una rareza. Pero en ningún caso más que su primer libro.

Fechado en 1981, tres años después de que su condición de agente DINA quedara al descubierto, ese libro de cuentos tiene nombre y aspecto de una publicación lanzada desde la clandestinidad de la época. El papel es de color barquillo. La portada casi enteramente negra, con excepción de un ojo que asoma tras una ventana enrejada al costado superior derecho. La editorial se llama Lo Curro y el libro, Larga noche. Lo anterior llama la atención; lo que sigue deja pasmado.

Uno de los textos publicados por Mariana Callejas.

El título está inspirado en el relato homónimo que trata de un hombre que delira con una corrida de toros al tiempo que es sometido a una sesión de tortura. Otro de esos relatos, Parque pequeño y alegre, es sobre un sujeto al que se le encomienda instalar una bomba para conseguir un efecto psicológico. “Un baleo es un baleo, la gente está acostumbrada. Tiene que ser algo grandioso, para que aprendan los otros como él, los enemigos”, explica uno de los personajes.

Pudo haber sido un mal chiste. Un chiste perverso: Mariana Callejas escribiendo sobre bombas y tortura. Pudo ser una vendetta, una vuelta de mano, considerando que tres años antes su marido había sido entregado a Estados Unidos por el régimen de Pinochet y allá confesó todo lo relativo al asesinato de Orlando Letelier en Washington (1976), involucrando a sus jefes. Pero ella me dijo al momento de la entrevista que esos cuentos no tenían dobles lecturas, al menos no conscientes, y que cualquier parecido con la realidad era sólo azar.

Larga noche tuvo un camino accidentado, como todo en la vida de la autora. Por un lío legal de la imprenta, los ejemplares pasaron meses bajo embargo judicial. Y cuando pudo recuperarlo, el libro fue a parar a la Dirección de Comunicación Social (Dinacos), que lo sometió a censura. Ahí durmió otro tanto, y ya cuando tuvo la autorización para difundirlo, no supo qué hacer. Nadie quería tener un libro suyo en librerías. En una entrevista a La Segunda fechada en agosto de 1985, dijo que a veces se paraba en una esquina de alguna feria artesanal y lo vendía a 100 ó 150 pesos. “No me he  sentido mal, porque es mi artesanía, es lo que yo sé hacer”, dijo.

CHOQUE DE TRENES

Para entonces seguía viviendo en Lo Curro y varias de sus antiguas amistades le habían hecho la cruz. Ni qué decir de los escritores. A mediados de esa década, con motivo de la obtención de un premio del Pen Club, tuvo la ocurrencia de asistir a una tertulia de la Sociedad de Escritores de Chile. No había puesto un pie cuando Matilde Ladrón de Guevara embistió contra ella. ¡Qué hace aquí esta conchadesumadre fascista de la Mariana Callejas!, le gritó de entrada. “Qué no me dijo. Se abalanzó contra mí furiosa, como una arpía”, recordó en 2010.

Callejas guardaba gratitud hacia Francisco Coloane, quien habría intervenido para que las cosas no pasaran a mayores con Ladrón de Guevara. Y al momento de nuestro encuentro Mariana Callejas sonrió satisfecha de sí misma, al recordar la polémica suscitada a principios de los ochenta, cuando participó del concurso de cuentos de la revista de izquierda La Bicicleta. Para sorpresa de los propios jurados, que evaluaron a ciegas, resultó ser la ganadora del segundo puesto.

Ese último fue un buen escándalo, que motivó protestas airadas de los lectores. Cómo se la podía premiar a ella. Era una paria de las letras y muy pocos escritores le dieron una mano. Uno de ellos fue Enrique Lafourcade, quien se enorgullecía de haberla descubierto años atrás en sus talleres.

Lafourcade seguía confiando en ella, al menos literariamente. En 1981, al ser consultado sobre la escena local de las letras, dijo lo siguiente: “En prosa advierto algunos excelentes cuentistas, excepcionales, diría yo, como Carlos Iturra y Mariana Callejas”. Ese mismo año Lafourcade le publicó un cuento en el suplemento Artes y Letras de El Mercurio, y dos años después, según cuenta el escritor Fernando Emmerich, influyó para que ganara una mención honrosa del concurso de novela de editorial Andrés Bello.

“Esa mención no existía en las bases, pero Enrique insistió en crearla al momento de dirimir al ganador”, cuenta Emmerich, que también fue jurado. El premio honorífico se tradujo en la publicación bajo la misma editorial de El ángel de los rincones (1985), una novela costumbrista que llegó a librerías pero tuvo escasa difusión y peor venta.

VIDA EN LO CURRO

Cuando quedó al descubierto su papel en la DINA, Mariana Callejas quedó atrapada entre dos aguas torrentosas. Forzada por las circunstancias, respaldó las confesiones de su marido sobre el asesinato de Orlando Letelier, lo que daría pie a una solicitud de extradición contra Manuel Contreras por parte de Estados Unidos. Aunque no contó todo lo que sabía, pues, aparte de comprometerla, los secretos eran un seguro de vida para su permanencia en Chile. No quedó en buen pie con el régimen.

Para qué decir de los otros, los que no eran del régimen. Había confesado su participación en la DINA pero no reconocía participación en delito alguno. Nunca lo reconoció. Por eso era considerada una persona indeseable, de la que convenía estar lejos. Pero así y todo, se las arregló para cultivar algunas amistades y sacarle partido a la casa de Lo Curro.

Es cierto que a partir de 1978, cuando explotó el escándalo, los talleres literarios llegaron a su fin. Pero algunos de los asistentes siguieron frecuentando la casa de Lo Curro. Especialmente Carlos Franz y Carlos Iturra. Gonzalo Contreras había partido a estudiar a Estados Unidos y no volverá a Chile hasta varios años después.

Cada vez que pudo y se sintió provocada, Callejas aseguró que Franz y Contreras siguieron frecuentándola después de que su filiación a la DINA se hiciera pública. Con Iturra no tuvo necesidad, pues él jamás le quitó el saludo, todo lo contrario. Es uno de los pocos que se mantuvo leal a ella.

Desde su departamento de dos ambientes en Providencia, en 2010 –el año de esta última entrevista- diría que viejos y nuevos amigos siguieron visitándola, que “después de que se fue la literatura tuve un montón de allegados en la casa”, que en una oportunidad sus invitados terminaron bañándose desnudos en la piscina y, en otra, para la Noche de San Juan, se instalaron debajo de un higuera a fumar marihuana y tocar guitarra.

Las visitas a la casa de Callejas también estaban motivadas por la curiosidad morbosa, según confiesa un asistente de esos años, que prefiere mantener su identidad en reserva:

-Fui una vez con Iturra y Franz, que me llevaron en plan morboso a ver cómo era este personaje. Era a principios de los ochenta, cuando ya se conocía quién era ella realmente. La casa era muy fea, pintada de un color celeste piscina, y dentro tenía un ambiente muy lúgubre, deprimente. Pero ella no se correspondía con ese ambiente. Se veía frágil, porque era delgadita y baja, pero era sencilla y nada de tonta.

Esa casa había sido una caldera. Más bien un infierno. Fue guarida de los neofascistas italianos que atentaron contra Bernardo Leighton y su esposa en 1975, en Roma; y de los cubanos anticastristas que hicieron lo propio contra Orlando Letelier y su asistente en 1976, en Washington. Ahí también fue torturado y asesinado el diplomático español Carmelo Soria. Y en esas habitaciones el sacerdote Mario Zañartu fue víctima de un montaje con mujeres desnudas mientras en unas instalaciones laterales, el químico Eugenio Berríos experimentaba con ratones y conejos la efectividad letal del gas sarín y de las toxinas botulínicas. Y claro, también fue sede de fiestas y talleres literarios.

Era una casa con historia, pero a mediados de los ochenta poco y nada quedaba de eso. Sólo las huellas.

Óscar Sepúlveda, entonces periodista de La Segunda, llegó en 1985 hasta esa casa para entrevistarse con su dueña, quien le dijo que la suya es “una soledad compartida con cosas lindas, como almendros y aromos que florecen en medio del invierno”. El periodista manifestó su sorpresa por el estado de abandono de la propiedad y su inmenso jardín. Destacó el resquebrajamiento de escalones y la ausencia de vidrios. La maleza y las ramas que crecían a su antojo.

No pasó por alto que en ese ambiente de frondosa desolación, prácticamente lo único que rebozaba vida eran los conejos que corrían libremente por el jardín.

A mediados de 1990, la jefatura de la Escuela Militar decidió externalizar el servicio de lavado de ropas –uniformes, manteles, cubrecamas, entre otros–, hasta entonces a cargo de la propia institución. Fue entonces cuando la sociedad Lavados G y G, creada en 1996, obtuvo una licitación para proveer de ese servicio a la institución castrense. Una mina de oro para su dueño, el abogado Germán Korff Pfeiffer (48 años), quien en los últimos 20 años ha facturado miles de millones de pesos al Ejército.

Ubicada en Los Militares N° 4.500, al interior del mismo recinto militar, hoy la lavandería es una pieza importante en las pesquisas del Ministerio Público que investiga, bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito, el origen del patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba Poblete.

Fuente-Alba y Korff son viejos conocidos. De hecho, según los antecedentes disponibles, fue el propio Korff quien inició al general en el mundo de los vehículos Audi. El primer auto de esa marca que adquirió Fuente-Alba fue en 2005: un Audi modelo A4 del 2006. Para la compra de ese auto que costó $22,8 millones, se entregó en parte de pago otro auto Audi A4, pero modelo 2004, cuyo propietario era Germán Korff, el mismo dueño de la lavandería que funciona al interior de la Escuela Militar.

Juan Miguel Fuentealba

La operación tuvo lugar en septiembre de 2005 en Klassik Car, automotora en la que el mismo Fuente-Alba realizó entre 2005 y 2013 una decena de operaciones de compra y venta de autos Audi. El vehículo del “lavandero” del Ejército fue tasado en $18 millones. Fuente-Alba, entonces director del Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM), abonó los $4,8 millones restantes en efectivo.

¿A título de qué Germán Korff le entregó a Fuente-Alba su Audi patente YA9083, avaluado en $18 millones, para que lo diera en parte de pago al adquirir un vehículo nuevo? Hasta ahora no hay respuesta. Pero resulta al menos extraño que Korff, quien solo entre 2007 y 2016 le ha facturado al Ejército más de $2.260 millones por sus servicios de lavado, haya convertido su auto casi nuevo en una suerte de crédito a favor del general.

Lavados G y G ha prestado servicios a la Escuela Militar; al Comando de Educación y Doctrina; al Comando de Bienestar; al Estado Mayor General; al Comando de Salud; a la Escuela de Suboficiales y a la Comandancia en Jefe.

Las dos reparticiones castrenses que han desembolsado casi la totalidad de los pagos a Korff son: la Escuela Militar con casi $1.300 millones y el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC, ex CIDOC), que ha cancelado casi $950 millones por los servicios de G y G.

La Escuela Militar y el CEDOC son unidades del Ejército que el ex comandante en jefe conoce muy de cerca. A fines de 2001, el general (r) Fuente-Alba, fue nombrado director de la Escuela Militar y, en 2008, antes de ser designado jefe del Estado Mayor del Ejército, asumió la dirección del Comando de Educación y Doctrina (entonces llamado Institutos y Doctrina).

Entre 2010 y 2014, años en los que Juan Miguel Fuente-Alba se desempeñó como la máxima autoridad del Ejército, la lavandería de Germán Korff obtuvo ingresos por $1.288 millones con esa rama de las Fuerzas Armadas. Este no es el único vínculo de Korff con el mundo militar. También integró una sociedad agrícola con Pedro del Fierro, el comerciante de armas que inició la cuestionada negociación para la compra de los tanques Leopard adquiridos por el Ejército en 1998 y que fue acusado de intentar extorsionar al ex ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.

LA PISTA DEL AUDI

Lavados G y G fue constituida en enero de 1996 por Germán Korff Pfeiffer y el militar en retiro Gabriel Carvajal Chaparro.

G y G no fue la primera incursión de Carvajal Chaparro en el rubro de la lavandería. El militar retirado ya administraba un negocio de lavado y planchado de ropa, ubicado en Manquehue Norte con Los Militares. Germán Korff era cliente habitual de ese local. Fue allí donde le propuso a Carvajal crear Lavados G y G.

Audi A4, foto referencial.

Casi inmediatamente después de su creación, G y G (siglas de Germán y Gabriel) obtuvo una licitación por 10 años para proveer del servicio de lavado de ropa a los cadetes y oficiales de la Escuela Militar. Y se le permitió instalarse al interior de ese recinto del Ejército. Desde entonces, la lavandería registra domicilio en Los Militares 4.500 y se ubica junto al sector de cocina y cerca de la enfermería del centro de formación militar.

Carvajal asumió como gerente general de G y G; Korff –socio mayoritario de la lavandería–, como su representante legal.

En marzo de 2001, y por desavenencias con Korff, Carvajal se retiró de la sociedad a la que ingresó ese mismo mes el padre del abogado, Horst Korff Kretschmar. Junto al cambio de socios, Lavados G y G aumentó en esa misma fecha su capital a casi $80 millones.

Fue ese mismo año cuando Juan Miguel Fuente-Alba asumió la dirección de la Escuela Militar. El general en retiro ya evidenciaba su gusto por los autos de lujo, aunque los Audi no estaban entre sus preferencias. Fue en 2005 cuando Fuente-Alba se fijó en esos vehículos de alta gama fabricados en Alemania, por las referencias que el propio Korff, propietario de uno, le dio.

La indagación de CIPER indica que Germán Korff fue quien llevó por primera vez al ex comandante del Ejército a Klassik Car, concesionaria de Audi en Chile y automotora donde Fuente-Alba ejecutó sucesivas operaciones de compra y venta de autos de esa marca, según denunció el programa Informe Especial (TVN).

Klassik Car está en la mira de la Fiscalía producto de esas sospechosas transacciones. Una de estas operaciones, desconocida hasta hoy, llama particularmente la atención. El 7 de julio de 2004, el abogado Germán Korff adquirió un Audi A4 gris plata del año, patente YA9083. En septiembre de 2005, 14 meses después, Korff se desprendió de su auto.

Justo en esas fechas Fuente-Alba adquirió su primer Audi, modelo A4 1.8 gris delfín en Klassik Car, cuyo valor fue de $22,8 millones.  En el documento de la compra del primer Audi adquirido por Fuente-Alba aparece el auto de Korff –tasado por la automotora en $18 millones– abonado en parte de pago. También allí consta que el ex comandante en jefe del Ejército entregó  $4,8 millones en efectivo para completar la compra.

Cuando Germán Korff debió dar explicaciones ante la Fiscalía por esta extraña transacción,  habría señalado que el Audi A4 se lo vendió a Fuente-Alba y que el general le habría pagado los $18 millones en efectivo. Lo concreto es que, de acuerdo a la indagación de CIPER, en el registro de propietarios del Audi A4 gris plata patente YA9083, cuyo primer dueño fue Germán Korff, no figura en ningún momento Juan Miguel Fuente-Alba –ni ninguno de sus familiares cercanos–, como propietario. Pero sí quedó el registro en el documento de la compra del nuevo Audi del general que ese auto patente YA9083 fue usado como parte de pago.

OPERACIONES SOSPECHOSAS

Esa no es la única compra y venta de autos Audi de Fuente-Alba y que tiene a Klassik Car como protagonista. A partir de 2005, Fuente-Alba hizo de Klassik Car su automotora predilecta para adquirir y reciclar vehículos.

CIPER pesquisó nueve operaciones realizadas por Juan Miguel Fuente-Alba en la automotora y los dineros involucrados en cada una. Los montos de las transacciones  iniciadas en 2005 van en aumento y retratan hasta dónde llegaba la obsesión del general por estar a la vanguardia en el mundo de los lujosos Audi.

Luego de la compra de su primer Audi A4 en Klassik Car con el abono de Korff, el ex comandante en jefe del Ejército adquirió el 31 de enero de 2007 en la misma automotora, un Audi A6 color azul en $31,6 millones. De ese vehículo se desprendió en noviembre del mismo año cuando adquirió un jeep Audi modelo Q7 3.6 color gris, cuyo costo fue de $34 millones. En la factura de Klassik Car se consigna la forma de pago que utilizó Fuente-Alba: tres cheques por un total de $6 millones y un auto en parte de pago –cuya patente y propietario no se especifica– avaluado por la automotora en $28 millones.

El 30 de octubre de 2008 el general en retiro se deshizo de ese auto y ese mismo día adquirió en la automotora ubicada en la comuna de Vitacura, un jeep Audi Q7 4.2 color gris en $45,9 millones. La factura registra que Fuente-Alba entregó el jeep que había adquirido en noviembre de 2007 en parte de pago. Lo extraño es que a pesar de que el general había comprado ese jeep un año antes en $34 millones, la automotora lo tasó en $35 millones.

El 27 de enero de 2010, Fuente-Alba vendió el jeep a través de Klassik Car a un particular en $41 millones. Ese mismo día, adquirió un Audi RS6 Turbo color negro por el que pagó $60,5 millones y lo tuvo hasta el 5 de abril del 2010. Ese día, Klassik Car, representada por su entonces gerente general –y reservista del Ejército–, José Miguel Donoso, firmó un peculiar contrato con Fuente-Alba respecto del Audi RS6.

Según consigna el contrato, Klassik Car le recompró al general el Audi RS6 en $66,7 millones. Es decir, a pesar de tener más de dos meses de uso, la automotora le pagó al general $6,2 millones más que el precio al que se lo había vendido. Lo llamativo es que poco después, el nuevo dueño de ese Audi fue ni más ni menos que uno de los principales proveedores de armas del Ejército: Virgilio Cartoni Maldonado (ver reportaje de CIPER).

Luego de esa particular transacción, Fuente-Alba adquirió cuatro vehículos más en Klassik Car. El 2 de septiembre de 2010, un Audi RS6 del año en $60 millones, el que vendió a través de la automotora a un particular 11 meses después en $57 millones. El 3 de septiembre de 2012 compró un Audi A8 4.2 en más de $50 millones, el que vendió ocho meses más tarde, también con Klassik Car como intermediario, a un particular en $45,5 millones.

Fue en ese mismo 2012 cuando Klassik Car hizo negocios con el Ejército. En noviembre de ese año la jefatura de adquisiciones emitió una orden de compra al entonces representante de Klassik Car, José Miguel Donoso, para la adquisición de un jeep Volkswagen Touareg 4×4, pagando $30,6 millones. En la orden de compra aparece como contacto del Ejército la funcionaria Elisabeth Vega Escobar, pareja del cabo Juan Carlos Cruz, hoy sometido a proceso por fraude reiterado al Fisco (ver orden de compra). Según reveló The Clinic, Cruz, quien trabajó en el Departamento de Planificación Financiera del Ejército, y Vega, despilfarraron $2.736 millones en el Casino Monticello entre 2008 y 2014.

El 25 de marzo de 2013, Fuente-Alba volvería a Klassik Car para adquirir un Audi S6 del año color negro, avaluado en $41,9 millones. Cuatro meses y medio después, lo vendió a través de Klassik Car a un particular en $42 millones. Ese mismo mes, agosto de 2013, el general hizo su última transacción en Klassik Car: compró un Volkswagen Passat Highline color blanco en $15,3 millones, el que vendió un mes más tarde a través de la automotora a un particular en $15,5 millones.

Klassik Car no es la única automotora a la Juan Miguel Fuente-Alba ha recurrido para saciar su apetito por los vehículos de alta gama. El 5 de septiembre de 2014 acudió a Kaufmann para adquirir un Mercedes Benz E 500 Avantgarde color gris en $58 millones. En la factura se consigna que el “modo de venta” fue “al contado”.

El general en retiro había recurrido a la misma automotora en septiembre de 2010 para comprar un Mercedes Benz S500 por el que pagó $68 millones. Solo semanas antes, Fuente-Alba había adquirido en $60 millones el Audi RS6 en Klassik Car.

LA LAVANDERÍA DEL EJÉRCITO

Los contratos que ha firmado Lavados G y G con el Ejército le han reportado a su propietario, el abogado Germán Korff, ingresos por miles de millones. Su principal cliente ha sido la Escuela Militar, institución que solo en los últimos nueve años (2007-2016) le ha pagado a Lavados G y G $1.298 millones por sus servicios. Le sigue el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), ubicado en el Campo Militar de la comuna de La Reina: de 2007 a la fecha, G y G ha facturado $948 millones al CEDOC.

La lavandería de Korff también ha obtenido en varias oportunidades licitaciones del Comando de Bienestar del Ejército (COB), cuya oficina central se ubica en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°260. La última, con fecha 14 de enero de 2016, fue por $30 millones (ver adjudicación) para proveer del servicio de lavandería al Club Militar de Campo Peñalolén (dependiente de la zona de Bienestar Región Metropolitana).

En octubre de 2014, Lavados G y G ya se había adjudicado una licitación para proveer del servicio de lavandería a ese mismo centro militar de recreación por $15,3 millones (ver adjudicación). Otra de las unidades del Ejército –dependientes del COB– a la que la lavandería del abogado Korff presta servicio es al Centro Recreacional Farellones (CRF). En el portal Mercado Público aparecen dos licitaciones adjudicadas por esta unidad a Lavados G y G. Una en julio de 2014 y otra en abril de 2015 por un total de $8,3 millones.

La empresa de Korff también ha tenido como cliente –aunque por montos bastante menores– al Estado Mayor General del Ejército, a la Comandancia en Jefe, al Comando de Salud y a la Escuela de Suboficiales. Entre los clientes de la lavandería también aparece la Fuerza Aérea (FACH) y la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN). Con esta última repartición, Lavados G y G obtuvo una licitación de $3,5 millones en marzo de 2015 (ver adjudicación).

Lavados G y G también atiende a público externo y para ello ofrece retiro (y entrega) a domicilio de prendas en algunas comunas del sector oriente de la capital.

Además de los contratos por el servicio de lavado de ropa entre G y G y el Comando de Bienestar, a comienzos de 2014 el abogado Korff firmó un contrato de arriendo por un inmueble fiscal ubicado en calle Los Artilleros N°4596 de la Villa Militar Este (Las Condes), administrado por el COB (ver contrato). La Villa Militar Este, está enclavada a pocos metros de la Escuela Militar, casi enfrente del acceso norte del recinto por avenida Presidente Riesco.

El contrato está fechado el 4 de febrero –solo meses antes de que G y G obtuviera en julio y octubre dos licitaciones con el COB por casi $20 millones– y en él Korff se compromete a utilizar el inmueble únicamente para explotar un “local comercial de lavandería”, a cambio del pago mensual de UF 14,4 ($375 mil al valor actual).

En el mismo lugar, cerca del minimarket de la Villa Militar Este, hoy existe una peluquería. Versiones recogidas en ese lugar por CIPER señalan que G y G tuvo allí una sucursal hasta aproximadamente un año.

Lavados G y  G también participa de una sociedad de inversiones. En octubre de 2007, Germán Korff creó la sociedad Inversiones Geko con un capital de $200 millones. Sus accionistas en partes iguales son Korff, la lavandería y una sociedad de transportes también perteneciente al abogado. La sociedad de inversiones de Korff tiene bajo su dominio media docena de propiedades cuyo avalúo fiscal supera los $320 millones.

NEXO CON UN COMERCIANTE DE ARMAS

Lavados G y G no fue el primer emprendimiento del abogado Germán Korff Pfeiffer, quien también ha participado,a través de una decena de sociedades, en los negocios inmobiliario, agrícola, ganadero, electrónico y de transporte.

A mediados de 1996, y luego de crear la lavandería junto al ex militar Gabriel Carvajal, Korff se asoció a otro hombre vinculado a las Fuerzas Armadas: el empresario, periodista y comerciante de armas, Pedro del Fierro Carmona (falleció a fines de mayo pasado). En octubre de 1996, Korff y del Fierro (quien fue militante del PS), crearon con un capital de $10 millones la Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Tres Lirios.

Tanque Leopard, foto referencial.

Fue en esos precisos años cuando el Ejército negociaba la polémica compra de una partida de 202 tanques Leopard I con el Ejército Real Holandés. La operación, que se saldó en 1998 por un total de US$80 millones, le valió en 2016 al ex directorde la Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE), Luis Iracabal Lobo, y a su gerente comercial, Gustavo Latorre Vásquez –ambos acusados de recibir coimas por un total de US$600 mil–, una condena a firme por el delito de malversación de caudales públicos.

Desde mayo de 1994, Pedro del Fierro, quien también fue cadete de la Escuela Militar a principios de 1970, representaba en Chile a la empresa holandesa RDM Technology, también interesada en venderle al Ejército los tanques Leopard. Finalmente el negocio se zanjó directamente entre RDM y FAMAE en 1998.

En las indagatorias del llamado Caso Leopard también aparecieron dos pagos por US$ 1,6 millones realizados por RDM a quien fuera el albacea de Augusto Pinochet, Óscar Aitken Lavanchy. Los dineros, que Aitken reconoció haber recibido a cambio de asesorar legalmente a la empresa holandesa en la venta de los tanques, fueron depositados en una cuenta de la sociedad offshore Cornwall Overseas, vinculada a Pinochet.

Si bien Pedro del Fierro -el socio de Germán Korff- quedó al margen del pago de comisiones irregulares en el negocio de los tanques Leopard, su nombre volvió a aparecer años después envuelto en un supuesto escándalo de chantaje ligado al mismo negocio. En 2009 Del Fierro y su abogado, Héctor Salazar, fueron formalizados por el Ministerio Público por “amenazas condicionadas” tras ser acusados de querer extorsionar al ex ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma. Del Fierro habría ofrecido al ex ministro no revelar ante el magistrado que investigaba las irregularidades en la compra de los Leopard, Manuel Antonio Valderrama, una serie de antecedentes que perjudicarían a autoridades de gobierno y del Ejército a cambio del pago de US$500 mil.

En los últimos tres años la empresa pesquera Corpesca se “ahorró” $4.670 millones en impuestos. La compañía del Grupo Angelini debe agradecer esa significativa rebaja a una norma que el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, incluyó en la Ley de Pesca a petición de los senadores Jaime Orpis (UDI) y Fulvio Rossi (PS): el artículo décimo séptimo transitorio. El segundo inciso de ese artículo tiene apenas tres líneas, pero su efecto ha sido contundente. Según los registros oficiales de la Subsecretaría de Pesca, debido a la vigencia de esta norma al conjunto de la industria pesquera no se le cobraron tributos valorados en unos $5.700 millones. Cerca del 82% de esa suma corresponde a lo que ha dejado de pagar Corpesca.

Pablo Longueira

El artículo décimo séptimo transitorio, uno de los últimos aprobados durante la controversial tramitación de la ley, puso un límite o “techo” a los impuestos que debían cancelar las pesqueras industriales. Ese “techo” operó en 2014, 2015 y 2016 (el cálculo para este año se hizo en junio pasado). En cada uno de esos años se permitió que los pagos de las pesqueras no excedieran en más de un 40% la suma que las mismas empresas habían cancelado en 2012 por concepto de Patente Única Pesquera (PUP).

De acuerdo con las cifras que maneja la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), los tributos que este año debía cancelar Corpesca sumaban $5.555 millones, pero como sólo se le podía cobrar hasta un 40% por sobre lo que había pagado por PUP en 2012, la cifra que efectivamente desembolsará es de $3.196 millones. De esa forma, este año la compañía dejará de pagar al Fisco unos $2.359 millones (vea el reporte de Subpesca con los datos de tributación 2016).

Alrededor de 70 empresas pesqueras han operado en los últimos tres años y sólo una veintena de ellas ha pagado menos impuestos gracias a la aplicación del artículo décimo séptimo transitorio. De estas últimas, la más beneficiada ha sido, por lejos, Corpesca. Mientras en 2014 la compañía del Grupo Angelini dejó de pagar  unos $671 millones, las restantes empresas se ahorraron en conjunto $112 millones. En 2015, Corpesca dejó de pagar alrededor de $1.639 millones, en tanto las otras empresas que también gozaron de la rebaja sólo sumaron $403 millones (vea los reportes de Subpesca con las cifras 2014 y 2015). En 2016 la distancia es mucho más amplia: unos $2.359 millones para Corpesca y $542 para el resto.

En la “Historia de la Ley 20.657” –documento que reúne las actas e informes oficiales de todo el debate legislativo– es el senador Jaime Orpis quien aparece solicitando que se ponga un límite a los pagos de tributos de las compañías pesqueras. Hoy, Orpis está formalizado y bajo arresto domiciliario total debido a que la Fiscalía le imputa el delito de cohecho, pues lo acusa de haber aceptado dinero de Corpesca a cambio de favorecer a esa empresa.

Orpis ha negado haber hecho cualquier gestión que beneficiara a la empresa del grupo Angelini y como parte de su defensa ha argumentado que renunció a la Comisión de Pesca del Senado antes de que ingresara el proyecto de Ley de Pesca “por razones de prudencia”. También ha dicho que votó “en contra de Corpesca” respecto a las licitaciones de las cuotas de pesca, que no participó de la discusión general y que sólo reemplazó de manera “excepcional” a sus correligionarios Víctor Pérez y Alejandro García-Huidobro. Pero de acuerdo a las actas, dichos reemplazos incluyeron todas las votaciones de la Comisión Mixta que zanjó los detalles clave del proyecto y fue quien propuso la modificación que alivió temporalmente el aumento tributario que afectaría a Corpesca.

ROSSI: “SOLICITUD DE DIRIGENTES SINDICALES”

Los registros oficiales indican que esta moción de Orpis, que fue secundada por Rossi, se presentó el 12 de diciembre de 2012. Ese fue el segundo y último día en que sesionó la Comisión Mixta que analizó las diferencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante el debate de la Ley de Pesca (vea el informe de esa comisión). En esa jornada se cumplió el último trámite antes de someter el proyecto a su aprobación definitiva en las dos cámaras legislativas.

Fulvio Rossi

Ese 12 de diciembre la comisión funcionó contra el tiempo, en una sesión maratónica y extenuante, bajo la presión de lograr la promulgación antes de fin de año, fecha que marcaba el límite de la vigencia de la antigua normativa pesquera.

Un ex asesor parlamentario que participó en la Comisión Mixta recuerda cómo se aprobó, en ese escenario, la norma que favoreció a Corpesca: “Estaban todos más preocupados de si la ley entregaría los recursos de manera perpetua a los industriales, de definir si los recursos eran del Estado y de proteger la pesca artesanal. Esas eran las discusiones importantes”, dice. Y agrega: “Cuando llegamos a la parte tributaria, Orpis dijo que tal como venía la ley iba a haber cesantía en el norte. La comisión entró en receso. Los asesores del ministro se fueron a otra sala, donde hicieron cálculos. Volvieron con la fórmula del 40% y se aprobó altiro. Nadie la cuestionó”.

Por tratarse de un tema presupuestario, era de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, es decir, los parlamentarios no podían proponer formalmente el cambio. Eso explica que después de la petición de Orpis y Rossi, fuera el gobierno el que modificó su propuesta, incorporando el techo para los tributos.

Sobre los efectos que esto tendría para la pesquera del Grupo Angelini, la misma fuente dice que no hubo dos lecturas: “Todo el mundo entendió que le bajaba los impuestos a Corpesca, que domina en un 90% la pesca del norte. En ese momento nadie pensaba en cohecho ni nada parecido, porque no se tenía la información que hay ahora, y aunque había un lobby fuerte de asesores y dirigentes sindicales de la empresa, la razón que se daba era evitar la cesantía. Parecía razonable, porque los impuestos le subían casi al doble a Corpesca con el proyecto original”.

“Lo que se argumentaba es que esas sumas habrían obligado a despedir trabajadores, ajustar costos, cerrar operaciones”, dijo a CIPER un asesor parlamentario que presenció el debate de la Comisión Mixta. Según se desprende de las cifras oficiales de Subpesca, si no se hubiese puesto un techo a los impuestos, Corpesca habría pasado de pagar $1.979 millones en 2012 a cancelar $3.617 millones en 2014, $4.704 millones en 2015 y $5.555 millones en 2016.

Jaime Orpis

Consultado por CIPER sobre las razones que tuvo para secundar a Orpis en la petición de un “techo” para el pago de los impuestos, el senador Rossi respondió por escrito: “Respecto a lo que menciona, se hizo a solicitud de los dirigentes de los trabajadores de la pesca industrial por un tema de empleo (…). De hecho, apoyé claramente aumentar (el valor de) las patentes. Sólo se solicitó gradualidad (en la aplicación del nuevo régimen tributario) y acoger esa gradualidad dependía del gobierno”.

En su afán de confirmar que no actuó en defensa de los intereses de la industria, en general, ni de Corpesca, en particular, Rossi argumentó que junto al senador Alejandro Navarro presentó un proyecto de ley, poco antes de que el entonces ministro Longueira ingresara el suyo, “que licitaba las cuotas de pesca, contrario a los intereses de la industria”. Y agregó que todas sus acciones, durante la tramitación de la ley, “iban enfocadas a proteger el recurso. De ahí nacen los comités científicos técnicos (que ahora definen las cuotas de pesca según el nivel de recuperación de las especies) para terminar con la discrecionalidad en la asignación de cuotas”.

El ROUND DEL NORTE Y EL CENTRO-SUR

Hasta la promulgación de la ley impulsada por Longueira –ahora también investigado en la indagación sobre aportes políticos ilegales hechos por pesqueras–, el régimen tributario del sector industrial incluía principalmente el pago de la Patente Única Pesquera (PUP). El cálculo de la PUP era tan simple como resistido por las empresas: se cobraba según el tonelaje de las embarcaciones y debía ser pagada por todas las naves registradas por las compañías, aunque no estuviesen operativas.

El sector industrial sostenía que la PUP generaba un alto costo fijo que generalmente no tenía relación con las toneladas que efectivamente se pescaban. Con la baja en las capturas por la sobreexplotación de los recursos o por factores ambientales, las empresas dejaron de operar muchas naves para ajustar costos, pero igual debían pagar sus PUP. Esto se agravaba en el caso de las compañías asentadas en la zona de Talcahuano (centro-sur), representadas por la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), que en conjunto manejaban una flota con una amplia capacidad de tonelaje, pero que cada año veían decrecer su pesca efectiva.

Hosain Sabag

En los años previos a la discusión de la nueva Ley de Pesca, se dio el caso de que las compañías agrupadas en Asipes, como bloque, alcanzaron a pagar impuestos por más de un millón de toneladas –que era la capacidad de carga de su flota–, pero capturaban menos de 500 mil toneladas, debido a la baja en las cuotas de pesca que se les asignaban y al agotamiento de los recursos marinos.

“Se pagaban impuestos fijos por recursos que no se comercializaban. Esto es como si las compañías mineras pagaran por la capacidad que tienen de procesar cobre y no por el cobre que realmente extraen, procesan y venden”, señala un asesor que participó en el debate parlamentario.

Asipes informó a CIPER que en 2012, bajo el esquema tributario antiguo, sus asociados pagaron en conjunto más de $10.282 millones en impuestos y capturaron un total de 438 mil toneladas, correspondientes al 70% de la cuota de pesca que tenían autorizada para ese año (626 mil toneladas). En el norte, Corpesca vivía una situación muy distinta: el mismo 2012 pagó al Fisco $1.979 millones y pescó 522 mil toneladas, que equivalían al 99% de la cuota de pesca que se le había asignado ese año (526 mil toneladas), según informó a CIPER la misma empresa.

La notable diferencia entre las condiciones del norte y del centro-sur fue motivo de una queja permanente de los industriales asentados en la zona de Talcahuano. En el debate legislativo, la representación de sus reclamos la asumieron los parlamentarios de la Octava Región: el entonces senador Hosain Sabag (PDC), el diputado Jorge Ulloa (UDI) y el ahora ex diputado Frank Sauerbaum (RN).

El cambio en el régimen tributario que propuso Longueira sintonizó sólo en parte con la aspiración de los industriales del centro-sur. Aunque eliminaba el cálculo basado en el tonelaje de las naves, no acogió la idea de que los tributos se pagaran por las toneladas pescadas, como querían las empresas, sino por las toneladas de las cuotas de pesca asignadas a las compañías.

La propuesta del equipo ministerial planteó que los pagos al Fisco se realizarían por dos conceptos principales: patente y un impuesto específico. La patente la pagarían ahora solo las naves que efectivamente pescaron y el impuesto se calcularía en relación con las toneladas de la cuota de pesca anual asignada a la empresa. De esta forma, aunque no prosperó la idea de asociar el cálculo a las toneladas realmente capturadas, los industriales de Talcahuano se conformaron con que al menos el nuevo régimen tributario sí incluyó un factor anual variable que –en teoría– debía provocar una baja en los impuestos.

Quienes participaron en la discusión legislativa recuerdan que fue el senador Sabag quien insistió en que la nueva fórmula para calcular los impuestos debía estar asociada a las toneladas de pesca efectiva.

En la Comisión Mixta la fórmula auspiciada por Longueira fue presentada a los parlamentarios por su asesora, la economista Mónica Ríos Brehm, quien también fue asesora del Ministerio de Economía durante el gobierno de Ricardo Lagos y es autora de informes publicados por el Instituto Libertad y Desarrollo.

Frank Sauerbaum

Mónica Ríos respondió las consultas de CIPER por escrito y explicó: “La nueva Ley de Pesca tiene como uno de sus objetivos fundamentales hacer sustentable al sector. Dicho objetivo, si se cumple, tendrá como resultado una recuperación de las pesquerías, lo que traerá, entre otras consecuencias, mayores utilidades de las empresas. El objetivo de modificar el régimen tributario fue para introducir un elemento que permitiera al Estado participar de las mayores utilidades que generaría un sector pesquero sustentable, lo que no ocurría con el régimen antiguo, que gravaba solo a las naves, se usaran o no”.

A juicio de la asesora, en la medida en que se recuperen las pesquerías y se incrementen las utilidades de las empresas, será el impuesto específico el que permitirá al Estado “capturar parte de esas utilidades”. En sus palabras, este impuesto es una suerte de “royalty pesquero”.

Con la nueva ley se esperaba una baja inicial en las toneladas de pesca autorizadas, debido a que la misma norma determinó que las cuotas de pesca serían definidas por comités científicos, para asegurar la recuperación de los recursos. Por esa razón se temía una caída en la recaudación tributaria. Pero, el Ejecutivo argumentó que con un aumento temporal del impuesto específico se mantendría inalterable el nivel de recaudación (alrededor de US$33 millones por año).

La “Historia de la Ley 20.657” dice que una vez que fue presentado a la Comisión Mixta el modelo propuesto por el equipo ministerial, el senador Sabag y los diputados Sauerbaum y Ulloa se manifestaron a favor del cambio, debido a que consideraban injusto mantener la fórmula anterior:

“El honorable senador señor Sabag dio cuenta de la inequidad de la situación actual en materia del pago del impuesto específico, toda vez que, teniendo una menor cantidad de cuota, la zona centro sur aporta alrededor de un 70% de la recaudación fiscal por este concepto”, se lee en el informe oficial de la Comisión Mixta.

ORPIS: “EFECTO DEVASTADOR”

Tras la intervención de Sabag, el diputado Matías Walker (PDC) también mostró su satisfacción porque el cálculo del impuesto específico ya no se haría en relación al tonelaje de las embarcaciones, sino a la cuota de pesca asignada. Walker es hermano del senador por Aysén Patricio Walker (PDC), quien solicitó aportes a la principal pesquera de su región: Friosur, propiedad de la familia Del Río, históricamente vinculada a la Democracia Cristiana (vea el reportaje de CIPER).

Fue entonces cuando intervino el senador Jaime Orpis: “El honorable senador señor Orpis advirtió que la propuesta planteada por el Ejecutivo puede provocar un efecto devastador en el sector industrial del norte del país, con los consecuentes impactos en materia de desempleo (…). En virtud de lo expuesto, afirmó que lo razonable es fijar ciertos límites en la aplicación del impuesto específico a las empresas”, señala el informe de la Comisión Mixta.

Enseguida, la petición fue respaldada por Fulvio Rossi: “En esa misma línea, el honorable senador señor Rossi concordó en que la disposición sugerida puede generar que el sector industrial, especialmente en el norte del país, comience a hacer ajustes en materia de empleo. Por ello, solicitó al Ejecutivo efectuar una nueva proposición en esta materia, estableciendo un límite superior o ‘techo’ al incremento del impuesto”.

Antonio Horvath

La asesora del entonces ministro Longueira, Mónica Ríos, confirma que la nueva fórmula generaba efectos desiguales entre las empresas, produciendo un mayor pago de impuesto para algunas: “Este nuevo régimen tributario de patente mas impuesto específico, junto con el aumento de la tasa del impuesto durante el periodo 2014-2016, afectaba en forma muy desigual a distintas empresas, si se le comparaba con el régimen vigente, llegándose en algunos casos a aumentos de tributación superiores al 100% (…). En este grupo se encontraban distintas empresas: las del norte y varias empresas de las zonas centro y sur, incluyendo compañías de diverso tamaño”.

Este impacto desigual se debe a que el valor del impuesto específico se va incrementando para las empresas que tienen cuotas de pesca más altas. De esta forma, pagan más las compañías que están autorizadas a pescar más. La combinación de naves con mucho tonelaje (patente más cara) y mayor cuota (impuesto más alto) es la que dispara los impuestos en casos como el de Corpesca.

Puesto sobre la mesa el efecto desigual que tendría la aplicación del nuevo régimen tributario, el senador Sabag le tendió la mano a Orpis y Rossi, según consigna el informe de la Comisión Mixta: “El honorable senador señor Sabag destacó que la norma sugerida corrige las distorsiones en el pago que deben hacer las distintas zonas del país, que se habían advertido durante la tramitación del proyecto de ley. Sin embargo, aseguró que la intención no es perjudicar a alguna región del país, por lo que apoyó el estudio de una alternativa que permita alcanzar un mayor consenso”.

De esa forma, se dio luz verde al Ejecutivo para que explorara la aplicación de un “techo” para el pago de los tributos. El presidente de la Comisión Mixta, el senador Antonio Horvath (independiente, ex RN), dijo a CIPER que, tras escuchar las intervenciones de Orpis, Rossi y Sabag, los asesores del ministro Longueira se retiraron a hacer cálculos. Mónica Ríos cuenta que fue ella quien se encargó de esa tarea:

“Respecto del cálculo, me correspondió simular los distintos escenarios que solicitaron los parlamentarios (…). Todas estas simulaciones las hacía in situ (…).  Finalmente, los parlamentarios presentes consideraron razonable un tope del 40%, porque no mermaba significativamente la recaudación tributaria, considerando cuotas globales de captura similares a las existentes en ese entonces y, por otro lado, mitigaba parcialmente el alza tributaria significativa a las empresas más afectadas durante los primeros tres años”, señala la asesora.

EL FUTURO DE CORPESCA

La “Historia de la ley” consigna que la aplicación gradual de la nueva fórmula tributaria se debe a que se esperaba la recuperación de las pesquerías en un plazo de cinco años. De esa forma, se calculaba que hacia 2017 las cuotas de pesca alcanzarían niveles que permitirían a las empresas obtener utilidades y pagar los impuestos en régimen. Pero la verdad es que no ha habido recuperación.

En el norte los recursos pesqueros más importantes (jurel y anchoveta) continúan escasos, por lo que la norma transitoria aprobada en 2012 sólo “chuteó” por tres años el problema para Corpesca. La empresa informó a CIPER que sus proyecciones para el próximo año indican que pagará impuestos por más de $5.500 millones, lo que representa un incremento de $2.300 millones en relación a lo que pagó el año anterior y de 143% respecto de lo que canceló en 2012.

La compañía también expuso cómo han caído las cuotas y las capturas en los últimos años: en 2012 fue autorizada para pescar 526 mil toneladas y capturó 522 mil (completó el 99% de la cuota); en 2013 se le permitió pescar 525 mil toneladas y capturó 469 mil (89%); en 2014 la cuota fue de 529 mil toneladas y pescó 476 mil (90%), y en 2015 la cuota alcanzó a 449 mil toneladas y las capturas sumaron 311 mil (69%). Para 2016 la cuota autorizada es de 539 mil toneladas y hasta el primer semestre registraba capturas por 130 mil (24%), por lo que se espera que el resultado sea tan magro como en 2015.

La empresa no se considera privilegiada por el efecto que tuvo en estos últimos tres años el artículo décimo séptimo transitorio, pues estima que es una norma que –como ocurre muchas veces con los cambios tributarios– solo aplicó un criterio de gradualidad en la cobranza para no provocar desajustes graves en el mercado. Según los datos que Corpesca hizo llegar a CIPER, a pesar del “techo” que se puso al pago de impuestos entre 2014 y 2016, canceló una suma total de $2.630 millones por sobre lo que pagaba en 2012.

De acuerdo con los registros oficiales de la Subpesca, la compañía del Grupo Angelini es la empresa que más tributa en el rubro. En 2016, por ejemplo, Corpesca canceló $3.196 millones –y aunque el artículo transitorio le permitió “ahorrarse” $2.359 millones– fue la empresa que más contribuyó al Fisco, seguida de Blumar ($2.634 millones), Orizon (también del Grupo Angelini, con $2.363 millones), Camanchaca Pesca Sur ($1.811 millones), Camanchaca S.A. ($1.339 millones), Emdepes ($1.262 millones) y Alimentos Marinos ($1.064 millones).

Si Orpis y Rossi justificaron su solicitud de poner un límite a los impuestos con el temor al desempleo, el mismo fantasma vuelve a aparecer ahora que la norma que fijó el “techo” ya no está vigente. Además, la empresa debe renovar a fines de este año su acuerdo con los pescadores artesanales que le permite “perforar” (pescar en puntos específicos) las cinco millas destinadas exclusivamente a estos últimos. Empleados de Corpesca indicaron que el 30% de las capturas que realiza la empresa provienen de estos puntos de “perforación”, por lo que si no se renueva el acuerdo la situación de la compañía se tornará compleja, más aún con el fuerte incremento de los impuestos que debe pagar.

El acuerdo con la pesca artesanal, dicen las mismas fuentes, requiere ser “visado” por las autoridades. El problema para la empresa es que nadie en el mundo político desea aparecer intercediendo por Corpesca, debido a que carga con la mochila de la investigación de la Fiscalía por sus aportes ilegales a la ex diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis. Un estigma que también le pesa ahora que perdió su vigencia el artículo décimo séptimo transitorio. “Dificulto que alguna autoridad local o parlamentaria esté pensando en pedir una prórroga de esa norma o algo por el estilo”, dice un asesor legislativo que conoció el poder del lobby que alguna vez tuvo la compañía en la sede del Congreso Nacional.

El lunes 22 de agosto, Harold Elías Vilches Pizarro será formalizado por la Fiscalía Regional de Arica por contrabando impropio, comercio irregular, comercio clandestino y facilitación de documentos tributarios falsos. No es la única investigación judicial que enfrenta. Existen tres causas abiertas en contra de Vilches y su banda –entre los que se cuentan a su esposa y su suegro– y que forman parte de la misma trama. Se le sindica como el líder de un cartel dedicado al contrabando transfronterizo de altos volúmenes de oro.

La indagación de CIPER da cuenta de una sofisticada operativa de tráfico de oro a través de rutas que conectan deforestadas zonas del sudeste del Perú –uno de los epicentros de la extracción ilegal del metal en Sudamérica– con Santiago, y de redes comerciales que se extienden hasta Miami y Medio Oriente.

Aunque los delitos de los que se le acusa están en etapa probatoria, la biografía judicial de Vilches Pizarro sugiere la imagen de un experimentado miembro del crimen organizado. Pero Vilches, que proviene de una familia de joyeros íntimamente ligada al mundo evangélico (es sobrino del conocido pastor Enrique Vilches, dueño de Joyas Barón), acaba de cumplir solo 23 años y aún no termina sus estudios de administración en la Universidad Mayor, según sus registros en redes sociales.

Harold Vilches Pizarro

No hay certeza sobre si la audiencia del 22 de agosto en Arica será presencial o por videoconferencia. La vía remota es una opción probable: desde el 12 de agosto Vilches está con arresto domiciliario total en Santiago, luego de ser formalizado en una segunda causa por la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente, por asociación ilícita, contrabando, declaración maliciosamente falsa y lavado de activos. La tercera causa que pesa sobre Harold Vilches data del 30 de mayo: la Fiscalía Oriente le notificó que había iniciado una investigación en su contra por estafa y quedó con arraigo nacional.

En el entramado montado por el joven comerciante de oro aparece un actor clave: Luis Patricio Mella Pino, propietario de la corredora de bolsa Essex, quien también fue formalizado por el Ministerio Público por lavado de activos. Mella habría blanqueado el dinero proveniente de la venta de parte del oro de contrabando a través de su corredora, para luego entregárselo a Vilches en billetes de US$100. Esos dineros correspondían a una venta hecha por Vilches a la empresa estadounidense NTR Metals (Northern Texas Refinery).

NTR Metals, con oficinas en Texas y Florida (Estados Unidos), forma parte de un grupo comercial vinculado al London Bullion Market, entidad que fija el precio del oro a nivel internacional. Es una de las receptoras del metal extraído en Bolivia, Ecuador y en el Departamento de Madre de Dios en Perú, la misma zona de la que provendría el oro comercializado por Vilches.

Es el mismo estado de Florida, plaza financiera conocida por albergar dineros cuyo origen es difícil de rastrear y por la baja tributación que ofrece a empresas de fachada, donde Luis Mella Pino y Harold Vilches Pizarro también cuentan con sociedades a su nombre.

En Miami, Mella ha creado tres sociedades, una de las cuales –Essex Corredores de Bolsa LLC, registrada en diciembre de 2015, aún se mantiene activa. Vilches en tanto, creó en noviembre de 2014 Aurum Metals LLC, sociedad que luego de estar más de un año sin movimiento, fue reactivada en enero de 2016, mes en el que se registran los últimos envíos de oro a NTR Metals.

De los dineros recaudados por Harold Vilches en sus operaciones transnacionales, no hay rastro. En Chile al menos no registra ni propiedades ni cuentas bancarias a su nombre. En el allanamiento que realizó la policía en su domicilio solo se encontraron $116 millones en billetes de veinte mil. En la vivienda había estacionado un vehículo BMW color gris de 2012, avaluado en $31 millones. Versiones recogidas por CIPER indican que el auto está registrado a nombre del abogado Ramón Ossa.Otras versiones indican que Vilches le habría comprado en 2014 al mismo abogado un terreno en Tunquén (Quinta Región) en $110 millones.Antes de su detención, Vilches se desprendió de una casa en Chicureo, en el condominio Las Vendimias, la que había adquirido en 2013 por UF 25 mil (cerca de $580 millones) y también de un Audi A5 negro de 2011.

De lo que sí hay rastro es de las contundentes transacciones del hábil comerciante de oro. En 2014 una de las sociedades de Vilches –Inversiones Aurum Metals– se ubicó en el cuarto lugar del ranking de empresas protagonistas del comercio bilateral entre Chile y Emiratos Árabes Unidos con envíos de oro por más de US$10,1 millones.

LA RUTA DEL ORO SUCIO

Lingotes de oro incautados

A horas de que el vuelo 124 de la aerolínea Sky despegara de la losa del aeropuerto de Chacalluta (Arica), los chilenos Carlos Rivas Araya –suegro de Harold Vilches– y Javier Concha Montes fueron registrados por personal de Aduanas. Era el 14 de agosto de 2014 y la dupla transportaba en un bolso deportivo negro 15 lingotes de oro (48 kilos)  avaluados en $1.454 millones.

Al ser requeridos sobre el origen del metal, dijeron que el oro provenía de compras realizadas a pirquineros de la región y mostraron una factura emitida un día antes. En el documento aparece como vendedor la sociedad Comercializadora e Inversiones Alfa y Omega SpA y como comprador Inversiones Los Cipreses SpA. El problema es que ambas sociedades pertenecen a Vilches: Alfa y Omega fue constituida el 14 de mayo de 2013 con un capital de $3 millones e Inversiones Los Cipreses justo un año después con un capital de $10 millones. La factura exhibida por Rivas y Concha tampoco estaba timbrada por Impuestos Internos (SII), por lo que no pudieron acreditar la operación. El oro fue incautado.

Análisis posteriores encargados por la Fiscalía de Arica al DICTUC de la Universidad Católica, arrojaron que el oro contenido en el bolso que portaban Carlos Rivas y Javier Concha tenía un 98,9% de pureza. Según datos proporcionados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) a Aduanas, ningún pirquinero de la zona es capaz de producir esa cantidad de oro (48 kilos), menos con semejante nivel de pureza. Rivas y Concha registraban además ingresos al país desde Tacna por el paso Concordia (Complejo Fronterizo Chacalluta) el 2, el 8 y el 13 de agosto, en un vehículo conducido por el propio Javier Concha.

Las sospechas de los agentes de Aduanas se dirigieron hacia Perú, específicamente al Departamento de Madre de Dios, centro neurálgico de la extracción ilegal de oro, ubicado en plena Amazonía.

No era la primera vez que Vilches, Rivas y Concha utilizaban la ruta de Chacalluta. Solo días antes, el 24 de julio, habían logrado embarcar 19 kilos de oro avaluados en $300 millones, en un vuelo de LAN. En la querella que presentó Aduanas en contra de los tres involucrados se señala: “Se les indicó (a Rivas y Concha) que no podían embarcarla (la mercancía) dado que carecían de documentación para acreditar el origen del oro (…)  aprovechándose de la hora de la madrugada y del gran número de pasajeros, hicieron caso omiso de la advertencia y le pasaron a un tercero (Vilches) dicha mercancía, el cual la embarcó”.

Los controles no habrían fallado solo en el aeropuerto. Vilches, Rivas y Concha registran otros dos ingresos desde Tacna a Arica, el 15 y 19 de julio de 2016, por la avanzada Chacalluta. El oro habría ingresado vía terrestre sin problemas.

La incautación de los 48 kilos de oro del 14 de agosto de 2014 –y por el cual sus tres protagonistas serán formalizados el próximo lunes– le valió a Vilches, Rivas y Concha una querella de Aduanas y otra del SII por delitos tributarios. Impuestos Internos estimó en más de $670 millones el perjuicio fiscal por la internación ilegal del metal a Chile.

EL ORIGEN DEL CONTRABANDO

Perú figura oficialmente como el quinto productor de oro del mundo con 171 toneladas en 2014, después de China, Australia, Rusia y Estados Unidos. Pero las dimensiones que ha adquirido la extracción ilegal en el Amazonas lo sitúan en el segundo lugar si se suman las 150  toneladas que se calcula provienen del crimen organizado, según ha publicado el medio peruano de investigación Ojo Público. El negocio de la minería en Perú es uno de los más rentables. La investigación hecha por Convoca, otro de los medios de investigación de Perú, indica que solo doce empresas de la gran minería lograron generar cerca de US$57 mil millones de utilidades netas entre 2008 y 2014.

Meses antes de la incautación de los 48 kilos de oro en el aeropuerto de Chacalluta, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú alertó a su símil chileno sobre la posibilidad de que parte de un enorme contrabando de oro descubierto en el puerto de Callao pudiese ser internado a Chile.

Foto: Ojo-Público

En diciembre de 2013 la SUNAT había incautado 508 kilos de oro en las bodegas de la compañía Talma de Callao, los que se sospecha provienen de la extracción ilegal. El metal, en barras de alta pureza y valorado en US$ 18 millones, estaba listo para ser exportado a Estados Unidos e Italia. Desde entonces están siendo investigadas una serie de empresas que formarían parte de un multimillonario circuito de lavado de dinero que comienza en el Amazonas peruano, continúa en refinerías de EE.UU., Suiza, Italia y el Medio Oriente, y se cierra en el mercado internacional de metales preciosos convertido en monedas y lingotes.

Las pistas que están siendo investigadas apuntan a que sociedades de Harold Vilches estarían conectadas con ese circuito transnacional de comercio ilícito. Personal de Aduanas señaló a CIPER que por la pureza del metal incautado a Vilches y a sus socios en agosto de 2014 en Arica, lo más probable es que el oro haya sido extraído precisamente en Madre de Dios o en zonas aledañas de Perú.

Los antecedentes recogidos por CIPER indican que la operación liderada por Vilches sería la cola de una trama mucho mayor de crimen organizado con ramificaciones internacionales. En ella se mezcla la minería ilegal, el narcotráfico y el lavado de dinero.

Hasta hoy Vilches y sus socios no han revelado dónde obtuvieron el oro y cuáles eran sus contactos e intermediarios en Perú.

DE SANTIAGO A DUBAI

El decomiso de agosto de 2014 en Chacalluta obligó a Harold Vilches Pizarro a buscar nuevas rutas de tráfico para sustentar su millonario negocio. Había premura. El joven comerciante de oro debía responder a compromisos comerciales adquiridos en junio de 2014 con una empresa en Dubai: Fujairah Gold FZC. Con esa compañía había firmado -a través de su sociedad Aurum Metals- un jugoso contrato para la venta de 2.930 kilos de oro, el que sería entregado por parcialidades.

Para sustentar el respaldo de la operación, Vilches habría falseado documentos que mostraban a Aurum Metals como una empresa sólida capaz de proveer con las cantidades de oro demandadas por la empresa del Medio Oriente.

Vilches fue convincente. Los primeros envíos se realizaron en julio de 2014. El 15 y el 19 de ese mismo mes Vilches, Rivas y Concha registran ingresos desde Perú a Chile.

Pero a poco andar la situación cambió. En agosto de 2014, el decomiso en el aeropuerto de Arica de los 48 kilos de oro de alta pureza (y con valor cercano a los $1.500 millones) retrasó los envíos a Dubai. Vilches se habría excusado ante la compañía internacional señalando que a causa de un millonario robo ocurrido en el aeropuerto de Santiago ese mismo mes –caratulado por la prensa como el “Robo del Siglo”–, había quedado imposibilitado de enviar la mercancía. También hizo referencia a que había tenido problemas administrativos con Aduanas en Arica.

Vilches logró ganar un poco de tiempo, pero no cumplió con el contrato. En total, realizó siete embarques de oro a Dubai, completando menos de la mitad del volumen comprometido. Eso no fue todo. Al propietario de Aurum Metals se le acusa además de apropiarse de US$5,2 millones, a través del cobro fraudulento de garantías de respaldo emitidas por Fujairah Gold. Fue ese cobro ilícito el que originó en enero de 2015 una querella criminal en su contra por el delito consumado de estafa.

El 31 de mayo Harold Vilches fue formalizado por el Ministerio Público. El tribunal decretó arraigo nacional para el imputado y un plazo de 150 días de investigación. Según antecedentes recogidos por CIPER, los abogados de Vilches renunciaron hace unos días a su defensa.

NORTHERN TEXAS REFINERY

A fines de 2014, y con la relación comercial con Fujairah Gold prácticamente rota, Vilches puso sus fichas en Estados Unidos. En noviembre de 2014, constituyó en Miami la sociedad Aurum Metals LLC, con la intención aparente de utilizarla como base de operaciones para la venta de oro en ese país.

La estrategia dio resultados. Vilches cerró millonarios negocios con la gigante Northern Texas Refinery (NTR Metals), sociedad a la que durante los últimos meses de 2014 comenzó a hacerle envíos de oro que se habrían extendido hasta enero de 2016.

La gestión de NTR Metals en Sudamérica no ha estado exenta de polémica. En 2014 las autoridades peruanas incautaron cinco cargamentos de oro cuyo origen no se pudo confirmar, uno de cuyos destinatarios era esa compañía estadounidense.

NTR Metals es uno de los mayores conglomerados estadounidenses dedicado a la compra, venta, refinación y almacenamiento de oro, plata y otros minerales preciosos. Con sede en Texas y oficinas en Florida, en 2015 cambió su nombre a Elemetal, reuniendo bajo una misma razón social a siete subsidiarias: Elemetal Direct (comercializadora), Elemetal Refining (refinación de metales), Elemetal Capital (trader internacional), Elemetal Diamond (comercio de diamantes), Elemetal Vault (inversiones), Elemetal Mint (producción de monedas y medallas), Elemetal Recycling (recicladora de metales de la industria electrónica) y Elemetal On Line. La división de Elemetal que negocia la compra de oro en Latinoamérica, con sede en Miami, mantuvo su nombre original (NTR).

La compañía tiene operaciones en Estados Unidos, Colombia, Perú, Hong Kong, Mongolia, Alemania, Holanda y Gran Bretaña, y entre sus productos destacan monedas de oro y balas de plata.

Elemetal es dirigida por Alan Stockmeister (presidente) y Bill LeRoy (gerente general). Los negocios en Latinoamérica están a cargo de Samer Barrage. Stockmeister recibió en 2015 el premio al “Republicano del Año”, que le fue entregado por Phil Bowman, integrante del Comité Central Estatal del Partido Republicano de Ohio.

NUEVA RUTA DESDE ARGENTINA

Complicada la ruta transfronteriza chileno-peruana por la incautación de 2014, una de las nuevas vías que encontró Vilches para internar el metal fue el Paso Los Libertadores. A través de esa ruta dos “muleros” argentinos habrían internado oro suficiente para que Vilches materializara en el transcurso de un año y medio al menos diez despachos a NTR Metals en Estados Unidos.
La cuantía de los envíos realizados por Vilches haciendo uso de documentos tributarios falsos, se mantiene bajo reserva. Lo concreto es que el inusitado volumen de oro exportado desde Chile durante 2015, y que tiene como protagonista principal a Harold Vilches, encendió las alertas en Aduanas, entidad que entregó los antecedentes a la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente.

El 12 de agosto pasado, Harold Vilches Pizarro, su esposa Scarlett Rivas Cifuentes, su suegro Carlos Rivas Araya, Javier Concha Montes y Dagoberto Muñoz Paredes fueron formalizados por asociación ilícita, contrabando, declaración maliciosamente falsa y lavado de activos.

Según la acusación de Aduanas, el perjuicio fiscal ocasionado por las diez exportaciones de oro del clan liderado por Vilches ascendería a US$1,5 millones. Según informó El Mercurio, Impuestos Internos también se querelló contra el empresario Dagoberto Muñoz Paredes, representante legal de Inversiones Kilates SpA, por proveer a Vilches de facturas ideológicamente falsas con el fin de acreditar la supuesta legitimidad del oro exportado. A fines de febrero de este año y ya con la investigación de la Fiscalía en curso, Inversiones Kilates cambió de nombre y se transformó en V y V Investment.

LA CORREDORA ESSEX

Otro de los imputados en la causa por lavado de activos es el propietario de la corredora de bolsa Essex, Luis Patricio Mella Pino (47 años). Mella habría sido pieza fundamental en la compleja operativa financiera montada por Vilches al poner a disposición su negocio como plataforma a través de la que se habría lavado el dinero obtenido por las millonarias ventas de oro a NTR Metals.

Mella Pino tiene empresas en Chile y en el exterior. La primera sociedad que constituyó en nuestro país es de 2002, Inversiones J C Tour Limitada, de la que también forma parte su esposa, Úrsula Acosta Reyes. Entre 2004 y 2014 Mella registró nueve empresas más que participan de diferentes rubros: servicios automotrices, juegos electrónicos, inversiones familiares, una constructora y hasta una comercializadora de miel de abeja. Una de esas sociedades es Inmobiliaria e Inversiones G&G, creada en 2004, la que entre sus actividades incluye “importar y exportar todo tipo de metales preciosos”.

El 18 de marzo de 2008 Mella expandió los horizontes de su negocio y creó dos sociedades en Florida (Estados Unidos), echando mano a nombres que ya había registrado en Chile: Inversiones JC Tour Ltda Inc. e Inmoviliaria G&G Inc. Ambas están hoy inactivas.

En la corredora de bolsa Essex S.A., constituida en 2008 en Chile, Mella posee el 89% de las acciones. El porcentaje restante se reparte entre su hermano, Juan  José Mella (1%) y su socio en este y otros negocios, Eugenio Garay Rivera (10%). Según los informes enviados por Essex a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el patrimonio de la firma a diciembre de 2015 era de $235,5 millones.

A fines de 2015 Mella creó en Estados Unidos Essex Corredores de Bolsa LLC, de la que actualmente es gerente. Según la web de la corredora chilena, su modelo de negocios consiste en “acompañar a empresas importadoras y exportadoras (…) principalmente en órdenes de pago al exterior, liquidación de retornos de exportación e inversión en un activo refugio como son las monedas de oro del Banco Central de Chile”.

LA ESCUELA DE HAROLD VILCHES

Cuando Harold Vilches tenía solo un año, el negocio de joyas de su familia -que nació a fines de los ’80 con el nombre de Joyerías Barón en el centro de Santiago- se expandió. Luego de una exitosa década, el tío del hoy comerciante de oro, Enrique Vilches Millar, ejecutó dos operaciones societarias. La empresa original quedó en manos de su hermano Mario Vilches Millar, padre de Harold; y en paralelo creó la sociedad anónima Joyas Barón, a la que incorporó a su esposa y a sus dos hijos (Pamela y Enrique).

Aprovechando el boom de los grandes centros comerciales, la cadena liderada por Enrique Vilches creció explosivamente. Hoy cuenta con 19 locales, repartidos entre Santiago, La Serena, Viña del Mar y Concepción.

Enrique Vilches Millar también ha tenido gran figuración pública como pastor de la comunidad evangélica en Chile y también por sus problemas con la justicia. En 1997, el diario El Mercurio informó que Vilches Millar abandonó la Iglesia Metodista Pentecostal tras acusar al obispo Javier Vásquez de enriquecimiento ilícito. Tras el quiebre, Vilches fundó la Iglesia Metodista Pentecostal Universal.

Su hermano Mario no se quedó atrás. En 2002 el padre de Harold Vilches crearía la Iglesia Pentecostal de Nueva Vida en Cristo junto a su esposa y uno de sus hijos, Mario Vilches Pizarro. El hermano del hoy comerciante de oro siguió en el negocio familiar e instaló una joyería: Comercial MV Joyas Ltda.

La familia Vilches ha dejado su huella en el negocio de las joyas y también en tribunales. En 1998 la prensa informó que Enrique Vilches, el tío de Harold, fue detenido por detectives que rastreaban al financista de un contrabando de 17 barras de oro avaluadas entonces en $50 millones.

Enrique Vilches Millar, dueño de Joyas Baròn.

En 2002, el fundador de la Joyería Barón cayó a la cárcel de Capuchinos acusado de evadir impuestos de manera reiterada entre 1996 y 1999. En esa ocasión, su hermano Mario Vilches declaró a La Cuarta: “Habiendo tantos chilenos que tienen problemas con el pago de sus impuestos no se explica por qué la prensa se preocupa solo de Enrique”. El perjuicio fiscal no era menor: más de $608 millones de la época, según informó Emol en marzo de 2015, cuando la Corte Suprema ratificó la sentencia y lo condenó a devolver la mitad de lo defraudado y a cumplir cinco años de libertad vigilada.

Este año los problemas judiciales de la familia Vilches se acrecentaron. En enero, Impuestos Internos volvió a querellarse contra Enrique Vilches por presuntos delitos tributarios cometidos entre 2007 y 2012. La Tercera informó que el SII calculó el perjuicio al Fisco en $9.846 millones. Joyas Barón se situó en el epicentro del fraude ya que el SII identificó 296 facturas falsas por operaciones que jamás se realizaron y que fueron utilizadas para aumentar sus costos y disminuir su base imponible.

Ahora el acusado es Harold Vilches Pizarro, el joven de 23 años que se crió entre prédicas y joyas.

Tras el terremoto político que significaron las investigaciones por el financiamiento irregular a la política de Penta, SQM y otras grandes empresas, el foco ha vuelto a las pesqueras. Esta vez a las que operan en el sur del país. En julio, el programa Informe Especial de TVN reveló los pagos de las empresas pesqueras del sur austral del país (agrupadas en Fipes) al ex dirigente de los pescadores artesanales y hoy diputado, Iván Fuentes, por petición del senador Patricio Walker (DC). A partir de esa denuncia, el Ministerio Público abrió una nueva arista que apunta principalmente a las pesqueras del Bio Bio, agrupadas en Asipes. La indagatoria, iniciada por el fiscal de regional de O´Higgins, Emiliano Arias, fue traspasada a su par del Bio Bio, Julio Contardo, luego de que el primero diera una polémica entrevista a La Tercera y el fiscal nacional Jorge Abott ordenara un sumario en su contra.

Asipes ya figuraba en las carpetas investigativas del financiamiento irregular de la política, pues algunos de los imputados por recibir pagos irregulares de SQM también habían emitido boletas a esa asociación gremial. En abril de 2015, CIPER consultó a Asipes por los pagos a esas personas y la organización aseguró que todos correspondían a servicios reales. El avance de las indagatorias ha demostrado otra cosa. Por ejemplo, respecto de una boleta pagada al abogado Sebastián Prat, Asipes aseguró que éste había “prestado servicios a este gremio, conforme a las tareas encomendadas”.

Pero Prat ya reconoció ante la Fiscalía que no hizo ningún trabajo y emitió una boleta falsa a solicitud de una asesora de Pablo Longueira. Y no es el único que ha declarado lo mismo.

Serán clave los primeros pasos que dé el fiscal Contardo, particularmente si decide pedir los documentos contables de Asipes. Hasta ahora sólo se conocen los pagos que hizo a personas que, en paralelo, emitieron boletas ideológicamente falsas a SQM, pero no se ha investigado a fondo el rol de la asociación pesquera.

La indagatoria del fiscal Arias se orientaba justamente a determinar la magnitud de la participación de Asipes y sus asociados en el financiamiento político irregular, particularmente si hubo pagos a los parlamentarios de la Región del Bio Bio. La segunda semana de agosto efectivos de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef) requirieron los libros contables entre 2009 y 2014 a Alimentos Marinos (familia Izquierdo Menéndez), Bahía Coronel (familia Errázuriz), Landes (de Eduardo Fosk y Eduardo Bohorodzaner) y Blumar (Grupo Yaconi-Santa Cruz con familia Sarquis). Según informaron desde Asipes, sus asociadas aún están trabajando en el requerimiento y aún no han entregado sus documentos.

Funcionarios de la PDI solicitaron los mismos antecedentes a otras tres pesqueras que no son parte de Asipes: Orizon (Grupo Angelini), Coloso (familia Lecaros) y Grimar (familia Del Río). Algunas de las empresas a las que se les pidieron sus antecedentes contables tienen en común el haber realizado rectificaciones tributarias durante el periodo investigado, que comprende la tramitación de la Ley de Pesca, las que fueron requeridas al Servicio de Impuestos Internos (SII) por la Fiscalía (ver recuadro).

CIPER revisó los antecedentes y se comunicó con todas las pesqueras que forman parte de la investigación del Ministerio Público. También revisó los vínculos de los parlamentarios que tuvieron un rol relevante en la tramitación de la Ley de Pesca con empresas del rubro, así como de los dirigentes gremiales con los distintos partidos. La zona gris que une a los políticos con las pesqueras sólo parece agrandarse y amenaza con convertirse en una bomba, a poco más de un año de las elecciones presidenciales y parlamentarias. 

LOS APORTES A LONGUEIRA

Los pagos irregulares de la industria pesquera fueron la primera ventana al financiamiento de grandes empresas a políticos de todos los sectores. En 2013 CIPER reveló el testimonio de Georgio Carrillo, ex asesor de la entonces diputada por Iquique Marta Isasi, quien dio a conocer los pagos que realizó Corpesca, del Grupo Angelini, a la entonces parlamentaria independiente. La indagación del Ministerio Público la tiene hoy formalizada, al igual que al desaforado senador Jaime Orpis (UDI), quien recibió $233 millones de Corpesca.

La nueva arista que se abre con los pagos ilícitos a la política de las pesqueras del sur se alimenta de las evidencias que arrojó la indagación de los pagos de SQM a políticos de distintos sectores. Allí aparecieron las primeras boletas irregulares de las pesqueras del sur cuyo denominador común es el ex senador y ex ministro de Economía Pablo Longueira, quien lideró la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca.

El primer boletero de Longueira en reconocer pagos de pesqueras por servicios no prestados fue el abogado Nicolás Guíñez. El 29 de octubre de 2009 emitió una boleta por $2,2 millones a Asipes y el 3 de noviembre del mismo año una por $5 millones a Pesquera El Golfo, la que hoy no existe ya que sus ex propietarios, Grupo Yaconi-Santa Cruz, la fusionaron en 2011 con Pesquera Itata (de la familia Sarquis) dando paso a la actual Pesquera Blumar. Su hermano, Gustavo Guíñez, presentó el mismo día una boleta a El Golfo por otros $7,7 millones.

El 18 de diciembre de 2015 Nicolás Guíñez declaró ante la Fiscalía que no había prestado ningún servicio por esos pagos, y que las boleta las emitió por solicitud de Carmen Luz Valdivielso, histórica asesora de Pablo Longueira y formalizada en la arista Longueira del Caso SQM.

Pablo Longueira

Pero los hermanos Guíñez no son los únicos allegados al entorno de Longueira que reconocen haber emitido boletas falsas a empresas pesqueras. En su testimonio ante la fiscalía, Nicolás Guíñez afirmó que su ex compañero de universidad Sebastián Prat también hizo boletas a solicitud de la asesora de Longueira.

El 26 de febrero de 2016 Prat prestó declaración ante la fiscal Carmen Gloria Segura, a quien le reconoció que la boleta a Asipes fue falsa: “Respecto de la boleta falsa que tuve que emitir a petición de Titi (Valdivielso) a la Asociación de Industriales Pesqueros AG por $4.730.000 en fecha 29/10/2009, no recuerdo como me pagó esa empresa pero el valor lo deposité el 20/11/09 en mi cuenta corriente del Banco Santander, tras lo cual giré un cheque a Titi el 24/11/2009 que fue protestado por forma” (ese dinero finalmente se retiró en efectivo en la sucursal Pocuro del Banco Santander).

Ese testimonio es corroborado por un correo electrónico que está en manos de los fiscales, y donde se comprueba que Valdivielso solicitó la boleta falsa para Asipes: “Sebastián, necesito boleta por $4.300.000 líquidos que diga; informe sobre situación tributaria de las A.G, a nombre de Asociación Industriales Pesqueros AG. Luego me la mandas a mi e-mail igual que la otra vez”, se lee en el correo enviado el 27 de octubre de 2009.

El dato es clave ya que cuando en abril de 2015 CIPER consultó a Asipes por los pagos a Sebastián Prat, la asociación gremial aseguró que el abogado había prestado servicios. En esa ocasión CIPER también consultó por un pago realizado a Alfonso Mora Domínguez (hijo de una prima de Longueira), y Asipes también aseguró que el trabajo se había realizado (ver reportaje “Financiamiento irregular de la política: los pagos de las pesqueras”).

El tercer nombre consultado por este medio a Asipes fue el de Pamela Campos Joost, quien integra la nómina del SII en la denuncia que presentó el 2 de abril de 2015 por ser la titular de dos boletas rectificadas por SQM. En Asipes confirmaron pagos a Campos Joost, aunque también dijeron que sus servicios se habían prestado. Campos Joost, administradora hotelera, también figura con pagos de Pesquera El Golfo. Ella ha guardado silencio las dos veces en que ha sido requerida por la Fiscalía. Su vinculación con el mundo político de derecha es variado: ha recibido pagos de la Fundación Jaime Guzmán, de la Municipalidad de Recoleta (cuando era administrada por la UDI), de la Universidad del Desarrollo y de Bancard, la empresa de inversión ligada a Sebastián Piñera que es investigada por recibir dinero de SQM.

También ligada a Longueira, Solange Hermosilla emitió una boleta por $5 millones el 23 de noviembre de 2009 con cargo a Pesquera El Golfo. Ella reconoció ante el SII que se trató de una boleta falsa que le fue pedida por Titi Valdivielso.

Aunque Nicolás y Gustavo Guíñez lograron temporalmente no ser condenados por ilícito tributario en la audiencia del pasado 2 de agosto, esa medida solo aplica para las boletas falsas emitidas a SQM, por lo que podrían volver a ser formalizados por los pagos que recibieron desde empresas pesqueras. Y la Fiscalía ya ha avanzado en esa arista: en abril de este año la fiscal Ximena Chong (que investiga a Corpesca) solicitó al SII todas las boletas emitidas por Solange Hermosilla, Sebastián Prat, Alfonso Mora y Pamela Campos. Antes, se había realizado la misma solicitud respecto de los hermanos Guíñez.

EL LOBBY COORDINADO DE LA INDUSTRIA

Las indagatorias del Ministerio Público respecto a las pesqueras han revelado los movimientos que realizó la industria en medio de la tramitación de la Ley de Pesca en 2012. A través de una serie de correos electrónicos que intercambiaron los representantes de las grandes empresas pesqueras de todo el país, se tejió una potente red de lobby que se la jugó por beneficiar a los grupos económicos que mantienen bajo su poder los principales recursos pesqueros de Chile.

Las tres organizaciones gremiales de las pesqueras más grandes participaron en esa estrategia. Fue así como Asipnor (zona norte), Asipes (Bio Bio) y Fipes (sur austral) se coordinaron para presionar al Congreso para que la Ley de Pesca beneficiara sus intereses. La ley promulgada a fines de 2012 les entregó licencias por 20 años, renovables automáticamente, a las empresas que esgrimían poseer “derechos históricos” sobre los recursos pesqueros.

A inicios de agosto La Tercera reveló detalles de las comunicaciones entre las organizaciones. En un correo enviado en julio de 2012 por Luis Felipe Moncada, presidente de Asipes, a sus pares de Asipnor y Fipes, les señalaba que era esencial que “el norte afirme a Vargas” (el entonces diputado PPD por Arica, Orlando Vargas), “para que Cristián Campos no esté solo en la sala en la votación contra las licitaciones y el carácter indefinido”, haciendo referencia al diputado Campos del PPD, quien representa a Talcahuano y Hualpén desde 2010 en la Cámara.

El diputado Campos dijo a La Tercera que votó en contra de la idea de legislar de la Ley de Pesca y a favor de que los recursos pesqueros fueran del Estado. Un análisis más detallado muestra que durante la votación del 18 de julio de 2012 en la Cámara había cuatro artículos que afectaban directamente a las pesqueras históricas, pues trataban sobre las licencias que se les entregarían para permitirles obtener recursos marítimos. El diputado Campos se cuadró en cada una de esas votaciones con los intereses de los industriales.

Luis Felipe Moncada, presidente Asipes.

Ese día se votó una indicación del diputado Matías Walker (DC) que proponía que las licencias transables de pesca clase A otorgadas a los industriales tuvieran una vigencia de 20 años (y no que fueran perpetuas). También establecía que el porcentaje de cuánto podían pescar cada año pudiera disminuir a través de licitaciones. El diputado Campos la votó en contra. Otro artículo buscaba que las licencias entregadas a los actores de la industria fueran temporales. Campos también la votó en contra. Lo que sí aprobó el diputado PPD fue un artículo que buscaba que las licencias fueran indefinidas. Y también dijo que sí a la propuesta de que las licencias fueran divisibles, transferibles y transmisibles, lo que permitía a las pesqueras hacer negocios.

Consultado por CIPER, Campos aseguró que hubo otros artículos que apoyó que beneficiaron al sector artesanal, pero que “acá en la región hubo un tremendo debate respecto de cierta incertidumbre que podía existir con las licitaciones. Cuando uno licita no sabe si se va a licitar a una pesquera de la región o de otra región. El movimiento de empleo o de trabajo se podía mover de una región o de otra… esta es una región que tiene mucho trabajo en las plantas, cada una de ellas tiene una cantidad relevante de empleo, y eso terminó inclinando la discusión”, argumentó.

El diputado descartó que sus dos campañas parlamentarias (2009 y 2013) hayan sido financiadas por las pesqueras, y también que él o sus familiares tengan algún tipo de nexo laboral con la industria. El diputado dice que su defensa de las plazas laborales que ofrecen las empresas pesqueras explica su cercanía con el sector.

El diputado Campos y su par de la UDI Jorge Ulloa, son los parlamentarios del Bio Bio que más aparecen en los registros fotográficos de las actividades de Asipes. Es habitual verlos en seminarios, celebraciones e inauguraciones de plantas de producción de la industria pesquera.

En el mismo correo del presidente de Asipes que menciona a Campos, Moncada hace alusión a una reunión que habría sostenido con un grupo de militantes de la DC: Felipe  Sandoval (ex subsecretario de Pesca, hoy presidente de Salmon Chile), Exequiel Silva (ex diputado, quien asesoraba a la bancada DC) y Mario Tapia (asesor del diputado Matías Walker durante la tramitación de la Ley de Pesca y asesor histórico de pesqueras). Los democratacristianos le habrían señalado que en la Falange no estaban los votos para que las licencias fueran perpetuas, pero que había margen para que estas fueran renovables cada 20 años, como finalmente sucedió.

Pero hay más correos. En marzo El Mostrador dio a conocer otro intercambio de emails entre los actores de la industria. El 31 de agosto de 2012 el abogado del estudio Portaluppi, Guzmán y Bezanilla, Esteban Papic, le envió al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, dos indicaciones que se habían redactado luego de una reunión en la que participaron varios actores de la industria pesquera.

Diputados Campos y Ulloa en inauguración sala de venta pesquera (2015)

En la cita, que se desarrolló la misma mañana del 31 de agosto de 2012, en plena tramitación de la ley, participaron el presidentes de Fipes, Carlos Vial; el entonces presidente de Sonapesca, Rodrigo Sarquis; el ex subsecretario de Pesca del gobierno de Patricio Aylwin, Andrés Couve; el asesor de Matías Walker durante la tramitación de la Ley de Pesca, Mario Tapia; y el mismo Papic. En la ocasión se revisaron los artículos 143 y 143 bis, los que según El Mostrador definen las causales de caducidad de las licencias de pesca. Como se definieron causales “restrictivas”, era muy difícil que las licencias caducaran alguna vez. Lo que finalmente se aprobó en el Congreso es parecido a lo que se redactó entre los actores de la industria.

Tres días después de esa reunión, Francisco Mujica hizo llegar un correo al senador Orpis con el título “nuevas indicaciones 143 y 143 bis”. Aunque Orpis no presentó indicaciones, los correos en poder de la Fiscalía grafican la coordinación de los industriales que intentó influir los parlamentarios.

Un diputado que se ha visto afectado indirectamente por la filtración de los correos electrónicos de los dirigentes de la industria pesquera es Matías Walker (DC), quien durante la tramitación de la Ley de Pesca fue asesorado por el abogado Mario Tapia, el mismo que participó de la reunión con los representantes de la industria en que se redactó una indicación.

Consultado por CIPER, el diputado Walker aseguró que al momento de contratar la asesoría de Tapia le consultó si estaba vinculado a la industria pesquera, cosa que él negó. El legislador dijo que se conocen de la época del colegio, por lo que confía en su ética. “Yo presenté una indicación para que las licencias de pesca no fueran perpetuas. Y después en la sala se perdió. Esa indicación la redactó Mario Tapia. Nosotros propusimos que se licitara hasta un 50% de la cuota, lo que no quería la industria. Esa indicación la perdí, y también la redactó Mario Tapia”, aseveró Walker. “No tengo idea si él participó en reuniones con la industria. Pero a la industria no le gustaron nada las indicaciones que él redactó como asesor mío”, agregó el parlamentario.

Según fuentes de la DC, Mario Tapia no tiene una vida partidaria muy visible. Actualmente es miembro del Consejo Nacional de Pesca y desde el principio de su carrera ha estado ligado a la empresa privada. Entre 2002 y 2005 fue abogado interno de Pesca Chile – era propiedad del grupo español Pescanova, que participaba en Fipes -, y el resto del tiempo se ha desempeñado en estudios de abogados como Cariola, Diez, Pérez Cotapos, Estudio Carvallo y Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia, donde es socio y se mantiene hasta hoy. En su biografía publicada en el sitio web del bufete se señala que “ha asesorado a importantes compañías y asociaciones en los rubros pesqueros y acuícolas siendo éstos su principal área de especialidad”.

La investigación por la arista Fipes contiene otro intercambio de correos electrónicos fechado el 12 de diciembre de 2012, días en que se votaron los acuerdos en la Comisión Mixta que se formó en el Congreso para resolver las discrepancias de la Cámara con el Senado. En ese email Valeria Carvajal, gerenta de Fipes, le escribe a los representantes de las empresas de esa organización gremial, y también al asesor Felipe Sandoval (DC): “Esto es lo que le pasé a Horvath y a su vez, Luis Felipe a otros”. Se referiría a Luis Felipe Moncada, de Asipes. En el correo viene adjunta una minuta que lleva por título “Tema patente”, y que es básicamente un instructivo de cómo votar.

En el texto se indica que se debe “rechazar artículo 16 transitorio”, “aprobar cambio de guarismo 3,3 a 4,2 en artículo 43 TER”. También se indica que la “solución para la menor recaudación: subir en la misma proporción al 43 BIS (TRG) y 43 TER (cuotas de pesca). Todo eso por periodo transitorio de 4 años”. Cuando la prensa le consultó al senador Antonio Horvath por estas indicaciones, dijo que había votado “justo en sentido contrario”.

Otro de los cuestionamientos a Horvath es por haber permitido el ingreso a la Comisión de Pesca del Senado, y a la Comisión Mixta -ambas instancias presididas por él-, de la gerenta general de Fipes, Valeria Carvajal, como su asesora. El senador dijo que lo hizo para resguardar que todos pudieran participar de la discusión.

Lo mismo hizo el diputado Jorge Ulloa (UDI), quien ingresó a la Comisión Mixta como su asesor al presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, y a Héctor Bacigalupo, de Sonapesca. El diputado Nino Baltolu (UDI)ingresó como asesor al dirigente gremial de Corpesca Michel Campillay.

LOS VÍNCULOS DE LAS PESQUERAS EN EL BIO BIO

La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) agrupa a casi todas las grandes pesqueras que operan en la zona centro sur del país: Alimentos Marinos, Cannex, Alimentos Mar Profundo, Bahía Coronel, Bio Bio y Congelados Pacífico, Camanchaca, Blumar, Foodcorp y Landes. El presidente de la asociación gremial es un ex militante de la UDI Luis Felipe Moncada, quien fue una de las cartas gremialistas para ocupar la intendencia del Bio Bio luego de la renuncia de Jacqueline Van Rysselbergue en 2011. Fue seremi del Trabajo durante la dictadura y ya en democracia asumió la gerencia general de Asipes entre 1990 y 2013. Desde ese año preside la entidad gremial.

Los vínculos del gremialismo con Asipes son más amplios. Uno de los fundadores de la UDI y actual vicepresidente, Domingo Arteaga, es gerente general de Cannex y durante la tramitación de la Ley de Pesca en 2012 ejerció como director de Asipes. El diputado UDI por uno de los distritos del Bio Bio, Iván Norambuena, fue gerente de Operaciones de Alimentos Mar Profundo, empresa asociada a Asipes, aunque en la región dicen que en la práctica esa empresa ya no existe, ya que se fusionó con Pesquera Camanchaca y Pesquera Bio Bio para formar Cannex.

Diputado Jorge Ulloa con directores Asipes Alberto Romero, Jan Stengel y Domingo Jiménez en 2010.

Pero lo que ha levantado más polvareda ha sido el vínculo comercial del diputado Jorge Ulloa (UDI) -miembro de la Comisión de Pesca desde 2002-, con la ex Pesquera El Golfo (actual Pesquera Blumar). A mediados de 2015 el diputado Hugo Gutiérrez (PC) ingresó un oficio a la Comisión de Ética de la Cámara para que se revisara la situación de Ulloa, quien no se inhabilitó de votar la Ley de Pesca.

Ulloa tiene estrechos vínculos con dos sociedades que prestan servicios de transporte a las pesqueras. La primera es Cargo Service, sociedad creada en 1997 junto a  Eduardo Aravena Espinoza. En 2004 Ulloa y su esposa, Siomara Concha, salieron de la sociedad, la que pasó a ser administrada por Aravena y su mujer, María Luisa Urcelay.

Solo tres días después que Ulloa y su mujer abandonaran Cargo Service, las cónyuges de Ulloa y de Aravena formaron una nueva sociedad, que mantuvo el antiguo nombre pero que se transformó en sociedad anónima: Cargo Service, la que continuó prestando servicios a pesqueras. Ulloa se ha defendido indicando que con su mujer tiene separación de bienes, por lo que no habría conflicto de interés.

“Yo nunca he sabido nada, nunca me he metido en nada. Es una empresa de traslado de carga, presta servicios a cualquiera”, dijo Ulloa a CIPER. Agregó que su esposa se retiró del negocio “hace unos dos meses”. El diputado agregó: “Solo le puedo decir que efectivamente yo he estado en muchas industrias, las conozco, porque hay allí una gran cantidad de trabajadores, las he conocido y las he visitado… pero más allá de eso, no”. Consultado sobre si las pesqueras han financiado sus campañas, no lo descartó:

-No tengo ninguna situación anormal de la cual yo pudiera sentirme afectado. Si hubo financiamiento a mis campañas de las pesqueras pudo haber sido vía legal. De acuerdo a la legislación vigente. Yo no manejo el detalle de mis campañas.

Su ex socio Eduardo Aravena también es militante UDI: en 2011 figuraba como secretario regional del gremialismo en el Bio Bio. Fue condenado en 2009 por la utilización de boletas falsas en la contabilidad de su empresa Cargo Service entre 1998 y 2003, periodo en que Ulloa participaba directamente en el negocio (ver fallo del 3er Juzgado del Crimen de Concepción).

Al igual que el diputado Campos, Jorge Ulloa (UDI) se alineó con los intereses de la industria en los cuatro artículos de la Ley de Pesca revisados por CIPER. En la indicación que limitaba en 20 años las licencias a las grandes pesqueras, votó en contra. También se opuso al artículo que definía las licencias como “temporales” y aprobó el que establecía que fueran “indefinidas” y el artículo que les permitió a las pesqueras hacer negocios con sus licencias.

En la Región del Bio Bio también se ha apuntado a la diputada Clemira Pacheco (PS) como otra integrante de la Comisión de Pesca que habría tenido vínculos con la industria de la zona.  De hecho, antecedentes recogidos por CIPER indican que ella estaba en la nómina de parlamentarios investigados por el fiscal Arias.  Y se recuerda que en un momento fue acusada por el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca de “darse vuelta la chaqueta” y tratar de influir para que se rechazara una indicación que ella misma presentó para favorecer a los pescadores artesanales.

Sin embargo, al menos en los artículos que revisó CIPER, Pacheco no votó siguiendo los intereses de las pesqueras industriales. Si bien no emitió su voto en la indicación del diputado Walker que buscaba fijar un tope de 20 años a las licencias para los industriales, sí votó a favor de la que definía las licencias como “temporales”. Votó en contra del artículo que establecía licencias “indefinidas” para la industria, y en contra de otro que les permitía hacer negocios con las licencias otorgadas.

PAGOS EN LA PATAGONIA

Una tercera arista es la que hoy comanda el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, quien investiga los pagos realizados desde la gremial que agrupa a las empresas del sur austral (Fipes) hacia parlamentarios de la región. Por ahora, están sobre la mesa las transferencias de dinero a solicitud del senador Patricio Walker (DC) que tenían como finalidad financiar al diputado Iván Fuentes en su pre campaña parlamentaria.

Las empresas pesqueras que reinan en Aysén están todas vinculadas a la familia Del Río. Oficialmente forman parte de Fipes las empresas Friosur, Emdepes y Pesca Chile. De esas tres, solo las dos primeras subsisten.

Valeria Carvajal, gerenta Fipes (Fuente: iisd.ca)

Friosur es un holding que engloba a Pesquera Grimar, Salmones Friosur y que adquirió las cuotas de merluza que pertenecían a Pesca Chile (era propiedad del grupo español Pescanova, que quebró en 2013). Emdepes pertenece a los japoneses Nippon Suisan América Latina, pero también tiene vínculos con las empresas de la familia Del Río (ver reportaje El lobby de Iván Fuentes para incluir en la Ley de Pesca una norma que benefició a empresas que lo financiaron).

Esta hebra se destapó luego de que Informe Especial (TVN) hiciera públicos una serie de correos electrónicos y datos contables de Fipes, los que revelaron traspasos de dinero que beneficiaron al diputado independiente Iván Fuentes, a través de dos vías: mediante el Consejo de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén (Corfapa), sindicato en el que participaba Fuentes,  y a través del senador de la región Patricio Walker.

Otros correos electrónicos entre dirigentes de Fipes entregan luces de las gestiones del senador Walker para financiar las actividades de Iván Fuentes, incluida su campaña parlamentaria. En una cadena de emails enviados el 4 de abril de 2013, la gerente de Fipes, Valeria Carvajal, y el vicepresidente de la gremial y presidente ejecutivo de Emdepes (del grupo Nissui), Mario Inostroza, se preguntan el porqué del depósito de $1 millón a la cuenta de Carlos Vial, entonces presiente de Fipes.

A las 11:48 horas de ese día Carvajal le escribe a Inostroza: “Ese cheque a nombre de Carlos corresponde a la tercera cuota de 1 millón que CV (Carlos Vial) se comprometió con Patricio Walker y que acordamos que no se le depositara directo a PW, sino que a través de CV”. Pocos minutos después Inostroza responde que no sabe a qué se debe el pago, a lo que Carvajal replica: “Mi conclusión, sin tampoco tener respuesta directa de Carlos, es que es para financiamiento de campaña de Iván Fuentes de diputado por la XI…”. Fuentes y Walker reconocieron que era para eso.

En junio de 2013 hubo nuevos aportes. Así lo revela un email del 20 de ese mes. Mario Inostroza le explica a Seiji Takahashi que el “señor Del Río” solicitó una donación para “apoyar la candidatura a diputado de Iván Fuentes, pescador y dirigente artesanal de la XI Región”. En ese mismo correo le explica que la idea es que el total de $12 millones sea pagado en partes iguales por Friosur y por Nissui. Para ello le propone una fórmula: hacerlo desde las filiales salmoneras de ambas empresas (“por lo ocurrido con Corpesca”) y a través de boleta de honorarios de un estudio de abogados.

Cinco días después, el 25 de junio, un hermano del senador Walker, Tomás Walker, envió a Tomás Pumarino, entonces director de Friosur, una boleta por $6 millones a nombre de Alejandro Correa Rivera, entonces abogado de su estudio Walker y Valdivia Abogados. Ese mismo estudio tiene un pago rectificado desde Inversiones Caburga (Grupo Said), por una boleta sin respaldo emitida en 2009.

El aporte a Fuentes tuvo su recompensa. En marzo de 2014 el senador Patricio Walker y el diputado Iván Fuentes se reunieron con Valeria Carvajal, de Fipes, quien luego envió una minuta sobre la cita a la plana mayor de la entidad gremial. En el texto asegura que en la reunión Walker y Fuentes se habrían definido como “nuestros aliados”, y que Walker se mostró especialmente atento, que incluso llamó al ministro de Economía para solicitar una audiencia para Fipes. Fuentes, por su parte, les entregó consejos de cómo mejorar su imagen pública. Al final de la minuta escrita por Carvajal, esta señala que el jefe de gabinete de Fuentes “es Marco Ferrada, antiguo colaborador de R. Azócar con quien tengo muy buenas relaciones. Nos vamos a poner de acuerdo para armar una buena minuta para Iván”.

Fipes no solo financió parte de la campaña de Iván Fuentes, sino que también inyectó millonarios recursos a la cuenta de la Corfapa, los que estuvieron coordinados por Rodrigo Azócar, asesor de la entidad sindical, y quien gozaba de buena llegada entre las pesqueras del sur austral, a juzgar por los correos electrónicos que hoy están en poder del Ministerio Público. De hecho, según los datos contables de Fipes, solo en 2012 se entregaron $123 millones a pescadores artesanales.

Senador Patricio Walker

En varios emails se aprecia como Azócar es insistente en solicitar recursos. Hay uno fechado el 13 de abril de 2012 -justo un  mes después de que se apaciguara la protesta regional que ese año catapultó a la política a Iván Fuentes-, donde Valeria Carvajal le informa a los representantes de las empresas pesqueras que Rodrigo Azócar está solicitando $12 millones para financiar una pauta de actividades de Iván Fuentes y Misael Ruiz, otro de los voceros que resaltó en ese movimiento social.

Un mes después, el 7 de mayo de 2012, Valeria Carvajal le vuelve a escribir a los miembros de Fipes que Azócar solicita ahora $2 millones por empresa para cubrir los gastos de un viaje de Fuentes y Ruiz a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Otro correo fechado el 11 de octubre de 2011 enviado desde Aycón Consultores (empresa de Azócar) a Valeria Carvajal, señala: “A solicitud de don Rodrigo le entrego los datos para el depósito, según lo conversado con don Carlos Vial (presidente de Fipes) y Rodrigo Azócar”, y pasa a entregar los datos de la cuenta corriente de Azócar en Banco Estado, señalando que el monto a pagar será de $20 millones.

Hay un dato que figura en la investigación a SQM que también apunta a pesqueras del sur austral y que era desconocido hasta ahora. El 29 de abril de este año declaró en Fiscalía Gilda Schiaffino, quien fuera tesorera del PRI desde 2011, quien afirmó que los dineros que se recibieron desde SQM y empresas del Grupo Angelini los solicitó Adolfo Zaldívar (fundador del PRI, fallecido en 2013). En su declaración también reconoció pagos de dos empresas pesqueras  cuando le mostraron un correo electrónico del 12 de noviembre de 2012 donde el asesor de Zaldívar, Juan Carlos Osega, le manda los datos para que Julieta Cruz (boletera vinculada al PRI y a Adolfo Zaldívar) emita dos boletas a las empresas Acuinova Chile y Nova Austral. Según se lee en el email estas debían ser por $5,5 millones cada una y la glosa debía indicar “informes en derecho”.

En ese correo hay registro de que el mismo día la secretaria de la gerencia general de Acuinova Chile, Oriana Torrens, le envió esos antecedentes a Osega. En ese correo electrónico le indica: “Don Juan Carlos, estos eran los datos, sino avíseme”, y le entrega los rut y las direcciones de ambas sociedades. En esos momentos Zaldívar era el embajador de Chile en Argentina, nombrado por Sebastián Piñera.

Acuinova Chile y Nova Austral en 2012 pertenecían a la pesquera española Pescanova (la que formaba parte de Fipes), pero luego de que ésta cesara sus actividades en el país, el grupo de inversión europeo Altor and Bain Capital resucitó a Nova Austral, la que hoy está transformada en la salmonera ubicada en la zona más austral del mundo (tiene sus oficinas en Porvenir).