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Las platas perdidas de la Copa América que la ANFP de Salah no ha querido investigar

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Hace apenas una semana la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) saldó una deuda que arrastró durante gran parte del año: publicó su Memoria y sus Estados Financieros de 2015. Y aunque parezca increíble, nada hay en esos documentos que dé cuenta del descalabro que sacudió a la ANFP en el año más oscuro que ha vivido. En esos registros oficiales no se deja ni una constancia para la historia de los turbios manejos de su defenestrado máximo dirigente, Sergio Jadue, ni de las múltiples investigaciones –de la propia ANFP, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y de Impuestos Internos– que aún no consiguen aclarar el destino de al menos $1.850 millones que siguen perdidos en el desorden de las cuentas de la Copa América 2015.

Ambos documentos (Memoria y Estados Financieros) fueron solicitados por CIPER a inicios de este mes y el pasado jueves 15 la ANFP los entregó. En la noche de ese mismo día quedaron expuestos en la web de la asociación (vea aquí la Memoria y los Estados Financieros de 2015).

Solo algunos puntos consignados de manera sumaria en el último capítulo de la Memoria –donde se transcriben las tablas de las sesiones del Consejo de Presidentes– se relacionan con las graves anomalías descubiertas en 2015. Pero, carentes de contexto explicativo, resultan indescifrables para el lector. Así, el tema se asoma de manera críptica recién en la antepenúltima página de la Memoria: “Análisis de la comisión ad hoc creada para auditar la Copa América y sus contratos relacionados con la investigación que deriva del informe del FBI”, se lee en la transcripción de la tabla de la sesión del 17 de agosto de 2015. Respecto de por qué se debió auditar la Copa América y qué contiene el informe del FBI, ni una letra.

Arturo Salah

Arturo Salah

Luego, en la tabla de la sesión del 25 de septiembre, surge otra anotación similar: “Informe de la comisión ad hoc auditora de Copa América, en relación con la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos”. Y en la del 27 de noviembre, cuando Jadue ya se había entregado al FBI, otra mención igual de impenetrable: “Interpelación al director Nibaldo Jaque”. Nada se dice acerca de que Jaque era el lugarteniente de Jadue, y que está acusado de favorecer a su club Deportes Concepción con millonarios préstamos que no correspondían. El destino de esos fondos aún se desconoce y generaron la desafiliación del elenco penquista por insolvencia económica, además de una querella de la ANFP contra Jaque y el resto de los controladores del club.

Al cumplirse un año desde que la actual directiva, encabezada por Arturo Salah, se hizo cargo del timón del fútbol profesional, CIPER consultó a la ANFP y al Ministerio de Justicia –cartera que ha fiscalizado durante todo el año a la asociación–­ por las medidas adoptadas para aclarar las cuentas de la Copa América, establecer el destino del dinero desaparecido desde la arcas de la asociación, recuperar los préstamos irregulares otorgados a los clubes, pagar impuestos adeudados e identificar a todos los responsables de las pérdidas patrimoniales.

El resultado de la indagación de CIPER es que poco y nada se ha hecho para revelar la trama de los fraudes urdidos bajo la gestión de Jadue, salvo la presentación de cinco querellas. Sobre la revisión de las cuentas de la Copa América jugada en Chile en 2015, la fuente de la mayoría de las millonarias irregularidades, los avances son completamente nulos.

El Ministerio de Justicia no respondió las consultas de CIPER. A través de su encargado de comunicaciones, señaló que no tenía nada que informar sobre el tema. Esto, a pesar de que la asociación es una corporación sin fines de lucro y, por esa misma razón, está bajo la tutela del ministerio. De hecho, esa secretaría de Estado ha mantenido contacto permanente con la ANFP durante todo este año, monitoreando su gestión administrativa. Los directivos del fútbol profesional sabían que esa no era una mera indagatoria.

Dado el cúmulo de irregularidades que la administración de Jadue fue sumando –amplificadas por la dimensión internacional del escándalo que llevó finalmente al ex timonel a entregarse al FBI-, a fines de 2015 ese ministerio barajó la posibilidad cierta de cancelar la personalidad jurídica de la ANFP. La razón: los graves incumplimientos en el manejo de sus finanzas y la falta de transparencia de sus cuentas (vea el reportaje de CIPER “Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas perdidas).

Lo anterior fue confirmado a CIPER por el director de la ANFP, Juan Carlos Silva, quien señaló que tras enterarse de que el Ministerio de Justicia pretendía clausurarles la personalidad jurídica, a él se le encomendó actuar como enlace con esa secretaría de Estado. Por esa razón, se reúne periódicamente con el jefe del Departamento de Personalidad Jurídica del ministerio, Carlos Aguilar.

Según señaló Silva a CIPER, a lo largo de este año la ANFP contestó 20 requerimientos de información del Ministerio de Justicia. A su juicio, esa cartera se ha mostrado satisfecha con los avances en la normalización de sus finanzas y contabilidad. La afirmación de Silva no pudo ser corroborada por CIPER en dicho ministerio. Si así fuera, algo falta en las cuentas, en la Memoria y Estados Financieros de 2015 que acaba de entregar la ANFP. Porque del análisis de esos documentos y de las respuestas que entregaron sus directivos a los requerimientos de CIPER, queda claro que las mejorías se refieren exclusivamente a cambios en el manejo de las cuentas de la ANFP (ver recuadro).

Juan Carlos Silva (Foto: ANFP)

Juan Carlos Silva (Foto: ANFP)

Lo que quedó fuera del monitoreo de la secretaría de Estado, es el esclarecimiento de la mayoría de las irregularidades cometidas bajo la administración de Sergio Jadue y particularmente la revisión de las cuentas de la Copa América 2015. Dado que el 90% de los cuestionamientos al manejo del dinero del fútbol se originó en la administración de los fondos del torneo continental, resulta al menos sorprendente que precisamente esas cuentas quedaran fuera del radar de las autoridades de Justicia.

El ministerio acordó con la ANFP que la Copa América no será revisada mientras el Servicio de Impuestos Internos (SII) no determine quién es el sucesor legal del Comité Organizador Local (COL) del torneo. Juan Carlos Silva explica que, si bien el COL fue conformado por los miembros del directorio de la ANFP que presidía Sergio Jadue, la entidad no necesariamente dependía de la asociación y puede que el SII estime que fue mandatada directamente por la Confederación Sudamericana (Conmebol). En ese caso, las deudas tributarias que arrastra el COL y la responsabilidad por sus oscuros manejos contables, debiesen correr por cuenta de la Conmebol y los directivos de la ANFP se lavarían las manos.

Adjudicarle a la Conmebol la responsabilidad de los dineros que desaparecieron, sería una solución meramente administrativa, porque al culpar a una entidad que no tiene sede en Chile es altamente probable que se entrabe la pesquisa. En consecuencia, se dificultaría identificar a los responsables de las irregularidades en las cuentas del certamen, las que fueron detectadas primero por una comisión encabezada por el ex contralor Ramiro Mendoza y luego por una auditoría forense realizada por Deloitte. Ambas fueron solicitadas por la ANFP.

La opción de endosarle las culpas a la Conmebol significa en los hechos dejar fuera de las pesquisas a la ANFP, e impediría que el Ministerio Público, en este caso el fiscal Carlos Gajardo, investigue a fondo la trama interna de la asociación que le permitió a Jadue dejar un forado en las platas de la Copa América. Frente a la posibilidad de que el fiscal Gajardo se introduzca en la madeja del poder que controla la asociación, la respuesta en la ANFP ha sido dejar todo en manos del SII sin apurar el tranco. Por lo mismo, no hay urgencia por resolver quién es el sucesor legal del COL y, de esa forma,abrirle la cancha al fiscal Gajardo para que establezca cuánto se recaudó realmente en la Copa América, dónde está el dinero perdido y quiénes son los responsables de esa afectación patrimonial.

Ponerle una barrera a esa investigación es lo que le conviene a muchos de los actuales directores y miembros del Consejo de Presidentes de la ANFP, los que le dieron carta blanca a Sergio Jadue mientras recibían de su mano los préstamos irregulares que ahora son investigados, entre otros ilícitos, por el fiscal Carlos Gajardo.

Este jueves 22 de diciembre el fiscal Gajardo solicitó al 13º Juzgado de Garantía que fije fecha para la audiencia en la que formalizará en ausencia a Sergio Jadue por apropiación indebida y delitos tributarios. Esa petición es el primer paso para solicitar formalmente la extradición del ex dirigente, quien se encuentra en Estados Unidos a la espera de la sentencia por los sobornos que recibió en la Conmebol y que suman US$2,2 millones.

LAS PLATAS PERDIDAS

A un año y dos meses de la caída de Sergio Jadue, nada se ha aclarado sobre los dineros de la Copa América. Eso, a pesar de que las cuentas de ese torneo constituyen la principal veta de las irregularidades detectadas hasta este momento: $1.850 millones aportados por la Conmebol cuyo paradero se desconoce. A eso se agrega el burdo intento de esconder cerca de $11 mil millones de utilidades que dejó el torneo para evadir el pago de impuestos. Ese es parte del arsenal de anomalías que la actual directiva de la ANFP mantiene en el olvido.

En los Estados Financieros de 2015 publicados la semana pasada por la ANFP este “olvido” se hizo explícito. Dentro del informe que incorporó la empresa auditora RSM al inicio del documento, se aclara que los Estados Financieros no incluyeron los efectos que puede tener para las cuentas de la ANFP la situación del COL: “Los asesores legales de la ANFP están en proceso de análisis jurídico respecto de quién es (debiera ser) la entidad continuadora legal de la Asociación para la Organización de la Copa América 2015 y consecuentemente el titular del resultado que dicha entidad arrojó”.

Sostener que el COL no tiene relación de dependencia con la ANFP no es más que una figura retórica. Fue la asociación la que recibió los US$7,5 millones enviados por la Conmebol para organizar el campeonato y la ANFP se los traspasó al COL. Los miembros del directorio de la ANFP, entonces encabezado por Jadue, integraron el comité ejecutivo del COL. Cerca de $4.400 millones obtenidos por la venta de entradas fueron depositados directamente en las cuentas de la ANFP y no en las del COL.

La prueba más contundente de la relación entre el COL y la ANFP es que, una vez que el torneo terminó y se cerraron las cuentas, las utilidades –que sumaron cerca de $11 mil millones– fueron disfrazadas como “cuentas por cobrar”, para no pagar impuestos, y se traspasaron a la asociación. Si el SII busca ahora al responsable que debe cancelar esos tributos impagos, al menos ya sabe que fue la ANFP la que se benefició con esa jugada evasiva.

Fiscal Carlos Gajardo

Fiscal Carlos Gajardo

Por lo demás, fue la propia ANFP la que le encargó al ex contralor Ramiro Mendoza que indagara las irregularidades detectadas en las cuentas del COL. Y antes, el Consejo de Presidentes le había encomendado a una comisión encabezada por Jaime Estévez, entonces representante de la UC, que revisara la contabilidad de la gestión de Jadue. Mientras Estévez concluyó que todo estaba en orden, el ex contralor detectó las millonarias sumas sin destino claro y un desorden mayúsculo en los registros. Si el COL no tenía relación de dependencia con la ANFP, ¿por qué razón la asociación le encargó a Mendoza que analizara las cuentas?

Probablemente la actividad de la ANFP que concitó mayor interés de la prensa este año –al margen de los partidos de la Roja– fue la conferencia de prensa encabezada por Salah a fines de mayo en la que se entregaron las conclusiones preliminares de la auditoría forense de Deloitte. Gran parte de las anomalías detectadas por esa auditoría están relacionadas con las cuentas de la Copa América. Pero, sorpresivamente, esas cuentas quedaron fuera de las rendiciones que la ANFP debe dar al Ministerio de Justicia mientras los abogados discuten si el COL dependía o no de la asociación.

Ahora, la pelota está en los pies de Impuestos Internos. Si el organismo tributario determina que la ANFP debe hacerse cargo de las cuentas del COL, el Ministerio de Justicia debería reflotar las mismas preguntas que hace un año tuvieron a la asociación al borde de perder su personalidad jurídica: dónde está el dinero perdido, quiénes son los responsables y cómo se recuperará ese patrimonio.

De ser ese el escenario, la ANFP debería acreditar que los $19 mil millones declarados como ingresos por venta de entradas es el monto que efectivamente se recaudó. La sospecha de que esa suma está subvalorada la dejó instalada el ex contralor Mendoza en su informe, a raíz del desprolijo registro de esos ingresos. También deberá aclarar el paradero hasta ahora desconocido de a lo menos $1.850 millones entregados por la Conmebol. Esa suma está compuesta por US$491 mil dólares (equivalentes a unos $350 millones) que se agregaron al premio que recibió el campeón y por otros $1.500 millones provenientes de los primeros aportes enviados por la confederación para organizar el torneo y cuyo destino se desconoce por el desorden contable.

Una vez que todo esté despejado, es altamente probable que la ANFP deba pagar los impuestos que se evadieron cuando recibió las utilidades del COL. Y si no quiere perder su personalidad jurídica, tendría que querellarse contra los responsables de esa triquiñuela. De lo contrario, la directiva de Salah puede ser acusada por el Ministerio de Justicia de no cumplir con su deber de proteger el patrimonio de la corporación. Junto con Jadue, los miembros del antiguo directorio que pueden ser blanco de estas acciones judiciales son Cristián Varela (socio de ChileFilms, empresa que alquila equipos al Canal del Fútbol y a quien Jadue elevó a la Comisión de Finanzas de la Conmebol), Jaime Baeza, Antonio Martínez, Alex Kiblisky y Jorge Fistonic.

Hasta el momento los esfuerzos de la actual directiva por dilucidar estas interrogantes solo se han traducido en identificar las irregularidades –a través del trabajo de Ramiro Mendoza y Deloitte– y querellarse contra presuntos responsables. De las cinco querellas que ha interpuesto la directiva de Salah, dos tienen relación con dineros de la Copa América.

La primera, del 5 de octubre de este año, acusa a Jadue y a algunos miembros de su equipo -Nibaldo Jaque, Mauricio Etcheverry y Rodrigo Grumberg- por el delito de apropiación indebida. Esto a raíz de $140 millones que salieron del COL como préstamo para Deportes La Serena, el club de Etcheverry. CIPER consultó a la ANFP si otros clubes recibieron dinero proveniente del COL, pero no tuvo respuesta.

La segunda querella, interpuesta el 4 de noviembre de este año, apunta a Jadue y a Nicolás Abusada, un empresario cercano al ex presidente de la ANFP que recibió más de $300 millones por merchandising de la Copa América. La asociación acusa que la oferta de Abusada era la más cara de las cotizadas y que más del 50% de los artículos se encuentran todavía embalados dentro de un contenedor en los patios de la ANFP.

LA CAJA PAGADORA

Fuera de las interrogantes por resolver respecto a las cuentas del COL, la ANFP también debe hacerse cargo de otros movimientos irregulares de dinero que perjudicaron a la asociación: los préstamos y pagos a diversos clubes aprobados por la directiva de Jadue.

Entre 2011 y 2015, Jadue repartió entre las sociedades anónimas propietarias de los clubes más de $42 mil millones, como préstamos o ingresos originados por contratos de la Roja. En ese contexto, nadie levantó la voz para fiscalizar los manejos del calerano (vea el reportaje de CIPER “Las pruebas de que los dirigentes del fútbol fueron cómplices del hoyo financiero que dejó Jadue”).

Los préstamos, que sobrepasaron lo permitido por el reglamento de la asociación, dejaron un hoyo financiero que fue conocido por el Consejo de Presidentes a fines de 2014, aunque los clubes y el nuevo directorio manifestaron sorpresa cuando la auditoría de Deloitte hizo públicas estas cuentas.

copa-americaEl balance de 2014, realizado por la empresa RSM, calculó la deuda de los clubes con la ANFP en $3.428 millones. Pero los Estados Financieros presentados este año por la misma empresa recalcularon y sinceraron la deuda que tenían los clubes al 31 de diciembre del mismo 2014: aumentó de manera exorbitante a $11.100 millones.

Esto, sumado a las ganancias del Canal del Fútbol (CDF) que solo en 2015 se tradujeron en $32.800 millones repartidos entre los clubes, transformó a la ANFP de Jadue en una caja pagadora a cambio del silencio de los dirigentes.

­­–­­¿De qué servía a la administración anterior ser rescatista de los clubes? Que nosotros aprobábamos todo… cómo te vas a ir en contra de alguien que te permitió, sin seguir ningún tipo de procedimiento o reglamento, prestar plata por sobre cualquier cosa normal –señaló a CIPER el actual miembro del directorio de la ANFP, Juan Carlos Silva, vicepresidente de Deportes Iquique entre 2013 y 2015.

Las deudas reales de los clubes incluso podrían aumentar. Y ello porque la empresa auditora RSM, en su informe incorporado a los Estados Financieros de 2015, deja constancia de que no pudo confirmar los saldos mantenidos por los clubes con la ANFP. Esto, porque recibió solo cuatro respuestas de las 32 consultas que dirigió a los clubes que integran la asociación. Para recuperar el dinero y ordenar las finanzas, actualmente la ANFP descuenta mensualmente un porcentaje del dinero que le corresponde a cada club por las ganancias del CDF.

En el caso de Deportes Concepción, desafiliado en abril de este año por insolvencia económica, la ANFP interpuso una querella el pasado 22 de junio contra Nibaldo Jaque, Pedro Sabando Pizarro, Adolfo Sabando Muñoz, Pablo Tallarico García y Luis Polnoroff, todos ex controladores de la sociedad propietaria del club. En la acción judicial se les acusa por estafa y apropiación indebida de recursos que recibieron entre enero de 2011 y noviembre de 2015, mientras Jaque se desempeñaba como secretario general de la ANFP en el directorio de Jadue.

Otro perjuicio para el patrimonio de la asociación que debe ser aclarado por la actual directiva, es el pago de US$200 mil al ex entrenador de la selección nacional, Jorge Sampaoli, por una “asesoría verbal” al Instituto Nacional del Fútbol (INAF). El directorio actual aún no tiene claro por qué se solicitó ese servicio, cómo se definió la suma a pagar y cuál era el producto esperado.

La recuperación de ese dinero pagado a Sampaoli motivó la primera de las querellas interpuestas por la ANFP durante este año, el 3 de febrero. En esa acción legal se incluyó también la restitución de los sueldos pagados de manera ilegal al directorio (concepto por el que Sergio Jadue aún debe $34 millones) y de los honorarios cancelados a los abogados que defienden al ex presidente de la ANFP en Estados Unidos (vea el reportaje de CIPER “La asesoría jurídica que contrató Jadue con platas de la ANFP para su defensa).

La querella restante también tiene como protagonista al ex presidente, ya que se le acusa de haber contratado en la ANFP al arquitecto Leonidas Laoutari, cercano a su familia. La asociación denuncia que entre 2011 y 2015 Laoutari recibió más de $218 millones por servicios que no están respaldados, además de realizar trabajos en el domicilio particular de Sergio Jadue mientras era pagado por la ANFP. El conflicto de interés por la relación entre Laoutari y Jadue era completamente conocido por los miembros del Consejo de Presidentes y por los funcionarios de la ANFP, pero hasta la caída del calerano nadie levantó la mano para cuestionarlo.

 

ORDEN Y TRANSPARENCIA

En conversación con CIPER, el director de la ANFP a cargo de llevar la relación con el Ministerio de Justicia, Juan Carlos Silva, expuso los avances que a su juicio han permitido ir ordenando el descalabro administrativo y financiero que asumieron hace un año. Los avances, asegura, tienen satisfecha a su contraparte en la secretaría de Estado. Entre las iniciativas de la nueva directiva, Silva destaca que ahora es pública la sesión del Consejo de Presidentes en la que se presenta la memoria y el balance anual, algo que a pesar de estar estipulado en los estatutos, no se había cumplido durante los últimos años.

Otro cambio que menciona Silva es el tratamiento que se da a las solicitudes de información y de préstamos por parte de los clubes. A diferencia de la informalidad que existía antes, dice, ahora los requerimientos ingresan por la oficina de partes, se deja un registro y se derivan a nivel interno para dar respuesta. Los préstamos, en tanto, son estudiados por el directorio e informados al pleno del Consejo de Presidentes.

Silva también destacó la labor de la Unidad de Control Financiero que ahora está enfocada en solicitar la información que permita mantener bajo control la situación económica de los clubes, conocer su estructura societaria y fiscalizar la rendición de los dineros que la ANFP les entrega.

La asociación contrató a la empresa Matrix para reformular su gobierno corporativo. La idea, explicó Silva, es“tener una estructura que exceda a las administraciones de turno”.

La ANFP está trabajando en un posible convenio con el Consejo para la Transparencia (CPLT). El objetivo sería recrear algunas de las prácticas que se utilizan en el sector público: un sistema de solicitudes y acceso a información, un portal de transparencia activa y la suscripción de declaraciones de patrimonio e intereses. Representantes de la asociación sostuvieron su primera reunión con el CPLT la semana pasada. El presidente del consejo, José Luis Santa María, confirmó la información a CIPER, aunque aclaró que todo está en una etapa larvaria y que todavía no hay nada por escrito.


La espesa trama financiera tras la fusión de las universidades Gabriela Mistral y UCINF

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“La estructura organizacional, administrativa y financiera que actualmente posee la universidad, no es suficiente para permitir su adecuado funcionamiento”. La conclusión a la que llegó en 2012 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) fue categórica. Ese año la Universidad UCINF intentó mantener la precaria acreditación por dos años que obtuvo en 2010, pero su situación financiera se lo impidió. Desde 2009 la universidad venía arrastrando una severa crisis financiera. En el camino cerró las sedes que había abierto en Melipilla y Puente Alto, y vendió todos los edificios que alguna vez le pertenecieron.

El último eslabón de ese proceso de crisis –sin que nadie dé cuenta de los activos involucrados- fue la noticia que se difundió el 13 de diciembre: la universidad inició su proceso de cierre y toda su matrícula, incluidos profesores y facultades, serán absorbidos por la Universidad Gabriela Mistral (UGM), institución gestionada desde 2014 por el Movimiento Sodalicio de Vida Cristiana, la organización católica conservadora que nació en Perú y que ahora se expande por varios países de Latinoamérica.

La anunciada fusión fue el resultado de sigilosos movimientos que se concretaron hace solo dos meses. Cuando todo indicaba que la UCINF se acercaba a la fase terminal de sus crisis, milagrosamente apareció una inyección de $1.850 millones, aportada por una sociedad de sus mismos controladores. Y una inversión de más de mil millones de pesos en activos financieros.

¿Cuál es el origen  de esos recursos y por qué no invirtieron antes? La pregunta nadie pudo responderla. Las casualidades son muchas. La millonaria inyección se hizo a solo días del anuncio de la fusión con la Universidad Gabriela Mistral, la que poco antes obtuvo su acreditación por dos años. El presidente de la Junta Directiva de la UGM, el sodalicio Jaime Beartl, aseguró a CIPER que la fusión con la UCINF no contempla ningún pago. Lo mismo sostienen los controladores de la UCINF.

ucinfAsí se materializó una sociedad perfecta entre una universidad con 900 alumnos y acreditada -lo que le permite acceder a los dineros frescos del Crédito con Aval del Estado (CAE)-  y otra con un millonario déficit, pero con dos atractivas facultades consolidadas en uno de los mejores nichos del mercado: Pedagogía y Salud.

Según la versión oficial que los controladores de la UGM entregaron al Ministerio de Educación (Mineduc) y a la CNA, las conversaciones para “fusionar” su plantel con la UCINF comenzaron en octubre de este año. En noviembre esas conversaciones se formalizaron, y el 13 de diciembre la decisión fue informada al Mineduc y a la opinión pública.

Un comunicado de la UCINF resaltó que “la ministra de Educación ha manifestado públicamente su satisfacción con el proceso, destacando que todo ha sido dentro de la legalidad vigente”.

Que las conversaciones para “fusionar” ambas instituciones comenzaran en octubre, no fue algo casual. El hito previo para ello ocurrió en septiembre. Ese mes, la UGM logró una acreditación precaria, solo por dos años, pero que le permitirá desde 2017 acceder a ingresos frescos ya que sus alumnos podrán optar a los dineros que el Estado garantiza a través del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Una vez realizada la fusión, los alumnos importados desde la UCINF también podrían acceder a ese beneficio. De hecho, la UGM ya solicitó nuevos cupos a la Comisión Ingresa para sus futuros estudiantes: 500 para alumnos que ya cursen una carrera en la institución y otros 600 para alumnos nuevos, a los que se sumarán aquellos que renueven su crédito.

El cierre de la UCINF se concretará antes del inicio del próximo año académico. Desde 2017 todos sus actuales alumnos deberán asistir a la UGM para terminar sus carreras, ya que no habrá matrículas ni para ellos ni para alumnos nuevos.

A pesar de las múltiples interrogantes que quedan sin respuesta, este fin de semana comenzaron a despejarse algunas: la UGM informó, a través de dos avisos publicitarios a página completa en El Mercurio y La Tercera, que abrirá tres nuevas carreras de pedagogía (Básica, Diferencial y Parvularia) para inaugurar su Facultad de Educación. Todas ellas eran carreras que ya impartía la UCINF. Pero el crecimiento será más amplio, ya que a pesar de que no fueron incluidas en la inserción publicitaria, en la página web de la UGM ya aparecen también la carrera de Pedagogía en Educación Física y una Facultad de Ciencias de la Salud (Enfermería, Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, Kinesiología y Terapia Ocupacional), todos programas que imparte la UCINF.

A la UGM el acuerdo le viene como anillo al dedo. Uno de los objetivos de mediano plazo que se plantearon sus actuales controladores –el Movimiento Sodalicio-, fue multiplicar por cuatro la matrícula de la universidad, tal como lo declaró el superior en Chile, Gustavo López, a El Mercurio en julio de este año. Actualmente la matrícula de la UGM es de 982 estudiantes. Con la absorción de la UCINF, desde 2017 el número de alumnos podría llegar a cuatro mil, considerando que la matrícula de esa universidad fue en 2016 de 2.850 alumnos.

UCINF: SIGILOSOS MOVIMIENTOS FINALES

Pocos días antes que la Universidad UCINF notificara al Ministerio de Educación de su cierre e incorporación a la UGM, sus autoridades concretaron un cambio relevante en su patrimonio, estatutos y, por consecuencia, en las sociedades que la controlan. Según consta en una escritura que CIPER encontró en la Notaría de René Benavente, el miércoles 7 de diciembre se reunieron los socios controladores de la UCINF en las oficinas del Grupo Educacional Cepech (GEC), en Agustinas 1447. El objeto: modificar su patrimonio y estatutos debido a los reparos que formuló el Mineduc a la incorporación de un nuevo socio a la casa educativa en julio de este año.

El 20 de julio pasado los socios de la UCINF habían acordado el ingreso de la Corporación de Fomento Educacional Aprende con una inversión de $4.425 millones. En ninguno de los documentos hallados por CIPER se da cuenta del origen de esos $4.425 millones que aportaría Aprende, corporación sin fines de lucro, creada en 2013 por los mismos controladores de la Universidad UCINF.

La modificación societaria de la UCINF fue informada el 3 de agosto a la División de Educación Superior del Mineduc, tal como lo obliga la ley. Pero como la UCINF mantenía un déficit  de $1.979 millones al cierre de 2015, la Divesup presentó reparos. En oficio del 2 de noviembre la autoridad le comunicó a los controladores de esa universidad que debían modificar sus estatutos en el punto donde se da cuenta de su patrimonio. La Divesup también solicitó los antecedentes del nuevo socio (revise el convenio de incorporación de la Corporación de Fomento Educacional  Aprende a la UCINF).

Fue producto de esos reparos que, finalmente, el 7 de diciembre pasado se reunió nuevamente la Asamblea de Socios de la Universidad UCINF para concretar el ingreso de la Corporación Aprende a su control. Al inicio, según el acta, se dejó constancia de la situación financiera de la UCINF, a partir de la incorporación de la Corporación Aprende y su millonario aporte:

“Respecto del monto del incremento patrimonial, el presidente (Cristián Moreno) estimó que se presenta a esta asamblea la oportunidad de poder abordar el problema patrimonial de la UCINF que hace varios años muestra un patrimonio negativo. Específicamente acotó que al cierre de 2014 la Universidad UCINF contaba con un patrimonio negativo de $2.801 millones, cifra que gracias a los excedentes generados en el ejercicio de 2015 se redujo a $1.979 millones.

Cristián Moreno Benavente

Cristián Moreno Benavente

El primer acuerdo fue rescindir el convenio original por el cual la Corporación Aprende invertía $4.425 millones en la Universidad UCINF. El segundo acuerdo fue aceptar la incorporación de Aprende, pero esta vez su aporte se redujo a $1.850 millones ($2.600 millones menos). Y se hizo en función de las expectativas financieras de 2016 y de “un excedente de caja invertido en inversiones financieras por sobre los mil millones de pesos, lo que refuerza la propuesta de no aceptar el aporte ofrecido por estimarlo innecesario”.

En resumen, de un déficit contable de $1.979 millones la UCINF pasó a un capital social de $1.876 millones, considerando los $1.850 millones que invirtió la Corporación Aprende (revise el acta de la Asamblea de Socios del 7 de diciembre).

Así, el 7 de diciembre se incorporó como socio mayoritario de la UCINF la Corporación de Fomento Educacional Aprende, la que obtuvo su personalidad jurídica el 2 de octubre de 2013. En su directiva ocupan sillones los mismos controladores del GEC, hasta ahora dueños de la UCINF: Eduardo Avayú Guiloff, Cristián Moreno Benavente, Fernando Camacho Ives y Carlos Schaerer Jiménez (ver certificado del Registro Civil).

En esa Asamblea de Socios del 7 de diciembre los dueños de la Universidad UCINF se repartieron para representar a las tres sociedades que la controlan. Mientras Cristián Moreno y Carlos Schaerer asistieron en nombre de la Sociedad de Participación Mobiliaria Proyectos SC y Compañía, y de la Sociedad Colectiva Proyectos SC y Compañía; Eduardo Avayú y Javier Ovalle representaron a la Corporación Aprende.

En ninguno de los documentos que encontró CIPER se habla de la nueva fusión con la Universidad Gabriela Mistral y de por qué se produce una inversión de última hora de $1.850 millones en la UCINF a pocos días de concretar su cierre. La omisión no es casual. La ley prohíbe expresamente vender o comprar universidades, por lo que si hubo dinero de por medio en la fusión con la UGM esos contratos corrieron por canales paralelos estrictamente reservados. Tal como ocurrió por ejemplo, con las sucesivas ventas de la Universidad San Sebastián (ver reportaje de CIPER).

De hecho, la misma UCINF tuvo otros cambios en la sociedad que la controla y los montos involucrados aún se desconocen. En 2009, el Grupo Educacional Cepech compró el 60% de su propiedad a través del Fondo Payne Capital. Los vendedores fueron: Pedro Johansen Bertoglio, José Mutis Puccio, Víctor Hugo Muñoz Hidalgo y Patricio Muñoz Navarro, tal como informó El Mercurio.

Cinco años más tarde, el Grupo Educacional Cepech, que poseía el 66,6% de las acciones de Proyectos SC, la sociedad que controlaba la UCINF, le compró el otro 33,3% a Rodrigo Rocha Vera, quien se había incorporado a la propiedad de la UCINF en 1992, junto a su hermano Gerardo Rocha (fallecido). Según el LinkedIn de Rodrigo Rocha -aún participa en el control de la Universidad Santo Tomás- en junio de 2014 abandonó la UCINF. Pero de eso no hay huella en los documentos que CIPER revisó en el Archivo Judicial.

En la respuesta que entregaron las autoridades de la UCINF a CIPER, tampoco se precisan los montos de la compra de su parte a Rocha en 2014. Solo se señala que “se le restituyó exactamente el monto de los recursos facilitados a Proyectos SC S.A. para desarrollar el proyecto.  No hubo utilidad ni excedente de ninguna especie en esa operación” (ver recuadro).

El último registro de Rocha en la UCINF aparece en una junta de accionistas de noviembre de 2012, cuando la sociedad Proyectos SC aumentó su capital de $6.879 millones a $8.087 millones. Entonces Rocha tenía 122 acciones a través de la Sociedad de Inversiones Roca, mientras que Cepech tenía otras 244 acciones.  El aumento de capital que registra el acta respetiva indica que su objetivo es construir un nuevo edificio para la universidad en Pedro de Valdivia 562, 572 y 590. Pero el compromiso no se cumplió.

El siguiente registro, y el último disponible, es del 15 de septiembre de 2014 y corresponde a una reunión de Proyectos SC donde se renovó su directorio, el que pasó a estar totalmente controlado por los hombres de GEC: Cristián Moreno, Eduardo Avayú, Carlos Schaerer, Fernando Camacho y Javier Ovalle. En la escritura se hace referencia a que ese nuevo directorio fue nombrado por una junta de accionistas, pero no se menciona la fecha en que se realizó.

LA UCINF DEJÓ DE SER UN BUEN NEGOCIO

En 2012 la UCINF intentó por última vez mantener la acreditación que había logrado en 2010 ante la CNA. Su patrimonio en cifras rojas motivó la pérdida de su certificado oficial. El análisis económico del plantel fue realizado por Feller Rate, y sus conclusiones fueron categóricas: la mala evaluación asignada a la UCINF “responde a su patrimonio negativo, altos niveles de endeudamiento y poca estabilidad en términos financieros, dependiendo y sustentándose la viabilidad del proyecto educativo en el apoyo y aportes entregados por Proyectos SC S.A.”.

La pérdida de la acreditación ese año fue un golpe mortal para la UCINF. Había logrado en 2010 obtener el certificado que le permitía acceder a los dineros del CAE, luego de ser rechazada en 2007 en su primer intento ante la CNA. El informe de Feller Rate de 2012 hace referencia a ese episodio: “Los ingresos de la corporación exhibieron una tendencia decreciente entre los años 2007-2010, debido a la falta de acreditación, problemas con carreras y la consecuente disminución de matrículas posteriores”.

El mismo informe indica que esa situación se recuperó en cierta medida luego que el plantel fuera acreditado en 2010, cuando estaba al mando de la CNA Luis Eugenio Díaz, quien fue condenado por cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos e infracciones al Código Tributario, luego que se comprobara que utilizó su posición en la CNA precisamente en ese año 2010 para vender acreditaciones a distintos planteles.

El informe financiero del plantel en 2012 dejó en claro que los ingresos de la UCINF estaban concentrados en los aranceles pagados por sus alumnos. Y en los dineros del CAE: por ese concepto la UCINF recibió $3.426 millones. Eso explica que la pérdida de la acreditación, con el consiguiente derrumbe de la matrícula y la imposibilidad de recibir dineros del CAE, finalmente le hayan dado un tiro de gracia. El volumen de matrícula de la UCINF ha sido una montaña rusa: en 2006 tenía 4.455 alumnos, en 2012, con la acreditación, alcanzó su peak con 6.734 estudiantes, cifra que progresivamente fue bajando luego de perder la acreditación, hasta llegar a 2.855 alumnos.

El informe de Feller Rate de 2012 también consigna que la mayor parte de la deuda de la UCINF corresponde a compromisos contraídos con su sociedad relacionada Proyectos SC, cuyo pago debía iniciarse en 2016. De allí la importancia de dilucidar qué pasó con la deuda de arrastre que la UCINF mantenía con esa sociedad (Proyectos SC) y cómo se saldó al momento de concretarse su fusión con la universidad de los Sodalicios.

Grupo Educacional CEPECH

Grupo Educacional CEPECH

La incógnita persiste ya que según escrituras públicas revisadas por CIPER, la Universidad UCINF no cuenta con ningún edificio propio que podría haber servido para amortiguar dicha deuda. Como se dijo, cuando la UCINF intentó acreditarse en 2012, se comprometió ante la CNA a construir y habilitar un nuevo edificio para consolidar su operación y agrupar sus instalaciones, las que entonces arrendaba a terceros.

Entre agosto de 2011 y octubre de 2012, una sociedad de los controladores de la UCINF: Inmobiliaria Metropolitana, de Eduardo Avayú Guiloff, Cristián Moreno Benavente, Carlos Schaerer Jiménez y Fernando Camacho Ives, compró tres inmuebles en Pedro de Valdivia 562, 572 y 590 en $931 millones. Cuatro años más tarde, el 24 de diciembre de 2015, los vendieron a la Embajada de China en más de $2 mil millones. El negocio inmobiliario reemplazó al nuevo edificio de la universidad que se había comprometido ante la CNA.

Donde sí se construyó un edificio institucional fue en el terreno de Pedro de Valdivia 450, donde funciona la sede principal del plantel. Pero aquí se produce un cruce interesante. Parte de ese terreno era propiedad de la UCINF hasta el 3 de mayo de 2006, cuando se lo vendió a IAB Inmobiliaria por 40.198 UF (unos $720 millones de entonces). Actualmente ese terreno se amplió y pertenece a Inmobiliaria del Inca, propiedad de un grupo anclado desde hace más de dos décadas en el negocio de la educación: Luis Cordero, Alejandro Pérez y Andrés Navarro.

Es el mismo grupo que hoy controla la Universidad San Sebastián (USS), y que hasta 2003 tuvo una parte importante de la propiedad de la Universidad Andrés Bello, la que fue vendida al Grupo Laureate. En septiembre de 2015 Inmobiliaria del Inca absorbió a IAB Inmobiliaria, incluyendo sus activos y pasivos.

El nexo entre los dueños de la UCINF y los controladores de la USS no es extraño. Sus fundadores se toparon en los inicios del Cepech, cuando eran jóvenes gremialistas. Según relata la periodista María Olivia Monckeberg en su libro Con Fines de Lucro, la fundación que dio origen al preuniversitario Cepech (Fundación Estudiantes de Chile), fue constituida por dirigentes gremialistas de la Universidad de Chile que habían participado de la Fecech, un intento del oficialismo pro dictadura para suplantar a la histórica federación de los universitarios.

En la constitución de esa fundación confluyeron algunos actuales controladores del GEC, como Cristián Moreno y Carlos Schaerer (ex subdirector de El Mercurio), con algunos de los que luego fundaron el grupo de inversores que pasó por la Universidad Andrés Bello y que hoy controla la Universidad San Sebastián.

La crisis financiera por la que atravesaba la UCINF en 2013 no fue obstáculo para que sus dueños hicieran aportes reservados a las campañas políticas de ese año. En el listado de 242 empresas y personas jurídicas que se acogieron a beneficios tributarios por donaciones a campañas políticas, publicada por el diario La Tercera (ver nómina), aparecen el Instituto Profesional de Chile (IP de Chile Ltda) y Cepech S.A. (ver reportaje de CIPER).

EL GRAN SALTO DE LOS SODALICIOS

El Movimiento Cristiano Sodalicio arribó a Chile en el año 2000, luego que el cardenal Francisco Javier Errázuriz los invitara a instalarse en el país. De hecho, el Arzobispado les cedió un terreno en La Dehesa, en la subida del Club de Golf Santa Martina, para que construyeran una capilla.

Maqueta nueva sede UGM en Huechuraba

Maqueta nueva sede UGM en Huechuraba

En un inicio sus actividades se concentraron en el barrio alto de Santiago. Participaron en los colegios Craighouse, Apoquindo, Santiago College y Dunalastair, además de la Scuola Italiana. Pero actualmente ya no están ligados a esos recintos, ya que han ido haciéndose de sus propias instituciones educativas.

En 2011 levantaron el Colegio Saint Joseph en Huechuraba, y entre 2013 y 2014 tomaron el control de la Universidad Gabriela Mistral, el que estaba en manos de Alicia Romo. Los Sodalicios han señalado que no hubo un negocio para hacerse con el plantel, y que su ex controladora los invitó a ingresar. Es decir, que no hubo pago de por medio. Pero sí hubo un contrato: la familia Romo les arrendaría por 20 años el edificio que actualmente ocupa la UGM en Avenida Ricardo Lyon en Santiago, y durante ese lapso el plantel no podría mudarse (ver reportaje de CIPER).

Pero algo ocurrió en el camino. La familia Romo decidió vender el terreno a Mas Vida (quien allí construirá una nueva torre de la Clínica Las Lilas y dos edificios de departamentos) y los Sodalicios compraron un terreno en Huechuraba para levantar el nuevo campus de la UGM, el que estará operativo en 2019. Ese terreno les costó 188.007 UF ($4.950 millones) y se lo compraron a la Inmobiliaria Doña Pilar, propiedad de Alfredo Solar Montero (ver inscripción).

A pesar que el movimiento religioso ya había finiquitado un contrato de arriendo temporal para funcionar en un edificio en Carlos Antúnez con Pedro de Valdivia –el que antes fue ocupado por la UCINF y la Universidad Autónoma-, fuentes de los Sodalicios señalaron a CIPER que existe una negociación para extender su estadía en Ricardo Lyon hasta que esté lista su nueva sede.

Los Sodalicios también han negado que exista algún tipo de acuerdo económico con los dueños de la UCINF –el Grupo Educacional Cepech-, para quedarse con sus alumnos y sus facultades. El presidente de la junta directiva de la UGM, el Sodalicio Jaime Beartl, señaló a CIPER que no se contemplan transacciones económicas ni con las sociedades que controlan los planteles ni con sus sociedades relacionadas.

Los cerca de cuatro mil alumnos que desde 2017 registrará la UGM se sumarán a los que actualmente están matriculados en los dos colegios a su cargo: el Saint Joseph en Huechuraba y la Escuela de Lo Prado, que administra la propia Universidad Gabriela Mistral. Además, los Sodalicios tienen presencia en las comunas de Maipú, en la parroquia Madre de los Apóstoles;  y en La Dehesa, donde funciona la capilla Madre de Dios y una residencia para los miembros del movimiento. Las monjas sodalicias, llamadas Siervas del Plan de Dios, también han colaborado en los hogares de la Fundación Las Rosas.

Los sodalicios controlan la UGM a través de dos fundaciones, el Movimiento Sodalicio de Vida Cristiana y el Centro de Estudios Católicos (CEC Chile), ambas nombran a los miembros de la asamblea de socios del plantel. Las escrituras notariales de esta última fundación dan cuenta de que el movimiento ha inyectado recursos a la universidad, y que esos fondos provienen, al menos en parte, de Perú, cuna de los Sodalicios.

A la derecha, Jaime Eartl, presidente junta directiva UGM

A la derecha, Jaime Eartl, presidente junta directiva UGM

En el acta de una sesión de directorio de CEC Chile, del 25 de abril de este año, se señala que durante 2015 “se realizaron aportes de capital a la UGM para solventar gastos de sueldos de personal”, y que se firmaron contratos de cuenta corriente mercantil entre CEC Chile y su entidad vinculada, “Fundación María de la Caridad”.  Pero hay más triangulaciones de dinero transnacionales de los Sodalicios. En la misma acta se deja constancia de la aprobación de una donación a la asociación “Vida y Espiritualidad” de Argentina, la que forma parte del Movimiento Sodalicio en ese país, para “labores de evangelización en la ciudad de Buenos Aires”. No se cuantifica el monto de la donación.

También allí figura una solicitud de donaciones a la Fundación Santa Rosa de Lima para “gastos hipotecarios, mantención y sueldos de personal”, operación que ya se realizó en 2015. Tampoco se clarifican los montos solicitados a Perú.

La estructura que levantaron los  Sodalicios en Chile para administrar su primera institución educacional, el Colegio Saint Joseph, comenzó a concretarse en 2009 cuando se asociaron con René Orellana Fernández (sostenedor del colegio The American School de Puerto Montt y que antes estuvo en la propiedad del Instituto de Idiomas Tronwell). En conjunto formaron tres sociedades: Asesoría y Administración Educacional, Inmobiliaria de Edificios Educacionales y Saint Joseph School.

La sociedad entre los Sodalicios y Orellana hoy cruje luego de que éste último demandara a los Sodalicios en medio de la negociación por el precio de venta de sus acciones. El proceso judicial está en marcha y es un problema para la organización católica: una cláusula en los contratos impide que los Sodalicios puedan crear más colegios si no lo hacen en sociedad con Orellana. El juicio tiene por ahora frenada su expansión en educación básica y media.

El Movimiento Sodalicio ha crecido en el país, sobre todo en el sector más conservador y pudiente. Un reportaje de Revista Capital de 2011 señala que varios hijos de políticos y empresarios se han unido a sus filas. El reportaje menciona entre los padres de jóvenes Sodalicios a la ex alcaldesa de Lo Barnechea, Marta Ehlers; la ex ministra Catalina Parot y la ex alcaldesa de Recoleta, Sol Letelier. También se nombra al diputado de la UDI, Felipe de Mussy, como uno de sus simpatizantes. El parlamentario reconoció a CIPER que tiene muchos amigos en el movimiento, pero que no ha seguido participando de sus actividades. Revista Capital también señala que entre los asesores de los Sodalicios se cuenta a Cristina Bitar y al empresario Juan José Cueto, además de la hija de la ex dueña de la Universidad Gabriela Mistral, Magdalena Merbilhaá.

INCERTIDUMBRE

Luego de que los representantes de los Sodalicios sostuvieran el pasado miércoles 21 de diciembre una reunión de 1 hora y 20 minutos con el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Alfonso Muga, CIPER los abordó para conversar sobre la fusión de la Universidad Gabriela Mistral y la UCINF. Esa fusión –señalaron- no estaría asegurada. “Existe la posibilidad de que no se concrete. Se está haciendo todavía un due dilligence, un estudio de que no haya ninguna contingencia en la Universidad UCINF”, indicó el presidente de la junta directiva de la UGM, Jaime Beartl.

Beartl agregó que, de concretarse la operación, los estudiantes podrán elegir dónde se matriculan, si en la UGM o en la UCINF. Agregó que los profesores de la UCINF se trasladarían a la UGM en caso de concretarse la absorción del plantel, y que lo mismo ocurrirá con las mallas curriculares de las carreras. El directivo descartó que el Instituto Profesional de Chile o los colegios Terra Austral, ambos de propiedad de Cepech, estén incluidos en las negociaciones.

Llama la atención la respuesta que entregó a CIPER el presidente de la junta directiva de la UGM, porque en una carta que el rector de la misma universidad, Alberto Vásquez (ex jefe de la Divesup durante el gobierno de Sebastián Piñera) envió el 22 de diciembre a los estudiantes de la UCINF, da por hecho que la absorción se producirá. En la misiva incluso se detallan las fechas de matrícula y se asegura que las clases se impartirán en las dependencias de la Universidad Gabriela Mistral (ver carta).

Este 26 de diciembre los estudiantes de la UCINF hicieron entrega de un petitorio a las autoridades del plantel. Allí exigen que se mantengan sus condiciones de estudio (mallas curriculares, aranceles y horarios de clases), y que se les otorgue un título de la Universidad Gabriela Mistral, sin que esto signifique un incremento en los semestres de estudio (ver petitorio de los estudiantes).

 

LAS RAZONES DE LA UCINF PARA LA FUSIÓN

Estas son las respuestas de la dirección de la UCINF al cuestionario que envió CIPER.

-El reciente anuncio de fusión con la Universidad Gabriela Mistral (UGM), ¿incluye al Instituto Profesional de Chile o a alguno de los colegios que administra el Grupo Educacional Cepech?
El acuerdo se circunscribe exclusivamente a la Universidad UCINF y no se extiende a ninguna otra materia.

-El Grupo Educacional Cepech o alguna de sus sociedades relacionadas, ¿se incorporarán a la gestión o propiedad de la Universidad Gabriela Mistral?
No se establece, ni considera ninguna participación directa o indirecta del Grupo Educacional Cepech en la propiedad o administración de la Universidad Gabriela Mistral.

-¿Cuál es el motivo por el que las autoridades de la UCINF decidieron cerrar el proyecto e incorporar su matrícula y dos de sus facultades a la Universidad Gabriela Mistral?
En el actual escenario de incertidumbre regulatoria nos pareció que la mejor manera de garantizar la estabilidad académica de nuestros estudiantes era incorporándolos a una institución con las fortalezas y proyección que tiene la UGM. Pensamos que su oferta académica se complementa muy bien con nuestro proyecto, lo que facilitará en muchos aspectos el proceso de incorporación de nuestros alumnos y profesores.

Por otra parte, los alumnos de universidades acreditadas -como la UGM- pueden acceder a beneficios que son muy relevantes para ellos y a los que no tendrían acceso en la UCINF mientras no se obtuviera la acreditación institucional.

¿Por qué razón en diciembre de este año, y a pocos días de anunciar el cierre del plantel, decidieron incorporar a su propiedad a una corporación sin fines de lucro (Aprende), la que inyecta $1.850 millones a la UCINF?
Es importante aclarar que la Universidad UCINF se mantendrá vigente –jurídica y académicamente — hasta que egrese y titule el último de los alumnos por esta institución. La decisión de fortalecer patrimonialmente a la universidad, aportándole la cantidad indicada, estuvo orientada a precaver financieramente cualquier contingencia que pueda surgir en este proceso de incorporación. Para estos efectos, se realizaron diversas provisiones financieras, la más importante de ellas dice relación con los eventuales deudores incobrables del Crédito con Aval del Estado (CAE).

-El ex socio del Grupo Educacional Cepech en el control de la UCINF, Rodrigo Rocha, salió en 2014 de la propiedad (participaba a través de la Sociedad de Inversiones Roca). ¿Cuánto se le pagó por sus acciones en Proyectos SC S.A.?
Cuando el Grupo Educacional Cepech ingresó a la gestión de la universidad en 2009, el señor Rocha ya formaba parte de la misma. Luego de la pérdida de la acreditación institucional de la UCINF en 2012, el señor Rocha decidió emprender otras iniciativas y se le restituyó exactamente el monto de los recursos facilitados a Proyectos SC S.A. para desarrollar el proyecto.  No hubo utilidad ni excedente de ninguna especie en esa operación.  

-¿Quiénes son los actuales accionistas de las sociedades que controlan la UCINF a través de “Sociedad de participación mobiliaria Proyectos SC y Compañía” y “Sociedad colectiva Proyectos SC y Compañía”?
En última instancia son los señores Eduardo Avayú Guiloff, Fernando Camacho Yves, Cristián Moreno Benavente y Carlos Schaerer Jiménez.

-Actualmente, ¿la UCINF tiene propiedades?
La universidad no tiene ni ha tenido propiedades inmuebles. La universidad funciona desde octubre de 2008 en un edificio que se arrienda a terceros no relacionados.

El otro negocio ilícito que Matte le endosó a un gerente que terminó en la cárcel

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Han pasado 40 años desde el día en que Patricio Gómez Bahamonde huyó a la Argentina. Su abrupto viaje fue decisión del directorio de la empresa en la que se desempeñaba como gerente de Finanzas. Buscaban ganar tiempo para negociar con los acreedores el pago de millonarias deudas cuyas garantías él había firmado. “Te traemos de vuelta el lunes”, cuenta que le aseguraron. Pero lo que prometía ser un fin de semana largo en Buenos Aires, se extendió por meses. Los dueños de Aceros Andes simplemente se desentendieron del asunto y Gómez terminó en la cárcel.

Patricio Gómez había decidido no hacer nunca públicos los detalles de su historia. Hasta que a fines de 2015, cuando estalló el escándalo de la colusión de los precios del papel tissue, por los diarios y la TV se enteró de cómo el empresario Eliodoro Matte Larraín les endosaba a los ejecutivos de la CMPC la responsabilidad de ese ilícito. Y supo de su explicación: pese a ser el presidente de la compañía –controlada históricamente por su familia– él nunca se enteró de nada.

Patricio Gómez, entonces gerente de Finanzas de Acero Andes.

Patricio Gómez, ex gerente de Finanzas de Acero Andes.

Por esos días, Gómez cumplía 45 años de matrimonio. Su mujer le pidió un solo regalo: que hablara, que Matte no podía nuevamente descargar la responsabilidad en sus subalternos, que debía saberse que no era la primera vez…

La historia que relata Patricio Gómez es un thriller de negocios. En la trama de la caída de Aceros Andes, propiedad de los grupos Matte y Gianoli-Mustakis, el rol de Eliodoro Matte era hasta ahora desconocido. Desde 1968 y hasta septiembre de 1976, Gómez fue gerente de Finanzas de la empresa líder en América Latina en la fabricación de piezas pesadas para la minería y la reposición de línea férrea.

–La formaron con la habilidad propia de los Matte: ellos nunca colocan plata, logran que otros lo hagan y hacen figuras legales de tal modo de optimizar su rentabilidad. Aportaron las fundiciones, los equipos y en vez de inyectarle capital de trabajo, hicieron emisiones de bonos o de ventures de esa época, con mucho éxito en el mercado, porque estaba respaldado por la familia Matte. Usaban y usan la imagen de que son serios, rectos y honestos –relató Patricio Gómez a CIPER.

La victoria de Salvador Allende significó un punto de quiebre en el hasta entonces exitoso desarrollo de Aceros Andes. Fue una de las primeras empresas intervenidas por el gobierno de la Unidad Popular, la que pasó a ser manejada por el interventor Manuel Salgado Suárez. Pese a ser opositor, Gómez se quedó en la firma, mientras los dueños se borraron del mapa. Y así fue hasta después del Golpe de Estado de 1973, cuando recibieron la empresa en estado calamitoso, pues la producción prácticamente se había paralizado durante la UP. Sus dueños veían al régimen militar como la tabla de salvación, y al principio lo fue.

Eliodoro Matte hijo había dejado Chile en septiembre de 1970, pocos días después del triunfo de Allende, para estudiar un MBA en la Universidad de Chicago. Matte, quien ha reconocido en privado y en público que Augusto Pinochet era el hombre público que más admiraba, tras el golpe se sumó a su gobierno. Primero fue jefe de Finanzas del Ministerio de Salud, luego gerente general de Laboratorio Chile y de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.

Foto: La Segunda 12 de julio 1977.

Foto: La Segunda 12 de julio 1977.

En 1976, Matte dejó el sector público y se integró al directorio de CMPC, el que entonces presidía su padre, Eliodoro Matte Ossa. También ingresó al directorio de Aceros Andes (entre otros negocios familiares). Pero las políticas económicas de sus compañeros Chicago Boys pondrían en aprieto a la compañía.

Matte tenía sólo 31 años y en Aceros Andes compartía directorio con hombres públicos y de negocios de vasta trayectoria. El presidente era Constantino Mustakis Botasilini, cabeza del grupo Gianoli-Mustakis; y el vicepresidente, Manuel Mardones Restat, hombre de confianza histórico del Grupo Matte. El resto del directorio lo integraban el ex ministro Ernesto Pinto Lagarrigue y el abogado Carlos Torretti, entre otros.

Aceros Andes fue creada en tiempos del apoyo del Estado a la producción nacional, con fuertes barreras a la mercancía extranjera, bajo la lógica de la sustitución de las importaciones. El gobierno militar impondría la política contraria: una baja sostenida de los aranceles para abrir la economía chilena al mundo.

Gómez cuenta que hasta se reunieron con los ministros Chicago Boys que manejaban la economía, creyendo que la influencia del ex presidente Jorge Alessandri –entonces presidente de la CMPC–, solucionaría el asunto. Pero la respuesta fue que la baja de aranceles era una decisión irrevocable y que “las empresas que tienen que cerrar se cierran”.

La prensa de la época entrega otra versión: le atribuye la crisis de Aceros Andes a la brusca caída en la demanda de Ferrocarriles del Estado, el principal cliente de la empresa. Otro de los duros efectos de la fuerte contracción presupuestaria del Estado.

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Como encargado de las finanzas de Aceros Andes, Patricio Gómez debía gestionar los créditos que le permitían a la compañía financiarse. Operaban tanto con instituciones formales, como el Banco Sudamericano, relacionado societariamente con el mismo Grupo Matte; como con financieras informales, las que se multiplicaban en aquellos días de regulaciones mínimas.

–La empresa tenía un endeudamiento bastante alto, pero estaba basado en el prestigio de la familia Matte, porque no teníamos garantías. Yo pedía plata y me la daban. Estábamos endeudados con todos los bancos y con las financieras. Todo sobre la base del prestigio, porque siempre la empresa había cumplido en todo –relata el ex gerente.

En su rol de apoderado de la compañía, Gómez debía firmar los cheques que se dejaban en garantía por los créditos. La segunda firma era la de su asistente, el ingeniero comercial Fernando Garrido Taraba. Los cheques quedaban en una notaría acompañados de un escrito donde se señalaba que la firma era a título personal, pero por instrucción del directorio de Aceros Andes. Con el tiempo, reconoce Gómez, se dio cuenta de que esa “precaución” no tenía validez legal.

En septiembre de 1976 ya era claro que la empresa tenía graves problemas financieros. Pero Gómez dice que estaba tranquilo, pensaba que, finalmente, podrían pagar las deudas porque contaban con el respaldo de la familia Matte. En una reunión extraordinaria de directorio, se acordó notificar a los bancos y financieras de que iban a cesar sus actividades y congelar los pagos a la espera de una solución. Fue Gómez, junto al gerente general de Aceros Andes, George Le Blanc Donaldson, quienes dieron las explicaciones a los ejecutivos de las instituciones acreedoras.

–Se produjo un altercado, había molestia. Nos miramos las caras, tratamos de dar explicaciones, pedimos que nos dieran tiempo, que íbamos a ver cómo resolvíamos la situación. Hasta que el señor Prieto, de la Financiera Fusa, se paró y dijo: Yo aquí no veo presente a ningún miembro de la familia Matte. Yo he puesto dinero porque está la familia Matte detrás, y los que están en representación de los bancos también. Ustedes son empleados. Nosotros queremos a la familia Matte diciendo “nosotros respondemos”, como buenos empresarios. Vamos a hacer lo siguiente, mientras no dé la cara la familia Matte, yo voy a ejecutar al señor Gómez, que está aquí presente, lo voy a perseguir, lo van a tomar preso, y que la familia Matte responda por el señor Gómez. Pido a los que están aquí, que hagan lo mismo y ejecuten al señor Gómez” –, recuerda el entonces gerente de Finanzas, quien estaba desesperado ante la ausencia de al menos un representante de los dueños de la empresa.

Esa misma tarde se realizó una nueva reunión extraordinaria del directorio a Aceros Andes, a la que asistió Eliodoro Matte. Gómez recuerda que los directores le aseguraron que lo iban a respaldar, pero para que no lo metieran preso, necesitaban sacarlo del país para negociar con los acreedores.

Era un día miércoles. Le compraron un pasaje en Lufthansa a Buenos Aires para esa misma noche y le aseguraron que al lunes siguiente estaría de regreso. El alivio que sintió cuando al pasar por Policía Internacional constató que aún no había una orden en su contra, se esfumó cuando se encontró al interior del aeropuerto con uno de los representantes de los bancos a quienes ese mismo día les había dicho que iba a responder por las deudas. Le prometió que el lunes estaría de vuelta en Chile.

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Con poco dinero en el bolsillo, se hospedó en un hotel de la capital argentina a la espera de instrucciones. Pero éstas nunca llegaron. Tenía 32 años, su esposa en Chile estaba embarazada, mientras él seguía prófugo de la justicia en Argentina. Lo único claro era que su ausencia le quitaba a la empresa la presión de los acreedores, pues no tenían cómo exigir el pago de las deudas.

Han pasado cuatro décadas, pero en este punto del relato Patricio Gómez aún se emociona.

–Nunca más supe de la familia Matte, se desligaron, se desentendieron de mí. Un hermano mío, abogado, fue a hablar con el abogado de Aceros Andes, quien se lavó las manos totalmente. Ana María, mi esposa, estaba embarazada y todo sin un peso– recuerda.

Cuando ya estaba cansado de mandar recados a Santiago, apareció en Buenos Aires un hombre de confianza de los Gianoli-Mustakis con dinero para tres meses. Le pidió que se quedara tranquilo y en silencio mientras se resolvían las cosas en Chile. Patricio Gómez accedió, pero exigió que enviaran a su esposa y a sus dos hijos a la Argentina.

Ya con su esposa e hijos a su lado, Patricio Gómez supo –a través de Constantino Mustakis– que con el pasar de los días el control de la empresa lo tomó el grupo Gianoli-Mustakis, porque los Matte desconocieron las deudas. Además, querían evitar cualquier daño a la imagen de la familia. El argumento que dieron fue que Patricio Gómez era un excelente profesional, pero que producto del cansancio y el estrés había excedido sus atribuciones, cometiendo el ilícito de firmar cheques en garantía por los créditos, sin consultar al directorio.

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Mientras tanto, en Buenos Aires, la espera de Patricio Gómez se seguía alargando. Hasta que llegó un momento en que éste decidió que su mujer volviera a Chile para dar a luz en su país. Estaba desesperado: “Quedó claro que yo estaba abandonado y que mientras yo no fuera detenido esto no iba a reventar”.

Entonces, en abril de 1977, cambió como pudo su aspecto, se consiguió un pasaporte falso e ingresó clandestinamente a Chile. Quería estar presente cuando naciera su hijo. Durante semanas se escondió en distintas casas, al tiempo que buscaba asesoría legal y el mejor momento para entregarse a la justicia. También hizo otras gestiones.

–Llamé a Eliodoro Matte varias veces. Nunca me contestaba. Al final, lo ubiqué una noche en su casa. Tuvimos una conversación muy larga. Me dijo que si de él dependiera, respondía por las deudas, pero que había personas en la familia que mantenían la posición de dejarme botado – aseguró Gómez a CIPER.

Con la inflación, el monto de la deuda se había multiplicado, por lo que su confianza en que su “irreprochable conducta anterior”, la atenuante que lo salvaría de una condena de cárcel alta, se diluía. Como Gómez no tenía dinero para pagar su defensa, en Aceros Andes le prometieron que le pondrían un abogado. Tampoco cumplieron. Gómez dice que sólo lo dijeron para dilatar su situación de “fugado”. Finalmente el estudio de Alfredo Etcheberry ofreció  representarlo gratis y el caso lo asumió el abogado Carlos Balbontín (ambos fueron contactados sin éxito para este reportaje).

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El 20 de julio de 1977, los abogados dejaron a Gómez y a su ayudante Garrido –quien había permanecido prófugo en Chile durante 10 meses– en la puerta de los juzgados del crimen para que se entregaran. Inmediatamente fueron fichados, declarados reos y enviados incomunicados a la Cárcel Pública. “Reo Gómez, dígame dónde está la plata de Aceros Andes, porque dicen que usted es responsable”, lo encaraba la jueza Juana González, titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, quien asumió la causa.

Y aunque Gómez dice haberle explicado con el mayor detalle posible a la jueza el tejemaneje financiero de la empresa, muy pronto se dio cuenta de que su situación empeoraba. Como los directores de Aceros Andes insistían en que él había firmado a escondidas los cheques de garantía de los créditos, la jueza pidió los libros de actas del directorio. Allí debía estar la constancia de que Gómez había firmado con autorización de los directores y en su rol de apoderado de la empresa. Pero del libro de actas no había rastro: había desaparecido. Era su palabra contra la de directores, hombres de gran influencia y prestigio.

Para entonces, el caso de Aceros Andes ya era un escándalo en el mundo de los negocios. Las imputaciones eran por fraude, quiebra fraudulenta y giro doloso de cheque. Los querellantes acusaban que, sabiendo que la empresa estaba en bancarrota, sus dueños se endeudaron gracias a que la compañía parecía tener respaldo económico, engañando a sus financistas.

En una entrevista con la periodista Raquel Correa, publicada en revista Cosas, el abogado Nurieldín Hermosilla, representante del 38% de los pasivos, decía que en toda su carrera no había visto un caso en que los dueños de una empresa se negaran a resolver una situación en que bastaba que dos importantes grupos económicos se allanaran a cubrir una deuda pequeña en relación a su patrimonio. Avalaba sus dichos el que durante ese período de no pago de los compromisos, los Matte y los Mustakis habían realizado millonarias inversiones en otras empresas. “Y, sin embargo, no cubrieron la deuda, lo que afectó directamente a los dos ingenieros que habían firmado los cheques y al gerente general”, afirmaba Hermosilla.

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La última acotación del abogado en la citada entrevista, resulta interesante para los efectos de esta historia: “La culpa recae legalmente en los giradores personales, Gómez y Garrido. Pero mi impresión es que ellos no son moralmente culpables, sino quienes estaban detrás de ellos y los dejaron abandonados”.

En esa misma entrevista, Hermosilla afirmó que los empresarios Matte y Mustakis se creían “dioses del Olimpo” y “pecaron de soberbia”: “Es la primera vez en la historia financiera del último tiempo en que aparece el propósito de eludir maliciosamente el cumplimiento de obligaciones financieras. Además, los perjudicados y los autores del perjuicio se mueven en un círculo muy estrecho, lo que hace que ésta sea como una pelea entre hermanos, resultando por eso más terrible”.

EL MISTERIO DEL LIBRO DE ACTAS

Otro de los hitos de esta historia que Patricio Gómez no olvida fue el día en que la jueza Juana González lo citó y lo sorprendió con un paquete envuelto en papel café entre sus manos: era el libro de actas que hasta ese día estaba desaparecido. La jueza le dijo que alguien lo había entregado anónimamente en el tribunal.

Gómez cuenta que después le dijeron que fue la avaricia de Eliodoro Matte padre la que provocó que misteriosamente apareciera el libro que lo salvaría. Quien lo hizo llegar al tribunal habría sido su secretaria de toda la vida, a quien no le pagó lo que le debía por años de servicio. Nunca se supo con certeza si fue ella, pero sí quedó claro que lo escondieron para que los directores pudieran endosarle la responsabilidad a sus subalternos, evitando así pagar las deudas sin ir a la cárcel.

incomunicados-ejecutivos-aceros-andesEl libro de actas salvó a Gómez y Garrido. Los documentos demostraban que el directorio autorizó todos los créditos y también los cheques que se firmaron para respaldarlos. La jueza González estaba indignada. “Los voy a meter a todos presos”, cuentan que proclamaba en esos días. Pero lo hacía al interior de su despacho, ya que estaba consciente del poder que ostentaban los dos grupos económicos responsables de las deudas de Aceros Andes; y sobre todo, de su situación precaria, pues era el periodo más duro de la dictadura y ella era una mujer de izquierda.

Finalmente la jueza González ordenó que la policía detuviera a Constantino Mustakis, Manuel Mardones y George Le Blanc. El 9 de agosto de 1977, los dos directores y el gerente general de Aceros Andes quedaron incomunicados en la Cárcel Pública.

“No se atrevió a meter preso a Matte”, dice Gómez, quien sí recuerda muy bien el careo que decidió la jueza y que lo hizo enfrentarse al empresario. Según los diarios de la época, el careo tuvo lugar el viernes 12 de agosto de 1977. Gómez recuerda que hacía frío cuando lo fueron a buscar a Capuchinos y lo llevaron engrillado al tribunal. CIPER intentó acceder al expediente que contiene el registro oficial de la época, pero tras varias semanas de búsqueda, en el Archivo Judicial informaron que éste se encuentra perdido. Desapareció. Otro misterio.

Cuarenta años después, Gómez reconstruyó para CIPER el diálogo que tuvo con Matte durante ese careo:

Jueza: Identifique a la persona que está al frente.

Matte: El señor Gómez.

Jueza: Levante la cabeza y mírelo.

Matte: Hola, Patricio.

Jueza: Usted declaró que el señor Gómez estaba enfermo, con surmenage, pero yo veo en el libro de actas que usted sabía todo. ¿Es falso? ¿Miente el señor Gómez o lo que está escrito es verdad?

Matte: Es verdad.

Jueza: Pero levante la cara y míreme a mí.

Matte: Todo fue así. Perdona, Patricio.

Jueza: Acá no hay perdón. ¿Usted declara que todo lo que dijo el señor Gómez es verdad?

Matte: Sí.

El diario La Segunda de ese día 12 de agosto de 1977, informa que Matte concurrió a tribunales y que esa tarde podría ser careado con Gómez. El diario también recoge la versión de que Constantino Mustakis habría ofrecido pagar de su bolsillo un millón de dólares para llegar a un acuerdo con los acreedores, pero que Matte no estaba dispuesto a hacer lo mismo. Solo respondería con sus acciones de Aceros Andes. Pese a ello, Mustakis fue el que pagó con cárcel.

CIPER intentó tener la versión de Eliodoro Matte sobre este episodio, pero el empresario hizo saber que estaba retirado y ya no daba entrevistas.

EL FIN DEL CHEQUE EN GARANTÍA

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Durante los primeros días de septiembre de 1977, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchó los alegatos de las defensas de los cinco detenidos por la quiebra de Aceros Andes. El Mercurio cubrió la noticia día a día y, cuando salió el fallo, lo publicó completo. El titular fue: “Importante fallo se dictó sobre el cheque en garantía”.

Un titular extraño, pero que en parte se explica porque ese dictamen judicial, en los hechos, provocó un cambio de jurisprudencia que marcó un hito en el sistema financiero. Al sentenciar que en el caso de Aceros Andes los cheques no podían ser considerados como “el cuerpo del delito”, dejó establecido que estos documentos financieros solo pueden usarse para pagar obligaciones y no como garantía de compromisos futuros (como créditos).

Gracias a eso, a los dos ejecutivos de Aceros Andes que habían firmado los cheques que garantizaban las deudas de Aceros Andes (Patricio Gómez y Fernando Garrido), se les levantó el procesamiento por giro doloso y quedaron libres. El fallo estableció que actuaron “en representación de Aceros Andes S.A. no en pago de obligaciones, sino para garantizar la cancelación de los pagarés representativos de los créditos”.

Los ministros determinaron además: “Se encuentra establecido en el proceso, en el estado actual de la investigación, el hecho de haberse intentado retardar la quiebra de Aceros Andes S.A. obteniendo fondos para ésta mediante el arbitrio ruinoso de obtener créditos con vencimiento a treinta días, con interés de 10% mensual o más, suscribiéndose, al efecto, pagarés”.

Respecto a Mustakis, Mardones y Le Blanc, el fallo señala que los antecedentes permitían presumir con fundamentos que los  “tres inculpados autorizaron expresamente la realización de aquellos actos tendientes a obtener fondos con el fin ya indicado, por lo que debe considerárseles autores” de delitos contenidos en la Ley de Quiebra, descartando la figura de estafa. Gracias a esto, los ex directivos quedaron libres, aunque aún en calidad de reos.

eliodoro-mattePara Patricio Gómez el fallo fue una revancha. Estando preso, recibió la visita de un recadero de los dueños de Aceros Andes, quienes le ofrecían medio millón de dólares para que se declarara culpable y liberara el directorio. “Sabe qué más, la honestidad no se transa”, asegura Gómez que fue su respuesta. Cuando lo liberaron, varios abogados le ofrecieron querellarse contra el Grupo Matte por injuria, calumnia y los perjuicios causados. “Me negué y volvería a hacerlo”, dice.

Aunque al principio le costó, Gómez pudo reconstruir su prestigio y su carrera como ejecutivo de grandes empresas de distintos grupos económicos. Uno de sus trabajos más importantes fue en una gran minera extranjera. Lo primero que dijo en la entrevista laboral fue que había estado preso, y explicó las razones. Lo contrataron. Años después, su jefe le entregó un documento: era una carta de recomendación firmada por un alto ejecutivo del Grupo Matte, en la que certificaban su honestidad.

“Nunca me pagaron un peso, lo único fue la carta”, dice Patricio Gómez casi al terminar su relato. Porque al final, es inevitable volver sobre el hito que lo hizo desistir de no hablar nunca públicamente de cómo vivió él y su familia la quiebra de Aceros Andes: el estallido de la colusión de la CMPC en el precio del papel tissue. Leer junto a su mujer que Matte nuevamente insistía en que los miembros del directorio no sabían nada, que fue un asunto de los gerentes, quienes además se fueron con millonarias indemnizaciones, los indignó. Y fue entonces que decidieron que debían contar su historia.

El exorbitante gasto fiscal por jubilaciones de FF.AA.: $3,8 billones entre 2011 y 2015

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2016 marcó un hito para Codelco. No fue uno de esos que sacan aplausos. Por primera vez en su historia, y producto de la baja sostenida del precio del cobre, la principal empresa estatal tuvo que endeudarse para cumplir con sus compromisos financieros. Uno de ellos es la entrega de US$707 millones  a las FF.AA. –monto registrado a septiembre de 2016– en virtud de la Ley del Cobre (que ya no es reservada).

El hito no hizo más que graficar hasta qué punto la Ley del Cobre se ha transformado en una camisa de fuerza para Codelco. Al obligar a la cuprera a entregar el 10% de sus ventas a las FF.AA., se despoja al Estado de un caudal importante para políticas públicas. Basta mirar las cifras para cuantificar el desvío legal de recursos que se impuso bajo dictadura (al cambiar el 10% de las utilidades por el 10% de las ventas de cobre): en 2015, unos US$858 millones fueron a parar a las Fuerzas Armadas (ver nota de El Mercurio).

A la mascada que le sacan las FF.AA. al Estado por la Ley del Cobre, se suma la otra fuga de capitales que le significa al Fisco el que los uniformados haya sido el único sector que mantuviera el privilegio del antiguo sistema de pensiones, cuando en 1980 entraron en vigencia las AFP.

Cristián Rojas, vicepresidente de Capredena.

Cristián Rojas, vicepresidente de Capredena.

Según información entregada por Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga irregularidades en las jubilaciones de las FF.AA. y de Orden, en 2015 Capredena repartió $911 mil millones en pensiones. El 94% de esa cifra es aporte fiscal y solo el 6% restante corresponde a las cotizaciones de los uniformados. Entre 2011-2015, el Estado ha desembolsado en total cerca de $3,8 billones (millones de millones de pesos) para solventar el fondo de retiro de Capredena. La cifra equivale a 119 teletones (según recaudación 2016) o al costo de construcción de 42 hospitales con equipamiento de última generación, como el que se inauguró en Rancagua en abril de 2016 ($90 mil millones).

Con los dineros de todos los chilenos se financia un sistema que atiende a casi 107 mil ex funcionarios  de las Fuerzas Armadas (y sus familias a través de pensiones y montepíos). Todos ellos gozan de privilegios que desnudan las carencias del sistema de capitalización individual que rige para el resto de la población, donde a noviembre de este año la pensión promedio por vejez no supera los $192 mil, según la Superintendencia de Pensiones (ver aquí).

CIPER tuvo acceso a la nómina de ex oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (FACH) que pasaron a retiro en el periodo 2006-2016 y que reciben pensiones de Capredena. Son 3.090 casos que representan el 13% –el estamento más alto– de los beneficiarios de este sistema.

El promedio de pensiones de los oficiales de las FF.AA. roza los $2,3 millones.  En la lista de oficiales pensionados de Capredena destacan 17 ex miembros de las Fuerzas Armadas con pensiones por sobre los $4 millones. La más alta corresponde a la del ex general de brigada de la FACH Patricio Franjola Buigley, quien pasó a retiro en julio de 2012 con una pensión de $5,9 millones. Debido a que por norma las pensiones de Capredena se reajustan en un 100% de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que hoy recibe Franjola a cuatro años y medio de su retiro son $6,8 millones.

El monto de las pensiones de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en contraste con las del mundo civil, no es lo único que salta a la vista de la nómina de más de tres mil ex oficiales revisada por CIPER. Los ingentes recursos que el Estado inyecta para sostener ese sistema previsional –un 0,9% del PIB nacional en 2012, según la Comisión Bravo– también son destinados a cubrir millonarias pensiones para ex uniformados condenados o que están siendo procesados por violaciones a los derechos humanos y por fraudes de distinto tipo. El promedio de pensiones que recibe mensualmente este grupo de 38 uniformados en retiro asciende a $2,7 millones.

En los más de tres mil casos revisados aparecen, por ejemplo, altos oficiales condenados por homicidio y secuestro calificado en el Campo de Prisioneros de Pisagua; un teniente coronel sometido a doble proceso por el homicidio calificado de cinco dirigentes del MIR en calles Janequeo y Fuente Ovejuna; un coronel involucrado en la desaparición de 14 campesinos en Paine, otro en el asesinato del cantautor Víctor Jara y un tercero en el brutal ataque contra Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana (“Caso Quemados”).

capredena-cdtesTambién figura un médico y coronel–sometido a proceso en 2002– acusado  de vigilar torturas y drogar a prisioneros cuyos paraderos aún se desconocen; secretarios privados de Pinochet condenados por malversación de caudales públicos en el “Caso Riggs”; una decena de uniformados involucrados en actos de corrupción como el “Caso Fragatas”, el “Caso Mirage” o el “Milicogate”; y hasta un capitán que se convirtió en uno de los mayores capos del narcotráfico en Chile.

Según los cálculos de CIPER, el monto anual de las pensiones que paga Capredena a estos 38 uniformados involucrados en ilícitos y que pasaron a retiro entre 2006 y 2016, asciende a más de $1.200 millones.

En la nómina de estos pensionados, CIPER identificó, además, a más de 20 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos represores del régimen de Augusto Pinochet. Sus pensiones alcanzan en promedio $2,5 millones. Lo grave es que algunos continúan ligados a las Fuerzas Armadas, principalmente en labores de educación en distintas unidades del Ejército.

La indagación de CIPER detectó al menos media docena de ex agentes de la CNI y la DINA que figuran recontratados en la Academia de Guerra y también en la Escuela Militar como Personal a Contrata (PAC) o Profesores Civiles (PC). Eso significa que todos ellos reciben importantes remuneraciones además de sus pensiones.

Un documento interno del Ejército obtenido por CIPER da cuenta que un militar retirado con rango de general puede recibir $2,5 millones si es recontratado para cumplir labores como PAC en la institución. Un monto que se suma al de su jubilación, que para los generales en retiro se empina en promedio por sobre los $3,2 millones.

PENSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Entre fines de septiembre de 1973 y junio de 1974 fueron ejecutadas 26 personas en el Campo de Prisioneros de Pisagua (Región de Tarapacá). Entre ellos se encontraba el joven conscripto y militante del PC, Miguel Nash Sáez, quien se opuso a reprimir a la población y fue acribillado por la espalda. Su cuerpo aún no aparece.

En enero de 2009, el coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón fue procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado de Nash y otros prisioneros de Pisagua. Ampuero había pasado a retiro 10 meses antes, en marzo de 2008, con una pensión de $2,6 millones. En agosto de 2016, Ampuero fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

PISAGUAA la fecha, la pensión reajustada de Ampuero roza los $3,6 millones. En esos delitos también estuvo involucrado el coronel (r) Gabriel Guerrero Reeve, quien pasó a retiro en enero de 2010 con una pensión de $2,1 millones. Guerrero, también condenado en agosto pasado a 15 años y un día, recibe hoy una pensión de casi $2,6 millones. El 26 de diciembre pasado, la causa en la que están involucrados Ampuero y  Guerrero, se elevó a la Corte de Apelaciones de Santiago para su conocimiento.

En agosto de 2016 fue condenado el coronel (r) del Ejército Pedro Collado Martí, como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973, en Iquique. Collado, procesado en 2008 y condenado a 10 años y un día, recibe una pensión de $2,6 millones. Actualmente, el tribunal está cerrando el trámite de notificación del fallo a los condenados en esta causa.

El coronel (r) Carlos Durán Low, fue condenado en febrero de 2016 junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago. Durán jubiló en marzo de 2007 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones. En abril de 2016, el fallo fue apelado y la Corte ordenó nuevas diligencias.

El general (r) y ex miembro del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Julio Cerda Carrasco, fue condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) perpetrados en septiembre de 1987. Cerda, procesado desde mayo de 2007, pasó a retiro en marzo de ese mismo año y hoy goza de una pensión de $3,1 millones.  La sentencia en esta causa –en la que están involucrados  33 ex agentes de la CNI–, fue ratificada por la Corte de Apelaciones en junio de 2015 y hoy se encuentra en el máximo tribunal.

VJARAEl coronel (r) de Ejército Osvaldo Andrés Magaña Bau, fue sometido a proceso en julio de 2015 por el secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Villa el Escorial de Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973 (Cuesta Chada). En coronel pasó a retiro en febrero de 2007 y hoy tiene una pensión de $2,6 millones. Cifra similar a la de la pensión que recibe el coronel (r) de Ejército Jorge Smith Gumucio, acusado en julio de 2015 de ser uno de los autores del secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga.

Fue en el mismo 2015 que la justicia procesó al coronel en servicio activo Julio Castañer González, por su presunta responsabilidad en la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri  y por las graves lesiones que sufrió Carmen Gloria Quintana, luego de que fueran quemados vivos en julio de 1986, en Santiago. Castañer fue acusado por un ex conscripto de ser quien encendió los cuerpos de De Negri y Quintana, luego de que fueran rociados con bencina. El coronel pasó a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2,8 millones. En octubre de 2016, los abogados de los acusados pidieron el sobreseimiento de la causa, el que fue denegado. Se decretaron, además, nuevas diligencias.

El doctor y coronel (r) de Aviación Alejandro Forero Álvarez ha hecho una brillante carrera como cardiólogo en la Clínica Indisa. Su hoja de vida tiene un punto negro. Está acusado de ser uno de los médicos que prestó servicios al llamado “Comando Conjunto” supervisando torturas y drogando a prisioneros hoy desaparecidos. Forero fue sometido a proceso en 2002 junto a una veintena de integrantes de ese organismo represor, por asociación ilícita y la detención ilegal del militante comunista Víctor Vega Riquelme (enero de 1976). En mayo de 2002, la justicia revocó esos procesamientos, pero no porque fueran inocentes sino porque los delitos estaban prescritos. Forero pasó a retiro en agosto de 2014 y hoy recibe una pensión de $2,5 millones.

caso-fragatasEn la lista de pensionados de Capredena que obtuvo CIPER, también figura el general (r) de Ejército Víctor Lizárraga Arias, un importante oficial de la BIE. En 2010 fue condenado por integrar la asociación ilícita que participó en el asesinato del coronel y entonces jefe de adquisiciones de la Dirección de Logística del Ejército, Gerardo Huber (1992). El 18 de noviembre pasado, Lizárraga –que hoy recibe una pensión de $3,1 millones– fue condenado a 205 días de presidio efectivo como autor de cinco delitos reiterados de cohecho en el llamado “Caso Fragatas”. A Lizárraga se le acusó de sobornar a un funcionario público coreano para que la empresa de intermediación de armamento que el oficial representaba obtuviera comisiones por ventas de dispositivos bélicos al Ejército. Los ilícitos fueron cometidos entre 2007 y 2008, cuando el general ya estaba siendo procesado por el crimen de Huber.

DEL CASO MIRAGE AL MILICOGATE

El general (r) de la FACH, Florencio Dublé Pizarro, fue procesado a comienzos de 2009 como cómplice de malversación de caudales públicos en el polémico juicio por las coimas en la compra de 25 aviones Mirage. La investigación del ministro Omar Astudillo determinó que en la transacción se habrían destinado US$15 millones al pago de comisiones ilícitas y que Dublé recibió al menos una transferencia bancaria por US$60 mil. Florencio Dublé se acogió a retiro en diciembre de 2006 y hoy percibe una pensión de $3,1 millones. La sentencia de la causa debiera conocerse en los próximos días.

El nombre del coronel (r) de Ejército Clovis Montero Barra saltó a la palestra en marzo de 2015 tras estallar el último de los grandes escándalos al interior del Ejército: el fraude de casi $5.500 millones perpetrado por militares con los fondos de la Ley del Cobre (“Milicogate”).

capredenaEn febrero de 2016, Montero fue procesado por el ministro Omar Astudillo como autor del delito reiterado de fraude al fisco y falsedad documental. Montero, además, está querellado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), por delito tributario. El coronel –pasó a retiro en mayo de 2015 y recibe una pensión de $2,5 millones– está acusado de obtener de un proveedor más de 160 facturas por cerca de $980 millones por servicios o adquisiciones inexistentes.

En esta misma causa está procesado el coronel (r) Jorge Frez Ramírez, quien se desempeñó como jefe del departamento de Finanzas de Tesorería del Ejército. Fue el propio Montero quien declaró que Frez conocía la falsedad de los documentos, acusándolo además de recibir dinero por la tramitación y el pago de las facturas falsas. Frez –quien está preso en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén– pasó a retiro en febrero de 2015 con una pensión de $2,5 millones.

En la nómina a la que tuvo acceso CIPER aparecen también dos altos oficiales condenados en una de las aristas del “Caso Riggs” (el fallo se encuentra en apelación). Son dos de los oficiales que fueron secretarios privados de Augusto Pinochet: los coroneles (r) Juan Vergara Cifuentes y Juan Mac-Lean Vergara, ambos condenados en primera instancia a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos. Mac-Lean pasó a retiro en abril de 2009 y hoy recibe $2,9 millones de pensión. Vergara, en tanto, lo hizo en julio de 20011 y su pensión asciende a $2,6 millones.

En julio de 2009, el capitán de Fragata (r) Jesús Sáez Luna pasó a retiro y hoy recibe una pensión de $2,1 millones. Tres años más tarde, a Sáez le incautaron 150 kilos de cocaína y pasta base en un domicilio en Valparaíso. La Fiscalía estableció que Sáez era el jefe operativo de la banda: “Es el imputado de mayor categoría que hemos logrado capturar, porque el sujeto era un verdadero capo de la mafia”, señaló el fiscal a cargo de la investigación.

La salida de Sáez de la Armada no fue con honores. Poco antes de su retiro, fue acusado del robo de una cámara hiperbárica.

LA SOMBRA DE LA DICTADURA

En diciembre de 2006, el general de Ejército Ricardo Hargreaves Butrón, fue dado de baja de la institución. A mediados de ese mes, días después de la muerte de Augusto Pinochet, en entrevista con la Prensa Austral de Punta Arenas, Hargreaves (comandante en Jefe de la V División, Región de Magallanes) se refirió al dictador en los siguientes términos: “Yo fui partícipe de la causa de Pinochet y la sigo compartiendo (…) le debemos muchas cosas, no solamente como Ejército, sino como país”.

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General (R) Ricardo Hargreaves Butrón

El comandante en Jefe del Ejército de la época, Óscar Izurieta, le pidió la renuncia. Fue una señal clara de los nuevos tiempos que corrían en la institución castrense, la que se vio reforzada en 2009, cuando Izurieta le puso término a los contratos de honorarios que mantenía un grupo de ex agentes de la DINA y CNI involucrados en juicios de derechos humanos. Se habló entonces de una limpieza al interior de la institución.

Pero la baja de Hargreaves no significó su salida del Ejército. Continuó ligado a la institución como gerente de Asuntos Corporativos de la Fábrica y Maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, y también como profesor de la Escuela Militar. Según la nómina de Capredena, Hargreaves pasó a retiro recién en agosto de 2014 y hoy percibe una pensión de $3,5 millones. A ese monto se agregan sus honorarios por labores académicas. Al menos hasta noviembre del año pasado, el general en retiro era presidente del Centro de Profesores de la Escuela Militar.

AL ABRIGO DE LA ACADEMIA

La Academia de Guerra del Ejército también es refugio para muchos uniformados que, una vez retirados, siguen vinculados a la institución en calidad de Personal a Contrata (PAC) o Profesor Civil (PC). Ello les permite sumar ingresos regulares a sus jubilaciones o incluso, luego de al menos tres años de servicio, reliquidar sus pensiones al alza.

Un documento reservado del Ejército al que tuvo acceso CIPER, indica que un oficial en retiro con grado de coronel o general contratado como PAC, puede ganar entre $1,5 millón y $2,5 millones mensuales. Para los generales de brigada, el sueldo como PAC, al margen de la jubilación que reciben, alcanza $2.526.910. El de un coronel, teniente coronel o mayor, llega a $1.458.112 (ver documento).

ACADEMIA GUERRAUn ex funcionario civil del Ejército que pidió reserva de su identidad, definió a la Academia de Guerra como una “caja pagadora de favores” y como una “red de protección” entre ex uniformados.

–Hay militares retirados contratados como PAC en la Academia de Guerra para labores administrativas y que, además, hacen clases y tienen contrato como profesores civiles (PC) hasta por 12 horas. Es imposible que cumplan con las funciones de los dos contratos. El sistema de control es un libro de firmas que nadie fiscaliza– señaló a CIPER un ex uniformado que conoce el funcionamiento de la Academia de Guerra.

Otro uniformado refirió a CIPER que tanto en la Academia de Guerra como en la Escuela Militar aún imparten clases o ejercen labores administrativas (en calidad de PC y PAC) ex oficiales vinculados a organismos represores de la dictadura, varios de los cuales gozan de suculentas pensiones. La indagación de CIPER detectó en las nóminas oficiales a al menos media docena de ex uniformados en esa situación.

Uno de ellos es el coronel (r) Rodolfo Ortega Prado, quien fue jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1985 y 1989 (usaba la chapa de “Rodrigo”). El 29 de febrero de 2004, La Nación Domingo publicó un reportaje titulado “Un CNI en Madrid”. Allí Ortega aparece involucrado en la muerte en 1988 de la joven socialista de 23 años Susana Ovando Coñué, en Punta Arenas. Cuando apareció el reportaje, en el que se dice que al menos 10 ex agentes de la CNI lo identificaron como su jefe en Punta Arenas el mismo año del asesinato de Ovando, Ortega era agregado militar de Chile en la embajada de Madrid. En marzo de 2004, el coronel en retiro compareció ante la justicia como testigo por este caso.

Esta fue la versión que el coronel le entregó a La Nación sobre la muerte de Susana Ovando: “La CNI en Punta Arenas era una mínima oficina encargada de asuntos administrativos, sin capacidad operativa para detener. En el periodo que yo estuve como jefe de la CNI en Punta Arenas, nunca se detuvo a nadie”.

clase-academia-guerraOrtega pasó a retiro en febrero de 2007 y su pensión asciende a casi $2,6 millones. Pero el ex jefe de la CNI en Punta Arenas ha seguido ligado al Ejército recibiendo otros altos honorarios. Es director del magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico de la Academia de Guerra. CIPER tuvo acceso a la nómina de académicos que impartirán asignaturas en la Academia de Guerra en 2017. En esa planilla Excel aparecen los nombres de los profesores, los módulos y las horas académicas contempladas para cada curso. Allí, el coronel (r) Ortega –que posee un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid– figura como profesor en las asignaturas de “Ejecución JGS (Juegos de Guerra)” y “Geoestrategia”, las que se imparten en los módulos “Mando y Asesoría II”, “Mando y Asesoría III” y “Estrategia II”.

Otro ex CNI que también figura en la planilla de profesores de la Academia de Guerra para 2017, es el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz: como Profesor Civil (PC) en labores de “investigación y publicación”. Castro es, además, presidente del Centro de Graduados de la Academia de Guerra.

El general Castro perteneció a la Central Nacional de Informaciones entre 1979 y 1982. Fue él mismo quien lo reconoció en una declaración judicial de 2003 (como testigo) en el juicio por la masacre de 22 campesinos en Paine (octubre de 1973). En enero de 2008, Castro prestó una segunda declaración en la que admitió que formó parte de una compañía de fusileros en el “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de San Bernardo, utilizado como centro de detención (Cerro Chena), dotación que participó en los asesinatos de los 22 campesinos. Y afirmó que en ese cuartel nunca vio detenidos y que solo se enteró tiempo después por la prensa que sí los hubo. El general Castro no ha sido procesado por la justicia.

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En junio de 2015 pasó a retiro el coronel Carl Marowski Pilowsky, quien aparece en la nómina de miembros de la CNI que el Ejército le envió al hoy ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, cuando investigaba el crimen de Tucapel Jiménez. Son varias las labores que actualmente sigue cumpliendo Marowski en el Ejército y que le permiten abultar su pensión de $2,8 millones.

Fuentes consultadas por CIPER, señalaron que el coronel en retiro estaría contratado como PAC en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (División de Educación). Marowski se desempeña además como académico del Diplomado de Educación Superior Militar de la Academia de Guerra y aparece en la nómina de 2017 como “Profesor Civil” (PC) con labores de “investigación y publicación”.

En septiembre de 2016, Carl Marowski asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Lo hizo en calidad de “secretario general de la Academia de Guerra”.

Otro de los militares en retiro ligados a la Academia de Guerra y que perteneció al grupo escolta de Pinochet que le dio origen a la Brigada Mulchén de la DINA, es el general (r) Eduardo Ludovico Aldunate Hermann. En la planilla de profesores 2017, Aldunate –quien jubiló en julio de 2009 y hoy recibe una pensión de $3 millones– aparece con honorarios por labores de “investigación estratégica”. Aldunate fue también jefe de las tropas de Chile en Haití antes de pasar a retiro.

El coronel (r) José Francisco Enberg Castro también integró la CNI. Jubiló en febrero de 2014 y actualmente recibe una pensión de $2,8 millones. En la planilla de asignaturas que impartirá la Academia de Guerra en 2017, Enberg figura como “Profesor Civil” (PC) en “gestión docente”.

En junio de 2013 se filtró a la prensa una nómina con 1.500 uniformados y civiles ex agentes de la DINA. En esa lista, aparece el nombre del general (r) Enrique Slater Escanilla, quien pasó a retiro en septiembre de 2010.

En una nota publicada en la página web de la Escuela Militar en octubre de 2015, Slater figura como Profesor Civil (lleva más de 10 años haciendo clases en la Escuela Militar) y también como jefe del Departamento Académico de la institución. Slater, cuya pensión es hoy de $3,2 millones, aparece además como asesor (entre marzo y agosto de 2016) de la División de Educación del Ejército. Su labor: “brindar asesoría de axiología para la redacción del reglamento Ethos del Ejército de Chile”.

Los correos que muestran los “favores” del subsecretario de Pesca a grandes pesqueras

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A solo cinco meses de iniciado el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), tiró por la borda el programa de gobierno. Lo hizo en una reunión con el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada. La cita tuvo lugar en la tarde del 13 de octubre de 2014 y hasta hoy permanecía en reserva. Un correo electrónico escrito por Moncada y enviado al día siguiente a tres miembros del directorio de Asipes –bajo la advertencia “RESERVADO NO REENVIAR­” (con mayúsculas en el original)–, resumió su conversación con Súnico.

El correo estaba dirigido a Jan Stengel, Rodrigo Sarquis y Alberto Romero. En él, Moncada les informó que el subsecretario Súnico le confirmó que no se cumpliría uno de los puntos del programa de Bachelet más resistido por los industriales pesqueros: terminar con la pesca de arrastre, método extractivo duramente criticado por el ambientalismo. Para sepultar esa promesa programática, escribió Moncada, Súnico le señaló que se había autorizado por cinco años la pesca de arrastre del langostino en la Región de Coquimbo, lo que garantizaba que esa controversial fórmula de captura no sería desterrada por este gobierno y sobreviviría, al menos, hasta la próxima administración.

Se ha tenido en cuenta el principio general que los puestos de empleo no hay que arriesgarlos”, fue el argumento que dio Súnico, según escribió Moncada.

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Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes.

El mensaje de Luis Felipe Moncada también consigna que en esa misma reunión el subsecretario le ofreció una fórmula para acordar con Asipes los cambios a un proyecto de ley que generaba fuertes críticas de los industriales: la autorización para que el sector artesanal pudiese capturar jurel con “línea de mano”, fuera de la cuota anual asignada para la extracción de esa especie. La Asipes se oponía a ese proyecto y Súnico se ofreció a poner un límite a las capturas que pudiesen hacer los pequeños pescadores, pero, para concretar el plan, el subsecretario pidió a Moncada que la senadora Jaqcueline Van Rysselberghe (UDI) destrabara la discusión legislativa.

La confianza entre Moncada y Súnico que fluye de la lectura de este correo, no es de extrañar. Ambos han sido durante años actores públicos clave en la costa del Bío Bío. Moncada como líder empresarial y Súnico como cacique político (desde sus años como dirigente de la Universidad del Bío Bío en los ‘80 hasta convertirse en diputado por Talcahuano entre 2006 y 2010). Pero hay otro vínculo, hasta ahora desconocido, que une al subsecretario con la asociación que dirigía Moncada: entre 2010 y 2013 la esposa de Súnico, Marcela Alejandra Viveros Garay, cobró $33 millones a través de 34 boletas que le pagó Asipes. Súnico y Viveros se casaron en febrero de 2010, tres meses antes de que ella recibiera el primer pago.

BOLETAS EN FAMILIA

CIPER consultó a la Asipes por estos u otros honorarios que pagó a Marcela Viveros y si tenía informes u otros documentos que certificaran que los trabajos encomendados a la esposa de Súnico efectivamente se ejecutaron. La asociación se excusó de entregar información aduciendo que esos mismos antecedentes forman parte de una investigación del Ministerio Público por los aportes políticos ilícitos hechos por pesqueras: “Por tratarse de una investigación en curso y reservada en algunas de sus partes, no es posible dar respuesta a su consulta”.

A pesar de que los honorarios pagados por Asipes a su esposa podrían constituir al menos un conflicto de interés, Súnico ha mantenido en reserva los nexos laborales de su cónyuge con una de las principales asociaciones gremiales del sector que él debe fiscalizar y controlar como autoridad pública. Y ello, a pesar de que Asipes está siendo investigada por el Ministerio Público bajo la sospecha de haber financiado actividades políticas de manera ilegal, precisamente a través de boletas de honorarios (vea el reportaje de CIPER “Las evidencias de los pagos políticos de las pesqueras del sur). Nuevos antecedentes sobre posibles aportes ilícitos realizados por Asipes a políticos de todos los sectores fueron publicados en un extenso reportaje de La Tercera de este viernes 20 de enero, el que cita documentos que fueron incautados desde la sede de la asociación empresarial.

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Raúl Súnico (PS), subsecretario de Pesca

En medio de las esquirlas que expandió esta indagatoria de la fiscalía, detonada originalmente por los pagos de Corpesca a la diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis, el 30 de noviembre pasado Luis Felipe Moncada debió abandonar la presidencia de Asipes. Le sucedió la ex jefa de Sustentabilidad de la asociación, Macarena Cepeda.

La semana pasada CIPER solicitó una entrevista con el subsecretario Raúl Súnico, pero su encargado de comunicaciones señaló que éste no estaría disponible durante dos semanas, porque viajaría al exterior por razones de trabajo. Tampoco accedió a un contacto telefónico o videoconferencia.

Los antecedentes sobre las boletas extendidas a Asipes por la esposa de Raúl Súnico podrían caer dentro de la investigación del financiamiento político ilícito que lleva adelante el Ministerio Público. Esto, porque los pagos a Marcela Viveros fueron hechos por los empresarios pesqueros entre 2010 y 2013, el mismo periodo en que Raúl Súnico preparaba su campaña de retorno a la Cámara de Diputados.

El actual subsecretario de Pesca abandonó la Cámara en marzo de 2010, tras ser derrotado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2009. Solo dos meses después de su salida del Congreso Nacional comenzaron los pagos de Asipes a su esposa, los que se extendieron hasta enero de 2013, año en que volvió a lanzarse  en una campaña electoral para reconquistar un sillón parlamentario, aunque nuevamente no tuvo éxito.

Marcela Viveros es contadora auditora y trabajó entre 2006 y 2010 para la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior en la zona penquista.

Inmediatamente después de su salida de la Cámara de Diputados, Súnico comenzó a trabajar en la Municipalidad de Talcahuano. Tras el terremoto de 2010, el alcalde Gastón Saavedra, quien también es socialista, lo contrató para que asesorara la reconstrucción del puerto, lo que incluía promover inversiones en esa área y entenderse con el sector pesquero. Según registros del municipio, sus honorarios eran de $1,8 millón mensual.

Gastón Saavedra, Alcalde de Talcahuano, y Raúl Súnico. Fuente: Radio del Mar

Gastón Saavedra, alcalde de Talcahuano, y Raúl Súnico. Fuente: Radio del Mar

Así fue cómo Súnico se convirtió en un estrecho colaborador de Saavedra y en interlocutor municipal del mundo pesquero. El alcalde Saavedra también figura como receptor de recursos provenientes de Asipes en un correo electrónico de Luis Felipe Moncada fechado el 9 de octubre de 2012. En ese correo se mencionan otros aportes a candidatos de las elecciones municipales de ese año. Según se desprende del mail suscrito por Moncada, estos aportes a Saavedra debían ser desembolsados por la Pesquera Landes –propiedad de Eduardo Fosk y Eduardo Bohorodzaner–, socia de Asipes. El correo señala que Landes debía destinar $2,5 millones a Gastón Saavedra.

CIPER preguntó a la Asipes por estos aportes a distintos candidatos que habrían sido coordinados por Moncada. La respuesta, entregada por escrito, fue: “Por tratarse de una investigación en curso y reservada en algunas de sus piezas, no es posible dar respuesta a su consulta, dejando constancia que la asociación gremial, así como sus asociados han prestado la colaboración y entregado los antecedentes que le han sido requeridos a la fecha”.

En su época de asesor del alcalde Saavedra y mientras se discutía en el Congreso Nacional la nueva Ley de Pesca, Rául Súnico impulsó las demandas del sector industrial. En el controversial escenario de la tramitación de esa norma, tanto Súnico como Saavedra fueron acusados por dirigentes artesanales de trabajar al servicio de los pesqueros industriales. Según un registro publicado por la Radio del Mar, el 19 de noviembre de 2012 Saavedra y Súnico viajaron al Congreso en Valparaíso donde participaron en una manifestación de los trabajadores de las empresas de Asipes en apoyo a la Ley de Pesca impulsada por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira.

El apoyo del actual subsecretario Raúl Súnico a los intereses de la pesca industrial no es una novedad. Cuando finalizaba el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, el entonces diputado Súnico votó en contra de un proyecto que buscaba prohibir la pesca de arrastre. Su argumento: “La pesca industrial es vital para la economía del país, por lo que cualquier proyecto referido al arrastre debe formularse en base a estudios rigurosos, situación que no ocurre con este proyecto de ley. Por eso, no veo espacio para su aprobación, pues no tiene el fundamento técnico que lo avale”, señaló en declaraciones recogidas por el portal especializado Aqua.

LA MINUTA DE MONCADA

El correo suscrito por Luis Felipe Moncada y enviado a los directores de Asipes el 14 de octubre de 2014, abordó varios puntos de la conversación reservada que sostuvo con Súnico el día anterior. El primero, ya mencionado, es el referido a la decisión de no poner fin a la pesca de arrastre.  Sobre este tema, la información que envió Moncada a los directores de Asipes, señala:

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Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes.

“(El subsecretario) planteó que el que no se haya cerrado el arrastre en la IV Región para los langostinos y permitiendo la operación (dentro) de las cinco millas (reservadas para la pesca artesanal), hace que ‘el tema del arrastre esté resuelto’ ya que habría sido el momento para cerrar el arrastre, cumpliendo con el programa de gobierno. La autorización para la pesca de langostinos se hizo, además, por cinco años, para exceder expresamente el plazo de duración de este gobierno”.

Moncada también informó en su correo a los directores de Asipes cuál habría sido su respuesta a ese planteamiento de Súnico:

Le hice ver que una situación era la de la IV (región), con un trabajo con senadores asequibles como (Jorge) Pizarro y Adriana Muñoz, y otra la de senadores y diputados que consideran (que) el arrastre es culpable del estado de los recursos, que estaban en una postura distinta. Que esperaba (que) su razonamiento tuviera razón, pero había permanentes planteamientos de supresión de la pesca de fondo y nadie podía asegurar lo que podría ocurrir con un proyecto votado de improviso en las cámaras”.

Frente a esto, Moncada escribió que Súnico “reconoció que el ‘subconsciente colectivo’ tiene la idea de que la pesca de arrastre es mala en sí. Incluidos los tomadores de decisiones”.

En su mensaje, Luis Felipe Moncada informó a los directores de Asipes que Súnico le comunicó que estaba operando para bajar el perfil al Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), la organización de pescadores artesanales más crítica del sector industrial y que exige la anulación de la Ley de Pesca: “Dijo (que) se ha efectuado un trabajo para disminuir el peso relativo de Condepp, aislando a Bustos (Jorge, su presidente), trabajando con Nelson Estrada (su vicepresidente) y una serie de dirigentes de la XIV, X, XI y XII regiones”.

La versión de Moncada indica que Súnico también le informó que tenía un problema con la permanente exigencia de los pescadores artesanales de cumplir con “un compromiso doble del programa”: extender al sur de la Región de Los Lagos las cinco millas exclusivas para la pesca artesanal y cerrar la pesca de arrastre en los Ecosistemas Marinos Vulnerables. Sobre este último punto, Moncada escribió que el subsecretario “escuchó” la petición de usar el Artículo 5º de Ley de Pesca para cerrar la pesca de fondo en los ecosistemas de los llamados “montes submarinos”. En concordancia con los intereses de Asipes, ese artículo no “sataniza” la pesca de fondo, pues, aunque la prohíbe, deja abierta la posibilidad de que un estudio científico demuestre que no afecta al ecosistema.

pescaSegún relata Moncada en su correo, tras oír la solicitud de usar el Artículo 5º para cerrar los montes submarinos, Súnico planteó “una especie de condición”: que la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien presidía en ese momento la Comisión de Pesca de la Cámara Alta, no siguiera demorando la tramitación del proyecto que autorizaba la pesca artesanal de jurel con “línea de mano”. La Asipes se oponía férreamente a esta iniciativa, porque esa pesca no se contabilizaría dentro de la cuota anual autorizada para la captura de jurel y, a juicio de Moncada, se prestaría para una extracción indiscriminada. La asociación exigía que se contabilizara dentro de la cuota anual destinada a los artesanales y la senadora Van Rysselberghe paralizaba el proyecto.

Moncada transcribió su respuesta a Súnico: “Le indique que este gremio no ha pedido a la senadora (Van Rysselberghe) que detenga el proyecto, sino solo le ha informado el problema que puede traer su aprobación para que se pesque jurel fuera de cuota, en cantidades importantes. Que habría que establecer un límite y que lo más adecuado es que las capturas se imputen a la cuota artesanal (…). Le señalé que haría ver su planteamiento a la senadora, a fin de que el proyecto avanzara”. Y así fue.

Los hechos indican que, después de varios meses en que el proyecto estuvo congelado en la Comisión de Pesca, tras la reunión entre Súnico y Moncada la tramitación se aceleró. Entre junio de 2014 (cuando la iniciativa llegó a la comisión) y octubre de ese mismo año, la Comisión de Pesca del Senado no sesionó. La senadora Van Rysselberghe era su presidenta y de ella dependía citar a reuniones. Luego de casi cuatro meses de inactividad, otros integrantes se autoconvocaron el 8 de octubre de 2014. Aunque a esa sesión no asistió Van Rysselberghe, el proyecto de todas formas fue aprobado en general y despachado a la sala con los votos de las senadoras Carolina Goic y Adriana Muñoz y del senador Juan Pablo Letelier.

Solo tres semanas después de la reunión de Súnico con Moncada, el proyecto fue discutido en la sala del Senado y desde esa fecha la senadora Van Rysselberghe volvió a participar en su tramitación. El 22 de abril de 2015 el Congreso despachó la iniciativa tal como la quería la Asipes: la pesca se imputaría a la cuota anual de jurel de los artesanales.

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Raúl Súnico (PS), subsecretario de Pesca.

Para preguntarle sobre sus reuniones con Súnico, CIPER intentó contactar a Luis Felipe Moncada por intermedio de su abogado, Rodrigo de la Barra, quien informó que el ex presidente de Asipes no estaba disponible para responder las consultas, que no tenía nueva información y que las respuestas oficiales las entregaría la asociación.

Sobre el contenido de los encuentros entre Moncada y Súnico, la Asipes señaló a CIPER: “El motivo y contenido de dichas citas, así como las que sostuvieron durante este tiempo otros dirigentes gremiales, sindicales o laborales de todas las actividades o industrias que son reguladas por la Subsecretaría de Pesca, deben encontrarse disponibles en los mecanismos de acceso a la información pública”. Una buena declaración de intenciones, porque como la reunión referida en el correo de Moncada tuvo lugar en octubre de 2014, no hay registro público de la cita, ya que tuvo lugar un mes antes de que entrara en vigencia la Ley de Lobby, la que estableció para las autoridades la obligación de llevar un registro de sus audiencias.

LAS CIFRAS DE LA JIBIA

Otro episodio que grafica la cercanía y confianza entre el subsecretario y Luis Felipe Moncada ocurrió en mayo de 2014, cuando Raúl Súnico apenas llevaba un par de meses en el cargo. El 27 de ese mes Moncada escribió a una dirección de correo electrónico privada del subsecretario, correspondiente a la sociedad comercial “Raúl Súnico Galdames Importadora, Exportadora, Comercializadora y Representación EIRL”, cuyo nombre de fantasía es “Don Alonso”. En el mensaje, Moncada le pidió información sobre el origen y destino (toneladas por región) de la pesca artesanal e industrial de jibia.

Los antecedentes sobre la captura de jibia que pidió Moncada no son difundidos por la Subsecretaría de Pesca. Un periodista de CIPER los solicitó el pasado jueves 12 de enero y la respuesta de la Oficina de Informaciones (OIRS) de la subsecretaría fue que esos datos deben ser requeridos por Ley de Transparencia y que la respuesta puede demorar 20 días hábiles. Para Moncada la espera fue de apenas tres días.

pescaEl intercambio de correos entre Luis Felipe Moncada y Raúl Súnico indica que el miércoles 28 de mayo de 2014, al día siguiente de la petición hecha por el timonel de la Asipes, el subsecretario le encomendó a un funcionario que recopilara los datos. El subalterno se los remitió a Súnico el jueves 29 y el viernes 30 el subsecretario se los envió finalmente a Moncada.

Asipes necesitaba con urgencia esos datos porque los industriales pesqueros estaban envueltos en una controversia con el sector artesanal por la captura de jibia. Los artesanales acusaban a los grandes empresarios de intentar apropiarse de la cuota de esa especie que correspondía a los pequeños pescadores. Desde el sector industrial, la acusación era a la inversa. La polémica se había suscitado porque en 2014 la pesca artesanal comenzó a exigir que la jibia solo se pudiera pescar con “línea de mano”, para evitar que los industriales la capturaran con arrastre.

Hasta el año 2019, el 80% de la cuota anual de jibia será para los artesanales y el 20% para los industriales. Un ejecutivo pesquero señaló a CIPER que, cuando vence el plazo de un acuerdo de repartición de cuotas, “se hace historia sobre la especie” y se reasignan los porcentajes de pesca según lo que cada sector realmente capturó en el periodo anterior. Así, cuando en 2019 se vuelva a negociar la cuota de la jibia, es probable que los industriales intenten demostrar que los artesanales pescaron menos de lo que declaraban y que no alcanzaban a completar su cuota, para pedir un aumento de sus propias capturas. De allí la importancia de los datos que el presidente de Asipes pidió al subsecretario.

En el intercambio de correos entre Moncada y Súnico el entonces presidente de Asipes explicitó su objetivo: “Va a servir para validar a qué planta le han vendido (los artesanales) lo que dicen haber pescado, que no nos cuadra para nada. Si aparece que hay venta en fresco, sabemos que es mentira… que le pidan los documentos tributarios. Creemos que estás siendo objeto de un chantaje de un grupo menor”.

Dos meses después, con un informe técnico favorable de la subsecretaría, se aprobó fraccionar los porcentajes de pesca de jibia en 80% para los artesanales y 20% para los industriales. En los hechos, eso significó mantener la pesca de arrastre en la extracción de la especie, lo que fue denunciado por los sindicalistas de la Condepp como “una traición” de Súnico al programa de gobierno.

 

Otras figuras oficialistas que recibieron aportes de Asipes

Los recursos de las pesqueras agrupadas en la Asipes destinados a campañas políticas fueron transversales. Aunque la mayoría fue en apoyo de candidaturas de derecha, en las municipales de 2012 y parlamentarias de 2013, según registros internos de la asociación que pudo revisar CIPER, también ayudaron a financiar a las principales apuestas de la Nueva Mayoría en la Región del Bío Bío.

De acuerdo con minutas internas de Asipes, en las elecciones municipales de 2012 al candidato DC por Concepción Álvaro Ortiz le habrían entregado $3 millones provenientes de la pesquera Landes. Esa misma empresa le habría aportado $2,5 millones al socialista Gastón Saavedra, quien compitió por el municipio de Talcahuano. Saavedra tuvo como asesor en el municipio a Raúl Súnico antes de que este se convirtiera en subsecretario de Pesca.

Los documentos también indican que otro socialista habría recibido dinero de las empresas agrupadas en Asipes en las municipales de 2012: Hugo Arancibia, histórico dirigente sindical del sector pesquero, quien por 30 años dirigió la Federación Regional de Pescadores Artesanales del Bío Bío (Ferepa) y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Confepach). Arancibia compitió por un cupo de concejal por Talcahuano en la lista del PS. A él, según las minutas internas de Asipes, la pesquera Camanchaca le habría aportado $2 millones.

En la campaña parlamentaria de 2013 otros políticos de la Nueva Mayoría aparecen mencionados en las minutas de Asipes como receptores de recursos: el derrotado senador Hosain Sabag (DC), quien habría recibido $8 millones de pesquera Blumar y $2 millones de Foodcorp; el diputado José Miguel Ortiz (DC) habría obtenido $4 millones de Blumar y $3 millones de pesquera Landes, y, finalmente, el diputado Cristián Campos (PPD) habría recibido $2,4 millones de Blumar y $3,5 millones de Foodcorp.

Así pauteó Asipes a la senadora Van Rysselberghe cuando presidió la Comisión de Pesca

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Jacqueline Van Rysselberghe cometió un error. En 2014 presidía la Comisión de Pesca del Senado y pensó que si dejaba de convocar a sus sesiones paralizaría un proyecto de ley que la Asociación de Industriales Pesqueros del BíoBío (Asipes) quería torpedear. Se equivocó. Otros miembros de la comisión se auto convocaron y en octubre de ese año el proyecto fue despachado a la sala de la Cámara Alta. Al enterarse, la senadora comentó en voz alta, en referencia a los empresarios de la Asipes: “Y ahora qué le voy a decir a estos gallos, les voy a tener que pedir disculpas”. La escuchó su asesor, Joel Chávez, quien recordó y repitió la frase al declarar ante la fiscalía el 4 de agosto de 2016 en la investigación por financiamiento político ilegal facilitado por pesqueras.

En conversación con CIPER, Chávez confirmó el relato que hizo ante el Ministerio Público y agregó nuevos antecedentes que grafican la cercana relación entre la senadora –y actual presidenta de la UDI– y el entonces timonel de Asipes, Luis Felipe Moncada: “Asipes la viene financiando a ella desde (la campaña electoral de) el año 2000, cuando llegó a ser alcaldesa de Concepción. En esa campaña, el señor Moncada fue parte del comité de financiamiento para recolectar recursos”.

Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes

Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes

Hasta septiembre pasado Luis Felipe Moncada fue el hombre más importante de la poderosa Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío, que agrupa a nueve empresas del rubro: Alimentos Marinos, Cannex, Alimentos Mar Profundo, Bahía Coronel, Bío Bío y Congelados Pacífico, Camanchaca, Blumar Seafoods, Landes y Bahía Coronel. El 14 de ese mes, la sede de Asipes en Concepción fue allanada por orden del Ministerio Público. La investigación del financiamiento ilegal de la política que afectaba a Corpesca dio en ese momento un giro poniendo bajo su lupa a las pesqueras del sur. En los días siguientes los socios de Asipes decidieron que Moncada debía abandonar la presidencia, lo que se materializó en noviembre pasado.

Según publicó el diario La Tercera del viernes 20 de enero, Moncada salió de Asipes “con una millonaria indemnización” que “superaría los $400 millones” y la asociación “se habría comprometido, además, a financiar su defensa”.

CIPER tuvo acceso a documentos y testimonios que demuestran la línea directa que existió entre el entonces presidente de Asipes y la senadora, cuando esta última presidió la Comisión de Pesca en 2014. Correos y minutas suscritas por Luis Felipe Moncada confirman que desde Asipes virtualmente pautearon las acciones de la parlamentaria en la tramitación del proyecto que la senadora puso en el congelador.

Lo anterior podría complicar más la situación judicial de la parlamentaria, quien actualmente ya es investigada por el eventual uso de boletas falsas para justificar gastos de su campaña ante el Servicio Electoral (Servel), de acuerdo con la denuncia de su ex asesor Joel Chávez.

Los documentos revisados ahora por CIPER indican que una pesquera de Asipes –Camanchaca– habría financiado en parte la última campaña de Van Rysselberghe y que las compañías que integran la asociación también aportaron a otras candidaturas parlamentarias, municipales y de consejeros regionales. Algunos de esos dineros se canalizaron a través de la vía legal del Servel, como aportes reservados, y otros se entregaron mediante la utilización de boletas de honorarios ideológicamente falsas.

La investigación de los aportes ilegales a la política efectuados por pesqueras del sur nació como un apéndice de la indagatoria gatillada por los pagos de Corpesca a la diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis, pero a estas alturas ya tomó fuerza propia. De hecho, hoy hay tres causas que afectan a la industria pesquera de todo el país: Corpesca, en la zona norte; Asipes, en la sur, y Fipes, en la región austral. Los antecedentes que CIPER revela en esta investigación refuerzan las sospechas de que las pesqueras financiaron campañas para todo el arco político y luego tuvieron una incidencia privilegiada en la tramitación de leyes que afectan sus intereses.

CIPER intentó contactarse con la senadora Van Rysselberghe y le envió un mensaje por intermedio de su encargada de comunicaciones, para consultarle por los correos que intercambió con Moncada y por el documento interno de Asipes que la menciona como receptora de recursos que habría aportado la Pesquera Camanchaca. No obstante, la parlamentaria no estuvo disponible para responder las consultas.

LA PESCA DEL JUREL

El proyecto de ley que puso en acción al binomio Asipes-Van Rysselberghe ingresó al Senado en junio de 2014. La iniciativa, propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera, pretendía autorizar a los más pequeños pescadores artesanales a extraer jurel con “línea de mano” (una técnica básica de captura). La idea original era que esta pesca sería considerada de subsistencia o autoconsumo, por lo que no se contabilizaría dentro de la cuota anual de jurel autorizada.

Fernando Chomali, Luis Felipe Moncada, Jacqueline Van Rysseberghe y William Corthon

Fernando Chomali, Luis Felipe Moncada, Jacqueline Van Rysseberghe y William Corthon (Crédito: Aqua.cl).

Asipes cuestionaba que los pescadores artesanales pudieran pescar más jurel que el asignado en su cuota anual. Según reclamaba, esto podía llevar a un colapso de la especie y pervertir el sistema de capturas instaurado con la cuestionada Ley de Pesca aprobada en 2012. A juicio de los industriales, el experimento podía terminar con embarcaciones mayores traspasando pescado a botes artesanales mar adentro.

La primera comunicación entre Moncada y Van Rysselberghe sobre este proyecto se produjo el 13 de junio de 2014, cuando el dirigente empresarial le envió una minuta a la senadora:

Coca: el proyecto de pesca con línea de mano de jurel para los artesanales, fuera de la cuota global anual, será aprobado en la sala de la Cámara de Diputados y luego irá al Senado. Este tiene los inconvenientes que se indican abajo”, se lee en ese correo. La minuta adjunta detallaba los argumentos de los industriales para modificar la iniciativa.

Desde ese primer mensaje, la comunicación de Luis Felipe Moncada con Jacqueline Van Rysselberghe fue habitual. Cinco días más tarde, el 18 de junio, Moncada le pidió a la senadora sondear entre los demás miembros de la Comisión de Pesca su ánimo frente a la postura de los industriales y le mandó una nueva minuta con argumentos para defenderla: “A la Concertación hay que explicarle que es una mejora al proyecto, para que sea compatible con la filosofía de pesca sustentable y para recuperar las pesquerías”, señala el correo, entre otros consejos.

En octubre de 2014 el proyecto llevaba más de tres meses congelado. Durante todo ese tiempo la Comisión de Pesca del Senado no se reunió. En un encuentro reservado, el ahora renunciado subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), le reclamó a Moncada que la senadora tenía el proyecto entrampado y que no convocaba a las sesiones de la Comisión de Pesca. Una minuta de esa cita, redactada por Moncada, señala que Súnico le propuso operar en sintonía con los intereses de Asipes si conseguían que la parlamentaria reactivara la tramitación (vea el  reportaje de CIPER “Los correos que muestran los ‘favores’ del subsecretario de Pesca a grandes pesqueras”).

MONCADA IMPARTE INSTRUCCIONES

El 4 de septiembre de 2014 Jacqueline Van Rysselberghe se auto-envío una copia del proyecto de ley desde su correo oficial del Senado a su propia dirección de correo privada. Y desde esta última, al día siguiente, le reenvió a Moncada el mismo archivo.

Con el texto del proyecto en su poder, Moncada respondió el 9 de septiembre enviando a la parlamentaria–con copia para el senador Alejandro García Huidobro (UDI)- una minuta con el detalle de los reparos de Asipes a la iniciativa. Subrayado y destacado en negrita, Moncada impartió una instrucción precisa para que se presentara una indicación en el trámite legislativo: “(…) hay que incluir las capturas con línea de mano dentro de la cuota global de jurel del sector artesanal. Hay que presentar una indicación”.

El segundo destinatario de ese correo, el senador García Huidobro, también figura como posible receptor de aportes de las pesqueras de Asipes. Su apellido aparece junto a los de otros candidatos en una aparente nómina de pagos que habría sido incautada desde la sede de Asipes y que fue publicada por La Tercera del pasado 20 de enero. Esa lista indica que García Huidobro habría recibido $5 millones de la pesquera Blumar y $1,2 millón de Landes.

A comienzos de diciembre de 2014 la tramitación del proyecto de pesca de jurel con “línea de mano” ya se había destrabado. El 9 de ese mes, a las 16:11, la senadora Van Rysselberghe recibió un correo de la Subsecretaría de Pesca en el que se le informaban las indicaciones en las que estaban más avanzados los acuerdos. Solo 40 minutos después la parlamentaria se lo reenvió a Moncada, pidiéndole instrucciones:

Aparentemente están incorporadas todas las indicaciones que nos importaban. De todas maneras pedí aumento de plazo de indicaciones hasta el 15. ¿Crees que es necesario presentar además la indicación que me mandaste?”.

La respuesta de Moncada fue categórica y llegó a la casilla privada de Van Rysselberghe apenas una hora después:

Vienen solo cuatro indicaciones en el correo de la Subpesca. Las necesito todas, entiendo son más de 20, para darte opinión de c/u. Sugiero presentar todas las indicaciones que te envié y luego las negocias. Te remitiré esta noche un ordenamiento de cada una, esto es, qué representan y por qué se presentan en cada caso”.

Tres horas después la senadora le envió el consolidado con todas las indicaciones, tal como Moncada se lo había solicitado.

Senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe

Senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe

Dos días más tarde hubo otro intercambio de mensajes. El 11 de diciembre a las 23:09 Moncada le mandó un correo respondiendo dudas que durante el día le había planteado la senadora. El entonces presidente de Asipes le explicaba a Van Rysselberghe que era imperioso que la pesca de jurel con línea de mano se restringiera a embarcaciones de menos de 12 metros de eslora (longitud), por lo que debía presentarse una indicación en ese sentido. Y agregó: “Si crees más posible se apruebe si es presentada por C. Goic (la senadora DC), estaría bien”.

Las intervenciones que hizo la senadora Van Rysselberghe en la sala de la Cámara Alta muestran que las minutas que le envió Moncada tuvieron efecto en su actuar. El 11 de noviembre de 2014 intervino durante la votación del proyecto en la sala, donde señaló: “Creo, sinceramente, que la autoridad (la Subpesca) debería establecer un límite, que podría ser perfectamente bien la cuota de captura tradicional. Se puede discutir, pero ello debe estar dentro de la cuota global”.

El proyecto finalmente fue despachado por el Congreso en abril de 2015. Su redacción final establece que se permitirá la pesca de jurel con línea de mano para el sector artesanal, pero que se limitará a un 0,040% de la cuota global anual de captura (suma de sectores artesanal e industrial).

TESTIMONIO DE EX ASESOR

Como lo han hecho otros parlamentarios, Jacqueline Van Rysselberghe podría argumentar que intercambió opiniones con Moncada como con cualquier otro actor social afectado por un proyecto de ley. Pero lo que puede complicar judicialmente su situación es el aporte financiero que al menos una de las pesqueras agrupadas en Asipes hizo a su campaña de 2013.

Según registros internos de la agrupación gremial, a los que pudo acceder CIPER, desde Pesquera Camanchaca se habrían entregado $5 millones a la campaña de la senadora en 2013. Los documentos indican que ese año las empresas de Asipes se organizaron para canalizar sus dineros a distintas campañas políticas. Varios de estos informes fueron elaborados por Luis Felipe Moncada, quien, al tenor de los registros revisados, cumplió un rol fundamental en la distribución de las platas.

Joel Chávez, ex asesor de Jacqueline Van Rysselberghe (Crédito: El Mostrador).

Joel Chávez, ex asesor de Jacqueline Van Rysselberghe (Crédito: El Mostrador).

Actualmente, Jacqueline Van Rysselberghe está siendo investigada por la Fiscalía luego de que su ex asesor Joel Chávez declaró ante el Ministerio Público que le pidieron emitir una boleta falsa para justificar gastos de su campaña.

El 4 de agosto de 2016, Joel Chávez llegó a la Fiscalía a denunciar “hechos constitutivos de delito” ocurridos durante el periodo en que fue asesor de la senadora. En su testimonio relató que comenzó trabajando con el padre de la actual presidenta de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, cuando este era diputado. A partir de 2002, dijo,se convirtió en asesor de Jacqueline Van Rysselberghe, cuando ella era alcaldesa de Concepción. Siguió trabajando a su lado en 2010, cuando el gobierno de Sebastián Piñera la nombró intendenta del Bío Bío y también participó en su campaña senatorial de 2013.

Lo que Chávez denunció fue que el administrador electoral de la última campaña y marido de la senadora, Mauricio Pavez, le solicitó emitir una boleta falsa por $9 millones para justificar gastos ante el Servel. En su declaración, Chávez dijo que lo mismo habría hecho el dueño de la empresa Transportes Moreira, quien habría entregado otra factura falsa por $25 millones. En la rendición de gastos de esa campaña senatorial registrada en el Servel, aparece la boleta hecha por Joel Chávez, pero no hay mención a ninguna factura de Transportes Moreira. Solo aparece un gasto de $700 mil, correspondiente a la contratación de un servicio de chofer de bus, facturado por Rosana Moreira Díaz, miembro de la familia propietaria de Transportes Moreira e Hijos.

Según la denuncia del ex asesor, los encargados de la campaña no tenían cómo justificar ante el Servel el gasto de unos $100 millones.

En su declaración, Joel Chávez también relató que para la misma elección senatorial la UDI le abrió un cupo a Van Rysselberghe de $100 millones en Trama Impresores, donde la campaña se abasteció de papelería. Sin embargo, en la rendición de gastos de la candidatura de la senadora ante el Servel no hay mención a esa imprenta.

Senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe

Senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe

Trama Impresores sí aparece como proveedora de servicios de otros 21 candidatos parlamentarios de todo el espectro político: cinco de la UDI, seis de RN, un DC, cuatro del PS, dos PPD, un radical y dos independientes de derecha. El hermano de la senadora, Enrique Van Rysselberghe (UDI), actual diputado por Concepción, rindió un gasto de $12 millones en papelería de Trama Impresores.

Respecto de la relación de la senadora Van Rysselberghe con el ex presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, Joel Chávez declaró que el ex timonel de la gremial siempre ha sido un hombre cercano a la UDI del Bío Bío. El ex asesor sostuvo que era habitual verlo en los consejos generales del partido y comentó que, incluso, fue una de las cartas que barajó el gremialismo para reemplazar al padre de Van Rysselbergue cuando este decidió no repostular a la Cámara de Diputados en 2001.

Sobre la tramitación de proyectos en la Comisión de Pesca de la Cámara Alta durante 2014, cuando la parlamentaria presidió esa instancia, Chávez señaló:

“(Ella) recibía correos con las indicaciones que tenía que presentar al proyecto. Yo a veces tenía que firmarlas electrónicamente e ir a presentarlas en las comisiones o secretarías respectivas. Ella recibía correos y llamados con instrucciones para presentar indicaciones a proyectos, para suspender comisiones y atrasar proyectos (…). Las indicaciones se las enviaban ya redactadas de la empresa Asipes, del remitente Luis Felipe Moncada. Estos correos iban con copia a Juan Pablo (Morales, otro sesor de la senadora), yo era solo el ejecutor. Recibía un documento, lo firmaba electrónicamente y lo iba a presentar”.

El testimonio de Joel Chávez entregó luces sobre el episodio de 2014 en que la Comisión de Pesca no se reunió y la tramitación del proyecto para permitir la pesca artesanal de jurel con línea de mano estaba entrampada:

Quiero señalar que ella no se sabía bien el reglamento del Congreso (…), ella pensaba que no yendo a la comisión no iban a poder sesionar y ella quería que no se  sesionara, pero era un proyecto importante y había el quórum suficiente y sesionaron sin ella. Estaba indignada y me dijo: ‘Y ahora qué le voy a decir a estos gallos, les voy a tener que pedir disculpas’, y llamó a alguien que no sé quién es. Pero puedo señalar que la visitaba continuamente Luis Felipe Moncada”.

En ese episodio, declaró Joel Chávez a la Fiscalía, el enojo de la senadora llegó a tal punto que intentó iniciar un sumario contra el secretario de la Comisión de Pesca, porque consideró irregular que se haya realizado la sesión sin su presencia. Chávez señaló que la solicitud de sumario fue redactada, pero que el prosecretario general del Senado, José Luis Alliende, consideró que todo se había ajustado al reglamento.

Nuevas boletas de pesqueras: $445 millones pagaron Lota Protein, Asipes y Blumar a políticos

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Hace casi un año el Ministerio Público formalizó al senador Jaime Orpis por cohecho y fraude al Fisco. Lo mismo hizo con la ex diputada Marta Isasi. Ambos son acusados de recibir dinero de Corpesca para incidir en la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca en 2012, entre otros delitos. Los antecedentes acumulados en la investigación han permitido dar un vuelco inédito: no solo la pesquera de los Angelini fue formalizada por soborno, sino que la indagatoria judicial se amplió a toda la industria pesquera nacional.

En este reportaje, CIPER revela nuevos antecedentes: millonarios pagos de Lota Protein, la pesquera noruego-danesa que buscaba entrar con fuerza en el mercado nacional, a asesores de los senadores Antonio Horvath y Carlos Bianchi, y nuevas boletas de Asipes y Pesquera Blumar a diputados en ejercicio, y también a familiares y asesores de dirigentes políticos.

Hasta ahora no habían aparecido antecedentes que apuntaran a pagos desde Lota Protein, pero los $274 millones que le pagó a Bernardo Caro, asesor del senador Horvath, entre 2011 y 2013, la ponen en la mira de la investigación judicial. La misma pesquera aparece pagando otros $17 millones a asesores del senador Carlos Bianchi. Ambos legisladores asumieron posturas en línea con los intereses de Lota Protein durante la tramitación de la Ley de Pesca: instaurar licitaciones para repartir las cuotas de pesca, las que históricamente han estado en manos de nueve familias (ver reportaje de CIPER “Los nueve dueños del mar chileno”).

CIPER no solo revisó la contabilidad de Lota Protein, sino que también la de Asipes, organización gremial de las pesqueras del sur, que era presidida por Luis Felipe Moncada y que, tal como reveló CIPER, entregaba dinero transversalmente a dirigentes políticos y sindicales de la Región del Bío Bío. Ahora se suman nuevas boletas de esa gremial y que fueron emitidas por diputados actualmente en ejercicio, además de pagos a asesores de otros parlamentarios.

Luis Felipe Moncada y Rodrigo Sarquis, de Asipes, junto a Jacqueline Van Rysselberghe (Fuente: Asipes)

Luis Felipe Moncada y Rodrigo Sarquis, de Asipes, junto a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe

CIPER también accedió a los registros de la Pesquera Blumar, de las familias Sarquis y Yaconi-Santa Cruz. Blumar es miembro de Asipes y ejerce en esa asociación gremial un rol relevante. La pesquera aparece pagándole a militantes UDI, PS y DC, incluido un diputado en ejercicio.

La Fiscalía allanó las dependencias de Lota Protein, Asipes y Blumar en agosto y septiembre del año pasado y en su indagatoria ya se acumulan testimonios de personas que reconocen haberles emitido boletas sin haber realizado ningún trabajo para ellas. La industria pesquera comenzó a aparecer en el radar de los fiscales durante 2013 cuando Francisco Mujica, el otrora poderoso gerente general de Corpesca, reconoció a CIPER los pagos irregulares a la diputada Marta Isasi (ver reportaje).

En febrero de 2015 se hicieron públicos los aportes ilegales de SQM a la política y fue cosa de tiempo para que se descubriera que algunas de las personas que aparecían entregando boletas ideológicamente falsas a la minera, figuraban también en la contabilidad de empresas pesqueras. Eso sucedió con cuatro boleteros de la red organizada por “Titi” Valdivielso, la asesora histórica de Pablo Longueira: Nicolás y Gustavo Guíñez, Sebastián Prat y Alfonso Mora Domínguez.

La investigación a cargo de la fiscal Ximena Chong y el fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, ha dejado en evidencia la cooptación ejercida por el sector pesquero a dirigentes políticos, a funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y de otras instituciones del Estado. En el caso de Corpesca, su ex gerente general, Francisco Mujica, mantenía una red de informantes y colaboradores en todo el aparato público, a quienes pagaba y daba instrucciones para beneficiar a la pesquera. Hoy esa relación aparece mucho más profunda y extendida.

En enero pasado, CIPER publicó correos electrónicos entre el gerente general de Asipes, Luis Felipe Moncada, con la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselbergue, donde el dirigente gremial pauteaba los pasos de la legisladora en la Comisión de Pesca del Senado (ver reportaje “Así pauteó Asipes a la senadora Van Rysselberghe cuando presidió la Comisión de Pesca”).

En esos mismos mails está la huella de la cercanía de Moncada con el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), quien realizó favores a la Asipes sin transparentar que su pareja, Marcela Viveros, había recibido $33 millones de esa asociación gremial entre 2010 y 2013. Después de la publicación de CIPER, Súnico debió renunciar a su cargo (ver reportaje “Los correos que muestran los favores del subsecretario de Pesca a grandes pesqueras” y la entrevista que luego le concedió a CIPER “Súnico responde por su polémica relación con las pesqueras del sur”).

Jacqueline Van Rysselberghe y Rául Súnico figuran en la nómina de aportes reservados vía Servel entregados por las empresas pesqueras a políticos y que reveló El Mercurio el 3 de marzo.  La presidenta de la UDI obtuvo $17 millones de Camanchaca Pesca Sur, Landes y Pesquera Itata. Súnico suma $13 millones aportados por Alimentos Marinos.

LOS PAGOS NÓRDICOS

En 2012, durante la tramitación de la Ley de Pesca en el Congreso, era comentario entre los legisladores que Lota Protein estaba ejerciendo un fuerte lobby para abrir el mercado, licitando las cuotas de pesca y así poder competir de igual a igual con las nueve familias que controlan el negocio en el país desde hace décadas.

Las boletas que halló CIPER en la contabilidad de la pesquera noruego-danesa calzan a la perfección con la postura que tuvieron en el Congreso los senadores Antonio Horvath y Carlos Bianchi.

Bernardo Caro Muñoz se presenta como ingeniero de pesca y asesor del senador Horvath “ad honorem”. Ya ejercía ese rol en 2012 cuando se tramitaba la Ley de Pesca en el Congreso. Entonces, Horvath presidía la Comisión de Pesca del Senado. Entre el 18 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, Bernardo Caro emitió 69 boletas a Lota Protein (14 fueron anuladas). En total, la pesquera le pagó $274 millones a Caro.

Senador Antonio Horvath

Senador Antonio Horvath

Tanto Caro como Horvath se jugaron por instalar las licitaciones en la ley. En octubre de 2012, Horvath preparaba un protocolo de acuerdo para destrabar la tramitación de la nueva Ley de Pesca. La industria pesquera nacional no miraba con simpatía su esfuerzo, porque su propuesta abría el mercado a través de licitaciones y elevaba las cuotas asignadas a los pescadores artesanales.

En un correo electrónico revelado por The Clinic, el entonces presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, aludía a la cercanía de Bernardo Caro con Lota Protein: “Como verán Horvath a través de su asesor, hombre de L. Protein, está buscando aliados para su propuesta; la reunión con el presidente no lo ha paralizado. Saludos”. Las acusaciones iban y venían. En esa misma época, el senador Horvath denunció que su asesor Bernardo Caro había sufrido una golpiza cuando salía de la sede del Congreso, y que lo mismo le había sucedido antes en Puerto Montt.

Consultado por CIPER, el senador Horvath relativizó las asesorías que le prestaba Caro: “Él representaba al Consejo de Defensa de la Pesca Artesanal. Bernardo representó a distintos sectores. Es una asesoría de esas características”. Consultado sobre si estaba al tanto de estos pagos, señaló:

-No, sinceramente no sabía. Él nunca me dijo que trabajaba para Lota Protein. Él se presenta como mi jefe de gabinete, él es así, yo lo tomo de un modo jocoso…, lo sigo viendo cuando va al Congreso. Actualmente no me asesora.

Lota Protein no solo le pagó a Bernardo Caro. El 27 de marzo y el 15 de julio de 2013 pagó dos boletas emitidas por Claudio Barrientos Mol: jefe de gabinete del senador Carlos Bianchi, por un total de $11,1 millones. Barrientos trabaja junto al senador al menos desde 2009, como él mismo declaró en el proceso de desafuero de Bianchi. Durante la tramitación de la Ley de Pesca el senador Bianchi fue favorable a las licitaciones. En una de sus declaraciones, dijo: “Falta tener una mayor fiscalización, que no se concentre el poder en pocas familias, en pocos grupos económicos” (Radio Cooperativa, 20 de noviembre de 2012).

Tanto Bernardo Caro como Claudio Barrientos aparecen en julio de 2014 constituyendo el Partido Democracia Regional Patagónica. En el documento alojado en Leychile.cl aparecen como directores.

Otro asesor de Bianchi que registra un pago de Lota Protein, es Manuel Benítez Gibbons, quien el 22 de enero de 2013 emitió una boleta por $6,6 millones. En esa misma fecha, Benítez asesoraba a Bianchi “en materia de proyectos de ley según informe”, con una remuneración de $2,8 millones. El mismo asesor ha participado junto a Bianchi en el programa “Alo Senador” que se emite por Radio Polar en Punta Arenas.

Senador Carlos Bianchi

Senador Carlos Bianchi

Bianchi dijo a CIPER que no sabía de estos pagos de Lota Protein a sus asesores y recalcó que su interés durante la tramitación de la ley fue lograr que quedara “una cuota en la pesca artesanal regional”.

Quien también registra pagos de Lota Protein es el ex alcalde de Lota, Víctor Marchant Ulloa, quien entre 2000 y 2008 gobernó la comuna como militante DC. En 2012 retornó a la alcaldía como independiente. En 2016 volvió a postular y no fue reelecto. Marchant registra 20 boletas por un total de $18,5 millones, pagados por Lota Protein entre el 23 de junio de 2010 y el 22 de agosto de 2012.

El financiamiento de Lota Protein también alcanzó a dirigentes gremiales. El gerente de Pymepes (reúne a pequeñas y medianas empresas pesqueras de la Región del Bío Bío), Alfredo Irarrázaval, también figura en la contabilidad de la pesquera noruega-danesa. Son 17 las boletas a su nombre que totalizan un monto de $18,2 millones, entre agosto de 2010 y noviembre de 2011. El dirigente gremial se hizo conocido en ese periodo ya que fue uno de los comentaristas habituales de la Ley de Pesca y se le podía ver frecuentemente en el Congreso defendiendo la apertura de las licitaciones.

Irarrázaval indicó a CIPER que él realizó una asesoría comunicacional a Lota Protein y que estuvo trabajando para Chile Pesca, una agrupación de hecho “que estaba en oposición a la Ley de Pesca” y en la que participaban distintas organizaciones y empresas, incluyendo a Lota. Agregó que en ese tiempo él aún no era gerente de Pymepes, sino su vocero.

Desde 2013 Lota Protein es propiedad de TripleNine Group, controlado en un 50% por la empresa noruega Vedde AS (del Grupo Koppernaes) y la otra mitad pertenece a la danesa TripleNine. CIPER contactó a los representantes de la pesquera en Chile para recoger su versión, pero no hubo respuesta.

ASIPES SUMA Y SIGUE

Asipes agrupa a los pesqueros industriales del Bío Bío y la indagatoria judicial ya ha logrado determinar que ha pagado boletas ideológicamente falsas. Los pagos irregulares acreditados corresponden a personas ligadas a la asesora y luego jefa de gabinete de Longueira cuando fue ministro de Economía (“Titi” Valdivielso).

Alfonso Mora Domínguez, Sebastián Prat Panatt y Nicolás Guiñez pertenecen a la red de boleteros organizada por Valdivielso. Los tres han emitido boletas falsas a Asipes. Guíñez declaró en diciembre de 2015 ante la Fiscalía y reconoció que la boleta por $2,2 millones que emitió a Asipes en 2009 era falsa: no había realizado ningún trabajo para esa asociación. También afirmó que Sebastián Prat estaba en su misma condición.

Sebastián Prat ratificó lo anterior cuando declaró ante la Fiscalía en febrero de 2016: reconoció que su boleta por $4,7 millones a Asipes, emitida en octubre de 2009, no tenía una contraprestación de servicios. Tanto Guiñez como Prat apuntaron a Carmen Luz Valdivielso como la persona que les dio la instrucción de emitir boletas a nombre de Asipes. Un tercer boletero ligado a Longueira que recibió pagos de Asipes, es Alfonso Mora Domínguez (hijo de una prima de Longueira). Ellos tres también emitieron boletas falsas a Senexco, Inversiones Río Bueno, Inversiones Afa, Pesquera El Golfo (actual Blumar), Centro de Estudios Nueva Minería, Copec y SQM. Todas ellas totalizan $65 millones.

Diputado Juan Antonio Coloma Alamos (UDI)

Diputado Juan Antonio Coloma Alamos (UDI)

Entre los nuevos antecedentes revisados por CIPER aparece una boleta pagada por Asipes (27 de octubre de 2009) por $4,1 millones, a Patricio Contreras Martínez, ex empleado de la Fundación Web, una de las fundaciones de Longueira bajo investigación. Contreras es titular además de tres boletas rectificadas por Soquimich que totalizan $9 millones.

Contactado por CIPER, Contreras se limitó a señalar: “Llamen a mi abogada”. Sofía Hamilton (su abogada) aseguró que no sabía que Patricio Contreras hubiera emitido una boleta a Asipes y que actualmente él está con suspensión condicional de procedimiento por las boletas falsas que le pagó SQM.

Otro de los antecedentes complejos que agravan la situación de Asipes en la investigación del Ministerio Público, son las boletas que pagó a dos diputados de la UDI en ejercicio: Arturo Squella Ovalle y Juan Antonio Coloma Álamos.

Arturo Squella es diputado por Quilpué y Villa Alemana y aparece emitiendo seis boletas (dos nulas) para Asipes por un total de $3,3 millones entre enero y junio de 2009, el mismo año en que protagonizó su primera elección parlamentaria.

En el mismo periodo, el diputado Juan Antonio Coloma Álamos, representante de Melipilla e hijo del senador de la UDI del mismo nombre, recibió $4,4 millones de Asipes, por ocho boletas. En 2009 Coloma fue candidato por el distrito de Los Andes, pero perdió. Recién en 2013 pudo llegar a la Cámara.

Otro militante de la UDI y compañero generacional de Squella y Coloma hijo, Guillermo Ramírez Diez, también aparece recibiendo pagos de Asipes en el mismo lapso de 2009. El ex secretario general de la tienda –y actual vice presidente– registra seis boletas (una nula) por $3,3 millones. En 2009 Ramírez era jefe de gabinete del senador Coloma, quien entonces presidía la UDI.

El diputado Coloma no respondió el llamado de CIPER, pero sí lo hicieron Squella y Ramírez, quienes señalaron que en 2009 trabajaban en la Fundación Jaime Guzmán y que realizaron seguimiento legislativo para Asipes. Squella agregó que el ahora diputado Coloma realizaba el mismo trabajo.

Diputado Arturo Squella (UDI)

Diputado Arturo Squella (UDI)

Una pregunta que queda en el aire es por qué Asipes le pagaba a tres dirigentes políticos por hacer seguimiento legislativo de proyectos.

–Eso lo hacía yo por mi cuenta, tenía la posibilidad de hacer cosas por fuera de la Fundación Jaime Guzmán. Esto es algo absolutamente normal, yo estudié Derecho en la Católica y Políticas Públicas en Harvard, estos son mis temas –afirmó Ramírez, vicepresidente de la UDI.

Un tercer diputado de la UDI aparece vinculado a estos pagos: Jorge Ulloa. Una de sus asesoras en la Cámara de Diputados, Leticia Hirane Caro, figura con cinco boletas (una nula) por $5,5 millones pagadas por Asipes entre abril y agosto de 2009, el mismo año de los otros pagos a militantes de la UDI.

Ulloa integra la Comisión de Pesca de la Cámara y ha sido seriamente cuestionado por su relación con la industria pesquera: tiene un vínculo societario con la empresa Cargo Service, que presta servicios a empresas del rubro (ver reportaje). Una de las boletas que emitió Leticia Hirane para Asipes va con copia al correo jua@congreso.cl (mail del diputado Ulloa). Ulloa fue escueto en su respuesta a CIPER:

-Ella ha trabajado en distintos lugares, hasta el día de hoy. Es muy probable que existan esos pagos. No fueron dineros que llegaran a mi campaña.

Los dineros de pesqueras que sí llegaron a su campaña fueron los $15 millones que le entregaron en 2009 -vía aportes reservados Servel- las empresas Alimentos Marinos y Pesquera Bío Bío. En 2013, cuando ya la Ley de Pesca estaba aprobada, solo Pesquera Itata le entregó $5 millones. La información la publicó El Mercurio en su edición del pasado 3 de marzo.

Hirane Caro es dirigenta de la UDI y en 2009 trabajó en las campañas a diputado de Jorge Ulloa y Sergio Bobadilla (UDI), según registros del Servel. Es actualmente consejera distrital de ese partido en la Región del Bío Bio. En 2009 era “profesional de contabilidad” de la Municipalidad de Concepción, cuando su titular era Jacqueline Van Rysselbergue, quien reconoció su estrecho vínculo con el entonces gerente general de Asipes, Luis Felipe Moncada.

Pero los pagos bajo investigación judicial de Asipes no se concentran exclusivamente en la UDI. También involucran a uno de sus socios en Chile Vamos. Ana Eugenia García Aillón, integrante en 2009 del equipo de campaña del senador Francisco Chahuán (RN), aparece recibiendo $4 millones de Asipes,por dos boletas emitidas en octubre de 2009 y julio de 2011.

García Aillón fue candidata a diputada por RN representando a la Provincia de Arauco en 2005, y perdió. Luego fue coordinadora del Senama en Valparaíso entre 2011 y 2013. Desde junio de 2010 es asesora del senador Chahuán, y recibe su remuneración del Comité de Senadores de RN con un honorario mensual de $600 mil.

La asesora del senador Chahuán reconoció a CIPER que esos pagos fueron aportes ilegales a la política, pero que su beneficiario no fue el legislador de RN:

–Yo fui candidata a diputada en 2005, después de eso me vine con una mano adelante y la otra atrás. Y efectivamente ellos (Asipes) me colaboraron para pagar deudas de mi campaña. Yo conocía a Luis Felipe Moncada. Yo no hice ningún trabajo particular para Asipes.

Cuando se le preguntó por la lejanía temporal de su campaña con los pagos efectuados por la gremial pesquera, dijo: “A mí me costó ir pagando mis deudas”. Y descartó que esas platas hayan beneficiado al senador Chahuán: “Lo juro por mi madre y por mi hija, que es lo más sagrado que tengo”.

La Democracia Cristiana tampoco escapa de la contabilidad investigada de Asipes. Y que ahí aparezca alguien vinculado a Hosaín Sabag (DC), no es una sorpresa. El ahora ex senador tenía en 2011 como secretario a Genaro Salgado Garcés, quien recibió un pago de $888 mil de Asipes. Sabag aseguró a CIPER que su secretario “es amigo hace muchos años con el señor Luis Felipe Moncada”, y descartó que esos dineros fueran en su beneficio.

Ex subsecretario de Pesca Raúl Súnico (PS)

Ex subsecretario de Pesca Raúl Súnico (PS)

El Partido Socialista no solo tiene entre los beneficiados por Asipes a Raúl Súnico, ex subsecretario de Pesca. En la contabilidad de la gremial también figura el actual seremi de Educación de la Región del Bío Bío, Sergio Camus Campos (PS), quien recibió $6,6 millones de Asipes, a través de dos boletas emitidas en septiembre y octubre de 2009, año de candidaturas parlamentarias y presidenciales.

La trayectoria política de Camus en la región lo sindica como alguien muy cercano a Raúl Súnico. En la seremi de Educación del Bío Bío dijeron que responderían la solicitud de CIPER para tener la versión de Camus Campos, pero nunca lo hicieron.

En la contabilidad de Asipes también llama la atención los $4,4 millones que se pagaron entre 2011 y 2012 a Lilian Garrido Vega (cuatro boletas). Ella es contadora auditora y representante de la Sociedad Educacional San Pedro Limitada, responsable de la gestión del Colegio San Pedro de Coronel. Hasta 2006, la participación mayoritaria en esa sociedad estaba en manos de la diputada Clemira Pacheco (PS e integrante de la Comisión de Pesca). A partir de ese año el control societario está en manos de dos hermanos. La legisladora descartó que ese dinero la haya beneficiado:

–Ella (Lilian Garrido) es una profesional conocida en la zona. Practica el ejercicio libre de la profesión y yo no tengo por qué saber con qué empresas ella trabaja.

Pacheco recibió $5 millones en aportes reservados vía Servel de Camanchaca y Pesquera Landes (información de El Mercurio).

Los pagos bajo investigación de Asipes podrían seguir aumentando. En otros registros contables que revisó CIPER aparecen pagos de la gremial de los industriales pesqueros del sur a Pamela Campos Joost, quien también emitió boletas para la Pesquera El Golfo (actual Blumar). La administradora hotelera emitió además dos boletas para SQM, por un total de $14,7 millones, las que fueron rectificadas ante Impuestos Internos; además de emitir boletas para la Fundación Jaime Guzmán, la Universidad del Desarrollo y Bancard, la empresa familiar de Sebastián Piñera.

Su relación con Piñera tiene otros nexos ya que Pamela Campos figura en el Servel en la rendición de gastos del ex presidente para la segunda vuelta de 2010 (Servel). El Mercurio reveló el listado de los aportes reservados que empresas pesqueras realizaron a campañas políticas en 2009 y 2013. Lo encabeza el ex presidente Sebastián Piñera con $82 millones en total, con aportes de Blumar, Camanchaca, Pesquera Bío Bío y Alimentos Marinos.

LAS BOLETAS DE BLUMAR

 A los pagos ilícitos de Corpesca, y los que están bajo investigación de Lota Protein, Asipes, Fipes (agrupación de empresas pesqueras del sur austral), se suma ahora la Pesquera Blumar, ex Pesquera El Golfo.

El 26 de marzo de 2015, Solange Hermosilla debió declarar ante Impuestos Internos (SII) por una boleta rectificada por $5 millones a SQM. Y fue entonces que reconoció que Carmen Luz Valdivielso, asesora de Pablo Longueira, le había solicitado que emitiera esa boleta falsa. Allí reconoció una segunda boleta falsa por $5 millones, la que le fue pagada por Pesquera El Golfo (entonces propiedad de la familia Yaconi-Santa Cruz). Luego de fusionarse con la Pesquera Itata (familia Sarquis), esa empresa dio paso a la actual Blumar.

De la red de boleteros de Longueira, articulada por Carmen Luz Valdivielso, aparecen otras dos personas emitiendo boletas falsas para la ex Pesquera El Golfo: los hermanos Nicolás y Gustavo Guíñez. Ambos reconocieron ante la Fiscalía que las boletas que emitieron para El Golfo, y que totalizan $12,7 millones, no tenían trabajo de respaldo.

En el registro realizado por CIPER a la contabilidad de Blumar aparece además un diputado en ejercicio y familiares y asesores de parlamentarios. Una de esas boletas está a nombre del diputado Fuad Chahín (DC): por $2 millones y está fechada el 10 de diciembre de 2009, en la recta final de la campaña que lo llevó por primera vez al hemiciclo por el distrito de Curacautín y Lautaro.

El fantasma de las boletas irregulares pena desde hace un tiempo a Chahín. En diciembre de 2015, CIPER reveló que las rectificaciones tributarias hechas por el Grupo Said lo incluían. En 2009 Inversiones Caburga le giró $5,5 millones al diputado, y la rectificación realizada indica que no tuvo respaldo (ver reportaje).

“En la época ejercía como abogado y lo que hice fue revisar y redactar contratos. Un trabajo bastante puntual para esa pesquera”, señaló Chahín a CIPER. El diputado agregó que votó en contra de la Ley de Pesca y que, incluso, después fue al Tribunal Constitucional para impugnarla (junto a otros 49 parlamentarios, argumentando que no se había consultado a los pueblos indígenas como obligaba el convenio 169 de la OIT).

Diputado Patricio Vallespín (DC).

Diputado Patricio Vallespín (DC).

Hay más pagos de Blumar a personas del círculo estrecho de diputados DC. Desde 2011 la abogada Tatiana Muga Mendoza está casada con Patricio Vallespín, quien presidió la Comisión de Pesca de la Cámara hasta 2010. Ella recibió un total de $11,1 millones de Blumar, en tres pagos entre 2009 y 2012. Desde 2012, Muga es jueza del Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, la misma zona por la que Vallespín es diputado.

–Tatiana Muga es abogada, ejerce su profesión de forma libre en distintas facetas, trabajando en distintas empresas o instituciones. Tenemos separación de bienes. Rechazo categóricamente cualquier vinculación de esa materia. Mi posición en todos los temas de pesca ha sido garantizar la sustentabilidad y asegurar condiciones de desarrollo para la pesca artesanal –dijo Vallespín a CIPER:

Otra de las boletas de la ex Pesquera El Golfo bajo investigación es la que se le pagó al arquitecto Erick Vergara Moreno (UDI) por $1,1 millón, en octubre de 2012. En ese momento, Moreno estaba en campaña para ser concejal por Talcahuano, cupo que ganó y que mantuvo hasta 2016, cuando no se presentó a la reelección.

La investigación judicial por el financiamiento ilegal de la política por parte de la industria pesquera y que ha mostrado cómo incidió en su beneficio en la tramitación de la Ley de Pesca, sigue acumulando evidencias. En agosto pasado efectivos de la PDI allanaron las oficinas de otras seis empresas del rubro: Landes, Alimentos Marinos, Bahía Coronel, Orizon, Coloso y Grimar.

*Este reportaje fue actualizado el 6 de marzo de 2017 para incluir una precisión.

Las “empresas zombis” que compró Piñera para ahorrar millones en impuestos

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Para la mayoría de los chilenos una deuda es un problema que angustia de día y espanta el sueño por las noches. Para un súper rico, en cambio, una deuda puede ser una oportunidad; y una deuda enorme, un regalo del cielo. La razón: permite pagar menos impuestos o incluso recuperar los tributos pagados en años anteriores. Como sintetizó a CIPER un experto tributario, “una pérdida vale plata… siempre que se tenga una asesoría adecuada, claro”.

Precisamente esa experta asesoría fue la que tuvieron 20 grandes y pujantes empresas chilenas, al declarar entre 1996 y 2004 enormes pérdidas ante Impuestos Internos (SII). Según documentos a los que accedió CIPER, entre esas firmas están: Inversiones Bancard Limitada, que en ese periodo era propiedad del ex presidente Sebastián Piñera y de sus hijos; Empresas Penta S.A. de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; Inversiones San Patricio S.A. e Inversiones Quitalmahue S.A., ambas vinculadas a los controladores de Falabella; e Inversora Costa Verde Limitada, que pertenecía a la familia Cueto, controladora de Latam.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

Las pérdidas que informaron esa veintena de empresas eran de tal magnitud que parecían el resultado de una profunda crisis económica. Por ejemplo, Inversiones Bancard Ltda., declaró una pérdida tributaria de $44 mil millones; San Patricio, $940 mil millones; Penta, $54 mil millones. Pero no había crisis. Lo que había, según la definición de un ex alto funcionario del SII, era “un duro y masivo ataque de las empresas contra las arcas fiscales”.

El “ataque” –precisa el ex alto funcionario– partió a inicios de los ‘90 y tuvo su peak en los inicios del año 2000, cuando comenzaron a ser revividas empresas quebradas en la década de los ‘80, que en su mayor parte habían pertenecido a los grupos económicos liderados por Manuel Cruzat y Javier Vial.

Aquellas firmas que se desplomaron durante la peor crisis en Chile de los últimos 70 años, revivían, pero ahora en manos de otros dueños, para absorber las utilidades de los “dorados 90”, uno de los períodos de mayor bonanza y crecimiento de nuestra historia. “Empresas zombis”, las llamó el periodista Jorge Rojas, en una detallada investigación en The Clinic.

Recién en 2004, el SII (bajo la dirección de Juan Toro Rivera, 2002-2006) frenó esa ofensiva a través de una investigación llevada adelante por una “fuerza de tarea” integrada por funcionarios traídos desde distintos puntos de Chile. CIPER accedió a parte de esa indagación, incluyendo una nómina de 60 empresas prósperas en las que el SII detectó la repentina aparición de pérdidas que calificó de “improcedentes”. De ellas, 20 usaron esas pérdidas para rebajar impuestos (las otras 40 no lo habían hecho en ese momento, pero estaban en posición de hacerlo).

Para esta investigación, CIPER seleccionó las 10 empresas en las que pudimos obtener tanto los montos de las pérdidas que sus dueños reclamaban, como la rectificación de impuestos que les exigió hacer la autoridad tributaria, cuando la hubo. La investigación permitió además identificar otras seis importantes firmas –alguna de ellas no investigadas por el SII– que también recurrieron a “empresas zombis” para intentar pagar menos impuestos.

En el caso de Inversiones Bancard Ltda., según fuentes del SII, en virtud de la prescripción vigente, solo se le cuestionaron las declaraciones de los años 2002, 2003 y 2004, totalizando un impuesto adeudado de $261,96 millones. En síntesis, el argumento del SII fue: mientras Inversiones Bancard Ltda., aseguró haber tenido en esos años pérdidas por $980 millones, la autoridad detectó utilidades por $547 millones. (Ver cuadro.)

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Para propiciar el pago sin que mediara un conflicto judicial, fuentes del SII aseguran que se le ofreció a Bancard Ltda. –y a las otras empresas en su misma situación– una condonación que es la estándar en estos casos: entre el 50 y 70 por ciento de los intereses y multas. Los representantes de Inversiones Bancard Ltda., aceptaron, rectificaron sus declaraciones de impuestos y pagaron.

CIPER se comunicó con la oficina del ex presidente Sebastián Piñera el 6 de marzo. Le informamos a su encargado de prensa que estábamos haciendo una investigación sobre el uso de “empresas zombis” y queríamos su versión sobre el uso que Piñera hizo de al menos cuatro de ellas que habían pertenecido a Manuel Cruzat. Reiteramos nuestro pedido al menos en cinco oportunidades. No obtuvimos respuesta.

Lo mismo ocurrió ese año 2004 con Empresas Penta S.A. Según diversas fuentes consultadas por CIPER, el holding de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano declaró pérdidas por $54.397 millones. En virtud de ello, Penta reclamó la devolución de cerca de $4.100 millones por tributos pagados en los años anteriores, de los cuales el SII devolvió $1.800 millones. Tras la investigación hecha durante la gestión de Toro, el SII cuestionó más del 90% de las pérdidas que reclamaron por los años 2001, 2002 y 2003, y le exigió a Penta el pago de $5.800 millones ($5.778.756.439). Tras una larga negociación, que también incluyó una rebaja de intereses y multas, Délano y Lavín también pagaron (los detalles de la operación de Penta y la respuesta de la empresa se publicarán en la segunda parte de este reportaje).

En 2007, cuando el abogado Ricardo Escobar era director del SII (2006-2010), se hizo una estimación del daño al Fisco que este “masivo ataque” podría haber provocado. El resultado fue sorprendente: si las 60 empresas que declararon tener pérdidas hubieran tenido éxito en usarlas tributariamente, el Estado habría dejado de recibir $1 billón 36 mil millones ($1.036.070.209.607), tanto por reducción de impuestos como por tributos que las empresas habrían tenido derecho a recuperar.

Un importante tributarista de la plaza –quién afirma que en estos casos no había nada irregular–, dijo a CIPER que muchas empresas terminaron pagando lo que el SII pedía, pues se las amenazó con juicios, lo que finalmente solo se concretó en el caso de Vital S.A. (que intentó hacer valer pérdidas tributarias por $47 mil millones).

–Hoy, con tanto empresario desfilando ante la justicia, se ha perdido el impacto que tenía en ese momento la amenaza de verse expuesto públicamente. Eso pesó mucho, aunque no hubiera ningún delito y aunque el SII hubiera terminado perdiendo los juicios –argumentó el mismo experto tributario.

En las páginas que siguen se exponen antecedentes para que el lector se forme su opinión sobre la legalidad y la ética de estas operaciones.

EL MECANISMO

La estrategia usada por esas 60 empresas para ser a la vez pujantes y tener grandes pérdidas, consistió en comprar firmas que habían quebrado o habían sido sometidas a acuerdos preventivos en los años ´80. Eran lo que los expertos tributarios llaman “cascarones”. Sin empleados ni terrenos ni oficinas ni know how, esos cascarones eran apenas un RUT. ¿Qué había de valioso en ellos como para que Piñera, los Cueto, Délano y Lavín pagaran entre $ 500 y $900 millones por cada uno? Algo que estaba atado a ese RUT; una pérdida tributaria que les permitía declarar ante el SII que las utilidades de sus empresas habían desaparecido y por lo tanto no tenían que pagar impuestos, o podían recuperar los pagados en años anteriores.

Esas pérdidas tenían su origen, mayoritariamente, en deudas impagas de los años ´80. Pero 10 años después, cuando prósperos empresarios se interesaron en ellas, eran deudas muy distintas a las que angustian al ciudadano común.  Primero, ya no tenían acreedor, pues a comienzos de los ‘90, cuando las empresas quebradas vendieron todos sus activos y los juzgados civiles determinaron que ya no había más nada a qué echar mano para pagar a los acreedores, se borraron las deudas que quedaban aún impagas. Así, aunque los compradores de estas empresas alegaban ante el SII tener una pérdida tributaria, nadie le exigía a Inversiones Bancard que pagara $44 mil millones ni a Vital S.A. que cancelara $47 mil millones. Esas empresas simplemente constataban que debían ese dinero y que no lo habían pagado. Y en función de esa declaración, reclamaban tener una pérdida que neutralizaba sus utilidades.

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Pero resulta evidente que Piñera no había perdido nada; y yendo hacia atrás, ni siquiera se puede sostener que la mayor parte de ese dinero lo haya perdido Cruzat (a quien Piñera compró al menos cuatro sociedades con pérdidas) ni Vial (quien vendió “empresas zombis” a los controladores de Falabella, entre otros). Los que sí habían perdido mucho eran los que le prestaron a Cruzat y Vial: los bancos que fueron intervenidos, los ahorristas que perdieron sus depósitos, el Fisco, que salió al rescate de la banca y a través del Fisco, todos los chilenos. ¿Qué justificación había para que los prósperos empresarios de los 90 y 2000 reclamaran haber perdido ese dinero y en función de eso pagaran menos impuestos por sus utilidades?

Aunque ese cuestionamiento es válido para todas las operaciones que se van a describir en esta investigación, desde el punto de vista de la “técnica tributaria” algunas están mejor hechas que otras: algunos abogados recurrieron a zombis “más frescos”, comprados pocos años después de que se cerraran sus acuerdos preventivos, zombis que tenían su contabilidad en orden (varias de las empresas Cruzat son de este tipo). En esos casos, aunque el SII cuestionó grandes montos relacionados con el cálculo de intereses y reajustes, no acusó delitos.

Como se verá más adelante, el abogado Fernando Barros, tributarista de cabecera de Piñera, se refiere a la reacción del SII ante esas operaciones como “correcciones monetarias”.

Pero hay otro tipo de zombis que llevaban décadas bajo tierra y revivirlos implicó un trabajo titánico para equipos de contadores y abogados. En ocasiones debieron forzar barreras éticas, legales e incluso desafiar la lógica: porque cuando no hay un acreedor, no hay quién diga exactamente cuanta es la deuda, ni quien calcule el interés.

En casos como los de las empresas Johnson´s y Vital S.A. fue el comprador del cascarón el que debió calcular minuciosamente cuánto debía. Investigaciones periodísticas que han revelado el uso de zombis para bajar impuestos –como las del periodista Carlos Tromben (Crónica secreta de la economía Chilena, Ediciones B, 2016 ) y la citada serie de Jorge Rojas–, describen equipos de contadores reconstruyendo deudas de empresas quebradas, hundidos en cerros de facturas impagas, movidos por el paradójico aliciente de que mientras más grande la deuda, mejor para el deudor. Una vez que esas cuentas estaban listas, se presentaban todas juntas ante el SII, en un solo acto, por lo que de un día para otro empresas con buenos números parecían en quiebra.

Pero no solo eso. Puesto que la deuda original se había borrado, la pérdida que se reclamaba era, en su mayor parte, el interés reajustado de la deuda original que se borró.

–La deuda que el Servicio cuestionó en muchas empresas fue el reajuste experimentado por lo que se llama la “pérdida de arrastre”, la cual estaba formada por un conjunto de intereses, reajustes y diferencias de cambio que estaban vinculadas con obligaciones y préstamos que nunca se pagaron –explicó a CIPER un experto tributario.

Es importante destacar que hay aspectos de estas operaciones que siempre han sido y siguen siendo incuestionables. Por ejemplo, si una empresa en 2016 tiene ganancias, puede no pagar los impuestos que corresponden echando mano a las pérdidas que tuvo en años anteriores. O también puede guardar esas pérdidas en una especie de “cuenta de ahorro” para deducir impuestos cuando lo estime conveniente. La razón de esto es que la ley considera que las empresas son unidades clave de la economía, por lo que el Fisco las apoya en las malas épocas (devolviéndoles los impuestos pagados, por ejemplo), para que tributen por las utilidades reales en el largo plazo.

La “innovación” que los avezados tributaristas intentaron fue reclamar el apoyo fiscal para cascarones cuyo único bien era el ahorro tributario que le podían generar a las prósperas firmas compradoras.

EL ORIGEN: COMISIÓN PROGRESA

No hay precisión sobre la fecha en que empezó a usarse esta estrategia. Un abogado tributarista dijo a CIPER que si firmas líderes se arriesgaron a usar las millonarias pérdidas de los cascarones de Cruzat y Vial, es porque el mecanismo se probó muchas veces antes.

–Las empresas de Cruzat y Vial fueron la apuesta final de una estrategia que se había chequeado muchas veces. Cuando te arriesgas a declarar pérdidas por $1.000 millones, es porque antes lo lograste al menos 20 veces por montos menores –dijo a CIPER el mismo abogado.

Otro abogado dijo a CIPER que a inicios de los ‘90 ya había literalmente un “mercado de cascarones”, y los tributaristas iban compañía por compañía ofreciéndolos para hacer desaparecer utilidades.

Buena parte de los primeros cascarones que se vendieron provenían de la Comisión Progresa, una entidad formada a mediados de los ‘80 por bancos acreedores del grupo Cruzat, que trataban de recuperar algo del dinero que le habían prestado, vendiendo las sociedades del grupo. El proceso fue lento y difícil, entre otras cosas porque durante mucho tiempo el mismo Cruzat tuvo poder de veto sobre las decisiones de la Comisión, recuerda el periodista Carlos Tromben, en su libro. En la segunda parte de esta serie se abordará en detalle el trabajo de Progresa, pero es importante tener claro que cuando los bancos terminaron de vender las acciones que tenía Cruzat, se quedaron decenas de sociedades vacías, cascarones llenos de pérdida. Eran las sobras del poderoso grupo. Y decidieron venderlas.

Fernando Barros, asesor tributario de Piñera desde comienzos de los ‘90, piensa que no hay nada irregular en el negocio de cascarones. De hecho, él no los llama así, pues le parece que sólo eran empresas que estaban liquidando los bienes de un periodo de su actividad económica. Estima, además, que el uso que se les dio a las pérdidas de esas empresas estaba “expresamente autorizado por la ley”, ya que reconocía las pérdidas como un activo del empresario, y no ponía límites a cómo estas pérdidas se originaban y vendían.

Fernando Barros

Fernando Barros

El abogado remarca también que, en el caso de las empresas del grupo Cruzat, al ser éstas vendidas por la Comisión Progresa, era como si las vendiera el Fisco.

–Los bancos que integraban esa comisión estaban intervenidos, lo que implica que reportaban todo a la Superintendencia de Bancos (SBIF); y cuando Progresa comenzó a ofrecer empresas con pérdida, es evidente que la SBIF lo sabía y aceptaba ese mercado –afirmó Barros a CIPER.

Aunque esa “aceptación” de la SBIF no fue oficializada en ningún documento público, para el abogado Fernando Barros fue suficiente para entender la venta de cascarones de comienzos de los 90 como parte de una política pública.

Recién en 2004, más de 10 o 15 años desde el inicio de estas prácticas, el SII las cuestionó con firmeza y, en algunos casos, obligó a importantes empresas a rectificar sus declaraciones argumentando que sus pérdidas eran inexistentes o estaban infladas por intereses y reajustes que no correspondían.

Pero los datos obtenidos por CIPER muestran que esta historia no se entiende si se la mira solo como un asunto de empresas astutas y fiscalizadores lentos. Y ello, porque parte de la argumentación que permitió el uso tributario de estas “sombras de deuda” fue proporcionada por el propio SII.

En efecto, a fines de los ’90, durante la gestión de Javier Etcheberry (1990-2002), el SII emitió pronunciamientos ante las astutas preguntas hechas por abogados tributaristas (“preguntas capciosas”, las llama un ex funcionario del SII). Así, a través de esas respuestas, proveyó a los abogados de argumentos para construir interpretaciones que permitieran a sus clientes acceder a beneficios impensados en la ley.

Si el SII se demoró tanto en reaccionar ante lo que lo que entendía como un “ataque”, eso se debe en parte a que estaba cazado en sus propias palabras.

LOS CASCARONES DE PIÑERA

En el caso de las empresas del ex presidente Sebastián Piñera, la investigación de CIPER detectó la compra de al menos cuatro cascarones de los ‘80 cargados de pérdidas. Solo uno de ellos fue investigado por el SII y debió rectificar sus impuestos.

El ex presidente usó estos cascarones entre 1995 y 2004, periodo en el que fue senador por Santiago Oriente (hasta 1998) y luego presidente de Renovación Nacional (2001-2004).

Uno de los cascarones más importante comprado por la estructura de negocios de Piñera fue la Compañía de Desarrollo Industrial. Lo adquirió en 1994 a través de Editorial Los Andes, pagando la $817,5 millones ($817.495.956) a la citada Comisión Progresa.

La Compañía de Desarrollo Industrial tenía una deuda de arrastre de más de $39 mil millones. Nada más. Según el informe de Iván Lefort, de Lefort y Asociados, Auditores Consultores, registraba el siguiente patrimonio: activo circulante 0; activo fijo 0; otros activos 0.

A la cabeza de esta empresa quedó Gustavo Valdés, cuñado de Piñera. Y siguiendo un libreto que se observa con otras firmas (ver recuadro “Las otras zombis de Piñera y Cueto”), después de la compra, el cascarón fue rebautizado: Inversiones Bancard Limitada.

El siguiente paso fue que esta “empresa zombi” absorbió tres firmas clave del holding de Piñera: Inversiones y Asesorías Santa Magdalena S.A., Inversiones Libardón S.A. e Inversiones Santa Cecilia S.A.

Compra, fusión y bautismo: todo se hizo en un solo acto, como consta en la escritura del 24 de abril de 1995 (Notaría de Andrés Rubio). Así, en pocas horas, una empresa que financieramente tenía 0, que tributariamente tenía una deuda de $39 mil millones, adquirió un capital social de más de $19 mil millones ($19.579.195.511).

Este caso es particularmente ilustrativo, porque CIPER accedió al detalle de cómo año tras año las pérdidas de Cruzat en los ’80, rebajaron los impuestos que debía pagar Piñera en los ‘90 (Ver tabla).

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El periodo en que el cascarón de Cruzat le reportó mayores beneficios a la empresa de Piñera fue entre 1998 y el año 2000, cuando desaparecieron más de $40 mil millones de las utilidades de Inversiones Bancard Ltda. En ese momento, según quedó anotado en 1997 en el Registro de Comercio, la empresa había aumentado su capital social a $21.428 millones, aportados por Sebastián Piñera Echenique (88,06%); sus cuatro hijos con 2,42% cada uno y Editorial Los Andes S.A. (2,23%).

¿Cuál era el origen de esta sorpresiva y elevada pérdida tributaria? De acuerdo al análisis que hizo del SII, solo $12.465 millones correspondían a capital perdido por la empresa de Cruzat que compró Piñera (Compañía de Desarrollo Industrial); el resto (casi $30 mil millones), era una mera “corrección monetaria”: es decir, el reajuste de un conjunto de intereses y diferencias de cambio calculados sobre obligaciones y deudas que fueron borradas y nunca se pagaron.

Fue así como el SII aceptó como válidos solo los $12 mil millones, pero rechazó esta “corrección monetaria”. Al recalcular la situación de Inversiones Bancard Ltda., el SII estimó que legítimamente Piñera podría no haber pagado impuestos por esta empresa hasta 1997. Sin embargo, desde ese año y hasta 2004 debería haber cancelado en torno a los $2.500 millones en tributos.

¿Por qué Inversiones Bancard Ltda. rectificó sus impuestos sólo por $ 261,96 millones? Según fuentes tributarias, por el límite de tres años que tienen las investigaciones administrativas del SII. Así, aunque Bancard usó pérdidas por $39 mil millones (del cascarón Compañía de Desarrollo Industrial), la mayor parte de la operación estaba prescrita y el SII solo reclamó impuestos asociados a mil millones de pesos.

Este hecho plantea una gran interrogante: ¿cuán efectiva fue la fiscalización del SII en 2004? Dicho de otro modo, es posible que la autoridad haya fiscalizado cuando gran parte de las pérdidas de algunos cascarones ya había sido usada. Esta duda se acrecienta al observar la información del SII sobre el uso de las pérdidas tributarias entre 1996 y 2006 (Ver Gráfico).

evolución impuestos recuperados

Los datos sugieren que la intervención del SII en 2004 fue exitosa en reducir la cantidad de impuestos que las empresas recuperaron aduciendo pérdidas. Pero también indican que una gran cantidad impuestos pagados fueron devueltos entre 1996 y 2000, años que la investigación del SII examinó, pero en los que no se pidieron rectificaciones de impuestos debido a los tres años que fija el límite de la prescripción

La información tributaria a la que accedió CIPER muestra otro asunto delicado: entre 1997 y 1999 Piñera y su familia efectuaron “retiros” desde Inversiones Bancard Ltda. por un total de $91 mil millones ($91.084.276.251, ver cuadro). Y ello, a pesar de que ante el SII y en ese mismo período – gracias al uso del cascarón– esa misma sociedad declaró solo pérdidas.

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Para entender este punto hay que tener claro otro de los efectos “cuestionables” del uso de los cascarones. Cuando una empresa tiene pérdidas y sus dueños sacan dinero de ella, tributariamente a eso se le llama “retiros en exceso”. Y esos dineros no pagan impuestos hasta que la empresa vuelva a tener utilidades tributables. Entre las fuentes consultadas por CIPER no hubo claridad de si Piñera y su familia pagaron o no impuestos por esos retiros. Y no fue posible clarificar este punto con el propio Piñera pues no accedió a responder nuestras preguntas.

Solo hay constancia de que pagaron $261,96 millones, monto resultante de la rectificación a la que los obligó el SII, como se dijo anteriormente.

Fuentes tributarias especulan que, con una asesoría adecuada, bien pudo Piñera haber mantenido Inversiones Bancard Ltda. sin utilidades, de modo de evitar el pago de impuestos. Si fue así, toda obligación de tributar por estos “retiros en exceso”, desapareció finalmente en 2014. Lo anterior, debido a que la reforma tributaria del actual gobierno –y que busca terminar con la práctica del “retiro en exceso”– permitía que, si la empresa se disolvía antes del 1 de enero de 2015, no pagara nada.

Justamente eso fue lo que ocurrió con Inversiones Bancard Ltda. El 18 de diciembre de 2014 la junta de accionistas de Los Andes Ltda. resolvió absorber Inversiones Bancard Ltda. Si había “retiros en exceso” en esa fecha, la obligación de pagar impuestos por ellos desapareció. Como resultado de esta absorción, el capital social de Los Andes Ltda. se empinó en más de $34.500 millones.

Fernando Barros, no quiso referirse a las operaciones de Inversiones Bancard Ltda., pues no comenta las inversiones que hacen sus clientes. En entrevista con CIPER solo se refirió en términos generales a las “empresas zombis” de Cruzat, que eran vendidas por la Comisión Progresa y que él conoció.

–No conozco ningún caso salido de la Comisión Progresa en que se le haya cuestionado las pérdidas. He sabido de algunos casos en que se han detectado correcciones, que tienen que ver con la “corrección monetaria” de activos y pasivos. Fueron temas de fiscalización más normal y rutinaria, pero nunca un cuestionamiento a la base de la operación. En ningún caso el SII dijo que esto fuera evasión o elusión.

–¿Usted reconstruyó las contabilidades de las empresas de Cruzat que compraron sus clientes?

–Las contabilidades que yo conocí estaban todas impecables. No hubo nada que reconstruir.

–¿Se refiere a Inversiones Bancard Ltda.?

–No, estoy hablando en términos generales. Las sociedades que me tocó evaluar estaban impecablemente al día, con todos sus resguardos contables. Yo vi estos temas desde el ‘88 al ‘92 aproximadamente, un periodo en que las sociedades estaban relativamente “frescas”, pues los convenios habían terminado el ‘86-‘87 e incluso el ‘90. Y lo que pasó luego es que a partir de esa experiencia otras personas intentaron hacer lo mismo en los años 2000, y a partir de documentos en cajas reconstruyeron contabilidades, revivieron a estos muertos. Yo no he participado, ni habría tenido la capacidad para reconstruir sociedades 20 años después.

AXXION, EL BUQUE INSIGNIA

Si bien Barros no habla de las asesorías de su cliente, hay dos sociedades a las que sí se refiere, pues en ellas aparece como comprador directo o como socio fundador. Una es Textiles Arltex S.A (que se examinará en la segunda parte de esta investigación). La otra es Inversiones COIA S.A., industria alimenticia que fue el corazón del grupo Cruzat-Larraín y sobre el cual Piñera levantó una sociedad clave de su imperio: Axxion S.A.

En 1996 COIA pasó a ser controlada por el abogado Barros  a través de Inversiones La Plaza Ltda.

–La Plaza es una sociedad personal. Compré COIA porque pensé que podía ser de utilidad para mis clientes –dijo a CIPER.

En sus tiempos de gloria COIA había concentrado las acciones que el grupo Cruzat tenía de Copec y CCU, entre muchas otras empresas. Los bancos de la Comisión Progresa se cobraron las deudas con la venta de esas acciones y cuando llegó Barros, en COIA no quedaba nada, salvo una abultada pérdida: $52 mil millones. Pese a eso, Barros puntualiza que no corresponde calificar a COIA como cascarón, pues “era una sociedad anónima abierta, que nunca fue objetada ni por el SII ni por SVS. Aquí no estamos hablando de desenterrar muertos”.

–Pero su único activo era la pérdida.

–COIA tenía otros activos de valor. Su historia. Es una de las 10 empresas más antiguas de Chile. Nosotros compramos varias sociedades con muchos años de historia porque en determinados negocios decir que la empresa fue fundada en 1914 tiene importancia.

–Le cambiaron el nombre por Axxion. La historia no parece haber sido muy relevante.

–Está bien. Pero eso lo hicimos cinco años después de la compra, cuando cambió la ley.

Barros se refiere a la Ley Nº 19.738, “Normas para combatir la evasión tributaria”, promulgada en junio de 2001 y con la que el gobierno de Ricardo Lagos intentó restringir el uso de las pérdidas. Esa ley, dice Barros, hizo que cambiaran de plan: no era posible usar la pérdida.

–Nosotros cedimos COIA después de esa ley, por la vía de un aumento de capital –afirma.

Según consta en el acta de la junta de accionistas de Inversiones COIA (16 abril de 2001), Barros la rebautizó como Axxion y sugirió a la junta de accionistas un aumento de capital de $750 millones. Sebastián Piñera suscribió ese aumento de capital a través de su sociedad Santa Magdalena y llegó así al directorio de Axxion en octubre de 2001. Barros quedó como miembro del directorio.

El 1° de octubre de 2002, Axxion fue fusionada con FSC S.A., una sociedad que Piñera creó dos meses antes y donde puso buena parte de sus inversiones bursátiles, entre ellas, el 20% de Lan Chile. Como resultado de la fusión, Axxion pasó en un año a tener un capital de $63.500 millones. Durante el siguiente lustro, Axxion fue una de las principales sociedades de inversión de Piñera. En 2010, cuando fue electo Presidente de la República, la vendió al Grupo Bethia en US$462 millones.

Barros sostiene que Axxion nunca usó la pérdida de arrastre que tenía para reducir sus utilidades y pagar menos impuestos.

–Axxion nunca tuvo renta líquida imponible positiva. No tengo la cifra aquí. Puede que haya ocupado algo, pero el 95 % de esa pérdida no se ocupó así, porque esa sociedad fue una sociedad holding y nunca tuvo ingresos de primera categoría contra los cuales imputar su pérdida. Axxion no usó la pérdida para rebajar impuestos.

–¿Por qué entonces se reduce año a año los $52 mil millones de pérdida hasta desaparecer y Axxion no realiza provisión para impuestos a la renta? (Ver tabla)

AXXION PERDIDAS TRIBUTARIAS

–La pérdida se fue a cero substancialmente porque se la imputó contra dividendos que no tenían crédito –dijo a CIPER. Afirma que con ese uso no se redujeron utilidades ni se dejaron de pagar impuestos.

–Si no usó la pérdida ¿qué beneficio obtuvo Piñera al comprar esa sociedad en $700 millones?

–Primero, era una sociedad con historia, era un buque insignia, ideal para transformarse en una empresa holding. Y cumplió con esa misión. Segundo, él no pagó por COIA –dice Barros y explica que “cuando tomas el control de una sociedad aumentando el capital de 100, pasas a controlar los 100”.

–Pero COIA era suya. ¿Usted perdió dinero con la venta de COIA?

–Piñera nos pagó, pero a valor de libro. Tuvimos una pérdida. Le achuntamos a algunas operaciones y a otras no. Porque nos cambió la ley entre medio y se perdió la oportunidad de traspasar la pérdida.

 

LAS OTRAS ZOMBIS DE PIÑERA Y CUETO

La investigación de CIPER detectó otras dos empresas que el ex presidente Piñera construyó sobre los restos de firmas quebradas en los ‘80 y que confirman el uso frecuente que hizo de esta estrategia.

En 1994 compró Administración e Inversiones El Bosque Ltda., que originalmente también formó parte del imperio Cruzat. Esta vez, Piñera asumió su control (el 50% a través de Inversiones Santa Cecila S.A.) en conjunto con la Familia Cueto (adquirió el 33% a través de Inversiones Tulúm S.A.). Luego de que este cascarón absorbiera un grupo de sociedades controladas por Piñera (Inmobiliaria Valle Escondido, Asesorías e Inversiones Santiago S.A., Servicios Las Condes S.A., Promotora de Negocio S.A. entre otros), la empresa resultante fue bautizada como Inversiones Bancard S.A. Su capital social: $8.126 millones.

(Una precisión: si bien esta nueva empresa lleva el mismo nombre de una ya mencionada –Inversiones Bancard Limitada–, esta es una sociedad anónima, lo que tiene un efecto tributario distinto).

Lo que sigue a continuación es el dato interesante. Porque junto a su capital social, la nueva empresa dejó registrada en sus balances una pérdida tributaria de arrastre de $21.030 millones ($21.029.721.309), cifra que avaló el ya citado Iván Lefort de Lefort y Asociados, Auditores Consultores. Y su justificación: venta de activos a un precio inferior a su valor contable. Ese ejercicio le permitió a Inversiones Bancard S.A. adueñarse de una importante “pérdida tributaria de arrastre”

La escritura de traspaso del cascarón Administración e Inversiones El Bosque Ltda., registra que Piñera compró su pérdida tributaria en casi $300 millones ($299.434.590), mientras que los Cueto pagaron por su parte poco más de $200 millones. Asíconsta en la escritura del 9 de noviembre de 1994 (Notaría de Andrés Rubio).

La indagación de CIPER no logró determinar si los accionistas de la nueva empresa usaron esas cuantiosas pérdidas para rebajar sus impuestos. Lo que sí es claro es que esta sociedad no aparece entre las 60 empresas que investigó el equipo “fuerza de tarea” del SII.

Piñera volvió a usar una sociedad con la familia Cueto para comprar un cuarto cascarón que había pertenecido a Cruzat: Los Lirios S.A., empresa que estuvo sometida a un convenio extrajudicial desde diciembre de 1984 hasta junio de 1991.

El ex presidente compró en $192 millones su 50% (a través de Inversiones Libardón), mientras que los Cueto se hicieron del 33,5% pagando $61 millones (a través de Inversiones Tulúm), según la escritura del 31 de agosto de 1992 (Notaría de Raúl Undurraga Lazo). Luego del traspaso, Piñera transformó Los Lirios en una nueva empresa: Inversiones y Servicios Los Andes Ltda.


El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones

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La prolongada crisis hídrica que azota al país desde hace varios años –y que no es solo atribuible a la falta de lluvias (ver reportaje de CIPER)– tiene una contracara: el pujante y lucrativo negocio del transporte y distribución de agua potable. La información recogida por CIPER en la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) e intendencias y gobernaciones regionales, indica que entre 2010 y agosto de 2016, el Estado ha desembolsado más de $92 mil millones en el arriendo de camiones aljibe. El objetivo: suministrar agua a más de 400 mil habitantes de 175 comunas del país (ver gasto por regiones).

De esos $92 mil millones para contratar camiones aljibe, un 25% ha sido destinado a la Región del Biobío, donde la falta de agua potable afecta a más de 40 mil habitantes de 45 comunas. La indagación de CIPER detectó que en la nómina de proveedores contratados por esa intendencia regional para transportar y distribuir agua potable, solo figuran dos empresas en los últimos siete años.

Ambas empresas pertenecen al mismo dueño: un transportista e importante dirigente gremial de la zona, quien se ha visto beneficiado con contratos por más de $23 mil millones, la mayoría adjudicados por trato directo.

Esa realidad contrasta con lo que sucede en la vecina Región de La Araucanía, donde la investigación de CIPER constató contratos con más de 220 proveedores de camiones aljibe en el mismo periodo.distribucion_agua_2 No es lo único llamativo de los datos de la Región del Biobío. De la información entregada por la intendencia regional, se desprende que en 2013 se invirtieron $3.533 millones en el arriendo de camiones aljibe para abastecer a 45.341 personas. Al año siguiente (2014), el monto subió a $6.562 millones, pese a queel suministro de agua potable solo llegó a 41.784 personas, 3.500 menos que el año anterior.

No existe a la fecha ningún respaldo que acredite que ese número de personas (las de 2013) realmente existió”, contestaron por escrito desde la propia intendencia, tras ser consultados sobre las bruscas variaciones en los datos oficiales que ellos mismos entregaron a CIPER.

Diferencias sustantivas en los precios de arriendo de camiones aljibe también se detectaron en la Región del Maule, donde se han firmado contratos con 37 proveedores en el periodo 2010-2016. La comparación de los datos entregados a CIPER por las gobernaciones regionales arroja millonarias diferencias en los montos que un proveedor puede cobrar por el mismo servicio. En La Araucanía, en tanto, se detectó la adjudicación de casi 1.500 contratos a través de trato directo, los que en total suman más de $4 mil millones.

Desorden administrativo, falta de controles y millonarios gastos sin respaldo, es lo que se pudo constatar de la revisión y cruce de los miles de datos entregados por la Onemi y por las intendencias y gobernaciones de las cinco regiones del país que registran mayor gasto en arriendo de camiones aljibe: Biobío, La Araucanía, El Maule, Coquimbo y Valparaíso.

Petorca, en la Región de Valparaíso, merece capítulo aparte. En la última década, esa provincia, una de las más afectadas a nivel nacional por la escasez hídrica (ver reportaje de CIPER), se ha transformado en un emblema de la lucha por la recuperación del agua. CIPER pidió a la gobernación provincial el detalle del gasto en camiones aljibe de 2010 a 2016. Pero la información no está: la gobernación solo entregó, y de manera incompleta, los datos de los años 2015 y 2016, denegando la petición hecha por CIPER vía Ley de Transparencia para los años anteriores.

La información disponible a la que CIPER pudo acceder, también refleja sustantivas diferencias de precios en lo que cobran los proveedores de camiones aljibe en esa provincia. Los montos pueden llegar incluso a triplicarse por la prestación del mismo servicio. Un proveedor, por ejemplo, repartió en dos oportunidades casi la misma cantidad de agua en La Ligua, cobrando $209 millones y $79 millones de un año a otro. Además, tres “proveedores favoritos” se han adjudicado contratos con el gobierno regional por más de mil millones de pesos cada uno.

sequia_3La Onemi es el órgano que debe tramitar los fondos de emergencia hídrica con la Subsecretaría del Interior, y las intendencias (o gobernaciones, dependiendo del caso) son las encargadas de ejecutar esos dineros. Por ello, el gasto global en camiones aljibe reportado a nivel central (por la Onemi) y regional (por intendencias y gobernaciones) debiese arrojar cifras equivalentes. CIPER solicitó los datos por ambas vías y detectó que ello no siempre ocurre así. Mientras en 2014, por ejemplo, la Onemi informó a CIPER un gasto total de $7.234 millones en arriendo de camiones aljibe para el Biobío, la intendencia regional reportó una cifra casi mil millones inferior para el mismo año: $6.395 millones.

Desde la Subsecretaría del Interior señalaron a CIPER que las diferencias tienen una explicación: además del arriendo de camiones aljibe, la Onemi incorpora en sus rendiciones gastos que no ejecutan las intendencias, como la compra de estanques, mangueras y geomembranas. Indicaron que los montos consignados por la Onemi “no tienen necesariamente que calzar con los de las intendencias”, que solo reportan el gasto asociado a la contratación de los vehículos que distribuyen agua potable.

Pero el oficio enviado por la Onemi a CIPER con los montos invertidos en cada una de las regiones del país, señala claramente que las cifras reportadas corresponden al “arriendo de camiones aljibe por déficit hídrico”. No hay mención a otros gastos (ver documento).

BIOBÍO: EL BARÓN DEL ALJIBE

Germán Faúndez Fuentes, empresario de la Región del Biobío, sabe de éxitos económicos. Faúndez ha constituido sociedades dedicadas a distintos rubros: inversiones, construcción de obras, proyectos de ingeniería, asesorías y consultorías. Pero ninguna de esas actividades le ha traído tanto rédito como su negocio de camiones aljibe que creó en 2010.

Dos empresas de transporte pertenecientes a Faúndez son las proveedoras exclusivas de la intendencia para la distribución de agua potable en la Región del Biobío: Transportes y Logística Chile, constituida en agosto de 2010, y Empresas Antártida de Chile, creada en mayo de 2012.  En ambas figuran como propietarios Faúndez y su esposa. Además de empresario, Germán Faúndez ha sido un activo dirigente gremial ocupando cargos como presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga por Carreteras y presidente de la Asociación de Dueños de Transportadores de Contenedores de la Región del Biobío.

distribucion_agua_4En los últimos seis años, a través de sus dos empresas, Faúndez ha facturado a la Intendencia del Biobío $23.242 millones por el arriendo de sus camiones aljibe. Ese monto corresponde al total de los fondos de emergencia por déficit hídrico traspasados por la Subsecretaría del Interior a la intendencia regional entre 2010 y agosto de 2016.

A pesar que desde la Intendencia del Biobío fueron enfáticos en rechazar que bajo la actual administración se hayan adjudicado a las empresas de Faúndez “contratos por el mecanismo de trato directo”, un informe de Contraloría de noviembre de 2015 indica lo contrario. Allí se lee que desde el 2010, “atendida la emergencia producida por la escasez hídrica”, las adjudicaciones a Transportes y Logística Chile se han realizado “vía trato directo” (ver informe).

Lo anterior está avalado por un oficio (N° 932) enviado por la propia intendencia al órgano contralor en 2015. Cabe señalar que el “trato directo” es una fórmula de contratación contemplada en la ley para casos excepcionales, como el de emergencia hídrica, por ejemplo.

Desde la intendencia señalaron además, que “por el hecho de no contar con disponibilidad presupuestaria al momento de ocurrido el evento de emergencia, no es posible efectuar un llamado a licitación pública o privada, por lo que se utiliza el procedimiento regulado en la Ley denominado ‘consulta al mercado’, como la única posibilidad de acceder a un servicio conveniente y acorde a las necesidades de la institución, lo que permite la libre concurrencia de los oferentes”.

CIPER revisó en el portal Mercado Público las siete consultas realizadas por la Intendencia del Biobío en los años 2015 y 2016. En cada una de ellas, la administración regional solicitó cotizaciones de arriendo de camiones aljibe. Pese a que en la Intendencia insistieron en que esas siete consultas al mercado tuvieron como objetivo “buscar nuevos proveedores”, lo concreto es que todas fueron respondidas por un solo interesado, el que adjuntó en cada consulta una cotización por sus servicios: Germán Faúndez Fuentes (ver aquí un ejemplo).

El consultor en compras del sector público, Roberto Salas, es claro en señalar que una consulta al mercado en ningún caso es un mecanismo diseñado para cotizar: “Son consultas para saber cómo funciona una industria o las características de un producto o servicio, por ejemplo, pero no para solicitar cotizaciones. Hay otra herramienta en el sistema (Mercado Público) que sí está diseñada para cotizar, lo que indica que están ocupando mal el mecanismo”.

La autoridad regional insistió en que se han “explorado, dentro de los marcos legales, todas las alternativas para buscar proveedores que estén dispuestos a prestar el servicio de distribución de agua para consumo humano”.

biobio_gob_regionalEn los papeles eso es efectivo. En septiembre de 2015 la Intendencia del Biobío contrató a un nuevo proveedor de camiones aljibe: Antártida de Chile. Da la casualidad que Antártida de Chile y Transportes y Logística tienen los mismos dueños: Germán Faúndez y su esposa.

El alza de costos en el arriendo de camiones aljibe entre 2013 y 2014 en la Región del Biobío  (de $3.533 millones a $6.562 millones) es otro de los puntos que levantan dudas respecto de la administración y control de los fondos de emergencia en esa región. Uno de los ejemplos que relevó CIPER de la información entregada por la intendencia, es la comuna de Hualqui. Allí, Transportes y Logística recibió $194 millones por distribuir agua a 2.300 personas en 2013. Al año siguiente, la empresa de Faúndez facturó $381 millones, aunque los beneficiados fueron solo 637 personas.

En la comuna de Quirihue, la misma empresa suministró agua potable a 1.750 personas en 2013 y a otras 1.750 personas en 2014. Si en 2013 el empresario recibió $208 millones, en 2014 obtuvo $273 millones.

Las diferencias de precios como las aquí descritas se repiten en varias otras comunas de la Región del Biobío. La explicación desde la intendencia para cada una de las incongruencias detectadas en los precios de los años 2013 y 2014 fue la misma:

Hasta antes del 2014, no existe un registro que nos permita identificar quiénes eran y dónde estaban específicamente, dentro de cada comuna, los afectados por déficit hídrico, puesto que los municipios solo indicaban un número estimado de personas, situación que nos pareció irregular”.

La conclusión que se desprende de esta respuesta es que nadie –ni intendencia ni municipalidades– sabe a ciencia cierta cuántas personas recibieron efectivamente suministro de agua potable de los camiones aljibe. Lo que sí consta son los millones que recibieron las dos empresas de Germán Faúndez.

EL MAULE: MERCADO EN ALZA

En el Maule se han gastado $13.775 millones entre 2010 y 2016 (agosto) para abastecer de agua a sectores rurales de 26 de las 30 comunas de la región. A diferencia de lo que sucede en el Biobío, acá no es la intendencia, sino las gobernaciones las que ejecutan los fondos de emergencia para déficit hídrico transferidos por la Subsecretaría del Interior.

Los datos reportados a CIPER por las gobernaciones de Cauquenes, Curicó, Talca y Linares, registran a 37 proveedores prestando el servicio de distribución de agua potable en la región desde 2010 a 2016.

aljibe_1El proveedor que más se repite es Transportes y Servicios Mataquito, empresa que ha facturado más de $1.628 millones. Le sigue Jorge Devia Núñez, con casi $900 millones; Israel Roa Antilef con $831 millones; la empresa Eco Sweep, con $781 millones y Transportes Verco, con $665 millones (ver cuadro con los 10 proveedores con más adjudicaciones).

Si bien en El Maule figuran más proveedores que en el Biobío, aquí también existen varios ejemplos de millonarias diferencias en los precios que ofrece un mismo proveedor por entregar exactamente el mismo servicio.

En la comuna de Parral, por ejemplo, el proveedor Silvio Vallejo Cancino –que se ha adjudicado contratos en la región por $214 millones durante el periodo (2010-2016)­­– repartió 5.220 m3 de agua en 2014 y por ello recibió $75,8 millones­. Al año siguiente, distribuyó 5.200 m3 de agua en la misma comuna (20 mil litros menos que el año anterior), recibiendo $108 millones por sus servicios. CIPER preguntó por esa alza de precio a la Gobernación de Linares, la que al cierre de esta edición rectificó las cifras originales, aunque no envió los documentos oficiales que prueban que efectivamente hubo un error de digitación, como se argumentó.

De todas maneras, los nuevos datos entregados por la Gobernación de Linares siguen abriendo interrogantes. Un solo ejemplo: en 2015 el proveedor Juan Vergara Henríquez –con adjudicaciones por más de $600 millones en el periodo 2010-2016– repartió agua potable prácticamente todos los meses del año en la comuna de Linares. El valor/día de sus servicios fluctúa entre $150 mil y $238 mil, dependiendo del mes. En abril y octubre distribuyó la misma cantidad de agua –220 mil litros–, pero facturó distinto: $3,9 millones y $5,2 millones respectivamente. Ambos contratos fueron adjudicados con solo meses de diferencia y portrato directo.

CIPER consultó a tres funcionarios de gobierno, a nivel central y regional, sobre la fluctuación de los costos de los proveedores en periodos de emergencia hídrica. La respuesta, en sordina, apuntó a lo mismo: las emergencias, en general, traen aparejada especulación de precios.

Linares no es la única comuna donde se registran diferencias significativas de precios por la entrega del mismo servicio. La indagación de CIPER también las detectó en las comunas de Curicó, Teno, Rauco, Hualañé y Constitución, entre otras. La mayoría de las explicaciones entregadas por las gobernaciones regionales del Maule apuntan a lo mismo: el origen está en “errores de digitación” en la información oficial que entregaron ellos mismos a CIPER o se trata de “procesos de adjudicación distintos”, con meses de diferencia, en los que “siempre se privilegiaron las ofertas de menor valor”.

Para otras preguntas no hubo respuesta clarificadora. Se le consultó a la Gobernación de Talca, por ejemplo, por qué en un mismo año (2014) la Sociedad de Transportes Verco pasó de cobrar por sus servicios de distribución de agua potable en Constitución $261.000 por día a $476.000 por día por el transporte de la misma cantidad de agua (20 mil litros). La respuesta fue:

La fecha de inicio de dicha adjudicación es el 10 de marzo de 2014, por tanto, corresponde a la administración municipal y provincial anterior explicar el aumento de costos de $261.800 a $476.000 pesos diarios por la entrega de 20 mil litros”.

LA ARAUCANÍA: TRATO DIRECTO

La Araucanía (abarca 32 comunas) es otra de las regiones que está bajo emergencia hídrica. Datos entregados por la Onemi y procesados por CIPER, indican que es la segunda región en la que el Estado ha invertido más recursos en la distribución de agua potable a la población vía camiones aljibe: $17.996 millones entre 2010 y agosto de 2016.

Son 30 las comunas de la región de La Araucanía que han sido abastecidas de agua para consumo humano por camiones aljibe en ese periodo. Debido a que en la información enviada a CIPER por la intendencia regional no se identifican unidades de medida –días contratados o número de gente beneficiada–, no es posible saber si las cuantiosas diferencias de precios podrían corresponder a cobros excesivos e injustificados. Los datos muestran, por ejemplo, cómo un proveedor repartió 15 mil litros de agua más de doce veces en la comuna de Padre Las Casas –entre 2013 y 2014– cobrando entre $3,2 millones y $12,8 millones.

escasez_aguaEn la Región de la Araucanía es notoria la gran cantidad de adjudicaciones vía trato directo a proveedores. La norma establece que el trato directo es un “mecanismo excepcional de compra que implica la contratación de un solo proveedor previa resolución fundada (…) solicitando un mínimo de tres cotizaciones para contrataciones iguales o inferiores a 10 UTM, salvo las causales establecidas en el artículo 10 del reglamento de la Ley 19.886”. Entre esas causales, se consideran casos de emergencia o imprevistos.

La torta de los casi $18 mil millones desembolsados en esa región por el Estado entre 2010 y 2016 se la reparten 227 proveedores de camiones aljibe con los cuales la intendencia regional ha firmado 2.950 convenios. De ellos, la mitad (1.464) han sido adjudicados vía trato directo y suman $4.087 millones (ver nómina de mayores proveedores).

Un experto en compras públicas, que pidió reserva de su identidad, hace el punto en que si bien la contratación por trato directo está permitida bajo causal de emergencia, en la práctica no todas las emergencias responden a eventos imprevistos: “La erupción de un volcán o un terremoto no es lo mismo que una emergencia prolongada como la hídrica, que ya se extiende por varios años. Cuando la emergencia responde a una constante, el presupuesto puede ejecutarse de modo más eficiente y con una mayor planificación, sin tener que recurrir al trato directo”.

Los proveedores de la Región de La Araucanía que más se han adjudicado licitaciones de la intendencia por “trato directo” son: Luis Farías Cisternas, con $328 millones; Gustavo Ketterer Figueroa, con $300 millones (si se suman los contratos obtenidos vía licitación, es el principal proveedor de la región con ingresos por más de $466 millones); Transportes Hettich Limitada, con $202 millones; y Construcción, Ingeniería, Inmobiliaria y Servicios Newen, con $170 millones.

El caos estructural en el sistema de administración y ejecución de los fondos de emergencia para déficit hídrico fue advertido hace unos meses por la propia Subsecretaría del Interior. En agosto pasado, emitió un instructivo con los nuevos procedimientos que a contar del 31 de marzo próximo –y de manera perentoria– se pondrán en marcha para la solicitud y gasto de esos fondos de emergencia a nivel nacional.

Respecto de la gestión y uso de esos dineros, en el mismo documento se reconoce que se ha utilizado  “una diversidad de procedimientos administrativos, con escasos controles sobre el gasto de los recursos económicos asociados. Y se hace además un  llamado a todas las intendencias y gobernaciones a “implementar el mecanismo de contratación más adecuado, conforme a la normativa vigente de compras públicas (ver oficio).

PETORCA: MERCADO INFORMAL

Valores dispares entre lo que se cobraba”, fue la frase que utilizó el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, al ser consultado en febrero pasado por Biobío Chile respecto de la existencia de un mercado informal del agua en Petorca, una de las comunas más afectadas por la crisis hídrica. En ese mismo artículo, el propio seremi de Obras Públicas de la región, Miguel Saavedra, reconoció que las diferencias de precio que cobran los camiones aljibe datan de 2015. CIPER quiso ahondar en los dichos de ambas autoridades de gobierno, pero declinaron referirse al tema.

gobernacion_PetorcaEl 28 de octubre de 2016, CIPER solicitó a la Intendencia de Valparaíso la nómina de proveedores, montos adjudicados y litros de agua repartidos por camiones aljibe en las 38 comunas de la región entre 2010 y 2016. La petición fue derivada a todas las gobernaciones provinciales. La respuesta de Petorca recién llegó el 20 de enero pasado y en ella se afirma que la gobernación “no cuenta con el personal suficiente para responder adecuadamente toda la solicitud, pues implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”, por lo que denegó parcialmente la información.

Sí adjuntó una nómina con las contrataciones efectuadas durante 2015 y 2016. Pero la información es ininteligible: no solo está incompleta (sin claridad sobre fechas, ni proveedores), además fragmentada.

A pesar de que la Subsecretaría del Interior ha transferido a la Quinta Región casi $12 mil millones para el arriendo de camiones aljibe en los últimos seis años, recursos que en su mayoría han ido a Petorca, en esa gobernación no hay registro actualizado ni en orden de la ejecución y rendición de esos fondos.

A solo días del cierre de esta investigación –y después de que CIPER hiciera ver los reparos por la calidad de los datos entregados– la gobernación envió una nueva planilla con información de 2014, 2015 y 2016. No hubo ni un solo dato sobre los años anteriores (2010-2013).

De acuerdo a esta última información, entre 2014 y 2016 se han gastado $6.927 millones en el arriendo de camiones aljibe para las comunas de Petorca, Cabildo, La Ligua y Zapallar. En la nómina de pagos figuran 17 proveedores, tres de ellos con montos superiores a los mil millones de pesos en adjudicaciones (ver cuadro de proveedores).

EMBALSE RECOLETA005.JPGAquí también aparecen inconsistencias en los montos facturados. En 2015, por ejemplo, Marcelo Navarro Olivares distribuyó 20.480 m3 de agua en la Ligua y por ello cobró $209 millones. Al año siguiente, el mismo proveedor repartió 22.410 m3 (2 millones de litros más), pero facturó casi un tercio: $79 millones. En la misma comuna, este año, Renato Torres Rodríguez distribuyó 10.240 m3 de agua con un costo de $67 millones. En 2015, la Sociedad de Inversiones BFJ, entregó en La Ligua solo 440 m3 más de agua que su competidor (10.680 m3), recibiendo más del doble ($160 millones).

La explicación que dio la Gobernación de Petorca fue: “La variación en los precios responde principalmente a la distancia que deben recorrer los camiones desde la fuente de abastecimiento hasta el sistema de agua potable, lo que incluso podría estar en diferente comuna”.

Actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso, un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas de 1981, y que busca asegurar una mayor equidad en el acceso de la población al agua potable.

Corregir las inequidades no será fácil: el código redactado en dictadura entregó a los privados el dominio a perpetuidad del recurso y al mercado la tarea de asignarlo. Y ello a pesar de que es ampliamente conocido que las transacciones de agua alcanzan valores millonarios en el mercado paralelo.

El proyecto de ley busca establecer nuevas restricciones en el uso de los derechos de agua que podrían, ahora, ser entregados bajo la modalidad de concesión y, por tanto, ser recuperados por el Estado. Pero, según estimaciones oficiales, el 90% de los derechos de agua en el país ya fue entregado a empresas y personas naturales. Solo resta un 10% en manos del Estado y la nueva ley solo entraría a regular ese exiguo margen.

Las zombis que usaron Penta, LAN y Falabella para tratar de eludir impuestos

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Vea también: Las “empresas zombis” que compró Piñera para ahorrar millones en impuestos

El periodo entre 1986 y 2006 es recordado como el de mayor crecimiento económico en la historia reciente de Chile. Pero hay otro elemento igualmente marcador de esa época y que se conoce menos: el desarrollo de varias ofensivas tributarias que permitieron a las empresas más importantes pagar menos impuestos de los que correspondían a sus utilidades.

Un ejemplo de esas estrategias es el Fondo de Utilidades Tributables, el famoso FUT. Originado en los ‘80, tras la crisis económica, el FUT buscaba incentivar que los dueños de las empresas no se gastaran sus utilidades y las reinvirtieran. Así, las utilidades que permanecían en las firmas no pagaban impuestos. La abundante evidencia de que la inversión -especialmente en capital fijo- iba de la mano con altas tasas de crecimiento económico, permitía argumentar que el FUT buscaba beneficiar a toda la comunidad.

Sin embargo, las investigaciones de Michel Jorratt, de los economistas Ramón López y Eugenio Figueroa, y Tasha Fairfield, mostraron que parte importante de los recursos acumulados en el FUT no terminaron reinvertidos ni ahorrados.

Fairfield dijo a CIPER: “En Chile, los dueños del capital encontraron muchas maneras de gastar sus utilidades sin retirar formalmente las ganancias, es decir, sin pagar el correspondiente impuesto”.

Sebastián Piñera

Sebastián Piñera

Esta serie de reportajes se centra en otra estrategia que dominó entre 1990 y 2004: revivir sociedades de los grupos liderados por Manuel Cruzat y Javier Vial y quehabían quebrado o habían sido sometidas a convenios preventivos en la crisis del ’80. Estas firmas –que hoy se conocen como zombis o cascarones- permanecieron sin actividad, algunas de ellas hasta por dos décadas, hasta que avezados tributaristas las sacaron de sus tumbas para un fin específico: absorber las utilidades de prósperas empresas y de esa manera reducir drásticamente su pago de impuestos.

Tal como ocurrió con el mal uso del FUT, en la estrategia de las zombis también se abusa de una política tributaria pensada para promover el bien común y que sigue vigente: que las empresas que pasan por periodos malos puedan guardar sus pérdidas en una suerte de cuenta de ahorro y usarlas para pagar menos impuestos cuando les vuelva a ir bien. Este trato preferencial (los asalariados no lo tienen) se debe a que, para el sistema, las empresas son actores clave del desarrollo y se espera que la compensación de pérdidas con utilidades facilite su crecimiento.

La astuta jugada que idearon esos avezados tributaristas fue que el Fisco diera el mismo apoyo a empresas prósperas que hacían desaparecer sus utilidades comprando cascarones: firmas que eran solo un rótulo y un libro contable con pérdidas tributarias.

Esa lógica fue la que usó el ex presidente Sebastián Piñera con al menos una de las zombis que compró a comienzos de los ‘90 (Compañía de Desarrollo Industrial) y que le sirvió para crear Inversiones Bancard Ltda. Como se expuso en la primera parte de esta serie, esa zombi cargaba con una pérdida tributaria de $44 mil millones, monto que consumió los $39 mil millones en utilidades que Inversiones Bancard generó entre 1997 y 2004. Ese mero ejercicio contable le permitió eludir el pago de $2.862 millones (ver recuadro “Los $2.862 millones en impuestos que Piñera no pagó”).

-No quiero entrar en detalles, porque no tengo el tiempo, pero uno, cuando crea empresas, busca las maneras de crear oportunidades. De crear oportunidades para todos los chilenos -dijo Piñera en una de las pocas oportunidades en que ha accedido en estos días referirse al tema.

Antes de ahondar en las otras empresas que usaron zombis, es necesario subrayar que esta investigación solo echa un poco de luz en la gran historia no contada sobre las estrategias tributarias usadas en las últimas décadas.

Jeffrey Winters

Jeffrey Winters

Esa historia es relevante, porque distintas investigaciones académicas internacionales indican que los diseños tributarios agresivos no se entienden en sus causas y consecuencias si se los ve como casos aislados. Por el contrario, son el producto de una industria que intenta a través de distintos mecanismos que los más ricos paguen menos impuestos.

“La industria de la defensa de la riqueza”, la llama el politólogo Jeffrey Winters, PhD en Yale, “professor” de la Universidad Northwestern y autor del libro Oligarquia (Cambridge University Press, 2011, ver entrevista en CIPER). Y la define como “un ejército de profesionales altamente preparados y bien remunerados” que se desempeñan, fundamentalmente, en bufetes tributarios y diseñan complejas redes legales para que los más ricos puedan ocultar sus ingresos y bienes de la lupa de la autoridad.

Para Winters, los niveles inéditos de concentración de riqueza y de desigualdad en el mundo (en los que Chile destaca) son una demostración del éxito de esta industria.

Algunos nombres y estrategias de la versión chilena de esa industria están retratados en estas páginas.

VANGUARDIA

Los antecedentes reunidos por CIPER sugieren que entre los dueños de grandes empresas que usaron zombis y que el Servicio de Impuestos Internos (SII) califica de “Grandes Contribuyentes”, Piñera fue un pionero. Y dado que madrugó, ganó. Uno de los factores es porque accedió a las zombis de Manuel Cruzat de mejor calidad o “más frescas”, como dijo su abogado Fernando Barros a CIPER, pues tenían su contabilidad ordenada.

A medida que el éxito de Piñera y de otros pioneros se difundió en el mercado y la oferta de cascarones de Cruzat se agotó (en 1996 se transaron los últimos de los 200 cascarones que dejó el grupo), los tributaristas recurrieron a otro tipo de zombis: las de Javier Vial (Grupo BHC), cuyas sociedades no tenían nada, ni siquiera el cálculo de la pérdida.

Para que estas firmas pudieran ser usadas como cascarones ante el SII, abogados y tributaristas debieron reconstruir 15 ó 20 años de registros contables. De las casi 150 sociedades que tenía el Grupo BHC, solo se pudieron poner a la venta cerca de 30: las que tenían su proceso de quiebra finiquitado.

El “ataque zombi” causó tal impacto en la recaudación tributaria, que las alarmas se encendieron y en agosto de 2000 el Ejecutivo envió al Congreso una reforma que buscó ponerle coto a esa práctica: el proyecto “Normas para Combatir la Evasión Tributaria”.

Viendo que el beneficio de los cascarones se cerraba, grandes empresas se apuraron a comprar zombis durante los meses que antecedieron a la promulgación de la Ley Nº 19.738 (junio de 2001). Varias de las operaciones que se describen a continuación forman parte de esta carrera.

Si todas las empresas que compraron zombis en este último tramo (a partir de 2000) hubieran logrado hacer uso de sus pérdidas para rebajar sus impuestos, el Fisco habría dejado de recibir $1 billón 36 mil millones. Esa fue la cifra que estableció el SII en 2007, en un estudio sobre el impacto tributario de las zombis a partir de la fiscalización que comenzó en 2004.

Ese año, la autoridad tributaria cuestionó a 60 grandes empresas cuyas utilidades habían desaparecido a través del uso de las pérdidas de las zombis que compraron. Como se verá, los que hicieron uso de esas malas prácticas después del año 2000 no tuvieron la misma suerte que Piñera.

ZOMBI FISCAL

En esa última ola de zombis hubo situaciones extremas. Un ejemplo: Textiles Arltex S.A., una firma que no pertenecía a los mencionados grupos quebrados en los ’80, sino que fue creada en noviembre de 1988 por los abogados Fernando Barros Tocornal (el jurista tributario de cabecera de Piñera) y Eugenio Zegers Riesco.

Fernando Barros

Fernando Barros

Tres meses después de ser creada, en febrero del ’89, la empresa consiguió un préstamo de CORFO de US$12 millones, los cuales debía devolver en 12 cuotas semestrales, a partir de 1991.

Como los dueños de Textiles Arltex S.A. no pagaron el préstamo, en 1993 la CORFO pidió su quiebra: reclamó una deuda de US$18 millones, unos $7.748 millones (dólar a $430, valor de enero de 1994). La empresa fundada por Barros y Zegers fue intervenida, hasta que a mediados de 1995 la junta de acreedores negoció un monto de pago: UF30.943, ($364,9 millones, UF a $11.795, valor de mayo 1995). Es decir, un pago 21 veces menor a lo que la CORFO esperaba recuperar.

Entrevistado por CIPER, Fernando Barros dijo que, si bien en el documento de constitución él aparece como socio de la empresa, lo cierto es que él nunca fue dueño de ella, sino que la constituyó en su rol de abogado para clientes extranjeros. La identidad de éstos no la recordó.

“No sabía lo de la quiebra”, precisó Barros a CIPER. Y acotó que tampoco tuvo ninguna relación con la venta de la textil, cuando ya transformada en cascarón, fue comprada por familias controladoras de Falabella.

En efecto, una vez que el proceso de quiebra de Textiles Arltex estuvo finiquitado, el cascarón quedó listo para su compra. Eso ocurrió en 2001, cuando pasó a ser controlada por Reinaldo Solari (y sus tres hijos); María Luisa Solari Falabella (y su hija Cecilia); y Juan Cuneo, entre otros inversionistas controladores del retail Falabella, ligados familiarmente.

El cascarón fue rebautizado y pasó a llamarse Inversiones Altex Ltda. (sin la “r” original). Su capital social ascendió a más de $3.300 millones.

Inversiones Altex Ltda. está en la lista de 60 empresas en las que el SII detectó la aparición de pérdidas tributarias inaceptables. CIPER no pudo obtener información de si sus nuevos dueños lograron rebajar el impuesto de sus utilidades usando las pérdidas de la zombi Arltex S.A. Tampoco, cuál fue el monto de pérdidas que declararon y que el SII les cuestionó.

Para aclarar el punto, CIPER se contactó con el Grupo Megeve (family office de esta rama de los Solari Falabella). CIPER no obtuvo respuesta.

LOS PENTA

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores de Empresas Penta, forman parte del grupo de pioneros en el uso de zombis. Investigaciones como la de Carlos Tromben (Crónica Secreta de la Economía Chilena, Ediciones B, 2016), o el reportaje de Jorge Rojas sobre las estrategias tributarias de este grupo, muestran que desde comienzos de los ‘90 los dueños de Penta recurrieron constantemente a zombis y que esa estrategia fue clave para cimentar su poder económico.

penta-bancoRojas destaca la compra en 1990 de la zombi Inmobiliaria y Comercial San Jorge Ltda., sociedad que perteneció a Manuel Cruzat y que arrastraba una deuda tributaria de $17 mil millones desde su quiebra en 1983. Délano y Lavín la fusionaron con Administraciones e Inversiones Penta Ltda. Como resultado de esa operación, obtuvieron una devolución de impuestos de $2.800 millones, dinero que usaron para pagar parte de la compra del 50% de Isapre Vida Tres.

El segundo cascarón utilizado por los dueños de Penta, fue Empresa Pesquera Tarapacá: la compraron en1995 y aportó al grupo una pérdida tributaria de $15 mil millones, según el informe de Deloitte & Touche. La pesquera absorbió varias sociedades del grupo y pasó a llamarse Empresas Penta S.A.

Las pérdidas de estos dos cascarones pudieron ser usadas por los dueños de Penta para rebajar impuestos, porque el SII no cuestionó esas operaciones. Hecho que sí ocurrió con el tercer cascarón adquirido por Lavín y Délano: Sociedad de Inversiones Rio Teno Ltda., creada en 1979 y que acumulaba una pérdida de arrastre de $54 mil millones.

La escritura del 11 de diciembre de 2000 (Notaría de Patricio Rabi), registra que la zombi Rio Teno absorbió a la ya citada matriz del holding de Délano y Lavín, heredando su nombre. Surgió así una nueva Empresas Penta S.A. que recibió un capital social de más de $25 mil millones ($25.547.940.482).

En virtud de las millonarias pérdidas que arrastraba, la nueva Penta intentó que le fueran devueltos $4.100 millones en impuestos pagados en los años anteriores. Pero esta vez el SII no dejó pasar la operación. De los $54 mil millones de pérdidas que acumulaba la zombi, el SII apenas reconoció como válidas $3 mil millones; y en vez de devolverles dinero, les exigió el pago de casi $6 mil millones en impuestos adeudados.

Es importante recordar que Délano y Lavín compraron esta zombi cuatro meses después de que el gobierno de Ricardo Lagos ingresara al Congreso el proyecto “Normas para Combatir la Evasión Tributaria”. En ese nuevo contexto político, lo que hasta ese momento había sido aceptado sin reparos, no prosperó.

Fuentes del Grupo Cruzat aseguraron a CIPER que así como Fernando Barros fue el gestor de varias compras de zombis para Sebastián Piñera, en Empresas Penta ese rol lo jugó el abogado Alfredo Alcaíno. CIPER lo contactó para conocer los argumentos legales que sustentaban esas operaciones, pero Alcaíno declino referirse al tema. Empresas Penta S.A., envió un comunicado reconociendo la compra de Inversiones Teno y la disputa que hubo con el SII por las “pérdidas” (ver aquí declaración).

LOS CUETO

La familia Cueto Plaza, controladores de LATAM y partners de Piñera, también recurrieron a los cascarones de empresas quebradas. En la primera parte de esta serie se mencionaron dos sociedades que los Cueto compraron junto al ex presidente: Administración e Inversiones El Bosque Ltda. (que pasó a llamarse Inversiones Bancard S.A.) y Los Lirios S.A. (que terminó bautizada como Inversiones y Servicios Los Andes Ltda.).

lanNo fueron las únicas zombis que compraron. En los ’90, los Cueto recurrieron a otros dos cascarones con cuantiosas pérdidas de arrastre. La investigación de CIPER logró determinar que en uno de ellos exigieron al SII la devolución de impuestos pagados.

El primer cascarón fue Inversiones Las Antillas Ltda., empresa del Grupo Cruzat sometida a un convenio preventivo desde 1984. En 1993 fue comprada por los Cueto en $177,3 millones ($177.338.031) a través de la Sociedad Agrícola Quirihue. Casi inmediatamente entró a la propiedad de este cascarón Sebastián Piñera. Primero, a través de Inversiones y Asesorías Santa Magdalena S.A.; y luego, a través de Inversiones Bancard Ltda.

Con el ingreso de Piñera, su capital social aumentó de cero a $1.600 millones y el cascarón fue rebautizado como Inversiones Polcura Ltda.

Cuatro años después (1997), Piñera retiró a Inversiones Bancard y Polcura Ltda. pasó a ser controlada por vehículos de inversión de la familia Cueto: Inversiones El Fano, Inversiones La Espasa, Inversiones Priesca, entre otras.

Bajo el control de los Cueto, Polcura fue rebautizada como Inversora Costa Verde Ltda. El Diario Oficial registra que sus administradores eran los hermanos Enrique, María Esperanza, Luis Felipe y Juan José Cueto Plaza.Junto a otras sociedades de los Cueto (que juegan con variaciones del mismo nombre: Inversiones Costa Verde S.A. e Inversiones Costa Verde Ltda.), esta inversora les servía a fines de los ‘90 para administrar su patrimonio controlador de LAN Chile, donde Piñera participaba a través de una empresa también construida a partir de una zombi: Inversiones Bancard Ltda.

Los datos tributarios obtenidos por CIPER indican que Inversora Costa Verde Ltda. declaró tener una deuda de arrastre de mil millones de pesos ($1.078.727.541), monto que el SII rechazó casi en su totalidad. Aunque no hay registro de que hayan solicitado devolución de impuestos pagados en años anteriores, la fiscalización de 2004 hizo que el SII les exigiera el pago de $120,9 millones ($120.931.967) en impuestos adeudados.

La indagación de CIPER encontró otra sociedad de los Cueto construida sobre un cascarón: Inmobiliaria e Inversiones Costa Verde S.A., creada a partir de Inversiones San Esteban S.A., empresa que se inició en 1981. Bajo el control de los Cueto, esta inmobiliaria declaró una pérdida de arrastre de casi $400 mil millones ($392.861.325.613). Aunque el SII rechazó buena parte de esas pérdidas (más de $300 mil millones), determinó que había $50 mil millones de pérdidas correctas (es decir, reales).

Desde el 9 de marzo CIPER solicitó en tres oportunidades una entrevista con algún representante de la familia Cueto para abordar el uso de estos cascarones. No recibimos respuesta.

CASCARONES EN EL RETAIL

Javier Vial Castillo, proveyó de zombis a varios empresarios del retail: a los controladores de Falabella (a quienes vendió Inversiones Hualañé S.A., Inversiones San Patricio S.A. e Inversiones Quitalmahue S.A.); a los de Ripley (Inversiones del Centro Ltda.) y a los de Johnson´s (Inversiones San Bartolomé). A diferencia de los cascarones de Manuel Cruzat que –como se vio en el reportaje anterior- eran vendidos por la Comisión Progresa (liderada por los bancos acreedores de Cruzat), las sociedades del Grupo BHC fueron resucitadas y colocadas en el mercado por el mismo Vial, junto a los abogados Aníbal Correa Barros y Alberto Coddou Claramount. Así lo reveló la investigación de Jorge Rojas, hecho que pudo confirmar CIPER accediendo a un informe del Departamento de Delitos Tributarios del SII.

El trabajo de reconstrucción de las contabilidades -declaró Coddou ante el SII- “estuvo a cargo de las principales firmas auditoras del país: Price Waterhouse Coopers, Deloitte y Arthur Andersen.

falabellaCarlos Jiménez Olea, representante legal de Sociedad Agrícola y Comercial O´Brien, una de las más importantes del Grupo BHC, describió así ante el SII la operación: Vial trató que la venta de sus zombis se realizara desde la sociedad Inversiones Barnechea S.A. que tenía una gran pérdida de arrastre, para evitar el pago de impuestos. Dado que la demanda de zombis fue tan explosiva, explicó Jiménez, no lograron realizar todos los trámites para revivir a Barnechea y Vial tuvo que comenzar a vender sociedades de la citada O´Brien S.A. Como ésta tenía una pequeña pérdida de arrastre, Vial declaró y pagó los tributos correspondientes por la venta de la mitad de las zombis que se lograron revivir.

Según el SII, cuando Inversiones Barnechea estuvo en condiciones de operar, Vial decidió aprovechar algo de la pérdida, haciéndola partícipe del 30% de las utilidades de la venta del resto de las sociedades.

Las ventas que Vial efectuó no rindieron los frutos esperados por los compradores. La investigación del SII de 2004 redujo todos los enormes montos que esos cascarones traían y cuestionó el fondo de esas declaraciones de pérdidas.

Eso fue lo que le ocurrió al Grupo Corso, que maneja los negocios de la familia Cortés Solari y que usó la zombi Sociedad de Inversiones Quitalmahue S.A. para tratar de pagar menos impuestos.

Quitalmahue fue fundada en 1982 por sociedades del Grupo BHC, quebró al año siguiente y sus pérdidas estaban constituidas esencialmente por préstamos no pagados al Banco Concepción y una deuda con Inversiones San Patricio S.A.

Desde 1986, Quitalmahue pasó 15 años sin ninguna actividad hasta que Vial ordenó reconstruir su contabilidad y calcular las pérdidas. En abril de 2001, se presentaron ante el SII todas sus declaraciones de impuesto a la renta entre 1987 y 2001. La pérdida de arrastre que arrojó fue de $26.910 millones ($26.910.731.973).

En ese momento (2001), con la amenaza de una ley anti evasión a punto de salir del horno, el cascarón fue comprado por Teresa Solari Falabella (una de las tres hermanas dueñas del retail), Juan Carlos Cortés Solari y María Francisca Cortés Solari. El precio: $1.044 millones. Seis meses después de haber vuelto del cementerio (7 de junio de 2001), Quitalmahue realizó la tarea para la cual fue comprada: absorber a una joya de la familia Cortés Solari: Mocito Guapo, que entonces tenía el 1,87% de Falabella (sus activos totales eran $15.293.950.750 y su pasivos $6.441.950.750).

Como resultado de la fusión, el capital social de Quitalmahue subió a $4.701 millones. Acto seguido fue rebautizada como Sociedad de Inversiones QS S.A.

Tras la fusión, los Cortés Solari pidieron para Inversiones QS S.A. una devolución de impuestos ya pagados en 2002 por $1.400 millones ($1.428.685.594). Fuentes del SII aseguraron a CIPER que ese organismo rechazó el 80% de las pérdidas declaradas, y les aceptó el otro 20% debido a que Mocito Guapo tenía pasivos reales. Finalmente, les devolvieron $754 millones por impuestos pagados con anterioridad.

Un dato anexo resulta interesante para entender el mercado que se hacía con las sociedades zombis. Tan consciente estaba la familia Cortés Solari de que actuaban en el borde de la ley, que del precio original pactado con Javier Vial por la compra de la zombi Quitalmahue ($1.044 millones), solo le pagaron $280 millones. Como el resto quedó condicionado a la aprobación del SII de la contabilidad de la zombi, cuando el SII les cayó encima, no pagaron la diferencia.

CMR-FalabellaCuando Juan Carlos Cortés declaró ante el SII, explicó que antes de comprar el cascarónrecurrimos a varios asesores”. Entre ellos, mencionó a Francisco Scolari (socio de KPMG auditores consultores); Alberto Morgan Lavín (abogado de Molina Ecclefield Lagos y Cía, y director del Grupo Bethia) y Bernardo Fontaine Talavera, quien destacó en 2014 por su dura oposición a la reforma tributaria que terminaba con el FUT (ver Los forados a favor de la elusión que dejó el acuerdo tributario de Arenas con la derecha).

“Por sugerencia de nuestros asesores -declaró Cortés- se tomó la decisión de comprar Quitalmahue como una oportunidad para aprovechar las pérdidas que tenía esta sociedad…”, según consigna la investigación de Jorge Rojas.

El segundo cascarón de Vial al que recurrió otra rama de los controladores de Falabella, fue Inversiones San Patricio S.A., empresa que quebró en 1985. Cuando fue revivida en 2000, tenía una pérdida de arrastre de $940.700 millones.

En 2002 sus controladoras eran María Luisa Solari Falabella (otra de las hermanas dueñas del retail) y su hija Cecilia Karlezi Solari. El SII cuestionó más del 90% del enorme monto de pérdidas declarado por esa sociedad. Sin embargo, consideró como válida una deuda de arrastre importante: $78 mil millones. Hasta 2006 le había devuelto a San Patricio S.A. impuestos pagados por $301 millones.

El tercer cascarón es la Compañía de Inversiones Hualañé S.A., cuya quiebra fue declarada en 1984 y permaneció sin actividad hasta que ésta fue sobreseída en 2000. En 2004, Hualañé era controlado en un 0,1% por Reinaldo Solari Magnasco (cabeza de Falabella junto a Juan Cuneo), y en un 99,9 % por sus hijos: Piero, Sandro y Carlo Solari Donaggio).

Los socios aumentaron el capital de Hualañé a $1.400 millones y la rebautizaron como Inversiones Lucca Ltda. En 2005 Lucca absorbió otras dos sociedades de esta rama de la familia (Inversiones Barolo Limitada y Compañía y Asesorías Dolci Limitada), con lo que aumentó su capital a $9.612 millones ($9.612.360.074).

Tanto Hualañé S.A. como Arltex S.A. (cuya historia se cuenta al inicio) figuran en la lista de 60 empresas en las que el SII detectó pérdidas tributarias inaceptables. Sin embargo, CIPER no pudo obtener información de cuánto de estas pérdidas se usaron para reducir utilidades, ni si el SII las obligó a corregir sus declaraciones tributarias.

CIPER intentó contactar a los ejecutivos del Grupo Corso (que administra los intereses de la familia Cortés Solari) y del Grupo Auguri (Karlezi Solari), para entregar su versión sobre el uso de empresas zombis. No recibimos respuesta.

LOS $2.862 MILLONES EN IMPUESTOS QUE PIÑERA NO PAGÓ

El origen de Inversiones Bancard Ltda., la empresa que le permitió a Sebastián Piñera eludir una considerable cantidad de impuestos en los ‘90, es una automotora creada por Cruzat a fines de los ‘70, que luego transformó en una financiera: primero la llamó Divel y luego Compañía de Desarrollo Industrial. Cuando Piñera la compró en 1994 en $817 millones, esa firma no era nada más que su pérdida: $44 mil millones.

Ahí se inició la operación: la rebautizó como Inversiones Bancard Ltda., introdujo dentro de ella otras sociedades y a partir de 1997 comenzó a usar las pérdidas “neteando” sus utilidades. Vea aquí la tabla hecha por CIPER con los impuestos que debió haber pagado Inversiones Bancard Ltda. a partir de 1998, según el cálculo del SII que investigó a las empresas zombis en 2004.

impuestos que bancard debió haber pagado

Fuentes de la autoridad tributaria dijeron a CIPER que, cuando en 2004 revisaron las declaraciones de Inversiones Bancard Ltda. –como las de otras 59 empresas que registraban sorpresivos e importantes montos de pérdidas- constataron que los $44 mil millones de “pérdidas” que declaró la empresa de Piñera provenían del cascarón que le compró a Cruzat. Como esa “pérdida” no era real, sino que se originaba en un artilugio contable, en 2004 el SII borró gran parte de ella ($30 mil millones) y recalculó hacia atrás lo que Piñera debió haber pagado en impuestos entre 1998 y 2001: $563 millones (1998); $365 millones (1999); $1.700 millones (2000) y $200 millones en 2001.

Todo ello totaliza $2.862 millones en impuestos que Piñera no pagó, porque cuando el SII investigó (2004), esos años ya estaban prescritos.

Para entender cómo se genera este monto, hay que partir mirando la línea del cuadro “Base imponible declarada”, que es la historia que le cuenta Inversiones Bancard Ltda. al SII. En el ‘97 la sociedad declaró una pérdida tributaria de $44 mil millones (monto con el que adquirió el cascarón de Cruzat). La línea indica cómo año tras año esa pérdida se va reduciendo como resultado de una simple operación contable, al restarle las utilidades que obtiene Inversiones Bancard Ltda. Como las “pérdidas” son siempre mayores que las utilidades ($39 mil millones entre 1997 y 2004), Inversiones Bancard no pagó impuestos.

La segunda línea -“Base imponible corregida por el SII”- es la historia que el SII estima correcta. Como se ve, el SII determinó que, de los $44 mil millones que Inversiones Bancard Ltda. declaró en 1997 como pérdidas, solo $15 mil millones eran aceptables. Como ese monto no hizo desaparecer los $39 mil millones de utilidades que en ese mismo periodo obtuvo, el SII calculó que la empresa de Piñera no pagó $2.862 millones en impuestos.

La tabla y el cálculo de poco sirvieron. Porque en 2004 los impuestos no pagados entre 1998 y 2001 ya estaban prescritos. Por lo cual, el SII solo pudo exigir que Piñera rectificara sus impuestos entre 2002 y 2004. Así, el ex presidente pagó $100 millones (por impuestos de primera categoría) más otros $150 millones por concepto de global complementario.

El elegante condominio de altos oficiales de Carabineros que no pagan contribuciones

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Al final del callejón San Javier Larraín, que nace en el cruce a Malloco de la Autopista del Sol y que colinda con el fundo San Alfonso, es habitual observar vehículos de Carabineros haciendo rondas. “Es por el condominio de los pacos”, explica uno de los vecinos del sector en la comuna de Peñaflor.

General (r) Fernando Cordero Rusque

General (r) Fernando Cordero Rusque

Son pocas las casas que se ven en ese callejón. La mayor parte de los terrenos son plantaciones agrícolas. Pero tras recorrer poco más de un kilómetro y medio desde la autopista, aparece un condominio con grandes casas y cuidados jardines: El Tranque San Javier. Aunque en el sector todos asocian su propiedad con uniformados, pocos saben que allí posee una amplia residencia el actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm.

Tampoco saben que de las 18 parcelas -de 5 mil metros2 cada una- que forman el condominio, 16 están en situación irregular y no pagan los impuestos territoriales que les corresponden. También desconocen que entre los residentes que no pagan sus contribuciones, además del general Villalobos, figura un ex director general de Carabineros, Fernando Cordero Rusque; el general (r) Ricardo Solar, quien recién dejó la institución; otros ex miembros del alto mando policial; un rector de una universidad privada y un empresario condenado por tráfico de efedrina a México: Mario Vásquez.

Entre ese selecto grupo de vecinos de El Tranque San Javier también estuvo el general (r) Gerardo González Theodor, quien ya vendió su propiedad. Además, tienen o han tenido parcela en ese condominio ex oficiales de Carabineros involucrados en casos de derechos humanos, como Ángel Lorca y Pedro Bobadilla; una hermana del ex jefe operativo de la DINA, Ricardo Lawrence, quien se mantiene prófugo de la justicia; y un civil que en 1970 fue procesado como cómplice del asesinato del comandante en Jefe del Ejército René Schneider: Julio Antonio Bouchon Sepúlveda.

El general Villalobos adquirió el terreno en 2011 por $29 millones, operación que quedó registrada ese año en el Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor y cuya inscripción fue revisada por CIPER. Allí construyó una casa, con piscina, quincho y jardines. Pero hasta ahora no ha regularizado su propiedad. En la Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñaflor su terreno no registra permiso de edificación ni de recepción final de la construcción. En síntesis, el máximo jefe policial cuenta con una residencia que no está legalizada. Por lo mismo, no paga los impuestos territoriales que debería cancelar.

Parcela 6 del condominio

Parcela 6 del condominio El Tranque San Javier

La propiedad fue incorporada por el general Villalobos en la Declaración de Patrimonio que por ley deben realizar las autoridades y cuya actualización está fechada el pasado viernes 31 de marzo (vea la declaración publicada por la web de Carabineros). En 2016 el periódico digital El Ciudadano pidió por Ley de Transparencia la Declaración de Patrimonio de Villalobos, pero Carabineros la entregó con la información sobre sus propiedades tarjada. Frente a un dictamen del Consejo Para la Transparencia que obliga a hacer públicos esos datos, el general presentó un reclamo ante la Corte de Apelaciones. Finalmente, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Probidad, debió hacer pública la información hace pocos días.

En su declaración recién difundida, Villalobos identificó su casa de Peñaflor con el rol de avalúo 03920-001 y le asignó una tasación fiscal de $130 millones. Pero esa información es errónea. Según los archivos del Servicio de Impuestos Internos (SII) no existen propiedades en Peñaflor asociadas al rol declarado por el general (vea el registro del SII).

El rol correcto de la propiedad de Villalobos es el 0339-00276, el que al ser consultado en el SII deja en evidencia la irregular situación en que se encuentra el bien raíz: sigue identificado como un predio de uso agrícola, y no con el destino habitacional que efectivamente tiene. Por lo mismo, debido a un beneficio tributario para estimular la producción agrícola, está exento del pago de impuestos. Incluso, en ese registro la propiedad sigue a nombre del anterior dueño (vea la ficha del SII sobre este bien raíz).

La información oficial del SII asigna a la propiedad de Villalobos una tasación fiscal de $4,7 millones, muy por debajo de los $130 millones que declaró el general. Aunque normalmente la tasación fiscal es inferior al precio comercial, en este caso el monto asignado por Impuestos Internos está completamente alejado de la realidad. CIPER consultó a corredores de propiedades especializados en la compraventa de inmuebles en esa zona, los que indicaron que una casa con las características de la que tiene el jefe policial se comercializa entre $200 y $300 millones.

Los antecedentes sobre esta propiedad del general Villalobos surgieron en una investigación realizada por CIPER sobre el patrimonio de los oficiales que componen el alto mando de Carabineros. Esto, en medio de la crisis que sacude al cuerpo policial debido al robo de más de $16 mil millones del presupuesto asignado al pago de remuneraciones, asignaciones y desahucios del personal de Carabineros. Un ilícito cometido por un grupo de oficiales cuyo superior era el general Flavio Echeverría, director de Finanzas de la institución, quien está en prisión preventiva (vea el reportaje de CIPER “Así operaba la asociación criminal de oficiales de Carabineros).

Vista del condominio en Google Earth

Vista del condominio en Google Earth

Casi todos los propietarios del condominio se encuentran en la misma situación irregular del general Villalobos. De las 18 parcelas que lo conforman, solo dos efectivamente mantienen plantaciones agrícolas, por lo que se encuentran al día en materia tributaria. En 14 parcelas se cuentan diversas edificaciones –como casas, piscinas, canchas, quinchos y estacionamientos–, pero apenas cuatro han iniciado trámites en la municipalidad para regularizar sus construcciones, aunque ninguna ha completado el proceso. Del total, solo dos pagan impuestos territoriales o contribuciones –una por $140 mil y otra por $137 mil trimestrales– debido a que figuran en el SII como “sitio eriazo” y no como terreno agrícola. Las 12 restantes que presentan construcciones, no pagan impuestos.

LA CASA DEL GENERAL VILLALOBOS

Cuando el 18 de abril de 2011 Bruno Villalobos llegó a la Notaría de Elena Torres Seguel (ubicada en el Paseo Bulnes, a pasos del edificio institucional de Carabineros) para concretar la compra del lote 7, pagó al contado $29 millones con un cheque del Banco Estado, según registra la escritura de la transacción (vea aquí una transcripción de ese documento). En el terreno actualmente hay una amplia casona de un piso, de color blanco, con tejas asfálticas, pizarra etrusca en uno de sus muros y un porche que puede servir de estacionamiento.

Casa del general Bruno Villalobos

Casa del general Bruno Villalobos

La construcción está rodeada de árboles frutales, un prado y una piscina. Gracias a las imágenes satelitales que proporciona Google Earth, se puede ver una segunda construcción al lado de la alberca. En la Municipalidad de Peñaflor no hay información sobre estas construcciones. El director de Obras del municipio, Hernán Espina, confirmó a CIPER que no se ha ingresado ninguna solicitud de permiso de edificación que corresponda al terreno que pertenece al general director. No hay planos de las edificaciones, porque estas no han sido regularizadas.

El general Bruno Villalobos recibió a CIPER y admitió que la casa edificada en su terreno en Peñaflor no se encuentra inscrita. Esa parcela –explicó- la compró en 2011 en $29 millones e inició la construcción del inmueble al año siguiente, con la empresa de Omar Urrutia. La constructora, señaló, debía encargarse de todos los trámites de regularización. Pero, según su relato, Omar Urrutia falleció en 2013 y quedó pendiente la tarea. Dijo haber intentado comunicarse con la empresa para obtener los planos de la residencia y darle curso al trámite, pero no ha sido posible.

El general director de Carabineros también explicó que fue un error de su parte haber puesto en su declaración de patrimonio una tasación fiscal de $130 millones. Lo hizo, dijo, porque encontró que la tasación que le adjudicaba el SII a su propiedad ($4,7 millones) era demasiado baja para el valor comercial que tiene actualmente. También afirmó que antes de haber hecho pública su declaración a fines de marzo, concurrió a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñaflor para informarse de los documentos que se requieren para regularizar su propiedad.

COMPRAVENTAS DE UN GENERAL DIRECTOR

Uno de los vecinos de Villalobos es el ex general director y ex senador designado, Fernando Cordero Rusque, quien adquirió cuatro lotes (15, 16, 17 y 18) en $1,6 millón cada uno. La adquisición la hizo en 1990, cuando el condominio recién se había loteado. Actualmente solo conserva dos, por lo que tiene una parcela de 10 mil metros cuadrados (lotes 16 y 17).

Fernando Cordero ascendió a general en 1989 y un año después compró los terrenos en Peñaflor. A esas alturas había ejercido como director de Educación y director del Departamento de Informática y Telecomunicaciones (TIC). Años después, sus hijos se convirtieron en proveedores del TIC y fueron mencionados en una investigación de CIPER sobre compras irregulares en ese departamento de Carabineros. Una empresa de los hijos de Cordero, Sectrade, representó a una firma italiana que se benefició con millonarios contratos vía trato directo con la institución. En 2013 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra quienes resulten responsables de eventuales irregularidades en esas transacciones.

Los registros municipales y tributarios analizados por CIPER indican que Cordero tampoco paga impuestos por su parcela, a pesar de que ella también es arrendada para eventos familiares o de empresas. La parcela de Cordero tiene dos amplias construcciones: una principal (dos pisos, tejas de arcilla, chimenea y balcones) y otra secundaria. El terreno cuenta con piscina (con sectores para adultos y niños), una cancha de tenis y otra de futbolito. La construcción secundaria es la que se utiliza para eventos. En Facebook aparecen fiestas infantiles el 8 y 18 de diciembre de 2016 y otra el 14 de enero de este año; así como un evento de la empresa Manager realizado el 18 de noviembre pasado.

Parcela 4 del condominio El Tranque San Javier

Parcela 4 del condominio El Tranque San Javier

Los terrenos de Cordero figuran en el SII como propiedades agrícolas, cada uno con tasaciones fiscales de $4,7 millones. En la Municipalidad de Peñaflor informaron a CIPER que el ex general director no ha regularizado sus construcciones, aunque sí ha hecho trámites en esa dirección. Entre 2007 y 2008 canceló poco más de $1,5 millón para obtener el certificado de informaciones previas (necesario para iniciar construcciones) y un permiso para iniciar la edificación que pagó en tres cuotas.

Recién el 29 de marzo Cordero hizo una nueva gestión ante la municipalidad: solicitó un certificado de número (el que asigna la dirección exacta de una propiedad), pero el proceso de regularización aun no finaliza. Pocos días antes de que realizara ese trámite, CIPER había consultado en la municipalidad por los terrenos del condominio. En el transcurso de esta investigación nos percatamos que dos periodistas del municipio fueron socias de Cordero en la Sociedad de Comunicaciones y Publicidad. Una de ellas señaló que se retiraron de la misma en 2008 y que no mantienen vínculos con el general retirado. También afirmó no haber informado a Cordero de la investigación de CIPER.

En 1992, Cordero le vendió el lote 18 a Ingreed Vásquez Carvajal por $4,5 millones. Ella y su padre, Mario Vásquez Núñez, se lo han vendido y recomprado entre ellos. En el terreno se construyó una enorme casona que ocupa casi un cuarto del terreno de 5 mil metros2.

Mario Vásquez Núñez fue detenido en 2009 por tráfico ilegal de efedrina, un precursor para la producción de drogas, que envió a México. Él es socio de la empresa de correos Postrack, la que aparecía como remitente de ese envío ilegal, simulando ser una especie similar al azúcar, según consignó La Tercera en esa fecha. La Policía de Investigaciones lo encontró infraganti ingresando ocho tarros de efedrina a la empresa Biotonic. El 13 de octubre de 2009 fue condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo y al pago de 30 UTM, además de otras 20 UTM por tenencia ilegal de armas.

Cordero vendió el lote 15 en 2010 a la Sociedad de Ingeniería Limitada en $25 millones. Ahora la propiedad figura a nombre de Agrícola Los Carozos (nacida luego de una división de Servicios de Ingeniería).

CIPER intentó contactar a Fernando Cordero y le dejó un mensaje con uno de sus hijos, pero no hubo respuesta.

EL RESTO DEL VECINDARIO

En el condominio también figuró como propietario el general (r) Gerardo González Theodor, quien dejó la institución en 2012 cuando se investigaban irregularidades en las compras del TIC, que estaba bajo su línea de mando. En mayo de ese mismo año adquirió el lote 10 de El Tranque San Javier.El 28 de diciembre de 2015, González Theodor vendió su parcela en $63 millones.

General (r) Gerardo González Theodor

General (r) Gerardo González Theodor

Otro oficial que tuvo propiedad en el condominio es Ángel Lorca Fuenzalida, un ex coronel de Carabineros que en 2015 fue procesado por el secuestro del sacerdote Miguel Woodward (1973). El año pasado también fue procesado por el secuestro de una menor de 14 años, Viviana Victoria Fernández, episodio que tuvo lugar en 1974. Entre 1991 y 1995, Lorca Fuenzalida fue socio de un hijo del general Cordero en Agrícola El Edén, sociedad en la que también participó otro vecino del condominio, Gumercindo Bisbal Olivos, quien entonces era dueño del lote 9.

Lorca Fuenzalida vendió su parcela en 2002 a la Sociedad Agrícola Chicureo, controlada por Julio Antonio Bouchon Sepúlveda, quien en 1970 fue procesado como cómplice del asesinato del comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider. Bouchon compró el terreno en octubre de 2002 en $20 millones y seis años después lo vendió.

Otra vecina del condominio es María Cecilia Lawrence Mires, hermana del ex agente de la DINA y coronel (r) de Carabineros, Ricardo Lawrence, alias “Cachete Grande”. El ex jefe operativo de la DINA se encuentra prófugo, tras ser condenado en diversos casos de derechos humanos, como las desapariciones y crímenes de Alfonso Chanfreau, Ana María Puga, Alejandro de la Barra, José Ascencio, Mario Quezada, Santiago Ferruz y Octavio Boettiger. También fue condenado por los horrores cometidos en el centro de detención y torturas Villa Grimaldi.

María Cecilia Lawrence es una de las pocas vecinas que compraron en la venta original de 1990 y  que sigue siendo propietaria. Tiene una casa ubicada justo al centro del lote 2, rodeada por árboles y con una piscina circular. En el SII su parcela aparece como “agrícola” y está exenta de pago. Su marido es Carlos Pereira Albornoz, ex rector de la Universidad Unicit y actual rector de la Universidad Sek.

El dueño original de la parcela que hoy posee el general Bruno Villalobos (lote 7) fue el ex oficial Pedro Bobadilla Jara, quien en 2016 fue procesado por el ministro Mario Carroza como encubridor del homicidio de Luis Armando Rubio Garrido, un joven de 20 años que el 30 de octubre de 1984 recibió una bala durante una jornada de protesta contra el régimen militar.

El lote 5 fue comprado en 1990 por la coronel (r) Silvia Martínez Regollo, quien ha dirigido hogares de menores dependientes de Carabineros. En junio de 2000 vendió la propiedad en $20 millones al teniente coronel (r) Eugenio Palacios Salas. En 1986, Palacios fue subsecretario de Carabineros subrogante.

Palacios solo tuvo la parcela por un año. En junio de 2001 la vendió en $20,5 millones a Raquel del Valle Jeldres, quien construyó allí una casona central, dos viviendas más pequeñas y una piscina. Entre 2005 y 2008 Raquel del Valle realizó trámites en la municipalidad para regularizar su propiedad. El 13 de julio de 2005 canceló $241 mil por un permiso de edificación. Aún así, en el SII su parcela sigue apareciendo como terreno agrícola, exenta de pago.

General (r) Ricardo Solar Roberts

General (r) Ricardo Solar Roberts

El primer propietario de los lotes 13 y 14 fue el ex funcionario de Carabineros Luis Hernán Espejo del Valle, quien solo conserva el primero. El lote 14 lo vendió a la escritora Ángela Pleguezuelos, esposa del general (r) Ricardo Solar Roberts. Este último era jefe de la Zona Metropolitana cuando a fines del año pasado se acogió a retiro. Antes fue jefe de la III Zona de Atacama y de Santiago Oeste; y en 2015 el encargado de Seguridad Privada y Control de Armas. La parcela, con una casa de un piso, no paga impuestos, porque sigue registrada de manera irregular con destino “agrícola”, con una tasación fiscal de $4,7 millones.

Otro de los propietarios originales de El Tranque San Javier es el general en retiro Juan Alejandro Valenzuela Barra, quien adquirió en 1990 el Lote 8. En 2010 lo vendió en $23 millones al coronel (r) Raúl Raffo Arriagada y a su hijo, Raúl Raffo Aranda. El padre cuenta entre sus sociedades a empresas de seguridad, como Segint (según su web tiene entre sus clientes a SQM e Inmobiliaria Manquehue) y Soseyco. Actualmente, en ese lote hay dos viviendas. No paga tributos, aunque la Municipalidad de Peñaflor sí registra trámites realizados por Raffo para regularizar sus casas: en 2011 canceló derechos y permisos de edificación.

En el condominio también tienen o han tenido propiedades varios civiles vinculados a Carabineros. Emilio Maldonado Lobos, comprador original del lote 6, ha sido representante del Club de Huasos y Rodeo de Carabineros ante el SII y actualmente es miembro de la directiva del Radio Club de Carabineros. A pesar de que su casa es una de las más grandes del condominio y aunque hay al menos otras dos construcciones en su parcela, en el SII sigue figurando como un terreno con destino “agrícola”, por lo que no paga impuestos.

Los lotes 11 y 12 del condominio son los únicos que tienen en toda su extensión plantaciones agrícolas por lo que corresponde que se beneficien con la exención tributaria. Los terrenos fueron adquiridos en 1990 por Héctor García Barros, presidente del Círculo de Amigos de Carabineros y miembro de un grupo de civiles que colaboran con la policía: “Alguaciles”. En 1996 García los vendió en $32 millones. En el SII aparece como dueña la sociedad Servicios de Ingeniería Limitada, la misma propietaria del lote 15.


Presione sobre los lotes para ver más información de cada uno

ESCRITURA ORIGINAL FUE ROBADA DEL ARCHIVO JUDICIAL

La historia del condominio El Tranque San Javier se inició en 1985, cuando Rafael Valenzuela Silva adquirió la Parcela 1 de Malloco. La compró a Gabriela Polette Saint Simon por un valor equivalente a 1.565 quintales de trigo, según quedó registrado en la escritura suscrita en una notaría de Panguipulli. En el terreno, Valenzuela plantó duraznos y nectarines, hasta que decidió subdividirlo. A fines de 1990, loteó un retazo de nueve hectáreas fraccionadas en 18 parcelas de 5 mil metros2.

Cuando Valenzuela puso en venta los 18 lotes, de los 13 compradores originales, 11 eran oficiales de carabineros (activos o en retiro) o bien parientes directos de uniformados o civiles relacionados con la policía. Cada parcela se vendió en $1,6 millón. Los detalles de estas compras quedaron registrados en una escritura que se firmó en la notaría de Félix Jara Cadot en noviembre de 1990. El índice notarial registra que la escritura lleva las firmas del vendedor (Valenzuela Silva), del principal comprador (el entonces general activo Fernando Cordero) y de un representante de la Mutual de Carabineros.

Para saber si la Mutual de Carabineros jugó algún rol en el financiamiento de la compra, CIPER intentó revisar la escritura. El documento original fue enviado por la notaría al Archivo Judicial. Pero en ese archivo las páginas del libro donde figuraba la escritura fueron arrancadas. Alguien se robó el documento.

La pérdida fue confirmada por el responsable del archivo, Julián Miranda, quien señaló que estudia denunciar esta anomalía ante la Fiscalía Centro Norte, que es lo que corresponde en estos casos. En los últimos dos años –afirmó- se han incrementado las medidas de seguridad para evitar algo que antes era habitual: la desaparición o falsificación de escrituras públicas.

La quiebra que puso a prueba el modelo público-privado de defensoría penal en Chile

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Somos la oficina de abogados privados penales más grande de Chile”, se lee aún en la página web de la ahora desparecida Defensa Jurídico Penal Sociedad Anónima (D.J.P.). Suena como un eslogan, pero es probable que en algún momento haya reflejado la realidad, pues D.J.P. creció al alero de un modelo de defensa penal pública que entrega a privados más del 70% de las causas en que el Estado asume la representación de los imputados, principalmente de escasos recursos. De todas las empresas que florecieron con el nuevo sistema, D.J.P. fue la que más contratos se adjudicó desde que en 2005 la Reforma Procesal Penal se implementó en la Región Metropolitana, la más poblada del país. Pese a tener un millonario flujo de ingresos asegurado, las finanzas de D.J.P. colapsaron y desde enero se encuentra en proceso de liquidación.

La quiebra de D.J.P. dejó heridos en el camino y puso un signo de interrogación sobre un modelo que descansa en la tercerización de la defensa pública. A mediados de 2016, D.J.P. dejó de pagar los sueldos de los abogados contratados para atender a los clientes del Estado. Era claro que la empresa era inviable económicamente y de mutuo acuerdo se puso fin a sus contratos con la Defensoría. Pero ese no fue el fin de la relación: el 23 de septiembre de 2016, se firmó el fin anticipado de cuatro convenios con D.J.P (ver documento). Tres días más tarde, el 26 de septiembre, el ente público aprobó un nuevo contrato de tres años por $890 millones con Asesorías Jurídicas Integrales SpA (A.J.I.), una empresa creada por D.J.P. Ambas tienen el mismo representante legal, el abogado Gonzalo Torre Griggs (ver aprobación del contrato y orden de compra).

Gonzalo Torre, socio de DJP (Foto: torreycia.cl)

Parte de los abogados y personal administrativo de D.J.P. simplemente fueron traspasados a A.J.I. “Era parte del mismo holding, pero nos prometieron que nos iban a pagar, que eran distintos RUT. Dijeron que esta empresa estaba limpia”, recuerda uno de los abogados que trabajaba para D.J.P. y que siguió haciéndolo para A.J.I. El desenlace no debería sorprender: al terminar el primer mes, no se pagaron los sueldos. Dos semanas más tarde, la Defensoría instó a los abogados a renunciar y continuar trabajando a través de un convenio directo con la institución. El resto del personal quedó en la calle.

“No teníamos causal legal para no suscribir el contrato con A.I.J.”, asegura Juan Pablo Montes, asesor jurídico de la Defensoría Metropolitana Norte. Dice que aunque eran dos empresas distintas, buscaron argumentos jurídicos que les permitieran no firmar el nuevo convenio, pero no los encontraron. La Contraloría ya había tomado razón de la adjudicación, pues la licitación se había cerrado en mayo.

En el momento en que explotó la crisis, a mediados de 2016, D.J.P. tenía más de 40 abogados contratados para la Defensoría Penal Pública. Otros ocho abogados se sumarían en octubre, tras el convenio con A.J.I. En total, los abogados de D.J.P. tenían en sus manos 3,253 causas judiciales. “Nosotros no sabíamos la realidad de los trabajadores impagos por meses, algunos un año, porque no estaban dentro de las nóminas de abogados ni de asistentes que tenían relación con nosotros a través de los contratos licitados”, dice el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría, Álvaro Paredes.

CIPER encontró testimonios de abogados de D.J.P. y que trabajaban para la Defensoría que denuncian que al menos un año antes de que saliera a la luz la crisis, la empresa evidenció su falta de liquidez: empezó a pagar los sueldos de manera parcelada y a incumplir las obligaciones previsionales. Pese a que la Defensoría debe certificar que la empresa cumple las normas laborales antes de trasferir los pagos, ésta no detectó los problemas de insolvencia de D.J.P. Tras una denuncia, la Fiscalía de Alta Complejidad (Centro Norte) se encuentra investigando si en los últimos meses D.J.P. falsificó las firmas de sus empleados en los documentos que avalaban el cumplimiento de sus compromisos laborales.

AUGE Y CAÍDA DE D.J.P.

La sociedad Defensa Jurídico Penal (D.J.P.) fue creada en octubre de 2004 por los abogados Kleber Monlezun Cunliffe, Gonzalo Torre Griggs y la Universidad Miguel de Cervantes. El objetivo de D.J.P. era presentarse a las licitaciones de la recién creada Defensoría Penal Pública, pues la nueva reforma procesal penal comenzaría a operar en Santiago durante el año siguiente.

La apuesta fue un éxito. En esa primera licitación, D.J.P. se adjudicó el 48% de las causas licitadas en la Región Metropolitana y empezó a posicionarse como una importante oficina de abogados defensores. La atención pública se centró en los vínculos políticos de una de las instituciones que formaba parte de D.J.P.: la Universidad Miguel de Cervantes. Su presidente (hoy rector), era el ex diputado democratacristiano Gutenberg Martínez, casado con Soledad Alvear, la ministra de Justicia que llevó a cabo la Reforma Procesal Penal y firmó el proyecto de ley que creó la Defensoría Penal Pública, con su modelo con énfasis privado. Y su representante era Francisco Cumplido, ex ministro de Justicia, también democratacristiano, partido al que estaban ligados varios de los directivos de dicha universidad privada.

En septiembre pasado, Martínez aseguró a CIPER que debido a la polémica la universidad se retiró en 2007 de D.J.P. Los vínculos no desaparecieron del todo: la oficina principal de la empresa funcionó hasta su cierre, a fines de 2016, en el edificio de la Universidad Miguel de Cervantes. El inmueble es propiedad de Inmobiliaria Educacional S.A., en que uno de los accionistas es la Sociedad de Inversiones TLA S.A., creada por el abogado Torre y Mercedes Aubá Asvisio. Esta sociedad es parte de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes, lo que explica que Torre sea parte del consejo directivo de esa casa de estudios y Aubá su secretaria general.

El historial de contratos entre DJP y la Defensoría Penal Pública. Fuente: Univisión con datos de CIPER.

 

En 2010, Torre Griggs y Aubá Asvisio, junto a otros socios, crearon Defensa Judicial de Personas Sociedad Anónima. La empresa, cuyas siglas coinciden con las de D.J.P., también se ha adjudicado licitaciones de la Defensoría Penal Pública.

Sólo entre 2007 y 2014 ambas sociedades –Defensa Jurídico Penal y Defensa Judicial de Personas– recibieron al menos $18 mil millones por los contratos con la Defensoría.

En 2009, D.J.P. creó también Mediación Integral SpA, otra empresa que prestaría servicios al Estado. Los registros oficiales de transparencia indican que, desde su nacimiento hasta octubre de 2015, recibió pagos de la Subsecretaría de Justicia por más de mil millones de pesos. El mismo mes que dejó de prestar servicios de mediación para el gobierno, D.J.P. modificó el nombre de Mediación Integral SpA por uno que anunciaba su nuevo giro: Asesorías Jurídicas Integrales SpA (A.J.I.). Con esa nueva identidad participaría en la siguiente licitación de la Defensoría Penal Pública. Al momento de firmar su primer contrato (en septiembre de 2016, y que apenas duró un mes y medio), su dueño ya no era D.J.P., aunque compartía accionistas: Gonzalo Torre Griggs y dos de los socios de Defensa Judicial de Personas, Mercedes Aubá Asvisio y Marco Antonio Lillo de la Cruz.

Nadie informa con certeza qué gatilló los problemas financieros de D.J.P. Aunque para su principal controlador, la explicación es clara: en septiembre pasado, Torre Griggs dijo a CIPER que el problema era que los ingresos eran menores que los gastos. En la solicitud de liquidación voluntaria que la empresa presentó el 22 de enero pasado en el 28° Juzgado Civil de Santiago, se asegura que los contratos con la Defensoría Penal Pública no eran rentables (ver documento).

El escrito judicial señala que los contratos de la primera licitación (2005), en que la Defensoría pagaba por causa terminada, le permitieron a D.J.P. repartir por única vez dividendos entre los socios. Dicha fórmula de pago fue modificada por la Defensoría en las licitaciones posteriores porque generaba incentivos perversos que afectaban la calidad de las defensas y las empresas maximizaban sus márgenes pagando bajos sueldos a los abogados.

Pese a que D.J.P. siguió concursando durante once años en las licitaciones, ahora se dice que apenas les permitían cubrir sus costos fijos y que participaban para “ganar experiencia”, a la espera de mejores condiciones: “Sin embargo, en vez de ir mejorando los precios, éstos fueron gradualmente bajando y las exigencias aumentaron hacia los prestadores, lo que significó que los costos fueran mayores que los ingresos”, se lee en el escrito judicial que solicita su liquidación.

La explicación es poco convincente para los otros actores del sistema. Aunque un defensor privado del norte del país dijo haber recibido con retraso su salario recientemente, no se sabe de otros proveedores que hayan tenido problemas financieros graves. Además, la misma D.J.P. siguió participando una y otra vez en las licitaciones. Según Álvaro Paredes, jefe de asesoría jurídica de la Defensoría, en un momento se intentó tener acceso a las utilidades que tenían los proveedores en cada contrato, pero la Contraloría impugnó la medida, por lo que la autoridad no conoce el nivel de ganancias que dejan las licitaciones.

Ante el tribunal, D.J.P. reconoció deudas por $398 millones, la gran mayoría con sus trabajadores. Es probable que el monto crezca, pues a una empleada que ya ganó un juicio, la empresa dice adeudarle $242 mil, mientras que la justicia condenó a D.J.P. a pagarle $16,8 millones más cotizaciones pendientes, reajustes e intereses.

Algo que llama la atención es que el mayor acreedor de D.J.P. es el abogado y ex coordinador de la empresa, José Rojas Silva, a quien le reconocen una deuda laboral por más de $50 millones. Rojas es socio de Gonzalo Torre Griggs en varias empresas y trabaja en su estudio Torre y Cía. Contactado por CIPER, el abogado aseguró que todas las empresas que creó con Torre están inactivas y sólo tiene con él una “comunidad de techo” como abogado.

Torre y Rojas tienen otro lazo común: ambos están registrados en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entidad que reemplazó a la Superintendencia de Quiebras. Rojas figura como veedor, hasta diciembre pasado; y Torre Griggs como asesor económico de insolvencia (antes fue síndico de quiebras). Este último se presenta en otra de sus empresas (www.insolvencia.cl) como un abogado con “amplia experiencia en asesorías a empresas en situación de insolvencia, (que) ha participado en importantes quiebras y convenios judiciales”. Es curioso que con esa especialidad no haya podido resolver los problemas financieros de su empresa D.J.P.

SE ENCIENDEN LAS ALARMAS

Según Álvaro Paredes, la primera señal de alerta de que algo andaba mal con D.J.P. la dio en mayo de 2016 el jefe de Estudios de la Zona Metropolitana Sur, Jorge Moraga, quien “señaló que le preocupaba que hubiera alguna lesión a la calidad de la cobertura”. Moraga dice que supo de “la situación que afectaba a los abogados pertenecientes a la empresa D.J.P.” en una reunión del equipo regional y que desde ese momento los esfuerzos de centraron en prevenir que afectara la atención de los usuarios.

Álvaro Paredes, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría Penal Pública

La solución, coinciden Paredes, Moraga y Montes –todos funcionarios de la Defensoría–, se logró gracias a que los abogados de D.J.P. siguieron representando a sus clientes pese a que la empresa dejó de pagar sus salarios. “Mostraron un alto compromiso y una encomiable vocación de servicio. Ello permitió que pese a los inconvenientes existentes, los problemas de cobertura y calidad en el servicio fueran virtualmente inexistentes”, dice Moraga, aunque él mismo y otros abogados del staff de la Defensoría debieron reemplazar a los abogados de D.J.P. en algunas audiencias.

En total, 44 de los abogados de D.J.P. fueron recontratados de manera directa por la Defensoría a partir de agosto de 2016. A muchos de ellos la empresa aún les adeuda meses de trabajo, además de indemnizaciones y cotizaciones previsionales obligatorias. Los juzgados laborales de Santiago registran 38 demandas contra D.J.P., varias de las cuales incluyen a más de un recurrente. A los recontratados, la Defensoría les exigió no extender la demanda a esa institución para intentar recuperar su dinero. Pero el resto, además de empleados administrativos, sí lo hizo.

En uno de los juicios laborales, un peritaje privado acreditó que D.J.P. había falsificado la firma de uno de sus empleados en el documento de liquidación de sueldo que envió a la Defensoría para demostrar que salarios y cotizaciones estaban al día, un requisito para poder recibir los dineros del contrato con el Estado. Dos abogados presentaron una denuncia penal y actualmente el Ministerio Público investiga a la empresa por presunta “falsificación o uso malicioso de documento privado”.

LA EMERGENCIA POR DENTRO

En el sistema mixto de Defensoría Penal Pública, las empresas licitadas de abogados deben atender a los usuarios como si fueran la misma institución pública. En el oscuro hall de ingreso al edificio Carmen 8 (aledaño a la Alameda) aún se lee que en el cuarto piso está la Defensoría Penal Pública. Lo que allí funcionaba era una de las oficinas de D.J.P.

Carmen 8 es un edificio histórico en la política chilena y, al igual que los orígenes de D.J.P., está ligado a la Democracia Cristiana (DC). Entre los pisos 6 y 8 estaba la sede del partido durante la dictadura. Por eso, uno de los mayores escándalos políticos de la época fue bautizado como el Carmengate. En 1988, durante la primaria para elegir al primer candidato presidencial del retorno a la democracia, el ganador en la DC fue Patricio Aylwin, pero su contendor, Gabriel Valdés, acusó que en la sede de Carmen se habían manipulado los votos. Siempre quedó la duda de si eso había cambiado el rumbo de la transición chilena.

En el edificio de Carmen 8 la oficina de DJP se presentaba como si fuera la Defensoría.

Para D.J.P., la historia en Carmen 8 de acabó el 30 de noviembre pasado. Ese día simplemente se “puso candado” a su oficina. Así lo relata en su demanda laboral la secretaria Claudia Ramírez, quien llegó a trabajar y no pudo entrar, porque la empresa no había pagado el arriendo. Ahí le comunicaron que estaba despedida.

En otra demanda laboral, dos abogados recuerdan que ya en septiembre la situación era crítica. El 7 de ese mes les cortaron los “suministros básicos” por falta de pago. “Los trabajadores estábamos sin las condiciones mínimas para desarrollar nuestras tareas”, acusan.

Para los ex empleados no profesionales la situación es aún más compleja que para los abogados, pues simplemente se quedaron sin trabajo cuando la empresa cesó su actividad: no recibieron oferta de la Defensoría. Nadia Toro es técnico jurídico y estaba embarazada cuando D.J.P. cerró. No le pagaron noviembre ni sus cotizaciones previsionales desde enero de 2016, además de vulnerar su fuero maternal. No ha encontrado trabajo. “A ellos no les importan los trabajadores, ni siquiera dan la cara”, se lamenta hoy.

Aunque la crisis de D.J.P. no generó un gran caos en el sistema de defensas públicas, porque los abogados pasaron a trabajar directamente con la Defensoría, sí hubo problemas. Los registros de sanciones de la Defensoría Penal Pública muestran que durante 2016 aumentaron las multas a la empresa, principalmente por no cumplir con las visitas a los imputados detenidos, que deben realizarse al menos cada 15 días, lo que implica un incumplimiento en el estándar de defensa.

Algunos ex abogados de D.J.P. dicen que a mediados de 2015 empezaron a recibir sus salarios de manera parcelada y con atraso, mientras que para otros las dificultades comenzaron en 2016. “Había gente que tenía que pedir plata para poder ir a trabajar, algunos estuvieron meses trabajando gratis, otros pidieron licencia médica”, dice un ex defensor de D.J.P. para explicar por qué algunos interrumpieron las visitas a las cárceles. “Yo vi a abogadas llorar porque no llegaban a fin de mes”, relata.26

Jacqueline Stubing es una de las pocas abogadas que no tiene problema en dar su nombre para denunciar la experiencia que vivió con la caída de D.J.P. Trabajó siete años en la empresa, en agosto de 2016 pasó a convenio directo con la Defensoría y semanas después renunció con escándalo durante una audiencia judicial.

La abogada dice que estaba dispuesta a seguir en D.J.P. aunque no le pagaran, porque la empresa siempre había cumplido y le apasiona el sistema de litigación de la Defensoría. “Pero era difícil trabajar así. Al final era trágico, los compañeros no tenían cómo movilizarse”, recuerda.

Pero lo que terminó de enojarla fue la forma en que se hizo la transición: les avisaron que la empresa tenía problemas graves y directivos de la Defensoría les ofrecieron recontratarlos de manera directa. Según Stubing, se reunieron con ellos un día viernes y les dijeron que había una fila de gente esperando por esos puestos, por lo que debían decidir durante el fin de semana si aceptaban la propuesta, renunciar de manera amistosa a D.J.P. y el lunes seguir con sus mismos casos, ahora como abogados externos de la Defensoría.

–Resulta que nosotros los estábamos salvando. Si no hubiéramos aceptado habría sido un caos –dice Stubing.

La abogada Jacqueline Stubing. Foto: María de los Ángeles Santos.

La abogada reclama que no alcanzaron a evaluar realmente la propuesta de la Defensoría. Según ella, por la presión a la que fueron sometidos, debieron asumir las condiciones estándar de los convenios directos sin darse cuenta de lo que significaba: “Tuvimos que dejar una garantía de $750 mil en la Defensoría, después de haber estado dos meses sin sueldo. Arrendar oficina y cumplir requisitos, como contratar un asistente”. Dice que fue como el dicho teatral de “la función debe continuar” y cada abogado se llevó las carpetas de sus casos para seguir atendiendo a los imputados.

La gota que colmó su paciencia fue que a las pocas semanas de instalada en su nueva oficina le avisaron que vendría una inspectora de la Defensoría a revisar el recinto. Dice que a unos colegas ya les habían hecho cambiarse de oficina tras una inspección y le indignó que fueran más duros con ellos que lo que habían sido con D.J.P., que no fue fiscalizada a tiempo.

Simplemente avisó que no se sometería a la inspección y a la hora señalada no estuvo ahí para abrir la puerta. Stubing asegura que su oficina cumplía con los estándares y sus carpetas estaban en orden (esto fue confirmado a CIPER por la Defensoría), pero que se rebeló porque se sintió humillada.

–¿Qué le iba a enseñar a mis hijos? No podía enseñarles algo distinto a la dignidad, sentía que me vendía al aceptar condiciones indignas. No es que fuera a cambiar nada, pero no aceptar la inspección era lo que tenía que hacer, que mis compañeros que también estaban hastiados supieran, así mi conciencia quedó aliviada–dice con la voz quebrada.

Sabía que la iban a sancionar. Durante el proceso investigativo dejó estampado lo que significó para ella el traspaso desde D.J.P.: “Con el término de la empresa a la que serví por años, vino el calvario, la segregación, la discriminación. No puede ser que como abogada y defensora de derechos, como creí llamarme, me haya sentido humillada al aceptar las condiciones laborales ofrecidas por la Defensoría Penal Pública (…) Como persona, mujer trabajadora, la presión fue letal (…) Tal vez es difícil entender mi reacción porque con ella asumí un riesgo, de alguna forma era decir NO MÁS”, escribió.

No renunció inmediatamente. Dice que no es fácil dejar de un día para otro las defensas, porque detrás hay una persona imputada y una familia. Tenía un caso particularmente complicado, en que el imputado estaba acusado de robo con violación y cambió su versión en la mitad del proceso. Además le fallaron las personas que debían atestiguar a su favor.

La audiencia en que se juzgaría a su defendido se dio en un contexto bastante especial, pues la sala estaba llena de jueces extranjeros que venían a observar cómo funcionaba la reforma procesal penal en Chile. Stubing recuerda que le pidió al juez aplazar la audiencia porque faltaban los testigos y porque ella dejaría pronto la Defensoría y no podría representar al imputado en las etapas posteriores. Pero el juez fue inflexible.

“Magistrado, renuncio a la Defensoría”, respondió entonces la abogada, que escuchaba a sus espaldas como los asistentes murmuraban sin entender lo que estaba pasando y se oían voces que pedían que la amonestaran. Recuerda que el juez pidió disculpa a los invitados extranjeros, asegurándoles que nunca había pasado algo así antes desde la aplicación de la reforma.

Así, histriónicamente, Jacqueline Stubing puso fin a su carrera como defensora penal pública.

Empresario formalizado por “Milicogate” es proveedor estrella de Carabineros

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El fraude que remece a Carabineros y que ya escala a los $16.500 millones, ha puesto el foco en una unidad clave de la policía uniformada: la Dirección de Intendencia. La investigación en curso está desnudando la existencia de una cofradía –que podría llegar a 60 uniformados y civiles– concertada para delinquir. La cifra de este mega fraude supera tres veces los ilícitos cometidos por miembros del Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre (“Milicogate”), convirtiéndose así en uno de los mayores desfalcos a una institución pública en la historia reciente de Chile.

Si se contrasta la cuantiosa cifra del desfalco con los millonarios fondos que recibe anualmente Carabineros vía Ley de Presupuestos, el ilícito adquiere otra dimensión. Porque esos $16.500 millones representan menos del 1,6% del total de los dineros aprobados por Hacienda para la institución en 2017 (más de un billón de pesos). En la última década las platas que el Fisco entrega a Carabineros se triplicaron y fue en ese océano de dineros que el robo de los hasta ahora $16.500 millones se licuó sin que nadie le pusiera freno.

Control de detencion de los 17 detenidos debido a la investigacion por fraude financiero en Carabineros.Lo grave es que, en paralelo al aumento explosivo del presupuesto de Carabineros, también crecieron las evidencias de la falta de controles y del desorden administrativo en el manejo de los fondos institucionales. De ello dan cuenta las más de 40 alertas, principalmente de la Contraloría General de la República, que advirtieron de múltiples irregularidades en distintas unidades de la policía uniformada (ver reportaje de CIPER).

Protagonista de esos informes de Contraloría ha sido la Dirección Nacional de Logística y, en particular el L3, como se conoce al Departamento de Transportes de Carabineros, unidad que maneja un presupuesto anual superior a los $7.600 millones para la reparación y mantención de los casi 10 mil vehículos –patrullas, furgones, carros blindados, lanza agua y buses, entre otros– de la institución.

En varios de esos informes aparece de manera recurrente la sociedad Inversiones y Comercio Capellán, constituida en agosto de 2009 y vinculada a Raúl Fuentes Quintanilla, dueño de un pequeño feudo de talleres mecánicos en Conchalí, cuyo principal cliente es precisamente el L3. Otro de los históricos contratistas de Fuentes Quintanilla ha sido el Ejército. Pero el negocio se vino abajo el 16 de enero de 2016: el empresario fue formalizado por el Ministerio Público por los ilícitos del “Milicogate”, al facilitar 128 facturas falsas a la institución castrense por más de $2 mil millones, las que simulaban reparaciones y ventas de repuestos para vehículos militares que nunca se materializaron.

Fuentes Quintanilla es el acusado en dos querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII): una por su rol en el fraude del Ejército, y otra por la venta de facturas falsas a un empresario transportista. Fueron 488 los documentos sin respaldo transados por Fuentes. La operación, que se llevó a cabo entre 2007 y 2010, causó un perjuicio fiscal que el SII estima en más de $1.800 millones. “Las facturas me las entregó Raúl Fuentes Quintanilla, no recuerdo cuánto le pagué por ellas, pero sí que yo iba personalmente a retirarlas en su local en Vivaceta”, confesó el empresario transportista (ver querella del SII).

Pese a que está involucrado en dos fraudes que suman casi $4 mil millones en pérdidas para el Fisco, y que está formalizado hace más de un año por la Fiscalía Centro Norte, Fuentes Quintanilla ha seguido siendo uno de los proveedores predilectos del Departamento de Transportes de Carabineros. De hecho, los montos con los que lo ha beneficiado la policía uniformada entre 2010 y 2014 casi duplican a los del Ejército.

La ley no nos permite colocar barreras de entrada a los proveedores. Si está habilitado en Mercado Público, no podemos marginarlo –señaló a CIPER un policía del Departamento de Compras Públicas de la institución.

Inversiones y Comercio Capellán, Vivaceta 3214 (Conchalí).

Inversiones y Comercio Capellán, Vivaceta 3214 (Conchalí).

Desde que fuera formalizado en enero de 2016 por fraude reiterado al Fisco, empresas vinculadas a Fuentes Quintanilla han obtenido licitaciones del L3 por más de $460 millones. La última, adjudicada hace menos de dos semanas. Pero sus lazos con la unidad de Transportes de Carabineros son mucho más profundos: de acuerdo a la indagación de CIPER, Fuentes Quintanilla y sus hijos se han vinculado al L3 desde enero de 2006 a través de cuatro sociedades: Raúl Fuentes Quintanilla; Repuestos Automotrices; Inversiones y Comercio Capellán; y Maquinarias y Repuestos Automotores.

En total, desde 2006 a la fecha, Carabineros le ha adjudicado al clan Fuentes –que en varias ocasiones concurre con dos e incluso tres de sus empresas– 651 licitaciones por más de $3.100 millones. En promedio una licitación por semana, llegando a adjudicarse hasta media docena de contratos en un mismo día por más de $100 millones. La cifra no considera otros montos obtenidos vía trato directo por el empresario. Más del 90% de esos dineros provienen precisamente del L3, ubicado en Vivaceta 2700 (Independencia), a solo cuadras de los talleres mecánicos de la familia Fuentes.

CIPER revisó más de 600 licitaciones en las que el L3 y Carabineros favorecieron a Fuentes Quintanilla. En una treintena de casos, el L3 le validó y aprobó ofertas económicas que superaban en hasta 10 veces el valor original de la licitación. El rastreo de CIPER también detectó que en más de una decena de adjudicaciones, jugó un activo rol el capitán Francisco Estrada Castro, hoy en prisión preventiva y pieza clave de la llamada “mafia de Intendencia”, protagonista del desfalco que hoy tiene a Carabineros en una de sus peores crisis institucionales (ver recuadro).

“LAS VAY A PAGAR SAPO C…”

Al cúmulo de irregularidades detectadas en el L3 por la Contraloría y también por dos completos informes de prensa (The Clinic en diciembre de 2015 y Contacto en noviembre de 2016), se suma una querella por cohecho presentada hace algunos meses por el dueño de una de las empresas proveedoras de repuestos para el L3, Manuel Ayala Almarza.

Ayala conoce bien el L3. Fue carabinero durante 27 años y trabajó en esa misma unidad. En 2010, ya en retiro y a través de la sociedad Sumicar (de la que es socio), se convirtió en uno de sus proveedores.

Hoy Ayala evita trasladarse solo. Hace unos días –y poco después de que estallara el escándalo en Carabineros– dejó constancia en el Ministerio Público de una serie de amenazas que acusa haber recibido vía WhatsApp y que estarían vinculadas a la querella que presentó el 5 de diciembre pasado. En el escrito judicial, Ayala identificó a un puñado de funcionarios del L3 como parte de una red ilícita que se habría beneficiado en complicidad con algunos talleres mecánicos. Capellán, de Fuentes Quintanilla, sería uno de ellos.

Los mensajes anónimos enviados al teléfono de Manuel Ayala, a los que tuvo acceso CIPER, son de grueso calibre.  En uno, fechado el 15 de abril, se lee: “Maldito traidor (…) las vay (sic) a pagar todas sapo c…”.

Departamento de Transportes, Vivaceta 2700 (Independencia).

Departamento de Transportes de Carabineros, Vivaceta 2700 (Independencia).

En la querella, Ayala acusa al cabo Luis Candia, encargado de coordinar el trabajo del L3 con los talleres mecánicos, de ofrecerle abultar el monto de las facturas y repartirse el excedente. En su declaración ante el Ministerio Público, Ayala señaló: “El 13 de noviembre de 2013, se acercó el cabo Luis Candia y (me dijo) si quería aumentar mi facturación y mis ganancias, lo que hacían con los otros talleres lo podían hacer conmigo. (Para eso) tenía que pasarle la ‘Solicitud de Taller Externo’ de Carabineros, más la hoja de cobro de la empresa, que se entregaba a Carabineros con cada vehículo reparado los días jueves. Ellos modificarían la solicitud de taller externo, donde se indican los servicios requeridos, agregando nuevos servicios que nunca se iban a prestar, sino que solo tenían como objeto inflar la facturación”.

Junto con describir cómo operaba el presunto fraude en complicidad con los talleres mecánicos, Ayala consignó en su declaración que el cabo Candia le mencionó que venía de parte del suboficial Mario Ortega y del sargento Alejandro Yáñez, del Departamento de Transportes, y que el 50% del dinero obtenido por la falsa facturación se repartiría entre los tres.

En la declaración de Ayala, también surgió el nombre del coronel Luis Torres, quien se ha desempeñado como jefe subrogante del L3. El propietario de Sumicar reprodujo un diálogo que tuvo con un suboficial de Carabineros a quien el coronel Torres le habría ordenado ingresar repuestos por más de $84 millones al sistema computacional con el que se gestiona el stock de bodega del departamento, y luego simular, en el mismo sistema, el egreso de esos repuestos asociándolos a un vehículo policial que nunca los recibió.

En la querella se solicita que la Fiscalía tome declaración a los policías Candia, Ortega, Yáñez y también a quien hasta el año pasado se desempeñó como jefe del L3: el coronel Patricio Carrasco Gesche.

CIPER consultó a Carabineros si la salida del coronel Carrasco del Departamento de Transportes tuvo relación con su gestión al mando de esa unidad. La institución solo se limitó a informar que Carrasco cumplió los 29 años y seis meses válidos para su retiro. Respecto de si los otros funcionarios mencionados por Ayala continuaban en servicio, no hubo respuesta.

Lo que sí es efectivo es que Carabineros ha presentado en los últimos meses tres denuncias ante el Ministerio Público vinculadas a irregularidades que involucran a funcionarios del L3.

EL FEUDO FUENTES QUINTANILLA

La revisión de CIPER de las adjudicaciones del L3 de Carabineros a las empresas vinculadas a Raúl Fuentes Quintanilla, da cuenta que en prácticamente la totalidad de esos procesos licitatorios la unidad de transportes operó al margen de instancias superiores de control. En su mayoría son licitaciones de hasta 500 UTM (poco más de $23 millones), monto máximo establecido por la Dirección de Logística de la institución para que esa unidad licite sin que intervenga la Dirección de Compras Públicas de Carabineros. Al ser licitaciones por montos menores a las 1.000 UTM, no requieren además de toma de razón de Contraloría.

El límite de las 500 UTM no siempre se respetó. El 7 de diciembre de 2012, por ejemplo, el L3 le adjudicó a Inversiones y Comercio Capellán una licitación por $32,6 millones. La Dirección de Compras Públicas debió haber administrado ese proceso, pero no lo hizo (ver adjudicación).

Repuestos Automotrices, Independencia 4257 (Conchalí).

Repuestos Automotrices, Independencia 4257 (Conchalí).

Cuatro sociedades ligadas al clan Fuentes han operado históricamente con el L3 de Carabineros. Inversiones y Comercio Capellán se ha adjudicado 233 licitaciones por $2.300 millones entre abril de 2011 y abril de 2017. Fue constituida en agosto de 2009 por Katherine Fuentes Campusano y Nicole Fuentes Chávez (hijas de Raúl Fuentes). Una segunda sociedad es Repuestos Automotrices (A y A), creada en abril de 2004 por Raúl Fuentes Quintanilla y su hijo César Fuentes Campusano, también formalizado por el Ministerio Público en el “Milicogate”. Entre enero de 2006 y febrero de 2017, A y A ha obtenido 82 licitaciones de Carabineros por más de $244 millones. Otra de las sociedades de la familia Fuentes detectadas por CIPER es Maquinarias y Repuestos Automotores. Constituida en enero de 2012 por Katherine y Nicole Fuentes, registra 16 ventas a Carabineros, la mayoría en 2017, por $71 millones. Hasta mayo de 2011, Raúl Fuentes Quintanilla, como persona natural, también figura como proveedor del L3 de Carabineros con 321 licitaciones por más de $580 millones.

Todos los talleres de la familia Fuentes orbitan en torno al L3, ubicado en Vivaceta 2700 (Independencia). Capellán funciona en Vivaceta 3214 (Conchalí), en el mismo garaje donde se ubica Maquinarias y Repuestos Automotores, cuya numeración corresponde al 3230. El taller de A y A está a pocas cuadras de allí, en Independencia 4257 (Conchalí).

En decenas de licitaciones del Departamento de Transportes, el clan Fuentes apostó fuerte. CIPER identificó numerosos procesos en los que Fuentes Quintanilla ofertó a través de dos e incluso tres de sus empresas al mismo tiempo, construyendo una competencia artificial con la que se habría asegurado contratos. Un ejemplo: el 6 de diciembre del año pasado, Carabineros le adjudicó por trato directo un contrato a Repuestos Automotrices (A y A) para reparar un vehículo fiscal.  Además de A y A, la institución consideró la oferta de otras dos sociedades de Fuentes Quintanilla: Capellán y Maquinarias y Repuestos Automotores. A y A presentó un oferta levemente más baja y se quedó con el contrato (ver documento).

CIPER consultó a Carabineros por qué validó con puntaje máximo en al menos 30 licitaciones las ofertas de las sociedades de Fuentes, a pesar de que fueron hasta 10 veces por sobre el monto original de la licitación. El 13 de diciembre pasado, por ejemplo, Capellán concurrió a la licitación “Suministro, mantención, reparación y repuestos para la flota de autos comando de cargo de Carabineros”. El monto fijado era de $18 millones (sin IVA). Sin embargo, en el acta de evaluación Capellán aparece ofertando $248 millones y obteniendo puntaje máximo en el ítem “evaluación económica” (ver documento).

Desde la institución respondieron a través de un comunicado: “Respecto de lo que usted menciona como ‘incongruencia’ sobre la validación de la oferta, versus la adjudicación, es preciso señalar que la ley no establece que la recepción de ofertas necesariamente deba ser por el monto final de la adjudicación (500 UTM)” (ver respuesta completa de Carabineros).

Maquinarias y Repuestos Automotrices, Vivaceta 3230 (Conchalí).

Maquinarias y Repuestos Automotrices, Vivaceta 3230 (Conchalí).

En los más de 30 casos donde las ofertas de Capellán superan ampliamente el monto de la licitación, siempre la empresa de Fuentes Quintanilla obtuvo puntaje máximo. Lo extraño es que el 5 de abril pasado, en una de las últimas licitaciones que ganó Capellán, uno de los proveedores en competencia ofertó un monto por sobre el tope estipulado, tal como lo ha hecho Fuentes en decenas de oportunidades. La oferta económica de ese proveedor fue declarada inadmisible. La razón: “(la) oferta sobrepasa monto disponible $2.900.000 IVA incluido” (ver acta de evaluación).

En la declaración de Manuel Ayala ante el Ministerio Público, el ex carabinero y dueño de Sumicar apuntó a Capellán como una de las empresas cuyos empleados concurrían al L3 para evaluar los vehículos policiales y realizar diagnósticos  “a la medida”. Con esa información, el Departamento de Transportes armaba las licitaciones. “Se ganaban las licitaciones de autos que ellos mismos evaluaban”, dijo Ayala.

Quizá eso pueda explicar por qué a veces los talleres de Fuentes Quintanilla ofrecían plazos de entrega mucho más convenientes que los de su competencia. En abril del 2012, por ejemplo, Capellán ofertó tres días de entrega versus los 40 que ofrecía su competidor (ver documento).

Pese a las sirenas que suenan en el L3 desde hace varios años por distintas irregularidades, en 2016 Carabineros decidió profundizar la autonomía con la que opera ese departamento: ahora está autorizado para licitar por montos ya no de 500 sino de hasta 1.000 UTM.

DEL “MILICOGATE” AL “PACOGATE”

La recurrencia de patrones en la relación de Fuentes Quintanilla con el Ejército y Carabineros, está desde hace varios meses bajo la lupa del Ministerio Público y la Contraloría.

Contralor Jorge Bermúdez.

Contralor Jorge Bermúdez.

A mediados de 2016, el contralor Jorge Bermúdez encendió las alarmas en su intervención en la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el fraude en el Ejército, episodio en el que Raúl Fuentes y su hijo César están formalizados por fraude al Fisco: “Existen análogas observaciones (irregularidades en la rendición de cuentas) a propósito de gastos que no derivan de la Ley Reservada del Cobre, sino que de la Ley de Presupuestos, situación que también sucede en Carabineros de Chile.

El contralor citó a Capellán como una de las empresas bajo investigación que más había vendido bienes y servicios a ambas instituciones entre 2010 y 2014, con adjudicaciones por más de $3 mil millones. En ese periodo, las compras de Carabineros a Capellán casi duplican a las del Ejército (ver informe).

En la investigación por el fraude en la institución castrense, la Fiscalía ya ha logrado acreditar que ni Capellán, ni el resto de empresas ligadas a Fuentes Quintanilla, contaban con stock de productos para atender la demanda del Ejército. Idéntica es la situación en el caso de Carabineros. Ninguna de las empresas registra, además, importaciones de repuestos.

También se ha establecido otro patrón que Fuentes replicó con calco en su relación de negocios con los militares y la policía uniformada. Sus movimientos bancarios indican que cada vez que recibía depósitos de la cuentas del Banco Estado de cualquiera de las dos instituciones, el empresario retiraba el dinero en efectivo y en montos fraccionados. En el caso del Ejército esas platas fueron a dar en cuotas a los bolsillos de al menos tres suboficiales del Ejército.

En el caso de Carabineros, la ruta final de esos dineros aún permanece en una nebulosa.

LAS LICITACIONES DEL CAPITÁN ESTRADA

Capitán Francisco Estrada Castro (Fuente: Youtube Poder Judicial)

Capitán Francisco Estrada Castro (Fuente: Poder Judicial)

Entre los funcionarios de Carabineros que aprobaron contratos para las empresas de Raúl Fuentes Quintanilla, se asoma el nombre de un policía que lleva varias semanas en los medios de prensa: el capitán Francisco Estrada Castro.

Estrada fue uno de los ocho ex uniformados que quedaron en prisión preventiva a mediados de marzo por su participación en el millonario fraude al interior de Carabineros. La Fiscalía lo identificó como uno de los principales integrantes de la “mafia de Intendencia”, el grupo que operaba en el Departamento de Finanzas de la institución.

El rol del capitán Francisco Estrada era clave. Una de sus tareas era recolectar el dinero defraudado, lo que, según la Fiscalía, lo ubica en la cúspide de la pirámide de la asociación ilícita junto al general Flavio Echeverría, el coronel Jaime Paz Meneses y el comandante Héctor Nail, todos en prisión preventiva hace más de un mes (ver reportaje de CIPER).

La indagación de CIPER indica que Estrada participó en al menos 10 licitaciones por más de $40 millones en total, adjudicadas a Inversiones Capellán, Repuestos Automotrices y Maquinarias y Repuestos (2015-2016). Su  firma quedó estampada en las actas de evaluación, el documento que califica a cada oferente según los requerimientos establecidos y entrega las pautas para seleccionar al proveedor más conveniente. En esos registros se le identifica como capitán de Intendencia y jefe de sección, aunque no se especifica de cuál.

El objeto de dichas licitaciones era reparar vehículos dependientes de la Prefectura de Fuerzas Especiales de la Zona Metropolitana. La última firma del ahora ex capitán data de noviembre de 2016, fecha en que ya había comenzado la investigación del Ministerio Público por el millonario fraude en Carabineros.

El cartel del azúcar de Guatemala

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El 18 de julio de 2012, un abogado en Panamá y una asistente en ciudad de Guatemala acordaron la creación de tres sociedades opacas para uno de los emporios azucareros del país.

Fernando Díaz, de la firma panameña Mossack Fonseca, escribió a Mercedes Irving-Bell, asistente de María Eugenia Campollo, empresaria guatemalteca dueña de la planta de producción de azúcar, el ingenio Madre Tierra, para cerrar el trato: “Según lo conversado, estaríamos incorporando las compañías Roydon Trading Company, Wellon Sugar Commercial, American Trade Incorporated. Nos confirma y procedemos acordemente”, escribió Díaz. Al día siguiente, Irving-Bell dio la autorización: “Gracias Fernando, me parecen bien los nombres.

Esa semana, Mossack Fonseca inscribió cada empresa en un paraíso fiscal distinto. Roydon Trading Company, en Panamá; Wellon Sugar Commercial, en Islas Vírgenes Británicas; American Trade Incorporated, en Bahamas. La actividad de Wellon Sugar Commercial “es el comercio del azúcar”, escribió otra ejecutiva de la empresa en otro correo.

Como ocurriría con las 214,000 sociedades creadas en paraísos fiscales con la ayuda de Mossack Fonseca, investigada internacionalmente por sus actividades, las empresas vinculadas al Grupo Campollo serían dirigidas por directores de fachada, de nacionalidad panameña. Ellos representarían los intereses de los hermanos Campollo: María Eugenia, Ramón, Ricardo y Rosa María.

Entre 2007 y 2015, el Grupo Campollo, dueño del ingenio Madre Tierra, creó 121 empresas offshore con un capital autorizado total de 282 millones de dólares. 47 sociedades están vinculadas al comercio del azúcar, con un capital que suma 113 millones. Madre Tierra está detrás del 7.2% del total de caña molida producida en Guatemala desde 1983. Es el séptimo productor, de los 12 que hay en Guatemala.

Foto: Víctor Peña

Foto: Víctor Peña

La creación de offshores en paraísos fiscales es legal aunque detrás de la práctica las autoridades sospechan que se busca evadir al fisco de los países en donde se concentra la actividad empresarial de los dueños de las compañías. En el caso del azúcar, que el negocio salga de las fronteras guatemaltecas contradice la identidad que la industria intenta proyectar cuando su logo y eslogan hablan del bienestar nacional. “Desarrollo para todos”, dicen los azucareros, que no tienen problemas en usar sociedades fuera de borda.

Además de las sociedades offshore de los Campollo, esta investigación encontró vínculos de otros 9 ingenios guatemaltecos con sociedades en paraísos fiscales. Los administradores, propietarios o empresas que participan como accionistas de los ingenios aparecen como directivos en empresas offshore. Esta actividad ha llamado la atención de las autoridades pero se declaran incapaces de fiscalizarla por estar fuera de las fronteras guatemaltecas.

Los azucareros son un grupo poderoso, tradicionalmente emparentado con el poder político, en un país con enormes problemas para recaudar impuestos de sus 2,100 mayores contribuyentes. Guatemala es el país con la menor recaudación fiscal de Latinoamérica. La autoridades reconocen que garantizar que “contribuyentes especiales” como la industria azucarera paguen lo que corresponde es, por ahora, imposible.

En Guatemala, hay expertos, exjefes de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT), empresarios, empleados de ingenios y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de la ONU, que sostienen que la industria azucarera es un cartel a toda regla que se aprovecha de la debilidad estatal, un “oligopolio colusorio” porque varias empresas se comportan como una para tener una posición ventajosa en el mercado.

Desde 1983, siete familias han estado detrás del 88% de la caña molida en Guatemala: Los Herrera (ingenios Pantaleón y Concepción), los Leal (Magdalena), los Botrán (Santa Ana), Los García (La Unión), Los Weissenberg Campollo (El Pilar), los Campollo (Madre Tierra), los González Bauer – Hertzsch (Palo Gordo). Todas estas familias están vinculadas con sociedades en Panamá.

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Que 10 de los 12 ingenios guatemaltecos estén relacionados directamente con empresas offshore casa a la perfección con el perfil de una industria que también ha financiado campañas de presidentes y diputados, que ha puesto funcionarios en puestos claves de gobierno, bloqueado leyes como la que regula el uso del agua, o promovido otras como una que reducirá el pago de impuestos sobre el azúcar que se exporta y otros productos agrícolas. Y el Estado responde siempre que se declara incapaz para fiscalizar la industria como debería.
Durante dos meses se buscaron entrevistas con las 12 empresas azucareras para que detallaran sus vínculos con el poder, sus conflictos laborales y medioambientales y el uso que dan sus administradores a empresas offshore. A excepción de Madre Tierra, el resto de ingenios guardó silencio.

La respuesta de Madre Tierra fue tajante: “No tenemos ningún interés en llevar a cabo dicha entrevista, debido a que la empresa es de carácter PRIVADO y como tal sus operaciones tanto comerciales y mercantiles son de su exclusiva CONFIDENCIALIDAD Y COMPETENCIA (sic)”, escribió en un correo electrónico el abogado de la empresa, Marvin Sandoval.

LAS OFFSHORE DE MONCHO, RICHARD, ROSITA Y MAGENA

Guatemala es el cuarto mayor exportador de azúcar del mundo, tras Brasil, Tailandia e India. En la costa sur de Guatemala, bordeando el Pacífico, se ubican las 268.000 hectáreas de caña de azúcar, según el censo agropecuario de 2014. Doce ingenios procesan toda la caña del país y la convierten en azúcar, melaza, etanol, ron o, incluso electricidad. Entre ellos, el ingenio Madre Tierra.

Guatemala: plantaciones de azúcar y los 12 ingenios

MT Holdings Capital INC, una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, ejerce la propiedad sobre el ingenio en una red de empresas que se explica mejor si se tiene en mente a la matrioska, la muñeca rusa que en su interior guarda otra muñeca, que a su vez guarda otra muñeca… Madre Tierra es propiedad de Central Agro Industrial Guatemalteca S.A. (Caigsa). Esta, a su vez, es propiedad de dos empresas panameñas: Gran Flora Internacional S.A. y Perlino Internacional S.A. Y ambas son hijas de MT Holdings Capital INC.

Los hermanos Campollo son accionistas de esta holding, según los correos de Mossack Fonseca (ver documento). Un documento muestra que el 13 de febrero de 2009 la holding entregó 12.500 acciones a cada uno de los hermanos, a “Moncho”, “Richard”, “Rosita” y “Magena”, como les llama, según los correos, el abogado de la familia, José Buitrón. “Magena” es María Eugenia Campollo, aquella empresaria cuya asistente se comunicaba con el abogado de Mossack Fonseca para pactar el nacimiento de tres offshore.

MT Holdings Capital INC es la segunda offshore más grande de los Campollo. Tiene un capital autorizado de 55 millones de dólares, según los Panamá Papers, una serie de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y analizados por más de 100 medios informativos de todo el mundo, entre ellos El Faro, como parte de una investigación de casi un año coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Las fundaciones en Panamá, un paraíso fiscal, no tienen un dueño y pueden ser propietarias de cualquier activo y encubren mucho más a sus beneficiarios finales. Por ejemplo, el reglamento de la Fundación Niño Jesús, creada en 2008, tiene como beneficiaria de todos sus activos a María Eugenia Campollo y como sustitutos a sus hijos (ver documento).

Otro uso que los Campollo dan a sus offshore es la suscripción de préstamos. Gala Assets Corporation, sociedad panameña propiedad de los Campollo dedicada a la generación de energía y a negocios de azúcar, estaba tramitando un préstamo con el banco guatemalteco GyT Continental por 75 millones de dólares a principios de 2015. Un correo del 5 de febrero de 2015, muestra que la empresa del ingenio Madre Tierra, Central Agro Industrial Guatemalteca y sus dueñas offshore iban a garantizar el 73% del préstamo con su propio capital.

AZÚCAR MARCA OFFSHORE

Así como los Campollo y su telaraña de 121 sociedades en paraísos fiscales, representantes o administradores de otros 9 ingenios guatemaltecos aparecen vinculados a 31 empresas domiciliadas en Panamá, según lograron documentar eldiario.es y El Faro.

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De todas las refinerías de azúcar en Guatemala, las únicas de las que esta investigación no ha encontrado vínculos con paraísos fiscales son los pequeños ingenios de La Sonrisa y Santa Teresa, que desde 1983 sólo han aportado el 0.5% de la molienda de caña, unas 2.2 millones toneladas.

Al otro lado del espectro, dos corporaciones (grupo Pantaleón-Concepción e Ingenio Magdalena) que han controlado alrededor del 47% de la producción de caña en Guatemala en los últimos cinco años son las que tienen más vínculos con paraísos fiscales, según se descubrió. El grupo Pantaleón es un gigante construido hace 147 años y que en 1980 compró al ingenio Concepción; y Magdalena, antes de dedicarse al azúcar en 1983, producía mieles para ron. Los nombres de las offshore relacionadas son similares al de las sociedades en Guatemala: Ingenio Magdalena S.A., The Pantaleon Group INC, Pantaleon Land Holding

Los dueños de Pantaleón están vinculados a ocho empresas en Panamá y la matriz del grupo está domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, según acredita un documento de la Comisión para la Defensa de la Competencia en Honduras. Pantaleón ha sido el máximo moledor de caña de Guatemala en las últimas tres décadas: 91.3 millones de toneladas, el 26% de la molienda total. Entre 2008 y 2010, el ingenio recibió dos préstamos del International Finance Corporation (IFC), entidad del Banco Mundial, a través de su matriz en Islas Vírgenes, Pantaleón Sugar Holdings Company Limited, por 130 millones de dólares. Es decir, el Banco Mundial otorgó un crédito a una sociedad en un paraíso fiscal.
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Hay ingenios cuyas offshore sirven para administrar los ingenios en Guatemala. Por ejemplo, el ingenio Trinidad, que se fusionó con la empresa San Diego en 2010, es arrendado por la sociedad Servicios Agropecuarios San Diego, y la dueña de esta, en un 50%, es otra en Panamá, denominada Santa Luisa International Group INC. Ninguna decisión como la suscripción de préstamos, contratos o la autorización para competir en licitaciones puede efectuarse sin aprobación de la offshore.

De los ingenios investigados, sólo se pudo tener detalles de las sociedades creadas para los Campollo, quienes resultaron afectados con la filtración de los correos de Mossack Fonseca. El resto de familias crearon sus firmas offshore con otros bufetes.

EL MONSTRUO QUE LO APLANA TODO

Si pudieran juntarse todas las plantaciones de caña en Guatemala, esa gran masa de tierra equivaldría a tres veces la ciudad de Nueva York. Es un monstruo verde de unos 2.687 kilómetros cuadrados, el 10% del área cultivada de Guatemala que supura injusticias sociales y violaciones laborales.

El cultivo de azúcar en Guatemala está poco industrializado. Las plantas de la caña, que pueden alcanzar los cinco metros de altura y consumen altas cantidades de agua, crecen durante aproximadamente seis meses en las fincas. La zafra o cosecha empieza con la quema de las plantaciones para debilitar el tallo de la caña, hacer más eficiente el corte y ahuyentar a los animales.

Tras la quema, miles de trabajadores entran a los terrenos y cortan con machetes las plantas mientras se llenan del hollín producido por el fuego. Cargan la caña y la llevan al punto de recolección, en largas jornadas de trabajo, algunas veces sin acceso a fuentes de agua o servicios sanitarios. La caña es transportada a los ingenios en “jaulas” a bordo de grandes camiones. Es en los ingenios donde se procesa la planta y se produce el azúcar y todos sus derivados.

Dos oficinas del gobierno de Estados Unidos califican a Guatemala como un país azucarero “de bajo costo”, lo cual se explica porque los ingenios han “fracasado” en el cumplimiento de las leyes laborales, según la agencia de tratados comerciales de la Casa Blanca. En toda la industria, los sindicatos han desaparecido menos uno en el ingenio Palo Gordo, el octavo productor de caña molida, según datos de 2016.

Las denuncias medioambientales tampoco se hacen esperar. Entre 2012 y 2016, el ministerio de Medio Ambiente recibió 38 denuncias contra nueve ingenios, la mayoría de ellas relacionadas al desvío de ríos para regar sus plantaciones.
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El atropello medioambiental es proporcional a los réditos económicos que genera la producción de azúcar, opina Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas). “¿Quién no va a ser competitivo si el Estado le da subsidios indirectos cuando no cobra por el agua que usan? ¿Quién no va a tener esa rentabilidad si no han dejado que tengamos la ley general de aguas?”, cuestiona Melini, excandidato presidencial de un movimiento de izquierda.

El río Madre Vieja, uno de los más grandes de la costa sur de Guatemala es desviado frecuentemente para alimentar las plantaciones caña. Este era el río, cerca de su salida al mar en 2010.

Este es el desvío hecho entre 2011 y 2013 para alimentar una plantación de caña de azúcar

 La industria azucarera guatemalteca representa el 3% de la economía total, unos 1,900 millones de dólares al año, según los propios azucareros, y eso en una nación en desarrollo no es poca cosa. La economía del azúcar en Guatemala es del mismo tamaño que el PIB total de Belice, su vecino. Hay 25 países con economías más pequeñas que la riqueza producida por el azúcar guatemalteco.

Los responsables de esta economía boyante son 12 ingenios activos que se distribuyen a lo largo de cuatro departamentos de la costa sur. Cogobiernan con un poder paralelo al de medio centenar de municipalidades. A veces sustituye al poder local, por ejemplo, en la salud donde sus clínicas atienden más de 50.000 consultas al año o en la educación donde sus escuelas preparan a más de 10,000 maestros en matemáticas.

Los movimientos del monstruo a veces son grandes y torpes y terminan causando desastres. Cuando eso ocurre, las comunidades se levantan, intentan hacerle frente, pero nunca ganan. La costa sur de Guatemala ha estado salpicada de estallidos sociales en los últimos años. Por el uso del agua, por la contaminación, por daños a la propiedad.

En enero de 2014 una comunidad de la etnia mam, en Nueva Cajolá, Champerico, amenazó con quemar los camiones cañeros que atravesaban y deterioraban la calle comunal. Los camiones eran del ingenio Magdalena, que produjo la cuarta parte de todo el azúcar guatemalteco en la última década. Lo que colmó la paciencia de la gente fue cuando derribaron postes y un cerco con el objetivo de acortar el camino. El intento de revuelta y protesta de los mam fue resuelto sin diálogos, pero con poder. En Guatemala nada detiene a la industria, que ha construido 250,000 kilómetros de calles internas dentro de sus propiedades para evitar a comunidades como la de Nueva Cajolá.

NEGOCIOS INTOCABLES

Entre 2011 y 2016, los azucareros entregaron en impuestos unos 708 millones de dólares por la producción de azúcar y de productos relacionados como la melaza. Pero el Estado no sabe decir si esa es la cantidad real en impuestos que le corresponde tributar a la industria.

“Solo haciéndoles una auditoría se puede saber si los azucareros pagan todos sus impuestos”, dice Abelardo Medina, exjefe de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT). El actual jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa lo dice claro: “No tenemos todas las herramientas para controlar la tributación del sector”.

“No me gustaría generalizar en decir que todos nos defraudan porque no es cierto, y tampoco puedo decir todos son los mejores exportadores porque tampoco es cierto”, añade.

Una base de datos de procesos judiciales, creada para esta investigación, muestra que ocho ingenios están involucrados en 78 procesos tributarios. El que tiene más es el ingenio Pantaleón con 25 casos, seguido del ingenio Magdalena, con 15. El acceso al contenido de estos casos es secreto en Guatemala.

Los antecesores de Solórzano Foppa en el cargo y un técnico que conoce del trabajo de los ingenios aseguran que la industria azucarera hace uso de empresas offshore para reducirse el pago de impuestos mediante procedimientos legales.

Los ingenios suelen utilizar las offshore como intermediarias ante el cliente final del lote de azúcar que venderán. De esa manera se abre la oportunidad de reducir el pago de impuestos sobre las rentas gravadas. Esto porque la factura que se reporta al Estado podría tener un monto o precio menor al que se acordó la compraventa de azúcar con el cliente final.

Foto: Víctor Peña

Foto: Víctor Peña


El exsuperintendente tributario Abelardo Medina, señala la posibilidad de elusión: “No es ningún secreto: lo que se utilizan son empresas subsidiarias, matrices, filiales, para disfrazar los negocios de las empresas en el extranjero y evitar el pago de impuestos. Simple”, dice.

Al viceministro de comercio exterior, Eduardo Lacs, se le consultó si la oficina del Ministerio de Economía que está destacada permanentemente en las oficinas de Expogranel tiene una manera de controlar que no se le oculte al Estado los negocios de los exportadores. Expogranel es la empresa creada por los azucareros en los años 90 para tramitar las exportaciones y manejar las bodegas en Puerto Quetzal, el único puerto guatemalteco que exporta azúcar. “No nos compete el control de precios de transferencia u otros controles con fines fiscales. De esto se encargan las instituciones correspondientes, entre ellas la SAT”, respondió. Este periódico también buscó a Expogranel durante dos meses para una entrevista con el gerente Marcos Chang, pero nunca hubo respuesta.

El jefe de la SAT, Solórzano Foppa, señala en la entrevista limitantes para investigar:

—Las transacciones comerciales que los azucareros nos reportan se realizan con entidades fueras del país. Ese modelo se puede usar para defraudar y es una de las formas en las que no podemos acceder a la información.

Si sacamos las facturas por las exportaciones de azúcar, ¿encontraríamos que la mitad de la azúcar se vende a paraísos fiscales en lugar de a los países clientes que dice el ministerio de Economía?

—No dudo que así sea. También la forma de exportación es muy distinta a la dirección de donde va finalmente el producto. Pero insisto, se dan transacciones válidas y hay una razón de ser comercial y financiera de por qué se necesitan offshore y otras herramientas. Ahora que la SAT tenga todas las armas para poderlo controlar no es cierto.

“UN CARTEL A TODA REGLA”

Depende de a quién se le pregunte, la industria azucarera de Guatemala puede ser un cartel o un oligopolio, o bien nada parecido a eso sino solo una industria con un esquema de negocios sumamente eficiente y rentable.

Quienes sostienen que la industria del azúcar en Guatemala es un cártel son la Comisión Económica para América Latina (Cepal), dos exjefes de la SAT, un director de la Fundación para el Desarrollo Económico (Fundesa), y diversos investigadores y organizaciones como el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, y la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop). Para ellos, se trata de una industria en la que varias empresas actúan como una sola, se ponen de acuerdo para fijar precios y para otros aspectos del negocio, aprovechándose de una posición de poder en el mercado.

La Cepal lo tiene claro desde el año 2006. La institución concluyó que la industria del azúcar es engranaje casi perfecto en el que las partes de la cadena productiva se ponen de acuerdo desde el cultivo hasta la distribución. Y en el que “los ingenios funcionan como un cártel de distribución dentro del cual no hay competencia de precios”, dice el informe.

En Guatemala, pese a que existen 12 ingenios, no hay 12 marcas distintas de azúcar compitiendo en el mercado. Todos los ingenios mandan su grano molido a una única empresa, Máquinas Exactas, S.A., para su empaque y fortificación con vitamina y aquí es donde se distribuye al mercado en envoltorios de media docena de marcas.

“Somos socios para el bien del consumidor. El etiquetado, el peso exacto, todas esas son políticas llevadas de la mano con el ministerio, solicitadas por el ministerio”, justifica el vicepresidente de Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), Armando Boesche. Cuando se le quiere hacer preguntas a los voceros de los ingenios, ellos responden que en su nombre solo habla Asazgua, que decide cuánta azúcar le toca producir a cada ingenio, es decir, controla la oferta en el mercado interno y controla el precio.

Boesche lo explica así: “El único control por razón constitucional es la exportación porque el ministerio de Economía y yo, como representante legal de Asazgua, debemos verificar que con cada exportación se esté cumpliendo con el abastecimiento del mercado nacional”, dice, tratando de matizar el poder que tienen para controlar el mercado.

El exjefe de la SAT, Abelardo Medina, tiene otra impresión del mercado del azúcar: “Como en nuestros países no tienen regulación apropiada, no hay una satisfacción del mercado interno porque primero exportan y sus excedentes los venden en el mercado local. Y como tampoco tienen competidor en el mercado, ponen el precio que quieran”.

De las 2.7 millones de toneladas de azúcar producidas entre 2015 y 2016 en Guatemala, el 27% se quedó en el mercado interno, según datos de Cengicaña. Y aquí otra característica del cartel es que el precio interno es sumamente rentable respecto de sus costos. Según la Cepal, los azucareros guatemaltecos compensan con las ventas internas lo que pierden cuando el precio de exportación está abajo. Asazgua se defiende diciendo que en Centroamérica, Guatemala es de los países que vende el azúcar más barato.

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Expertos como Abelardo Medina sostienen que por la bonanza en el mercado interno los azucareros protegen la entrada de azúcar de otros países con medidas no arancelarias y la obligación de que todo el azúcar que entre a Guatemala esté fortificada con vitamina A. “Con eso no hay otro productor que pueda meter azúcar en el mercado local”, dice Medina.

Pero la verdadera mina de oro, sostienen todos los consultados para este reportaje, está en la exportación. Alrededor del 70% lo que se produce en Guatemala se envía a otros países. En 2015, los envíos de azúcar al mercado internacional sumaron 851 millones de dólares, según el ministerio de Economía. Esto es aproximadamente el 9% del presupuesto actual del gobierno de Guatemala.

Y hasta para exportar, el cartel azucarero también controla quién puede hacerlo y quién no. El requisito indispensable es ser accionista de Expogranel, la empresa de los azucareros que maneja las exportaciones de azúcar. El que no invierte en Expogranel, no exporta en el cuarto país que más exporta azúcar en todo el mundo. “(Es) un cartel en toda regla, con vía libre en un país donde la legislación de regulación de competencia lleva más de ocho años ‘congelada’ en el Congreso”, zanjaba un informe del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, IDEAR, de 2008. Nueve años después, la ley de competencia sigue siendo una deuda, y aun así, altos cargos del Estado se resisten a llamar al cartel del azúcar por su nombre.

“No tenemos elementos legales o económicos que puedan indicar que este sector es un oligopolio colusorio. En nuestro país existen 15 productores y todos compiten en igualdad de condiciones en el mercado internacional”, respondió vía correo electrónico el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Lacs. En su respuesta Lacs incluía dos ingenios que se han fusionado con otros y un tercero que aún no está en funcionamiento.

ACABAR CON LA COMPETENCIA

El terrateniente y cultivador de caña José María Rodríguez Briz fue asesinado hace 25 años, el 23 de marzo de 1992 de un tiro en la cabeza, “en una emboscada” en su finca, según tituló el periódico local Prensa Libre. Originario de Cantabria, España, en los meses previos a su muerte enfrentó el rechazo de los ingenios guatemaltecos a su idea de abrir una nueva refinería de azúcar en el país, según contó a sus allegados. Rodríguez Briz proveía de caña a los ingenios de la costa sur y, en un momento, estos decidieron dejar de comprársela porque veían en él un serio y difícil competidor, con muchas tierras en Escuintla, departamento con la mayor área cultivada de caña.

Otras trabas la puso la banca: “José María encontró serias dificultades (…) también dentro del sistema financiero guatemalteco, muy ligado al azucarero, a la hora de obtener financiación para el nuevo negocio”, dice el excónsul honorario de Guatemala en Santander, España, Enrique Sánchez, cercano a la familia de Rodríguez Briz.

Los herederos de Rodríguez Briz, quienes se negaron a brindar una entrevista, se mudaron a Belice donde sí recibieron el apoyo que necesitaban, ahí fundaron Santander Sugar Group. “La familia era consciente de las dificultades para desarrollar el ingenio en Guatemala”, explica Sánchez, quien acompañó a la familia en el puerto de Santander, para el desembarque de 6 mil toneladas de azúcar de Belice en agosto de 2016.

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“La industria azucarera en Guatemala está, casi en su totalidad, en manos de unas cuantas familias poderosas y acaudaladas, dominantes en el país, las que no ven con buenos ojos, como es lógico, el tener que repartir este negocio con nuevos ingenios”, dice Sánchez, familiar político de la familia Rodríguez. “La industria del azúcar es un círculo muy cerrado que no tolera, que no quiere que se amplíe con nuevos azucareros, y esos son los problemas que José María encontraba”, agrega.

El crimen nunca se resolvió, y aún hoy se sigue especulando sobre las causas de la muerte. El excónsul Sánchez se niega a señalar culpables, lo que dice sería una irresponsabilidad, pero dice que el rechazo de los ingenios a una nueva planta era el contexto dentro del cual se dio el asesinato de Rodríguez Briz. “Renunció… bueno, no renunció a su ilusión de poner un ingenio en Guatemala, no le dejaron terminar porque lo mataron”, dice.

Los bloqueos contra la competencia se repiten en el tiempo. En 2005, grandes cargamentos de azúcar provenientes de Cuba, acordados por el entonces presidente de Guatemala, Alfonso Portillo (2000-2004) fueron suspendidos cuando los azucareros así lo ordenaron. El vicepresidente de Asazgua, Armando Boesche, es uno de los que mejor puede contar aquella anécdota, ya que fue uno de los que ayudó a que la importación de azúcar cesara.

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Los azucareros se oponían a aquella importación porque no habían participado del tratado negociado por el presidente Portillo; porque dicen que el azúcar cubana no venía fortificada con vitamina A, como lo ordena una ley que data de 1992. Esta ley también ordenó que se agregara yodo a la sal, para reducir enfermedades como la ceguera infantil y el bocio.

El azúcar cubana se vendía a un precio más barato de los controlados por Asazgua, además Cuba no pagaba aranceles, mientras que el azúcar que Guatemala enviaba a la isla sí lo hacía. “Pedíamos, como siempre, igualdad de condiciones, eso es todo”, dice Boesche.

Boesche viajó a Cuba a principios de 2005, cuando en Guatemala ya mandaba otro presidente: Óscar Berger Perdomo, quien está emparentado con azucareros. En Cuba, Boesche asegura que se reunió con el presidente del gabinete Ricardo Cabrizas, uno de los hombres más fuertes después de Fidel Castro. Según Boeshe, Cabrizas le confesó que “aquí, un presidente vino y dijo que ustedes (en Guatemala) iban a tener escasez de azúcar y que iban a necesitar importar azúcar. Tú no le puedes negar, si un presidente dice que va a necesitar azúcar, el azúcar al presidente”.

Un empresario guatemalteco que participó de aquella importación de azúcar cubana asegura que las últimas importaciones fueron en tiempos de Berger. “Cuando ganó Berger en las elecciones de noviembre del 2003, recuerdo que esa noche los de Asazgua le subieron 20 quetzales (unos 2.50 dólares) al saco de 50 kilogramos, era la manera de decirnos que el candidato de ellos había ganado, y ya con eso nosotros teníamos que salir del mercado, no podíamos traer un barco arriesgándonos a no poder descargar”, dice.

Este empresario asegura que alejado de cualquier trama de corrupción (Portillo fue condenado en Estados Unidos por un millonario desvío de fondos donados a Guatemala por la república de Taiwán), la idea del expresidente era contrarrestar al cártel del azúcar y beneficiar al consumidor final. “Sabíamos que nos estábamos metiendo con uno de los grupos más poderosos”, dice.

Portillo se negaba a conceder cita a los azucareros y había permitido que el azúcar cubano se vitaminara estando en Guatemala. Pero meses después de que Berger asumiera la presidencia, su ministro de Salud cerró la torre fortificadora ubicada en la almacenadora del ejército, Alsersa. “Fue una decisión política, nada más, no hubo justificación, la voluntad política de importar azúcar de Cuba desapareció con Berger”, se queja el empresario.

Asazgua admite que bloqueó la importación de azúcar de Cuba, pero que lo hizo por salud pública. “Lo que pedíamos es que si va a entrar azúcar, que la fortifiquen, que la empaquen y que tenga un proceso”, dice María Silvia Pineda, de la Fundazúcar, el brazo social de la Asociación de Azucareros con la que impulsan las políticas de responsabilidad empresarial. “¡Si va a entrar azúcar que no deteriore la salud del pueblo”, añade, Boesche, el vicepresidente de Asazgua.”

LA TIERRA ES PARA EL CARTEL

Guatemala tiene el 3% de su territorio sembrado con caña. Hay departamentos de la costa sur que han transformado su paisaje por la expansión de la caña. Suchitepéquez, por ejemplo, que en siete años cambió el 40% de sus tierras cultivables para sembrar caña, según un estudio de la socióloga Katja Winkler.

Cuando Guatemala cerró 36 años de guerra con los Acuerdos de Paz de 1996, comenzó la pugna por la distribución de la tierra. Con la constante expansión de los monocultivos como el azúcar, la palma africana, el banano, el melón y el hule, la presión sobre la tierra creció. En 2002, el 1.5% de fincas concentraban el 62.5% de la tierra cultivable, según el censo agropecuario de aquel momento. Para 2008, más de 1,500 conflictos por la tierra se habían registrado en la Procuraduría de Derechos Humanos, y un escuálido Fondo de Tierras de Guatemala, sin dinero suficiente para comprar tierra a buen precio y distribuirla mejor, no ha podido mejorar el panorama.

Foto: Víctor Peña

Foto: Víctor Peña


Cuando campesinos sin tierra han querido tomarse fincas azucareras para vivir, como ocurrió en 2010 en el valle del Polochic, a unas tres horas al norte de la ciudad de Guatemala, la respuesta de los azucareros ha sido llamar a su aliado más poderoso: el Estado.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió entre el 14 y el 19 de marzo de 2011, cuando cerca de 750 familias fueron sacadas de sus viviendas por soldados, policías y guardias privados de seguridad en el valle del Polochic. Hubo quema de chozas, quema de cultivos para consumo doméstico, y el asesinato extrajudicial del campesino Antonio Beb Ac. Detrás del desalojo estaba la familia Widmann, cuyo patriarca Carlos Widmann Lagarde es cuñado del expresidente Berger. Los Widmann querían mover su ingenio Guadalupe de la costa sur al norte, y los campesinos que se habían instalado en esas tierras se los impedían.

El episodio fue sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir el protocolo para desalojo de asentamientos, pero a la fecha el Estado guatemalteco no le ha respondido a las víctimas ni ha logrado reubicarlos con acceso a tierra.

La comunidad es de la etnia q’eqchí’, casi nadie habla español pero a través de un traductor explican que siguen esperando por la ayuda del Fondo de Tierras. Hasta ahora solo unas 150 familias, de las 750, han recibido una casa del Estado. Y por eso esta comunidad sin servicios básicos no piensa abandonar el lugar después de seis años del desalojo. No importa el hambre, no importa el frío, que no hay comida… no importa la pobreza. “Nos vamos a quedar aquí porque Antonio (Beb Ac) aquí murió, aquí derramó la sangre, entonces ya está pagada esta tierra por él”, dice José Caal, uno de los líderes de la comunidad.

Los q’eqchí’ se quedarán en esa tierra hasta que los verdaderos dueños lo permitan o hasta que el Estado los reubique de una vez por todas. Esa tierra sigue siendo y seguirá siendo de los Widman, del ingenio SER Chabil Utzaj, de un cartel de 1.900 millones que no se deja vencer por nada ni por nadie.

*Con la colaboración de Jimmy Alvarado

Fuente: Imágenes satelitales de ESRI World Imagery y Google Earth. Mapas realizados con CARTO. Fotografía de Víctor Peña y material gráfico adicional de Efe y Raúl Sánchez. Todos los datos de comercio internacional usados en este reportaje provienen de la base de datos de comercio internacional de BACI, basándose en datos originales de la División Estadística de la ONU.

La agonía del café colombiano

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Ver también: El cartel del azúcar de Guatemala.

Francisco Restrepo tiene 57 años y no ha hecho otra cosa en su vida más que recoger café. Empezó a los 12 años y todavía hoy se levanta cada día antes del alba para mantener la producción de Las Margaritas, su finca de 5 hectáreas en las montañas de Andes en Antioquia, un departamento al norte de Colombia.

Su rutina consiste en llegar a la finca a las tres de la mañana para descascarar, lavar y secar los granos de café. Cuando hay buen café sus jornadas pueden alargarse hasta las 18 horas. “Quedo agotado pero esta es la única manera de amortiguar los otros nueve meses donde mengua la producción”, comenta Restrepo.

Hace cuatro años, miles de caficultores, como Restrepo, se unieron en el primer paro cafetero de la historia de Colombia. Durante 11 días, los agricultores pararon la producción para reclamar mejores condiciones al Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), que agrupa a los cerca de 560.000 productores del país.

Una crisis de los precios internacionales provocó que el precio que la FCN garantiza a los caficultores alcanzara su nivel más bajo en los últimos sesenta años, según datos de la organización analizados por este medio. En protesta los pequeños productores descontentos con la marcha del sector, unidos en el Movimiento de la Dignidad Cafetera, convocaron el paro.

El movimiento surgió de la mano de esa última crisis del sector en 2013 y llevó a buena parte de los caficultores a un paro cafetero que pudo arrancarle al Estado un subsidio para los costes de producción que les ayudó a superar el bache. Hoy, los productores agrupados en esta organización han permeado a los comités departamentales y municipales que forman la FNC y reclaman más y mejores ayudas.

Casi cuatro años después la realidad de los caficultores es casi igual que entonces.

Foto: Iván M. García

Foto: Iván M. García

El café colombiano se cultiva en pequeñas extensiones. El 95% de los productores tienen menos de 5 hectáreas y controlan el 50% del área sembrada, según datos analizados del Censo Agropecuario Nacional de 2014. Estos agricultores se ven sacudidos por los precios internacionales, la falta de mano de obra, el poco acceso a las ayudas y las malas condiciones de vida.

El mercado del café colombiano es cada vez menos competitivo, aún así el 38% del café que produce termina en Europa. Allí, los españoles beben, en promedio, casi una taza de café al día, los alemanes, 1,2, y los holandeses beben 2,4. Ninguno de ellos sospecha que quienes han cultivado su bebida se enfrentan a condiciones adversas para lograrlo.

Colombia es el tercer exportador de café del mundo tras Brasil y Vietnam. El café colombiano tienen su origen en las casi 900.000 hectáreas de café cultivadas en las zonas montañosas de la cordillera de Los Andes, que atraviesa Colombia y se divide en tres ramas, a gran altitud sobre el nivel del mar. Alrededor del 80% del café colombiano termina en Europa y Estados Unidos.

Las plantaciones de café en Colombia

Fuente: Censo Agropecuario Nacional

La FNC, en la capital del país, es quien define el precio de compra del café a los agricultores basado en la cotización de la Bolsa de Nueva York, la tasa de cambio y la prima de calidad que recibe el grano colombiano.

“Gracias a la política de garantía de compra, los cafeteros de Colombia cuentan con un servicio que no tiene ningún otro productor agrícola del país: la comercialización asegurada de su producto a un precio transparente”, defiende la federación en su página web.

Pero de ellos también dependen las ganancias o pérdidas que puede tener el cultivo.

El productor vende hoy la carga de café (125 kg) a unos 300 dólares. Durante la crisis de 2013 ese precio llegó a caer a 125 dólares. Alexander Taborda, un pequeño caficultor con 2,4 hectáreas de cultivo especial en Andes y portavoz de Dignidad Cafetera, calcula que los costos de producción de una carga son de aproximadamente 220 dólares.

La Federación garantiza una tasación fuertemente sometida a los vaivenes del mercado internacional. Desde el 2000, este precio estuvo más del 44% del tiempo por debajo de los costes de producción, según los datos analizados por este medio.

Con este modelo, los pequeños caficultores, la base de la producción colombiana, son los que disponen de menor capacidad de reacción y recursos que los grandes sembradores ante posibles caídas de precio, los efectos del cambio climático o las plagas que acechan a los cultivos.

Así ha evolucionado este precio desde 1954, ajustado al índice de precios (IPC) en Colombia:

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1)    Hasta 1962, el mercado internacional del café se basaba en una competición libre entre los países productores.

2)    Entre 1962 y 1963 se firma en la ONU el primer Convenio Internacional del Café y se crea la Organización Internacional del Café (1963). Estos acuerdos establecieron un sistema de cuotas entre los países para retirar del mercado excesos en la oferta de café, que contribuyeron a una relativa estabilidad de precios para los cafeteros de Colombia hasta 1975.

3)    Las graves heladas de Brasil, principal país productor, provocaron un aumento de los precios. El nuevo Convenio Internacional de 1976 suspendió las cuotas en caso de alza excesiva de precios. Los caficultores colombianos recibirán ese año los mejores precios de su historia.

4)    De nuevo, una grave sequía en los cafetales brasileños causa una subida de precios en 1986. Se suspenden las cuotas y, así, Colombia desplaza a Brasil como primer exportador mundial de café

5)    En 1989, se eliminó el sistema de cuotas de exportación y se entra en un contexto de libre mercado.

6)    Entre 1989 y 2011, los caficultores colombianos ven como el precio de su café sube y baja por la especulación de los mercados internacionales.

7)    En 2013, el precio de compra garantizado cae a su peor nivel en 60 años. En respuesta, se convoca ese año el paro cafetero en busca de mejoras del sector.

8)    Desde entonces, los precios se han ido recuperando en un mercado inestable.

POCAS AYUDAS Y MUCHAS COMPLICACIONES

“De la mejora no hay duda. Pero el buen precio de hoy hace que el sector se sostenga, pero maquilla que este modelo de caficultura es un modelo de aumento de costos”, dice el caficultor Taborda en referencia a la carestía de la mano de obra y los fertilizantes, que son importados y de los más caros del mercado agropecuario.

Taborda señala que en este contexto tampoco es fácil acceder a ayudas para el sector, “mucho menos si se es un productor pequeño”. Y cuando se accede al crédito, los intereses son altos y difícilmente asumibles por buena parte de los productores.

El organismo encargado de ofrecer estas ayudas es el Banco Agrario. Según su presidente, Luis Enrique Dussán, las diferentes líneas de crédito tienen una tasas anuales entre el 5% y el 8%, dependiendo del tipo de préstamo y del productor.

“Además, existen condiciones favorables con el sector ya que los plazos para financiación se fijan de acuerdo con los periodos productivos y el destino a financiar. Manejamos plazos de hasta dos años para la financiación de capital y hasta 10, para programas de inversión”, apunta.

Sin embargo, Luis Gonzaga, productor de Caldas, en pleno Eje Cafetero, cree que la teoría de Dussán no concuerdan con la práctica del día a día a pie de cultivo. “No hay celeridad en el sector financiero. Uno necesita un crédito para comprar fertilizantes. Pero el crédito termina por demorarse y cuando se lo dan ya ha pasado la época para fertilizar. O el ciclo para fumigar, si es que lo pide para fumigar”, asegura.

Foto: Iván M. García

Foto: Iván M. García

El director ejecutivo del comité de la FNC en Huila, departamento al sur de Colombia, Jorge Enrique Montenegro, va más allá y asegura que no hay una política real de apoyo al sector cafetero: “se piensa más en generar recursos para otras economías del país”, señala.

“El estado debe dar créditos de intereses blandos. No digo gratis, digo que esos préstamos generen intereses que vayan coordinados con los sistemas productivos. Y eso no está ocurriendo”, lamenta Montengro, que representa al departamento con mayor producción (18% del total).

El gerente de la FNC, Roberto Vélez, cree necesaria la creación de un crédito de fomento para el café. “Pero eso ya es un tema de Estado. Se lo hemos comunicado el Gobierno a través de nuestro Comité Nacional y también al Presidente, Juan Manuel Santos, en nuestro último Congreso Cafetero. Más no podemos hacer”, sentencia.

SIN MANOS PARA RECOGER EL CAFÉ

Francisco Restrepo tiene en su finca tiene una decena de trabajadores que desde las cinco de la mañana trepan por las laderas escarpadas y resbaladizas del cafetal para recoger a mano los granos rojos y maduros de café. Los echan en un cesto de goma anclado a la cintura con correas de cuero o tela.

El suelo es húmedo, el aire huele a trapiche y la humedad se siente más fuerte a medida que amanece. El trabajo del recolector de café implica arrancar a mano cada grano maduro, casi la única forma de recolectarlo. Recorrer el cafetal es dificultoso y se necesita de paciencia y cuidado.

Cuando son recolectados y seleccionados uno a uno, pasan por un cuidadoso proceso de lavado para quitar la cáscara y expulsar los granos que estén en mal estado. Después, el café se deja al sol en grandes terrazas para secar el grano. Este proceso tiene que ser muy cuidadoso para que no pierda aroma o sabor.

Para reducir los altos costes y aumentar la utilidad, los pequeños productores duplican su jornada o cuentan con el trabajo de otros miembros de la familia sin que éstos reciban salario por las horas dedicadas. También reducen el gasto en fertilización o la prevención de plagas, por ejemplo, desmejorando la producción en cantidad y calidad.

Apenas el 1% de los productores cafeteros superan las 20 hectáreas, según el censo nacional. Daniel Felipe Henao es, con 320 hectáreas de cultivos repartidas en varias fincas familiares, uno de esos pocos grandes productores que hay en Colombia. Aunque también es una rara avis en el sector: tiene 32 años cuando la media de edad del caficultor es de 58.

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Foto: Iván M. García

“¿Qué va a pasar en diez años? No va a quedar nadie para recoger café. Estamos produciendo al 70%, con pérdidas porque no podemos sacar todo el grano”, explica en el zaguán de una de sus fincas, La caja de oro, en Antioquia. “Hace falta un revolcón mecánico”, remata.

Se refiere a la falta de tecnificación en el sector. “Si no hay mano de obra que recoja el café, tendríamos que pensar en un sistema para su recolección”, dice Henao resumiendo uno de los principales reclamos que hacen los cafeteros a la FNC.

“Queremos aumentar la producción. Hoy recogemos unos 18 sacos de 60 kg por hectárea. Pero Brasil produce 27 kg, y una finca colombiana bien mantenida puede llegar a los 35 kg. Hay mucho que mejorar”, reconoce el gerente de la FNC, Roberto Vélez.

Vélez sabe que la ausencia de procesos tecnificados en la recolección de café es uno de los “cuellos de botella” en el sector. Pero a pesar de ello, no fue hasta el pasado año cuando la FNC, a través de su centro de investigación Cenicafé, lanzó el concurso Proyecto de apoyo a la cosecha asistida de café, entre universidades nacionales e investigadores locales y foráneos.

“Estamos trabajando en un sistema que permita batir el árbol para que el café vaya cayendo. Evidentemente, en los cultivos ubicados en laderas muy inclinadas no se podrá llevar a cabo; pero más del 30% de café está sembrado en pendientes de menos de 30 grados. Ahí la mecanización sí es posible”, apunta sin dar mucha más claridad del proyecto.

LA RESURRECCIÓN DEPENDE DE LOS POLÍTICOS

Los pequeños caficultores tienen las manos atadas: su futuro y las ayudas dependen de los dirigentes de la FNC, aunque ellos paguen un impuesto para mejorar el sector.

“Los productores pagamos un impuesto de seis centavos de dólar por caja exportada. Pero el Gobierno y la FNC tienen un contrato por el cual la propia Federación es la responsable de invertir esos recursos, a través del Fondo Nacional del Café, en el sector,” explica Álvaro Cano, un agricultor de Antioquia.

Los cafeteros denuncian que los recursos de este fondo han sido utilizados para realizar malas inversiones que no representan los intereses de los caficultores. Cano cree que la poca independencia de la federación y su cercanía al Gobierno es la razón de ello.

En teoría, cada departamento recibe una cantidad de fondos proporcional a la producción de café. Por ejemplo, si el departamento de Antioquia, el segundo en producción, genera el 16% del grano nacional, recibirá un 16% de los recursos.

¿Quién y cómo decide a qué destinar el dinero? El Comité Nacional de Cafeteros.

El comité está formado por un representante de cada uno de los 15 comités departamentales. Los representantes de los caficultores en estos comités se eligen en las elecciones cafeteras, en las que pueden participar todos los caficultores federados en la FNC. Se eligen seis delegados por cada departamento, 90 en total. En las últimas elecciones cafeteras de 2014, el movimiento Dignidad Cafetera obtuvo 21 de los 90 puestos.

Además de los representantes cafeteros departamentales, en el Comité Nacional de Cafeteros también participan, por parte del Estado, el director de Planeación Nacional y los ministros de Agricultura, Comercio y Hacienda.

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Las inversiones del Fondo Nacional del Café se deciden por votación. Cada integrante del comité tiene un voto, al igual que los representantes gubernamentales. Salvo el ministro de Hacienda, cuyo voto puede suponer tantos como sean necesarios para lograr un empate en una votación.

En el caso de empate, la última palabra la tendría el Presidente de la República, que está representado en la mesa por el propio ministro de Hacienda.

“De ahí la falta de independencia. Muchas veces se decide la construcción de infraestructuras que en realidad son competencia estatal. Nuestra utilidad de productores se incrementaría si esos fondos se destinaran en realidad a subsidiar fertilizantes o pesticidas, a avanzar en tecnificación y en créditos especiales”, continúa Cano, pequeño caficultor.

El director del Comité Departamental de Antioquia, Álvaro Jaramillo, no oculta que este hecho genera “conflicto” en el gremio. “Por una lado, es una ventaja poder sentarse con tres ministros y el director de Planeación Nacional cada dos meses”, afirma. Pero por otro lado, “los gremios que no le manejan un fondo al Gobierno pueden tener más independencia para presionar de manera más dura públicamente”.

Jaramillo sostiene que es un riesgo “ser contestatarios” con el Gobierno, como exigen colectivos como Dignidad Cafetera, porque eso pone en peligro la cesión del manejo de los fondos económicos a la FNC. “Los críticos dirían que es como depender del papá”, concluye.

Acerca del Fondo Nacional del Café el director del Comité de Antioquia señala que “con esa plata que recibimos, hacemos desarrollo en las comunidades cafeteras”. Jaramillo asegura que la decisión se toma según las necesidades de la comunidad, “no las que nosotros creamos que son”. Y que “como no hay plata para todo” se buscan aliados en los gobiernos municipales, departamentales e incluso aliados internacionales como ONG.

Roberto Vélez, gerente de la FNC, sale al paso y asegura que los recursos del Fondo Nacional del Café van en cinco direcciones: la investigación en mejoras de cultivos y tecnificación a través de Cenicafé, la promoción en el exterior con la marca Juan Valdez, el servicio de ingenieros agrónomos gratuitos para caficultores, los subsidios a través del Banco Agrario y la garantía de compra. “La Federación tiene la obligación de tener siempre la capacidad de comprar todo el café que se produce en Colombia”, revela Vélez.

El gerente explica también que en la década de los 60 y 70, la FNC sí suplió el papel del Estado en la construcción de infraestructuras. “En zonas cafeteras construíamos acueductos, escuelas. Pero eso son deberes del Estado. Lo que sucede hoy es que junto a fondos gubernamentales, de las gobernaciones y de las alcaldías, incluimos parte de los nuestros. Pero esa parte es mínima. Es decir, por un peso que pone la FNC se consiguen 25 del Estado. Así se pueden llevar a cabo programas de infraestructura con muy poca inversión de nuestro lado. En realidad aportamos más ‘know how‘, que plata”.

Sea como sea, ni Vélez ni ninguna otra persona de la FNC ha querido facilitar a esta investigación el desglose de las inversiones del Fondo Nacional del Café que en el cierre anual de 2016 arrojó un resultado de 91.000 millones de pesos, alrededor de 32 millones de dólares.

EL CAFÉ BASURA AMENAZA A COLOMBIA

La Federación Nacional del Café no se nutre sólo de los 6 centavos de dólar por caja exportada sino que ella misma funciona también como una exportadora más de café. O mejor dicho, como la exportadora que más grano mueve al año.

La FNC comercializó el 25% de las exportaciones entre 2007 y 2016. En ese mismo periodo, una decena de empresas y cooperativas controlaron el 50% de las ventas internacionales, según los datos de la misma Federación analizados por esta investigación. Las que más, Carcafé, que exportó el 8,9% del café; le sigue Expocafé, con el 7,5%, y Racafé, con el 7%.

Foto: Iván M. García

Foto: Iván M. García

Las cifras hacen referencia al grano sin tostar ni descafeinar, que representan el 98% de las exportaciones de Colombia.

“La FNC no está por defender los intereses de los productores. No es sólo que uno de cada cuatro sacos de café lo exporta ella misma, sino que los tres restantes lo hacen exportadoras privadas. Es decir, que las tres cuartas partes del negocio del café está en manos de exportadoras privadas. Y ellas son los que terminan influyendo en la FNC a través del Gobierno”, argumenta Aureliano Suárez, economista, fundador de Dignidad Cafetera (aunque ya fuera del movimiento) y excandidato a la gerencia de la federación en 2015.

No obstante, la mayor crítica que recibe la FNC, según Suárez, es el visto bueno que le dio en 2004 a un cambio en los estatutos de la Organización Internacional del Café (OIC) a instancia de Estados Unidos.

La resolución 407, aprobada en 2001, estableció unos parámetros estrictos de calidad para que el café pudiera comercializarse bajo el certificado de la OIC. Esta medida buscaba sacar del mercado a los cafés de mala calidad y así mejorar los precios. Lo que hizo la nueva resolución 420 fue abrir el abanico y permitir que todos los cafés pudieran comercializarse con un sello de la OIC, solo detallando distintos niveles de calidad.

Y ahí es cuando se empezaron a comercializar los granos de mala calidad, como el de Vietnam. De hecho, de los 115 millones de sacos que se mueven hoy en día sólo el 50% da registros de calidad, asegura el economista.

Suárez mantiene que ese alto grado de competencia no ha hecho otra cosa que poner un techo al crecimiento del caficultor colombiano. “Sobre todo al pequeño productor de una o dos hectáreas que no tiene cómo hacer frente a la injerencia del café basura del exterior, los fondos de inversión que manejan el comercio bursátil ni la tasa del peso,” concluye.

Mientras esto sucedía en el panorama internacional, la FNC sólo permitía la exportación del café tipo Excelso. Es decir, el mejor grano de Colombia, con unas medidas, sabor y calidad únicas en el mundo. Y no fue hasta 2015 que con “el propósito de mejorar el ingreso de los caficultores colombianos”, el Comité Nacional de Cafeteros autorizó la exportación de las enormes cantidades de granos de café de menor calidad y que también se producen en Colombia.

“Llegados a este punto, hay dos posibilidades: o se desmonta este sistema para rehacerlo, o se luchan por mejoras. Pero me temo que las autoridades en este país no van a pelear por nada. Ellos no representan los intereses del productor”, concluye.

De cualquier modo y hasta que una de esas dos posibilidades se materialice, pequeños productores como Francisco Restrepo seguirán saliendo a recoger café antes del alba. Seguirán echando diez, once, doce horas al día ladera arriba y abajo desgranando las matas. Seguirán pagando a un precio altísimo la poca mano de obra que le queda a la caficultura. Seguirán sin poder cuadrar los gastos con las utilidades. Y, sobre todo, seguirán viendo como se echa a perder el café, el cultivo más representativo de Colombia, mientras la FNC multiplica dividendos año tras año.


Fuente: Imágenes satelitales de ESRI World Imagery. Mapas realizados con CARTO. Fotografía de Iván M. García. El índice de precios de Colombia (IPC) fue obtenido del Departamento Nacional Administrativo de Colombia (DANE). Todos los datos de comercio internacional usados en este reportaje provienen de la base de datos de comercio internacional de BACI, basándose en datos originales de la División Estadística de la ONU.

 

 

 


Las tierras robadas por los bananeros en Colombia

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Ver también: El cartel del azúcar de Guatemala

La agonía del café colombiano

John Jairo Pérez regresa cada cierto tiempo a la parcela que tuvo que vender hace más de 15 años. Camina en silencio entre las plantas de banano que hay sembradas, con el rostro serio, y observa las pencas que van naciendo. “Ese tallo habrá que podarlo, si no, terminará tumbando la mata de al lado”. Se detiene bajo los gajos aún verdes. “Este lo recogerán pronto”.

John Jairo Pérez (Foto: Iván M. García)

John Jairo Pérez (Foto: Iván M. García)

Ronda los 50 años y llegó a la finca La Niña, en la región del Urabá, Colombia, en 1982, junto con otras 36 familias que andaban buscando tierra que cultivar. “La ocupamos respaldados por la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y su política de recuperación de terrenos sin cultivar”, explica.

El EPL, desmovilizado en los años 90, promovió la invasión de parcelas en desuso en un país donde el 14% de los propietarios es dueño del 78% de las tierras, según la Universidad de los Andes.

“Yo cultivaba plátano”, apunta. “Además, aquí todos teníamos palos frutales: mangos, cocos, aguacates”. Hasta que en el 2000 llegó uno de los dueños de la compañía Bananeras de Urabá y miembro de una de las familias bananeras más importantes de Colombia, Felipe Echeverri, y le dijo que esas tierras eran de un comandante paramilitar que quería recuperarlas.

La región de Urabá, donde se instalaron las multinacionales bananeras a principios de siglo, ha sido durante décadas un polvorín. La ausencia del Estado propició que las guerrillas comunistas del EPL y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se movieran a sus anchas desde la década de los 70.

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Extorsionaban y secuestraban a ganaderos y propietarios de grandes cultivos -principalmente bananeros- controlaban los sindicatos, se disputaban territorios y aprovechaban el corredor hacia el mar Caribe para introducir armas y financiarse con el tráfico de cocaína.

En respuesta a las guerrillas, entraron al tablero los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), al margen de la ley y de la “lucha antisubversiva”, tal y como ellos sostenían. Y también las Convivir, cooperativas de seguridad privada –amparadas, legalizadas y armadas por el Estado– y auspiciadas por la agroindustria y la ganadería.

John Jairo cuenta que Echeverri lo convocó, junto con otros vecinos, en La Teca, una vereda cercana. Pero cuando los representantes de las familias llegaron a la reunión, se toparon con un grupo de paramilitares armados. Con Echeverri estaba Rafael García, uno de los principales líderes paramilitares que operaban en el Urabá, la estratégica bahía del Mar Caribe que forma parte de la ruta marítima hacia Panamá, México y Estados Unidos.

En la reunión, el bananero les dijo que si querían quedarse con las tierras debían pagar 10 millones de pesos (unos 4.800 dólares en la época) por hectárea. Los campesinos pusieron el grito en el cielo: ¿por qué pagar por unas tierras que llevaban años cultivando?

“Entonces García se sacó el revólver del cinturón, lo puso sobre la mesa y dijo: esto se negocia hoy porque se negocia”, cuenta el campesino.

Finalmente, el precio quedó en 4 millones por hectárea (1.900 dólares). Algunas familias entregaron las tierras y otras, como la de Pérez, se quedaron y trataron de pagar la cuota. “Pero un temporal se llevó nuestros cultivos, y no pudimos hacer frente a la deuda. Así que, al final, tuvimos que vender nuestras parcelas por mucho menos de lo que valían”, relata el campesino.

Hoy, 15 años después, John Jairo y el resto de las familias reclamantes siguen esperando una resolución judicial que les permita recuperar sus tierras. Pero el de La Niña no es un caso aislado. Hoy, miles de reclamaciones continúan aún por tramitar en la mayor región bananera de Colombia.

Juan Benito: Otro de los afectados por el episodio de La Niña. Benito era uno de los portavoces de los campesinos en la reunión de La Teca. Cuenta como el jefe paramilitar Rafael García dijo ante la fiscalía que desenfundó el revólver porque “le tallaba la cintura”. “En aquel entonces, esa era la Ley aquí. O uno hacía lo que le decían o le tocaba ir comprándose el cajón (ataúd)”, se lamenta (Foto: Iván M. García)

Juan Benito: Otro de los afectados por el episodio de La Niña. Benito era uno de los portavoces de los campesinos en la reunión de La Teca. Cuenta como el jefe paramilitar Rafael García dijo ante la fiscalía que desenfundó el revólver porque “le tallaba la cintura”. “En aquel entonces, esa era la Ley aquí. O uno hacía lo que le decían o le tocaba ir comprándose el cajón (ataúd)”, se lamenta (Foto: Iván M. García)

Los sectores bananero y ganadero en la región de Urabá, representados por unas pocas familias, financiaron sistemáticamente a grupos paramilitares para protegerse y desplazar a los campesinos de la región. Así, se aprovecharon del conflicto en la zona comprando tierras a muy bajos precios de agricultores que huían de la violencia.

Todavía, gran parte de las tierras donde se cultiva banano en Colombia siguen en disputa. Años después de que las grandes multinacionales del banano pusieran fin a su dominio en el país, el sector permanece en manos de un puñado de grandes productores, como Echeverri, que además controlan la comercialización del fruto.

La finca La Niña se ubica entre las miles de hectáreas plantadas en la región del Urabá. En el eje bananero de Urabá –municipios de Turbo, Carepa, Apartadó y Chigorodó– se concentran 34.000 de las casi 50.000 hectáreas de banano cultivadas en Colombia. Colombia es el cuarto mayor exportador de banano del mundo por detrás de Ecuador, Filipinas y Costa Rica. Más del 90% del banano colombiano termina en los supermercados de Europa y Estados Unidos.

Plantaciones de banano en Colombia

Fuente: Censo Agropecuario Nacional de 2014

LOS EMPRESARIOS QUE SE APROVECHAN DEL CONFLICTO ARMADO

El problema de la tierra es endémico en Colombia. La organización internacional Oxfam señaló en el informe Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina que este es el país más desigual en lo que se refiere a la concentración de extensiones cultivables.

“No es posible combatir la desigualdad en América Latina sin abordar las diferencias abismales en el reparto de la tierra, que siguen provocando conflictos sociales y ambientales y una persecución cada vez mayor contra los defensores de las comunidades y el campesinado”, señala la organización en el informe.

En el Urabá esa desigualdad ha generado una violencia tal, que sus cifras están aún por sistematizar. Pero el portal de investigación Verdad Abierta habla de 2.950 homicidios políticos entre 1995 y 1997. Además, el Centro Nacional de Memoria Histórica da cuenta de 72 masacres entre 1990 y 2007 (la mayoría realizadas por grupos paramilitares) y el Registro Único de Víctimas contabiliza 258.000 casos de desplazamiento forzado desde 1985 sólo en el eje bananero: Turbo, Carepa, Apartadó y Chigorodó. Los civiles y campesinos fueron los más afectados.
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Las tierras de la finca La Niña pertenecían a la familia Hasbún Mendoza, pionera en la siembra de banano para la exportación desde Urabá. En concreto a Raúl Hasbún, un conocido bananero que tras ver como campesinos respaldados por la guerrilla ocupaban varios de sus predios, entró a formar parte de las autodefensas.

El antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) decretó la expropiación de las tierras de la Niña en junio de 1989 ya que Hasbún llevaba años sin cultivar. “Así que los paramilitares nos cobraron esas tierras cuando ya eran del Estado. Y después de que nos tocó salir, la mayoría de parcelas, como la mía, se las quedó Bananeras de Urabá”, lamenta John Jairo Pérez.

La Niña se encuentra en Turbo. El municipio alberga 10.000 hectáreas de banano que lo convierten en el mayor productor de la región. Entre 2007 y 2014 obtuvo 3,2 millones de toneladas, seguido del resto de municipios del eje bananero de Urabá.

Turbo es la salida natural al Golfo del Urabá. Un enclave estratégico que aprovecharon ya los grupos paramilitares para mover los envíos de cocaína e introducir armas en la región.

Sus 3.055 kilómetros cuadrados, la mayoría en áreas rurales y selváticas, lo han convertido en el municipio elegido para la construcción de Puerto Antioquía, una terminal en principio multipropósito; pero que se perfila como exclusiva prácticamente para la exportación de banano.

Pero Turbo ostenta también otro récord algo más amargo. Es el municipio colombiano con mayor número de solicitudes de restitución de tierras por parte de desplazados por el conflicto: 2.524. Entre éstas, la de Pérez. Y es el municipio que más casos debe tramitar aún: 1.454.

Número de solicitudes de restitución de tierras en trámite por municipio

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

“Los paramilitares llegaban a un pueblo, acusaban a algunos campesinos de colaborar con la guerrilla y los mataban en la plaza, delante de todos. Hubo mucha masacre. Entonces llegaban los comisionistas o los testaferros de los grandes empresarios. ¿Y ustedes qué van a hacer con las tierras? Y claro, los campesinos vendían. ¡Cómo no iban a vender! Pero lo hacían por muy poca plata. Lo único que querían era salir de allí”, explica Carlos Páez de Tierra y Paz, organización que agrupa a buena parte de esos campesinos desplazados en el Urabá.

Hoy, en los municipios del eje bananero del Urabá, existen más de 3.700 solicitudes de restitución de tierras que están todavía en trámite. Gerardo Vega, ex integrante del EPL y director de la Fundación Forjando Futuros, que asesora reclamantes de todo el país, califica como “fracaso” la política de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

En 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos creó la URT para administrar y gestionar las solicitudes de restitución de tierras de las víctimas de despojo o abandono forzado por el conflicto armado.

“Los jueces aquí deben encargarse de los procesos de tierras pero también de tutelas ordinarias. Así, las sentencias se retrasan”, se excusa Elkin Rocha, coordinador de la URT en Urabá. Es decir, para Rocha, la URT avanza en los trámites, pero el cuello de botella se encuentra a la hora de obtener resoluciones judiciales.

Hasta el momento, solo se han resuelto con sentencia el 5% de las más de 100.000 solicitudes presentadas en todo el país. En el eje bananero de Urabá, el porcentaje cae hasta el 3% de las peticiones de restitución de tierras.

“De todos modos, las dificultades de orden público son definitivas”, añade Rocha en referencia a las bandas criminales emergentes (Bacrim) surgidas del paramilitarismo tras su desmovilización entre 2003 y 2006. A esto se suman las rutas del narcotráfico y de migración ilegal, la cada vez más frecuente minería ilegal y el hecho de que monte adentro no se vean apenas uniformados del Estado.

“La falta de seguridad que existe en esta zona puede detener un trámite administrativo fácilmente, aplazar una vista de los técnicos de la URT a un predio en concreto o impedir a un juez acudir a terreno a estudiar un caso en particular y dictar rápidamente una sentencia,” remacha el coordinador de la Unidad de Restitución de Tierras.

Hasta la fecha, según la Fundación Forjando Futuros, sólo ha habido una compañía bananera –C.I. Carib Banana– con una sentencia en contra en un proceso de restitución.

Según el Tribunal Superior de Antioquia la propietaria del predio lo vendió a la empresa porque “grupos armados ingresaban para acampar y eso le generaba miedo”. Situación que aprovecharon los actuales propietarios para pagar un precio menor del que correspondía. La directiva de C.I. Carib Banana no quiso aportar su versión de lo sucedido.

TONELADAS DE BANANO EN MUY POCAS MANOS

Felipe Echeverri es hijo de Rosalba Zapata, una de las empresarias más influyentes del Urabá. Su origen bananero se remonta a Arcesio Echeverri, abuelo de Felipe, que trabajó para la multinacional americana United Fruit Company (actualmente Chiquita Brands) a principios del siglo XX. La compañía americana estuvo marcada en Colombia por la Masacre de las Bananeras, en la que decenas de trabajadores en huelga de United Fruit fueron asesinados por el Gobierno colombiano en 1928.

Rosalba Zapata es la representante legal de la compañía Bananeras de Urabá, que controla más de 600 hectáreas de banano en la región y se ubica entre las 15 mayores bananeras de Colombia, según datos del Gobierno.

Un puñado de apellidos se repiten y entrelazan entre los grandes dueños del banano: Restrepo, Henríquez, Echeverri, Velásquez o Zapata. Pocas manos dominan el sector: los productores que poseen plantaciones de más de 100 hectáreas controlan la mitad –casi el 54%– de este cultivo, según datos de 2014 del Censo Agropecuario Nacional analizados para esta investigación. Sin embargo, solo representan el 6% de los productores bananeros.

En 2009, la mitad de las hectáreas cultivadas de banano estaban en manos de 36 productores, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

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La United Fruit Company tenía en la década de los años 20 el monopolio absoluto de la producción y exportación de banano en toda América Latina. Concretamente en Colombia, inició sus operaciones en la zona del Magdalena, donde poseía su propio ferrocarril y disponía de un sistema de salud exclusivo para sus trabajadores.

La hegemonía se prolongó durante décadas y en 1960, la bananera se instaló en el Golfo del Urabá. Continúo creciendo y pasó a constituirse en 1970 en la United Brands Company, y en 1985 se convirtió en Chiquita Brands International.

Hasta 2004, Chiquita Brands dominó gran parte de la producción y el mercado en Colombia. Pero ese año, la compañía salió del país tras ser acusada e investigada por vínculos con grupos armados. Finalmente, en 2007 la multinacional se declaró culpable en Estados Unidos de financiar grupos paramilitares y fue condenada a pagar una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Condena que generó no poca polémica entre víctimas de los paramilitares en el Urabá.

La salida del país de Chiquita Brands puso fin al absoluto dominio que tuvieron las multinacionales sobre este sector durante décadas. Ahora, los grandes productores bananeros colombianos controlan la producción y la comercialización.

Las comercializadoras son las que marcan el ritmo del negocio. Banacol es la segunda exportadora del país. La primera es Unibán, que declinó hacer declaraciones para esta investigación.

Entre las dos compañías controlan el 60% de la producción de banano de exportación en Colombia entre 2008 y 2015, Unibán exportó el 40,6% y Banacol el 19,6%. O lo que es lo mismo, comercializaron 3 de cada 5 cajas de banano que salieron del país durante ese periodo.

El porcentaje es mayor si se habla solamente de la región del Urabá, donde las dos compañías controlan el 75% de las exportaciones.

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De nuevo, la ausencia de las administraciones explica este hecho. Los dos únicos puertos por los que se exporta banano, Zungo y Nueva Colonia, son privados y pertenecen a las comercializadoras. Banacol posee tres terminales y Unibán controla otras dos.

Las dos compañías ofrecen también servicios logísticos a comercializadores más pequeños que tratan a duras penas de mantener su independencia. “Banacol y Unibán definen las tarifas, que son similares. Aunque sólo prestamos servicio a compañías grandes y serias”, advierte la directiva de Banacol.

Banacol, en palabras de Fernández, “tiene un control total de la cadena”. Produce, comercializa y ofrece servicios logísticos tanto a productores agrícolas para exportar desde Urabá como a compañías de otros sectores que quieran llevar mercancía a esa región.

“La totalidad de la fruta de Urabá se exporta a través de Unibán y Banacol. El 95% del volumen que movemos proviene de fincas propias. Tenemos 39, con un total de 6.500 hectáreas. El 5% restante procede de fincas socias”, explica Juliana Fernández, directora de Asignación de Fruta de la comercializadora Banacol.

De este modo, Banacol no es sólo la segunda gran comercializadora sino también el primer productor de banano de Colombia.

La comercializadora Banacol nació en noviembre de 1980 como una escisión de Unibán, que fue fundada por bananeros colombianos 14 años antes, en 1966, para romper el monopolio de las multinacionales en el país. La americana Chiquita Brands terminó su marcha de Colombia con la venta de todas sus fincas a Banacol en 2004. Con la operación, valorada en 50 millones de dólares, la comercializadora colombiana compró más de 5.000 hectáreas de banano a precio de saldo.

A cambio, Banacol firmó un contrato para seguir vendiendo gran parte de su producción a la multinacional bananera. El trato, sin embargo, especificaba que la parte compradora era Invesmar Limited, una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Según documenta el registro empresarial colombiano, Invesmar es la matriz de la sociedad colombiana Comercializadora Internacional Banacol.

El vínculo de la comercializadora con paraísos fiscales también se alarga a otros países como Panamá. Los dueños de Banacol aparecen vinculados a tres sociedades en el país centroamericano sin que exista ninguna actividad agrícola de la compañía en el país: Banana International Corporation, Banacol Corporation e Inversiones Banacol Panamá. Las sociedades anónimas en Panamá no pagan impuestos de ganancias o bienes hechas en el extranjero.

BANANERAS QUE FINANCIARON EL PARAMILITARISMO

Ever Veloza, alias ‘HH’, comandante del Bloque Bananero del grupo paramilitar de las ACCU reconoció en versión libre ante la Fiscalía en abril de 2011 que las bananeras financiaron directamente a los paramilitares para que mantuvieran a las guerrillas a raya.

Y eso fue así hasta que el propio Hasbún tramitó la creación de la Convivir Papagayo en noviembre de 1996 ante la Gobernación de Antioquia. A partir de ese momento, la empresa de seguridad fue la pantalla legal para recoger fondos de bananeras que en realidad se destinaban a las Autodefensas.

“Entraban tres centavos de dólar por cada caja exportada, unos 400 millones de pesos mensuales”, dijo Hasbún ante los tribunales de Justicia y Paz en 2011. Según el excomandante paramilitar, entre el 90% y el 95% de los productores de banano de Urabá aportaron dicha cuota a la Convivir Papagayo. Como prueba, entregó a la Fiscalía un listado propio de 270 bananeros presuntamente implicados.

Foto: Iván M. García

Foto: Iván M. García

De los 36 productores de banano que controlaban la mitad de la superficie cultivada en 2009, 24 aparecían en el listado de los paramilitares, tal y como ha documentado esta investigación.

Entre ellas, las cinco mayores de Colombia: Agrícola El Retiro (5.595 hectáreas), Probán (1.900 Ha), Agrícola Santamaría (1.662 Ha), Centurión (1.001 Ha) y Agropecuaria Grupo 20 (931 Ha). En su totalidad, las bananeras aportaron entre 1997 y 2007 unos 4.695 millones de pesos a las ACCU, según la Fiscalía.

“Ese dinero se utilizó para comprar armas, (…) munición, se utilizó para pagar el sueldo de los muchachos, la bonificación que se les daba. Se utilizó para comprar comida, uniformes, material de intendencia. Entonces desde luego sirvió para matar gente en Urabá”, reconoció el comandante paramilitar ‘HH’ en 2011.

Durante esa década en que los paramilitares recibieron liquidez a través de la Convivir Papagayo, las exportaciones de banano pasaron de suponer 656 millones de dólares en 1997 a 970 millones en 2007.

“Nunca hicimos directamente ningún pago a paramilitares. Los hacíamos a las Convivir, que fueron promocionadas por el Estado para garantizar la seguridad. No teníamos ni idea de que parte de esos recursos fueran para las Autodefensas”, dice Juliana Fernández, directora de Asignación de Fruta de la comercializadora y productora Banacol.

Este argumento se repite en todas las compañías que destinaron fondos a la Convivir Papagayo. No obstante, ya desde 1998 Human Rights Watch venía denunciando que “las Convivir desdibujan peligrosamente la línea divisoria entre civiles y combatientes, lo que expone a los civiles al riesgo de ataque. (…) y algunas de ellas han asesinado o amenazado de muerte a civiles.

Años después, en 2012, el Tribunal Superior de Antioquia ratificaba la sentencia de 2010 que condenaba a seis años de prisión al gerente de la Convivir Papagayo, Arnulfo Peñuela, y al coordinador de ésta en el Urabá, Antonio Arboleda. Éste último estuvo presente en la reunión que los habitantes de La Niña tuvieron con el bananero Echeverri y el jefe paramilitar Rafael García en La Teca.

“A medida que fuimos tomando control sobre esta zona, todos los beneficios laborales se fueron perdiendo”, explicó ‘HH’ ante la Fiscalía. “Creo que nuestro accionar sí perjudicó al trabajador bananero y benefició enormemente a los empresarios”, remata.

CONTROLANDO LA SALIDA AL MAR

“Las dos únicas salidas que hay en Urabá son privadas y sólo pasa aquel a quien el dueño le da permiso. No hay libertad. ¿Para qué sembrar banano si no se tiene la certeza de poder salir por esos puertos?”, lamenta Jorge William Restrepo, asistente de gerencia de Bananeras de Urabá.

La bananera posee seis fincas cuyas 640 hectáreas producen un millón y medio de cajas de banano al año. Todas comercializadas a través de Unibán, donde tienen un puesto en la junta directiva. Restrepo asegura que el modelo de negocio no deja grandes ganancias.

Datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia reflejan, sin embargo, que los beneficios después de impuestos de Bananeras de Urabá sumaron 1,4 millones de dólares. Un margen del 13%. Agrícola El Retiro, propiedad de Banacol, es la bananera más grande de Colombia. En 2015, su margen de beneficio alcanzó el 26%, con ganancias por 18 millones de dólares.

El proceso de recolección del banano es sencillo. Las cuadrillas, equipos de tres o cuatro trabajadores, se internan en la plantación. Entre ellos, hay siempre uno más alto que el resto. Es el encargado de cortar los racimos. El resto los carga a la espalda protegidos por unas almohadillas y los van colgando en las garruchas, unos ganchos que penden del cable por el que se saca la fruta.

Foto: Iván M. García

Foto: Iván M. García

Cuando ya no quedan garruchas libres, uno de los operarios se coloca una especie de faja unida a los ganchos y los arrastra por el cable hasta la planta empaquetadora. Allí, otros equipos arrancan con cuidado cada uno de los bananos, los lavan en una gran pileta de agua, los pesan y los empaquetan manualmente en cajas de cartón. La fruta está aún verde, porque madurará en el transporte para que llegue en su punto a Europa.

Claudia Argote, propietaria de la productora Agroban, encuentra su mayor obstáculo en llegar directamente al distribuidor en Europa o Estados Unidos. “Tenemos dificultades en encontrar mercados nuevos en el exterior. En Europa, por ejemplo, generan mucha más confianza las grandes compañías como Unibán o Banacol que una pequeña comercializadora, Coindex, por medio de la que exportamos nosotros”, dice.

Argote califica de duopolio lo que sucede en Urabá. “Con más inversión pública en los puertos, ese duopolio sería menor, Urabá tendría más dinamismo económico y empresarial, y el productor, más independencia”.

Juan Camilo Restrepo es el presidente de AUGURA, la patronal que agrupa a productores y comercializadoras. Para él, el modelo de exportación no presenta problema. “Es la ley de la oferta y la demanda. Si dos empresas privadas tienen la infraestructura y desarrollan el negocio con eficacia, puede haber críticas individuales; pero en absoluto las compartimos como gremio”, sentencia.

Restrepo sostiene que en los últimos 50 años, las infraestructuras en el Urabá la ha puesto el sector privado. Desde los puertos actuales, que construyó la United Fruit Company (la actual Chiquita Brands) hasta el mantenimiento de las vías y carreteras que conectan las fincas productoras con las terminales.

El presidente de la patronal califica a la región del Urabá como “la esquina más estratégica de América”. Quizá por ello, finalmente el ministerio de Transporte ha proyectado la construcción de tres puertos: Puerto Antioquia, Turbo Pisisí y el de Necoclí. Por los dos primeros se moverá presumiblemente el banano.

Para el asistente de gerencia de Bananeras de Urabá, Jorge Willliam Restrepo, estos puertos llegan tarde y llegan mal. “Siguen siendo privados y Unibán y Banacol ya están estudiando cómo van a participar en ellos. Además no hay vías adecuadas para alimentarlos de carga. Las carreteras que tenemos no son aptas para camiones y estos puertos sin vías de acceso no son nada. Es imposible que se mantengan solamente con carga de banano. Vamos a tener varios elefantes blancos en la región”, concluye.

¿UN FUTURO SIN CONDENAS?

Y ante los retos que enfrenta la industria para mantenerse competitiva en el mercado y superar las dificultades de comercialización, el miedo a una condena por las consecuencias del despojo de tierras o la financiación a grupos ilegales no es una preocupación real para las bananeras.

Tal es el caso de Bananeras de Urabá, que fue una de las pionera en la región. “Las guerrillas controlaban los sindicatos y se estaban matando entre ellos. Luego, llegaron las Autodefensas, que también nos hicieron muchísimos daño a nosotros, eran tiempos difíciles”, explica Restrepo.

Carmen Berrío: Reclamante de tierras en Los Mangos, Turbo. “Ahí vivíamos toda la familia hasta que nos tocó irnos cuando ellos llegaron”, explica sobre los encapuchados que llegaron a su finca armados con fusiles en 1995. Cuando regresó unos años después, la encontró llena de paramilitares. A la espera de una resolución judicial, todavía sigue recibiendo amenazas para que no siga reclamando su tierra. Enseña un pedazo de papel que le dejaron bajo la puerta como advertencia. “Son los nombres de toda la gente que mataron en Los Mangos y que yo conocía” (Foto: Iván M. García)

Carmen Berrío: Reclamante de tierras en Los Mangos, Turbo. “Ahí vivíamos toda la familia hasta que nos tocó irnos cuando ellos llegaron”, explica sobre los encapuchados que llegaron a su finca armados con fusiles en 1995. Cuando regresó unos años después, la encontró llena de paramilitares. A la espera de una resolución judicial, todavía sigue recibiendo amenazas para que no siga reclamando su tierra. Enseña un pedazo de papel que le dejaron bajo la puerta como advertencia. “Son los nombres de toda la gente que mataron en Los Mangos y que yo conocía” (Foto: Iván M. García)

Sin embargo, se escuda en que las acciones de la compañía fueron transparentes pues en todo estos años “ningún proceso contra nosotros ha salido adelante. No hay condena.”

Y aunque es cierto, el pasado mes de febrero la Fiscalía General de la Nación declaró como delito de lesa humanidad la financiación que dieron las compañías bananeras a los grupos paramilitares en el Urabá a través de las Convivir, cuando estas eran legales. Estas organizaciones entregaron luego los fondos a los grupos paramilitares de la zona.

Según denuncia la Fiscalía, el sector bananero “financió de forma voluntaria a un grupo armado ilegal con el fin específico de garantizarse seguridad sin importar el precio o el método utilizado”. Esta resolución evitaría que estos crímenes prescriban en el tiempo.

La Fiscalía concluye que con ese dinero no solo se garantizó el funcionamiento, permanencia y crecimiento de los grupos armados sino que se compraron las armas que posteriormente fueron utilizadas para ejecutar masacres.

Con ello, el ente investigador deja un precedente que podría repetirse para otras empresas productoras o comercializadoras denunciadas por paramilitares. Compañías como Unibán, Banacol o Bananeras de Urabá podrían responder en Colombia por crímenes de lesa humanidad. Pero por ahora, el proceso es lento, si es que llega a darse.

La única empresa que ha sido condenada por vínculos directos con paramilitares fue Chiquita Brands. Pero el proceso tuvo lugar en Estados Unidos y no en Colombia, con lo cual, ni un centavo de los 25 millones de dólares que se pagaron de multa llegaron al país para reparar a las víctimas.

Víctimas como John Jairo Pérez no pierden la esperanza de recuperar su parcela. “¿Qué siento cuando regreso a mi tierra? En realidad no es rabia. Lo único que tengo es ilusión de poder recuperarla y tenerla tan linda como la tienen ellos”.

Fuente: Imágenes satelitales de ESRI e Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Mapas realizados con CARTO. Fotografía de Iván M. García y material gráfico adicional de New York Times y Puerto Antioquía Urabá. Todos los datos de comercio internacional usados en este reportaje provienen de la base de datos de comercio internacional de BACI, basándose en datos originales de la División Estadística de la ONU.

Las sociedades en que se funde la fortuna de la familia Piñera Morel

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“Mi madre siempre me dijo: si hay algo de mal gusto, es hablar de plata”, respondió el ex presidente Sebastián Piñera cuando en el matinal de Mega le preguntaron por el valor real de la fortuna de su familia. La Tercera había informado que en la declaración de patrimonio que entregó al Servel –como precandidato– incluyó activos por US$600 millones, lejos de los US$2.700 estimados por la revista Forbes. Piñera reconoció que la declaración subestima el valor real de su fortuna, pues considera avalúos fiscales y el “valor libro” de las empresas, pero invocó a su madre para no transparentar el verdadero volumen de sus activos.

“La revista Forbes estima un patrimonio familiar y lo que yo hice es declarar un patrimonio personal”, dijo en una entrevista posterior con Pedro Carcuro. Piñera y sus voceros se han esmerado en presentar las inversiones del candidato y las de sus hijos como dos carriles separados. Pero la división no es tan clara, tal como el propio Piñera lo describió en la misma entrevista de TVN: “Con mi mujer y mis hijos conformamos una sociedad hace más de 30 años y juntos hemos emprendido muchos proyectos y muchas empresas”.

BIDev SPMCIPER reconstruyó la trama societaria familiar de los Piñera Morel, la que cobra importancia en esta nueva carrera a La Moneda, porque no solo el candidato hará un fideicomiso, sino también su esposa e hijos, aunque la ley no lo exige. A diferencia de lo que hizo en la campaña de 2009, Piñera incluirá en su fideicomiso sus inversiones en el extranjero, pero sus herederos dejarán fuera sus negocios en el exterior. Así, pese a ir “más allá de la ley”, como suele insistir Sebastián Piñera, una parte importante de los negocios que ha creado y que poco a poco ha transferido a su familia, seguirá fuera del alcance del ojo público.

El año pasado Radio Biobío reveló la existencia de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, y el diario Pulso dio a conocer una segunda en Luxemburgo, propiedad de los herederos de Piñera. Pese a las críticas que recibió en ese momento, Piñera no transparentó todas las sociedades en paraísos tributarios en las que participa su familia. Hay una tercera que omitió: Bancard International Development Inc., basada en las Islas Vírgenes Británicas, y descubierta por CIPER durante la investigación para este reportaje.

FORTUNA FAMILIAR OFF SHORE

El ex presidente Piñera al anunciar que sus hijos van a poner parte de sus inversiones en un fideicomiso ciego voluntario, informó que él vendió su participación en las sociedades familiares. Lo cierto es que es difícil separar el patrimonio de los distintos integrantes del clan Piñera. Comparten sociedades cuyo capital tiene el mismo origen –la fortuna de Sebastián Piñera Echenique– y lo que éste ha hecho es desligarse formalmente de su propiedad o bien entregarles una herencia en vida (sin pagar los onerosos impuestos a la herencia o a las donaciones).

Además, todas estas sociedades forman parte del llamado Grupo Bancard, que administra los negocios familiares. Es desde los cuarteles generales que Piñera tiene en Apoquindo 3000, que el equipo encabezado por el gerente general del Grupo Bancard, Nicolás Noguera, administra en conjunto el patrimonio de Piñera y el de su familia, que en la práctica es un family office.

Al menos dos de sus hijos todavía eran menores de edad cuando Piñera los incorporó como socios de sus empresas. Esto demuestra que ellos no generaron el dinero que hoy está a su nombre y que su patrimonio está completamente fundido con el de su padre. En 1997, Cristóbal Piñera Morel tenía apenas 13 años y su hermano Sebastián, 15. De enero de ese año data la primera publicación en el Diario Oficial que los sitúa como accionistas de Inversiones Bancard Limitada, junto a sus hermanas Cecilia y Magdalena. Cada uno de los Piñera Morel tenía entonces más de $520 millones de participación en esa sociedad.

Poder BII a SPESólo nueve meses más tarde, en septiembre de 1997, Sebastián Piñera creó en las Islas Vírgenes Británicas la sociedad Bancard International Investment Inc., la que sería representada por  Inversiones Bancard Limitada, la sociedad en que participan sus hijos. De acuerdo a un documento oficial de esa jurisdicción, la empresa tiene un capital autorizado de casi US$103 millones (ver documento). Su nombre salió a la luz cuando se descubrió que a través de esa sociedad Piñera tenía acciones de la pesquera peruana Exalmar y que funcionaba como un vehículo de inversión en el exterior (ver el reportaje “Piñera offshore: las inversiones en Latinoamérica de su sociedad en un paraíso fiscal).

Las escrituras revisadas por CIPER dan cuenta de que Inversiones Bancard actuaba como director de Bancard International Investment y le entregaba un poder a Sebastián Piñera Echenique para operar en su nombre (ver documento de marzo de 2004). El ex presidente fue también director de esta sociedad en las Islas Vírgenes al menos hasta enero de 2009, fecha en que firmó una escritura para sumar como apoderado a su hijo Sebastián. Sería este último quien lo reemplazaría en las siguientes escrituras como director de la misma sociedad, al menos hasta agosto de 2015.

No está claro en qué momento Bancard International Development Inc. se sumó al holding de empresas de la familia Piñera, pero las referencias más antiguas encontradas por CIPER en las escrituras revisadas para este reportaje son de 2004. Desde entonces se comportó en Chile casi como un espejo de la otra sociedad domiciliada en las Islas Vírgenes, primero con Sebastián Piñera Echenique como director, y luego con Sebastián Piñera Morel cumpliendo ese rol (ver documento de agosto de 2015).

Inversiones Bancard Ltda, la misma donde los hijos de Piñera debutaron en el mundo de los negocios, tiene su origen en una antigua empresa “zombie” y fue utilizada por su padre para eludir el pago de millones de pesos en impuestos (ver reportaje).

En 2015, CIPER reveló que dos sociedades del grupo habían sido denunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por emitir boletas sin respaldo a SQM por un total de $344 millones. Se trata de Vox Populi y Administradora Bancorp, ambas sociedades en las que los cuatro hijos de Piñera tenían participación relevante.

La segunda fue, además, la que suscribió una operación ficticia de forward con el Grupo Penta, la que actualmente es investigada por el Ministerio Público. Sobre este episodio, el abogado de Piñera, Fernando Barros, dijo a El Mercurio: “Administradora Bancorp es parte del conglomerado de empresas y en este caso concreto cuelga del área de empresas de los hijos. Por eso, Sebastián Piñera no ha estado involucrado en su gestión”.

Administradora Bancorp era propiedad de Inversiones Bancorp Limitada (de Piñera, su mujer y sus hijos) y de Inversiones Santa Cecilia S.A., que a su vez está controlada por la anterior (ver reportaje).

LA SAGA GRIEGA

La Iliada, la Odisea y la Eneida, las tres grandes epopeyas grecolatinas, no sólo están unidas en sus argumentos por la Guerra de Troya, sino también por Sebastián Piñera. A partir de 2006, el ex mandatario creó una nueva línea de sociedades familiares para administrar su fortuna, a las que bautizó con el nombre de los tres relatos épicos.

Sebastián Piñera padre y Sebastián Piñera hijo

Sebastián Piñera Padre y Sebastián Piñera hijo

La primera en emerger fue Odisea. Su antecedente en la estructura societaria del empresario data en realidad de 2004, cuando junto a sus cuatro hijos constituyó Piñera Asociados como sociedad colectiva civil, una figura legal cuya característica principal es que no debe cumplir ninguna formalidad. Es decir, no debe publicarse su constitución en el Diario Oficial ni inscribirse en el Registro de Comercio, lo que la hace particularmente reservada para operar. Dos años más tarde, Sebastián Piñera la rebautizó como Inversiones Odisea Limitada.

En su constitución, la sociedad se caracterizó por el bajo aporte del padre –sólo $18 millones– mientras que cada uno de sus hijos figuraba invirtiendo $4.495 millones. A esa fecha, Cristóbal, el menor de los Piñera Morel, tenía 20 años y era estudiante de Sicología. Su hermano Sebastián probablemente estaba terminando su carrera de Ingeniería Comercial y Cecilia estaba recién titulada de pediatra. Magdalena, la mayor, es profesora de Historia y para entonces ya tenía varios años de experiencia laboral, pero nada que le permitiera invertir más de $4 mil millones.

Una cosa que resulta curiosa es el acceso que tenían los hijos de Piñera a la fortuna de la que en teoría ya eran dueños. Cuando en 2012 Cristóbal Piñera lanzó un emprendimiento en internet, señaló que pidió dinero a terceros y no al entonces presidente, y que como tuvo que renunciar a su trabajo debió volver a vivir a la casa de sus padres: “Viví seis meses de ahorros, me restringí de varias cosas que hacía antes”, dijo a La Tercera. Hablaba como un hijo de la clase media y no como el joven multimillonario que figuraba en las escrituras de las diversas sociedades familiares que integraba.

La participación de Sebastián Piñera Echenique representaba el 0,05% de Odisea cuando la vendió a sus hijos el 10 de marzo de 2010, un día antes de asumir la Presidencia de la República. Pero esa misma jornada, justo antes de desvincularse, Piñera ejerció un derecho sobredimensionado para su porcentaje de participación: podía elegir por sí solo a un miembro del directorio y dejó amarrado a su amigo y socio José Cox. Además, concurrió con su voto para elegir a Fernando Barros, su abogado de cabecera y creador de su red de sociedades.

Con Piñera formalmente fuera de Odisea, el nombre de ésta no hizo mayor ruido. Sin embargo, movía grandes volúmenes de dinero. Según La Tercera, en mayo de 2016 Odisea le prestó casi US$40 millones al grupo Cueto, al tiempo que invertía en numerosos fondos privados.

Odisea se hizo conocida cuando se supo de la compra de las acciones de Exalmar por parte de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado. En este fondo, Odisea tiene el 99,99999%, según informó al Ministerio Público el abogado de Mediterráneo, Juan Domingo Acosta, en la investigación por la compra de acciones en la pesquera peruana. El diario Pulso informó que Odisea es también la actual dueña de la sociedad afincada en Islas Vírgenes: Bancard International Investment.

Luego de que Piñera dejó La Moneda, Odisea sufrió dos cambios relevantes. En julio de 2014, los Piñera Morel, dueños cada uno de un 25%, volvieron a transformarla en una sociedad colectiva civil. Y en septiembre de ese año ingresó un nuevo socio mayoritario: Inversiones La Ilíada. Esta última se quedó con el 60,4%, tras aportar más de $345 mil millones (unos US$ 517 millones).

cristóbal piñera

Cristóbal Piñera

Durante la investigación por la compra de acciones en Exalmar, el Ministerio Público pidió documentos de varias de las empresas ligadas a la familia Piñera. El abogado Acosta se negó a entregar aquellos relacionados con La Ilíada, por haber sido creada fuera del “periodo relevante” (el periodo presidencial de Piñera, que terminó en marzo de 2014). Como también es una sociedad colectiva civil, no hay publicaciones que contengan la información. Pese a ello, CIPER encontró en el Archivo Judicial su escritura de constitución, fechada el 30 de julio de 2014. La creación de Inversiones La Ilíada marca el ingreso de la tercera generación Piñera en los negocios familiares: seis de los nietos del ex mandatario, todos niños pequeños, figuran como accionistas.

La Ilíada nació con un capital de sólo $1 millón, de los cuales Sebastián y Cristóbal Piñera Morel pusieron $250 mil cada uno. Los cuatro hijos de Magdalena Piñera y Pablo Rossel colocaron, en conjunto, otros $250 mil. El último cuarto del capital lo aportaron los dos hijos de Cecilia Piñera y Ricardo Levy.

Tal como ocurre con el Caballo de Troya en los relatos de Homero y Virgilio, la sociedad escondía una sorpresa. En solo dos meses, la modesta sociedad que originalmente tenía un capital de $1 millón fue capaz de invertir más de US$500 millones en Inversiones Odisea. ¿De dónde salió ese dinero? No hay registro público.

Con ese capital, Odisea estaba lista para ingresar a las ligas mayores. Así lo demuestran los documentos a los que tuvo acceso CIPER: el 17 de diciembre de 2014, Odisea inscribió en Luxemburgo a Inversiones Eneida S.a.r.l, S.P.F. La primera sigla significa que es una sociedad de responsabilidad limitada, mientras que la segunda señala que es una sociedad de gestión de patrimonio familiar, entes reservados exclusivamente para la gestión de activos financieros y que tienen beneficios tributarios, como la exención del pago de impuestos a las utilidades.

Luxemburgo es miembro de la Unión Europea y ha logrado salir de las listas negras que lo consideraban un paraíso fiscal, pero sigue en un terreno gris. Es, al menos, una jurisdicción con bajas tasas impositivas (ver “Luxemburgo, el gran ducado de los pequeños impuestos”) y sus regulaciones favorables a las transacciones financieras la convirtieron en el país que ostenta el mayor PIB per cápita del mundo (ver “Cómo la elite política y financiera creó un paraíso fiscal”). Luxemburgo ha sido utilizado masivamente como una plataforma de evasión fiscal internacional, tal como lo demostró la investigación periodística Luxleaks (ver reportaje).

Inversiones Eneida nació con un capital de 12,5 millones de euros (ver documento de constitución), el que aumentó a 18 millones de euros apenas unos días después, en la víspera del año nuevo, el 31 de diciembre de 2014 (ver documento). Un año más tarde, en noviembre de 2015, la cifra aumentó a 30 millones de euros (unos US$ 32 millones). Todas las acciones fueron suscritas por Inversiones Odisea (ver documento).

La dirección en Luxemburgo de Eneida es la de Amicorp Group, empresa en que también trabajaban quienes fueron designados como sus gerentes: Fabio Mastrosimone y Marco Lagona, ambos domiciliados en Italia. Amicorp ofrece servicios de gestión de activos en jurisdicciones internacionales y se hizo conocida en Chile por abrir las sociedades que Sergio Jadue utilizó en paraísos fiscales para esconder su millonario fraude.

LOS HEREDEROS

El mayor de los hijos hombres de Sebastián Piñera Echenique, Sebastián Piñera Morel, se ha consolidado como su heredero en materia de negocios. Trabajó con su padre en Bancard y participó en el comité de directores que administró la porción de su patrimonio que quedó fuera de los fideicomisos ciegos que delegó cuando llegó a La Moneda.

En medio del gobierno de su padre, Piñera Morel viajó a hacer un MBA a la Universidad de Stanford y al regreso creó una empresa de inversiones, BP Capital, pero siguió participando de las decisiones estratégicas de Bancard.

Ricardo Levy

Ricardo Levy

Junto a su hermano Cristóbal, quien acaba de terminar un MBA en el MIT, es director de casi todas las sociedades de su padre: Vox Populi, Sociedad Agrícola y Ganadera Los Corrales, Parque Chiloé, Arenas Blancas, Inmobiliaria El Mañío, Inmobiliaria El Canelo, Inmobiliaria El Boldo, Inversora San Juan, Diptel, Inversiones y Asesorías Milenio, Hotelera Lago Ranco, Inversiones Santa Cecilia, Bancard Inversiones e Inversiones Bancorp, por nombrar algunas. Sebastián y Cristóbal Piñera Morel tienen además la representación de dos de las empresas familiares clave: La Ilíada y Odisea.

La presidencia de las sociedades de Piñera quedó delegada, cuando inició su carrera a La Moneda en 2009, en dos de sus hombres de mayor confianza: Fernando Barros y José Cox. Sin embargo, en agosto de 2015, Cox renunció al menos a ocho de esas sociedades. Ingresó entonces a escena un nuevo liderazgo: Ricardo Levy, el esposo de Cecilia Piñera Morel. Levy, quien es ingeniero civil de la UC y MBA de Stanford, asumió la presidencia de casi todas las sociedades de su suegro en reemplazo de Cox.

São Gabriel y sus demonios

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Traducción de Sabrina Duque.

Hace poco más de dos meses que ella se fue, un día antes de su cumpleaños. María –vamos a llamarla así- cumpliría 20 años el 2 de marzo. Nadie diría que no era una indiecita como tantas que colorean las calles de São Gabriel da Cachoeira, municipio en el noroeste de Amazonas, a orillas del río Negro. Era bajita, los cabellos negros sobre los hombros, las ropas ajustadas, andaba en zapatillas. Pero María estaba ahí sólo de paso. En su entierro los parientes contaron que había venido de río abajo para pasar el periodo de vacaciones escolares, cuando centenas de indígenas de diversas etnias dejan sus aldeas y llenan la sede del municipio para resolver temas pendientes con la burocracia. Ahí en la ciudad, ella consiguió un enamorado, un militar, y pasaba los días con él, cuando no estaba entre amigos. Pero en los últimos días María andaba triste: la pareja había roto. Estaba rara, nerviosa. Sus parientes contaron que llegó a tener alucinaciones.

A sus padres les había parecido bueno el fin del amorío. Nadie llegó a conocer  de cerca al tal soldado. Nunca consiguieron ver su rostro porque, según contaron, cuando él venía al barrio de Dabaru, uno de los más pobres del municipio, donde la familia vivía en una especie de  pueblito con casas pegadas unas a las otras, él siempre se escondía en las sombras formadas por la parca iluminación. Tenía el rostro cubierto por las sombras de la noche. ¿Era blanco? ¿Era negro? ¿Era gente?

En la madrugada del sábado para el domingo, día 10 de marzo, después de haber pasado la tarde y el comienzo de la noche con el hermano mayor y unos amigos bebiendo en la playa del río, María comenzó a transformarse para siempre. Estaba agresiva. Los ojos ya no eran los de ella, contó el hermano, se removían y cambiaban de color mientras ella gritaba que los padres no la querían, que él era el hijo favorito. El hermano hasta la arrastró de vuelta, pero, cuando llegaron a casa, sus padres no conseguían mirarla. En su lugar veían apenas algo oscuro, una sombra. Un ser de la oscuridad. El padre no pudo ni levantar la hamaca del pequeño cuarto que dividía con los hijos. Se quedó llorando, atónito. María entró al cuarto de al lado, tiró la puerta. No consiguieron abrirla, aunque no estaba cerrada. Por una rendija, vieron cuando amarró una cuerda y se ahorcó. Al momento siguiente la puerta finalmente se abrió. Ya estaba muerta.

María es la víctima más reciente de una tragedia asombrosa que se repite con trama semejante hace por lo menos diez años en São Gabriel da Cachoeira y que fue traducida a números por el Mapa de la Violencia 2014, de la Secretaría General de la Presidencia de la República. De acuerdo con el informe basado en datos del Sistema de Información de Mortalidad del Ministerio de Salud, São Gabriel posee el récord en las estadísticas de suicidio por habitante en los municipios brasileños. En 2012 fueron 51,2 suicidios por 100 mil habitantes –diez veces más que la media nacional. Eso corresponde a 20 personas que se mataron, aún más que el año anterior, cuando fueron 16 suicidios.

Rio Negro. Foto:  Natalia Viana

Rio Negro. Foto: Natalia Viana

São Gabriel  es también el municipio más indígena de Brasil. Las 23 etnias que hace por lo menos 3 mil años ocupan las márgenes del río Negro y de sus afluentes corresponden a cerca del 76% de la población. Hoy los cerca de 42 mil habitantes se dividen entre el área urbana –ocupada a partir de las márgenes del río desde la fundación del fuerte São Gabriel por los portugueses, en 1761– y las centenas de comunidades esparcidas por el interior del bosque, algunas a dos o tres días de barco dentro del mayor mosaico de tierras indígenas del país, con 100 km2 de área.  Un territorio mayor que Portugal, donde viven los Baniwa, Kuripako, Dow, Hupda, Nadöb, Yuhupde, Baré, Warekena, Arapaso, Bará, Barasana, Desana, Karapanã, Kubeo, Makuna, Mirity-tapuya, Pira-tapuya, Siriano, Tariana, Tukano, Tuyuca, Wanana y Yanomami.

De un total de 73 muertes ocurridas entre 2008 y 2012, apenas cinco no fueron de indígenas, según el Mapa de la Violencia 2014. Entre los indígenas, 75% eran jóvenes, como María. Y muchos de los familiares y amigos cuentan que se suicidaron después de haber sido embrujados por seres de la oscuridad, por parientes muertos, o hasta por el mismo diablo, los cuales, llamándolos durante meses, al final los arrastran a la horca.

Pero quien llega a São Gabriel y pregunta en las calles, en los bares, en las iglesias va  a escuchar que los suicidios son un problema del pasado. Una crisis, un brote, listo, pasó, no se habla más de eso. Hace tiempo que el asunto no atrae a periodistas forasteros río arriba, con sus grabadoras y sus preguntas. Fue una crisis, un brote, listo, acabó, no se habla más de eso. Es en el paso lento de los días que los relatos comienzan a aparecer. Y son muchos, en todo rincón.

Como el de don Zeferino, que puede ser encontrado sentado en el tronco de un árbol en el patio de tierra ocupado por dos casas –la de él y la de los hijos– en el distante barrio de Tiago Montalvo. De ojos pequeños marcados por las cataratas, la espalda encorvada, a Zeferino Teles Lima no le gusta hablar, pero el recuerdo del hijo Tiago no lo deja en paz. Mezclando la lengua Tukano con el poco portugués que sabe, el indio Tariano cuenta bajito que “piensa siempre… él trabajando en su huerta, trabajando en su casa, donde se había acostado.. he pensado mucho… estoy pensando aún, ¿no? Bravo no queda mucho, no… queda muy triste”. La imagen del hijo lo persigue día y noche, llamándolo. Para librarse de tanto pensamiento, Zeferino buscó las curas tradicionales de su pueblo. “Hicieron una bendición por mi voluntad. Si así no hubiera sido bendecido, ya había muerto, ya. Atrás de él, ¿no?”, dice. Después, buscó a un padre. “Porque no puedo con tristeza y está dando así. Ahí que padre lanzó bendiciendo para mí la cabeza. Ahí pasó un poquito ahora, está mejorando poco a poco”.

Según la familia, Tiago Lima murió el día 10 de abril de 2014 en la comunidad Nova Esperança, en el alto río Uaupés, en el interior del municipio. Estaba borracho. La comunidad se preparaba para la fiesta de Domingo de Ramos y Tiago no tuvo dificultad en encontrar a un comerciante dispuesto a venderle cachaça –la venta de bebidas alcohólicas está prohibida en tierras indígenas. Compró tres “carotezinhos”, botellitas de plástico, de 200 ml. Nadie vio cuando Tiago amarró la cuerda dentro de la casa, después de una pelea con el hermano, con quien estaba viviendo. El padre resume: “Él se enlazó”. En su lengua no existe la palabra “suicidio”.

Almerinda Ramos Lima, indígena Tariana

No fue el primero  de la familia en enfermar. Dos primos de Tiago tentaron a la muerte repetidas veces en los últimos años. Del otro lado de la calle de tierra, la sobrina de Zeferino, Almerinda Ramos de Lima, cuenta esa historia sin alterar la voz, mientras organiza el almuerzo de familia en la casa del padre, rodeada por la hija, el nieto, algunos hermanos, las sobrinas, sacando jugo del açaí. Almerinda fue la primera mujer en asumir la presidencia de la Foirn, la Federación de las Organizaciones Indígenas del Río Negro, que reúne a diversos pueblos de la región. “Mi madre dijo así, un día van a acabar ahorcándose”, suspira. El hermano Melquior, de 38 años, intentó ahorcarse dos veces. La primera fue en 2010, por causa de una pelea con la esposa. La cuerda se reventó. Un año después, volvió a intentar el suicidio, después de que el padre le llamó la atención por estar borracho. “Papá comenzó a echarle bronca, y él dijo: ‘Ah, ya que soy yo quien está equivocado, ya que estoy haciendo esas cosas erradas, entonces prefiero matarme, prefiero morir’. Entonces eso hizo. Suerte suya que la rama se quebró”. El otro hermano, Ivo, de 35  años, también fue tras la cuerda, después de una pelea conyugal. “Creo que el diablo no quiso llevarlos aún, por eso no murieron”, dice Almerinda.

SIN REGISTRO OFICIAL

La aflicción de la familia de Almerinda no está registrada en ningún lugar. El único registro que existe sobre intentos de suicidio en la región es hecho por el Distrito Sanitario Especial Indígena de Río Negro (DSEI/RN), órgano del gobierno federal responsable por cuidar de la salud de los indios que viven en aldeas, subordinado al Ministerio de Salud. El distrito no hace seguimiento ni registra casos que ocurrieron en el área urbana. Y entre los indios  que viven en aldeas los números registrados son irrisorios. Según los datos enviados por el DSEI a Pública, hubo apenas un intento de suicidio relatado en 2014. El año anterior, fueron registrados siete intentos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada suicidio efectuado hay por lo menos diez intentos.

“Las personas están alarmadas, no saben qué hacer, y eso no se ve en los informes. Hay muchos intentos de suicidio, pero eso no aparece en los números oficiales”, dice Aloízio Cabalzar, antropólogo del Instituto Socioambiental (ISA) que hace 25 años trabaja en las comunidades Tukano, Tuiuka y Dessana del río Tiquié, un afluente del río Negro en el  extremo noroeste del Amazonas. En esos años, por lo menos diez conocidos de él se suicidaron, calcula: “Viví mucho eso. El suicidio siempre ocurrió, pero como algo atípico. Ahora la cosa está mucho más presente, mucho más frecuente. Las personas están con miedo, las familias tienen miedo de que sus hijos se maten. Porque fueron muchos jóvenes, en torno a los 20 años”.

La única certeza entre las familias del alto Tiquié es que los ahorcamientos comenzaron en la ciudad de São Gabriel, y no en las aldeas. “Hay un poco esa idea de que la enfermedad, en general, por la propia historia de contacto con los blancos, viene siempre subiendo por el río en sentido de la desembocadura, en el Amazonas. El suicidio, también, es una enfermedad contagiosa que está llegando a las comunidades venida de São Gabriel”, dice el antropólogo.

Los suicidios rionegrinos se insertan en un alarmante contexto nacional: en 2010, los indígenas representaban 0,4% de la población brasileña, pero respondían por el 1% de los suicidios. El caso más notorio es el de los Guarani-Kaiowá de Mato Grosso do Sul. Según el Consejo Misionero Indigenista (CIMI), entre 2000 y 2013 hubo 684 muertes por suicidio entre ellos –73 casos apenas en 2013. El Mapa de la Violencia registra en Mato Grosso do Sul 19,9% de los suicidios indígenas –siete veces más de lo que era de esperar en una población correspondiente al 2,9% del total. Una “verdadera situación pandémica de suicidio entre los jóvenes indígenas”, destaca el informe.

A diferencia de los Guarani-Kaiowá en Mato Grosso do Sul, no hay grandes conflictos de tierra en el noroeste amazónico, aunque muchas áreas aún estén en proceso de demarcación. La cultura indígena prevalece en el municipio de São Gabriel, gracias a la organización de la Foirn. Es la única ciudad brasileña que tiene cuatro lenguas oficiales: además del Portugués, el Tukano, el Baniwa y el Nhengatu, o lengua general impuesta por los jesuitas en el siglo 17 y hasta hoy predominante entre ciertas etnias. Un caso único en el país, entre 2008 y 2012 llegó a tener alcalde y vice-alcalde indígenas –el titular Tariana y el vice Baniwa. Gran parte de las familias de las comunidades pasa temporadas en la casa de parientes en la ciudad, una “extensión” de las familias que viven en aldeas, manteniendo casi siempre una “huerta” en algún terreno más alejado, donde las mujeres siguen plantando yuca, chile, maíz y piña.

A lo largo de los siglos, el suicidio siempre causó malestar, por ser inexplicable, inaceptable, una muerte mal vista. Y no es diferente con los indígenas. Raramente se habla sobre los muertos o se cuentan con detalles las circunstancias de un suicidio. Es por eso que Valéria Magalhães, psicóloga del DSEI/RN, se impresionó tanto con el relato de la familia de María, transcrito al comienzo de este reportaje. “Es muy difícil que ellos cuenten cómo ocurrió, y ese día, no sé si es porque era muy reciente, el día del entierro, la familia describió que ellos vieron que ella tenía un ser de la oscuridad cerca. Ahí ese ser la encarnó e hizo que se matara. No fue ella quien se mató, fue ese ser de la oscuridad, que ya venía acompañándola hacía un tiempo. Ellos contándome eso ahí, con tanta certeza que no les dejaba duda. Aquella muerte iba a ocurrir. No tenían cómo evitarlo”, cuenta la psicóloga, que ahora hace voluntariamente un acompañamiento a la familia. “No tiene sentido decirles: ‘Eso es una autosugestión, usted no lo está viendo’. Es su verdad la que importa, no la mía. Y lo que ellos están viviendo es eso”.

São Gabriel y sus muertes

La primera cosa que necesitamos saber al llegar a São Gabriel da Cachoeira es que, debajo del cerro que ladea la playa de arena blanca y aguas oscuras, vive la Cobra Grande, lista para engullir al visitante incauto, sea indio o blanco, que se aventura sin cuidado en los fuertes rápidos. Ahí donde está la iglesia católica, azul y blanca, y el imponente edificio de la Diócesis, el paisaje está teñido por el sonido furioso de las aguas, sin interrupciones.  De noche, cuando el ruido de los carros y los bares se aquieta, parece que las cascadas formadas por las piedras del río pasan por encima de la ciudad y arrastran a todo el mundo lejos, como en las tantas historias que se cuenta sobre jóvenes, niños y niñas abrazados por la cobra del río.

En los años de 2005 y 2006, parecía que la negrura de las aguas había envuelto para siempre a São Gabriel. Hasta entonces los casos de suicidio en la región eran dispersos, según cuenta el antropólogo Aloízio Cabalzar, de la ONG Instituto Socioambiental (ISA). Él recuerda bien la primera muerte que fue famosa, en 2001. El hombre, de 31 años, era su conocido. Un indígena Desana de la comunidad de São Luiz, a orillas del río Tiquié, que se adentra en Colombia. Se mató tomando timbó, un veneno usado en la región para cazar o pescar, proveniente de una liana trepadora. “Fue un caso que chocó bastante, todo el mundo se quedo sorprendido”. Apenas una señal de lo que vendría: “En 2005, la cosa cambió”.

En aquel año, el barrio de Dabaru era relativamente reciente y hervía con la llegada masiva de los indios de las aldeas, principalmente en busca de educación secundaria para los hijos; las comunidades poseen sólo escuelas de enseñanza básica. En las calles de tierra, sin agua potable o alcantarillado, la iluminación era precaria y no había ningún transporte público. Se andaba mucho a pie, las mujeres cargando bebés sentados en las caderas, y apenas los que estaban mejor de vida podían tener una bicicleta gastada. Ahí quedaba también el único hospital de la ciudad, el Hospital de Guarnição, administrado por militares. En la víspera del Día de los Niños, una niña fue llevada al apuro, durante la noche, al hospital. Acababa de ahorcarse. Tenía apenas 13 años.

Su tía, Elizabeth Silva, es una indígena Baré con una tristeza en los ojos que se disfraza en la altivez de su postura. La perplejidad se revela despacio, a medida que ella recuerda la historia ocurrida diez años antes. “Cuando pasó, eso nos dejó sin piso, sin cabeza. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? ¿Qué hice? ¿Qué no hice?”, dice ella. La sobrina Laísa –el nombre es ficticio– tuvo una infancia turbulenta. De pequeña, la madre tuvo que huir del municipio porque su nuevo enamorado estaba siendo buscado por la policía. Después de un periodo de mudanzas constantes de dirección en Manaos y denuncias de negligencia y malos tratos sufridos por ella, las tías la adoptaron y volvieron a São Gabriel. Desde entonces, “tenía tres madres”, se alternaba entre la casa de las tías y llevaba una vida normal. Veía telenovelas, le gustaba mucho el vóley y, con las amigas de la Escuela Estatal Irmã Inês Penha, participaba de la banda marcial. “Era una niña feliz, alegre con todo el mundo, le gustaba jugar, le gustaban las fiestas, y tenía todo para ocuparse. Tenía muchas compañeras, no era solitaria”. Elizabeth recuerda cómo la niña era buena en la cocina y había prometido ayudarla a preparar la fiesta del Día de los Niños.  El día anterior, fue encontrada por la prima de 16 años, amarrada con una cuerda al techo de su casa. “Ella siempre soñaba ser alguna cosa en la vida”, dice la tía, que, después de la muerte, se mudó de barrio con las hermanas “intentando realmente, olvidar”. La última frase que escuchó de la sobrina aún hace eco en la cabeza de Elizabeth y la hace llorar: “Voy a ayudarla, vamos a hacer un pastel, vamos a hacer un dulce y llenar la barriga de esos niños de Dabaru”.

La prima que la encontró se quedó en estado de shock. Eran muy cercanas. Iban juntas a la escuela, almorzaban juntas, se contaban sus secretos. Marta (nombre ficticio) estuvo en cama por una semana después del entierro; cuando hablaba, era como si conversase con Laísa. “Tuvimos que amarrarla. Tenía mucha fuerza, no aguantábamos. Ella decía que [Laísa] la estaba llevando. Que la llamaba”, relata Elizabeth, que cuidó de la muchacha durante dos meses en su casa. “Ella cambiaba la voz, y era la voz de la finada. Decía: ‘Perdóneme, tía, yo no quería hacer eso, no, creía que nadie me amaba tanto así, no’. Buscamos a la iglesia. Al obispo. Él nos ayudó mucho con oraciones… Hasta que fuimos al curandero por una bendición”, explica Elizabeth, bajando los ojos. “No sabíamos qué más hacer. Todo el mundo se estaba enfermando, mi hermana no quería comer, sólo vivía llorando, para ella acabó todo, no quería saber de más nada, quería morir junto a ella…”.

Entre un ataque y otro, la prima le echó la culpa a un profesor de la escuela Irmã Inês Penha, donde estudiaban. Dijo que el profesor llevaba a los alumnos al cementerio de noche y les hacía leer textos en latín. Habría un pacto suicida entre esos alumnos. A veces, Marta decía que lo estaba viendo en la casa de Elizabeth, delante de los parientes. “Mira aquí, tía, él está aquí, ¿no estás viendo sus zapatos? Él está aquí mismo, cerca de mí”, decía la niña a Elizabeth. “¡Nosotros no veíamos! Pero ella estaba mirando”, cuenta. En esas visiones, el profesor aparecía siempre vestido con una capa negra.

El shock generado por la muerte de Laísa desbordó el seno familiar y arrastró consigo a toda la escuela y, con el tiempo, a la ciudad. Fue un fin de año negro. Otros alumnos, vecinos y conocidos de la niña, comenzaron a tener visiones, como revela un relato angustiado de la teniente Graciete Carvalho, en ese entonces enfermera en el Hospital de Guarnição, escrito para la Fundación Estatal de los Pueblos Indígenas (Fepi) el 20 de diciembre de 2005. El texto fue reproducido en una detallada investigación hecha por el Ministerio Público Federal (MFP) en 2011.

El día 11 de octubre (martes) llegó al hospital una niña de 13 años que fue encontrada por su prima de 16 años, ahorcada. (…) Todos creían que estaba relacionado con la trayectoria de vida de ella marcada por malos tratos y hasta sospechas de abuso sexual cuando vivía con la madre en Manaos, pero esa idea fue tomando otro rumbo teniendo en vista que su prima después de su entierro entró en estado de shock y empezó a mostrar un comportamiento extraño. (…) El día 24 de octubre (lunes) llegó otra menor de 12 años (M.P.R.) también víctima de ahorcamiento. El día 31 de octubre (lunes) llegó al Hospital una joven de 17 años (B) en brote psicótico, según el Mayor Cid, nuestro psiquiatra. Ella estaba completamente trastornada, tenía momentos en los que aguantaba la respiración y era necesario sacudirla para que saliera de aquel estado y pudiese quedar normal. Durante la alucinación ella decía que [Laísa] quería llevarla a ella y a otros jóvenes”. El día 7 de noviembre, un lunes, otro joven de 14 años, vecino de Laísa en Dabaru, se ahorcó. La semana siguiente, relata Graciete, “ocurrieron algunos intentos e innumerables manifestaciones, a través de notas y cartas, de deseo de también realizar el ahorcamiento. El día 10 de noviembre, atendimos a una menor de 12 años que intentó ahorcarse. Ella dijo que a veces escuchaba voces que la perturbaban mucho, no conseguía dormir y le venía un gran deseo de agarrar una cuerda”. El día 11 de noviembre, otra niña entró al hospital porque, según la familia, estaba muy triste y trastornada, diciendo que “los jóvenes que murieron querían llevarla”. Al día siguiente, otra joven, de 17 años, fue llevada para allá por el Consejo Tutelar, después de ser rescatada por la hermana con una cuerda alrededor del cuello. También vivía cerca de Laísa.

Una de sus tías encontró una lista con el nombre de las compañeras de Laísa en una asociación de artesanos donde la niña se reunía con las amigas. La lista fue tomada como un presagio de que todas morirían. Las cartas de despedida se multiplicaron en la escuela Inês Penha. Muchas apuntaban falta de cariño y atención en casa, otras enumeraban enemistades escolares. Otras eran más serenas, como la de esta niña de 12 años: “Papá, mamá, tíos, tías y hermanos ustedes fueron muy buenos conmigo. Mamá pido disculpas por las palabras que algún día dije. Papá muchas gracias por todo lo que me enseñó, hermanos yo sé que ustedes son muy chicos para entender y F. yo sé que en el fondo de tu corazón me querías mucho. Yo los amo mucho besos y abrazos. Profesores y Profesor muchas gracias por todo lo que me enseñaron yo sé que a veces desordenaba todo que yo escribiera algunas letras mal pero es porque estoy nerviosa. Besos y Abrazos para todos”.

El director de la escuela pidió el adelanto del fin del año lectivo y la Inês Penha cerró más temprano. En el hospital, el número de emergencias crecía. “El día 19 de noviembre (sábado) fuimos llamados, yo y el Mayor Cid, para atender a otra joven de 16 años que estaba completamente aturdida. Cuando llegué a la emergencia del Hospital vi la desesperación de los familiares conteniendo a la joven (I.M.) porque ella corría de un lado para el otro y se ponía las manos en los oídos, temblaba y con una mirada asustada decía que estaba viendo a un hombre de negro y a los tres menores que se ahorcaron y que decían que querían llevarla. De acuerdo con el amigo que la socorrió ella estaba sola en casa, gritando en un rincón de la casa con las manos en la cabeza diciendo que no quería ir. Según él, ella dijo que buscó cuerda y no la encontró en casa y que el hombre de negro decía que estaba esperando un momento en que ella estuviese triste o sola para buscarla. En el acercamiento a la madre le pregunté si había ocurrido alguna cosa en casa y ella dijo que sólo le había ‘gritado mucho’ a IM. El Mayor Cid vio a la paciente y tuvo que prescribir anti-psicótico porque tenía un ataque. […] Ella vino durante tres fines de semana seguidos al Hospital. Pero el comportamiento ya estaba diferente. Estamos siguiéndola desde el 21 de noviembre. La madre, ya que el padre estaba en Manaos haciendo un tratamiento de salud, buscó a un curandero que terminó el trabajo hace una semana. De hecho ella está mucho mejor porque el padre llegó de Manaos, pero a veces se refiere a un dolor de cabeza y una cierta tristeza”. A partir de ahí, sigue la teniente, nuevos casos llegaban cada fin de semana –y ya no se restringían a alumnos de la Inês Penha. Dieciséis adolescentes intentaron matarse aquel fin de año, según el registro hecho por el MPF.

EXORCISMO “COHERENTE”


El pastor Marcos Ribeiro

Mucho de ellos quedaron bajo observación de la administración militar del hospital, que hacía visitas periódicas a los casos críticos. El jovial pastor Marcos Ribeiro, un carioca conocido de los chicos por su postura nada ortodoxa, fue llamado por el hospital y aceptó el desafío de “hacer alguna cosa con esos jóvenes”: un coro. La presentación vino después de seis meses de ensayos en el  Hospital de Guarnição. Fue un éxito. “Movilizamos a la ciudad, un montón de gente, la iglesia a tope. Vino gente del hospital, fueron invitadas las autoridades”, cuenta el pastor. Al final del evento, dice, una niña de 13 años “se manifestó” de una forma que le hizo recordar los relatos insistentes de las chicas sobre un hombre de capa negra: “Ellas escuchaban voces”. En aquel momento, la niña se agachó contra la pared y, cuenta el pastor, “corporalmente se veía un miedo profundo, la postura de miedo, de meter la mano en el oído, diciendo ‘cuerda, cuerda, anda para la cuerda, tú no vales nada… Mátate, nadie te quiere’, todita esa cosa. Fue una cosa así fantástica”. Cuando el pastor se aproximó a ella, fue cercado por un grupo de militares que estaba ahí por invitación de la administración del hospital. Querían mantener el orden. “Ellos me cercaron y dijeron: ‘Sin exorcismo aquí’. Según él, su respuesta fue: “Ustedes me están confundiendo con otra persona. Hagan su trabajo y dejen que haga el mío”.

Lo que siguió, en sus palabras, fue un “exorcismo coherente”. “Lo que hubo fue un diálogo. Y dentro de ese diálogo hubo ahí la manifestación del poder, de la gracia de Dios. Y no el sensacionalismo”, dice. Él dijo, por ejemplo, cómo ella había sido importante para convencer a los otros de cantar: “Ellos sólo están aquí porque los miedos que ellos tenían tú los dejaste atrás. ¿Y ahora eres tú quien está con miedo? Levántate y mira a esta gente. ¿Dónde está el hombre de capa negra ahora?”. Ella se calmó, dice él.

Poco después, a mediados de 2006, el pastor Marcos ayudó a otro adolescente, esta vez salvándolo de la muerte. Él estaba celebrando su cumpleaños en la casa de un amigo cuando el vecino, un joven de 17 años, pidió una cuerda para amarrar una hamaca. En seguida, entró en la casa y le subió el sonido a la música. Fue eso lo que los impulsó a entrar en la casa. “Él estaba ya ahí, bien colgado, y ya temblando”. Cortaron la cuerda a tiempo. Ya en el hospital, el muchacho dijo que había peleado con el padre, que tenía predilección por el hermano menor, aunque él cuidase de la casa con ahínco. Se emborrachó antes de “entrar en la cuerda”. Cuando volvió en sí, le preguntó al pastor por qué había interrumpido su muerte. “Porque tú no tienes el derecho de quitarte la vida”, escuchó.

Los brotes se repitieron durante todo el año de 2006. No eran sólo los alumnos de la Inês Penha, también jóvenes de otras escuelas y otros que no conocían a las víctimas de la escuela. Según la investigación del MPF, realizada por el analista pericial en antropología Walter Coutinho Jr., nueve jóvenes murieron y 26 intentaron matarse entre 2005 y 2006. Otros 21 adolescentes y jóvenes llegaron tristes, “aturdidos” o con “perturbaciones auditivas” al Hospital de Guarnição. El informe señala la tendencia de los suicidios “en cadena” o “por contagio”, dentro de un mismo grupo familiar o de amigos. Un fenómeno bien definido en la literatura psicoanalítica, resalta el documento: “El desdoblamiento de la incidencia de un suicidio en nuevos intentos y/o casos consumados resulta en la constitución de modelos de comportamiento autodestructivos en el interior de las familias o entre iguales. La reiterada frecuencia de suicidios acaba suscitando cierta aceptación y familiaridad con la idea, que se convierte en una especie de respuesta psicológica y culturalmente modelada para algunos dilemas, inclusive con la realización de tentativas por individuos muy jóvenes de forma experimental”.

DEDOS APUNTADOS HACIA EL PROFESOR

La figura del hombre de capa negra se volvió la pesadilla de todos en la ciudad, en especial de aquellos que tenían hijos adolescentes. El representante de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y ex vice alcalde, André Baniwa, era, en aquel entonces, director de la Foirn. Llamó a dos de las niñas que habían intentado matarse para escucharlas en la sede de la organización. “Ellas hablaban de que veían a alguien en su visión, que uno no veía junto a ellas, porque esa visión del hombre negro… No es que sea de color negro, sino de capa negra, pero le prohibía a ella contar lo que estaba ocurriendo. Y esa muerte se presentaba entonces, el suicidio, de amarrarse el cuello, era de tanta insistencia en el oído de ellas de ese hombre”.

Ni la ley, ni la cruz calmaron los ánimos en aquellos días. La policía, la Funai, la Fundación Nacional de Salud (Funasa) y el gobierno municipal crearon comisiones para investigar el caso y dar apoyo a los adolescentes y sus familias. Algunas organizaciones que trabajaban con los jóvenes, como el Consejo Tutelar y el Proyecto Sentinela, asociado al Ministerio de Desarrollo Social, organizaron “marchas por la vida”, mientras la policía civil investigaba las muertes. Todos querían un culpable. Fue así que las historias sobre el profesor ganaron cuerpo y respaldo.

Lo que se decía era que un profesor de la escuela Inês Penha y un ex alcalde habían hecho un pacto con el diablo. El alcalde había entregado el alma de su hijo, un joven que murió en 2004 en una carrera de motos, causando gran conmoción. El profesor habría preferido entregar el alma de sus alumnos. Era para eso que los llevaba al cementerio de la ciudad. Siguiendo las “pistas”, la policía colocó cámaras de seguridad en cementerios y pusieron espías en los locales sospechosos, sin éxito. Un delegado en Manaos fue especialmente designado para el caso, que los policías querían encuadrar en el artículo 122 del Código Penal. Entre los crímenes contra la persona de que trata el artículo está “inducir o instigar a alguien a suicidarse o darle ayuda para que lo haga”a, siendo la pena duplicada “si la víctima es menor o tiene disminuida, por cualquier causa, la capacidad de resistencia”. Escuchó a cerca de 30 testigos y la mayoría de ellos apuntó a la culpa del profesor, lo acusó indignado a la prensa nacional, que pasó a cubrir la historia: “Tomamos declaraciones de muchas personas que tenían relación con las víctimas y ellas indicaron a ese profesor como la persona que inducía a los jóvenes a suicidarse”, afirmó el delegado Marco Engel al diario A Crítica. “Sólo que, con la noticia de que él sería procesado, el profesor desapareció de la ciudad”, dijo entonces.

De hecho, el profesor acabó saliendo de la ciudad: su vida ahí se había vuelto insoportable. Era él, al final, el “capa negra”, responsable por toda aquella desgracia. Poco después de haberse mudado a Manaos con la familia, donde continua hasta hoy, trabajando para la Secretaría Estatal de Educación, su casa en  São Gabriel fue invadida por una diligencia de las policías Civil, Militar y Federal, cumpliendo con una orden de registro y arresto. Para los habitantes de la ciudad esa era la confirmación de su culpa. Poco después, el delegado de Manaos pidió su prisión preventiva y su acusación. Ambos pedidos fueron negados por la Justicia. La investigación murió ahí. El año siguiente, el asunto desapareció de la prensa. Hoy es difícil encontrar cualquier vestigio de la investigación cerrada hace nueve años. La investigación archivada no consta en los registros de la Policía Civil local, pues sólo los de los últimos cinco años son guardados, de acuerdo con el investigador Alexandre Galvão Neto. Aquella tampoco fue localizada por el archivero del tribunal.

Pero, en el imaginario de la insomne São Gabriel, el profesor es aún el gran responsable de los suicidios de las adolescentes. Pública consiguió localizarlo, después de mucho insistir con parientes, que reiteraron cómo la experiencia fue devastadora. El profesor envió un e-mail negando vehementemente todas las acusaciones, pero pidió que no fuese publicado.

Los suicidios continuaron. Y se esparcieron con furor tanto por la ciudad de Santa Isabel do Río Negro, 250 kilómetros al este en dirección a Manaos, como por las comunidades del interior del Amazonas. Según la investigación del MPF, dentro de los límites de São Gabriel, en 2007, hubo nueve suicidios en el interior, tres en el río Uaupés, dos en el río Papuri y uno en el río Umari. En 2008, 11 suicidios en el interior, siete de ellos en el río Tiquié, y otros en el río Uaupés, río Icana, en el río Negro y en la tierra Yanomami. En 2009, siete suicidios, dos en el río Uaupés, uno en el Río Papuri, y dos en la ciudad, de jóvenes provenientes de la comunidad de Tapira Ponte, en el río Negro. En 2010, 11 suicidios, seis en el Uaupés, tres en el Tiquié, uno en Igarapé Japu y uno en el río Negro, según el MPF. Pero los datos contrastan con el registro de la Secretaría de Salud municipal, que apunta apenas cinco, en total, en el municipio de São Gabriel en aquel año. También hay divergencia en los datos de 2011: 16 suicidios según el Mapa de Violencia, apenas uno de acuerdo con los datos enviados a pedido de < strong>Pública por el coordinador de Vigilancia Epidemiológica Municipal de São Gabriel da Cachoeira, que registró también un suicidio en 2012, ninguno en 2013, tres en 2014 y uno en 2015 –que no es el de María. (Después de la publicación de este reportaje, la Alcaldía envió nuevos datos que contradicen los anteriores y también contrastan totalmente con los datos del Mapa de la Violencia. Vea la tabla aquí).

Pero, según los indígenas, a partir de 2009, el drama también alcanzó Iauaretê, la “ciudad de los indios”, un aglomerado urbano en la frontera con Colombia, distrito de São Gabriel, en el alto río Uaupés. Almerinda Ramos de Lima, la ya citada sobrina de Zeferino, era entonces la líder de la organización de mujeres local. “Era todo el mundo, jóvenes entre 15 o 14 y por ahí, hasta los adultos, tanto hombres y mujeres. Señores y señoras. No entendemos por qué, no sé si es por causa de la borrachera, qué se yo, se ahorcaban siempre. Todas las veces, todas las veces era así. El día de la fiesta, encontrábamos a las personas así, ahorcadas…”, cuenta. La propia Foirn, dice ella, hizo muy poco. No hubo movilización, seminario, discusión del problema, recuerda: “Y así iba. Sólo que así, cómo era que la persona se estaba sintiendo, nunca lo llegamos a descubrir. Por qué la persona llegó a hacer eso”.

En Santa Isabel, una especie de hermana menor de São Gabriel, más provinciana, los suicidios explotaron entre 2008 y 2009. Fueron 13 muertes en esos dos años, en una población de 18  mil habitantes. En esa época, más del 60% de la población, según el censo de 2010, continuaba viviendo entre los innumerables ríos y ensenadas interior adentro. Como en São Gabriel, se culpaba a un pacto mortal, cartas de despedida que rodaban por la ciudad, peleas familiares y alcoholismo. Los jóvenes escuchaban voces. En 15 días, en el mes de septiembre de 2008, hubo tres suicidios y cuatro intentos, según la parroquia local. “Era droga, marihuana, cocaína, no sé qué”, opina hoy la concejala Sandra Gomes Castro, cuya historia es la marca de lo que ocurrió en aquella época sin fin.

El primero en irse fue su hijo Ibrahim, muchacho ejemplar, estudioso, y una de las pocas víctimas cuya existencia está registrada en internet. Esta ahí: aprobado en la Universidad Federal de Amazonas (Pedagogía, vespertino) y en la Universidad del Estado de Amazonas (Derecho, nocturno). “Él vivía mucho sólo para estudiar, era un niño que no bebía, no fumaba, no le gustaba andar de fiesta, no tenía ningún vicio. Era un niño que toda madre quería tener, nunca me dio trabajo, nunca me dio tristeza, nunca me dio decepción”, dice Sandra. Vivía en Manaos con un primo en 2008, cuando se ahorcó, a los 22 años, en su propio apartamento. Su muerte aún no asentó en el corazón de la madre. “Llegó a mi conocimiento que él se suicidó; sólo que hasta hoy yo no sé cuál es la verdad”.

Del segundo hijo, dice, ya esperaba “cualquier cosa”. Tenía un nombre, Charles, pero era conocido, conocidísimo en la ciudad, por otro: Bruninho. “Él comenzó a conseguir droga muy temprano, con unos 13, 14 años ya comenzaba a salir, no obedecer el horario que yo estipulaba para volver a casa. Él ya lo había intentado tres veces, siempre bajo el efecto de drogas, y en la cuarta vez él vino a fallecer”. El primer intento fue ahí mismo, en la espaciosa casa de la familia a una cuadra de la plaza principal de la ciudad. Fue rescatado por la hermana menor. La segunda vez, estaba en el batallón del Ejército en São Gabriel, donde sirvió durante el periodo obligatorio. La tercera tentativa vino una semana después de que el hermano falleció. “Cuando él despertaba, hacía como si no hubiera pasado nada. Cuando estaba bien, volvía a lo normal, nada”. Charles se mató el 15 de agosto de 2009, a los 19 años.

Sandra Gomes Castro

Ella cuenta así la historia del hijo pródigo. Él quería ir a una fiesta en la comunidad y pidió un motor de lancha para poder atravesar el río. Ya estaba borracho, aún de tarde, y el padre se enfureció. El hijo amenazó con golpearlo a él, a la madre, a los hermanos, y el padre resolvió quejarse con la policía. El muchacho se quedó en la casa con la madre. “Ahí comenzó: ‘Ay, me voy a matar, me voy a matar’. Siempre decía eso, pero nunca lo hacía”, recuerda la madre. Después de algunas horas se encerró en el cuarto. Sandra hasta fue a confirmar que estuviera dormido y se fue a acostar. “Yo estaba durmiendo… Así, medio que durmiendo despierta, yo lo sentí a mis pies, así: ‘Mamá, sácame rápido de aquí’. Ahí yo di un salto, miré a la puerta y no había nadie”. Llamaron a la policía, que rompió la puerta del cuarto del hijo. Se había ahorcado en su propia litera.

Sandra quedó inconsolable. “Yo lloraba mucho día y noche, yo no comía, no tenía más el placer de lavar ni de comprar una cuchara. Al principio yo no quería hacer un tratamiento, yo llegaba a Manaos y allá recaía, los ambientes en los que andaba con él, los lugares, su facultad…”. Al final, en lugar de ir a un curandero a que la bendijera, Sandra tomó un antidepresivo y siguió un tratamiento psiquiátrico en Manaos durante algunos meses. Hoy, está en paz con su dolor. Cuenta toda su historia de un impulso, en la sala de su casa, con apenas una o dos pausas para recuperar el aliento y detener las lágrimas. La conclusión de la historia, viene en la despedida, ya en el portón: “Lo que puedo decir es que mi hijos, que fueron mis amores, yo sé que ellos serán eternamente mis dolores”.

Otra escuela

Los suicidios en São Gabriel y Santa Isabel afectaron a indios de casi todas las etnias, con un número mucho mayor de Tukano, un pueblo dominante en la región, y Hupda, un pueblo nómada y de contacto más reciente. Ya entre los Baniwa, etnia que ocupa las márgenes del río Icana, afluente del Negro en dirección a Venezuela, la aflicción que los acechaba desde 2005 –y los acecha hasta hoy– es casi como que un espejo al revés. En vez de las compañeras muertas y de los hombres de negro que asaltaban a las niñas de la Inês Penha, los adolescentes Baniwa eran embrujados en la escuela secundaria Pamaáli por seres no humanos. Los dos brotes tienen semejanzas, observa el antropólogo João Jackson Bezerra Viana, quien estudia el fenómeno hace cinco años: en ambos casos, las crisis ocurrían principalmente entre niñas de 13 a 16 anos, que las “transmitían” a los compañeros, apareciendo inclusive en los sueños de ellos; y tenían la misma característica en la fase aguda, en la cual seres conversaban con las niñas “en trance”.

En la Pamaáli, sin embargo, no hubo ningún caso fatal, tal vez por el hecho de que ahí la comunidad encontró una explicación para la enfermedad, después de haber consultado a los más viejos. La escuela, una de las primeras experiencias de educación indígena diferenciada, había sido construida sobre la maloca de los Yóopinai, seres naturales que abarcan todo lo que es “peligroso” para los indios. Cuando los alumnos tienen clases, es como si estuviesen zapateando sobre las cabezas de los Yóopinai. Durante los brotes, los Yóopinai, representados frecuentemente por un viejo alto, blanco y todo vestido de blanco, repiten incansablemente que los quieren fuera de ahí.

João, quien presenció varios “ataques” o “sueños”, los relató en su tesis de maestría en la Universidad Federal de Amazonas, con el título “De vuelta al caos primordial: alteridad, indiferenciación y enfermedad entre los Baniwa”. Sigue uno de sus relatos: “Al entrar en el alojamiento, una casa grande dividida en dos áreas por una pared, veo primero una aglomeración de personas en estado de preocupación y, después, el blanco de las miradas; una alumna acostada en la hamaca. [...]  La escena era fuerte, la niña se contorsionaba, debatiéndose como quien necesitase de un golpe único sacudirse de todo su tormento, y expresando, aún a primera vista, evidente sufrimiento. [...] La alumna contraía pies y cabeza contra la hamaca, irguiendo, por contrapeso, pecho y tronco para arriba, lo que generaba en sus compañeros una necesidad imperativa de dominarla, ahogando tal movimiento”. Durante las tres horas de duración del “ataque”, la chica lloraba y gritaba llamando a la madre en Baniwa, entre crisis de desmayos. “Al borde de la hamaca, ella reclamó del dolor y clamaba socorro; eso porque, según ellos, en aquel momento ella estaba viendo un viejo  (o sea, un blanco), intentando matarla, que la amarró de piernas y  manos”.

Como los suicidios, la enfermedad en la escuela Baniwa jamás fue sanada por completo. Pasado el brote inicial, los indios aprendieron a esperar por ella.

LA MASACRE DEL DESARROLLO

Electo presidente del Consejo Tutelar en 2006, en el auge de la tragedia, el pastor Marcos Ribeiro –que en aquel año hiciera el “exorcismo coherente”– se dio cuenta de que había algo en común entre las niñas que intentaron el suicidio: todas habían dejado sus comunidades para continuar sus estudios en la ciudad. Una constatación ampliada por una investigación realizada por el Instituto Socioambiental y la Foirn en 1.444 domicilios en 2003-2004, que reveló que la mayor parte de la población urbana no había nacido en la ciudad, siendo 43,8% proveniente de otras localidades en la región del río Negro. El principal motivo de la mudanza, citado por 36,6% de los entrevistados, fue la búsqueda de educación secundaria –la misma ofrecida valientemente en la Pamaáli, como forma de fijar a los Baniwa en su territorio. “¿Qué pasó? Generalmente, los padres de esos niños los dejan con el tío, la tía y vuelven a la comunidad”, prosigue el pastor. “Ellos quedan a la merced de las circunstancias, y ellas son variadas. ¿Qué es lo que ella ve en la comunidad? Un poblado cercado y río, en que todo el mundo allí es aparente, todo el mundo se mira, todo el mundo se ve. Pero los niños vienen aquí desamparados. Y ellos están viendo a sus compañeritos, habrá ese shock aquí. ¿Qué tipo de shock? Los hijos de los militares, por ejemplo, vienen aquí a la escuela y ahí yo comienzo a mirar, los niños miran, qué es lo que él tiene y yo no tengo, él va a merendar y yo no meriendo…”.

Hay otro elemento importante, y reciente, que debe ser tomado en cuenta, comenta el secretario de Obras de la ciudad, Celso Delgado. “Esa época fue de mucho éxodo rural a causa de los programas sociales del gobierno federal. Normalmente, cuando ellos bajan el río, se quedan tres meses. Con la cuestión del Bolsa Familia (programa social) pasaron a bajar más y a venir a vivir aquí mismo”. Investigador de la Policía Civil bajo licencia –participó de la investigación de los suicidios de la escuela Inês Penha–, cuenta que la alcaldía acostumbra ofrecer lotes de tierra de 12 metros por 25 metros a los recién llegados, subdivididos en hasta cuatro casas, dificultando el cálculo de la estructura. “En esa época hubo un crecimiento muy grande de esos barrios, como Thiago Montalvo, Dabaru, Beira-Rio, Assentamento Teotônio Ferreira, Miguel Quirino, barrios desorganizados. Fue cuando golpeó de verdad ese impacto cultural. Ellos no tenían noción de lo que era vivir en una ciudad. Eran todos de bajos ingresos, la mayoría venida de la comunidad”. Los beneficios del Bolsa Familia no suben el río.


General Antônio Manoel de Barros

Según un registro del Ejército, presentado didácticamente en un powerpoint para el reportaje de Pública, hay 5.593 familias atendidas por el programa en São Gabriel, o 27.965 personas: 67% de la población. “El desarrollo es masacrante”, resume, solemne, el general Antônio Manoel de Barros, comandante de la Segunda Brigada de Infantería en la Selva (2o BIS), cuya sede queda en un lugar privilegiado, de donde se ve el río con claridad y sus cascadas. “Es una aplanadora, y no hay un timing para las cosas buenas. Los efectos colaterales son muy acelerados”.

Es él quien comanda la mayor parte del impresionante aparato militar que se derrama por el alto y medio río Negro: siete pelotones especiales de frontera, el 3er Batallón de Infantería de Selva, en Barcelos, el Comando de Frontera Río Negro y el 5º  Batallón de Infantería de Selva, el 2º Batallón Logístico de Selva, el Pelotón de Comunicaciones de Selva y el 22º Pelotón de Policía del Ejército, en São Gabriel da Cachoeira. Son en total 2.500 hombres, cerca de 2.100 en São Gabriel da Cachoeira, o el 10% de la población urbana.

El fortalecimiento del aparato militar ocurrió en 2004. En los años anteriores, hubo algunos enfrentamiento entre el Ejército y las Farc en las fronteras con Colombia y Venezuela. “Ahí el Ejército aceleró un proceso, o sea, fortaleció la estructura existente, creó un comando de brigada. Con un oficial-general. Y junto con eso vinieron muchas estructuras”, dice el general. “El impacto económico del Ejército aquí es enorme”.

La llegada de los militares transformó a São Gabriel en la ciudad brasileña más desigual del país, según el ránking del Atlas de Desarrollo Humano 2013, de la ONU. Aunque la renta media per cápita haya subido casi el 50% en las últimas dos décadas, la ciudad tiene un índice de desigualdad de 0,8, siendo 1 la peor nota (la media de Brasil es de 0,5). “Es fácil entender, porque, si tienes una gran cantidad de militares, el salario mínimo va a fomentar eso aquí”, dice el general. Mientras él habla, otro oficial proyecta la esmerada serie de diapositivas ilustrativas en la sala de reunión de la sede de la Brigada. Él va apuntando: “Mire, con los efectivos de todas las organizaciones militares, la hoja de pagos, el impacto, usted vea que tenemos un impacto de 8 millones de reales”. Hoy, los gastos de la corporación representan el 41% del PIB municipal. “Y usted verá que en diez años aquí –claro que no es sólo por causa de eso, pero también por eso– pasó de R$ 99 millones a 209 millones, o sea, se duplicó”.

“Dicen que hay tres grandes profesiones aquí: agente de salud, profesor y militar”, continúa el general, explicando la “estrategia de presencia” del Ejército Brasileño, encabezada por el 2º BIS. Desde que asumió, hace poco más de un año y medio, el general instaló una patrulla del Ejército en la isla de las Flores (algunos kilómetros río arriba de São Gabriel) que hace batidas cotidianas entre los indios. Los soldados suelen encontrar botellas de aguardiente amarradas debajo del barco, mezcladas con las mercadería, debajo de las cargas de pescado.  “La tremenda de la cachaça. Que es terrible. Eso corroe realmente y es un problema serísimo aquí. Es por eso uno de los motivos que tenemos aquí un puesto, porque aquí tenemos poder de policía”.

A bordo de embarcaciones, los soldados suben los ríos también para hacer el alistamiento militar en las comunidades, abriendo un nuevo ciclo de integración indígena al proyecto nacional. “El soldado indígena en la selva no tiene igual. Nos interesa, sí, que este representante indígena esté con nosotros, porque él es parte de nuestro estrato social. Y él será también un líder”, dice, orgulloso, afirmando que más del 35% de los soldados de la brigada son indígenas. “El Ejército es un estrato de la sociedad”, refuerza, queriendo decir con eso que refleja su composición social.

Hay relatos de suicidio también entre los indígenas militares asignados al  2o BIS, aunque no haya, según el general, ningún trabajo específico para contraatacar ese problema. “Está claro que se trabaja con datos estadísticos y aquí [en el Ejército] no hay nada fuera de la normalidad”. Pública pidió datos sobre las víctimas por medio de la Ley de Acceso a la Información, pero el Comando del Ejército lo negó dos veces. Alegó que consolidar los datos daría trabajo extra, pero garantizó que, por cada sospecha de suicidio, una Investigación Policial Militar es instaurada. O sea, las IPM están ahí, pero, como casi todo lo que se refiere al suicidio en la ciudad, es misterio, es secreto, no se habla de eso.

São Gabriel y sus castigos

La Secretaría Municipal de Salud queda en el segundo piso de un pequeño edificio blanco en la abarrotada calle principal de la ciudad, una ruidosa avenida de cuatro carriles. Ahí, algunas tiendas dominan el comercio, estampando el apellido orgulloso de sus propietarios, familias que vinieron de otros estados detrás de dinero y poder. Al son del forró electrónico que toca incesantemente, se vende de todo en esas pequeñas tiendas de departamentos, adaptadas para la Amazonía: ventiladores, colchones, zapatillas, ollas, cuadernos, baldes para secar harina de yuca, galones para llenar de gasolina los motores de los barquitos de madera que van a las comunidades del interior. Desde su oficina, el secretario de Salud Luiz Lopes responde a Pública  por teléfono. La pregunta es si la alcaldía tiene alguna acción dirigida a ese problema. “No”, dice.  Y prosigue, con sinceridad envidiable: “Yo no sé hablar de eso con usted ahora. Continua ocurriendo, y mucho. Pero es muy subjetivo, yo no conseguí todavía leer ningún trabajo enfocado en esa cuestión en São Gabriel que fuese concluyente. No hay material, no hay datos concretos”, dice él. “Yo creo que hay que determinar la causa, los factores que influencian. Infelizmente no sabemos eso. ¿Está enfocado en qué? ¿Alcoholismo? ¿Drogas? ¿Es una cuestión cultural?”.

El secretario parece ignorar la inherente injusticia que es asociar a los suicidios con una característica cultural. Significa ignorar los aspectos históricos, en especial los contactos blancos, siempre traumáticos. En São Gabriel, no hay una de esas niñas, uno de esos indígenas que no traiga en la propia vivencia o en la memoria de sus familiares episodios de violencias inconfesables en nombre de la construcción de la nación brasileña. Y con ellas el diablo, introducido por la vívida imaginación de los salesianos que comandaron la región durante casi todo el siglo pasado, se enclavó allí para quedarse.

Doña Elsa está siempre risueña, se ríe de la vida como si eternamente estuviese burlándose de las monjas salesianas que la educaron; cuando alguien viene a conversar, por la ventana de su casita sobre una gran saliente de piedra a orillas del río –siempre abierta–, es difícil no encontrarla ahí, la silla de ruedas frente a la máquina de costura, dispuesta. Se ríe del miedo que las personas le tienen, por estar siempre en esa silla; se ríe de las tragedias de la ciudad de  São Gabriel da Cachoeira, de las antiguas y de las nuevas; se ríe de las leyendas que van ganando cuerpo, como la de que habría visto en una noche lluviosa al hombre de “capa negra”, el mismo ‘demo’, aquel que llevaba al suicidio a los niños y las niñas. “Demonio, yo no vi, no; si apareciese alguna persona, creo que yo hubiera visto a Nuestra Señora”, dice ella. Y se ríe.

La fe inquebrantable, la forma desenvuelta con la que habla en portugués sin ningún acento; las costuras que hace día y noche, noche y día; y hasta la risa burlona como si fuese un desafío –todo en esa pequeña y vieja india es el resultado de su tiempo en el internado salesiano, donde estudió la primaria. Así como su marido, Alfredo, un jovial Tukano, también temeroso de Dios, como casi todos los indios de la región del río Negro nacidos entre 1920 y 1970. Según cálculos de la prensa en la época, había más de 200 padres y monjas salesianas, la gran parte europeos, en las siete misiones en los ríos Negro, Uaupés, Içana e Tiquié. Según un reportaje de Folha de S. Paulo de 1980, los internados llegaron a recibir a 4 mil niños en aquel año.

La Congregación Salesiana llegó al río Negro con carta blanca y financiamiento del gobierno federal para educar y catequizar a los indígenas, integrándolos a la “civilización brasileña”. En 1914, la primera sede de misión fue construida, junto a la iglesia que aún está allá, encima de la ventana de doña Elza. A partir de entonces, los padres pasaban de aldea en aldea recogiendo criaturas de 6 o 7 años para ser llevadas a los internados. La idea era separarlas de los padres para salvarlas de la herencia “pecadora”, en casi todo repleta del diablo. Los religiosos se ocuparon también de reprimir todas sus costumbres: las malocas, símbolo de la vida comunitaria, fueron destruidas y cambiadas por casitas de un cuarto. La última fue demolida en 1960. Jurupari, héroe de diversas etnias, fue identificado con el “diablo”. Las fiestas comunitarias, como dabacuri, eran vistas como demoniacas y sumaríamente prohibidas. Los chamanes fueron ridiculizados, sus ritos, prohibidos. Así los salesianos se encargaron de introducir de una vez por todas al diablo en la región. Los recuerdos de aquel tiempo, contadas por abuelos y chamanes, permanecen vivas entre los jóvenes que hoy miran la telenovela juvenil  Malhação  en la tele y se pintan los cabellos de verde.

“No nos dejaban hablar nuestra lengua, no”, dice doña Elza. Por ser pillada hablando Tukano, las monjas la hicieron andar toda una tarde al frente de las otras alumnas, cargando en la espalda el cartel: “Yo soy el diablo”. Otra vez fue peor. Robó un pedazo de pan de la cocina, un pecado mortal, y una monja le cortó las uñas hasta sangrar. Tampoco podían hablar con los niños, como estaban acostumbrados en las aldeas. “No podíamos ni mirar para arriba, a la hora de la misa, imagina eso. Estábamos acostumbrados a estar todos juntos”, dice doña Elza, y se ríe de la maldad de las monjas católicas.

En los internados la vigilancia era constante hasta sobre los hábitos de higiene –desde usar baños y cepillarse los dientes hasta bañarse vestidos en los ríos. Los castigos corporales eran comunes: golpes en las palmas de las manos, estar arrodillados durante horas, comer sal. A todas las niñas les cortaban los cabellos y a los niños los rapaban. Recibían uniformes numerados, con los cuales eran identificados durante los cuatro años de formación, siempre a la manera europea: todo el cuerpo cubierto, ellas con vestidos de manga larga, ellos con camisa y pantalón. Se despertaban a las seis para ir a misa, iban a clases durante toda la mañana y en la tarde hacían deportes y trabajaban duro en la huerta, plantando lo que todos comerían en los días siguientes; limpiando las imponentes edificaciones salesianas; o en los talleres de carpintería y costura, donde hacían las ropas y construían los muebles y otros equipos usados en las misiones; las niñas lavaban quilos de ropa y realizaban las tareas domésticas. Hacían, además, innumerables ejercicios en fila militar, a veces sosteniendo fusiles, para “formar el carácter”, como se ve en las filmaciones reproducidas aquí, del documental Remições do rio Negrodirigido por Erlan Souza y Fernanda Bizarria.

Tamaña rigidez compensaba, impresionando a las pocas autoridades que pasaban por ese rincón y garantizando más fondos públicos. Después de haber visitado las comunidades de Taraquá y Tapuruquaga, en el río Uaupés, en 1958, el entonces presidente Juscelino Kubitschek escribió con animación sobre los niños que vio agitando banderas y cantando el Himno Nacional “con entusiasmo patriótico”: “Los salesianos hacen surgir en medio de la selva virgen y secular el nuevo Brasil, creando una generación nueva, en aquel centro que, emulando bajo varios aspectos la iniciativa oficial de mi gobierno, la conquista del interior del país, afirma la victoria del espíritu y del trabajo cuando guiados por el ideal de un Brasil mejor. A los salesianos pioneros en esa civilización, en el valle Amazónico, mis aplausos y mi propósito de auxilio y cooperación durante mi gobierno”.

Fue apenas en los años ochenta, ya en el final de la dictadura, cuando líderes indígenas como  Álvaro Tukano, y organizaciones como el Consejo de Pueblos Indios de América del Sur, pasaron a denunciar la opresión salesiana, que los internados fueron substituidos por escuelas públicas. Además de causar un daño irreparable a los imaginarios y a cultura indígenas, los salesianos ganaron mucho dinero a costa de los “catequizados”, vendiendo productos artesanales con un bello margen de lucro en São Paulo, Rio e en el Museo del Indio, en Manaos, que también administraban; los productos eran transportados gratuitamente por la FAB, con presencia constante en el área durante la dictadura. Además de disponer de mano de obra baratísima –eran los indios quienes construían las nuevas escuelas, iglesias y misiones–, “incluían” a los jóvenes indígenas en la sociedad de Manaos como buenos empleados. “Hoy, en Manaos, la familia que necesita de una empleada se puede dirigir a la sede de los salesianos en la ciudad, que rápido le va a conseguir una india para trabajar como doméstica en Manaos”, describe el reportaje de  Folha de S. Paulo de marzo de 1980. “A causa de ese cruel proceso, los prostíbulos de Manaos están repletos de indias que perdieron su virginidad en las casas de familias ricas de Manaos y acabaron siendo dejadas abandonadas en las calles”, finaliza el reportaje.

Es verdad que no fueron los salesianos quienes inventaron la maldad por ahí; la explotación de los indígenas en la región tiene raíces mucho más antiguas. Ya en el siglo 17 los colonos portugueses y misioneros subían los ríos Amazonas y Negro para capturar esclavos para enviarlos a Belém, capital de la colonia de Grão-Pará y Maranhão. Se calcula que el número de indígenas esclavizados apenas en aquella región haya llegado a 20 mil, sin contar aquellos asesinados por ofrecer resistencia y los muertos por los brotes de viruela y sarampión.

Los primeros encuentros con los blancos fueron tan violentos que son parte del mito de creación compartido por las etnias locales, según el cual la humanidad habría llegado a la Tierra en un viaje de la Cobra-Canoa. Reza el mito que, antes habitando las profundidades de la tierra, los humanos consiguieron salir de allá a través del Lago de Leche –situado en Río de Janeiro, capital de la colonia portuguesa en la época de contacto. A lo largo del río Negro, las etnias desembarcaron en sus respectivos territorios; y hasta hoy la jerarquía de importancia de las etnias sigue el orden en que desembarcaron de la canoa. En la mitad del viaje, la entidad creadora Ye’pa Õ’akĩh (en Tukano; Ñapirikoli en Baniwa), dispuso en el suelo una serie de objetos para ser escogidos por los hombres. Y así se hizo: el ancestro del blanco tomó la escopeta y las mercaderías, al paso que los ancestros de los indios prefirieron el arco y los adornos ceremoniales.

A partir del siglo 19, los habitantes del río Negro salieron del yugo de la esclavitud para pasar a la avaricia de los comerciantes o “regateadores”, cuya estrategia era la servidumbre por deuda, en la que el trabajo barato los hacía deudores por la compra de mercaderías caras. Los “patrones” más famosos subieron el río, aterrorizando aldeas enteras en busca de hombres y jóvenes fuertes para sacar látex, materia prima del caucho, además de cacao y piaçaba[1]. “Los mecanismos astutos del endeudamiento, el incentivo de los patrones al consumo de cachaça de los indios, el abuso sexual de mujeres y el tráfico de niños para ser vendidos en Manaos y Belém son algunos de los ejemplos de violencia perpetrada por los blancos que transitaban en esa región”, escribe la antropóloga Cristiane Lasmar en su libro De volta ao Lago do Leite-Gênero e transformação no alto río Negro.

LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

El primer boom urbano de São Gabriel ocurrió después del crepúsculo de los internados salesianos. Por estar situado en una zona de frontera, en 1968 la dictadura lo decretó área de seguridad nacional en junio de 1968 (Ley 5.449) e instauró ahí su Plan de Integración Nacional en la región, llevando a más de 4 mil hombres, entre los que componían el I Batallón de Ingeniería y Construcción del Ejército (BEC) y los contratados por las empresas Queiroz Galvão y EIT (Empresa Industrial Técnica) para construir la autopista Perimetral Norte BR-210 y la carretera BR-307 (hasta Cucuí, en la frontera con Venezuela). A mediados de la década de 1970 una infraestructura básica de red eléctrica y agua por tuberías fue implantada en la sede municipal. Fueron construidas también las primeras escuelas públicas para atender a los hijos de los militares y obreros que llegaban al municipio. Después del cierre de los internados salesianos, esas escuelas pasaron a recibir también a los indígenas, venidos de comunidades en el interior.

El acoso a las mujeres indígenas fue una de las marcas de esa época, según relatos recogidos por la antropóloga Cristiane Lasmar: “Ellas cuentan que los blancos llevaban a las muchachas para la autopista en construcción para ‘hacer una general’, es decir, violar en grupo”, escribe. Eran las indígenas que venían de las comunidades para trabajar en las casas de los funcionarios de las constructoras y del Ejército, aquellas que habían sido educadas por los salesianos para trabajar en casas de familia.

Los casos de violación persisten en el siglo 21. Desde por lo menos 2010, un grupo de “adinerados” reinventó las “generales” de los años setenta, secuestrando niñas de 9 a 13 años para una red de explotación sexual, a veces a la fuerza, a veces a cambio de chucherías como un bombón, una galleta, algunos productos en la venta para sus padres o tíos. Los criminales tenían apellidos importantes, entre ellos los tres hermanos Carneiro –Arimatéia, Manuel e Marcelo–, dueños de grandes tiendas de comercio en la calle principal, y el ex concejal por el PR Aelson Dantas da Silva. La virginidad de una víctima, entrevistada por la reportera Katia Brasil, de la página web Amazônia Real, le costó 20 reales (unos 5 dólares) al violador. “Él me llevó para el cuarto y me quitó la ropa. Fue la primera vez, me quedé triste”. Otras niñas contaron que ganaron chocolates, dinero y ropas de marca a cambio de su virginidad.

“¿Qué hacía el seductor? Él iba al colegio y cuando las niñitas estaban ahí, él ofrecía una merienda. Después comenzaba a llevarlas en el carro para tal lugar. Para merendar. Siempre en la base del hambre, de saciar la barriga. Y después comenzaba a dar los regalos, ellos iban de esa forma. Y cuando ellos querían algo realmente, comenzaban también a llevar a los padres para hacer compras en el comercio. Entonces él ya pasaba la idea de seguridad, de que ‘fulano es un buen hombre’”, dijo un funcionario que siguió algunos casos, pero pidió no ser identificado. Aún hoy, hablar sobre la red de pedofilia amedrenta a los testigos principales. Diez personas fueron presas y denunciadas por el Ministerio Público con base en el testimonio de 16 niñas. Tres de ellas, incluyendo a dos hermanos Carneiro, están en prisión preventiva por haber amenazado a testigos y hasta a periodistas. El tercer  hermano, Marcelo, está prófugo desde que consiguió un habeas corpus a inicios de este mes, durante un turno judicial, siendo liberado inmediatamente. El habeas corpus fue suspendido el día siguiente.

El hecho de que el abuso sufrido por las niñas indígenas haya finalmente llegado a la Justicia se debe, en gran parte, a los esfuerzos del procurador federal Júlio Araújo, quien en 2012 visitó el municipio y quedó impactado con lo que vio. El esquema era conocido por todos, ocurría a la luz el día, en calles concurridas de los barrios más populares y al frente de las escuelas públicas. “Había un intento de tratar el tema como algo natural o cultural en la ciudad. Y refleja mucho ese estado de vulnerabilidad. Se hablaba en la ciudad de que era normal, que eso siempre fue así”, dice Araújo, quien hoy comanda el proceso del MPF por daño moral colectivo contra los acusados. “Eso era dicho por los no indígenas, que ven aquello como algo trivial. Decían que ‘hasta los padres apoyan’ o ‘es mejor para ellas’. La sumisión de las niñas indígenas es colocada a tal punto que eso acaba siendo visto hasta como un beneficio para ellas”.

São Gabriel y sus Sasbios

Si existe salvación en vida para las almas atormentadas de São Gabriel, ella debería vivir en una calle situada entre la iglesia católica y el campito de fútbol, que reúne todos los frentes institucionales de combate al suicidio de la ciudad. Comenzando por la casita blanca del Consejo Tutelar, donde la presidenta Belmira da Silva Melgueiro recibe a los visitantes con una sonrisa en el rostro. “Este año de 2014 no conocimos ningún índice de suicidio de adolescente”, afirma, aunque los datos enviados a Pública muestren que la alcaldía registró por lo menos tres casos: una niña de 14 años, un niño de la misma edad y una joven de 18.

Los últimos casos de los que ella se acuerda ocurrieron en 2012. “Hoy no es más así”, garantiza. “No sé responderte por qué bajó. Hubo una época en que era uno detrás del otro, a veces tres al día, uno no estaba ni bien enterrado, otro ya estaba muriendo”, recuerda. Y se arriesga a decir: “Era cierto que era droga. Y bebida más por parte de la familia. Sólo que hubo niñas y muchachos también que no conseguimos mucho entender, porque en la época hubo suicidio de niñas que nunca tuvieron problemas ni con la familia ni con drogas”.

Belmira hace una lista de memoria de las medidas tomadas en aquella época: marchas por la vida capitaneadas por el Consejo Tutelar, por el Consejo de Derechos Humanos y por el Programa Sentinela, vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, además de reuniones periódicas en las escuelas en las cuales “nos llamaban para estar exponiendo sobre la importancia de la vida”. Para alcanzar a las comunidades, el Consejo usó barcos cedidos por la parroquia “porque nosotros no tenemos esa logística para salir de aquí”. Pero esas acciones, reconoce, no resistieron al tiempo y al olvido. “De aquella época para acá, la situación social sólo empeoró. Casos de depresión [de adolescentes] hay, sí. Aquí hay bastante. Agarramos esos casos y los encaminamos hacia el Creas [Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social]; cuando es problema de alcohol, encaminamos hacia el Caps [Centro de Atención Psicosocial]. Pero la depresión no ha llevado más a suicidio, gracias a Dios”.

Para saber cómo los niños encaminados son recibidos en el Caps, vinculado con el Ministerio de Salud, basta andar dos cuadras. La casa queda ahí mismo, en la misma acera. En ella trabaja una joven psicóloga, Fernanda Peinado, encargada de coordinar la atención a pacientes con trastornos mentales y problemas relacionados con el alcohol. Ella cuenta que en el Caps los jóvenes reciben acompañamiento psicológico y después pasan por talleres terapéuticos y –en teoría– también son vistos por un médico. No obstante: “Nuestro equipo también está muy menoscabado. La médica se fue, la enfermera se fue, entonces siempre estamos pasando por un problema de falta de equipo”, suspira.

En diciembre del año pasado, el Caps abría las puertas apenas por la mañana, hasta el mediodía. Fernanda era la única psicóloga del centro, encargada de dar apoyo a los cerca de 120 prontuarios “activos”, entre adolescentes en depresión, pacientes con trastorno psiquiátrico, hasta el más común, indígenas que abusan del alcohol. “Los equipos en las unidades están rotando: un equipo trabajó la semana pasada y otro, ahora. No es posible trabajar de mañana y de tarde”.

Apenas un mes antes, Fernanda recibió una llamada a las siete de la mañana: uno de sus pacientes intentaba matarse. La joven psicóloga nunca había vivido esa situación. Fue corriendo hasta la orilla del río. “Él estaba intentando lanzarse a la cascada y todos los familiares estaban allá intentando ayudar. Cuando llegué, estaba totalmente trastornado, fuera de sí”. Después de alguna conversación, consiguió calmarlo y llevarlo al hospital. Hoy, el muchacho está en tratamiento en Manaos. Se trata de un final feliz. Cinco meses antes, otro paciente fue llevado por las aguas negras. “Después pude hacer un rescate de su historial. Uno ve que ya tenía depresión, ya era un hombre, 33 años, pero, después de que la esposa resolvió separarse, él no vio más sentido en la vida. En esa época, yo estaba con permiso de maternidad, no había otra psicóloga, sólo la enfermera, y ahí él se quedó medio desamparado. No había sido la primera tentativa”.

Atravesando la calle, se encuentra la institución que debería funcionar como salvaguardia mayor de los indios que viven en aldeas. Es el edificio del DSEI, el Distrito Sanitario Especial Indígena, donde 25 equipos de salud y tres médicos cuidan de la salud de cerca de 38 mil indios en 673 aldeas. El DSEI comprende el área de otros dos municipios bañados por el río Negro, además de São Gabriel: Barcelos, el segundo mayor del país, y Santa Isabel. Es un área que equivale a casi dos estados de São Paulo.

Ângelo Henrique dos Santos Quintanilha, ex-director del distrito, dice que “hoy los equipos están bien más preparados” para lidiar con casos de suicidas entre los indios que viven en aldeas. Él es el funcionario más antiguo del DSEI –ex militar, en la década de los noventa fue a servir en São Gabriel y decidió quedarse. Ayudó a fundar el órgano en 2000. “En aquella época, no teníamos un psicólogo para orientar cuando había algún caso así. Hoy, cuando hay un caso, ya tenemos a la psicóloga, y ahí ella trabaja con el equipo, y el equipo ya va preparado”. En los últimos años, el distrito elaboró líneas de acción y prevención y una ficha específica de investigación de muertes auto infringidas. Pero la principal acción, explica él, es el seguimiento de las familias de las víctimas, después del acontecimiento de las muertes y, no obstante, cuando es posible. En todo este tiempo de trabajo, el jefe del distrito siempre evitó el contacto directo con las víctimas. “Es una cosa particular mía. No voy a ver al difunto. Aún más si él se ahorcó. Yo soy medio espiritista también, yo me estremezco con eso ahí”.

Al equipo del DSEI le cabe registrar, investigar y reportar al Ministerio de Salud todos los casos de suicidio ocurridos en el interior. Los números son contabilizados durante las “entradas”, que ocurren de la siguiente manera: un equipo de tres o cuatro miembros viaja hasta cuatro días para llegar a uno de los 25 polos-base de atención –construcciones que sirven de “puerta de entrada” a los SUS[2], desde donde los pacientes pueden ser encaminados para hospitales mejor preparados. A lo largo de un mes, el equipo visita el área de influencia de determinado polo-base, que puede llegar a 110 aldeas. Ahí, los técnicos tienen que llenar la ficha de notificación/investigación de la muerte, buscando recoger informaciones en la comunidad.

Pero “normalmente el equipo vuelve sin información o muy poca”, dice la psicóloga Valéria Magalhães, que coordina el trabajo en el área de São Gabriel da Cachoeira. “Normalmente es ‘ah yo llegué ahí y ellos estaban en la huerta, no encontré a nadie’, o entonces encuentran a una persona que dice que no tiene nada que decir”.

El año pasado, la situación llegó a un punto caótico. Los equipos de salud dejaron de ir a las aldeas por varios meses seguidos; los prácticos (choferes de los barcos) entraron en huelga por falta de pago.

Valéria es la única psicóloga que atiende en la Casa de Salud Indígena (Casai), centro que acoge a los indios de aldeas que necesitan de seguimiento médico prolongado en la ciudad. Es responsable, también, de preparar y oír a los equipos en sus problemas de relación con los indígenas. Muchas veces tienen dificultad para lidiar con lo que es la enfermedad y lo que es la cura para los indios. Es común que se resientan, por ejemplo, cuando ellos prefieren acudir a los chamanes cuando están enfermos. O entonces, que los chamanes se resientan con los enfermeros del DSEI. “La verdad es que lo que nosotros conocemos de nuestra psicología no se encaja en la realidad indígena. Tenemos que desvencijarnos de este nuestro conocimiento para intentar entender el de ellos y ver en qué podemos contribuir”, dice. Por eso, ella siente falta de antropólogos en el DSEI. “Hasta en esa cuestión del suicidio, los antropólogos pueden ayudarnos a entender lo que es un suicidio para el indígena, porque nosotros no estamos preparados para eso”, explica. “No ponen [ningún antropólogo]. Es impresionante eso”.

Las directrices de atención a la salud mental indígena fueron establecidas por el Ministerio de Salud en 2007, por medio de la Ordenanza 2.759. Uno de los principales motivos fue exactamente el alarmante índice de suicidios entre los indígenas brasileños, con especial énfasis en el Guarani-Kaiowá de Mato Grosso do Sul. Pero el Informe de Gestión de la Secretaría Especial de Salud Indígena de 2013, el más reciente disponible, subraya que los parámetros de actuación de los profesionales en la salud mental indígena “aún no fueron definidos de manera adecuada” y que “los pocos datos epidemiológicos disponibles eran recolectados de manera heterogénea por los diferentes DSEI a partir de instrumentos de recolección propios elaborados por los profesionales de salud. De esa manera, el material recogido de las diferentes realidades no era susceptible de sistematización y análisis por el nivel central”.

Las fallas en la recolección de datos sobresalen entre los casos resaltados en este reportaje. El caso de Tiago Lima, el hijo de Zeferino y primo de Almerinda Ramos que se mató, por ejemplo, no aparece en la tabla del DESEI/ARN enviada a Pública. Del mismo modo, el caso de suicidio relatado por Fernanda Peinado, del Caps, no está registrado en la primera lista enviada por la alcaldía, que enumera apenas los casos de muerte por ahorcamiento. Tampoco son registrados por la alcaldía, según el coordinador de vigilancia epidemiológica, la etnia de aquellos que consumaron la muerte voluntaria.

Ya en 2011, la detallada investigación hecha por el MPF señalaba la urgencia de sanar la desinformación sobre los casos de muerte auto infligida, “mucho peor en las áreas citadinas”, escribió el perito Walter Coutinho Jr. Según el informe, no existe ninguna instancia que se responsabilice por el registro de todas las muertes, sea en la ciudad o en las aldeas, ni por el registro de intentos, un elemento esencial en la estrategia de prevención recomendada por el MPF. Los que intentaron el suicidio, por ejemplo, deberían recibir atención especial durante por lo menos seis meses, para evitar la reincidencia. Otro punto resaltado por el MPF es que “el ‘saber ancestral’ indígena continúa siendo ignorado en el contexto de las instituciones locales”. El MPF recomienda que haya un esfuerzo para la “real participación de chamanes y curanderos en los itinerarios terapéuticos adoptados en el ámbito del DSEI Alto Río Negro y servicios municipales de salud”.

El párrafo final del informe –que, es bueno decirlo, continua sumaríamente ignorado por los órganos competentes– concluye: “De un modo general las iniciativas que contribuyen a la valorización de la comunidad étnica y de la cultura indígena, proporcionando el refuerzo de la organización interna de las comunidades y la reafirmación de los lazos sociales y familiares, tienden a ejercer un efecto positivo para erradicar o disminuir la existencia de suicidios en el panorama alto-rionegrino contemporáneo. Por medio de ellas, los indígenas (específicamente los más jóvenes) tienen las oportunidades de reconectarse con su historia y vislumbrar un devenir colectivo significativo (…) y que permite tanto como posible, la reconciliación entre la vida y la muerte”.

Buscado insistentemente para comentar la situación del DSEI y las acciones de combate a los suicidios indígenas, la asesoría de comunicación del Ministerio de Salud no respondió a las preguntas de Pública.

EN BUSCA DE MAXIMILIANO

En la salita que ocupa en el edificio de la Fundación Oswaldo Cruz, en Manaos, repleta de libros y papeles apilados desordenadamente sobre la mesa, el médico psiquiatra e investigador Maximiliano Loiola Ponte de Souza es uno de los pocos que se han ocupado del espinoso tema de los suicidios rionegrinos dispuesto, de hecho, a entenderlo. Él pasó parte de los últimos siete años en la “ciudad de los indios”, el distrito de Iauaretê, donde la lengua más oída es el Tukano, los blancos son pocos y las callecitas características de aglomerados urbanos amazónicos tienen placas en diversas lenguas indígenas. Su punto de partida fueron sus investigaciones de maestría y doctorado, la primera sobre la violencia entre los nativos y la segunda sobre el alcoholismo. De ellas, trajo una comprensión rara de quiénes son a fin de cuentas aquellas personas que pasan por tamaña aflicción. Como la importancia de escuchar a los sabios, los “intelectuales nativos”, como define. “Yo uso el mito para comprender no lo que ocurre, sino cómo las personas entienden lo que ocurre”. El suicidio, dice él, tiene características inherentes al individuo, atributos del mundo social y atributos del mundo espiritual, “que de forma sinérgica actúan haciendo a las personas vulnerables al suicidio”.

Maximiliano distingue un patrón en los casos de suicidios narrados por los indígenas: “Usted tiene un conflicto previo, que muchas veces tiene que ver con cuestiones de sexualidad o de obediencia a las reglas. Y ahí, en el momento del uso del alcohol, ese conflicto se reagudiza”. La clave, dice él, son las normas de coexistencia social, que en el río Negro están imbuidas de los valores tradicionales y definen con quién tú comes, con quién tienes relaciones sexuales, con quién no las tienes. “Ahora, resumir que la culpa es del alcohol es muy poco”, afirma.

El alcohol, como bebida siempre disponible, es un fenómeno relativamente nuevo: algunas décadas atrás, el transporte precario dificultaba la oferta. Los indios, desde siempre, usaban el caxiri, bebida fermentada hecha de yuca y maíz, exclusivamente por las mujeres, y apenas para las fiestas. Y entonces todos bebían, desde los niños a los ancianos, hasta caer al piso; despertarse y bailar, todo de nuevo, al día siguiente. La fiesta duraba cuanto tiempo durase el caxiri. “Ese era el momento de resolución de los conflictos, sea apaciguando, haciendo nuevas alianzas o hasta a golpes”, explica Maximiliano.

En su tesis de doctorado, él explica: que permanece la idea de “beber hasta que se acabe lo que se tiene, hasta caer”. Y, “como ellos dicen, en la ciudad la bebida no acaba”. Ni en las comunidades. En São Gabriel, se dice, mientras los blancos beben para olvidar, los indios beben para recordar. “Antes, por ejemplo, yo podía tener un problema con un tipo, liarme a golpes con el tipo, mi familia se convertía enemiga de la de él, yo agarraba mis tereques, iba para otro lado del río. Y no iba a convivir con él en lo cotidiano”. El punto fundamental de esa nueva convivencia, como ya señalaba el estudio de ISA y de Foirn, es la escuela. “La escuela es la creadora del concepto de juventud”, dice. Y la juventud, criada por los internados salesianos, que capitanea la emigración para las ciudades, en busca de educación y un futuro mejor, y hereda sus brutales consecuencias”.

Mientras recoge sus papeles anotados, dibujados, él se pregunta en voz alta cuál sería la mejor manera de que la salud pública intervenga en ese problema. “Eso es mirado como algo en el campo de la salud mental. Pero yo, sinceramente, no sé si es por ahí, pero también, sinceramente, no sé si no lo es. ¿Sería el camino irnos a la psiquiatría o por una estrategia que la gente que trabaja con barrios y favelas, que trabaja con estrategias populares de mediación de conflictos? Eso porque, si el problema es el conflicto, yo tengo que enfrentar el conflicto, y no la depresión”, dice. “Porque, no seamos ingenuos, no vamos a acabar con los conflictos”.

Maximiliano no deja de lado también lo que llama de “dimensión espiritual” del suicidio. Habla sobre la creencia, muchas veces escuchada, de que los espíritus de aquellos que se matan se quedan en la tierra, vuelven para jalar a aquellos que eran cercanos a ellos en vida. “Es como si fuese un tira y afloja entre los vivos y los muertos”, explica. Y detalla: “Está bien documentada la existencia de lo que los estudiosos de salud pública llaman de ‘suicidio por contagio’. Entre pequeñas poblaciones tradicionales y rurales, eso está muy bien documentado. Hay varios estudios que demuestran que el suicidio tiene alguna dinámica en la cual las personas interrelacionadas se matan en cadena. Yo creo que la tesis de los espíritus que vienen a buscar tiene, de alguna manera, relación con eso. No deja de ser el modo nativo de explicarlo”.

Y reflexiona sobre una palabra: contagio. “Mire cómo nosotros, del mundo occidental, leemos la cosa. Como un ‘contagio’. Porque tenemos nuestro arcabuz de mitos que existe una cosa llamada bacteria, que pasa de uno a otro. Lo que hace la conexión de la enfermedad pasar de una persona para otra es la tal bacteria. En la concepción nativa, ellos posiblemente experimentan la misma vivencia, que es la de observar que personas próximas se acaban matando. Solo que el repertorio explicativo de él va a beber de las fuentes de su cosmología, de la relación del mundo natural, de los espíritus, etc. Son estrategias, delante del mismo fenómeno –personas asociadas como próximas unas de otras se matan–, para explicar por qué eso ocurre”.

EL CHAMÁN-OCELOTE

“¿Alguien del gobierno vino a buscarlo, don Mandu?”. La respuesta es un movimiento negativo de cabeza. Ningún servicio de salud, psicólogo o miembro del gobierno buscó a don Mandu, uno de los más poderosos chamanes que vive hoy en São Gabriel da Cachoeira, único chamán-ocelote del pueblo Baniwa que sigue vivo, conocido por su sabiduría chamánica ancestral. Los chamanes-ocelote son el nivel más avanzado del chamanismo entre los Baniwa; su entrenamiento demora cerca de diez años.

Don Mandu –Manoel da Silva en el registro– está considerado un “tesoro vivo” por la  Fundación para Estudios Chamánicos, una organización sin fines de lucro, con sede en California, y motivó la construcción de la primera Escuela de Chamanes, en el río Ayari, para que él pudiese enseñar a los más jóvenes. El poder de don Mandu es tan grande que él hace que la enfermedad del mundo se convierta en una piedra negra mientras bendice a sus clientes, que llegan a pagar de 150 a 200 reales (entre 30 y 50 dólares) por una sesión. Ercília, la hija, dice que el padre tiene 94 años, y es quien traduce el discurso vehemente en Baniwa de don Mandu sobre los “ahorcamientos”, en respuesta a las preguntas de la reportera. Sólo la edad le hace pausar y dejar que la hija hable a gusto, interpretándolo. A veces la corrige –tanto en portugués como en Baniwa– y la voz salta por encima de ella. “Antiguamente no tenía, no, ahora que aparece…”.

En la última década, su casa, que queda en los fondos de una callejuela de tierra y maleza en el barrio de Padre Cícero, fue el lugar adonde acudieron decenas de familias que enfrentaban los intentos de suicidio. Fue a él que Elizabeth da Silva buscó cuando intentaba apaciguar a la prima de Laísa, que la veía constantemente después de la muerte. “Él nos ayudó mucho”, dice Elizabeth. “Nosotros, que somos indios, creemos en estas cosas también”.

La hija de don Mandu cuenta que el último cliente, de carne y hueso, en ser tratado, pasó por ahí en 2013, un chico Tukano de 19 años. “Se emborracha, ahí no sabe lo que está haciendo, agarra la cuerda porque en el oído de él dice que escucha… Así que él escucha: ‘Anda rápido a agarrar la cuerda, que te quiero ver amarrado del cuello para que quedes igual que mi’. Ahí él amarró”. La madre lo vio, así colgado, y consiguió cortar la horca con un terciado. Cuando volvió en sí, el chico le suplicó a la madre ser llevado a un curandero.

El chamán-ocelote dice haber visto personalmente al tal espíritu hace unos tres años. “Él dice que es un negro… Negro alto. Fuerte. Él dice que lo vio como a una persona, igual. Pero sólo que era bien negro. Negro, alto, bien fuerte”, describe la hija. Pregunto si el chamán-ocelote alguna vez escuchó hablar de una figura de negro que las niñas de la María Inês Penha decían ver, llamándolas. “Él mismo. Es él mismo. Sólo hay uno”, responde don Mandu. En el encuentro con el espíritu, el chamán le pidió que no tocase a su familia. En seguida él alertó a Ercília: “Mira, hija, vamos a esperar una semana. Dentro de una semana aquí en este pedacito de nuestro barrio va a ocurrir una muerte, porque el espíritu malo va pasá aquí”.

Una semana después, un vecino fue encontrado ahorcado, pendiendo sobre la cerca de alambre. Era el segundo de la familia en suicidarse. “Un muchacho bonito. Harlem”, dice Ercília. Con otros ahorcamientos “de familia”, don Mandu explica que el espíritu del hermano se había quedado vagando por ahí. “Eso ocurre con quien se mata así”, dice Ercília. “Ahorcado… porque de repente no es la hora de que se vayan, ¿no? Ahí ellos se quedan así, perturbando a los otros”.

Ese espíritu negro que continúa asustando a los barrios de São Gabriel es poseedor de una cuerda, un lazo y viaja por el cielo, en la narrativa del chamán. “Después él manda, él viene bajando, bajando, hasta entrar. Ahí entra aquí, después, él hala para sujetar… La cuerda viene de allá arriba”, dice don Mandu bajito, como la voz callosa le permite. “Ahí él jala”, y hace el gesto, como si fuese a agarrar una presa. El objeto que él simula usar al representar al espíritu no es ni una horca ni un lazo, sino un tipo de trilladora, urdimbre de paño que los indios usan para atrapar la pesca y la caza que se arrastran por el piso.

Armando de Lima también vio la horca. Pero el indio Tariana, padre de 15 hijos, no es famoso como don Mandu. Prefirió mantener el secreto en familia como aprendió con el padre, chamán poderoso. Él dedicó buena parte de su juventud a aprender, pasaba las noches oyendo al padre contarle los mitos, mostrar cada una de las hierbas y los dichos de las bendiciones. Repetía las palabras hasta que se impregnaran dentro de si. Para cada mal, había una bendición correcta, decía el padre. “Van a aparecer muchas cosas también que tú no vas a entender”, decía el padre, anticipando lo que no tiene traducción en su lengua: que, en el futuro, habría suicidios por ahorcamiento.

Armando olía paricá –un polvo hecho de la semilla del árbol del mismo nombre– para hablar con los espíritus y usaba un cigarro de tabaco “antiguo” para limpiar enfermedades. E iba aprendiendo. El padre explicaba: “Muchas veces van a andar en el sueño, los espíritus te van a contar, ahí tú bendices”.

En la primera vez, vio la cuerda en un sueño. Venía –ella también, como la Cobra Canoa– de allá de Rio de Janeiro. “Yo vi mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho yo estaba soñando, ¿no?, soñé, tenía ya dos horquillas allá en el cielo, yo soñando, la cuerda estaba allá en Rio de Janeiro, la cuerda venía de allá, el lazo pasaba allá en cima del tejado, llegaba allá la cuerda. Ahí llamaba esa cuerda, ¿no?, yo viendo una casa así de allá de lo alto venía el lazo ahí venía tenía siempre antena, dos antenas, como antena parabólica… Ahí ella llamaba como imán, esa antena. Ahí yo veía a los niños, rodando, y gritaba, ahí él entraba allá ahí él jalaba aquella cuerda, shhh, los atrapaba. Halaba a la persona que quería”.

Armando de Lima es uno de los muchos chamanes que se valen de sus bendiciones para apaciguar la ola de suicidios que acosa a São Gabriel. Pasó a bendecir a los alcanzados por la ola de suicidios a pedido de un hermano suyo, que era profesor en la María Inês Penha. Tal vez la mayor bendición que hizo en su vida haya sido la que hizo por las pobres niñas del Inês Penha, allá en el 2006. “La cuerda se llama ojo del mal”, explica Armando. “Que tira, ¿no? Ahí él mismo se va a matar. Él decía, va a ser como cuando hacemos trampas porque en nuestra costumbre la gente hacía trampas matando peces, matando dantas y todo, jalábamos la caña, colocábamos una argolla. Una cuerda”. Padre de Almerinda Ramos, el viejo tiene que constantemente entablar batallas por la vida de los propios hijos, que intentaron el suicidio.

Su secreto fue olvidado durante muchos años, después de que se mudó a la ciudad, graduando a los hijos profesores, líderes indígenas. Para recordar, fue necesario morir. Ocurrió en 2003, cuando tuvo que hacerse una cirugía en el corazón. “Sólo que yo sé mucha cosa, por eso estoy vivo. En el sueño me dijeron así, allá los espíritus: ‘Tú vas a volver porque tienes un secreto, no tienes ninguna obra montada aquí en la tierra’. Ahí en el sueño yo volví. Después comencé a trabajar, cuando estaba bueno. Después de la operación. Después de que morí”.

Hoy, para llamar su bendición, él ayuna desde la tarde anterior. Despierta a las cuatro, en el silencio de la noche en la selva, agarra el tabaco o, con suerte, la brea, cuyo humo se esparce aún más. Y comienza a rezar. “Como estaba soñando, estaba amarrado allá en Rio de Janeiro, porque allá es donde comenzaron, digamos, fue allá que comenzaron a vivir los indios, ¿no?, desde la creación. Entonces allá está amarrada esta cuerda, amarra, pasa allá para encima, llega así el lazo. Ahí yo tiro de ese lazo con mi secreto, con mi espíritu, ¿no?, enrollo… Tiro de allá, enrollo y guardo allá en el cielo ese lazo. Ahí después yo hago para que la persona, ¿no?, para la persona de cualquier una alegría, de una alegría. La alegría es como los pájaros. Tú ya viste un ruiseñor, tú ya viste ese… Cómo se llama, japim, japim son dos, negro y rojo. Está el zorzal, está ese que habla, no sé cómo es que se llama, con nombre, ¿no?, y está ese otro, más pajarito, ¿no?, de ese tipo, con ese llegamos al espíritu de él, llama para quedarse tanto con niño y la mujer, ¿no? Ahí llamamos más… Usted ya vio al cacique negro, ya vio, ese gallo de la sierra, también ese pájaro grande que vive allá alto, pájaro, con ese lo llamamos con espíritu, ¿no?, poder para que nos quedemos con ellos, decir quédate con ellos en esa alegría. Después nosotros, golondrina, que encima del palo, lo llama, se queda con él, ahí después están de esos… De ese… Yo no sé cómo decir, hay… El pajarito bien pequeñito que está todo por aquí hay, ese que llama bi-chian-chian bi-chian-chian chi-chian-chian, él canta. Ahí de ese tipo, después de todo eso es el jefe mismo, padre de él, jefe, rey de todos ellos, del bosque, decía mi padre que era Jacamê. Ahí nadie más viene, él canta, grande, tu-tu-tu-tu-tu, yo no sé si tú ya oíste tu-tu-tu-tu-tu, él canta, ¿no? Ahí, con ese cuerpo de él llegamos, con esa alegría tenemos que estar. Yo rezo así, termino. Esa es mi bendición”. 

[1] Palmera cuya fibra se usa para hacer escobas y cepillos.

[2] SUS: Servicio Único de Salud, por sus siglas en Portugués, son los centros médicos de la red federal de salud en Brasil.

El exitoso lobby que tumbó artículos clave de la Reforma al Código de Aguas

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En marzo de 2011, se presentó en la Cámara de Diputados una moción parlamentaria para reformar el Código de Aguas, norma que data de 1981. Apenas se conoció el texto que entró a trámite, las alarmas se encendieron en tres sectores clave de la economía: agrícola, minero e hidroeléctrico. La razón: en varios de sus artículos propone una mayor regulación del mercado del agua, limita la sobreexplotación del recurso y le otorga un mayor rol al Estado para intervenir los derechos sin uso en manos de privados. El espíritu de la iniciativa, que busca asegurar un acceso más equitativo al agua para la población, impacta de frente los intereses de esos tres sectores productivos. De allí que rápidamente los gremios empresariales calificaran la reforma como “expropiatoria” e “inconstitucional”.

sequiaUno de los cambios que concitó el mayor rechazo del sector privado es la norma que establece que, en adelante, el Estado otorgue derechos de agua bajo la modalidad de concesiones por 30 años (y renovables), y no a perpetuidad como ha sido hasta ahora. La estimación más aceptada indica que el 90% de las reservas superficiales de agua y el 50% de las subterráneas, ya han sido entregadas a privados. A medida que la reforma avanzó en su trámite legislativo, la reacción de los gremios afectados se hizo sentir.

De acuerdo a la indagación de CIPER, entre fines de 2014 y 2017, representantes del agro, la minería y el sector hidroeléctrico se han reunido en más de 60 audiencias de lobby con ministros, autoridades de gobierno y parlamentarios para instalar sus reparos a la reforma. A ello se agregan decenas de intervenciones en sala durante el trámite legislativo, presencia masiva en medios de comunicación y una campaña a nivel nacional que incluye grandes letreros apostados en la carretera Panamericana con mensajes que califican de “mitos” los nudos que la reforma intenta corregir.

En momentos en que la reforma al Código de Aguas enfrenta semanas clave en el Senado, el despliegue realizado por los gremios empresariales rindió frutos. Hace poco más de un mes, el Ejecutivo introdujo 27 nuevas indicaciones al proyecto. Para los partidarios de la reforma –organizaciones civiles, algunas ONG y parte de los parlamentarios oficialistas– muchas de estas indicaciones fueron formuladas para aplacar la arremetida de esos tres sectores productivos (ver recuadro).

La cruzada del mundo empresarial ha sido liderada por el sector agrícola, titular de más del 70% de los derechos de agua consuntiva a nivel nacional. Sus rostros más visibles han sido Patricio Crespo Ureta, quien hasta abril de este año fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) –entidad que reúne a más de 50 asociaciones agrícolas– y Fernando Peralta Toro, líder de la Confederación de Canalistas de Chile (Conca), la que representa a 32 juntas de regantes, principalmente de la zona centro del país.

Peralta –quien se ha reunido una veintena de veces con senadores y diputados– es, además, miembro del directorio del capítulo chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud). Allí comparte asiento con quien estuvo a la cabeza de la Dirección General de Aguas (DGA) hasta marzo de 2014, Francisco Echeverría Ellsworth, y con otro ex DGA: Orlando Acosta Lancellotti, ex director regional del organismo en Tarapacá.  Entre los socios de Alhsud se cuenta a Aguas Andinas, la minera Doña Inés de Collahuasi y el estudio jurídico H2O Abogados, del que Echeverría es socio.

Patricio Crespo, ex presidente de la DGA.

Patricio Crespo, ex presidente de la SNA.

Ni Echeverría ni Acosta han sido meros espectadores en el trámite de esta reforma. En marzo pasado, el primero asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en representación de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM); y en julio de 2016, Orlando Acosta se reunió con el diputado Pepe Auth (Independiente) en representación de la Asociación Gremial de Generadoras (Generadoras de Chile) para “exponer puntos de vista” sobre la reforma al Código de Aguas. A esa reunión también concurrió Jaime Espinola, gerente de Asuntos Regulatorios de esa misma entidad, y quien además es asesor de la Sofofa y miembro de la Comisión Asesora Presidencial para el estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, creada en abril de 2015.

Generadoras de Chile es un peso pesado en el mundo de la producción eléctrica. Entre sus socios se cuenta a la estadounidense AES Gener, titular del proyecto Alto Maipo; Colbún, ligada al grupo Matte; Enel Chile (ex Endesa), la generadora de energía eléctrica más importante del país; la francesa Engie Energía, principal generadora y transmisora eléctrica del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING); la multinacional noruega Statkraft Pure Energy titular de las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia;y la australiana Pacific Hydro (adquirida a fines de 2015 por capitales estatales chinos), que opera cinco centrales hidroeléctricas de pasada en la Sexta Región.   

El lobby de este influyente gremio se ha concentrado principalmente entre altos personeros del Ejecutivo. Su plana mayor ha sostenido diversas reuniones con el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco; con los ministros Alberto Undurraga (Obras Públicas) y Luis Felipe Céspedes (Economía); y con el subsecretario de Hacienda Alejandro Micco.

Alejandro Micco es apuntado por parlamentarios del oficialismo que han seguido de cerca la tramitación del proyecto, como la caja de resonancia de los gremios productivos y también como uno de los artífices del “frenazo” de indicaciones clave de la reforma.

Otra de las asociaciones gremiales que se puso pintura de guerra contra el proyecto es el Consejo Minero, liderado por el ex presidente de Aguas Andinas, Joaquín Villarino. El consejo reúne a compañías emblemáticas del sector: Barrick, Anglo American, Codelco, BHP Billiton, Glencore, Los Pelambres y Doña Inés de Collahuasi. Ha sido el propio Villarino quien se ha reunido en más de 15 oportunidades con senadores, diputados y funcionarios de gobierno. Ello, sin contar las al menos tres intervenciones que entre 2015 y 2016 han protagonizado miembros del Consejo Minero en la Cámara de Diputados durante la tramitación de la ley.

Allí también asistieron como invitados -y en calidad de expertos-, otros dos ex directores de la DGA: Matías Desmadryl Lira y Rodrigo Weisner Lazo. Ambos abogados manifestaron sus reparos a la reforma. Weisner ha defendido al ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma (en primer gobierno de Bachelet) en varios litigios por agua y asesora a la embotelladora Compañía Cervecerías Unidas (CCU), filial del Grupo Luksic, en algunos de sus proyectos más emblemáticos. Desmadryl hace lo propio con otro de los buques insignia del Grupo Luksic: minera Los Pelambres.

Weisner, ex director de la DGA entre 2006 y 2010, carga además con otra mochila de asesorías privadas: es gestor de interés ante autoridades de gobierno de empresas hidroeléctricas, agrícolas, inmobiliarias y de transporte.

EL “FRENAZO” DE HACIENDA

El 30 de agosto de 2016, Alejandro Micco intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El foco de su discurso fue la serie de modificaciones ya introducidas al proyecto de ley en las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura. Y enfatizó en que éstas representaban “cierto nivel de complejidad para el Ejecutivo”. El subsecretario se refirió de manera crítica a tres puntos del proyecto, los mismos sobre los que los gremios productivos han descargado su poder de fuego.

Subsecretario de Hacienda Alejandro Micco (Foto: Enagro).

Subsecretario de Hacienda Alejandro Micco (Foto: Enagro).

En el proyecto, se consagra que prevalecerá el uso de agua para el consumo humano, doméstico de subsistencia y saneamiento, por sobre las funciones productivas, “tanto en el otorgamiento como en la limitación de los derechos de aprovechamiento”. Micco señaló que el planteamiento de los usos específicos eliminaba de alguna forma la “lógica de una asignación eficiente de los recursos hídricos para las funciones productivas que sean más pertinentes para el desarrollo del país”.

También se refirió a la necesidad de revisar la indicación ya aprobada en la Cámara de Diputados sobre el establecimiento de caudales ecológicos mínimos. El problema para Micco era que esa norma garantizaba la “retroactividad”, lo que afectaba directamente a los propietarios de derechos de agua ya otorgados: mineras y empresas agrícolas. Eso significa que, en adelante, el Estado podría entrar a limitar, por ejemplo, la extracción en ecosistemas amenazados o degradados. Si bien el planteamiento de Hacienda no tuvo eco en la Cámara de Diputados, en abril pasado, finalmente, el Ejecutivo introdujo en el Senado las indicaciones que suprimen aspectos clave del caudal ecológico.

En su intervención, Alejandro Micco también criticó la modificación que obliga a las mineras a pedir autorización para explotar las aguas halladas al interior de su faena, indicación fuertemente resistida por el gremio liderado por Joaquín Villarino. El Código de Aguas de 1981 le otorga a los dueños de pertenencias mineras que encuentran agua al interior de su faena, el derecho a explotar el recurso sin informar ni pedir autorización a la DGA. El proyecto de ley no solo obligaba a dar cuenta del hallazgo en un plazo de 90 días, sino también a pedir autorización para su extracción y uso, la que podría ser denegada si ello pone en peligro la sustentabilidad de acuíferos o el derecho de terceros.

En el paquete de nuevas indicaciones introducidas por el Ejecutivo en abril pasado, se elimina la obligación de solicitar autorización a la DGA para utilizar esas aguas.

Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.

Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.

Al menos dos autoridades presentes en esa sesión señalaron a CIPER que se produjo una visible tensión entre el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (que también estuvo ese día en la comisión), y el subsecretario Micco tras su intervención.

Cuatro días después de su paso por la comisión de Hacienda, Micco asistió como expositor al Encuentro Nacional del Agro (Enagro) en Casa Piedra, instancia anual organizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), liderada entonces por Patricio Crespo.

Micco, que reservó los últimos diez minutos de su presentación para ahondar en la reforma al Código de Aguas, puso paños fríos. “Nosotros entendemos que el mercado del agua tiene que seguir funcionando, que los derechos de propiedad del agua tienen que mantenerse (…) creemos que los cambios que se hagan siempre tienen que ser cambios de aquí en adelante, sin que haya efectos de retroactividad”, señaló. En palabras simples: los derechos ya otorgados –que comprometen al 90% de las aguas superficiales y al menos al 50% de las aguas  subterráneas del país– no se tocan con la reforma.

El subsecretario de Hacienda tranquilizó a los asistentes agregando que aún restaban instancias de conversación con los parlamentarios para revisar con ellos aquellas “indicaciones que pueden tener efectos colaterales que creemos no son los adecuados. Esos temas tenemos que discutirlos de manera más profunda en lo que queda del proceso legislativo”, concluyó.

El aplauso de los asistentes al centro de convenciones de Vitacura fue cerrado. Ese mismo 3 de octubre, la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), gremio asociado a la SNA, publicó una nota en su página web con el título ¿Se desmarca el Ejecutivo de las indicaciones más polémicas del Congreso al Código de Aguas?”, acompañada de una foto del subsecretario Micco (ver aquí).

LA ARREMETIDA DEL AGRO

El sector agrícola ha sido uno de los más activos en los intentos por torpedear los cambios clave de la reforma. En esa ofensiva ha operado a través de dos vías: la SNA y la Confederación de Canalistas (Conca).

La arremetida principal ha sido la de Patricio Crespo, en representación de la SNA, quien ha ocupado en forma persistente los medios de comunicación para instalar el mensaje de que la reforma esconde una expropiación de los derechos de agua (ver aquí). Además de varias intervenciones en sala en el Congreso, Crespo registra audiencias con el director General de Aguas, Carlos Estévez, y con el senador Ignacio Walker (DC). A esas reuniones, se suman varias otras de miembros de juntas de vigilancia y federaciones productivas del país, cuyos líderes forman parte de la mesa directiva de la SNA, con parlamentarios.

riego copesaEl 15 de marzo de 2016, asistieron a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, los abogados constitucionalistas Juan Colombo –ex abogado integrante de la Corte Suprema y ex presidente del Tribunal Constitucional (TC)– y el también ex ministro del TC, Enrique Navarro. En síntesis, ambos concordaron que en la reforma al Código de Aguas, tal cual estaba planteada a esa fecha, subyacía un peligro latente que amenazaba la protección de la propiedad y que los cambios propuestos no podían desconocer derechos legalmente constituidos.

En una sesión anterior de la comisión de Agricultura de noviembre de 2015, Crespo había citado un estudio en derecho elaborado en marzo de ese año, precisamente por Colombo y Navarro, para dejar consignada la “inconstitucionalidad” del proyecto. Lo que no quedó registrado en las actas de esa sesión, es que ese informe jurídico fue encargado por la propia SNA, en conjunto con las otras ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

A los abogados Juan Colombo y Enrique Navarro, se sumaron expertos de otras disciplinas invitados por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. El 12 de enero de 2016, asistió el especialista en Recursos Hídricos Pablo Rengifo, quien se refirió a los inconvenientes de establecer caudales ecológicos mínimos de carácter retroactivo y a la necesidad de redefinir esa indicación. Rengifo citó como apoyo un estudio realizado en 2014 por la consultora Arcadis (de capitales holandeses), donde él se desempeña como Gerente de Medio Ambiente. Así quedó consignado en el acta de la sesión.

Lo que no queda claro es a petición de quién Arcadis elaboró ese estudio. Porque Rengifo no solo es gerente de Arcadis, también es presidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud), entidad que tiene entre sus directores a los ex DGA Francisco Echeverría y Orlando Acosta (ambos representan intereses opuestos a la reforma), y al presidente de la Conca Fernando Peralta Toro.

CAMPAÑA 360°

Si Patricio Crespo se ha instalado ante la opinión pública como la cara visible del rechazo a la reforma, Fernando Peralta ha cumplido el rol de articulador.

Votación reforma Código de Aguas en la Cámara de Diputados (Fuente: Regantes del Maule).

Votación reforma Código de Aguas en la Cámara de Diputados (Fuente: Regantes del Maule).

Al mando de la Confederación de Canalistas, Peralta fue el responsable de la campaña nacional “Canalistas por una buena reforma al Código de Aguas”, la que se lanzó el 22 de noviembre pasado, el mismo día en que la Cámara de Diputados aprobó la reforma por amplia mayoría.

La campaña está pensada en 360°, vale decir, con instancias para abordar a todas las audiencias involucradas (parlamentarios, otras autoridades, líderes de opinión, periodistas, etc.)”, informó Peralta el 18 de noviembre pasado vía correo electrónico a los 20 directores y más de 30 asociados de la Conca.

Llevamos tres apariciones destacadas en El Mercurio y próxima semana comienza ronda de prensa con otros medios”, puntualizó Peralta en su correo.

La indagación de CIPER arrojó que el presidente de la Confederación de Canalistas registra 19 audiencias de lobby con parlamentarios de todos los sectores políticos en los últimos dos años. Como líder de la campaña de la Conca, las energías de Peralta se han concentrado en la Cámara Alta, donde registra audiencias con los senadores Víctor Pérez (UDI), que ya votó en la comisión de Recursos Hídricos en contra del proyecto, Carlos Montes (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Alejandro Guillier (Independiente), Felipe Harboe (PPD) e Iván Moreira (UDI) (ver Nota de la Redacción).

A varias de las audiencias que ha tenido con parlamentarios, Peralta ha ido acompañado de Santiago Matta, consejero de la Conca y gerente de la junta de vigilancia del río Aconcagua (tercera sección), quien además, sigue de cerca el trabajo legislativo en sala. Desde que el proyecto pasó a segundo trámite en noviembre pasado, Matta ha asistido una decena de veces a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, a la que ha ingresado no como consejero de la confederación, sino como director de la “Fundación Libertad”. CIPER no encontró registro de esa entidad. Consultado al respecto, Santiago Matta señaló que se trata de la “Fundación Instituto Libertad Región de Valparaíso”, la que sería un símil del Instituto Libertad, impulsada originalmente por el senador Francisco Chahuán (RN). Matta afirmó a CIPER que la fundación siempre funcionó de manera autónoma al think tank de Renovación Nacional y que actualmente Chahuán no tiene mayor vínculo con ella.

descargaEl senador Chahuán es miembro de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y fue uno de los parlamentarios que se abstuvo en la votación que aprobó la idea de legislar el proyecto. “En caso de ser necesario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional”, advirtió.

La arremetida del agro en contra de la reforma al Código de Aguas no ha escatimado en medios. Fernando Peralta es el impulsor de los llamativos letreros camineros de fondo negro, apostados en distintos puntos de la Panamericana Sur, con mensajes que transmiten lo que la Conca llama los “mitos del agua”. En ellos, los canalistas califican de mito, por ejemplo, que el agua sea “una mercadería que se transe en el mercado”; que los dueños de los derechos “especulen con ellos” y que éstos hayan sido regalados a los privados (ver reportaje: La historia del discreto empresario que se transformó en el zar de las aguas en Chile).

SILLA MUSICAL: EL ROL DE LOS EX DGA

Cuatro ex altos funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA), han jugado un papel importante en apoyo a los gremios opositores a la reforma. Dos de ellos, Matías Desmadryl y Francisco Echeverría, fueron directores de esa entidad bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Rodrigo Weisner, cumplió idéntico rol durante la primera administración de Michelle Bachelet; y Orlando Acosta fue director de la DGA en la Región de Tarapacá entre 2004 y 2007 (luego fue gerente de Recursos Hídricos de la minera Inés de Collahuasi y de Colbún).

Matías Desmadryl, ex director de la DGA.

Matías Desmadryl, ex director de la DGA.

Acosta ha sido clave para las compañías agrupadas bajo el paraguas de Generadoras de Chile. Como su asesor ha acompañado a los máximos directivos –entre ellos, a su vicepresidente y gerente general de Colbún, Thomas Keller– a la mayoría de las audiencias de lobby que el gremio ha sostenido con las carteras de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Energía.

Ejecutivos de Generadoras de Chile también han participado en las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y de Recursos Hídricos del Senado, haciendo ver su preocupación por la aplicación “retroactiva” de los caudales ecológicos y por los plazos de extinción por no uso de los derechos ya otorgados. Esas son precisamente dos indicaciones que buscan asegurar la sustentabilidad del recurso y frenar la especulación del mercado del agua.

Matías Desmadryl también intervino en la Comisión de Hacienda de la Cámara, a la que asistió en calidad de abogado y profesor de Derecho de Aguas de las universidades Católica, Finis Terrae y de Los Andes. Allí se refirió a la “inconstitucionalidad” del proyecto y afirmó que la reforma en vez de solucionar los problemas existentes de acceso al recurso, los agravaba. Desmadryl es socio del estudio Carcelén, Desmadryl, Guzmán y Tapia, que asesora a la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), otro de los gremios que ha mostrado los dientes frente a la reforma.

El director de Apemec, Rafael Loyola Domínguez, fue jefe de gabinete del ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y seremi metropolitano de Obras Públicas en el gobierno de Sebastián Piñera. En enero de este año, Loyola se reunió con el director nacional de Aguas, Carlos Estévez, para tratar “materias hídricas”. En marzo asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado donde hizo hincapié en la incertidumbre que generan ciertos aspectos de la reforma”.

Entre los intereses que representa Desmadryl también están los de minera Los Pelambres, controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), del Grupo Luksic. En febrero de este año, el abogado –junto a ejecutivos de AMSA– se reunió con el director de Obras Hidráulicas de Coquimbo. El motivo: exponer el plan de obras en Caimanes, localidad donde se ubica el cuestionado tranque de relaves El Mauro, propiedad de la minera.

Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.

Rodrigo Weisner, ex director de la DGA.

Luego de dejar la dirección General de Aguas en 2010, Rodrigo Weisner se enroló en el estudio jurídico Puga Ortiz y ha defendido al ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma (sancionado por la DGA en 2013, ver reportaje de CIPER) en varias juicios por derechos de agua. Weisner –que también se explayó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre las “debilidades del proyecto de ley” y concurrió al Senado en representación de canalistas– también trabaja para el Grupo Luksic asesorando los proyectos de expansión de la CCU, controlada por Quiñenco (ver reportaje de CIPER).

En el último año y medio, en representación de la CCU, el abogado Weisner se ha reunido en al menos seis oportunidades con funcionarios de las DGA –su antigua repartición– y del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). A los intereses mencionados, se suman los que gestiona ante autoridades representando a la Agrícola Valle Nuevo, la Inmobiliaria Quilicura, las juntas de vigilancia de los ríos Copiapó y Choapa, la empresa de combustibles Contracar, la Hidroeléctrica Trueno –del grupo socio de Apemec, Gestión de Proyectos Eléctricos y la generadora Energía de la Patagonia y Aysén, del holding Invercap liderado hasta hace poco por Roberto de Andraca.

Francisco Echeverría fue el último director General de Aguas de la administración de Piñera. Tras su paso por la entidad, se incorporó  al estudio jurídico H20 y asumió como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud Chile). En marzo pasado, Echeverría asistió a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, como asesor de Carlos Barría, director Ejecutivo dela Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores (GPM). La presentación de ese día del director de la GPM se concentró en los “reparos de inconstitucionalidad” de la norma referida a caudales ecológicos, a la inconveniencia de los plazos de duración de los nuevos derechos de agua y a la extinción de estos por no uso.

LA PODA DEL EJECUTIVO EN EL SENADO

Casi cinco meses después de que la reforma al Código de Aguas fuera aprobada el 22 de noviembre por amplia mayoría en la Cámara de Diputados (63 votos a favor/32 en contra), el Ejecutivo ingresó 27 nuevas indicaciones al proyecto.

Una de las que causó mayor rechazo entre los defensores de la reforma, reemplaza la frase “otorgar a los particulares concesiones” –modalidad bajo la que serán entregados los nuevos títulos de agua por un plazo de 30 años– por “constituir derechos de aprovechamiento”. En simple, un retroceso a la redacción vigente y establecida en el Código de Aguas de 1981.

Otra indicación –la que norma las llamadas “aguas del minero”- marcó un primer logro para el Consejo Minero: el Ejecutivo eliminó la modificación que obligaba a las empresas del rubro a pedir autorización para el uso de las aguas halladas en el área de su operación.

También se introdujeron indicaciones que aumentan el margen de tiempo que tendrán los propietarios de los nuevos derechos de agua para mantenerlos en régimen de no uso –lo que abre la puerta a la especulación–, y sin que se extingan. Para los derechos consuntivos (explotados principalmente por el agro y la minería), el plazo aumenta de 4 a 5 años; y en el caso de los no consuntivos (usados por las hidroeléctricas) de 8 a 10 años.

La intervención del Ejecutivo también eliminó una de las modificaciones que causaba mayor rechazo entre los gremios agrícola, minero e hidroeléctrico: la de establecer caudales ecológicos mínimos “en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial puede sufrir grave deterioro o esté siendo afectada”. Asimismo, se exceptúa de cumplir con las normativas que sí quedaron en pie sobre caudal ecológico mínimo, a los titulares de derechos de agua para generación hidroeléctrica de hasta 20 mega watts.

NOTA DE LA REDACCIÓN: En el artículo se mencionó originalmente que varias de las reuniones sostenidas por Fernando Peralta habían sido gestionadas por la agencia B2O, que tiene entre sus clientes a la SNA. Desde la agencia B2O señalaron a CIPER que si bien es correcto que asesoran a la SNA, no han hecho ninguna gestión para la Confederación de Canalistas (CONCA) en el contexto de la reforma al Código de Aguas. Tal como está registrado en la página de lobby de la Cámara de Diputados, las reuniones de Peralta con varios parlamentarios fueron solicitadas por María de los Ángeles Naudon quien, de acuerdo a su página de Linkedin, se desempeña como directora de Brand Relations de la citada agencia. Sin embargo, desde B2O afirmaron a CIPER que Naudon dejó de trabajar en la agencia “hace cuatro o cinco años”. 

Los secretos de la millonaria campaña de Pablo Longueira en las primarias de 2013

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El domingo 30 de junio de 2013 Pablo Longueira ganó la primera elección primaria regulada por ley de la Alianza por Chile. Se impuso a Andrés Allamand con el 51,37% de los votos, convirtiéndose en el candidato de la UDI y Renovación Nacional (RN) a la Presidencia de la República. Era un desafío pendiente desde que en 2006 el líder de la UDI había iniciado una pre candidatura que luego abortó. Esta vez no fue diferente. Diecisiete días más tarde (17 de julio), la familia de Longueira anunció en conferencia de prensa que el candidato deponía su candidatura, aquejado de una fuerte depresión.

votosNueve semanas antes, Longueira había renunciado al Ministerio de Economía para asumir como presidenciable de la UDI. También abrió una cuenta corriente en el Banco BCI, requisito establecido por el Servicio Electoral (Servel) para gestionar recursos de campaña. En esa cuenta recibió los “aportes anónimos”, los “aportes reservados” que le giró el Servel y se pagó a los proveedores de su campaña.

CIPER accedió a las cartolas de esa cuenta corriente y comparó sus ingresos y egresos con lo que el propio Longueira rindió al Servel. Los números no calzan: en su campaña de primarias -administrada por Jorge Manzano, uno de sus hombres de confianza en la UDI- Longueira recibió “aportes anónimos” por sobre lo que permitía la ley en 2013 y sobrepasó el gasto límite.

El ex senador declaró al Servel un gasto de $885,8 millones, pero los pagos realizados desde su cuenta corriente de campaña superaron los $1.000 millones.

No es lo único extraño. La misma cuenta corriente del Banco BCI registra millonarios depósitos realizados por sus asesores en diversas sucursales bancarias de Santiago. Fueron verdaderas maratones de pocas horas para juntar dinero. En un solo día, por ejemplo, uno de sus asesores realizó 14 depósitos a la cuenta de Longueira en distintas oficinas del BCI (en tres comunas de la zona oriente de la capital) por montos que oscilaron entre $1 millón y $8 millones y que sumaron $50 millones en total.

Se desconoce la identidad de varias de las personas que le entregaron dinero a Longueira por vías fuera de las legales para financiar su campaña. Y ello, porque en algunas colillas de depósitos solo aparece el nombre del asesor que hizo el trámite. En otras, aparece la identidad del titular del cheque.

Entre los que aportaron dinero y que están identificados en esa cuenta, figuran algunos empresarios conocidos. El primero es Jaime García Rioseco, ex vicepresidente de Embotelladora Andina, actual presidente de Colmena y director de Sodimac, quien le depositó un cheque por $5 millones el 24 de mayo de 2013. El 11 de junio hay otro cheque por $5 millones, esta vez firmado por uno de los accionistas de Sigdo Koppers, Mario Santander García. Ese mismo día entró a la cuenta de Longueira otro cheque por $10 millones,firmado por otro de los accionistas de Sigdo Koppers: Horacio Pavez García, quien además es socio del Banco Security y director de Enaex.

A ellos se sumó Luis Héctor Bravo, representante legal y presidente de la Constructora Bravo e Izquierdo, quien entregó un cheque por $3 millones el 12 de junio. El otro cheque identificado en esa cuenta lleva la firma del empresario hotelero Heriberto Schmutzer, quien solo aportó $500 mil el 25 de junio.

Estos cinco aportes suman $23,5 millones. A ello hay que agregar otros $342 millones que Longueira recibió en su cuenta entre agosto y noviembre de 2013, y cuyos remitentes permanecen en el anonimato. La cuenta se cierra con otros $709,8 millones que Longueira recibió como “aportes reservados” vía Servel.

Las cifras demuestran que aunque se trató de una carrera corta (mayo-junio de 2013), en esas primarias presidenciales Longueira fue el candidato que “oficialmente” más gastó ($885,8 millones) y el que recibió el mayor monto de “aportes reservados” ($709,8 millones).

Las cuentas del Servel indican que Michelle Bachelet es quien le sigue en ese recuento, con un total de gastos de campaña de $612,7 millones y “aportes reservados” que suman $314,2 millones. En tercer lugar se ubica el senador Andrés Allamand, con un total de gastos de $403,3 millones, $128 millones de “aportes propios” y $274,5 millones de “aportes reservados”.

En cuarto lugar y bien atrás, les sigue Claudio Orrego (DC), intendente de Santiago y quien disputó en esa primaria la candidatura de la Nueva Mayoría, con gastos de campaña por $215,9 millones y $182,1 millones en “aportes reservados”. En quinto lugar se ubica Andrés Velasco (Independiente), quien también disputó la primaria de la Nueva Mayoría, con un total de gastos de $213,9 millones y $136,4 millones en “aportes reservados”. Al final de la nómina está el ministro de Defensa José Antonio Gómez (PRSD), quien gastó en su campaña $14 millones, aportó de sus recursos $10 millones y no registró “aportes reservados”.

LA CAÍDA DE GOLBORNE

Pablo Longueira y Laurence Golborne

Pablo Longueira y Laurence Golborne

Hasta abril de 2013 disputaban la candidatura presidencial de la derecha Andrés Allamand, por RN; y Laurence Golborne, el ministro estrella del gobierno de Sebastián Piñera, por la UDI. Pero luego que se revelara que Golborne poseía una sociedad en un paraíso fiscal, todo se derrumbó (aún no se sabe quién lo delató). Y fue entonces que Longueira emergió como la carta de reemplazo. No fue una sorpresa: desde 2006 el líder de la UDI venía manifestando su intención de ser la opción presidencial de su partido. El 29 de abril de 2013 renunció al Ministerio de Economía y el mismo día la UDI lo proclamó.

Una semana más tarde (6 de mayo), el candidato abrió una cuenta corriente en el Banco BCI. La misma cuenta N°58130926 que informó al Servel para los gastos y aportes de su campaña de primarias. Según las cartolas de esa cuenta, a las que accedió CIPER, el primer abono se concretó cuatro días después de la apertura con un traspaso de $30 millones desde la línea de crédito.

La dupla de confianza que trabajaba con Longueira en el Ministerio de Economía, también renunció para acompañarlo en su campaña presidencial: su asesora más cercana, Carmen Luz Valdivielso (Titi) y Vicente Correa Bulnes, su jefe de gabinete. También trabajó en la campaña Bruno Vera, el junior de las fundaciones que Longueira creó y controla desde 2006: Chile Justo y Web. Este trío es el que figura realizando millonarios depósitos en diversas sucursales del Banco BCI.

Que Titi Valdivielso y Bruno Vera aparezcan asesorando a Longueira, no es nuevo. La cercanía de ambos con el líder de la UDI es histórica. Pero hasta ahora había pasado inadvertido el ingeniero civil industrial de la Universidad de Los Andes, Vicente Correa, quien fue su hombre de confianza en su paso por el Ministerio de Economía y durante esas primarias. Poco antes de llegar al ministerio que encabezaba Longueira, Correa se desempeñaba como gerente de una sociedad ligada al grupo controlador de Blumar, una de las grandes pesqueras del país.

EL MISTERIO DE LOS $385 MILLONES

CIPER revisó cada egreso de las cartolas de la cuenta corriente que Pablo Longueira abrió para su campaña de primarias en el Banco BCI -y que cerró el 26 de noviembre de 2013- y lo comparó con la rendición de gastos que presentó ante el Servel. Y aunque la mayoría de los gastos rendidos ante el organismo fiscalizador figuran tal cual en los pagos de la cuenta corriente, hay otros que no tienen explicación.

Un ejemplo: los $94,4 millones pagados a Bruno Vera a través de cuatro cheques girados el 30 de mayo ($23.670.000), el 27 de junio ($44 millones y $24 millones) y el 8 de julio ($2.717.065), no fueron rendidos al Servel. No hay registro sobre lo que hizo el junior de las fundaciones de Longueira con ese dinero luego de transformarlo en billetes en la caja de un banco.

portada .bancosLongueira tampoco rindió al Servel los $23,3 millones que le pagó a Carlos Sepúlveda Espinoza el 11 de julio de 2013, y que éste cobró por caja en la sucursal 11 de septiembre del Banco BCI. Sepúlveda es el junior de la UDI, el mismo que fue formalizado por el Ministerio Público por haber emitido 30 boletas a Soquimich por un total de $87 millones, pagos que fueron rectificados por no tener respaldo en servicios realizados. Su cónyuge, Mónica Gajardo, tiene otros $75 millones en pagos de boletas también rectificados por la minera de Julio Ponce Lerou.

Un ejemplo similar al anterior son los dos pagos que le hizo Longueira a Esteban Gal Oliva -a través de esta cuenta- y que suman $28 millones. El monto que recibió el gerente general y representante del Centro de Estudios Sociales (CIS), tampoco fue rendido al Servel. Lo que sí fue declarado como gasto de campaña fueron los $38 millones que recibió el CIS bajo el ítem “encuestas”. La misma cifra y destinatario se encuentran en la cuenta de Longueira en el BCI.

Esteban Gal Oliva y el CIS también aparecen entre los pagos realizados por SQM y posteriormente rectificados por la minera ante Impuestos Internos (SII) por no tener respaldo contable.

Un ex asesor de Longueira en el Ministerio de Economía también figura en la planilla de pagos de su cuenta corriente de primarias, pero se omite en la rendición al Servel: Carlos Feres Rebolledo (fallecido). Feres, quien registra dos pagos por un total de $19 millones, era militante de la UDI y fue reclutado por el entonces ministro de Economía para que lo asesorara en la tramitación de la Ley de Pesca.

En total, los pagos realizados desde la cuenta corriente de primarias de Longueira y que no fueron declarados ante el Servel, ascienden a $385 millones.

Entre los pagos no rendidos también aparece la sociedad Los Trapenses Spa, la que recibió $22,9 millones el 7 de julio de 2013. La misma empresa figura el mismo año prestando servicios de “publicidad radial” a las campañas parlamentarias y de consejeros regionales de RN.

En la nómina que levantó CIPER de los pagos no rendidos al Servel, aparece Carlos Zambrano Méndez, dueño de una comercializadora de servicios publicitarios, con $2,8 millones; y Eusebio Arellano V., representante de la Sociedad de Inversiones El Campanario, del rubro de la publicidad en vía pública, con $7,1 millones, los que recibió en julio de 2013.

En la cuenta de primarias de Longueira también aparecen otras figuras del sector recibiendo pagos sin rendir. Luis Marante Díaz, militante de RN (miembro del equipo de Felipe Alessandri en la Municipalidad de Santiago), dueño de una empresa de servicios publicitarios, recibió $3 millones el 4 de junio de 2013. Diego Schalper, líder de “Construye Sociedad” (movimiento político surgido al interior de la Universidad Católica), recibió $884 mil el 8 de julio de 2013. Christian Muñoz Vogel, quien personificó al popular “Faúndez” en un conocido comercial televisivo en la década de los ‘90 y que postuló a concejal por La Pintana en 2012 en un cupo de la UDI, recibió $5 millones el 31 de mayo de 2013. En tanto, un primo de Longueira, Fernando Pérez Montes, recibió $15 millones en dos cheques.

Hay otros pagos que figuran en la cuenta de primarias de Longueira en el BCI, que no se declararon ante el Servel y que son un misterio. Por ejemplo, los $92 millones que recibió entre mayo y junio Mario Catalán Gutiérrez, habitante de la zona sur de Santiago. Catalán recibió el primer cheque el 10 de mayo de 2013 (revise la nómina comparativa de pagos realizados desde la cuenta corriente y la rendición de gastos presentada ante el Servel).

APORTES ANÓNIMOS

La declaración de ingresos que Longueira entregó al Servel luego de deponer su candidatura, registró tres ítems: “aportes reservados” por $709,8 millones, línea de sobregiro bancaria por $104 millones y “aportes anónimos” por otros $71,5 millones. La suma de esas tres cifras coincide con el total de gastos declarados por el ex candidato: $885 millones.

Lo que no calza es ese monto con la suma total de gastos que registra la cuenta corriente que abrió Pablo Longueira en el BCI para su campaña de primarias: $1.051 millones. Tampoco calzan los ingresos declarados por el líder de la UDI.

En el Servel explicaron a CIPER que para las primarias de 2013 los candidatos podían recibir tres clases de aportes: “reservados” (a través del sistema que el mismo Servel tenía habilitado), “propios” y “anónimos”. No obstante estos últimos nunca fueron anónimos.

SERVEL_LT_2-Ese “aporte anónimo” lo podía recolectar directamente el candidato o el administrador de campaña. Pero este servicio (Servel) no tenía entonces las facultades ni los recursos para poder fiscalizar eso. No era posible –afirmó a CIPER el subdirector de Control de Gasto y Financiamiento del Servel, Carlos Zurita (ver recuadro).

En esa primera primaria regulada los candidatos declaraban una cifra de “aportes anónimos”, pero ninguna autoridad verificaba que esa cifra fuera precisa. Tampoco eran aportes anónimos, pues el candidato y su equipo debían recolectarlos. En resumen, el rótulo de “anónimos” consagrado en la ley era letra muerta.

Lo que sí estaba controlado por la ley eran los plazos y límites. Ni los “aportes reservados” ni los “aportes anónimos” podían recibirse más allá de la fecha de realización de la elección primaria. Y los “aportes anónimos” no podían superar los $184 millones, que corresponden al 20% del límite de gasto electoral autorizado para esa primaria.

Según un manual de gasto electoral elaborado en 2013 por la Fundación Jaime Guzmán, los aportes anónimos tampoco podían superar las 20 UF ($457 mil, según la UF del 30 de junio de 2013).

Longueira no cumplió con ninguno de los límites. La revisión de su cuenta bancaria en el BCI indica que recibió “aportes anónimos” hasta noviembre de 2013, y el monto superó con creces el límite impuesto. Solo en depósitos de sus asesores y en unos cuantos cheques firmados por empresarios recolectó $366 millones, el doble de lo permitido. No obstante, al Servel le informó un monto cinco veces menor: $71,5 millones.

En la legislación vigente en 2013, el candidato debía declarar una cuenta bancaria ante el Servel, desde la cual gestionaría su campaña. Allí recibió los “aportes reservados” que se canalizaban por la vía institucional. En el caso de Longueira, en su cuenta del BCI aparecen cinco depósitos bajo el ítem “abono pago” desde el Rut 60.504.000-4 (Servel), los que sumados dan exactamente los $709 millones que recibió como “aportes reservados”. Esa cifra permite concluir que esa cuenta corriente fue la que declaró ante el Servel.

De los $885 millones declarados en gastos, $666 millones se pagaron desde esa cuenta bancaria. La brecha de más de $200 millones se explica casi entera por los $197 millones en pagos que aparecen declarados al estudio de abogados Larraín y Compañía, pero no girados desde esa cuenta.

Las cartolas de la cuenta corriente muestran que a Larraín y Compañía se giraron $188 millones en cuatro pagos entre julio y agosto de 2013. En cambio, al Servel se declararon tres pagos por un total de $386 millones.

Los gastos realizados por Longueira durante su campaña fueron financiados utilizando la línea de sobregiro que le otorgó el banco. En total, se sobregiró en $666 millones. Gracias a los depósitos que le realizó el Servel por “aportes reservados” y los dineros allegados por sus asesores en una maratón de recolección de fondos, abonó $673 millones a esa línea de sobregiro. Al Servel le declaró que solo ocupó un sobregiro de $104 millones.

MARATÓN EN LAS SUCURSALES DEL BCI

Las cartolas de la cuenta corriente que Longueira abrió en el BCI registran que hasta mediados de agosto se continuaron pagando cheques a proveedores de su campaña. La mayor parte de esos gastos se financiaron con la línea de sobregiro que le otorgó el banco. El 19 de agosto, cuando ya había depuesto su candidatura, la tendencia se revirtió y la cuenta bancaria comenzó a recibir decenas de depósitos por montos entre los $500 mil y los $10 millones.

Carmen Luz Valdivielso

Carmen Luz Valdivielso

Además de los depósitos realizados por sus colaboradores, hay dos ingresos de dinero hechos por Antonia Alessandri, quien depositó en la cuenta de Longueira un total de $6,3 millones el 12 y el 19 de noviembre de 2013. En ambas ocasiones el monto fue el mismo: $3.150.000. Alessandri también ha sido investigada por el Ministerio Público ya que registra cuatro boletas rectificadas por SQM en 2011 y 2012. Ella es hija del ex diputado Gustavo Alessandri, y hermana del actual alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri Bascuñán (UDI). Todos integran la red de boleteros que se formó en torno a las fundaciones Chile Justo y Web. De hecho, Alessandri padre forma parte del directorio de las mismas.

Pero los colaboradores más cercanos del ex senador fueron los que depositaron la mayor cantidad de dinero. Carmen Luz Valdivielso (en las cartolas figura como CLV) realizó ocho abonos de dinero en la cuenta, alternando cheques y montos en efectivo por un total de $50 millones. Esos dineros se depositaron en sucursales del BCI en Providencia (World Trade Center, Costanera y 11 de septiembre).

Bruno Vera, el junior de las fundaciones, concretó otros 17 depósitos entre octubre y noviembre por $104,7 millones, los que realizó en las sucursales del BCI más cercanas a la sede de Chile Justo y Web (Nueva Los Leones con Andrés Bello, en Providencia). Pero, sin duda, quien más colaboró en la recolección y depósitos de dineros para sanear las deudas que dejó la campaña presidencial de Longueira fue Vicente Correa Bulnes, el ingeniero que fue reclutado por el ex ministro y que lo acompañó en su aventura electoral (en las cartolas aparece como VC).

Correa realizó 63 depósitos entre agosto y noviembre de 2013 por un total de $171,9 millones en la cuenta de campaña de Longueira. Para ello, Correa debió desplazarse por toda la zona oriente de Santiago (diez sucursales diferentes).

LIGADO A LAS PESQUERAS

En 2010 Vicente Correa era el gerente de finanzas e inversiones de la empresa Inversiones HCC, propiedad de la familia Santa Cruz Munizaga, a través de la cual controlan otra sociedad: El Cóndor Combustibles. Esta empresa forma parte del grupo controlador de la Pesquera Blumar, una de las más poderosas del país, donde comparten propiedad con la familia Yaconi y las familias Noguera y Vinagre.

Correa cursó su educación escolar en el Colegio Cumbres, y el título de ingeniero civil lo obtuvo en la Universidad de Los Andes. En 2000 estuvo un año en Puebla (México), colaborando con los Legionarios de Cristo. A mediados de la década pasada presidió la “Fundación Gente Nueva”, dedicada a crear conciencia en contra del aborto. Ya egresado de la universidad trabajó cuatro años como jefe en la mesa de dinero de la Compañía Sudamericana de Vapores, hasta que en marzo de 2010 se fue a trabajar a la empresa de los Santa Cruz Munizaga, donde se convirtió en un hombre de confianza de la familia.

De hecho, el 31 de agosto de 2010 aparece como administrador y representante de Inversiones Aljucon, sociedad formada por Alberto Romero Silva y Juan Manuel y Carolina Santa Cruz Munizaga. Los dueños de esta sociedad participan en la propiedad de Blumar. De hecho, Alberto Romero también es director de la pesquera y dirigente gremial del sector.

portada-pesqueraLas primeras huellas de Romero aparecen en 2002 cuando compartía directorio con Sergio Lecaros Menéndez (otro histórico de la pesca) en la Inmobiliaria Parques Manantiales. Ya en 2009 Alberto Romero era gerente general de Pesquera El Golfo, la que luego se fusionó con Itata para formar Blumar. Ese mismo año estaba en el directorio de Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío, investigada por el Ministerio Público por financiamiento ilegal de la política), y era miembro suplente en el Consejo Nacional de Pesca. En 2010 fue electo director de la Sociedad Nacional de Pesca hasta 2012. En un directorio que fue presidido por Rodrigo Sarquis, Romero representaba a la Pesquera El Golfo. Actualmente continúa en los directorios de Asipes y Blumar (ver documento). También ha sido miembro del directorio de la gremial de los salmoneros: Salmón Chile.

En ese núcleo de empresarios pesqueros trabajó Vicente Correa en su paso por Inversiones HCC. Eso duró hasta abril de 2011, cuando se integró como asesor al Ministerio de Desarrollo Social, entonces liderado por Felipe Kast. Solo alcanzó a estar allí cuatro meses: en agosto de ese mismo año pasó a ser asesor de Pablo Longueira, el nuevo ministro de Economía, quien reemplazó a Juan Andrés Fontaine. En ese momento se dijo que la salida de Fontaine se debió a sus discrepancias con la ruta que la administración de Piñera quería imponerle a la nueva Ley de Pesca.

A los pocos meses Correa asumió como jefe de gabinete de Longueira. Estuvo junto a él durante 2011 y 2012, época en que se negoció y se tramitó la Ley de Pesca. Vicente Correa no fue el único asesor de Longueira con una trayectoria vinculada a la empresa pesquera. Otro de los nuevos asesores del entonces ministro fue Juan Manuel Santa Cruz Campaña, hijo de Juan Manuel Santa Cruz Munizaga, el ex jefe de Vicente Correa (ver nota de El Mostrador).

Actualmente Vicente Correa tiene oficina en Pacific Overseas Consultores y Asesores, una empresa financiera formada por su padre, Luis Eduardo Correa Saavedra, en sociedad con Juan Enrique Rassmuss. También mantiene Campo Andino, sociedad creada en 2014 junto a su hermano Luis Eduardo (abogado que en 2007 figura reduciendo escrituras de la sociedad Inversiones San Ignacio Pesquera Dos, de los Yaconi Santa Cruz, también propietarios de Blumar).

Vicente Correa participa también de la sociedad familiar Agrícola Los Robles. Correa fue contactado para este reportaje, pero en dos ocasiones su secretaria señaló a CIPER que se encontraba “muy ocupado”. La semana pasada lo visitamos en su oficina, donde la recepcionista señaló que Correa no se encontraba allí y que se comunicaría con CIPER “si es que el tema le interesaba”.

Longueira no solo trabajó con ex ejecutivos o hijos de propietarios de la Pesquera Blumar. La Fiscalía investiga una serie de pagos provenientes de esa pesquera y de la gremial Asipes, que llegaron a miembros de la red de boleteros del ex ministro, los que actualmente están bajo la lupa del Ministerio Público por pagos rectificados desde SQM, Cencosud, Senexco, Metalpar, Inversiones Río Bueno, Copec, entre varias otras.

Hasta ahora se ha comprobado que el entorno de Longueira emitió tres boletas falsas a la Asipes por al menos $13 millones, y otras tres boletas por $17,7 millones a Pesquera El Golfo (antecesora de Blumar) (ver reportaje “Nuevas boletas de pesqueras: $445 millones pagaron Lota Protein, Asipes y Blumar a políticos”).

El ex presidente de la UDI comenzó a ser investigado luego que CIPER revelara que un artículo de la Ley de Royalty había sido enviado por ejecutivos de SQM a Longueira, quien a su vez lo hizo llegar al gobierno para incorporarlo en el proyecto de ley que terminó aprobando el Congreso. En paralelo, cercanos a Longueira emitían boletas falsas a la empresa minera y sus fundaciones recibían millonarias donaciones desde SQM (ver reportajes “Cambio clave en la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse” y “Los pagos bajo investigación a Longueira y su red de boleteros suman más de $900 millones”).

SUBDIRECTOR DEL SERVEL: “LAS NECESIDADES SON MUCHAS Y LOS RECURSOS INSUFICIENTES”

SERVEL_LT_2El subdirector de Control de Gasto y Financiamiento del Servel, Carlos Zurita, explicó a CIPER que los cambios a la legislación de 2016 permiten más fiscalización a los ingresos y gastos de las campañas políticas, pero que “las necesidades son muchas y los recursos insuficientes”.

- ¿Qué pasaba antes de este cambio si un candidato sobrepasaba el límite del gasto electoral?: ¿el Servel tenía facultades para fiscalizar?

No teníamos las mismas herramientas que hoy. Cambió la manera de recaudar los aportes y también la valorización de los aportes monetarios y en especies al candidato. Hoy está obligado a rendirlo y valorizarlo todo.

- ¿Cómo se asegura el Servel que los gastos de campaña declarados por los candidatos sean los reales?

Estamos recién en un proceso de aplicación de los cambios. Queda todavía mucha normativa que el servicio va a tener que ir aplicando en la medida que vayan dando los recursos y que nosotros tengamos en marcha nuevos mecanismos informáticos. Tenemos que reformular nuestro sistema de control de gastos. El que tenemos se elaboró hace muchos años y hoy requiere que hagamos una inversión que nos permita ir incorporando todas -o la gran mayoría- de las modificaciones legales para esta nueva fiscalización.

-¿Cómo se fiscalizará ahora la cuenta que debe abrir el Servel para los gastos de campaña de cada candidato?

Es complejo. La ley otorga hoy al Servel el rol de fiscalización de la cuenta que el servicio, autorizado por el candidato, abre en el banco con el cual tenemos convenio (Banco Estado). Respecto de esa cuenta tenemos la facultad para investigar el movimiento que tuvo y eventualmente solicitar antecedentes respecto de los recursos propios del candidato.

- ¿Al Servicio de Impuestos Internos (SII)?

Al candidato, lo que él declara. Eventualmente podemos hacer un cruce con Impuestos Internos…Podríamos llegar a hacerlo.

- ¿Está establecido en la ley?

No hay obligación, pero hay un tema de coordinación con los otros servicios para poder validar información. Aquí hay rendimiento de gastos, por tanto, hay movimientos de boletas, facturas, que al SII le va interesar conocer, por la eventualidad de un tema tributario.

- Entonces, la nueva legislación no agrega herramientas para fiscalizar a fondo si, por ejemplo, un candidato abriera una cuenta bancaria paralela para pagar otros gastos de campaña y recibir allí aportes de privados. 

En principio, para hacer una investigación de cuentas, no, no existen facultades…La ley salió el 14 de abril de 2016, dos meses después (19 de junio), fue la primaria de las elecciones municipales y tuvimos que aplicarla. Después, venía la declaración de los gastos, y llegó la declaración de los candidatos que participaron de la elección definitiva. Entonces tuvimos que empezar a echar a andar el cómo fiscalizar los lugares de propaganda electoral e implementar el sistema de acopio de toda la información de los aportes de los candidatos. Hemos tenido que ir avanzando sobre la marcha, con la fiscalización que nos ha sido posible. Indudablemente quedan flancos abiertos que vamos a tener que ir cerrando en la medida que terminemos este proceso. Faltan recursos. Las necesidades son muchas y los recursos escasos.

 

 

 

 

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