Los peritos psicológicos se han convertido en actores clave del sistema de justicia de familia. A ellos se les consulta, por ejemplo, por la idoneidad de los padres para cuidar a sus hijos. Sus opiniones profesionales también pueden entregar indicios de abusos o de violencia que han experimentado los niños. Como resultado, sus peritajes muchas veces son determinantes para que un juez le quite la tuición a un padre o envíe a un menor al Sename como medida de protección. Pese a jugar ese rol decisivo en la vida de una familia, en Chile estos peritos operan sin regulación: no hay norma que los certifique ni nadie que fiscalice su idoneidad.

La alta demanda de peritajes no alcanza a ser cubierta por el sistema público, situación que abrió una ventana para que los privados se adueñaran de un mercado que les trae excelentes réditos económicos, sin asegurar su calidad. No hay norma que regule las tarifas que estos peritos privados pueden cobrar a las partes. En el catastro hecho por CIPER aparecieron grandes diferencias de precio: mientras que unos piden $300 mil por cada persona periciada, otros llegan a cobrar sobre un millón de pesos. Esto ocurre porque no hay piso ni techo que limite los ingresos de estos profesionales.

Esta falta de control permite que al sistema ingresen profesionales sin la preparación mínima –académica y laboral– para ejercer. CIPER revisó una serie de informes periciales y encontró inconsistencias en los antecedentes académicos de peritos de dos de las empresas más cuestionadas entre los actores del sistema.

Andrés Aldunate, director de Nova Sum

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento Nova Sum es un nombre que se repite en los Tribunales de Familia. Basta una búsqueda rápida en internet para que aparezcan reclamos de pacientes disconformes, y tanto abogados litigantes como peritos judiciales lo mencionan cuando quieren ejemplificar la crisis de los peritos privados. Uno de sus socios fundadores, Andrés Aldunate, se presenta en el registro de peritos de la Corte de Apelaciones como psicólogo de la Universidad Central y candidato a magíster en Psicología Clínica en la Universidad de Chile. Pero la verdad es otra.

CIPER pudo verificar que Aldunate solo cursó tres ramos de ese magister y que, meses antes de postular como perito judicial, ya había sido eliminado del sistema de la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.

El sicólogo Aldunate – quien dijo a CIPER haber realizado “más de mil” peritajes- ha sido cuestionado por distintos actores del circuito de los Tribunales de Familia (abogados litigantes, peritos y familias que han sido periciadas por su empresa). Sus informes levantan serios reclamos y por distintos motivos: no graba las entrevistas, recomienda tratamientos que su propia empresa ofrece y hay párrafos que se repiten íntegros en informes de causas distintas, entre otros.

Otro de los peritos que exhibe una serie de reclamos detectado por CIPER es Carolina Alarcón, socia del Centro de Atención Psicológico y Social Profam, quien se identifica en sus informes periciales como psicóloga clínica. Sin embargo, Alarcón, quien estudió en México, nunca ha acreditado sus estudios en Chile y en 2015 su universidad informó a la Secretaría de Educación del Estado de Colima que la alumna no se tituló.

Pero el sistema pericial privado no es el único que falla. Los peritos públicos también tienen problemas. El Servicio Médico Legal (SML) y los proyectos de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) –que dependen del Sename– son los encargados de hacer los informes para quienes no pueden pagar un perito privado. La sobrecarga laboral y la falta de recursos con los que conviven estas instituciones, no les permite a los profesionales atender la demanda existente. Es más, se les permite faltar a su presentación en audiencia, instancia en la que deberían explicar y defender el trabajo realizado. La suma de estos factores ha propiciado la multiplicación de los peritos privados.

EL SISTEMA EN CAÍDA

El Poder Judicial tiene un registro de peritos psicológicos. Sólo en las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel hay más de 200 inscritos. Este listado quedó como un residuo del sistema anterior a la reforma de los Tribunales de Familia de 2004, pero la ley no se ocupó de actualizar ni de ajustar las exigencias. Para ingresar al registro sólo es necesario entregar el currículum, el certificado de título y contar con al menos cinco años de experiencia como sicólogo. No es requisito tener una formación específica.

Cuando las partes en un juicio ofrecen presentar un peritaje ante un tribunal, no se le exige al profesional que se hará responsable de ese estudio estar inscrito en ese listado oficial. Sólo si es un juez de familia el que ordena el peritaje, éste se escoge obligatoriamente entre los psicólogos registrados.

Inscritos o no, es el juez el responsable de exigir la idoneidad de los peritos en la audiencia preparatoria, solicitando títulos y lo necesario para acreditar su aptitud. Un trámite que según los propios abogados litigantes de familia no se está cumpliendo.

La falta de regulación de los peritos va más allá. Porque si un juez encuentra incongruencias en el historial laboral y académico de un perito, debe informar a la Corte de Apelaciones. Pero eso no significa que se estudiará el caso para que, si en definitiva se comprueban las falencias, ese sicólogo sea excluido del registro. Solo es un aviso que se tendrá en cuenta en el próximo llamado de peritos cuando se cumpla el bienio de su inscripción.

Sobre las debilidades del sistema, Francisco Maffioletti, académico del magister de Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales y perito de la empresa Peritajes Psicológicos, explicó a CIPER:

–Hoy día un perito puede realizar un trabajo para el tribunal sólo por el hecho de ser profesional del área. Cualquier psicólogo puede ser llamado a un juicio como perito. No se lo puede inhabilitar pero, ¿cuál es la formación necesaria, además del título de pregrado, desde el punto de vista legal? Ninguna.

El trabajo de estos profesionales está guiado por dos normativas: la Ley de Tribunales de Familia y la Resolución Exenta N° 8.083 del SML. En la primera se establece que no se puede pedir la inhabilitación de los peritos, pero que “durante la audiencia podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su objetividad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones” (ver documento). Esta norma debería actuar como un “filtro”, lo que muchas veces no sucede. La ley permite, si las dos partes están de acuerdo, que los peritos no asistan a la audiencia, lo que es bastante habitual.

La normativa del SML, por su parte, indica que los peritajes psicológicos deben dar respuesta a la pregunta psico-legal que hace el juez. Por ejemplo, responder si una persona es o no apta para estar a cargo de un niño. Además, el SML detalla los procedimientos básicos y la estructura que debe tener el informe. Añade que el estándar a seguir es el que instruye la guía de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por su sigla en inglés). Pero no hay una norma que permita fiscalizar que los peritajes se realicen correctamente.

CIPER tuvo acceso a más de una decena de informes periciales y corroboró que puntos esenciales de estas instrucciones no siempre se cumplen. Por ejemplo, no es raro que no haya registro de las entrevistas (como sugiera la APA), ni un análisis previo de los antecedentes de la causa. A ello se agrega que en los informes no se explica por medio de qué instrumento y qué respuestas se llegó a las conclusiones.

Un informe encargado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) en 2010 a los abogados Claudio Fuentes Maureira, Felipe Marín y Erick Ríos, de la Universidad Diego Portales, y que evaluó el funcionamiento de los Tribunales de Familia, ya advertía de los problemas identificados por CIPER. Según el estudio, en ninguna de las audiencias observadas en que se ofreció prueba pericial se discutió la idoneidad del profesional propuesto.

Cuando una de las partes ofrece un peritaje como prueba en la audiencia preparatoria, el juez debe exigir el currículum y todos los antecedentes disponibles para verificar que el perito sea idóneo para la tarea. El problema es que este “filtro” no está funcionando: “las partes ven muy reducidas sus posibilidades de controvertir y controlar la información que dicha prueba aporta al juicio. No siempre es de la mejor calidad y no siempre es genuinamente imparcial y ocurre que todo el sistema opera como si siempre lo fuera”, se lee en el informe de los abogados de la UDP (ver documento).

Pedro Maldonado, juez del 4° Juzgado de Familia de Santiago, reconoce que “en los juicios actualmente, en todo ámbito, la opinión de los peritos es vital para poder resolver, porque hay cuestiones que sólo pueden ser explicadas por expertos. Lo que falta es una mayor formación en el análisis pericial forense: formación académica para los peritos y para los abogados para cuestionar esos informes”.

Claudio Fuentes Maureira

Abogados que actualmente litigan en Tribunales de Familia dijeron a CIPER que el diagnóstico que hicieron los profesionales de la UDP en 2010 ha empeorado. Culpan en gran parte al colapso del sistema, que ha visto aumentar el número de causas por tuición, visitas, régimen comunicacional y de protección.

De hecho, según las estadísticas oficiales del Poder Judicial, el número de causas ingresadas a los Tribunales de Familia casi se duplicó entre 2008 y 2014. Si en 2008 el sistema recibió 340.720 causas, en 2014 esa cifra llegó a los 648.576. Al revisar el desglose de esa cifra, uno de los mayores aumentos se refiere a solicitudes de “relación directa y regular con el niño” (visitas). En 2008 sólo hubo 20 mil peticiones, mientras que en 2014 la cifra bordeó las 90 mil.

A una modificación de la ley realizada en 2008 se sumó en 2013 la Ley 20.680, que entregó mayor igualdad en términos de visitas y cuidado de los hijos para ambos padres, algo que a la postre potenció el mercado de los peritos en Chile. Al tener los hombres mayores derechos, aumentaron sus demandas por más tiempo e incluso tuición total de sus hijos. Para conseguir eso, necesitaban peritos que los declararan aptos para las funciones parentales.

Cecilia Arrieta, presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, dijo a CIPER que “está lleno de peritos privados que, inscritos en la Corte o no, no tienen ningún aval. La única opción para ver su idoneidad es cuando se está en el juicio y se le puede consultar para revisar su calidad profesional. Aunque es muy raro que el juez concluya que no es idóneo si ya está en el listado de peritos de la Corte”.

Ese es, precisamente, el caso de Andrés Aldunate, el psicólogo de Nova Sum, quien dijo a CIPER haber hecho más de mil peritajes desde que empezó su carrera, y que está inscrito en este registro con datos falsos.

EL MÉTODO ALDUNATE

“Carmen” (no es su nombre real) recuerda bien la amabilidad con que la trató el sicólogo Andrés Aldunate durante las tres sesiones en que la recibió en las oficinas de Nova Sum, en calle Huérfanos. Las dos primeras fueron breves: en una le explicó cómo sería el proceso, le aplicó el test de Rorschach y la hizo dibujar un árbol y un hombre bajo la lluvia; en la segunda le mostró imágenes difuminadas y le pidió que contara una historia. Ninguna duró más de media hora.

En la tercera sesión sólo le dio una instrucción:

–Relátame tu historia de pareja con tu ex, desde el día cero.

Son más de quince años que “Carmen” tuvo que recordar y resumir en lo que resultó ser un monólogo de una hora. Aldunate solo observó y tomó apuntes. Igual que en las dos sesiones anteriores, no grabó. En el relato de Carmen afloró todo lo vivido durante su relación. Según ella misma dijo a CIPER, habló de esos años con romanticismo, angustia y dolor, “cosas que fuera de contexto pueden ser malinterpretadas”. Cuando terminó de hablar, Aldunate hizo su única intervención de esa hora: “Ya tengo lista la figura. Eso sería todo”.

Un mes después, Carmen perdió la tuición de su hijo.

El informe que entregó Andrés Aldunate está basado en una metodología que él diseñó, en la que no es necesario dejar registro de las pericias y que entrega “automáticamente” las conclusiones. Él mismo explicó a CIPER cómo funciona su sistema:

–Nosotros tenemos un esquema de triangulación en que el cruce de ciertos resultados de los tests nos dan entre tres o cuatro respuestas. Es un Excel, donde ponemos los resultados, cruzamos las variables y ese es el párrafo que aparece en los informes, con ciertos cambios, claro. En algunos casos les ponemos algunos énfasis –aclaró.

Esto explica la anomalía que identificó CIPER al revisar los informes de Nova Sum, donde párrafos completos de los “resultados formales” se repetían en peritajes hechos a distintas personas.

Además, CIPER constató que, a diferencia de otros profesionales, Aldunate no hace citas textuales de sus entrevistas, ni explica cómo llegó a los resultados que describe. Al ser consultado sobre esta carencia, el psicólogo explicó:

-No citamos textualmente porque yo no lo considero un dato relevante. No estamos haciendo un análisis discursivo. Lo que ponemos en los informes son las conclusiones del análisis, pero poner el paso a paso de cómo llegamos a cada punto, a mí parecer, podría hacer más compleja aún la lectura de esos informes. No creo que sea errado hacerlo así.

Verónica Gómez, psicóloga con magíster en Intervención Psicojurídica y Forense de la UDP, piensa distinto. La profesional dijo a CIPER que cada vez son más los informes en los que no se siguen los procedimientos mínimos para hacer una pericia:

–Se ha tomado como práctica no grabar o no tener registro alguno de las entrevistas. Sin ese material es difícil analizar con profundidad a la persona, mucho menos dar un resultado pericial de personalidad o habilidades parentales. Además, algunos informes vienen con resultados de pruebas proyectivas, que ayudan al momento de evaluar indicios, pero que no son objetivas. Por eso es necesario establecer una metodología y procedimiento estandarizado en el sistema.

El abogado litigante y experto en materias de familia Francisco Estrada cree que esta laxitud en el sistema de peritos psicológicos causa un círculo vicioso que juega en contra de lo que debería defender: las familias. “Lo que tenemos es una ilusión del diagnóstico. Qué ocurre: las causas se cierran y se vuelven a abrir porque el sicólogo no era el indicado, no hizo bien su diagnóstico, después el terapeuta tampoco era idóneo y el problema persiste en el tiempo”, opina Estrada

Claudio Fuentes Maureira, académico de la UDP y uno de los autores del informe que revisó en 2010 el funcionamiento de estos tribunales, indicó a CIPER que el peso que tienen las pruebas periciales es casi absoluto:

–La prueba pericial tiene muchos problemas debido a su complejidad técnica. Además se puede notar un fenómeno que se le puede llamar “la delegación”. Si eres un juez que tiene que tomar una decisión tremendamente compleja, y hay un peritaje que dice A, ¿qué termina ocurriendo con algunos jueces de familia? Confían en el perito y fallan A. Entonces terminan delegando, en la práctica, la decisión del caso en el perito. Porque claro, se confía en la decisión del perito. Pero el problema es que ese perito no siempre es idóneo y, en la práctica, muchos de ellos nunca van a declarar y así es muy difícil o casi imposible cuestionar su informe.

EL DICTAMEN DE LOS PERITOS

Otro problema que han detectado los distintos actores del sistema es que los peritos no se limitan a hacer un diagnóstico o responder la pregunta encargada por el juez que lleva la causa, sino que incluyen recomendaciones de la decisión legal que deberían tomar los jueces.

El juez Maldonado lo explica así:

–Uno de los errores más comunes de los peritos es adentrarse en ámbitos que no les corresponde. Por ejemplo, cuando un perito sugiere al final de su informe que el juez debe acoger la demanda de cuidado personal. Eso, metodológica y teóricamente es incorrecto, porque el perito tiene que dar datos concretos que el juez interpreta.

Francisco Estrada

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento Nova Sum es uno de los que realiza este tipo de prácticas. En casi todos sus informes revisados por CIPER aparecen al final del texto, en la sección de “Opinión Profesional”, una serie de párrafos que van más allá de la pregunta judicial hecha por el tribunal, y que es lo único que deberían responder.

Pero el trabajo de estos sicólogos no siempre termina con los peritajes. En los informes a veces se sugieren tratamientos de revinculación y de habilidades parentales que luego, en muchos casos, ellos mismos entregan. Por ejemplo, en uno de los informes analizados por CIPER se sugiere terapia reparatoria para el niño y otra de revinculación para los padres.

Nova Sum, el centro de propiedad de Andrés Aldunate, cobra en promedio por este tipo de terapias -que tienen una duración mínima de tres meses con cuatro sesiones mensuales- $300 mil por persona. Si el núcleo familiar es de tres personas, tendrán que desembolsar casi un millón de pesos en tres meses.

Esta práctica está reñida con la ética profesional. Así lo dice explícitamente la Guía para Evaluaciones de Custodia Infantil en Procesos de Ley Familiar de la APA (validada en Chile por la resolución del SML): los psicólogos que conducen estos peritajes y luego se hacen cargo de la psicoterapia de los examinados, son ejemplos claros de las “relaciones múltiples” que los psicólogos deberían evitar, pues sus obligaciones éticas respecto de los conflictos de interés debería obligarlos a negarse a entregar estos servicios (ver documento).

PERITOS CON FALSOS ANTECEDENTES

La presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, Cecilia Arrieta, reconoce que existe un problema grave en el sistema de pericias en los Tribunales de Familia. “Como asociación hay una preocupación sobre este tema hace tiempo, y tenemos la sensación de que se ha agudizado más ahora”. La abogada da un ejemplo: “En Santiago, al menos en mi experiencia, habitualmente no te piden el certificado de título de los peritos”.

La falta de exigencia de formaciones específicas para realizar pericias judiciales ha permitido que personas sin la calificación adecuada trabajen incluso como peritos de la Corte. Sólo se les pide el título de sicólogo y no hay un chequeo de que el resto de sus antecedentes sea verídico.

Que Andrés Aldunate esté registrado como perito forense de la Corte de Apelaciones de Santiago, ilustra bien esta anomalía. En ese registro no hay detalles que avalen su formación específica en esta área. Su currículum menciona ocho capacitaciones en temas variados (algunas de sólo ocho horas), pero no se señala dónde las realizó.

Aunque para postular a perito judicial le bastaba con el título de pregrado, como psicólogo clínico de la Universidad Central, Aldunate aseguró ante la Corte que era “Magíster en Psicología Clínica Adultos mención Constructivista ©”. Esa pequeña “c” significa que es candidato a magíster, una nomenclatura que en la academia normalmente se usa para quienes optan al grado de doctor.

–En realidad, soy egresado (del magíster). Tuve un problema con la universidad porque no he podido entregar la tesis (…) Hace como dos años me llegó un correo de la universidad diciendo que como no me había flexibilizado con el tema de la tesis, me habían retirado del magister. Pero estamos en conversaciones para ver si la puedo entregar. Pero es sólo eso, una formalidad –aseguró Aldunate a CIPER.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde dice haber cursado el magister, dio una versión muy distinta: “Andrés Aldunate Garcés cursó sólo tres asignaturas del Magíster en Psicología Clínica de Adulto de nuestra facultad el año 2010 (se matriculó los años 2009 y 2010). El Sr. Aldunate fue eliminado en julio de 2015 por exceder los tiempos reglamentarios de permanencia en los programas de magíster de nuestra facultad”.

La Universidad de Chile envió a CIPER la resolución N° 101 del 16 de junio de 2015, en que resuelve la eliminación académica de Aldunate del programa de magister (ver documento). La postulación de Aldunate al registro de peritos de la Corte de Apelaciones, fue hecha dos meses después.

CIPER encontró un caso aún más extremo. Carolina Alarcón Vásquez, socia de Profam – junto a Claudia Svilanovich y Claudio Concha-, se identifica en sus informes ante los juzgados de familia como psicóloga clínica. Sin embargo, nunca acreditó sus estudios en Chile.

Alarcón cursó la Licenciatura en Psicología en el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas en México entre 2005 y 2008. CIPER encontró informes periciales de Alarcón desde 2010. Desde entonces Alarcón pudo realizar su labor de perito para juzgados de familia sin problemas. Hasta que en noviembre de 2014 un hombre que perdió la tuición de su hija -luego de protagonizar una guerra de peritajes con Alarcón y su empresa Profam-, la denunció. La causa está abierta en la justicia penal (ver recuadro).

A través de Transparencia de la Secretaría de Educación del Estado de Colima (México), CIPER tuvo acceso a la carpeta académica de Alarcón. Según esta documentación, en julio de 2015, su título habría sido anulado. La razón: “La obtención del título de licenciada en psicología, bajo la modalidad de examen general profesional nunca tuvo lugar, pues de la simple lectura del expediente escolar de la ex alumna, se observa que aún no cumple con todos los trámites necesarios para titularse” (ver acta).

Es más, a simple vista sus estudios cursados en México no son comparables a las mallas curriculares chilenas. La universidad donde realizó sus estudios divide su enseñanza en cuatrimestres (4 meses consecutivos), de los cuales Alarcón cursó ocho con un total de 64 cursos realizados en tres años y medio (ver ramos cursados por Alarcón en México).

Las diferencias curriculares quedan claras al hacer la comparación con la malla de Psicología de la Universidad de Chile (casa de estudios que valida los títulos extranjeros) donde son 54 cursos divididos en 10 semestres, o sea cinco años.

El problema es que, incluso validando su título, la casa de estudios mexicana que se lo entregó es parte del grupo de establecimientos universitarios conocidos comúnmente en México como “universidades patito”: instituciones privadas de muy mala calidad y que buscan el lucro ante todo.

Pese a no haber acreditado su formación ante ningún organismo en Chile, Alarcón ha realizado peritajes en juicios donde se ha decidido el futuro de decenas de niños y, en más de una ocasión, ha aparecido en programas de televisión dando su opinión de experta sobre casos de alta connotación pública (ver video).

CIPER se contactó con Alarcón para preguntarle sobre su situación académica, pero respondió que no se referiría al tema. Personas cercanas a ella aseguraron que sí se tituló en México y que los documentos oficiales que dicen lo contrario habrían sido rectificados este año, pero no entregaron copia. Aún si esto fuera cierto, no poseía certificado de grado al momento de hacer los peritajes judiciales y nadie se los exigió.

Fue a través de un registro de estacionamiento que la PDI estableció que el diputado por Curicó, Roberto León Ramírez (DC), estuvo en la sede de SQM, en Las Condes, el 17 de octubre de 2013. Esa tarde León se reunió con el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, personaje clave en la trama del financiamiento ilegal de la política y hoy formalizado por delitos tributarios y soborno.

Patricio Contesse

Veinte días después (6 de noviembre), León envió en su calidad de diputado un oficio al titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, requiriendo detallada información sobre las operaciones de sociedades ligadas al entonces Presidente, Sebastián Piñera, con acciones de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, las tressociedades “Cascadas” a través de las cuales Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, mantiene el control de Soquimich.

Coloma, nombrado por Piñera, encabezó una investigación a las operaciones de las “Cascadas” y el 6 de septiembre de 2013, solo dos meses antes del oficio del diputado León, levantó cargos contra Ponce Lerou y otros tres ejecutivos de su círculo duro -entre ellos Patricio Contesse Fica, hijo del gerente general de SQM-, por vulnerar la ley de sociedades anónimas y valores, perjudicando a accionistas minoritarios, entre ellos los fondos de AFP. La guerra entre SQM y La Moneda estaba declarada y la artillería de Ponce Lerou en esos mismos días apuntaba directo a Piñera.

Meses más tarde, cuando se formó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por las “Cascadas”, Roberto León participó en cuatro sesiones sin ser integrante, en las que criticó duramente a la SVS.

El diputado, considerado un “cacique” en su zona donde ha sido cinco veces electo, negó a CIPER haber sido un instrumento de SQM. Pero su actuar respecto a Piñera y la SVS coincidieron con los argumentos de Ponce Lerou. Así se constata al comparar las declaraciones del controlador de SQM con los oficios de León y sus intervenciones en la Cámara.

Las boletas pagadas por SQM al hijo de Roberto León por servicios nunca prestados –y rectificadas por SQM-, y que son investigadas por el Ministerio Público, constituyen un nuevo agravante para el diputado, quien acusa un “asesinato de imagen” de los medios de comunicación.

Su hijo, el agrónomo Roberto León Araya, fue formalizado el 31 de agosto pasado por emitir 63 boletas de honorarios a SQM entre 2009 y 2014 por $157 millones, sin haber prestado servicios reales, lo que ocasionó un perjuicio tributario de $56,6 millones, según el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Coincidentemente, su padre, el diputado, mantiene una estrecha amistad con Patricio Contesse, quien posee un fundo en Curicó. La investigación de la Fiscalía descubrió que Contesse le pidió ayuda a León Ramírez para resolver un problema de agua en su predio.

Julio Ponce Lerou

En el mapa de los lazos de León con SQM aparece otro militante DC: Marcelo Rozas, ex embajador en la República Checa, ex integrante del grupo DC conocido como los “salvadoreños” y miembro del sector “guatón” de ese partido, al que también pertenece el diputado León. Rozas era uno de los asesores permanentes y más antiguo de Ponce Lerou y de Contesse, y fue quien gestionó los pagos de SQM para Roberto León hijo. Rozas fue quien presentó a Contesse a los hijos del senador Jorge Pizarro–otro integrante del sector de los “guatones”- por cuyas asesorías verbales los jóvenes recibieron $48 millones de SQM, también rectificados por la minera.

El fiscal Pablo Gómez, quien dirige la investigación de la arista SQM, tiene bajo la lupa a dos sociedades relacionadas con estos pagos: Kmaleon, de propiedad de León hijo y que facturó $13 millones a la campaña parlamentaria de su padre en 2013; y La Bayanca, en la que León padre e hijo son socios de Danilo Rivas Zlatar, el gestor de negocios ligado a los negocios de Carlos Cardoen y vinculado a la licitación irregular de la plataforma tecnológica del Registro Civil en 2007.

Pero el diputado León insistió a CIPER: “Yo quiero que alguien diga la verdad. No fui operador de la comisión por ‘Cascadas’, no he apoyado nunca a SQM ni a Ponce Lerou. Es más, he votado en contra de lo que a ellos les convenía”.

COINCIDENCIAS QUE ACUSAN

“Sí, efectivamente, siempre hablaba con Patricio Contesse en Curicó o en la oficina. Patricio tenía muchos contactos y se interesaba por saber qué estaba pasando en el caso mío en la provincia (Curicó) y eso fue”, dijo Roberto León a CIPER, sobre su reunión con el ejecutivo de SQM del 17 de octubre.

-¿Conversaron en esa reunión sobre el “Caso Cascadas” y Sebastián Piñera?

Sebastián Piñera

-Absolutamente nada, pero nadie lo va a creer. Van a decir que fui a recibir instrucciones, lo que es ridículo porque si así fuera habría integrado la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre “Cascadas”. Matías Walker (diputado DC) me ofreció que me metiera y le dije que no -aseguró León.

El 6 de noviembre de 2013 la secretaría de la Cámara de Diputados despachó el oficiodel parlamentario dirigido al titular de la SVS, Fernando Coloma. En tres carillas León solicitó antecedentes muy precisos:

“Individualizar las operaciones con acciones de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, en que hayan participado las sociedades Bancard y/o Santa Cecilia, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011; y Axxion, entre el 1 de enero de 2008 y la fecha en que el Presidente Piñera se desvinculó de la propiedad de dicha compañía”.

También solicitó “las diligencias practicadas por la SVS en relación con las operaciones, así como los análisis efectuados en relación con ellas, especialmente los relativos a la modalidad bursátil y precios”. E informar “si el Presidente de la República y sus sociedades de inversión (Bancard y Santa Cecilia) vendieron su participación en las sociedades de la “Cascada” controladora de Soquimich, antes de marzo de 2010. A quién fueron vendidas, en qué fecha, bajo qué modalidad y en qué condiciones”.

León requirió a la SVS, además, “si las referidas acciones fueron entregadas en administración a algunas entidades del denominado fideicomiso ciego” que Piñera constituyó en 2009; si las entidades a cargo del fideicomiso habían vendido dichas acciones, cuántas quedaban en su poder y pidió copia del contrato de fideicomiso sobre las acciones de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera de propiedad de Bancard y Santa Cecilia (ver oficio No. 13.499).

Solo dos semanas antes  –el 23 de octubre de 2013- Ponce Lerou había lanzado un misil contra Piñera a través de un documento que sus abogados ingresaron a la SVS. En él acusó al entonces mandatario de haber participado en al menos tres de las operaciones “Cascadas” sancionadas por la SVS. Al igual que León, los abogados pedían antecedentes sobre la participación de las sociedades de Piñera en las “Cascadas” y detalles del fideicomiso que firmó antes de llegar a La Moneda.

El controlador de SQM acusó que la SVS no revelaba el nombre del vendedor de las acciones, no se refería al precio al que fueron transadas y tampoco cuestionaba la modalidad en que se inscribieron y ejecutaron las operaciones en la Bolsa, y puso en duda la independencia del superintendente Coloma para llevar a cabo la investigación (ver artículo de El Mostrador).

La comparación entre el oficio de Roberto León y la acusación de Ponce Lerou arroja que coinciden en apuntar a las sociedades de Piñera, de su fideicomiso, del precio de venta de las acciones  de las sociedades “Cascadas” y de la modalidad bursátil utilizada en la operación.

Fernando Coloma

La respuesta de la SVS al diputado León tiene fecha 12 de diciembre de 2013. En ella, el superintendente Coloma explicó que por la obligación de reserva no podía entregar parte de la información solicitada por León y afirmó que la SVS no había recibido antecedentes que vincularan a Bancard, Axxion y Santa Cecilia en el llamado “esquema” de las sociedades “Cascadas” (ver respuesta de la SVS).

Terminaba el verano y a fines de febrero de 2014 los abogados de Ponce Lerou acusaron públicamente a la SVS de un doble estándar: Piñera había realizado operaciones similares a las que la SVS le cuestionaba al controlador de SQM. “Lo único que queremos es que se nos mida con la misma vara. O las operaciones son válidas para todos o no son válidas para nadie”, afirmaron los abogados Raimundo Labarca y Jorge Bofill. Se referían a las operaciones bursátiles del 12 y 22 de mayo de 2008 en las que intervinieron Axxion, Bancard y Santa Cecilia.

Coincidentemente, el oficio que Roberto León le envió a la SVS pedía que la superintendencia hiciera “especial mención a las operaciones del 12 y 22 de mayo de 2008”.

Escasos días después -7 de marzo- Julio Ponce Lerou lanzó una frase que corrió como reguero en los medios de comunicación: “Si su Excelencia el Presidente de la República no hubiese participado en las ‘Cascadas’, no habría ‘Caso Cascadas’”.

LEON: “YO DIGO ¿Y DE PIÑERA NADA?”

CIPER preguntó a Roberto León por las coincidencias entre sus oficios y la defensa del controlador de SQM:

-En el momento en que aparece en la prensa la operación “Cascadas”, yo digo: ¿y de Piñera nada? Entonces, antes de que se formara la comisión investigadora yo pedí que la SVS explicara por qué para un mismo hecho a uno le aplicaban un criterio y a otro uno distinto. Ese era todo el sentido de mi oficio.

-Su planteamiento era similar al de la defensa de Ponce Lerou, ¿no le hizo un favor a SQM?

Carlos Pavez

-En absoluto. Para mí SQM no era tema. Fui capaz de decir “no conozco a Ponce Lerou y me da lo mismo lo que pase con él” antes de la comisión “Cascadas”. Y nadie publica que en 2010, en la  invariabilidad tributaria (Ley del Royalty Minero) voté en contra de la idea de legislar y del artículo 4º transitorio que favorece a SQM. Voté en contra de SQM en una época en que ya estaban las boletas y que las platas eran para mi hijo. Si había algo de mala fe lo lógico es que votara  a favor de esa ley.

Instalado el gobierno de la Nueva Mayoría, el 2 de abril de 2014 Roberto León envió un nuevo oficio a la SVS, esta vez dirigido al superintendente Carlos Pavez, quien reemplazó a Coloma. Pidió los anexos de los contratos del fideicomiso de Piñera para establecer cuáles acciones constituían su patrimonio, cuándo se firmaron los contratos, el detalle de las operaciones realizadas por los administradores del fideicomiso con acciones de las “Cascadas”, las modificaciones a los contratos del fideicomiso y si las acciones de las sociedades “Cascadas” habían sido vendidas o devueltas a Piñera luego de terminar su periodo presidencial (ver oficio N° 237).

La respuesta de Pavez llegó a la Cámara en agosto de 2014. En ella no se entregó información y solo se afirma que no hay denuncia fundada contra Piñera (ver respuesta de la SVS).

NUEVOS DISPAROS DE LEON

León fue uno de los 51 diputados que solicitó la constitución de la comisión investigadora del “Caso Cascadas” el 3 de junio de 2014. Trece diputados integraron la comisión (siete de la Nueva Mayoría más el independiente Gabriel Boric y cinco de Chile Vamos). Presidente fue elegido Fuad Chahín (DC). El jefe de la bancada de RN, Nicolás Monckeberg (también integró la comisión) dijo entonces que el objetivo del oficialismo era dañar la imagen del ex mandatario.

León admitió a CIPER que, a pesar de que no era miembro de esa comisión investigadora, asistió a cuatro sesiones. Una de ellas se realizó el 23 de julio –expuso el superintendente Carlos Pavez- y el acta solo consigna que se propuso “continuar en una próxima sesión con las consultas del diputado León” (ver acta).

El 4 de agosto Pavez continuó su exposición y Roberto León volvió a hacerse presente para reclamar allí que el superintendente no había respondido lo solicitado en su oficio. Acto seguido, al igual que los abogados de Ponce Lerou, denunció un doble tratamiento por parte de la SVS:

“Cuando se habla de remates de acciones de Calichera, la SVS explica quién fue el corredor: Larraín Vial, el día, la hora y el precio del remate (…) y de las que menos información entrega, por pura casualidad y coincidencia, es la que afecta a Axxion y Bancard”, afirmó ese día León.

Ante la negativa de Pavez de responder sus consultas, Roberto León solicitó que se dejara constancia “del tratamiento diverso que se hizo en operaciones de Bancard, de Sebastián Piñera, con otros que no eran sociedades de su propiedad”. Y destacó que Pavez había reconocido que antes trabajó para Bancard.

LA PREGUNTA DE BORIC

En esos días la investigación a SQM por el financiamiento ilegal de la política no estaba en el horizonte. Pero una pregunta formulada por el diputado Gabriel Boric el 4 de agosto de 2014 en la comisión investigadora, fue un augurio del terremoto que se venía encima: “Que se aclare de manera diáfana si algunos de los diputados miembros de la comisión  han recibido algún tipo de financiamiento directo o indirecto de parte del señor Ponce Lerou o de las sociedades Cascadas”.

El diputado Fuad Chahín respondió que él no había recibido nada del controlador de SQM y cerró la sesión precisando que en la próxima reunión “el diputado Boric puede formular a los demás diputados la consulta y cada uno verá si la responde o no” (ver acta).

Las críticas de León al ex superintendente Fernando Coloma y a Carlos Pavez persistieron en las sesiones de la comisión del 6 y 20 de agosto de 2014: “Es sumamente importante  para el objetivo de esta comisión establecer si actuaron o no con la debida transparencia e imparcialidad (…) hay que recordar que (Piñera) fue el patrón del superintendente actual”, dijo León.Y acusó que Pavez, cuando se desempeñaba en 2006 en la SVS como jefe de cumplimiento de mercados, no hizo cargos contra Piñera por uso de información privilegiada en LAN, sino que “salió con esta figura especial que se llamó infracción al deber de abstención” (ver acta).

León no asistió a ninguna otra sesión de la comisión investigadora. No estuvo presente en noviembre cuando se recibió la respuesta por escrito de Ponce Lerou al cuestionario que se le envió. En ella, el controlador de SQM expresó: “Me parece imprescindible que el mercado tenga acceso al detalle de los activos de autoridades del gobierno anterior. Me refiero especialmente al fideicomiso ciego del señor Sebastián Piñera”. Y criticó al ex superintendente Coloma por conducir una investigación “que adolece de un sinnúmero de vicios procedimentales” (ver respuesta de Ponce Lerou).

Fiscal Pablo Gómez

En febrero de 2015 aparecieron los primeros antecedentes de la participación de SQM en el financiamiento irregular de dirigentes y campañas políticas. Uno de los nombres que saltó fue el de Roberto León Araya, hijo del diputado que había mantenido durante casi un año un permanente asedio a Piñera y a la SVS.

CIPER le preguntó al diputado León por qué no había revelado los pagos de SQM a su hijo cuando Boric hizo la pregunta:

-Pero si yo no había recibido dinero de SQM, ¡cómo lo iba a decir!

-¿Sabía en ese momento que su hijo había asesorado a SQM?

-Tengo entendido que sí. Pero por favor, si la pregunta era a los diputados. Dicen que eran platas para financiar mis campañas, pero Roberto las gastaba en sus asuntos familiares.

-Usted dice que no quiso integrar la comisión investigadora de “Cascadas”, pero asistió igual y envió dos oficios.

-Fui a la comisión para enfrentarme con el superintendente y si se ven las actas llegué a decirle que había un criterio distinto con Piñera porque había sido su patrón en Bancard. La comisión tuvo 16 sesiones, ¿a cuántas fui?: a cuatro, porque iba solo por el tema Piñera. No hay ninguna pregunta mía del tema “Cascadas”.

“CONTESSE, UNA BELLISIMA PERSONA”

El diputado por Curicó reconoció a CIPER su amistad con el ex gerente general de SQM. Afirmó que se conocen desde hace 10 a 15 años y acotó: “Patricio Contesse es una bellísima persona y agricultor curicano. En su época, SQM donaba a un hogar de niños, pero ahora dejó de hacerlo”.

-¿Conversó con Patricio Contesse para que su hijo Roberto realizara asesorías a SQM?

-No fue necesario. La asesoría era para Marcelo Rozas y al igual como lo hacen todos los consultores, es el consultor al final quien dice a quién va a girar la boleta. Roberto no tuvo ninguna relación directa con SQM, lo dijo en su declaración. La relación era con Marcelo Rozas, no con SQM, algo que Rozas ha reconocido. Es tan efectivo eso que el talonario de boletas de mi hijo lo tenía Marcelo, porque como Roberto vive en Curicó lo llenaba el secretario de Marcelo, lo que está reconocido en el expediente.

La amistad con Contesse también incluyó favores del diputado. La Fiscalía estableció que León gestionó ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP) la solución del problema que tenía Contesse con un pozo de agua de su fundo “Corral de Pérez” (localidad de Upeo), donde el ex gerente general de SQM permaneció con arresto domiciliario hasta mayo de 2016. El predio pertenece a la sociedad Mallinko (originalmente Socope), la que en 2012 registraba un capital de $3.775 millones.

En un correo electrónico de 2007, Contesse instruye a su secretaria, Katherine Bischof, reenviar una minuta a Roberto León sobre la regularización de un pozo en su fundo en Curicó.

Sobre ese correo y las gestiones que realizó en favor de Contesse ante el MOP regional, Roberto León dijo a CIPER:

-Mi prestigio en la provincia de Curicó es de ser un gran gestor sin hacer distinción alguna a quien ayudo. Son muchas las personas y empresarios que me piden. Y mire lo rasca de esa petición: no es que hable con el ministro, ni con el director nacional de la DOH (Dirección de Obras Hidráulicas del MOP). Lo puse en contacto (a Contesse) con el director regional (del Maule) y al final nunca tuve idea en qué quedó eso. Lo que pasa es que como la PDI no pudo encontrar nada más, halló ese correo. Está bien, todo hay que ponerlo en duda. ¿Pero creen que pedir que lo reciba el director regional de la DOH vale $120 millones? ¿Por qué cuesta tanto creer la verdad? Que Marcelo Rozas, que conocía a mi hijo, lo contacta. Pero no hay financiamiento de la política.

EMPRESA DE LOS HIJOS EN CAMPAÑA

Firma mensual y arraigo nacional fueron las medidas cautelares que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago impuso a Roberto León Araya el 31 de agosto de 2016, en la audiencia en que se le imputaron 63 boletas a SQM por $157 millones, por servicios no realizados. León hijo está querellado por el SII desde el 12 de abril de 2016.

En la audiencia de agosto también fueron formalizados por el mismo delito Marcelo Rozas, su ex cónyuge Michelle Reymond, su hijo Daniel Rozas y Sebastián Pizarro, hijo del senador Jorge Pizarro (DC). El Ministerio Público investiga si esos dineros sirvieron para financiar campañas políticas.

Sebastián Pizarro

Cuando León Araya fue interrogado por los fiscales el 29 de junio de 2016, afirmó que el dinero que recibió de SQM “lo usé en gastos personales y en los gastos que generó la enfermedad de mi señora”. Diana Ricketts Bustamante, su cónyuge, falleció por un cáncer en marzo de 2014.

En el mismo interrogatorio, el hijo del diputado León afirmó que solo prestó servicios en junio y julio de 2009, pero la razón por la que los pagos de SQM se extendieron hasta 2014 fue la enfermedad de su esposa.

León Araya también dijo ante los fiscales: “Nunca conocí a alguien de SQM ni estuve allí y no conozco a su gerente general”. Y afirmó que por amistad familiar recurrió a Marcelo Rozas en busca de trabajo y que el ex embajador le dijo que entregara boletas mensuales por $2,5 millones a SQM, empresa que le pagaría los servicios que le daría al mismo Rozas. “Marcelo no me explicó ni yo le pregunté por qué los servicios que yo le iba a prestar a él me los iban a pagar de SQM, a mí solo me interesaba que me pagaran”, declaró.

El Ministerio Público está investigando las sociedades comerciales en las que participa Roberto León Araya. Inmobiliaria e Inversiones La Bayanca fue constituida en 2002 por su padre junto a su hermana (María Paz) y el gestor de negocios Danilo Rivas Zlatar. La Bayanca partió con un capital de $190 millones, de los cuales el diputado León aportó $140 millones y Rivas $40 millones. La empresa, según el SII, registra el último timbraje en 2002.

Otra de sus sociedades es R y S Agrícola y Comercial (2005) junto a su hermana (María Paz) y sus primos Paola y Francisco León von Muhlenbrock, con un capital de $4 millones. También con su hermana María Paz constituyó en 2012 Kmaleon, en los rubros de propaganda y seguridad industrial, con un capital de $5 millones. En 2014 creó Agrícola Santa Camila SpA, con $10 millones de capital, y en 2015 se asoció con Emilio Vila Cervera para formar el Grupo Emro SpA, con un capital de $2 millones. Esta empresa no tiene movimiento, dijo León Araya a los fiscales.

La que sí ha tenido actividad es Kmaleon: aparece en el Servicio Electoral (Servel) con  $13,3 millones por impresión de propaganda, llaveros, linternas y confección de poleras, en los gastos de la campaña a diputado de su padre en 2013.

Al ser interrogado sobre Kmaleon, León Araya declaró que no sabía si la empresa había participado en la campaña de su padre: “Mi tío podría saberlo ya que él estaba a cargo”. Y debió admitir que era el representante legal de Kmaleon y que giraba los cheques de la sociedad.

Sobre la sospecha de que el trabajo de Kamaleon en su campaña fuera pagado por SQM, ya que su hijo boleteaba a la minera en la misma época, Roberto León dijo a CIPER:

-¡Pero de dónde! Kmaleon nunca tuvo negocios con SQM. Mi hermano Patricio lleva más de 20 años en la publicidad corporativa y se armó esta sociedad que él administra. ¿A quién voy a mandar a hacer la publicidad? ¿A la competencia? Absurdo. No hay ninguna empresa de SQM que haya facturado a Kmaleon.

ADVERTENCIA DEL SII

En su declaración de patrimonio (marzo de 2016), el diputado León registró tres sociedades y no consignó ningún bien raíz. La primera empresa es Roberto León Ramírez y Otro, creada en 1993 para la explotación de bosques. Sobre ella recae aún una advertencia del SII por no presentar declaraciones de IVA, y se alerta de que, en caso de realizar transacciones con ella “el crédito fiscal originado en tales operaciones podría ser rechazado”.

La segunda, es Imagen País que el diputado formó en 2004, luego de perder la elección en 2001, cuando postuló a senador. Su rubro: la publicidad. No registra timbraje desde 2005. La última es La Bayanca, donde posee el 73,5% de los derechos y es socio -junto a sus hijos- de Danilo Rivas.

Cuando a León Araya los fiscales le preguntaron por La Bayanca, dijo desconocer quiénes eran sus socios: “Me imagino que mi mamá me integró a ella por el tema de unos bosques en Vichuquén (…) Yo no tengo participación activa y no sabía que mi padre también formaba parte de La Bayanca. Debe ser un fundo de unas 400 hectáreas”.

SOCIO VINCULADO A PLATAS DE PINOCHET

Danilo Rivas, el socio del diputado León en La Bayanca, no es un desconocido. En 2008 era director de Inmobiliaria La República, empresa que administraba los bienes de la Masonería. En 2009 fue formalizado junto al ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, por cohecho y fraude al fisco frustrado por la licitación de la plataforma tecnológica del Registro Civil que benefició a la empresa india Tata. En 2010 se dictó el sobreseimiento temporal de Danilo Rivas y otros de los imputados.

Fue el escándalo del Registro Civil el que sacó a la luz sus negocios, como su conexión con las empresas de Carlos Cardoen. Rivas era director de Socimer Chile y del Banco del Pacífico, el que Cardoen vendió posteriormente al Banesto español. En Socimer y en el Banco del Pacífico Rivas compartió con Francisco Lyon Ossa, quien manejaba dineros de la familia de Augusto Pinochet. En 2003 se transfirieron desde una cuenta secreta de Pinochet en el Banco de Chile de Nueva York, US$279 mil a una cuenta del CFI International Corp., cuyo único representante en Chile era Danilo Rivas. El dinero volvió a Nueva York, pero esta vez a una cuenta del Banco de Chile a nombre de Jacqueline Pinochet (ver reportaje CIPER).

CIPER le preguntó al diputado León si seguía siendo socio de Rivas en La Bayanca:

-Es un antiguo amigo y me compró una parte del campo. Necesité dinero cuando salí de la Cámara, pero no es algo que tenga que ver con SQM. En La Bayanca sigue siendo socio y hace años que no lo veo. Con Danilo tenía más relación cuando no era diputado, pero como diputado muy poca.

EL ROL DE MARCELO ROZAS

Una larga amistad personal y política vincula al diputado Roberto León con Marcelo Rozas, el asesor de confianza de Julio Ponce Lerou y Patricio Contesse, y quien tejió la relación de SQM con el hijo de León y los hijos del senador Jorge Pizarro.

Rozas fue formalizado el 31 de agosto por emitir boletas y facturas falsas por un total de $523 millones (lo que incluye boletas de su ex esposa y su hijo), causando un perjuicio fiscal de $187,7 millones.

El ex embajador en República Checa durante el primer gobierno de Michelle Bachelet dijo a los fiscales que prestaba asesorías verbales “casi diarias” a Ponce y Contesse desde 1997. Y afirmó que fue él quien pidió a Contesse que recibiera a los hijos del senador Pizarro. Así se cerró el acuerdo para que Ventus Consulting, de Jorge y Sebastián Pizarro Cristi, prestara servicios a SQM por un total de $45 millones, trabajos que para SQM no existieron y que causaron un perjuicio fiscal de $16 millones.

Quienes conocen a Rozas recuerdan que en varias ocasiones relataba que era consultado no solo por SQM, sino por gobiernos extranjeros y dignatarios internacionales. Por ello resulta a lo menos curioso que para la asesoría que Rozas hacía a Contesse, necesitara los informes “verbales” de los hermanos Pizarro, los que uno de ellos le entregaba en el café Tavelli del Drugstore (Providencia), una vez al mes. El secretario de Rozas, Daniel Muñoz Miranda, declaró ante los fiscales: “Los hermanos Pizarro son para don Marcelo como su familia… Don Marcelo se juntaba con uno de los niños en el Tavelli, porque creo que trabajaba en TVN”, cuya sede está ubicada en las cercanías del café.

Jorge Pizarro

Sobre cómo se vinculó el hijo de Roberto León con SQM, Marcelo Rozas afirmó en el interrogatorio del 14 de abril de 2016 que el diputado le presentó a su hijo por una compra de perros: “Él iba a viajar a Argentina a comprar unos perros bien agresivos, yo quería un pastor rodesiano”. Tiempo después, según Rozas, lo recomendó a Contesse: “Se había casado y tenía un hijo y le pregunté si podía hacerme informes sobre fertilizantes. Le pedí a Contesse que lo contratara para que trabajara conmigo”. Y agregó que, cuando la esposa de León Araya enfermó, el agrónomo ya no estaba en condiciones de trabajar, por lo que consultó a Contesse si se terminaba el contrato y Contesse optó por continuar los pagos en virtud de la salud de su esposa.

El diputado León, el senador Pizarro y Marcelo Rozas comparten un itinerario político: son históricos integrantes del sector “guatón” de la Democracia Cristiana, en el que también participa el ex diputado Gutenberg Martínez.

La amistad del trío y Martínez –que lidera el grupo- se forjó en la Juventud Demócrata Cristiana en la oposición al gobierno de la Unidad Popular y perduró durante el régimen militar, periodo en el que Rozas partió –con otros DC- a El Salvador para asesorar al gobierno de Napoleón Duarte, quien libraba entonces una guerra civil con la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí. En ese período, Roberto León radicó su actividad política en la VII Región, siendo presidente del PDC en Licantén.

El financiamiento ilegal de SQM a los hijos de León y Pizarro, sumado al de Marcelo Rozas, ha provocado problemas en ese sector de la DC. El escándalo estalló cuando Pizarro era presidente del partido, cargo al que tuvo que renunciar.

Roberto León, en cambio, no es un dirigente influyente en su partido. Controla bien los hilos políticos en su zona para mantener su poder local y casi nunca asiste a las reuniones del Consejo Nacional. Solo lo hace cuando quiere asegurarse de que los candidatos a alcaldes y concejales en las comunas de su distrito sean de su confianza.

En septiembre de 2011 la Municipalidad de las Condes recibió una oferta para comprar una propiedad de más de 2.000 m² ubicada en Curaco N°1886. La propuesta era tentadora: UF19.500 ($433,8 millones, valor de la época) por un inmueble que el Banco BCI tasó en UF 23.113 ($507,5 millones). “No existe oferta similar en el sector”, se lee en el informe del banco.

El 8 de septiembre, el Concejo Municipal, presidido por el alcalde Francisco de la Maza (UDI), resolvió adquirir la propiedad, lo que se concretó el 6 de diciembre de 2011. El municipio de Las Condes, tal como se lee en las escrituras que revisó CIPER, pagó los $433 millones en efectivo.

Juan Manuel Fuentealba

Esta fue la primera de las tres ventas de propiedades que pertenecían a la Fundación de Señoras del Ejército (creada en 1984 por Lucía Hiriart),y quefueron ejecutadas entre 2011 y 2013 por su entonces presidenta: Anita María Pinochet Ribbeck, esposa del general Juan Miguel Fuente-Alba, quien fue comandante en jefe del Ejército entre 2010 y 2014. Las ventas de los tres inmuebles –todos donados por el Fisco- sumaron $928,7 millones.

El 26 de julio pasado, Anita María Pinochet debió presentarse ante el fiscal José Morales para declarar como imputada en la causa que abrió la Fiscalía Centro Norte para investigar el presunto enriquecimiento ilícito del general Fuente-Alba. Ese día, la esposa del ex comandante en jefe –quien declaró ser  “dueña de casa”- debió responder sobre su elevado registro de inversiones y gastos. Entre ellos, figuran abultadas sumas que se repiten en tiendas de lujo como Hermés, la mexicana Pineda Covalin y la de uno de los diseñadores de interior más cotizados en Chile, Enrique Concha.

En el interrogatorio se buscaron respuestas para los bienes inmuebles, vehículos e instrumentos financieros que acumula el matrimonio. Su cuantía no calza con el nivel de ingresos del militar. En ese contexto, las transacciones de la fundación que presidió Ana María Pinochet también caen bajo la lupa del Ministerio Público.

Al igual que CEMA Chile –institución a través de la cual la esposa de Pinochet se apoderó de más de 230 inmuebles de propiedad del Estado (ver reportaje de CIPER)–, la Fundación de Señoras del Ejército ha sido depositaria de un millonario patrimonio inmobiliario de origen fiscal. La indagación de CIPER arrojó que las propiedades donadas por el Estado a esta fundación suman un avalúo de $1.254 millones.

La investigación de CIPER reveló también que siendo Lucía Hiriart la presidenta de la Fundación de Señoras del Ejército, dispuso que en caso de disolución, todos sus bienes fueran traspasados a la Fundación de Apoyo Social, entidad “espejo” de CEMA, la que la entonces esposa de Pinochet creó en 1983. Cuando en marzo de 1998 Augusto Pinochet finalmente abandonó la jefatura del Ejército, esa decisión no perduró.

La Fundación de Señoras del Ejército tiene su sede central en una gran casa en Presidente Errázuriz (Las Condes), cuyo avalúo fiscal alcanza los $1.600 millones. La casa tiene historia: allí residió la familia del general Carlos Prats, quien fuera comandante en jefe del Ejército hasta agosto de 1973. En septiembre de ese año, después del Golpe, llegaron nuevos ocupantes: la familia Pinochet-Hiriart, que permaneció allí hasta 1998, cuando asumió Ricardo Izurieta la Comandancia en Jefe del Ejército. El general Izurieta no quiso utilizar el inmueble como vivienda. Desde entonces, la fundación –que es presidida por la cónyuge del comandante en jefe de turno–, opera en la casona de Las Condes.

EL ORIGEN DE LAS “SEÑORAS DEL EJÉRCITO”

La Fundación de Señoras del Ejército fue creada el 9 de marzo de 1984 por Lucía Hiriart (ver recuadro). Solo días después, el 29 de marzo, la esposa de Augusto Pinochet creó una segunda y desconocida fundación: Jardines Infantiles y Navidad (FJIN), institución que a poco andar se transformó en un nuevo botín –tal como lo era ya CEMA– para la entonces primera dama.

La historia de ambas fundaciones está íntimamente ligada tanto en su origen como en su desarrollo. Veinte años después, el 26 de marzo de 2004, la Fundación Jardines Infantiles y Navidad dejó oficialmente de existir. Los estatutos vigentes al momento de su disolución tenían un mandato claro: todos los bienes y patrimonio de la FJIN debían ser traspasados a la Fundación de Señoras del Ejército.

Sede Fundación de Señoras del Ejército, Santiago.

Fue así como la fundación ubicada en Presidente Errázuriz recibió seis propiedades avaluadas en $1.254 millones: dos propiedades en Las Condes (Curaco N° 1886 y El Trombón N° 7557); una en Providencia (Manuel Antonio Prieto N° 0115); una en Cerro Navia (entre calles Siberia y Máximo Gorki); una en La Florida (en Los Cactus N° 1885); y una en Putaendo (Ejército Libertador sin número). Todas correspondían a donaciones realizadas por el Fisco entre 1986 y 1988 a la FJIN, entidad manejada por Lucía Hiriart en calidad de presidenta nacional.

La historia pudo ser distinta. En los estatutos iniciales de la Fundación Jardines Infantiles y Navidad (1984), revisados por CIPER, queda claro cómo esta fundación también fue diseñada por Lucía Hiriart como un resorte para asegurarse un millonario patrimonio inmobiliario a futuro. Al final del acta de constitución de la FJIN (artículo 63) se señala: “En caso de disolución de la fundación, los bienes que forman su patrimonio pasarán a la Fundación de Apoyo Social”.

La Fundación de Apoyo Social o FAS es una institución “hermana” de CEMA Chile y parte de la red a través de la que Lucía Hiriart y su familia administra las cientos de propiedades de origen fiscal aún en su poder. Por mandato FAS es también la depositaria natural de parte de los bienes de CEMA en caso de que ésta se disuelva. De acuerdo a la investigación del programa Contacto (Canal 13), a diciembre de 2014, FAS registraba activos avaluados en $1.377 millones, aunque nada se sabe de las actividades que realiza.

En rigor, Jardines Infantiles y Navidad existía desde mucho antes de que Pinochet se tomara el poder. Había sido creado como comité (no fundación) bajo el gobierno del ex presidente Juan Antonio Ríos, en 1944. La FJIN creada por Lucía Hiriart reemplazó al Comité de Jardines Infantiles y Navidad: la fundación “realiza las funciones que antes cumplía el comité”, se lee en un acta de la Junta Militar del 15 de octubre de 1985, en la que se ordenó el cierre de la entidad creada en la década de los ’40.

En noviembre de 1985, el Ministerio de Justicia canceló la personalidad jurídica al Comité de Jardines Infantiles y Navidad. En ese mismo acto, se ordenó que la extinta institución traspasara todos sus bienes, franquicias y beneficios a la nueva fundación de Lucía Hiriart. Entre estos beneficios se encontraban los dineros que la Polla Chilena –según Decreto 2.413 del Ministerio de Hacienda– le entregaba desde 1978 al comité y que correspondían al 10% de lo que quedara luego del pago de premios y gastos de administración.

Las únicas instituciones que recibían más que el comité eran el Cuerpo de Bomberos de Chile (15,5%) y la fundación predilecta de Lucía Hiriart: CEMA Chile (20%).

Cuando Pinochet abandonó la Comandancia en Jefe del Ejército en marzo de 1998, las amarras que había dejado Lucía Hiriart para que los bienes de la FJIN pasaran a su Fundación de Apoyo Social, se desataron. A partir de ese año se suceden una serie de cambios en la Fundación de Jardines Infantiles y Navidad y en la Fundación de Señoras del Ejército.

Bajo la dirección de Beatriz Linzmayer, esposa del entonces comandante en jefe Ricardo Izurieta, la Fundación de Señoras del Ejército fue reestructurada (dejó de llamarse Fundación de Señoras de Oficiales del Ejército) “ampliando su ámbito de acción e integrando a todas las señoras del Ejército”, según sus memorias.

Ese no fue el único cambio. Se dispuso además que en caso de disolución los bienes de la FJIN fuesen transferidos a la Fundación de Señoras del Ejército. Y así fue. El Decreto 251 del 26 de marzo de 2004 del Ministerio de Justicia sancionó la disolución de la FJIN y con ello todos sus bienes pasaron a formar parte del patrimonio de la fundación castrense.

EL PERIODO DE PINOCHET RIBBECK

Antes de asumir en marzo de 2010 en sus nuevas labores como presidenta de la Fundación de Señoras del Ejército, Anita María Pinochet registra trabajos esporádicos como secretaria ejecutiva bilingüe y profesora de “cocina en microondas”. Ha acompañado a su marido en las diferentes destinaciones en las que se ha desempeñado en Chile (Santiago, Coihaique) y el extranjero (El Salvador, Argentina y Estados Unidos).

Salón de entrada de la fundación.

La llegada de Anita María Pinochet a la presidencia de la fundación significó un giro radical en la forma en cómo sus antecesoras –las esposas de los generales Ricardo Izurieta, Juan Emilio Cheyre y Óscar Izurieta– habían administrado los bienes de la institución.

A marzo de 2007, la fundación contaba con un patrimonio inmobiliario de origen fiscal compuesto por seis bienes raíces repartidos en las regiones Quinta y Metropolitana. Fue ese año cuando la fundación, a cargo de la esposa del general Óscar Izurieta, Ginetta Fornazari, decidió entregar en donación tres de sus seis propiedades a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji): la de Putaendo, la de La Florida y la de Cerro Navia.

Las restantes tres propiedades (dos en Las Condes y una en Providencia), quedaron bajo el dominio de la fundación. Eso hasta el 6 de diciembre de 2011 cuando la fundación ya presidida por la esposa del general Fuente-Alba, decidió ofertarle a la Municipalidad de Las Condes la casa de Curaco 1886 en $433 millones.

El inmueble –que cuenta con siete salas, ocho baños, una oficina y un casino- ya era conocido para el alcalde y los concejales que aprobaron la compra: desde octubre de 2004 el municipio lo arrendaba a la fundación en $650 mil mensuales para el funcionamiento del centro del adulto mayor “El Canelo”.

Ocho meses más tarde, el 9 de agosto de 2012, la presidenta de la fundación, Anita María Pinochet, firmó una segunda escritura inmobiliaria. Se trató de la venta de la casona de El Trombón 7557 también ubicada en Las Condes, por $236,8 millones. Probablemente no haya sido el mejor negocio ejecutado por la presidenta de la fundación: la misma propiedad tiene un avalúo fiscal (siempre menor al precio comercial) de $407,8 millones. En esa propiedad funciona un centro privado que acoge a niños y jóvenes con necesidades especiales. Como propietario figura la Promotora de Industrias Valentina, sociedad ligada a Sergio Cardone Solari, presidente del grupo Mall Plaza.

Propiedad en Curaco 1886, Las Condes

La venta de la última propiedad que quedaba bajo dominio de la fundación se realizó el 11 de marzo de 2013: un inmueble de tres pisos ubicado en Manuel Antonio Prieto 0115 (Providencia). Lo adquirió en $258 millones la sociedad Consultorías e Inversiones Petrus, en la que participa el ex director de ENAP y ex vicepresidente de desarrollo de Codelco, Jorge Bande Bruck.

Fueron en total $928,7 millones los dineros recaudados por las ventas inmobiliarias realizada por Anita María Pinochet.

CIPER se contactó con la fundación para conocer más sobre su quehacer y sobre el estado actual de sus activos, pero al cierre de este reportaje no se recibió respuesta. Actualmente, los registros comerciales revisados por CIPER no muestran ningún bien raíz a nombre de la Fundación de Señoras del Ejército.

TRANSACCIONES PERSONALES

En la misma época en que la esposa del ex comandante en jefe del Ejército vendió las tres propiedades de la Fundación de Señoras del Ejército, Anita María Pinochet adquirió una serie de bienes que engrosaron el patrimonio familiar.

El 20 de diciembre de 2012, adquirió un departamento en Avenida Kennedy 5947. Se lo compró a la Inmobiliaria Vista Kennedy en $123,6 millones. El 25 de mayo de 2015, a poco más de un año de que Fuente-Alba dejara la Comandancia en Jefe del Ejército y ella la presidencia de la fundación, Pinochet Ribbeck compró un segundo departamento en Cerro Colorado 6036, en $151 millones. Ambos están pagados y actualmente en arriendo. Los dineros son depositados en una cuenta bipersonal de Pinochet y Fuente-Alba en el Banco de Chile.

A los bienes inmuebles de la esposa de Fuente-Alba, que está casada bajo el régimen de sociedad conyugal, se suman otros tres bienes raíces adquiridos por el ex comandante en jefe del Ejército en 2013, 2014 y 2015. Las tres propiedades, entre las que se cuenta la casa en las Brisas de Chicureo donde el matrimonio reside actualmente, totalizan más de $680 millones. Fuente-Alba mantiene también a su nombre un departamento en Puerto Velero, región de Coquimbo, cuyo valor comercial sobrepasa los $100 millones.

A ese patrimonio se debe agregar otros activos que el matrimonio mantiene en distintos instrumentos financieros. De acuerdo a antecedentes que CIPER tuvo a la vista, entre fondos mutuos, acciones y otros instrumentos de inversión, Fuente-Alba sumaba a marzo de 2015 más de $300 millones. Su esposa, en tanto, registra poco más de $12 millones en acciones administradas por la corredora Banchile.

Hasta 2015, el matrimonio Fuente-Alba–Pinochet mantuvo una caja de seguridad en el Banco de Chile donde quedaron a resguardo joyas, algunos relojes de oro y unas pistolas. Ante la Fiscalía, Anita María Pinochet insistió en que las joyas y los relojes eran herencias recibidas por ella y su marido, y que optaron por la caja de seguridad luego de un robo.

Los autos de lujo son una debilidad para la familia Fuente-Alba–Pinochet. A la decena de vehículos Audi que transfirió en sospechosas operaciones el general en retiro a través de Klassik Car (ver reportaje de CIPER), se suman otros cinco automóviles de lujo adquiridos por Anita María Pinochet entre 2010 y 2015.

En septiembre de 2011, la esposa del general Fuente-Alba compró en Klassik Car un Volkswagen Touareg 4.2 en $36 millones. Se desprendió de él poco más de un año después. El 3 de octubre de 2012, volvió a comprar un Touareg en la misma automotora en $38 millones, el que estuvo en su poder un año y 24 días. El 4 de diciembre de 2013 adquirió en la automotora Kaufmann un Mercedes Benz station wagon en $44,2 millones. Lo vendió el 13 de marzo de 2014 a su consuegra. Seis días después compró también en Kaufmann otro Mercedes Benz en $28,4 millones del que se desprendió en agosto de 2015.

Actualmente, Pinochet Ribbeck registra a su nombre dos vehículos: un Mercedes Benz E500 de 2005 y un Volkswagen Touareg 3.0 de 2016. De acuerdo a la versión que entregó a la Fiscalía, la esposa de Fuente-Alba aseguró que fue su marido quien siempre realizó las transacciones de los vehículos y que el Mercedes y el Volkswagen figuran actualmente a su nombre por decisión del general (r).

El historial de compra y venta del Mercedes Benz E500 llama la atención. La esposa de Fuente-Alba lo adquirió en agosto de 2007. El 9 de noviembre de 2010 lo vendió -a través de Klassik Car- en $19,6 millones. El comprador: el coronel (r) Germán García Arriagada, estrecho colaborador de Juan Miguel Fuente-Alba.

En mayo de 2013, García fue contratado a honorarios como asesor y encargado de la agenda personal de Fuente-Alba, con una remuneración de $889 mil. García fue subsecretario de Obras Públicas entre diciembre de 1987 y marzo de 1990, y luego comandante del Regimiento de Ingenieros Aconcagua, pasando a retiro en 1998.

En enero de 2014, poco antes de que Fuente-Alba abandonara la jefatura del Ejército (marzo 2014), la remuneración de García aumentó a $2,2 millones. En abril, cuando ambos cesaron en sus funciones, García Arriagada le transfirió el Mercedes Benz a Anita María Pinochet.

“¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Irarrázabal, gerente general de la empresa (MultiAssist). Además, soy tesorero de la UDI. Les comento para que no existan malos entendidos”. Así, poniendo sobre la mesa su condición de miembro de la directiva central de la UDI, Alejandro Irarrázaval dio inicio a una reunión con el alcalde de Mostazal, Sergio Medel (UDI), y varios concejales de esa comuna. Su presentación resultó curiosa, porque en esa cita Irarrázaval actuaría exclusivamente en su rol de máximo ejecutivo de MultiAssist y con dos objetivos precisos: cobrar $500 millones a la Municipalidad de Mostazal por la instalación y mantención de luminarias LED y evitar que las autoridades comunales, encabezadas por su correligionario Medel, persistieran en llevar a su empresa a los tribunales por incumplimiento de contrato.

Viendo que sus buenos oficios iniciales resultaban infructuosos, Irarrázaval jugó una segunda ficha: aseguró ante al alcalde y los concejales que si la municipalidad perdía el juicio tendría que despedirse de, a lo menos, unos mil millones de pesos. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunas rurales, en las oficinas municipales de Mostazal no es raro que se midan los ingresos y egresos de su presupuesto en miles de millones. Ubicada en la frontera norte de la Sexta Región, Mostazal es uno de los municipios más ricos del país. Aunque parezca increíble, su presupuesto por habitante duplica al de Rancagua (la capital regional) o Ñuñoa.

La bonanza de Mostazal es el fruto de albergar dentro de sus límites al Casino Monticello, el más cercano a Santiago, que cada año deja a la comuna unos $6.500 millones por el impuesto específico a los juegos de azar, cifra que corresponde al 60% del presupuesto total que maneja la municipalidad. El año pasado Monticello pagó $13.211 millones por este impuesto, suma que se divide en partes iguales entre el Gobierno Regional y el municipio donde se emplaza el casino.

Alcalde Sergio Medel

El manantial dorado de Monticello atrajo hasta Mostazal a diversos emprendedores deseosos de obtener una tajada de la generosa relación entre el casino y la municipalidad. Entre ellos figuran los controladores y ejecutivos de MultiAssist, una empresa que no solo era administrada por el entonces tesorero de la directiva central de la UDI, sino que forma parte del Grupo MOK, entre cuyos fundadores se cuenta a Roberto Carrasco, formalizado por ser cómplice del fraude tributario a través de operaciones forward que cometió el Grupo Penta e investigado por triangular dineros para la fallida campaña presidencial de Laurence Golborne (vea el reportaje de CIPER y de Qué Pasa).

El contrato de MultiAssist con Mostazal –para instalar las luminarias y mantenerlas durante cinco años, con el compromiso de generar un 55% de ahorro energético– fue firmado por dos representantes de esa empresa: Marcos Carrasco, hermano y socio de Roberto Carrasco, y por Alejandro Irarrázaval. Este último también tiene un hermano involucrado en el control de la empresa: Rodrigo Irarrázaval, quien es presidente y socio del Grupo MOK.

El controversial paso de MultiAssist por Mostazal involucra también a otro personaje con buenas conexiones en la UDI: Álvaro Lavín Aliaga, histórico hombre de confianza de Gonzalo Cornejo –asesor de Pablo Longueira y ex alcalde de Recoleta– y de su esposa, la diputada gremialista Claudia Nogueira.

Hasta ahora, no se ha podido identificar a los funcionarios municipales que redactaron las bases de la licitación y algunos concejales sospechan que fueron confeccionadas por particulares interesados en “orientar” el resultado. En este punto es donde emerge Lavín Aliaga: en una reunión de la Comisión de Trabajo del Concejo Municipal de Mostazal, su nombre fue mencionado por el encargado de Proyectos de la comuna, Pablo Medina, como la persona que entregó al alcalde Medel las bases de la licitación que favoreció a MultiAssist.

Las bases, dijo Medina a los concejales, “me las hizo llegar el administrador municipal (Freddy Alfaro), pero el origen de las bases viene de Álvaro Lavín, quien envió un correo electrónico al alcalde, indicando que estas eran las bases de MultiAssist” (vea el acta de esa sesión).

La Contraloría Regional ha cuestionado las bases porque, a su juicio, incluyeron una cláusula abiertamente perjudicial para la municipalidad: las partes podían poner fin anticipado al contrato por eventuales incumplimientos, pero el municipio estaría obligado a cancelar una indemnización equivalente al triple del monto que quedaría sin pagar, aún cuando el incumplimiento fuese de la empresa (vea las bases de la licitación y el informe de la Contraloría Regional). Ese es precisamente el punto al que echó mano Alejandro Irarrázaval cuando se presentó como tesorero de la UDI ante el alcalde y los concejales: quería que le pagaran por los cinco años que estipulaba el contrato, aunque la municipalidad le había puesto término al tercer año, alegando que no se cumplió el ahorro energético de 55% que la empresa prometió.

Para los concejales Gonzalo Meza (ex UDI) y Denisse León (PRSD), está claro que las bases no tuvieron su origen en el municipio. “No existe un funcionario que pueda asegurar quién escribió o realizó las bases”, dice Meza. Y aunque las sospechas de los concejales apuntan a Lavín, éste fue enfático en señalar a CIPER que él no las redactó y que probablemente solo las revisó, como lo hizo con otras licitaciones, dentro de las responsabilidades propias de su trabajo.

Esclarecer quién redactó las bases no es el único misterio en esta licitación: la Contraloría no tiene certeza de que la empresa haya presentado toda la documentación requerida para la licitación, porque no pudo encontrar esos papeles ni en el municipio ni en la plataforma de Mercado Público.

LA HISTORIA DE LAVÍN ALIAGA

Actualmente, Alejandro Irarrázaval ya no es el tesorero de la UDI. Hace unos cinco meses salió de la directiva central de la colectividad gremialista, cambio que se efectuó sin difusión pública. De hecho, una nota de La Segunda publicada el pasado 8 de junio dio a conocer el cambio, indicando que se había efectuado un mes antes y que pasó “casi inadvertido”. Lo sucedió Pía Margarit, quien debe enfrentar la falta de financiamiento que afecta al partido desde que se iniciaron las investigaciones de la Fiscalía por aportes ilegales a la política.

Álvaro Lavín

El presente de Álvaro Lavín Aliaga se ve más complejo. La fiscal Ximena Chong, que lleva la acusación de cohecho contra el senador Jaime Orpis (UDI) por haber recibido dinero de Corpesca, está investigando los pagos que una sociedad de Lavín Aliaga obtuvo de la misma pesquera del Grupo Angelini. Dos fueron las facturas para Corpesca, por una suma global de $17 millones, que emitió la sociedad Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos (CESC), en la que participan Lavín Aliaga y el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo. Ambas facturas fueron rectificadas por Corpesca, pues no existen pruebas que acrediten que CESC realmente hizo los trabajos. La primera factura fue por $2,25 millones y se extendió en enero de 2012, cuando Cornejo aún se desempeñaba como asesor de Pablo Longueira en el Ministerio de Economía.

La fiscal Chong también está rastreando si Cornejo y Lavín hicieron asesorías para el Congreso. El Senado ya le informó que no, mientras que el 5 de julio pasado la Cámara de Diputados le envió a la fiscal una serie de contratos e informes que Lavín hizo para la esposa de Cornejo, la diputada Claudia Nogueira.  Entre 2012 y 2014 la parlamentaria le pagó a Lavín Aliaga un total de $32,7 millones.

En 2010 la diputada Nogueira fue formalizada por fraude al Fisco debido a que con las asignaciones de la Cámara pagaba asesorías a personas de su confianza, las que luego le depositaban el dinero a la misma parlamentaria. Este tipo de operaciones son idénticas a las que se le detectaron también al senador Orpis. No obstante, los antecedentes de la diputada Nogueira quedaron inmaculados, pues ella se allanó a devolver $30 millones al Congreso Nacional, además de donar cinco millones a Un Techo para Chile y firmar durante 18 meses.

Álvaro Lavín Aliaga fue administrador municipal de Recoleta bajo la alcaldía de Gonzalo Cornejo. En 2008, la secretaria que tuvo Cornejo en esa municipalidad, Lily Cabello, declaró que el entonces alcalde le pasó sobres con más un millón de pesos para que se los entregara a Lavín Aliaga y dos socios de la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA): Jaime Jullian e Iñaki Busto. Estos últimos eran, al mismo tiempo, asesores de Cornejo y administraban GMA, empresa investigada precisamente por irregularidades en convenios que había suscrito con Recoleta.

DEMANDAS CRUZADAS

Según funcionarios de la Municipalidad de Mostazal, consultados por CIPER, fue MultiAssist la que se acercó a ofrecer sus servicios de instalación de luces LED, que gastan menos energía que las tradicionales. Desde 2008 la mantención de luminarias estaba a cargo de Realectric Limitada. Aunque el contrato era por un año, éste fue renovándose sin licitación, lo que fue cuestionado por la Contraloría. Eso forzó al municipio a llamar a una nueva licitación en 2012, en la que se incluyó el reemplazo del alumbrado público por tecnología LED. MultiAssist fue la única empresa que presentó una oferta y, por lo tanto, se adjudicó el contrato, que se financiaría con fondos del impuesto específico de casinos.

Pero a comienzos de 2015 la Contraloría puso el ojo en el contrato, descubriendo que el proceso tenía defectos desde la redacción de las bases en adelante. CIPER revisó los documentos de la licitación y detectó que no se fiscalizó el cumplimiento del ahorro energético pactado para autorizar los pagos del contrato. Éste establecía que el monto a pagar debía calcularse de acuerdo al cumplimiento de la tasa de ahorro energético prometida en la licitación, pero por al menos seis meses se canceló el monto total sin considerar que no se había cumplido la meta de ahorro. Eso significó un sobrepago de 24%.

El inspector técnico que debía revisar el proyecto es José Gómez, actual encargado de seguridad ciudadana del municipio. Consultado por la Contraloría, Gómez reconoció que no tenía conocimiento sobre consumo energético ni acerca de la fórmula establecida para calcular el pago.

De hecho, ante la misma Contraloría el secretario municipal, Alonso Arribillaga, declaró que “ningún funcionario de la entidad edilicia tenía conocimiento respecto de la aplicación de las fórmulas matemáticas establecidas en las bases que rigen la licitación”. Según cuentan los concejales Meza y León, empleados de MultiAssist debieron ir a un concejo municipal a explicar la fórmula.

Ante los reparos de la Contraloría, la municipalidad decidió recuperar los sobrepagos que había hecho, argumentando que el ahorro energético comprometido era de 55% y sólo se llegó a 31%. La empresa atribuyó esa brecha a que el municipio instaló más luces LED de menor calidad, pero de todos modos la municipalidad cobró el vale vista de garantía que dejó MultiAssist al licitar el servicio. Eso desató demandas cruzadas entre el municipio y la empresa que se tramitan en el Primer Juzgado Civil de Rancagua.

Hubo al menos dos reuniones a fines de 2015 en que MultiAssist intentó llegar a un acuerdo extrajudicial. Según el concejal Pablo Garrido (Ind.), quien participó en ambos encuentros, Alejandro Irarrázaval les dejó claro que, de seguir con el juicio, el municipio arriesgaba perder más de mil millones de pesos por intereses y perjuicios. Pero la empresa no pedía poco: el equivalente a los 60 meses adjudicados (más de $500 millones), a pesar de que sólo prestó servicios durante tres años. Hasta ahora no hay acuerdo.

Ni el alcalde Medel ni MultiAssist quisieron dar su versión sobre el litigio que los enfrenta.

PISCINA SIN AGUA Y ESTADIO SIN PISTA

La controversia con MultiAssist no es la única que se ha generado en Mostazal por los aportes de Monticello. Como el dinero proveniente del casino debe aplicarse exclusivamente en “obras de desarrollo”, la comuna debiese brillar, pero no es así. El alcalde Medel (UDI) asumió en 2008, el mismo año en que la municipalidad comenzó a recibir los “fondos casino”, y si bien no se le ha imputado responsabilidad en irregularidades, sí se han visto envueltos funcionarios de su confianza. A fines de julio fueron formalizados por fraude al fisco y negociación incompatible el ex administrador municipal, Freddy Alfaro, y la ex directora de Desarrollo Comunal, Carla Parraguez.

Alfaro y Parraguez –quienes contrajeron matrimonio tras retirarse de la municipalidad– están acusados de visar el pago de honorarios por trabajos que, según la Contraloría, no cuentan con evidencia de que se hayan efectuado. Es más, la Contraloría acreditó que una de las personas que cobró esos honorarios nunca concurrió a la municipalidad y que sus pagos se depositaron en una cuenta de Carla Parraguez.

Además, el actual administrador municipal, Florentino Marchant, está acusado de exigir pagos a funcionarios a honorarios. La Contraloría Regional, en su informe del 14 de junio de este año, indicó que presentaría estos antecedentes a la Fiscalía y que los incluiría en un futuro sumario: “Sobre el particular, atendido que los hechos singularizados en este numeral podrían revestir carácter de delito, situación que no compete calificar a este Órgano de Control, se ha estimado pertinente remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público para los fines que resulten procedentes (…). Sin perjuicio de ello, junto con mantener la observación, esta Entidad de Control incluirá esta materia en el proceso sumarial que sustanciará“. Fiscalía lo investiga por posible cohecho.

CIPER analizó los gastos realizados con “fondos casino” y es evidente que muchos de ellos no califican como “obras de desarrollo”: viajes de vecinos a la playa y a la nieve; espectáculos con artistas como “El Puma” Rodríguez; celebraciones del día de la madre; compras de juguetes, mercadería y gas, para fines asistenciales; un viaje de intercambio escolar a Brasil al que también viajó el alcalde, acompañado de su hija, que no era alumna del liceo municipal.

Otras iniciativas que sí califican como “obras de desarrollo” resultaron ser un desastre y también están siendo investigadas. Una de ellas fue el proyecto para remodelar el estadio de la comuna, cuyo diseño tuvo un error de cálculo de tal magnitud que cuando las obras ya estaban en marcha se percataron de que no cabía la pista atlética proyectada originalmente. La pista fue sustituida por una franja para trote que no cumple los estándares oficiales, pero el costo del proyecto se mantuvo inalterable ($790 millones) porque se sumaron obras compensatorias (como cierres y graderías), lo que motivó una investigación de la Contraloría.

Otra obra cuestionada es una piscina municipal semi-olímpica que está abandonada e inutilizable por fisuras y que también originó un sumario de la Contraloría porque la municipalidad le pagó al constructor (Ingeniería y Construcción Mudel) por trabajos sin avances o que simplemente nunca se hicieron.

APENAS UN SEMÁFORO

Aparte de la imponente construcción de Monticello que está en la entrada norte de Mostazal, no hay señales evidentes de lo que ha dejado el casino a la comuna. Los vecinos reclaman, por ejemplo, que hay apenas un semáforo y que solo cuentan con un consultorio y una posta en sectores rurales, donde viven 21 mil de los 27 mil habitantes de la comuna. Aunque los datos de la encuesta Casen muestran una caída en los índices de pobreza, hay amplias zonas de los 520 kilómetros cuadrados de la comuna donde el desarrollo parece no haber llegado. Por ejemplo, parte del sector “Angostura”, uno de los que más se ha densificado, aún no cuenta con alcantarillado y el agua potable sigue siendo entregada con camiones aljibes.

El primer informe de la Contraloría que prendió la luz roja en el municipio de Mostazal llegó el 31 de diciembre del 2012. Se trata de una auditoría integral a la municipalidad que empezó a desenmascarar los problemas de orden y control interno. Entre otras cosas, se determinó que se pagaban honorarios con los “fondos casino” a personas que realizaban labores que ya estaban dentro de los roles de los funcionarios de planta y contrata del municipio. En total fueron más de $82 millones que se pagaron a 22 personas que realizaron trabajos que, a ojos de la Contraloría, debían ser ejecutados por reparticiones municipales (ver informe de Contraloría).

El uso de los “fondos casino” se ha expandido a todo tipo de cosas. Contraloría constató que existe una serie de gastos improcedentes, como la compra de juguetes, celebración de días de la madre y del padre, fiestas de fin de año y distintos tipos de conmemoraciones. Por ejemplo, una cena por $5,3 millones para celebrar el “día de la educación”; $12,8 millones para la adquisición de 247 cajas de pollo y de 500 cajas de longaniza con ocasión de las Fiestas Patrias en 2011; $6,8 millones para comprar alimentos y bebidas para fiestas de fin de año; $25 millones para la adquisición de 4.180 juguetes, que también beneficiaron a funcionarios municipales y donde se detectaron 289 niños repetidos en las nóminas de las junta de vecinos.

Por escrito, desde el municipio respondieron a CIPER que en un dictamen de 2009 la Contraloría estableció que el gasto en obras de desarrollo “comprende no sólo las obras materiales, sino también los servicios y acciones que ejecuten los municipios en favor de los habitantes de la comuna, dentro del ámbito de su competencia, precisando que estas obras, servicios y acciones deben satisfacer de modo directo e inmediato una necesidad o interés de la población”. Sin embargo, la misma Contraloría ha determinado que muchos gastos de Mostazal no cumplen con esa condición.

De hecho, la conclusión final de la primera alerta de la Contraloría es tajante: “Considerando los antecedentes e irregularidades (…) esta entidad se encuentra sustanciando, mediante Resolución Exenta N°532, de 12 de noviembre de 2012, un sumario administrativo para perseguir las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de tales incumplimientos e irregularidades”.

*Ver versión original en Inglés de ICIJ 

Durante años, Neelie Kroes viajó por Europa como una de las funcionarias de alto rango del continente, advirtiendo a grandes corporaciones de que no podían “huír” de las reglas de la Unión Europea. La política holandesa simpatizaba con los ciudadanos promedio que sentían que se les había endilgado la responsabilidad del pago de las cuentas mientras que “los infractores se alimentaban de las ganancias”.

Como comisionada de la Unión Europea para política de competencia desde el 2004 hasta el 2010, fue una de las encargadas corporativas más importantes de Europa y estuvo cinco veces en la lista anual de “Las 100 mujeres más poderosas del mundo” que hace la revista Forbes.

Lo que Kroes nunca le dijo al público –y no le dijo a la Comisión Europea en sus declaraciones obligatorias– fue que había sido nombrada como directora de una empresa offshore en las Bahamas, el paraíso fiscal del Caribe cuyo secretismo y estructuras fiscales han atraído tanto a empresas multinacionales como a criminales.

Kroes fue fungió como directora de aquella sociedad desde el 2000 hasta el 2009, de acuerdo con documentos revisados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés).

Kroes, a pesar de ser abogada, dijo a ICIJ y medios asociados que no declaró su cargo de directora de la empresa porque nunca estuvo operativa. El abogado de Kroes culpó de la aparición de su nombre en los registros a “un error administrativo que no fue corregido hasta 2009”. El abogado afirmó que la compañía, creada a través de un hombre de negocios jordano y amigo de Kroes, se había establecido para investigar la posibilidad de recaudar fondos para comprar acciones del gigante de la energía estadounidense Enron Corp. por más de US$6 mil millones. La transacción nunca se llevó a cabo y posteriormente Enron colapsó, en medio de un enorme escándalo contable.

Detalles sobre el vínculo de Kroes con esa empresa offshore están entre las revelaciones encontradas de los nuevos documentos recibidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el ICIJ, que revela los detalles detrás de las empresas que se incorporan en las Bahamas. El paquete de 1.3 millones de documentos del registro entrega nombres de directores y de algunos dueños de más de 175.000 empresas, fideicomisos y fundaciones registradas entre 1990 y principios del 2016 en Bahamas.

ICIJ, el Süddeutsche Zeitung y otros medios de comunicación están poniendo esta información al alcance del público. Esto crea, por primera vez, un registro gratuito, digital y público de empresas offshore constituidas en las Bahamas. Esta información ha sido combinada con los datos de los Panama Papers y otros documentos obtenidos con anterioridad para engrosar una de las bases de datos públicas sobre entidades offshore más grandes de la historia.

Esta nueva información revela vínculos hasta ahora desconocidos o poco reportados sobre empresas dirigidas o que son propiedad de políticos o ex políticos de América, África, Europa, Asia y el Medio Oriente.

Nassau (Fuente: De ebodie – Flickr, CC BY 2.0, wikimedia)

En la capital de Bahamas, Nassau, los documentos sobre las compañías pueden consultarse personalmente. Un registro online, en teoría, tiene el mismo fin. Sin embargo, ese registro alimentado por el gobierno de Bahamas está a menudo incompleto. Adicionalmente, encontrar un solo documento de una compañía costaría al menos US$10, lo que entra en conflicto con la recomendación de la asociación internacional de registros corporativos, que desaprueba el cobrar por las búsquedas.

Los nuevos datos que se dan a conocer incluyen los elementos básicos de las empresas offshore: el nombre de una empresa, la fecha de su creación, la dirección postal en las Bahamas y, en algunos casos, sus directores. A un nivel básico, esta información es crucial para el comercio día a día. En otros casos, policía, detectives e investigadores de fraudes usan registros como puntos de partida para rastrear un delito.

“Los registros corporativos son increíblemente importantes”, dijo Debra LaPrevotte, una ex agente del FBI cuyo trabajo incluía seguir la huella de billones de dólares en coimas y actos de corrupción escondidos en paraísos fiscales por políticos de Ucrania, Nigeria y Bangladesh. “Las compañías offshore son usadas a menudo para facilitar el lavado de dinero y, frecuentemente, son utilizadas solo para abrir cuentas bancarias, por lo que los documentos de los registros corporativos, que pueden servir para identificar a los dueños finales, son parte de la evidencia”.

NUEVAS PERSPECTIVAS

A diferencia de los Panama Papers, que incluían 11,5 millones de archivos, correos electrónicos con información detallada, contratos, grabaciones de audio y algunos documentos de un despacho de abogados (Mossack Fonseca), la información contenida en los nuevos documentos es más simple –aunque no menos fundamental– en su contenido. Los nuevos datos no aclaran, por ejemplo, si los directores nombrados en conexión con la firma de Bahamas realmente controlan la empresa o si actúan como nominados, empleados a sueldo que sirven como la cara de una empresa pero que no están involucrados en sus operaciones.

En conjunto con los Panama Papers, los documentos de Bahamas entregan nuevas perspectivas de las relaciones offshore de políticos, criminales y ejecutivos, así como de los banqueros y los abogados que ayudan a mover el dinero.

Los nuevos documentos filtrados incluyen los nombres de 539 agentes registrados, que son los intermediarios corporativos entre autoridades de Bahamas y clientes que desean crear empresas offshore. Entre ellos está Mossack Fonseca, el bufete de abogados cuyos documentos filtrados formaron la base de los Panama Papers. La firma estableció 15.915 entidades en Bahamas, convirtiendo a esa isla en su tercera jurisdicción más ocupada. En un momento, las empresas de Bahamas estaban entre las más vendidas por Mossack Fonseca.

Los Panama Papers muestran cómo Mossack Fonseca ayudó a clientes a usar la discreción bahameña para mantener sus nombres fuera de archivos públicos y cómo el despacho jurídico socavó el impulso global hacia la transparencia fiscal.

Neelie Kroes

Más allá de Mosack Fonseca y los Panama Papers, los archivos de Bahamas revelan detalles sobre las actividades offshore de primeros ministros, ministros de gabinete, príncipes y delincuentes convictos. En general no es ilegal tener o dirigir una empresa offshore, y en muchos casos existen razones legítimas por las cuales establecer una estructura de esta naturaleza. Pero expertos en transparencia afirman que es importante que los funcionarios públicos den a conocer sus vínculos con estas entidades.

En el caso de Kroes, la ex comisionada europea, los registros muestran que fue directora entre julio de 2000 y octubre de 2009 de Mint Holdings Lts. La compañía fue registrada en Bahamas en abril de 2000 y sigue activa.

En respuesta a las consultas de ICIJ, The Guardian y los diario holandeses Trouw y Het Financieele Dagblad, Kroes reconoció que no transparentó su conexión con la compañía en sus declaraciones de intereses financieros cuando compitió como comisionada en 2004 o en posteriores declaraciones cuando siguió ejerciendo como una alta funcionaria de la UE, hasta noviembre de 2014.

La normativa de la UE establece que los comisionados deben declarar todos sus intereses económicos de los 10 años anteriores, incluyendo la dirección, supervisión o asesorías a compañías con actividades comerciales y económicas.

Kroes rechaza cualquier crítica a sus actividades privadas. Su abogado dijo que negaba que “alguna vez haya tenido lazos conflictivos con el sector privado”. Sus declaraciones de intereses fueron “hechas de buena fe”, asumiendo que como ya no era directora de la compañía no era necesario incluirla.

LA SUIZA DEL OESTE

Las Bahamas son una constelación de 700 islas, muchas con extensiones menores a una milla cuadrada. Es una de las micro naciones al sur de Estados Unidos cuyas leyes de confidencialidad y reticencia a compartir información con gobiernos extranjeros, le han dado el nombre de “cortina del Caribe”.

Durante casi un siglo, las Bahamas han estado en el radar de funcionarios fiscales de todo el mundo.

En la década de 1930, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) investigaba a los estadounidenses que evadían impuestos en Suiza y en las Bahamas, que se vendían a sí mismas como “la Suiza del Oeste”. La atención se intensificó en 1960 cuando investigadores estadounidenses notaron un alza en el uso de las Bahamas por el crimen organizado. Los activos bancarios en las Bahamas, mientras tanto, aumentaron ocho veces entre 1973 y 1979. Para el final de la década de 1970, un estudio reportó que “el flujo de dinero criminal y de evasión fiscal” que entraba a las Bahamas era de US$20 mil millones al año.

La nación del Caribe no era fácil de penetrar.

Para asomarse detrás de la cortina, un proyecto gubernamental clandestino llamado “Operación Tradewinds” usó agentes del IRS, quienes pagaron a un informante para que entrara a la pieza de un banquero de las Bahamas durante su visita a Miami y robara su maletín. En un restaurante cercano, otro agente distrajo al banquero con “entretenimiento femenino”.

El maletín escondía una mina de oro de información de un banco bahameño sobre 308 tenedores de cuentas corrientes estadounidenses, incluyendo jefes de la mafia, celebridades y grandes empresarios.

A pesar de que la operación llevó a procesos penales y hasta US$100 millones en sanciones tributarias, fue desechada en 1975 tras protestas en el Congreso por el uso de informantes. Después, una corte de Estados Unidos declaró el registro del maletín como “flagrantemente ilegal”.

Folleto promocionando los servicios de la industria financiera en Bahamas.

En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), el foro más importante del mundo en materia de políticas tributarias, colocó a las Bahamas en una lista negra de países que ejercen la evasión fiscal. Después de que las Bahamas introdujeron nueve nuevas leyes en forma intempestiva, la OECD la quitó de la lista en el 2001. Sin embargo, en 2009, la OECD colocó a las Bahamas en una “lista gris”, una categoría menos severa que sin embargo significa no conformidad con estándares internacionales.

Las Bahamas son centrales en las investigaciones estadounidenses de evasión fiscal. Walter C. Anderson, un ejecutivo de telecomunicaciones de Washington D.C., quien disfrazó sus empresas en las Islas Vírgenes Británicas y en las Bahamas, fue enviado a prisión en 2007 por evadir más de US$200 millones en impuestos. En el 2007, el millonario empresario de bienes raíces, Igor Olenicoff se declaró culpable del delito federal de desvío de impuestos y de transferir US$196 millones a las Bahamas. Olenicoff, quien presidía dos empresas bahameñas con cuentas de banco en las islas, informó a Forbes este año que su bufete jurídico offshore estaba en las Bahamas.

Las Bahamas emergió como factor común en la investigación del Departamento de Justicia estadounidense sobre el gigante suizo de la banca UBS. Entre 2009 y 2014, la agencia tomó medidas criminales contra ciudadanos estadounidenses y residentes con tratos offshore en las Bahamas, incluyendo un consultor de California, un ejecutivo acerero de Illinois, un consultor de petróleo de Texas, un desarrollador de hoteles de Florida y un granjero de Nuevo México.

En muchos casos, investigadores estadounidenses luchaban por saber por dónde empezar. La ley de Bahamas requiere que los nombres de los directores, quienes tienen completo poder sobre las empresas offshore, estén archivados en el registro nacional. Sin embargo, los nombres no siempre están disponibles en línea y no pueden ser buscados individualmente o sin el conocimiento previo del nombre de la empresa a la que pertenecen. Eso dificulta la tarea de buscar vínculos entre un funcionario público o un ejecutivo de una corporación y las empresas basadas en las Bahamas.

En los nuevos documentos, por ejemplo, Exxon Azerbaijan Caspian Sea Limited, el gigante de energía en la nación represiva pero rica en petróleo, por ejemplo, no lista ningún director en el registro de las Bahamas. Sin embargo, hay 19 directores listados en los documentos analizados por ICIJ. Del mismo modo, la compañía bahameña Equatorial Guinea LNG Holdings Limited no muestra directores en el registro de Bahamas pero en los archivos vistos por ICIJ, aparecen seis ciudadanos conocidos de Guinea Ecuatoriana, incluyendo al hermano de la Primera Dama y cuatro actuales y anteriores ministros de Energía.

Hoy en día, Bahamas, que está a una hora en avión de Miami, se proclama más limpia que nunca. Pero las dudas persisten.

En 2014, el más reciente reporte de los sistemas anti-lavado de dinero de la OECD reprobó al país en la mitad de las medidas básicas que se usan para juzgar el cumplimiento con estándares internacionales. Estas incluían que no existieran requisitos para que los bancos o las instituciones financieras supieran la verdadera identidad de una compañía o el dueño de un fideicomiso. A pesar de que actualmente la OECD ya considera que Bahamas cumple, en junio de 2015 la Unión Europea la incluyó en la lista de refugios fiscales no colaboradores.

Las autoridades de Bahamas dijeron al ICIJ que el país honra sus obligaciones internacionales y de cooperación con autoridades internacionales. Las Bahamas “no toleran dinero sucio”, dijeron, señalando que tienen muchas áreas que han sido calificadas como acordes con las normas internacionales.

Las autoridades no comentaron casos en específico y defendieron el registro corporativo de Bahamas.

En cuanto al intercambio de información tributaria, las autoridades dijeron que: “Bahamas negocia de buena fe con todos los interlocutores adecuados del Foro Mundial para la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales, con sujeción a las normas de seguridad y datos confidenciales internacionales.”

MANDATARIOS, CLEPTÓCRATAS Y POLÍTICOS

Compañías bahameñas, fideicomisos y cuentas bancarias han aparecido en numerosos casos que han involucrado la confiscación de dinero de dictadores y políticos.

El hijo del ex dictador Augusto Pinochet usó una compañía bahameña, Meritor Investments Limited, para transferir US$1.3 millones a su padre. El hijo de Pinochet, Marco Antonio Pinochet Hiriart, calificó las acusaciones como “mentiras” y declaró que no había habido delito.

El mismo Augusto Pinochet, en tanto, era dueño de otra compañía, Ashburton Company Limited, establecida en 1996.

Bahamas fue también la jurisdicción de las cinco sociedades offshore gestionadas a través de Mossack Fonseca por el abogado chileno y ex presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau. Todas las sociedades están vinculadas a la minera canadiense Andes Copper, la que tiene un proyecto minero en Putaendo (Quinta Región) y fueron incorporadas a los registros bahameños entre 2006 y 2013. Luego de la publicación del reportaje de CIPER, y tras conocerse las gestiones de Delaveau para las sociedades de Andes Copper en Bahamas, el abogado debió renunciar a su cargo en Chile Transparente (ver reportaje de CIPER).

Abba Abacha, el hijo del ex presidente de Nigeria, Sani Abacha, tenía US$350 millones congelados en Luxemburgo y en las Bahamas como parte de una caza de activos de los US$3 mil millones de los que se le despojó a Nigeria durante el reinado de cinco años de su padre.

Augusto Pinochet

Empresas bahameñas y cuentas bancarias también han jugado roles clave en conspiraciones sucias que involucran a ex políticos de Grecia, Ucrania, Kuwait y Trinidad y Tobago, así como en sobornos ilegales para el gobierno iraquí de Saddam Hussein, bajo el programa de Naciones Unidas, “Petróleo por Alimentos”.

A las Bahamas también se le vinculó con los tratos de cinco políticos y funcionarios públicos revelados en los Panama Papers.

Uno de ellos es el presidente de Argentina, Mauricio Macri, su padre, Francisco, y su hermano, Mariano, quienes dirigieron Fleg Trading Ltd, establecida en las Bahamas en 1998 y disuelta 11 años después.

Macri no hizo pública su conexión con Fleg Trading en sus declaraciones de patrimonio de 2007 y 2008, cuando era jefe de gobierno de Buenos Aires. Después del despliegue de los Panama Papers, un fiscal argentino buscó información de las autoridades en Panamá y en las Bahamas como parte de la investigación sobre si Macri había “maliciosamente omitido sus vínculos con la empresa”.

El vocero de Macri dijo a ICIJ que el presidente argentino no había declarado Fleg Trading Ltd. porque no tenía intereses económicos ni acciones en la compañía.

En las Bahamas también tuvieron lugar las reuniones y se guardaron los documentos de Blairmore Holdings Inc., el fondo de inversión dirigido por Ian Cameron, el padre del ex Primer Ministro Britránico David Cameron. Ian Cameron murió el 8 de septiembre de 2010. Luego de que se publicaran los Panama Papers, David Cameron se vio obligado a admitir que él se benefició económicamente de ese fondo, el que administró decenas de millones de libras de familias acomodadas. A través de una estructura offshore incorporada en Pananmá pero manejada Bahamas, el fondo evitó pagar impuestos en el Reino Unido.

Mossack Fonseca no respondió a la solicitud de ICIJ por una declaración. La firma le había dicho previamente a ICIJ: “Como agentes registrados, nosotros meramente incorporamos empresas, y antes de acordar trabajar con un cliente de cualquier modo, nos conducimos a través de un proceso de diligencia debida en donde cada caso debe cumplir, y muchas veces excede, todas las reglas, regulaciones y estándares locales a los que nosotros y otros estamos atados”.

FELICES CON EL STATU QUO

Mossack Fonseca esgrimió las leyes de confiabilidad de las Bahamas como argumento de venta e hizo eco de la defensa de ese país de la industria offshore de cara a llamados globales a la transparencia.

En 2003, mientras Bahamas se recuperaba de haber estado en una lista negra de países que lavaban dinero, un empleado de Mossack Fonseca se reunió con un cliente para hablar sobre la necesidad de una “agresiva campaña de relaciones públicas (…) para intentar cambiar la mala percepción que la gente tiene de las Bahamas en cuanto a privacidad”. La información “no se intercambia seguido ni extensamente”, se aseguraron mutuamente, de acuerdo con notas internas de los Panama Papers.

En 2009, un empleado de Mossack Fonseca propuso transferir los activos de un cliente estadounidense a un fideicomiso en las Bahamas para asegurar confidencialidad durante un momento de bancarrota.  En 2014, Mossack Fonseca sugirió a un cliente de Nueva Zelanda que usara un banco bahameño para esconder su posesión de una empresa. En 2015, un cliente español usó las Bahamas para albergar medio millón de dólares que no quería declarar en su país. Otro español usó directores in-house de Mossack Fonseca para evitar listar el nombre de su compañía en registros públicos.

Defensores de una reforma fiscal han criticado los paraísos fiscales, incluyendo a las Bahamas, por proclamar transparencia mientras firman acuerdos de intercambio con otros refugios fiscales o con pequeños países que no cederán mucha información útil para gobiernos pobres y ávidos de impuestos. Firmó un acuerdo así en el 2010 con Groenlandia, que tiene una población de 57.000 habitantes. Un empleado de Mossack Fonseca y un cliente suizo “bromearon” durante una junta en 2014 sobre un acuerdo similar entre Groenlandia y otro paraíso fiscal, Suiza, de acuerdo con notas internas de la junta.

Hoy, en material publicitario, las Bahamas promueve una “aproximación única” que presume respetar reglas internacionales al tiempo que protege clientes offshore. Las Bahamas tranquiliza a inversionistas potenciales, asegurando que sólo compartirá información fiscal después de que otros países lo hagan  y que, incluso entonces, sólo con gobiernos selectos que se ajustan a los más estrictos requisitos técnicos de confidencialidad.

De acuerdo con esta aproximación, Bahamas no ha firmado el tratado global que ayuda a los países a compartir información fiscal. La OECD, el cuerpo gobernante del tratado, lo llama “el instrumento más poderoso contra el desvío y la evasión de impuestos en paraísos fiscales”. En agosto, el número de participantes llegó a 103, incluyendo refugios fiscales y algunos de los países más pobres del mundo.

Bahamas argumenta que el costo y el peso administrativo del intercambio automático de datos fiscales es demasiado grande y que la privacidad del cliente podría correr peligro. Bahamas declara que en lugar de esto, honrará las reglas internacionales a través de acuerdos bilaterales o uno a uno.

“Tengo muchas dudas de que las jurisdicciones que buscan mantener la bilateralidad sobre este tema sean serios en cuanto a cumplir con sus compromisos, incluso, bajo acuerdos bilaterales”, dijo Reuven Avi-Yonah, profesor de derecho tributario en la Universidad de Michigan y ex consultor para los Estados Unidos y la OECD.

Sin embargo, Bahamas tiene motivos para estar feliz con el statu quo. En 2016, espera una ganancia de US$17.7 millones por los pagos de compañías offshore.

Recientemente, cuando algunos países se reunieron para forjar un acuerdo sobre intercambio de información entre naciones, los organizadores declararon que pronto la gente que comete fraude fiscal “ya no tendría donde esconderse”. El ministro de finanzas de Bahamas mostró otra cara con los reporteros, afirmando: “Conseguimos todo lo que queríamos”.

*Esta versión en Español fue preparada a partir de una traducción de Aristegui Noticias
Este reportaje contó con la colaboración de Mar Cabra, Rigoberto Carvajal, Miguel Fiandor Gutiérrez, Juliette Garside, Gaby de Groot, Michael Hudson, Carlos Eduardo Huertas, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, David Pegg, Martijn Roessingh and Vanessa Wormer.

Uno de los múltiples cambios institucionales que la dictadura dejó amarrados después del plebiscito de 1988 fue la polémica entrega del Instituto Nacional de Capacitación Profesional (Inacap) a la cúpula empresarial. Y aunque los privados mantuvieron el paraguas de corporación sin fines de lucro bajo el cual nació Inacap, en los años siguientes hicieron y deshicieron cambios societarios que dejaron a su instituto profesional (IP) y su centro de formación técnica (CFT) bajo el alero de sociedades comerciales. Eso los excluyó de cualquier posibilidad de acceder a la gratuidad y motivó su reclamo de “exclusión injusta y arbitraria”. También gatilló que Inacap iniciara silenciosamente la creación de dos corporaciones sin fines de lucro que les permitirían optar a la gratuidad.

Hasta agosto de 1989 la estatal Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) controlaba el Instituto Inacap, y en siete de los diez asientos del directorio de la institución figuraban representantes estatales. Luego de que se cediera la gestión de Inacap a los privados, la presencia pública se redujo a un solo cupo (que actualmente tiene Sercotec) de los siete directores que componían la nueva estructura. Los seis cupos restantes se entregaron a los gremios que participan en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Sin embargo, existen decisiones -como el cambio de estatutos, la disolución de la Corporación o la herencia de sus bienes-, que solo pueden ser autorizados por Corfo o por la Presidencia de la República, lo que agrega preguntas sobre la naturaleza público-privada de Inacap, y sobre el derecho que tiene el Estado a tener una presencia significativa en su administración.

La discusión en torno al rol del Estado en Inacap, una institución creada en 1966 con el objeto de capacitar gratuitamente a los trabajadores para aportar al desarrollo del país, se ha reactivado en las últimas semanas y ha obligado al actual presidente del grupo educacional, Lorenzo Constans, a insistir en que “nadie se lleva un peso para la casa”. Las sospechas se basan en la compleja estructura detrás del CFT y del IP, que CIPER analizó en detalle, y que incluye sociedades con fines de lucro, cuyos estatutos tienen un acápite para ordenar el reparto de utilidades.

La operación del CFT y del IP deja cuantiosas ganancias, las que según Constans, siempre se han reinvertido: sólo en 2014 obtuvieron $17 mil millones. Junto a su Universidad Tecnológica, el holding Inacap tiene actualmente más de 122 mil alumnos, lo que lo transforma en el segundo grupo educativo con mayor matrícula en el país (después de Laureate).

Lorenzo Constans

Desde que el gobierno de Michelle Bachelet propuso la gratuidad para la educación superior que la situación del Grupo Inacap está presente en la discusión pública. Inicialmente el Ministerio de Educación (Mineduc) quiso incorporar a los IP y CFT sin fines de lucro entre los planteles que podían recibir estudiantes financiados con gratuidad. Por su estructura, Inacap siempre quedó fuera, pero hizo lobby y concitó el apoyo de distintos sectores, principalmente de la derecha y la DC.

“Hay instituciones que lucran y otras que no, pero que están constituidas legalmente con fines de lucro, como es el caso de la institución señalada”, dijo entonces la ministra Adriana Delpiano, intentando zanjar la discusión sobre Inacap. De todos modos, tras el fallo del Tribunal Constitucional se excluyó a los IP y CFT de la gratuidad para 2016.

Ahora que en el Congreso avanza un proyecto de ley que le permite a los IP y los CFT convertirse en corporaciones sin fines de lucro para poder optar a la gratuidad, la polémica en torno a Inacap volvió a la agenda pública luego de que un grupo de senadores de la Nueva Mayoría propusiera que el Estado retome el protagonismo en el directorio de la Corporación Inacap.

Si bien en el Mineduc no quisieron comentar en detalle la situación de Inacap, admitieron que están estudiando los antecedentes del cuestionado proceso que lo dejó bajo el control del empresariado.

TUTELA ESTATAL SOBRE INACAP

En octubre de 2004 se realizó el último cambio en los estatutos que rigen a la Corporación Inacap. La única modificación fue ampliar su giro de actividades para permitir que la institución también pudiera gestionar universidades. Eso posibilitó que el holding sumara a la Universidad Tecnológica como uno de sus planteles (lo que concretó comprando la Universidad Vicente Pérez Rosales).

Lo que llama la atención de ese documento –que CIPER encontró en el Archivo Judicial– es que la modificación debió ser visada por la Corfo. Eso se explica al revisar los estatutos de la Corporación Inacap de 1989 (ver estatutos), que son los que se redactaron cuando salieron los representantes estatales e hizo ingreso la mayoría empresarial que hoy la gobierna.

El artículo XXIII, que continúa vigente, plantea que toda reforma de los estatutos deberá ser aprobada por, a lo menos, dos tercios del directorio de Inacap, y contar con el beneplácito de Corfo en el caso de que se quiera modificar el mecanismo de reforma de estatutos, el objeto de Inacap y el destino de los bienes en caso de disolución de la Corporación.

Por ello el cambio estatutario de 2004 debió ser autorizado por Corfo. En el documento, revisado por CIPER, se señala que el 13 de agosto de 2004 Inacap envió un oficio al entonces presidente de Corfo y ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, solicitando la autorización para cambiar el objeto de la institución. El consejo de Corfo otorgó esa autorización el 23 de septiembre de ese año, aunque realizó algunas modificaciones a la redacción que había propuesto Inacap. Al menos así se desprende al revisar el acta donde se concretó el cambio, ya que anula un acuerdo anterior e incorpora la redacción enviada por Corfo.

Senador Carlos Montes

Esa tutela que Corfo mantiene sobre Inacap es importante, ya que demuestra que no todas las decisiones pueden ser tomadas exclusivamente por los empresarios que hoy están al mando. No es lo único: sólo la Presidencia de la República podría autorizar una disolución de Inacap, según consta en el artículo XXIV de los estatutos de la corporación, donde también se dice que si Inacap se disolviera sus bienes pasarían a la Corfo.

La propuesta de algunos senadores PS-PPD es que el Estado pueda recuperar asientos en el directorio de Inacap. Aunque figura en la lista de las privatizaciones que en 2004 estudió una comisión de la Cámara de Diputados presidida por Carlos Montes (PS), el hoy senador dice que “Inacap nunca se privatizó”, sino que sólo cambió su administración, por lo que este es el momento de fortalecer su carácter público. Su correligionario Alfonso de Urresti fue más allá y dijo en el hemiciclo que es necesario “recuperar lo que de manera espuria y oscura, fue transformado en los últimos días de la dictadura”.

Aunque por el momento la idea de recuperar el carácter público de Inacap solo aparece como una demanda impulsada por parlamentarios, personas ligadas al oficialismo aseguran que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha conversado con dirigentes de la CPC para tantear el terreno. En esa cartera sólo confirmaron que por las relaciones permanentes que existen con los empresarios, el tema de Inacap se ha tocado en reuniones bilaterales, pero no entregaron detalles sobre la agenda. También insistieron en que el asunto está en manos del Ministerio de Educación. Lo mismo dijeron fuera de micrófono en la Corfo, donde recalcaron que para ellos Inacap hoy no es una prioridad. En la CPC, en tanto, aseguraron que hasta el minuto no han existido reuniones formales para tratar este asunto, aunque algunas voces afirmaron que sí ha sido tema de pasillo con autoridades de gobierno.

En Educación tampoco quisieron entregar detalles sobre el manejo de la situación de Inacap, aunque confirmaron que la ministra Adriana Delpiano ha recopilado antecedentes sobre el traspaso de Inacap a los empresarios y hace pocos días pidió, vía oficio, más información a la Corfo y al Consejo de Defensa del Estado.

MOVIMIENTOS SIGILOSOS

Los seis principales gremios empresariales del país son los que actualmente tienen el control del instituto profesional, el centro de formación técnica y la universidad que forman parte del holding Inacap. Todas las sociedades que lo constituyen tienen la presencia de dos naves madre: la Corporación Inacap, fundada en 1966 y que es la corporación privada sin fines de lucro original, y la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social (CNPDS).

La CNPDS es un espejo de la CPC, pues sus socios son los mismos gremios que la integran: la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif). A través de la CNPDS, estos gremios ocupan cinco sillones en el directorio de la Corporación Inacap, mientras el sexto pertenece a la CPC y sólo uno a Sercotec, en representación del Estado.

En medio de la ofensiva de senadores socialistas como Montes y De Urresti para que el Estado vuelva a tener una presencia significativa en el directorio de Inacap, sus actuales controladores han dado pasos sigilosos que apuntan en la dirección contraria. Las dos sociedades sin fines de lucro que crearon en enero de este año para tomar el control del IP y el CFT tienen sus estatutos listos y no consideran aumentar la presencia pública.

Según las escrituras que encontró CIPER, el 18 de enero pasado se constituyeron la Corporación Instituto Profesional Inacap y la Corporación del Centro de Formación Técnica Inacap. Ambas replican el directorio que actualmente gobierna el holding y tienen como socios fundadores a la Corporación Inacap original y a la Universidad Tecnológica. Se definen como corporaciones de derecho privado que no persiguen el lucro, y mientras la del IP aparece con un capital inicial de sólo $100 millones, la del CFT registra un capital de $2.100 millones.

En las actas de constitución de ambas corporaciones aparece la intervención del actual presidente de Inacap, Lorenzo Constans, quien explica la creación de estas nuevas sociedades. Constans dice que el nuevo sistema de financiamiento esbozado por la reforma de la educación superior exigirá que no existan sociedades comerciales al mando de las instituciones, luego analiza la actual estructura con la que operan tanto el IP como el CFT del grupo (controlados por sociedades comerciales), y asegura que esa organización societaria obedeció a la necesidad que hubo en su época para “adecuarse a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y que permitiera reconocer al IP Inacap y al CFT Inacap como continuadoras académicas de la corporación Inacap, la cual hasta esa fecha era quien estaba registrada como IP y CFT en el Ministerio de Educación. Hace presente que esta estructura fue tomada en consideración por el Ministerio de Educación para otorgar al Instituto Profesional Inacap su plena autonomía en el derecho respectivo”.

A pesar de lo afirmado por Constans en esa reunión, la LOCE nunca exigió que sociedades comerciales organizaran los IP y CFT que se crearan bajo su amparo. Lo único que señalaba ese cuerpo legal, que determinó la estructura educativa del país durante casi 20 años y que fue promulgada el último día de la dictadura, era que “los institutos profesionales y centros de formación técnica de carácter privado podrán ser creados por cualquier persona natural o jurídica en conformidad a esta ley, debiendo organizarse siempre como personas jurídicas de derecho privado para el efecto de tener reconocimiento oficial”. Nada decía sobre la necesidad de que fueran sociedades comerciales las que estuvieran al mando.

Eso sí, Constans agregó en esa reunión que a pesar de que las sociedades que actualmente dirigen el CFT y el IP tienen fines comerciales, nunca se han retirado excedentes: “Sus únicos socios y accionistas finales son corporaciones de derecho privado que no persiguen fines de lucro. Es decir, aún cuando ellas estén facultadas para distribuir sus utilidades, estas solo podrían llegar hasta las expresadas corporaciones y nunca podrían repartirse a los miembros de las mismas”.

En conversación con CIPER, Constans volvió a descartar la existencia de lucro: “De aquí nadie ha sacado un peso”. Agregó que “si tú me preguntas si alguna vez se otorgó dividendos o se repartieron utilidades del CFT y el IP, al único que le puede repartir es a la Corporación (Inacap), entidad que no tiene fines de lucro”. Como sólo lleva un año en el cargo, dijo no poder explicar por qué se diseñó una estructura basada en sociedades comerciales.

Pese a que las corporaciones sin fines de lucro que estarán a cargo del CFT y el IP quedaron formalmente creadas en las escrituras protocolizadas en enero, éstas no están operativas, ya que el aporte que la Corporación Inacap compromete (su participación en las sociedades actuales) está condicionado a la autorización del Mineduc: “Queda sujeto a la condición suspensiva consistente en que de conformidad a la ley, la corporación quede inscrita en el registro de centros de formación técnica del Mineduc como organizadora del CFT Inacap de modo que dicho CFT se encuentre autorizado a seguir funcionando como institución de educación superior con la corporación como su organizador”. La misma redacción se usa en la escritura que crea la Corporación IP Inacap.

Constans dijo a CIPER que ya dieron los primeros pasos para ingresar a la gratuidad, para lo cual en diciembre enviaron una carta al Mineduc solicitando el traspaso de su CFT y su IP a las nuevas entidades sin fines de lucro. Aún no tienen respuesta.

ESTRUCTURA PARA EL LUCRO… ¿SIN LUCRO?

Además de la creación de las corporaciones sin fines de lucro que podrían tomar el control del IP y el CFT de Inacap, existen otros recientes movimientos notariales que ayudan a entender su configuración actual. En agosto pasado modificaron los estatutos de la sociedad que hoy controla el CFT: se trata del Centro de Formación Técnica del Instituto Nacional de Capacitación Profesional Inacap y Compañía en Comandita por Acciones (CPA), la que fue constituida en 1994 para organizar el CFT del grupo. Sus accionistas son la Corporación Inacap y la Universidad Tecnológica de Chile, como socias gestoras (las que agrupadas acumulan 1.221.106 acciones), y como socias accionistas la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social (14.839), la sociedad Inacap y Compañía (623) y la sociedad comercial que controla el IP del grupo: Instituto Profesional del Instituto Nacional de Capacitación Profesional Inacap y Compañía en comandita por acciones (1.468).

Aunque las autoridades de Inacap aseguren que no existe lucro, igual en los estatutos de esta sociedad hay un apartado para un eventual retiro de ganancias: Título V “Balance y reparto de utilidades”.Según se lee en el documento revisado por CIPER, a fines de año los socios gestores son los encargados de realizar un balance con las operaciones sociales realizadas durante ese periodo y en su artículo XXVIII se lee que “los dividendos se pagarán a los accionistas a prorrata de las acciones pagadas de que sean titulares a la fecha del reparto”, mientras que el artículo siguiente establece que los socios gestores tendrán derecho a un 1% de esas utilidades líquidas.

Esas mismas disposiciones para el reparto de utilidades aparecen en los estatutos de la sociedad comercial que organiza el IP del Inacap, y que a su vez es accionista en la sociedad que controla el CFT: Instituto Profesional del Instituto Nacional de Capacitación Profesional y Compañía en Comandita por Acciones (CPA). Sus estatutos fueron modificados en mayo de este año (para reacomodar cargos y definir nueva estructura organizacional), y esa modificación permitió conocer quiénes son sus accionistas, casi los mismos que su par del CFT: Corporación Inacap y Universidad Tecnológica como socias gestoras, con 4.986 acciones; Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social, con 60 acciones, y la sociedad Inacap y Compañía, con 3 acciones.

Esta última sociedad también es accionista en el CFT y fue constituida en febrero de 1992, según la única huella pública en el Registro de Comercio. Sus socios son la Corporación Inacap y la CNPDS, dependiente de la CPC. Su objeto inicial fue la participación en otras sociedades y en cualquier tipo de negocio que sus socios acordaran. Su capital inicial fue de $100 mil.

Las interrogantes que quedan rondando son porqué una institución que dice no tener fines de lucro, durante más de 20 años estructuró sociedades con fines comerciales para operar sus servicios. Porque antes del actual organigrama de funcionamiento las sociedades en torno a Inacap fueron dueñas de inmobiliarias y de decenas de sociedades anónimas y de acciones, las que utilizaron para administrar sus numerosas sedes.

Según la reconstrucción de esa historia realizada por CIPER, a partir de marzo de 1995 la corporación constituyó 15 sociedades anónimas que administraban las sedes de Arica a Punta Arenas. Ese grupo de sociedades se agruparon exclusivamente en torno al IP, porque para administrar el CFT Inacap creó, al menos, otras 20 sociedades, todas del tipo comandita por acciones, además de dos sociedades anónimas constituidas a partir de 1999 (Coyhaique y Maipú).

También en 1999 la Corporación Inacap se asoció con la controladora de su IP y creó tres inmobiliarias (Zona Centro, Zona Norte y Zona Sur, todas sociedades anónimas). Luego de eso la estructura societaria comenzó a concentrarse, y algunas sociedades anónimas empezaron a absorber a las sociedades en comandita por acciones. En 2005 la compra de la Universidad Vicente Pérez Rosales (actual Universidad Tecnológica) dio paso a la creación de otra inmobiliaria: Inmobiliaria Inacap Zona Centro Dos S.A. y a la aparición de la Fundación Inacap, la que en el Registro Civil aparece vigente pero sin información respecto de sus directores.

En 2006 buena parte de las sociedades anónimas (más de 20) fueron absorbidas por la naciente Universidad Tecnológica, lo que le permitió armarse con los bienes y estructura que ya poseía el grupo, transformándose así en la institución que ordena y rige al Grupo Inacap (ver recuadro). A fines de 2011 las cuatro inmobiliarias fueron absorbidas por la Corporación Inacap.

La mayor parte de los edificios donde los tres planteles de Inacap funcionan en Santiago pertenecen en partes iguales a la Universidad Tecnológica, y a las dos sociedades comerciales que controlan su IP y su CFT.

LOS GRANDES EMPRESARIOS TOMAN EL CONTROL

La operación que entregó al empresariado el control de Inacap se gestó entre el triunfo del NO en el plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989 en que ganó Patricio Aylwin. El cerebro de la jugada fue el entonces vicepresidente de Corfo, el general de Ejército Guillermo Letelier Skinner, quien años más tarde sería condenado por el tráfico de armas a Croacia. Fue él quien firmó la carta donde Corfo anunciaba su retiro de Inacap.

Pocos meses antes de que Inacap decidiera el cambio de estatutos que dejó a los gremios empresariales al mando, Corfo instaló en el directorio a cuatro hombres clave. Cuando el 25 de agosto de 1989 se finiquitó la renuncia del Estado, votaron en el directorio como representantes de Corfo Manuel Feliú, Sergio Silva Alcalde, Juan Francisco Gutiérrez Irarrázaval y Antonio Castilla, tal como consignó un reportaje de la revista Siete+7 en octubre de 2002.

Mientras Feliú presidía la CPC, Antonio Castilla era representante del mismo gremio y presidente de la CNPDS, Juan Francisco Gutiérrez Irarrázaval era secretario de la CNPDS en 1988 y Sergio Silva Alcalde un colaborador de confianza del equipo económico del gobierno militar, según consignaron un reportaje de The Clinic y el libro Con Fines de Lucro, de María Olivia Monckeberg. Todos ellos siguieron en el directorio de Inacap, pero ahora como representantes de la CPC.

Guillermo Letelier Skinner

El informe de la comisión de la Cámara de Diputados que en 2004 analizó los traspasos de más de 700 empresas públicas a privados durante la dictadura, reconstruyó los pasos con que el Estado renunció a Inacap, y determinó que se trató de una “virtual donación” al sector privado:

“La decisión quedó condicionada a que Inacap se comprometiera a impartir enseñanza técnico profesional gratuita a favor de personas que Corfo seleccionara. A cambio de ello Corfo liberaba a Inacap de sus deudas. Debido a esto, solo quedó Sercotec como representante del Estado en Inacap. Según opinión de ex fiscal de Corfo, don Guido Macchiavello, en entrevista, esto significó que:

-Corfo renunciara a participar en la orientación del Instituto para apoyar la capacitación para el fomento y desarrollo de actividades productivas estimadas prioritarias para el Estado, ya que Sercotec quedaba en minoría frente a siete representantes de la empresa privada.

-Se entregó el patrimonio de Inacap valorado en la época en $4 mil millones.”

Ese patrimonio estimado no calza con el valor de los cursos que Inacap se comprometió a entregar a Corfo: $374 millones, por lo que el perjuicio fiscal habría sido superior a los $3 mil millones, según el documento que analizó en detalle el traspaso de Inacap y que quedó archivado como un anexo del trabajo de esa comisión investigadora.

Aunque en algún momento se analizó la posibilidad de recibir dinero a cambio de ceder cupos en la dirección del organismo, eso nunca ocurrió. De hecho, el entonces presidente de la CPC, Manuel Feliú, quien firmó la entrada de los empresarios al plantel, señaló a la revista Siete+7 que “nosotros no le pusimos plata. La CPC no puso plata arriba del escritorio. Eso sí que puso gratis el trabajo para hacerlo financiable, para hacerlo viable financiera y educativamente”.

Según su versión, fue el propio Augusto Pinochet quien le pidió a la CPC ingresar a Inacap. Feliú relató que un año antes del plebiscito de 1988 Pinochet conversó con él sobre esta materia, y que luego de eso se puso en contacto con Letelier Skinner para revisar los detalles de la incorporación de los gremios empresariales al principal plantel técnico del país.

La mañana del jueves 31 de marzo, en pleno desarrollo de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), el comandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach), Jorge Robles Mella, recibió la visita de tres gestores de intereses. El encuentro se concretó en el chalet C del recinto ferial de Pudahuel y se extendió por poco más de una hora. La cita quedó registrada en la plataforma de lobby de la institución, donde también se informó escuetamente sobre la materia tratada en esa reunión: “Problemas de mantenimiento del helicóptero S-70 de la Fach y saludo protocolar con motivo de la Fidae”.

De lo que no quedó rastro en el registro de la audiencia fue de a quién representaban y para quién trabajaban las personas que visitaron al general Robles. En el documento sólo se especificó que los asistentes venían en representación de sí mismos (ver registro de audiencia). Pero las tres personas que se presentaron ese día a las 09:45 en el recinto de la Fidae no asistieron únicamente como personas naturales. Dos de ellos, Adam Schierholz y Freddy Hernández, son altos ejecutivos y representantes para América Latina de la norteamericana Sikorsky (filial de la multinacional Lockheed Martin), un peso pesado en el negocio de la fabricación y venta de helicópteros, entre ellos del popular Black Hawk. El tercer integrante del comité: Patricio Campos Montecinos, ex general Fach, esposo de la ex agente civil del Comando Conjunto, Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”), y quien estuvo procesado por obstrucción a la justicia por omitir información sobre detenidos desaparecidos a la Mesa de Diálogo, instancia creada en 1999 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Tras ese episodio, Campos Montecinos pasó a retiro.

Patricio Campos Montecinos y Viviana Ugarte Sandoval (la “Pochi”)

La cita que reunió a fines de marzo en la Fidae al general Robles con Schierholz, Hernández y Campos, sería un hecho aislado si no fuera porque justo en esos momentos la Fach analizaba las ofertas presentadas por cuatro compañías –Sikorsky, entre ellas– para concretar una millonaria compra de seis helicópteros multipropósito medianos, en un proceso formal de adquisición iniciado en septiembre de 2015. Cinco meses más tarde de esa reunión en la Fidae –y a un año de abierto el proceso de adquisición–, la Fach anunció el 3 de septiembre pasado que había concretado la compra de seis helicópteros Black Hawk S-70i a Sikorsky (ver nota).

Ya en 2009 la institución había hecho público su interés por integrar a su potencial bélico una partida de helicópteros multipropósito. Para entonces, el lobby de Sikorsky ya operaba al más alto nivel: un cable de Wikileaks muestra cómo a principios de ese año el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, hizo gestiones comerciales ante altas autoridades del país en favor de los Black Hawk.

Según un artículo de El Mostrador de julio de 2009, Patricio Campos Montecinos también habría realizado gestiones en esa fallida venta. Al ex general de la Fach ya se le identificaba como el lobista clave del proveedor de armas Conrado Ariztía O’Brien, propietario de la empresa que históricamente ha tenido la representación de Sikorsky en Chile: I-Systems. Según el registro de proveedores vigente de la Fach, I-System sigue siendo el representante oficial de Sikorsky (ver documento) y Conrado Ariztía su gerente general y representante legal (ver documento). Además de la compañía norteamericana, la empresa de Ariztía –que ha cerrado millonarios contratos con las Fuerzas Armadas y de Orden–, es la que representa en nuestro país a más de una docena de fabricantes internacionales de material de guerra (ver recuadro).

Conrado Ariztía siempre ha intentado tener un bajo perfil, condición que perdió cuando en 2003 la investigación por la polémica compra de 25 aviones Mirage identificó a una de sus sociedades offshore con domicilio en Bahamas, como una pieza del entramado financiero por el que circularon las comisiones irregulares recibidas por civiles y autoridades de la Fach.

El proceso de adquisición de la nueva flota de helicópteros Black Hawk de Sikorsky se ha mantenido en total hermetismo, pero trascendió que la operación involucrará un gasto de entre US$150 y US$180 millones. La compra será solventada con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, fuertemente cuestionada desde que se revelara el fraude por $5.500 millones en el Ejército conocido como “Milico-Gate”.

Jorge Robles Mella

El anuncio por la prensa de la decisión de la Fach levantó polvo. Representantes de una de las compañías internacionales en carrera –la italiana Finmeccannica, ex Augusta Westland–, acusaron una serie de irregularidades durante el proceso de adquisición. El 7 de septiembre pasado, los abogados de Finmeccannica presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en el que cuestionaron la transparencia del procedimiento y solicitaron invalidarlo. También pusieron los antecedentes a disposición del contralor general de la República, Jorge Bermúdez.

Pese a que la decisión de comprar los Black Hawk fue comunicada como un hecho consumado, desde la Fach señalaron a CIPER que no se referirían al tema debido a que el “proceso de adquisición aún está en ejecución con la empresa seleccionada” y a que están “a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría respecto de una presentación que efectuó otra empresa participante”.

A la compra de estos helicópteros, se suma otra fuerte inversión anunciada a principios de marzo por el general Jorge Robles y que se materializará en el curso de los próximos dos años: la adquisición de dos aviones Basler BT-67 para reforzar los vuelos de la Fach a la Antártica, compra que rondaría los US$20 millones (ver aquí). La fabricante de los BT-67, la estadounidense Basler Turbo Conversions, también tiene intermediario en Chile. Su nombre: Patricio Campos Montecinos (ver documento).

UN LARGO PROCESO

Uno de los principales focos de atracción de la Parada Militar del 19 de septiembre pasado fue el fugaz sobrevuelo por la elipse del Parque O’Higgins del helicóptero de asalto Black Hawk S-70 de la Fuerza Aérea. Hasta ahora, es la única aeronave en su tipo con la que cuenta la Fach y fue adquirido en 1998, bajo la comandancia en jefe del ex general Fernando Rojas Vender.

Rojas Vender, que asumió su cargo en 1995, fue uno de los más cercanos contactos de Conrado Ariztía en la Fach desde que el intermediario de armas creara I-Systems en noviembre de 1985.

Fue el propio general Rojas quien en 1999 piloteó el Black Hawk adquirido un año antes a Sikorsky en un viaje histórico que conectó Punta Arenas con la base Amundsen-Scott en el Polo Sur (territorio antártico estadounidense). La proeza de Rojas Vender fue difundida por la empresa norteamericana en un comunicado en el que se aseguró que la Fuerza Aérea de Chile planeaba adquirir una nueva partida de helicópteros S-70 en los próximos años (ver nota en inglés).

Pero no fueron sólo loas las que cosechó Fernando Rojas Vender durante su mandato. Su gestión se vio empañada cuando se descubrió que el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea y otros oficiales de la institución, importaron muebles de rattán para uso personal haciéndolos pasar por pertrechos militares. Un artículo del diario La Nación (2008) agrega que en ese entonces también se cuestionó que la Fach favoreciera regularmente a la agencia de viajes de Conrado Ariztía –Turismo Marina Travel, creada en 1991– con compras de pasajes aéreos para el personal de la institución.

De la adquisición de una nueva partida de helicópteros Black Hawk que Sikorsky daba como segura en 1999, no se supo más hasta diez años después. En 2009 la Fach estaba en plena campaña para adquirir helicópteros destinados a transportar tropas y a operar en tareas de rescate ante desastres naturales. Sikorsky –ya representada por la empresa de Conrado Ariztía– no se guardó municiones en su intento por vencer a su principal oponente en esa posibilidad de negocio: los Mi-17 fabricados en Rusia.

Paul Simons

Un cable de Wikileaks fechado el 24 de febrero de 2009 da cuenta de las gestiones del entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, ante distintas autoridades para promocionar los helicópteros de Sikorsky: “El embajador Simons ha hecho convincentes presentaciones a nombre de Blackhawk (sic) tanto al comandante en jefe de la Fach (Ricardo Ortega) como al ministro del Interior (Edmundo Pérez Yoma). Sin embargo, pareciera que la decisión no es inminente” (ver cable en inglés).

A mediados de ese mismo año, la Fach anunció que había desechado la oferta de Sikorsky en favor de los Mi-17 rusos. Según publicó El Mostrador, el secretario de Comercio  de Estados Unidos, Gary Locke, envió una misiva a la Cancillería en la que habría manifestado su descontento por la decisión. En otro cable de Wikileaks, fechado el 24 de julio de 2009, el embajador Simons se refiere al impasse diplomático: “mientras la carta expresa decepción por la falta de un proceso de licitación abierto, en la prensa (el hecho) fue caracterizado como una queja de Estados Unidos ante la elección del modelo ruso por sobre el Black Hawk” (ver cable en inglés).

La compra de los helicópteros Mi-17 nunca se concretó. Una fuente de defensa señaló a CIPER que la adquisición fue objetada por la Contraloría en la puerta del horno: la Ley Reservada del Cobre no contemplaba entonces el financiamiento de material para operaciones ante catástrofes naturales.

INVERSIÓN DE CARÁCTER SECRETO

Seis años después de la fallida compra del 2009, la Fach abrió un nuevo proceso de adquisición de helicópteros multipropósito medianos para tareas de rescate. A través de una “carta de requerimientos”, el 17 de septiembre de 2015 invitó a seis empresas a participar en el marco de un procedimiento de compra vía trato directo.

En el caso de las Fuerzas Armadas, las adquisiciones vía trato directo –sin que medie licitación pública ni privada– están reguladas por el Decreto Supremo N°124 del 2004 y son definidas como procedimientos excepcionales que sólo pueden darse bajo limitadas causales. CIPER solicitó por Ley de Transparencia conocer las bases y matriz de evaluación con las que la Fach llamó a concurso, además de la lista de participantes (proveedores) del proceso de adjudicación. En un documento enviado a este medio el 4 de agosto, la Fach justificó la contratación por trato directo señalando que se trataba de “una inversión de carácter secreto”. En ese mismo documento denegó la solicitud de información debido a que “su divulgación genera el riesgo de afectar la seguridad de la Nación y hacer público el potencial bélico de la institución, exponiendo las capacidades estratégicas propias de la defensa” (ver documento). Lo curioso es que según versiones de prensa divulgadas por la propia Fach, los helicópteros serán utilizados como apoyo para rescate en zonas afectadas por desastres naturales. Además, uno de los participantes del proceso de adquisición asegura que no se les pidió cotizar equipamiento bélico para las naves.

Según la indagación de CIPER, sólo cuatro de las seis compañías contactadas por la Fach enviaron sus propuestas: Sikorsky con los Black Hawk S-70i; la italiana Finmeccannica con los AW 149; la franco-germana-española Airbus Helicopters con los Cougar; y Rosoboron Export, que comercializa los Mi-17 fabricados por la rusa Mil.

Fuentes que participaron del proceso, afirmaron a CIPER que se sorprendieron con la “vaguedad” de los requerimientos solicitados por la Fach a las compañías que invitó a concursar. “Por ejemplo, establecieron un rango extremadamente amplio para la capacidad de carga del helicóptero: entre 6.500 y 13.000 kilos”, señaló a CIPER uno de los ejecutivos de las empresas participantes que pidió reserva de su identidad. Dentro de ese rango, explicó, algunos de los proveedores tienen más de un modelo, y no se entregaron detalles que permitieran concluir cuál era el adecuado para los requerimientos. La misma fuente aseguró que durante el proceso de selección del proveedor, la Fach evitó recibir en persona a los representantes de las empresas para “no dar señales que pudiesen malinterpretarse” y que la comunicación entre las partes se zanjó principalmente por vía remota. Desde la institución declinaron hacer comentarios.

José Antonio Gómez, Deborah Lee James y Michael Hammer

Fue justo en mitad del proceso de selección (31 de marzo de 2016) que Patricio Campos Montecinos y dos altos ejecutivos de Sikorsky visitaron al comandante en jefe de la Fach, Jorge Robles, en una audiencia en la que no quedó registro de la representación que ejercían. Coincidentemente, ese mismo día, el ministro de Defensa José Antonio Gómez recibió en audiencia a la secretaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Deborah Lee James, y al embajador de ese país en Chile, Michael Hammer, en una reunión que tuvo como propósito “fortalecer los lazos bilaterales”, según un comunicado de la propia cartera.

El ministro Gómez –a quien le correspondió aprobar el proyecto de adquisición de helicópteros de la Fach– no estuvo disponible para atender las consultas de CIPER. Desde su entorno aseguraron que en la reunión de fines de marzo con Deborah Lee James no se tocó el tema de los helicópteros Black Hawk.

El embajador Hammer respondió a las consultas de CIPER por escrito, poco antes de dejar la representación diplomática en Chile. No confirmó ni desmintió haber hecho gestiones en favor de Sikorsky: “Una de las principales funciones de las embajadas de Estados Unidos en el exterior es apoyar el comercio y la inversión y, en este contexto, nos reunimos habitualmente con empresas estadounidenses que buscan hacer negocios en Chile”, dijo.

El 3 de septiembre pasado, la Fach dio a conocer que la ganadora del proceso de adjudicación de los seis helicópteros multipropósito medianos había sido Sikorsky, empresa que en Chile es representada por el intermediario de armas Conrado Ariztía. Cuatro días más tarde, la italiana Finmeccannica presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago pidiendo que se invalidara la adjudicación. Acusó falta de transparencia en el proceso y, entre otras cosas, que en ningún momento –pese a la insistencia del fabricante italiano– la Fach dio a conocer “los contenidos y fundamentos de la matriz de evaluación” que se utilizó para calificar las propuestas de los proveedores (ver escrito).

El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones y será el máximo tribunal el que resolverá en última instancia. Paralelamente, los abogados de Finmeccannica presentaron los antecedentes en la Contraloría General de la República, la que en los próximos días deberá pronunciarse sobre la compra.

La decisión de la Fach también ha levantado críticas entre expertos en defensa que ponen en cuestionamiento la pertinencia de la adquisición. El analista Eduardo Santos calificó la compra de los helicópteros de Sikorsky como un error. “Desde el punto de vista técnico la Fach no ha sido muy cuidadosa con sus compras. El Black Hawk técnicamente es un muy buen helicóptero, no tengo nada que decir. Pero no es el que hoy necesita Chile, porque esa capacidad ya la tiene el Ejército con los helicópteros Cougar. Se trata de una duplicación de capacidades, con dos modelos distintos, lo que da cuenta de la falta de conducción conjunta de nuestra fuerza militar”, señaló Santos a CIPER.

LA DUPLA ARIZTÍA-CAMPOS

La reunión del ex general de aire Patricio Campos y los altos ejecutivos de Sikorsky con el general Robles en pleno proceso de selección de proveedores, agrega un nuevo capítulo al polémico historial de Conrado Ariztía, representante de la compañía norteamericana, con la Fach.

Tanto Ariztía como Campos –a quien distintas fuentes identifican como el principal lobista del intermediario de armas– no han sido personajes secundarios en el círculo de la Fuerza Aérea. El primero se ha posicionado desde los ’80 como uno de los proveedores favoritos de la Fach; el segundo llegó a ser quinta antigüedad de la institución y encabezó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Conrado Ariztía salió del anonimato al estallar el caso Mirage. En 1994, cuando la Fach decidía la compra de los aviones que reemplazaría a la flota de Hawker Hunter, el intermediario representaba a Sagem, empresa subsidiaria de Dassault, el fabricante francés de los aviones Mirage. Y aunque la Fuerza Aérea finalmente se decidió por los 25 aviones Mirage V de la empresa belga Sabca –también filial de Dassault y representada por el lobista checo y amigo de Ariztía, Carlos Honzik–, el negocio lo benefició de todos modos: la tecnología de los aviones belgas estaba obsoleta. Según un artículo del diario La Nación, en 1996 Sagem se ganó un contrato de más de US$20 millones para proveer a la Fuerza Aérea de esa tecnología. Entre 1995 y 1997, Ariztía recibió un total de US$1,8 millón de la empresa Sagem en cuentas en el extranjero.

El estallido del caso Mirage remeció a la Fuerza Aérea. La investigación del ministro Omar Astudillo sobre la compra de los Mirage belgas estableció que de los US$109 millones que pagó el Estado por ellos, hubo un sobreprecio de US$15 millones, los que fueron usados para pagar comisiones a los intermediarios de la compra y repartidos entre civiles y altos mandos.

En 2003, cuando los tribunales belgas levantaron el secreto bancario de cuentas relacionadas a algunos de los protagonistas del escándalo de los Mirage, se conoció que Conrado Ariztía había recibido US$1,7 millón en una cuenta de la sociedad offshore Intercountry Holdings de su propiedad. Quién giró esos dineros fue precisamente su amigo Carlos Honzik, encargado de repartir los US$15 millones iniciales.

Patricio Campos Montecinos era la quinta antigüedad de la Fach y director de la DGAC cuando pasó a retiro en septiembre de 2002. Hasta entonces, su carrera había avanzado sin problemas. Fue agregado aéreo en Brasil cuando Heraldo Muñoz era embajador en ese país. Fue ratificado en 1999 por Eduardo Frei como comandante en jefe de la Tercera Brigada Aérea y luego por Ricardo Lagos cuando fue nombrado director de la DGAC. El año 2000 fue designado por el entonces comandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos, como encargado de recopilar información para la Mesa de Diálogo (constituida en 1999) sobre el paradero de los 55 detenidos desaparecidos atribuidos a la Fuerza Aérea. Dos años después fue procesado por el ministro Mario Carroza por obstrucción a la justicia, cuando se supo que, de los 23 casos que recabó, sólo entregó 18 nombres.

La información que tenía sobre los otros cinco –Juan Orellana, Ignacio González, Ricardo Weibel, Víctor Vega y José Sagredo– fue omitida y destruida por Campos. En septiembre de 2002, el diario La Nación publicó una serie de reportajes que terminarían por sepultar su carrera. En ellos se reveló la supuesta rearticulación del Comando Conjunto dentro de la Fach para desvirtuar y ocultar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos. “Colmillo Blanco” –nombre que le dieron al agente del Comando Conjunto, Otto Trujillo, para protegerlo–, denunció además que la esposa de un general de la Fach había participado en el grupo como agente: Viviana Ugarte Sandoval, también conocida como la “Pochi”, que en agosto pasado, según informaron medios de prensa fue condenada a siete años de presidio por asociación ilícita y cómplice de los secuestros de Nicomedes Toro Bravo y Raúl Montoya Vilches en 1976.

Poco después de la publicación de La Nación, Campos Montecinos, esposo de la “Pochi”, colgó su uniforme. El ex general de la Fach fue absuelto en diciembre de 2007. En 2005, el cambio al Código Procesal Penal estableció que el delito de obstrucción a la justicia sólo correspondía a casos en que se obstaculizara la investigación del Ministerio Público, y no de los Tribunales de Justicia, como era en el momento en que se acusó e investigó a Patricio Campos (ver dictamen).

CIPER intentó contactar a Patricio Campos y a Conrado Ariztía en distintos teléfonos, sin éxito. La casa donde históricamente funcionó I-Systems (comuna de Ñuñoa), hoy está sin muebles, ni moradores. De acuerdo a la versión entregada por vecinos, esa casa se vendió hace una semana.

Un video de minuto y medio, titulado “Sueños”, es la carta que jugó el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), para iniciar la campaña en busca de su quinta reelección. Otra pieza audiovisual que respalda su candidatura es una sentida intervención del ex Presidente Sebastián Piñera. Los dos videos fueron realizados por la productora Tregua, la que fue contactada por el comando de Torrealba para realizar cinco trabajos similares, aunque con el correr de la campaña esa cifra puede variar. Pero el trato entre Tregua y el comando presenta tres particularidades que prometen levantar controversia: en primer lugar, la Municipalidad de Vitacura tiene contratada a la misma empresa por más de $344 millones; en segundo término, uno de los dueños de Tregua figura empleado a honorarios en la municipalidad por $2 millones mensuales y, por último, la revisión que hizo CIPER da cuenta de incumplimientos en algunas de las metas fijadas por el contrato.

Tres son los socios que constituyeron Tregua. Uno de ellos es Andrés Chadwick Costa, hijo del ex ministro del Interior Andrés Chadwick Piñera (UDI) y sobrino del ex Presidente Sebastián Piñera. Otro de los socios es Cristián Camus Pérez, yerno del ex diputado UDI y ex miembro del directorio de TVN, Cristián Leay, socio histórico del ex ministro Pablo Longueira. Camus está casado con María Carolina Leay Cabrera. El tercer socio es Dionisio de la Cerda Olivos, el único del trío que no cumple labores ejecutivas en la productora, pues –según la información publicada en la web de Tregua– es gerente general de Imahe, empresa proveedora de la industria gastronómica.

La sociedad Tregua fue creada en 2010 y, de acuerdo con los registros de Mercado Público, durante el gobierno de Piñera la productora prestó servicios a la Presidencia de la República, al Ministerio de Bienes Nacionales, al Servicio de Capacitación y Empleo (Sence), al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y a la Municipalidad de Vitacura. La misma base de datos indica que tras el cambio de gobierno de 2014, en el ámbito público solo ha sido contratada por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pero mantuvo sus nexos con Vitacura.

Andrés Chadwick y Cristián Camus

El contrato con Vitacura se firmó en septiembre de 2013 y se renovó en agosto de 2015, en ambas ocasiones producto de una licitación. El primer vínculo se extendió por 24 meses y los servicios que se encargaron fueron tres: elaboración de contenidos para las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube y la plataforma local VitaTV, por 83,3 UF mensuales (cerca de $2 millones a la fecha en que se rubricó el contrato); envío de hasta mil mensajes SMS por 2,38 UF mensuales ($54 mil) y, finalmente, grabación y difusión de hasta cinco videos al mes por 249,9 UF mensuales ($5,8 millones). En total, al finalizar los 24 meses, los pagos sumarían 8.053,93 UF (a esa fecha unos $185,3 millones).

En abril del 2014 el contrato se amplió, para incorporar Instagram al servicio de redes sociales. La municipalidad se comprometió a pagar otras 50 UF mensuales por este nuevo encargo (cerca de $1,2 millón). De esta forma, el total comprometido en este primer contrato se elevó a 8.853,93 UF ($203,6 millones).

El contrato de 2015 se firmó por 36 meses. En este nuevo vínculo se eliminaron los mensajes SMS y solo se pactaron dos servicios: el trabajo con las redes sociales, por 121,38 UF mensuales (en esos días cerca de $3 millones), y grabación y difusión de tres a cinco videos cada mes, por 261,80 UF mensuales (unos $6,5 millones). En total, el segundo contrato comprometió el pago de 13.794 UF, equivalentes a $344,8 millones.

En suma, entre el primer y segundo contrato, los pagos que Vitacura hará a Tregua alcanzarán a cerca de $550 millones.

El precio que paga Vitacura por estos servicios es alto, si se compara con lo que desembolsa la comuna vecina: Las Condes. En esta última el trabajo lo hace Espinaca Limitada, que está a cargo de las campañas en redes sociales y los videos institucionales. Aunque Espinaca no debe administrar directamente las cuentas, como ocurre en Vitacura, su contrato incluye más tareas, como producción de eventos, diagramación de revistas, diseño de gráfica urbana, de uniformes, stands, presentaciones 3D y campañas de comunicación interna. Por estos servicios Las Condes paga 65 UTM (Unidades Tributarias Mensuales) por mes, equivalentes a poco menos de $3 millones. En tanto, Vitacura gasta casi $10 millones mensuales en su contrato con Tregua, solo por redes sociales y videos.

LOS HONORARIOS DE CAMUS

En paralelo a los servicios prestados por Tregua a Vitacura, la municipalidad ha contratado a honorarios al socio y gerente general de la productora, Cristián Camus Pérez.

Las normas de administración del Estado establecen que no pueden desempeñarse en un organismo público aquellas personas que formen parte de sociedades que tengan contratos por sobre 200 UTM ($9,1 millones) con esa misma entidad estatal. Esta limitante rige también para los contratos a honorarios, como lo ha establecido la Contraloría General de la República (ver dictamen). Este impedimento debió aplicarse a Cristián Camus, debido a que el contrato de Vitacura con Tregua sobrepasa el límite. Pero eso no ocurrió.

Imagen del video de Piñera apoyando a Torrealba

Los registros de transparencia indican que el primer trabajo a honorarios de Camus se extendió entre abril y junio de 2014, labor que consistió en dictar un taller de video para colegios de la comuna y que le reportó un pago de $2,6 millones. En 2015 fue contratado entre agosto y septiembre para realizar videos para el programa Colegio Sustentable, con un pago total de $1,3 millón. Su tercera contratación tuvo lugar entre enero y marzo de este año, para asesorar en la creación de la plataforma web Vitacura Sustentable, con un pago global de $1,8 millón.

La cuarta y última contratación a honorarios de Cristián Camus Pérez aún estaba vigente cuando CIPER consultó en la municipalidad, el pasado 20 de septiembre, por las labores encomendadas tanto a la productora Tregua como a su gerente general. Este contrato se inició en junio de este año y estaba previsto que Cristián Camus trabajaría hasta diciembre próximo. Su labor era mantener y administrar la plataforma Vitacura Sustentable, por lo que cobraría un total de $14,5 millones (poco más de $2 millones mensuales).

No obstante, el jefe de gabinete de la alcaldía, Galo Errázuriz, informó que se puso fin al contrato a honorarios de Camus luego de las consultas hechas por CIPER. Según indicó Errázuriz, al analizar los antecedentes solicitados, la Dirección Jurídica detectó la incompatibilidad entre sus servicios a honorarios y su carácter de socio y representante legal de una empresa que mantiene un contrato con la misma municipalidad por más de 200 UTM.

Desde 2014 yhasta que se puso fin a sus labores a honorarios, los pagos que efectuó Vitacura a Cristián Camus alcanzaron a sumar $14,2 millones. Si hubiese completado su último contrato, habría percibido un total de $20,2 millones.

VIDEOS DE CAMPAÑA

El mismo jefe de gabinete del alcalde, Galo Errázuriz, quien coordinó la entrega de los antecedentes requeridos por CIPER, informó que la productora Tregua había pactado realizar cerca de seis videos para la campaña electoral de Torrealba. El detalle de las tareas encargadas por el comando electoral a la productora Tregua, dijo Errázuriz, debía ser consultado a los encargados de la campaña.

Video del alcalde Raúl Torrealba

La hija del alcalde de Vitacura, María José Torrealba, encabeza el comando para la reelección de su padre. Ella informó a CIPER que asumió esta tarea en agosto pasado y que en esas fechas cotizó con Tregua la realización de cinco videos, aunque no sabe aún cuántos les pedirá finalmente, ya que los pagos se realizarán al término de la campaña, conforme a las nuevas normas de financiamiento de candidaturas. Su presupuesto para este ítem, dijo, oscila entre $2 millones y $3 millones. Por el mismo servicio (hasta 5 videos al mes), Tregua le cobra a la Municipalidad de Vitacura $6,5 millones.

La idea inicial, señaló María José Torrealba, era encargar a Tregua videos “largos” para difundir en redes sociales –de alrededor de un minuto y medio–, similares al que ya hizo la productora para el inicio de la campaña. Por eso, le pidió a Tregua una cotización por cinco videos de ese formato. Pero ahora, con la carrera electoral ya en marcha, dice que están pensando en cambiar los videos “largos” por varios más cortos, aunque siempre dentro del mismo presupuesto. De hecho, ya cuentan con piezas que duran de 10 a 20 segundos con mensajes de políticos y otras figuras públicas, como el entrenador y comentarista de fútbol Juvenal Olmos.

Sobre las labores en paralelo que Tregua realiza para el municipio y para la campaña, Galo Errázuriz dijo que no hay impedimento jurídico para desempeñar ambos trabajos. Y aunque aceptó que este doble rol puede generar cuestionamientos que afecten la imagen del municipio, sostuvo que lo relevante desde el punto de vista de las normas administrativas es que la relación de la municipalidad con Tregua “es totalmente transparente” y que existen informes que acreditan que los trabajos que se le encomendaron y pagaron, efectivamente se han hecho.

EL INFORME DE CAMUS

CIPER solicitó acceso, por medio de la Ley de Transparencia, a los documentos que acrediten que los trabajos encomendados a Tregua y a Cristián Camus Pérez efectivamente se realizaron. La municipalidad tiene un plazo legal de 20 días hábiles, prorrogables por otros diez días, para responder. Pero el jefe de gabinete de la alcaldía, Galo Errázuriz coordinó la recopilación de algunos de estos documentos y exhibió ante CIPER copias del último informe trimestral elaborado por Camus sobre las tareas que desempeñó a honorarios.

El informe de Camus corresponde al del mes de agosto pasado, aunque no lleva timbre con la fecha de recepción en la municipalidad, y reseña de manera genérica que coordinó con los equipos municipales el proyecto de la plataforma web para Vitacura Sustentable, participando en la planificación de su lanzamiento, generando contenido digital para “poblar” el sitio y elaborando nueve videos informativos y de entrevistas a “vecinos sustentables” de la comuna, entre otras actividades.

CIPER buscó en la web de Vitacura Sustentable los nueve videos mencionados en el informe de Camus. En el sitio se aprecian 13 videos. Tres corresponden a imágenes extraídas de fuentes externas (animales salvajes y el discurso de un joven con Síndrome de Down en la ONU). De los diez restantes, tres fueron publicados por el canal Youtube de la municipalidad: dos en 2014 y el tercero en 2016 (este último para ser difundido en redes sociales). Los otros siete cuentan con el distintivo de Vitacura Sustentable, por lo que se puede concluir que fueron especialmente hechos para esa plataforma. Pero uno de ellos es idéntico (salvo por los textos) a otro video realizado por Tregua para el canal municipal.

En resumen, en la web de Vitacura Sustentable se aprecian solo seis videos realizados exclusivamente para esa plataforma, en contraste con los nueve que Cristián Camus mencionó en su informe.

LOS REPORTES DE TREGUA

Sobre la ejecución de los trabajos encomendados a Tregua en las redes sociales, Galo Errázuriz exhibió un reporte de enero a agosto, pero sólo con el desempeño en Facebook, sin información sobre las labores en otras plataformas. En todo caso, las bases de la licitación establecían que Tregua debía entregar informes mensuales detallando el trabajo realizado. Esos documentos, dijo Errázuriz, aún están siendo recopilados para responder a la solicitud que hizo CIPER a través de la Ley de Transparencia

CIPER revisó las cuentas de la municipalidad en las redes consideradas en el contrato: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y VitaTV (una señal local en internet). Las bases de la licitación de 2015 establecieron tareas mínimas a cumplir en cada una de estas redes (vea esas bases). Por ejemplo, VitaTV debía actualizarse con al menos cinco videos mensuales. Pero al revisar esta página se aprecia que el último video se incorporó en marzo pasado y que, antes de eso, su última publicación era de noviembre de 2015.

En Instagram las bases exigen un mínimo de 20 fotos mensuales. Al revisar la cuenta, en lo que va de contrato –desde septiembre de 2015– solo se ha cumplido con esta meta en dos meses. Entre los períodos con peor desempeño durante este año están febrero (se publicaron solo cuatro fotos), marzo (seis fotos) y agosto (siete). Esto ocurrió a pesar de que el municipio bajó las exigencias en comparación al primer contrato de 2014, que pedía 30 fotos mensuales (vea ese contrato).

Cuenta de Vitacura en Instagram

De acuerdo con lo que se aprecia en la misma cuenta, en el período del primer contrato solo se cumplió en un mes, de los 16 que duró el servicio, con el mínimo de 30 fotos.

Para las cuentas de Twitter y Facebook, las bases de 2015 exigen un mínimo de 60 posteos mensuales en cada red, además de contestar a los usuarios y replicar comentarios positivos. Estas dos cuentas son las que presentan más publicaciones, aunque en 2016 en Twitter solo se ha cumplido con los 60 posteos en dos meses: abril y agosto.

Después del manejo de redes sociales, el segundo gran ítem del contrato es la grabación y difusión de videos. En relación a esta tarea, las bases de 2015 indican que cada mes deben realizarse entre tres y cinco videos, de alrededor de tres minutos de duración, que incluyan imágenes grabadas con drones y que deben ser difundidos a través de Youtube.

En el contrato la duración requerida para los videos aumentó a cinco minutos, pero desde que comenzó el servicio solo una vez se ha cumplido con esa extensión. De los 43 videos que se han subido a Youtube, 27 duran menos de dos minutos, incumpliendo lo solicitado tanto en las bases como en el contrato.

El jefe de gabinete de la alcaldía, Galo Errázuriz, entrego a CIPER una nómina con los videos realizados y publicados cada mes en lo que va de este año (vea ese registro). En este conteo oficial se incorporaron, en abril y junio, animaciones de imágenes GIF en lugar de videos, por lo que en esos meses no se cumplió con el mínimo. En el caso de junio, si se descuentan los dos GIF considerados en la nómina entregada por la municipalidad, solo queda un video supuestamente hecho ese mes, titulado “Nuevo canil”. Pero esa pieza audiovisual fue publicada en julio y CIPER no encontró en Youtube registros de videos difundidos en junio.

OTROS HONORARIOS BAJO LA LUPA

En la nómina de empleados a honorarios de Vitacura figura, además de Cristián Camus Pérez, otra persona que tiene un vínculo, aunque indirecto, con la productora Tregua. La periodista María Teresa Nielsen Hernández boletea para la municipalidad desde noviembre de 2015 y según los registros de transparencia su tarea se extenderá hasta diciembre de este año. La municipalidad le paga $2,1 millones mensuales, por lo que al término de sus labores habrá cobrado $16,8 millones.

Página web de Solar & Nielsen

El trabajo de María Teresa Nielsen consiste en realizar un mailing masivo para desarrollar un informe acerca de la opinión de los vecinos sobre las iniciativas de la Dirección de Innovación y Sustentabilidad del municipio. Una labor estrechamente ligada a la tarea a honorarios que estaba cumpliendo Cristián Camus Pérez, quien debía administrar la plataforma Vitacura Sustentable, dependiente de la misma dirección municipal.

María Teresa Nielsen es socia de Josefa Solar Larraín, esposa de Andrés Chadwick Costa, uno de los dueños de Tregua. Ambas integran la empresa de comunicación estratégica Solar & Nielsen, en cuya página web se presenta a la productora Tregua como una empresa aliada. Además, Josefa Solar es presentada por Tregua como parte de su equipo encargado de brindar el servicio de “Post producción y web”.

CIPER se comunicó con Cristián Camus, quien pidió que lo llamáramos más tarde, pero no volvió a responder. También se le dejó un mensaje en la productora Tregua, el que tampoco tuvo respuesta.

CON EVELYN MATTHEI Y ALLAMAND

Tregua tiene experiencia en campañas políticas. En su web se promociona como la productora que tuvo a su cargo el registro audiovisual de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. También destaca que trabajó en la campaña a senador de Andrés Allamand en 2014, en la que se ocupó de la franja de TV, de la “gestión de comunidades” y de realizar piezas gráficas callejeras.

Proyectos publicados en www.tregua.cl

Además de los clientes políticos y de los servicios que presta a entidades públicas, la productora promociona su trabajo con empresas privadas. Entre ellas, su web menciona a Viña Ventisquero, Concha y Toro, Falabella, Parque del Recuerdo, Carozzi y Cuprum.

Tregua saltó a la palestra por primera vez en marzo de 2014 por un incidente ocurrido tras el cierre del gobierno de Piñera. En esos días se supo que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, junto al ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y al abogado Luis Hermosilla, proyectaban instalar una consultora dedicada al manejo de crisis.

La consultora no cuajó finalmente, pero cuando se conoció el plan la noticia se amplificó porque se le veía como el retorno de Longueira después de su colapso en 2013. Aunque se manejaba con máxima reserva, el proyecto quedó al descubierto por un descuido de Tregua. La productora había montado una web de acceso limitado que operaba como “Longueira, Chadwick y Hermosilla Asesorías”, pero por error lo dejó abierto al público (vea el reportaje de CIPER).

LA ASESORÍA DE ZALAQUETT

Los registros de la municipalidad revelan que Vitacura ha pagado por los servicios de otra empresa dedicada a las comunicaciones estratégicas y cuyos dueños también están estrechamente relacionados con los círculos políticos de derecha. Triangular se llama la agencia fundada por el ex alcalde de La Florida y de Santiago, Pablo Zalaquett (UDI), y por su hermana, la ex diputada Mónica Zalaquett.

A partir de septiembre de 2014 Vitacura contrató a honorarios a Pablo Zalaquett y sus labores se extendieron hasta marzo de este año. Inicialmente, su pago mensual ascendía a $2,2 millones, pero en enero de 2015 se elevó a poco más de $3 millones. En total, Pablo Zalaquett percibió $45,5 millones por todos sus servicios.

Presentación en la web www.triangular-ie.cl

El ex alcalde dijo a CIPER que en el segundo semestre de 2014 la municipalidad se encontró con una fuerte oposición a su Plan Maestro Vial, debido a que consideraba ampliar la costanera sur hacia el oriente y crear tres nuevos puentes sobre el Mapocho, lo que restaría superficie al parque que recorre la ribera sur del río. Zalaquett relata que vecinos de ese barrio organizaron una efectiva campaña en redes sociales rechazando el proyecto, por lo que la municipalidad recurrió a la experiencia de su empresa en el manejo de crisis con comunidades.

La municipalidad lo contrató como persona natural, dice Zalaquett, para evitarse la demora del proceso de licitación: “Si me contrataban como empresa había que licitar y eso puede tomar, mínimo, como un mes y medio. Pero la necesidad era urgente, porque la campaña en contra ya estaba andando. Por esa urgencia el alcalde Torrealba decidió contratarme como asesoría personal, que es sin licitación, pero porque yo aportaba la experiencia de nuestra empresa. Yo fui alcalde y sé muy bien que eso es lo que se hace cuando uno tiene una urgencia y sé que no hubo nada irregular en esto”.

La web de Triangular informa que la directora de Relacionamiento Comunitario y Asuntos Públicos de la empresa de Zalaquett, precisamente el área temática que se requería en el conflicto con los vecinos, es María José Domínguez Farah, quien al mismo tiempo ostenta el cargo de concejala en Vitacura.

Zalaquett reconoce que aterrizó en Vitacura acompañado de una profesional de su empresa que trabajó en terreno con vecinos y equipos municipales, la que también fue contratada a honorarios. El registro de transparencia indica que la periodista Pilar González Valenzuela prestó servicios al municipio entre septiembre de 2014 y marzo de 2016, percibiendo un total de $31,8 millones. Aunque aún aparece en la web de Triangular como parte del staff de esa empresa, Pablo Zalaquett informó que ya no trabaja con ellos.

Una de las socias fundadoras de Triangular, la ex ministra del Sernam durante el gobierno de Piñera, Loreto Seguel King, también prestó servicios a Vitacura como parte del mismo proyecto, según reconoció el propio Zalaquett. El ex alcalde dijo que Loreto Seguel se retiró de la empresa, por lo que solo alcanzó a trabajar en la asesoría para Vitacura un par de meses: septiembre y octubre de 2014. Los registros de transparencia indican que en ese lapso se le pagó un total de $3,4 millones. Sin embargo, en su contrato figura que el objetivo era asesorar en la mejoría de los beneficios municipales para la comunidad, con “especial énfasis” en políticas de género.

Sumando los pagos que recibieron Zalaquett, Seguel y González, la municipalidad desembolsó un total de $80,7 millones a Triangular, pero evitando hacer una licitación y presentados como servicios personales.

El ex alcalde Pablo Zalaquett dijo que no trabaja ni colabora con la campaña de Raúl Torrealba, lo que fue confirmado por María José Torrealba. La ejecutiva de Triangular y también concejala de Vitacura, María José Domínguez, ahora va a la reelección con el apoyo de Torrealba, para quien ya grabó un video de respaldo.

Loreto Seguel King

La misma concejala Domínguez es socia de Loreto Seguel en Proyecto Activo SpA, una sociedad que se constituyó en agosto de 2014 bajo el nombre de ProyectChile SpA. Seguel volvió a ser contratada a honorarios en Vitacura en marzo de 2015, cuando ya había dejado Triangular, esta vez para apoyar a los emprendedores de la comuna. Su contrato finaliza en diciembre de 2016 y hasta agosto, según los reportes de transparencia, la municipalidad le había pagado un total de $21,9 millones.

Loreto Seguel King es ingeniera civil y bajo el gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y luego dirigió el Servicio Nacional de la Mujer. Mientras su socia María José Domínguez compite por un cupo de concejal en Vitacura, Loreto Seguel –ex tesorera de la UDI– es candidata a la alcaldía de Conchalí por el pacto Chile Vamos.

LÍDER JUVENIL DE RN

Además de la productora Tregua y de Cristián Camus, otro nombre que figura en la nómina de pagos de Vitacura y que también está relacionado con la campaña de Torrealba es el de Fredy Vásquez Cabrera. El presidente de la juventud de RN recibe honorarios mensuales por $898 mil y su vínculo con el municipio se extenderá hasta diciembre de este año. Según los reportes de transparencia, hasta agosto pasado había cobrado un total de $6,7 millones.

El trabajo de Vásquez consiste en “levantar en terreno las necesidades de la comunidad para dirigir políticas más acotadas”, así como informar a los vecinos los programas y beneficios que ofrece la municipalidad. Al mismo tiempo, se desempeña como encargado territorial del comando de la campaña de Torrealba.

Fredy Vásquez no considera incompatibles sus dos funciones, porque, según dijo a CIPER, en su trabajo para la municipalidad no está sometido a cumplimiento de horario, lo que le permite dedicarle tiempo a la campaña. La responsable del comando, María José Torrealba, dijo que Vásquez la asesora en el manejo territorial de la comuna y que no recibe pago por sus labores, pues las asume como parte de sus obligaciones como militante. Además, explicó que participa principalmente los fines de semana, por lo que, a su juicio, no debiesen verse afectadas sus obligaciones en la municipalidad.

Por Carlos Dada

Aquí murió un río. Queda solo su carcasa. Un cauce seco. Un lecho polvoriento, con enormes rocas y piedras de todos los tamaños, donde otrora nadaban peces. Su cadalso está unos metros arriba, entre las montañas del Jilguero: un embalse de cemento donde van a morir las aguas del río Zapotal y todo lo que las habitaba. Corona el embalse una gran manta plástica en la que aún es reconocible el rostro de la diputada Gladis Aurora López, vicepresidenta del Congreso; presidenta del Partido Nacional que busca la reelección del presidente Juan Orlando Hernández; y esposa del propietario de esta represa que lleva su nombre: Aurora 1. Ante el retrato sonriente de la congresista se muere El Zapotal. A partir de aquí, el agua corre entubada durante algunos kilómetros para terminar más abajo en unas turbinas.

Pancarta sobre el embalse de la hidroeléctrica Aurora I. Foto: Fred Ramos

Caminamos por lo que alguna vez fue río abajo con Magdaleno Aguilar, un recio lenca de 61 años que pescó aquí toda su vida; que se bañó aquí toda su vida. A pesar de que la ley exige a las hidroeléctricas dejar parte del caudal del río para preservar los ecosistemas, aquí ya no hay agua. Este es un cauce árido en plena temporada lluviosa, salvo por una charca formada por la caída de una raquítica cascada que desliza por una de las laderas de la montaña del Jilguero. “Ya ve -dice Magdaleno Aguilar-: Ya no hay río. Ya no hay peces. Ya no hay nada”.

Este río se secó por decreto. Con licencias del ministerio de Medio Ambiente de la administración de facto de Roberto Micheletti, otorgadas sin que se llevaran a cabo consultas ni estudios previstos por la ley. Con permisos de construcción aprobados por la alcaldía de San José sin la consulta popular a la que obligan la ley hondureña y los convenios internacionales. Con un contrato en el cual la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se comprometió a comprar durante el siguiente medio siglo la energía producida por Aurora 1. A pesar de que tanto la diputada como su esposo han dicho que el proyecto fue aprobado durante la administración del depuesto Manuel Zelaya, los documentos oficiales revelan que el contrato se realizó en junio de 2010, un año después del golpe de Estado y cuando Gladis Aurora López ya era diputada nacional, a pesar de que la ley prohíbe la firma de contratos estatales con funcionarios públicos.

El Zapotal se encuentra en una reserva natural protegida, en el departamento hondureño de La Paz, a pocos kilómetros de la frontera con El Salvador. Aquí es territorio lenca. Pero ni siquiera una reserva protegida impidió que Inversiones Aurora, la empresa de la prominente familia nacionalista hondureña, obtuviera autorización para construir la hidroeléctrica.

Poco después de recibir los permisos, en 2010, Arnold Castro, el propietario de Inversiones La Aurora y esposo de la diputada López, firmó un acuerdo con representantes de los patronatos de cinco comunidades del municipio de San José La Paz en el que se listan las obras que cada patronato solicitaba a cambio de apoyar la construcción de la represa. Leer esa lista ayuda a dimensionar la pobreza de estas comunidades: repello de la escuela o la iglesia, apertura de caminos, asignación de un vehículo para evacuar enfermos en caso de emergencia, mejoramiento del centro de salud, electrificación de la comunidad etc. Hay otras, como redes para las porterías de la cancha de fútbol y la construcción de una ermita. A cambio, los representantes de los patronatos autorizaron a Inversiones La Aurora el uso de los recursos naturales de sus comunidades para producción hidroeléctrica. Por los próximos 50 años.

El acuerdo se hizo a espaldas de los pobladores, pero eso bastó a Aurora para no llevar a cabo las consultas que la ley le exigía. Cuando le demandaron la consulta, la diputada organizó un mitin con simpatizantes del Partido Nacional y recolectó firmas. Asunto arreglado. En seguida mataron al río. Aurora ni siquiera cumplió con las míseras promesas que hizo a los representantes de los patronatos. Los caminos que llevan a la presa son los mismos senderos maltrechos que abrió, hace muchos años, una organización local de pequeños productores de café. No hay vehículo para evacuar a los enfermos en esa zona de difícil acceso. Nada. Solo la presa.

En Honduras este tipo de proyectos está viviendo su boom desde el golpe de Estado de junio de 2009. “El golpe se convirtió en una piñata”, dice el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director de la Radio Progreso, una estación reconocida como lugar de encuentro y plataforma de movimientos populares y denuncias de violaciones a derechos humanos. “Todo quedó sin asidero. Las multinacionales se aliaron con los capitales locales y con los políticos. En los primeros meses se desató una ola de decretos para concesiones”.

El gobierno de Micheletti derogó decretos previos que prohibían explotación de recursos hídricos en zonas protegidas; a partir de entonces comenzó una masiva privatización de ríos y concesión de represas. En un año se concesionaron 40 nuevos proyectos, entre ellos las Auroras.

Desde aquel golpe de Estado de 2009, las sucesivas administraciones de Micheletti, Lobo y Hernández han otorgado 111 concesiones para la construcción de hidroeléctricas. Aprobaron también una ley de incentivos que otorga exenciones fiscales a quienes desarrollen estos proyectos. Algunas de las familias más poderosas de Honduras crearon empresas “verdes” para desarrollar proyectos hidrológicos en medio de comunidades extremadamente pobres. El Estado compra la mayoría de la producción energética.

Se otorgaron además centenares de concesiones mineras; de carreteras, de administración de reservas naturales y, a partir del próximo año, de administración privada de comunidades enteras en las llamadas ciudades modelo.

En el noroccidente, el gobierno hondureño ha iniciado la concesión de carreteras estatales a empresas privadas, y el experimento es tan agresivo que hoy no es posible salir de la ciudad de El Progreso, antigua capital de la industria bananera, si no es pasando por una caseta de peaje. Desde San Pedro Sula, la única manera de evadir la primera de cuatro casetas para llegar a Tegucigalpa es atravesando el peligroso barrio Rivera Hernández, controlado por pandillas. No hay escape de las otras tres casetas. Esa carretera, la que conecta a las dos ciudades más importantes del país, fue construida con fondos del Milenio -es decir, con fondos de los contribuyentes estadounidenses- y contrapartida del BCIE y el Banco Mundial, pero ha sido concesionada a una empresa privada ecuatoriana para que la mantenga y cobre el peaje.

El seguro social, prácticamente quebrado por un millonario fraude cometido por funcionarios de la administración de Juan Orlando Hernández, ha comenzado en algunos hospitales a entregar vales para que los usuarios compren medicamentos en farmacias comerciales. El estado garantiza el negocio a las farmacias privadas.

La minería es probablemente el más rotundo ejemplo de la Honduras concesionada. Según el Equipo Jesuita de Investigación, Reflexión y Comunicación, ERIC, solo en proyectos mineros Honduras ha otorgado 155 concesiones que abarcan la tercera parte del territorio hondureño: 35 mil kilómetros cuadrados; es decir, un territorio mayor que el de El Salvador.

La ley de Minería, aprobada en 1999, afrontó fuerte resistencia de las organizaciones sociales, que lograron una moratoria a nuevas concesiones hasta 2009, cuando el golpe de Estado puso en el gobierno a la administración que contrajo la fiebre de las concesiones y la heredó a las siguientes.

El gobierno de Roberto Micheletti autorizó a las mineras a explotar todos los recursos hídricos de cada zona de operación concesionada y dejó desarmadas jurídicamente el 90 por ciento de las áreas naturales protegidas. Los siguientes dos gobiernos ampliaron el espectro. El año pasado, Honduras fue sede de un cónclave mundial minero denominado “Honduras está listo para la Minería” que ofreció casi mil nuevos proyectos mineros a inversionistas extranjeros.

A ello se agrega el desplazamiento de campesinos para la utilización de tierras en la agroindustria, que también ha sido fuente mayúscula de conflictos sociales.

Honduras ha delegado el desarrollo de su población más pobre al sector privado. El Estado parece haber capitulado a favor de los empresarios.

Un grupo de niños se divierten haciendo clavados en el río Las Cañas en Simpinula, La Paz. Actualmente el gobierno de Honduras a otorgado 111 concesiones para proyectos hidroeléctricos. Foto: Frde Ramos

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El lenca Felipe Benítez ha venido a Simpinula, a pocos kilómetros de donde termina la presa de Aurora, a dirigir una ceremonia maya. Viste jeans, una camisa americana de manga larga a cuadros y una gorra para protegerse del sol. Tiene 44 años; la tez curtida por el trabajo agrícola y una sonrisa que no se le va ni cuando habla de los proyectos hidroeléctricos que él ve como amenaza para su etnia.

Yo he venido tras él porque hoy, 21 de agosto de 2016, se celebra aquí un guancasco: una fiesta lenca en la que usualmente dos comunidades se encuentran para reafirmar su amistad y armonía, en las que suele haber bailes tradicionales. Pero el de hoy no es un guancasco usual. Representantes de varias comunidades lencas de La Paz han hecho el viaje a Simpinula por un tortuoso camino de tierra, cuesta abajo, para participar, dicen ellos, de un día histórico.

Simpinula es un pequeño valle, de difícil acceso, escondido entre cerros y altas montañas. La entrada, y centro de la vida comunal, es una enorme y maltrecha cancha de futbol con parches de grama cuyas porterías son apenas marcos oxidados, sin red, que también sirve de estacionamiento para camionetas y microbuses en los que llegaron decenas de peregrinos. Cuando hay partido, si alguien lanza el balón fuera habrá que irlo a rescatar a los maizales de algún vecino. Justo frente a la cancha está el cerro en el que tendrá lugar elguancasco.

Ha llovido esta mañana y las nubes mantienen ese color gris plomizo que lucen cuando están a punto de reventar y liberar un largo diluvio tropical, como han hecho todos los días durante las últimas dos semanas. Le digo esto a Felipe Benítez a manera de advertencia. Él mira al cielo, se sonríe y me responde que no. Que no caerá agua hasta entrada la tarde. Pronto saldrá el sol.

Los lencas se han reunido hoy en una pequeña planicie que corona el cerro frente a la cancha de futbol. Las mujeres abrieron tres agujeros cúbicos en la tierra en los que han encendido leña a manera de fogón y en grandes cazos preparan atol salado, elotes y un guisado de carne con yuca. En una comunidad pobre, este lujo indica la estatura de la fiesta.

Han preparado con esmero una pequeña alfombra ceremonial compuesta por aserrín y rodeada de hoja de aguja de pino. Al centro colocaron una vasija de barro; una estatuilla maya de las que venden en Copán a los turistas y una botella de plástico con dos litros de chicha para agradecer a la tierra por los cultivos. En los cuatro puntos cardinales, granos dispuestos según la tradición maya: al norte maíz blanco; al sur maíz amarillo; al este frijol rojo y al oeste negro. La alfombra está rodeada por un círculo de hierbas verdes y frutas y flores y candelas de los mismos colores de los granos, simbolizando la purificación, la fertilidad, el sol y la muerte. Una cruz cósmica. Una ofrenda a la madre tierra, la buena madre, que les ha dado el maíz y el frijol. Que les ha dado los ríos y las montañas.

Benítez encabeza una organización llamada Milpah (Movimiento de Indígenas Lencas de La Paz, Honduras) que se ha plantado en resistencia contra proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

Inversiones La Aurora tiene los permisos para construir otra represa, llamada Aurora 2, arriba en Santa Elena, donde vive el Felipe Benítez. El gobierno hondureño no vio ningún impedimento para aprobar la concesión a pesar de que se encuentra, también, en una reserva natural protegida. Benítez y otros lencas sí vieron el problema: una empresa privada quiere apropiarse de sus ríos.

Hace algunos meses, organizaciones lencas como Milpah se tomaron la carretera impidiendo que la empresa ingresara tractores y maquinaria para la construcción de Aurora 2. Mientras resisten in situ, buscan soluciones definitivas. Su misión parece titánica, habida cuenta del poder político de los propietarios de Aurora. La ceremonia de esta mañana en Simpinula es parte de su estrategia. Eso explica la presencia de periodistas de varios medios de comunicación locales, entre ellos radios comunitarias, y algunos académicos, invitados por Milpah para registrar la ceremonia.

Un hombre sopla un caracol hacia el cielo, lo que anuncia el inicio de los oficios. Felipe Benítez toma un micrófono y explica la cruz cósmica maya: “Aquí tenemos la comida que nos quiere quitar Monsanto…”. Lee después un comunicado firmado por los líderes lencas presentes: “Este cerro será llamado, a partir de hoy, Guastes Tupayca”. Como casi ninguno de los lencas habla lenca, Benítez traduce: “El Cerro de Nuestro Señor”. A partir de hoy, pues, este cerro será un centro ceremonial. Los habitantes de Simpinula se comprometen a cuidarlo, a mantener la cruz cósmica en orden y fuera del alcance de los perros callejeros que en el campo, donde no hay calles, se llaman aguacateros.

Invoca al espíritu de Lempira y al de la nueva mártir del movimiento indigenista y ambientalista hondureño: “Berta Cáceres. Que su espíritu nos guíe en nuestra lucha para proteger a Maika Durra, la Madre Tierra”. Berta Cáceres, la líder ambientalista que dedicó los últimos años de su vida a resistir contra estos proyectos, asesinada hace seis meses y hoy colocada en el martirologio lenca junto a Lempira, el jefe que resistió a la colonización española hasta que un arcabús ibérico le partió el pecho. Por el pecho, también, penetró una de las tres balas que terminaron con la vida de Cáceres cinco siglos después.

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Poco antes de la medianoche del pasado 2 de marzo, tres hombres llegaron a la ciudad de La Esperanza, forzaron la puerta de la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. El mexicano Gustavo Castro, quien se hospedaba en la casa, recibió algunas heridas de bala. Pero sobrevivió.

Dice Felipe Benítez que habló con ella el día anterior al crimen. “Queríamos hacer un frente común de varias organizaciones indígenas”. El gran desafío que enfrentan hoy estas organizaciones es sobrevivir a la muerte de la más visible de entre ellos.

Cáceres era la activista hondureña más reconocida en el mundo, sobre todo tras haber ganado, algunos meses antes, el premio Goldman, conocido como el Nobel verde. Su asesinato puso en las portadas de los periódicos internacionales el conflicto entre comunidades indígenas y empresas beneficiarias de la fiebre hondureña por concesionarlo todo. Y también los riesgos para los ambientalistas y defensores de tierras en Honduras. Berta Cáceres murió la víspera de cumplir 45 años de edad.

Hija de una lideresa lenca, inició su actividad política en la guerra civil salvadoreña, a los 16 años. Siguiendo a su novio, el activista hondureño Salvador Zúñiga, cruzó la frontera entrando por Cabañas. Ambos se incorporaron al FMLN en 1988. “Estuvimos organizados con la Resistencia Nacional”, aclara Zúñiga. “No solo del lado salvadoreño. Apoyamos en otros momentos en la parte logística en Honduras, en Nicaragua también. Para la ofensiva del 89 estuvimos en Soyapango”.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, ambos regresaron a Honduras a fundar el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. “La experiencia revolucionaria nos ayudó a organizar a las comunidades, a plantearnos la estrategia pero en tiempos de paz”, recuerda Zúñiga, el primer coordinador de la organización. Mientras Centroamérica intentaba pasar página a los años de las revoluciones y las dictaduras, las banderas del COPINH ya estaban en una nueva lucha: la defensa medioambiental y la reivindicación de la identidad indígena.

El divorcio con Zúñiga terminó también con la sociedad y ella quedó sola al frente del COPINH. Demostró ser hábil para la organización y apta para el liderazgo. Ya había probado ser incombustible y visitaba con frecuencia lugares de muy difícil acceso, lo que ayudó a mitificar su omnipresencia.

Algunas personas a las que Berta fue conociendo en el camino la recuerdan especialmente insistente en el devocional respeto a la naturaleza, heredado de la cosmovisión lenca; y en la recuperación de la dignidad y el orgullo indígena. Pero lo hacía con la estrategia aprendida de los movimientos revolucionarios: participaba en redes regionales, apelaba a la solidaridad internacional, intercambiaba experiencias con otros movimientos en toda América Latina.

Frenó la labor de algunos aserraderos, una de las grandes industrias extractivas de Honduras y origen de violencia en todo el país. Marchó con otros activistas a Tegucigalpa para protestar contra las concesiones (en una de ellas tiraron abajo una estatua en honor a Cristóbal Colón y en su lugar colocaron una de Lempira). Creó talleres para hombres y mujeres lencas. El COPINH se convirtió en un importante lugar de encuentro de muchas comunidades.

En 2010, poco después del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el gobierno de facto de Roberto Micheletti otorgó a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., DESA, la concesión para construir tres represas en el río Gualcarque, que sirve de frontera a los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara, zonas lencas también.

DESA es una empresa privada copropiedad de José Eduardo Atala y sus hermanos Pedro y Jacobo. El grupo familiar, llamado Jacaranda, importa y distribuye equipos de maquinaria y construcción, representa a la marca John Deere en Honduras y tiene inversiones en bienes raíces y energía. Los hermanos Atala son además propietarios del Club de Futbol Motagua.

Su proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque, llamado Agua Zarca, obtuvo un financiamiento de $45 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Inversión Económica, de fondos finlandeses y holandeses que promueven la producción de energías limpias. Agua Zarca es un proyecto a filo de agua que, a diferencia de las Auroras, sí contempla mantener el caudal ecológico; tiene proyectado producir 21 megawatts en el Gualcarque. Por eso calificó como proyecto de energía limpia para los donantes internacionales. En los albores del proyecto, el gigante chino de construcciones de presas, Sinohydro, fue subcontratado para la construcción.

Agua Zarca instaló su campamento original en Río Blanco, Intibucá, en la ribera oriental del río Gualcarque. Pero el COPINH, capitaneado por Berta Cáceres, logró expulsar a Sinohydro. DESA tuvo que instalarse al otro lado del río, en el municipio de San Francisco Ojuera, Santa Bárbara, donde se encuentra ahora.

Tras la salida de los chinos, DESA contrató para la construcción del proyecto a la empresa Copreca, la misma acusada en El Salvador por fraude contra el Estado por $12 millones de dólares tras el fiasco en la construcción del Boulevard Diego de Holguín (Hoy llamado Monseñor Romero). Copreca, cuyo propietario Jesús Hernández Campollo es prófugo de la justicia salvadoreña, acusado de estafa, peculado y falsedad ideológica, está a cargo de la construcción de otras hidroeléctricas en Honduras.

Pero la presa de Agua Zarca no ha podido construirse a pesar de la inversión que DESA ha realizado ya para iniciar el proyecto (apertura de calles; contratación de ingenieros; instalaciones eléctricas; materiales de construcción; trabajadores sociales; agentes de seguridad privada; etc…), debido a la protesta de las comunidades que se oponen al proyecto. Berta Cáceres encabezó la resistencia contra Agua Zarca.

Hace tres años, Cáceres comenzó a recibir amenazas, de las que responsabilizó a DESA y a las fuerzas de seguridad hondureñas. El jefe de seguridad de la empresa era un militar retirado, Douglas Bustillo.

El Presidente de DESA, David Castillo Mejía, es también un militar. Se graduó de West Point y fue sancionado en noviembre de 2009 por el Tribunal de Cuentas hondureño, por estar recibiendo doble salario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, y de las Fuerzas Armadas, donde fungía como subteniente de inteligencia militar. El Tribunal le obligó a devolver los sueldos. Lo encontró además culpable de vender equipos sobrevalorados a la Fuerza Armada, desde una empresa de su propiedad.

Debido a las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al estado hondureño medidas cautelares para proteger a Berta Cáceres. A pesar de las amenazas, el COPINH mantuvo la resistencia. A pesar de las medidas cautelares, Berta Cáceres fue asesinada.

El crimen causó tal indignación internacional que se convirtió en el principal problema político del gobierno de Juan Orlando Hernández. En las semanas posteriores, las autoridades hondureñas llevaron a cabo cinco capturas: Los gemelos sicarios Edilson y Emilson Duarte, presuntamente contratados para perpetrar el crimen; como cómplices continúan detenidos el ex jefe de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, a quien Cáceres había denunciado, además, por acoso; el Ingeniero Sergio Rodríguez, a cargo de las obras de construcción de DESA; y Mariano Díaz Chávez, un militar activo al momento del crimen. Hace dos semanas, las autoridades detuvieron a Elvin Rápalo Orellana, el presunto tercer hombre en participar en el asesinato. Hay un prófugo, Henry Hernández, de quien las autoridades suponen que era el conductor, que esperó en el vehículo mientras los asesinos disparaban contra Cáceres y Castro.

Los investigadores armaron el caso a partir de los registros de llamadas telefónicas de los acusados, en los que habrían determinado no solo la ruta y las horas en que los asesinos entraron y salieron de La Esperanza, sino también una intensa comunicación entre ellos y el exjefe de seguridad de DESA; cuando la policía allanó la casa de los gemelos Duarte, encontró el arma con que se cometió el crimen. Posteriormente el Ministerio Público reveló que los gemelos sicarios habían confesado su participación y, según reportes de la prensa hondureña, dijeron haber sido contratados por Sergio Rodríguez, el ingeniero empleado de DESA.

Con las capturas, el gobierno alivió la presión. Y no hay ninguna novedad sobre la autoría intelectual ni ninguna línea de investigación para determinar la naturaleza de la participación de militares en el crimen. En junio pasado, un soldado hondureño dijo al periódico inglés The Guardian que había desertado después de recibir una lista de activistas a los que su unidad debía asesinar, entre los que se encontraba Berta Cáceres. El ejército desmintió estas declaraciones.

Ni el Copinh ni DESA están satisfechos con las investigaciones. “No tiene ningún sentido que responsabilicen al ingeniero Rodríguez o a DESA”, dice José Eduardo Atala, el principal accionista de la empresa. “Nadie se vuelve matón de la noche a la mañana. El ingeniero Rodríguez es un hombre de familia”. Atala asegura que desde que cambiaron el proyecto de Río Blanco a Ojuera habían estado trabajando sin problemas. “Llevábamos quince meses de trabajo ininterrumpido. Habíamos entrado en un diálogo con la señora Cáceres. No tiene ninguna lógica. Hoy tenemos parado un proyecto de $45 millones de dólares que ya iba caminando. Dígame usted si tiene sentido la tesis del Ministerio Público”.

Víctor Fernández, abogado, amigo y asesor legal de Berta Cáceres durante muchos años, es quien representa a la víctima en el juicio. Fernández cree que el caso fue mal armado, porque las investigaciones se basaron en llamadas telefónicas –y ni siquiera se conoce el contenido de esas llamadas- y no en personas. No ve ningún avance en la determinación de la autoría intelectual del crimen ni voluntad del ministerio público. “El caso sigue igual que en mayo, cuando fueron las audiencias iniciales.

Las sospechas sobre el accionar del Ministerio Público se deben también a su historial en un país con altísimos índices de corrupción y de impunidad. “Es el mismo Ministerio Público que en 2013 y 2014 la acusó de portación de armas, usurpación, coacción y daños continuados. Es la misma fiscalía la que llevaba el juicio contra Berta. ¿Cómo podemos confiar en el coyote para que cuide las gallinas?” reclama Tomás Gómez Membreño, quien asumió la coordinación interina del Copinh tras la muerte de Cáceres. Pide que sea la CIDH la que investigue el crimen, habida cuenta de que “en el asesinato han participado el poder económico, el político y el militar”.

Atala también quiere una investigación independiente. Dice haber contratado ya a una empresa internacional para que haga una investigación a fondo. “Mientras no se solucione el asesinato de Berta Cáceres no vendrán a Honduras más fondos internacionales para hidroeléctricas. Es en el interés del país resolver esto”.

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Ramón Rivera trabaja para la empresa DESA como enlace con la comunidad San Francisco Ojuera. Rivera asegura que las hidroeléctricas llevan desarrollo a las comunidades. Foto: Fred Ramos

A San Francisco de Ojuera, el municipio que alberga hoy el proyecto de Agua Zarca, se llega tomando el desvío a Santa Bárbara y posteriormente decenas de kilómetros de caminos de piedra y tierra que se internan en las montañas. La plaza central lleva el nombre del actual alcalde, Raúl Pineda, que la pintó y remodeló. Berta Cáceres lo denunció por amenazas y por asociarse con policías, militares y guardias de seguridad privados para reprimir a manifestantes contra la represa. Desde el asesinato de la activista, ni el alcalde ni el vicealcalde quieren hablar sobre la presa. Dicen que no quieren más problemas. El vicealcalde ofrece, a cambio, guiarnos hasta la casa de Ramón Rivera, empleado de DESA a cargo de las relaciones con la comunidad y quien lleva, desde el encarcelamiento del ingeniero Sergio Rodríguez, la oficina de DESA en el pueblo.

Rivera es un hombre delgado, con el cabello entrecano que delata su edad mediana a pesar de su mirada juvenil. Tiene 40 años. Pulseras textiles en la muñeca, lentes y un habla más sofisticada que la de los habitantes locales le hacen parecer un profesor universitario de cualquier ciudad centroamericana. Sabe escuchar y cuando habla habla con una voz serena que fluye con argumentos, aspirando a convencer. En su escritorio hay una maqueta del proyecto de Agua Zarca y varias actas con cientos de firmas de habitantes de la zona que piden la reanudación de la construcción de la represa. El contraataque de DESA, pues, corre a cargo de este señor.

A pesar de su apariencia urbana, Ramón Rivera nació en esta zona rural aislada del mundo. Siendo aún niño se mudó con su familia a Las Vegas, un pueblo minero a orillas del lago Yojoa. Su padre trabajaba en la mina de El Mochito (propiedad de mineras internacionales desde su apertura, en 1948), que extrae zinc, plomo y plata. Esa experiencia temprana parece haber marcado su visión del progreso: “La mina nos dio una mejor casa, con piso y luz eléctrica. Una mejor escuela. Una mejor comida. La mina nos dio una mejor vida. Allí aprendí de desarrollo”.

Años después obtuvo una beca y se mudó a La Habana para estudiar medicina. Allí vivió cuatro años. No terminó la carrera, pero cree que la revolución cubana le enseñó algo más importante: “que todos tienen derecho a una vida digna. Que todos tienen la obligación de ayudar a que el prójimo esté mejor”. Se define como un revolucionario ambientalista y dice que por ello su relación con el proyecto de Agua Zarca es congruente: “Producir electricidad no es delito en ninguna legislatura. Este proyecto es de energía limpia; ha creado trabajos, ha abierto calles, traerá una clínica y una escuela. ¿Por qué se oponen los copines? ¡Si esto es lo que todos queremos… desarrollo!”.

Le pregunto si abrir una calle, poner una escuela y un centro de salud no son obligaciones básicas del Estado. “Sí. También es cierto que el Estado nunca ha cumplido ni está en capacidad de cumplir con su obligación de abrir estas calles y poner clínicas y dar educación y salud a todos los hondureños. ¿Pero por qué nos vamos a oponer a que una empresa privada nos traiga estos beneficios?” Rivera no es el único que piensa así. A este lado del río, son muchos los campesinos, los lencas, que están a favor del proyecto de Agua Zarca. Y Ramón Rivera los está organizando. Convive con las comunidades que están a favor y a todos les habla de medio ambiente. Las hidroeléctricas, dice, son el equilibrio perfecto entre desarrollo y medio ambiente.

Una vez que la hidroeléctrica sea terminada y comience a funcionar, DESA deberá trasladar a las comunidades el dos por ciento de la facturación por venta de energía. Pero por ahora el proyecto está en pausa, porque las entidades financieras internacionales suspendieron los desembolsos desde el asesinato de Berta Cáceres.

La semana pasada, el Banco Holandés de Desarrollo, uno de los donantes, publicó un reporte de situación en el área , realizado por una misión internacional independiente. El reporte es crítico con el proceso de instalación del proyecto y su efecto en las comunidades; sobre todo porque no se llevó a cabo una consulta libre, previa e informada como obliga el convenio 169 de la OIT.

Atala explica las razones: “El país es signatario de ese convenio pero nunca hizo un reglamento. Es el Estado el que está obligado a llevar a cabo esas consultas, no las empresas. Pero el Estado se ha deslindado de esa responsabilidad y nos pide a nosotros que hagamos las consultas, sin un reglamento que determine siquiera cómo se hacen”.

El entonces viceministro de Recursos Naturales, Jonathan Laínez, enfrenta un juicio por otorgar esos permisos de manera ilegal no solo a Agua Zarca, sino a otras concesiones hidroeléctricas, entre ellas Aurora 2. El funcionario enfrenta un juicio; las empresas no están siendo investigadas por beneficiarse de la corrupción.

El informe del FMO coincide con muchas de las observaciones de Ramón Rivera sobre las posibilidades de desarrollo que el proyecto abre para las comunidades de la zona.

Rivera se ofrece a guiarnos hasta la represa por decenas de kilómetros de calle rural que DESA abrió para llegar hasta el Gualcarque. Vamos en un vehículo doble tracción hacia el lugar donde la empresa inició el desvío del río; hacemos paradas en el camino para subir a algunos campesinos que van de un caserío a otro. Todos saludan a Rivera con estima y se quejan del COPINH. Dicen que la organización de Berta Cáceres les ha quitado el trabajo; los acusan de ser violentos. Los responsabilizan de que ahora la calle esté en mal estado; de que no tengan más los servicios de DESA para sacar a los enfermos hasta una clínica en caso de emergencia. Acusan al COPINH, en resumidas cuentas, de condenarlos al subdesarrollo. De dividir a la comunidad. De negarles la posibilidad de optar a una vida como la que la mina de El Mochito le brindó a Ramón Rivera.

Paramos allí donde ha iniciado el desvío del río. Las palas de la compañía abrieron un canal y acumularon la tierra extraída en un macizo al centro del cauce original del Gualcarque. Así se divide un río: uno de los brazos seguirá corriendo por su cauce natural mientras el otro será guiado por un nuevo sendero hasta donde la empresa ha decidido construir el embalse, donde el agua se irá acumulando a la espera de que alguien abra las compuertas para dejarla correr entubada, por cinco kilómetros, hasta que desde un montículo y de manera natural aumente la aceleración y caiga en picada, con fuerza, hasta unas turbinas que producirán los 21 megawatts proyectados; y esa agua se volverá a unir con el caudal. Así se ha planificado el desvío del Gualcarque, pero hasta ahora solo está el pequeño macizo de tierra al centro que bifurca el caudal, que se vuelve a unir en su otro extremo porque lo demás no ha podido ser construido.

Construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque en San Francisco de Ojuera, entre los departamentos de Santa Barbara e Intibucá. Aquí se pretende construir uno de los tres túneles por el cual se transportará parte del caudal hasta la casa de máquinas. Foto: Fred Ramos

A pocos metros hay un puente colgante, construido también por DESA, que une a las dos riberas. Al cruzarlo se llega a la comunidad de Valle de Ángeles, en el departamento de Intibucá. Es uno de los cinco caseríos de Río Blanco y el más próximo al Gualcarque. Aquí, justo a la orilla del río, vive Lucila Mejía, una señora a la que los años han dado una voz ronca y contundente. Habla con un don de mando que contrasta con la voz suave de Rivera. “Con el proyecto no tenemos problemas. Nuestros problemas son con los copines. Ellos nos han amenazado. Nos han dicho que nos van a matar”. Le pregunto cómo y cuándo le han dicho eso. “Directamente no. Pero todo mundo lo sabe. Nos dicen que andemos con cuidado porque los copines nos quieren matar”.

¿Cómo es que un proyecto de energía limpia se convirtió en un conflicto entre comunidades pobres? Lucila apunta el dedo acusador hacia la montaña a sus espaldas, allí donde está el caserío de La Tejera, foco de la resistencia contra la presa. “Ellos están peleando por el río. Pero no es de ellos. Es cierto, es un pleito entre comunidades. Pero ellos pelean por destruir. El río nunca se va a acabar y este proyecto nos trae beneficios. Ya ve usted, dicen que el rico vive del pobre. Pero el pobre también vive del rico. Los copines no quieren que nos den estos beneficios”.

Atrás de ella están dos de sus hijos. Son altos y musculosos. Ambos parecen rondar los 30 años. Uno de ellos cuenta que, hace algunas semanas, los vecinos alertaron que todas las tardes, a tiro de vista de aquí, doscopines se sentaban para registrar los movimientos de estos caseríos. Preocupados por un eventual ataque, uno de los hijos de Lucila decidió ir a confrontarlos. Lucila se quedó angustiada, pensando que podían matarle a su hijo. Él me cuenta la experiencia: “Llegué y no había nadie. Y nunca más volvieron”, me dice él. Le pregunto cómo sabe que alguna vez vinieron. “Eso decían. Pero nunca los vi”. El conflicto en Agua Zarca se ha llenado de fantasmas.

Hay dos elementos que parecen comunes a todos los proyectos de industrias extractivas: la división local de las comunidades a través de promesas de beneficios para quienes estén a favor; y los rumores que se esparcen como bolas de nieve, agravando las divisiones. El conflicto visto desde afuera del bosque parece ser entre corporaciones y comunidades pobres; pero al internarse entre los árboles se parece más a uno de pobres contra pobres.

Lucila Mejía, de 75 años, vive a unos 500 metros del río Gualcarque. Ella, como otros pobladores de San Francisco de Ojuera, consideran que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca es una apuesta al desarrollo. Foto: Fred Ramos

Víctor Fernández, el abogado que lleva el caso de Berta Cáceres, cree que lo que ha pasado desde el golpe de Estado es un plan para que los grupos de poder se hagan del control estratégico de los recursos naturales de los hondureños. “Estas empresas, que ofrecen hacer inversión social en las comunidades, están traficando con la dignidad de las personas”.

El reporte de misión del FMO recomienda que sigan los desembolsos al proyecto de Agua Zarca de DESA, porque, concluye, no hay ningún proyecto alternativo de desarrollo para las comunidades que viven alrededor del Gualcarque. En otras palabras, el gobierno hondureño no tiene ningún plan para propiciar el desarrollo de las comunidades más abandonadas, salvo delegarlo en empresas privadas que no tienen un interés social, sino de negocios.

El Estado, dice el mismo reporte, ni siquiera fue capaz de mediar cuando inició el conflicto en la zona. Por el contrario, actuó como históricamente ha actuado: envió soldados y policías. Y allí estalló todo.

Honduras es el país más peligroso del mundo para los activistas y defensores ambientalistas. Según la organización Global Witness, desde el golpe de Estado, 118 de ellos han sido asesinados. Ninguno tan visible, ninguno tan reconocido, ninguno tan claro, ninguno tan sonoro como el de Berta Cáceres.

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Muchas veces pasó Berta Cáceres por estos senderos de barro que conducen a La Tejera. Muchas pasaron los equipos de DESA que también ampliaron estos caminos; y los ingenieros chinos de Sinohydro que pretendían construir la represa; y los supervisores financieros; y las camionetas con materiales para instalar el campamento de los chinos a la vera del río Gualcarque. Desde entonces ha habido varios muertos. Incluso antes de que los chinos pasaran de regreso con sus cosas y abandonaran el proyecto.

Alan García tenía 16 años, en julio de 2013, cuando se encaminó con otros pobladores hacia el campamento de DESA para protestar contra el proyecto. Iba con su papá, Tomás, un líder local. Al llegar a las puertas del campamento, los manifestantes se toparon con soldados del ejército hondureño que custodiaban a los ingenieros chinos. Las versiones varían, pero no las armas: Entre quienes participaban en la protesta había ancianos, mujeres, niños desarmados; y algunos hombres con machetes. Las únicas armas de fuego a la vista, aquel día, estaban en manos de soldados y vigilantes privados. Uno de los soldados disparó contra Tomás García y lo mató. Alan, viendo cómo su padre caía, se lanzó a ayudarlo. Recibió otros dos balazos que lo dejaron inconsciente. Fue trasladado a un hospital y logró sobrevivir.

Hoy, con 19 años y huérfano, es un muchacho que habla poco. Es menudo y aparenta tener aún la edad que tenía cuando fue herido. Se levanta la camisa y nos muestra las cicatrices de aquella jornada infausta en que perdió a su padre. Una adelante que ocupa medio torso. Otra atrás… Un cráter en la parte superior de la espalda. “El pleito fue porque ellos se metieron en nuestras tierras. En nuestros frijolares. Metieron tractores. No nos preguntaron nada. No aceptaron ningún diálogo”, dice. “Solo dispararon”.

Horas después de la muerte de Tomás García, un niño llamado Christian Madrid, de 14 años, fue asesinado mientras cultivaba las tierras de su familia. Sus hermanos mayores responsabilizan de su muerte a Berta Cáceres y al COPINH. Dicen saber quién es el asesino: “un compadre de mi papá que andaba con ellos”; y acusan a los ambientalistas de protegerlo. Dos muertes. Suficientes para dividir a una comunidad de tal manera que, aunque mañana mismo se clausurara el proyecto de Agua Zarca, sus diferencias son ya lo suficientemente grandes como para esperar que pronto los pobladores vuelvan a ser una sola comunidad.

“Aquí hemos quedado todos divididos”, dice Juan Bautista Madrid, uno de los hermanos de Christian. “Padres contra hijos, hijos contra padres. Primos contra primos. Aquí nos olvidó el gobierno, nos olvidó la alcaldía. Solo la empresa (DESA) nos trajo la calle y nos puso electricidad. Ellos, los copines , destruyeron el proyecto. Nos han amenazado. Aquí ahora nos matamos entre familias”.

Hay cinco caseríos en Río Blanco. La propiedad de los Madrid queda justo en una parada entre caseríos a la que llaman La Caseta. Algunos kilómetros más arriba se encuentra La Tejera. No avisamos a nadie que vendríamos, pero en cuanto llegamos al páramo que sirve de plaza se nos acercó una señora para decirnos que doña Mercedes nos estaba esperando. Ya sabían que nos habíamos detenido a hablar con la familia Madrid. Cuando entramos a su casa, ya había otras dos mujeres de la comunidad. Cuando salimos eran siete. Convocadas por doña Mercedes “para que ustedes estén bien informados”.

Mercedes Pérez es la líder de La Tejera y la cabeza de una familia matriarcal. Altiva y delgada, con el cabello pintando ya canas, parece la imagen que Lucila, la abuela de Valle de Ángeles, podría encontrar en su espejo si tuviera el cabello blanco. Mercedes habla con la misma firmeza pero desde el otro lado de esa frontera que la presa ha creado entre las comunidades de Río Blanco.

Su casa es la de una mujer pobre que sostiene a una familia grande. Piso de tierra y cocina de leña. En un rincón ha apilado decenas de mazorcas, almacenadas en forma de abanico, que terminan componiendo una figura armoniosa, geométrica, compacta. Hermosa. Encima de las mazorcas hay hierbas olorosas para espantar a los ratones del campo. Enfrente una pequeña hamaca, en la que reposa un bebé de dos años. Tres niños más grandes corren y gritan por la casa. Otro más, un poco más pequeño, nos mira fijo desde la esquina. Una veintiañera lava platos en la pila. Tiene a otro bebé colgando. Todos son nietos de doña Mercedes. Hijos de sus hijos que se los encargaron. Hijos de sus hijas cuyos maridos las abandonaron.

Junto a las mazorcas hay una puerta sin puerta, sino con una cortina, por la cual se entra una pequeña habitación. “Aquí dormía Bertita cuando venía”, dice, con orgullo. “Aquí comía”. A sus espaldas, otro cuarto que sirve de comedor tiene las paredes forradas de afiches con la foto de Berta Cáceres. Entrar a esta casa es saberse en territorio en pie de lucha contra la hidroeléctrica. La abuela Mercedes alza la voz: “¡Yo soy Copinh hasta la muerte! Aquí nunca aceptaremos la presa. ¡Nunca! Son unos sinvergüenzas”.

Mercedes Pérez en el interior de su casa en Río Blanco, Intibucá. Pérez es una líder de la comunidad y miembro activo del COPINH, la organización que dirigió Berta Cáceres. Ella asegura que hará todo lo posible para impedir que se lleve a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque. Foto: Fred Ramos

El origen del pleito, en el que todos coinciden, es muy simple: los tractores de DESA invadieron un frijolar. La gente se molestó con la empresa. Organizaron una protesta y voltearon los tractores. Los militares acudieron a proteger a los chinos. La protesta llegó hasta la entrada del campamento y el Estado utilizó a su brazo armado. Para defender a la empresa. Sonó el disparo que terminó con la vida de Tomás García y los dos siguientes, que hirieron gravemente a su hijo Alan. Alguien mató más tarde a Christian Madrid. Y la bolita fue creciendo. Después hubo otros muertos. Uno de paludismo. Otro asesinado en una borrachera. Una joven murió en un accidente automovilístico. Cada parte de la comunidad ha encontrado la manera de culpar a la otra por cada una de estas muertes.

Le pregunto a Mercedes Pérez por los muertos. Comienzo por Christian Madrid. “Mire, su mamá es mi comadre. Hoy ya no nos hablamos. Ese muchacho no murió por nada. Su familia es la que le vendió las tierras a la presa”. La presiono un poco más y termina responsabilizando a DESA también de esa muerte: “Lo mataron para echarle la culpa al Copinh”. Entonces habla de los otros muertos. El asesinato del borracho le parece sospechoso, porque el asesino actuó con premeditación: “lo llevó a tomar para matarlo”, dice. La joven que murió en un accidente de tránsito, murió intentando llegar hasta donde los tractores estaban invadiendo el frijolar. Si la presa no estuviera en construcción, si los tractores no se hubieran metido en el frijolar, si la comunidad no tuviera este problema… la joven estaría viva. Así que esa muerte también debe agregarse a la lista de víctimas de la represa. Y así. Y cada muerte que menciona le cierra un poco los ojos y le endurece la quijada. Con rencor.

En lo único en lo que parece estar de acuerdo con su comadre, la mamá de Christian Madrid, es en que será muy difícil reconciliar a esta comunidad. Es la misma experiencia en todas las comunidades divididas por estos proyectos, particularmente donde ya hay muertos. Pobres contra pobres. Lencas contra lencas.

Sentado en su oficina de La Esperanza, a pocas cuadras de la casa donde Berta Cáceres fue asesinada, el coordinador interino de Copinh Tomás Gómez Membreño me dirá después: “Estos problemas llegaron con las concesiones de los proyectos. El origen de estos conflictos está en las concesiones, no en las comunidades”.

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La división entre comunidades, hasta ahora, es menor en La Paz. Ni hay muertos entre los que estaban a favor de las Auroras ni hay mucho desarrollo ni oportunidades que defender. La mayor oposición comunitaria a las organizaciones indígenas proviene de aquellos que se benefician del clientelismo político. Alcaldes, representantes patronales, empleados del Partido Nacional en la zona. Y es a través de ellos que el gobierno impulsa su plan.

En Simpinula hay postes de cemento, de esos que sostienen los cables eléctricos. Pero no hay cables. No hay electricidad. Solo postes de cemento. Es un paisaje absurdo en medio de las montañas. El gobierno prometió a los simpinulenses conectarlos a la red eléctrica justo cuando comenzaron los proyectos de las Auroras, pero la comunidad se negó a que se llevara a cabo un catastro para delimitar las propiedades de la comunidad. Sin catastro, les dijeron, no hay electricidad.

No hay electricidad. Los simpinulenses se amparan en el derecho comunal ancestral de los lencas, por el que las tierras de la comunidad son propiedad comunal, no individual, para oponerse al catastro. Esa es parte de su resistencia a las concesiones; su manera de amarrarse al mástil para resistir a los cantos de sirena: Si la comunidad es la dueña de todo, ninguna empresa podrá tentar a un campesino para comprarle las tierras en las que desarrollará los proyectos concesionados. Pero es solo una parte de su resistencia. Negarse al catastro es también reafirmar el carácter indígena de la comunidad.

Las organizaciones indígenas hondureñas, que representan también a las otras etnias (pech, tawaka, misquito, tolupán, garífuna, chortí…), saben que Honduras es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. El convenio prevé derechos especiales para las comunidades indígenas y aborígenes, siempre y cuando sus condiciones sociales, económicas y culturales las distingan “de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones…”. Por ejemplo: propiedad comunal de la tierra y un cerro sagrado para sus propias ceremonias, como el que acaban de proclamar en Simpinula.

El Convenio les otorga además el derecho a decidir sobre cualquier asunto que afecte su cultura, sus costumbres sociales, sus creencias, su bienestar espiritual o sus tierras. Y obliga a los estados signatarios a respetar y proteger sus organizaciones sociales y su forma de vida. Pero uno de los requisitos más importantes, desde luego, es que los indígenas se asuman como indígenas. Por eso es tan trascendente el esfuerzo que están haciendo por recuperar su identidad. Y llevan muchos años en ello.

Berta Cáceres y el Copinh cimentaron buena parte de su estrategia en el 169 y lograron mediante él presionar al gobierno a que cumpliera sus compromisos internacionales. En julio de 2011, Cáceres firmó un convenio con el entonces presidente, Porfirio Lobo Sosa, en el que este se comprometía a no autorizar ninguna concesión sin “una consulta previa, libre e informada”, para lo cual se redactaría un reglamento en coordinación con el Copinh. Además, el gobierno de Lobo reconocía el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad comunal.

El convenio tenía dos problemas: que la mayoría de concesiones ya habían sido otorgadas y que el gobierno de Lobo ya iba de salida. Con la llegada de Juan Orlando Hernández, el acuerdo fue engavetado. No hay ningún reglamento. En cambio, la presidencia de Hernández promovió internacionalmente una política de concesiones sin precedentes, que incluyen la creación de “ciudades modelo” en las que las corporaciones extranjeras ganen licitaciones podrán trabajar con ventajas arancelarias en grandes zonas geográficas, con legislación diferente, que en la práctica serán administradas de manera privada. La primera ciudad modelo será inaugurada a finales de este año.

Donald Hernández, abogado del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario CEPRODEH y uno de los principales promotores del 169 como herramienta de resistencia, visita frecuentemente la zona de La Paz y reúne a decenas de indígenas para informarles sobre el tratado de la OIT y escuchar sus inquietudes y su situación.

Cuando lo conocí, hacía una presentación a unos 40 indígenas de la zona de Marcala, en la sede local de la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Su lenguaje era claro: “quieren forzarnos a la emigración para que les dejemos nuestros ríos y nuestras montañas y nuestros minerales. Quieren que nos sintamos avergonzados de ser indígenas. ¡Pero somos indígenas! Preguntemos a nuestros abuelos. Que nos cuenten nuestras historias. No veamos a los pies a nadie, nunca más. Tenemos muchas historias; y muchos muertos”.

Uno de los asistentes preguntó cómo podían evitar el avance corporativo sobre sus tierras. Donald Hernández, antes de explicar el 169, respondió: “¡Rescatemos nuestra cultura! Nos dicen robatierras pero no estamos robando nada. Nosotros re-cu-pe-ra-mos tierras. Siempre fueron nuestras. Tierras indígenas comunales. Que un alcalde se las haya titulado a un extranjero no las hace de ese extranjero. Son nuestras.” Entonces les habló del convenio de la OIT.

En la reunión estaba también Margarita Posada, cofundadora de Copinh y una activista local muy respetada, quien fuera cercana a Berta Cáceres. Ha dado seguimiento al proceso de construcción de las Auroras y tiene un archivo del que echa mano para explicar las irregularidades en la concesión de los permisos. Le pregunto cuál es el problema con que se produzca energía limpia, a partir del agua de un río. “Con eso no tenemos ningún problema. El problema es que en vez de consultarnos, en vez de darnos facilidades para que las comunidades mismas produzcamos nuestra energía limpia, los organismos financieros internacionales le dan dinero a empresas privadas que no lo necesitan para que sean ellos los que se lucren de nuestros ríos. Los que los controlen. Los que los destruyan. Ese es el problema. Somos nosotros, las comunidades, las que debemos decidir en qué ríos queremos hacer estos proyectos y cómo los vamos a administrar, de tal manera que nos permitan producir nuestra propia energía en vez de pagarles a estas empresas por controlar nuestros ríos”.

Intenté hablar con Arnold Castro, el propietario de Aurora y esposo de la vicepresidenta del Congreso, pero me canceló a última hora dos reuniones pactadas en la ciudad de Marcala y después alegó estar en reuniones de negocios para no atenderme por teléfono, a pesar de mis insistencias durante más de un mes. Quería preguntarle cómo ha afectado a su empresa el asesinato de Berta Cáceres; cuestionar las alegaciones de irregularidades en la obtención de sus contratos con el Estado; quería que me explicara por qué una empresa de la familia de Gladis Aurora López no ha sido multada ni castigada por no cumplir con la ley. Por qué no respetó el caudal ecológico. Cómo ha beneficiado a las comunidades.

Intenté hablar también con el ministro de Recursos Naturales, José Galdámez, pero me advirtió que lo que lo que yo quería abordar es “muy sensible”. Me ofreció hablarlo en su oficina, después de recibir una solicitud formal de entrevista que incluyera las preguntas que le quería formular. He turnado ya la solicitud. Aún no he recibido respuesta.

En el cerro de Simpinula, el lenca Felipe Benítez lee el acta firmada por todos los representantes de comunidades presentes en el guancasco. En ella, los lencas de la zona se declaran en alerta permanente frente a las “amenazas como las leyes que violentan nuestros derechos indígenas”. Amparados en el convenio 169 de la OIT, “damos el mandato de seguir con el proceso de defensa y organización de los pueblos lencas…”.

Al final de la ceremonia, me siento con Felipe Benítez bajo un árbol, en la cima del cerro que acaba de oficializar como centro ceremonial. ¿Cuántos cerros ceremoniales tienen los lencas? Este, responde, es el primero. Por primera vez se le llenan los ojos de lágrimas cuando le pregunto por Berta Cáceres y qué cambia tras su asesinato. “Es difícil”, me dice. “Estábamos por hacer grandes cosas”. Me pregunta qué me parece la ceremonia de hoy. Le digo que es un hermoso intento de rescate de sus tradiciones, cuyo objetivo es político, no cultural. Benítez me mira de lado y vuelve a sonreir. “Ya le entendió”. Toma un poco de carne con yuca, que han preparado las mujeres del pueblo, y come con gusto. “Pero en el camino vamos a recuperar mucho de lo que hemos perdido durante siglos”. Miro al cielo. Las nubes se han ido. Hoy no llovió.

Ver la versión original de este reportaje publicada por El Faro.

“Nunca firma nada y no tiene casi nada a su nombre. El tipo sabe cómo moverse”. Así define a Waldo Iván Rojas Soto quien fuera su socio en uno de los varios negocios que este operador político, activo lobista y empresario ha impulsado en los últimos 25 años. La sucinta descripción de su ex compañero de negocios podría explicar por qué, por ejemplo, pese a arrastrar un pesado historial de querellas por giro doloso de cheques, estafa reiterada y asociación ilícita, Waldo Rojas –quien solo registra a su nombre un departamento en San Alfonso del Mar y una moto– ha logrado salir casi siempre indemne.

Pese a sus líos judiciales, Rojas también había logrado guardar su anonimato, hasta que en febrero de 2015 estalló el caso CAVAL, protagonizado por su sobrina Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. Entonces se conoció la cercanía entre Rojas y Compagnon, quien incluso vivió en la casa de su tío. Fue él también quien le presentó a Mauricio Valero, con quien se unió para formar CAVAL (ver recuadro).

Ahora es Rojas el que está en el centro de un nuevo problema judicial: el 20 de junio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por soborno reiterado y el Ministerio Público estaría preparando su formalización (ver querella). “Es difícil que se libre de esta”, señala una fuente cercana al caso.

Los hechos que originaron la querella fueron dados a conocer por CIPER en abril de 2015, en un reportaje que destapó el lobby de la multinacional española Isolux-Corsán ante autoridades públicas para obtener licitaciones y las coimas que la empresa pagó al ex director de Administración y Finanzas de la Universidad de Santiago (Usach), Mauricio Carrasco Torres, para amañar un contrato para la construcción de un edificio docente por casi $9.500 millones (ver reportaje).

Mauricio Carrasco comenzó a trabajar para la Usach en junio de 2012. Según la querella presentada por el CDE, la investigación de la Fiscalía logró establecer que fue el propio Waldo Rojas quien promovió su ingreso al plantel de educación superior. En poco más de tres meses Carrasco pasó de tener un cargo marginal como funcionario a honorarios a dirigir el departamento de Administración y Finanzas, cargo de confianza del rector Juan Manuel Zolezzi. Interrogante clave y aún no resuelta en este capítulo es quién o quiénes eran los contactos de Waldo Rojas al interior del plantel de educación que facilitaron el ingreso de Carrasco y posibilitaron su explosivo ascenso.

Mauricio Carrasco está confeso. El 23 de septiembre pasado, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó a presidio efectivo por cohecho reiterado y por el delito frustrado de fraude al Fisco (ver sentencia). Carrasco, quien apeló a la condena, reconoció que recibió coimas que hasta ahora ascienden a casi $50 millones. Buena parte de esos dineros, según reconoció Carrasco, se lo entregó el propio Waldo Rojas en efectivo y en bolsos negros, en distintos puntos de la capital. Posteriormente la ex autoridad de la Usach depositó por goteo las platas en sus cuentas de los bancos Estado y de Chile.

La ruta de los pagos ilícitos recibidos por quien llegó en tiempo récord a ser el custodio de las platas de la Usach, no solo conduce a Isolux. Hay otras tres empresas actualmente investigadas por soborno y que también se adjudicaron millonarias obras en esa universidad. Una de ellas es la filial chilena de la coreana LG Electronics. Waldo Rojas también le pagó coimas a Carrasco para que la empresa obtuviera un contrato en la Usach.

Aunque fundamental, Carrasco era solo una pieza del tablero en el que Rojas jugó su partida. El lobista operó con un séquito de colaboradores, quienes facilitaron facturas que se presume son ideológicamente falsas y que sirvieron para blanquear los pagos ilícitos provenientes de Isolux-Corsán y LG. En esa red de boleteros aparece el conocido operador político Alexis Yáñez Alvarado –funcionario de los gobiernos de la Concertación y con redes transversales en el mundo político– y el prestamista Fernando Cassorla Albagli, quien años atrás se convirtió en uno de los hombres más poderosos del fútbol. A través de su empresa de factoring, Cassorla llegó prácticamente a controlar los ingresos del club Colo-Colo justo antes de su quiebra en 2002.

Según la indagación de CIPER, las labores de Waldo Rojas Soto en representación de Isolux no se concentraron solo en la Usach. El 10 de septiembre de 2012 Rojas firmó un contrato con la trasnacional española para la “prestación de servicios en consultorías” en el que se pactaron honorarios para el lobista calculados en base a un porcentaje variable sobre el monto total de los contratos que la compañía obtuviera en Chile. Entre los proyectos de interés que se mencionan en el acuerdo se encuentran: los puentes Maule (Séptima Región) y Bicentenario (Región del Biobío); el Túnel de Agua Negra (corredor bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico, Región de Coquimbo); el proyecto Valle de los Vientos (Región de Antofagasta); y la termoeléctrica de Concón (un proyecto de Enap en la Quinta Región).

Entre 2012 y 2014, Isolux obtuvo en Chile siete millonarias licitaciones de entidades públicas por más de $140 mil millones (ver reportaje). Entre los proyectos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a Isolux en esos años y que se mencionan en el contrato de prestación de servicios de Waldo Rojas están los puentes Maule y Bicentenario. CIPER obtuvo un correo electrónico fechado el 27 de agosto de 2013 en el que altos directivos de Isolux-Corsán comentan entre sí cómo gracias a un insistente lobby pudieron “salvar” algunas licitaciones en las que habían quedado marginados.

“Como te habrás enterado en los puentes Biobío y Maule se escribió el dictamen que nos dejaba fuera por las sanciones dispuestas en contra de Copasa (compañía con la que se asoció Isolux para algunos proyectos) y el lobby me llevó a sentarme con el presidente de la comisión de adjudicación de Obras Públicas, del Congreso, el director de Vialidad y con el ministro de Obras Públicas, y por ello se salvó el contrato”, escribió el presidente de Isolux para América Latina, Juan Carlos de Goycoechea, quien operaba desde Buenos aires (ver correo electrónico).

Quien encabezaba el MOP cuando se le otorgaron a Isolux esos contratos era el ex precandidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne. El entonces jefe de gabinete del área jurídica de ese ministerio era Francisco Toyos Jofré, quien también se había desempeñado como asesor del mismo Golborne cuando éste estuvo a la cabeza de la cartera de Energía. Un dato que no deja de ser llamativo es que el 19 de julio pasado, Toyos creó la sociedad Consultora San Pancracio en sociedad con Diego Mizón Espinoza. En la querella que presentó el CDE, Mizón Espinoza es identificado como la “persona de confianza de Waldo Rojas” que retiraba desde las oficinas de Isolux los cheques de las facturas truchas facilitadas por el círculo del lobista y empresario (ver N.de la R.).

HISTORIAL DE LÍOS JUDICIALES

El polémico historial de Waldo Rojas ya arrastraba varios capítulos, como el que se escribió de la mano del proceso de disolución de la isapre Promepart, de la que fue gerente comercial y, más tarde, representante legal. A los directivos de Promepart –que se acogieron a un convenio judicial preventivo de quiebra en 2005–, se les acusó de oscuros manejos administrativos y de ejecutar operaciones ficticias con empresas relacionadas, causando millonarios perjuicios a un centenar de socios, accionistas y trabajadores.

Waldo Rojas Soto (Fuente: Facebook)

La sombra de Promepart ha seguido a Waldo Rojas por varios años y en su calidad de representante legal de la comisión liquidadora de la empresa ha debido enfrentar en los últimos años juicios de cobranza. En 2008, durante un viaje de negocios a Bogotá, vivió un embarazoso episodio. Una persona cercana a Rojas recuerda que una tarde en la que éste se encontraba de compras en un centro comercial de la capital colombiana, debió irse intempestivamente del lugar. En ese mismo mall, a esa misma hora, también se encontraba ahí una inversionista colombiana a la que años antes Rojas había invitado a participar de Promepart. Según el relato, la mujer habría alcanzado a increparlo.

En un email con fecha 23 de marzo de 2009 al que tuvo acceso CIPER y que fue enviado a una de las víctimas chilenas de la desaparecida isapre, la hija de la colombiana afectada por la supuesta estafa de Rojas explica el episodio: “Mi mamá invirtió en una empresa Promepart allá en Chile, donde Waldo Rojas y sus secuaces le vendieron supuestamente una cartera de esa empresa, después le ofrecieron esta vida y la otra, pero todo fue mentira”.

CIPER se contactó por correo electrónico con la mujer que escribió el email. La respuesta, por la misma vía, fue la siguiente: “Sí, fuimos víctimas de un engaño por los señores en mención (refiriéndose a Waldo Rojas y otros directivos de Promepart)”.

A esas alturas Waldo Rojas ya estaba embarcado en un nuevo emprendimiento: Alta Dental. En una entrevista al diario La Tercera de abril de 2008, Rojas se refirió a la por entonces exitosa iniciativa respaldada por Corfo y la incubadora de negocios Octantis de la Universidad Adolfo Ibáñez: “Resolvemos los problemas odontológicos de la población más vulnerable, a precios bajos, con especialistas de excelencia y con insumos de alta calidad”.

En mayo de 2010, Rojas y su socio en Alta Dental fueron formalizados por el delito de estafa. Centenares de pacientes en Santiago, Valdivia y Concepción habían pagado por adelantado costosos tratamientos que quedaron inconclusos. El 19 de abril de 2013, Waldo Rojas, quien además era gerente general de la empresa, fue sobreseído luego de llegar a un acuerdo de suspensión condicional del procedimiento. Según El Mostrador, como salida alternativa Rojas propuso a la Fiscalía pagar un 25% de las deudas.

EL LOBISTA DE ISOLUX

A principios de junio de 2012, Mauricio Carrasco Torres fue contratado a honorarios por la Universidad de Santiago (Usach) para elaborar propuestas de implementación y seguimiento en la asignación de beneficios estudiantiles. Sus honorarios ascendían a poco más de $1,5 millones.

Pocos meses después, en octubre de 2012, Carrasco fue nombrado director de Administración y Finanzas, un puesto de alta jerarquía entre las autoridades del plantel y de absoluta confianza del rector. En seis meses el sueldo de Carrasco se triplicó ($4,5 millones).

En la querella del CDE contra Waldo Rojas, se cita como antecedente que la investigación del Ministerio Público logró establecer que Carrasco entró a trabajar en la Usach con “apoyo de su amigo Waldo Rojas Soto, a quien había conocido años antes cuando trabajaba en el Ministerio de Educación”. Lo que sugiere esa línea de investigación es que los casi $50 millones en coimas recibidas por Carrasco serían parte de una operación cuidadosamente diseñada por Rojas para extraer recursos –vía licitaciones truchas– desde el plantel estatal de educación superior.

Consultado respecto de la llegada de Carrasco a la Usach, el rector de plantel, Juan Manuel Zolezzi, entregó en abril del año pasado a CIPER una versión distinta a la acuñada por la Fiscalía:

Waldo Rojas y Luis Horacio Rojas

–Él era el encargado de la parte de la asignación de becas y créditos en el Ministerio de Educación. Me tocó conocerlo porque a esta universidad se le quitó recursos de becas y créditos durante 2008 y 2010. Cuando salió del ministerio, le dije ándate a la universidad para ver el tema de la asignación de becas. Y aceptó. Él tenía cierta habilidad en términos de administración y se le pidió después que se hiciera cargo de la dirección de Administración y Finanzas –dijo Zolezzi, quien negó conocer a Waldo Rojas (ver entrevista).

Es sabido que Waldo Rojas tiene llegada en el mundo radical y masón. En ese círculo aparece un hombre clave: Luis Horacio Rojas Mansilla, su primo y hombre cercano al ministro de Defensa, José Antonio Gómez (PR). Rojas Mansilla fue jefe de gabinete de Gómez cuando éste se desempeñó como ministro de Justicia entre 2000 y 2003. En agosto de 2007, José Antonio Gómez y Luis Horacio Rojas, junto a un tercer socio, crearon la Inmobiliaria GKD Limitada. No era la primera aventura empresarial de Rojas Mansilla: en 1989 había constituido junto a su primo, Waldo Rojas, la sociedad Transportes y Comunicaciones Congreso y en 1992 la consultora SGE Limitada.

En los últimos meses del primer gobierno de Michelle Bachelet, Rojas Mansilla, quien también fue miembro de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) entre 2007 y 2010, volvió a aparecer por la cartera de Justicia como asesor del entonces ministro Carlos Maldonado, también de las filas del Partido Radical.

No hay niguna evidencia que vincule a Rojas Mansilla con las gestiones de su primo para favorecer a Isolux. Versiones recogidas por CIPER, sin embargo, indican que en al menos una oportunidad gestionó una reunión entre Waldo Rojas y José Antonio Gómez. La cita habría ocurrido en agosto de 2007 –cuando Gómez era senador por la Región de Antofagasta– y en ella Waldo Rojas le habría pedido ayuda para que le tendiera puentes con el Ministerio de Justicia con el fin de ofrecer los servicios de Alta Dental a Gendarmería y al Registro Civil. No hay registro de que Gómez haya realizado gestiones. Contactado por CIPER, el ministro no quiso referirse al tema, mientras que Rojas Mansilla no estuvo ubicable.

Con quien también Waldo Rojas habría labrado vínculos de cercanía –que a la larga resultarían clave– fue con el ex senador de la DC y luego líder del PRI, Adolfo Zaldívar (falleció en 2013). El puente habría sido un viejo conocido de Rojas: Juan Carlos Osega Narea, histórico hombre de confianza de Zaldívar y su jefe de gabinete cuando se desempeñó como embajador en Argentina. Además de amigos, Rojas y Osega se convirtieron en socios: en enero de 2013 crearon la sociedad Sortis SpA para ofrecer consultorías en grandes proyectos de infraestructura.

El periodo en que Zaldívar y Osega se desempeñaron en la representación diplomática en Argentina coincide con el momento en que Waldo Rojas estrechó vínculos con los máximos directivos de Isolux-Corsán, que desde Buenos Aires manejaban todas las operaciones de la compañía para el Cono Sur.

En septiembre de 2012, Rojas firmaría un contrato con Isolux-Corsán de “prestación de servicios en consultoría”, cuyos honorarios corresponderían a un porcentaje del valor total de las obras que la compañía lograra obtener con su gestión. Se trataba de un contrato “subrogable a filiales”, por lo tanto aplicable a la agencia que Isolux tiene en Chile desde 2004 (Isolux Agencia Chile).

El contrato formalizó las labores que Rojas ya venía realizando para la multinacional. Los puentes Maule y Bicentenario habían sido adjudicados por el MOP a Isolux en marzo y abril de 2012, y allí las gestiones de Waldo Rojas habían resultado decisivas.  De acuerdo al diario electrónico El Mostrador, en aquella reunión en la que el presidente de Isolux para América Latina, Juan Carlos de Goycoechea, asegura haberse sentado con el ex ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, para revertir la decisión que los dejaba fuera de la licitación de dos puentes, Waldo Rojas estuvo presente.

CIPER pudo comprobar que el lobista recibió cuantiosos pagos por su intervención en esos dos proyectos. El 29 de agosto de 2013 Rojas entregó a Isolux una factura –que se presume es ideológicamente falsa– por $61 millones perteneciente a la sociedad Inversiones Río Claro Limitada. En el documento (factura N°93) se señala “Movimiento de tierra y áridos de obras denominadas Puente de Maule y Puente Centenario”.

Tras esas gestiones, la energía del lobista de Isolux se concentró en la Usach.

OPERACIÓN USACH

En noviembre de 2013, la universidad le adjudicó a Isolux-Corsán una licitación por $9.500 millones para la construcción de un edificio docente de ocho pisos. Entre los miembros de la comisión que evaluó esa licitación estaba Mauricio Carrasco, quien también participó del diseño y redacción de las bases. Según un correo electrónico al que CIPER tuvo acceso, dos meses antes de que la comisión resolviera la adjudicación, Isolux ya tenía indicios de que sería favorecida con la licitación: “Un dictamen de la comisión que obra en mi poder aconseja la adjudicación a (Isolux) Corsán”, escribió el 27 de agosto de 2013 Goycoechea a sus superiores en España.

Mauricio Carrasco Torres, ex director Administración y Finanzas USACH.

Tras la adjudicación, los problemas no tardaron en llegar. A mediados de 2014 la obra llevaba varios meses de atraso, sin embargo la Usach le había cursado a Isolux anticipos que no correspondían por más de $1.400 millones. Fue en junio de 2014, tal como reveló CIPER (ver reportaje), cuando Mauricio Carrasco, el encargado de autorizar los pagos, aceptó de Isolux los tickets aéreos, la estadía y las entradas para asistir junto a su cónyuge al partido por octavos de final del Mundial de Fútbol entre Chile y Brasil en Belo Horizonte.

Pero esa no fue la única “gratificación” que recibió Carrasco a cambio de favorecer a Isolux. De acuerdo a su propia confesión ante los fiscales, a fines de marzo de 2014 Waldo Rojas le había entregado $15 millones en efectivo en un bolso negro. La operación se llevó a cabo en un café de calle Huérfanos, en el centro de Santiago. A principios de junio la maniobra se repitió. Fue el mismo monto, pero está vez el lugar escogido por Rojas fue un café de avenida Apoquindo, en Las Condes.

La millonaria adjudicación en la Usach le había significado a Rojas firmar un acuerdo específico con Isolux –anexo al contrato comisionable de septiembre de 2012–, para financiar la operación y retribuirle por sus gestiones. Se pactaron $300 millones y quien aparece como contraparte de la compañía española en ese contrato, firmado los primeros días de enero de 2013, es la sociedad Tangerine S.A., propiedad del conocido prestamista Fernando Cassorla Albagli. Ese año Tangerine prestó también servicios de propaganda electoral a varias figuras políticas en época de campaña: Guido Girardi (PPD), Daniel Farcas (PPD) y Carlos Montes (PS), aparecen entre sus clientes, según la base de datos del Servicio Electoral (Servel).

El contubernio entre Waldo Rojas y Mauricio Carrasco no se limitó únicamente a la construcción del edificio docente adjudicado a Isolux. La intervención del prestamista Fernando Cassorla, también propietario de la empresa Factoring de Chile, tampoco.

DE ISOLUX A LG ELECTRONIC

A mediados de 2012, Waldo Rojas se acercó a Carrasco –quien ya era funcionario de la Usach– para ofrecerle la instalación de luminarias LED en varios recintos de la universidad. En esos momentos, además de Isolux-Corsán, el lobista Rojas tenía un acuerdo de representación con la empresa LG Electronics Inc. Chile. A principios de enero de 2013 LG obtuvo un contrato por trato directo con la Usach –autorizado por Carrasco– por $117,5 millones. Carrasco fue nuevamente premiado por Rojas: a principios de 2014, recibió de manos del lobista $8 millones en efectivo.

De acuerdo a lo que ha podido establecer el Ministerio Público, los dineros que habría recibido Rojas de parte de LG por su exitosa gestión fueron triangulados a través de la empresa Tangerine de Fernando Cassorla. El 6 de enero de 2014, Tangerine –al igual como lo hizo con Isolux– suscribió un acuerdo con la filial chilena de la multinacional coreana por asesorías. Para entonces, la sociedad de Cassorla ya le había facturado en dos oportunidades a LG por “concepto de asesoría y soporte del levantamiento técnico condiciones propuesta iluminación LED”. Los montos de ambas facturas, también bajo sospecha de ser ideológicamente falsas, suman poco más de $23 millones.

De acuerdo a correos electrónicos incautados por la Fiscalía, en ocasiones era el propio prestamista el que escribía a Isolux para apurar el pago de las facturas. Uno de esos mensajes data de fines de 2013 y en él Cassorla le escribe al contador de la multinacional española en los siguientes términos: “Consulta por facturas pendientes, entre ellas las de Waldo”.

Tal como reveló CIPER en un reportaje publicado en agosto del año pasado, el representante legal de LG en esa época era José Miguel Lira López, quien está siendo investigado por el Ministerio Público por falsificación y uso malicioso de documento privado y está acusado de haber defraudado a LG por más de $2.200 millones. Además, lo acusan de pagar cerca de $1.200 millones a asesores externos y a funcionarios municipales para ganar de forma irregular licitaciones de luminarias LED en distintos municipios del país, servicios que no están acreditados en la contabilidad de la compañía (ver reportaje).

En la investigación sobre CAVAL existe un testimonio que liga a la empresa de Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero con LG en la misma época en que Waldo Rojas operaba para la firma coreana. Según declaró Patricio Cordero, formalizado en la causa, Valero tenía un acuerdo con LG para comercializar luces LED.

Waldo Rojas y Sebastián Dávalos

A ese dato se suma un email con fecha 16 de octubre de 2013, enviado por Valero al gerente de proyectos de CAVAL, Sebastián Dávalos Bachelet, en el que ambos se coordinan para enviarle información de LG a un contacto en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) del municipio de Peñalolén.

“Seba: la info está solicitada a LG, debiéramos esta semana enviar todo a Pablo”, le escribió Valero a Dávalos. “Ok, boss”, le respondió. No hay registro de que esas negociaciones hayan prosperado.

Un tercer caso, también fraguado en los pasillos de la Usach, pesa sobre la fecunda dupla Rojas-Carrasco. A mediados de 2014, la Usach le adjudicó a la empresa Comercial e Industrial Keller Limitada una licitación por $419 millones para reparar y reforzar uno de los edificios del establecimiento. A varios meses de iniciada la obra, Carrasco autorizó pagos y omitió cobros de multas, pese al evidente atraso del contratista. A mediados de 2014, Mauricio Carrasco recibió $5 millones en efectivo de manos de uno de los socios de la empresa, Víctor Cornejo Moreno, hoy también querellado por el CDE por soborno (ver querella).

De acuerdo a la confesión de Carrasco ante los fiscales, luego de recibir el soborno de Cornejo, Waldo Rojas lo llamó por teléfono pidiéndole apurar un pago para Keller.

Una cuarta empresa está siendo investigada por la Fiscalía. Se trata de la sociedad Panco Eirl, de propiedad del constructor civil Fernando Barroilhet Díez. Ello luego de que se detectara en la cuenta vista del Banco de Chile de Carrasco el rastro de un pago por $4 millones realizado por Barroilhet. En febrero de 2014, Carrasco le había adjudicado a Panco una obra de construcción en la casa central de la universidad por $74 millones (ver querella).

TRIANGULACIONES SOSPECHOSAS

Entre las facturas que están siendo examinadas con lupa por los fiscales aparecen algunas relacionadas a dos empresas vinculadas al conocido lobista y ex operador político de la Concertación Alexis Yáñez Alvarado (ver reportaje de CIPER). Se trata de Constructora Santa Sofía de los Ángeles y de Praxis Limitada.

CIPER tuvo acceso a tres facturas emitidas por estas sociedades a Isolux-Corsán entre marzo y mayo de 2014, por un total de $190 millones. Dos de ellas detallan supuestos servicios prestados por la constructora para el proyecto de la Usach y una tercera, la de Praxis, fue emitida a la filial de la compañía española en Chile por concepto de “Asesoría profesional en el desarrollo de proyectos de construcción” (ver facturas).

Al menos en dos oportunidades los cheques emitidos por Isolux a nombre de la Constructora Santa Sofía de los Ángeles, fueron retirados por quien es sindicado en la querella del CDE como uno de los recolectores de los dineros pagados por la compañía española a Rojas. Se trata de Diego Mizón Espinoza –actual socio de Francisco Toyos, ex asesor jurídico del MOP y de Energía– quien firmó y retiró cheques por $71 millones y por $20 millones desde las oficinas de Isolux en la comuna de Providencia. Hay constancia además de que Mizón recogió un tercer cheque por $98 millones pagado contra una factura entregada por una sociedad de nombre Comercializadora Díaz Hermanos, también bajo investigación. CIPER intentó sin éxito contactarse con Mizón.

Además de Tangerine, Constructora Santa Sofía de los Ángeles, Praxis, Inversiones Río Claro y Comercializadora Díaz Hermanos, en esta red de emisores de facturas presuntamente falsas aparece una sexta empresa: Sierra Leona Construcciones.

CIPER tuvo acceso a dos facturas emitidas por Sierra Leona a Isolux en enero y febrero de 2013 por $133 millones. En el documento de la empresa dedicada a la comercialización de áridos y movimiento de tierra se detalla: “Servicio de ingeniería y preparación de oferta proyecto hospitalario Pitrufquén” (ver facturas).

El dato es relevante pues indicaría que Waldo Rojas, además de intervenir en las licitaciones de la Usach y del MOP para los puentes Biobío y Maule, también habría realizado gestiones para la obtención de esa obra, adjudicada a Isolux por el Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS) en diciembre de 2012 por un total de $16.700 millones.

TÍO Y SOBRINA

Natalia Compagnon

La estrecha cercanía entre el ingeniero comercial Waldo Rojas y su sobrina política Natalia Compagnon no es un misterio. Casado con Gricela Soto Acevedo, hermana de la mamá de Natalia, la impronta de Waldo Rojas se asoma en cada uno de los hitos que definieron la vida profesional de la esposa de Sebastián Dávalos. Fuentes citadas por El Mostrador indican que Rojas se jactaba de haberle pagado la universidad a Compagnon. De acuerdo a versiones recogidas por CIPER, el ingeniero comercial al menos habría influido en la decisión de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet de congelar sus dos años de estudio de Derecho en la Universidad Central para cambiarse a Ciencias Políticas –carrera que también estudiaba Sebastián Dávalos– en el mismo plantel de educación superior. A Waldo Rojas se le ha definido como el mentor de Natalia Compagnon en los negocios. Al cumplir los 32 años, Compagnon ya había constituido cinco sociedades: de inversión, consultoras y una inmobiliaria. En enero de 2007 creó Asesorías Asia Pacific Brokers y para ello fijó domicilio en la misma dirección de Ñuñoa donde reside el matrimonio Rojas-Soto. Compagnon también vivió allí un tiempo.

Otra de las empresas creadas por Compagnon en febrero de 2012 fue CAVAL, protagonista de uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años. En la génesis de la cuestionada empresa, Waldo Rojas también habría tenido una cuota de participación. Fue el propio lobista quien presentó a Natalia Compagnon y a Mauricio Valero Illanes, el socio de la nuera de Michelle Bachelet en ese polémico emprendimiento.

Luego de conocerse los términos de una polémica y millonaria operación inmobiliaria en Machalí, los propietarios de CAVAL se encuentran actualmente formalizados por el Ministerio Público: ambos por delitos tributarios y Valero, además, por soborno en calidad de autor (ver reportaje de CIPER).

El 22 de octubre de 2015 el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (la ex Posta Central, HUAP) firmó un contrato por $174,9 millones con la empresa Hospitalia Productos Médicos Limitada para comprar equipos de simulación clínica de alta fidelidad. La licitación que se hizo para esa adquisición ha levantado dudas entre los demás proveedores: las especificaciones técnicas que se exigían correspondían a un producto que sólo vende la empresa que finalmente se la adjudicó, la que además fue denunciada ante Contraloría ya que es una empresa familiar de Érica Castillo Taucher, hermana de la ministra de Salud, Carmen Castillo Taucher.

Ministra de Salud, Carmen Castillo

Aunque legalmente esta relación de parentesco no configuraría un ilícito, ya que las compras se hacen a través de los servicios de salud descentralizados y la ministra no participa en la decisión, los cuestionamientos se mantienen. El proyecto de la ex Posta –para el que el Ministerio de Salud (Minsal) a través de Fonasa transfirió alrededor de $250 millones– fue el “piloto” para una serie de millonarias licitaciones enmarcadas en el “Plan de ingreso, formación y retención de médicos y especialistas”, una política pública impulsada por el ministerio que encabeza Carmen Castillo. Para este año esa cartera contempla un presupuesto de $1.800 millones para mejorar las condiciones docentes de sus campos clínicos, de los cuales unos $750 millones se invertirán en salas de simulación.

La primera licitación hecha con ese presupuesto, en el Hospital de Puerto Montt, está en proceso de evaluación. Contempla un gasto de $196 millones y, entre otras cosas, pide el mismo equipo que pidió la ex Posta en 2015. Aunque las especificaciones técnicas no son idénticas, Hospitalia corre con ventaja. La segunda licitación, en el Hospital Regional de Concepción, aún se está preparando y tiene un presupuesto –según el documento del Minsal– de $290 millones.

CIPER accedió a un archivo excel con el nombre “Proyecto de simulación HUAP-Listado de equipos”: la planilla es una detallada lista de equipamiento y, según las propiedades del documento, fue creada por Luis González, gerente de Productos de Hospitalia, y luego guardada por el doctor Renato Chacón, jefe del Centro de Simulación de la ex Posta y asesor ad-honorem del Minsal en la implementación de su proyecto de simulación clínica a nivel nacional (ver imagen). Ese archivo, que sólo contenía la información de Hospitalia, circuló entre los encargados de hacer las bases de licitación de los hospitales de Puerto Montt y Concepción, quienes lo recibieron de parte del doctor Chacón.

Con ese antecedente, el temor de los otros proveedores es que nuevas bases hechas a la medida del producto de Hospitalia terminen favoreciendo otra vez a la empresa en las licitaciones que aún no se han adjudicado.

EL MODELO DE LA EX POSTA

En agosto de 2015 la ex Posta Central recibió $250 millones del Minsal para equipar un centro de simulación clínica que llevaría a ese hospital a la vanguardia de la docencia. Un espacio con equipos de la más alta tecnología para el entrenamiento de especialistas en formación de las universidades con convenios docente-asistenciales con la Posta y para la formación continua de los profesionales médicos y no médicos, y largamente anhelado por Renato Chacón, entonces jefe del Departamento de Docencia.

Ya en mayo de ese año, Chacón se había reunido con autoridades del Departamento de Formación y Calidad del Minsal para explicar su proyecto y conseguir fondos. En el ministerio recibieron con interés la propuesta y entregaron a Chacón los recursos solicitados, observando con atención el proceso de la ex Posta: sería el piloto para el nuevo capítulo del “Plan de Ingreso, Formación y Retención de Especialistas” que venía planeando el Minsal. La idea era hacer una “Red de Simulación Clínica” con centros en tres ciudades del país (Valparaíso, Concepción y Puerto Montt).

Dr. Renato Chacón (Fuente: Clínica Dávila)

La ex Posta publicó las bases de su licitación el 16 de septiembre de 2015 con el nombre “Equipos para el proyecto Centro de Simulación Clínica-HUAP”. En ellas, solicitaba cinco líneas de productos: cada una era un tipo de simulador distinto que ayudaría al entrenamiento de sus médicos en formación. La línea de la discordia fue la N°1, que concentraba el 60% de la compra. La ex Posta pedía un “maniquí” de paciente adulto de alta fidelidad con un simulador de ecografía integrado. Se trata de un “maniquí” de alta tecnología, capaz de replicar reacciones humanas, que tiene unos sensores bajo la piel sintética en puntos determinados del cuerpo que permiten hacer la pantomima de una ecografía. Un simulador que, de las cuatro empresas que existen en Chile que proveen este tipo de equipos, sólo una tenía: Hospitalia.

La comisión técnica a cargo de elaborar las bases de licitación –integrada por Chacón, Clara Luxoro (jefa de la Unidad de Anestesia de la ex Posta) y Marcelo Guerrero (jefe de Abastecimiento de ese hospital)– consideró esencial comprar un simulador de alta fidelidad con ecógrafo integrado, para así garantizar el realismo en la simulación. Al incluirlo en el listado de equipos requeridos –con el puntaje más alto de la licitación–, la compra pública quedó prepicada para Hospitalia.

Consultado por CIPER respecto de por qué licitar un producto que sólo una empresa podía vender, el doctor Chacón explicó que se debía a una directriz del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC). Ésta indica que se debe evitar, por transparencia y probidad, la compra directa, privilegiando las adquisiciones por convenio marco (catálogo de Chile Compra) en primer lugar, y por licitación, en segundo. Como no existía convenio marco para estos equipos, se hizo el llamado público.

–Es mucho más escondido si nosotros decidimos hacer una compra directa y decimos “dígale a Hospitalia, demuéstreme que ustedes son los únicos”, a que nosotros abramos la licitación, con características determinadas, y las empresas nos digan qué es lo que nos pueden ofrecer o no, porque eso que hicimos nosotros le permite a usted hoy día tener la planilla de evaluación en su poder y evaluar si lo que yo hice, lo hice bien o mal– dice Chacón, quien aseguró que no conocía el vínculo familiar entre los dueños de Hospitalia y la ministra de Salud.

Tres empresas se presentaron a la licitación. Arquimed, Skill Training y Hospitalia entregaron en octubre sus propuestas. Arquimed quedó descalificada por no entregar toda la documentación requerida. Más allá de ese tropiezo administrativo, el director ejecutivo de la empresa, Esteban Abodovsky, cree que la licitación estaba dirigida, “porque integra al simulador la ecografía torácica incorporada en la configuración, característica que es exclusiva de Hospitalia y se le otorga 500 puntos de evaluación, que comparado con los otros requerimientos, a los que se les otorga entre 20 y 50 puntos, es desproporcionado”.

Skill Training intentó suplir el requerimiento específico de la línea N°1 con otros equipos que se le parecían, pero que no tenían integrados el maniquí con el simulador de ecografía. A pesar de no cumplir con la línea N°1, en la N°2 (que pedía simuladores para técnicas de punción) Skill Training iba con ventaja: tenía un 100% del puntaje final, mientras que Hospitalia había llegado a un 93,43%.

Cuando se adjudicó el contrato, el 21 de octubre, los resultados desconcertaron al competidor derrotado. Aunque la línea N°1 ya era dada por perdida, la N°2 parecía una victoria segura para Skill Training. Pero en la resolución de adjudicación se indicaba que esa línea también era adjudicada a Hospitalia invocando una excepción contenida en las bases: “Si los EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA-HUAP ofertados por línea y que resulten con mayor puntaje al momento de realizar la evaluación final, son considerados por la comisión de evaluación como fundadamente inconvenientes para los intereses del HUAP, en forma excepcional y por una sola vez, mediante informe técnico emitido por esta comisión y con la aceptación de a lo menos los dos tercios de los integrantes, se declaran inadmisibles procediendo a adjudicar a quien sigue en puntaje”.

Entre los documentos de esa licitación no existe el informe técnico que justifica la victoria de Hospitalia. La comisión evaluadora es la misma que hizo las bases de licitación. Esa comisión decidió entregar esa línea –y con ella, toda la licitación–, a la empresa de la hermana de la ministra Castillo sin dar explicación alguna.

CIPER consultó al doctor Chacón por ese informe técnico que debía justificar la decisión. Según indicó, el que no fuera publicado debía ser un error administrativo: “Yo creo que ahí puede haber un error, y lo asumo honestamente”. Aunque quedó de enviar el documento, nunca lo hizo. Sí explicó el fundamento de la decisión:

Nicholas Zobler (Fuente: Linkedin)

–Usted tiene toda la razón al señalar que, de todos los ítems, la línea N°2 es la única en la cual la empresa competidora (Skill Training) gana en puntaje. Hospitalia tiene 93% y Skill Training 100%, y en diferencia de costos es de $5.751.000 (Skill Training) versus $6.058.867 (Hospitalia). Entonces, ¿por qué pagamos más a Hospitalia cuando podíamos pagarle menos a Skill Training? Primero, contextualizando cuál es la diferencia: $307.000. Eso es el “malgasto” que estamos haciendo, de alguna manera, en pagarle a Hospitalia en vez de a Skill Training. Estos equipos de alta fidelidad, de punción, como yo obligadamente tengo que hacerle un daño a la piel cada vez que ingreso con una aguja, por ejemplo, hay que mantenerlos más constantemente. Entonces, para nosotros era mucho más cómodo hacer una licitación y decir, en ese punto en particular, que vamos a hacer una diferencia porque consideramos otro factor meramente técnico, que es que el servicio de post venta nos es más cómodo con una empresa que con dos. Por eso asignamos a la empresa que tenía menos puntaje.

Nicholas Zobler, director ejecutivo de Skill Training, no tuvo acceso a esa explicación y nunca supo por qué se le asignó esa línea a su competidor.  Tras la adjudicación, comenzaron las sospechas. Finalmente en Skill Training decidieron hacer una denuncia a la Contraloría, cuestionando que la empresa ganadora fuera propiedad de la hermana y el cuñado de la ministra de Salud. Además,  reclamaron que también se adquirieron de forma directa otros productos a Hospitalia. “Es importante para nosotros obtener un pronunciamiento de parte del órgano contralor sobre si existe o no infracción en este punto a la ley de compras públicas y su reglamento”, explica Zobler.

La adquisición por trato directo de la que habla Zobler es una compra de programas de simulación virtual que hizo la ex Posta a Hospitalia por $21.314.943 en diciembre de 2015. Según Chacón, la compra se hizo de esa manera debido a que correspondía a una glosa presupuestaria distinta. Como no se podía incluir en la primera licitación –pues sería pagada con otros fondos–, se decidió comprar directamente al único proveedor que según Chacón tenía un software que permite que las imágenes de las simulaciones de la ex Posta se puedan ver de forma inalámbrica en las oficinas del Minsal: Hospitalia.

Después de estas dos compras realizadas en 2015 a Hospitalia, por un total de $196 millones, los equipos quedaron guardados en una sala del Departamento de Docencia en el octavo piso de la ex Posta Central, donde seguían hasta poco antes de publicado este reportaje. La licitación para habilitar el centro de simulación estrella del país se abrió recién en septiembre pasado, un año y diez días después de la apertura de la licitación por los equipos. Según Chacón, esto se debió a una descoordinación administrativa, pues se atrasó la entrega de las instalaciones donde estará el centro de simulación.

EL EXCEL DE HOSPITALIA

Luego de la compra de equipos de simulación en la ex Posta, el doctor Chacón se ungiría como Referente Nacional de las Estrategias de Salas de Simulación, con una resolución firmada por el director del SSMC, Jorge Martínez, del 29 de junio de este año (ver documento). Menos de un mes después, la Subsecretaría de Redes Asistenciales envió a los directores de los servicios de salud del país el Ordinario N° 2242, que indicaba la distribución del presupuesto para el plan de formación de especialistas (ver documento).  Se informaba que este año el Minsal destinaría $1.800 millones a habilitación docente.

Jaime López (Fuente: Linkedin)

Dicho presupuesto incluye aspectos fundamentales del proyecto ministerial, como la coordinación de los campos clínicos, la habilitación de residencias para los internos y la implementación de salas de aprendizaje y de simulación clínica; considerando las carencias que existen en el sistema de salud público que afectan a la formación y la retención de estos profesionales (vea reportaje de CIPER “Crisis de médicos especialistas en la salud pública: las causas de un tumor de larga data”).

Jaime López, encargado del Departamento de Calidad y Formación del Minsal, explicó a CIPER la importancia de estos centros:

–El año pasado nos llamó mucho la atención el trabajo que estaba haciendo la Posta, que lideraba el doctor Renato Chacón. Observamos con bastante atención esto, y lo llamamos para que nos contara cuál era la performance que tenían estas salas de simulación. El procedimiento de formación a través de las salas de simulación requiere equipamiento de alta fidelidad, lo que significa que tienen que ser lo más cercano a la reacción que puede tener una persona. (…) Nos pareció interesante reproducir esto en algunas regiones donde tenemos más universidades, más formación de especialidades y médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF, ex Generales de Zona) que también requieren capacitación.

Y así el Minsal le encargó al doctor Chacón que reprodujera la experiencia de la ex Posta en otros tres hospitales regionales: Valparaíso, Concepción y Puerto Montt. El problema es que la replicó con demasiada exactitud, y un excel con un completo listado de productos de Hospitalia circuló entre los responsables de hacer las bases de licitación de equipos de simulación en los Servicios de Salud de Puerto Montt y Concepción. Esa planilla había llegado al doctor Chacón de parte de Luis González, gerente de Productos de Hospitalia. Según dijo González a CIPER, Chacón le pidió las especificaciones técnicas de sus equipos entre fines de 2014 y principios de 2015.

El Hospital de Puerto Montt abrió su licitación el 16 de septiembre de este año con un presupuesto de $196 millones. No es sorpresa que sus bases técnicas –un documento word sin timbres, firmas ni fecha– también pidan un simulador adulto de alta fidelidad con ecógrafo integrado. Según directivos de Arquimed y Skill Training, ninguna de las dos empresas fue llamada antes de la licitación para mostrar sus productos, lo que en este tipo de procesos es llamado “consulta al mercado”. En Concepción la licitación aún no está lista, pero según un correo electrónico al que tuvo acceso CIPER, la información de los productos de Hospitalia también se estaría utilizando como molde para crear las bases técnicas.

Renato Chacón explicó a CIPER que, en su rol de Referente Nacional de las Estrategias de Salas de Simulación, guía los objetivos de estas salas, pero que en ningún caso ve las bases de licitación, ya que se deben ajustar a las necesidades del hospital que las implementa.

CIPER le preguntó al doctor Chacón por qué, para guiar los procesos de Puerto Montt y Concepción, les envió a los encargados de cada hospital las especificaciones técnicas de Hospitalia:

–¿Cómo llega ese excel, si usted no tiene ninguna injerencia en las bases de licitación, a Concepción y a Puerto Montt?
–Ese excel es igual que si yo les enviara esto (muestra los folletos de las otras empresas). No es la base de licitación.

–No, pero son las especificaciones técnicas de Hospitalia…
–Sí, exactamente.

–Usted las envió…
–Sí, yo las envié.

–¿Y envió también la información de Arquimed y de Skill Training?
–Tendría que fotocopiar esto (los folletos) y enviarlo…

–Entonces no envió la información de las otras empresas.
–No, yo no envié la información de las otras empresas.

–¿Por qué no?
–Porque de partida no la tengo en digital.

–Ya, pero…
–Pero la verdad es que ellos saben cuáles son las empresas que pueden competir en esta licitación. Cuando yo envío un catálogo, porque lo que hay ahí es un catálogo, lo envío porque me dijeron “¿tú por dónde hiciste la licitación?”, “bueno, la hicimos a través de estas especificaciones, y de estas especificaciones ganó esta empresa”, “¿y tú tienes los datos de esa empresa?”, “sí, claro, te los envío”. Pero el hecho de que yo envíe eso, en forma de catálogo, o de “esto es lo que nosotros estamos mirando como lista”, no significa que en Puerto Montt, o que Concepción tengan que incorporar dentro de sus bases técnicas exactamente lo mismo que dice ahí.

Así, sólo los productos que ofrecía Hospitalia llegaron como referencia del doctor Chacón a los hospitales de Puerto Montt y Concepción, donde no se consultó a las otras empresas para ver qué ofrecían antes de licitar.

Esteban Abodovsky, director ejecutivo de Arquimed, indicó a CIPER que su empresa intentó mostrar sus productos a ambos servicios. “En el caso de Puerto Montt, tratamos de contactar a los encargados para presentar nuestras soluciones, sin éxito. En el caso de Concepción, recibimos un mail del Servicio de Salud invitándonos a cotizar, pero según un listado con especificaciones ya definidas (las de Hospitalia)”.

En Skill Training, Nicholas Zobler cuenta una historia similar: “Solo fuimos llamados a consulta previa por la licitación de Concepción. Fuimos citados el 13 de septiembre por la jefa de Abastecimiento del Servicio de Salud. Poco antes de esa citación recibimos una solicitud de cotización por un listado de simuladores de parte de Yasna Troncoso, ingeniero civil biomédico de la Unidad de Proyectos del Servicio de Salud de Concepción. En este listado, al revisar las propiedades del documento electrónico, nos percatamos de que el autor era un vendedor de Hospitalia y, además, era el mismo listado de productos que se licitó en el HUAP, lo que motivó que presentáramos un reclamo haciendo notar este hecho”.

El director del Hospital de Puerto Montt envió a CIPER una declaración en que sostiene que “la preparación de las bases que se publicaron es plenamente local, autónoma y doy garantía de la independencia para la preparación de las bases, así como de la asignación que realizaremos”. No fue posible  obtener una respuesta del Servicio de Salud de Concepción.

UNA EMPRESA FAMILIAR

Hospitalia Productos Médicos Limitada apareció en el mercado en 1992. Como proveedor del Estado,en los últimos cinco años, le ha vendido insumos médicos –desde guantes de látex hasta simuladores clínicos de alta fidelidad, aunque principalmente guantes de látex– por $15.754 millones.

Roberto Urzúa (Fuente: Hospitalia)

La sociedad está constituida por Roberto Urzúa Gac, veterinario; su mujer Érica Castillo Taucher, parvularia, y sus cuatro hijos. Urzúa aseguró que aunque su esposa es socia, nunca ha trabajado en la empresa.

Roberto Urzúa, que además es gerente general de Hospitalia, se acercó a CIPER para explicar por qué la situación de su empresa no tiene nada de anómalo, enfatizando que apenas su cuñada asumió en el Minsal, en enero de 2015, presentó una declaración de conflicto de interés que le impide tener contratos con esa cartera (ver declaración jurada). Luego, en abril de este año, durante la licitación de un convenio marco, presentó una segunda declaración que explicita cuál es el vínculo familiar de cada uno de los socios con la ministra (ver declaración jurada).  Esto no lo inhabilita para tener contratos con hospitales, pues dependen de servicios de salud descentralizados y no directamente del ministerio.

Según la ficha de proveedores de Mercado Público,  las ventas de Hospitalia han tenido un alza sostenida en los últimos cinco años, pero en 2015 el salto fue el más grande: vendió al Estado $2.000 millones más que el año anterior. El detalle de su crecimiento es como sigue: si en 2012 vendió $1.069 millones al Estado; en 2013 fueron $2.235 millones; en 2014, $3.194 millones y en 2015 facturó $5.188 millones. Este año ya suma $4.067 millones (ver ficha del proveedor).

Sobre el aumento de las ventas, Urzúa indicó a CIPER que éste se debe a que hace dos años decidieron hacer un cambio en la forma en que hacían negocios. En primer lugar, participaron en las licitaciones de Convenio Marco, lo que les aseguró la venta por catálogo de muchos de sus insumos médicos. Además, aumentaron el “despliegue territorial”, poniendo representantes de su empresa en Antofagasta, Viña del Mar, Talca, Concepción y Osorno.

Para explicar por qué las licitaciones de la ex Posta y Puerto Montt piden un producto que sólo su empresa provee, Urzúa usó una analogía:

Ventas de Hospitalia al sector público en los últimos cinco años

–Tú crees que lo que estás investigando es sólo respecto a las licitaciones de simulación, pero ocurre en el 90% de las licitaciones que hay en Chile. Búscalas todas. Si el ministerio quiere comprar, por ejemplo, ambulancias, y compró ambulancias chinas y le duraron un año, ahora quieren comprar ambulancias Mercedes Benz, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo puedes comprar Mercedes Benz? No es ilegal.

Vale aclarar que, si el ministerio quisiera comprar ambulancias Mercedes Benz, tendría que adquirirlas a través de un convenio marco que incluya a esa marca o a su representante en Chile, o con una compra directa, argumentando que existe una razón fundada, por ejemplo, que sólo hay un proveedor para el producto.

Consultada por CIPER sobre esta relación de parentesco, la ministra Castillo prefirió no hacer comentarios, indicando que las consultas técnicas ya habían sido respondidas por el Departamento de Formación y Calidad del Minsal.

Lunes 7 de marzo de 2011. El camión patente CJ TR 27 conducido por Eduardo Schleef Rodríguez avanza por la Ruta 5 hacia el sur. Cae la noche y en el kilómetro 1.040, a la altura de Chañaral, el Mack modelo CXU 613 color blanco desvía su trayecto y se interna en el desierto cargando 28,9 toneladas de concentrado de cobre de alta ley. Son las 21:25 y el metal, que proviene de Minera Escondida, ubicada a 160 kilómetros al sureste de Antofagasta, debiese llegar alrededor de la 01:30 de la madrugada a su destino en la Región de Atacama: la fundición Potrerillos de la División Salvador de Codelco, 600 kilómetros al sur de Escondida.

Ya fuera de ruta, el chofer del Mack detiene la máquina en una mina abandonada –sector Portezuelo Las Bombas–, un par de kilómetros al oeste de la carretera Panamericana. El vehículo se queda allí dos horas y 10 minutos. En ese lapso, las 28,9 toneladas de concentrado de cobre son sustituidas por relaves de hierro y cemento, un material casi sin valor, con apenas entre 0,9% y 1,7% de cobre. A las 23:36 el camión Mack retoma su curso. Poco más de cuatro horas después, a las 03:49, entrega la carga adulterada en la portería de Potrerillos, donde los encargados de la recepción (también involucrados en el fraude) no cuestionan el atraso.

Entre marzo de 2011 y febrero de 2014, este procedimiento se realizó a lo menos otras 145 veces, según pudo acreditar la PDI tras revisar los GPS de los camiones involucrados. Las pesquisas policiales, en todo caso, no descartaron que el robo pudiera haber comenzado antes. En total, se sustrajeron más de 4 mil toneladas de concentrado de cobre, lo que causó un perjuicio que Codelco calcula en US$10,4 millones  (equivalentes a unos $6.930 millones, al valor actual del dólar). Como referencia, la cifra supera en casi $1.500 millones el monto del fraude perpetrado por militares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre (el “Milicogate”), estimado por el Ejército en $5.483 millones.

El robo del concentrado de cobre motivó dos investigaciones: una de la Fiscalía de Diego de Almagro (Atacama) y otra de una comisión especial de la Cámara de Diputados. La primera finalizó en abril pasado con una veintena de condenados en un juicio abreviado: choferes de la empresa Santa Marta, encargados de trasladar el material de Escondida a Potrerillos; operadores de maquinaria que hacían el trasvasije de la carga; choferes que conducían los camiones que recibían el concentrado de cobre robado y empleados de Ingecom –empresa contratista de Codelco– que dieron luz verde para el ingreso de la carga sin valor en Potrerillos.

La otra investigación, realizada por la Cámara de Diputados, se cerró en marzo de 2015. Al igual que la de la Fiscalía, en ella no se determinó cuál fue el destino del cobre robado. Las 4 mil toneladas de concentrado de cobre se desvanecieron en el desierto. Parece inverosímil: más de 20 personas están cumpliendo condena por este fraude, pero no se sabe cuál fue el paradero de los 146 cargamentos sustraídos y en manos de quién terminaron los US$10,4 millones en que están valorizados.

De hecho, la conclusión principal del informe final de la comisión parlamentaria fue que no se pudo determinar el paradero del cobre. El mineral, que en un principio se creyó había sido comprado por Enami, sencillamente desapareció (vea el informe de la comisión). CIPER reconstruyó paso a paso la ruta de los cargamentos de concentrado de cobre. Se procesaron registros contables, bases de datos comerciales y de tráfico marítimo. Los nuevos antecedentes pueden abrir una nueva veta para dar con el paradero de este gigantesco robo de cobre.

“ALGUIEN QUE ESTÁ MÁS ARRIBA”

Gilberto Aciar Tapia, pequeño empresario minero y transportista de Copiapó, fue condenado como “líder de una organización criminal dedicada a la sustracción de concentrado de cobre” (ver sentencia). Pero nada dice su sentencia, ni la del resto de los condenados, respecto de en manos de quién quedó finalmente el cobre birlado y qué se hizo con él.

Las investigaciones de la Fiscalía y de la Cámara dejan entrever que Aciar Tapia es solo un eslabón dentro de una cadena más grande. De hecho, así lo declaró un ex trabajador de la fundición Paipote de Enami, Óscar Orellana, ante la comisión de Diputados en abril de 2014: “Detrás de esta organización ilícita hay apoyo para los veinte detenidos, les mantienen un sueldo y les recomiendan que no digan nada en los interrogatorios (…) dicha organización ha tomado todas las precauciones del caso para generar obstáculos y evitar el avance de la investigación (…) Hay alguien que está más arriba”, señaló el ex funcionario de Enami sobre la base de una conversación que tuvo con el fiscal del caso.

(Fuente: Fiscalía)

La Fiscalía acreditó que dos camiones Freightliner pertenecientes a Gilberto Aciar llegaban con el cargamento de relaves sin valor hasta el Portezuelo Las Bombas, donde se realizaba el trasvasije. Allí recibían el concentrado de cobre sustraído y partían con destino incierto. Ambos camiones  eran conducidos por los choferes Wilson Pastén y Carlos Celedón, también condenados por su participación en el ilícito.

De acuerdo a la indagación de CIPER, a partir de abril de 2011, a solo un mes de iniciado el ilícito, dos máquinas Freightliner de Gilberto Aciar transportaron cargas de concentrado de cobre –muy similares en volumen y pureza a las sustraídas–, hasta el kilómetro 795 de la Ruta 5, en la Región de Atacama. A poca distancia de allí, por el camino C-404, se encuentra una planta de manejo de residuos industriales –Confinor–, donde los camiones de Aciar ingresaron y depositaron ese concentrado de cobre de alta ley.

CIPER tuvo acceso a correos electrónicos internos de Confinor que indican que los camiones de Gilberto Aciar que llegaron hasta la planta de esa empresa eran conducidos por los mismos choferes que después fueron condenados como partícipes en la sustracción de la carga enviada por Escondida a Potrerillos:Wilson Pastén y Carlos Celedón.

LA PISTA DE MINEX

En el informe final de la comisión parlamentaria que investigó el robo se incluyeron declaraciones prestadas por funcionarios de la PDI. Dentro de la información proporcionada por los policías que se consigna en el informe, aparece la empresa Minex como una de las entidades que estaban bajo la lupa de Investigaciones por su posible vinculación con el ilícito. De hecho, la comisión de diputados solicitó al Servicio de Aduanas información sobre la eventual importación de concentrado de cobre realizada por Minex.

Minex apareció en el radar de las pesquisas policiales, según pudo confirmar CIPER, porque la PDI detectó en la contabilidad de Gilberto Aciar varias facturas emitidas a esa empresa.

CIPER revisó los registros públicos que contienen información sobre Minex y, según la información que aparece en el Diario Oficial, es una empresa familiar de Juan Llarlluri Llarlluri. El análisis de esa misma base de datos indica que Llarlluri es, al mismo tiempo, uno de los socios de Confinor. La investigación de CIPER también incluyó documentos de la Cámara de Comercio de Santiago, del Servicio Nacional de Aduanas y de la Contraloría que señalan que Minex y Confinor exportaron concentrado de cobre por un valor total de US$26,6 millones. Los destinos de estas exportaciones, realizadas entre marzo de 2011 y abril de 2013, fueron China y, en menor medida, Polonia.

CIPER se contactó con Gilberto Aciar y su hijo, Edgar Aciar, ambos condenados en la causa que siguió la Fiscalía de Diego de Almagro, para conocer su versión de los hechos y su relación comercial con Minex y Confinor, pero no quisieron hablar del tema. “Esto nos ha hecho mucho daño. No hay para qué revolver más el tema”, señaló Gilberto Aciar.

Minera Escondida

Entre los condenados, figuran varios ex empleados de transportes Santa Marta, la empresa contratada por Minera Escondida para llevar el concentrado de cobre desde sus faenas a la fundición Potrerillos de Codelco. El contrato entre Minera Escondida y Codelco data de enero de 2007 y en él la estatal se compromete a comprar a la compañía internacional una parte de su producción de concentrado de cobre –con una ley que oscila entre 28% y 45%–  para fundirlo, producir cátodos y exportarlos. Se especifica que el contrato tendrá una duración de cuatro años, aunque en “diciembre de cada año se agregará en forma automática un año más al contrato (…), a menos que una de las partes manifieste por escrito lo contrario” (ver contrato).

Según lo que pudo acreditar la Fiscalía de Diego de Almagro, el robo de concentrado de cobre habría comenzado en marzo de 2011 y se extendió hasta febrero de 2014. El 20 de octubre de 2015, el Juzgado de Garantía de Diego de Almagro condenó en un juicio abreviado a Gilberto Aciar Tapia y a su hijo –Edgar Aciar Bolvarán– por hurto simple, entrega fraudulenta y asociación ilícita. Las condenas quedaron a firme en abril de este año y Aciar fue sindicado como el cabecilla de una “banda criminal” compuesta por una veintena de personas encargadas de efectuar las sustituciones del cargamento.

De acuerdo a la sentencia, cada una de esas personas actuaba bajo las órdenes de Aciar y con roles definidos. Además de los choferes de Santa Marta que transportaban el mineral y los del propio Gilberto Aciar que lo sustraían, la banda estaba compuesta por operarios de maquinaria tipo “bobcat” para “realizar con mayor celeridad y precisión los trasvasijes” y también personas encargadas de “cortar los sellos utilizados por Minera Escondida para identificar adulteraciones o sustracciones de las cargas de concentrado de cobre transportado por la empresa Santa Marta (…) y sellar nuevamente la carga soldando los mismos”. Finalmente, funcionarios de Ingecom, empresa contratada por Codelco para recibir el concentrado de cobre en Potrerillos, permitían que la carga con desechos ingresara sin problema.

Cada miembro de la organización recibía en promedio entre $130 mil y $200 mil por trasvasije. Fueron 146 operaciones de sustracción las que se realizaron entre 2011 y 2014.

LAS EXPORTACIONES DE MINEX

El 9 de abril de 2014 la Cámara de Diputados aprobó la creación de la comisión investigadora para indagar sobre las “eventuales responsabilidades de Codelco y Enami, con ocasión de la sustracción de concentrados de cobre”. Una de las principales interrogantes que rondó permanentemente entre los diputados que participaron de la instancia presidida por Lautaro Carmona (PC), fue el destino del cobre robado.

Las sospechas iniciales apuntaban a que Gilberto Aciar, sindicado como el líder de la banda, lo había vendido a Enami. Sin embargo, aquello no se pudo acreditar. El entonces vicepresidente ejecutivo de Enami, Roberto de Groote, fue enfático en señalar ante la comisión que luego de realizar varios análisis no habían detectado ninguna evidencia de ello. “Si el concentrado de cobre tuviera entre 28% y 30%, no es el mineral que compra Enami que tiene un 1% o 2% de cobre”, dijo.

La ministra de Minería, Aurora Williams, refrendó en la comisión las palabras del ex vicepresidente de Enami: “El destino del concentrado no fue Enami”, señaló.

La versión que manejaban efectivos de la PDI de Chañaral era otra. Según su investigación, al menos parte del concentrado de cobre habría sido vendido por Aciar a Enami presentándolo como producto de la mina Irmita (Copiapó), de su propiedad. Meses después, la PDI de Chañaral volvió a exponer en la comisión. Y en esa segunda instancia, entregó datos clave.

En la sesión del 7 de octubre de 2014, el prefecto de la PDI de Atacama, Andrés González, señaló que de acuerdo a registros contables de la empresa de Gilberto Aciar, su equipo había logrado establecer con certeza que “una empresa llamada Minex compró algún concentrado de cobre a uno de los cabecillas de este grupo”. El dato que puso sobre la mesa González era relevante. No solo porque hasta entonces el foco había estado puesto sobre Enami. También porque, según su versión, Minex habría tenido un rol más sustantivo que el de Enami en la adquisición del cobre sustraído: “Tanta es la importancia de este hecho que, de acuerdo con el peritaje contable y conforme a las facturas que se encuentran en la carpeta investigativa, (Minex) dobló la  cantidad que compró Enami”, dijo González frente a los diputados (ver sesión de la comisión).

De acuerdo a la indagación de CIPER, en poder de Gilberto Aciar se halló el respaldo de varias facturas emitidas a Minex por montos superiores a los $20 millones, todas por concepto de venta de “piedras”.

La eventual exportación de concentrado de cobre no es un rubro ajeno para Minex S.A. Entre las actividades comerciales de Minex se cuenta: “adquirir, procesar, comercializar y exportar concentrado de cobre y todos los productos y subproductos de la minería, ya sean propios o de terceros”.

Fue tras la declaración del prefecto González que la comisión de la Cámara solicitó al Servicio Nacional de Aduanas información sobre todas las exportaciones de Minex desde 2010. En el informe, remitido a la Cámara el 22 de octubre, Aduanas detalló seis envíos de Minex de concentrado de cobre de alta ley a China (con una pureza de entre 24,2% y 29,3%), a través de los puertos de Valparaíso y San Antonio. Las exportaciones se iniciaron el 6 de abril de 2011 –casi un mes después de la sustracción del primer cargamento comprado por Codelco– y se extendieron hasta el 15 de febrero del año siguiente. Fueron 1.500 toneladas de concentrado con un valor de poco más de US$4 millones las que importó Minex (ver informe de Aduanas).

Según la indagación de CIPER, una parte de esas exportaciones habría llegado, previo transbordo en el puerto de Callao, a la ciudad de Zhanjiang, ubicada al sur de China.

Pese a las evidencias presentadas por la PDI, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó en su informe final de marzo de 2015 que no era posible determinar el paradero del cobre sustraído: “Cómo se puede entender que se hayan robado toneladas de concentrado y que ninguna institución del Estado pueda dar con su destino final, considerando que en este ilícito se ven involucradas de las más grandes empresas en producción minera, Minera Escondida y Codelco, donde se especula que el concentrado fue exportado directamente”, señala el informe en uno de sus acápites finales.  

El proceso judicial, en tanto, se cerró sin que se dilucidara la presunta participación de personas relacionadas a Minex en la comercialización del cobre sustraído por Gilberto Aciar y sus cómplices.

DE MINEX A CONFINOR

Siguiendo la pista de Minex, CIPER revisó las actividades y exportaciones de Confinor, la segunda empresa del ámbito minero ligada al empresario Juan Llarlluri. Según esta indagación, Confinor S.A., es una empresa de manejo de residuos industriales ubicada en las cercanías de Copiapó, pero también ha operado activamente en el negocio de las exportaciones de concentrado de cobre, quintuplicando la cantidad enviada por Minex al exterior. Creada en abril de 2007, entre los accionistas de Confinor figuran Juan Llarlluri y su esposa, Nuhad Sukni Bunster, además de Jorge Plaza Vidal y su hijo, Jorge Plaza Guzmán.

De acuerdo a registros de la Cámara de Comercio de Santiago y de Aduanas, entre marzo de 2011 y abril de 2013 Confinor realizó 27 embarques de concentrado de cobre por un total de US$22,6 millones, equivalentes a casi 11 mil toneladas. Según las bases de datos a las que tuvo acceso CIPER, la ley del mineral exportado fluctuaba entre 23,6% y 33,5%.

Del total de envíos de Confinor, dos de ellos fueron exportados a Polonia y los 25 restantes a China (ver exportaciones de Confinor). Registros de tráfico marítimo internacional, indican que una parte de los embarques al Lejano Oriente –que salieron de los puertos de Valparaíso y San Antonio–, arribaron a las ciudades de Zhanjiang, Qingdao y Huansgshi, previa escala en el puerto peruano del Callao.

El primer envío de Confinor que figura en los registros consultados por CIPER se realizó en marzo de 2011. Fueron 535 toneladas de concentrado con una ley de 29,7% y un valor de US$1,4 millón, exportadas a China. El último envío de esta empresa data de abril de 2013, con destino al mismo país. Fueron 226 toneladas con una ley de 28,1%, avaluadas en US$457 mil.

Ni Minex ni Confinor tienen la capacidad instalada para producir esos volúmenes de concentrado de cobre, tampoco con esa ley. La pregunta que surge en este contexto es de dónde obtuvieron el producto que luego fue comercializado en mercados internacionales en millones de dólares.

Camión Freightliner, foto referencial.

La serie de registros internos de Confinor a los que tuvo acceso CIPER dan cuenta del ingreso reiterado de camiones de la flota de Gilberto Aciar a la planta de esa empresa en Copiapó, cargando concentrado de cobre de alta pureza en los meses de abril, mayo, septiembre, noviembre y diciembre de 2011. Cabe señalar que esos antecedentes no engloban necesariamente el total de camiones con concentrado que pudieron haber llegado a esa planta en otros meses y años.

En total, CIPER pudo rastrear 16 ingresos de máquinas de Aciar a Confinor. Los viajes a esa planta de tratamiento de residuos industriales fueron efectuados por los dos camiones cuyas patentes corresponden a máquinas marca Freightliner, una roja y la otra blanca, conducidas por los dos hombres de confianza de Aciar: Wilson Pastén y Carlos Celedón.

En la causa del robo de concentrado de cobre, tanto Pastén como Celedón fueron condenados por hurto reiterado. La sentencia señala que Pastén era “el chofer del camión marca Freightliner perteneciente a la banda criminal y quien se encargaba de llevar al lugar de trasvasije material carente de valor económico que reemplazaba la carga de concentrado de cobre”. Respecto de Celedón, la sentencia indica que era “otro de los choferes de camión ocupado en este organización. Manejaba otro camión Freightliner que se cargaba con el concentrado de cobre sustraído a minera Escondida y apropiado por la banda criminal para ser vendido a Enami o, bien, comercializado de otra forma” (ver sentencia).

En los 16 viajes pesquisados por CIPER –nueve ejecutados por Celedón y siete por Pastén– los camiones Freightliner de Gilberto Aciar lograron depositar en Confinor poco más de 461 toneladas de concentrado de cobre, con una ley de entre 26,7% y 31,9%.

Cada camión transportó un volumen promedio de 28,8 toneladas. Similar cantidad de concentrado de cobre cargaban los camiones –conducidos por los mismos choferes–, cuando salían desde el sector Portezuelo Las Bombas luego del trasvasije ilegal.

LA RESPUESTA DE CONFINOR

CIPER intentó comunicarse con los dueños y representantes de Confinor y de Minex para indagar sobre el origen del concentrado de cobre exportado a China y Polonia. Para ello se contactó a Cristián Rosselot Mora, actual presidente del directorio de Confinor y abogado de Juan Llarlluri. El jueves 13 de octubre CIPER le comunicó a Rosselot los antecedentes recopilados en el transcurso de esta investigación y le pidió los documentos que acrediten el origen y trazabilidad del concentrado de cobre exportado por Confinor. El abogado –quien fue contactado por teléfono y correo electrónico– pidió una semana para reunir los antecedentes.

El viernes 21 de octubre CIPER recibió una respuesta por escrito en la que el abogado y presidente de Confinor señala que “el concentrado de cobre, de alta ley, provino de adquisiciones sucesivas a empresas mineras, que a su vez extrajeron dicho concentrado de residuos de la gran minería”. Rosselot indicó en su respuesta que Confinor vendió el producto “en un periodo de aproximadamente 2 a 3 años, sumando exportaciones de los 25 millones de dólares (sic), dejando una utilidad neta de alrededor de un 8%”.

En su respuesta, Rosselot no identifica a las empresas a las que Confinor le habría comprado el cobre. Tampoco entregó documentación que permita establecer el origen del mineral: “Se trata de información confidencial sobre las relaciones comerciales de la compañía y también implica exhibir documentación que da cuenta de negocios hechos por terceros, conducta en la que no podemos incurrir sin violar la confidencialidad de este tipo de relaciones”. El abogado señaló que esa documentación ha sido exhibida por Confinor ante las autoridades que la han requerido –sin mencionar a esas autoridades– y sostuvo que “un medio de prensa no puede erigirse en fiscalizador de una sociedad anónima” (vea aquí la respuesta completa de Confinor).

CIPER también contactó a uno de los accionistas minoritarios de Confinor, Jorge Plaza Guzmán. Plaza se excusó de profundizar en el tema debido a que mantiene un litigio con la familia Llarlluri por la propiedad y las cuentas de Confinor. Los registros del Poder Judicial indican que este litigio se originó en octubre de 2013 luego de que Plaza interpusiera una demanda contra Juan Llarlluri por apropiación indebida. En octubre de 2014, el Ministerio Público desistió de perseverar en esa investigación. En abril de 2013 se inició otro procedimiento en el 12º Juzgado Civil de Santiago para resolver, mediante un arbitraje, las diferencias entre los socios.

CIPER tuvo acceso a documentos de la carpeta investigativa de la causa por apropiación indebida. En ella figura una pericia contable a las cuentas de Confinor fechada en enero de 2014. La pericia la realizó el auditor Carlos Correa Cruzat, quien fue consultado por CIPER acerca de si en su revisión encontró datos sobre exportaciones de concentrado de cobre realizadas por la empresa. Correa respondió que fue contratado por el entonces abogado de Confinor, Cristián Rosselot, para realizar la pericia y que solo revisó documentos que la empresa puso a su disposición, atingentes a responder los puntos en disputa por los socios. En esos papeles, dijo, no había información acerca de exportaciones de concentrado de cobre por un valor de US$22,6 millones.

El abogado Rosselot, esta vez en su calidad de presidente del directorio de Confinor, volvió a contratar a Carlos Correa para que elaborara una auditoría. El informe de esta revisión está fechado en junio de 2016 y contempló el análisis de documentos que abarcan desde diciembre de 2008 a diciembre de 2015.

CIPER le consultó también a Correa si durante la auditoría tuvo a la vista registros de las exportaciones de concentrado de cobre realizadas por Confinor entre 2011 y 2013. El auditor señaló que en esta nueva revisión tampoco tuvo a mano antecedentes de ese tipo. Según explicó, al igual que en la pericia contable anterior, su revisión se limitó a los documentos que la empresa puso a su disposición. Correa agregó que con posterioridad recibió una carta del socio minoritario, Jorge Plaza, en la que este le manifestó reparos a la auditoría porque, entre otras materias, no incluyó las exportaciones hechas por Confinor.

Un dato que sí consignó la auditoría son las utilidades que obtuvo Confinor en 2015. La empresa, que hasta 2013 realizó exportaciones de concentrado de cobre por millones de dólares, el año pasado registró ganancias de solo $13,5 millones. Sus activos, en tanto, no son muy distintos a los reportados para el año 2012 en la pericia realizada por Correa. Según el documento, los activos de Confinor para el 2015 ascendían a $3.615 millones.

En su respuesta por escrito a CIPER, el abogado Rosselot señaló que “todos estos negocios”, en referencia a las exportaciones de concentrado de cobre, “fueron llevados a cabo estando la administración en manos de uno de los socios minoritarios, Jorge Plaza Guzmán”.

Las exportaciones de Confinor se realizaron entre marzo de 2011 y abril de 2013. En la denuncia que presentó a la justicia, Jorge Plaza aseguró que en enero de 2012 el directorio de Confinor, dominado por Juan Llarlluri, lo apartó de todos sus cargos en la empresa. Hasta ese momento, según el escrito de su demanda, se desempeñaba como presidente del directorio y como jefe del área técnica del principal giro de la empresa (el tratamiento y disposición final de residuos de la minería), mientras que la gerencia general estaba a cargo de Llarlluri.

Todo indica que la disputa sobre quién tenía el control del negocio de las exportaciones de concentrado de cobre en Confinor a la fecha en que los camiones de Gilberto Aciar transportaban ese material hasta la planta de la empresa, debiese ser ahora dilucidada por la justicia. Esto, porque los antecedentes reseñados en esta investigación periodística ya están en manos del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio Público.

Actualmente, Codelco y Escondida mantienen un litigio en el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM), que resolverá cuál de las dos entidades deberá asumir finalmente la pérdida de los millones de dólares que se gestó en el desértico Portezuelo Las Bombas y cuyo paradero aún se desconoce.

Vea además: Rosario Murillo: La heredera

¿Cómo se ejerce el poder en Nicaragua bajo el régimen del comandante Daniel Ortega y cuáles son las claves que intervienen en los procesos de toma de decisiones? Es una interrogante difícil de responder por la misma naturaleza del liderazgo político: secretista, conspirativo y carente de una agenda pública. Empresarios, líderes políticos, y observadores extranjeros, intentan desentrañar el acertijo, en el que las preguntas recurrentes suelen ser: ¿Es ella el poder detrás del trono? ¿Manda realmente él? ¿Cuál es su verdadero estado de salud? ¿Qué papel juegan los ministros, el gabinete de Gobierno, y los asesores del presidente?

Confidencial entrevistó a una decena de fuentes, entre ellos, militantes activos del Frente Sandinista, funcionarios del Gobierno, exfuncionarios y exministros del primer y segundo gobierno de Ortega, exmilitares y expolicías, empresarios privados y diplomáticos, que han interactuado de cerca con las instancias del poder. Todos accedieron hablar a condición de mantener sus identidades en reserva, y compartieron datos, observaciones, y pistas de análisis, que nos permiten ahora publicar un primer bosquejo sobre cómo están organizados los anillos del poder y quiénes son sus operadores.

La única instancia de deliberación política

Desde su retorno a la Presidencia en 2007, el comandante Ortega proclamó que “el 50% del poder” lo compartiría con su esposa Rosario Murillo, ahora candidata a vicepresidente, y esta ha sido la única promesa que ha cumplido a cabalidad. Amparada en su rol como copresidenta de facto, Murillo ha compartido el poder con su esposo desde su cargo como jefa del inexistente “Consejo de Comunicación y Ciudadanía”, mientras todas las decisiones se mantienen centralizadas de forma absoluta en la pareja presidencial.

En el proceso de implantación de este sistema de ordeno y mando, primero fue necesario decapitar a los asesores políticos y colaboradores que acompañaron a Ortega mientras fue líder de la oposición durante más de dieciséis años, siendo el más notable Dionisio “Nicho” Marenco, negociador del pacto con Arnoldo Alemán, alcalde de Managua (2004-2008), y artífice de la apertura de relaciones económicas con la Venezuela de Hugo Chávez. Separado Marenco de un tajo de la cocina del nuevo régimen en los primeros meses de 2007, en 2011 le tocó el turno al poderoso coronel en retiro Lenin Cerna, exjefe de la Seguridad del Estado en los años ochenta y secretario de organización del FSLN desde 1999.

Así quedó el camino enteramente despejado para el sistema de operadores del poder a secas. El equilibrio del poder entre Ortega y Murillo representa el secreto mejor guardado del régimen. Hay conflictos visibles, forcejeos, y pugnas legendarias que suelen paralizar la gestión de Gobierno sin que exista alguna otra explicación plausible. Los más experimentados sobrevivientes, aconsejan a cuadros y funcionarios no tomar partido ni alinearse en bandos, pues corren el riesgo de ser descartados como fichas en una ronda de negociación.

Al final de la batalla prevalece una visión más o menos compartida entre Ortega y Murillo, una especie de consenso en la pareja presidencial, que determina las decisiones estratégicas de la acción del Gobierno y el partido. Esta es la única instancia de deliberación política de un régimen personalista, en el que todas las decisiones se adoptan en exclusividad y de forma cada vez más cerrada, por la pareja Ortega-Murillo. En consecuencia, la familia, no el partido ni el equipo de Gobierno, funciona como el último reducto de confianza que cohesiona las decisiones políticas.

Un binomio político y la división del trabajo

A partir de ese núcleo, el poder organiza sus líneas de mando y supervisión en torno a una suerte de división del trabajo. Ortega concentra su atención prioritaria en las “líneas gruesas” asociadas a los poderes fácticos: el Ejército y la seguridad nacional, la relación con el gran capital y los inversionistas nacionales y extranjeros, las alianzas internacionales (Caracas, La Habana, el Alba) y los centros internacionales de poder (Washington, Moscú, China y el canal interoceánico), y las decisiones políticas domésticas con los poderes del Estado y la oposición, que tienen implicaciones estratégicas.

Murillo atiende por igual todo lo que concierne a Ortega, pero además ella es la administradora exclusiva de la maquinaria de Gobierno, la organizadora del partido y sus correas de transmisión: la Juventud Sandinista, los Gabinetes de la Familia, las alcaldías, los medios de comunicación y las iglesias; y dirige las políticas gubernamentales de impacto político y social.

Daniel Ortega y Rosario Murillo en un acto oficial del Ejército de Nicaragua. Archivo | Confidencial

Este concepto de un binomio político en el ejercicio del poder absoluto, representa un giro radical en relación al estilo colegiado del primer gobierno sandinista durante la revolución en los años ochenta. Entonces, las principales decisiones sobre los lineamientos de la política gubernamental y partidaria eran adoptadas en un consejo político colectivo: la Dirección Nacional del Frente Sandinista, al que pertenecía Ortega. La Dirección Nacional contaba con la Asamblea Sandinista como un cuerpo consultivo, y el gabinete de gobierno funcionaba como un espacio de discusión y coordinación, en el que los ministros, directores, delegados y secretarios tenían capacidad para tomar decisiones dentro del marco de las políticas acordadas.

Ajeno a la complejidad de los detalles y a poder mantener la concentración requerida para articular las políticas públicas, Ortega delegó siempre la administración en su vicepresidente Sergio Ramírez, pero nunca la responsabilidad última sobre las políticas.

Bajo el nuevo régimen que se estableció en 2007, antes de tomar por asalto los poderes del Estado y demoler las instituciones democráticas, Ortega y Murillo acabaron con la precaria institucionalidad política que existía en el FSLN. La Dirección Nacional, la Asamblea Sandinista o el mismo Congreso Nacional del FSLN, pasaron a ser una extensión de la pareja presidencial, al extremo que Ortega como Secretario General del partido es también el Secretario de Organización y delegado por mandato del Congreso para elegir a todos los candidatos para las votaciones de elección popular. En consecuencia, tampoco existe una bancada parlamentaria con una mínima capacidad deliberativa, y tampoco se tolera la autonomía municipal, o un gabinete de Gobierno que haga las veces de un cuerpo consultivo.

Los operadores del poder

De acuerdo con la Ley, el aparato gubernamental lo integran por lo menos dieciséis ministros y veinticinco directores de entes descentralizados, y un número aún mayor de viceministros y codirectores, que de forma calculada contribuyen a diluir la autoridad ejecutiva en las instituciones públicas con un sistema de chequeos políticos y contrapesos. A su vez, el presidente tiene por lo menos veintitrés asesores en la planilla del Estado registrados en decretos publicados en La Gaceta. Unos pocos tienen funciones específicas, la mayoría son exministros que jugaron algún papel relevante, o funcionarios destituidos a los que se les ha asignado un cargo ficticio de consolación, como el “exnúmero dos” del Ejército, mayor general Óscar Balladares, nombrado “asesor en asuntos de infraestructura” con rango de Ministro, cuando se abortó su proceso de ascenso a la jefatura de la institución.

El universo total de cuadros clave del Gobierno se amplía a más de doscientos funcionarios, cuando se incluyen a los alcaldes de los principales municipios, los mandos del Ejército y la Policía, y los magistrados de los poderes del Estado, que funcionan como ramas del Ejecutivo. Pero son solamente unas veinte personas, entre ellos por lo menos cuatro hijos de la pareja presidencial, quienes mantienen aceitada la maquinaria transmitiendo las órdenes y las líneas del poder.

Ellos son los operadores. Entran y salen del núcleo de la pareja presidencial, en función específica de su ámbito de acción. Intervienen y supervisan, pero no constituyen un cuerpo de asesores. Algunos externan opiniones, pero no deliberan, ejecutan órdenes. La lealtad es el requisito fundamental para calificar en esa función y sobre todo contar con la confianza de ambos miembros de la pareja presidencial. Pero nada garantiza su permanencia en un mundo dominado por un férreo verticalismo. Intelectuales de peso como Orlando Núñez Soto, el creador del emblemático programa Hambre Cero, o experimentados cuadros políticos como William Grigsby Vado, han sido apartados sin miramientos; mientras otras figuras que detentaron grandes cuotas de poder como el exviceministro de Cooperación Externa, Valdrack Jaentschke, y el secretario político del FSLN en Managua, Edgardo Cuaresma, fueron reubicados en cargos de menor relevancia. En la víspera del nuevo gobierno que se inaugurará el 10 de enero de 2017 estos son, por ahora, los anillos del poder y los hombres más influyentes del régimen.

1. La Secretaría del FSLN

*Néstor Moncada Lau (“Chema”): Asuntos privados, Policía Nacional, MIGOB, DGI y DGA

Néstor Moncada Lau, “Chema”. Foto | Cortesía | La Prensa | Confidencial

El asiento del poder del comandante Ortega está en la Secretaría del FSLN, ubicada en el reparto El Carmen, donde opera la Casa Presidencial, a escasos cincuenta metros de la residencia de la pareja presidencial. Aquí se encuentra también el Puesto de Mando que monitorea desde los fenómenos meteorológicos hasta la inteligencia política, en el que Ortega y Murillo suelen alternarse por turnos.

El custodio de la Secretaría es Néstor Moncada Lau (“Chema”), un abogado y experimentado exoficial de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, con fuertes vínculos de lealtad hacia Ortega y Murillo.

En noviembre de 1980, Moncada Lau participó en el operativo en que murió el empresario Jorge Salazar Argüello, presidente de Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Infiltrado en el grupo conspirativo de Salazar, “Chema” citó al empresario a la antigua gasolinera Esso de El Crucero, para realizar un trasiego de armas, cuando apareció una patrulla del Ministerio del Interior y disparó dando muerte a Salazar. Detenido y procesado, como parte de la misma trama para denunciar públicamente los alcances del complot, Moncada Lau fue enviado posteriormente a un período de “enfriamiento” a Cuba, donde recibió entrenamiento en cursos de inteligencia y contrainteligencia. Dos años después regresó a Nicaragua, primero como oficial de Inteligencia Militar del Ejército, y después fue asignado a la Dirección Económica de la Policía Nacional, y finalmente a la Dirección de Seguridad Pública, hasta que en 1992 pasó a retiro con el grado de subcomandante.

Retirado de la vida militar, Moncada Lau se vinculó al entorno particular del comandante Ortega en la Secretaría del FSLN. A mediados de los noventa, estuvo en la lista de sospechosos investigados por la Policía Nacional, para esclarecer la ola de doce atentados terroristas que estremecieron las iglesias católicas, sin producir víctimas humanas. Y el diez de enero de 1997, horas antes de la toma de posesión del expresidente Arnoldo Alemán, fue detenido por la Policía Nacional cuando transportaba cuatro tacos de explosivos TNT. Condenado a dieciocho meses de cárcel por terrorismo, el juez Sergio Palacios le otorgó libertad condicional “por considerar que había tenido buena conducta en años anteriores”.

Con el retorno al poder de Ortega en 2007, Moncada Lau asumió un rol prominente como enlace del presidente con la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Todas las órdenes de Ortega a Granera y a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, serían canalizadas a través de Moncada Lau, quien adquirió una incidencia decisiva en el rediseño político de la Policía Nacional, la selección de los oficiales profesionales que pasarían a retiro y la promoción de cuadros alineados por su lealtad al Secretario General del FSLN.

Su ámbito de acción como operador del poder, se extiende al Ministerio de Gobernación (Migob), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

En abril de 2011, una investigación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional sobre irregularidades en la Dirección General de Ingresos, provocó la destitución de su titular, Walter Porras, y de paso facilitó la caída del coronel Lenin Cerna de su cargo como Secretario de Organización del FSLN.

Separado Cerna de sus funciones y debilitada la incidencia de su propia red de operadores, Moncada Lau se convirtió en la única autoridad política en la Secretaría del FSLN. No tiene un cargo oficial ni aparece en el organigrama del Gobierno, pero nadie discute su ascendencia sobre el poder como guardián de los asuntos privados de la familia presidencial.

2. Los hijos del presidente a cargo de relaciones de confianza

*Rafael y Laureano Ortega Murillo: Venezuela, Albanisa, Rusia, y el canal interoceánico

Nombrados como asesores presidenciales para asuntos privados y gubernamentales, por lo menos cuatro hijos del matrimonio Ortega Murillo figuran como operadores del poder. El común denominador es su designación para atender relaciones estratégicas con aliados internacionales del Gobierno, en representación personal del presidente, al margen o por encima del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Rafael Ortega Murillo, el operador más discreto, atiende directamente las relaciones con Venezuela y el Alba, asistiendo a las cumbres regionales con rango de ministro. Ortega Murillo supervisa de forma directa las operaciones de Albanisa que dirige el ingeniero Francisco “Chico” López, de la que se deriva una amplia gama de negocios privados.

Rafael Ortega Murillo, el operador más discreto. Foto | Cortesía | La Prensa | Confidencial

El operador familiar más llamativo es el tenor Laureano Ortega Murillo, asesor en temas de inversiones en ProNicaragua. Al margen de la agencia de inversiones, Ortega Murillo actúa como el enlace personal del presidente Ortega con Wang Jing, el concesionario chino del canal interoceánico, y como representante del Estado en las relaciones económicas y políticas con la Rusia de Vladimir Putin.

Laureano Ortega, el operador familiar más llamativo. Foto | Carlos Herrera | Confidencial

Camila y Luciana Ortega Murillo, designadas como asesoras presidenciales en una cumbre regional del Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), fungen como enlaces de comunicación y supervisión en el área social del Gobierno y en el sector turismo, mientras uno de los nietos del presidente actúa como asistente personal.

3. El protagonismo de las fuerzas armadas y la seguridad nacional

*Ejército: Una relación directa con Ortega a través del general Julio César Avilés

Por el peso institucional del Ejército, las relaciones entre el Ejecutivo y la institución militar no se canalizan a través del Ministerio de Defensa o de algún otro intermediario. El propio comandante Ortega atiende de forma directa al General de Ejército, Julio César Avilés, por una petición expresa de la cúpula militar.

Los asuntos policiales, en cambio, están bajo la supervisión directa de la primera dama Rosario Murillo, con la intermediación de Néstor Moncada Lau, a través del comisionado general Francisco Díaz, subdirector y jefe de facto de la Policía Nacional, y consuegro de la pareja presidencial.

Mientras tanto, la primera comisionada Aminta Granera, Directora de la Policía Nacional, quedó reducida a funciones meramente protocolarias, de relaciones públicas y cooperación internacional de la Policía Nacional. Granera ha presentado su renuncia a Ortega en varias ocasiones, pero nunca ha sido aceptada, y la exprestigiosa jefa policial se lamenta ahora de su estatus como un rehén del régimen.

4. La administración del Gobierno y los programas sociales

*Fidel Moreno y Gustavo Porras: La fusión Estado-partido en el territorio

La administración cotidiana del Gobierno es manejada de forma directa por la primera dama Rosario Murillo a través de varios operadores, principalmente Fidel Moreno y Gustavo Porras.

El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, representa el poder real en la Comuna, pero además es el principal enlace con los gobiernos municipales y las estructuras partidarias del FSLN y los Gabinetes de la Familia.

Fidel Moreno, el poder real en la Alcaldía de Managua. Foto | Carlos Herrera | Confidencial

Moreno supervisa áreas de atención prioritaria para la primera dama como el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres (Sinapred).

Adicionalmente, actúa como el director de recursos humanos del régimen, elaborando las propuestas de candidatos a ubicar en los principales puestos, en un gobierno que tiene un alto grado de rotación de personal.

Por su parte, el diputado Gustavo Porras, secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), actúa como el operador-interventor de un vasto sector del área social del Gobierno, que incluye los Ministerios de Salud y Educación, el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el Instituto de Turismo y el Ministerio de Agricultura. Mientras, en coordinación con Porras, Roberto López dirige el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Gustavo Porras, secretario general del Frente Nacional de Trabajadores (FNT). Foto | Carlos Herrera | Confidencial

Porras y Moreno supervisan los programas sociales de impacto político que ejecutan distintos ministerios (el Bono Productivo, Usura Cero, Plan Techo, Calles para el Pueblo,) en coordinación con las estructuras partidarias territoriales del FSLN.

Si Moreno y Porras están de cara a los territorios, el Secretario de Políticas Públicas de la Presidencia, Paul Oquist, diseña los planes que requieren los organismos internacionales, en los que Nicaragua suele sobre cumplir con los estándares de desarrollo. Experto en el diseño de planes, organigramas y proyecciones, Oquist aporta la racionalidad burocrática a la imagen externa del Gobierno, aunque según sus proyecciones oficiales el Producto Interno Bruto de Nicaragua debió haber crecido al 11% el año pasado, como resultado de las presuntas inversiones del canal interoceánico.

5. La alianza con el gran capital y el sector privado

*Arce a cargo del “seguimiento” con el Cosep, mientras Ortega actúa como el soberano

El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce Castaño, es el principal operador del poder en la estrategia de alianzas económicas con los grandes capitales del sector privado. Arce es la contraparte oficial del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, en la “comisión de seguimiento” que organiza de forma cotidiana la intensa interacción del Gobierno con las cámaras empresariales, de la que surgen proyectos de ley, acuerdos y consensos, en un esquema corporativista.

Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos. Foto | Carlos Herrera | Confidencial

Excomandante de la revolución, Arce tiene su propio peso político en el FSLN y particularmente entre los empresarios sandinistas y en el Poder Judicial. Leal al partido y a la vez empresario privado, administra su capital político con cautela y pragmatismo, evitando entrar en contradicciones con Ortega y poniendo siempre de relieve su utilidad al servicio del régimen, en la economía y los negocios. Y cuando entre Arce y los ministros de Gobierno no llegan a acuerdos con los grupos empresariales, Ortega funge como el soberano al que se somete un recurso de apelación, pero siempre dictará la última sentencia.

Al margen de Arce y en ausencia de Rosario Murillo, el comandante Ortega maneja de forma bilateral sus relaciones con los grandes capitales nacionales y con los inversionistas extranjeros, en encuentros en los que suele estar presente el comisionado de inversiones Álvaro Baltodano.

6. La cooperación de Venezuela y los negocios de Albanisa

*“Chico” López, Rafael Ortega y la repartición de un pastel millonario

Hasta el año 2014, la administración de la millonaria cooperación venezolana a través de los canales privados de Caruna y Albanisa, representaba la principal fuente económica de poder político en el régimen de Ortega. La caída de los precios del petróleo, provocó un declive en los flujos de la cooperación, pero los montos acumulados siguen siendo extraordinarios.

El ingeniero Francisco “Chico” López ha sido el principal operador de esta relación bajo la estrecha supervisión de la primera dama Rosario Murillo y de su hijo Rafael Ortega Murillo. En esa íntima instancia familiar, se han adoptado las principales decisiones para determinar los porcentajes de la cooperación que se destinan a: a) Subsidio social y complemento de programas gubernamentales; b) Las actividades empresariales del consorcio empresarial de Albanisa y otros negocios privados; c) Las actividades político partidarias del FSLN y otros fines.

Fuera del control de este pequeño círculo de poder, no existe ningún registro público o rendición de cuentas al pueblo de Nicaragua, a PDVSA de Venezuela, a Petronic (accionista de Albanisa), al Banco Central de Nicaragua, o al Fondo Monetario Internacional, sobre cuál ha sido el destino y la utilización de más de 3,700 millones de dólares.

7. ¿Quién está a cargo de la política exterior en Cancillería?

*El embajador ante la OEA, Denis Moncada Colindres, emerge como el canciller de Ortega y Murillo

Denis Moncada Colindres, representante permanente de Nicaragua ante la OEA. Foto | EFE | Confidencial

Contrastando con la fortaleza institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores en los años ochenta, liderado por el padre Miguel D’Escoto, bajo el régimen Ortega-Murillo la Cancillería se proyecta como una de las instituciones más débiles del Gobierno. Intervenido desde el inicio de su gestión hace nueve años por la pareja presidencial, el canciller Samuel Santos se mantiene siempre al margen de los temas principales de la política exterior.

El embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Denis Moncada Colindres, nombrado como “Ministro Asesor del Presidente de la República para Políticas y Asuntos Internacionales”, asumió desde inicios de este año su rol como el canciller en funciones de la pareja presidencial.

8. Los Poderes del Estado bajo férreo control de Ortega y Murillo

*Los operadores políticos en el CSE, CSJ y la AN sin margen de maniobra

Controlados orgánicamente bajo la tutela directa de Ortega y Murillo, los operadores del FSLN en los Poderes del Estado —Lumberto Campbell en el Consejo Supremo Electoral (CSE); Rafael Solís en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Edwin Castro en el Parlamento — carecen de algún margen de autonomía y maniobra política.

Ninguno de ellos fue consultado o tomado en cuenta por la pareja presidencial, cuando tomó la decisión de despojar a la oposición de su representación legal para participar en las elecciones del seis de noviembre.

En el Consejo Supremo electoral, Roberto Rivas y Lumberto Campbell no estaban informados sobre esta decisión que puso en entredicho la autoridad del propio Poder Electoral. La decisión tampoco surgió en la Corte Suprema de Justicia, la instancia ejecutora de la decapitación del Partido Liberal Independiente (PLI). A pesar de las advertencias y consideraciones del magistrado Rafael Solís, el jurista y político, hombre de confianza de la pareja presidencial, se limitó a hacer cumplir una orden que cambió abruptamente el curso de la estabilidad nacional.

9. La joya de la corona: Carreteras y energía

*La excepción a la regla: El ministro del MTI Fernando Martínez y el titular de Energía, Samuel Mansell

En un opaco gabinete, donde la norma es que los ministros no solo no tienen voto, sino que tampoco tienen voz, en el Gobierno de Ortega hay por lo menos dos excepciones a la regla, según los organismos internacionales. Uno es el ministro de Energía y Minas, y también titular de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), Salvador Mansell, que llegó al cargo como operador de Murillo, desplazando al veterano ministro Emilio Rappacciolli.

El otro es el ministro de Transporte e Infraestructura, Fernando Martínez, elogiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como un eficiente administrador de fondos públicos en la ejecución de proyectos de infraestructura. Irónicamente, el ministro con mejores calificaciones técnicas del gabinete, no forma parte de la Comisión del Gran Canal Interoceánico.

10. La administración responsable de la macroeconomía

*Herencia de Rosales, expresidente del BCN y del director ante el BCIE, Silvio Conrado

El segundo y tercer gobierno de Daniel Ortega han cosechado un reconocimiento unánime a nivel nacional e internacional, por facilitar una administración responsable de la macroeconomía. A pesar de los exabruptos políticos y la tentación populista, el mérito se atribuye al expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, y al experimentado economista y representante de Nicaragua ante el BCIE, Silvio Conrado, la persona más influyente ante Ortega en temas económicos.

El sucesor de Rosales en el BCN, Ovidio Reyes, es un técnico altamente calificado, mientras que el ministro de Hacienda, Iván Acosta, ha superado con creces la mediocre gestión de su antecesor Alberto Guevara. Ambos, Reyes y Acosta, enfrentan ahora el desafío de sobrellevar las presiones políticas del poder, para mantener vigente la única política de Estado a la que el Gobierno de Ortega ha brindado continuidad.

–¿Cuándo será definida la elección?

–La primera vuelta  será el día 17/11 y es posible que se resuelva para esa fecha con la victoria de Bachelet. En caso que esto no ocurra tenemos dos situaciones distintas. Segunda vuelta Bachelet X (versus) cualquier otro candidato, sin duda Lula va a hacer un gesto por ella. Bachelet X (versus) Marco, vamos a quedar en una situación difícil.

El mensaje es parte de una conversación por WhatsApp, fechada el 6 de noviembre de 2013, entre dos de los máximos ejecutivos de la constructora brasilera OAS, la que desde hace dos años está en el centro de la diligencias de la operación “Lava Jato”, donde se investiga una gigantesca red de corrupción que tiene como protagonista a la estatal Petrobras. El Ministerio Público Federal de Curitiba acusa a OAS de haber pagado alrededor de US$8,6 millones en coimas para beneficiarse con contratos de Petrobras. La compañía también está siendo investigada –por fraudes en licitaciones y presuntos ilícitos en el financiamiento de la política– en Perú, Argentina, Uruguay y Chile.

Marco Enríquez-Ominami

Quien pregunta por las elecciones en Chile en ese breve diálogo es José Adelmario Pinheiro Filho –Leo Pinheiro– ex presidente de OAS, condenado en 2015 a 16 años y 4 meses de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado en el marco de la operación “Lava Jato”. Su interlocutor: Augusto César Ferreira e Uzeda –César Uzeda–, ex director internacional de la compañía y quien viajó en 2013 de Santiago a Sao Paulo en un jet privado junto al entonces candidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami y su asesor, Cristián Warner.

La empresa brasilera facilitó luego el avión durante tres meses a la campaña de Enríquez-Ominami y pagó $59 millones a una sociedad ligada a Warner que fue utilizada para canalizar gastos electorales. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) los acusa a ambos de fraude al Fisco por haber pedido al Servicio Electoral (Servel) el reembolso de $170 millones para cancelar los servicios de un publicista brasilero que en realidad habrían sido pagados directamente por OAS.

CIPER, gracias a la colaboración de IDL-Reporteros de Perú, tuvo acceso a los miles de mensajes de texto que Pinheiro intercambió entre 2013 y 2014 con varios de sus colaboradores a través de tres teléfonos celulares Iphone, los que fueron incautados en noviembre de 2014 cuando fue detenido por la Policía Federal en la séptima fase de la operación “Lava Jato”.

Numerosos mensajes hacen referencia a Chile y también a un misterioso personaje apodado Brahma –en honor a la marca de cerveza del mismo nombre–, chapa con la que en ocasiones la alta dirección de la compañía brasilera se refería al ex Presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva , según confirmó la Policía Federal. El ex mandatario está bajo investigación de la justicia de Brasil luego de que el Ministerio Público lo acusara de aceptar 3,7 millones de reales (cerca de US$1,1 millón) en sobornos que se cree provienen de las arcas de la constructora brasilera.

En el diálogo por WhatsApp, César Uzeda analizaba los escenarios electorales en Chile porque OAS estaba preparando una visita de Lula a Santiago. Pinheiro y Uzeda tiraban líneas sobre las características de la reunión que el ex presidente de Brasil sostendría en Santiago con algunos empresarios: “Brahma quiere hacer la presentación el 24, 25 o 26 de noviembre en Santiago. Sería una mesa redonda con 20 a 30 personas”, le comentó Pinheiro a Uzeda el 12 de noviembre de 2013. El director internacional de OAS le respondió: “Creo que los convidados dependerán de los resultados de las elecciones el domingo próximo, tal vez un almuerzo con participación de empresarios, políticos con orientación más de izquierda e intelectuales. Someteríamos a los convidados a la crítica previa de él”.

El resultado de las elecciones del 17 de noviembre le evitó una situación incómoda a OAS. Enríquez-Ominami no pasó a segunda vuelta y Lula visitó el comando de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet en el barrio Italia (Providencia) para entregarle su apoyo.

Quien también aparece mencionado en los mensajes de texto contenidos en los teléfonos de Leo Pinheiro es el recaudador de fondos para la precampaña de la Presidenta Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, quien visitaría obras de la empresa en Río de Janeiro a fines de 2014. “Él viajó por interés personal y financió el viaje con sus propios recursos”, señaló a CIPER su abogado Claudio Pavlic. De acuerdo a los mensajes de texto a los que tuvo acceso este medio, ejecutivos de OAS pidieron al propio Leo Pinheiro que confirmara el viaje de Martelli a Río.

Leo Pinheiro

En una serie de mensajes enviados al ex director de OAS por el representante en nuestro país de la brasilera, Marcel Corazza, se menciona como contacto en Chile a un tal “Giorgio”. Ese nombre, junto al de “Pedro”, aparece en varias conversaciones que dan cuenta de las intensas gestiones que durante el segundo semestre de 2014 llevó a cabo OAS con miras a la licitación de la concesión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago.

En ese momento el asesor jurídico de OAS en Chile era Pedro Yaconi, pero él negó ser el “Pedro” que hizo gestiones para esa licitación. El abogado de Martelli indicó que su cliente  tampoco se vinculó con ese proceso, aunque reconoció que sí sostuvo reuniones con OAS en calidad de gerente general de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel (Codesup), de la que es socia la concesionaria del aeropuerto.

Martelli se encuentra formalizado por su participación en el esquema de financiamiento irregular de la precampaña de Bachelet a través de SQM, empresa que también rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos facturas de una sociedad de Pedro Yaconi, por no tener constancia de que hubiera prestado servicios. Martelli y Yaconi se conocen al menos desde 2009, cuando participaron del equipo recaudador de la campaña de Eduardo Frei, cuyo financiamiento también está siendo investigado por el Ministerio Público, aunque los delitos estarían prescritos.

LA AGENDA DE LULA EN CHILE

La visita de Lula da Silva a Chile comenzó a tomar forma a principios de noviembre de 2013. De acuerdo al historial de mensajes de los teléfonos móviles de Leo Pinheiro a los que tuvo acceso CIPER, el 6 de noviembre el entonces mandamás de OAS le comunicó al director internacional de la compañía, César Uzeda, que Lula podía hacer una presentación en Chile el día 26 de ese mes.

El ex Presidente de Brasil ya tenía agendada para el 27 una conferencia en Santiago en el marco del seminario “Desarrollo e Integración en América Latina”, organizado por  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Lula da Silva y Ricardo Lagos (Fuente:Cepal)

Descontando la invitación de la Cepal, de los mensajes a los que tuvo acceso CIPER se infiere que OAS tuvo un activo rol en la organización de la agenda de actividades que Lula tuvo en Chile la última semana de noviembre.

“Nuestro amigo Brahma puede hacer una presentación el día 26/11. ¿La elección será definida cuándo? ¿A quién podríamos convidar? No a un público grande. 20 a 30 personas tipo mesa redonda. Tema: relación Brasil-Chile”, le escribió Leo Pinheiro a Uzeda el 6 de noviembre.

César Uzeda respondió dos horas después indicando que la primera vuelta de la elección presidencial en Chile sería el 17 de noviembre y que era probable que se resolviera con la victoria de Michelle Bachelet. Luego detalló los escenarios posibles en caso que ello no sucediera y la situación incómoda en que estaría OAS si ella y Enríquez-Ominami pasaban a segunda vuelta.

Antes de su viaje, Lula le preguntó a Leo Pinheiro qué obras tenía OAS en Chile. Éste, a su vez, le pidió a Uzeda que le informara al respecto.

–¿Estamos construyendo hoy alguna obra en Chile además del hospital? Si es positivo ¿Cuáles? Valor, etapa y localización. Brahma necesita saber.

–Construcción del Puente Chacao, entrega 4/11, mayor obra pública de Chile este año, valor 800 MM. Ejecutamos Mapocho Limpio (concluida), estamos ejecutando el Hospital de Rancagua (90%) –respondió Uzeda.

Fue también en un jet facilitado por OAS que Lula llegó a Santiago el martes 26 de noviembre de 2013. El día anterior, Pinheiro le escribió a Uzeda pidiendo detalles del viaje que estaban a punto de emprender. “Colocamos un avión a disposición de Lula para salir mañana a mediodía. Sería bueno que usted chequeara con Paulo Okamoto (presidente del Instituto Lula) si es conveniente irnos en el mismo avión. En caso contrario nos vamos el miércoles”, respondió Uzeda.

Según se desprende de los mensajes revisados por CIPER, Pinheiro y Uzeda no viajaron en el mismo avión que Lula rumbo a Santiago. Los ejecutivos despegaron 24 horas después que el ex Presidente.

Fue ese mismo 26 y a pocas horas de aterrizar en nuestro país que Lula llegó hasta el comando de la entonces candidata de la Nueva Mayoría Michelle Bachelet para entregarle su respaldo de cara a la segunda vuelta, en que enfrentaría a Evelyn Matthei. Al final de la cita, que se extendió por cerca de una hora, el ex líder sindicalista describió a Bachelet como una candidata que “tiene el corazón para cuidar a todos, en especial a las personas más pobres”.

Al día siguiente, Lula participó de la apertura del seminario de la Cepal, donde compartió una mesa con la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, y el ex Presidente  Ricardo Lagos. Ambos ex mandatarios hicieron un llamado a avanzar en la integración de la región.

La mañana del 28 de noviembre Lula asistió acompañado de Leo Pinheiro a un desayuno de la CPC con 30 empresarios en el restorán Osadía, ubicado en la comuna de Vitacura. A la cita llegaron varios pesos pesados del mundo empresarial: Eliodoro Matte (CMPC), Horst Paulmann (Cencosud), Jorge Errázuriz (Celfin Capital) y Juan Eduardo Errázuriz (Sigdo Koppers), entre otros. En la foto oficial del evento, también aparecen dos emblemáticos recaudadores de fondos para campañas concertacionistas: Jorge Rosenblut, quien asistió en calidad de presidente de Endesa, y Pedro Yaconi, quien lo hizo como abogado del extinto estudio jurídico Hermosilla, Levi, Yaconi, Donoso y abogados.

Pedro Yaconi figura en las investigaciones por el financiamiento irregular de la política desde que en mayo de 2015 quedara al descubierto que una de sus sociedades, Rinvesa, emitiera una factura por $30 millones a Soquimich, la que fue rectificada ante el Servicio de Impuestos Internos. Según publicó el diario electrónico El Mostrador, el documento fue emitido en 2009, cuando Yaconi –hombre de confianza del ex Presidente Eduardo Frei– participaba del comité de finanzas del comando que buscaba sentar nuevamente en La Moneda al entonces candidato DC.

Yaconi no era un desconocido para los ejecutivos de OAS. Versiones recogidas por CIPER indican que quien se encargó de la logística y de afinar los detalles del evento cuyo protagonista estelar era Lula da Silva, fue la empresa de comunicaciones Azerta, ligada a la lobista y experta en comunicación estratégica Cristina Bitar. De hecho, Bitar también estuvo presente en el desayuno. Desde Azerta informaron a CIPER que efectivamente realizaron gestiones para organizar el desayuno y que lo hicieron por encargo del propio Yaconi. Fue el abogado quien puso a Azerta en contacto con el representante de la filial de OAS en Chile, Jaume Serret, quien actuó como contraparte de la empresa de comunicación estratégica en este tema. Azerta facturó por sus servicios a OAS Chile.

Desde la CPC informaron a CIPER que su participación en este capítulo se restringió a hacer recomendaciones, sugerir nombres y contactar a algunas personas.

El vínculo entre Pedro Yaconi y los directivos de OAS se profundizó en abril de 2014 cuando el abogado asumió como asesor jurídico de la empresa brasilera en Chile (ver reportaje de CIPER).

Lula da Silva y Michelle Bachelet

La tarde de ese mismo 28 de noviembre, el ex Presidente de Brasil se reunió en La Moneda y por más de una hora con el entonces Presidente Sebastián Piñera, cita en la que también estuvo presente su ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. También asistieron George Lamazière, embajador de Brasil en Chile, Paulo Okamoto, presidente del Instituto Lula, y Marco Aurelio García, quien fue asesor internacional de Lula y también de la ex Presidenta Dilma Rousseff.

Tal como sucedió con el evento de la CPC, en el origen de esa reunión también intervino OAS. Semanas antes de la visita, César Uzeda le había hecho ver a Pinheiro la necesidad de gestionar una reunión entre Lula y Sebastián Piñera: “Un encuentro con Piñera con nuestra presencia, también sería muy importante, somos la única empresa brasilera actuando en Chile. Tema y formato a desarrollar y sugerir”, le escribió el 6 de noviembre

En esa fecha, el consorcio conformado por OAS y las constructoras Comsa (española) y Echeverría-Izquierdo (chilena), avanzaba contrarreloj en la construcción del Hospital de Rancagua. La obra fue adjudicada por el Servicio de Salud O’Higgins en diciembre de 2009 y debió estar lista en julio de 2012. El recinto de salud pública fue inaugurado recién en abril de este año, en medio de acusaciones relacionadas a fallas estructurales en la construcción y al no pago de multas por atraso (ver aquí).

El 9 de diciembre, once días después del paso de Lula y los directivos de OAS por Chile, un consorcio compuesto por la constructora brasilera y la coreana Hyundai se adjudicó la construcción del Puente de Chacao, la mega obra que unirá a Chiloé con el continente y cuyo costo asciende a $360 mil millones. Pese a que ocho consorcios preclasificaron para participar de la licitación abierta el 21 de mayo de 2013 por el MOP, solo el consorcio en el que participa OAS presentó propuesta.

Tras estallar el escándalo de corrupción de la estatal Petrobras en Brasil, OAS se vio obligada a vender parte de sus activos para amortiguar la restricción de créditos bancarios provocada por el escándalo.

En febrero de este año, OAS –asesorada por el abogado Pedro Yaconi– finiquitó la venta del 33% que tenía en el consorcio que construía el cuestionado Hospital de Rancagua. El comprador fue la constructora Echeverría-Izquierdo, que ya integraba el mismo consorcio. En los últimos meses, Pedro Yaconi ha estado concentrado en liquidar el 49% de participación que OAS aún mantiene en el Puente de Chacao.

EL AEROPUERTO DE SANTIAGO

Según la información a la que tuvo acceso CIPER, luego de su prolífica visita a Santiago a fines de noviembre de 2013, Leo Pinheiro aterrizó en Chile en otras cinco ocasiones. La última, a pocas semanas de que fuera detenido por la Policía Federal el 14 de noviembre de 2014 en Brasil.

Pinheiro registra un paso por Chile el 18 de febrero de 2014. Al día siguiente emprendió rumbo a Lima. Allí, y según han revelado reportajes del medio de investigación peruano IDL-Reporteros, Pinheiro sostuvo negociaciones con el alcalde de Lima, Luis Castañeda (a pocos meses de ser electo), relativas al mega proyecto vial Línea Amarilla. adjudicado en 2009 a una empresa controlada por OAS.

El siguiente viaje de Leo Pinheiro a Chile tuvo lugar en abril de 2014. El mandamás de OAS llegó proveniente de Perú. No hay registro de su agenda de reuniones en nuestro país, ni tampoco de las personas que lo acompañaron en su paso por Chile ese 9 de abril.

Con la licitación del Puente de Chacao adjudicada, OAS fue por más. Los mensajes de textos de los celulares de Leo Pinheiro sugieren que durante prácticamente todo 2014, las preocupaciones de la brasilera en Chile se concentraron en otro de los proyectos emblemáticos licitados por el MOP en los últimos años: la concesión del Aeropuerto de Santiago, obra que involucra recursos por casi US$580 millones.

Pedro Yaconi (Foto: Twitter)

Por esos días Invepar, empresa que reúne las inversiones de OAS en concesiones y en cuya propiedad también participan algunos fondos de pensión brasileros, estaba en pleno proceso de recopilación de antecedentes para inscribirse en el registro especial internacional de preclasificación para ese proyecto. Los antecedentes de Invepar habrían sido presentados al MOP el 22 de abril. La filial de OAS quedó en carrera junto a otros ocho consorcios.

Tras su paso por Chile en abril, Pinheiro compartió algunas reflexiones de su visita con el hijo del dueño de OAS, Antonio Carlos Mata Pires, y con el entonces presidente de Invepar, Gustavo Rocha. Lo que les comunicó, entrega luces respecto del propósito de la visita del ex director de OAS a nuestro país: “Tuve una información hace poco con personas ligadas a la Presidenta, que el grupo controlador (chileno) del aeropuerto es de ultra derecha, no goza de la simpatía de ella. Vamos a tener cuidado”, les advirtió. Pinheiro se refería al consorcio SCL controlado por Agunsa (Agencias Universales S.A.), de propiedad de la familia Urenda.

El 14 de agosto Pinheiro volvería a Chile –previo paso por Perú– y habría sostenido reuniones con algunos arquitectos españoles por la licitación del aeropuerto. De acuerdo a los mensajes de texto contenidos en los teléfonos móviles de Leo Pinheiro, las conversaciones relativas a este proyecto se reactivaron en octubre.

El 16 de ese mes, el director operacional de OAS en Chile y Argentina, Marcel Henrique Corazza, le escribió a Pinheiro –que ese mismo día había aterrizado en Chile– señalándole que “Giorgio” y “Pedro” estarían disponibles para una reunión en Santiago el miércoles 22 de octubre por la noche. Luego le comunicó su preocupación porque los plazos de entrega de la propuesta para el aeropuerto se estrechaban: “Dr. Leo, lo que me preocupa es que la presentación de la propuesta está por mientras para el 18/11, y si de la reunión surge algo nuevo, el plazo de implementación puede ser corto”.

No hay constancia de que la reunión se haya llevado a cabo. De lo que sí hay registro es de que Pinheiro –acompañado de Antonio Carlos Mata Pires–, volvió a aterrizar en Santiago el 22 de octubre, día en que estaba programada la cena con “Giorgio” y “Pedro”.

El 24 de octubre Corazza le volvió a escribir reportándole de las gestiones que realizaba para intentar conseguir una reunión con los propietarios de Agunsa: “Dr. Leo, hablé con Giorgio respecto de la reunión con Urenda, principal accionista de Agunsa (operador actual del aeropuerto de Santiago). Él indicó que efectivamente Pedro es el mejor camino para llegar a ellos (personalmente me gustaría transmitir algunos detalles que me comentó Giorgio respecto de la situación de él). En contacto con Pedro, él confirmó que tenemos posibilidad de promover una reunión. Quería chequear contigo si utilizamos ese camino y si podemos intentar agendar para la semana que viene”.

El 30 de octubre Marcel Corazza recibió una buena noticia: la licitación del aeropuerto se había aplazado en un mes. Así se lo comunicó a Pinheiro: “Dr. Leo, hoy obtuvimos una información lateral de Pedro de que la licitación del aeropuerto será prorrogada en 30 días. Pedro todavía no ha conseguido reunión con Agunsa, pero sigue en campaña. Le mantengo actualizado”.

Desde Agunsa aseguraron a CIPER que nunca se han reunido con gente vinculada a Invepar ni a OAS,  y que tampoco fueron contactados por ellos solicitándoles una cita.

CIPER se contactó con el abogado de OAS en Chile, Pedro Yaconi, quien negó haber hecho gestiones a nombre de Invepar u OAS para la licitación de la concesión del aeropuerto de Santiago. También descartó haber intentado acercamientos con el grupo Agunsa.

EL VÍNCULO MARTELLI

El último mensaje referente a Chile contenido en los celulares de Leo Pinheiro está datado un día antes de que fuera detenido por la policía. El mensaje del 13 de noviembre de 2014 resulta clave, pues entrega pistas respecto de la identidad de “Giorgio” quien, junto a “Pedro”, hizo gestiones para Invepar y OAS de cara a la licitación del aeropuerto de Santiago.

En el mensaje, el asesor de Pinheiro, Marco Ramalho, le comunicó a su jefe que Marcel Corazza, el representante de OAS en Chile, lo contactó preguntándole si podía confirmar “la ida del Dr. Giogio (sic) Martelli a Porto Maravilha el día 26 de noviembre”. Una persona que conoce cómo opera OAS en Brasil, dijo a CIPER que la empresa acostumbraba a invitar a colaboradores de distintos países a visitar las obras de revitalización urbana que emprendía de la mano de un consorcio en Río de Janeiro con motivo de las Olimpíadas.

GIorgio Martelli

No hubo respuesta a ese mensaje. A las pocas horas la policía cayó sobre el director de OAS. Invepar, en tanto, se bajó de la carrera por la concesión del Aeropuerto de Santiago. La licitación fue finalmente adjudicada al consorcio ítalo-galo Nuevo Pudahuel, en febrero de 2015.

El abogado de Giorgio Martelli, Claudio Pavlic, respondió a las consultas de CIPER respecto de los vínculos del operador político con OAS. Pavlic señaló que Martelli efectivamente estuvo en algunas reuniones con la empresa brasilera en calidad de gerente general de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel (Codesup), una entidad público-privada en la que participa el municipio de esa comuna y varias empresas, entre ellas la concesionaria del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

En las fechas en que “Giorgio” y “Pedro” hacían gestiones para OAS, el concesionario del aeropuerto de Santiago era SCL (Agunsa) y el proceso de licitación estaba en pleno desarrollo. Consultado respecto del tipo de labores que realizó Martelli para ese proyecto en el que OAS presentó antecedentes, el abogado Pavlic indicó que su cliente “no tuvo relación con esa licitación”.

El abogado confirmó la ida de su cliente a Porto Maravilha en Río de Janeiro y aseguró que Martelli cubrió el financiamiento del viaje con sus propios recursos:

–Él estuvo viviendo en Río de Janeiro en el año 2000 y visitó el proyecto por interés personal. El objetivo de la visita fue técnico, para conocer el proyecto y hacerle una propuesta de plano urbano a OAS. Finalmente nunca presentó la propuesta debido a los problemas en los que se vio involucrada la compañía en Brasil –dijo Pavlic.

MARCO, EL CHILENO

El 23 de enero de 2013, Leo Pinheiro envió un breve mensaje de texto a su asesor Marco Ramalho: “Me manda el nombre de Marco (Chileno)”.

“Marco Enríquez-Ominami”, contestó Ramalho.

Según se desprende de los mensajes, Leo Pinheiro hizo la consulta mientras se reunía en Sao Paulo con Paulo Okamoto, director del Instituto Lula, quien hoy también enfrenta cargos por corrupción.

Pocas semanas después de ese breve diálogo, el 15 de febrero, Marco Enríquez-Ominami hizo un viaje relámpago a Brasil para reunirse con dos cercanos colaboradores de Lula da Silva. Se trataba de Luis Favre y Valdemir Garreta, quienes asesoraron al ex mandatario cuando obtuvo la presidencia en 2002.

Marco Enríquez-Ominami

En esos meses –enero y febrero de 2013– la empresa Cono Sur Research SpA, cuyo representante legal es el ex jefe de campaña de Enríquez-Ominami, Cristián Warner, emitió dos facturas a OAS, por un total de $59 millones. La información fue revelada por AhoraNoticias, al dar a conocer la declaración del contador de Cono Sur Research, Jorge Contreras Soto, en la investigación del financiamiento político irregular de SQM. Contreras también estaba a cargo de la contabilidad de Cristian Warner Comunicaciones EIRL, la que está siendo indagada por haber recibido $390 millones que fueron rectificados por SQM. Warner y Enríquez-Ominami están formalizados por delitos tributarios derivados de esos pagos. En el marco de esa investigación, que lleva el fiscal Pablo Gómez, se revisó la contabilidad de Cono Sur Research y se encontraron los registros de OAS.

Pocos meses después de que se emitieran esas facturas, y tal como reveló La Tercera, OAS le facilitaría un jet privado al candidato presidencial del PRO para sus actividades de campaña dentro de Chile. Fue el propio Uzeda quien reconoció después que la compañía le había entregado la aeronave a Enríquez-Ominami por una “amistad personal” (ver artículo de La Tercera).

Hasta entonces, el candidato del PRO insistía en que el avión lo había pagado su comando y que el gasto se había declarado ante el Servicio Electoral (Servel). Aunque el arrendamiento no figuraba en su rendición electoral, el PRO aseguraba que era parte del gasto hecho por Cono Sur Research ($170 millones) para contratar los servicios del publicista brasileño Duda Mendonça. La versión comenzó a derrumbarse tras el reconocimiento de Uzeda de que el uso del avión era una donación de OAS. Tras declarar ante el Ministerio Público en septiembre pasado, el vicepresidente del PRO, Camilo Lagos, afirmó que el partido “entendió erróneamente que el avión era parte de un servicio comunicacional que había sido pagado, y que ello también fue comunicado erróneamente a Marco Enríquez-Ominami”.

El 28 de octubre pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó una querella en contra de Marco Enríquez-Ominami, Cristian Warner y Sergio Novoa (dueño de Cono Sur) acusándolos de que los $170 millones rendidos por Cono Sur Research al Servel no corresponden a servicios prestados y que la factura fue utilizada para obtener fraudulentamente la devolución del Fisco. “Existen suficientes antecedentes en la carpeta investigativa que permiten sostener que la asesoría prestada por Duda Mendonça al candidato Enríquez Ominami fue financiada directamente por una empresa extranjera, esta es, OAS S.A. Brasil y que en la realidad Cono Sur Research SpA no hizo los pagos cuyos reembolsos solicitó”, acusa el CDE en su querella.

La causa que indaga respecto de los vínculos entre Enríquez-Ominami y OAS la lleva la  fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, quien en agosto pasado realizó un requerimiento de información a la justicia brasilera pidiendo antecedentes que puedan dar luces sobre la ramificación en Chile de uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en Brasil.

Los antecedentes aún no son remitidos a Chile.

*Para este reportaje CIPER contó con la colaboración de IDL-Reporteros, de Perú.

En 2005 y 2006, cuando Inacap concretó una millonaria compra-venta de terrenos con la Inmobiliaria Río Napo, el empresario José Antonio Guzmán Matta, ex presidente de Endesa y Enersis, estaba sentado a los dos lados del mostrador. Al tiempo que era propietario de Río Napo, ejercía como presidente del directorio de Inacap. Guzmán Matta había llegado a dirigir la corporación educacional en 1997, un año después de haber dejado la presidencia de la principal organización gremial empresarial del país: la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Desde que en 1989 el régimen militar le cedió el control de Inacap a la CPC, se tornó habitual que sus dirigentes se turnaran los cupos en el directorio de Inacap. Guzmán Matta no solo había presidido la CPC durante seis años (1990-1996), sino que también había estado entre 1989 y 1990 a la cabeza de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), la gremial que controla a través de su brazo inversor la AFP Habitat, la que el empresario también presidió entre 2006 y 2014.

CIPER revisó el destino de 51 propiedades que a lo largo del país han funcionado como sedes de Inacap, el instituto profesional fundado en 1966 por el gobierno de Frei Montalva (a través de la CORFO) como la casa de estudios gratuita de los trabajadores. En esa búsqueda, descubrimos que, de esos 51 inmuebles, hay 14 que fueron vendidos.

José Antonio Guzman Matta

Entre esos bienes destacan cuatro propiedades en una exclusiva ubicación de Las Condes que Inacap vendió en una sola operación –y a un precio irrisorio- a quien fuera presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (1983-1985) y presidente de la AFP Habitat (1986-1999), el empresario Germán Molina Morel.

En momentos en que Inacap se apresta a ingresar al sistema de gratuidad, en virtud de la ley que despachó el Congreso y que le permite a los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) acceder a ella, el manejo que hicieron los empresarios con los bienes de la entidad, muchos de ellos entregados por la CORFO, no ha sido hasta hoy parte del debate.

Los tres planteles que hoy forman parte del Grupo Inacap –IP, CFT y la Universidad Tecnológica-, suman una matrícula de 122 mil alumnos. Es el segundo grupo de educación superior en el país, tras las universidades e institutos del Grupo Laureate.

En 2005 y 2006, José Antonio Guzmán Matta presidía el directorio de la Corporación Inacap, y estuvo al tanto de dos polémicas decisiones del directorio de la entidad: la venta, bajo el precio del avalúo fiscal, de un valioso terreno en Talcahuano y la compra de otro en Maipú (Santiago). En ambas operaciones inmobiliarias la contraparte de Inacap fue la Inmobiliaria Río Napo, una empresa del Grupo Guzmán & Larraín, fundado en 1980 por Guzmán Matta y su socio, Juan Larraín Doggenweiler.

El negocio inmobiliario que hizo Inacap con al menos 14 de sus 51 propiedades, vuelve a poner sobre el tapete el rol de los empresarios en el plantel. Una investigación publicada por CIPER en septiembre mostró que el Estado mantiene aún un cupo en el directorio de la Corporación Inacap. Pero hasta ahora esa participación no se ha traducido en una fiscalización a las operaciones inmobiliarias u otras decisiones clave que esa corporación ha adoptado desde que en 1989 pasó a ser controlada por los gremios empresariales (ver reportaje “Pugna por rol público de Inacap: La tutela del Estado que pone límite al control empresarial”) 

NEGOCIOS IBAN…

Inmobiliaria Río Napo era dueña desde mayo de 2002 de un extenso paño en la comuna de Maipú. Por las dos parcelas, que sumaban 74 mil metros cuadrados, pagó 144.000 UF ($2.345 millones de la época) a la Inmobiliaria Prodeco, de la familia Del Río Goudie. El precio está ligado a la estratégica ubicación que tenían  las dos parcelas -en Américo Vespucio a pasos del centro comercial Arauco Maipú- en una de las comunas con mayor explosión demográfica.

Cuatro años más tarde, en septiembre de 2006, Inacap le compró a Río Napo una cuarta parte del terreno (18 mil metros cuadrados), en 115.556 UF, ($2.100 millones de la época). Y allí construyó una de sus sedes.

En la escritura de esa operación (Notaría de Iván Torrealba), aparece la Inmobiliaria Inacap Zona Centro (hoy disuelta) adquiriendo el lote 57-A/5-B/1 del terreno original que compró Inmobiliaria Río Napo en 2002. El pago se concretó en dos partes: primero Inacap pagó 36.100 UF ($640 millones de la época), el 12 de octubre de 2005, al firmar la promesa de compra venta. Y las otras 79.456 UF ($1.459 millones de entonces) se pagaron en septiembre de 2006.

Fue un negocio redondo para Río Napo, ya que con la venta del terreno a Inacap recuperó la inversión total que hizo al comprar las dos parcelas, a pesar de que al centro educacional le vendieron solo una cuarta parte del terreno.

Lo que hoy se levanta en esos paños revela que la Inmobiliaria Río Napo apostó fuerte en Maipú. Al lado de la sede de Inacap en esa comuna, hoy aparece el Centro Comercial El Rosal, con un supermercado, una farmacia, un servicentro, una tienda de productos para el hogar y otros comercios más pequeños. Al costado sur poniente de la sede de Inacap,  la inmobiliaria de Guzmán Matta compró otro terreno donde construyó el condominio El Rosal de Vespucio, con 234 viviendas de más de 100 m². Al poniente del conjunto habitacional para clase media, la misma inmobiliaria sumó otro proyecto de similares características: Alto El Rosal.

José Antonio Guzmán Matta aseguró a CIPER que él se abstuvo de participar en los directorios de Inacap en los que se decidió concretar el negocio con Río Napo. Y reconoció que desde el otro lado del mesón sí participó: “Somos dos socios no más, y no hay otra alternativa. En Río Napo participé en la aceptación de la oferta de Inacap”, señaló.

El empresario relató que en mayo de 2005 su inmobiliaria llamó a licitación por cuatro lotes que tenían en la comuna de Maipú, y que Inacap se interesó en uno de esos terrenos, el que finalmente le vendieron. Según su versión, en parte de pago se aceptó un terreno que Inacap tenía en desuso en Talcahuano.

…NEGOCIOS VENÍAN

El terreno de Inacap en Talcahuano –y que entonces habría estado abandonado, según aseveró a CIPER el ex presidente de Inacap- está ubicado en Las Golondrinas 180, un barrio universitario e industrial. La escritura del 12 de octubre de 2005 (Notaria de Iván Torrealba) da cuenta que la Inmobiliaria Río Napo le compró ese terreno al grupo educacional por $640 millones (ver escritura).

Según el registro del Servicio de Impuestos Internos (SII) el avalúo fiscal de esa propiedad en 2005 era de $922 millones (ver certificado). Eso significa que Inacap le vendió a Río Napo un terreno en Talcahuano por casi $300 millones menos del avalúo fiscal, siendo que normalmente el precio comercial de un inmueble alcanza, a lo menos, al doble del precio avaluado por el Estado.

La propiedad que Inacap le vendió a Río Napo en Talcahuano era parte de los bienes que tenía el CFT de la corporación, tal como lo evidencia el Decreto Nº 338 del Ministerio de Educación del 1 de septiembre de 2000. En ese documento oficial aparecen las sedes que tenía a esa fecha Inacap en todo el país, con sus respectivas direcciones, y que eran de su propiedad.

El inmueble de Talcahuano formaba parte del patrimonio de Inacap desde 1968, dos años después de que fuera creado por la CORFO. Para que la corporación pudiera vender esa propiedad a Río Napo fue necesario un paso previo, el que tuvo lugar el año 2000. El 19 de enero de ese año, la Corporación Inacap le cedió el inmueble de Talcahuano a la Inmobiliaria Inacap Zona Sur, una de las varias sociedades relacionadas  que entonces utilizaba la corporación para administrar sus propiedades. El “aporte”, como se lo califica en la inscripción respectiva, fue avaluado en $303 millones (ver inscripción).

El negocio para la inmobiliaria de José Antonio Guzmán Matta se concretó con la construcción de un moderno conjunto habitacional  en el terreno que había sido de Inacap, y que está ubicado a solo metros del Club Hípico de Talcahuano. Los departamentos del condominio Jardines del Sur, con dos torres de edificios de 15 pisos cada uno, se vendieron en un rango de entre 1.300 UF y 1.560 UF. La ubicación es privilegiada: a pocos metros de las sedes regionales de las universidades Federico Santa María y Andrés Bello, y de la actual sede de Inacap que se instaló a pocas cuadras.

José Antonio Guzmán Matta señaló a CIPER que efectivamente existía un conflicto de interés cuando entre 2005 y 2006 Inacap concretó los negocios con su inmobiliaria y él presidía la corporación educacional. “Yo me marginé de esas decisiones, y eso consta en las actas. Esto fue una gestión de la administración de Inacap a la que le interesaba el terreno en Maipú por su ubicación estratégica”, afirmó.

Guzmán Matta agregó que la antigua sede de Inacap en Maipú estaba ubicada frente al templo votivo de la comuna, pero que fue abandonada cuando se construyó el actual edificio de Américo Vespucio con calle La Reforma. El empresario aseveró que los negocios de Maipú y Talcahuano fueron parte de la misma operación:

“Probablemente a Inacap le interesaba el terreno en Maipú y ofreció pagar con el terreno de Talcahuano, porque ya no le interesaba debido a que en esa ciudad había construido otra sede. Seguramente se pagó una parte con ese terreno y otra parte en plata”, dijo a CIPER.

Jardines del Sur, Talcahuano (Foto promocional, precios y tamaños).

Para Guzmán Matta ese fue un mal negocio de su inmobiliaria (Río Napo): “En Talcahuano alcanzamos a hacer dos torres que se vendieron apenas, y tuvimos que bajar muchísimo los precios. Las otras dos torres proyectadas no se construyeron nunca. Fue un mal negocio. El gran ganador en todo esto fue Inacap”.

En su comunicación con CIPER, el ex presidente de la Corporación Inacap reconstruyó los pasos de esas transacciones inmobiliarias y relató que, en junio de 2004, Inacap decidió poner a la venta varios terrenos que poseía en el país. Para ello, en diciembre de ese año abrieron licitaciones, pero se declararon desiertas. El segundo intento por vender esos bienes se concretó en febrero de 2005 y sí hubo oferentes. Entre ellos, la Inmobiliaria Río Napo de su propiedad. En principio, Inacap acordó venderle dos terrenos: el de Talcahuano y otro donde había funcionado el CFT de Viña del Mar (Álvarez 402). Pero un directorio de Inacap realizado el 30 de marzo de 2005, en el que Guzmán Matta aseguró no haber participado, revocó la decisión y esa venta no se concretó.

Cuando Inacap se mostró interesado en adquirir uno de los lotes ofertados por Río Napo en Maipú –agregó Guzmán Matta-, el directorio de la corporación decidió ofrecerles el terreno de Talcahuano como parte de pago. Respecto de por qué esa propiedad se vendió a un precio bastante menor al avalúo fiscal, el empresario señaló que a su inmobiliaria le interesaba solo el terreno de Talcahuano, y no los edificios que Inacap tenía construidos en él. 

EL NEGOCIO DE GERMÁN MOLINA MOREL

De los 51 edificios donde han funcionado sedes de Inacap y que CIPER revisó para saber cuál es su actual propietario, 14 hoy aparecen con otros dueños. En los terrenos e inmuebles que fueron vendidos por la administración empresarial de Inacap, ahora se levantan proyectos inmobiliarios, un centro comercial, oficinas de empresas y facultades de otras entidades de estudio privadas.

Varios de los “beneficiados” con  las propiedades que Inacap vendió,  son empresarios que han ocupado cargos relevantes en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), uno de los gremios que controla Inacap desde que en 1989 la última administración de la CORFO en dictadura les cediera el control del plantel a los empresarios.

Eso es exactamente lo que ocurrió con cuatro propiedades que Inacap vendió en 2005, las que están ubicadas en Camino El Alba entre las numeraciones  8552 y 8654, una exclusiva ubicación en Las Condes (Santiago). La escritura respectiva registra que el 5 de diciembre de 2005, la Inmobiliaria Molina Morel las adquirió en un total de 28.560 UF: $513,7 millones de la época.

Resulta difícil entender la lógica con que el directorio de la Corporación Inacap, presidido en 2005 por José Antonio Guzmán Matta, decidió esa operación inmobiliaria. Porque diez años antes la corporación educacional había adquirido esas mismas cuatro propiedades en $658 millones, un monto que aumentó a $867 millones cuando Inacap tasó esos inmuebles en 1999. Es decir, Inacap le vendió a Molina Morel esas cuatro propiedades en un valor que estaba $353,3 millones por debajo de su propia tasación. Y ello, sin considerar la plusvalía que adquirieron esos exclusivos terrenos en Las Condes en esos años.

Germán Molina Morel recibe medalla de oro de la CCHC (Fuente: CCHC)

Así lo revelan las escrituras que CIPER rastreó y que encontró en la Notaría de Iván Torrealba. El 25 de julio de 1995 la Corporación Inacap compró a distintos vendedores esas cuatro propiedades por un monto total de 55.003 UF ($658 millones de la época). Cuatro años más tarde, la propia corporación educacional le subió el valor a los inmuebles de Camino El Alba: a $867 millones. Esta última cifra quedó estampada en las escrituras que materializaron el traspaso que hizo Inacap de esos bienes a una de sus sociedades relacionadas: Inmobiliaria Inacap Zona Centro. Eso ocurrió el 29 de noviembre de 1999. La última operación ocurrió en 2005, con la venta de esas propiedades a Molina Morel en $513,7 millones

La Inmobiliaria de Molina Morel levantó allí un edificio de ocho pisos, con departamentos de entre 102 y 140 m². La ubicación no podía ser más estratégica al momento de ponerlos a la venta: frente a la estación de Metro Los Domínicos, a pasos de la plaza del mismo nombre y al lado de un supermercado. En el registro del SII, uno de esos departamentos aparece con un avalúo fiscal de $94 millones. Si tomamos en cuenta que el avalúo comercial es, al menos, el doble de ese valor, con la venta de tres departamentos la inmobiliaria pudo recuperar su inversión inicial.

El negocio lo hizo Germán Molina Morel, quien además de haber ejercido la presidencia de la CChC,  fue durante 17 años (1966-1983) presidente de la Mutual de Seguridad de la CChC, institución que su hijo -José Molina Armas- , también presidió entre 2004 y 2010. La dilatada trayectoria gremial del empresario Germán Molina Morel en el negocio inmobiliario le valió que en 2001 la Cámara Chilena de la Construcción le entregara una medalla de oro.

En la Región Metropolitana, Inacap vendió otra propiedad con una ubicación estratégica a grupos que tienen una activa participación en los gremios empresariales. La sede que tenía en Padre Hurtado 875 (Las Condes) ocupaba 47.990 m² y fue vendida en 2005 a Plaza Vespucio S.A. por $5 mil millones. Actualmente el propietario es Plaza Cordillera S.A. Ambas sociedades pertenecen al Grupo Mall Plaza, cuyo control está en manos de las familias Cuneo-Solari y Del Río Goudie. Mall Plaza depende de Desarrollos Inmobiliarios, sociedad que a su vez es filial de S.A.C.I. Falabella, la que integra la Cámara Nacional de Comercio, una de las entidades que participa en el control de Inacap.

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, denunció hace un mes en CIPER que la falta de regulación de los procesos de cambio de uso de suelos en los planes reguladores comunales, permitió que el Grupo Mall Plaza tuviera luz verde para construir el Mall Plaza Los Domínicos en el terreno que originalmente pertenecía a Inacap, en Padre Hurtado 875. El centro comercial se construyó luego que la autoridad cambiara el uso de suelo de educacional a comercial.

Edificio Camino El Alba

Otra propiedad que Inacap tenía en Santiago está ubicada en Ñuñoa (Almirante Zañartu 980), y fue vendida a Penta Vida en 2014 por 110.000 UF ($2.500 millones de entonces). Los dueños de la empresa aseguradora, Carlos Délano y Carlos Lavín, participan de las gremiales empresariales a través de la Asociación de Bancos, donde el Banco Penta es socio. Esa agrupación, a su vez, es miembro de la CPC.

En la dirección Álvarez 402 de Viña del Mar, donde antes funcionó una sede regional del CFT Inacap (inmueble que estuvo a punto de ser vendido a Inmobiliaria Río Napo, según afirmó a CIPER Guzmán Matta), ahora figura el edificio Viña Park (127 departamentos), proyecto de la Inmobiliaria Centro Viña, negocio del empresario farmacéutico Guillermo Harding, a través de Socofar e ISN Inmobiliaria. El edificiofue construido por Claro Vicuña, controlada por una sociedad de las familias Claro, Vicuña y Del Río Ebensperger. Tanto la constructora Claro Vicuña como ISN Inmobiliaria son socias de la Cámara Chilena de la Construcción de Valparaíso.

El edificio que antes utilizó Inacap en Valparaíso, en Avenida Argentina 864, ahora es ocupado por la municipalidad. El propietario es CORFO. La única sede que actualmente tiene Inacap en esa región, está ubicada cerca de la Caleta Portales, en la Avenida España, en la conexión de Valparaíso y Viña del Mar.

VENTAS DE IQUIQUE A PUERTO MONTT

Una de las sedes que ocupó Inacap en Iquique, el edificio emplazado en calle Pedro Lagos 715, actualmente pertenece a la Inmobiliaria JK. Esa empresa es de Alfonso Urrejola Frías y Rados Glasinovic Steinberg, y forma parte del Consorcio Inmobiliario Rados, cuyo gerente comercial es Patricio Pavés Soto, actual presidente de la Cámara de la Construcción de Iquique. El edificio de 900 metros cuadrados, ubicado en pleno centro de esa ciudad, era arrendado por  Rados en 155 UF mensuales en 2011 (ver folleto).

También en Iquique, Inacap vendió el inmueble ubicado en Aníbal Pinto 375, actual sede de Aguas del Altiplano, filial de la empresa sanitaria Aguas Nuevas. En ese edificio de fines del siglo XIX la sanitaria inauguró en julio de 2007 su sede “Casa del Agua”. Por la propiedad de Aguas del Altiplano han pasado el Grupo Solari, el Grupo Santander y el grupo japonés Marubeni junto a Innovation Network Corporation. Estos dos últimos compraron a fines de 2010 las acciones de la compañía. Aguas del Altiplano es socia de la Cámara Chilena de la Construcción de Iquique. La actual sede de Inacap en esa ciudad se emplaza en la Avenida La Tirana, en el acceso sur de la ciudad.

En La Serena, Inacap vendió al menos dos propiedades. La antigua sede, ubicada en Balmaceda 2420, ahora aparece en los registros del SII como propiedad de Inversiones San Javier, perteneciente a la empresaria local Alicia Findel. Tampoco está ya en manos de Inacap el inmueble de calle Alcalde Larraín 1187, actualmente propiedad de María Mery Larraguibel, quien lo ha arrendado como hogar universitario a la Municipalidad de Montepatria.

En el sur del país las ventas se repiten. En Curicó, donde antes funcionó la sede de Inacap (Merced 333), actualmente se emplaza una facultad de la Universidad Católica del Maule. En 2010, Inacap le vendió esa propiedad a la sociedad Alto Aragon, un negocio de los agricultores locales José, María y Marcela Puertas Esteban.

En Concepción, Inacap era dueña de una propiedad ubicada en Camilo Henríquez 34, donde actualmente se levanta un barrio residencial. No obstante, CIPER no encontró ninguna huella de la venta o traspaso de ese inmueble. Lo que sí hallamos fue la escritura que da cuenta de cómo se adquirió el terreno sobre el que se construyó el nuevo edificio de Inacap en Talcahuano, ubicado a un costado de la Autopista que une a esa ciudad con Concepción. El terreno se compró en 2002 a la empresa Ingeniería y Construcción San Andrés, propiedad de la familia Imschenetzky Ebensperger, oriunda de la Región del Bío Bío y que ha hecho de los casinos de juego y las ventas inmobiliarias su nicho de negocios.

De hecho, la sede de Inacap está emplazada a un costado del Casino Marina del Sol, el primero que la familia de origen ruso controló en Chile y en un sector donde los Imschenetzky buscan, en alianza con el empresario Abraham Senerman, construir una ciudad empresarial. La escritura respectiva indica que los Imschenetzky le vendieron a Inacap en diciembre de 2002 el terreno de 40 mil m² en 85.400 UF ($1.395 millones de la época). Cabe recordar que la antigua sede en Talcahuano, Inacap se la vendió a la Inmobiliaria Río Napo, de propiedad de Guzmán Matta, en $640 millones en 2005.

En Temuco, la propiedad ubicada en la calle Dreves 988, donde antes funcionó la sede local de Inacap, actualmente opera como edificio de la Universidad Santo Tomás (cuyo CFT e inmobiliaria local son socias de la Cámara Chilena de la Construcción). El Banco Santander aparece como propietario del inmueble.

En Puerto Montt,  la sede de Inacap funcionaba en calle Quellon 301, pero ahora el inmueble figura bajo el dominio de Inversiones e Inmobiliaria TSG, sociedad que pertenece a la familia Jaque Rocha, la que administra colegios en la Región Metropolitana. Actualmente Inacap opera en Puerto Montt, en Avenida Padre Harter 125.

El actual presidente del directorio de la Corporación Inacap es Lorenzo Constans, quien siguió la misma ruta que José Antonio Guzmán hasta llegar a la cabeza del plantel. Constans presidió la Cámara Chilena de la Construcción entre 2008 y 2010, de allí saltó a la presidencia de la CPC (2010-2013) y desde 2013 dirige la corporación educacional. CIPER intentó obtener de Constans la versión de las autoridades de Inacap sobre las ventas de sus propiedades, muchas de las cuales fueron entregadas por la CORFO cuando se fundó el instituto. No hubo respuesta.

Islas Vírgenes Británicas es un paraíso para quienes disfrutan de bucear, navegar a vela, pescar o simplemente tomar sol. Lo ha sido también para cientos de miles de personas que escogen ese destino de aguas turquesa, verdes montañas y antiguas destilerías de ron con otros fines: crear sociedades de fachada amparadas en la opacidad y en un laxo sistema impositivo.

Situada al norte del Caribe, está compuesta por cerca de 60 islas e islotes donde viven poco más de 30 mil habitantes. La gran mayoría lo hace en Road Town, capital de Tórtola, la isla más grande de todas las del archipiélago, aunque la definición es engañosa: su superficie no supera los 20 kilómetros de largo por cinco de ancho. Más que como destino turístico, ese minúsculo territorio de origen volcánico es conocido principalmente por ser una de las mayores plataformas de la industria de la venta de secreto financiero.

Fue allí donde Sebastián Piñera registró el 16 de septiembre de 1997 su sociedad offshore Bancard International Investment Inc. Así se lee en los registros oficiales de la autoridad financiera de Islas Vírgenes Británicas que CIPER solicitó y obtuvo (ver registro). Bancard International es uno de los principales vehículos a través del que Piñera mueve sus inversiones en el extranjero –Perú y Colombia, especialmente– en áreas estratégicas como la pesquera, marítima, energética, infraestructura y bursátil, entre otras. Esos mismos registros indican que Bancard International figura a la fecha con un capital autorizado de US$103 millones en un refugio donde no existen impuestos sobre la renta o las ganancias de capital.

Son justamente las fichas puestas fuera de Chile, y en las que utiliza como vehículo de inversión su sociedad en Islas Vírgenes, las que tienen hoy al ex Presidente Piñera al centro de una aguda polémica sobre sus potenciales conflictos de interés.

Tal como informaron radio Biobío y El Mostrador, una parte de la fortuna que maneja Sebastián Piñera en el exterior fue invertida en 2012 en la pesquera peruana Exalmar, en la que el ex Presidente posee actualmente un 9,18% de su capital accionario. Un porcentaje de esa inversión, hoy avaluada en US$9,3 millones, se realizó mientras Piñera era Presidente y con el litigio con Perú en la Corte Internacional de Justicia de la Haya como telón de fondo.

La noticia provocó un estremecimiento entre algunos empresarios y políticos. ¿Qué habría pasado si en 2012, en el apogeo del litigio con Perú por la zona pesquera de altamar, se hubiera sabido que una sociedad de Piñera invertía precisamente en esa época en una de las principales empresas peruanas del rubro?  Ese fantasma es el que hoy está sobre la mesa. Porque a diferencia de 2009, cuando la fortuna de Piñera estaba concentrada en Chile, la situación hoy es radicalmente distinta. Este reportaje da cuenta de la diversificada cartera en que Piñera ha invertido su fortuna. Y los sectores económicos en los que apostó. Un cuadro que aumenta los riesgos de conflicto de interés si llegara a instalarse nuevamente en La Moneda. A casi un año de la elección presidencial y con Piñera liderando las encuestas, el debate toma fuerza.

Las inversiones en el exterior de Piñera sumarían cerca de US$1.800 millones, equivalentes al 72% de su fortuna, avaluada en US$2.500 millones según Forbes.

Esta infografía muestra compañías en las que Bancard International Investment -y en menor medida el FIP Mediterráneo- tiene o ha tenido participación.

La investigación de CIPER arroja que Exalmar no es la única pesquera peruana en la que Bancard International Investment Inc. ha materializado apuestas de inversión. Según un reporte de la clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating (PCR) de julio de este año, la sociedad de Piñera con domicilio en Islas Vírgenes es la segunda mayor accionista de Austral Group S.A.A., sociedad de capitales noruegos dedicada a la pesca y comercialización de conservas, harina y aceite de pescado (ver reporte). Bancard International posee el 3,58% de la propiedad de esta empresa que en 2014 tuvo ventas por US$195,2 millones, casi US$28 millones por sobre las de Exalmar ese mismo año (ver ranking de América Economía).

La pesca peruana no es el único sector económico que coloca al ex presidente y posible candidato a La Moneda bajo potenciales conflictos de interés. Bancard International Investment es propietaria del 6,94% del holding Andino Investment, que agrupa a 16 empresas que operan en áreas estratégicas de Perú, como la marítima y de infraestructura. En 2013 adquirió también -pero esta vez a través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP Mediterráneo)- el 11,8% de Corporación Lindley, embotellador de Coca-Cola y una de las gigantes en la industria de las bebidas no alcohólicas de ese país, productora de la popular Inca Kola.

Colombia es otro de los destinos en donde la fortuna del ex Presidente tiene una posición relevante. En ese país, Bancard International Investment es la accionista mayoritaria de la Bolsa de Valores y sus inversiones muestran un patrón diversificado en áreas como la energética (Isagen), maderera (Tablemac), construcción (Cemex Latam), combustibles (Terpel) y transporte aéreo (Avianca).

Bancard International Investment es una de las más de 430 mil sociedades offshore –la mayoría de ellas activas– registradas a la fecha en Islas Vírgenes Británicas. Sus verdaderos beneficiarios –cuya identidad se desconoce en muchos casos– no son precisamente virgenenses. Entre ellos se cuentan a magnates chinos, oligarcas rusos y colaboradores o familiares de autoridades políticas de distintas partes del mundo, que las utilizan para administrar sus fortunas bajo estricta confidencialidad.

No es ilegal abrir sociedades en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Las Islas Vírgenes Británicas no son una excepción. No obstante, el territorio de ultramar del Reino Unido ha sido una atractiva jurisdicción para estafadores asiduos al esquema “Ponzi” o “piramidal”. El caso más reciente en nuestro país es el de Alberto Chang, acusado por el Ministerio Público de lavado de activos e infracciones a la Ley General de Bancos y a la de Mercado de Valores, quien operaba con dos sociedades y ocho cuentas bancarias en esa jurisdicción.

Sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas estuvieron fuertemente implicadas en el colapso de la multimillonaria trama del ex banquero Bernard Madoff, protagonista en 2008 de uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Estados Unidos. En Argentina, al vendedor de seguros Eugenio Curatola se le acusó en 2007 de un fraude de más de US$90 millones en el que utilizó como vehículo una sociedad en ese paraíso fiscal.

ANTI-PARAÍSO

“Es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces se utilizan para actividades reñidas con la ley o la moral (…) lavado de dineros que provienen del narcotráfico o del crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos”, dijo Sebastián Piñera hace poco más de dos meses en una conferencia a la que fue invitado en Ecuador.

Con sus declaraciones, Piñera hizo eco de las críticas que desde abril de este año se extendieron como reguero de pólvora por todo el mundo tras las revelaciones de los “Panama Papers”. Por primera vez autoridades políticas, intelectuales y economistas coincidieron en que los paraísos fiscales le hacían un daño a la economía mundial. A ello se sumó que miles de ciudadanos salieron a las calles en distintos países cuando se enteraron por esa investigación que sus autoridades tenían refugiada su fortuna en esas jurisdicciones. El caso más paradigmático fue el del Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugssor,  quien debió renunciar por haber ocultado su fortuna precisamente en una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas.

Las palabras de Piñera colisionan con la estructura de negocios diseñada para canalizar sus inversiones a través de la sociedad que creó en 1997 en Islas Vírgenes Británicas: Bancard International Investment. También se enfrentan con un pedazo de su historia.

En los registros públicos de Panamá –uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo– aparecen dos sociedades vinculadas a Sebastián Piñera. Ambas fueron registradas en esa jurisdicción a mediados de los ’80 por el estudio jurídico Icaza, González, Ruiz y Alemán. En Chine Invesments S.A. e International Card Systems Inc., creadas en 1984 y 1985 respectivamente, figura Sebastián Piñera como director y en una de ellas aparece su esposa, Cecilia Morel, en la misma función. Las sociedades, según esos mismos registros, continúan vigentes aunque no estarían activas.

Tras estallar el capítulo Exalmar hace unos días, fue el abogado y asesor de Piñera, Fernando Barros, quien aportó con un dato clave para la estrategia de defensa del ex Presidente. De acuerdo a un artículo de La Tercera, el abogado informó a Piñera que desde hace un año las Islas Vírgenes Británicas ya no era considerado un paraíso fiscal por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

El dato que se omitió, y que hasta ahora se desconocía, fue que Bancard International Invesment Inc. había sido registrada 18 años antes –en septiembre de 1997– en Islas Vírgenes Británicas.

El argumento del abogado Barros es discutible. Recién el año pasado la OCDE incluyó a ese territorio británico de ultramar -junto a más de 70 países y territorios- en la nómina de aquellos  que cumplen en “gran medida” con estándares de transparencia e intercambio de información bancaria. En esa lista aparece las Islas Vírgenes Británicas junto a otros paraísos fiscales, como Bahamas, Islas Caimán y Seychelles.

Para el consultor de la ONG internacional Tax Justice Network, Andrés Knobel, la calificación actual de Islas Vírgenes debe ser “tomada con pinzas”. Knobel señaló a CIPER vía correo electrónico:

–Por ejemplo, la OCDE concluye lo mismo sobre Suiza y Estados Unidos, dos de los mayores paraísos fiscales del mundo. En el caso de Islas Vírgenes Británicas, aunque su secreto bancario no sea tan grave, especialmente por su participación en el intercambio automático de información, su gran problema sigue siendo la opacidad de sus compañías y fideicomisos, que no deben registrar a sus dueños. Las Islas Vírgenes incluso ofrece los famosos fideicomisos “VISTA trusts” que pueden ser utilizados de manera abusiva.

Tax Justice Network es responsable de elaborar anualmente un índice de secreto financiero, cuya versión 2015 ubica a Islas Vírgenes Británicas en el lugar N°21 (ver reporte). De acuerdo a la legislación chilena, esa jurisdicción sigue integrando la lista de paraísos fiscales o regímenes preferenciales nocivos, según el Decreto Supremo N°628 de 2003 del Ministerio de Hacienda (ver aquí).

Los registros oficiales de la Comisión de Servicios Financieros de Islas Vírgenes que CIPER obtuvo, no dan cuenta ni de los directores ni de los accionistas de la sociedad de Sebastián Piñera. De acuerdo a las leyes locales, las compañías incorporadas a esa jurisdicción no están obligadas a entregar esa información a la autoridad competente. Tampoco sus balances anuales. Quienes deben mantener esos registros son los intermediarios –bufetes de abogados– que se encargan de hacer los trámites para que, en cosa de días y a cambio de poco menos de mil dólares, las sociedades queden oficialmente registradas en ese territorio.

Pese a la importante ofensiva iniciada por la OCDE para provocar un cambio en el secretismo de los paraísos fiscales, Tórtola, capital del archipiélago británico, sigue siendo un paraíso de moda y no precisamente como destino vacacional. Entre enero y junio de este año, se han constituido allí más de 16 mil nuevas sociedades, casi 89 por día (ver aquí).

En sus últimas declaraciones a Radio Bío Bío (Concepción), el ex presidente Sebastián Piñera señaló: “Soy expresidente y siempre voy a estar comprometido con Chile (…) si quisiera dedicar mi vida a proteger los intereses patrimoniales personales o de mi familia, jamás habría sido candidato ni presidente de Chile”. Y respecto de las inversiones de Bancard International, puntualizó: “La actividad que hicimos no está reñida ni con la moral ni con la ley (…) no tengo nada que ocultar (…) todas las inversiones que se hicieron fuera de Chile son absolutamente legítimas y legales”.

DE ISLAS VÍRGENES A ARGENTINA

Bancard International Investment Inc. fue registrada en Islas Vírgenes Británicas en 1997 por la firma Overseas Management Company Trust, una de las líderes mundiales en la constitución de sociedades en paraísos fiscales. Solo semanas después Piñera se vería salpicado por los coletazos del “Caso Chispas”. A propósito de ese episodio, en noviembre de ese año, el  senador Andrés Allamand señaló al diario La Tercera: “(Los empresarios) son valiosos para la política, pero cuando entran de lleno en ella deben dejar los negocios de verdad y no de fachada”.

Aunque fue candidato presidencial en 2005, Piñera recién daría pasos para desligarse del manejo y control de su fortuna en 2009. Pero a diferencia de sus inversiones en nuestro país que, un año antes de asumir como Presidente en 2010, quedaron a resguardo de un fideicomiso ciego, las extranjeras quedaron en manos de su círculo histórico de colaboradores y de su núcleo familiar.

Road Town, Tórtola.

Fue a través de Bancard International Invesment Inc. que el 23 de marzo de 2004, Sebastián Piñera entró a la propiedad de Southern Cone Power Argentina S.A., controladora de Central Costanera, la mayor planta termoeléctrica del país vecino. Lo hizo comprando el 70% de las acciones que Latin America Holding I y II poseían hasta entonces en esa compañía. En esa misma operación Bancard se hizo propietaria también de un paquete de acciones clase B de Central Costanera, equivalentes al 1,33% de su capital social. En virtud de esa compra, Sebastián Piñera quedó como director suplente de Central Costanera y su hermano, Pablo, como titular.

El ingreso de Bancard International a la propiedad de Costanera fue informada así por un medio local: “El atractivo para los chilenos podría ser precisamente la crisis: entrar ahora y esperar que el gobierno autorice el alza de las tarifas (de gas)”. En esa misma nota, a Piñera se le define como líder de la oposición del gobierno chileno y como un empresario “conocido por su buen olfato para los negocios”.

Para entonces (marzo de 2004), los directores de Bancard International –cuya identidad se desconoce gracias a que la legislación de Islas Vírgenes lo permite- habían aprobado el aumento del capital autorizado de la sociedad en tres oportunidades. Un nuevo aumento –junto a un cambio en el número de acciones– tendría lugar el 28 de septiembre de 2009.

No hay registro de operaciones similares realizadas por esta sociedad después de esa fecha. Su capital autorizado asciende actualmente a US$102,9 millones, según los registros oficiales que CIPER obtuvo. Sin tener a la vista la contabilidad de esa sociedad, no es posible saber si ese capital tiene hoy respaldo efectivo o no.

PERÚ: MAR, AEROPUERTOS Y BEBIDAS

Según la información financiera disponible, el ingreso de Bancard International Investment a Perú es más reciente que las inversiones de Piñera a través de esa misma sociedad offshore en Argentina. En Perú –y también en Colombia– las inversiones de Piñera se canalizaron inicialmente vía el FIP Mediterráneo, entidad gestionada por Administradora Bancorp. Fue a través de este fondo que los intereses del ex Presidente aterrizaron inicialmente en Exalmar, empresa ligada a la familia peruana Matta Curotto. No podría haber sido de otra forma. Entre 2010 y 2011, la pesquera peruana realizó dos ofertas públicas de venta de acciones. En ambas, la empresa estipuló que ningún inversionista domiciliado en paraísos fiscales podía participar de la operación. Entre ellos figuraba Islas Vírgenes Británicas, domicilio de Bancard International Investment Inc.

Lo curioso es que en esa lista de paraísos fiscales, Exalmar incluyó a Panama, jurisdicción donde tiene domicilio Caleta de Oro Holding, la sociedad que la controla.

A agosto de 2012, el FIP Mediterráneo poseía el 1,74% del capital social de la pesquera. A principios de 2015, Bancard International Investment reemplazó al FIP Mediterráneo como titular de las acciones. La sociedad de Islas Vírgenes posee actualmente el 9,18% de la propiedad de la pesquera (cerca de US$ 9,3 millones).

El FIP Mediterráneo también figura como accionista de otra pesquera peruana: Austral Group S.A.A. Un reporte de la clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating de febrero de 2015, informa que en septiembre de 2014 Mediterráneo era el segundo mayor accionista de Austral Group con un 2,6% (ver aquí). Un segundo reporte de la misma clasificadora del 20 de julio de 2016 (con estados financieros auditados al 31 de marzo de este año), muestra que el titular de esas acciones es ahora Bancard International Invesment y que la participación de Sebastián Piñera en esa empresa aumentó desde el último informe a 3,58% (ver aquí).

Otra de las compañías peruanas donde Bancard International Invesment ha comprometido inversiones es Andino Investment, holding donde la sociedad de Islas Vírgenes Británicas figura en diciembre de 2015 con un 6,94% de las acciones. Andino Invesment Holding reúne a 16 empresas del ámbito marítimo, logístico y de infraestructura portuaria y aeroportuaria. Una de ellas es Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), sociedad que maneja bajo contrato de concesión los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

Andino posee además el 50% de Kuntur Wasi, consorcio encargado de construir el nuevo aeropuerto de Cuzco. Paralizado desde hace meses, el Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski –cercano a Piñera y que en 2015 figuraba como uno de los directores de Exalmar– anunció hace unos días que la construcción del proyecto podría comenzar en enero de 2017 y comprometió ayuda gubernamental para el movimiento de tierras (ver nota del Diario El Comercio).

En 1935, Corporación Lindley creó una de las marcas de bebidas más reconocidas y populares de Perú: Inca Kola. Hoy la empresa es la embotelladora oficial de Coca-Cola en ese país. El FIP Mediterráneo habría puesto los ojos sobre esta compañía en 2013. Fue a fines de ese año cuando adquirió el 11,8% de su propiedad, en una operación que habría rozado los US$60 millones.

COLOMBIA: ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y CONSTRUCCIÓN

Una de las apuestas más fuertes de Bancard International Investment es la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La sociedad de Piñera en Islas Vírgenes Británicas es hoy la mayor accionista de la BVC con un 9,93% de los títulos que allí se transan.

Los registros históricos que consultó CIPER indican que el FIP Mediterráneo adquirió en junio de 2013, cuando Piñera era aún Presidente de la República, el 1,37% de la Bolsa colombiana. Un año más tarde, Mediterráneo aumentó a 2,93% su participación. A diciembre de 2014, con Piñera fuera de La Moneda, ya se ubicaba como el quinto mayor accionista con un 3,94%. Para entonces, ya no era Mediterráneo el vehículo de inversiones, sino Bancard International Investment.

En junio de 2015, la sociedad offshore de Piñera casi duplicó su peso en la Bolsa de Colombia adquiriendo el 7,91%. Y en septiembre del mismo año se convirtió en el principal accionista de esa plaza bursátil con un 9,93%, posición que se mantiene hasta hoy.

Sebastián Piñera

A diciembre de 2015, Bancard International aparece como el propietario del 1,63% de las acciones de Terpel, la distribuidora colombiana de productos derivados del gas y petróleo. A la misma fecha, figura también como accionista del consorcio aerocomercial Avianca Holdings, con el 0,20% de su capital social. Posición similar tiene en Cemex Latam Holdings, compañía de materiales para la industria de la construcción ligada a la gigante mexicana del mismo nombre, donde al 31 de marzo de este año figura con el 0,49% de su propiedad.

El sector energético colombiano también atrajo el interés de Bancard International Investment. En diciembre de 2015, la sociedad offshore de Piñera figuraba con el 0,23% de la propiedad de Isagen, compañía que opera siete centrales de generación de energía –principalmente hidroeléctrica–, en cuatro departamentos de Colombia. Según una versión de prensa, Piñera habría vendido sus acciones en Isagen en mayo de este año. Pero información oficial no se encontró.

En abril de 2015, Termocandelaria Power Limited, controladora de las termoeléctricas colombianas Termocandelaria y Termobarranquilla, informó a la Superintendencia de Industria y Comercio de ese país la venta del 60,7% de su capital accionario. Entre los adquirientes figuran varias sociedades. Bancard International Invesment es una de ellas, aunque no se informó del monto de la transacción, ni del número de acciones compradas.

Los estados financieros que CIPER tuvo a la vista, indican que en julio de 2013 el FIP Mediterráneo poseía el 4,11% de la propiedad de la colombiana Tablemac, dedicada a la explotación maderera.

CIPER también encontró una minúscula apuesta de Bancard International, lejos de Sudamérica. Se trata del fondo de inversión escocés ASF VI L.P., creado en julio de 2013. En abril de 2014 el FIP Mediterráneo invirtió US$1.300 en ese fondo. El 3 de diciembre del mismo año, Mediterráneo transfirió el total de sus intereses a Bancard International Investment. El monto que Piñera tenía a esa fecha invertido en el fondo escocés, no aumentó.

El 7 de abril pasado, 14 grandes letras azules desaparecieron desde la pared exterior de un edificio de oficinas ubicado en un exclusivo vecindario en el norte de San Salvador, capital de la República de El Salvador. Una tras otra las letras fueron extraídas del estuco beige que cubría la pared, dejando detrás las débiles trazas del nombre de la firma de abogados que había funcionado ahí hasta solo unos días antes:

M-O-S-S-A-C-K-F-O-N-S-E-C-A

Los empleados de la filial salvadoreña del bufete de abogados Mossack Fonseca, cuyo cuartel general está en Panamá y cuya filtración de documentos expuso a la industria de los paraísos tributarios a través de más de cuatro mil reportajes, aseguraron que se trataba sólo de una reubicación.

Las autoridades salvadoreñas, sin embargo, sospechaban que algo más estaba pasando. Sólo el día antes del retiro de las molduras con las letras de Mossack Fonseca, las autoridades de El Salvador anunciaron que investigarían a los ciudadanos que habían hecho negocios con ese bufete. Y temiendo que la evidencia pudiera ser destruida, la tarde antes de que el cartel desapareciera, la policía irrumpió en las oficinas de la filial del bufete panameño. Los oficiales estaban armados y algunos de ellos usaban pasamontañas negros.

Allanamiento oficina Mossack Fonseca en El Salvador (Crédito de fotos: El Faro, Víctor Peña)

La policía salvadoreña y el procurador general se llevaron 20 computadores. Las autoridades tuitearon sobre el procedimiento mientras éste se llevaba a cabo.

El allanamiento de las oficinas salvadoreñas de Mossack Fonseca fue una de las cientos de reacciones a la investigación de los “Panama Papers”, entre las que también se pueden mencionar distintos tipos de investigaciones, multas, renuncias de altos directivos públicos, arrestos, reformas legales nacionales y encuentros internacionales.

Funcionarios públicos y activistas esperan que reacciones similares continúen en los próximos años, impulsadas por la indignación que produjeron las revelaciones de los “Panamá Papers” que apuntan a políticos y ciudadanos, y por la necesidad de iluminar un oscuro sistema financiero que, por décadas, se ha resistido a ser reformado.

Desde que el escándalo estalló a comienzos de abril de este año, cientos de periodistas de docenas de países que colaboraron en la investigación han publicado más de 4.700 artículos basados en los archivos de Mossack Fonseca, la firma de abogados de dimensiones globales que creó empresas difíciles de rastrear –empresas offshore, de fachada o de papel–,  y las puso a disposición de corporaciones, políticos y estafadores.

Las reacciones ante las revelaciones de los “Panamá Papers” comenzaron inmediatamente después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y más de 100 medios aliados publicaran la primera historia a las 2 de la tarde de la costa Este de Estados Unidos, el 3 de abril. El hashtag #PanamaPapers se transformó en top de los trending topics de Twitter. Miles de manifestantes marcharon en cuatro continentes. Las multitudes lanzaron yogurt en Islandia y piedras en Pakistán.

Como resultado, más de un tercio de todas las naciones –76 hasta el momento– han anunciado cerca de 150 consultas, auditorías o investigaciones llevadas adelante por la policía, los servicios de aduanas, los fiscales especializados en mafia y crimen organizado, por jueces y cortes, por autoridades tributarias o por comisiones investigadoras parlamentarias. Miles de contribuyentes y compañías están bajo investigación. Legisladores desde Mongolia hasta Panamá han revisado las leyes para fortalecer las zonas débiles. Y los gobiernos ya han reportado la recuperación de decenas de millones de dólares en impuestos que no habían sido declarados.

A lo largo de los cuatro continentes, la policía ha allanado bodegas, oficinas y casas. Oficiales gubernamentales en tres continentes han renunciado, incluyendo un Primer Ministro y un ministro de Energía e Industria. Ejecutivos y abogados están tras los barrotes en el Medio Este, Europa y América Latina esperando investigaciones criminales. En El Salvador la investigación está en pleno desarrollo.

La ola de reacciones no ha menguado desde abril. Los “Panama Papers” han generado al menos un efecto regulatorio o normativo al día, seguidos por nuevos artículos y peticiones de políticos y activistas que piden más investigaciones y la adopción de más medidas.

En los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos propusieron una serie de nuevas leyes y reglas para hacer más fácil el trabajo para las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley tributaria. Y también para facilitar que los reguladores de los mercados financieros puedan seguir el rastro del dinero sucio dentro y fuera de Estados Unidos.

Los oficiales del tesoro, por ejemplo, propusieron crear un Registro Nacional de Propiedad Corporativa, que despoje del velo de secreto que se tiende en estados como Delaware, Nevada y otros, y que permite esconder la identidad de los propietarios de las compañías que allí se crean. La propuesta incluye medidas que pueden hacer más fácil para los fiscales forzar a los bancos a revelar los registros de sus cuentacorrentistas y usar esa información en investigaciones de corrupción que involucren a altos oficiales extranjeros.

En un documento informativo de la Casa Blanca se dice que los “Panama Papers” “han puesto bajo los reflectores el problema de las actividades financieras ilegales y la evasión tributaria. Los ‘Panama Papers’ resaltaron la importancia de los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos tanto a nivel interno, como con nuestros aliados para enfrentar estos desafíos compartidos”.

En octubre, Ron Wyden, senador demócrata por el estado de Oregón y miembro del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, escribió al Departamento del Tesoro y a la autoridad tributaria demandando saber qué información habían obtenido esas agencias de las bases de datos difundidas por el ICIJ y sus medios aliados.

“La noticias a partir de las revelaciones de los “Panama Papers” destacan los tratos opacos que hacen compañías protegidas por el anonimato alrededor del mundo”, escribió Wyden, remarcando su preocupación sobre el uso de las firmas offshore “como vehículos usados para la evasión tributaria o posiblemente para el lavado de dinero”.

En noviembre, la Oficina Europea de Policía (Europol), reveló que al cruzar la base de datos de los “Panama Papers” con sus propios archivos, había encontrado 3.469 probables vínculos con el crimen organizado, el fraude tributario y otros delitos. Además encontraron 116 coincidencias con los archivos del proyecto Hydra, enfocado en el terrorismo islámico.

“El principal asunto aquí es que podemos vincular las compañías de la filtración de los ‘Panama Papers’ no solo con crímenes económicos como lavado de dinero, sino también con terrorismo, organizaciones criminales rusas, tráfico de droga, tráfico de personas, inmigración ilegal y cybercrimen”, declaró el jefe de la unidad de inteligencia financiera de Europol, Simon Riondet.

Dos líderes mundiales, en Argentina y Pakistán, quedaron atrapados en escándalos públicos a partir de evidencias relacionadas con los “Panama Papers”. En Argentina, el fiscal federal está investigando una empresa que el Presidente Mauricio Macri creó en Las Bahamas y que no incluyó en la información pública que debía entregar cuando fue alcalde de Buenos Aires. En Pakistán, entre tanto, la Corte Suprema está analizando una petición levantada por la oposición contra el Primer Ministro Nawaz Sharif, cuyo hijo es dueño de una empresa inmobiliaria en Londres a través de compañías creadas por Mossack Fonseca. La oposición acusó a Sharif de ocultar las conexiones de su familia con empresas offshore y de lavar dinero en el extranjero para pagar por las propiedades. Sharif y su familia han negado cualquier acto ilícito.

“Los ‘Panama Papers’ realmente sacudieron el mundo de la transparencia”, dice Porter McConnell, directora de la Financial Transparency Coalition, con sede en Washington. “El tamaño de la investigación, sumado al elevado número de personajes de alta relevancia implicados, ayudaron a mantener el tema de las compañías opacas en la agenda. Ningún gobierno quiere ser el siguiente Panamá”.

GOLPE FINANCIERO: “ENORME” IMPACTO

Durante los últimos ocho meses, muchos gobiernos han informado estar usando los datos de los “Panama Papers” para recuperar decenas de millones de dólares en impuestos no pagados y otros bienes, incluyendo mas de US$ 80 millones en Colombia, US$ 1 millón en Eslovenia y 375 lingotes de plata en Australia. Miles de millones de dólares más están siendo rastreados en investigaciones relacionadas con potenciales evasiones tributarias.

Compañías muy conocidas han sufrido las consecuencias de aparecer involucradas en la investigación de los “Panamá Papers”. Una reciente investigación académica ha mostrado que los “Panama Papers” hicieron desaparecer US$135 mil millones en el valor de cerca de 400 compañías cuyas acciones se transan públicamente y que quedaron directamente expuestas en las revelaciones. “El impacto ha sido enorme” dice Hannes Wagner, profesor asociado de Finanzas en la universidad milanesa de Bocconi y uno de los autores del estudio.

Para Wagner, el golpe financiero ocasionado a las compañías es la pérdida más grande de la historia originada en una filtración de datos o en un escándalo corporativo; más grande aún que la combinación de pérdidas producidas por el escándalo que golpeó a Enron y a Volkswagen.

Aunque la investigación no identifica empresas, una revisión del ICIJ de los precios de las acciones de un grupo de corporaciones ligadas a las revelaciones de los “Panamá Papers” y seleccionadas al azar, mostró que el gigante de los comodities Glencore y el holding británico HSBC Plc experimentaron caídas en los precios de las acciones tras el estallido del escándalo. Glencore Interational AG apareció como cliente de Mossack Fonseca. La filial del HSBC, entre tanto, estaba entre los bancos que eran más activos en solicitar empresas de fachada para sus clientes al bufete panameño.

De acuerdo a los académicos, la caída en el valor sugiere que los inversionistas creen que a esas compañías se les va a hacer difícil seguir evadiendo impuestos, y tal vez sean multadas por la evasión que cometieron.

Nordea, el mayor banco escandinavo, admitió en una auditoría interna empujada por el escándalo, que cayó “claramente bajo” sus propios estándares en muchas instancias donde debió identificar clientes riesgosos y potenciales crímenes, como lavado de dinero. El banco bloqueó 68 cuentas sospechosas pero afirmó no haber encontrado evidencia de que sus acciones hayan ayudado activamente a la evasión tributaria.

Algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo han formado equipos de respuesta para enfrentar las consecuencias de los “Panama Papers”, según una encuesta de la consultora KPMG. Varias empresas han establecido grupos de trabajo de tiempo completo con diez empleados o más, puntualiza la encuesta.

RESPUESTA NACIONAL: LEGISLACIÓN E INVESTIGACIÓN

Desde las naciones más pequeñas, como las Islas Cook, hasta India, el segundo país más poblado del mundo, muchos gobiernos están respondiendo activamente a los “Panama Papers”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la oficina del procurador para el Distrito Sur de Nueva York, iniciaron investigaciones criminales relacionadas con los “Panama Papers”. El periódico The Wall Street Journal informó que los fiscales estaban investigando si los empleados de Mossack Fonseca “conscientemente ayudaron a sus clientes a lavar dinero o a evadir impuestos”. Basándose en fuentes familiarizadas con la investigación, el diario informó que la fiscalía estaba considerando cargos criminales que podían incluir conspiración para lavar dinero, evadir impuestos y enmascarar el pago de coimas a autoridades extranjeras.

Los dueños de Mossack Fonseca han rechazado haber cometido algún delito y dijeron que la firma “nunca ha sido acusada o relacionada con comportamientos criminales”.

El Secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew, escribió al Congreso en mayo: “debemos asegurarnos de que Estados Unidos va a estar a la altura de las circunstancias en la lucha global contra le evasión”. Su agencia anunció nuevas reglas entre las que figuran un aumento de los requisitos a bancos y empresas de valores, para reforzar la obligación que tienen estas instituciones de identificar a los dueños reales de las cuentas que manejan.

La asamblea legislativa de Taiwán usó los “Panama Papers” para adoptar nuevas reglas contra la evasión tributaria. En julio el Congreso de ese país introdujo restricciones a los beneficios que disfrutaban las compañías taiwanesas para mantener sus utilidades en empresas offshore. El gobierno de Nueva Zelanda inició una investigación sobre sus normas para el tratamiento de empresas de fideicomiso después de que las revelaciones de los “Panama Papers” mostraron que la buena reputación del país estaba siendo usada como cobertura para vender instrumentos que permitían evadir impuestos. En julio, el gobierno aceptó las recomendaciones del equipo investigador y anunció una nueva legislación.

Ciudad de Panamá

En octubre, siguiendo las revelaciones de los “Panama Papers” de que algunos ex y actuales oficiales del gobierno mantenían empresas offshore, el Congreso de Mongolia debatió un proyecto de ley para penalizar a los políticos y servidores públicos que no declararan los intereses financieros que tenían en el exterior.

“El problema que ustedes revelaron se ha instalado en la agenda pública y oficialmente se ha transformado en una ley. ¡Felicitaciones!”, dijo Enkhbayar Battumur, el ministro de Justicia de Mongolia a la televisora MongolTV, uno de los aliados del ICIJ en la difusión de los “Panama Papers”.

El mismo mes, el parlamento panameño aprobó leyes tanto para endurecer los requisitos a las compañías extranjeras que operan en ese país, como para permitir a Panamá compartir información tributaria con otras naciones. Esto último es un triunfo para los países que durante años han presionado a esta nación para que revele cuáles de sus ciudadanos tienen compañías offshore. En el Líbano, otro centro financiero offshore, también se aprobó en octubre una legislación que facilita el intercambio de información tributaria con otros países, en un esfuerzo claro por evitar quedar en la  lista negra tributaria en el mundo post-“Panama Papers”.

También en octubre, el ministro de Finanzas de Irlanda citó a los “Panama Papers” en su propuesta de una nueva ley criminal para lidiar con la evasión tributaria. En noviembre, el ministro de Finanzas de Alemania introdujo una nueva legislación, bautizada como “la Ley Panamá”, que incrementará los castigos por la evasión y reforzará investigaciones sobre la relación de los negocios alemanes y compañías de fachada.

SONDAJES FISCALES: MILES BAJO ESCRUTINIO

Las autoridades de muchos países están tomando acciones directas contra ciudadanos sospechosos de haber usado empresas de fachada para reducir sus impuestos.

Actualmente se están investigando a más de 6.500 contribuyentes y compañías, de acuerdo al ICIJ y sus medios asociados, los que han reunido sistemáticamente la respuesta que han tenido las agencias públicas de todo el mundo ante las revelaciones.

Sólo en noviembre, los gobiernos de Islandia, Reino Unido, Canadá, Francia, India y Pakistán anunciaron estar examinando a cerca de 1.300 contribuyentes por potencial evasión tributaria.

En Islandia, más de 100 casos están bajo revisión y otros 46 vinculados con potencial evasión han sido remitidos a la fiscalía, de acuerdo a los reportes de los medios.

Más de una docena de allanamientos se han llevado adelante según el recuento de los medios desde abril. Las autoridades británicas revelaron que 22 personas están bajo investigación civil y criminal por evasión tributaria; y las negociaciones de otros 43 millonarios británicos con empresas offshore están bajo revisión. Compañías y propietarios en el Reino Unido también han comenzado a ser escrutados como parte de una investigación financiera al azar, según anunció el gobierno. La autoridad recaudadora canadiense, anunció que 85 ciudadanos de ese país relacionados con los “Panamá Papers” quedaron bajo investigación por evasión tributaria.

El ministro de Finanzas de Francia anunció que fueron auditados 560 contribuyentes. En India, se formó una fuerza de tarea especial para examinar las empresas offshore de 415 ciudadanos indios, haciendo que ese país sea el que tiene la investigación más extensa, según informó el diario The Indian Express.

En el vecino Pakistán, el diario The News reportó que 20 pakistaníes han sido identificados por la autoridad tributaria por no presentar declaraciones de impuestos durante el mismo periodo en que aparecen relacionados con compañías creadas por Mossack Fonseca.

RENUNCIAS: FUNCIONARIOS Y EJECUTIVOS

Las reacciones de los altos funcionarios relacionados con empresas offshore propias o de familiares y cercanos, han sido diversas. El vocero del Presidente ruso, Vladimir Putin, negó las revelaciones sobre las maniobras offshore de personas de su círculo y las calificó como un “ataque de información distorsionada” contra Rusia.

El Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tuvo la mala suerte de que su primera reacción fuera captada por un equipo de televisión: “Me estoy comenzando a sentir un poco extraño sobre este tema, pues es como si usted me estuviera acusando de algo”, dijo antes de levantarse y dejar la entrevista.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

El video con sus vagas respuestas sobre una compañía offshore que él y su esposa controlaban, fue reproducido millones de veces en todo el mundo. Antes de 48 horas, furiosas protestas y la presión política forzaron a Gunnlaugsson a renunciar a su cargo.

Otros gobiernos y funcionarios corporativos también siguieron ese camino.

Mihran Poghosyan, alto funcionario de justicia de Armenia, renunció luego de haber negado inicialmente las revelaciones de que él tenía participación en tres compañías constituidas por Mossack Fonseca. Hay una investigación criminal abierta en su contra.

En España, José Manuel Soria, el ministro de la Industria, Energía y Turismo, resistió cinco días antes de tener que dejar su puesto. Soria inicialmente negó cualquier conexión con empresas offshore, pero luego reconoció el rol de su familia en una compañía en el Reino Unido. En su renuncia, Soria negó haber actuado ilegalmente. Atribuyó su salida a una “sucesión de errores” en sus respuestas ante este asunto.

La máxima autoridad del banco estatal austriaco, Hypo Landesbank Voralberg, renunció luego de que el banco fuera citado en reportajes de los “Panama Papers”. En Holanda, un miembro del consejo de supervisión del Banco ABN Amro, el tercero más grande del país, renunció luego de que periodistas alemanes informaran sobre sus vínculos con una compañía offshore en la Islas Vírgenes Británicas.

En octubre, el jefe del organismo regulador de los bancos en Taiwán, Ding Kung-wha, renunció luego de que las autoridades norteamericanas multaran a los bancos de ese país en US$180 millones por su “flagrante indiferencia” ante las leyes contra lavado de dinero.  El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, identificó “transacciones sospechosas” entre la filial del banco taiwanés en Nueva York y sus brazos en Panamá, destacando la relación del banco con Mossack Fonseca.

Juan Pedro Damiani, abogado uruguayo y miembro del comité de ética de la FIFA, renunció a raíz de informes que mostraban que tenía negocios con tres acusados de escándalos de corrupción en el mundo del fútbol. Una compañía finlandesa despidió a su gerente de ventas en respuesta a las revelaciones de que él podía haber ayudado a lavadores de dinero ruso a través de una compañía panameña de fachada.

EN LA MIRA DE LAS AUTORIDADES

El 5 de octubre, el abogado Ramón Fonseca, uno de los fundadores de la firma que está en el corazón de las revelaciones de los “Panama Papers”, visitó Momi, una conocida panadería en ciudad de Panama, famosa por sus empanadas y cupcakes. Fonseca, quien es además un premiado novelista y era asesor del presidente de su país, Juan Carlos Varela, hasta poco antes de estallar el escándalo, quería remarcar con esa visita un hecho especial.

“Comprando una torta para celebrar seis meses desde el hackeo de mi empresa, sin que en ninguna parte del mundo se haya entablado un juicio contra nosotros”, escribió Fonseca en su Twitter.

A pesar de su buen ánimo, la firma que fundó hace 40 años, no ha salido sin daños del escrutinio de sus clientes y de sus prácticas.

El presidente Varela defendió a su país desviando la atención hacia la firma de Fonseca, recordando a los reporteros que los “‘Panama Papers’ no se refieren al país, se refieren a la firma legal Mossack Fonseca”.

En octubre, hablando ante reporteros del periódico alemán Süddeutsche Zeitung, Varela dijo que Fonseca, su ex asesor, “tendrá que hacerse responsable por sus acciones y en última instancia, enfrentar a la justicia”.

Ramón Fonseca (Fuente: portadapanama.com)

La comisión panameña que regula la banca y a las aseguradoras está actualmente conduciendo una auditoría y la fiscal general Kenia Porcell está investigando si Mossack Fonseca facilitó o promovió actividades ilegales. La fiscal allanó el cuartel general de Mossack Fonseca dos veces en abril. En una de esas ocasiones, se llevaron bolsas de basura llenas de papel triturado. En septiembre, un juez panameño rechazó la petición de Mossack Fonseca de que los allanamientos dirigidos por el fiscal especial contra el crimen organizado, Javier Caraballo, eran ilegales.

La oficina de la fiscal Porcell ha informado que se han hecho 16 visitas y se han emitido más de 500 solicitudes a instituciones financieras y firmas legales como parte de esta investigación.

Desde abril, Panamá ha hecho 21 peticiones de ayuda y asistencia legal relacionada con los “Panama Papers” a más de una docena de países, incluyendo México, Guatemala, Suiza, Ucrania, Senegal y Alemania. Oficiales públicos panameños se han reunido con fiscales y diplomáticos de nueve países desde abril, incluyendo reuniones con autoridades estadounidenses en septiembre.

A medida que la presión ha crecido, las oficinas de  Mossack Fonseca alrededor del mundo han comenzado a estar bajo fuego. Nueve de ellas fueron cerradas según reportes de prensa y registros corporativos: en Jersey, Isla de Man, Gibraltar, Perú, Sao Paulo, Holanda, Nueva Zelanda, Lugano, Suiza y Nevada.

En este último estado, la autoridad multó a la filial de Mossack Fonseca en Las Vegas por no mantener sus papeles actualizados y en orden. En Wyoming, las autoridades estatales cursaron una multa de US$ 9.600 a la filial instalada en Cheyenne acusándola de mostrar un “evidente desprecio por la ley” y “fallar en cumplir debidamente” su deber de identificar en sus archivos a las personas detrás de cualquier empresa de Wyoming que ellos representen.

Las autoridades en las Islas Vírgenes Británicas multaron a Mossack Fonseca con US$31.500 en abril y luego con otros US$ 440.000 en noviembre, por 14 violaciones a las normas que debilitaron el control de las actividades de lavado de dinero y de financiamiento terrorista. Es la multa más alta que se ha cursado jamás en las Islas Vírgenes Británicas contra un agente comercial registrado.

ARRESTOS: DESDE VENEZUELA A ISRAEL

Un ex representante de Mossack Fonseca, la abogada venezolana Jeannette Almeida, se encuentra actualmente detenida en una prisión militar en Caracas, a la espera de juicio por violación de leyes bancarias.

Su familia alega que está siendo usada como chivo expiatorio, afirmando a la web de noticias La Patilla, que ella solo creó empresas offshore para clientes, pero no es la propietaria de esas empresas. Su abogado acusó en una entrevista que ella está detenida mientras “las personas realmente involucradas en este caso”, han salido sin castigo.

La policía venezolana también arrestó a la madre y al hermano de Adrián Velásquez, un ex guardaespaldas de Hugo Chávez. Velásquez se transformó en director de una compañía offshore creada por Mossack Fonseca cuatro días después de la elección del actual Presidente Nicolás Maduro.

El Ministerio Público de Venezuela anunció que los familiares de Velásquez fueron arrestados en un aeropuerto y que se  incautaron autos, motocicletas y cajas de joyas vacías. Velásquez y su esposa –una enfermera que asistió a Hugo Chávez por el cáncer que lo llevó a la muerte en marzo de 2013 y que también fue jefa de la Oficina del Tesoro venezolano–, viven en República Dominicana. La madre de Velásquez y su hermano han sido liberados.

En Uruguay, autoridades arrestaron a 11 personas en abril a raíz de los reportes que las ligaban al hermano de uno de los máximos jefes de la droga de México, a través de empresas de fachada creadas por Mossack Fonseca. En Israel, dos ejecutivos de empresas de inversiones fueron arrestados bajo la sospecha de que no habían declarado cientos de miles de dólares que mantenían en sociedades offshore. Estos arrestos fueron los primeros desde que las autoridades comenzaron a investigar los “Panama Papers”.

En noviembre, las agencias contra el crimen en el Reino Unido arrestaron a tres empleados de importantes bancos, en lo que los medios británicos calificaron como “el más grande escándalo de información privilegiada en el país”. Las autoridades no hicieron comentarios sobre estas detenciones, a pesar de que ocurrieron días después de que el gobierno revelara que los “Panama Papers” habían sido usados para investigar “una gran operación de información privilegiada”.

“MANOS A LA OBRA”

Dos días después de los primeros artículos de los “Panama Papers”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad intergubernamental que lidera el debate global sobre impuestos, llamó a una reunión de emergencia en París. Mark Konza, comisionado adjunto de impuestos de Australia, presidió la reunión que congregó a autoridades gubernamentales de servicios tributarios de 35 países.

Konza dijo que después de que los “Panama Papers” irrumpieran en escena, su jefe le dijo: “Mark, tienes que encargarte de esto. La noche siguiente estaba en un avión rumbo a Paris por 24 horas y entré directo a la sala de conferencias”. Allí había 80 personas. Uno a uno, los representantes entregaron noticias respecto de qué sabían y no sabían acerca de los “Panama Papers”. “Mi principal impresión fue que cada uno estaba recibiendo mucha presión política para que se hiciera algo y para dar la señal a sus países de que este problema iba a ser enfrentado”.

Desde entonces, muchos gobiernos en el mundo tomaron acción. El parlamento europeo acordó en junio establecer un comité de 65 miembros para investigar posible lavado de dinero y evasión tributaria.

“Las revelaciones de los ‘Panama Papers’ mostraron que es muy fácil esconderse detrás de esas complejas estructuras”, señaló el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, quien propuso lanzar una lista negra de paraísos fiscales europeos para 2017.

También en junio, el Reino Unido revivió una propuesta de 2013 para crear un registro público de los beneficiarios de sociedades de fachada. En la Cumbre Global Anticorrupción celebrada el mes anterior (mayo) en Londres y en la que los “Panama Papers” fueron protagonistas, Nigeria, Gana, Kenia y Afganistán se comprometieron a hacer lo mismo y unirse a una lista creciente de países, de acuerdo a la Coalición por la Transparencia Financiera.

EL CAMINO HACIA ADELANTE: “DISPOSICIÓN A ACTUAR”

Aunque los efectos de los “Panama Papers” continúan, funcionarios públicos y asesores advierten que el progreso en esta materia no está garantizado y que introducir cambios duraderos implicará una larga batalla.

De hecho, algunos gobiernos han obviado totalmente algún tipo de reforma. Siete de los 10 países en los que actuales o antiguas altas autoridades (presidentes o ministros) aparecieron vinculadas a los “Panama Papers” han permanecido en silencio o han rechazado abrir investigaciones, incluyendo Arabia Saudita, Qatar y Ucrania. En este último país, el parlamento rechazó la propuesta de crear una comisión investigadora.

“Algunos gobiernos han impulsado nuevos compromisos sobre transparencia, mientras otros se han limitado a encogerse de hombros. Hasta que medidas básicas de transparencia financiera no lleguen a ser una norma en todo el mundo, me temo que estaremos en un círculo perpetuo de hacer política a través de filtraciones”, dijo la directora de la Coalición por la Transparencia Financiera, Porter McConnell.

Aún así, los defensores de la transparencia financiera esperan que la presión pública, detonada por los “Panama Papers”, empuje a los gobiernos a pelear por una solución global frente a los problemas que plantea el secreto de los territorios offshore.

“Por décadas hemos sabido de la existencia de los paraísos fiscales y nuestras autoridades electas lo han tolerado”, dijo Alfred de Zayas, experto en derechos humanos de Naciones Unidas, quien recientemente publicó un reporte sobre el impacto de la evasión tributaria y el secreto financiero en los derechos humanos. Ahora, con los “Panama Papers”, los gobiernos y organizaciones internacionales están tomando el asunto más seriamente, cree de Zayas: “Soy optimista. Por primera vez, presiento que hay cierta disposición a actuar”.

Colaboraron en esta historia: Jimmy Alvarado, Kristof Clerix, Lkhagva Erdene, Michael Hudson, Sol Lauria, Joseph Poliszuk y Ewald Scharfenberg.

Traducción: CIPER CHILE

Vea también: “Las operaciones de la familia Pinochet para proteger la herencia inmobiliaria del dictador“

A diez años de la muerte de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, el monto real de la fortuna que logró acumular y ocultar el dictador en el extranjero, sigue siendo un misterio. El Caso Riggs, el juicio que investigó el origen de esa fortuna, cerró en mayo de 2015 con una “verdad judicial” que debe ser corroborada por la Corte Suprema: el patrimonio acumulado por el dictador asciende a US$21,3 millones, de los cuales US$17,9 millones habrían sido obtenidos ilegalmente.

Pero esa es solo la “verdad judicial”. Además de las hebras que conducían a la participación de Pinochet en las comisiones de compra y venta de armas y que nunca se investigaron debidamente, existe otra área gris que desmiente el monto final de esa fortuna.

CIPER investigó el cuantioso patrimonio inmobiliario que adquirió Pinochet con dineros mal habidos y los que heredó a su familia, y descubrió que su valor real asciende actualmente a $18.914 millones (unos US$28 millones). Detrás de una maraña de transacciones y sociedades aparecen nuevos personajes y montos que sorprenden.

La cifra corresponde a la suma de las tasaciones comerciales de 26 propiedades que fueron adquiridas con fondos cuyo origen está en parte en los “Gastos Reservados” de los que se apropió Pinochet siendo jefe de Estado y comandante en jefe del Ejército.

Todas esas propiedades siguen registradas a nombre de Pinochet, de sociedades que creó en paraísos fiscales, o de algunos de sus familiares directos.

Y hay más. Porque el cálculo de la fortuna que Pinochet heredó a sus descendientes, debiera considerar el producto de la venta de nueve inmuebles que CIPER rastreó. Esos inmuebles, enajenados por su familia, fueron adquiridos con fondos fiscales malversados (“gastos reservados”) o bajo sospecha de provenir de comisiones por compra y venta de armas en las que participó el dictador.

Los registros revisados por CIPER en diferentes conservadores de bienes raíces indican que las ventas de esas nueve propiedades suman un valor nominal de $2.101 millones, cifra que equivale a unos US$3,1 millones. Ese monto actualizado arroja $2.747 millones (US$4 millones) (vea la Tabla 1, con el detalle de las propiedades ya vendidas). Solo contabilizando los valores inmobiliarios corregidos, la fortuna se amplía.

Augusto Pinochet, Lucia Hiriart y familiares

Pero hay más. Porque habrá que agregar próximamente la cifra total que obtuvo la viuda del general, Lucía Hiriart, de los bienes que el Estado cedió a CEMA Chile (vea el reportaje de CIPER), institución que ha vendido parte de ese patrimonio de origen fiscal en, al menos, $6.300 millones (cerca de US$9,3 millones).

En el juicio que investiga los bienes de CEMA de los que se apropió ilícitamente quien fuera su única presidenta desde 1973, Lucía Hiriart (93 años) fue citada a declarar en los próximos días. A la venta de inmuebles cuyos montos fueron a destino desconocido, se agregan ahora otros dineros de CEMA que fueron entregados a Lucía Hiriart para solventar sus gastos en Londres cuando el dictador fue detenido en esa ciudad (1998).

La fortuna de los Pinochet Hiriart no está compuesta únicamente por inmuebles. También hay más de US$5 millones (unos $3.350 millones) en depósitos y vale vista del Banco de Chile, del Banco Estado y del BankBoston que la justicia mantiene bajo embargo. Si el fallo del Caso Riggs –que ya entró en su recta final– es favorable a la familia del dictador, todos esos dineros pueden volver a sus manos.

La sentencia del Caso Riggs fue dictada en mayo de 2015 por el ministro Manuel Antonio Valderrama, quien condenó a seis oficiales en retiro por malversación de fondos (desviar “gastos reservados” para el uso personal de Pinochet) y ordenó el “comiso” (entrega al Fisco) de 24 propiedades, tres vehículos y de los ya mencionados instrumentos bancarios por US$5 millones (vea el detalle de los bienes en comiso). El fallo está siendo revisado por la Corte de Apelaciones, donde según pudo comprobar CIPER, ya se encuentra en etapa de acuerdo (vea la sentencia completa del ministro Valderrama).

Además, la investigación judicial determinó que los ingresos totales de Pinochet entre 1973 y 2003 sumaron más de US$21,3 millones y que el 84% de esa cifra no tenía justificación: US$17,9 millones. Así, el patrimonio con aval en sus ingresos legales alcanza a US$3,4 millones, que corresponde a la suma de todos los ingresos del general (US$1,4 millón en cifras nominales) y de los eventuales intereses que este último monto le pudo generar (los que se calculan en unos US$ 2 millones).

La tarea de establecer el volumen total de la fortuna que quedó a disposición de los herederos de Augusto Pinochet topa con un duro escollo: de todos los recursos que circularon por las cuentas y sociedades del general, la investigación judicial aún no encuentra rastro del destino de US$5,4 millones.

EL MISTERIO DEL FUNDO EN MELIPILLA

Entre las operaciones inmobiliarias oscuras y desconocidas realizadas por Pinochet, está la compra y venta de un enorme fundo ubicado en el cruce Las Arañas, en San Pedro de Melipilla. El Fundo Lincoyán, de 150 hectáreas, fue adquirido en 1989 por su hijo Augusto Pinochet Hiriart. Las escrituras indican que el hijo del dictador pagó $37 millones al contado.

Aunque Pinochet Hiriart declaró que el dinero provenía de una de sus cuentas en Estados Unidos, el que fuera auditor del Ejército, Juan Romero, aseguró en el juicio del Caso Riggs que en realidad el fundo lo pagó su padre, quien era el propietario real. En una de sus confusas declaraciones, el propio Pinochet Ugarte dijo que él lo había comprado y que luego con el dinero de su venta había adquirido Los Boldos.

Como había problemas con la hipoteca, Pinochet hizo gestiones ante el entonces gerente general del Banco del Estado para arreglar el problema. Y luego le pidió a Juan Romero que creara una sociedad para traspasárselo. En 1990, la Sociedad Agrícola Santa Gemita fue inscrita por el coronel (r) de Inteligencia del Ejército, Yosip Uros Domic Bezic, el abogado Gastón Navarrete Morales, y el analista de sistemas Raúl Francisco Rivas Pinto. Fue una sociedad pantalla, pues el verdadero dueño era Pinochet.

Romero afirmó que también participaron en Santa Gemita otras personas de confianza del dictador: Hernán Novoa Carvajal, Osvaldo Hiriart y su nieto Hernán García Pinochet, quien era el destinatario real del fundo y asumió como gerente general.

Santa Gemita compró el fundo de Melipilla en enero de 1991 en $30 millones, según la escritura. Fue el mismo Juan Romero quien aclaró que ese fue solo un monto nominal, pues no hubo pago real. En diciembre de 1992, la sociedad vendió el Fundo Lincoyán a Inversiones Fernández Limitada por $71,5 millones.

Casa en los Boldos

Los 26 inmuebles adquiridos con fondos que están bajo investigación fueron tasados a petición de CIPER por una de las más reputadas oficinas del rubro inmobiliario, cuyos profesionales pidieron mantener en reserva sus identidades. La tasación se efectuó mediante un software al que se ingresan los roles tributarios de las propiedades y que considera diversos factores de mercado, especialmente las ventas en sitios aledaños (vea la Tabla 2 con el valor de las propiedades que siguen en manos de los Pinochet).

De estas 26 propiedades, 23 están bajo embargo en el Caso Riggs, porque aún figuran a nombre del general y de dos sociedades –Belview y Abanda– que él mismo ordenó crear y cuyas matrices se constituyeron en paraísos fiscales.

Hoy, a diez años de la muerte de Pinochet y a 12 de que se descubrieran sus cuentas ocultas, las tasaciones comerciales de 23 inmuebles bajo embargo alcanzan un monto global de $4.936 millones (cerca de US$7,3 millones). En esta suma CIPER no incluyó un fundo en la comuna de Lago Ranco, aunque también está en la nómina de los bienes embargados, porque no hay información concluyente sobre su tasación actual. Ese predio fue adquirido por Pinochet en $22 millones en 1992 y actualmente tiene un avalúo fiscal de $60,8 millones.

LAS COMPRAS DE BELVIEW

Los US$17,9 millones que acumuló y ocultó Pinochet en el exterior, y cuyo origen no pudo justificar en la investigación del Caso Riggs, constituyen uno de los principales hallazgos en la indagatoria de ese juicio. Fue entonces que cayó bajo la lupa de Sergio Muñoz, uno de los jueces investigadores más acuciosos, el millonario pozo de los “Gastos Reservados” que el dictador tuvo a su disposición como jefe de Estado y comandante en jefe del Ejército.

El exhaustivo cruce que hizo el primer ministro en visita del Caso Riggs entre las cuentas de los oficiales que estuvieron a cargo de esos fondos, y las que Pinochet mantenía en el exterior, permitió descubrir la fórmula que utilizó el general para sacarlos del país y luego ingresarlos e incrementar su patrimonio.

Los traspasos desde las cuentas de los oficiales que manejaban los dineros de la Casa Militar –y también los de la Secretaría General del Ejército– a cuentas que Pinochet abrió en el exterior, fueron cayendo en cascada. Y si bien hubo muchas compras y montos cuyo destino final no se pudo precisar, al final los peritajes llegaron a una cifra de los montos malversados: US$6,4 millones.

Seis altos oficiales del Ejército fueron condenados por esta arista del Caso Riggs, a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos provenientes de los “Gastos Reservados”. Pinochet fue sobreseído, pero no por ser inocente de este desfalco, sino porque murió mientras el juicio se desarrollaba.

Los oficiales condenados por el ministro Valderrama (apelaron al fallo), son: Jorge Ballerino, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Vergara Cifuentes, Sergio Moreno Saravia, Juan Mac Lean y Eugenio Castillo Cádiz. Todos tuvieron a su cargo cuentas en el Banco Riggs en las que se depositaron fondos destinados a “Gastos Reservados” de la Comandancia en Jefe del Ejército y de la Casa Militar.

Un peritaje de académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que analizó las cuentas bancarias que abrieron nueve personas (todos jefes de la Casa Militar y secretarios privados de Pinochet) fue clave para el fallo de Valderrama.

Casa en Los Flamencos, La Dehesa

Determinar en qué uso Pinochet los dineros cuyo origen no pudo justificar durante el juicio, fue otra de las aristas de investigación del Caso Riggs. En los hallazgos quedó plasmada la impronta de dos jueces que hoy integran la Corte Suprema: Sergio Muñoz y Carlos Cerda.

Una parte de los dineros defraudados al Fisco por el dictador fue traspasada a Belview International Inc., una sociedad que Pinochet creó en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y que convirtió en su principal vehículo para la compra encubierta de inmuebles. Las operaciones inmobiliarias de la familia Pinochet Hiriart se incrementaron cuando en agosto de 1991 se inscribió en Chile una subsidiaria: Belview Internacional.

Desde su constitución en Chile, Belview fue el epicentro de maniobras dolosas, pues su capital inicial se pagó con US$100 mil provenientes de fondos públicos, depositados por Sergio Moreno Saravia, entonces secretario general del Ejército, quien a su vez los recibió de José Miguel Latorre, a esa fecha secretario personal de Augusto Pinochet.

La escritura de constitución de Belview Internacional fue descubierta en 2004 por la revista Siete+7. Allí quedaron para la historia los dos nombres que sirvieron de pantalla a Pinochet para su sociedad encubierta: Óscar Aitken Lavanchy, entonces albacea de Pinochet, quien suscribió el 99% de las acciones; y Axel Buchheister Rosas, quién figuró con el 1%. Aitken declaró que Belview se constituyó en Chile con el objeto de realizar negocios inmobiliarios y “facilitar la asignación hereditaria” de la familia Pinochet. Un eufemismo de su verdadero fin: eludir el impuesto a la herencia.

El 9 de agosto de 1991, tres días después de su constitución en Chile, Belview inició su tarea: le compró un departamento en Reñaca al ex director de la CNI, general (r) Hugo Salas Wenzel, condenado en 2007 por el asesinato de 14 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la Operación Albania. Belview pagó $28,3 millones por el departamento ubicado en el edificio Los Maitenes (Reñaca). En 1998 lo vendió en $42 millones, al ahora senador Francisco Chahuán (RN).

A esa primera compra de 1991, le seguirían otras 11 transacciones inmobiliarias realizadas por Belview en su afán de “facilitar la asignación hereditaria”:

• En 1994, Belview compró un departamento, de propiedad de Lucía Hiriart, ubicado en General Gorostiaga Nº 509 (Ñuñoa), en $40 millones y lo vendió tres años más tarde (1997) en $28 millones.

• También en 1994, Belview adquirió la parcela Los Boldos, propiedad de Augusto Pinochet, para venderla dos años después (1996) al mismo Pinochet, pero esta vez junto a su esposa y sus cinco hijos.

• En 1995, Belview compró dos departamentos en Iquique, en avenida Playa Chipana Nº 2040, los que uniría para convertirlos en su residencia en una de sus ciudades favoritas. El N° 602 le costó $75,2 millones, y el N° 603, $47,4 millones. En total, la operación le significó un desembolso de $122,6 millones. Cuatro años más tarde, se utilizó nuevamente Belview para una transacción en ese mismo edificio: en 1999, le compró a Pinochet en $65 millones el departamento 601, el mismo que el general había adquirido en 1995.

• En 1997, Belview compró en $55 millones el departamento 401 de calle Las Nieves Nº 3850 (Vitacura), propiedad de Lucía Hiriart. Seis años más tarde (2003), lo vendió en  $40,7 millones ($15 millones menos) a la sociedad Cornwall Overseas, también relacionada con negocios de Pinochet en el extranjero y administrada por Óscar Aitken.

• En 1997, Belview compró el departamento 402 de avenida Kennedy Nº 9962 (Vitacura), en $34 millones.

• Y, finalmente, en 2003 adquirió el departamento 31 de calle Bartolomé de Las Casas Nº 1747 (Vitacura) en $54 millones, una tercera parte de su valor comercial.

ABANDA FINANCE Y GLP LIMITED

Belview no fue la única sociedad alojada en un paraíso fiscal a través de la cual Pinochet y su familia utilizaron dineros del Estado de Chile (“Gastos Reservados”) para realizar operaciones inmobiliarias en su beneficio. Abanda Finance fue constituida en 1997 también en Islas Vírgenes Británicas por Óscar Aitken, por mandato de Augusto Pinochet.

Dos años después de su creación (1999), Abanda compró otro departamento en Reñaca para Pinochet (con bodega y tres estacionamientos). Por el departamento 301 del Edificio Torremolinos V (Las Golondrinas Nº 1169), se pagaron $214,8 millones.

Un día antes de adquirir el nuevo departamento en Reñaca, Abanda Finance recibió una transferencia de US$400 mil desde otra sociedad que Pinochet había creado en Islas Vírgenes: Eastview Finance. El 15 de noviembre de 1999 Abanda recibió la remesa enviada a Chile por Monex Agencia de Valores. Con esos US$400 mil –que al cambio de la época equivalían a unos $218 millones– se pagaron los $214,8 millones que costó el departamento en Reñaca.

Ese es el único movimiento que registró la cuenta de Abanda cuando se inició la investigación del Caso Riggs, en 2004. En su fallo, el ministro Valderrama asegura que la finalidad de estas transacciones fue “encubrir al verdadero propietario de los inmuebles”.

El entonces albacea Aitken admitió ante el tribunal que Abanda fue creada “para resguardar los bienes del señor Pinochet, encomendados al abogado Ambrosio Rodríguez”. Y afirmó que el dueño de Abanda era Belview, es decir, Augusto Pinochet Ugarte. Por lo mismo, dijo, el departamento de Reñaca debía considerarse como otra propiedad de Belview.

Lucía Hiriart y Augusto Pinochet

En sus largos interrogatorios, Óscar Aitken debió reconocer las hebras que llevaron a descubrir una tercera sociedad de Pinochet en el extranjero y que él mismo administraba: GLP Limited. “Con fondos del orden de US$6 millones se suscribió un contrato de inversión en Lehman Brothers a nombre de la empresa GLP”. De ese monto, dijo, se enviaba regularmente una cantidad a Pinochet, a su esposa y a sus cinco hijos. Aitken le adjudicó a su eficiente manejo del dinero –a través de la compraventa de valores e intereses que ganaba GLP– el incremento de los dineros que Pinochet ocultó en dicha sociedad.

En GLP Limited, Aitken actuó con un mandato de fideicomiso y debía entregar mensualmente los fondos que se repartían entre Pinochet, su esposa y sus hijos. Por esa función y por su rol de albacea y asesor en las otras sociedades que Pinochet creó en el exterior, algunas de ellas relacionadas con venta y compra de armamento, Aitken era un asiduo visitante de la residencia de los Pinochet Hiriart en Los Flamencos. Sobre cómo ejercía Pinochet el control sobre esas inversiones, Aitken afirmó ante el juez:

“El general requería que las conversaciones se realizaran a solas, para que su cónyuge no tomara conocimiento en detalle de sus inversiones. Y, en el evento que la señora Lucía permaneciera en el living cuando le rendía cuentas, me hacía un gesto o me decía que el tema lo veríamos después, ponía término a la audiencia y me citaba para conversar en el inmueble que ocupaba la Agrupación de Seguridad, en calle Málaga”.

En su sentencia, el ministro Valderrama estableció que “la malversación de caudales públicos” realizada por los seis oficiales condenados en el Caso Riggs, dio paso “a abrir cuentas en el extranjero que permitieron hacer traspasos de los dineros del erario nacional, con los que un tercero, también funcionario público (Pinochet) , compró propiedades, abrió sociedades, solventó gastos de su familia y abrió sociedades fiduciarias, como la sociedad GLP Limited, cuyos dineros se entregaban a los familiares de Augusto Pinochet”.

De allí que la gran casa en Lo Barnechea que compró Jacqueline Pinochet en 2003, con dineros provenientes de GLP, debe ser considerada parte del patrimonio acumulado ilegalmente por la familia. Pese a ello, no fue incluida en el embargo.

En sus movimientos financieros, GLP Limited utilizó una cuenta del Banco de Chile en Nueva York y otra de corretaje en Lehman Brothers, ambas abiertas en noviembre de 2002. Un año después, parte de los fondos que allí ocultó Pinochet, sirvieron para comprar la casa de calle Los Trapenses Nº 4122 (Lo Barnechea), por 11.562 UF ($195,8 millones de esa fecha). Era julio de 2003 y el inmueble se inscribió a nombre de Jacqueline Pinochet Hiriart y de sus hijos: María José y Constanza Martínez Pinochet, y Sofía y Jaime Augusto Amunátegui Pinochet.

Hicieron un buen negocio: en 2012 la casa de Los Trapenses se vendió en 18.000 UF ($406 millones a la fecha). La venta se hizo poco antes de que la hija menor de Pinochet contrajera por cuarta vez matrimonio, con Jorge Castaño Tasville.

GLP repartió fondos entre los Pinochet Hiriart desde octubre de 2002 hasta julio de 2004. Augusto Pinochet recibió US$ 265 mil, la misma cantidad obtuvo Lucía Hiriart, mientras que cada uno de sus hijos recibió US$75 mil. En total, se repartieron US$905 mil, cantidad a la que se suma un retiro extraordinario que hizo el general por US$232 mil (vea el cuadro con el detalle de los dividendos)

LAS JOYAS DE LA CORONA

Han transcurrido diez años desde que el dictador falleciera y la decisión que dejó a Los Boldos fuera del embargo que pesa sobre los bienes adquiridos por la familia Pinochet con fondos no justificados, es un triunfo que los Pinochet Hiriart han sabido aprovechar.

Una de las joyas inmobiliarias del dictador se salvó del brazo de la justicia, porque ya no figuraba a su nombre cuando se inició el Caso Riggs.

El campo de Los Boldos, de 51 hectáreas, está ubicado cerca de la Hacienda Bucalemu, que fue propiedad del Ejército hasta hace muy poco, y aledaño a Rocas de Santo Domingo. Allí se construyeron cuatro casas, una capilla (donde se supone están las cenizas de Pinochet), jardines, parque y un bosque maduro de eucaliptus de alto valor comercial que cubre gran parte del terreno. Su tasación comercial actual alcanza a los $13.414 millones (unos US$19,8 millones).

Fue una gran inversión si se considera que el general lo compró en 1994 en $34 millones y que la casa que se hizo para él fue construida por suboficiales del Ejército en horas de servicio. Así lo consigna en su fallo el ministro Valderrama:

“En Los Boldos, Augusto Pinochet hizo construir una casa de 472,19 mts2, cuyo costo a la época, alcanzó los $184 millones, valiéndose para ello de personal destinado a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile, durante su jornada de servicio público”.

Originalmente, la propiedad quedó a nombre de Lucía Hiriart, pero en régimen de sociedad conyugal. Solo meses después de la compra, la parcela fue vendida en $80 millones a la subsidiaria chilena de una sociedad creada en Islas Vírgenes por Pinochet: Belview International. Dos años después, en 1996, Belview la vendió en $84 millones a Pinochet, a su esposa y a sus cinco hijos, en partes iguales. Así, burlaron el pago del impuesto a la herencia.

En 1999, detenido en Londres y acosado por el embargo que intentaba imponerle el juez español Baltasar Garzón, Pinochet liquidó su sociedad conyugal. La operación, ejecutada por el abogado Ambrosio Rodríguez, adjudicó a Lucía Hiriart la séptima parte de Los Boldos que pertenecía a su marido (ver liquidación de la sociedad conyugal). Así, ella quedó con dos séptimos de la parcela y cada uno de sus hijos con un séptimo. Y lo más importante: el nombre del general fue borrado de las escrituras de la propiedad.

Quienes conocen la trama interna del Caso Riggs, afirman que fue precisamente la liquidación de la sociedad conyugal lo que hizo que el entonces ministro en visita del caso, Sergio Muñoz, decidiera dejar a Los Boldos fuera del embargo. Y ello, porque al no figurar ya Pinochet como propietario, era muy plausible que la corte echara abajo los embargos, sembrando con ello dudas sobre la solidez de su investigación.

Sede de la Universidad San Sebastián en la ex casa de El Melocotón

La liquidación en urgencia de la sociedad conyugal dio sus frutos. En 2015 la viuda y sus hijos “vendieron” Los Boldos a varios nietos de Pinochet en $61 millones, muy por debajo de la tasación comercial (ver reportaje de CIPER). Una operación que, por su diseño y montos, buscaría eludir el impuesto a la herencia. Y también, dejarla a salvo de las demandas tributarias en curso o de eventuales demandas civiles por el enriquecimiento del general a costa de recursos públicos.

Otro de los bienes que la familia Pinochet logró dejar fuera del embargo, es uno de los tres terrenos que componían El Melocotón (Cajón del Maipo), donde Pinochet construyó una casa de descanso en 1983. Ese paño, tasado en $233,9 millones, fue cedido por Pinochet en diciembre de 2002 a uno de los hijos de su hija Lucía, Hernán García Pinochet, supuestamente en pago de una deuda. En la escritura respectiva, la cesión se justificó con el argumento de que Hernán García Pinochet se habría desempeñado desde 1988 como “administrador y supervigilante” de los inmuebles de El Melocotón, sin recibir las remuneraciones adecuadas.

Los que no se salvaron del embargo fueron los otros dos paños de El Melocotón y cuyas tasaciones comerciales actuales suman $3.276 millones. A pesar de la medida judicial, la familia obtiene de allí una renta mensual, ya que los arrienda a la Universidad San Sebastián. En la residencia secundaria que ocupó por años Pinochet, la USS instaló su Centro de Montaña.

La tercera joya inmobiliaria de la familia que la liquidación de la sociedad conyugal salvó del embargo, es la casa que el matrimonio Pinochet Hiriart construyó en La Dehesa, en calle Los Flamencos. Esa residencia, la última que ocupó el matrimonio, fue adjudicada a Lucía Hiriart en esa liquidación. Los cuatro paños de terreno originales –que sumaron 3.300 m²– fueron comprados por Pinochet entre 1989 y 1990 por un total de $71 millones.

El boom inmobiliario de La Dehesa hizo que la inversión se convirtiera en una pequeña fortuna: en 2014 Lucía Hiriart vendió el inmueble de Los Flamencos en $1.351 millones. La viuda se trasladó a un departamento en el sector de Valle del Monasterio, también en La Dehesa, por el que pagó $329 millones.

El año pasado, la viuda de Pinochet “vendió” el departamento en el cual vive a cinco de sus nietos en apenas $120 millones. La transacción es una de las últimas piezas del salvataje exitoso de la herencia del dictador.

María Soledad Olave Gutiérrez (54 años) es la única familiar política de Augusto Pinochet que ha estado procesada en la investigación del origen de la fortuna que ocultó el dictador. Frente a las medidas adoptadas en tribunales, ella ha respondido con dureza afirmando que se trata de una persecución judicial contra la familia de su esposo, Marco Antonio Pinochet Hiriart. A nueve años de haber sido sobreseída en el juicio del Caso Riggs, las escrituras que rastreó CIPER indican que Olave también siguió la estrategia diseñada por los Pinochet para proteger sus bienes.

Tal como informó CIPER, durante 2015 los herederos del dictador comenzaron a traspasar propiedades a nombre de sus hijos. Así sucedió con el fundo Los Boldos y también con el departamento en La Dehesa donde habita la matriarca, Lucía Hiriart (ver reportaje). Casi todas las transacciones se sellaron en la notaría de Alfredo Martin Illanes y cuatro de ellas tuvieron lugar el 9 y el 10 de octubre de 2015.

María Soledad Olave (foto:javierpoch.blogspot.cl)

El primer día fue Lucía Hiriart quien transfirió a sus nietos su parte de Los Boldos. Al día siguiente, el 10 de octubre, lo hicieron Verónica, Augusto y Jacqueline Pinochet Hiriart. Fue así cómo encontramos en ese mismo libro notarial, en la página que precede a las escrituras mencionadas, un misterioso documento firmado por María Soledad Olave.

El acta lleva por título “Ratificación de contrato de bienes muebles”, y no indica quién es la contraparte de Olave.

Para develar el misterio fue necesario seguir rastreando hasta encontrar archivado en otro libro notarial, un documento que Olave firmó dos meses antes, el 12 de agosto de 2015, en la notaría de Armando Ulloa Contreras. Allí se lee que el anticuario Jorge Hugo Torres Sandoval declara haberle vendido entre marzo de 1987 y agosto de 1995, una serie de objetos que parecen ser de gran valor, pero cuyo precio se omite.

La lista da cuenta de la colección de piezas de arte, alfombras y objetos antiguos que pueden valer una pequeña fortuna. Lo que hace imposible tasar al menos los cuadros con exactitud, es que en ese documento notarial las dimensiones de las obras están cortadas en el margen de la hoja (ver lista completa).

En ninguno de los dos documentos se deja constancia de la causal de ese inventario. Solo se explicaría por el interés de María Soledad Olave de dejar constancia de que su valiosa colección no forma parte del patrimonio familiar de los Pinochet Olave.

El matrimonio de Marco Antonio Pinochet y María Soledad Olave tuvo lugar el 28 de octubre de 1989. Aprovechando los últimos meses que le quedaban a Augusto Pinochet como gobernante de facto, la boda se realizó en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, según se relata en el libro La familia, historia privada de los Pinochet, de Claudia Farfán y Fernando Vega.

El certificado oficial da cuenta de que la ceremonia civil tuvo lugar en Isla de Maipo. En esa ocasión los novios pactaron una unión con separación total de bienes, lo que en teoría protege las pertenencias de Olave de un embargo que pudiera afectar a su esposo. Como se sabe, Marco Antonio Pinochet aún tiene en curso un juicio tributario cuyo fallo definitivo está pendiente.

El acta en cuestión podría ser una protección sobre los objetos más valiosos que se encuentran al interior de la residencia de los Pinochet Olave.

El documento detalla las compras de esos objetos, las que supuestamente tuvieron lugar hace más de 20 años. Para ello, Olave y el anticuario certifican que “este contrato de compraventa se celebró verbalmente sin que se hubiera consignado por escrito”.

El gusto artístico de María Soledad Olave es bastante ecléctico. La lista incluye cuatro cuadros de Roberto Matta, un grabado de Goya, una escultura de Botero, una acuarela de Jorge Tacla, una escultura de Palolo Valdés, óleos de Hugo Marín y Armando Lira y dos cuadros de Sammy Benmayor, entre otras obras.

Se detallan además doce alfombras -de distintos tamaños- persas, turcas, paquistaníes y de Kurdistán. Entre los muebles hay sillas y sillones Luis XV, un arrimo del renacimiento italiano, además de una cómoda, un mueble y una mesa con cubiertas de mármol. Los objetos enumerados incluyen un ícono religioso de una virgen rusa, botellas de cristal; además de bandejas, candelabros, mates y una sopera de plata.

Marco Antonio Pinochet

CIPER decidió ubicar al anticuario Jorge Torres. En la tienda que antiguamente lo hizo conocido, ubicada en calle Quinchamalí (Las Condes), ya no está. Torres quebró en 2010 y ahora vende sus antigüedades en un local del barrio Italia (Providencia). Al ver el acta con el detalle de los bienes que supuestamente él le vendió a María Soledad Olave, el anticuario Torres dijo no recordar haberla firmado. No lo negó tampoco. Repitió que no recordaba. Y cuando se le pidió que refrescara su memoria leyendo uno a uno los objetos que allí aparecen, tampoco los reconoció como ventas suyas.

Luego de algunas cavilaciones, Torres dijo a CIPER que solo algunos de esos objetos podrían haber sido de su tienda:

-El óleo de Hugo Marín puedo haberle recomendado que fuera a comprarlo directamente a la galería o a un remate. Los prendedores mapuche pude haberlos vendido yo, pero tendría que mirarlos. Sin mirar una fotografía no puedo decirle cuánto costaban, no sabría…

Lo que sí reconoció Torres fue una relación de amistad con María Soledad Olave, a quien ve esporádicamente en situaciones sociales:

-La conocí primero a ella y después conocí a su esposo, Marco Antonio. Eso fue en 1985. La conocí por medio de amistades que teníamos en común. Ella tenía un grupo de como 20 amigas, entonces nos veíamos en fiestas y en reuniones sociales. La última vez que nos topamos fue hace más de un año, en un desfile de Cecilia Bolocco.

Respecto de sus gustos artísticos, Jorge Torres señaló a CIPER que Olave “no era coleccionista, compraba para amoblar la casa. Tenía cosas bonitas en los pasillos, pinturas, pero era una casa común y corriente”.

LA NUERA DEL GENERAL

Marco Antonio Pinochet (59 años) es el cuarto de los cinco hijos del matrimonio Pinochet Hiriart y siempre se dijo que era el favorito de su madre. Aunque en su juventud protagonizó algunos escándalos de índole personal y más tarde en el mundo de los negocios, con los años se mantuvo en un segundo plano mientras su hermano Augusto ocupaba el sitial de oveja negra de la familia.

La detención de su padre en Londres en octubre de 1998 terminó de golpe con el bajo perfil que se había esmerado en mantener junto a su esposa. Marco Antonio Pinochet asumió entonces el rol de vocero de la familia, defendiendo al general de una manera enérgica pero a la vez más racional y menos rabiosa que algunos de sus hermanos.

El descubrimiento en 2004 de las cuentas ocultas que el dictador mantenía en el Banco Riggs de Estados Unidos, iluminaría una nueva faceta de Marco Antonio Pinochet. Fue entonces que emergió su rol clave en la familia: los cruces de cuentas y documentos de respaldo mostraron que era la persona de mayor confianza de su padre en el manejo de su fortuna y uno de los articuladores de su ocultamiento.

En 2004 el ministro Sergio Muñoz lo procesó por existir “presunciones fundadas que le correspondió participación de cómplice en el delito tributario (…) especialmente por cuanto cooperó en el manejo de los fondos que mantiene Augusto Pinochet Ugarte en el extranjero, actividad en que utiliza incluso documentación falsificada”.

Los hallazgos de los movimientos desde las cuentas donde Pinochet ocultaba su fortuna, terminaron por involucrar también a la esposa de Marco Antonio Pinochet. Una de las cuentas secretas del dictador fue abierta en 1985 en Nueva York, con el nombre de su titular falso: “Marco P. Hiriart”. En 1989 el titular se modificó (en fideicomiso) y pasó a ser de “J. Ramón Ugarte”, uno de los alias que utilizó Pinochet para ocultar sus dineros. Finalmente, en 1999, estando ya detenido en Londres el general, la cuenta fue traspasada a nombre su nuera, María Soledad Olave. La investigación judicial determinó que por esa cuenta pasaron más de US$2 millones sin origen justificado.

El sucesor de Muñoz, el ministro Carlos Cerda, amplió los procesamientos a gran parte de la familia Pinochet, incluyendo a Soledad Olave. Su defensa la asumió el actual presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE, entidad querellante en la misma causa), Juan Ignacio Piña.

Libro “La Nuera del General” (Fuente: Flickr)

“Yo creo que todo esto es un show mediático para el juez, porque él gana dinero haciendo estas cosas. Por cada Pinochet que mete preso, lo premian”, acusó con dureza entonces María Soledad Olave. El SII también se había querellado en su contra por no haber declarado ingresos por $35 millones.

En diciembre de 2006, el lanzamiento del libro La nuera del general, de la periodista Paula Afani, transformó al Club de la Unión en un epicentro del pinochetismo. El evento fue la ocasión para que nuevamente la esposa de Marco Antonio Pinochet lanzara duras acusaciones: “El apellido de mi marido era una carnada demasiado atractiva para un juez que consideró que conmigo haría una pesca milagrosa, que mostraría como trofeo de guerra a las autoridades de gobierno“.

La resolución de Carlos Cerda fue revocada por la Corte de Apelaciones, la que invalidó casi todos los procesamientos, salvo los de Marco Antonio Pinochet y el albacea de su padre, Óscar Aitken. Con Pinochet muerto, el Caso Riggs se cerró en 2015 con sólo seis condenas a los militares que facilitaron la malversación de fondos del ex comandante en jefe. El fallo está en acuerdo en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Pero las indagaciones que hizo la policía en torno a los dineros de Olave, entregan un cuadro interesante sobre su patrimonio. Destaca la herencia que recibió de su padre en 1998, que incluía dos departamentos en Providencia y una parcela en San Bernardo. En la investigación del Caso Riggs, Soledad Olave afirmó que los US$150 mil con que abrió una cuenta en Puerto Rico correspondían a la venta de dos departamentos que recibió en herencia.

La investigación también reveló que una copia de su cédula de identidad fue presentada por su marido cuando éste abrió la cuenta de Meritor (creada en el paraíso fiscal de Bahamas), una sociedad que también movió fondos de su suegro. Según dijo Olave en ese momento, su única relación con las cuentas de su esposo era que aparecía como beneficiaria en caso de muerte.

Cuando estalló el Caso Riggs, Soledad Olave era representante en Chile de la marca de ropa española “Don Algodón”, y era socia de “Agrocomercial Olave”, “Agrícola Olave” e “Inmobiliaria Imperial” junto a sus hermanos. En los documentos notariales se identificó como “agricultora”.

Desde 1994 su negocio textil estuvo asociado a Fermar, una empresa ligada a su esposo y que figura entre las transacciones de su suegro en el extranjero. En 1995 creó San Esteban Limitada junto a su madre y un hermano. Luego, San Esteban se asociaría con Forinvest Holding Co., una sociedad anónima identificada como empresa extranjera y que también estaría ligada a un socio de Marco Antonio Pinochet, para crear Real Inversiones. Esta última sociedad fue utilizada en 2006 para comprar la casa en La Dehesa, vecina a la de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart en Los Flamencos, donde viven Soledad Olave y su esposo.

Después del estallido del Caso Riggs, Soledad Olave siguió haciendo negocios. En 2009, creó “Agrícola, Forestal e Industrial María Soledad Olave Gutiérrez Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”. Al año siguiente esa empresa modificó su nombre por el de “Agrícola e Inversiones Tres Puntas Limitada”. El último registro comercial data de 2011, año en que junto a su hija María Josefina Pinochet, constituyó “Asesorías e Inversiones TOBIAS Limitada”.

En marzo de 2013 la Universidad La República (ULARE) reabrió las puertas de su carrera de Enfermería en Santiago, la que había cerrado seis años antes en medio de una aguda crisis económica. Cerca de 400 estudiantes llenaron las recién estrenadas salas y laboratorios que esta universidad -no acreditada- les preparó en apenas tres meses. En su mayoría, los jóvenes provenían de la Universidad del Mar (UDM), principalmente de su sede en Maipú (Santiago), luego de quedar a la deriva por el desplome de esa institución. La masiva migración desde la UDM se debió a que, mientras otras universidades les exigían a esos alumnos repetir uno o dos años de estudio (debido a la dudosa formación en la UDM), la ULARE aceptó convalidarles hasta el 70% de los ramos.

Transcurridos tres años desde ese promisorio inicio, los antecedentes académicos de esos casi 400 alumnos (de los cuales 92 se titularon a enero de este año) arrojan alarmantes resultados.

La principal interrogante se refiere a cuántos ramos efectivamente cursaron y aprobaron en estos años en La República y también en su universidad de origen (UDM). La duda surgió luego de que un equipo de funcionarios de la ULARE, que trabajó durante el primer semestre de este año en la búsqueda de los antecedentes académicos de los estudiantes de esa escuela, descubriera que hasta inicios de 2015 cerca de un 95% de los estudiantes de Enfermería no tenía su registro de notas completo.

Académicos y funcionarios que recopilaron la información académica de los estudiantes, dijeron a CIPER que la apresurada apertura de la carrera permitió, además, la convalidación de ramos sin certeza de que hubiesen sido cursados o aprobados en la universidad de origen. Asimismo, un 30% de las convalidaciones aceptadas por la ULARE no tenían un documento que acreditara su tramitación.

El desorden de los registros académicos que se evidenció fue más allá: algunos alumnos tomaron ramos sin haber cursado las asignaturas previas obligatorias en la malla curricular de esa carrera. Lo anterior fue ratificado a CIPER por estudiantes que reconocieron haber incurrido en esa irregularidad.El rastreo de los registros académicos también reveló que algunos estudiantes de Enfermería estaban haciendo prácticas e internados (en contacto con pacientes) sin supervisión docente y otros que fueron devueltos por los campos clínicos a la universidad por serias fallas en su formación.

FORMACIÓN BAJO SOSPECHA

El error de una estudiante de Enfermería de la Universidad del Pacífico que en octubre de 2014 le costó la vida a tres pacientes del Hospital de Melipilla, puso bajo escrutinio público a las universidades que imparten esta carrera de alta responsabilidad social (vea reportaje de CIPER: “Negligencia mortal en Hospital de Melipilla devela feroz disputa de universidades por campos clínicos”).

CIPER reveló en febrero de este año el nulo control que ejerce el Estado sobre las instituciones que imparten algunas carreras del área de la salud, como Enfermería y Técnico de Nivel Superior en Enfermería (TENS). Una situación que se agrava por el lucrativo negocio en que se han transformado estas carreras debido a la alta demanda de profesionales del rubro (vea reportaje de CIPER: “Carreras de la Salud: los nocivos efectos de un negocio sin control”). Cifras recogidas en estos días sitúan a la carrera de Enfermería en el primer lugar de la demanda laboral, con un 98,8% de sus recién egresados trabajando.

CIPER conversó con profesores, funcionarios, alumnos y profesionales de los campos clínicos que reciben estudiantes de Enfermería de la ULARE de Santiago, quienes confirmaron que la escasa prolijidad con que se manejaron los registros académicos entre 2013 y 2015 pudo permitir que se integraran al mercado laboral y al sistema de salud personas que no conocen lasherramientas mínimas para ejercer la profesión. En contraste, en la rectoría y la dirección de la carrera aseguran que todo siempre ha estado en orden y que la revisión de los registros internos solo se debió a la migración de los datos desde un sistema manual a una plataforma electrónica.

LA OLA DE LA UDM

El naufragio de la UDM a fines de 2012, luego de que estallara el escándalo de sus acreditaciones fraudulentas y el negocio de sus dueños a través de sociedades relacionadas, abrió una oportunidad de oro para la ULARE. De los miles de jóvenes que quedaron sin universidad luego del cierre de la UDM, 295 entraron a estudiar Enfermería en la ULARE. Esa masiva demanda le permitió a La República reabrir esa escuela y acceder a recursos que le dieron oxígeno a una institución que estaba en la UTI.

La carrera se cerró en Santiago en 2007, en medio de la grave crisis financiera de esta universidad asociada desde sus inicios a la Masonería. Y culminó en 2008 con el anuncio de la Gran Logia del cierre de la institución “con dignidad”. Ese mismo año se hizo pública una deuda de entre $9 mil y $10 mil millones, la que le significó a La República –según información de prensa- enfrentar más de cinco mil juicios en tribunales. Pero en 2012 la ULARE no sólo no había cerrado, sino que abrió dos nuevas sedes en Aysén y Purranque.

Al año siguiente, la ULARE reabría las puertas de la carrera de Enfermería. Lo hizo solo en horario vespertino para recibir, en su mayoría, a los alumnos que dejó el cierre de la UDM. El problema es que estos estudiantes venían de una universidad –en especial sus carreras del área de salud- con serios problemas de formación académica. Por ejemplo, la jefa de carrera de Enfermería de la sede de la UDM en Maipú, Tania González Correa, se presentaba como médico cirujano internista, bióloga y enfermera de la Universidad de Chile, además de especialista en medicina geriátrica y terapia natural, pero en realidad era profesora de educación básica y licenciada en educación de la Universidad de Las Américas. La falsa doctora, que terminó en la cárcel, obtuvo un título exprés de enfermera en un programa especial de la UDM.

Héctor Letelier Pantoja, entonces pareja de Tania González, oficiaba de “médico” y profesor de anatomía en la UDM, pero su único título era de tecnólogo médico. Los dos académicos con títulos falsos fueron descubiertos por los alumnos de la sede de Maipú de la UDM, lo que sumado a la mala calidad y alta rotación de otros de sus profesores, agravó la crisis. El resto es historia conocida (vea la serie de reportajes de CIPER sobre la UDM).

Tania González Correa

Los estudiantes de Enfermería de la UDM debieron elegir entre dos caminos. Podían ser reubicados por el Ministerio de Educación (Mineduc) en universidades acreditadas –lo que les permitía mantener su Crédito con Aval del Estado (CAE)- o buscar ellos mismos una nueva casa de estudios.

Los pésimos antecedentes académicos de la UDM no preocuparon a las autoridades de la ULARE. Es más, en conocimiento de la precaria formación que traían estos alumnos, les ofrecieron el “beneficio” de convalidar sus ramos hasta en un 70%. Este punto, sumado a la oferta de un arancel rebajado y no pagar matrícula por los primeros tres años, fue especialmente seductor para los 295 jóvenes que, en su mayoría, ya estaba titulado como TENS. Muchos ya trabajaban en centros médicos durante el día y no querían, como les exigían las universidades acreditadas, recomenzar de cero sus estudios de Enfermería.

Uno de estos alumnos, quién pidió reserva de su nombre, contó a CIPER que entró a estudiar Enfermería a la UDM ya titulado como TENS, pero sólo alcanzó a llegar a tercer año. Cuando la UDM cerró le fue difícil compatibilizar su trabajo en un hospital público con una carrera diurna de cinco años. Y ello, porque en todas las universidades que visitó no le convalidaban los ramos aprobados en la UDM: le exigían volver a cursar desde primer año. En la ULARE, en cambio, le aceptaron quedar en tercer año en horario vespertino, convalidándole poco más del 40% de los ramos cursados.

Cecilia Contreras, directora de la Escuela de Salud de la ULARE a nivel nacional, y jefa interina de la carrera de Enfermería de Santiago, explicó a CIPER que la universidad hizo esto por “vocación”:

- Esta casa de estudios, que no tiene ningún fin de lucro, le dio la posibilidad a estos estudiantes de poder ingresar, porque muchos de ellos estaban perdidos en este mundo ya que nadie los quería recibir por venir con un estigma social. Y a pesar de eso, esta universidad los recibió sin ninguna dificultad, convalidando muchas asignaturas, un 70%, un porcentaje muy noble.

El altruismo de la universidad estaba asociado también a un arancel de $1,6 millón anual en 2013, el que ha ido subiendo hasta los $2,3 millones actuales. Ese monto es el que deben pagar los estudiantes de Enfermería de La República, los que no tienen acceso al CAE por no estar acreditada. Según cifras del Servicio de Información de la Educación Superior (SIES) del Mineduc, esos alumnos han egresado exclusivamente de colegios particulares subvencionados y municipales.

MIGRACIÓN DE DATOS

En 2013 la matrícula de la ULARE se disparó a nivel nacional. Si en 2012 la universidad contaba con un total de 1.947 estudiantes, al año siguiente los inscritos llegaron a 3.057, el mayor crecimiento que tuvo La República en el periodo 2010-2015, según los registros del Mineduc. Ese aumento explosivo coincide con la llegada de 728 ex alumnos de la UDM que ingresaron a distintas carreras de la ULARE en sus sedes de Antofagasta, Arica, Coquimbo y Santiago.

Es probable que el manejo desprolijo que hizo la ULARE de los registros académicos que convalidó a los estudiantes de la UDM jamás se hubiera conocido de no mediar una decisión clave de su equipo directivo: postular a la acreditación institucional. Fue así que a principios de este año, se le encomendó a un equipo de enfermeros y administrativos la misión de organizar las fichas curriculares de todos los estudiantes de Enfermería, las que contienen su historial académico. Un paso necesario para el proceso de acreditación, al que la ULARE sólo ha postulado en 2006, y fue rechazada (vea acuerdo de la Comisión Nacional de Acreditación).

La entonces jefa de la carrera de Enfermería, Marion Barrera, y el coordinador académico de la misma, Felipe Machuca, lideraron ese equipo y relataron a CIPER lo que encontraron: un 95% de los alumnos no tenía sus fichas curriculares completas, es decir, no se sabía si habían cursado todos los ramos que debían según la malla de la ULARE. Esto les pareció especialmente grave considerando que ya había 77 titulados provenientes de la UDM, además de otros 15 que venían de otras universidades e institutos. Barrera y Machuca afirman que, al momento de titular a estos 92 enfermeros, la universidad no sabía si todos habían cumplido con los requisitos académicos.

Barrera explicó a CIPER que la búsqueda de los registros académicos reveló que no solo la mayoría de los estudiantes no tenía completas sus fichas curriculares, sino que aproximadamente un 30% de las convalidaciones hechas no tenían respaldo. Además, detectó que cinco alumnos estaban realizando su internado (atendiendo pacientes en centros asistenciales al finalizar la carrera) mientras cursaban ramos básicos –como Anatomía- de años anteriores. Es decir, no tenían todos los conocimientos para desempeñarse en un ambiente de práctica final real.

El proceso que debieron hacer para recuperar la información fue descrito por Marion Barrera:

-Tuvimos que rastrear en toda la escuela las actas para poder armar en lo posible las fichas curriculares. Como muchas de las actas estaban sin firma, ni siquiera teníamos la seguridad de que fueran las definitivas. Los alumnos nos traían listas de notas que el profesor les había mandado al finalizar el semestre, y las teníamos que usar, porque en muchos casos era lo único que había. Y cuando finalmente no encontrábamos nada, teníamos que llegar a un acuerdo con el alumno para que diera una prueba de conocimientos relevantes y así tratar de salvar la situación.

Romero Licuime

En ese caos administrativo, una alumna de la ULARE que venía de la UDM, reconoció a CIPER que, al igual que muchos de sus compañeros, aprovechó que no existía un registro formal de las asignaturas cursadas y tomó ramos que no debía porque no había cursado las asignaturas previas obligatorias. Lo hizo para adelantar su titulación y llegó a tomar 10 ramos semestrales.

Marion Barrera y Felipe Machuca relataron a CIPER que decidieron informar al rector de La República, Alfredo Romero Licuime,  de la gravedad de sus descubrimientos. Lo hicieron por separado a mediados de este año. En septiembre llegó la respuesta: ambos fueron notificados de su despido.

Al recibir a CIPER, la actual jefa interina de la carrera, Cecilia Contreras, negó que existiese ese desorden e indicó que solo hubo un cambio en el sistema de registro de notas: desde uno manual a otro digital. En esa reunión, se explicó a CIPER que en 2012 la universidad compró el sistema informático “U+” y que, en el caso de la carrera de Enfermería, recién desde el año pasado se está haciendo el traspaso de las notas que estaban en formato manual.

Para corroborar esa versión, CIPER solicitó a la Universidad La República (16 de noviembre) los documentos de la Escuela de Enfermería que respalden el proceso de convalidación de asignaturas, la tasa de reprobación de ramos y de exámenes de título, y la comparación entre la nota sobresaliente de algunos alumnos en su evaluación de internado y la calificación obtenida en sus exámenes de título, entre otros antecedentes. La Unidad de Comunicaciones de la entidad respondió que serían enviados. Al día siguiente se nos indicó que los antecedentes serían entregados por el rector Alfredo Romero Licuime. Pero en la cita con el rector, éste indicó que debían ser solicitados formalmente a la casa de estudios.

La versión oficial de la ULARE es que la migración de datos desde el sistema manual al digital (“U+”) alcanza al 95% de los alumnos de Enfermería. Un funcionario de la universidad involucrado en el proceso refutó esa cifra y afirmó que, a septiembre, solo se había recuperado un 70% de la información académica de los estudiantes. Puede que esa sea la razón por la que CIPER no pudo acceder a los antecedentes solicitados.

CAMPOS CLÍNICOS

A principios de este año, el CESFAM Batuco (Lampa), recibió a dos alumnos de Enfermería de la ULARE. Una enfermera de ese centro de salud relató a CIPER que, al recibirlos, se percataron de que ambos alumnos en práctica no manejaban algunos conceptos básicos de atención primaria, por lo que les hicieron una evaluación. Ambos tuvieron una nota de 2,1 y fueron devueltos a la universidad. Los dos alumnos nuevos que llegaron este semestre, en cambio, fueron considerados aptos.

Marion Barrera, la ex jefa de carrera, indicó en entrevista con CIPER que mientras estuvo en el cargo recibió reclamos de dos instituciones: el Instituto Nacional de Geriatría (INGER) y el CESFAM Garín (Quinta Normal). En ambos la queja fue la misma: los alumnos no estaban suficientemente preparados para trabajar con pacientes.

Pero mientras en el primer centro cerraron el convenio a principios de este año, argumentando que preferían no tener estudiantes de una institución no acreditada; en el CESFAM de Quinta Normal siguen recibiendo a los alumnos de la ULARE. CIPER intentó sin éxito contactarse con ambas instituciones para obtener una versión oficial, pero una enfermera del INGER indicó que aunque la no acreditación de la ULARE había sido un factor importante, lo que determinó el cierre del convenio fueron falencias en la formación de los alumnos: “No sabían materias básicas y no podíamos dejarlos solos”.

Cecilia Contreras entregó a CIPER dos documentos que, según dijo, había recibido espontáneamente en los últimos días en los que responsables de campos clínicos elogiaban la formación de los estudiantes de la universidad. Uno de ellos está firmado por Marcos Oñate, director regional de Salud de Gendarmería de Rancagua –institución con la que La República tiene su convenio docente asistencial más grande–, quien alaba a los alumnos de la universidad por su “responsabilidad, eficiencia, eficacia y disponibilidad para trabajar en equipo, su agradable don de gente para tratar con nuestros reclusos” (vea la carta completa).

El segundo fue enviado por un organismo colaborador del Sename, la Fundación Padre Alceste Piergiovanni, que administra hogares de acogida para niños y adolescentes abandonados o vulnerados, y en el que los estudiantes hacen su práctica de enfermería pediátrica. Allí se lee que los jóvenes de la ULARE han “desempeñado su labor de manera proactiva, responsable, mostrando un alto compromiso con las labores encomendadas por la fundación”.

La versión de José González, ex profesor de Geriatría de la ULARE, introduce un matiz. González es director de la Residencia Nuestra Señora de los Dolores, un hogar de ancianos que funciona como campo clínico de la universidad. En entrevista con CIPER, explicó que reciben a los alumnos de La República incluso no habiendo un convenio docente asistencial que regule esa relación, en especial en caso de algún accidente, por lo que la residencia asume los riesgos:

- Los estudiantes se esfuerzan, muchos de ellos tienen familia, y nosotros los recibimos porque sabemos lo que les cuesta; pero también porque para nosotros son un insumo. El problema es que es un insumo de riesgo, porque hay alumnos que no saben lo básico. Este año, cuando yo aún era profesor de Enfermería Geriátrica de la ULARE, un ramo de cuarto año, poco antes de salir a internado había alumnos que no tenían idea de fármacos o del Proceso de Atención en Enfermería (PAE), y a esas alturas eso es aberrante.

González explicó que en el hogar de ancianos que dirige los practicantes de Enfermería hacen el trabajo que haría un TENS, como la administración de medicamentos orales o la toma de presión, supervisados por los enfermeros a cargo: “Como la mayoría de ellos ya es TENS, son cosas que saben hacer bien, pero no es lo que tendrían que hacer en un hospital geriátrico ni de la complejidad que necesitan para aprender”, dijo a CIPER.

La mayoría de los internados y prácticas de los estudiantes de la ULARE se realizan en centros que carecen de la complejidad necesaria para desarrollar las habilidades necesarias. Por ejemplo, para la asignatura de Enfermería Siquiátrica, los estudiantes asisten a la Residencia Providencia, un hogar para adultos mayores con patologías como alzhéimer o demencia senil, donde es difícil que vean pacientes con trastornos más diversos y complejos.

Además de básicos, los campos clínicos de la ULARE son escasos. Una académica de la universidad dijo a CIPER que solo tienen nueve de los más de 40 campos clínicos que necesitan para poder hacer de forma óptima todas las rotaciones de sus estudiantes en práctica intermedia e internado. Ese déficit lo cubren con talleres para completar las horas académicas prácticas que exige el plan de estudios.

Esos talleres de 72 horas, llamados “reforzamiento para el internado”, juegan un rol clave ya que solo así los estudiantes pueden completar los dos internados de su quinto año de Enfermería (uno por semestre, de dos meses y tres semanas cada uno), requisito para titularse.  Al finalizar el alumno es evaluado. En 2015, según Cecilia Contreras, un 40% de los alumnos fue reprobado en ese examen. Las prácticas también son complementadas con talleres donde se los prepara antes de trabajar con pacientes en recintos asistenciales.

La escasez de campos clínicos podría empeorar aún más para La República. Y ello, porque las normas dictadas recientemente para la acreditación de los recintos de salud pública, los obliga a firmar convenios de práctica asistencial y docente solo con universidades acreditadas. Ese requisito alimenta un círculo vicioso: a la ULARE le cuesta conseguir un campo clínico para la práctica de sus alumnos porque no está acreditada, pero conseguir esa certificación es una meta difícil ya que no cumple ni con un 20% del total de recintos que se le exige para cubrir las rotaciones de sus alumnos.

De hecho, un docente de la Escuela de Enfermería de la ULARE, dijo a CIPER que, por “falta de cupos”, hasta este año había 20 alumnos esperando desde 2014 hacer su internado: “Esto muestra que en la universidad tenemos una matrícula para la carrera de Enfermería que es superior a la capacidad que podemos manejar. No están las condiciones para formar a todos los alumnos que recibimos y si seguimos así, no van a estar pronto tampoco”.

La falta de campos clínicos dio origen a una peculiar solución gestionada por los propios alumnos de la ULARE. Como muchos de ellos trabajan durante el día en diferentes centros asistenciales, ellos mismos se conseguían autorización en esos centros para realizar su práctica e internado. La investigación de CIPER indica que esa “solución” fue utilizada por una gran cantidad de alumnos hasta el año pasado. Como tenían escasa o nula supervisión, de esas prácticas e internados los estudiantes volvían con altas calificaciones.

Fueron esas calificaciones las que provocaron la alerta de los académicos. Felipe Machuca, coordinador académico de la Escuela de Enfermería de la ULARE entre abril y septiembre de este año, explicó a CIPER que lo más sorprendente era que los mismos alumnos que llegaban con excelentes evaluaciones de los campos clínicos, luego reprobaban el examen de título:

- Los estudiantes no sabían tomar decisiones frente a las situaciones clínicas en que los poníamos, siendo que ya habían pasado por las experiencias clínicas. Y son alumnos que después van a ser enfermeros, atendiendo gente.Por eso, teníamos una tasa de reprobación cercana al 80%.