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General Echeverría sepultó en 2011 pista clave que llevaba al mega-fraude en Carabineros

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El mega-fraude al interior de Carabineros –que ya supera los $21 mil millones­–, pudo haber sido detectado en 2011, ahorrando miles de millones al Fisco. Pero las investigaciones que ese año desarrollaron tanto la policía como el Ministerio Público confiaron en un informe suscrito por Flavio Echeverría, el único general que hoy está detenido y confeso como partícipe del robo, quien lavó las huellas de los delitos que cometía la asociación criminal de oficiales de Carabineros, la que pudo seguir apropiándose de los fondos públicos por otros cinco años.

Esta nueva y monumental falla en los controles internos de Carabineros quedó al descubierto en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que pesquisa el fraude. Esa instancia recibió un antecedente que indica que en 2011 la Unidad de Análisis Financiero  (UAF) derivó al Ministerio Público un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que ponía bajo el microscopio al coronel Arnoldo Riveros, pues había recibido depósitos por $48 millones en apenas un año, cuando su sueldo era de poco más de un millón de pesos como funcionario del Departamento de Tesorería y Remuneraciones de la policía.

La investigación quedó en manos del fiscal José Morales, quien la archivó porque no pudo obtener pruebas del delito de lavado de activos.

La pieza clave que llevó a Morales a cerrar la investigación fue un informe de 16 páginas evacuado por  el Departamento III de Tesorería y Remuneraciones, el  mismo donde trabajaba Riveros y que depende de la Dirección de Tesorería y Finanzas de Carabineros. El documento lleva la firma de Flavio Echeverría, quien entonces tenía el rango de coronel y ejercía el mando del Departamento III (vea ese informe).

Bruno-Villalobos

Bruno Villalobos, general director de Carabineros

Una nota publicada por La Segunda el martes 13 de junio cita los descargos del fiscal Morales, quien señaló: “Se solicitaron antecedentes a diversos órganos del Estado, incluido Carabineros, no obteniendo evidencia que pudiera vincular esos hechos con otras investigaciones (…), por el contrario se recibieron informes que permitían descartar irregularidades en esta materia, al menos uno de ellos suscrito por personas vinculadas a hechos que actualmente están siendo investigados”.

En su respuesta al vespertino, Morales no individualizó ni el documento ni su firmante, señalando que la materia está bajo “el deber de reserva legal que afecta a este tipo de casos”. Ese informe es el que suscribió Echeverría y que CIPER ahora revela.

LAS HUELLAS DE LA DIPOLCAR

El documento que firmó Echeverría y que le puso la lápida a la investigación, es el Informe de Revisión Nº 01, fechado el 6 de octubre de 2011, y fue enviado a la Fiscalía por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar). Esa fue la unidad de Carabineros encargada de llevar adelante la investigación por el ROS que alertaba sobre irregularidades en las finanzas personales del entonces coronel Riveros (ahora en retiro).

La participación de la Dipolcar en esta fallida pesquisa que pudo haber abortado tempranamente el  fraude, vuelve a poner en el centro de la controversia al general director de Carabineros, Bruno Villalobos. El máximo jefe policial, quien ha sido fuertemente respaldado por La Moneda, tenía en 2011 el mando sobre la estructura de inteligencia de Carabineros cuando se produjo este grave error de procedimiento.

El episodio también salpica a otro miembro del alto mando, el actual director de Fronteras y Servicios Especializados, general Hugo Inzulza Daneri, quien entonces estaba a cargo de la contrainteligencia interna. En ese puesto, Inzulza trabajaba en conjunto con el entonces mayor Gonzalo Alveal Antonucci, quien operaba en la sección de escuchas telefónicas.

Fue Alveal el que dirigió las consultas a Echeverría, solicitando información sobre los contratos y transacciones hechos por el coronel Arnoldo Riveros en los años 2008 y 2009. Además, pidió antecedentes acerca de contratos adjudicados al proveedor Leonardo Morales Avendaño, los que  también estaban en la mira de los investigadores.

General (r) Flavio Echeverría

General (r) Flavio Echeverría

En su respuesta, Echeverría señaló que la revisión se realizó conforme a las normas de auditoría y que se pusieron bajo análisis cuatro cuentas corrientes de la institución: gastos en personal, gasto operacional, fondo de desahucio y compras públicas. Hoy se sabe que al menos en dos de esas cuentas –la de personal y la de desahucio- se efectuaron los millonarios retiros ilegales.

El resultado del análisis que avaló el coronel Echeverría fue taxativo: no había movimientos bancarios ejecutados por Riveros relacionados con contratos o transacciones vinculadas al proveedor Morales Avendaño en ninguna de las cuatro cuentas.

Para darle mayor peso a su informe, Echeverría indicó: “Es el del caso señalar que el Departamento Contraloría Financiera, dependiente de la Inspectoría General de Carabineros, ha efectuado Auditoría Operativa y de Cumplimiento a los estados financieros del Departamento Tesorería y Remuneraciones de la Dirección de Finanzas, correspondiente a los meses de mayo, julio y septiembre del año 2008 y septiembre, octubre y noviembre de 2009, y a los diferentes procesos administrativos y contables del periodo antes señalado (…). Se considera que esta auditoría constituye una base razonable para fundamentar la presente opinión”.

Con esta respuesta la Dipolcar se dio por satisfecha y el fiscal Morales archivó el caso. El camino que siguió la denuncia de la UAF, hasta su cierre, muestra que los procedimientos de contraloría interna de la Inspectoría General de Carabineros, así como los de la Dipolcar, han sido claramente deficientes.

EL NEXO CON BIENESTAR

Los registros de Impuestos Internos (SII) indican que el proveedor Morales Avendaño tiene actividad comercial vigente como vendedor de artículos de ferretería. Según los antecedentes del portal de Compras Públicas, entre 2006 y 2017 ha recibido 411 órdenes de compra de Carabineros. También ha sido proveedor, pero en menor escala, de la FACH (dos órdenes de compra) y del Instituto  Geográfico Militar (una orden de compra). En el periodo abarcado por la fallida investigación de la Dipolcar –2008 y 2009–, las órdenes de compra que recibió de la policía uniformada fueron 29, por un total de $59 millones. De ellas, 21 fueron ordenadas por la Dirección de Bienestar de Carabineros.

En esa última dependencia de Carabineros, la jefatura en los años 2008 y 2009 estaba en manos de la generala Lilian González González. La oficial, ahora en retiro, es propietaria de una parcela en el condominio El Tranque San Javier, en Peñaflor, el mismo donde tienen parcelas el general Villalobos y el ex general director, Fernando Cordero (ver reportaje de CIPER). La parcela de González está a nombre de su esposo Emilio Maldonado Lobos, quien es también oficial de Carabineros en retiro. Todos ellos eludían el pago de contribuciones por estas propiedades en Peñaflor.

EL “HUASO” RIVEROS

En sus declaraciones ante la Fiscalía, el general Flavio Echeverría ha confesado que recibió más de $420 millones producto del fraude. También admitió que comenzó a participar en la asociación criminal invitado por el entonces coronel Arnoldo Riveros.

Conocido como el “Huaso” Riveros, según un reporte de The Clinic, el coronel (r) admitió ante la Fiscalía el pasado 3 de abril que recibió dineros provenientes de la asociación ilícita que funcionaba en el Departamento Tesorería y

Arnoldo Riveros (Fuente: The Clinic)

Coronel (r) Arnoldo Riveros (Fuente: The Clinic)

Remuneraciones. Riveros es propietario de una amplia parcela en Alto Jahuel, con caballerizas y medialuna, y de varios ejemplares purasangre con los que participa en el circuito de rodeo.

Echeverría y Riveros coincidieron en el Departamento de Tesorería, donde se habrían hecho cercanos. De acuerdo con la información que ha publicado The Clinic, Riveros ha dicho entre sus amistades que sus propiedades son fruto de una herencia, pero al interior de Carabineros se señala que estuvo a cargo de adquisiciones y que podría verse envuelto en una investigación que lleva adelante la fiscal Macarena Cañas sobre irregularidades con proveedores de la policía.


Venezuela sin ‘fake news’

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El pasado lunes 5 de junio, Venezuela amaneció con el mismo presidente, Nicolás Maduro, como viene sucediendo desde que relevó a Hugo Chávez en 2013. Una decepción más para muchos de los manifestantes que vienen llenando las calles de numerosas ciudades del país en los últimos dos meses. Circularon rumores, con un alcance multiplicado por mensajes de WhatsApp, de que Maduro huiría del país un día antes. Hasta una conocida vidente predijo su fuga, según uno de esos mensajes.

A pesar de ese episodio, todo lo que sucede en Venezuela está cercado por la desinformación e impregnado por las fake news divulgadas por simpatizantes del gobierno y la oposición. En la política venezolana todo es espectáculo. Por eso, olvide mucho de lo que ya leyó por ahí: Venezuela no está viviendo una catástrofe humanitaria por la falta generalizada de alimentos; el gobierno de Nicolás Maduro no va a caer mañana; la policía nacional no está masacrando manifestantes en las calles. Pero tampoco es cierto que todo esté bien y que las manifestaciones y la violencia en torno a ellas sean fruto de “terroristas” armados, como dicen los partidarios del gobierno.

Para este reportaje pasamos tres semanas en el país, con la intención de oír lo que dicen los venezolanos y sus líderes. Nada más llegar, asistimos a una marcha de la oposición al este de Caracas. Desde principios de abril, esas marchas han sacudido la capital: cada dos días hay una nueva protesta masiva, y las calles amanecen como un escenario de guerra. En todas las principales avenidas hay camiones de los antidisturbios junto a largas filas de guardias de la Policía Nacional Bolivariana portando armas de gran calibre. Los soldados del ejército, con sus uniformes verde oliva, también ocupan las esquinas y los lugares clave para intimidar a quienes van a manifestarse. Buena parte de las principales avenidas de rápido acceso a los lugares donde tienen lugar las protestas están cortadas por las fuerzas del gobierno, impidiendo el flujo de los manifestantes. Cierran las estaciones de metro. Algunas empresas dan el día libre a sus funcionarios en horarios alternados para evitar el caos.

Las marchas también tienen su rutina: allá en la Plaza Altamira, del barrio de clase media del mismo nombre, señores y señoras rubias con sus características gorras con los colores de Venezuela conversan mientras estudiantes de distintos centros, como la Universidad Central de Caracas, la Universidad Metropolitana y la Universidad Santa María, portan bandas y carteles con los nombres de sus escuelas y mensajes de orden contra el gobierno, que consideran una dictadura. Algunos pocos, grupos de jóvenes, morenos, blancos, negros, se organizan en círculo. Sacan de sus mochilas sus “armas de guerra”: cascos de moto, camisas negras que anudan a su rostro, máscaras antigás, guantes gruesos, escudos de madera cuidadosamente tallados, adornados con palabras como “coraje”, “libertad” y “honor”.

Los “black blocs” venezolanos piden no ser fotografiados. Al igual que en las manifestaciones en Brasil, abundan los jóvenes de entre 16 y 25 años que encuentran en esas marchas una manera de expresar su deseo de cambio para el país. Allá rompen sucursales bancarias y tiendas. Llevan piedras y usando sus gruesos guantes, devuelven, cuando pueden, las bombas de gas lacrimógeno lanzadas por la policía; algunos lanzan cócteles molotov o explosivos caseros. Y son saludados como héroes por la oposición.

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Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

Cuando la plaza está llena, estos jóvenes pasan en fila india, con el brazo sobre los hombros de quien les precede, en dirección a la línea de frente entre fuertes aplausos. Algunas señoras piden permiso para tomarse fotos con ellos. “¡Son tan valientes!”, exclamaba una de ellas. Su papel allí consiste en intentar “empujar” el cordón policial que de manera invariable interrumpe la marcha cuando esta se aproxima al centro de la ciudad, impidiendo así que los manifestantes penetren en la zona donde se encuentran los edificios gubernamentales. “No hay un paro nacional en Venezuela. Hay unas protestas, y esas protestas están focalizadas en guetos donde el gobierno te deja “, resume el director del Instituto Datanálisis, Luis Vicente León.

Nada de eso es nuevo en Venezuela. El eslógan “calle, calle, calle” ha sido repetido por diferentes líderes de la oposición, con menor o mayor vehemencia, desde que Hugo Chávez fue electo presidente en 1998. Las olas de protestas, boicots, lockouts (cierre de fábricas), son tantas que se pierde la cuenta. Muchas contaron con el apoyo de Estados Unidos, mediante financiación de la Agencia Americana para la Cooperación Internacional (USAID). Desde la muerte de Hugo Chávez en 2012, hubo por lo menos tres grandes oleadas de protestas, siempre con el mismo recorrido. Y, a pesar de esto, al conversar con los manifestantes, estos aseguran que esta vez será diferente. “Vamos a seguir en la calle. Es todo un país el que no quiere continuar con este régimen”, dice Alejandro Ferrero, de 23 años, tras un casco con los colores de la bandera. Desde abril, más de 2.800 manifestantes fueron detenidos. Más de 200 permanecen en prisión.

UNA ASAMBLEA EN DESACATO Y UNA CONSTITUYENTE SIN VOTO POPULAR

El motivo de la última ola de protestas está en un edificio blanco en el centro de Caracas, adornado con columnas blancas de estilo romano y una fuente de agua en su lujoso patio, donde trabaja -o debería- la Asamblea Nacional. A mediados de mayo de este año, las sesiones tenían lugar como mucho una vez por semana, reuniendo a un puñado de diputados de la oposición; los diputados del gobierno no daban la cara. En agosto del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró a la Asamblea en “desacato”, y desde entonces nadie sabe bien cómo sacarla de esa situación.

Un destino melancólico, pero muy venezolano, para una Asamblea cuya elección, en diciembre de 2015, significó la primera derrota electoral del chavismo en el Legislativo, controlado durante 16 años por el gobierno. Los partidos de la oposición que forman parte de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) conquistaron la mayoría de dos tercios de los escaños, pudiendo así hacer leyes que contrarian las principales políticas del Ejecutivo, además de aprobar o derogar préstamos internacionales o los presupuestos nacionales. Un hecho histórico, fuertemente celebrado en las ruas, en los cafés elegantes, en las empresas y en los grupos de WhatsApp.

Ya en la ceremonia de investidura, el presidente electo de la Asamblea, Henry Ramos Allup, promulgó una ley de amnistía para todos los presos políticos y prometió que “en un periodo de seis meses, vamos a proponer un método, un sistema para cambiar al gobierno por vías constitucionales”. Horas antes, el presidente Nicolás Maduro había emitido un decreto retirando a la Asamblea el poder de nombrar al director del Banco Central, y el TSJ había impedido a tres diputados de la oposición la toma de posesión -para que no lograran la mayoría-. La MUD no acató la orden judicial y desde entonces, el gobierno no paga salarios a los diputados, y todas las decisiones del Legislativo son anuladas por el TSJ -que el 29 de marzo llegó a decidir que asumiría los poderes del Congreso, pero capituló tras la reacción internacional-.

“La asamblea funciona en un sentido testimonial. Acá en el palacio funcionan reuniones, se hacen debates, pero todas las leyes que aprobamos fueron anuladas. Desde que empezó este mandato, hay más de 60 decisiones de la Sala Constitucional anulando todos los actos”, explica a Agência Pública el actual presidente de la Asamblea, Julio Borges. Aún más beligerante que su predecesor, Borges tomó posesión del cargo en enero prometiendo elecciones generales para este verano. En marzo anunció que el Legislativo declaraba el “abandono del cargo” del presidente Nicolás Maduro, por la ineficiencia del gobierno para lidiar con una aguda crisis económica que genera crisis de falta de medicamentos y alimentos, y una inflación anual por encima del 500%. Pero nadie le dio demasiada importancia.

“Es absurdo pretender que toda una institución esté en desacato, como si fuera una persona”, dice Borges. “Maduro aprobó el presupuesto él solo, en el Tribunal Supremo de Justicia. Aprobó la deuda nacional él solo, sin pasar por el Parlamento, de manera que tenemos un Parlamento cerrado por un gobierno al que no le importan ni el voto popular ni la democracia”.

Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

La guerra entre los dos poderes se agravó a lo largo de 2016. Un intento de diálogo, acompañado por el Papa Francisco y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a finales de año, también quedó en papel mojado. “Nicolás Maduro está gobernando fuera de la Constitución. Y el país se rebeló ante un gobierno que está instalando en Venezuela una dictadura”, opina Borges, en referencia a una avalancha de enredos a los que el gobierno apeló para postergar los votos en las urnas, después de la abrumadora derrota electoral en el Legislativo en 2015. El referéndum revocatorio para el mandato del presidente -propuesto por los partidos de la oposición- fue interrumpido cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la recogida de firmas por fraude en cinco estados a finales de octubre. Esa misma semana, el CNE anunció que las elecciones a gobernador, que podrían dar mayoría a los opositores -y darían así el control de diversos cuerpos regionales de policía-, serían realizadas en el primer semestre de 2017, con seis meses de retraso. Todavía no han tenido lugar.

Antes de despedir a Borges, la reportera pregunta sobre qué pasaría si el gobierno no convocara elecciones generales, como pide la oposición: “Nada. Vamos a seguir luchando, porque no hay otra”.

LOS OJOS DE CHÁVEZ

En el centro de la ciudad, los ojos del fallecido líder Hugo Chávez están por todas partes. Literalmente. Pintados sobre paredes de edificios gubernamentales, adornando muros, esparcidos sobre los escalones del parque El Calvario, trayendo -de una forma un tanto siniestra- la memoria constante de que Venezuela es “territorio del chavismo”, como muchas pintadas se encargan de recordar. También ante la mirada de varios retratos de Chávez atiende Elías Jaua en su despacho del Ministerio de Educación. Hombre de confianza de Chávez, anteriormente Jaua fue secretario de la Presidencia, canciller (ministro de Exteriores), ministro de Economía Popular, ministro de Agricultura y Tierras y vicepresidente. Ahora, además de la cartera de Educación, Jaua dirige el principal esfuerzo del gobierno para librarse del atolladero creado por la oposición, que sigue firme en las calles: la creación de una Asamblea Constituyente, propuesta por Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo. La elección de los 545 miembros está fijada para el próximo 20 de julio. Lo que antes fuera una consigna de la oposición, deseosa de poner fin al gobierno chavista, la Asamblea propuesta está cargada de controversia. Si sigue adelante en el futuro, la Constituyente suplantará a todos los demás poderes -y por tanto, puede comandar o poner fin a la rebelda Asamblea Nacional-. El gobierno promete un referendum popular nada más terminar el proceso.

De tez morena y con mirada seria tras sus gafas cuadradas, Jaua explica, enfático, que el mayor problema del país es la “injustificable negativa de la oposición a sentarse a dialogar con el gobierno y su preferencia por la violencia”. “Ellos desconocen el derecho de gobernar de esa fuerza popular que alzó la bandera de los indígenas, campesinos, pescadores, afrodescendientes, excluidos de todo tipo. Y no es nuevo. Son 18 años de ignorancia”, dice.

Como chavista histórico que es, Jaua fue el encargado de coordinar el esfuerzo constituyente, una apuesta arriesgada de modificar uno de los mayores legados de Hugo Chávez, la Constitución de 1999 que, a pesar de ser muy protestada en la época, ahora está en boca de cualquier político: todos se acusan mutuamente de estar violando la Constitución. Es la respuesta del ministro, por ejemplo, cuando se indaga sobre si no sería más fácil abrir el diálogo realizando unas elecciones generales. “No está en la Constitución la figura de las elecciones generales. Y mediante la presión y la violencia ellos no pueden forjar un escenario que no es constitucional. Eso seria la desaparición de la república”. Es tal el aprecio por la Carta Magna que Jaua parece contradecirse al explicar la necesidad de una Constituyente.

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Eías Jaua / Fotografía de Manuel Rueda/Agência Pública.

“No se trata de cambiar la Constitución”, explica Jaua a Agência Pública. “Se trata de apelar al principio de que la soberanía popular es la fuente suprema del destino de la nación. [Buscando diálogo] no más con la cúpula de la oposición, sino con un proceso electoral por vía universal, directa y secreta. Y que emerjan tanto líderes del gobierno, como líderes de la oposición que están en contra de esa violencia”.

La fórmula para elegir a los constituyentes es más que polémica. La mitad será escogida por regiones; la otra mitad, en función de nueve sectores, como campesinos, empresarios, indígenas, personas con deficiencia, universitarios y representantes de consejos comunales, que cuidan del mantenimiento de las favelas (barrios humildes), por ejemplo. Cada sector tendrá sus representantes. Sobre los que quedarán fuera, como los jóvenes que no están en la universidad, Jaua justifica que todos podrán votar por su región.”La única razón es técnica y legal. Tiene que haber un registro histórico, reconocido, institucional de los sectores. No se trata de discriminación, sino que el registro ha de ser fiable y certificado”, enfatiza.

Pero, ¿cómo sabe el gobierno que la población aprueba la iniciativa si no hay un referéndum consultivo? Él responde con confianza: “Eso se verá en las elecciones constituyentes, y se verá en las próximas semanas, en miles de candidaturas que ya empiezan a florecer por todos lados”. Hasta mediados de junio, ya había más de 50.000 candidatos, según fuentes oficiales. Sean cuales sean los cambios que surjan tras la Constituyente electa de esta forma, él garantiza que “las bases doctrinarias y filosóficas de la Constitución de 1999 se mantendrán”.

MÁS PROTESTAS Y MÁS MUERTES

La propuesta gubernamental prendió el ambiente político. La conmoción fue palpable cuando, el 11 de mayo, una marcha llenó las calles de La Mercedes, en la zona oriental de Caracas. La protesta, organizada en menos de 24 horas, era la antítesis de la marcha del día anterior, cuando en aquel mismo lugar la multitud intentó acceder al centro de la ciudad, enfrentando el cordón policial, los estallidos y, finalmente, la tragedia. Hoy, guiada por un sacerdote católico, las familias rezan, cantan y traen coronas de flores para el joven Miguel Fernando Castillo Bracho, de 27 años, un estudiante de comunicación de la Universidad Santa María, que murió por el impacto de una bola de acero lanzada por un arma casera en las manifestaciones del día anterior, según la Fiscalía venezolana. “Estoy aquí como madre para compartir el dolor de las madres de esos jóvenes asesinados, resultado de tanta represión y tanta maldad como tiene este gobierno. ¿Qué miedo tienen de que la gente llegue al palacio de Miraflores?”, decía la profesora Ana Karina Malave.

Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

Ya han muerto más de 70 personas en la ola de protestas en Venezuela desde marzo. El recuento de fallecidos -una perversión del sensacionalismo venezolano- se convierte en arma arrojadiza a ambos lados del espectro político. En Caracas, una de las ciudades más violentas del mundo, los muertos han marcado todas las olas de manifestaciones contra el chavismo. En 2014 los 43 manifestantes muertos sirvieron para que la Justicia condenara a 14 años de prisión al líder opositor Leopoldo López, del partido Primera Justicia. Desde entonces, López se ha convertido en el preso político más famoso del país. En 2002, las 19 muertes durante la jornada de protestas del 11 de abril sirvieron de pretexto para que la cúpula militar exigiera la renuncia de Hugo Chávez, despejando así el camino para un golpe de Estado que duraría menos de 48 horas.

Es por eso que, al entrar en el despacho del ministro de Comunicación, esta reportera encuentra a Ernesto Villegas sobre una montaña de papeles impresos, organizados en el suelo al pie de una pizarra blanca, con una lista de nombres. Cada folio trae una foto, nombre, apellidos y datos como la edad, el sexo y el “status del caso”. Ernesto Villegas es ministro de Comunicación y presidente de la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV). Es, ante todo, periodista. “Eso no me lo quita nadie”. Tras el golpe de 2002, Villegas estudió los muertos del 11 de abril para su libro Abril, golpe adentro.

“Mire, todas las muertes valen lo mismo, son todas dolorosas, independiente del color político de la victima”, dice Villegas, asegurando que hoy como en la época del golpe, el número de muertos a manos de la policía nacional es muy interior al que se difunde. Hasta comienzos de junio, de los 77 casos registrados por su equipo, solo 25 personas estaban participando en manifestaciones cuando fallecieron. Entre ellas hay víctimas que recibieron impactos de armas caseras o por armas de fuego. Un estudiante de medicina, Paúl Moreno, de 24 años, fue atropellado por una camioneta Hilux en Maracaibo, al oeste del país, y otro universitario, Juan Pernalete, de 20 años, murió tras el impacto de una bomba lacrimógena tirada por la policía y que impactó contra su tórax, según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Entre los muertos hay también cuatro chavistas, cuatro policías y ocho víctimas que murieron electrocutadas durante un saqueo a una panadería en Caracas (los datos pueden ser consultados aquí aquí).

“El pretexto para la intervención extranjera son las violaciones de derechos humanos. De ahí los esfuerzos de un aparato mediático gigantesco están puestos para esa narrativa del gobierno de Maduro como violador masivo de derechos”, declara el ministro. Para él, si un agente de policía dispara a manifestantes, está desobedeciendo la Constitución, las órdenes expresas de sus superiores y las del presidente. “Para mí es sospechoso estar alineado con el show de Luis Almagro en Venezuela”, dice en referencia al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que actúa en concordancia con la política de Estados Unidos.

La muerte más brutal de todas fue la de un joven de 21 años, Orlando Figuera, linchado, acuchillado y quemado vivo por manifestantes que ocupaban la plaza Altamira el 20 de mayo, tras haber sido acusado de intentar robar a una persona. Figuera murió en el hospital 15 días después. Según sus padres, chavistas férreos, el joven se dedicaba a estacionar vehículos en Las Mercedes y “fue asesinado por ser chavista”. La noticia recibió poca atención por parte de los medios internacionales y fue utilizada por el gobierno para atacar a la oposición. “Aquí la prensa internacional no aplica su manual de estilo. Se descalifica a la fuente oficial como válida. Hay una visión de que cualquier cosa que se diga contra el gobierno es válida como noticia, no es necesario verificar”.

Entre 2002 y la actualidad Villegas destaca una diferencia fundamental: la primacía de las redes sociales. Internet tiene una tasa de penetración del 53% en Venezuela, con más del 70% referida a las clases populares. “En aquella época éramos prisioneros de la televisión”, opina el ministro. “Hoy la comunicación digital sustituyó a la televisión en algunas franjas geográficas y de edad. Tiene mucho impacto lo que circula en grupos de WhatsApp; Facebook es la red más popular en Venezuela, y Twitter es muy usado por políticos”.

Dado que marchas como la de Miguel no son mencionadas por la televisión abierta -Telesur y VTV, en particular, dedican largas franjas a programas propagandísticos plagados de acusaciones contra los opositores-, es imposible controlar el torrente de vídeos caseros divulgados por páginas antichavistas como Maduradas.com o La Patilla. Hay vídeos que muestran a jóvenes siendo linchados por manifestantes, mientras que en otros aparece la Policía Nacional Bolivariana rompiendo y quemando sus propias motos para incriminar a manifestantes.

El ministro asegura que existe una mezcla entre los medios de comunicación digitales y otros, que “son fachadas de un aparato político con expresión digital”. “Son páginas que corroboran a uno y a otro, ayudan a divulgar noticia exageradas o falsas, y hasta propagan un valor inflacionado del dólar paralelo””, asegura, citando la web dolartoday, dirigida por un ex militar venezolano entrenado por Estados Unidos y relacionado con el golpe contra Chávez en 2002, que mezcla cotizaciones que suben a un ritmo vertiginoso con cualquier información contraria al gobierno chavista.

“Hay otro fenómeno: Miami está aquí. Buena parte de los contenidos que se producen para Venezuela salen de Miami. Si usted investiga a los influenciadores, verá que en torno al 60% está fuera de Venezuela”.

El contraataque chavista no se queda atrás y es propagado por páginas como La Iguana TV. Por un lado, divulgan vídeos como este, en el que aparecen manifestantes lanzando bombas caseras contra la policía. Pero también alcanzan extremos de manipulación, como la inserción de armas en fotos de manifestantes -imágenes que después se filtran a las televisiones públicas-.

Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

LA SOMBRA DE 2002

Aquella mañana de mayo, ataviado con una sudadera, Henrique Capriles parecía animado como quien acaba de practicar jogging. El principal rostro de la oposición desde hace más de una década dice estar seguro de que si no se resuelve la crisis política, no se resolverá la crisis económica. Conversando con él, parece difícil resolver la crisis política. Derrotado por apenas 224.000 votos por Nicolás Maduro en 2013, Capriles, el candidato que une a la oposición, desde abril tiene prohibido presentarse a las elecciones en los próximos 15 años. “Según la Constitución, la única forma de ser inabilitado es si hay un juicio definitivo. No se me notificó la inhabilitación debido a una multa de 40.000 bolívares [aproximadamente seis dólares en la cotización paralela], por haber recibido una donación de Reino Unido para un proyecto escolar”, explica. Dos días después de la entrevista con Agência Pública, a Capriles, gobernador del estado de Miranda, le fue confiscado su pasaporte en el aeropuerto, impidiéndole así salir del país cuando pretendía ir a la ONU para denunciar violaciones de los derechos humanos. Capriles opina sobre lo que considera una persecución: “Si acá fuéramos a elecciones el próximo fin de semana, el gobierno sabe que el próximo presidente sería este que está hablando “.

Para el político, el caos puede llegar a más. Si la Constituyente avanza, dice, el país puede terminar con dos constituciones. “Estoy sumamente preocupado porque el gobierno radicalizó su posición, un gobierno que está cada vez más solo y aislado, y eso no es sostenible en el tiempo”, asegura.

Para él, la solución consiste es más calle, calle, calle. “Maduro ignoró el resultado que el pueblo venezolano dio en las urnas, una mayoría contundente a las fuerzas del cambio. ¿Qué propusimos? Referéndum revocatorio, previsto en la Constitución. ¿Qué pasó? Nos robaron. ¿Qué hacemos cuando nos echan de todas las puertas democráticas? ¿Qué hago yo como líder?”.

En público, Capriles es otro hombre. Lleva a la multitud al delirio con discursos durante las protestas, insultando al presidente y asegurando que el gobierno va a caer pronto. En su despacho, paraece más sensato y bastante más conciliador. Habla con mucha vehemencia sobre una salida electoral, por la presión de la calle. “Estoy convencido de que el cambio va a tener lugar por la vía electoral, porque tenemos que pensar en el día después de Maduro. Un gobierno que caiga, que termine, que venga de una insurrección militar, un golpe de Estado, no va a dar estabilidad a Venezuela”, declara.

Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

Capriles siguió de cerca el golpe fallido de 2002, aunque insista en apartarse de esa herencia maldita. El 11 de abril de 2002, horas antes de que Chávez fuera llevado preso por militares rebeldes, el presidente de su partido, Primera Justicia -Julio Borges, actual presidente de la Asamblea- exigió por televisión la renuncia del gobierno y de los demás poderes. A su lado izquierdo estaba el joven Leopoldo López, alcalde de Chacao, un municipio del Gran Caracas. Al día siguiente, López llevaría a la policía municipal para que arrestase al ministro del Interior y Justicia, Rodríguez Chacín, parte de una purga” que duró tan poco como el golpe. Al allanar la casa donde se encontraba el ministro, estuvo acompañado por Henrique Capriles, por entonces joven alcalde de Baruta, también en la capital, y de las fuerzas policiales de ambos municipios.

Ese mismo día Capriles protagonizó un episodio infame en la embajada de Cuba. La casa estaba cercada desde el día 9 por una multitud que amenazaba con invadirla, y habían cortado la luz y el agua desde que empezaron a circular noticias de que el vicepresidente de Chávez, el teniente del Ejército Diosdado Cabello, buscaba asilo allí. Capriles entró en el local garantizando la seguridad de la embajada y pidió revisarla; el embajador se negó e invocó el derecho internacional para exigir respeto al territorio soberano de la embajada. A la salida, Capriles se lavó las manos: “No puedo confirmar ni desmentir que esté en la embajada, porque no me dejaron revisarla”. Capriles asegura que fue hasta el lugar por petición del embajador y que fue una trampa en la que calló “por inexperiencia”. “Nunca estuve en el golpe, ¡nunca!”, repite durante la entrevista.

Diosdado Cabello, el ex vicepresidente que buscaba asilo en la embajada cubana, es hoy el hombre más fuerte del chavismo.

SENTADO SOBRE BAYONETAS

Todos los martes a las 20 horas, el canal estatal VTV emite un colorido programa que dura unas cuatro horas. En la apertura, una orquesta toca: “Soy chavista y voy marchando, por la vida celebrando… ¡Y con el mazo dando!”. Es la hora del programa semanal de Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV (partido del gobierno), el más fiel seguiro del estilo del “comandante” fallecido. El programa Con el mazo dando recibe el nombre de un martillo que el presentador mantienesobre una mesa, con el cual golpea cuando quiere dar énfasis a lo que dice. Gordote, el exmilitar que aparece ante un gran letrero que forma la sigla 4F -símbolo del golpe de Estado fracasado que intentó Chávez en 1992, en el cual participó Cabello en condición de teniente del Ejército- y la frase “#Aquí no se habla mal de Chávez”.

En el último programa, grabado dentro del Fuerte Tiúna, instalación militar histórica de la capital, el presentador y político comenzó haciendo un reconocimiento especial a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana. Decenas de militares que siempre están presentes entre el público respondieron con un largo coro. “La derecha está montando falsos positivos todos los días para ustedes, pero nosotros prometemos: ¡No pasarán y no volverán nunca más a gobernar esta patria de Bolívar y de Chávez!”, dice Cabello, besándose la punta de sus dedos como signo de compromiso. Antes de pasar por la tradicional burla de las noticias de la semana que “atacan a Venezuela”, haciendo una X sobre ellas, grita a los asistentes:

-Hashtag oposición terrorista y…

-¡Asesina!, responde el público.

Diosdado es la pieza clave de un gobierno que apela cada vez con más frecuencia al componente militar. Fue, además de vicepresidente durante el golpe, presidente de la Asamblea Nacional, ministro de Obras Públicas y Vivienda y gobernador del estado de Miranda, título que perdió en favor de Capriles. Hoy, sin cargo en el gobierno y con el puesto inútil de diputado federal en una Asamblea que no funciona, es uno de los hombres-propaganda del gobierno ante la población.

“Él es el político que en este momento mejor conoce las Fuerzas Armadas. Tiene cercanía y dominio sobre toda la promoción del ejército”, explica Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada. “Creo también que Cabello juega un poco a vender esa imagen, a hacer creer que controla las Fuerzas Armadas, lo cual es falso. Nadie en Venezuela las controla en este momento. Ni siquiera el presidente de la República”.

Es justamente esa apuesta de la oposición, que desde principios de este año está trabajando para que los militares abandonen su apoyo a Maduro. “Hoy es un gobierno sentado sobre las bayonetas. Pero esperamos que en las Fuerzas Armadas haya una reserva democrática institucional, y que no vaya a apoyar a un gobierno que está corrompido”, dice Julio Borges. “Es a eso a lo que estamos apelando: que no tengan miedo de votar, que no teman que podamos tener un proceso electoral en Venezuela, y unificar el país. Un cambio en Venezuela no significa persecución, no significa caza de brujas, no significa venganza”.

El objetivo de seducir a los militares llegó incluso a la Asamblea Nacional. A finales de mayo, fue instaurada una “Comisión de Garantías para la transición”, para hacer leyes de amnistía para quienes cambien de bando. “No solamente amnistía, sino también incentivos”, explica el diputado Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional y del Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López: “Si alguien es despedido o preso, o lo echan de su trabajo por apoyar la lucha por la democracia, que sepa que, a pesar de que la dictadura lo amedranta, en el momento en que llegue la democracia, tendrá una recompensa”.

Julio Borges/Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

Julio Borges/Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

El mensaje busca asegurar que no se repita la caza del 12 de abril de 2002, ocasión en la que la persecución contó con la participación de dos de los principales líderes opositores de la actualidad. Desde entonces, el gobierno chavista reformó la policía y sedimentó la doctrina bolivariana en el Ejército nacional, asegurando el mando a militares leales.

“Chávez introdujo a los militares en el poder como fórmula de gobierno, pero sin duda, después de su muerte, se formó una cohabitación mucho mayor entre políticos y miilitares, por las concesiones de poder que Maduro hizo a los militares. Es un gobierno militarista. Incluso con el gobierno de un civil, tiene todas las características de un gobierno militar. La militarización de la sociedad, todos los elementos del día a día están dirigidos por las Fuerzas Armadas Nacionales: los alimentos, la circulación, los metros, las farmacias”, explica San Miguel.

Entre los 32 ministros de Maduro, 11 son militares; y 11 de los 23 gobernadores regionales son militares jubilados. Más allá de eso, los militares también están presentes en la Zona Económica Militar Socialista, un complejo industrial implantado por Maduro desde 2013 para intentar reanimar la economía en decadencia. Cinco empresas, creadas tras el anuncio de esta iniciativa, tienen relaciones con las Fuerzas Armadas: un banco, una agropecuaria, una televisión digital, una empresa de cosntrucción y una de suministro de aguas subordinada al Ministerio de Defensa. Otras tres compañías fueron creadas desde entonces. “El cambio más importante es la producción y explotación de minas por la Caminpeg. Es una empresa militar con un tamaño en su área similar al de PDVSA, la estatal de petróleo”, explica San Miguel.

La Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, creada a principios de 2016, tiene por finalidad la explotación de petróleo, gas y minerales, entre otras actividades. Su junta directiva es nombrada por el ministsro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, y el gobierno tiene acciones mayoritarias. Maduro asegura que esta empresa se limita solo a “prestar servicios a PDVSA”.

También los militares están al frente de los esfuerzos del gobierno por enfrentar la actual crisis económica, en concreto el programa Gran Misión Abastecimiento Soberano, que también encabeza Padrino López. La Misión se encarga de velar por la importación y distribución de alimentos para la población más pobre a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Estos comités, vinculados con los consejos comunales de las favelas, distribuyen a las familias un saco de comida con aproximadamente 12 kilos de productos ensenciales como arroz, harina, pasta y aceite, a precios subvencionados por el gobierno. A pesar de sus problemas, la política del CLAP permitió aliviar la escasez de alimentos básicos importados, que alcanzó su punto crítico en 2016. Ese año, un estudio de tres universidades desveló que el 70% de los venezolanos perdió una media de ocho kilos -un desastre tras la drástica reducción de hambre obtenida por el chavismo, del 15% al 5% de la población, reconocida por la Unesco en 2015-. Hoy hay un militar al mando de cada género alimenticio dentro del Plan Rubro por Rubro: aceite, azúcar, café, arroz e incluso papel higiénico.

Cuando la reciente ola de protestas se extendió más allá de Caracas a otros estados del país, generando saqueos, bloqueos de carreteras y ataques contra instalaciones policiales, el gobierno puso en marcha la segunda fase del Plan Zamora, que emplea al ejército para controlar el orden público, militarizando áreas enteras del país. A mediados de mayo, el Ministerio de Defensa desplegó 2.000 soldados de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 efectivos de tropas de pesciales en el estado de Táchira, en la frontera con Colombia. Desde mayo los militares también se han encargado de arrestar a manifestantes en todo el país, juzgados por cortes militares.

Respecto a esto último, el general Padrino López no se cansa de mostrar su apoyo al presidente, afirmando que la Constituyente “es una propuesta revolucionaria, constitucional, profundamente democrática que nosotros apoyamos”, pidiendo “que acabe la campaña de odio contra las Fuerzas Armadas”, o apoyando públicamente la retirada de Venezuela de la OEA -el secretario general de esta organización, Luis Almagro, es el objetivo de gran parte de sus críticas-. López también es históricamente leal a Chávez. Durante el golpe contra el expresidente, el entonces teniente-coronel y comandante del Batallón de Infantería en Forte Tiúna permaneció leal a Chávez y llegó a ofrecer ayuda al presidente depuesto. Meses antes de morir, el líder lo ascendió a Segundo Comandante del Ejército. En 2013 Maduro lo nombró jefe del Comando Estratégico Operacional y, meses después, ministro de Defensa. Recientemente el general garantizó que las Fuerzas Armadas son un pilar de Venezuela “porque rechazan todos los ataques infames y enfermizos impuestos por la derecha terrorista”.

Uno de los problemas de emplear a los militares en áreas estratégicas de la economía es precisamente el telón de Aquiles del gobierno chavista, la corrupción. En diciembre del año pasado, un reportaje de la Agência Pública mostró los relatos de comerciantes que compran alimentos en el mercado negro de los militares, o que aseguran pagar sobornos directamente al ministro de alimentos, el general Rodolfo Marco Torres. Los reporteros también identificaron empresas offshore ligadas a familiares del exministro de Alimentación, el general Carlos Osorio, que actualmente es inspector general de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Estados Unidos reaccionó con sanciones contra militares y miembros del gobierno venezolano. Los últimos en entrar en la lista negra de los americanos fueron el ministro del Interior, el general Néstor Reverol, y el antiguo subdirector del despacho antidrogas, el general Edilberto Molina, ambos acusados de ayudar a narcotraficantes en la distribución de cocaína para los Estados Unidos.

“El gobierno se apoya en las Fuerzas Armadas en una dialéctica que hasta ahora se mantiene. En el corto y medio plazo, esa relación debe mantenerse”, vaticina Rocío San Miguel. Más allá de esa alianza, dice, hay una amenaza tocando a la puerta. “Hay tres delitos que persiguen a la cúpula militar venezolana: el narcotráfico, las violaciones contra los derechos humanos y la corrupción”, resume esta investigadora.

UN INTERLOCUTOR REALISTA

Buscar una voz imparcial en Venezuela es imposible. Como mucho -y con mucho esfuerzo- se puede encontrar a un interlocutor realista. Luis Vicente León no es un hombre que no toma partido; cree que Maduro se está convirtiendo en un gobernante abusivo, con trazos dictatoriales. Pero su visión como científico de datos -es director del Instituto Datanálisis, uno de los más importantes de Venezuela- va más allá de sus convicciones: desde 2016, cuando la crisis por el desabastecimiento de alimentos alcanzó su auge, hasta principios de 2017, reconoce que la popularidad de Maduro aumentó. “La popularidad bajó de manera significativa desde que ganó con el 51% de los votos; su peor momento fue en diciembre del año pasado, cuando llegó al 18% de popularidad. Paradójicamente, el presidente Maduro este año recuperó seis puntos porcentuales de apoyo popular, pasando del 18% al 24%. Esto tiene que ver con una parte importante de la población que es independiente, el 35% de los venezolanos se definen así: ni chavistas ni opositores”. Mientras, asegura que el 90,5% de los venezolanos opina que el país está mal o muy mal, y el 70% culpa a Maduro. “Pero sin duda el liderazgo opositor tampoco es apasionante, que hable de la historia que este país puede tener. Ellos prefieren seguir peleando contra Maduro”.

Para León, lo mejor para el país sería una negociación entre el gobierno y la oposición.

“Creo que la solución de Venezuela para por una negociación política. Sin negociación política, no hay ninguna forma de recuperar los equilibrios. Creo que la oposición tiene que construir en su trabajo y en sus protestas el suficiente poder de negociación para obligar al gobierno, no a entregar su cabeza, sino a negociar la reinstitucionalización del país”, opina.

Si no ocurriera -como demuestran los últimos acontecimientos-, la tendencia es que el gobierno se mantenga “encapsulando las manifestaciones en guetos” de forma que se vuelvan aún más violentos. “Eso es lo que tenemos que evitar a cualquier precio”, dice León.

Este experto señala también otro modo de que el país alcance una solución, uno más profundo e intangible: “En Venezuela hay escasez de leche, café, arroz, pero lo que más escasea es la verdad. Y, todavía más, la objetividad. Este es un país en el que nunca se sabe la verdad, ni en los medios de comunicación, ni en los discursos, ni en los debates, ni en las entrevistas”, declara. “El tema de la verdad fue perdido completamente como un valor en Venezuela. Y, por cierto, no solamente en el gobierno, también en la oposición. Hay una guerra de pinochos, donde todo el mundo miente y donde usted nunca sabe qué es verdad y qué es mentira. Y si usted pierde la verdad, simplemente no es capaz de separar el ruido de las señales. Entonces, tomar posiciones o decisiones se convierte en un elemento muy difícil”, dice. De momento, Venezuela parece haber inventado la polarización que se infiltró en el resto del continente. “Y cuando se está en el clímax de la polarización, la verdad es vista como una traición”, lamenta León.

NOTAS:

Además del reportaje, Agencia Pública realizó dos videos, los que compartimos a continuación:

1. “¿Qué está pasando en Venezuela?

2.  “Entrevistas a familiares de presos políticos juzgados por tribunales militares“.

*El texto de este reportaje fue traducido del portugués al castellano por José Bautista, de La Marea.

Formalización de Jorge Pizarro: así llegaron los dineros de SQM a su cuenta corriente

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“A mí, evidentemente, me afecta en lo personal que mis hijos se vean expuestos en un caso que es más político y comunicacional. Se expone a la gente por filtraciones y trascendidos, y se les condena de antemano”. Esas fueron las palabras del senador Jorge Pizarro (DC) en abril de 2015 cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) incluyó a la sociedad de sus hijos –Ventus- en una nómina de personas naturales y empresas que recibieron pagos irregulares desde Soquimich (SQM).

En la entrevista que publicó La Tercera su tono fue de reclamo y molestia. “No, no, claramente no”, respondió cuando le preguntaron si el dinero de SQM había financiado su campaña senatorial. Acusó al periodismo de “construir caricaturas”, y postuló una salida al escándalo del financiamiento ilegal de la política: “¿Cómo no se va a necesitar de un gran acuerdo para, por ejemplo, dotar al Servel de facultades fiscalizadoras para controlar las campañas?”. Un estadista.

Pero hubo una información que él omitió en esa misma entrevista: parte de los $45 millones que SQM le pagó a Ventus por trabajos que no tenían respaldo, terminaron en su cuenta corriente del Banco Security.

Esa es una de las evidencias por las que el próximo 16 de agosto el Ministerio Público formalizará al senador Jorge Pizarro. Luego de que hiciera pública la nueva situación procesal del dirigente democratacristiano, las consecuencias políticas fueron inmediatas: el ex presidente del PDC decidió congelar su militancia.

Pero esta historia ya había tenido costos para el senador de la Región de Coquimbo. Cuando se supo que SQM había realizado pagos irregulares a la sociedad de sus hijos, Pizarro se preparaba para asumir la presidencia de la DC. Y asumió, a pesar del duro cuestionamiento de un sector de su partido. Solo duró un año en el cargo hasta que la presión política lo hizo renunciar.

Luego de conocida la decisión del Ministerio Público de formalizar a Pizarro, el abogado del senador y de sus hijos, Cristóbal Bonacic, dijo que la decisión de la Fiscalía “nos sorprende, porque de acuerdo a la carpeta no hay ningún antecedente que dé cuenta de la participación del senador”. Eso no es cierto. CIPER halló las cartolas de las cuentas corrientes de dos de los tres hijos del parlamentario, donde se evidencia que parte de los dineros que SQM le pagó a Ventus -$11 millones del total de $45 millones- fueron a parar a la cuenta corriente del padre, el senador Jorge Pizarro.

LA HUELLA DEL DINERO DE SQM

A pesar que en marzo de 2010 los tres hijos de Pizarro constituyeron la sociedad Ventus, solo dos de ellos señalaron haber trabajado en labores relacionadas con esa empresa: Sebastián y Jorge. Pero fue el menor de los hijos, Benjamín, quien se encargó de traspasar varios millones desde la cuenta corriente de Ventus hacia la cuenta que Jorge Pizarro mantiene en el Banco Security. Fue una operación sencilla.

Una de las facturas que Ventus envió a SQM en 2011

Una de las facturas que Ventus envió a SQM en 2011

La indagación de CIPER arroja otro dato relevante: los $45 millones que la sociedad Ventus Consulting recibió de SQM, representan el 98% de los ingresos que esa sociedad tuvo desde que se creó, en marzo de 2010. El dinero restante de los ingresos de Ventus ($1.250.000) fue un pago de Usalink, la sociedad que estuvo a cargo de la tienda Puro Chile en Nueva York, donde trabajó Jorge Pizarro Cristi entre 2011 y 2012, mientras acompañaba a su ex cónyuge, quien participaba en un proyecto de la Universidad de Columbia.

El primer traspaso de dinero que llegó a manos de Jorge Pizarro, ocurrió el 6 de febrero de 2012, cuando desde Ventus se transfirieron $4.005.000 a la cuenta que Benjamín Pizarro tiene en el Banco de Chile. Ese mismo día, la misma cifra fue traspasada desde la cuenta corriente del hijo a la cuenta corriente del padre. El segundo pago se hizo efectivo el 2 de abril de 2012, cuando Ventus le depositó $1.998.000 a Benjamín a las 20:41 horas. Una hora después esa misma cifra llegó a manos del parlamentario a través de una transferencia.

El 29 de junio del mismo año, nuevamente Ventus le transfirió dinero a Benjamín Pizarro. Esta vez fueron $5.000.000, los que cinco horas después aparecieron en la cuenta del ahora congelado militante de la DC. En total, $11 millones de Ventus, que a la vez provenían de SQM, llegaron al bolsillo del senador Jorge Pizarro en solo seis meses.

Hay otras platas de la sociedad de Jorge, Sebastián y Benjamín que terminaron en las finanzas familiares. De hecho, el primer depósito que registra la cuenta de Ventus a Benjamín Pizarro, tuvo lugar el 5 de enero de 2012, cuando se le giraron $2.700.000. Cinco días después, esa misma cifra fue depositada por Benjamín en la cuenta de su madre, Angélica Cristi.

Pero la cuenta de Benjamín Pizarro esconde otras transferencias que llaman la atención. El 27 y 29 de marzo de 2012 el menor de los Pizarro Cristi depositó en total $5 millones en la cuenta del Banco Santander de Carlos Ernesto Moreno Beauchemin. Moreno, militante democratacristiano y alcalde de Recoleta entre 1990 y 2000, fue director de Chile Deportes en el primer gobierno de Michelle Bachelet (es el ex esposo de la ex ministra Marigen Hornkohl). Una nota de El Mercurio señala que Moreno ha formado parte del círculo de Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, integrantes del sector de los llamados “guatones”, grupo interno de la DC al que también se ha vinculado el senador Jorge Pizarro.

Sebastián Pizarro Cristi

Sebastián Pizarro Cristi

Es probable  que los dineros de Ventus que fueron a parar a la cuenta del parlamentario sean mayores. Los informes bancarios de las cuentas corrientes de dos de los hijos del senador -Sebastián y Benjamín-, revisados por CIPER, solo abarcan el periodo comprendido entre marzo y noviembre de 2011, en el caso del primero; y entre marzo de 2011 y agosto de 2012, respecto del segundo.

Considerando que el dinero que viajó de Ventus al bolsillo del senador, a través de la cuenta de su hijo menor, ocurrió exclusivamente en 2012, queda abierta la interrogante sobre si sus hijos mayores, Jorge y Sebastián, realizaron depósitos a la cuenta de su padre, utilizando los fondos de Ventus que se engrosaron gracias a los $45 millones pagados por la minera de Julio Ponce Lerou.

El senador Jorge Pizarro declinó referirse a las evidencias de esta indagatoria. A través de su oficina parlamentaria se hizo saber a CIPER que sería su abogado, Cristóbal Bonacic, quien lo haría:

-Eso tiene una explicación muy clara, muy racional. Y la vamos a dar en el proceso de la investigación, que es donde corresponde. No le puedo decir nada más, porque no se lo hemos informado a la Fiscalía. Pero se trata de un monto de dinero ínfimo respecto del total –afirmó Bonacic a CIPER

-¿Diría usted que $11 millones del total de $45 millones que SQM le pagó a Ventus, es un monto “ínfimo”?

-Si usted analiza la cuenta corriente de la compañía (Ventus), la mayor parte de la plata se mantuvo en la cuenta corriente hasta el año 2015, y se usó para pagar las multas producto de todo este tema.

Esa afirmación no tiene asidero en la cartola de la cuenta corriente de Ventus en el Banco Security. Pues en ella, desde febrero de 2013, cuando ingresa el último cheque pagado por SQM, el saldo se mantuvo bajo los $12 millones.

NADIE DEFENDIÓ A VENTUS

La investigación judicial sobre los pagos irregulares de SQM a la sociedad de los hijos del senador Pizarro, está avanzada. En mayo del año pasado el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra los tres hijos de Pizarro por su eventual responsabilidad en los delitos tributarios cometidos por su sociedad, los que generaron un perjuicio fiscal de $18 millones, según el SII.  Además, en la querella también se les imputó el presentar “de manera deliberada y consecutiva” declaraciones tributarias falsas, ya que declararon menos ingresos de los que realmente tuvieron.

El 31 de agosto de 2016, pocos meses después de presentada la querella del SII, la Fiscalía formalizó a Sebastián Pizarro Cristi por ser el representante legal de Ventus. Al hijo del senador se le aplicaron las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.

La defensa de los hermanos Pizarro Cristi ha girado sobre el supuesto de que los trabajos pagados por SQM sí se realizaron y fueron “asesorías verbales” al entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse. Así lo declaró Sebastián Pizarro Cristi ante el SII, en abril de 2015, quien afirmó entonces que ellos firmaron un contrato con SQM para proveer a la minera de “entrega periódica de reportes verbales que hacíamos mensualmente, dependiendo de la necesidad, a veces eran más de una vez al mes, donde se entregaba el análisis y seguimiento de los dos ejes que comenté anteriormente (coyuntura política y económica)”.

Jorge Pizarro Cristi

Jorge Pizarro Cristi

Sebastián Pizarro también declaró que había temas específicos que analizaban para SQM, como la evolución del yodo y las implicancias para ese negocio de que Ucrania se uniera a la Unión Europea. Sin embargo, las facturas emitidas por Ventus a SQM fueron por “servicios comunicacionales”.

Cuando los fiscalizadores del SII le preguntaron a Sebastián Pizarro si existían respaldos que dieran cuenta de esas asesorías, la respuesta fue negativa, pues se trataba de “asesorías verbales”. En la indagatoria se logró determinar que quien llevó a los hijos de Pizarro a las oficinas de SQM fue otro viejo integrante del sector de los “guatones” de la Democracia Cristiana: Marcelo Rozas, ex embajador de Chile en la República Checa y antiguo asesor de Julio Ponce Lerou.

La declaración de Rozas en la Fiscalía (14 de abril de 2016) sembró aún más dudas. Rozas reconoció que los hermanos Pizarro solo se juntaron una vez con el gerente general de SQM, Patricio Contesse, para presentarle su consultora, y que el resto de las supuestas reuniones, donde los hijos del senador Pizarro entregaban su “asesoría verbal”, se realizaron solo con Rozas, para así evitar que la agenda de Contesse colapsara por frenesí de encuentros.

Respecto de Ventus quiero ser muy preciso, ya que en realidad yo le pedí a Contesse que recibiera a Jorge y Sebastián Pizarro, ya que ambos me pidieron que los ayudara ya que ellos sabían que yo tenía una relación muy antigua con Jorge Pizarro, y conocía a estos niños desde siempre (…) Yo sé que después se produjo una reunión y en ella le explicaron el objetivo de la empresa que formaron. A las semanas, Patricio (Contesse) me dijo que le habían parecido muy bien y que yo me relacionara con ellos y que la información me iba a servir más a mí” – aseguró Rozas ante los fiscales.

Los hermanos Pizarro solo se juntaron una vez con Patricio Contesse. El resto de las supuestas citas se realizaron solo con Rozas, generalmente en el Drugstore de Providencia, según relató un reportaje de Revista Capital. Esas reuniones, según  Marcelo Rozas, tampoco eran regulares: “No teníamos una frecuencia establecida para juntarnos, lo hacíamos por lo menos una vez al mes (…) Sebastián iba siempre y a veces Jorge”.

Las declaraciones de los actuales administrativos de SQM tampoco han ayudado al senador y a sus tres hijos. El actual vicepresidente de servicios corporativos de SQM, Ricardo Ramos, declaró ante los fiscales el 20 de abril de 2016. En su testimonio judicial entregó pistas claves sobre las supuestas asesorías prestadas por los hijos del senador Pizarro a Patricio Contesse. Ramos señaló que cuando debió participar de la investigación interna de la minera para revisar la legitimidad de los pagos realizados por Contesse, se dio cuenta que los hijos de Pizarro “nunca habían sido vistos en las oficinas de SQM”.

Ramos fue aún más explícito respecto de Ventus: “Todos estos gastos fueron rectificados en nuestra declaración inicial del mes de marzo (2015). Según el informe que se hizo para el Comité ad hoc, resultó ser un caso de alto riesgo, por ser PEP (pagos relacionados a algún personaje políticamente expuesto), por no existir informes, y que en nuestra opinión, el proveedor (Ventus), considerando la edad de los socios, por el tiempo de constitución de la empresa, que se había constituido hace apenas un año, no calificaba para que pudiera hacer una asesoría verbal”. Su acotación fue aún más dura: “Habitualmente las asesorías verbales son legales o tributarias, de abogados expertos. Hay constancias escritas, queda registro, algún documento que valga la pena, no solo una conversación telefónica, no es esperable que un recién egresado sea asesor verbal de SQM”.

TUDELA POR TODAS PARTES

Hay episodios que aún no han sido aclarados. Uno de los cheques pagados por SQM a Ventus (el Nº 45104), fue retirado en la minera por Carlos Tudela García, hijo de Carlos Tudela Aroca, un famoso lobista DC, quien al igual que Marcelo Rozas y Jorge Pizarro, ha pertenecido sector DC  de los “guatones”. Tudela García y Tudela Aroca han sido asesores de los diputados DC: Víctor Torres, Eduardo Cerda, Jorge Sabag, Roberto León, Juan Carlos Latorre y Ricardo Rincón.

Gutenberg Martínez, líder del sector "guatón" de la DC

Gutenberg Martínez, líder del sector “guatón” de la DC

Ese cheque está fechado el 31 de enero de 2013 -a pesar de que la última factura de Ventus a SQM fue registrada en agosto de 2012-, y por un monto de $6 millones. Tudela García reconoció el retiro del documento bancario ante la Fiscalía en su declaración del 3 de mayo de 2016: “Recuerdo haber retirado el cheque yo, porque en ese momento me lo pidió mi padre aprovechando que yo iba a retirar uno de los cheques correspondiente a una de las boletas de honorarios que yo había emitido. Él me pidió que aprovechara el viaje para retirar igualmente un cheque emitido por SQM en pago de una factura de Ventus; cuyo pago estaba gestionando mi padre. Yo retiré el cheque y se lo entregué personalmente a él una vez que lo retiré”.

La afirmación de Tudela García indica que su padre, Carlos Tudela Aroca, estaba gestionando un pago de SQM para la sociedad de los hijos del senador Pizarro. Esos mismos $6 millones aparecen ingresados a la cuenta corriente de Ventus el 28 de febrero de 2013.

Carlos Tudela García, su padre y su hermana (Daniela) están formalizados por la Fiscalía por haber emitido facturas falsas a SQM. En la misma situación está Marcelo Rozas, uno de los asesores de más larga data de Patricio Contesse. Rozas fue formalizado por emitir boletas falsas a la minera por $346 millones entre 2009 y 2014. También fue formalizada su cónyuge, Michelle Raymond, por recibir $136 millones irregulares de SQM, y el hijo de ambos, Daniel Rozas, por percibir en el mismo periodo otros $139 millones.

Marcelo Rozas y Sebastián Pizarro Cristi fueron formalizados el mismo día. Ese 31 de agosto de 2016 el fiscal Claudio Rebeco, que forma parte del equipo investigador del Ministerio Público, durante la audiencia apuntó a Rozas como el articulador de una red de boleteros para SQM: “Queda más o menos claro: el señor Marcelo Rozas, ex embajador de Chile en República Checa, tiene nexo con todos los imputados y, a su vez, mantuvo estrecho vínculo con Patricio Contesse, quien fuera gerente general de la minera no metálica”, señaló.

En esa misma audiencia también fue formalizado el hijo del diputado Roberto León (DC) -Roberto León Araya- por recibir $157 millones de SQM a través de boletas falsas entre 2009 y 2014. El diputado León también pertenece al sector DC de los “guatones”, y es investigado por el Ministerio Público por eventual cohecho (ver reportaje de CIPER “Los hitos de la relación con SQM que comprometen al diputado Roberto León”).

La nebulosa que rodea los $16.200 millones que recaudó Carabineros por control de armas

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Vea también: Carabineros: Las múltiples irregularidades que obligan a depurar el alto mando

En los últimos diez años Carabineros ha recibido más de $16.200 millones por fiscalizar la tenencia de armas. Hasta hoy, no hay claridad sobre el destino que la policía le ha dado a esos recursos, pues CIPER comprobó que durante años los rindió solo con “certificados de buena inversión”, una fórmula que no detalla en qué se ocupan los fondos y que se utiliza exclusivamente para los “gastos reservados”. Lo preocupante es que entre 2012 y marzo de 2017 estos dineros fueron administrados por el general Flavio Echeverría y el coronel Jaime Paz, quienes ahora están en prisión preventiva, imputados como cabecillas del mega fraude que afectó a Carabineros y que ya suma más de $25.500 millones. De hecho, en esa investigación la fiscalía ya detectó a dos oficiales y un civil que se apropiaron de dineros recaudados por fiscalizar armas y explosivos.

General (r) Flavio Echeverría

General (r) Flavio Echeverría

Los funcionarios que desviaron los fondos son el capitán Sergio Bracamonte Villalobo y el comandante Javier González Brito. Según la declaración prestada por Bracamonte –citada en un reportaje de The Clinic–, él se coludió con González Brito para girar cheques a nombre de Mario Figueroa, un proveedor de Carabineros que ya está formalizado. Por esta vía se desviaron casi $805 millones, según cifras difundidas también por The Clinic, desde las cuentas de la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas, de la cual depende el Departamento OS-11, encargado de la fiscalización de las armas y explosivos.

Los más de $16.200 millones que Carabineros recibió entre 2006 y 2016 corresponden al 50% del total que cobra la policía uniformada por los trámites que deben hacer los tenedores, usuarios y comerciantes de armas, municiones y explosivos. La autoridad encargada de la aplicación de la Ley de Control de Armas es la Dirección de Movilización Nacional (DGMN), dependiente del Ministerio de Defensa. Para cumplir con su rol, la DGMN se apoya en 64 unidades de Carabineros repartidas por todo el país donde se deben realizar y pagar los trámites asociados a la tenencia y uso de armas. Estas unidades son conocidas como “Autoridades Fiscalizadoras” (vea la nómina de todas las AF).

En un país donde el temor a la delincuencia ha convertido a la seguridad privada en un negocio millonario, las ventas de armas se han multiplicado. A junio de este año, las inscritas y sometidas a control sumaban 811.432, lo que representa un aumento de casi 7.500 armas respecto del mismo periodo de 2016 (cuando había 804 mil), según datos de la DGMN.

Con ello, también se ha  incrementado la recaudación de los pagos que deben hacer los tenedores de armas por los permisos para inscribirlas, transportarlas o venderlas. En el bienio 2005-2006 las Autoridades Fiscalizadoras de Carabineros recaudaron solo $176 millones por estos trámites. Diez años después esa cifra se disparó a $5.096 millones, según los registros oficiales de 2016. Ese monto llega a la DGMN, la que por ley le reembolsa luego a Carabineros la mitad.

Inicialmente, estas inscripciones y permisos se podían hacer en unidades de las Fuerzas Armadas, pero desde 2009 –año en que la recaudación comenzó a registrar su mayor incremento­– los trámites solo se hacen en unidades especiales de Carabineros. La ley establece que el 50% de lo recaudado, debe volver a la policía uniformada para reinvertirse en las mismas unidades que actúan como Autoridades Fiscalizadoras. Pero, CIPER comprobó que Carabineros ha reinterpretado las normas y por años ha administrado esos recursos de manera centralizada y sin rendir el detalle de cómo los gasta.

El siguiente cuadro muestra cómo han evolucionado los ingresos de Carabineros por su labor de fiscalización de la Ley de Control de Armas:

TABLA

Fuente: Transparencia de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN)

Hasta 2015, la DGMN debía supervisar el uso que Carabineros le daba a estos recursos. Durante años intentó que la policía le rindiera en detalle en qué ocupaba los dineros. Nunca lo consiguió. Y así se lo hizo saber a la Contraloría, lo que quedó plasmado en un dictamen de esta última, fechado en mayo de 2015 (vea ese dictamen).

Las consultas y solicitudes de acceso a información pública realizadas por particulares que también pretendían conocer en qué ha gastado Carabineros estos fondos, corrieron igual destino: nunca consiguieron una respuesta detallada.

La nebulosa que cubre el destino de estos recursos llegó a un punto crítico en marzo de este año, cuando quedó en evidencia que los cabecillas del mega fraude también habían administrado los dineros provenientes del control de armas. Peor aún, cuando poco después se supo que al menos dos oficiales que tenían a su cargo estos fondos –Bracamonte y González­–, se habían apropiado de ellos. De hecho, la Contraloría desarrolla en estos días una inspección a estas cuentas de la policía, en una visita que ya se ha extendido por varios meses.

QUEJA DE USUARIOS: NO SE VEN INVERSIONES

En un reportaje de El Mercurio del 19 de febrero pasado, la jefa del equipo investigativo del OS-11, la teniente Pablina Hirsch, admitió que hay deficiencias en la fiscalización de la Ley de Control de Armas y sostuvo que estas se originan por “falta de recursos”. Hirsch detalló la precariedad con que trabaja la Autoridad Fiscalizadora de Santiago:

“Solo tenemos una camioneta, quizá no debería decirle, pero sí. La cantidad de usuarios para la cantidad de personas que tenemos disponibles para fiscalización es muy baja. Es poco el recurso humano con el que se cuenta. Hay 36 personas, incluyendo lo administrativo. En el área de fiscalización, como tal, deben ser unas 10 personas para cubrir todo Santiago. Por eso ahora estamos solicitando recursos humanos, porque no se puede cumplir con todo”, dijo la funcionaria a El Mercurio.

Los dichos de Hirsch causaron sorpresa en las asociaciones de tiradores deportistas y usuarios de armas, debido a que la Autoridad Fiscalizadora de Santiago es la que recauda más dinero a nivel nacional. Según los registros de la DGMN, a la AF de Santiago ingresaron $1.559 millones en 2016, correspondientes al 30% de los pagos hechos en todo el país ($5.096 millones). Si la ley se cumpliera al pie de la letra, la Autoridad Fiscalizadora de la capital debió haber recibido $779,5 millones, correspondientes al 50% de lo que recaudó en 2016, para invertirlo precisamente en mejoras al servicio.

(Fuente: autoridadfiscalizadora.cl)

(Fuente: autoridadfiscalizadora.cl)

El 21 de febrero, dos días después de la publicación del reportaje en el que el OS-11 se quejó de falta de recursos, El Mercurio difundió una carta del presidente de la Asociación de Armerías de Chile, Ennio Mangiola. En ella, el empresario denunció que este argumento de Carabineros es inaceptable, ya que durante años la policía ha recibido cuantiosos recursos provenientes de la DGMN que, por ley, deben ser invertidos únicamente en la mejora del servicio de fiscalización. Además de quejarse por el mal servicio que presta la Autoridad Fiscalizadora de Santiago, Mangiola también acusó falta de transparencia sobre el uso que Carabineros da a los dineros recaudados:

He solicitado a través de la Ley de Transparencia, en varias oportunidades, a Carabineros la rendición de gastos de esos dineros, pero las respuestas han sido lamentables, por decir lo menos. No es justificación la falta de recursos para achacarla a la mala función que cumple Carabineros en Santiago para el control de armas. Además de contar con unas instalaciones deficientes para la atención de público (…), Carabineros está incumpliendo la Ley de Control de Armas en la que se expresa que el 50% de los dineros generados en esa unidad deben ser invertidos y gastados en mejorar las condiciones de servicio”.

El jefe de la DGMN, general de Ejército Carlos Ricotti, señaló a CIPER que aunque ya no es responsabilidad de su organismo supervisar los gastos en que incurre Carabineros (en 2015 esa fiscalización pasó a la Contraloría), sí están permanentemente preocupados por el nivel del servicio que dan las AF. En sintonía con las quejas de Mangiola, el general Ricotti reconoció que hay fallas en la atención:

-Hay algunas insatisfacciones en cuanto a personal, demoras, etc. Estamos tratando de mejorar los instrumentos de medición y evaluación. Hemos puesto un sistema de georreferenciación para los vehículos fiscalizadores. En general, el servicio es normal, pero en la AF de Santiago tienen muchos clientes y poco personal, por lo que ha habido discrepancias.

La Contraloría también ha constatado que, a pesar de los significativos montos que se debiesen inyectar al sistema, en algunos trámites se producen demoras inexplicables y contrarias a lo que determina la ley. En el caso de los “padrones de armas”, la norma establece que deben ser entregados el mismo día en que son requeridos, pero en la AF de Santiago los usuarios debían volver dos días después para retirarlos. “No se advierte fundamento para que dicha gestión se difiera”, señala el dictamen de la Contraloría publicado el 15 de mayo de 2015.

En agosto de 2014 el director de la DGMN, el general Óscar Mezzano, ya había sido advertido sobre la mala gestión de las Autoridades Fiscalizadoras de Carabineros. En una carta, los presidentes de 11 agrupaciones de usuarios, deportistas, cazadores, coleccionistas y armeros, denunciaron, entre otras deficiencias “incumplimiento de horario de atención de público”; “no entrega de documentación que por ley debe ser inmediata” y “funcionarios que no se encuentran en su puesto (…) a pesar de ser funciones exclusivas (…) por encontrarse haciendo ‘servicios especiales’” (ver el reclamo a la DGMN, firmado por dirigentes de 11 organizaciones que agrupan a más de 300 mil personas).

$11.600 MILLONES EN MANOS DE ECHEVERRÍA

La dura carta escrita por Mangiola y publicada por El Mercurio hizo mucho ruido en los círculos de deportistas y usuarios de armas, donde se venían incubando las quejas por deficiencias en el servicio que presta Carabineros y dudas respecto del uso de los dineros.

Apenas 12 días después de la publicación de la carta de Mangiola, un nuevo antecedente aumentó la temperatura de la controversia y atizó las suspicacias: el 6 de marzo Carabineros reconoció que en su Dirección Nacional de Finanzas se había gestado el fraude que en ese momento involucraba el robo de $8 mil millones y que, transcurridos cuatro meses, ya suma $25.500 millones.

JAIME-PAZ-CECIPU

Coronel (r) Jaime Paz (Fuente: CECIPU)

La alarma se encendió entre los tenedores de armas cuando fueron formalizados como cabecillas del gran desfalco el general Flavio Echeverría y el coronel Jaime Paz, los mismos que administraban los fondos provenientes de las Autoridades Fiscalizadoras.

CIPER tuvo acceso a dos documentos que figuran en los registros de la DGMN y que demuestran que los dineros recaudados por las AF pasaban por las manos de Echeverría y Paz. El primero es un oficio del 13 de mayo de 2013 firmado por el general Flavio Echeverría, en el que confirma que recibió desde la DGMN un cheque por $226 millones y que lo depositó en una cuenta corriente de la Dirección de Intendencia de Carabineros. El segundo es el “acuse de recibo” que certifica que efectivamente se hizo ese depósito, firmado por el coronel Paz, entonces jefe del Departamento I de Presupuestos y Finanzas (vea el oficio y el “acuse de recibo”).

Mientras Echeverría y Paz estuvieron a cargo de la recepción y administración de estos recursos, los fondos que recibieron por control de armas sumaron $11.600 millones. En ese lapso, Carabineros nunca rindió en detalle en qué gastó esos millones. Su destino se mantuvo en la nebulosa, a pesar de que la DGMN en distintas ocasiones pidió a la policía que informara cómo habían sido invertidos.

El más duro round entre la DGMN y Carabineros por la rendición del gasto tuvo lugar en 2014. El año anterior la Contraloría revisó las cuentas de la DGMN y emitió un informe en el que advirtió “falta de control” sobre el destino del 50% que reembolsaba a Carabineros. En marzo de 2014 el jefe de la DGMN, general Óscar Mezzano, informó al entonces general director de Carabineros, Gustavo González Jure, y a su director de Finanzas, general Flavio Echeverría, que debido a las exigencias de la Contraloría debían remitir a la DGMN la cuenta de los fondos y su inversión (vea esos oficios).

Cuatro meses después, el entonces jefe de la Dirección de Seguridad Privada y Control de Armas, general Christian Fuenzalida López, envió la rendición del mes de junio. En ella, indicaba que ese mes Carabineros había recibido $182,3 millones correspondientes al 50% de lo recaudado. Y, haciendo caso omiso de la instrucción impartida por el general Mezzano, volvía a rendir los gastos de manera genérica, de forma que resultaba imposible establecer en qué se habían invertido realmente los fondos. Escuetamente, Fuenzalida informó a la DGMN que el dinero “se encuentra siendo invertido conforme a la normativa legal vigente, para el cumplimiento de las tareas propias de las AF a nivel nacional” (vea esta rendición).

Poco después, el 17 de noviembre, Carabineros volvió a desafiar la autoridad del jefe de la DGMN. Esta vez mediante una rendición firmada por el general Ricardo Solar Roberts, a esa fecha jefe de la Zona de Seguridad Privada y Control de Armas. En su informe, el general Solar solo manifestó que los montos estaban siendo “invertidos conforme a la normativa legal vigente” (vea esta rendición).

La controversia escaló hasta quedar plasmada en documentos oficiales de la Contraloría. En 2013, el órgano fiscalizador inspeccionó las cuentas de la DGMN y en su informe final –agosto de 2014–  señaló una falta de vigilancia desde ésta última sobre la reinversión de los recursos de las AF. En sus descargos, la DGMN indicó que le solicitó al director de finanzas de Carabineros que informara sobre los recursos traspasados.

tirodeportivoLTUn año después, en su dictamen del 15 de mayo de 2015, la Contraloría volvió a cuestionar el punto, indicando que Carabineros ha rendido ante la DGMN con “un certificado de buena inversión, situación que ha sido observada (reprochada) y no enmendada a la fecha”.

El conflicto entre la DGMN y Carabineros fue zanjado en 2015: se determinaron nuevas normas para rendir los recursos transferidos por las recaudaciones de control de armas. Con esta reforma, Carabineros ya no debe rendir ante la DGMN, sino directamente a la Contraloría.

El general Juan Irigoyen, jefe de la Zona de Seguridad Privada de Carabineros, de la cual depende la fiscalización de armas y explosivos, explicó a CIPER en qué consistió la reforma de 2015: “Se modificó la rendición de cuentas y se implementó un formato que detalla mensualmente lo recibido y los gastos realizados”.

CIPER tuvo acceso a la rendición de los recursos en agosto de 2016, bajo esta nueva modalidad. Y allí se constata que el detalle del gasto no es preciso. Según el documento, a esa fecha los ingresos eran $2 mil millones y los gastos $1.227 millones. La rendición, que muestra en qué se ocuparon esos dineros, solo consigna gastos genéricos, similares a cómo se rinden los gastos reservados: “alimentos y bebidas”, “arriendos”, “máquinas y equipos”, entre otros (vea esta rendición).

PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN

Entre los trámites que se hacen en cada una de las 64 AF de Carabineros, se cuentan, por ejemplo: autorización para comprar un arma de fuego nueva (que tiene un costo de $26.450); inscripción de un arma por primera vez ($13.400); permiso para comprar cartuchos para armas de defensa personal ($13 por unidad, hasta 100 unidades) o para internar un arma al país ($40.300). Según un dirigente de una asociación de tiro deportivo, el costo de los trámites puede alcanzar el 40% del precio del arma: “Por lo bajo, un arma puede costar unos $300 mil, y para tener todo en regla se requieren otros $120 mil”.

Cada semana las Autoridades Fiscalizadoras le transfieren a la DGMN el 100% del dinero recaudado. Posteriormente la DGMN debe devolver a Carabineros el 50%. Es en este punto donde se produce una diferencia clave en la interpretación de la norma.

El artículo 26 de la Ley de Control de Armas es el que determina cómo y en qué se deben ocupar estos fondos: “(La DGMN) proporcionará, por intermedio de sus respectivas instituciones, a las comandancias de guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de Carabineros que se desempeñen como autoridades fiscalizadoras, el 50% de los derechos y multas recaudados por cada una de estas, para que cumplan las funciones que le encomienda esta ley”.

General Juan Irigoyen (Fuente: autoridadfiscalizadora.cl)

General Juan Irigoyen (Fuente: autoridadfiscalizadora.cl)

La interpretación que hace la Contraloría de la ley es que el 50% de lo recaudado en cada AF de Carabineros debe ser reinvertido en esas unidades. Así queda de manifiesto en al menos dos documentos del órgano fiscalizador: el Informe Final Nº 206 de Auditoria a la DGMN, de agosto de 2014, y un dictamen del 15 de mayo de 2015, emitido en respuesta a una presentación del abogado Cristián Salas Hoernig, representante de la Federación Chilena de Tiro Práctico.

En lo que respecta a sus ingresos, la DGMN (…) debe transferir a las aludidas AF el 50% de los recursos recaudados (…) para financiar la compra de bienes y servicios de consumo e inversión real, necesarios para el cumplimiento integral de las funciones que la ley les encomienda”, señala el Informe Final N°206.

El dictamen de 2015, en tanto, indica: “(El artículo 26 de la Ley de Control de Armas) ordena que el 50% de estos (los fondos recaudados) deben ser proporcionados (…) a las autoridades de Carabineros de Chile que se desempeñen como autoridades fiscalizadoras ‘para que cumplan las funciones que les encomienda esta ley’”.

La misma interpretación de la norma que hace la Contraloría, la comparten la DGMN, las agrupaciones de tiro deportivo y la asociación de armerías. De hecho, la DGMN le transfiere los recursos a la Dirección de Finanzas de Carabineros, notificando el detalle del 50% de lo recaudado por cada AF.

En cambio, la lectura que hace Carabineros es que puede administrar los recursos de manera centralizada. Esta interpretación permitió que, entre 2012 y comienzos de 2017, la Dirección de Finanzas de Carabineros –entonces encabezada por el ahora formalizado general Flavio Echeverría–, administrara y rindiera de manera genérica estos gastos, sin entregar el detalle por cada Autoridad Fiscalizadora. Esta fórmula laxa, a su vez, facilitó que los oficiales Bracamonte y González se apropiaran de los recursos, fingiendo pagos a proveedores.

LA RESPUESTA DE CARABINEROS

En entrevista con CIPER, Eric Carvajal, asesor jurídico de la Zona de Seguridad Privada, explicó la interpretación que Carabineros le da a la ley: “(Los recursos) no son un patrimonio que tenga que reinvertirse directamente en las AF (que los recaudaron). Lo que sí tiene que hacer Carabineros, particularmente el OS-11, es invertir esos dineros exclusivamente en las AF. Y eso es lo que se hace”.

Según la explicación del abogado Carvajal, esa modalidad permite que las AF que más recaudan (como la de Santiago), terminen “subsidiando” a aquellas que facturan menos y que deben fiscalizar territorios extensos, como la de Aysén (sumó apenas $6,7 millones en 2016).

arma foto1El general Juan Irigoyen, jefe de la Zona de Seguridad Privada de Carabineros, explicó a CIPER que el dinero proveniente del 50% se gestiona de forma centralizada para financiar “las necesidades de cada una de las AF: consumos básicos, viáticos, arrendamiento de inmuebles en algunos casos y todos los recursos logísticos que necesiten”. Las inversiones se determinan, dijo, a través de “proyectos” que desarrolla el OS-11 y la decisión de financiarlos la adopta un comité de adquisiciones. Ese comité está integrado por Irigoyen, los jefes del OS-10 y OS-11, el jefe del Departamento de Contabilidad, un asesor jurídico y un jefe de proyectos. Todos ellos integrantes de la Zona de Seguridad Privada de Carabineros.

CIPER le pidió al general Irigoyen los documentos que acrediten cuánto y en qué se gastó en cada una de las 64 AF en 2016, para comprobar si efectivamente el ciento por ciento de los recursos provenientes de la ley se aplican en las unidades fiscalizadoras, como lo establece la norma. La respuesta fue que eso debía ser solicitado a través de la Ley de Transparencia.

Carabineros: los secretos del millonario pozo que financia las pensiones de oficiales

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Durante 2016, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) desembolsó $586 mil millones para el pago de pensiones de sus funcionarios en retiro –civiles y uniformados–, monto que incluye también a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. La cifra es idéntica a la destinada en 2016 por el gobierno para financiar la gratuidad en la educación superior.

CIPER pidió a Dipreca, vía Ley de Transparencia, la nómina de pensionados, uniformados y civiles, del escalafón de oficiales de Carabineros que pasaron a retiro entre 2005 y mayo de 2017. La lista incluye a 1.383 ex oficiales, con una pensión mensual que promedia los $2,3 millones. En la nómina de civiles aparecen 1.056 ex funcionarios que se jubilaron entre 1951 y 2017, con pensiones que promedian un millón de pesos. Los montos contrastan con la jubilación promedio por vejez que entrega el sistema de AFP y que apenas bordea los $198 mil pesos, según cifras de la Superintendencia de Pensiones a junio de este año (el cálculo integra a pensionados con distintos años de cotización).

En las nóminas analizadas por CIPER, figuran 15 de los 74 carabineros formalizados en el mega fraude que se destapó en marzo pasado al interior de la institución, los que cobran pensiones de hasta $4,7 millones. Son $432 millones los que Dipreca destina al año a pagar las jubilaciones de esta quincena de ex oficiales involucrados en el desfalco, cuyo monto se estima hasta el momento en $25.700 millones.

En la misma nómina figura además casi una decena de ex oficiales con pensiones de hasta $3,2 millones involucrados en procesos por violaciones de derechos humanos.

Alberto Cienfuegos, ex director general (Fuente: youtube.com)

Alberto Cienfuegos, ex director general (Fuente: youtube.com)

No es lo único que resalta de los datos oficiales entregados por Dipreca y que CIPER cruzó y analizó. Se detectaron además a 22 ex oficiales de Carabineros recibiendo doble pensión. Como la lista de pensionados parte en 2005, entre ellos figuran al menos dos ex directores generales de la institución –Eduardo Gordon y Alberto Cienfuegos–, nueve generales y diez coroneles.

Otros tres ex generales directores –Rodolfo Stange, Fernando Cordero y Manuel Ugarte- presentaron un recurso de ilegalidad que está en curso en la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que se haga público el monto de sus pensiones.

Entre los altos oficiales beneficiados con una doble pensión está el ex general auditor de Carabineros Ismael Verdugo Bravo, quien recibe la pensión más alta que entrega Dipreca (y también Capredena, el sistema previsional de las Fuerzas Armadas): $6.976.552 mensuales. El abogado Verdugo percibe además una segunda pensión de $938 mil (como ex funcionario “civil”), lo que lo deja con una jubilación de casi $8 millones mensuales.

Ismael Verdugo, quien se sometió a un trasplante de corazón, se retiró de Carabineros a fines de 2012 con invalidez de segunda clase, causal que se aplica a miembros de las FF.AA. y de Orden que por accidentes o enfermedades queden imposibilitados de continuar en el servicio y en inferioridad fisiológica para desempeñarse en ocupaciones privadas. Esto les permite aumentar en un 20% su pensión sobre la última remuneración percibida en actividad.

El privilegio del que gozan quienes se acogen a la invalidez de segunda clase, la misma norma lo contrapesa con la imposibilidad de que el funcionario pueda ser contratado posteriormente en reparticiones del Ejército, la Armada, la Fach, Carabineros, la PDI y Gendarmería.

Pero la normativa no siempre se cumple. CIPER detectó casos de oficiales de carabineros que, habiéndose retirado bajo esa causal, fueron recontratados o perciben ingresos de esas instituciones.

Fernando Cordero, ex general director

Fernando Cordero, ex general director

La invalidez de segunda clase es uno de los puntos ciegos de la normativa. En conversación con CIPER, el diputado Leonardo Soto (PS), quien presidió la comisión de la Cámara que investigó irregularidades en las pensiones de Capredena y Dipreca, confirmó que los dictámenes médicos que avalan esas inhabilidades no pueden ser fiscalizados ni por Dipreca ni por la Contraloría:

-Cada institución tiene su propia comisión de sanidad que dictamina una invalidez. No existe posibilidad de conocer el detalle de los fundamentos médicos que justifiquen ese dictamen. La Contraloría, por ejemplo, solo recibe un documento que dice que la persona califica para la invalidez.

De la lista de 2.439 oficiales pensionados de Carabineros, 131 han pasado a retiro aduciendo invalidez de segunda clase. El pago de jubilaciones para ese grupo representa para Dipreca una carga de $2.776 millones anuales.

En 2016 Dipreca destinó en total $586 mil millones para el pago de pensiones de casi 260 mil beneficiarios de Carabineros, Investigaciones (PDI) y Gendarmería. En ese reparto, Carabineros se lleva por lejos la tajada más grande: $418 mil millones para financiar las jubilaciones de más de 185 mil beneficiarios de esa institución.

De acuerdo a datos de Dipreca, el 95% del monto que utiliza la entidad para el pago de pensiones proviene del erario público. Solo el 5% restante lo aportan los cotizantes. Lo mismo ocurre con los fondos que administra Capredena. Son dineros de todos los chilenos los que financian un sistema que privilegia a unos pocos y que contrasta con el sistema de capitalización individual que rige para gran parte de la población.

LAS PENSIONES DEL “PACOGATE”

A casi cinco meses de la revelación del mega fraude que desangró las arcas de Carabineros, la investigación de la Fiscalía ya suma 74 formalizados. Hasta el momento, el monto del robo supera los $25.700 millones. CIPER detectó que 15 de los formalizados por participar en esta asociación criminal reciben pensiones pagadas por Dipreca. Un total de $432 millones anuales se destinan a pagar jubilaciones para ex oficiales acusados de haber integrado la red del desfalco.

La más alta de estas pensiones la recibe el coronel Carlos Cárcamo Bravo ($4,7 millones mensuales), quien jubiló por invalidez de segunda clase. La Fiscalía acusó a Cárcamo de haber jugado un rol estelar en el mega fraude: fue jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Jefatura Zona Metropolitana, desde donde se habrían malversado a lo menos $972,7 millones.

El coronel Cárcamo fue jefe de gabinete de quien fuera  director de Finanzas de la institución, el general Iván Whipple. Y cuando esa dirección fue asumida por el general Flavio Echeverría, ahora preso por el desfalco, Cárcamo tomó la jefatura del Departamento III Tesorería y Remuneraciones. Según expuso la Fiscalía en su formalización, el coronel recibió pagos de Carabineros, hasta ahora injustificados, por $53,3 millones.

Arnoldo Riveros (Fuente: The Clinic)

Arnoldo Riveros (Fuente: The Clinic)

Otro de los oficiales imputados por el desfalco es el coronel Arnoldo Rivero Gerves, quien percibe una jubilación de $2,8 millones y ha sido mencionado como uno de los principales gestores del fraude. Fue Flavio Echeverría, el único general preso por el desfalco, quien declaró que había sido reclutado por Rivero para integrarse a la red criminal.

La Fiscalía acusa al coronel Rivero de haber recibido pagos injustificados por al menos $169 millones, girados desde cuentas institucionales; además de $900 millones en efectivo provenientes de personas que facilitaron sus cuentas bancarias para que les depositaran fondos sustraídos a Carabineros.

También jugaron un rol clave en la asociación ilícita los oficiales Robinson Carvajal Leiva (quien cobra una pensión de $2 millones) y Nelson Valenzuela Aravena, con una jubilación de $1,4 millón.  Al comandante Carvajal la Fiscalía le imputa haber operado como reclutador de las personas que recibieron en sus cuentas corrientes los fondos sustraídos. Además, en su propia cuenta se detectaron depósitos por $199 millones pagados como sobresueldo.

Al mayor Nelson Valenzuela, quien se fue a retiro en  2011, la Fiscalía lo acusa de haber coordinado la distribución del dinero entre los confabulados y de haber invertido sus ganancias ilícitas en negocios con el comandante Héctor Nail, también formalizado. El Ministerio Público ha calculado que recibió más de $121 millones de origen ilícito.

Ramiro Martínez Chiang

Ramiro Martínez Chiang

También figura entre los pensionados del mega fraude el comandante Ramiro Martínez Chiang (quien cobra $2 millones mensuales). La Fiscalía lo acusa de haber recibido al menos $612,4 millones como exceso de sueldo, dinero que era repartido entre los miembros de la asociación criminal. Martínez Chiang pasó a retiro en 2012, después de intervenir en millonarias compras con sobreprecio en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). La investigación de la Fiscalía aún está en curso.

Además de Carmona, Rivero, Carvajal, Valenzuela y Martínez, la nómina de los 15 pensionados del desfalco se completa con los coroneles Fernando Pérez Barría (pensión de $2,7 millones), Francisco Reyes Momberg ($2,8 millones), Arturo Rojas Henríquez ($2,8 millones), Horacio San Martín Villegas ($2,8 millones) y Patricio Bianchi Silva ($2,8 millones); los comandantes Patricio Morales Díaz ($1,7 millón), Claudio Venegas Godoy ($2 millones) y Juan Moraga Gallegos ($2,4 millones); y los mayores Fernando Bustos Ríos ($1,3 millón) y David Vega Carmona ($1,1 millón).

EL PRIVILEGIO DE LA “DOBLE PENSIÓN”

Más de una veintena de ex oficiales de Carabineros figura pasando a retiro dos veces y en años distintos. La mayoría de ellos también formaba parte de la planta de profesores de esa institución. Hasta 2006 la normativa obligaba al personal que hacía clases en las escuelas de Carabineros a recibir por una vía separada esta última remuneración, también  imponible en Dipreca. Fue así como pudieron pensionarse como oficiales y profesores, recibiendo de manera paralela dos jubilaciones.

Son 22 ex carabineros cuyos ingresos le significan a Dipreca un gasto anual de más de $1.047 millones. La jubilación promedio que recibe este privilegiado grupo de pensionados roza los $4 millones.

Eduardo Gordon, ex director general de Carabineros

Eduardo Gordon, ex director general de Carabineros

En la nómina de oficiales de Carabineros pensionados figuran dos ex directores de la institución: los generales Alberto Cienfuegos y Eduardo Gordon. Cienfuegos, quien fue director entre 2001 y 2005, recibe un total de $4,3 millones ($3,5 millones y $784 mil); mientras que Gordon, quien estuvo al mando entre 2008 y 2011, percibe un monto casi idéntico ($3,6 millones y $706 mil). Debido al recurso judicial presentado por los ex directores en retiro Stange, Cordero y Ugarte, para impedir que se hagan públicos los montos de sus jubilaciones, no se sabe si ellos también obtuvieron la doble pensión.

El ex general de Carabineros, Héctor Jara, quien se retiró con una pensión de $3,2 millones percibe además una jubilación por su labor docente de $1,6 millón. Entre los jubilados con doble pensión aparece también el ex jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general René Moya Venegas, quien pasó a retiro en noviembre de 2004. Su jubilación asciende actualmente a casi $4,8 millones.

Entre los coroneles en retiro con doble jubilación destacan Luis Alberto Thibaut ($4,3 millones y $ 282 mil);  Héctor Fuentealba ($2,9 millones y $ 931 mil); Sergio Gajardo ($2,8 millones y $969 mil);  Arturo Bernal ($3,7 millones y $1 millón) y Bárbara Valladares ($2,5 millones y $733 mil).

Mención aparte merece el general en retiro Gonzalo Arias González, protagonista de al menos dos fallos por secuestro, desapariciones y homicidios ocurridos en Temuco en los primeros días después del Golpe de Estado. En ambos fallos la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó las condenas a ocho años. Arias González recibe desde 2005 una doble pensión por  un total de $ 3,7 millones ($ 3,4 millones y $ 348 mil).

INVALIDEZ BAJO SOSPECHA

En las nóminas revisadas por CIPER con casi 2.500 oficiales de Carabineros pensionados, figuran 131 acogidos a retiro con causal de inhabilidad de segunda clase. El pago de las jubilaciones de este grupo le significa a Dipreca un gasto anual de más de $2.776 millones. Sus pensiones promedio bordean el $1,8 millón. La cifra contrasta con las jubilaciones percibidas por quienes se pensionan por invalidez -total o parcial- en el sistema de capitalización individual de las AFP. Cifras de la Superintendencia de Pensiones indican que, a junio de 2017, las jubilaciones por invalidez total o parcial promedian los $210 mil.

Siete médicos con causal de retiro de invalidez de segunda clase aparecen en la nómina entregada por Dipreca. Algunos activos y con consultas en distintas regiones del país. El cirujano y mayor (r) Enrique Sudy Márquez, pasó a retiro en 2004 con causal de invalidez de segunda clase. En 2008 su pensión era de $2,9 millones y hoy, tras algunos reajustes, asciende a $3,6 millones mensuales.

DIPRECA LT 4La indagación de CIPER encontró al doctor Sudy ejerciendo en el Hospital Regional de Coihaique (la normativa no se lo impide por ser un hospital público). En efecto, la Contraloría dictaminó en noviembre de 2010 que la condición de invalidez de segunda clase solo es incompatible con el desempeño posterior en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, PDI, subsecretarías de Defensa y el Estado Mayor Conjunto.

Lo extraño emergió cuando CIPER contactó al doctor Sudy para preguntarle sobre su trabajo en el Hospital de Coihaique, posterior a su retiro. Enrique Sudy respondió que nunca había trabajado allí. Pero un informe de la Contraloría señala lo contrario. Entre 2010 y 2011 el doctor Sudy realizó 25 intervenciones en pabellones de ese  hospital.

Y lo que el organismo contralor impugnó fue que Sudy, en calidad de funcionario de ese hospital, al momento de realizar esas intervenciones no contara con contrato, ni con convenio actualizado para atención de pacientes privados (ver informe de Contraloría).

Entre enero y diciembre de 2010 el doctor Sudy figura también en una nómina de remuneraciones a honorarios del Comando de Salud del Ejército, con una remuneración mensual de $1.135.326 (ver aquí). En 2011 aparece en otra nómina de honorarios, esta vez del Instituto Geográfico Militar, con una remuneración mensual de $1.582.653 (ver aquí).Ese mismo año, Sudy figura en una nueva planilla de contrataciones a honorarios del Centro Clínico Militar Coihaique del Ejército, con una remuneración mensual de poco más de $2 millones. Su nombre se repite en la nómina de remuneraciones de esa misma unidad de salud del Ejército hasta diciembre de 2016, con honorarios por $1,1 millón (ver aquí).

CIPER le preguntó al doctor sobre sus remuneraciones en el Centro Clínico Militar de Coihaique: “No trabajo en el hospital del Ejército. Yo atiendo pacientes del Ejército y les doy la boleta a ellos cuando los puedo ver en mi consulta privada”, señaló. Insistió en que no había ninguna irregularidad para el ejercicio de su profesión: “No estoy contratado en ese lugar. La gente que está con invalidez segunda, para que tú sepas, no puede ser contratada por el mismo empleador que le dio de baja. Por eso, yo no trabajo con el servicio público”.

Consultado sobre el origen de la inhabilidad de segunda clase que lo afecta, Sudy no quiso especificarla, limitándose a señalar: “es absolutamente legítima”.

“MEGA PENSIÓN”

El general auditor de Carabineros Ismael Verdugo Bravo, pasó a retiro en diciembre de 2012. El abogado se jubiló con una invalidez de segunda clase y actualmente recibe casi $7 millones ($6.976.552) mensuales. Como ex profesor de la Escuela de Carabineros percibe además una segunda pensión de $938 mil. Verdugo fue también integrante de la Corte Marcial donde fue autor de polémicos votos en 2009.

carabineros_columnaTras su salida de la institución, Verdugo se enroló en el estudio jurídico Hinzpeter y Compañía, en el que estuvo hasta hace un par de semanas, además de ejercer como profesor de Derecho Civil en tres universidades.

CIPER conversó por teléfono con el general (r) Ismael Verdugo quien señaló que su invalidez se debió a un trasplante de corazón al que se sometió poco antes de pasar a retiro en 2012.

-La invalidez de segunda clase de acuerdo a la definición legal, lo deja a usted en inferioridad fisiológica para desempeñarse, por lo tanto, a mi la norma no me prohíbe ejercer como abogado. Efectivamente yo trabajo como puedo, pero no soy un abogado de ejercicio masivo. Usted comprenderá que no por el hecho de haber jubilado por esa causal me tengo que quedar encerrado en mi casa. También hago clases. Claro que se trata de un par de ramos. Tengo una experiencia bastante larga y la trato de transmitir a mis estudiantes -señaló.

HISTORIAL EN DERECHOS HUMANOS

En la nómina de oficiales que reciben pensión desde 2005, figuran al menos nueve ex funcionarios involucrados en investigaciones por violaciones de derechos humanos. Uno de ellos es el general Iván Andrusco Aspe, quien cobra una pensión de $3,2 millones.

Andrusco fue citado a declarar en la investigación del Caso Degollados (1985). Aunque no se comprobó su intervención directa en los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, la justicia constató que en las mismas fechas en que se produjo el triple homicidio, el entonces teniente de Inteligencia integró la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), organismo que ejecutó la operación que culminó con los tres profesionales degollados.

Iván Andrusco

Iván Andrusco

En 1998, Andrusco era jefe operativo de la Sección de Investigación Policiales (SIP) cuando cuatro funcionarios bajo su mando fueron acusados de haber causado la muerte por torturas al taxista Raúl Palma Salgado. En 2004, Andrusco fue ascendido a general y designado jefe de la Zona Policial del Bío Bío. En marzo de 2010, tras su retiro, fue nombrado director de Gendarmería por el recién asumido presidente Sebastián Piñera. Apenas 18 días después renunció argumentando que había recibido “presiones” y “amenazas de muerte” por su pasado en la Dicomcar.

El coronel Pedro Caballero Castillo percibe una pensión de $2,7 millones. En 1985 integró la Dicomcar, organismo que el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, calificó en su fallo como “asociación ilícita terrorista”. Caballero participó en el allanamiento a la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech), que formó parte de la operación que terminó con el triple asesinato del Caso Degollados.

Sergio Saravia Henríquez también era parte de la Dicomcar. En 1985 era teniente y fue el conductor del vehículo en el que fueron trasladados cuatro profesores que habían sido secuestrados desde la Agech. Fue condenado a dos penas de 41 días de prisión como cómplice de esos secuestros. En 2002 se denunció que seguía activo como subprefecto del área oriente de Santiago a pesar de la sentencia, por lo que se vio obligado a dejar las filas. Saravia Henríquez se retiró como teniente coronel y tiene una pensión de $2,4 millones.

Los oficiales Pedro Ramírez Gálvez y Carlos Riederer Saldías formaban parte de la dotación del helicóptero policial que sobrevoló el Colegio Latinoamericano de Integración, cuando desde ese establecimiento fueron secuestrados dos de las víctimas del Caso Degollados: Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Ramírez y Riederer se retiraron como coroneles y ambos reciben una pensión de $2,8 millones.

José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero

José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero

En la medianoche del 30 de junio de 1986, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) ingresó al domicilio del folclorista Benedicto “Piojo” Salinas y dio muerte a tiros a la esposa, cuñada y un hijo del artista: Margarita Martín Martínez, María Paz Martín Martínez e Isidoro Salinas Martín. El coronel Sergio Gajardo Giadach, quien ahora cobra una pensión de $2,7 millones, entonces era teniente e integraba la patrulla que irrumpió en la casa del folclorista.

En octubre de 1973, los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay fueron secuestrados por una patrulla de Carabineros en la comuna de Río Negro, Región de Los Lagos. Ambos figuran en la nómina de detenidos desaparecidos. En el grupo policial estaba el entonces teniente José Hernán Godoy Barrientos. En 2003 el ministro Alejandro Solís lo sometió a proceso junto a otros cinco carabineros.

Godoy Barrientos alcanzó el grado de general y recibe una pensión de $3,3 millones. Se retiró en 2000, cuando ejercía como jefe de Zona precisamente en la región donde se produjo el secuestro de los hermanos Barría Bassay. En 2005 la Corte de Apelaciones de Santiago lo condenó a 10 años y un día, pero dos años después la Corte Suprema lo dejo libre por prescripción del delito. Fue el último caso en que se aplicó la prescripción en un juicio por violaciones de derechos humanos.

El peruano Percy Arana tenía 22 años y era cantante. En la madrugada del 31 de marzo de 1984 murió a tiros y golpes a manos de una patrulla policial que lo confundió con un militante subversivo. El mayor Alberto Medina Cárdenas fue procesado por la muerte del joven artista. Fue absuelto del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte por el Segundo Juzgado Militar de Santiago. Medina Cárdenas terminó su carrera como coronel y cobra una pensión de $2,7 millones.

El teniente Leandro Plaza Perellano prestaba servicio en la 13ª Comisaría de La Granja y el 11 de septiembre de 1983 lideraba la patrulla que dio muerte a Cristián Garrido Queulo (22 años), en la Población San Gregorio. En 2007 la Corte Suprema ratificó su condena a cinco años de presidio remitido. Plaza Perellano dejó el servicio como capitán y solo cuatro meses después de la condena que lo obligó a abandonar las filas comenzó a recibir su pensión, la que hoy alcanza a  $1,9 millón mensual.

LAS PENSIONES DEL ALTO MANDO

En la nómina de oficiales pensionados que Dipreca hizo llegar a CIPER, figuran 93 generales que han jubilado desde 2005 en adelante. $317 millones mensuales se pagan en pensiones a este grupo, lo que significa un desembolso anual superior a $3.800 millones.

La pensión más alta es la que recibe el ya mencionado ex auditor Ismael Verdugo Bravo ($6,9 millones mensuales). Le siguen dos ex generales con montos por sobre los $4 millones: Luis Ortiz Pietrantoni (ex director de Planificación y Desarrollo, $4,2 millones) y Jorge Cornejo Sangueza (ex jefe del Servicio de Sanidad, $4 millones).

Gustavo González Jure

General Gustavo González Jure

En el rango de $3,5 millones a $4 millones, se ubican siete oficiales, incluyendo tres ex generales directores: Gustavo González Jure ($3,7 millones), Eduardo Gordon Valcarcel (3,6 millones) y Alberto Cienfuegos Becerra ($3,5 millones).

El grueso de los generales (81) cobra pensiones que van entre $3 millones a $3,5 millones. Y en la nómina solo figura un oficial que cobra menos de $3 millones: Miguel Puentes Lacamara (ex director de Sanidad, $2,7 millones).

Entre los generales pensionados hay varios que si bien no se vieron enfrentados a procesos sancionatorios, si estuvieron involucrados en episodios irregulares antes de pasar a retiro. Uno de ellos es el ex general director Eduardo Gordon, quien dejó las filas en 2011 después de que CIPER reveló que a su hijo le cambiaron un parte para protegerlo tras protagonizar un accidente de tránsito (vea ese reportaje). El propio Gordon responsabilizó por el cambio del parte al entonces general Aquiles Blu Rodríguez, quien a fines de ese mismo año también abandonó el servicio activo y ahora cobra una pensión de $3,5 millones. En 2009 Blu firmó un contrato para proveer equipos biométricos con la empresa italiana Elsag Datamat, representada por los hijos del ex general director Fernando Cordero Rusque (vea reportaje de CIPER “Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros).

A fines de 2012 pasó a retiro el general Gerardo González Theodor, después de una serie de reportajes de CIPER sobre irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Esa unidad estaba bajo el mando de González Theodor, quien entonces ejercía como director de Planificación y Desarrollo. En esa condición cerró acuerdos de palabra con Mellafe y Salas para equipar la nueva Central de Comunicaciones de Carabineros y supervisó telefónicamente los contratos que el TIC cerró con un empresario muy cercano a él: Héctor Alegría Melo, quien había sido acusado de giro doloso y tenía un largo historial de causas judiciales (vea los reportajes de CIPER “Carabineros: compras con sobreprecio golpean al general director” y “Los sobreprecios y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros).

Con posterioridad a su retiro, González Theodor ha trabajado en emprendimientos de Alegría Melo. El general González dejó el servicio con un desahucio de $82 millones y cobra una pensión de $3,5 millones mensuales.

Gerardo González Theodor, ex general inspector de Carabineros

Gerardo González Theodor, ex general inspector de Carabineros

En el periodo en que se produjeron las compras irregulares en el TIC, estuvieron al mando de la Dirección de Logística el ya mencionado general Aquiles Blu y, posteriormente, el general Eduardo Muñoz Poblete. Este último se retiró a fines de 2011, cuando la Contraloría le había abierto un juicio de cuentas por una rebaja de $3 millones en una multa a un proveedor y por la compra de 60 LCD, avaluados en $51 millones, para el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, pero que nunca fueron utilizados.

Poco antes de dejar el servicio, Muñoz Poblete firmó una compra que implicó un desembolso de US$3,5 millones: 29 carros blindados que presentaban fallas de seguridad. Los documentos que acreditaron la recepción conforme de los vehículos, a pesar de que existía un informe que alertaba sobre las fallas, fueron firmados por los generales Carlos Carrasco Hellwig y Jorge Rojas Langer.

Actualmente, los generales Muñoz Poblete, Carrasco Hellwig y Rojas Langer, cobran pensiones  de $3,5 millones mensuales.

El negocio de la sequía II: Las redes políticas del “barón del aljibe” en el Biobío

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Vea también: El negocio de la sequía: el puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte $92 mil millones

Como ustedes saben, todos los problemas se vinieron a raíz del reportaje de CIPER, que fue un reportaje que nos perjudicó como empresa (…) Tenemos que cambiarle el rumbo al enfoque y eso significa que vamos a repartir estanques a familias (…) vamos a beneficiar con estanques de 200 y 500 litros (…) Con unos 100 estanques repartidos en la región le vamos a cambiar la cara a este reportaje perjudicial y de ser, según el reportaje, una empresa de lucro, pasamos a ser una empresa de lucro igual, pero una empresa que se preocupa de la gente.

La cita corresponde a un audio revelado el 6 de junio por el diario La Tribuna (Biobío). Allí se escucha a una ejecutiva de la sociedad Antártida de Chile,  dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y propiedad del empresario penquista Germán Faúndez Fuentes, instruir a un grupo de choferes repartir gratuitamente estanques de almacenamiento de agua a un centenar de vecinos de la región.

Entrega-de-aguaUna estrategia para sacudirse de un reportaje de CIPER publicado el 21 de marzo, en el que se reveló que de los $92 mil millones que el Estado ha invertido en los últimos siete años para contratar camiones aljibe que suministren agua a 400 mil personas, $23 mil millones habían ido a dar a manos de Germán Faúndez, a través de dos de sus empresas: Antártida de Chile y Transporte y Logística Chile.

Faúndez –quien desde al menos 2010 concentra el 25% del gasto fiscal a nivel nacional en este ítem– opera como el titular exclusivo de los millonarios contratos que la Intendencia del Biobío ha adjudicado para el reparto de agua en todas las comunas de la región (ver reportaje).

El reportaje de CIPER también provocó una reacción de la Intendencia del Biobío. A fines de mayo pasado, y por primera vez en los últimos siete años, el gobierno regional le adjudicó un contrato de transporte y distribución de agua potable a una empresa que no pertenece a Faúndez. A la Constructora Regional Chile y por $800 millones se le entregó el suministro de agua potable con camiones aljibe (por tres meses) a los vecinos de las comunas de Arauco, Lebu, Cañete, Los Álamos y Tirúa.

Ese contrato le significó a Faúndez perder cinco de las más de 40 comunas donde el millonario negocio de reparto de agua está bajo su control. La pérdida del monopolio no duró mucho tiempo. Un mes después de la adjudicación, el contrato con Constructora Regional fue revocado. La decisión fue confirmada a CIPER por autoridades de la Intendencia del Biobío, las que acusan a la empresa de “incumplimientos”. Los representantes de esa empresa declinaron referirse al tema.

Tras el abrupto término de ese contrato, la indagación de CIPER arroja que la distribución de agua potable en esas comunas fue reasignada a empresas de Germán Faúndez.

Faúndez, controlador de más de una decena de sociedades, la mayoría constituidas en los últimos cinco años, es un empresario influyente en la Octava Región. Desde hace varios años lidera la Federación de Empresarios de Transporte de Carga por Carreteras y la Asociación de Dueños de Transportadores de Contenedores de la Región del Biobío. Desde su posición de empresario y dirigente gremial, Germán Faúndez ha forjado vínculos con distintas autoridades de la región, entre los que destacan el diputado Cristián Campos (PPD) y el senador Alejandro Navarro (PAIS), ambos parlamentarios por la Octava Región.

Diputado Cristián Campos.

Diputado Cristián Campos.

Esas redes políticas le han dado frutos. En 2015, por ejemplo, Cristián Campos envió un oficio a la Contraloríapara que el órgano fiscalizador se pronunciara sobre los motivos por los que la Intendencia y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío, mantenían millonarias deudas (cerca de $7 mil millones) con dos empresas de Concepción: Transporte y Logística Chile, dedicada a la distribución de agua potable en camiones aljibe y de propiedad de Faúndez, e Inversiones Chile. El dueño de esta última, que opera en el rubro de la construcción y que figura con dos contratos por cerca de $1.000 millones con el Serviu regional, es el mismo Faúndez (ver el oficio).

-Faúndez me comentó que se había reunido con varias autoridades y que tenía un conflicto, porque se le adeudaban dineros por unos servicios que había prestado y, obviamente, así como hago tantos oficios para otras personas, también lo hice para él -puntualizó el diputado Campos a CIPER.

Cristián Campos -44 años y diputado desde 2010- ha tejido una vasta red de nexos políticos en la Región del Biobío, los que cruzan al Seremi de Transporte y llegan hasta la propia intendencia, donde su cuñada es jefa de Administración y Finanzas (también concejala PPD, el mismo partido de Campos, por Talcahuano), área que gestiona y fiscaliza los millonarios contratos con Faúndez para la distribución de agua potable en las cuatro provincias de la región.

FIN AL MONOPOLIO

El 31 de mayo pasado, la empresa Constructora Regional fue seleccionada por la Intendencia del Biobío para proveer el abastecimiento de agua en camiones aljibe en las comunas de Arauco, Cañete, Lebu, Los Álamos y Tirúa. En el portal Mercado Público aparece que esa empresa presentó su propuesta el 18 de mayo, quedando en evaluación junto a otras dos ofertas, una de ellas del empresario transportista Germán Faúndez.

Desde 2010 y hasta esa fecha, la totalidad de los contratos para la distribución de agua en la región –una de las más golpeadas por la crisis hídrica que desde hace años azota al país– fueron adjudicados por trato directo a dos empresas de propiedad del dirigente gremial Germán Faúndez: Transporte y Logística Chile y Empresas Antártida de Chile.

distribucion_agua_4Solo entre ambas concentraron más del 25% de los $92 mil millones que el Estado ha invertido a nivel nacional en los últimos siete años para enfrentar la falta de agua en 175 comunas de todo el país. Lo grave es que la indagación de CIPER indica que en esos mismos siete años la Intendencia del Biobío no ha ejercido control sobre los recursos invertidos para el pago de camiones aljibe en la región. Un ejemplo: según datos entregados por la propia intendencia a CIPER, en 2013 se gastaron $3.533 millones en el arriendo de camiones aljibe para abastecer a 45.341 personas con agua potable. Al año siguiente, el monto casi se duplicó –llegó a $6.562 millones–, pese a que el suministro solo cubrió a 41.784 personas, 3.500 menos que en 2013.

Tras la publicación de la primera parte de este reportaje, CIPER solicitó por Ley de Transparencia la copia de todos los contratos adjudicados por la Intendencia del Biobío a Germán Faúndez. La revisión de esos documentos arrojó nuevos datos.

La primera sorpresa fue que Faúndez no solo consolidó su monopolio sobre la distribución de agua potable con camiones aljibes a través de dos de sus empresas (Transporte y Logística Chile y Antártida de Chile). Desde septiembre de 2016, el empresario penquista opera en ese negocio del agua con una tercera sociedad: Tierra de Chile, constituida en agosto de 2015 con su esposa y su hijo, con un capital de $50 millones. El 21 de septiembre de 2016 la Intendencia y Tierra de Chile firmaron contrato para el reparto de agua durante tres meses (septiembre, octubre y noviembre), en 11 comunas de las provincias de Concepción y Arauco. El monto del contrato, entregado al margen de licitación pública, fue de $662,5 millones (ver documento).

En ese contexto, el ingreso de Constructora Regional al mercado rompía el histórico monopolio del clan Faúndez en el negocio del reparto de agua en el Biobío. El 30 de junio, sin embargo, la intendencia decidió rescindirles el contrato. CIPER consultó por los motivos de la decisión y la respuesta fue que la empresa no había acreditado una serie de exigencias, y que “algunos documentos se encontraban vencidos, tales como revisiones técnicas de los vehículos y certificados de sanitización” (ver respuesta de la Intendencia del Biobío).

Desde la intendencia señalaron que el contrato había sido readjudicado a la empresa que en el proceso original de postulación había quedado “en segundo lugar”: Tierra de Chile, propiedad de Germán Faúndez.

ALJIBES, CAMPAMENTOS Y ALDEAS

La nueva indagatoria de CIPER arrojó otras sorpresas respecto de sus contratos con instituciones del Estado. Además de hacerse del monopolio del lucrativo negocio de la distribución de agua potable en el Biobío, su especialidad son los “trabajos de emergencia” para organismos públicos. De ello da cuenta un contrato adjudicado por el Serviu a Inversiones Chile en noviembre de 2012 para la erradicación y cierre de 67 aldeas en varias comunas de la región. El monto: $1.140 millones, fondos que le fueron asignados por trato directo, al igual que los más de $23 mil millones transferidos a tres empresas de Faúndez desde la intendencia para el reparto de agua.

Germán Faúndez en una reunión en la Intendencia del Biobío.

Germán Faúndez en una reunión en la Intendencia del Biobío.

CIPER encontró además un segundo contrato entre Inversiones Chile y el Serviu regional: en agosto de 2013 se benefició de una licitación pública por $150 millones para la “Mantención y Reparación de Aldeas” en las comunas de Arauco, Cañete y Lebu (ver documento). A esa licitación, Faúndez se presentó señalando que su empresa, constituida dos años antes (junio de 2011), contaba con “amplia experiencia en trabajos de emergencia, tanto en aldeas como en campamentos, y otras tareas encomendadas por la Onemi”.

La “experiencia” invocada por Faúndez quedó en entredicho en la ejecución de los trabajos. La Contraloría levantó una serie de cuestionamientos que quedaron consignados en el informe con el que respondió al requerimiento ya mencionado del diputado Campos sobre las razones del no pago de deudas a dos empresas de Faúndez.  En ese informe (3 de noviembre de 2015) se señala que Inversiones Chile ejecutó los trabajos ordenados por el Serviu en noviembre de 2012 sin haber formalizado contrato alguno con la entidad pública.

“El Serviu de la Región del Biobío, durante el año 2013 utilizó los servicios de la empresa en análisis, sin formalizar administrativamente el respectivo requerimiento”, se lee en el informe.

No obstante operar al margen de la regulación administrativa, el 8 de julio de 2014 Inversiones Chile emitió una factura por $1.140 millones, la que fue aprobada por el Serviu del Biobío. Pero la factura no pasó los controles de la intendencia regional, responsable de allegar los fondos al Serviu para el pago. La razón: “La ausencia de un contrato de ejecución de obras en el que se establecieran los trabajos a desarrollar, la cantidad y el precio, entre otros, sin lo cual no era posible determinar el monto a pagar por las labores efectivamente ejecutadas”.

Tras el rechazo de la intendencia a finiquitar el pago, se procedió a verificar la ejecución de los trabajos. “Algunas aldeas no se encuentran erradicadas en su totalidad, quedando obras no terminadas”, fue una de las principales conclusiones del informe técnico realizado. En virtud de las carencias y errores en la ejecución del contrato, finalmente, Faúndez solo recibió $851 millones de los $1.140 millones que había facturado.

PADRINO POLÍTICO

Pamela Cortés Cisternas es jefa de Administración y Finanzas de la Intendencia del Biobío, una pieza clave en la gestión de los contratos del gobierno regional con proveedores. Uno de ellos es Germán Faúndez, con adjudicaciones por más de $23 mil millones. La indagación de CIPER indica que fue esa misma funcionaria quien notificó a los representantes de Constructora Regional el cese de su contrato a fines del mes pasado, lo que dio paso una vez más a la entrega de ese  trabajo a Faúndez.

Pamela Cortés (al centro), junto al diputado Campos (a su izquierda).

Pamela Cortés (al centro), junto al diputado Campos (a su izquierda).

Pamela Cortés es cuñada del diputado Cristián Campos (PPD), quien haciendo uso de sus facultades parlamentarias envió en 2015 un oficio a la Contraloría para destrabar los millonarios pagos que dos entidades públicas de la región adeudaban a Germán Faúndez. El vínculo de Campos y Cortés no es solo familiar. La jefa de Administración y Finanzas de la intendencia es también concejala PPD por Talcahuano y el diputado fungió como su “padrino político” durante la exitosa campaña que en 2016 la convirtió en autoridad edilicia de esa comuna de la Octava Región.

Pamela Cortés está emparejada con el Seremi de Transportes del Biobío, César Arriagada (PPD), un histórico colaborador de Cristian Campos. De hecho, Arriagada relevó a Campos en su rol como administrador de la Municipalidad de Hualpén, cuando el hoy diputado se postuló en 2009 al Congreso.

Fue precisamente en el ejercicio de sus labores como administrador municipal de Hualpén que Cristian Campos fue acusado por el Ministerio Público de apropiarse de dineros fiscales por la vía del pago de horas extraordinarias sin respaldo. Fue formalizado en agosto de 2014, cuando pactó con la Fiscalía la suspensión condicional del proceso, tras la devolución de $4,6 millones.

El diputado Cristián Campos fue consultado por CIPER sobre su relación con el empresario Germán Faúndez, calificada por varios actores importantes de la región como “fluida”. Junto con descartar un nexo “especial” con Faúndez, Campos afirmó:

-Lo que pasa es que conozco a todos los actores de la región. Él es el presidente del gremio de los camioneros, y si me pregunta por el presidente de la Cámara de Comercio también lo conozco. Los conozco a todos.

Respecto del oficio que envió a Contraloría solicitando respuesta por los millonarios pagos adeudados a Faúndez, Campos señala que en el ejercicio de su cargo es usual que reciba a personas de la región para conocer sus inquietudes:

Germán Faúndez (Fuente:  Revista Nos)

Germán Faúndez (Fuente: Revista Nos)

-Faúndez me pidió una audiencia. Yo atiendo lunes y viernes a todo el mundo, así que no tengo problema en hacer ese tipo de consultas y peticiones, más allá de la persona que lo esté solicitando. Usted puede revisar, he enviado cerca de 200 oficios consultando por cosas específicas para distintas personas que me lo han solicitado.

La página web de la Cámara de Diputados registra todas las audiencias públicas de Campos desde marzo de 2015 a la fecha (cumpliendo con el dictamen de la Ley de Lobby). En ese periodo no hay registro de que el diputado haya recibido a Germán Faúndez.

A pesar de no aparecer registrado en sus audiencias, el diputado Campos también afirmó a CIPER que algunas veces ha recibido al empresario Faúndez acompañado de Juan Araya (presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones), quienes le plantearon el tema “del impuesto específico” y que, en el último tiempo, había escuchado su postura sobre “el tema del cobro de los peajes, de cómo eso afecta la actividad que ellos realizan”.

Cristián Campos insistió que no tiene mayor vínculo con Faúndez, aunque dijo conocerlo incluso desde antes de que fuese electo diputado (2009). Versiones recogidas por CIPER señalan haberlos visto comiendo junto a otras personas en el “Tiralomo”,  una conocida parrillada de Concepción:

-Yo he ido a reuniones con Germán, pero también con otros empresarios del mismo sector, Marcos Vergara, por ejemplo, que lo conozco muy bien y que es del mismo rubro. No tengo problema en decir que como Concepción es tan chica, las reuniones se han hecho en mi oficina o en un restorán.

PARA EVENTOS SOLIDARIOS RECURRIMOS A ÉL

El senador por la Octava Costa, Alejandro Navarro (PAIS), conoce a Germán Faúndez desde aproximadamente una década. “Esporádicamente, en temas especiales que tienen que ver con eventos solidarios en beneficio de los  habitantes de la región, recurrimos a él”, dijo a CIPER.

Senador Alejandro Navarro.

Senador Alejandro Navarro.

A fines de 2014, el senador hizo entrega de sillas de ruedas en Concepción y Chillán, las que fueron donadas a la comunidad por una fundación estadounidense. En el acto de entrega en Chillán, el senador agradeció a Germán Faúndez: “Las sillas fueron traídas desde Estados Unidos y gracias al apoyo del dirigente Germán Faúndez, presidente de la Federación de Transportistas de la Región del Biobío, llegaron hasta acá”, dijo en esa oportunidad.

Navarro, a su vez, ha apoyado causas del dirigente transportista en varias instancias. Figura junto a Faúndez en una demanda por $150 millones –a la que también se sumó la Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidores del Biobío– contra la sociedad Camino de la Madera, por el mal estado de la carretera del mismo nombre que está bajo su concesión. También, desde al menos 2011, ha acusado la existencia de un “cartel del combustible” en la Región del Biobío, problema que fue tratado en una sesión especial del Senado el 19 de abril de 2012. Al día siguiente, en Concepción, Navarro dio una vocería junto a Germán Faúndez donde criticaron “la fijación y regulación de precios”.

Meses antes, en diciembre de 2011, Navarro y Faúndez se habían reunido para “dar a conocer los beneficios de la aprobada ley de reintegro de impuesto específico del petróleo diesel para empresas de transporte de carga”, según la propia página web del senador (ver aquí).

Consultado respecto de los millonarios dineros transferidos por la intendencia a empresas ligadas a Faúndez para el reparto de agua en camiones aljibe, Navarro señaló: “He sido crítico de esa transferencia”.

Aun así, el senador Navarro acompañó en 2015 a Faúndez y otros transportistas a una reunión con el intendente del Biobío, Rodrigo Díaz Worner, para que el organismo público acelerara los pagos que se le adeudaban al empresario por trabajos de distribución de agua. “Fui a esa reunión para evitar un corte del servicio producto del no pago”, señaló a CIPER.

 

Cómo empresas de Luksic y Juan Cúneo usaron zombis para no pagar impuestos

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CIPER accedió a una lista inédita con 47 empresas que intentaron eludir impuestos por más de $1 billón y que el Servicio de Impuestos Internos (SII), tras una década de trabajo, logró neutralizar solo en parte. En ella aparecen, además de Sebastián Piñera y los dueños del Grupo Penta, sociedades  vinculadas a Andrónico Luksic, los hermanos Abumohor, los hermanos Calderón, los Gálmez, Andrés Navarro, José Said y varios de los controladores de Falabella (los Cúneo Solari, Cortes Solari, Solari Falablella), entre otros.

Entre 1990 y 2004 todos estos dueños de empresas prósperas buscaron hacerle creer al SII que no tenían utilidades y, por lo tanto, que no tenían que pagar impuestos. Incluso, en algunos casos, pedían devolución de impuestos pagados en años anteriores. Para concretar ese engaño, compraron pérdidas por $6 billones 845 mil millones (casi 10 billones de hoy con el IPC ajustado), que provenían de empresas quebradas en los años 80, conocidas hoy como empresas zombis.

Así por ejemplo, en 2001, la zombi del Grupo Luksic declaró una descomunal pérdida de $75 mil millones, el mismo año en que el holding tuvo al menos $241 mil millones para tomar el control del Banco de Chile, comprando acciones del Grupo Penta y de los controladores de Falabella.

Los vendedores de estas acciones, a su vez, pese a la gran suma que recibieron de parte de los Luksic por estas operaciones ($139 mil millones en el caso de Penta y $103 mil millones las familias controladoras del retail), también registraron grandes pérdidas tributarias en 2001, gracias a sus respectivas zombis. Empresas  Penta declaró $54 mil millones en pérdidas (como mostró una investigación de Jorge Rojas en The Clinic), gracias a su zombi Río Teno; Juan Cúneo, por entonces presidente de Falabella, declaró $57 mil millones en pérdidas producto de su zombi Inversiones Hispana (como se detallará más abajo). En tanto, la familia Cortés Solari (actual Grupo Corso) declaró pérdidas por $27 mil millones gracias a su zombi Sociedad de Inversiones Quitalmahue; y María Luisa Solari Falabella declaró  $941 mil millones en pérdida usando la zombi Inversiones San Patricio.

Ganar mucho, inventarse pérdidas y pagar el mínimo impuesto posible. Esa fue la lógica seguida por importantes firmas en los años 90, época de oro de la economía chilena en la que, sin embargo, el Fisco necesitaba muchos recursos para bajar el alto nivel de pobreza de Chile. Esta lista de 47 grandes empresas muestra la masividad que tuvo el ataque zombi y hace pensar que es una de las mayores ofensivas, sino la mayor, que las grandes empresas lanzaron en contra de las arcas públicas.

En 2001 la zombi del Grupo Luksic declaró una pérdida de $75 mil millones, el mismo año en que el holding tuvo recursos para tomar el control del Banco de Chile”

En Estados Unidos, que tiene una desigualdad tan grande como la chilena, ese problema ha sido atribuido en gran parte a la dificultad del Estado de cobrar impuestos a los más ricos. En ese contexto, el cientista político Jeffrey Winters ha descrito la existencia de una industria de la defensa de la riqueza, cuya tarea central es generar argumentos y diseños tributarios que defiendan a las grandes fortunas de la amenaza redistributiva del Estado.

El ataque zombi que se describe en esta serie permite construir un primer mapa de la versión chilena de esa industria. En muchas operaciones se repiten los mismos tributaristas (desde los bufetes de Fernando Barros y Alfredo Alcaíno hasta Aníbal Correa Barros y Alberto Coddou). Pero el denominador común más importante es más difícil de asir. Es una forma de entender la ley especialmente útil para la concentración de la riqueza: si la ley no impide expresamente (en este caso, usar las pérdidas que tuvieron algunas empresas en los ‘80), ¿por qué debo privarme de eso?

Ese camino conduce a una puerta que custodian los tributaristas: la de los mecanismos de elusión. Abriendo esa puerta se encuentra una variada gama de prácticas tributarias que se pueden resumir en estrategias que no contradicen lo que explícitamente dice la ley, pero que van contra del sentido de la norma y de la idea misma de justicia. Dicho de otro modo: puede ser que al usar zombis el Grupo Luksic no haya hecho nada ilegal, pero la pérdida que le permitió eludir millonarios impuestos es un invento. El grupo nunca perdió nada y, por lo tanto, usó una trampa para no tributar.

Pero si tantos grandes empresarios recurrieron a zombis -y a otras prácticas de elusión- que los situaron en el confuso margen entre lo legal e ilegal, se debe también a que el SII tuvo una actitud zigzagueante durante las tres administraciones que vieron crecer y expandirse el ataque zombi. Este tema se abordará en detalle en el último capítulo de esta serie, pero es importante destacar algunas características generales de cómo el SII lidió con este problema.

Con Javier Etcheberry, a la cabeza del SII entre 1990 y 2001, la entidad no puso atención a las primeras zombis que emergieron en 1990 y que permitieron eludir impuestos a Sebastián Piñera y a los controladores de Empresas Penta, entre otros. Etcheberry dijo a CIPER que estimó que la ley no prohibía estas operaciones. Sin embargo, al tiempo que las zombis se fueron masificando, fue imposible para la autoridad tributaria ignorar su impacto en las arcas fiscales. La solución fue la Ley Antievasión aprobada en 2001, que puso una serie de limitaciones y condiciones al uso de las pérdidas.

Juan Toro ordenó una investigación intensiva. Concentró el esfuerzo del SII en 73 empresas que eran prósperas hasta que la repentina aparición de pérdidas hizo desaparecer sus utilidades. En su gestión neutralizó 25 zombis.

Esta norma no detuvo a las zombis. Porque las prácticas elusivas no se acaban con leyes más precisas. Como dijo un destacado tributarista a CIPER: “Antes de que la autoridad termine de hacer una ley, los bufetes ya saben cómo eludir sus consecuencias”. En efecto, las limitaciones que impuso la Ley Antievasión a las zombis fueron sorteadas con facilidad por los grandes contribuyentes bien asesorados.

Por ello, cuando asumió Juan Toro (2002-2006) la ola zombi estaba en su peak. Toro ordenó una investigación intensiva. Concentró el esfuerzo del SII en 73 empresas que eran prósperas hasta que la repentina aparición de pérdidas hizo desaparecer sus utilidades. El SII rechazó pérdidas, recalculó impuestos y cobró; inició investigaciones administrativas en contra de los que se negaron a pagar y se querelló contra tres empresas: la más grande, Vital, controlada por Coca Cola Company y José Said Saffie.

En esa querella, el SII trató de dar una señal al mercado. No solo buscó recuperar los $3.118 millones en impuestos evadidos por Vital (según decía la querella), sino condenas de cárcel para sus principales ejecutivos. Se buscaba “ver sangre”, para usar la expresión con la que el actual director de SII, Fernando Barraza, rechaza el uso de querellas por los ilícitos del financiamiento ilegal de la política.

En la época de Toro, blandir el garrote tuvo un efecto que la Ley Antievasión no consiguió: terminó con la amenaza tributaria que representaban 25 de las 73 empresas investigadas, obligándolas a pagar impuestos adeudados cuando la ley lo permitía (como en el caso de Piñera, Empresas Penta y Ripley) o a renunciar al uso de las pérdidas que habían comprado.

Ricardo Escobar (2006-2010) imprimó un énfasis distinto cuando se hizo cargo del SII: llegar a acuerdo con las empresas para asegurar el pago de impuestos. En ese contexto, la querella contra Vital quedó literalmente abandonada. Desde su llegada no se volvió a presentar un solo escrito hasta que la causa fue sobreseída definitivamente en diciembre de 2007, como lo constató CIPER al revisar el expediente. Si hoy no se puede decir que el uso de las zombis haya sido declarado ilegal, en parte se debe a que el SII perdió esa causa emblemática por walk over.

Ricardo Escobar buscó llegar a acuerdo con las empresas para asegurar el pago de impuestos. La emblemática querella contra Vital quedó literalmente abandonada.

Escobar cerró 22 casos, los que sumados a los 25 que se concluyeron bajo Toro, estructuran la tabla inédita que se da a conocer en este reportaje. Ella incluye los nombres de los compradores de las 47 zombis neutralizadas por el SII, el monto de las pérdidas que cada empresa declaró, los impuestos que intentaron eludir sus dueños, el monto de la pérdida que rechazó el SII y cuántos impuestos les hizo pagar la autoridad al final del proceso.

Sobre las 26 empresas restantes (de las 73 que se investigaron en la época de Toro), los datos son inciertos. Algunas, como la zombi ligada a Julio Ponce Lerou, Inversiones SQ Holding, siguieron la larga vía judicial (tribunal tributario, Corte de Apelaciones y Corte Suprema) y comenzaron a morir definitivamente luego de 10 años de litigio. En el juicio tributario de SQ Holding, la Corte Suprema falló en 2014 en contra de la empresa, lo que muestra cómo esta historia que se inició en los ‘90 ha seguido vigente, aunque no haya sido objeto de ni un solo debate en la agenda pública. Otras zombis, como la vinculada a Leonidas Vial, Inversiones Saint Thomas, tienen un decurso más difuso, aunque esta investigación, como se verá en la segunda parte, logró determinar sus movimientos más importantes.

ANDRÓNICO LUKSIC

El Grupo Luksic estaba ya entre los más ricos de Chile cuando se ahorró una gran cantidad de impuestos gracias a su zombi. A través de Inversiones Hidrosur (representada por Andrónico Luksic Craig, ver documento), debería haber pagado $9.932 millones en tributos entre 2000 y 2004, según un informe del Departamento de Delitos Tributarios del SII, al que accedió CIPER (vea ese informe). Pero, de acuerdo a los datos obtenidos en esta investigación, el grupo solo pagó $163 millones en impuestos de primera categoría, apenas un 1,6% de lo que debió haber pagado.

Los principales datos obtenidos por esta investigación se reseñan en esta tabla. zombi 2

La zombi que compró el Grupo Luksic, (descrita por primera vez en una investigación de The Clinic) fue la Sociedad de Inversiones San Francisco, empresa que había pertenecido al grupo de Javier Vial. En 1983 quebró y fue sometida a un convenio judicial preventivo. En agosto de 2000 Vial la vendió a los Luksic, quienes pagaron por ella $2.606 millones. Un monto considerable para su único activo: una deuda de arrastre de $75.702 millones.

Según se lee en la investigación del SII, el que contactó a Vial con Luksic fue Rafael Silva Merino, actual director del Factoring Liquidez, quien por su intermediación recibió de Luksic $60 millones y $5 millones de Javier Vial. En la compra de la zombi fue importante la asesoría de Edmundo Eluchans Urenda (ex diputado UDI) y la auditora PriceWaterhouse. Francisco Pérez Mackenna, gerente del Holding Quiñenco, deslindó responsabilidades sobre la operación cuando declaró bajo juramento ante la autoridad tributaria (ver documento).

En 2001 la zombi San Francisco volvió a la vida cuando, en un solo acto, el Grupo Luksic presentó ante el SII los $75.702 millones en pérdidas que San Francisco había acumulado desde el momento de su quiebra en 1983. Lo primero que la investigación del SII determinó fue que esas planillas contables “fueron confeccionadas extemporáneamente el 2000 o 2001”. Lo segundo, es que la mayor parte de esa abultada pérdida de arrastre eran intereses y reajustes de una deuda que ya no existía.

Esa investigación del SII describe cómo el Grupo Luksic usó las cuantiosas pérdidas para reducir las utilidades de Inversiones Hidrosur, una empresa con actividad comercial real y con grandes ganancias anuales. La zombi absorbió Inversiones Hidrosur, quedándose con sus ingresos y su nombre. Gracias a esa fusión, en que se unieron en la misma contabilidad las pérdidas de Vial y la bonanza de los Luksic, el grupo hizo desaparecer $39.682 millones en utilidades en 2002.

Al año siguiente, la zombi le permitió borrar $20.551 millones en utilidades. Finalmente, en 2004, descontó otros $4.192 millones en utilidades. Fue solo respecto de este último año que el SII presentó reparos. Mientras que a Piñera el SII le cuestionó el uso de la zombi durante tres años consecutivos (de 2002 a 2004), al Grupo Luksic solo le formuló reparos por un año. Respecto del resto de los impuestos, la investigación de CIPER indica que probablemente su pago quedó prescrito, aunque no hay rastro en la documentación oficial.

CIPER tomó contacto con el Grupo Luksic para saber cómo consiguió su zombi pagar tan solo un 1,6% de los impuestos que debió haber cancelado; y por qué usaron pérdidas de una sociedad de Javier Vial, empresa quebrada, con la que el holding  no tenía ninguna relación. No obtuvimos respuesta.

Ricardo Escobar, director del SII en el momento en que Inversiones Hidrosur acordó el pago de solo un año de impuestos adeudados, dijo a CIPER que los directores del SII no ven casos específicos por lo que no recordaba la forma en que se solucionó ese tema.

Como se verá en la última parte de esta serie, a diferencia de lo hecho por Juan Toro, Escobar se concentró en llegar a acuerdos con las empresas y para ello generó un equipo de negociación con funcionarios de distintas áreas del SII. Escobar dijo a CIPER que no impartió instrucciones específicas a ese equipo sobre rangos de impuestos a cobrar, condonaciones o multas.

-Eso lo vio cada uno. Era un tema operativo; uno impartía las instrucciones para abajo y lo hacía el que tenía que hacerlo -explicó.

Respecto del cobro de solo un 1,6% del monto total de impuestos que el Grupo Luksic debió haber pagado entre 2000 y 2004, Ricardo Escobar insistió: “No vi caso por caso. Pero se hace lo que se puede”.

PANORAMA INCOMPLETO

La diferencia entre el monto de los impuestos que el Grupo Luksic debió haber pagado y los que efectivamente canceló gracias a su zombi, muestran que la tabla de 47 empresas que se entrega en esta investigación, está incompleta. Es necesario explicar por qué.

Sus datos provienen de la investigación que hizo el SII a partir de 2004 para cobrar impuestos. En términos generales, lo que hizo ese organismo fue identificar empresas exitosas que aparecían sorpresivamente con grandes pérdidas, y examinar el origen de éstas. En una primera instancia entonces, el SII reconstruyó la historia contable de las zombis, desde su muerte en la crisis del ‘80 hasta su regreso a la vida en los ’90 y su posterior fusión con empresas sanas.

Por ejemplo, en el caso de la zombi de Sebastián Piñera, Compañía de Industrias y Desarrollo (que arrastraba $39 mil millones de pérdida), se acreditó que permaneció inactiva 10 años desde su quiebra hasta 1994, cuando la compró el ex presidente y la fusionó con varias de sus empresas prósperas. Entonces, la rebautizó como Inversiones Bancard Limitada (esta operación fue descrita detalladamente en la parte 1 de esta serie).

A partir de 1996, Piñera empezó a usar la pérdida de la zombi Compañía de Industrias y Desarrollo para disminuir las utilidades de sus empresas sanas. Borró $3 mil millones en 1996; luego, $2 mil millones en 1997; $17 mil millones en 1998; $15 mil millones en el año 2000 y así sucesivamente hasta agotar toda la pérdida de la zombi que compró en $817 millones.

Todo esto lo reconstruyó el equipo del SII en 2004 y concluyó que era un abuso de la ley. Pero al momento de cobrarle a Sebastián Piñera, el SII no pudo considerar toda la operación (los $39 mil millones), porque la mayor parte estaba prescrita.

Solo cobró desde 2001 en adelante. Por eso, en la tabla que consigna a las 47 empresas neutralizadas por el SII, Inversiones Bancard aparece declarando pérdidas por $1.527 millones, que es sólo una pequeña parte de las pérdidas que Piñera usó desde 1996.

Así, al consignar solo lo que el SII pudo cobrar, la tabla registra $102 millones que son los impuestos de primera categoría que la empresa de Sebastián Piñera debió pagar. Y deja fuera los $2.862 millones que el ex presidente eludió y que la prescripción le permitió no pagar (los detalles están explicados en el recuadro de la parte 2 de esta serie: “Los 2.862 millones en impuestos que Piñera no pagó”).

La prescripción de las operaciones zombis permitió a Sebastián Piñera pagar solo el 10% de los impuestos que debió cancelar. El Grupo Luksic tuvo más suerte: pagó un 1,6% de los tributos que la investigación del SII reclamaba

La misma diferencia podría ocurrir con varias de las 47 empresas de la tabla. Como los montos provienen de los cobros que efectivamente hizo el SII en 2004, omiten las utilidades y los impuestos que estaban prescritos. En el caso de Piñera, de hecho, los datos obtenidos por esta investigación permiten precisar que terminó pagando solo el 10% de los impuestos que debió cancelar. Lo que ocurrió con el Grupo Luksic es peor: lo cancelado no llegaría ni al 2% de lo que debió haber pagado, según la investigación del Departamento de Delitos Tributarios del SII.

Pero esto no ocurre en todos los casos. Por ejemplo, respecto de los impuestos que pagaron el Grupo Penta, las empresas de los hermanos Calderón o Vital, los montos que aparecen en la  tabla sí reflejan toda la operación, según la investigación que hizo CIPER.

Dicho en breve, esta tabla que refleja los cálculos hecho por el SII para cobrar impuestos en 2004 es, en el mejor de los casos, la punta del iceberg que implicó el ataque de las zombis cuya real dimensión permanece en la nebulosa.

(En el próximo capítulo: las zombis de Julio Ponce Lerou, Leonidas Vial, Andrés Navarro y los hermanos Abumohor, Gálmez y Calderón)

LA ZOMBI DE JUAN CÚNEO

Inversiones Hidrosur, la zombi del Grupo Luksic, aparece mencionada en varios documentos relacionados con la compra de acciones que le permitió a ese grupo tomar el control del Banco de Chile en el año 2000. Lo interesante es que entre los vendedores de acciones también había zombis. Los dueños del Grupo Penta, que le vendieron el 16% de las acciones del Banco de Chile, usaron en esta operación la zombi Río Teno. Otro de los vendedores, Juan Bautista Cúneo Solari, ex presidente de Fallabella, participó en esta operación con su zombi Inversiones Hispana (ver documento).   zombi 1 Creada en 1979, Inversiones Hispana era propiedad de Pablo Plá Parés, uno de los socios del Banco Español-Chile, el que quebró en la crisis de los ‘80. Cúneo la compró en 2001 junto a su esposa y sus hijas, y al año siguiente la usó para absorber una de sus sociedades clave: Juan Cúneo y Cía. Ltda. Con esa fusión, la zombi que sólo tenía pérdidas, recibió una inyección de capital de $18.350 millones. En los documentos a los que CIPER accedió se constata que Inversiones Hispana declaró ante el SII una pérdida de arrastre de $57.344 millones y ya en manos de Cúneo, éste solicitó una devolución de $1.839 millones de impuestos pagados con anterioridad. El SII rechazó esta operación completa e hizo pagar a la empresa $277 millones.

Municipios mineros I: los millones de Los Pelambres que se esfumaron en Salamanca

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En mayo pasado las sirenas de peligro en la faena de Minera Los Pelambres volvieron a sonar. Esta vez no se trataba de derrames de desechos, ni tampoco de cortes de caminos provocados por opositores a la mega faena de cobre y molibdeno del Grupo Luksic. A principios de ese mes, los ejecutivos de la minera fueron notificados por la nueva administración de la Municipalidad de Salamanca, comuna ubicada a 45 kilómetros de Los Pelambres (Región de Coquimbo), que un monto significativo de los más de $5.200 millones que transfirió a las arcas de la entidad entre 2015 y 2016 se habían esfumado.

La búsqueda de esos dineros –que hoy ha dado paso a una exhaustiva investigación en Los Pelambres, la Municipalidad de Salamanca y la Contraloría– es solo la superficie de una caja que esconde el destino de otros millonarios traspasos desde la minera al municipio. La indagación de CIPER arroja que entre 2010 y 2016 Minera Los Pelambres inyectó a la Municipalidad de Salamanca $7.200 millones en donaciones. Para graficar el impacto de ese monto en las finanzas municipales, basta citar un ejemplo: los $3.255 millones que Los Pelambres traspasó a la administración edilicia en 2016 representaron más del 16% del presupuesto municipal, superando en $1.200 millones el monto disponible para la gestión de salud en toda la comuna.

Gerardo Rojas Escudero, ex alcalde de Salamanca (Fuente: ppd.cl)

Gerardo Rojas Escudero, ex alcalde de Salamanca (Fuente: ppd.cl)

El protagonista central de los más de $2 mil millones investigados es uno de los históricos aliados de Minera Los Pelambres: Gerardo Rojas Escudero (PPD), quien fue desde 2004 y hasta 2016 alcalde de Salamanca. Rojas, con estudios de Derecho, también ocupó el sillón edilicio entre 1992 y 1994. Versiones recogidas para este reportaje indican que entre ambos periodos el ex alcalde trabajó algunos años para la propia minera como asesor jurídico.

Pese a la danza de millones que recibió el gobierno local bajo el mandato de Gerardo Rojas, hoy la Municipalidad de Salamanca arrastra un hoyo financiero que sobrepasa los $5 mil millones. Eso no es todo. El arqueo que hizo la nueva administración edilicia arroja que, del total de dineros que Los Pelambres depositó en las arcas municipales entre 2015 y 2016 –y que debían ir en beneficio de los vecinos–, hay al menos $2 mil millones que fueron desviados al pago de remuneraciones de funcionarios y a cubrir la operación del municipio.

En otras palabras: la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas ha dependido en buena medida de los recursos de Los Pelambres. Los traspasos también le han permitido a la minera obtener beneficios tributarios en virtud de la Ley de Donaciones.

No solo beneficios tributarios ha conseguido Los Pelambres con sus aportes millonarios a Salamanca. Los traspasos de dinero están estrechamente ligados a los sucesivos problemas medioambientales protagonizados por la minera y que han sacudido a sus más de 25 mil habitantes.

PRONTUARIO MEDIOAMBIENTAL

El año 2008 fue fatídico para los habitantes de Salamanca. El 28 de noviembre, la rotura de un ducto de Minera Los Pelambres originó el derrame de 12 mil litros de petróleo. No era el primer episodio de contaminación de la mega operación controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del Grupo Luksic. En agosto de ese mismo año, aguas residuales de la faena minera habían escurrido al río Cuncumén y al estero Las Camisas. Un año después, 13 mil litros de concentrado de cobre cayeron al río Choapa.

Por esos eventos Los Pelambres fue multada por la autoridad ambiental en 2009 con $82,5 millones, el 0,02% de sus utilidades de ese año que, en el atardecer del “superciclo” del cobre, sobrepasaron los $480 mil millones.

El prontuario socio ambiental de Los Pelambres incluye la remoción de glaciares rocosos, estrés hídrico, polvo en suspensión y la construcción de El Mauro, uno de los tranques de relaves más grandes de Sudamérica, a pocos kilómetros del pueblo de Caimanes. La lista se engrosó con nuevos episodios de derrame en 2012, 2015 y con los cargos que presentó en su contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2016 por varias infracciones calificadas como graves.

Lo anterior no ha sido obstáculo para que la minera se haya granjeado el férreo apoyo de autoridades de Salamanca y de la región, entre ellas el del ex alcalde Gerardo Rojas, cuya gestión municipal está hoy bajo la lupa de la Contraloría General de la República.

El default del municipio es vox populi en Salamanca y hace algunos meses la noticia llegó a las oficinas de la minera que, en mayo pasado, encargó una auditoría a Pricewaterhouse Coopers (PWC) para conocer el destino de las platas entregadas al municipio en los dos últimos años de gobierno del ex alcalde. El informe ya está terminado y será presentado a las autoridades de Salamanca en el transcurso de esta semana.

Alertas anteriores por el mal uso de los aportes de la minera por parte de la administración de Rojas eran conocidas. En 2009, por ejemplo, la Contraloría advirtió que desde al menos 2007 la municipalidad había destinado fondos de la minera al pago de remuneraciones y cuentas del municipio. Esos hechos “podrían revestir carácter de delito”, concluyó la investigación.

(Fuente: martagimenoa.wordpress.com)

(Fuente: martagimenoa.wordpress.com)

Pese a lo lapidario del informe, los dineros remesados por Los Pelambres a las arcas municipales aumentaron vertiginosamente año a año. En 2016, cayó una nueva advertencia de Contraloría sobre el desvío de fondos de la administración del ex alcalde PPD.

“Pelambres ayudaba a la Municipalidad de Salamanca con recursos porque el alcalde le paraba los conflictos, gestionaba con los vecinos que no se le opusieran, entonces por ahí partieron esos proyectos”, señaló una autoridad de la región que pidió reserva de su identidad.

Históricamente, Gerardo Rojas ha jugado un rol clave como mediador entre la comunidad de Salamanca y la minera. “Si se cierra Minera Los Pelambres los indicadores económicos se van a las pailas”, señaló a la prensa en marzo de 2015 tras el fallo de primera instancia que ordenó la demolición de El Mauro, el gigantesco contenedor donde la minera deposita sus relaves. Las últimas estimaciones indican que el índice de pobreza en la comuna de Salamanca alcanza 19%, casi cinco puntos arriba de la media nacional.

Bajo el mandato de Rojas la alcaldía ha tenido que pronunciarse formalmente sobre los planes de expansión de la faena del Grupo Luksic. Así ocurrió en 2012, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le pidió a ese municipio analizar la compatibilidad territorial de un proyecto para aumentar la capacidad productiva de Los Pelambres. La entidad edilicia se manifestó “conforme” (ver documento). No debió hacerlo.

Un dictamen de Contraloría del 5 de marzo de 2010 instruye que las municipalidades tienen la obligación de no suscribir convenios o recibir aportes de empresas o personas que “tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia”. Ese dictamen se hizo para efectos de impugnar las donaciones a municipios de Aysén realizadas por empresas que controlaban dos proyectos hidroeléctricos en esa región que en ese momento eran evaluados por el SEA (ver documento).

Desde Antofagasta Minerals negaron que Minera Los Pelambres haya vulnerado alguna vez ese dictamen de Contraloría y agregaron que están avanzando en un modelo de gestión en el que quienes reciban los aportes no sean los municipios, sino terceros expertos en ejecución de proyectos.

DERRAME DE PLATA

CIPER pudo rastrear parte importante de los montos traspasados por la minera a la cuenta del municipio desde 2010 en adelante: son al menos $7.200 millones en los últimos siete años. Aunque no se pudo conocer con exactitud la cifra total de aportes anteriores a esa fecha, hay evidencias de traspasos de dineros desde al menos 2007.

Más de la mitad de los $7.200 millones inyectados desde 2010 por Los Pelambres fueron transferidos en los dos últimos años de la gestión de Gerardo Rojas, quien después de 12 años en el cargo fue derrotado en las elecciones de octubre de 2016. A partir de abril de 2015, la mayoría de las donaciones comenzaron a ejecutarse al alero del programa “Viva Salamanca”. El acuerdo, firmado entre el municipio y la minera, debía formalizar y canalizar los cuantiosos aportes en proyectos que prometían “mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Firma del convenio "Viva Salamanca"

Firma del convenio “Viva Salamanca”

“Viva Salamanca” es parte de un proyecto más amplio de Los Pelambres llamado “Somos Choapa”, a través del cual desde hace un par de años se gestionan las donaciones de la minera a todas las comunas de esa provincia. La metodología de “Somos Choapa” fue diseñada a la medida de Los Pelambres por la empresa de comunicaciones del sociólogo Eugenio Tironi.

El acuerdo que selló el programa “Viva Salamanca” en abril de 2015 es explícito en que los fondos de la minera debían ser usados “única y exclusivamente para los objetos mencionados (…) y, por ende, no pueden ser destinados para fines que no estén indicados en el presente convenio”.

Pero eso no ocurrió. Según los antecedentes que CIPER tuvo a la vista, de los $5.258 millones que entre 2015 y 2016 la administración edilicia recibió de la minera, al menos $2.103 millones no figuran en la cuenta corriente municipal y no cuentan con documentación de respaldo. Esos millonarios fondos no se han traducido en ninguna obra que vaya en beneficio de los salamanquinos.

POZO SIN FONDO

La investigación de CIPER arroja que una tajada considerable del dinero que históricamente ha fluido desde Los Pelambres a la alcaldía, ha ido a tapar los hoyos de la escuálida caja municipal. Con esos fondos se montó una bicicleta financiera que hace poco colapsó. Lo que sí está claro por ahora, es que por años ese flujo de dinero le permitió a  Gerardo Rojas solventar los gastos operacionales de su administración.

El edil electo de Salamanca, Fernando Gallardo (Independiente por Chile Vamos), reconoció a CIPER que la deuda municipal asciende actualmente a $5.080 millones.

El descalabro financiero que afecta a la alcaldía de Salamanca quedó registrado en el acta del Concejo Municipal del 12 de junio pasado. Allí, el jefe de Finanzas del municipio y quien fuera brazo derecho de Rojas,  Rodrigo Muñoz, reconoció ante los concejales que “durante largo tiempo la administración anterior funcionó con fondos del convenio Viva Salamanca” (ver acta).

Municipalidad de Salamanca (Fuente: salamancachile.cl)

Municipalidad de Salamanca (Fuente: salamancachile.cl)

Según expuso Muñoz, a medida que llegaban las platas de Minera Los Pelambres, estas se iban utilizando para cubrir otros gastos. Y entregó detalles: $654 millones para el pago de honorarios; $312 millones usados como “aporte a educación”; $599 millones en “gasto corriente”; $181 millones en actividades municipales, entre otros.

Esto continuó, relató Muñoz, hasta que “fue imposible revertir el saldo a estado positivo”. El jefe de Finanzas municipal no titubeó cuando una concejala consultó sobre el conocimiento de la administración anterior sobre la precaria situación de la entidad: “La unidad de Finanzas siempre mantuvo informado de este déficit de caja al ex alcalde Rojas (…) todos los días le entregábamos el estado de fondos para que tomara conocimiento”, dijo.

El alcalde Gallardo transparentó a CIPER que aún no ha sido posible determinar con exactitud el destino de parte de las donaciones de la minera: “Yo creo que aquí hay una malversación clarísima, porque los aportes de Los Pelambres eran para hacer proyectos, pero esos proyectos no se hicieron. Entonces, ¿dónde quedó la plata?”, se pregunta.

El alcalde se refiere a obras inexistentes, como la construcción de una plaza en el barrio Santa Rosa de la comuna; la pavimentación de caminos en el sector de Tranquilla; cuatro plazas en la localidad de Chillepín y la habilitación de un centro cultural.

Uno de los mayores problemas que deberá resolver el alcalde Fernando Gallardo en los meses venideros es cómo pagarle a proveedores que fueron contratados por el municipio con platas de la minera:

-En el proyecto de soterramiento de cables en la Avenida Infante, una de las arterias principales de la ciudad, hay un avance de un 95%, pero le debemos a la empresa constructora unos $1.150 millones -señaló Gallardo a CIPER.

El nuevo alcalde espera que el municipio siga recibiendo aportes de Minera Los Pelambres. Consultado respecto del tratamiento que en adelante le dará la nueva administración a estas donaciones, el alcalde fue categórico: “Los aportes de la minera no me amarran”.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, aunque sin éxito, con el ex alcalde Gerardo Rojas para conocer su versión. El jueves 17 de agosto se logró contactar a su esposa, la que señaló que Rojas devolvería el llamado. Al cierre de esta edición eso no ocurría.

OÍDOS SORDOS

Antes que se hiciera público el colapso financiero que hoy tiene a la Municipalidad de Salamanca sin fondos, hace ocho años la Contraloría ya había hecho reparos al uso que el municipio hacía de los recursos que le donaba Los Pelambres.

Un informe de la Contraloría de 2009 constató que casi la mitad de los $226 millones traspasados por la minera en 2007 para la compra de un terreno y el diseño de construcción de un liceo técnico profesional, habían sido ocupados por la alcaldía para el pago de remuneraciones de funcionarios. La situación se repitió en 2008 y 2009 (ver informe).

Fueron los años en que Los Pelambres protagonizó una decena de incidentes medioambientales: vertimientos de aguas de proceso, petróleo y hasta concentrado de cobre que en ocasiones escurrieron a esteros y al mismo río Choapa, la arteria de la economía agrícola de la zona. No solo las aguas del río se vieron afectadas por la extracción minera. En 2008 se dio a conocer un informe de la Universidad de Waterloo (Canadá) que denunció que Los Pelambres había removido glaciares rocosos cercanos a su operación, los que contenían reservas de agua de entre 1,89 y 2,84 millones de metros cúbicos. Esa cantidad equivale a entre 48 y 72 veces el total de agua potable facturada por la sanitaria Aguas del Valle en toda la Región de Coquimbo en 2015.

Las intervenciones de glaciares rocosos no fueron anunciadas por Pelambres en ninguno de lo estudios ambientales presentados a la autoridad entre 1997 y 2004. Sin embargo, se conocía de su existencia (…) por causas que desconocemos se omitió esa información”, señalaron los expertos de Waterloo (ver documento).

Glaciares rocosos afectados por Minera Los Pelambres entre los años 1997 y 2006 (Fuente: Informe Universidad de Waterloo)

Glaciares rocosos afectados por Minera Los Pelambres entre los años 1997 y 2006, según estudio de la Universidad de Waterloo.

En medio de la seguidilla de episodios de daño ambiental protagonizada por Los Pelambres, la preocupación del entonces alcalde Rojas estaba puesta en responder a los cuestionamientos de la Contraloría por los desvíos de dinero. Su argumento fue uno solo: el municipio arrastraba una deuda estructural. Y el mal uso de los recursos de la minera se debía a situaciones “urgentes” y que “una vez que se contaba con los fondos suficientes, estos se reponían”.

Para el organismo contralor la respuesta fue insuficiente: “Además de vulnerar la normativa sobre donaciones, constituye una falta a las obligaciones del alcalde (…) Considerando que los hechos podrían revestir carácter de delito, la Contraloría formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, consignó.

Por razones que se desconocen la vía penal fue desestimada. CIPER contactó a la Fiscalía de Coquimbo donde afirmaron no haber recibido antecedentes sobre esta situación, ni de Contraloría ni de ningún otro organismo público.

El terremoto que en 2015 remeció al norte del país originó un nuevo cuestionamiento. En noviembre de 2016 la Contraloría impugnó que el municipio utilizara $43,4 millones donados por la minera en la reparación de viviendas. El problema: el compromiso era hacerlo con 47 casas y solo “alcanzó” para 18.

Rojas explicó entonces que “al momento de la suscripción del convenio se entregó una propuesta estimativa del costo de las soluciones, sin un proyecto de respaldo que las justificara”.

El informe volvió a desnudar el caos en las arcas edilicias: el municipio llevaba siete meses sin hacer una conciliación de sus cuentas y había diferencias de más de $214 millones entre los registros contables vigentes. También se constató la inexistencia de documentación que respaldara algunas compras y servicios prestados al municipio (ver documento).

Llama la atención que las alertas de Contraloría sobre el mal uso de los millones aportados por Los Pelambres a Salamanca no tuvieran ningún efecto ni en el municipio ni en la minera. Y ello, porque  entre 2009 y 2016, años del primer y último informe del organismo, el flujo de recursos de la minera no hizo más que aumentar. Las cifras que CIPER pudo pesquisar indican que las donaciones alcanzaron $1.075 millones en 2013; $1.132 millones en 2014; $2.151 millones en 2015 y $3.255 millones en 2016. Dependiendo del año, los montos representan entre el 0,2% y el 2% de las utilidades de Los Pelambres.

–Nosotros no conocíamos el informe de Contraloría de 2009. No teníamos información respecto de su existencia. Si lo hubiésemos tenido a la vista, algo hubiéramos hecho en esa época –indicó a CIPER el gerente de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals, Andrés Morán.

Cristina Farías, presidenta de la Junta de Vecinos Arboleda Grande de Salamanca, ha sido crítica de los aportes de Los Pelambres y de la relación del ex alcalde Rojas con la minera:

–Gerardo Rojas jamás hizo un levantamiento del impacto de las operaciones de la minera. Cuando las comunidades tenían conflictos con Los Pelambres el municipio jamás estuvo a la cabeza apoyando.Tampoco se preocupó de exigirles el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental ante los servicios competentes, para disminuir el impacto que produce su actividad extractiva en la población –dijo a CIPER.

Casi un mes antes del pronunciamiento de Contraloría sobre la gestión de recursos del municipio tras el terremoto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había emitido un lapidario informe. Su destinatario: Minera Los Pelambres.

CAMIONESEn ese documento, fechado el 13 de octubre de 2016, la SMA formuló a la minera nueve cargos –cinco catalogados como “graves”– por diversas violaciones a las resoluciones de calificación ambiental que le dieron luz verde a su operación. Entre las infracciones se detectaron bombeos desde pozos donde la minera no contaba con derechos de agua establecidos, lo que podría “estar afectando los derechos de terceros” en la cuenca del estero Pupío, e incumplimientos de medidas de compensación asociadas a la reforestación de especies arbóreas (canelos, guayacanes y algarrobos), todas ellas diezmadas por la construcción del tranque de relaves El Mauro (ver documento).

La profesora Ana Leyton, directora del Centro Cultural del Choapa en Illapel, ha sido testigo de las transformaciones que introdujo en la década de los ’90 la actividad minera en toda la provincia. También es crítica respecto de los métodos que ha empleado Los Pelambres para implantar su faena e insertarse en la región:

–Nosotros somos sacrificados ambientales y esto fue decidido por las propias autoridades regionales de Coquimbo. Pelambres destruyó la vida agrícola en gran parte del valle. Dígame usted, ¿por qué tendría uno que estar agradeciéndole sus donaciones a una empresa extractivista que destruye el valle? –cuenta en conversación con CIPER.

MÁS ALLÁ DE SALAMANCA

Los históricos aportes de Minera Los Pelambres a la Municipalidad de Salamanca no son los únicos cuestionados por Contraloría. En mayo de 2015, el organismo emitió un informe que indagó en la relación entre la Gobernación de Choapa y la minera. En su investigación, el ente fiscalizador detectó que durante la administración del entonces gobernador, Iván Cisternas (RN), se suscribieron diversos convenios de colaboración con la compañía. El problema es que la Gobernación no tiene las facultades legales para hacerlo, pues ese rol le compete a la Intendencia (ver Nota de la Redacción).

En dos convenios se centraron los reparos del ente contralor: un programa de “seguridad pública” y otro de “seguridad ambiental”. Para ambos Los Pelambres allegó recursos a la gobernación con el propósito de que se contratara personal a honorarios para su funcionamiento, entre otros ítems. Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría figura un abogado remunerado con dineros de la minera realizando labores distintas a las estipuladas en el convenio. También, obras de “ampliación y mejoramiento” del edificio de la gobernación. No hubo licitación para la ejecución de esas obras.

Minera Los Pelambres busca coordinar sus acciones con los diversos organismos públicos y privados y comunitarios preocupados del desarrollo y crecimiento de la provincia del Choapa, motivo por el cual otorgó el financiamiento de las obras ejecutadas en el inmueble de la gobernación con el objeto que los recursos humanos contratados con cargo al convenio de colaboración, tuvieran los equipamientos y espacios físicos necesarios para la ejecución de las tareas propias del convenio”, fue la respuesta del gobernador consignada en el informe (ver documento).

PELAMBRES1Los aportes financieros y nexos con políticos en las zonas donde Antofagasta Minerals (AMSA) tiene sus inversiones, han sido motivo de cuestionamientos y polémicas. La más bullada fue la renuncia a su cargo que debió presentar en junio de 2015 el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza (PPD), tras conocerse que mientras era diputado le vendía a la minera del Grupo Luksic informes a cambio de un pago mensual de $2,2 millones. Insunza, quien presidió además la Comisión de Minería de la Cámara, reconoció que el trabajo que hacía para la minera a través de una consultora, venía desde antes de 2014, cuando asumió como diputado precisamente por el Distrito 9, correspondiente a las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos, entre otras.

La minera también se ha involucrado en el financiamiento de campañas políticas en la región. Así lo reconoció el ex gobernador de Choapa, Iván Cisternas, a una radio de Salamanca a principios del año pasado. Cisternas acudió a las oficinas centrales de la minera en Santiago a pedir apoyo financiero, cuando se presentó en 2013 como candidato a diputado por el Distrito 9.

El gerente de Asuntos Públicos de AMSA, Andrés Morán, dijo a CIPER que la minera nunca ha recibido a candidatos en sus oficinas:

–Nosotros efectivamente hacíamos aportes a campañas políticas bajo la norma vigente en la época. Se hacían como aportes reservados de modo estrictamente legal. No me puedo hacer cargo de lo que dijo Iván Cisternas, porque no nos reunimos con candidatos para escuchar sus necesidades de financiamiento de campaña.

Pero Cisternas insistió en sus dichos en conversación con CIPER: “A mí me dieron $10 millones, por la vía legal a través del Servel”. Consultado respecto de cómo supo la identidad del donante de esos dineros si se trata de aportes reservados, afirmó:

-Cualquiera que te diga que no sabe de dónde vienen los millones te está mintiendo. Nadie los regala, llegan de algún lado de donde tú fuiste a pasar el sombrero. Yo fui a Pelambres, pedí plata, me dijeron ok, te vamos a depositar tanto, tal como le vamos a dar al resto”.

Iván Cisternas perdió la elección parlamentaria en 2013. Los dineros de la minera, esa vez, no bastaron.

NOTA DE LA REDACCIÓN: En el artículo original se dijo que los convenios entre la Gobernación de Choapa y Minera Los Pelambres habían sido suscritos bajo la administración del actual gobernador Álex Trigo. Fue un error, pues el convenio original data de 2010, como lo confirmó a CIPER la Gobernación de Choapa, cuando el gobernador era Iván Cisternas (RN). En abril de 2014, cuando el gobernador era Álex Trigo, se firmó una última adenda a ese convenio. Le pedimos excusas a nuestros lectores. Mónica González.


Las zombis que usaron Ponce Lerou, Leonidas Vial y Andrés Navarro para eludir impuestos

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En todas las historias de zombis identificar “el paciente cero” es clave, pues en el inicio de la peste se esconde tanto el motivo por el que la humanidad está siendo castigada (por ejemplo, experimentos biológicos que dan cuenta de nuestra soberbia), como la llave de la salvación. En el ataque de las sociedades zombis sobre las arcas fiscales, la investigación de CIPER ha logrado identificar tres zombis que están en esa “hora cero”, cuyos protagonistas retratan el mundo que pensó y explotó esta estrategia.

Se trata de Inmobiliaria y Comercial San Jorge,comprada en 1990 por los controladores del Grupo Penta (sociedad mencionada por primera vez en una investigación de The Clinic); la Compañía de Desarrollo e Inversión Pocuro, adquirida en 1991 por Leonidas Vial y el abogado Fernando Barros (a la que luego se integran Fernando Larraín Peña y su familia); y Los Lirios S.A., la que fue comprada en 1992 a medias por Sebastián Piñera y sus tradicionales socios: los Cueto (ver reportaje).

Estas tres primeras zombis fueron vendidas por la Comisión Progresa, entidad liquidadora que intervino al Grupo Cruzat-Larraín en 1984, conformada por bancos que intentaron recuperar algo del dinero que le habían prestado (ver reportaje). Los bancos (Santiago, de Chile, Crédito e Inversiones y otros) tomaron el control de las 200 sociedades del grupo y vendieron todos los activos que encontraron (mayoritariamente acciones). Para fines de los ‘80 del imperio Cruzat-Larraín no quedaba nada, salvo papeles que registraban la deuda no pagada y que los tribunales declararon prescrita.

Parecía una idea delirante, pero se expandió rápido entre la elite empresarial en los 90. Decenas de empresas sólidas y con grandes utilidades se fusionaron con firmas que no eran otra cosa que un papel que consignaba una pérdida cuantiosa y sin acreedor.

Entonces, en vez de cerrar esas sociedades, como usualmente pasa tras las quiebras, alguien, probablemente un abogado tributarista (la Comisión Progresa tenía contratada a Price Waterhouse), pensó que las pérdidas de esas firmas muertas se podían aprovechar para pagar menos impuestos.

Su idea, en esencia, fue que si de alguna manera se consideraban esos meros papeles con deuda como “empresas”, entonces era posible fusionarlos con firmas reales y prósperas y hacer desaparecer sus utilidades.
Parecía una idea delirante, pero prosperó, entre otras cosas, porque las normas que regulaban el uso de las pérdidas no prohibían que una empresa real se fusionara con un papel.
A fines de los ‘80 la estrategia se probó con montos pequeños, que no provocaron reacción en las direcciones regionales del Servicio de Impuestos Internos (SII), según dijo un tributarista a CIPER. Cuando el terreno pareció seguro, salieron a escena los grandes empresarios ansiosos de reducir las cargas tributarias de sus empresas.

Todos los empresarios que figuran en la “hora cero” del ataque zombi, comprando papeles con deuda, son parte de un mismo círculo unido por lazos familiares, amistad y negocios. Manuel Cruzat, en su época de gloria, fue el formador de Carlos Alberto Délano y de Sebastián Piñera (amigos íntimos entre ellos). Piñera, a su vez, tiene como abogado de cabecera para sus asuntos tributarios y corporativos a Fernando Barros Tocornal, asesor legal histórico de su cuñado Leonidas Vial, socio de la Corredora Larraín Vial (favorita de Piñera para sus transacciones desde los ‘90). En esa corredora son socios Leonidas Vial, Fernando Barros y Fernando Larraín. En este punto se cierra la cadena, pues Fernando Larraín fue el socio de Manuel Cruzat cuando este levantó su imperio en los años 80.

En ese exclusivo círculo, las pérdidas de los ‘80 fueron recicladas para hacer de los prósperos años 90 una época con menos impuestos. Pero se hizo algo aún más importante: al mostrar que las zombis eran viables en las ligas mayores (ninguna de estas tres sociedades fue cuestionada por Impuestos Internos) se validó lo que estaba detrás de esta estrategia: la elusión. Esto es, la idea de que se pueden diseñar planificaciones que cumplan con la letra de la ley –para evitar sanciones- pero vulneren su espíritu: estrategias astutas que permitan conseguir beneficios que nunca estuvieron contemplados por el legislador.

JULIO PONCE LEROU

Julio Ponce Lerou es tristemente famoso por muchos motivos. Entre los antiguos, por apropiarse de la empresa estatal Soquimich (SQM) durante la dictadura de su suegro; entre las razones recientes, porque el Ministerio Público ha mostrado cómo SQM ha sido una máquina de financiamiento ilegal de la política, un motor adecuadamente aceitado que probablemente le permitió que el fin de la dictadura no implicara cambios para él y sus negocios.

Pese a su prosperidad, entre 1999 y 2004 Inversiones SQ Holding, representada por Roberto Guzmán Lyon, reportó al SII pérdidas que se originaban en “el papel con deudas” con el que se había fusionado.

Una tercera razón de la mala fama de Ponce Lerou es la estructura a través de la cual se ha asegurado por años el control de SQM. En 2013 la Superintendencia de Valores formuló cargos contra él y su abogado Roberto Guzmán Lyon, por ese engranaje que en esencia permite distribuir las ganancias y las pérdidas de su actividad minera y apuestas bursátiles, de acuerdo a sus conveniencias, lo que perjudicó a otros accionistas, entre ellos los cotizantes de las AFP.

Esa estructura se conoce hoy como “sociedades cascadas”, metáfora que apunta a la estrategia que Ponce usó para ocultar el control que tenía sobre la minera: a través de un río de sociedades. Para encontrar a Ponce en esa estructura había que remontar la cascada hasta su origen.

Por lo menos hasta 2014, cuando la SVS multó a Ponce y a su abogado Guzmán Lyon, el control de SQM era ejercido desde Potasios Chile y Pampa Calichera, controladas por Oro Blanco y Nitratos de Chile, que a su vez dependían de Norte Grande, sociedad que estaba en la parte superior de la cascada. Pero Ponce no aparecía allí, sino más arriba, en sociedades que salían de Chile. Esta otra estructura funcionaba así: Norte Grande era propiedad de SQYA S.A. y ésta era controlada por Inversiones SQ, la cual dependía de S.Q. Grand Cayman Corporation y ésta de Pacific Atlantic Trading, la cual colgaba de un trust: “The Pacific Trust”, donde finalmente aparecían Ponce Lerou y su familia.

En 2003, en la parte alta de este río societal (ver reportaje de El Mostrador) surgió una zombi: Inversiones SQ Holding, cuyo origen era una empresa quebrada en 1984: Comercial del Caribe.

Desde su quiebra, Comercial del Caribe no registró ninguna actividad hasta que en 1996 fue adquirida por el Grupo Interandino, sociedad constituida en Panamá por el abogado Rolando Candanedo (uno de los favoritos de la elite chilena para crear sociedades off shore durante varias décadas, ver reportaje de The Clinic).

Tabla Ponce2

En 1997, el presidente del Grupo Interandino -Emilio Rojas Contreras- junto a José del Rio Canelli (gerente general de Pampa Calichera desde ‘2000) cambiaron el nombre de Comercial del Caribe por Inversiones Alcázar. En los años siguientes, a través de diversas modificaciones (en las que participaron sociedades de la parte alta del río de sociedades de Ponce Lerou, como S.Q. Grand Cayman Corporation), Alcázar terminó rebautizada como Inversiones SQ Holding y controlada por José del Río Canelli (en representación de Inversiones Astro Rey, otra sociedad panameña) y Roberto Guzmán Lyon creador de la estructura de cascadas, como aparece en los cargos presentados por la Superintendencia contra Ponce.

En 1998, la zombi Inversiones SQ Holding absorbió a S.Q. Holding S.A y su capital creció de $7 millones a $5.464 millones. Al año siguiente, la zombi absorbió otra sociedad del grupo, S.Q Inter. S.A., y su capital social volvió a dar un salto: a $10.308 millones. Nuevas operaciones triplicaron el capital social hasta $32.000 millones, como consta en escrituras notariales de 2004.

Pese a esas señales de prosperidad, entre 1999 y 2004 Inversiones SQ Holding -representada por Roberto Guzmán Lyon- reportó al SII pérdidas que se derivaban del papel con deudas de arrastre que era Comercial del Caribe.

En muchos aspectos el ataque de las zombis puede entenderse cono la hora cero de la elusión usada en forma masiva por la elite empresarial de Chile.

Aunque esta investigación no accedió al monto de la pérdida de arrastre que declaró la zombi, ni a los impuestos que intentó recuperar, los documentos judiciales examinados por CIPER indican que en 1999 Inversiones SQ Holding se evitó el pago del impuesto de primera categoría y, desde el año 2000 hasta 2004, usó las pérdidas para solicitar devoluciones por impuestos pagados.

En la ofensiva anti-zombi que desplegó el SII en 2004, recalculó los tributos de Inversiones SQ Holding y en 2005 pidió el pago de $953 millones en impuestos adeudados. También le rebajó los montos de la pérdida que Soquimich había comprado.

El argumento central de la autoridad fue que la empresa nunca acreditó con documentos la realidad de las pérdidas de arrastre, adecuando “maliciosamente” (expresión que usó la Corte de Apelaciones) su contabilidad para hacer desaparecer utilidades.

Se iniciaron así 10 años de litigios. En la Corte de Apelaciones de Santiago la empresa fue defendida por Rodolfo Porte, del bufete Porte & Canales, quien argumentó que Inversiones SQ Holding no estaba obligada a conservar documentos tributarios de hace 30 años. La Corte dictaminó que si la empresa quería usar una pérdida que se remontaba a esa época, tenía que tenerlos (ver fallo). SQ Holding perdió en esa instancia y también el recurso de casación en la Corte Suprema. Este último fallo, de marzo de 2014, le puso la lápida a una de las últimas zombis que comenzaron a ser utilizadas a comienzos de los ‘90.

LEONIDAS VIAL

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) describió el llamado “Caso Cascadas” como un acto de simulación. Tal como en las empresas zombis se finge tener una pérdida que no es real a través de una fusión que es una parodia, lo que investigó la SVS en el “Caso Cascadas” fue una serie de operaciones realizadas entre 2009 y 2011 en las que “aparentaron” cumplir las condiciones que la ley exige para las operaciones bursátiles. Pero se hacía de tal modo que, “en realidad buscaban entrabar la participación de potenciales inversionistas”como sostuvo un tribunal civil que acogió la tesis de la SVS.

Para ejecutar este diseño, acusó la SVS, Ponce Lerou requirió la ayuda de corredoras que permitieran simular operaciones en las que sociedades ligadas a Ponce parecían vender acciones de SQM, cuando en realidad no vendían nada.

Todos los empresarios que figuran en la “hora cero” del ataque zombi, comprando papeles con deuda, son parte de un mismo círculo unido por lazos familiares, amistad y negocios.

En su acusación, la SVS apuntó, entre otros, a la Corredora Larraín Vial y a uno de sus principales accionistas, Leonidas Vial Echeverría. Uno de los principales cargos contra Vial fue el uso que le dio a su sociedad Inversiones Saint Thomas, firma clave en el entramado financiero de este empresario, y que originalmente fue una zombi.

Leonidas Vial es actualmente presidente y accionista mayoritario de La Polar. Compró su zombi en 1996, cuando era vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Santiago (desde 1988). Y antes y después fue director de Endesa, Santa Carolina, Compañías CIC, Compañía Industrial El Volcán, Tricolor, Embornor y Blanco y Negro.

En 2014, la SVS lo multó en US$20 millones por su participación en el “Caso Cascadas”. Pero en 2015 un juzgado civil anuló la multa, aunque otro confirmó la sanción en contra de Ponce Lerou, por lo que la legalidad o ilegalidad de las operaciones descritas se deberá resolver en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Tabla Vial

La zombi Saint Thomas no pertenecía al Grupo Cruzat, sino a una firma de capitales norteamericanos: Scott Worldwide Inc. Vial la compró a través de Inversiones Juliets y de Inversiones y Servicios Cartera Ltda. A cargo de la operación estuvo el estudio Barros y Errázuriz, de Fernando Barros Tocornal, su cuñado y socio.

En 1999, Saint Thomas, que cargaba una pérdida de $12.656 millones, absorbió a su controladora Inversiones Juliets, con lo cual pasó a tener un capital social de $21.902 millones. Como resultado de la investigación desplegada por el SII a partir de 2004, el servicio le cobró a Saint Thomas impuestos por $695 millones.

La citada Inversiones y Servicios Cartera Ltda. también era zombi. Originalmente se llamó Compañía de Desarrollo e Inversión Pocuro, constituida en 1982, mencionada al comienzo de este artículo. Tras comprarla en sociedad con Fernando Barros en 1991, a través de Invescar, Leonidas Vial la rebautizó como Inversiones y Servicios Cartera (Servicar). Ese mismo año, al modificarse la sociedad, quedaron como dueños Fernando Larraín Peña (socio de Vial en la corredora y ex socio de Manuel Cruzat), María Cruzat Infante; María Isabel, Fernando, José, Santiago, Aníbal, todos de apellido Larraín Cruzat; Ana María Claro Valdés y Leonidas Vial.

Esta sociedad, que está en la hora cero del ataque zombi, no fue investigada por el SII y CIPER no encontró antecedentes sobre el monto de la pérdida de arrastre que compraron, ni cómo ni cuándo la usaron sus nuevos dueños.

ANDRÉS NAVARRO

Andrés Navarro Haeussler es miembro de la junta directiva de la Universidad San Sebastián y del grupo constructor Salfacorp, y actualmente preside el directorio de la Clínica Las Condes. La empresa donde está su sello fundacional es Sonda, la que controla a través de tres sociedadesInversiones Pacífico Sur II Ltda., Inversiones Atlántico Ltda. e Inversiones Santa Isabel Ltda. Estas tres firmas son las únicas accionistas de Indico S.A., que a su vez es la accionista mayoritaria de Sonda (43%).

Tabla Navarro1

Al menos una de esas tres empresas clave de Navarro es una zombiInversiones Pacífico Sur II Ltda. Su origen es la sociedad Minera San Cristóbal que Navarro compró en 1999, pagando $380 millones “al contado y en efectivo”, según consigna la escritura. Un mes después se incorporaron a la sociedad los hermanos del empresario: María Cecilia, Carmen, Pablo, Andrés, María Inés, José Miguel, María del Rosario y María Teresa, todos Navarro Haeussler. Entonces, la ex sociedad minera se convirtió en “Inversiones Pacifico II Ltda.”, un cambio de nombre que vino con una potente inyección de capital: $24.913 millones.

En 2001 la zombi del clan Navarro presentó ante el SII una pérdida de $6.900 millones e intentó que le devolviera $423 millones en impuestos ya pagados en los ‘90. La operación no resultó. La información obtenida en esta investigación indica que el SII los hizo pagar impuestos por $1.141 millones.

CIPER intentó obtener las versiones sobre estas operaciones con zombis de Julio Ponce Lerou, Andrés Navarro y Leonidas Vial, pero ninguno de ellos respondió a nuestras consultas.

ABUMOHOR, GALMEZ, CALDERÓN

La zombi a la que recurrieron los Abumohor (en sus ramas Touma, Salman, Lolas, entre otros), fue Inmobiliaria y Comercial de Valores, la que perteneció hasta su quiebra al Grupo Cruzat-Larraín. La adquirieron en 1993 y la fusionaron con la empresa Eurotelas S.A. El SII rechazó la operación. Los datos obtenidos por CIPER indican que, al recalcular los impuestos que debía pagar el grupo, el SII le cuestionó $975 millones en pérdida de arrastre y le cobró tributos de primera categoría por $135 millones.

Tabla abumohor

Los hermanos Gálmez Puig también compraron una zombi del Grupo Cruzat: Sociedad de Inversiones Tupungato. La adquirieron en 1994, cuando eran los controladores de la tienda de departamentos Almacenes París, a través de Inversiones Aconcagua e Inversiones Baleares (ambas pasaron a control de Horst Paulmann cuando éste compró París en 2005). En 2004 el SII examinó la operación y cuestionó $1.487 millones de pérdida de arrastre, haciéndoles pagar $78 millones en impuestos adeudados.

Tabla Galmez

Al igual que las familias que controlan Falabella, los entonces controladores de Ripley y Johnson’s, los hermanos Marcelo y Alberto Calderón Crispín, fueron grandes compradores de zombis. La investigación del SII detectó tres cascarones para esconder las utilidades que generaban sus multitiendas (las operaciones de los Calderón fueron descritas por primera vez en un reportaje en The Clinic).

La principal zombi de los Calderón fue Comercial Centro Ltda., una sociedad con $147.637 millones de pérdida tributaria, inactiva desde 1983. Los Calderón la compraron en $200 millones y la hicieron absorber Inversiones CAR Ltda., que administraba el negocio crediticio de las multitiendas. Con esa operación, consiguieron evaporar $54.428 millones de utilidades obtenidas entre 2001 y 2003. En 2004, el SII impugnó aquellas operaciones y CAR tuvo que cancelar $13.337 millones en impuestos, multas e intereses.

Tabla Calderon

No ocurrió lo mismo con las otras dos zombis que Marcelo Calderón compró a Javier Vial: Inversiones San Bartolomé Inversiones Santa Regina. Ambas sociedades aportaron una pérdida de arrastre de más de $220 mil millones, un monto que sociedades ligadas a Johnson´s utilizaron intensivamente hasta 2004, para no pagar impuestos. Ese año 2004 el SII no aceptó la operación e intentó recuperar más de $3.000 millones en impuestos. Marcelo Calderón se negó a pagar, entre otras cosas, porque la empresa estaba en crisis.

A partir de ese momento se inició una larga disputa judicial, la que terminó en el período en que el SII era dirigido por Julio Pereira (2010-2013), nombrado por Sebastián Piñera. Entonces, a los Calderón se le condonaron aproximadamente US$125 millones en intereses y multas y se le permitió pagar tan solo una fracción de los impuestos que debía. La operación fue conocida como el perdonazo Johnson´s.

EVIDENCIA DE LA ELUSIÓN MASIVA

En esta relación de hechos, el ataque de las zombis en los ’90 puede entenderse como la primera evidencia de que la elite masivamente está eludiendo impuestos. No porque no se haya recurrido a la elusión en los ‘80 (no hay mediciones sobre eso), sino porque Impuestos Internos nunca había detectado una ofensiva tan grande como esta.

De hecho, hasta comienzos de los ‘2000, la elusión no existía como un problema en el debate público. Luego del ataque de las zombis en los ‘90, la elusión, encarnada en distintas estrategias, se volvió un tema central de la agenda, hasta ahora.

En los ‘90 existía una brecha muy grande entre lo que los abogados privados hacían y lo que nosotros estábamos en condiciones de entender”, dijo a CIPER un funcionario que alcanzó puestos altos en el SII en esos años.

Varios ex funcionarios del SII dijeron a CIPER que en los ‘90 la elusión no emergió como prioridad, porque usualmente es una práctica de la elite y la cima de la pirámide social no era objeto de especial atención. La gran tarea de ese organismo en esos años fue la persecución de facturas falsas y del IVA del comercio. Aunque desde mediados de esa década las direcciones regionales vieron con desconcierto como muchas grandes empresas, evidentemente pujantes, no estaban tributando gracias a la aparición de sorpresivas pérdidas.

-En los ‘90 existía una brecha muy grande entre lo que los abogados privados diseñaban y lo que nosotros estábamos en condiciones de entender -dijo a CIPER un funcionario que alcanzó puestos altos en el SII en esos años.

Para este y otros ex fiscalizadores del SII ese es el motivo por el que ninguna de las sociedades de la hora cero, ni de las decenas que siguieron su ejemplo, fueron investigadas por Impuestos Internos en los ‘90.

La brecha comenzó a cerrarse bajo el mando de Javier Etcheberry, cuando en el año 2000 el SII creó la Dirección de Grandes Contribuyentes. Al analizar en detalle las operaciones tributarias de los más ricos, los fiscalizadores empezaron a entender muchas operaciones que se habían vuelto frecuentes entre las empresas, varias de ellas en la zona gris de la elusión.

La brecha que existía entre el SII y los tributaristas privados comenzó a cerrarse con Javier Etcheberry, quien creó la Dirección de Grandes Contribuyentes. Al analizar las operaciones de los más ricos en detalle, el SII comenzó a entender y cuestionar muchas operaciones que se habían vuelto frecuentes entre las empresas.

Pero si la elusión es la causa de la plaga zombi y de otras prácticas tributarias que vulneran el espíritu de la ley, ¿cuál es la cura?

Desde ‘2001, con la Ley Antievasión, la autoridad intentó constantemente ponerle freno a prácticas elusivas, con más precisiones. Por ejemplo, en ‘2001 puso más requisitos al uso de las pérdidas, pero eso no funcionó, porque, paradójicamente, mientras más precisa es la ley, más fácil es la elusión (y ese es uno de los motivos por los que los tributaristas siempre piden que las leyes sean muy precisas).

El más reciente intento de ponerle freno a este problema es la Cláusula General Anti Elusión, que apunta a la esencia: la ley no es una plasticina, tiene un sentido que debe ser respetado. El SII espera que las declaraciones de la empresa den cuenta de la verdad de las operaciones (ver entrevista con Francisco Saffie, unos de los creadores de la cláusula).

Que la ley explicite que se declare “la verdad”, tiene desesperados a muchos tributaristas que han prosperado en las últimas dos décadas y han criticado duramente esta cláusula por “imprecisa”.

Los abogados Fernando BarrosAlfredo Alcaíno (que también promovió las zombis entres sus clientes), Roberto Guerrero (hijo y socio de Roberto Guerrero del Río, que ayudó a Javier Vial a montar la venta de sus zombis), se agruparon recientemente en un observatorio judicial que se estrenó en sociedad en la revista Capital, en el reportaje “Vigilantes”. ¿A quién vigilan?: a los jueces “cuyas sentencias no parecen inspirados por la ley positiva sino que en el parecer ideológico y social del sentenciador, lo que es inaceptable en un Estado democrático”, dijo Fernando Barros a Capital.

Inspirados en Hernán Büchi, quien hace más de un año anunció que se iba de Chile debido a la incerteza jurídica (pero que sigue integrando el directorio de Soqumich), una de las preocupaciones importantes de los “vigilantes” es combatir la norma anti elusión. En el mismo artículo, Gerardo Varela (socio del estudio Cariola Diez Pérez Cotapos y presidente de Soprole), otro de los abogados del grupo de “vigilantes”, calificó así esa norma: “No se entiende nada, es una profecía de Nostradamus”.

Ante las revelaciones del reportaje anterior “Cómo empresas de Luksic y Juan Cúneo usaron zombis para no pagar impuestos”, Andrónico Luksic reaccionó, a través de Twitter, argumentando que era una historia añeja. Lo cierto es que los efectos del ataque zombi, siguen muy vigentes. No solo porque empresas como Soquimich pelearon en los tribunales el uso de esta estrategia hasta hace solo un par de años. El problema de fondo no es solo el mal uso de las pérdidas, sino la lógica que permite esta y otras prácticas que se sitúan en la frontera de lo legal.

La disputa entre los que quieren mantener y los que quieren acabar con la norma anti elusión está recién comenzando.

(En el siguiente y último capítulo se abordará cómo el SII enfrentó el ataque zombi y la responsabilidad de ese organismo en la expansión de esta práctica).

Intervención de Cooperativa Financoop pone en jaque nuevo banco de Vicente Caruz

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Cuando el 14 de agosto pasado el Ministerio de Economía resolvió intervenir la Cooperativa Financoop, la cuarta más grande del país, la noticia no provocó mayor revuelo. A pesar de que la medida generó un “corralito” de $43 mil millones que hoy tiene a más de dos mil personas y sociedades con sus depósitos congelados y sin garantía de devolución. Lo que en ese momento no se supo, es que la decisión de la autoridad económica de bajarle la cortina a esa cooperativa, tuvo otro efecto financiero: puso en jaque al nuevo banco que el ex controlador del Banco del Desarrollo, Vicente Caruz, planeaba inaugurar a fines de este año.

“El objetivo es hacer un banco competitivo y, al mismo tiempo, con contenido social. Aunque seremos un banco distinto, vamos a competir con todo el sistema bancario”,  anunció en julio de 2016 el empresario Vicente Caruz en el diario La Tercera. En la misma nota, fijó para fines de este año la apertura de su nueva entidad financiera. En paralelo, a través de la Cooperativa para el Desarrollo Financoop, de la que es socio, compraba participaciones en otras dos cooperativas y negociaba con otras entidades similares, paso necesario para hacer viable su nuevo banco.

Vicente Caruz

Vicente Caruz

Con sus más de 50 mil clientes, Financoop era la punta de lanza del proyecto bancario del grupo liderado por Caruz. Solo le faltaban la licencia y el capital inicial.

Creada en 2006 por Caruz -y sus socios de la Sociedad de Inversiones Norte Sur- Financoop no había hecho otra cosa que crecer en los últimos nueve años. Tanto, que en julio pasado ya era considerada la cuarta cooperativa más grande del país (por detrás de Coopeuch, Oriencoop y Capual), con créditos por $46.447 millones y depósitos por $44.460 millones. Además, tenía oficinas en cinco regiones y una red de acuerdos con cooperativas de todo el país que le permitía distribuir en otras 13 ciudades –desde Arica a Osorno- productos financieros, como créditos con aval del Estado o préstamos para pequeños empresarios.

Un deterioro patrimonial que pone en riesgo la viabilidad de la entidad, fue el argumento que esgrimió el Ministerio de Economía para decretar la intervención de Financoop. El 14 de agosto el 23 Juzgado Civil de Santiago decretó la paralización de la cooperativa, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hiciera parte del proceso.

Financoop “incurrió en una irregular práctica contable respecto de su cartera crediticia, que trae como consecuencia que los resultados que presenta no reflejan la crítica situación económica que realmente tiene”, se lee en el libelo acusatorio del CDE.  Y la acusó de haber implementado “una estrategia que impide evidenciar el problema real de los créditos impagos”, los que cuantificó en $13.645 millones.

El CDE solicitó al tribunal que decrete la disolución de la cooperativa, retenga sus bienes (oficinas y equipos avaluados en $293 millones) y sus inversiones financieras (otros $1.278 millones depositados en al menos cinco bancos) y le prohíba celebrar cualquier tipo de contrato. También le pidió nombrar un interventor.

La versión de los ejecutivos de Financoop es distinta. En conversación con CIPER, dos de ellos, que pidieron reserva de su identidad, afirmaron que el 28 de mayo pasado se había alcanzado un preacuerdo con el gobierno para revertir la situación. Ello se haría mediante la creación de una fundación -al alero de Financoop- que recibiría todos los créditos malos, limpiando así los balances de la institución. Esta fórmula de separar los pasivos contaminados es la misma que usó la banca chilena durante las crisis del ‘82 para seguir operando.

Los mismos ejecutivos de Financoop dijeron a CIPER que ese acuerdo fue ratificado el 2 de mayo, cuando ofrecieron al gobierno un plan de capitalización por US$2 millones, con el compromiso de reinvertir las utilidades durante los próximos años. Y que incluso le plantearon acogerse a la Ley de Quiebras y reorganizarlo todo.

Eso fue exactamente lo que hicieron los controladores de Financoop en estos últimos días. El interventor nombrado por el tribunal, Juan Manuel Valenzuela, llevaba apenas unas horas apersonado en las oficinas de la cooperativa, cuando los accionistas de Financoop acudieron al 30 Juzgado Civil de Santiago para intentar acogerse a la Ley de Quiebras y así evitar su disolución. La jugada de los dueños de Financoop generó una compleja situación legal que dejó en una difícil situación al Ministerio de Economía, aún bajo la conducción de Luis Felipe Céspedes.

-La Cooperativa (Financoop) quiere burlar las acciones judiciales ya iniciadas mediante el proceso de reorganización –fue la opinión entregada por abogados del CDE a CIPER.

1111-820x385Ese no fue el único movimiento estratégico realizado por los controladores de la cooperativa intervenida. El jueves 24 de agosto, su abogado Rodrigo Zegers, solicitó al 23 Juzgado Civil que se oficie al CDE para que ponga a disposición del tribunal el currículum vitae y los antecedentes que tuvo en cuenta al proponer como interventor al abogado Valenzuela. En el oficio, afirman que Valenzuela tiene vínculos laborales y de amistad con el jefe del área de fiscalización y supervisión de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía,  Zoran Ostoic.

Así, Financoop y el Ministerio de Economía están enfrentados a tres bandas en tribunales. En el 29 Juzgado Civil de Santiago se discute si la cooperativa debe entregar o no la nómina de depositantes -como lo ha pedido el gobierno desde el 10 de abril- “con el fin de proteger los depósitos de los ahorrantes”, según dijo a CIPER la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili. Mientras que en el 23 Juzgado se tramita la disolución de la cooperativa y en el 30 Juzgado, la decisión de acoger o no la quiebra.

Si el tribunal decide disolver Financoop, la cooperativa será liquidada; pero si acepta su reorganización, ésta podría seguir operando. Para el proyecto bancario de Caruz, la primera salida sería la sepultura. Además de los US$30 millones de capital mínimo inicial que hay que documentar para abrir un banco en Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) califica la reputación de los dueños, con especial atención en que no hayan estado involucrados en escándalos financieros, antes de aprobar una solicitud.

En 2007, Vicente Caruz y sus socios de Inversiones Norte Sur vendieron en US$1.170 millones el Banco del Desarrollo a los canadienses de Scotiabank. El mercado esperaba su retorno al negocio en cualquier momento. Durante 25 años, el empresario fue la cara pública del Banco del Desarrollo, primero como su gerente general y después como su presidente. Su participación en el sistema financiero, su cercanía con la Democracia Cristiana y la Iglesia Católica, uno de sus grandes clientes, lo convirtieron en un personaje influyente en esa industria.

UN TERCIO DE LOS CRÉDITOS EN PROBLEMAS

Hasta antes de su caída, Financoop era la envidia del sector. La cooperativa tenía oficinas modernas, su personal era mayoritariamente universitario y su agresiva estrategia comercial denotaba la llegada de un actor más competitivo a un sector caracterizado por un estilo tradicional y reposado de hacer negocios.

Cuando comenzaron los primeras señales de que Financoop estaba en problemas, varios ejecutivos del rubro se los atribuyeron a la audacia de la cooperativa. Otros, a dos dictámenes de la Contraloría General de la República que fueron una verdadera desgracia para el sector. Entre 2009 y 2010 los montos que las cooperativas podían descontar por planilla de los créditos entregados a sus afiliados, bajaron desde un 40% hasta el 15% para el sector público, y hasta 25% en los privados y las Fuerzas Armadas. Hasta 2010, el 60% de los clientes de Financoop trabajaba para el Estado.

Natalia Piergentili

Natalia Piergentili

El dictamen de Contraloría obligó a todo el sector a ingeniar nuevas fórmulas para diferir el impacto de las nuevas normas. De haberlo hecho de golpe varias cooperativas habrían desaparecido.

Pero los problemas de Financoop no se originaron en el cambio de las reglas. Había desorden y cuentas poco claras. Un informe sobre el estado de la cartera de créditos, emitido en mayo de este año por el experto Sergio Álvarez, responsabiliza a la administración de la cooperativa de haber creado subsegmentos de la cartera para ir trasladando los préstamos impagos “de modo de no reflejar el riesgo efectivo de ellas”.

En el documento de 28 páginas, el experto da cuenta de situaciones irregulares, como calificar de “vigentes” a créditos que nunca pudieron ser cobrados. Tampoco había información fidedigna de un sector de la cartera de clientes y las cuotas pagadas con cheques protestados fueron contabilizadas como canceladas. Nadie persiguió la recuperación de ese dinero. Financoop, dice en su informe Sergio Álvarez, ni siquiera contaba con un software básico “similar al de las empresas del ramo”, para registrar como se debe, las operaciones y las alertas de cobro.

El experto concluyó que, de los $13.645 millones de créditos con problemas, que equivalen al 30,9% de todos los préstamos otorgados por Financoop, en el mejor de los casos se podrían recuperar $8.073 millones y $4.142 millones en el peor escenario.

“El origen de la cartera con deterioro es en general de una antigüedad mayor a tres años y ella se incubó en sistemas de información poco robustos, insuficientes controles internos y debilidades en la gestión que han permanecido a lo largo del tiempo”, describió el experto.

Todas las irregularidades descritas recuerdan el millonario monto de los créditos incobrables que los ejecutivos de La Polar siguieron registrando por años como “activos por cobrar” y que provocaron en 2011 el estallido de uno de los mayores fraudes financieros del país.

-Se revisó exhaustivamente desde 2010 hasta 2017, y se encontró que entre 2013 y 2014 ya existían señales de una mala práctica en lo referente a la clasificación de los créditos y/o préstamos, y por ende de las provisiones. Se les solicitó rectificar, lo que se hizo efectivo. Pero es solo hasta el año 2017 que se encuentra claramente un deterioro de la cartera de Financoop –explicó a CIPER la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili.

ALERTAS EN ABRIL

Abril de 2016 fue clave para Financoop. El 21 de ese mes, ingresaron a su consejo Daniel Albarrán (ex gerente general del Banco de Desarrollo y ex subsecretario de Pesca), Ernesto Livacic (ex superintendente de Bancos) y Richard Muñoz (consultor). Los tres se sumaron a Sergio Fernández (ex diputado DC), Hugo Trivelli (ex presidente de EFE), Carlos Mladinic (ex ministro de Agricultura) y Juan Carlos Accorsi. Todos ex socios o ejecutivos ligados a Norte Sur, al mismo Caruz y/o a la Democracia Cristiana.

A esa fecha, además, se había producido un distanciamiento entre Caruz y sus socios de Norte Sur, lo que se tradujo en la salida de esa sociedad de Financoop. Su participación fue comprada en unos $400 millones por la francesa SIDI, una sociedad de inversión de la ONG Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo.

En Financoop, SIDI actuaba en bloque junto a Caruz. Con los votos de esa entidad, Accorsi y Mladinic obtuvieron sus asientos en el consejo.

Aunque la ley prohíbe que una misma persona o grupo maneje más del 10% de la propiedad de una cooperativa, en la práctica, Financoop era dirigida por los ex dueños del Banco de Desarrollo. Junto a los franceses y otros pequeños minoritarios controlaban en torno al 40% de la institución. El otro 60% está en manos de 50 mil socios de la cooperativa, la mayoría pasivos. Hay que recordar que cuando una persona pide por primera vez un crédito a una cooperativa debe hacerse socio de ésta comprando una o más cuotas, por lo que la mayor parte de los “asociados” no ejerce derechos por su participación.

2015 -En abril de este año, parte del directorio de Financoop, que estaba recién asumiendo, comentó a la división que detectaron un criterio de provisionamiento que les parecía irregular. Por ello, solicitaron una auditoría externa. Esto nos alertó de que el informe de auditoría que teníamos respecto del cierre del año anterior (2016) no reflejaba la verdadera situación de la cooperativa y nos hizo solicitar información -mediante oficio- para verificar la veracidad de la información recibida. Se solicitó, entre otros antecedentes, la remisión de los archivos contables y monto de las provisiones asociadas a cada crédito, además del archivo de captaciones y la cuenta de capital de cada socio –señaló a CIPER, la subsecretaria Piergentili.

El 7 de abril de 2017, Livacic y Albarrán llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Economía para reunirse con Zoran Ostoic; la jefa de la división de empresas de menor tamaño, Alejandra Dagnino; y el coordinador de los asesores del ministerio, Juan Cristóbal Marshall. Dijeron que iban a informar de los problemas. En ese encuentro también participaron dos funcionarios de la SBIF, pese a que por tener un patrimonio inferior a UF 400.000 (US$ 16,4 millones), Financoop es fiscalizada por el Departamento de Cooperativas y no por la Superintendencia de Bancos.

Según relatan en Financoop, luego de esa reunión siguieron comunicándose con la autoridad e incluso se habla de un encuentro informal el sábado 8 de abril entre miembros del Consejo de Administración de Financoop y Ostoic en un café de Ñuñoa. Allí los directivos de la cooperativa habrían informado al funcionario de la Decoop -–ex jefe de gabinete de la alcaldesa Carolina Tohá en Santiago- sobre el plan de la administración para fortalecer a la cooperativa.

-La información recibida el 18 de abril fue insuficiente para analizar la cartera de colocaciones, fundamentalmente por la falta de información respecto de las provisiones -reiteró la subsecretaria Piergentili a CIPER.

Unos días después, el 28 de abril, la nueva administración de la cooperativa decidió despedir al entonces gerente general, Patricio Riquelme, argumentando “falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones emanadas del contrato de trabajo”, según se lee en el escrito de Financoop en el que solicita levantar las medidas prejudiciales.

El 15 de mayo de 2017, el Consejo de Financoop decidió rechazar el balance de 2016 y contrató al economista de la Universidad de Chile y ex gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, para que emitiera una opinión sobre el plan de fortalecimiento, el que consideraba un aumento de capital de US$2 millones.

-Entre el 6 y el 7 de julio de 2017 se realizó una fiscalización in situ donde se revisaron diversas materias contables, en especial la cartera de créditos y materias legales, tras lo cual, y el posterior análisis de la información, se pudo conocer el alcance del problema patrimonial de Financoop. Antes de eso, y con las consecutivas prórrogas y entregas no satisfactorias de material, no había información concluyente para evitar que la cooperativa siguiera operando con normalidad -explica Piergentili.

La decisión de bajarle la cortina a Financoop –reiteró la subsecretaria de Economía-, se debió a la ausencia de información y a la “imposibilidad de determinar con certeza su daño patrimonial”.

“CORRALITO” MILLONARIO Y SIN GARANTÍA

Tras la decisión del 23 Juzgado de decretar una serie de medidas prejudiciales precautorias en contra de Financoop, $43.206 millones quedaron retenidos a la espera de las próximas decisiones. Es un “corralito” que afecta a 2.174 clientes, de los cuales más de la mitad corresponde a personas naturales que tenían depósitos a plazo entre $500 mil y $10 millones. El resto, son ahorrantes entre $10 millones y $120 millones, divididos entre personas y sociedades de diverso tipo.

Las atractivas tasas de interés -40% más altas que el promedio de la banca- actuaron como un poderoso imán para los inversionistas que confiaron en esa cooperativa. La mayoría de ellos no aquilató el riesgo que implica confiar su dinero a una entidad que no cuenta con la garantía estatal a los depósitos.

Lo grave es que la cartera de Financoop la componen mayoritariamente trabajadores y jubilados de casi 200 instituciones (sindicatos y asociaciones de diversas áreas de la economía), quienes por ahora tienen sus ahorros inmovilizados.

Entre los afectados también figuran otras cinco cooperativas que mantenían parte de sus ahorros en la entidad: Andescoop (Los Andes), Bansur (Osorno), Islacoop (Isla de Maipo),  Mujercoop  (Santiago) y Santa Inés (Viña del Mar). En total, las cinco registran depósitos a plazo por  unos $1.770 millones que ahora también están inmovilizados.

OPERACIÓN BDS

“Esta invitación, en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs), tiene dos dimensiones. La primera, es invitarlas a unirse como parte de los emprendedores nacionales que sumen sus esfuerzos de capital para dar vida a esta entidad, en una forma y modalidad que se ajuste a la ley y la normativa. La segunda invitación a las CACs, es a generar una red de alianzas con BDS, que de origen a una relación virtuosa”, dice la carta que entre fines de 2016 y hasta hace algunas semanas recibieron varias cooperativas del país y a la que tuvo acceso CIPER.

LivacicLa firma el gerente del Proyecto BDS o Banco del Desarrollo Social, Ernesto Livacic, quien además es miembro del consejo directivo de Financoop. En paralelo a la carta, Livacic se reunió con ejecutivos de cooperativas, ofreciéndoles participar en el proyecto del nuevo banco. En concreto, les propuso convertirse en accionistas de la nueva entidad, a través de la entrega de recursos, a cambio del acceso a productos financieros tan atractivos para este segmento, como tarjetas de crédito e hipotecas, entre otras alternativas de financiamiento.

Según recogió CIPER entre los representantes de las cooperativas que recibieron a Livacic, la propuesta consistía en replicar el modelo de corresponsalías bancarias: ellas pondrían a sus clientes y sucursales a disposición del BDS y cobrarían una comisión por servicios y todo lo que permita la norma. BDS pretendía aprovechar el atractivo mercado que atienden las cooperativas: 1,7 millón de personas según cifras del Ministerio de Economía. Un pilar de clientes para cualquier banco que está partiendo.

Todas las cooperativas que mostraron interés en el nuevo banco (BDS) impulsado por los controladores de Financoop, recibieron además de la carta formal de invitación un Memorándum de Entendimiento (MoU), que no consideraba compromisos de inversión pero sí, un extenso párrafo con exigencias de confidencialidad. Se esperaba, que las conversaciones culminaran “con la conformación de una alianza formal durante el primer semestre de 2017. En paralelo, estamos trabajando para solicitar en esa fecha la solicitud de licencia bancaria a las autoridades”.

En ese documento (MoU), se informa que el proyecto del BDS es propiedad de la sociedad Desarrollo y Redes, vehículo de inversión que en 2014 crearon Vicente Caruz y sus ex socios del Banco del Desarrollo.

Al momento de la intervención de Financoop (14 de agosto), Caruz ya contaba con el visto bueno de dos cooperativas: Bansur y Concredicoop. Para concretar el negocio, Caruz ingresó a ambas como socio durante 2016.

En Bansur, cooperativa con base en Osorno, el empresario ocupa un puesto en su consejo gracias a la participación del 4% que compró como persona natural. A Concredicoop, cooperativa de la Región Metropolitana, ingresó Financoop también en 2016, pagando $190 millones por su participación (4%). El 24 de marzo de este año, esa cooperativa vendió parte de su cartera de créditos por un monto de $1.591 millones, la que también presentaba problemas.

El 25 de abril pasado, desde el Ministerio de Economía, Zoran Ostoic preguntó por oficio a Financoop las razones de su inversión en Credicoop. “Esto se fundamenta en la esencia de las cooperativas”, fue la respuesta de sus ejecutivos.

-No se estaba en conocimiento del proyecto del banco de Financoop, considerando, además, que la constitución de bancos no es algo que corresponda a la DAES -afirmó a CIPER la subsecretaria Piergentili.

Asesorías parlamentarias: al menos 40 diputados pagaron por informes plagiados

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Vea aquí la nómina completa de los 40 diputados que pagaron por informes con plagio.

Algunos de los millonarios informes que encargan los diputados a sus asesores externos tienen un nivel tan bajo que apenas podrían servir para aprobar un examen de educación media. Por ejemplo, el que pidió el diputado Ricardo Rincón (DC) en febrero de 2016. Se trata de un documento de siete páginas –incluida la portada–, donde toda la información está plagiada de monografías.com, una web que utilizan los escolares para hacer tareas. La asesora Paulina Gómez Barbosa recibió $2,2 millones por el esfuerzo que le significó copiar lo escrito por José Pérez, un estudiante de derecho de la Universidad Peruana de Las Américas.

Todos los meses los diputados reciben una asignación de $2,4 millones para costear informes que encargan a asesores externos –que no forman parte de su equipo permanente– y que les sirven de apoyo cuando el debate legislativo aborda  temas que no dominan. En este caso, el diputado Rincón se gastó casi toda su asignación mensual en un informe que pudo haber bajado gratis de internet.

El informe recibido por Rincón no es una excepción a la regla. Durante meses CIPER revisó los documentos que han elaborado los asesores externos de los diputados entre 2014 y 2016. De ese universo se extrajo una muestra aleatoria de cerca de mil informes, tal como se hace en los procedimientos de auditoría que utiliza la Contraloría. En esa muestra se detectaron 107 informes con algún grado de plagio (18 de ellos con plagio total), los que fueron encargados por un total de 40 diputados, desde la UDI al PC. Debido a la fórmula aleatoria con la que se elaboró la muestra que se analizó para este reportaje, es altamente probable que existan casos aún no detectados.

RICARDO_RINCÓNLos resultados indican que al menos un tercio de los miembros de la Cámara ha pagado por informes que incluyen contenidos extraídos de fuentes que no se citan o que copian párrafos textuales de documentos que son públicos. Lo anterior demuestra que en la Cámara de Diputados los controles del gasto para este ítem son completamente inútiles.

En la muestra analizada figuran 12 diputados que pagaron por trabajos que están enteramente plagiados:

  • Gustavo Hasbún (UDI): 3 informes.
  • Claudia Nogueira (UDI), Carlos Vilches (UDI, dejó la Cámara en 2014), Roberto León (DC) y Sergio Ojeda (DC): 2 informes cada uno.
  • Carlos Jarpa (PR), Javier Hernández (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Marco Antonio Núñez (PPD), Marta Isasi (Ind. de derecha, dejó la Cámara en 2014), Marcos Espinosa (PR) y Ricardo Rincón (DC): un informe cada uno.

11 diputados son los que presentan más de cuatro informes con párrafos copiados de fuentes que no son citadas:

  • Camila Vallejo (PC) y Claudia Nogueira (UDI), ambas con 8 informes.
  • Marcos Espinosa (PR), Carlos Jarpa (PR), Gustavo Hasbún (UDI) y Gabriel Silber (DC), todos con seis informes.
  • Osvaldo Andrade (PS) y Roberto León (DC), los dos con cinco informes.
  • Andrea Molina (UDI), Sergio Ojeda (DC) y Fidel Espinoza (PS), los tres con cuatro informes.

En la mañana de este jueves 7 de septiembre CIPER comenzó a contactar a los diputados que pagaron la mayor cantidad de informes plagiados detectados por nuestra investigación. Poco después, en la sede del Congreso los jefes de bancada convocaron a reunión de comité para coordinar una respuesta corporativa ante la emergencia que significa que 40 parlamentarios aparezcan pagando informes con plagios.

El tema ya se había tornado inevitable tras las revelaciones publicadas por los equipos de investigación periodística de Radio Bio Bio, que dejó en evidencia las copias en informes pagados por el senador y presidenciable Alejandro Guillier, y de Ahora Noticias de Mega, que difundió un extenso reportaje sobre irregularidades en las asesorías externas encargadas por diputados.

FIDEL_ESPINOZAAl mediodía del mismo jueves 7, la Cámara de Diputados emitió una declaración pública en la que evitó mencionar la palabra plagio y solo indicó que los fondos para asesorías externas son revisados por el Comité de Auditorías del Congreso Nacional:

En la actualidad, conforme al plan aprobado, el Comité de Auditoría se encuentra analizando los informes de asesorías realizados hasta la fecha. Cualquier observación se resolverá conforme al ordenamiento vigente (…). Asimismo, la Cámara de Diputados está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, velando por el correcto uso de los mismos”.

La labor de ese Comité de Auditoría y el supuesto plan de la Cámara para controlar los recursos asignados a los parlamentarios han resultado francamente inútiles, como lo demuestran los resultados del análisis efectuado por CIPER y el reporte de Ahora Noticias. Entre 2015 y 2016 el presupuesto de la Cámara para pagar asesorías externas sumó unos $3.550 millones. En el mismo periodo los informes pagados fueron unos 3.500. La muestra revisada para esta investigación periodística indica que la corporación desembolsó $169,6 millones en informes que presentan contenidos plagiados.

VALLEJO E ICAL

Los ocho informes pagados por la diputada Camila Vallejo (PC) que presentan plagio fueron elaborados en 2016 por el think tank del Partido Comunista: ICAL. Un noveno informe no pudo ser revisado al no estar disponible. Por esos nueve informes la Cámara pagó un total de $7 millones.

En el informe de ICAL correspondiente a noviembre de 2016, 59 de sus 75 páginas están plagiadas completamente. Entre los contenidos que se copian sin citar destaca un reportaje publicado en 2012 por The Clinic sobre la historia del asbesto en Chile. Se copian también documentos académicos y si bien se citan referencias, estas son erróneas y no corresponden al autor original de las mismas (vea aquí ese informe).

CAMILA_VALLEJOEn otro documento de septiembre de 2016, la mitad de sus páginas están copiadas. La introducción fue obtenida íntegramente de una noticia publicada por la página web de la Radio Nuevo Mundo, y más adelante destaca el plagio de un estudio sobre el sistema educativo peruano, pero al que ICAL le borró toda referencia al país de origen, haciéndolo pasar por un estudio general sobre educación (revise aquí ese informe en detalle).

La diputada Camila Vallejo respondió el llamado de CIPER y cuando se le entregó el detalle de los informes copiados, anunció que pondría fin a su relación con ICAL:

–Estamos esperando los resultados de la auditoría de la Cámara respecto a estas asesorías, que deberían estar pronto, y si es como ustedes dicen, lo más probable es que haya sanciones. Yo estoy dispuesta a devolver el dinero de mi dieta parlamentaria si es necesario, independiente de que fue una falta al contrato por parte de ellos (ICAL). Ustedes se adelantaron a la auditoría y a la luz de los antecedentes que pudimos comprobar nos parece que lo correcto es terminar el contrato con ICAL.

La parlamentaria comunista calificó la situación como grave: “esto incluso puede mermar mi labor como parlamentaria al momento de legislar. Yo expresamente había pedido rigurosidad en los contenidos contratados con ICAL. No vamos a exigir que todo lo que se entrega sea de elaboración propia, pero lo mínimo es que si se ocupa información de otros se cite como corresponde. Yo apenas supe de esto en la mañana me puse en contacto con ellos y pedí explicaciones. Me dijeron que no era así, que no había plagio, pero a mí me parece que está claro. Por eso, independiente de lo que ellos quieran declarar ante la opinión pública, nosotros vamos a terminar el contrato”.

LOS INFORMES DE NOGUEIRA

Los ocho informes de la diputada Claudia Nogueira (UDI) que registran plagio fueron recibidos por la legisladora entre marzo de 2014 y noviembre de 2016. Los documentos fueron elaborados por distintos asesores. Dos de ellos aparecen firmados por Álvaro Lavín Aliaga, socio del esposo de la parlamentaria, el ex alcalde Gonzalo Cornejo, en el Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos. Esa es una de las sociedades que emitió boletas que fueron rectificadas por Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini, porque sirvieron para financiar ilegalmente la política. Lavín Aliaga, además, fue el administrador municipal en Recoleta mientras Cornejo era el alcalde.

CLAUDIA_NOGUEIRALos dos informes de Lavín Aliaga pagados en marzo y abril de 2014 ($720 mil por cada uno) son curiosos, tienen una extensión de una página y media y allí se presentan “minutas” de proyectos de ley, cuyos párrafos fueron copiados de los proyectos originales. Además se adjunta una breve descripción de reuniones a las que el asesor habría acompañado a Nogueira, aunque no hay ningún documento que compruebe esos trabajos.

Nogueira tiene además otros tres informes cuestionados, los que fueron firmados por Lily Zúñiga en abril, mayo y junio de 2014. Según declaró Zúñiga ante la Fiscalía, se trató de asesorías fantasmas que justificaron desembolsos por $4,2 millones. La parlamentaria suma además informes con plagio parcial de la Fundación Jaime Guzmán y de Pablo Urquízar Muñoz.

Consultada respecto de los informes que registran plagio, la diputada señaló: “Eso es una asesoría, es conversar, es analizar, es revisar textos, tomar parte de los textos originales. No son informes en derecho, no hay robo de nada, el trabajo se hace desde la posición política que uno tiene y por eso los asesores tienen la misma afinidad política” (vea además la respuesta de algunos de los asesores que elaboraron los informes para la parlamentaria).

En 2010 la diputada Nogueira fue formalizada por la Fiscalía luego de que se comprobara que desvió $28 millones destinados a asignaciones parlamentarias a una cuenta personal que posee con su marido (el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo). De ese entuerto solo logró zafar llegando a un acuerdo con el Ministerio Público que implicó la devolución del dinero.

LEÓN Y LAS ASESORÍAS DEL CELAC

Del grupo de diputados que conforman la muestra que CIPER analizó, hay uno que constituye un acápite aparte: Roberto León (DC). El congresista por Curicó pagó al menos cinco informes con plagio. Todos son de 2014 y fueron elaborados por el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías (Celac).

ROBERTO_LEÓNEl informe de julio de 2014 de Celac para el diputado León, por el que la Cámara pagó $2,1 millones, es una copia de principio a fin de un documento elaborado por Sergio Gómez publicado en 2002 por la Revista Austral de Ciencias Sociales, de la Universidad Austral (UACh), denominado “Organización campesina en Chile: reflexiones sobre su debilidad actual” (revise aquí el informe de Celac y aquí el artículo original).

La misma situación se repite en agosto de 2014, cuando nuevamente León recibió un informe completamente plagiado. Otros $2,1 millones del erario público fueron a parar a la contabilidad de Celac por un documento copiado a la misma Revista Austral de Ciencias Sociales. Esta vez el afectado fue Darío Menanteau, quien entonces era profesor y director del Centro de Sociología Rural de la Universidad de Minnesota y académico de la UACh. Su artículo “Impactos socio-políticos de la globalización en América Latina” aparece tal cual en la asesoría enviada por Celac a León (revise aquí el informe de Celac y aquí el artículo original).

Los informes que Celac entregó al diputado León en junio y septiembre de 2014 también son plagiados. Un quinto informe, el de octubre de ese año contiene páginas copiadas desde otros documentos. Hasta el cierre de este reportaje, el diputado León no había respondido los requerimientos de CIPER para obtener su versión.

La situación judicial de León es especialmente delicada: está siendo investigado por cohecho y delitos tributarios en la indagatoria por los pagos irregulares de SQM, luego de que la Fiscalía detectara millonarios traspasos de recursos de la minera a su hijo y la existencia de “favores” de León al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse (vea reportaje de CIPER “Los hitos de la relación con SQM que comprometen al diputado Roberto León).

DIPUTADOS SORPRENDIDOS

Seis son los informes que encargó el diputado Carlos Jarpa (PR) por los que la Cámara pagó un total de $13 millones. Los documentos son casi exclusivamente copias de textos disponibles gratuitamente en internet.  Todos tienen una misma autora: Consuelo Ramírez EIRL.

Jarpa señaló que cuando revisa el trabajo de su asesora no puede saber cuáles son las fuentes que utilizó: “Solo veo el resultado y a mí me sirvió. Uno procesa la información no solo del informe, sino también conversando con el asesor, sobre todo en mi caso, porque tengo una limitación visual seria. El tema de fondo es la utilidad que los informes tienen para mí. El único error que podría haber es no saber de dónde venía la información”.

¿Y de quién es ese error?

– Eso no me corresponde a mí decirlo. Yo no soy juez.

– ¿Le parece correcto que se paguen informes plagiados con recursos públicos con un valor superior a los $2 millones?

–No me corresponde a mí hacer ese juicio. Eso le corresponde a la Cámara de Diputados.

CARLOS_JARPADesde la oficina del diputado Marcos Espinosa (PR) se informó a CIPER que en mayo y junio de 2016 el parlamentario tomó conocimiento de presuntos plagios en tres informes de su asesor Pedro Zapata. Por lo mismo, en octubre pasado decidió cesarlo en sus funciones “hasta que una investigación aclare en profundidad si efectivamente esa adulteración es efectiva”.

Sobre los informes elaborados por la asesora Consuelo Ramírez (la misma asesora del diputado Jarpa), la oficina de Espinoza explicó: “Este es un trabajo especialmente importante toda vez que se trata de una recopilación de materias tratadas en las comisiones en las que se desempeña el diputado, otras en las que tiene especial interés, y el avance de los proyectos de ley de autoría propia”.

El diputado Gustavo Hasbún (UDI) señaló a CIPER que no iba a comentar sus informes. Esto a pesar de que en su caso de los seis informes detectados con plagio, tres son copias textuales de otros documentos. En total, por estas seis asesorías la Cámara desembolsó $11,4 millones. En cinco de los seis informes el autor es César Patricio Ampuero Cortés, quien actualmente se desempeña como juez de policía local en Vitacura. En 2009 aparece ocupando el mismo cargo, pero en Estación Central, la comuna por la que Hasbún fue alcalde hasta 2008.

De los informes elaborados por Ampuero Cortés, tres son copias íntegras. Por ejemplo, el informe de junio de 2016 tiene seis carillas. Los primeros dos párrafos los copió y pegó de una noticia de El Mercurio, luego adjuntó párrafos textuales de un auto acordado de la Corte Suprema, de un proyecto de ley presentado por otros diputados, y a modo de conclusión copió un pronunciamiento de la Corte Suprema (revise aquí el informe de Ampuero Cortés para Hasbún).

Una fórmula similar se repite en los informes de julio y diciembre de 2016. En este último se copiaron 11 páginas de un proyecto de ley presentado por el gobierno para regular los servicios de Uber y Cabify, luego incorpora un análisis del mismo proyecto, pero que en realidad es una nota de El Mercurio y finalmente parafrasea una minuta de la Cámara sobre el proyecto (revise aquí el informe de Ampuero Cortés correspondiente a diciembre).

Otra asesoría encargada por Hasbún, de enero de 2016, lleva la firma de la empresa Visión Legislativa  y Parlamentaria, por la que se pagaron $883 mil. El documento presenta un plagio parcial.

Uno de los socios de Visión Legislativa y Parlamentaria, Carlos Fairlie señaló a CIPER que las columnas escritas por el abogado Alejandro Leiva y que él utiliza para esos informes corresponden a material preparado por ese profesional para su estudio: “Él es un abogado pagado por mí y cuando él escribe en La Tercera lo hace pagado por mí”, sostuvo.

GUSTAVO_HASBÚNEste año la diputada Andrea Molina (UDI) comparte ruta con el diputado Hasbún en dos carreras: ambos intentan saltar de la Cámara al Senado y los dos aparecen entre los parlamentarios que pagaron informes plagiados. Claro que el caso de Molina es más escénico: ella recitó en el hemiciclo párrafos copiados.

Parte de la asesoría que Andrea Molina contrató con Francisca Navarro en 2016, consideraba elaborar los discursos e intervenciones de la parlamentaria. En al menos dos de ellos, CIPER identificó plagio a intervenciones de otros parlamentarios. Por ejemplo, el discurso incluido en el informe de asesoría de junio, incluye cinco líneas copiadas de la intervención de Cristina Girardi (PPD) en la sesión del 9 de marzo en la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, que ambas parlamentarias integran (vea aquí el discurso y la intervención de Girardi).

El mismo informe de junio incluye otro discurso para Andrea Molina en que el autor copia cuatro párrafos completos de una intervención hecha en la sala por el senador Iván Moreira un mes antes (vea aquí el discurso y la intervención de Moreira). Contactada por CIPER, la diputada Molina señaló: “Es un error puntual de no haber puesto la fuente. No hay delito, ni uso indebido. Aquí no hay una empresa, ni una triangulación sino que el hecho de que mi abogada no citó la fuente y ella eso lo reconoce y por eso le pedí que fuera más rigurosa”.

En el caso del diputado Osvaldo Andrade (PS), cinco informes de su asesor Patricio Riveros Villegas revisados por CIPER mezclan plagio con reproducción textual de información gratuita publicada en Internet.

El diputado Andrade fue uno de los primeros que reaccionó cuando esta semana Radio Bío Bío reveló que el senador y candidato presidencial de su coalición, Alejandro Guillier, había comprado con dinero del Congreso cuatro informes copiados de internet a la sociedad Beltrán Asociados. “Tendrán que dar una buena explicación”, señaló Andrade en esa ocasión.

Consultado por CIPER, Andrade se mostró sorprendido y aseguró que “los informes me han servido mucho, así que desde el punto de vista de la idoneidad, estoy completamente conforme con ellos. Ahora, si hay algunos que no señalan fuentes, no cabe duda de que ahí se cometió un error”, precisó.

En un segundo contacto con CIPER, Andrade señaló que había conversado con su asesor y que descartaba que hubiese plagio en sus trabajos.

En el informe de abril de 2016, el asesor Riveros copió sin citar parte del análisis macrosectorial publicado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) durante el mismo mes. Consultado por CIPER, Riveros argumentó que el texto es de su autoría, ya que trabaja en la ODEPA. Sin embargo, el autor que figura en el documento no es él, sino Alfonso José Traub Ramos (vea aquí el artículo de la ODEPA).

El resto de la asesoría, que consta de ocho páginas, y que costó más de $1,8 millón, está compuesto por información sobre distintos indicadores económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central. Esta información, a pesar de que está atribuida a la fuente, no es más que una copia textual de boletines que ambas instituciones suben a su página web y que son replicados por la prensa. El único contenido de elaboración propia son los dos párrafos de conclusiones al final del texto (vea aquí ese informe).

SERGIO_OJEDAEl diputado Sergio Ojeda (DC) figura con cuatro informes, casi todos íntegramente extraídos de trabajos académicos. Al igual que en el caso de su correligionario Roberto León, el proveedor es el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías (Celac). En la asesoría correspondiente a marzo de 2014, la Cámara desembolsó $916 mil por el informe solicitado por Ojeda. Las  19 páginas que lo componen están completamente copiadas del texto “El debate de lo público y lo privado en servicios sociales”, del profesor Manuel Medina Tornero (revise aquí el informe de Celac y aquí el texto original). Algo similar ocurre con otros informes de Celac para Ojeda, de agosto y septiembre de 2014. Un cuarto documento (abril de 2014) presenta 15 de sus 18 carillas copiadas.

Gabriel Silber  es otro parlamentario falangista que pagó por cinco informes sacados de internet, entre marzo de 2014 y abril de 2015. Cuatro de ellos son del Centro de Estudios y Gestión Ambiental (Cegades), ligado a la DC, y uno de Antonio Saavedra Veas. En total, la Cámara gastó $5 millones en esos informes. A pesar de que CIPER contactó a la bancada de diputados de la DC para obtener la versión de los diputados Rincón, León, Ojeda y Silber, no hubo respuesta.

El actual presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), también aparece pagando informes con plagios. Espinoza registra cuatro documentos comprados al Instituto Igualdad por un total de $1,2 millones. En su caso de trata de copias parciales, pues los documentos contienen transcripciones de párrafos publicados en notas de prensa, en textos de la Universidad Alberto Hurtado y del académico Cristian Bellei. El diputado Espinoza no estuvo disponible para conversar con CIPER, pues se encuentra en Indonesia.

El chequeo  de los informes arrojó hallazgos sorprendentes, como la minuta pagada por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) para que le informaran sobre proyectos de ley en materia de derechos humanos. En febrero de 2016 le pagó $777 mil a Cristián Gallardo, quien le entregó un documento de 12 páginas que contiene copias de párrafos sin ningún orden lógico de dos proyectos de ley (boletines N°9005-17 y N°8133-17). La única modificación que hace es omitir o cambiar la palabra “dictadura” cada vez que se menciona y agregar un párrafo propio con recomendaciones al final de cada proyecto.

Además de los parlamentarios mencionados en este reportaje, CIPER también halló informes plagiados de los siguientes diputados (la mayoría de ellos en ejercicio, aunque también hay algunos del periodo pasado que registraron informes plagiados a inicios de 2014): Aldo Cornejo (DC), Carlos Vilches (UDI), Christian Urízar (PS), Cristián Campos (PPD), Cristina Girardi (PPD), Daniella Cicardini (PS), Felipe de Mussy (UDI), Fernando Meza (PRSD), Fuad Chahín (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Iván Flores (DC), Javier Hernández (UDI), Jorge Sabag (DC), Karol Cariola (PC), Loreto Carvajal (PPD), Marcela Hernando (PRSD), Marco Antonio Nuñez (PPD), María José Hoffmann (UDI), Marta Isasi (Ind), Maya Fernández (PS), Miodrag Marinovic (Ind), Pablo Lorenzini (DC), Paulina Nuñez (RN),  Pedro Araya (Ind DC), Pedro Pablo Álvarez Salamanca (UDI), Sergio Aguiló (Ind) y Vlado Mirosevic (PL).

LOS INFORMES INÚTILES

Si bien no son técnicamente informes plagiados, pues señalan las fuentes desde las que se extrajo la información, CIPER halló varios documentos que a primera vista no parecen ser útiles para la labor parlamentaria. Los hay de todo tipo, algunos que solo son un par de hojas con recortes de los diarios y otros que buscan reforzar la presencia de los parlamentarios en las redes sociales.

En el caso del diputado Enrique Van Rysselberghe (UDI), encargó una asesoría a Guillermo Verbakel durante todo 2016 para que le manejara sus redes sociales. Su estilo es poco político: “La medida del amor, es amar sin medida”, es una de las frases que el asesor comparte a través del Facebook del parlamentario. “El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”, es otra idea-fuerza que el asesor viraliza en nombre de Van Rysselberghe gracias al dinero que la Cámara destina para las asesorías externas.

enrique van rysselberghe la medida del amor

Asesoría comunicacional pagada por el diputado Enrique Van Rysselberghe

El trabajo de este asesor, en todo caso, no se limita a las frases. También comparte videos del tipo “Bebé Leo ve por primera vez a su madre y su reacción es imperdible”. El estilo Buzzfeed de las redes del diputado le ha dado réditos: según los informes de su asesor, es el político con mayor cantidad de seguidores en Facebook, luego de la Presidenta Michelle Bachelet. Por 12 informes mensuales de ese tipo, el legislador pagó $15,7 millones en 2016.

El diputado Fuad Chahín (DC) tiene varios informes cuya utilidad es cuestionable. CIPER encontró tres: uno de abril de 2016 firmado por la Sociedad de Profesionales Jurisdicción, la que cobró $980 mil por un documento de dos páginas donde solo se enumeran supuestos trabajos realizados, pero de cuya ejecución no hay constancia. Del mismo estilo es el de mayo de 2016, elaborado por el Centro Democracia y Comunidad, ligado a la DC, y que costó $1 millón: en dos páginas comunica que el asesor asistió a comisiones y coordinó el trabajo parlamentario. El informe de agosto de 2014, confeccionado por la Sociedad de Profesionales Jurisdicción, es un documento de cinco páginas donde se acumulan recortes de diarios. Se pagaron $3 millones por ese trabajo.

Nicolás Monckeberg (RN) canceló $6,4 millones por cuatro informes elaborados por la Constructora e Inmobiliaria Manresa Chile entre septiembre y diciembre de 2016. Los documentos tienen entre dos y cuatro páginas en las que solo se anuncian minutas y oficios elaborados para el diputado, pero no se adjunta ninguna, por lo que es imposible saber si efectivamente se realizaron.

Desde la oficina del parlamentario, indicaron que los informes fueron confeccionados por un asesor -que es socio de Manresa- que acompaña a Monckeberg permanentemente, por lo que insistieron en que todos los trabajos enumerados sí se efectuaron. A petición de Monckeberg, Manresa envió a CIPER copias de las minutas y oficios mencionados en los informes cancelados por la Cámara. La asesoría, agregaron en la oficina del diputado, cumplió con todos los requisitos que pide la corporación para visar su pago. No obstante, este caso es demostrativo de que los controles internos de la corporación son febles, pues los informes no fueron acompañados por documentos que acrediten que los trabajos se ejecutaron y se confía en la buena fe del asesor y del parlamentario. Monckeberg anunció que, en adelante, sus asesores adjuntarán a sus informes los comprobantes de que los trabajos se realizaron.

El diputado Monckeberg también encargó una asesoría para medir su desempeño en redes sociales y diseñar un plan de trabajo para esa misma área en 2017, aunque no se trata de una labor de apoyo directo a la actividad legislativa. Ese informe se recibió en diciembre de 2016 y el parlamentario encomendó la labor al Grupo Electa, el que cobró $2,4 millones.

Este reportaje fue actualizado el viernes 8 de septiembre de 2017, a las 16.50.

Así operó la máquina que armó Longueira para financiar su actividad política

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Hasta marzo de este año existían los datos, pero no confesiones. Se sabía que desde el círculo férreo de Pablo Longueira se articuló una red de boleteros para recibir cientos de millones de grandes empresas. Pero poco había sobre el destino de esas platas. Los datos decían que Soquimich había sido la única financista de las dos fundaciones –Chile Justo y Web-, que Longueira creó en 2006 cuando su apetito presidencial se desató. Pero la ruta del dinero no estaba trazada. La única certeza era que todos los millones confluían en el comando de operaciones que el ex senador y ex ministro de la UDI tenía montado en Costanera Andrés Bello con Nueva Los Leones (Providencia).

Todo cambió el 6 de abril pasado. Ese día, Carmen “Coca” de Castro, una de las principales colaboradoras de Longueira, rompió el silencio cuando declaró ante el Ministerio Público:
Respecto del destino de estos fondos, según lo que me dijo Titi (Valdivielso), estos correspondían a un aporte para un fondo común, para apoyar a los distintos candidatos a diputados, concejales, alcaldes en campañas vinculadas al partido UDI (…) Creo que Pablo Longueira apoyaba la recaudación de fondos para campañas de jóvenes candidatos a alcaldes, concejales y diputados, quienes tenían dificultades de financiamiento, y la Titi trabajaba con Pablo Longueira, era su jefa de gabinete y su asistente personal (…) Existía un fondo común para financiar todas estas situaciones, y en su administración no tuve injerencia alguna”.  

Su confesión fue suficiente para comenzar a hilar los cabos sueltos que se acumulan en la indagatoria judicial que se inició en marzo de 2016 y que tiene formalizado a Longueira por delitos tributarios y cohecho.

La reconstrucción de la ruta del dinero realizada por CIPER indica que al menos $1.300 millones pagados por SQM y otras 13 empresas pasaron por una red de boleteros, sociedades y fundaciones ligadas a Pablo Longueira y su entorno.

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Carmen “Coca” De Castro junto a Pablo Longueira y Pablo Zalaquett

La línea de tiempo que reconstruyó CIPER con la captación de esos dineros desde el círculo de hierro de Longueira está alimentada por muchos relatos e imágenes. En la mayoría de ellos aparecen jóvenes universitarios cobrando cheques y vale vista en cajas de bancos para luego entregar esos millones en efectivo a un junior o a una asesora del ex senador. Su equipo se las arreglaba para mantener activa la correa transmisora del financiamiento ilegal. En paralelo, se reclutaba a nuevos boleteros. Había que mantener la máquina aceitada.

La declaración de Coca de Castro permite tejer datos. Ahora puede entenderse que Longueira pidiera un préstamo de $100 millones a sus amigos de Copra para financiar campañas de la UDI en 2009, y que luego utilizara el dinero proveniente de SQM para devolver ese préstamo. Todo servía para engordar el “fondo común” que financiaba campañas. Millones que sirvieron para aportarle a las candidaturas de Pablo Zalaquett, Jorge Castro, Emilio Amstrong, Gustavo Alessandri Balmaceda, Paula Phillips y del propio Longueira.

CIPER revisó las cartolas de las cuentas corrientes que Longueira y su principal asistente, Carmen Luz (Titi) Valdivielso han utilizado en los bancos Santander y BCI, y cruzó esos datos con las declaraciones judiciales que han entregado testigos claves de su entorno. En esos relatos está el detalle: cómo el dinero obtenido gracias a la emisión de boletas falsas viajó incluso dentro de maletines con un destino, la sede de las fundaciones Chile Justo y Web.

AMIGOS FINANCISTAS

Durante años Pablo Longueira cimentó parte de su poder en la UDI gracias a sus estrechos lazos con el mundo empresarial, como los que creó con la dupla histórica al mando de SQM: Julio Ponce Lerou y Patricio Contesse. Solo ahora se revelan los detalles de las operaciones al margen de la ley que realizó para obtener de SQM aportes por al menos $1.000 millones.

Su sintonía política con empresarios vinculados al negocio de la educación lo benefició con otro aporte para financiar campañas: un préstamo de $100 millones que le hizo en 2009 Copra, la inmobiliaria de sus amigos históricos de la UDI, Marcelo Ruiz, Ignacio Fernández y Luis Cordero.

Los $100 millones, sin intereses, los devolvió en varias cuotas con pagos desde la cuenta corriente de la también representante legal de sus fundaciones: Titi Valdivielso. Fue el tesorero de Copra, Enrique Herrera Rodríguez, quien reveló la existencia de préstamos políticos a Longueira:

“En diciembre del año 2009 hubo seis operaciones desde Copra por un total de $100 millones (…) en ese entonces el gerente era Ignacio Fernández, quien era el representante y actuaba en forma personal con poder de firma. Él me mencionó en esa fecha que iba a girar esos cheques y que tenían por finalidad financiar campaña política de la UDI en el periodo 2009 (…) tanto Ignacio (Fernández) como Marcelo (Ruiz) y Lucho (Cordero) eran personas estrechamente ligadas a la UDI y amigos de Pablo Longueira, por lo que esta situación no me llamó la atención” (declaración del 11 de octubre de 2016).

Universidad San Sebastián, en cuya propiedad participan los dueños de Copra

Universidad San Sebastián, en cuya propiedad participan los dueños de Copra

Ese préstamo se hizo efectivo a través del pago de siete cheques. Seis de ellos están fechados el 11 de diciembre de 2009, a solo dos días de la elección presidencial y parlamentaria, la que por primera vez desde el retorno a la democracia le entregó a la derecha la mayoría en la Cámara de Diputados.

Todos los cheques emitidos por Copra fueron cobrados por cercanos a Longueira. El primero, por $15 millones, lo cobró Cristián Navarro Gordnich, un suboficial de Carabineros que estaba a cargo de la seguridad del entonces senador. Otros dos cheques por $15 millones cada uno fueron cobrados por Alejandro Miranda, quien era el director ejecutivo de la Fundación Web. En 2014 Miranda figura como socio de Connectiva, la empresa que creó junto a Gonzalo Cornejo (uno de sus aliados históricos en la UDI) para prestar asesorías parlamentarias a los diputados gremialistas.

Otros $30 millones (a través de dos cheques) fueron cobrados por Karin Grollmus, la periodista que acompañó a Longueira como asesora de prensa durante su paso por el Ministerio de Economía, y que antes participó en las campañas presidenciales de Joaquín Lavín en 1999 y 2005. El sexto cheque (por $10 millones) lo cobró el junior de las fundaciones, Bruno Vera. Estos seis cheques fueron pagados en efectivo en dos sucursales del Banco Estado: Tobalaba y Providencia.

El último cheque del préstamo de $100 millones de Copra fue por $15 millones y se emitió el 12 de enero de 2010. Fue cobrado por Titi Valdivielso en la sucursal Tobalaba del Banco Estado.

Tres meses después de otorgado ese préstamo, dos de los dueños de la inmobiliaria Copra y estrechos amigos de Longueira fallecieron en un accidente aéreo: Marcelo Ruíz e Ignacio Fernández. Ambos iban rumbo a Concepción en una avioneta modelo Piper a prestar ayuda tras el terremoto del 27 de febrero de ese año y a verificar los daños de la sede local de la Universidad San Sebastián, de la cual eran directivos y dueños.

Después de la muerte de Ignacio y de Marcelo en marzo de 2010, se puso en contacto conmigo la Titi (Valdivielso), quien me llamó directamente para decirme que existía esta deuda con Copra, me reafirmó lo que yo ya sabía, me solicitó la cuenta corriente de Copra y me comentó que era con el objeto que se fueran devolviendo las platas que le había prestado Ignacio Fernández, a lo cual accedí” (declaración de Enrique Herrera del 11 de octubre de 2016).

Luis Cordero Barrera, uno de los dueños de Copra

Luis Cordero Barrera, uno de los dueños de Copra

La devolución del préstamo político se efectuó a través de tres depósitos en efectivo, once transferencias electrónicas desde la cuenta corriente de Valdivielso en el Banco BCI y un cheque emitido por Carmen “Coca” de Castro. Todas estas operaciones se materializaron entre junio de 2010 y mayo de 2011. CIPER reconstruyó esa ruta y comprobó que las platas de las boletas de SQM calzan con los pagos a la inmobiliaria.

El pago de la primera cuota fue posible gracias a la boleta falsa que emitió el ahijado de Longueira, Rubén Carvacho, a SQM el 27 de septiembre de 2010. Casi un mes después SQM le pagó $5 millones. El 25 de octubre Carvacho depositó la misma cantidad en la cuenta corriente de Titi Valdivielso en el Banco BCI. Lo hizo en la sucursal Coraceros de Viña del Mar. Dos días después, el 27 de octubre, Valdivielso utilizó ese dinero para transferir esos mismos $5 millones a Copra.

Un mes después, la cónyuge de Carvacho, Carolina Chamorro, también emitió una boleta falsa a SQM por $5 millones. El 23 de noviembre los mismos $5 millones fueron depositados en la cuenta corriente de Valdivielso, en la sucursal de Reñaca del Banco BCI. Un día después ese dinero figura en la transferencia que le sirvió a la asesora de Longueira para pagar la segunda cuota a Copra, a cuya cuenta transfirió $3 millones.

El análisis de la cuenta corriente de Valdivielso no deja lugar a dudas. Hasta antes que Carolina Chamorro le transfiriera los $5 millones -de la boleta falsa a SQM- su saldo era de $2,4 millones. Ese monto no le alcanzaba para pagarle a Copra. Solo después que tuvo en su cuenta el dinero originado en SQM, pudo concretar el pago de la segunda cuota del préstamo.

En febrero de 2011 la mano derecha de Pablo Longueira  hizo otras tres transferencias a Copra. Esos tres nuevos pagos de la deuda coinciden con depósitos en efectivo que recibió en su cuenta corriente, los que tienen su correlato en tres boletas falsas pagadas por SQM.

Entre el 19 y el 20 de enero de 2011 SQM recibió tres boletas falsas, como lo reconocieron sus titulares en la Fiscalía: una de Nicolás Guíñez por $5 millones, otra de Antonia Alessandri por $3 millones y una de Ana Carolina Palacios por $7 millones. Una vez que los tres boleteros recibieron el pago, le depositaron el monto exacto pagado por SQM a la cuenta de Carmen Luz Valdivielso el 11, el 14 y el 18 de febrero respectivamente. El monto de esos depósitos le permitió a Valdivielso poder abonarle a Copra tres nuevas cuotas por $10 millones en total entre el 22 y el 23 de febrero de 2011.

Carmen Luz "Titi" Valdivielso

Carmen Luz “Titi” Valdivielso

Guíñez, Alessandri y Palacios son parte de la red de boleteros que operaba en torno a las fundaciones de Longueira y donde Carmen Luz Valdivielso ocupaba un rol central. Tanto Antonia Alessandri como Ana Carolina Palacios (su cuñada) declararon que fue ella quien les solicitó emitir esas boletas.

Esa misma operación se repitió un mes después, cuando la cuenta corriente de Valdivielso recibió otros tres depósitos que coinciden con pagos de SQM a boleteros reclutados por ella: $3 millones a Patricio Martínez, $7 millones a Ana Carolina Palacios y $5 millones a Gustavo Alessandri Bascuñán. Dinero recibido, dinero transferido. El 8, el 13 y el 28 de abril Valdivielso realizó giros a Copra por un total de $11 millones.

La relación de Pablo Longueira con los dueños de Copra ha sido tan estrecha que hay otros negocios en que aparecen vinculados. A través de la Inmobiliaria del Inca, Copra participa en la Compañía Minera Maagal, donde Pablo Longueira también ha sido accionista a través de una de sus sociedades familiares.

MILLONES EN EFECTIVO

En 2011 Pablo Longueira volvió a recurrir a Copra para obtener financiamiento. A través de Luis Cordero pidió otros $25 millones. Ese préstamo se concretó con el pago de un cheque a nombre del ex senador el 15 de febrero de 2011.

Don Luis Cordero me llamó para informarme que don Pablo Longueira me llamaría para pedirme $25 millones señalándome que se le iba a otorgar este préstamo a través de un mutuo. Ese mutuo se realizó ante notario y se pagaron los impuestos respectivos” (declaración de Enrique Herrera del 11 de octubre de 2016).

El gerente general de Copra agregó que ese préstamo está prácticamente saldado. En efecto, el 27 de septiembre de 2013 el hijo mayor de Longueira, Juan Pablo, apareció en las oficinas de Copra con $23.192.385 en efectivo. Se desconoce su procedencia. Ese mismo día, el dinero fue depositado en una cuenta corriente de Copra. El saldo del préstamo era de $1,8 millón.

Su cercanía con los financistas de la UDI quedó patentada una vez más en esos días de alta tensión cuando los controladores del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, decidieron aportarle $100 millones.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, controladores de Penta

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano

“Para la campaña de primarias de Pablo Longueira, Lavín (Carlos Eugenio) y Délano (Carlos Alberto) lo financiaron con cerca de $100 millones (…). Me pidieron que se lo entregara a Longueira en efectivo. Esta suma yo la transferí a mi cuenta Settelman del Banco Penta por dos montos de $50 millones y solicité que se me entregara el dinero en efectivo en mi propia oficina… Me la entregaron en un sobre-bolso café. Yo fui con el bolso a la oficina de Lavín y se lo mostré (…). Luego, mi secretaria Mylene llamó al contacto y yo se los entregué, pero no recuerdo quién era. Esto lo hice en mi oficina” (declaración de Hugo Bravo, ex gerente general de Empresas Penta, del 2 de octubre de 2014).

Los $100 millones entregados a Longueira por Hugo Bravo  fueron confirmados ante la Fiscalía por los dos controladores de Penta, Lavín y Délano.

En julio de 2013, tras haber ganado la primera elección primaria de su sector, Pablo Longueira se deprimió y  abandonó la carrera presidencial. Su preocupación central era pagar deudas de campaña y solventar su vida mientras su organismo se recuperaba.

En una investigación anterior CIPER detalló las maratones de recaudación de dineros que entonces protagonizaron tres de sus colaboradores: Carmen Luz (Titi) Valdivielso, Bruno Vera y Vicente Correa Bulnes (ver reportaje “Los secretos de la millonaria campaña de Pablo Longueira en las primarias de 2013).

Durante esos mismos meses, Longueira recibió otro aporte, que lo alivió. Desde junio de 2013 la Fundación Jaime Guzmán le pagó un cheque por $6,3 millones mensual. El primer pago se concretó el 3 de junio de ese año, cuando Longueira aún seguía en carrera. Ese aporte se mantuvo, al menos, hasta diciembre de 2013, según consta en la cuenta corriente que el gremialista tiene en el Banco Santander.

El vínculo de Longueira y la Fundación Jaime Guzmán es estrecho. Al punto que en los estatutos de su Fundación Chile Justo se establece que en caso de disolverse, será la Fundación Jaime Guzmán la que heredará sus bienes.

En total, entre junio y diciembre de 2013 la Fundación Jaime Guzmán le pagó a Pablo Longueira $44 millones.

EL “FONDO COMÚN” DE LONGUEIRA

La declaración judicial de Carmen Coca De Castro aportó un dato clave para entender parte del destino final de la ruta del dinero que se captaba desde el comando de operaciones de Longueira.  Su rol en esta trama ha sido importante. Partió trabajando con Pablo Zalaquett cuando este era alcalde de La Florida, y se vinculó estrechamente a Longueira desde 2005 cuando participó en su campaña senatorial. Al año siguiente se convertiría en una pieza esencial de las dos fundaciones que el senador creó como su nueva plataforma política.  Fue la primera persona del círculo de hierro de Longueira que se decidió a hablar ante los fiscales.

Cuando el 6 de abril pasado los persecutores le preguntaron por el destino de los $5 millones que la boletera Solange Hermosilla le depositó en su cuenta corriente en 2009 (dinero proveniente de SQM), De Castro reveló la existencia del “fondo común” para financiar campañas.

Al igual que Valdivielso,  Carmen (Coca) De Castro se preocupó de reclutar boleteros. Alfonso Mora Domínguez (sobrino de Longueira y entonces estudiante de Derecho de la Universidad Católica) declaró que fue ella quien en 2012 le solicitó conseguir un ingeniero comercial y un abogado para que emitieran boletas falsas a SQM. Ese año, De Castro era la jefa de la campaña electoral de Pablo Zalaquett, quien buscaba seguir al mando de la alcaldía de Santiago.

De Castro asumió entonces que los dineros conseguidos a través de boletas falsas se usaron para financiar campañas. Y Mora Domínguez agregó: “Creo que el dinero era para pagar gastos de deudas o proveedores de la campaña de Pablo Zalaquett”. La misma De Castro, quien también ha sido directora de las dos fundaciones creadas por Longueira,  aparece pagando el arriendo de la sede de ellas en Providencia entre enero de 2013 y febrero de 2016. En total, de su cuenta corriente personal salieron $123 millones con ese fin. Además, en enero de 2011 emitió un cheque por $10 millones para pagar parte del préstamo de Copra a Longueira. Hasta ahora se desconoce el origen de los millones utilizados por ella para realizar esos pagos.

El “fondo común” -que según De Castro servía para financiar campañas de la UDI- también alcanzó  para otros candidatos  a las municipales  del 28 de octubre de 2012. CIPER revisó en detalle una segunda cuenta corriente de Titi Valdivielso, en el Banco Santander, y halló traspasos de dinero a postulantes de la UDI.

Dos días antes de esos comicios, el 26 de octubre, Valdivielso le transfirió $3 millones a Emilio Amstrong, el arquitecto que compitió por la alcaldía de Concepción en representación del gremialismo y que hoy es consejero regional del Bío Bío. Cinco días después la misma cifra fue transferida por Valdivielso a Jorge Castro, el entonces candidato UDI a la reelección de la alcaldía de Valparaíso, y que hoy es candidato a diputado de Chile Vamos en cupo gremialista por el distrito de la ciudad puerto.

Jorge Castro, ex alcalde de Valparaíso

Jorge Castro, ex alcalde de Valparaíso

Una tercera beneficiada fue Paula Phillips, quien también recibió $3 millones el 20 de septiembre de 2012, cuando ella era candidata de la UDI a concejal por Lo Barnechea. Obtuvo la reelección y hoy es también directora de la Corporación La Esperanza, la ONG dedicada a la rehabilitación de adictos a las drogas que creó el senador Jaime Orpis, desaforado por cohecho, fraude al fisco e ilícitos tributarios en la investigación judicial por el financiamiento ilegal de Corpesca.

Los $9 millones que Carmen Luz Valdivielso les giró a Emilio Amstrong, Jorge Castro y Paula Phillips también podrían venir de SQM. La ruta fue la siguiente: entre el 14 y el 21 de septiembre de 2012, Titi Valdivielso recibió $21 millones en su cuenta corriente del Banco BCI. Quienes le depositaron ese dinero fueron Antonia Alessandri, Patricio Contreras, Ana Carolina Palacios y Alfonso Mora Domínguez, todos ellos por dineros pagados a través de boletas falsas. Ese monto salió rápidamente de la cuenta corriente de Valdivielso en el BCI. Ella misma los transfirió a otra de sus cuentas en el Banco Santander.

El 20 de septiembre de 2012 Valdivielso giró desde su cuenta del BCI $3 millones a su cuenta del Santander, los mismos que terminarían depositados en la cuenta corriente de Paula Phillips, y el 21 de septiembre firmó un cheque por otros $18 millones a un destinatario no identificado.
Un mes después nuevos pagos de SQM a boleteros terminaron en su cuenta corriente en el BCI. El 16 de octubre de 2012 Ana Carolina Palacios le depositó a Valdivielso  otros $5 millones que había recibido de la minera. Un día después Valdivielso le giró al junior de las fundaciones, Bruno Vera, un cheque por $5 millones. Se desconoce en qué se utilizó ese monto cuando se transformó en dinero en efectivo.

Entre el 25 y el 29 de octubre la cuenta de Valdivielso recibió otros $9 millones a través de transferencias electrónicas de remitentes desconocidos. Ese dinero le permitió girar $3 millones a Emilio Amstrong y la misma suma a Jorge Castro.

El 19 de noviembre de 2012 la operación volvió a repetirse casi calcada. Ese día varios boleteros (Antonia Alessandri, Carlos Feres Ducci, Diego Coopman y un cuarto no identificado) le depositaron a Valdivielso en total $20 millones. Un día después, una vez más Bruno Vera cobró el cheque por los mismos $20 millones. “El cheque que se me exhibe lo cobré por instrucciones de la señora Titi. Lo cobré en el Banco BCI y el dinero se lo entregué a ella el mismo día” (declaración de octubre de 2016).

Gustavo Alessandri Balmaceda

Gustavo Alessandri Balmaceda

Gustavo Alessandri Balmaceda, ex diputado RN en los inicios de la transición,fue otro de los candidatos beneficiado por los aportes ilegales a la política que se articulaban desde las dos fundaciones de Longueira:

En el año 1992 nos conocimos (con Longueira), me pareció un hombre correcto y franco, discutimos, nos abrazamos, le dije que no peleáramos más, que yo quería ser su amigo, y desde ahí nunca más nos separamos” (declaración del 18 de mayo de 2017).

El nuevo amigo de Longueira, quien fue candidato a diputado como independiente por La Florida en 2009 y fue derrotado, ha sido director de las fundaciones de Pablo Longueira. Fue citado a declarar en mayo pasado por los $10 millones que recibió de SQM a través de dos boletas falsas de marzo de 2010 y junio de 2011. “Es un aporte que me hicieron desde SQM para pagar parte de las grandes deudas que contraje para financiar las campañas. La Titi (Valdivielso) me dijo que SQM efectuaba aportes a la política, que estaba apoyando a los candidatos”, fue su explicación.

Alessandri Balmaceda es hermano por parte de padre del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri Vergara, y su hijo es el actual alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri Bascuñán, quien emitió cinco boletas falsas a SQM por $23 millones en total y una al Banco BCI por $5 millones. Cuando en julio de 2016 el actual alcalde de Zapallar declaró ante los fiscales, afirmó: “Ella (Carmen Luz Valdivielso) me dijo que era para financiar algún candidato o actividad política”.  Y confirmó los dichos de otros boleteros sobre la ruta que seguía el dinero: “Cuando lo cobraba en efectivo, el dinero se lo entregaba directamente a Carmen Luz (Titi) en las oficinas de Nueva Los Leones 281, en un sobre”.

La familia Alessandri planea expandir su presencia en la política: Gustavo Alessandri Balmaceda es candidato a diputado por el gremialismo en el Distrito 6 (V Región interior, que incluye la comuna de Zapallar).

MILLONES EN MALETINES

El dinero que el círculo duro de Longueira recolectaba a través de boletas falsas a empresas, recorría siempre un camino similar. El testimonio judicial de uno de los boleteros, Nicolás Guíñez, lo grafica:

El junior (Bruno Vera) me pedía que lo acompañara hasta las dependencias de la fundación (…) él llevaba el maletín con el dinero, como siempre, ya que cada vez que nos juntábamos a retirar el valor del cheque o vale vista, él llevaba y me entregaba el documento a cobrar o lo tenía el banco y me daban la colilla, y el junior siempre estaba a mi lado, el dinero nunca pasaba por mis manos, él siempre tomaba el dinero de la ventanilla y lo guardaba en un maletín”.

Así, el junior de las fundaciones se paseaba por distintos bancos de Santiago recolectando el dinero de los boleteros. Uno de ellos, Ricardo Jorquera, entonces estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, lo relata así:

Recuerdo que tuve que dar mis datos para que giraran los dos cheques, a los días me llamaron para decirme que estaban listos los cheques y que me juntara en el Paseo Ahumada afuera de un banco que no recuerdo. Me iba a estar esperando una persona gorda y baja. Me pareció que era un junior, yo llegué y no sé cómo nos juntamos porque era una persona que yo no conocía. Él traía los cheques y me dijo que los cobrara y que después tenía que pasarle la plata a él en efectivo. Eran en total $11,4 millones (pagados por SQM). Yo hice la fila y él me esperó atrás, y cuando cobré los cheques, me dirigí a él y le entregué todo el dinero. Luego nos separamos”.

maletinEn otras ocasiones la propia Carmen Luz Valdivielso acompañaba a los boleteros a cobrar el dinero a los bancos. Así lo recordó el estudiante de Derecho de la Finis Terrae, Sebastián Prat: “Una vez le entregué el dinero fuera del Banco BCI, cuando me acompañó un estafeta de la Titi y ella me esperó fuera del banco. Al salir del banco le entregué el dinero en efectivo a ella” (declaración de agosto de 2015).
Bruno Vera reconoció ante laFiscalía su rol en la recolección del dinero: “Recuerdo haber acompañado a personas a hacer esos trámites pero no recuerdo los nombres de esas personas. Recuerdo haber acompañado a la señora Titi y a Juan Pablo Longueira, pero no sé cuánto dinero cobraban ellos pues yo no pasaba a la cajatodo lo que yo hago lo hago por indicación de doña Titi. Yo para salir de la oficina debo pedirle permiso a ella” (declaración de abril de 2016).

Carmen Luz Valdivielso no perdía el tiempo. Cualquier ocasión especial le servía para sumar boleteros. Rubén Carvacho (ahijado de Longueira) recuerda que en septiembre de 2010 fue a ver a su padrino a las oficinas de Nueva Los Leones para contarle que había aprobado su examen de grado e invitarlo a su juramento ante la Corte Suprema. Esto fue lo que ocurrió cuando él pasó a despedirse de Valdivielso:

Me preguntó si tenía boletas de honorarios y me preguntó si podía hacer una boleta. Yo le respondí que sí y no le pregunté para que la quería. Yo no cuestioné que me pidiera la boleta, porque como era la asistente de mi padrino, me pareció bien”. Ese mismo día Titi Valdivielso le pidió al ahijado de Longueira que su señora también emitiera una boleta falsa.

La investigación judicial en curso ha logrado determinar que el protagonista principal en el origen de los dineros entregados ilegalmente por SQM al entorno de Longueira era el propio ex senador. El testimonio más claro de la cadena de mando que operaba lo entregó Katherine Bischof, la histórica secretaria del entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse:

Puedo señalar que don Patricio Contesse no conocía a Titi Valdivielso, al menos nunca se reunió con ella mientras yo fui su secretaria, ya que Titi siempre hablaba conmigo. A su consulta, nunca la Titi me solicitó por cuenta propia que yo generara o creara pagos para proveedores. En otras palabras, toda creación de proveedor que yo disponía se hiciera era por instrucción de don Patricio Contesse, quien me indicaba que me iban a contactar o que me iban a llegar documentos para procesar a pago. Y con dicha instrucción, y una vez recibido el certificado o el documento contable, yo gestionaba el proceso de pago. Puedo señalar a su pregunta que cada cierto tiempo don Pablo Longueira se reunía con Patricio Contesse” (declaración de abril de 2017).

La amistad entre Longueira y Contesse está latamente documentada. De hecho, su intercambio de correos electrónicos fue el que destapó la intervención de SQM en un artículo de la Ley de Royalty del gobierno de Sebastián Piñera, lo que terminó con Pablo Longueira formalizado por cohecho (ver reportaje “La ruta del artículo que le permitió a SQM el beneficio de la invariabilidad tributaria).

La estrecha amistad entre Patricio Contesse y Pablo Longueira también favoreció a uno de los más estrechos aliados en la política y los negocios del ex líder de la UDI: Cristián Leay. El ex miembro del directorio de TVN tenía incluso sus oficinas comerciales en la misma sede de las fundaciones de Longueira. El dato interesante es que nadie sabe a cambio de qué SQM le pagaba UF500 semestrales ($13,3 millones) al Centro de Estudios Nueva Minería, sociedad comercial formada por Leay en 2006, el mismo año que Longueira creó sus fundaciones.

A pesar del elevado monto involucrado en las boletas falsas a través de las cuales SQM le entregó a Pablo Longueira cientos de millones para financiar campañas y su poder en la UDI, el SII aún no decide iniciar una acción legal en contra del ex senador.

COPRA: LUCRO EN UNIVERSIDADES Y CAMPAÑAS DE LA UDI

Copra es una sociedad que Pablo Longueira conoce bien. Estuvo en su constitución en 1987 junto a Andrés Chadwick, Luis Cordero, Andrés Serrano e Ignacio Fernández. En 1990 Longueira y Chadwick se desligaron de ella, aunque mantuvieron estrechos vínculos políticos y de amistad con el resto de los socios. El grupo siguió invirtiendo en el negocio de la educación y en 1991 crearon la Inmobiliaria Andrés Bello (cuando ingresaron a la propiedad de la universidad del mismo nombre, UNAB), a la que se sumó Marcelo Ruíz.

En 2003 el grupo le vendió su participación en la Andrés Bello a Laureate en US$70 millones. Cuatro años después compraron el control de la Universidad San Sebastián. El motor de ese nuevo negocio ha sido Alejandro Pérez, el ex alto ejecutivo del Grupo Angelini quien debió decirle adiós a su brillante posición luego de la muerte masiva de cisnes de cuello negro en el río cruces de Valdivia provocada por la contaminación de Celco, la empresa que él dirigía.

CIPER explicó en cuatro extensos reportajes el mecanismo utilizado para lucrar por los dueños de esa universidad cuya junta directiva es presidida por Luis Cordero (ver capítulo I, II, III y IV). La Inmobiliaria Andrés Bello cambió de nombre en 2015 (ahora se llama Inmobiliaria del Inca), y Copra sigue apareciendo entre sus socios controladores.

Caja negra bajo sospecha: las millonarias donaciones de mineras a municipios

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Vea también: Municipios mineros I: Los millones de los Pelambres que se esfumaron en Salamanca

Letra muerta. En eso se han convertido los sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República que desde al menos 2005 prohíben a las municipalidades aceptar donaciones de privados que comprometan su imparcialidad a la hora de resolver asuntos en los que esté involucrado el benefactor.

En marzo de 2010, el ente contralor dictaminó que las municipalidades debían abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias” (ver dictamen).

Si para usted resulta obvio que vulnerar esa normativa genera un conflicto de interés, la evidencia indica que para varios alcaldes no es así.

MAPA.FINALCIPER solicitó vía Ley de Transparencia a 41 municipios del norte, centro y sur del país un listado con todas las donaciones recibidas entre 2010 y 2016 de compañías mineras que operan en sus jurisdicciones territoriales. De esas 41 municipalidades, 22 reportaron donaciones, 15 señalaron no haber recibido aportes y cuatro –Freirina, Salamanca, Arica y La Higuera (donde se ubica el polémico proyecto minero Dominga, de Andes Iron)– desatendieron su obligación legal y no respondieron a la solicitud cumplido el plazo (vea el listado aquí).

CIPER cruzó la información de esos aportes con los oficios que los propios municipios han remitido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pronunciándose sobre proyectos mineros en trámite en el mismo periodo de tiempo (2010-2016). En ese proceso, las municipalidades juegan un rol clave en determinar si los proyectos se ajustan a los planes de desarrollo comunal y si, entre otras cosas, presentan riesgos para la salud de la población o los recursos naturales, como el agua o el aire.

Producto de los cuestionamientos que arrastra el sistema de evaluación ambiental –y que escalaron recientemente tras el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga–, el gobierno se encuentra ad portas de introducirle modificaciones en base a una veintena de propuestas presentadas por los especialistas que conformaron la comisión asesora creada en 2015 para esos fines.

La indagación de CIPER detectó una zona gris que el Ejecutivo deberá mirar con lupa cuando implemente los cambios: una larga lista de municipios no se ha abstenido de recibir cuantiosas donaciones de compañías mineras con proyectos en pleno trámite ambiental ante el SEA.Varios de los pronunciamientos de las municipalidades –en su mayoría expresando “conformidad” sobre costosas iniciativas de instalación, mejora o ampliación de faenas– fueron presentados a la autoridad ambiental a solo días o meses de que esas mismas administraciones comunales aceptaran los dineros.

La lista de municipalidades que más concentran donaciones de mineras la encabeza Tierra Amarilla (Región de Atacama) con $15.767 millones; le sigue Calama (Región de Antofagasta) con $8.104 millonesSalamanca (Región de Coquimbo) con $7.200 millones; Lo Barnechea (Región Metropolitana) con $2.960 millones; Sierra Gorda (Región de Antofagasta) con $2.669 millones; Illapel (Región de Coquimbo) con $2.253 millones; Chañaral (Región de Atacama) con $1.363 millones y Andacollo (Región de Coquimbo) con $1.010 millones (ver todas las donaciones reportadas).

El monto total de los dineros traspasados por mineras a municipios que CIPER pudo rastrear a nivel nacional supera los $44 mil millones. Con esos mismos fondos los jefes comunales dicen financiar becas de estudio u obras de infraestructura, cortan cintas en actos públicos, pagan remuneraciones y deudas municipales, organizan carnavales y ofrecen celebraciones de aniversario, Año Nuevo o Navidad para los vecinos. Los fines son diversos y, en ocasiones, el interés del donante es explícito. En Machalí, por ejemplo, Codelco le traspasó al municipio de esa comuna $70 millones en 2014 para que se tramitara el cambio de uso de suelo donde opera la División El Teniente, propiedad de la estatal.

Los alcaldes, a su vez, pueden jugar un rol clave como mediadores entre las mineras y las comunidades, utilizando su capital político para desactivar conflictos sociales derivados de las crisis ambientales que las propias compañías benefactoras generan en los lugares donde operan.

Gerardo Rojas, ex alcalde de Salamanca.

Gerardo Rojas, ex alcalde de Salamanca.

Tal es la magnitud de la danza de millones, que municipios con presupuestos exiguos o deudas de arrastre terminan dependiendo de esos dineros para funcionar. Así sucedió en la Municipalidad de Salamanca, donde bajo la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas (PPD) se utilizaron buena parte de los millonarios recursos que le entregaba Minera Los Pelambres para pagar remuneraciones y cuentas básicas.

Pese a que ese municipio no entregó en el plazo legal la información solicitada por Ley de Transparencia sobre donaciones, CIPER pudo reconstruir los montos de los aportes y detectar que existen más de $2 mil millones de la minera del Grupo Luksic con los que se solventaron gastos municipales (ver reportaje de CIPER).

La revisión de la información da cuenta que los aportes de las mineras se dan bajo tres modalidades: donación con un fin específico; convenios marco para la ejecución de una línea de proyectos y fondos de libre disposición, una suerte de “cheque en blanco” para ser gastado en lo que el alcalde estime conveniente.

Sea cual sea la modalidad, en varios de esos acuerdos se estipula que las mineras buscarán obtener beneficios tributarios con las donaciones que realizan. Así ocurre con un convenio firmado por la Municipalidad de Tierra Amarilla y una minera, donde se establece que se buscará que los aportes “puedan rebajarse legítimamente como gastos tributarios y/o puedan imputarse como crédito en contra del impuesto de primera categoría”.

Tierra Amarilla ha sido precisamente una de las municipalidades beneficiadas con el formato de donación de libre disposición. En noviembre de 2015, Minera Candelaria (de Lundin Mining y Sumitomo) le transfirió más de $2 mil millones para ser utilizados bajo ese concepto. Para dimensionar hasta qué punto ese volumen de dineros impactó en las finanzas municipales, basta citar un dato: el presupuesto de salud aprobado por esa administración comunal para ese mismo año fue de $1.478 millones, $500 millones menos de lo que transfirió a la cuenta corriente municipal la minera controlada por capitales canadienses. Según informaron a CIPER desde la municipalidad, las autoridades de Tierra Amarilla utilizaron parte de los fondos de libre disposición de Candelaria para pagar deudas en dos áreas estratégicas de gestión: educación ($505 millones) y salud ($200 millones).

TRONADURAS EN ANDACOLLO

El 6 de agosto de 2013, una nube de polvo envolvió a varias localidades de la comuna de Andacollo (Región de Coquimbo). Pasadas las 10 de la mañana, el aire adquirió un tono amarillento y se hizo irrespirable. Ese día, la minera Teck Carmen de Andacollo realizó una tronadura en su faena. El viento esparció por varios kilómetros el polvillo tóxico que produjo la detonación. No era el primer episodio de ese tipo protagonizado por la cuprífera canadiense.

COQUIMBO.FINALEntre 2010 y 2016 la Municipalidad de Andacollo –que desde 2008 es liderada por Juan Carlos Alfaro (PS)- ha recibido $1.010 millones en donaciones mineras (parte de esos dineros no pasaron por las arcas municipales y fueron directamente a organizaciones comunales). Más del 95% de ese monto fue desembolsado por Teck y el saldo restante por Dayton, compañía de capitales australianos que extrae oro desde una mina a rajo abierto.

En 2009, un Decreto Supremo declaró a Andacollo zona saturada por Material Particulado Respirable. Pese a ello, las tronaduras no autorizadas de ambas mineras siguieron causando estragos. Por esos hechos, en diciembre de 2014 y junio de 2015, Dayton y Teck respectivamente, fueron sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Respecto de Teck, la SMA identificó cerca de 70 tronaduras ejecutadas en circunstancias desfavorables, “con condiciones de viento que evidencian un compromiso de afectación con polvo a sectores de la comunidad aledaña a la faena minera” (ver documento).

El informe sancionatorio de la SMA indica que las detonaciones se llevaron a cabo entre enero de 2013 y diciembre de 2014. En el transcurso de esos mismos 24 meses, la minera canadiense hizo donaciones al municipio por más de $117 millones, monto que esa municipalidad dice haber invertido en infraestructura e insumos educativos para liceos y escuelas de la comuna. Los fondos de Teck también han permitido financiar una de las actividades más emblemáticas de Andacollo: el festival “La Voz de la Montaña”, organizado cada año por el área cultural del municipio y que en su última versión contó con la participación de Luis Dimas, Manuel García y el trío Natalino. Todos fueron pagados con los $30 millones que la minera aportó para esos fines.

En octubre de 2014, la Contraloría cuestionó en duros términos el manejo que hizo el municipio de los dineros que le transfirió la minera Teck. “No fue posible obtener los convenios de colaboración u otros antecedentes que dieran cuenta de la naturaleza de los acuerdos entre la municipalidad y la empresa minera (…) razones por las que se desconocen, entre otros, los procedimientos establecidos para la selección de los proyectos, contratación, ejecución y pagos, además de no contar con la documentación fuente que permita efectuar el análisis de su pertinencia y legalidad” (ver documento).

Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo.

Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo.

La Municipalidad de Andacollo solo registra un pronunciamiento sobre estudios o declaraciones de impacto ambiental ingresados por Teck al SEA entre 2010 y 2016. Tras introducir algunas observaciones iniciales al proyecto de la minera para recuperar suelos contaminados, el 17 de julio de 2012 la administración edilicia se pronunció conforme. El municipio recibió dos donaciones de la minera en fechas cercanas: una el 14 de julio y la otra el 30 del mismo mes, por un total de $12 millones.

El capítulo más delicado de la relación entre la minera y la Municipalidad de Andacollo se da en otra instancia. En 2010 el SEA dio luz verde al proyecto de Teck que le permitió modificar y optimizar sus procesos productivos. En la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que lo autorizó, quedó establecido que el municipio debía ejercer un rol fiscalizador respecto de la minera: “(Teck) realizará reuniones trimestrales con la comunidad (Municipalidad y Unión Comunal de Juntas de Vecinos) donde se presentarán los resultados del monitoreo y el avance en la implementación de los compromisos ambientales del proyecto”.

ZONA ROJA: ATACAMA

En septiembre de 2016 se inauguró en Caldera la “Feria Entre Rieles”, un proyecto en el que se construyeron 28 módulos para que mujeres emprendedoras de la comuna comercializaran sus productos. “Estos son los compromisos que como alcaldesa entrego a mi comunidad, porque siempre estamos y estaremos al servicio de nuestra comunidad”, dijo en el acto de corte de cinta la entonces alcaldesa Patricia González (independiente, pacto Alianza).

La obra tuvo un costo de $152 millones, los que fueron aportados íntegramente por Minera Candelaria.Los dineros habían sido traspasados por la empresa al municipio en diciembre de 2015. Cinco meses antes, la administración edilicia se había pronunciado sobre un proyecto ingresado por Candelaria al Servicio de Evaluación Ambiental para extender su operación hasta 2030, con una inversión de US$400 millones. “Se revisó el informe consolidado de evaluación del proyecto (…) Este órgano de la administración del Estado no tiene observaciones que realizar”, se lee en el oficio municipal enviado al SEA.

AATACAMA.FINALdemás de ese aporte, Candelaria registra otras siete donaciones a ese municipio por un total de $150 millones. No es la única minera que le ha transferido dineros. También lo han hecho la Compañía Minera del Pacífico (de CAP y MC Inversiones), Minera Casale (de Barrick Gold y Kinross Gold), Águila del Sur (vinculada a Gonzalo Vial Concha), Lumina Copper (de Pan Pacific Copper y Mitsui & Co) y Minera Santa Fe, ligada al empresario Leonardo Farkas. En total el municipio ha recibido más de $624 millones de empresas mineras entre 2010 y 2016.

En julio de 2011, ese municipio debió revisar un proyecto ingresado al SEA por la Compañía Minera del Pacífico para aumentar la capacidad de acopio y embarque de hierro y cobre en el Puerto Punta Totoralillo. La administración de la alcaldesa Brunilda González (PPD, estuvo en ese cargo entre 2002 y 2012 y fue nuevamente electa en 2016), se pronunció conforme. Tres meses antes, en abril de 2011, Caldera había recibido $50 millones de la minera para financiar su gestión en salud y educación. La donación se materializó luego de que en enero de ese año el municipio manifestara no tener observaciones sobre otro proyecto de la minera ingresado al SEA (“Uso temporal cancha acopio en Puerto Punta Totoralillo”).

La Municipalidad de Copiapó ha recibido más de $320 millones en donaciones de compañías mineras con intereses en esa comuna: Candelaria, Carola y Ojos del Salado (las tres de Lundin Mining y Sumitomo), Hierro Atacama (CAP), Barrick (Barrick Gold), Atacama Kozan (Nittetsu Mining), Punta del Cobre (Pacífico Quinta Región) y Kinross (Kinross Gold Corp.).

Una tajada importante de esa torta de recursos ha ido a financiar el “Gran Rodeo de la Minería”, evento que anualmente reúne a 300 colleras de distintas partes del país y que en 2014 fue catalogado como “Evento de Interés Turístico” por el Sernatur.

El 28 de febrero de 2012, la Municipalidad de Copiapó envió un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental manifestando su conformidad con el proyecto “Prospecciones geológicas Mantos de Oro”, de la minera Kinross. La aprobación quedó condicionada, eso sí, a que la minera diera “cumplimiento a los compromisos establecidos” y a que generara “una instancia de participación e información a la ciudadanía respecto de los avances del proyecto y las medidas de mitigación”.

La información recabada por CIPER, indica que Kinross le donó $10 millones al municipio solo dos meses antes de ese pronunciamiento, los que fueron destinados al financiamiento de “actividades recreativas y culturales de Navidad y Año Nuevo”. La misma minera registra aportes al municipio en agosto de 2011 y agosto de 2012.

En marzo de 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló siete cargos contra la minera Mantos de Oro de Kinross, dos de ellos catalogados como graves y relacionados a contaminación de pozos de extracción de agua.

Patricia González, ex alcaldesa de Caldera.

Patricia González, ex alcaldesa de Caldera (Fuente: elregional.cl).

Los municipios de Chañaral y Mejillones también se han beneficiado con donaciones mineras. El último registra más de $320 millones provenientes de las mineras Michilla y Esperanza (operadas al momento de los aportes por Antofagasta Minerals), y Minera Escondida (BHP Billiton).

Chañaral, en tanto, ha recibido más de $1.363 millones en donaciones y ha firmado una serie de convenios con mineras en los que no se detallan montos. En junio de 2017, por ejemplo, la Municipalidad de Chañaral firmó un convenio con la minera Manto Verde (Mantos Copper) en el que la cuprífera se comprometió a “aportar fondos que permitan financiar proyectos en beneficio de zonas cercanas a la operación”. Cuatro meses antes, la compañía había ingresado al SEA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Proyecto Desarrollo Mantoverde”, con una inversión de más de US$830 millones.

En marzo pasado, el municipio se pronunció conforme con  ese proyecto –que incluye la construcción de un tranque de relaves–, aunque pidió algunas aclaraciones. A fines de ese mismo mes, ratificó su aceptación, solicitando que la minera “realizara una invitación formal al evaluador del proyecto a una instancia de participación ciudadana a realizarse en el balneario de Flamenco”.

En reiteradas oportunidades los vecinos de Flamenco –localidad ubicada a unos 30 kilómetros de donde se planea construir el tranque de relaves–, se han manifestado en contra de la iniciativa de la minera. El proyecto aún está en trámite de evaluación ambiental en el SEA.

De todos los municipios de los que CIPER recibió respuesta a su solicitud de información, Tierra Amarilla (Región de Atacama) es el que concentra a nivel nacional el pozo mayor en donaciones mineras: $15.767 millones. Casi la totalidad de esos fondos tiene el mismo origen: Minera Candelaria (también han hecho aportes Minera Carola, Lumina Copper y Punta del Cobre).

portada 1En septiembre de 2013, Candelaria ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto de US$460 millones para extender la vida útil de sus operaciones hasta 2030 (inicialmente su cierre era 2018). Desde el primer momento, la administración del alcalde Osvaldo Delgado (PRO) se manifestó en contra del proyecto. Tenía razones de sobra: suelos contaminados con cromo, cobre y mercurio; la abrupta disminución del caudal del río Copiapó y la gigantesca montaña de estériles de la mina, ubicada a unos 30 metros del cementerio municipal, ya eran parte habitual del paisaje comunal (ver reportaje de CIPER).

Cinco veces el municipio rechazó ante el SEA ese proyecto. “El proyecto minero Candelaria ha afectado negativamente la calidad de vida de los habitantes”, se dice en uno de los oficios de respuesta del municipio al requerimiento de la autoridad ambiental.

El 23 de julio de 2015, el proyecto de Candelaria obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental. Un mes y medio más tarde, el alcalde Delgado firmó con la minera un convenio formalizando una donación de $11.386 millones. El 19 de noviembre, recibiría otros $2.070 millones como aporte de “libre disposición”.

Justo un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a Candelaria con una multa de $2.800 millones por graves infracciones ambientales: no rebajar el consumo de agua fresca tal como estaba comprometido en la RCA, situación que se mantuvo por 15 años; descenso en el nivel de agua de algunos pozos; utilizar para la faena una superficie de territorio mayor a la autorizada y disponer residuos líquidos en zona de playa (ver documento).

ANTOFAGASTA: EL FESTÍN DE SIERRA GORDA

De los $2.669 millones que ha recibido en donaciones mineras la Municipalidad de Sierra Gorda (Región de Antofagasta), $432 millones se han ocupado para celebrar fiestas diversas: comidas para el día de la madre, regalos para el de la mujer, colaciones para el del niño; fiestas para el aniversario de la comuna, pinos para Navidad, campeonatos de cueca, alojamientos y traslados para adultos mayores, obras de teatro y la semana de la minería, entre otras.

ANTOFAGASTA.FINAL (2)El caudal de fondos que ha recibido ese municipio ha sido alimentado por Antofagasta Minerals (AMSA) y filiales;  Sierra Gorda SCM (de la estatal polaca KGHM y los japoneses de Sumitomo); Minera Spence (BHP Billiton); y Lomas Bayas (de la suiza Glencore).

No todo ha sido fiesta en Sierra Gorda. Los dineros de las mineras también han ido a mejorar el sistema de luminaria pública de la comuna, arreglar plazas y comprar vacunas antigripales.

Ese municipio ha debido pronunciarse en varias ocasiones ante el Servicio de Evaluación Ambiental por proyectos en los que están involucrados los intereses de sus benefactoras. Debido a que la información entregada a CIPER por Sierra Gorda solo consigna el año de la donación –que coincide con los años de los pronunciamientos del municipio ante el SEA–, no se pudo establecer con qué distancia de los aportes fueron emitidos.

San Pedro de Atacama es otra de las comunas de la Región de Antofagasta que registra montos importantes en donaciones de mineras. Entre 2010 y 2016, Minera Escondida (BHP Billiton); Minera Gaby (Codelco); Soquimich y Rockwood Lithium (Albemarle) le han allegado recursos por más de $733 millones.

El Servicio de Evaluación Ambiental registra pronunciamientos del municipio de San Pedro en cinco proyectos ingresados por Soquimich para su evaluación.

En marzo de 2010 la minera controlada por Julio Ponce Lerou traspasó $5 millones a San Pedro de Atacama bajo el concepto “Fondos concursables 2009”. En esos momentos la autoridad ambiental evaluaba la implementación de una nueva planta de cloruro de potasio de SQM. Luego de una resolución con observaciones, el 3 de septiembre de 2010 ese municipio manifestó su conformidad ante el SEA.

En noviembre de ese mismo año, la Municipalidad de San Pedro de Atacama volvió a pronunciarse ante el SEA por un proyecto de SQM Salar: “Aumento de capacidad de procesamiento de carnalita de Potasio”. Y solicitó que la minera aclarara tres puntos de su Declaración de Impacto Ambiental, entre ellos, si afectaba el valor de la zona como centro astronómico producto de una posible “interrupción lumínica”.

A pesar de ello, poco después, el 14 de diciembre el municipio declaró ante el SEA su aprobación. Nueve días más tarde, la minera le transfirió a la municipalidad $11,3 millones, que fueron consignados como “Fondos concursables SQM”.

En la Región de Antofagasta, la Municipalidad de Calama es la que concentra el monto mayor en donaciones de mineras entre 2010 y 2016: $8.104 millones. Casi la totalidad de esos dineros proviene de las operaciones que la estatal Codelco tiene en la zona: Ministro Hales, Gaby y Radomiro Tomic.

Los fondos han sido utilizados por la administración comunal para diversos fines: atención odontológica, recuperación de plazas, pavimentación de calles y espectáculos pirotécnicos, entre otros.

El cruce de las fechas de las donaciones con las ocasiones en las que el municipio se ha pronunciado ante el SEA evaluando proyectos de esas tres divisiones de Codelco, también da cuenta de la existencia de conflicto de interés.

El 15 de diciembre de 2011 el municipio recibió más de $300 millones de la División Radomiro Tomic para la construcción de una micro central hidroeléctrica. En esos momentos, la minera tramitaba ante el Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto para ampliar el proceso de lixiviación de ripios. El municipio se pronunció en dos ocasiones ante el SEA, manifestando su aprobación definitiva en enero de 2012, casi un mes después de la donación.

Tres días antes de ese pronunciamiento, el 6 de enero, la División Radomiro Tomic había depositado otros $239 millones en la cuenta municipal para ejecutar una “cartera de proyectos” (diseño de parque, memorial e inspección de pavimentación).

En 2011, la División Ministro Hales ingresó al SEA un proyecto para optimizar el procesamiento de concentrado de cobre. El municipio se pronunció en dos oportunidades frente a esta iniciativa ante la autoridad ambiental: el 23 de diciembre de 2011 (con observaciones) y el 7 de agosto de 2012 (conforme). El 10 de abril de 2012, en medio de ambos pronunciamientos, la Municipalidad de Calama recibió de la División Ministro Hales $100 millones bajo el concepto “Fondos de inversión social”.

EL CENTRO-SUR MINERO

Cerca de Machalí (Región de O’Higgins), está el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo: El Teniente (Codelco). Entre 2012 y 2014 el municipio de esa comuna ha recibido $314,5 millones de la empresa estatal. En ese lapso, la administración municipal se ha pronunciado tres veces ante el Servicio de Evaluación Ambiental sobre proyectos de la cuprífera.

RM-OHIGGINS.FINALEl 8 de agosto de 2012 el alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia (UDI), firmó un convenio para la “implementación de especialidad técnico profesional de explotación minera” con Codelco, el que no informa los recursos involucrados. Doce días después el municipio hizo observaciones al proyecto “Explotación Pacífico Superior” de la misma minera. El 26 de octubre volvió a pronunciarse a favor. Seis meses después el municipio recibió otras dos donaciones: $243 millones para la “adquisición e instalación de módulos liceo Machalí” y $1,5 millón para la celebración de actividades comunales.

Entre los traspasos de dinero de El Teniente a la administración del alcalde José Miguel Urrutia, figura uno por $70 millones realizado el 1 de diciembre de 2014. En rigor, no se trató de una donación, sino de un aporte con elástico. Lo que buscaba Codelco era que con esos dineros el municipio contratara una consultora para acelerar los trámites de cambio de uso de suelo (de rural a industrial) en la zona de Alto Coya, donde precisamente El Teniente tiene sus operaciones.

División El Teniente ha buscado regularizar esta situación, de manera que se reconozca el carácter industrial del área en la que funciona”, informaron a CIPER desde la minera estatal. Agregaron que la transferencia se materializó luego de que el municipio les hiciera ver que esa gestión no estaba entre sus prioridades y que no contaba con recursos para llevarla a cabo (ver respuesta de Codelco).

Lo Barnechea (Región Metropolitana) es otro de los municipios que registra ingentes donaciones de mineras en el centro del país. Entre 2010 y 2016 ha recibido más de $2.960 millones de Anglo American, dueña de la faena minera Los Bronces, la que ha sido reiteradamente cuestionada por la destrucción de glaciares en Los Andes centrales. La empresa ha sido sancionada dos veces (ambas en mayo de 2015) por la SMA por diversas infracciones ambientales.

En distintas oportunidades el alcalde Felipe Guevara (RN) ha manifestado reparos a los proyectos presentados ante el SEA por la minera, aunque no se ha inhibido a la hora de recibir aportes de esa compañía en momentos cruciales. Un ejemplo: en pleno proceso de evaluación del proyecto “Fase 7 Los Bronces”, que involucra una inversión de US$112 millones para sostener sus niveles de producción, el municipio recibió aportes por casi $260 millones de Anglo American.

La nómina de municipalidades con aportes de mineras se extiende hasta el extremo sur del país. El 29 de mayo de 2010, el equipo de paramédicos de la posta de Río Verde (Región de Magallanes), recibió de regalo una camioneta 4×4 habilitada como ambulancia.

El vehículo costó $13 millones, los que fueron transferidos a la Municipalidad de Río Verde por la Sociedad Minera Isla Riesco –de los grupos Angelini y Von Appen– titular del proyecto de explotación carbonífera Mina Invierno.

Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)

Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)

Cuando se materializó la donación, en mayo de 2010, el proyecto carbonífero de casi US$180 millones en inversión, buscaba su aprobación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

En febrero de 2011, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos (UDI, en el cargo desde 1992), manifestó su conformidad con el proyecto ante la autoridad ambiental. Al mes siguiente, el SEA le otorgó a Mina Invierno la autorización para operar.

No fue el único pronunciamiento de la alcaldesa Vásquez. En marzo de 2015, Mina Invierno volvió a iniciar trámites ante el SEA para la aprobación de un proyecto para incorporar tronaduras como método de extracción de material estéril de la mina.

El proyecto, cuestionado por varios vecinos y agrupaciones sociales, fue aprobado por la Comisión de Evaluación del SEA, luego de que en abril de 2015 el municipio diera su visto bueno. Pero en marzo de 2017 la Corte Suprema obligó a abrir un proceso de participación ciudadana, el que había sido obviado en etapas de evaluación anteriores.

Entre la presentación ante el SEA del Estudio de Impacto Ambiental que autorizó la operación de Mina Invierno (2010) y el ingreso a evaluación del polémico proyecto de tronaduras (2015), la Municipalidad de Río Verde recibió otras tres donaciones por un total de $30,6 millones, monto que fue destinado a equipar la posta rural.

(Imagen de portada: chilesustentable.net)

Los negocios del alcalde Aguilera que están en la mira de la UAF y la red de poder que lo encumbró en el PS

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Una alerta de movimientos sospechosos de dinero que involucraba al alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, lo puso en el radar de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Lo que parecía una alerta de rutina respecto de las transacciones de un PEP (Persona Expuesta Políticamente), la emisión de Informe Especial (TVN) transformó esa alerta en una bomba. Al ser mostrado a todo Chile como un alcalde con presuntos vínculos con el narcotráfico, la UAF impartió  una instrucción a todas las instituciones financieras de la plaza para que informen de sus movimientos y los de un grupo de sus cercanos.

Instalado desde el año 1996 como concejal socialista de San Ramón y desde 2012 como alcalde de esa comuna, Aguilera no tiene competencia a la hora de movilizar adeptos, inscribir militantes, recolectar firmas y sumar votos en cuanta elección considere necesaria para incrementar su poder.

Afiche de campaña del alcalde Aguilera y de su cónyuge, Giovanna Barrera, para la interna 2017 del PS

Afiche de campaña del alcalde Aguilera y de su cónyuge, Giovanna Barrera, para la interna 2017 del PS

Una influencia construida en silencio, pero que se hizo evidente con el despliegue de su fuerza en abril de este año, en la última elección del Comité Central del Partido Socialista, cuando logró hacer elegir a cinco integrantes de su grupo. Un poder interno que le hizo obtener la tercera mayoría nacional y ocupar una de las vicepresidencias del partido.Tal es el poder acumulado por Aguilera al interior del PS, que allí ya lo consideran una tendencia propia: la “renovación pobre” le dicen, o simplemente la “tendencia Aguilera”.

Entre los testimonios recogidos por CIPER, destacan los que lo describen como un genio a la hora de capturar recursos desde el Gobierno Regional Metropolitano. Y no faltan los que dicen que en su afición por las inversiones actúa muchas veces más como carnicero que como cirujano. Un estilo que esta vez podría cobrarle la cuenta.

Uno de los hallazgos de esta investigación, es la relación entre Aguilera y la automotora que funciona frente al municipio: una empresa de compra y venta de vehículos usados cuyo terreno se extiende por 15 mil metros cuadrados.Dos datos sabrosos alimentan las sospechas por los nexos que allí se transan: la automotora funciona en un terreno municipal y la dueña de la sociedad es miembro del Comité Central del PS.

BIEN PÚBLICO, PROVECHO PRIVADO

A solo algunos metros del municipio liderado por Aguilera se ubica el Parque Automotriz Vespucio San Ramón. El terreno de casi 15.000 metros cuadrados es un bien nacional de uso público y su administrador, la municipalidad. Pero desde 2003 el terreno ya no es de uso público y quien le saca provecho es Marcela Rosales Belmar, dueña y representante legal de la automotora que allí funciona.

Marcela Rosales es miembro del Comité Central del Partido Socialista, lo mismo ocurre con la hija que tiene con su marido Luis Abelardo Aliste Carvajal, Marcela Aliste Rosales, la que también integra desde la elección de este año el órgano principal de dirección socialista.

La dueña de la automotora es una antigua dirigente del PS en la zona norte metropolitana. En 2016 fue la carta de ese partido a la alcaldía de Conchalí y es dueña de un colegio subvencionado en Colina: la Escuela Básica Valle Verde.

Un letrero amarillo con letras negras y blancas da la bienvenida al negocio de compra y venta de autos usados,  en avenida Ossa 1590. Colindante con el Parque La Bandera y la caletera de la autopista Vespucio Sur, en el amplio paño donde funciona la firma mantiene un stock de 1.300 vehículos. A diario llega allí un promedio de cien personas que recorre las callejuelas del recinto para escoger uno de los autos estacionados sin ningún orden aparente. Sus precios fluctúan entre $1 millón y $20 millones y todos lucen relucientes pese a que el suelo es de maicillo y tierra. Son los mismos vendedores los que se encargan de limpiarlos. Todos los autos exhiben en sus parabrisas, además de una breve descripción del vehículo, una oferta: una reducción del precio si el pago se hace en efectivo.

Cuando la persona escoge su vehículo, no tiene que desplazarse. En la misma Automotora Vespucio San Ramón encontrará una sucursal de Falabella y otra de Tanner las que ofrecen créditos automotrices de aprobación exprés con solo un pie de hasta el 20% del valor del vehículo. A pocos pasos, está la notaría Víctor Inostroza Figueroa, donde se puede realizar de inmediato la transferencia de los vehículos. Un dato llama la atención: el notario Víctor Inostroza figura como gerente de la automotora.

Al interior del amplio recinto repleto de autos, no solo hay dos oficinas de crédito y una notaría. También funcionan tres pequeñas cafeterías-cocinerías de uso frecuente de los empleados municipales.

En la web del municipio no hay registro de la primera vez que dicho terreno se concesionó.La indagación de CIPER indica que fue antes de que terminara en 2012 la administración del alcalde Pedro Isla (DC), que se licitó por primera vez el uso de ese terreno, parte del Parque La Bandera. Hubo dos ofertas y la ganadora fue la que presentó la sociedad de Marcela Rosales. No fue fácil la decisión. Hay distintas versiones sobre los detalles de las tres sesiones que demoró el acuerdo respectivo del concejo municipal. Todas envueltas hoy por un velo de temor. Tanto funcionarios como personas ligadas a la municipalidad se resisten a hablar sobre esa y otras licitaciones por miedo a represalias.

Detalles de la última licitación de enero pasado, hay muy pocos. Lo único extraño es que habiéndose ya convertido en un espacio de gran rentabilidad comercial, por lo que se subió el canon del arriendo, finalmente se presentó una sola oferta. De los otros interesados no quedó rastro. Y la ganadora fue nuevamente la automotora de Marcela Rosales: Comercial Inmobiliaria Automotriz Vespucio San Ramón Limitada.

Automotora Vespucio San Ramón

Automotora Vespucio San Ramón

Las bases de la licitación exigían el desarrollo en el terreno de un “proyecto de uso a la comunidad”, según los objetivos fijados en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago: “Equipamiento de áreas verdes, recreacional deportivo, culto, cultura, científico, esparcimiento y turismo al aire libre” (vea aquí las bases).

Aparte del callejón que une la caletera de Américo Vespucio Sur con Avenida Ossa, en el terreno no hay ningún espacio público. Lo único que se podría asimilar a ello es una pequeña área de unos 100 metros donde se emplaza un resbalín de plástico y dos columpios de madera. Al frente, un baño de hombres y otro de mujeres. Pero todo está cercado por una malla de hierro gruesa pintada de amarillo tráfico y con protecciones de puntas y púas que protegen el negocio privado de compra y venta de vehículos de Marcela Rosales y su padre, Manuel Rosales Abad, junto a un tercer socio: Sergio Ortiz Valdivieso.

Y si bien no hay ni áreas verdes ni espacios públicos para el disfrute de los habitantes de San Ramón, lo que sí encontró CIPER es al menos otras siete empresas –además de la que es dueña Marcela Rosales- vinculadas al terreno, ya sea porque sus dueños o la sociedad fijaron domicilio en el mismo lugar. Un nexo las une a todas: el negocio de compra y venta de vehículos, incluyendo algunas el desarmado y reparación.

Las sociedades vinculadas al terreno de la Municipalidad de San Ramón son: “Bastías y Zamorano y Compañía Limitada”,de propiedad de Juan Carlos Bastías Olea y Orlando Zamorano Yáñez; “Transportes Gitur Limitada”, de Homero Sovino Muñoz y José Oscar Tahan; “Comercial Automotriz Todo Vehículo SpA”,de Juan Alberto Peña Cofré; “Auto Motriz Espinoza, Muñoz Limitada”, de Miguel Muñoz Soto y Germán Espinoza Sepúlveda; Automotora Roland Limitada, de Rolando Henríquez Barrientos y Bernardita Soto Muñoz; Comercial Adrián Ariel Arriaza Barra EIRL, de Adrián Arriaza y Automotora David Patricio Contreras Pizarro EIRL, de propiedad de David Contreras.

CIPER se comunicó con Marcela Rosales, quien explicó que el terreno fue concesionado a través de una licitación en 2003, en la que habrían participado varias empresas: “Siempre hemos competido con más organizaciones”, aseguró. Una afirmación que no se corrobora en el registro de Mercado Público ya que en la última licitación fueron los únicos oferentes. Rosales declinó contestar más preguntas por teléfono y solicitó una entrevista en persona, aunque no confirmó fecha ni horario.

La renovación de la concesión fue aprobada de manera unánime por el Concejo Municipal en enero de 2017  (revise aquí la oferta de esta sociedad en la última licitación). David Cabedo, concejal RN, presente en la votación, explicó a CIPER que la principal razón para aprobarla fue que la empresa automotora pagaría un precio mayor por la concesión: 200 UTM mensuales ($9,3 millones según la cifra de octubre 2017). Una cifra que a la luz de la superficie concesionada, la cercanía del Metro y la seguridad que ofrece la vecindad del municipio, parece baja.

EL PODER OCULTO DE AGUILERA

La popularidad de Miguel Ángel Aguilera en la zona sur de Santiago contrastaba con su bajo perfil público. De allí lo sacó el reportaje de Informe Especial de TVN. Una historia que cayó como una bomba en el PS y en el mundo político, porque a pesar de que era conocida su relación con personas condenadas por delitos de receptación de vehículos robados y violencia, en los pasillos por donde transita el poder ahora deben asumirlo.

Pedro Jaque, asesor de Aguilera, durante una cena a la que invitó el alcalde

Pedro Jaque, asesor de Aguilera, durante una cena a la que invitó el alcalde

CIPER investigó el grupo cercano de Aguilera en la municipalidad y en el PS. Allí lo describen como un caudillo autoritario, sin densidad intelectual, pero gracias a su astucia y excelente oratoria, un animal político. Quienes lo conocen hace años cuentan que su más preciado sueño fue ser alcalde de San Ramón. Una forma de darle una vuelta de tuerca a la vida ya que nunca ha olvidado que sus padres, históricos dirigentes del PS, llegaron a La Bandera en la emblemática toma que dio lugar en 1969 a esa población.

Al interior de la Municipalidad de San Ramón hay al menos un consenso entre sus críticos y seguidores: Aguilera ha sido el alcalde que ha logrado la mayor inversión pública en la comuna. Y si bien hoy pocos ponen las manos al fuego por la transparencia de las licitaciones que se han llevado a cabo en esa municipalidad, nadie discute el valor de las calles pavimentadas y el aumento de áreas verdes. Esa gestión es otro de los factores que lo llevó a ser reelecto en el cargo en 2016 con más del 70% de los votos.

Fue esta última elección municipal la que consolidó a Aguilera como un caudillo. El arrastre del alcalde logró hacer elegir a cuatro socialistas entre los ocho concejales de la comuna, dejando a la derecha con un solo cupo (David Cabedo, RN). A partir de ese momento, Miguel Ángel Aguilera comenzó a edificar su nueva meta: ser electo presidente del PS.

Aguilera no estaba soñando. Para entonces, tenía estructurado un equipo imbatible a la hora de definir no solo concejales, miembros del Comité Central del PS y candidatos a diputado y senador.

Militantes de San Ramón acompañando a Alejandro Guillier a inscribir su candidatura presidencial

Militantes de San Ramón acompañando a Alejandro Guillier a inscribir su candidatura presidencial

Hay dos hitos en la historia política de Aguilera que grafican su poder de movilización y que tuvieron como protagonistas a dos candidatos presidenciales. El 30 de mayo pasado el candidato presidencial Alejandro Guillier llegó hasta la comuna de San Ramón para darle un impulso a su candidatura. Su campaña de recolección de firmas para inscribirse como el único postulante independiente del oficialismo a La Moneda, estaba débil y el acto en la comuna del alcalde Miguel Ángel Aguilera prometía ser un despegue. No se decepcionó: en un solo día recolectó más de mil rúbricas.

El feudo oficialista en San Ramón una vez más mostraba su poder de convocatoria. Lo mismo ocurrió el lunes 18 de noviembre de 2013, un día después de la primera vuelta presidencial, cuando Michelle Bachelet llegó a esa comuna para lanzar en un acto masivo su campaña de segunda vuelta.

Parte importante de la estructura creada por Aguilera es su hermana, Mónica Aguilera Sanhueza,quien desde 2013 es consejera del Gobierno Regional Metropolitano. Su equipo de asesores hoy se despliega por el PS, la zona sur de Santiago e incluso más allá de sus límites para darle impulso a otras candidaturas. A las que Miguel Ángel Aguilera les da el vamos.

En el Partido Socialista hay otro consenso: Aguilera siempre supo cultivar buenas relaciones con casi todos los dirigentes relevantes. Ha trabajado con Camilo Escalona, Carlos Montes, Marcelo Schilling y Ricardo Núñez. Pero el político que le abrió las puertas del partido y el aparato estatal fue José Miguel Insulza. Su lealtad con el “panzer” quedó en evidencia cuando lo apoyó en su primera postulación como candidato a senador por Atacama (después se cambió a la circunscripción de Arica).

El 30 de mayo participó en una reunión de coordinación de la campaña de Insulza, la que organizó el grupo de Aguilera. La cita quedó registrada en la página de Facebook del grupo “San Ramón está en jaque” (desde donde extrajimos la mayoría de las fotos que ilustran este reportaje), el que es dirigido por uno de sus asesores más cercanos: Pedro Pablo Jaque Cavada, quien en 2016 figuraba como miembro del Comité Central del PS (su militancia fue suspendida después del reportaje de TVN).

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Miguel Ángel Aguilera, José Miguel Insulza y Pedro Jaque durante reunión por campaña senatorial

Hoy Jaque, quien aparecía en todos los actos públicos junto a Aguilera, está al igual que el alcalde bajo sospecha. El reportaje de Informe Especial lo mostró paseando en un Mercedes Benz por la población La Bandera. A bordo del vehículo también se ve a Francisco Andrés Olguín Guzmán, la otra mano derecha de Aguilera.

Pedro Jaque y Francisco Olguín no solo son parte del círculo más estrecho de Miguel Ángel Aguilera y funcionarios de la Municipalidad de San Ramón. Han expandido su poder a través de una red de familiares, los que también han sido contratados por ese municipio. Jaque goza de dos sueldos municipales, uno a honorarios y otro a plazo fijo. En cuanto a Olguín, sus dos condenas por receptación de vehículo robado y conducción en estado de ebriedad, no fueron obstáculo para que el alcalde le mantuviera su contrato en la oficina de Administración Municipal.

Cuando el periodista de Informe Especial le preguntó cómo lo hacía para pasear en un Mercedes Benz cuando su sueldo municipal no supera los $600 mil, Olguín respondió que también se dedica a la compra y venta de vehículos (vea aquí el reportaje de Informe Especial).

Otro de los hombres del círculo más estrecho de Miguel Ángel Aguilera es Eduardo Bermúdez Romero, miembro hasta 2016 del Comité Central del Partido Socialista y actual secretario nacional de Organización de dicho partido. Bermúdez fue el responsable de monitorear a nivel nacional el refichaje de militantes para cumplir con la nueva Ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia.

Campaña en feria de San Ramón por candidatura de Mónica Aguilera

Campaña en feria de San Ramón por candidatura de Mónica Aguilera

Múltiples imágenes avalan su estrecha cercanía con Miguel Ángel Aguilera. En ellas se ve al actual jefe de organización socialista en trabajo de campaña junto a los hermanos Aguilera Sanhueza. De hecho, durante el gobierno de Sebastián Piñera, Bermúdez trabajó en la Municipalidad de San Ramón. Al menos entre 2013 e inicios de 2014 trabajó a honorarios en ese municipio como asesor técnico del Departamento de Salud.

El 11 de marzo de 2014, el mismo día de inicio del actual gobierno, Bermúdez fue contratado a honorarios por la Subsecretaria General de Gobierno, como asesor directo del entonces ministro Álvaro Elizalde, actual presidente del PS. Su sueldo bruto: $3,8 millones.

Desde el 1 de enero de 2016, Eduardo Bermúdez está contratado a honorarios por el Instituto de Previsión Social (IPS) donde su función es “coordinar respuestas oportunas a usuarios de leyes reparatorias (exonerados, Valech y Rettig)”, con un sueldo bruto mensual de  $1,9 millón.

José Miguel Zapata Vergara es otro integrante del grupo de Aguilera. Es concejal PS en San Ramón desde 2012, cuando obtuvo la segunda mayoría con el 10,11%. Zapata es actualmente jefe de División de Análisis  y Control de Gestión (Divac) del Gobierno Regional Metropolitano (GORE), la que tiene entre sus funciones colaborar en la elaboración del presupuesto de inversión del gobierno regional y coordinar su ejecución, seguimiento y control.

El GORE Metropolitano ha entregado casi $5 mil millones solo en el primer semestre de este año a la Municipalidad de San Ramón. Como se dijo, una de las consejeras del gobierno regional es Mónica Aguilera Sanhueza, hermana del alcalde.

José Miguel Zapata es miembro del Comité Central del Partido Socialista y socio de la OTEC Cimatex, la que aparece en los registros de Mercado Público (2009-2015) vendiéndole servicios a la Municipalidad de Lo Espejo, el Hospital de Buin,  el Instituto de Previsión Social,la  Subsecretaría de Justicia y el Instituto Nacional de la Juventud.

Marcela Rosales, dueña de la Automotora Vespucio San Ramón

Marcela Rosales, dueña de la Automotora Vespucio San Ramón (fuente: eleccioneschile.com)

Ya en la elección del Comité Central del PS de 2015 el grupo de Aguilera compitió por los cupos de la Región Metropolitana en una misma lista: Unidad Socialista por Bachelet, que agrupó a los sectores del “tercerismo” y la “renovación”. Fueron candidatos Eduardo Bermúdez Romero y su madre Viviana Romero Torres, José Miguel Zapata, Pedro Jaque, Marcela Rosales y Roxana Riquelme Tabach (concejala en San Ramón). En la lista para el Comité Central nacional, el alcalde Miguel Ángel Aguilera compitió junto a Camilo Escalona.

Actualmente, el núcleo de Aguilera tiene cinco cupos en el Comité Central nacional del PS electo en abril de este año: lo integran el mismo alcalde y su esposa, Giovanna Barrera; Marcela Rosales (la dueña de la automotora) y su hija, Marcela Aliste Rosales, y Roxana Riquelme (concejala de San Ramón).

MILITANTE HISTÓRICO

Los 30 años de militancia de Miguel Ángel Aguilera en el Partido Socialista y su carrera llena de éxitos como dirigente nacional y alcalde de San Ramón, tuvieron un quiebre el pasado 2 de octubre. Solo horas después del reportaje de Informe Especial envió una carta a la Comisión Política del partido pidiendo congelar su militancia hasta probar su inocencia.

Su paso como contador auditor por el aparato público dejó huellas en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), donde trabajó entre el 1 de enero de 2006 y el 23 de junio de 2008. El Departamento de Programas Sociales es considerado el corazón del Sence ya que diseña y evalúa los programas sociales del servicio. El Sence, a su vez, depende del Ministerio del Trabajo, cartera que en 2006 estaba en manos del diputado socialista Osvaldo Andrade.

En el Sence, Aguilera siempre se desempeñó en el Departamento de Programas Sociales de Capacitación, división en la que terminó como jefe y que depende directamente de la dirección nacional de la entidad.

Eran los años en que aún no construía la red que hoy lo tiene en la mira de la Fiscalía –la que inició una investigación y allanó la municipalidad de San Ramón, tras el reportaje de Informe Especial­– y de la Unidad Análisis Financiero (UAF). Probablemente uno de los antecedentes que ahora están bajo el microscopio de la UAF es la operación que Aguilera ejecutó el 10 de mayo de 2016. Ese día el alcalde, junto a su esposa, Giovanna Barrera Pino, compraron en sociedad conyugal una casona en el Condominio Álvaro Casanova de La Reina. Por el inmueble pagaron 13.155 UF (unos $350 millones), según los registros del Conservador de Bienes Raíces.

 

La ola: una reconstitución de la tragedia de Mariana, el peor desastre ambiental de Brasil

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LA HISTORIA DE LA GENTE

El 5 de noviembre de 2015, un gigantesco embalse de residuos mineros conocido como Fundão, propiedad de la empresa Samarco, controlada por dos de las compañías mineras más grandes del mundo –la brasileña Vale y la anglo-australiana bhp Billiton– reventó y se vino abajo sobre la pequeña población de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, estado de Minas Gerais.

Cuando la presa colapsó, a las 15h30, derramando su pantano de lodo y metales en cantidades apabullantes, Paula Geralda Alves estaba en un campo lindero al pueblo, preparando unas plántulas para reforestación a encargo de Samarco; Eliene dos Santos, directora del colegio deBento Rodrigues, cerraba las puertas vidrieras del edificio, tras entregar unos papeles de alumnos a un portador; Reinaldo Caetano contemplaba con satisfacción el tanque de agua de la casa de su madre, que acababa de llenar con agua transportada del arroyo cercano. A unos 350 kilómetros de allí, en Governador Valadares, el empresario Sandro Faria Heringer, propietario de una concesionaria de camiones, hablaba por teléfono con un cliente. Un poco más adelante, hacia la costa, en los bordes de la ciudad de Resplendor, Dejanira Krenakfumaba su pipa en una pequeña playa fluvial junto a la aldea indígena krenak. Río abajo, en Colatina, ya en el estado de Espírito Santo, Edson Negrelli sacaba fotos en su estudio. En Vila de Regência, el líder comunitario Carlos Sangália caminaba sobre la arena blanca bañada por el mar azul, controlando los nidos de tortugas marinas que desovaban en la playa, en un área de protección ambiental.

Ninguno de ellos podía imaginarse que, en aquel preciso instante, el mundo que les era tan familiar estaba a punto de desaparecer. El colapso del embalse de Samarco sería la peor tragedia ambiental ya ocurrida en Brasil y el más grave accidente –único de este género– de la historia de la minería mundial. Causó diecinueve muertes solo en la primera media hora. Pero en los días siguientes, la vida de cientos de miles de personas en los 650 kilómetros recorridos por el lodo, sería afectada para siempre. Esas siete son solo algunas.[1]

Paula Geralda Alves se levantó a las seis y media de la mañana, preparó el café que les llevaría a sus compañeros de trabajo –un total de nueve personas destinadas en Brandt Meio Ambiente, una empresa subcontratada por Samarco para desarrollar plántulas para reforestación– y salió hacia los viveros en su pequeña motocicleta. El cielo esa mañana resplandecía con un azul diáfano como hacía mucho que no veía. Alves, de 36 años, residía desde siempre en Bento Rodrigues. Allí vivían seiscientas almas apenas, y era natural que todos se conocieran.

Ese pueblo del siglo XVIII era uno de los más antiguos de Minas Gerais –su nombre rendía homenaje al pionero que había desbravado la zona– y abrigaba una de las primeras iglesias a construirse en el estado, la de San Benito, o São Bento. “Bento”, como le decían, era un caserío bucólico, rodeado por dos arroyos que cruzaban dos pequeños puentes, uno hacia la vecina Santa Rita Durão y otro hacia la carretera a Mariana. Tenía calles asfaltadas y casas sólidas, de buena construcción. La mayoría de sus habitantes trabajaba para Samarco u otras empresas subcontratadas. Los demás se ocupaban de algún cultivo. A la gente de Bento, Mariana, que estaba a cuarenta minutos, le resultaba una ciudad grande, y en general solo se le acercaba para ocuparse de algún trámite.

En el barracón de Brandt, junto a sus compañeros, Alves repasó las normas de seguridad laboral, una rutina diaria que Samarco exigía en todas sus unidades, incluso de las empresas subcontratadas, y se puso a preparar las macetas que luego se trasplantarían a las zonas degradadas por la explotación minera. Sobre las 15h30, la radio de una de las camionetas empezó a irradiar un comunicado urgente por la banda 4, reservada para alertas de máxima seguridad. Con preocupación, el grupo se acercó al vehículo y escuchó lo inimaginable: el embalse de Fundão había reventado, avisaba una voz sobresaltada y atónita. Al salir de su pasmo, Alves anunció: “No sé qué harán ustedes, pero yo voy a avisar a mi gente”, y montó su moto. Mientras se alejaba a toda la velocidad que podía, escuchaba los gritos de sus camaradas rogándole que volviera, que no alcanzaría a llegar. El mar de lodo ya asomaba en la cima de la montaña, a 2,5 kilómetros del pueblo, avanzando a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Mientras corrían hacia un cerro para escapar del aluvión, vieron que Alves iba entrando al pueblo. Poco más de diez minutos más tarde el puente que ella acababa de cruzar sería arrasado por la avalancha. Con la mano clavada en la bocina, Alves recorrió algunas calles a los gritos: “¡Salgan todos! ¡El embalse reventó!” Al dejar sus casas y mirar hacia las montañas, los vecinos divisaron una colosal muralla de tierra y fango que se les venía encima, con un fragor de tremendas cataratas. A esa hora de la tarde había alrededor de trescientas personas en el pueblo. Se desató entonces una carrera desesperada hacia las zonas más altas. Cada cual de las arreglaba como podía y todos trataban de ayudarse. A unos ancianos, niños y personas con dificultades de movilidad que se encontraban cerca del río los levantó un camión que por casualidad estaba allí cerca en labores de limpieza. Los coches disparaban atestados, rescatando a los que encontraban por el camino. Los que no conseguían transporte trataban de huir por su propio pie. Al ver la mole de fango que se acercaba, una muchacha, agotada, se hincó de rodillas en medio de la calle. Según relató más tarde, en ese momento había pensado que, si la muerte era inevitable, de nada serviría correr. Entonces vio a un grupo de gente mayor esforzándose en remontar la pendiente. Fue lo que la hizo reaccionar. Si había alguna posibilidad de salvarse, ella también la buscaría.

Eliene dos Santos había llegado temprano al edificio bajo y bien cuidado de la escuela que dirigía. Por la mañana, en sus aulas amplias y con grandes ventanales, estudiaban los niños de primero a cuarto grado. A la tarde les tocaba el turno a las clases de quinto a octavo. Como vivía en la zona más baja de Bento, la directora solía aprovechar la pausa del almuerzo para, luego de comer en la escuela, bajar a amamantar a su hijo, que dejaba al cuidado de su suegra. Esa tarde, el trajín no le había dejado acercarse a su bebé hasta las dos y media pasadas. Regresó al colegio sobre las tres, reunió unos documentos del programa de salud escolar y los llevó a la parada de autobús. Allí una prima suya esperaba el que la llevaría a Santa Rita Durão, y Santos le pidió que entregara los papeles a la cobradora, que a su vez se los pasaría a un encargado que por fin se los daría al dentista. Luego volvió al colegio, cerró la puerta vidriera y se dirigió hacia su despacho. Apenas había dado unos pasos cuando oyó que gritaban su nombre. Era su marido, que la llamaba sobresaltado. Solo con verlo se dio cuenta de que algo muy grave había sucedido. Wiley dos Santos, más conocido como Lelei, estaba pálido, con el horror estampado en la cara. El corazón le dio un vuelco. Creyó que le había pasado algo a su hijo y se lanzó de vuelta hacia la puerta. Su marido entonces le dijo que sacara a todos de allí, porque el embalse había reventado y se estaba vaciando sobre el pueblo. A gritos, Eliene le pidió a una maestra que la ayudara a avisar a los alumnos. Esta corrió a las aulas de sexto y séptimo grados, mientras la directora avisaba a los niños de quinto y octavo. “¡Fuera todo el mundo! Todos a las lomas de Bento! ¡El embalse reventó!”, vociferaba. Y se plantó junto a la puerta controlando que todos abandonaran el edificio.

Solo entonces ella también salió en disparada. Cuando ya se estaba subiendo al coche de su marido recordó que un pequeño grupo de refuerzo había quedado en la última sala de la escuela, sin que nadie le avisara. Desanduvo la carrera angustiada, casi sin aliento, irrumpió en el aula y con voz quebrada ordenó que todos salieran. En ese momento ocurrió algo inesperado: los niños, tomados de terror, quedaron pasmados y no se movieron. Cuando Santos trató de apremiarlos, la voz ya no le salía de la garganta reseca. Con tremendo esfuerzo logró pegar un grito que sacó a los alumnos de su letargo: “¡Digo que salgan o nos morimos!” Los niños entonces corrieron. En cinco minutos, las sesenta personas que estaban en el edificio lo habían abandonado y la escuela estaba totalmente evacuada. Como Samarco no había entrenado a los vecinos para situaciones de emergencia, la retirada se produjo de forma improvisada. Cuando volvía al coche, Santos avistó el autobús que seguía hacia Santa Rita, con los papeles de la escuela. Los niños se agolparon en el vehículo, que arrancó.

Desde el punto donde se encontraba, la directora pudo ver cómo el aluvión anegaba las márgenes del arroyo Santarém. En ese momento tuvo la impresión de que cientos de helicópteros sobrevolaban el lugar, tan grande era el ruido. Junto con el lodo avanzaba un fuerte olor a podrido que apestaba todo. En el coche, temblorosa, preguntó por su hijo. Su marido le explicó que había hablado con la madre por celular y ella le había dicho que estaba huyendo con el bebé. La mujer no se convenció, todavía quería pasar por la casa de la suegra para cerciorarse. Cuando el coche alcanzó la zona más alta de Bento, su marido le pidió que se bajara y le dijo que iba a comprobar si su madre y el niño habían logrado escapar a salvo. Eliene accedió. Siguió con la mirada el coche que se alejaba y alcanzó a ver cuando su esposo cruzaba el puente hacia la casa de la madre. La vaga cenagosa empezaba a tragarse el caserío. La directora se sentó y se echó a llorar. Su esposo ahora estaba aislado, quizás con su bebé.

Esa mañana, el agricultor Reinaldo Caetano había decidido: llenaría el tanque de agua de la casa de su madre, para que ella no necesitara más cargarla desde la fuente. En el terreno a orillas del arroyo había otras viviendas: la suya propia, que compartía con su mujer y su hijo; la de su padre de ochenta años, que desde hacía mucho se había separado de su madre; la de su hermana. Al lado vivían otros familiares, entre ellos un tío. Caetano aprovechó la ausencia de su madre para preparar la sorpresa: cuando volviera, encontraría el tanque lleno.

Caetano estaba satisfecho de sí mismo. Venía de comprar un colchón y una cama tipo box con el dinero que estaba ahorrando para pagarse un tratamiento dentario (quería reponerse unas muelas). Sin embargo, consideró que a su mujer le alegraría la cama nueva, y decidió usar el dinero para comprarla. A Jéssica la había conocido en Mariana y pronto la trajo a Bento, donde la muchacha se libertó de la adicción al crack y empezó a cultivar una rutina doméstica. Tuvieron un hijo, Iago, ahora con seis años. Pasaba de las tres y media de la tarde cuando el agricultor dio por cumplida su tarea. Se quitó la gorra, se secó el sudor de la cara y contempló el tanque de agua. En ese instante percibió “un polvaredón” que se asomaba en lo alto de las montañas. En seguida unos gritos acercándose desde el fondo de la calle: que huyeran, que el embalse había reventado. Caetano le dijo a su mujer que entrara en casa y fue a por su padre.

Jéssica, al ver la ola de lodo que abalanzaba sobre el valle, agarró a su hijo y gritó que buscaran un lugar alto. “Si nos quedamos acá nos morimos”, chilló. Caetano le dijo que corriera, y mientras sacaba a su padre tomándolo de un brazo, se acordó del tío que estaba solo en la casa vecina. Volvió atrás para buscarlo, pero el hombre se negó a salir –no abandonaría su casa–. Agobiado, Caetano inició la escalada hacia los altos de Bento, que otros vecinos también buscaban despavoridos.

Poco antes de las cuatro de la tarde, Bento Rodrigues dejó de existir. La gigantesca ola de lodo invadió el pueblo y se tragó las casas, reventó vidrios, arrolló muebles, ropas, juguetes, enseres y todas las historias de vida. Muchos animales que estaban encerrados cuando llegó la ola también fueron arrastrados. Perros, gatos, caballos, gallinas, cerdos, pájaros enjaulados no tuvieron escapatoria. Rodaron junto con tejados, ventanas, el altar de la iglesia de más de trescientos años, árboles y automóviles.

Los vecinos vieron como la marea roja alcanzaba los techos y muy pronto anegaba todo el caserío. Como estaban aislados en distintos puntos, nadie sabía quiénes habían sobrevivido. Madres gritaban por sus hijos, hijos gritaban por sus madres. Grandes y chicos lloraban. Algunos vecinos formaron una cadena humana para rescatar a los que pasaban arrastrados por los escombros líquidos. Wesley Pinto Izabel era uno de ellos. Cuando lo sacaron del lodo, rogaba que salvaran a su hijo, de dos años, que se estaba hundiendo. Un muchacho se arrojó y logró arrebatar al niño del torrente. A la hija de Wesley, Emanuelly, de cinco años, se la tragó la ola.

Cuando el embalse reventó, él estaba en casa con los dos niños. De entrada pensó que sería más seguro refugiarse dentro. Pero al ver la fuerza del aluvión, se dio cuenta de que allí no tendrían escapatoria. Cuando decidió huir con los hijos en brazos, el lodo ya le tocaba los talones. Ya en carrera, una rama del aluvión se le cruzó en el camino y le quebró un tobillo. Na hija se le zafó de los brazos y desapareció. Él y el niño salieron a flote. Eliene dos Santos, la directora del colegio que seguía sin noticias del esposo y el hijo, vio como Wesley Izabel y el niño eran retirados del fango, desnudos, heridos y ahogados. El lodo que habían tragado –mezcla de tierra, metales y almidón– se endurecía dentro de su cuerpo y les quemaba las entrañas. Izabel lloraba por su hija y pedía agua para el niño.

No lejos de allí, en otra loma pueblo, Paula Alves, la muchacha de la motocicleta, se había refugiado con su madre, su hijo y su hermana, junto con otros vecinos, alrededor de la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, un edificio histórico. Desde ese otero pudieron seguir el avance de la ola que sumergía el caserío y seguía hacia el río Gualaxo do Norte, donde desagua el arroyo Santarém. Entonces sucedió algo espantoso. Al llegar a la angostura de un recodo, la ola se encajonó y, sin encontrar salida para su flujo, se arremolinó para arremeter de vuelta contra el pueblo, inmensa y violenta, aplastando las casas que aún no habían sido alcanzadas y alzándose hacia a los puntos más altos, donde la gente se había refugiado. Cuando la ola rebotó, todos se vieron acorralados entre la marea de cieno y la muerte. No tenían hacia donde escapar. Se abrazaron y se pusieron a llorar, en una despedida.

Inesperadamente, sin embargo, el lodo se detuvo a pocos metros de alcanzarlos y empezó a retroceder, como succionado por un inmenso agujero de desagüe. Con la fortísima presión que había ejercido contra la quiebra sobre el río Gualaxo, el aluvión rompió la barrera que lo estrangulaba, desgarró las barrancas y siguió adelante. Para Alves y los demás vecinos, fue un milagro.

Alrededor de las cinco de la tarde, empezaron a llegar en helicóptero los primeros bomberos, desde Belo Horizonte y Ouro Preto. Poco antes, hombres de la Protección Civil se habían acercado en coche, pero no pudieron seguir hasta el local. El acceso a Bento Rodrigues estaba bloqueado, con los caminos tomados por toneladas de lodo. Desde el alto donde fueron obligados a detenerse, contemplaron, con espanto, el pueblo totalmente sepultado bajo la lava cenagosa, como una Pompeya moderna. Supusieron que todos sus habitantes debían estar muertos. Se asombraron al ver como un bombero bajaba por una cuerda desde un helicóptero e izaba del lodo a una mujer aún con vida. Ella no quería que la salvaran. Gritaba por su nieto, Thiago Damasceno Santos, de siete años, soterrado cerca de lo que había sido su casa. Luego se empezaron a escuchar gritos de socorro –un coro de casi trescientas personas– que llegaban desde algunos puntos más elevados. Los hombres de la Protección Civil lo celebraron sorprendidos. No podían creer que alguien hubiera logrado sobrevivir a aquel infierno. El problema ahora era cómo sacar a la gente de allí.

Anochecía cuando pelotones de bomberos y de la Protección Civil lograron abrir una picada para rescatar a los habitantes que estaban aislados en una parte más cercana al camino hacia Santa Rita Durão. Wesley Izabel y su hijo, desfallecidos, fueron trasladados al hospital en helicóptero. Eliene, la directora del colegio, siguió con los demás hacia el pueblo vecino. En el camino le avisaron que su hijo y su suegra ya estaban allá, a salvo. Ambos se encontraban entre los ancianos y niños que el camión de limpieza había recogido en volandas. También estaban allá los alumnos que escaparon en autobús. Había mucho llanto, mucha desesperación. La joven Pamela, esposa de Wesley Izabel, estaba en el colegio en el momento del derrumbe y huyó con la leva de alumnos. En Santa Rita, vio como desembarcaban a su marido y a su hijo de un helicóptero y se enteró de que su hija Emanuelly había sucumbido.

Ya era de noche cuando Wiley dos Santos, el marido de la directora del colegio, llegó a Santa Rita, bastante lastimado. Se había salvado arrojándose del coche y corriendo hacia un cerro, con el lodo pisándole los talones. Desde allí avanzó a través de la espesura hasta el pueblo vecino. Fue él quien tranquilizó a sus paisanos con noticias del grupo que había quedado aislado junto a la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. Se pusieron a calcular cuántos serían, entre los que estaban en Santa Rita y los que se habían refugiado en el otero de la iglesia, y concluyeron, sin terminar de creerlo, que casi todos se habían salvado. Sintieron una gran conmoción cuando se enteraron de la muerte de los cinco vecinos que pocas horas antes estaban entre ellos: los dos niños, Thiago y Emanuelly; el tío del agricultor Reinaldo Caetano, Antônio de Souza, que se había negado a abandonar su casa; Maria Elisa Lucas, de 60 años, y Maria das Graças Silva, de 65, que no lograron huir.

La noticia del la rotura del embalse llegó a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Semad) poco antes de las cinco de la tarde. Como el secretario estaba de cama, le cupo al subsecretario, Geraldo Vitor de Abreu, un militante histórico del Partido de los Trabajadores (PT) sin ninguna formación en el área, trasladarse a la zona del desastre. Fue directamente a la sede de Samarco, a 20 kilómetros de Mariana. Al llegar se encontró con una escena inquietante. Los directivos de la compañía, presas del pánico, no sabían qué hacer. La única providencia que habían tomado hasta ese momento había sido accionar a la Protección Civil para que comunicara el accidente a la gente del entorno, como mandaba el manual de seguridad de la empresa. A esa altura, una medida sin ninguna utilidad. Una simple sirena hubiera bastado para alertar a la población, pero nunca se la había instalado.

Abreu, un hombre bajo, que hablaba suave y con fuerte tonada de Minas Gerais, le pidió calma al gerente general de Proyectos Estructurantes de la empresa, Germano Lopes, que le pasaba informaciones inconexas, con voz temblorosa. “Germano, lo peor que puede pasar ahora es que ustedes pierdan el control”, lo instó Abreu. Lo que Lopes le explicó a continuación era aterrador. Primero, que la dirección de Samarco no sabía hasta dónde el lodo podría llegar. Segundo, que el embalse de residuos de la unidad que Germano gestionaba, ubicado más arriba, pero conectado al de Fundão y dos veces más grande, también corría el riesgo de colapsar, ya que su estructura había sido afectada. Lo mismo podría ocurrir con la presa de agua de Santarém, vecina a la de Fundão, que también había sido alcanzada por el vertido. Es decir, Bento Rodrigues estaba bajo la mira de un arma de tres cañones, con alto poder destructivo. Como si esto fuera poco, la compañía no contaba con ningún plan para controlar la situación. Se trataba de una catástrofe inaudita, de consecuencias impredecibles, y nadie sabía cómo actuar.

Mientras los ejecutivos de Samarco seguían atolondrados, los bomberos de la zona caían en la cuenta de que, al avanzar por el cauce del Santarém, la avalancha de lodo muy pronto alcanzaría el río Gualaxo del Norte. Y que al recibir aquel volumen colosal el río se desbordaría e inundaría las poblaciones vecinas, tal como había ocurrido en Bento.

Poco después de las seis, un helicóptero del cuerpo de bomberos aterrizaba en la cancha de fútbol del pueblo de Paracatu de Baixo, a unos 70 kilómetros de Bentorío abajo. Un oficial desembarcó y avisó a los vecinos que tenían diez minutos para correr hacia la zona más alta del lugar. Informó que el embalse de Samarco había reventado y una ola de lodo avanzaba hacia el pueblo. La gente dudó. ¿Cómo creer que el pantano de Fundão pudiera derramarse hasta allí? Josi Lourival dos Santos, de once años, jugaba con su hermana melliza en la casa de su abuela cuando escuchó el ruido del helicóptero. Creyó que se trataba de algún festejo y corrió con las dos hacia la cancha. No avanzaron mucho. Por el camino se cruzaron con personas que corrían despavoridas y les gritaban que volvieran.

Los que no obedecieron se salvaron por poco. Luego escucharon un ruido atronador y vieron que la ola ya arrollaba las primeras casas del pueblo. Entonces corrieron hacia los altos. En pocos minutos, ni siquiera la torre de la iglesia centenaria se asomaba del lodo. Paracatu estaba destruida. Tal como habían previsto los bomberos, el aluvión seguía en su trayectoria, desgarrando las márgenes del río Gualaxo y haciendo estragos en otras seis poblaciones: Gesteira, Moinhos, Barretos, Barra Longa, Vista Alegre y Corvina. A pesar de la inundación, todos sus habitantes se salvaron.

Máquinas de Samarco trabajaron durante la madrugada para abrir un pasaje a través de la espesura y rescatar a la gente que seguía aislada en Bento. Ya amanecía cuando los bomberos y la Protección Civil alcanzaron la zona. Los heridos fueron trasladados en helicóptero, los demás salieron en fila india por una picada fangosa. Los que vivían en otros caseríos fueron embarcados en ómnibus y camiones.

Embalses de residuos son estructuras gigantescas, construidas en concavidades naturales situadas en áreas altas, entre montañas. Se destinan a almacenar los vertidos que se producen en la explotación de un yacimiento mineral. Los de Samarco, en Minas Gerais, son de itabirito, una mina de hierro muy pobre. En la década de 1970, la empresa, que a la época pertenecía a la S.A. Mineração Trindade (Samitri) y a la norteamericana Marcona –de cuyas sílabas inicialesformó su nombre–, desarrolló una técnica de lavado capaz de extraerle el máximo de hierro. El proceso resultó sumamente exitoso, con un producto de alta calidad. Su inconveniente de es que genera una cantidad muy grande de residuos, que deben almacenarse en algún lugar.

El residuo se conduce al embalse, donde se seca y se convierte en tierra dura. Año tras año se va acumulando en terrazas, hasta colmar la concavidad. Como no hay pared frontal, el muro de contención lo va formando el propio residuo. Por ello el material debe estar siempre bien seco y macizo, sin contacto con el agua, porque de lo contrario se convierte en fango y se deshace. En un símil muy sencillo, sería como si, tras colar el café, se pusiera la borra en una taza partida al medio. El ripio solo se mantendrá firme si está seco y compacto. Para evitar que la estructura se sature de agua – de lluvia o de la propia humedad del vertido –, el líquido es permanentemente drenado y conducido a otro embalse. En el caso de Fundão, el de la presa de Santarém.

Visto desde arriba, un embalse de residuos mineros parece un páramo desierto. Desde abajo, la impresión que provoca no es menos angustiosa. Fundão, por ejemplo, a 898 metros sobre el nivel del mar, era una colosal montaña levantada por el hombre, rellena de desechos minerales. Su área rozaba los 3,4 millones de metros cuadrados, o 62 veces la del estadio del Barcelona. El volumen de vertidos que almacenaba era abrumador: 55 millones de metros cúbicos, lo equivalente a más de dieciséis veces la capacidad del Reservatorio del Central Park, la inmensa masa de agua situada en el corazón de Nueva York.

Por tratarse de estructuras con enorme potencial de devastación ambiental, las compañías mineras están obligadas a predefinir estrategias de emergencia para enfrentar la eventual rotura, el llamado plan de contingencia. Samarco no había preparado nada en ese sentido. Más tarde se sabría que en 2009 la empresa había llegado a encargar un plan a la consultoría RTI, de São Paulo, especializada en gestión de riesgos, pero decidió arrumbarlo para reducir gastos. Según relató el director de RTI, Randal Fonseca, el plan sugería el monitoreo constante de las estructuras, con visitas diarias de peritos. La estrategia también incluía la implantación de protocolos de alerta en las poblaciones del entorno, que recibirían entrenamiento para actuar en caso de rotura, además de la instalación de sirenas. También preveía la construcción de diques a lo largo del valle, destinados a detener el avance del vertido en caso de colapso. Como Samarco nunca había creído que esto fuera posible, consideró innecesarias todas las recomendaciones de la consultoría.

Cuando el embalse se vino abajo, la única información segura que los ejecutivos de la compañía manejaban era que, de los 466 trabajadores que estaban en el local a la hora del accidente –entre los propios y de las empresas subcontratadas–, 452 ya habían sido localizados. Catorce seguían desaparecidos.

Uno de estos era Daniel Altamiro de Carvalho, de 53 años, operador de máquinas de Integral, una empresa que prestaba servicios a Samarco. Su hija, Sandra Carvalho, de 22 años, asistía a una clase del curso de ingeniería en la Universidad Federal de Ouro Preto cuando la presa colapsó. La muchacha, que vivía en Mariana, llamó a su madre preguntando por el padre. La madre trató de tranquilizarla diciéndole que todo estaba bien. Pero en realidad estaba sin noticias de su marido. Por temer que la hija se accidentara en la carretera, prefirió ocultarle la verdad.

Al final de la noche, el subsecretario Geraldo Abreu dejó la sede de Samarco y volvió a Mariana. En el camino, se desató una lluvia, la primera en muchos meses, lo que complicaba aún más una situación sumamente dramática. Impresionado por los gritos de la gente aislada en Bento Rodrigues (que había escuchado al cruzar la zona donde estaban trabajando los hombres de la Protección Civil) y preocupado con la posibilidad de otra rotura en las demás presas, Abreu se pasó la noche en vela. En la casa de la familia Carvalho, tanto Sandra, que ya había regresado a Mariana, como su hermana y su madre tampoco pudieron dormir. Habían entrado en contacto con Integral, que repetía ignorar el paradero del empleado.

En la mañana del 6 de noviembre, a dieciséis horas de la rotura, una multitud de personas hambrientas, heridas y en estado de shock empezó a llegar al polideportivo municipal de Mariana. Habían sido rescatadas en Bento Rodrigues y los pueblos vecinos, río abajo. Desde la tarde anterior, el alcalde Duarte Júnior, del Partido Popular Socialista (PPS), había preparado un operativo de emergencia para recibir a los desplazados. Como no venía nadie, Júnior temió que no hubiera sobrevivientes. Cuando por fin llegaron, el lugar estaba lleno de colchones, ropa y comida donadas por la población. Recibieron abrazos de amigos y desconocidos que acudieron al local. Al ver a Eliene dos Santos, su marido y el bebé sucios y agotados, un voluntario les entregó ropas, pañales y leche. Ella se emocionó. En otro extremo del gimnasio, Paula Geralda Alves era aclamada como heroína. De no haber arrancado en su moto para alertar a la gente, muchos de los presentes estarían muertos.

Carlos Eduardo Ferreira Pinto, fiscal de medio ambiente del Ministerio Público de Minas Gerais, estaba en Brasilia a la hora del accidente. Se presentó en la sede de Samarco a las seis de la mañana del día siguiente. Se deparó con un ambiente de caos. No había jerarquía, estructura de mando ni sala de crisis (que solo sería creada cinco días más tarde). Decenas de burócratas y técnicos de varios órganos públicos federales y estatales se ajetreaban aturdidos, reclamando alguna acción de los directivos de la empresa. Ricardo Vescovi de Aragão, presidente de la Samarco, que en el momento de la rotura estaba en las oficinas de Belo Horizonte participando de una reunión sobre seguridad, se trasladó a Mariana al enterarse del accidente. Allí el fiscal lo encontró con ojos espantados, repitiendo una y otra vez: “Esto nunca había sucedido, eso nunca había sucedido.” Ante la evidencia de que Samarco y los órganos ambientales no tenían la más mínima idea de cómo enfrentar el problema, Ferreira Pinto concluyó que los vertidos solo se detendrían si alguna barrera se les interpusiera por el camino.

Mucho más rápido de lo que se pudiera prever, ocurrió lo que todos más temían: la ola, que durante la madrugada ya había invadido el río Carmo, por el Gualaxo del Norte, y luego al Piranga, en Santa Cruz do Escalvado, a 100 kilómetros de Mariana, la mañana del viernes alcanzó el río Doce. Al derramarse en su cauce, el lodo se esparció. El Doce, con 650 kilómetros de extensión hasta el mar, entraba ahora en el centro de la tragedia.

Cuando llegó al Doce, el lodo mezclado al agua superaba las 800 mil ntu –sigla en inglés para Unidades Nefelométricas de Turbidez, que mide el nivel de turbiedad–. Antes, ese punto del río marcaba de 2,5 ntu, es decir, su agua era casi cristalina. Según los manuales de geología, el nivel máximo aceptable es de 1.500 ntu, que corresponde al tope de partículas en suspensión que las estaciones de tratamiento de agua potable logran retirar para distribuirla con seguridad a la población. Los técnicos de la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y de la Compañía de Investigaciones de Recursos Minerales (CPRM), que seguían el trayecto de los residuos de Fundão y midieron la concentración de contaminantes, se espantaron al conocer aquellas cifras: el lodo había soterrado al río.

Sobre las siete de la mañana, dieciséis horas después del colapso de Fundão, la marea se topó con el primer obstáculo en los 102 kilómetros que ya había recorrido: el muro de hormigón armado de la presa de la planta hidroeléctrica de Candonga. Los técnicos llegaron a pensar que allí la lograrían contener, pero su volumen era tan grande que pronto tuvieron que abrir las compuertas de la usina y dar paso a una parte del residuo retenido. De no hacerlo, se correría el riesgo de que la presa no soportara la presión y también se rompiera, acrecentando la tragedia.

Cuando se abrieron las compuertas, la marea saltó en raudales de catarata. Una sopa espesa color ladrillo, impregnada de residuos ferruginosos, avanzó por el río Doce, diezmando la vida que lo habitaba: peces, algas, microorganismos, carpinchos que se paseaban a sus orillas, además de toda la vegetación marginal, que desapareció como cercenada por una lámina. Al contaminar el río, el lodo provocó una reacción en cadena que afectaría toda la cuenca del Doce, una región de 86 mil kilómetros cuadrados, área equivalente a la del territorio de Austria. En total, 228 municipios fueron golpeados por el desastre. En esos primeros días, seis de estas localidades sufrirían el impacto de forma especialmente dramática.

A 300 kilómetros, en Governador Valadares, el empresario Sandro Heringer se despertó con la noticia de que el lodo había invadido el río Doce. Por conocer muy bien la zona, calculó que la marea no tardaría en llegar a su ciudad. Con 300 mil habitantes, Valadares es el municipio más grande de todos los que baña el río. La relación de sus habitantes con las aguas del Doce es tan estrecha que Valadares es la única ciudad de Brasil a haber conquistado una medalla olímpica de remo –lo que no impide que maltrate al río con vertidos sin tratamiento, basura y pesca predatoria–. Heringer integraba un grupo de 150 remeros que solían navegar por sus aguas en kayaks. En Ilha dos Araújos, una de las pocas zonas amenas de la calurosa Valadares, el río bajaba en pequeños rápidos, por lo que era en sitio ideal para la práctica del piragüismo. El empresario se pasó todo el día afligido.

La población aguardaba el arribo del lodo, sin poder hacer nada para impedir la catástrofe. El domingo, 8 de noviembre, tres días después de la rotura, conscientes de que la devastación del río era inexorable, el grupo de piragüistas se reunió para una melancólica despedida. En silencio, cada cual en su kayak, más de cien remeros, entre ellos Heringer, entraron en el río, bogaron un buen rato y luego se zambulleron en sus aguas. Sabían que sería la última vez en los próximos diez años, como mínimo, que podrían repetir ese ritual.

En la vecina Ilha de São Tarcísio, los pescadores también estaban angustiados. Cuando el lodo llegara, se acabaría la pesca. Ya hacía tiempo que la actividad estaba disminuyendo, por varios problemas que afectaban el río Doce. Un detallado estudio realizado por el Instituto BioAtlântica (IBIO), una ONG contratada por el Comité de la Cuenca –organismo que congrega a los municipios de la zona para discutir soluciones para la crisis hídrica–, revelaba que la contaminación era la amenaza más grave. De las 228 ciudades de la cuenca, con un total de 3,5 millones de habitantes, solo veinte trataban sus aguas negras. Por otra parte, los daños se agravaban con el aterramiento de los márgenes y el crecimiento desordenado de las ciudades, a la par del incremento de la actividad agrícola, el avance de los pastizales ganaderos sobre los bosques marginales, la acumulación de basura y la expansión de la industria. Muchos municipios ya abastecían sus estaciones de agua con camiones cisterna.

El IBIO también había alertado que las invasiones de tierras estaban afectando áreas de preservación ambiental. Uno de los daños más serios era la merma, o directamente la desaparición, de los manantiales que alimentaban el río. En muchos puntos de su cauce, el nivel del agua había bajado tanto que una lancha para dos personas corría el riesgo de encallar. Zonas más al norte de Minas Gerais ya se están desertificando. Si antes de recibir el lodo el río Doce estaba enfermo, tras la catástrofe la situación se volvió alarmante.

En el ayuntamiento de Governador Valadares, lo que más preocupaba era el abastecimiento de agua. Como 100% de la que se distribuía en el municipio era tomada del río Doce, la captación se tendría que interrumpir en cuanto el lodo alcanzara la ciudad. Y no había ningún plan para enfrentar la crisis anunciada. Los técnicos del Servicio de Abastecimiento de Aguas y Cloacas, SAAE, calculaban de cuánto tiempo aún disponían para mantener en marcha el sistema. El avance del lodo era monitorizado minuto a minuto.

Con 31 años de servicio en el SAAE, en químico Reinaldo Pacini, un hombre de expresión triste y atribulada, estaba a tope de estrés. Como el director general del ente, Omir Quintino Soares, y su adjunto, Vilmar Dias Júnior, ocupaban sus cargos no por conocimientos técnicos, sino por arreglos políticos con el ayuntamiento del PT, el químico sabía que tendría que lidiar solo con la crisis. Los técnicos de la ANA lo presionaban a desconectar inmediatamente las máquinas, pero Pacini se plantó firme: solo interrumpiría la captación cuando el lodo estuviera a pocos kilómetros de los puntos de toma de agua. Debería tener los reservatorios llenos a la hora de cortar la captación. “Conozco el sistema y sé cuándo será el momento depararlo”.

A las cuatro de la mañana del lunes, 9 de noviembre, a casi noventa horas del colapso de Fundão, el lodo llegaba a una velocidad de 1,8 kilómetro por hora al embalse de la planta hidroeléctrica de Baguari –poco arriba de Valadares y a 289 kilómetros de Bento Rodrigues–. El nivel de turbiedad del agua era de más de 400 mil ntu. Tras la paralización de la usina de Candonga, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico había entrado en alerta. Se temía que, si una usina más dejara de funcionar, peligrara el suministro de electricidad de toda la región Sudeste del país. El empresario José Francisco Silva de Abreu, presidente de la Asociación de Pescadores y Amigos del Río Doce, fue hasta Baguari con técnicos de la CPRM. Se desesperó al ver lo que ocurría en el lago de la presa: miles de peces agonizaban. De vuelta a Valadares, su horror creció aún más: los ribereños acorralaban a los peces que pujaban por los arroyos afluentes tratando de escapar del lodo. La cantidad era tan grande que los atrapaban con baldes.

A las cinco de la tarde del día 9, a cuatro días del accidente de Fundão, el lodo llegó a Valadares, a una velocidad de 0,4 kilómetro por hora. Por la mañana, el técnico Pacini había interrumpido la captación del agua para evitar la contaminación del sistema. Cuando la marea se acercó a la ciudad, miles de personas ya se aglomeraban en puntos estratégicos, incluso sobre los puentes, para contemplar el espectáculo macabro. Heringer lo vio desde Ilha dos Araújos, donde vive. La marea bajó por el río caudaloso, que en el acto se tiñó de rojo, y muy pronto los peces empezaron a subir a la superficie en busca de oxígeno. Al rato estaban todos muertos, flotando, envueltos en tierra. La turbiedad del río, que antes de recibir la marea de lodo era de 2,62 ntu, ahora superaba las 120 mil. Toda la vida del río Doce en Valadares fue exterminada por asfixia. No tardó mucho para que el olor a pescado podrido apestara el ambiente.

La mañana del martes, 10 de noviembre, a cinco días del desastre, el agua empezó a escasear en Valadares. El día 11, con los reservatorios agotados, la ciudad entró en colapso. Los camiones cisterna contratados por el ayuntamiento no daban abasto para atender a todas las comunidades del municipio. El ayuntamiento exigió que Samarco donara agua mineral, lo que la empresa solo haría mediante un mandato judicial, alegando no disponer de la logística necesaria para distribuirla. Governador Valadares se convirtió en una plaza de guerra, con saqueos de tiendas y supermercados, tiroteos y ataques a camiones cisterna. Hubo que accionar al Ejército. Vecinos armados obligaban a los conductores a desviar los camiones cisterna hacia los barrios desasistidos. Personas con dificultades de movilidad quedaron encerradas en sus casas con los grifos secos.

Para acompañar la crisis, el comando del Comité de la Cuenca del Río Doce se trasladó a la ciudad. El comité es presidido por Leonardo Deptulski, del PT, alcalde de Colatina, una de las mayores ciudades del estado de Espírito Santo, a 225 kilómetros de Valadares siguiendo el curso del río, y responsable por la captación de agua del municipio. Además del alcalde, acudieron a Valadares especialistas de la comunidad científica local, entre ellos Abrahão Elesbon y otros dos investigadores del Instituto Federal de Espírito Santo, ifes.

El grupo llegó a Valadares la mañana del jueves 12, a seis días de la rotura de Fundão. Desde el coche en que viajaban a contramano de la marea, pudieron observar la zozobra de los peces en busca de oxígeno en las orillas cubiertas de lodo colorado. Era la temporada de desove, cuando está vedada la pesca, lo que explicaba tal abundancia de peces.

En el ayuntamiento de Valadares, Elesbony su grupo se depararon con una situación insólita. La alcaldesa Elisa Costa, del PT, rogaba por agua, en llanto. “No quiero dinero, quiero agua para la población”, repetía. El agua mineral por fin arribó en el tren de carga de la compañía Vale, cuyo ferrocarril corta la zona en su trayecto desde Belo Horizonte a Vitória. Los vecinos se abalanzaron sobre los fardos de botellas, y hubo quien acaparara mucho más de lo necesario. Recién a la semana siguiente, pasados más de quince días desde la rotura, la situación empezaría a normalizarse.

La ciudad de Resplendor está a dos horas de Governador Valadares, hacia el estuario del río Doce. A pocos kilómetros del municipio, por una carretera rodeada de montañas, se toma un camino de tierra a cuyo borde un cartel borroso avisa que se trata de una reserva indígena. Es la aldea de los indios de la tribu krenak. Vivían allí desde siempre, pero en épocas de la explotación de oro en la región del río Doce, sus tierras fueron invadidas y su población estuvo al borde del exterminio. Durante la década de 1960, los pocos sobrevivientes fueron trasladados a la fuerza a reservas indígenas en otros estados. Terratenientes se apoderaron de sus tierras y las redujeron a pastizales, destruyendo la vegetación nativa y matando sus nacientes. Años más tarde, con la política de demarcación de tierras indígenas, los krenak pudieron regresar. Vinieron a pie y retomaron su territorio tradicional.

Dejanira Krenak tiene más de setenta años y vivió toda aquella violencia. Por ser una de las pocas personas de la tribu que aún dominaba el idioma krenak, pasó a enseñárselo a los más jóvenes. El día que el embalse reventó, estaba en la pequeña playa fluvial de la aldea, a orillas del Doce. Para el pueblo krenak, el río es una entidad sagrada, pero a la vez próxima y entrañable. “Él es nuestro padre, nuestra madre”, enseña Dejanira a los niños de la aldea. “Él nos alimenta, nos da agua, nos da la vida”. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, la relación de los krenak con el Doce no deja de ser ambivalente, ya que también lo ensucian con el lavado de ropa y vajilla y contribuyen a aterrar su cauce con el riego de pequeñas labranzas.

La tarde del día 12, a ocho días del desastre, tras ser alertados por parientes de otras partes que el río muy pronto se volvería estéril, los krenak se reunieron en la playa de la reserva para celebrar una ceremonia fúnebre. Aguardaron la llegada de la marea con maracas en las manos, cantando un réquiem para el watu –río en el idioma krenak–. La tonada triste decía cosas como “mi río bueno, mi río sagrado, mi río lleno de peces”. Al divisar el lodo colorado, se abrazaron y lloraron. El watu había muerto.

Tras presenciar lo que había sucedido en Valadares, el alcalde Leonardo Deptulski y los investigadores del IFES volvieron a Colatina muy preocupados. Sabían que deberían organizar un operativo de emergencia para evitar que allí ocurriera lo mismo. Colatina tiene 120 mil habitantes y es un importante polo textil y de servicios del estado. Deptulski instaló una sala de crisis en la sede del Departamento de Aguas y Cloacas. Se convocaron técnicos de Samarco, de los gobiernos estatal y federal y representantes de las Fuerzas Armadas.

El profesor Elbone, del IFES, tras ver el terrible espectáculo de la agonía masiva de peces, pensaba que se debía hacer algo para impedir que la mortandad se repitiera en Espírito Santo. Se puso entonces en contacto con el fotógrafo Edson Negrelli, un activo ambientalista de Colatina. Juntos decidieron organizar un operativo de salvamento de la fauna fluvial antes de que llegara el lodo, que llamaron “Arca de Noé”. Pidieron el apoyo del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), que aprobó la idea, aunque determinó que se debían rescatar solo las especies nativas, que se llevarían a estanques en el campus del instituto. Las exóticas tendrían que abandonarse en el río –no podrían ser trasladadas a las lagunas cercanas, porque afectarían la fauna local al mezclarse con los demás peces–. Negrelli no aceptó esta exigencia: según él, había que salvar todas las especies.

El operativo se preparó con el máximo cuidado. Samarco envió tanques de transporte con control de oxígeno, el IFES preparó los estanques y Negrelli, que preside la asociación de pesca deportiva de Colatina, convocó a los pescadores profesionales para que ayudaran en el rescate. Para decepción del fotógrafo, los pescadores solo aceptaron participar mediante pago. Tras negociar los valores, el Arca de Noé se puso en marcha. El operativo contó con el soporte entusiasmado de la población, que muy pronto se agolpó en el muelle. Los que no entraban en el río auxiliaban a los grupos de rescate llevándoles café, agua y comida. Los voluntarios trabajaron toda una semana en el salvamento. Centenas de especies autóctonas fueron trasladadas a los estanques del IFES. Y miles de peces no nativos fueron retirados y conducidos a las lagunas, a contrapelo de lo que IBAMA había ordenado.

La mañana del día 19, jueves, a catorce días de la rotura de Fundão, el lodo llegó a Colatina. Cuando la marea estaba a 50 kilómetros de la ciudad, se interrumpió la captación de agua. En las calles ya había 180 camiones cisterna, aparte de los que repartirían agua mineral. Cada vecino podría recoger cuánto creyera necesario, lo que tranquilizó a la población. La marea entró, transformando el ancho río en un vasto campo fangoso. Sentado en el muelle, Negrelli se echó a llorar.

La crisis en Colatina estaba bajo control. Sin embargo, había un gran problema por delante: la marea se acercaba rápidamente del estuario del río Doce, en Vila de Regência, a 132 kilómetros, lo que significaba que pronto desembocaría en el océano Atlántico. Se instaló el pánico. Como varios órganos públicos estaban trabajando sin una coordinación central, nadie sabía qué hacer. Unos días antes, investigadores de la Universidad Federal de Espírito Santo habían sugerido que la planta hidroeléctrica de Aimorés, en el límite de Minas Gerais con Espírito Santo, cerrara sus compuertas para retener los residuos e impedir que entraran en el estado. Cuando se tomó la decisión y se emitió el alerta, ya era tarde: el lodo ya había escapado.

El día 19, como si la noticia de que el lodo llegaría a la costa de Espírito Santo la hubiera tomado por sorpresa, la Justicia Federal de Espírito Santo le dio 24 horas a Samarco para que tomara alguna providencia que impidiera el avance de la marea, so pena de una multa de 10 millones de reales diarios (alrededor de 3 millones de dólares). En cumplimiento al mandato, Samarco instaló a través del río, hasta el estuario, unas barreras flotantes como las que se utilizan para contener las manchas de petróleo en accidentes de derrame.

En Regência, el líder comunitario Carlos Sangália y el personal del Proyecto Tamar se afanaban en retirar los nidos de tortugas para trasladarlos a otras zonas. Las barreras de Samarco resultaron inútiles: los residuos deslizaban por debajo, siguiendo su ruta de destrucción.

El día 20, viernes, el lodo, tras pasar por Colatina, alcanzó la vecina Linhares, en una región rodeada, de un lado, por lagos azules y altas montañas, de otro, por el río Doce, cuyas aguas encarnadas y podridas desentonaban del paisaje deslumbrante. Poco antes de las 15 horas del día 21, el lodo llegó al estuario del río. Muy pronto asfixió la vida en el manglar. Exactamente a las 15 horas, a dieciséis días de la rotura de la presa, el lodo desembocó en el mar, arrasando la biodiversidad a lo largo de 40 kilómetros.

LA HISTORIA DE LOS RESPONSABLES

El comisario Rodrigo Bustamante, de la Policía Civil de Minas Gerais, destinado en Ouro Preto, se dirigió a Bento Rodrigues acompañado del perito Otávio Guerra Terceiro en cuanto se enteró del colapso, a las 15h30 del 5 de noviembre. Como era muy probable que el desastre hubiera dejado víctimas fatales, empezaron las pesquisas con averiguar las causas del accidente, para luego poder llegar a sus responsables. A mediados de abril, me entrevisté con Bustamante en Ouro Preto, en su despacho en la comisaría. Fue tajante: “lo qué ocurrió allí fue una tragedia anunciada”, afirmó. “Y aquella pequeña comunidad a sus pies nunca supo el riesgo que corría”.

El comisario sacó de un cajón el expediente policial y me mostró la declaración de la gerente de Geotecnia e Hidrogeología de Samarco, Daviely Rodrigues Silva, responsable por el monitoreo de la presa. “Escuche lo que dijo”, anunció, y se puso a leer el documento en voz alta. La gerente revelaba que Fundão, proyectada en 2006 por la empresa Pimenta de Ávila y construida por otra empresa llamada Camter, desde siempre había presentado problemas de drenaje. El primero se manifestó en 2009, al comprobarse una fuga de agua; en 2010, otra fuga; y luego una tercera, más grave, en 2012. Todas se repararon.

En 2012, Samarco canceló el contrato con Pimenta de Ávila y, por su cuenta, decidió hacer unas obras en la estructura del estanque. Le alteró el eje, torciéndolo para que pudiera contener un volumen mayor de residuos, pero se lo no informó a los órganos ambientales del estado, que a la época era gobernado por Antonio Anastasia, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). De ahí en adelante, los problemas aumentaron en frecuencia y gravedad. En 2013 hubo una fuga en la parte izquierda de la presa, justo en el área donde la obra había interferido. En 2014, el agua brotó en la parte derecha.

La mayor amenaza que acecha un embalse de residuos mineros es que se acumule agua en sus entrañas. Cuando esto sucede, el residuo compactado se convierte en lodo y se deshace. Ya habían ocurrido accidentes similares al de Fundão en otras partes del mundo, pero nunca el colapso de una presa entera. Según la Policía Civil, ello demuestra que toda la estructura estaba inundada. Para prevenir este tipo de accidente, es obligatorio instalar piezómetros en el interior de los embalses. Son medidores de presión del agua que alertan si las estructuras corren riesgo de licuación. En 2014, como los problemas con el agua en Fundão no cesaban, Samarco encargó un estudio a Pimenta de Ávila.

En su declaración a la Policía Civil, el presidente de la consultoría, Joaquim Pimenta de Ávila, relató que en el proyecto original no se preveía el ensanche realizado en 2012, y explicó que fue una obra riesgosa y técnicamente no recomendable. También reveló que en 2014 había hecho seis visitas de inspección al embalse, y destacó una en particular, la de 4 de septiembre, cuando detectó largas grietas cerca del dique donde se había construido el ensanche. En esa ocasión, Ávila sugirió que Samarco realizara unas obras de refuerzo y aumentara el número de piezómetros en esa área. Además, recomendó que se controlara diariamente el nivel de agua.

Por determinación de los órganos ambientales, cada año las compañías mineras están obligadas a presentar un informe pericial comprobando la seguridad de sus embalses. Cabe a cada compañía contratar la consultoría que testifique la estabilidad. En el caso de Samarco, la empresa contratada era VogBR, que venía a ser la misma que había proyectado el ensanche. En junio de 2015, Samuel Paes Loures, técnico de VogBR, emitió un informe testificando la seguridad de Fundão. O sea que la fiscalización estaba a cargo del propio constructor –un conflicto de intereses clásico–.

Cuando Bustamante le preguntó a Loures si había analizado el área del ensanche, este le contestó que no, que no veía necesidad. El técnico también alegó desconocer las recomendaciones de Pimenta de Ávila para aumentar el número de piezómetros en esa parte de la estructura. Y afirmó además que tampoco se había enterado de que fuera necesaria la lectura diaria del nivel de agua en el área. El comisario me comentó que no terminaba de entender cómo VogBR había podido testificar la estabilidad de Fundão cuando se ya se conocía la cantidad de fallas que afectaban la estructura de la presa.

Las declaraciones que se recogieron a continuación complicaron aún más a Samarco. La última lectura del nivel de agua se había hecho el 26 de octubre, diez días antes del desmoronamiento, cuando la frecuencia de mediciones que Pimenta de Ávila había recomendado era diaria. Y es más: las lecturas fueron manuales, porque la mayoría de los piezómetros automáticos, que son más precisos, estaba descompuesta. Además, a pesar de conocer los problemas de drenaje, la empresa, según el comisario Bustamante, aumentó el volumen de vertidos, contrariando las normas técnicas.

Según estas normas, la cresta del embalse –que en la jerga técnica viene a ser la cantidad de residuos acumulados en sus bordes– no debe superar los 10 metros. En Fundão, llegaba a más de 15. Pero aún a sabiendas de los problemas en la estructura, Samarco solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente de Minas Gerais –ya en la gobernación Fernando Pimentel, del PT– una licencia para elevar la presa de 898 a 920 metros, con el fin de aumentar su capacidad de almacenamiento. Licencia concedida.

Tanto la construcción del embalse, autorizada en 2008 durante la gobernación de Aécio Neves, del PSDB, como su elevación, ya con el visto bueno del gobierno de Pimentel, en 2015, se justificaban, según Samarco, por el incremento de la producción. Cuando empezó a operar, en 1977, la empresa producía 5 millones de toneladas de hierro mineral. En 2014, eran 30 millones. Esta aceleración respondía al afán de aprovechar la explosión del precio del hierro, que llegó a 240 dólares la tonelada en el caso del mineral producido por Samarco, de calidad superior.

Pero sería la declaración del presidente de la empresa, Ricardo Vescovi de Aragão, lo que revelaría a las claras la total negligencia de los directivos. Vescovi de Aragão le echó la culpa a sus subordinados, negando sus propias atribuciones. Alegó que, como director presidente, “no tenía responsabilidad directa sobre los embalses de Fundão, Santarém y Germano”; que no se había enterado de la obra de ensanche, aprobada en 2012 por el gerente general de proyectos; que no podía informar la causa de la rotura porque era un asunto de incumbencia del director de operaciones.

Según Vescovi de Aragão, él no tenía nada que ver con ninguno de esos problemas. Pero añadió que, sin embargo, el día del accidente “ofreció soporte y aliento a los empleados que actuaban junto a la Protección Civil y los bomberos”. Declaró ante la policía que se había aplicado el plan de emergencia, en una mentira flagrante, ya que dicho plan siquiera existía. Al ser enfrentado a esta evidencia, Vescovi volvió a machacar su cantilena preferida: que no tenía “ninguna responsabilidad sobre al plan de acciones”.

Roger Lima de Moura, jefe de la Comisaría de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de la Policía Federal de Minas Gerais, se enteró de la rotura de la presa por los noticieros, en su despacho de Belo Horizonte. Las imágenes lo impactaron, pero no estaba seguro de poder actuar en el caso, ya que hasta ese momento el accidente solo había afectado ríos estatales. El viernes, 6 de noviembre, cuando el lodo alcanzó el Doce, que es un río federal por cortar dos estados, Moura envió su equipo a investigar el crimen. En diciembre, los agentes federales interceptaron conversaciones telefónicas entre el personal de Samarco y de VogBR. Lo que escucharon bastó para concluir que los ejecutivos de ambas empresas conocían los problemas del embalse, pero prefirieron correr el riesgo de seguir usándolo.

El ingeniero de VogBR, Samuel Paes Loures, por ejemplo, hablando con un socio de la empresa, Othávio Afonso Marchi, hizo un comentario rabioso sobre Joaquim de Ávila, el propietario de la consultoría Pimenta de Ávila: “Fue el único que echó mierda al ventilador y le levantó la perdiz a la policía. Si las averiguaciones tomaron otro rumbo fue por culpa suya. Tenemos que zafarnos de este lío.” Y más adelante reconoce su propia culpa. “Lo que dice Pimenta es cierto, pero con colaborar así en las investigaciones nos jode a nosotros”.

En el momento del desastre, la presidenta Dilma Rousseff y el ministro de Integración Nacional, Gilberto Occhi, participaban de la inauguración del Canal do Sertão, una obra de trasvase del río São Francisco hacia localidades del estado de Alagoas. Se enteraron de la tragedia en el avión, ya de regreso a Brasilia. La presidenta de inmediato contactó a la ministra del Medio Ambiente, Izabella Teixeira, y a otros funcionarios del gobierno, pero nadie sabía aún a ciencia cierta las dimensiones de la tragedia. La primera noticia había alcanzado a la comitiva presidencial a través del ministro Occhi, cuyos asesores en Brasilia le habían llamado para saber si visitaría el local del desastre al día siguiente. Necesitaban darles una respuesta a los periodistas del Jornal Nacional, el noticiero nocturno de Rede Globo, que se lo estaban preguntando. El ministro dijo que sí iría.

La tarde del viernes, a 24 horas del colapso de la presa, cuando el desastre ya repercutía en todo el mundo, los asesores de la presidenta aún trataban de convencerla a trasladarse a Mariana para prestar solidaridad a los afectados. Dilma hizo hincapié en su negativa. Pensaba que presentarse en medio de la tragedia podría interpretarse como un gesto oportunista. Decidió permanecer en la capital federal para desde allí exigir providencias. Exasperada por la tardanza de la ministra Izabella Teixeira en presentarle datos sobre el accidente, la presidenta se enzarzó con su subordinada en un altercado telefónico que alcanzó decibelios audibles a través de las paredes de su despacho. “Quiero datos confiables”, chillaba la presidenta, y reclamaba soluciones. Del otro lado del tubo, la ministra se defendía en el mismo tono.

El sábado 7, a 48 horas de la catástrofe, el presidente de la compañía Vale, Murilo Ferreira, sobrevoló el valle del río Doce, que le había prestado a la empresa su nombre original. A pesar de la insistencia de sus asesores en que diera alguna explicación a la sociedad, Ferreira persistió en su silencio. Pensaba que era hora “de trabajar para ayudar a las víctimas, y no de hablar”. En realidad, desde el colapso del embalse de Samarco, la compañía Vale, que en 2000 había comprado el 50% de las acciones de la empresa –los otros 50% pertenecen a la anglo-australiana bhp Billiton–, trataba de desvincularse del desastre ciñéndose a un acuerdo entre los accionistas que determinaba que las empresas controladoras no debían mantener contacto con la controlada. Alegaban que, como las tres compañías producen hierro, un eventual acercamiento a Samarco caracterizaría la formación de cártel.

En Australia, ante la presión de grupos ambientalistas, el presidente de la bhp Billiton, Andrew Mackenzie, se vio obligado a manifestarse. Le preocupaba sobre todo evitar que la imagen de la compañía fuera dañada por el desastre.

El domingo 8, a 72 horas de la rotura de Fundão, con una parte de Minas Gerais en estado de emergencia, el gobernador Fernando Pimentel convocó una rueda de prensa. Eligió la sede de Samarco para hablar con los periodistas. Movimientos sociales lo acusaron de ser connivente con la empresa. En su comunicado, afirmó que el gobierno del estado y la compañía estaban haciendo “todo lo posible para mitigar los daños causados por el accidente”. Y no demostró mano dura con Samarco: “No podemos señalar culpables antes de que se realice un peritaje más profundo”, declaró. El sector minero es uno de los mayores pagadores de impuestos del estado.

La tarde del miércoles 11, a seis días del desastre, los presidentes de las tres compañías mineras convocaron otra rueda de prensa en la sede de Samarco. Ricardo Vescovi de Aragão, con cara de pánico, se sentó entre Ferreira y Mackenzie –que había viajado desde Sidney a Belo Horizonte para participar de la entrevista–, y les palmeó los hombros, como si quisiera dejar claro que los tres estaban en el mismo barco. Ferreira y Mackenzie respingaron con sorpresa, sin ocultar su incomodidad. Vescovi de Aragão abrió su presentación no con un pedido de perdón, como sería de esperarse, sino con un agradecimiento por la enorme solidaridad que la sociedad estaba demostrando hacia la empresa, enfrentada al drama del desastre. Terminó con la promesa de hacer todo lo posible para dar rápida solución a los problemas humanos y ambientales resultantes del accidente. Ferreira y Mackenzie se solidarizaron con las familias de muertos y desaparecidos, pero tampoco pidieron perdón.

Solo tras una semana Dilma visitaría la zona afectada por el peor desastre ambiental de la historia de Brasil. En Estados Unidos, el presidente George W. Bush tardó dos días para sobrevolar Nueva Orleans en agosto de 2005, cuando el huracán Katrina devastó 80% de la ciudad, y bastó ese lapso para provocar el desplome de sus índices de popularidad. La tardanza sería considerada una de las más graves omisiones de responsabilidad de la historia de la presidencia estadounidense. El día 12, la asesoría de Dilma por fin logró convencerla a visitar Governador Valadares –a esa altura ya en estado de calamidad–. El IBAMA, subordinado a la cartera de Medio Ambiente, había decidido aplicar a Samarco multas de 250 millones de reales (alrededor de 75 millones de dólares) por daños ambientales. Le cabría a Dilma Rousseff anunciar la medida. En el aeropuerto de Valadares, convocó una reunión de emergencia con los alcaldes de las ciudades afectadas y a continuación hizo su discurso público. Resultó bochornoso. Empezó trabucando el nombre de la empresa, llamándola “São Marcos”. Luego, como si desconociera la gravedad de la situación, afirmó que el río Doce pronto se recuperaría y estaría “mucho mejor que antes”. Por fin anunció la multa, que la empresa contestaría (y jamás pagaría). Y se retiró.

Desde el día del desastre, los diversos órganos federales y estatales implicados se pusieron a jugar a la papa caliente, echando cada uno en manos del otro la responsabilidad de fiscalizar el embalse. El IBAMA insistía en que esto le cabía a la Secretaría Estatal de Medio Ambiente de Minas Gerais. Esta, a su vez, alegaba que su papel se limitaba a conceder la licencia ambiental, empujando el deber de fiscalizar al Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM), subordinado al Ministerio de Minas y Energía. Acorralado por las presiones, el director general del órgano, Celso Luiz Garcia, dimitió.

La Constitución brasileña establece que “la construcción, ampliación y funcionamiento de actividades explotadoras de recursos ambientales, que puedan causar daño ambiental, dependerán del licenciamiento del órgano estatal y del IBAMA”. Sin embargo, el Consejo Nacional de Medio Ambiente determinó que el licenciamiento de embalses pasaría a ser competencia del poder estatal. En 2010, una nueva ley definió que, además de los órganos estatales, también el DNPM debería fiscalizar este tipo de instalaciones. El problema es que, si bien la ley lo obligaba a asumir esa tarea, no se le asignaron recursos para costearla. Minas Gerais tiene actualmente quinientos embalses de residuos mineros, 10% de los cuales, según las autoridades, están en situación de riesgo. El DNPM cuenta con cuatro técnicos para hacer las visitas de inspección.

A fines de noviembre, disgustada con la demora de las tres compañías en presentar un plan de reparación de los daños causados por el desastre, Dilma Rousseff convocó una conferencia telefónica con los presidentes de Vale y BHP. Habló duro y les amenazó con un juicio. Hasta ese momento, las dos empresas trataban de mantenerse alejadas del problema, con el pretexto de no interferir en la gestión de Samarco. Dilma se reunió personalmente con Ricardo Vescovi de Aragão. Durante la entrevista, apenas le dejó hablar, interrumpiéndolo cada dos por tres. Cuando la presidenta abandonó el salón, Vescovi de Aragão comentó: “Tiene tantas certezas sobre minería que podría presidir la empresa”. Recién en enero el ejecutivo sería destituido de la presidencia de Samarco.

El primer triunfo sobre las empresas ocurrió cuando la Justicia imputó el desastre no solo a Samarco, sino también a Vale y BHP. Y a esta última, incluso, como contaminador directo, ya que también vertía residuos en Fundão, aunque no se lo hubiera informado a los órganos ambientales. De ahí en adelante, las tres compañías tendrían que hacerse cargo de los daños provocados. A principios de diciembre, sus directivos recurrieron a la presidenta Dilma Rousseff en busca de un acuerdo.

El IBAMA, entonces presidido por la ingeniera Marilene Ramos, asumió el comando de las negociaciones. Tras discutir con alcaldes y gobernadores de las áreas afectadas, con entidades ambientales y con las empresas, se estipuló el valor de 20 mil millones de reales (alrededor de 6 mil millones de dólares), entre indemnizaciones y reparaciones, a ser pagado por las tres compañías durante veinte años. De este total, 2 mil millones (cerca de 600 millones de dólares) serían destinados a los afectados que perdieron sus bienes personales o tuvieron sus negocios inhabilitados –empresas, hoteles, albergues, fincas–, y a los municipios cuyas estructuras y equipamientos públicos fueron destruidos. Los 18 mil millones restantes (alrededor de 5,4 mil millones de dólares) se destinarían a medidas de reparación y compensación por los daños causados.

Las reuniones en la sede del IBAMA, en Brasilia, fueron tensas. Las compañías mineras llevaban más abogados que técnicos. Uno de los grandes puntos de discusión fue la exigencia de que las empresas instalaran plantas de tratamiento cloacal en los municipios de la cuenca del río Doce y retiraran los basurales de sus márgenes. Las compañías alegaban que esto era responsabilidad suya. En una reunión que empezó a las nueve de la mañana y terminó la madrugada siguiente, Marilene Ramos insistió en que el tratamiento cloacal era indispensable para que el río recuperara más rápidamente sus procesos biológicos destruidos por el lodo. “Daba la impresión de que seguían sin entender el alcance de la destrucción que habían provocado”, Ramos me comentaría más tarde, durante una entrevista en su despacho en Brasilia.

Los representantes del Ministerio Público, tanto federal como estatal, abandonaron las negociaciones a poco de haber empezado. El fiscal federal de Minas Gerais, Eduardo Henrique Aguiar, me explicó, en una conversación que mantuvimos a principios de abril, las razones de la salida del MP de las discusiones – la principal era que, mientras allí se discutían las indemnizaciones, los vertidos del embalse seguían ofreciendo amenaza.

A la época de las negociaciones en Brasilia, Samarco aún no había presentado un plan de contención del lodo que permanecía en el embalse, lo que solo haría el 13 de enero. Sin embargo, cuando me entrevisté con el fiscal Aguiar, a cinco meses del desastre, él me dijo que la empresa seguía sin solucionar el problema. “Estamos en abril, y el embalse sigue vertiendo lodo. Es inaceptable”. A pesar de la reacción del Ministerio Público, el acuerdo fue homologado por la Justicia el 5 de mayo.

A fines de febrero, el comisario Bustamante, de la Policía Civil, presentó los resultados de sus investigaciones. Incriminó al presidente de Samarco, Ricardo Vescovi de Aragão, y a otros cinco ejecutivos de la compañía, además del perito de la VogBR. Y pidió la prisión de los siete por haber provocado la muerte de diecinueve personas. A fines de marzo, sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia suspendió las órdenes de detención hasta que se determinara si las investigaciones cabían a la Justicia estatal o federal. En junio, la Policía Federal denunció a ocho personas por daños ambientales, además de las tres compañías –Samarco, Vale y BHP–.

Roberto Lúcio de Carvalho sustituyó a Vescovi de Aragão en la presidencia de Samarco. A mediados de mayo, tuvimos una reunión en las oficinas de la empresa, en Belo Horizonte. Le comenté sobre el resultado de las investigaciones, que señalaban la licuación de la presa. Me dijo que estaban aguardando el parecer de unos estudios que Samarco había encargado a consultorías internacionales. Le pregunté si Samarco no tendría que haber instalado al menos una sirena de alerta en Bento Rodrigues para el caso de rotura. “La sirena no era obligatoria”, dijo. “Además, nunca se nos había pasado por la cabeza que el embalse pudiera colapsarse entero. Eso nunca había ocurrido en todo el mundo.” Y añadió: “Después de este accidente, el modo como miramos los embalses cambiará por completo. Es como el accidente de Chernobyl. Después que ocurrió, la industria nuclear nunca fue la misma”. Por fin, dijo que confiaba en que la compañía podría volver a operar en noviembre, asegurando que la minera estaba realizando un intenso trabajo de recuperación de las áreas devastadas.

No es del todo cierto. A principios de junio, transcurridos siete meses desde la tragedia, el IBAMA organizó un operativo de emergencia para acompañar desde cerca el trabajo que Samarco debería estar realizando en las áreas afectadas, con el soporte de Vale y de la anglo-australiana bhp Billiton. Llamado Augías –en referencia a uno de los doce trabajos de Hércules, la limpieza de los establos–, el operativo es coordinado por André Sócrates de Almeida Teixeira, director del IBAMA. Reprochando a las compañías mineras por el retraso en las obras, confesó que lo que más teme es el riesgo que afecta la presa de la hidroeléctrica de Candonga –como el embalse retuvo 10 millones de metros cúbicos de sedimento, su estructura está bajo inmensa presión. Y las obras allí no avanzan. La draga que Samarco reservó para extraer el lodo ni siquiera empezó a operarse. “Candonga está por debajo del nivel de seguridad y ya presenta fisuras”, explicó Sócrates de Almeida Teixeira. “No quiero imaginar qué puede a ocurrir si llega a romperse”.

Con la llegada de la estación de lluvias, en octubre, los 13 millones de metros cúbicos de vertidos remanentes en Fundão también corren el riesgo de deslizarse. Según Sócrates de Almeida Teixeira, los diques que Samarco levantó para retener los residuos están saturados y no soportarán quince días de lluvias fuertes. La minera y sus controladores estarían actuando de forma negligente, al no ejecutar las obras o hacerlo de forma incorrecta.

Tras aceptarse la apertura del proceso de destitución de Dilma Rousseff, el gobierno interino de Michel Temer nombró a Zequinha Sarney para la cartera de Medio Ambiente. En cuanto asumió la función, el ministro estuvo en Mariana y declaró que no permitiría que Samarco volviera a operar mientras la empresa no hiciera mucho más de lo que había hecho hasta el momento. Afirmó incluso que pretendía revisar el acuerdo que el gobierno Dilma celebró con las tres mineras.

La rotura de la presa dejó secuelas difíciles de sanar. Análisis de la Universidad Federal de Espírito Santo revelan que el lodo alteró toda la biodiversidad fluvial y marina. Además de la fauna, destruyó algas y micro-organismos (la base de la cadena alimentar de los peces), y por tanto es imposible prever las consecuencias para la vida del río y del mar. “¿Los peces se adaptarán a la nueva dieta? ¿Cuáles serán los efectos de la contaminación sobre el ser humano? Y las tortugas, ¿volverán a desovar junto al estuario? Puede ser que toda esa vida desaparezca. Los resultados aún están por aparecer”, dijo el profesor Alex Cardoso Bastos, del Departamento de Oceanografía de la universidad. Debido a los altos índices de contaminación de peces y crustáceos, la pesca en toda la extensión del río Doce no es recomendada, y en el mar de Regência está prohibida.

El fotógrafo Gustavo Nolasco, natural de Mariana, viajó a su ciudad natal en cuanto se enteró del accidente. Conmocionado por la desesperación de los vecinos de Bento Rodrigues, creó una publicación que les posibilitara externar sus penas, y así mitigar sus traumas. Para el primer número del periódico, llamado A Sirene –la sirena, instrumento que solo ahora se ha instalado en los pueblos destruidos–, Nolasco les pidió que escribieran sobre lo que desearían llevarse del antiguo Bento Rodrigues al nuevo, a ser construido por Samarco. La lista es una reflexión sobre el desbaratamiento del flujo de la vida. He aquí lo que escribieron: las serenatas, la escalera de piedra, el aromo, los vecinos, las iglesias, el banco de piedra de la plaza, la plaza, el cementerio, las mojarritas fritas, el picado en la cancha, los juegos en la calle, las cascadas, la vida libre…

EPÍLOGO

Una tarde de abril, me encontré con Paula Alves, que ahora vivía en Mariana, en una casa alquilada por Samarco. Como la mayoría de los desplazados de Bento Rodrigues, no lograba adaptarse a la ciudad. Muchos enfrentan problemas de depresión y ya se registraron tres casos de suicidio.

Alves no estaba deprimida. Triste, sí. Se desempeñaba como cuidadora de animales en el barracón que Samarco montó para refugiar a los que sobrevivieron al desastre. Seguía yendo al trabajo montada en su moto, que le dice Berenice. En mayo, pasado un mes desde nuestro encuentro, la empresa promovió una feria en que se adoptaron ochenta animales. El barracón se vació, y Alves fue despedida. Su hijo de cinco años está en tratamiento psicológico.

Eliene dos Santos,la directora, consiguió una escuela para los alumnos de Bento. Ella, que había vivido desde siempre en el pueblo, ahora estaba en un departamento en Mariana, con su marido y su hijo. Le pregunté cuál era su expectativa con relación a la nueva Bento Rodrigues. No demostró entusiasmo: la casa que Samarco le entregará no tendrá la misma historia que la anterior, que ella construyó con su marido. “No tendrá la ventana, el piso que elegimos con tanto cuidado”. Y completó: “Quisiera que mi vida estuviera como antes del 5 de noviembre. No hay indemnización que pague el vuelco de mi historia”.

Últimamente, los antiguos vecinos de Bento empiezan a ser víctimas de prejuicio. “Somos como refugiados. O nos tienen lástima, o nos tienen odio”, dijo Santos. A raíz de la paralización de Samarco, que afecta la economía local y aumenta el desempleo, muchos ciudadanos de Mariana achacan la crisis a los recién llegados. El alcalde Duarte Júnior reconoce que en efecto hay prejuicio, sobre todo porque a los desplazados Samarco les provee una tarjeta de alimentación y una asignación en dinero. Los desempleados, en cambio, tienen que arreglársela por su cuenta. Duarte Júnior, que asumió la alcaldía en junio de 2015, después que se destituyó al titular anterior, por corrupción, dijo que sin recaudar los impuestos de Samarco, las cuentas del municipio están en rojo.

Una mañana de abril, en el Centro de Convenciones de Mariana, el agricultor Reinaldo Caetano, junto con dos centenas de vecinos, esperaba el cheque que el ayuntamiento distribuía a las víctimas de la catástrofe. El dinero era de donativos enviados desde muchas partes de Brasil. Caetano jugaba con su hijo Iago en un rincón, esperando su turno. Contó que se había separado de su mujer, Jessica, luego de haberse mudado a la ciudad. “Volvió a drogarse. Un día la vi llegar a casa toda meada”, dijo sin tapujos. Él mismo no anda muy bien, reconoció. Por las noches no puede dormir. Siente una “congoja sin fin”. Se pasa las madrugadas en la parada de taxis, charlando con los taxistas.

Por medidas de seguridad, el acceso a Bento Rodrigues ahora es restringido. Saqueadores entraban en el pueblo para robar lo que aún se podía aprovechar. Tejas, marcos de ventanas y puertas. En Paracatu de Baixo, las casas siguen soterradas. Pero también se han robado sus restos.

La estudiante Sandra Carvalho contó que su familia confirmó la muerte de su padre el 24 de noviembre. Encontraron el cuerpo de Daniel Altamiro de Carvalho destrozado en medio del embalse. Carvalho, que durante veinticinco años había trabajado en Vale y había sido despedido a causa de la crisis en el sector de minería, se había alegrado mucho cuando, en agosto, lo contrataron en Integral. Menos de tres meses después, estaba muerto. En enero, sus familiares vivirían una experiencia siniestra: recibieron de la empresa unos trozos del cuerpo, restos a los que deberían dar sepultura.

Los cuerpos de los otros trece trabajadores también fueron retirados del lodo, casi todos desmembrados. Son sus nombres, según el orden en que los encontraron: Waldemir Aparecido Leandro, Samuel Vieira Albino, Sileno Narkievicius de Lima, Marcos Roberto Xavier, Edinaldo Oliveira de Assis, Marcos Aurélio Pereira de Moura, Claudemir Elias dos Santos, Pedro Paulino Lopes, Mateus Márcio Fernandes, Vando Maurílio dos Santos, Cláudio Fiuza da Silva, Aílton Martins dos Santos y Edmirson José Pessoa.

En Valadares, Sandro Heringer me llevó a orillas del río. Desde el accidente, el remero se involucró en un movimiento para no dejar que la tragedia ambiental quede indemne. En el caserío de pescadores, cerca del río, nubes de mosquitos atacan al que se acerque de los márgenes. Llegaron con el lodo. La mayoría depende ahora de las tarjetas de auxilio de Samarco. Ocurrió la multiplicación no de panes y peces, sino de pescadores, que proliferaron con la noticia de que el gremio sería indemnizado. Muchos de los que reciben la tarjeta jamás tocaron un anzuelo, dijo Heringer. Valadares también sufre con un brote de dengue. Por miedo de la falta de agua, los vecinos se excedieron en almacenarla. Hoy, tanques de agua, estanques, barriles se convirtieron en larvarios del mosquito transmisor.

En el SAAE, el químico Pacini me explicó que durante el período de sequía el lodo grosero se había decantado en el lecho del río, y por eso ahora las máquinas debían limpiarse más a menudo. A los pocos días que habíamos conversado, sus dos superiores, el director general del SAAE, Omir Quintino Soares, y su adjunto, Vilmar Dias Júnior, fueron detenidos por la Policía Federal durante la Operación Mar de Lodo, que investiga el desvío de recursos que el gobierno federal había enviado a Valadares en 2013 para ayudar a las víctimas de una inundación. Se les acusa de haberse quedado con el dinero de las obras de recuperación de la ciudad.

En Colatina, el fotógrafo Negrelli sigue tratando de llamar la atención hacia la destrucción ambiental. No se le pasó el resquemor hacia los pescadores: dejó de hablarles. Está en campaña para que Samarco, Vale y BHP sean presionadas a actuar con más rapidez.

En Regência, el líder comunitario Carlos Sangália me acompañó hasta la playa. El mar sigue siendo una inmensa mancha colorada. En el camino hacia la villa, señaló los albergues cerrados. “Mira eso. Se acabó todo. Ni siquiera sabemos qué va a pasar con las tortugas”.

En Resplendor, dos líderes comunitarios de la reserva de la tribu krenak, Giovani e Itamar Krenak, hablaron sobre las consecuencias del accidente para su pueblo. “Ya no podemos plantar porque no tenemos agua para el riego. No podemos hacer nuestros rituales en el río y nuestros niños no pueden nadar. ¿Ya vio a un indio que no sepa nadar?”, se quejó Giovani. “Lo peor que podía pasarnos fue lo de la destitución de la presidenta. Nadie ni se entera del río Doce”.

Dejanira Krenak, la anciana de la aldea, me dice que me asome al río. “Es todo silencio. No hay más vida ahí. Ni un pescado brincando en el agua”, declara. Un camión cisterna atraviesa la aldea. El conductor hace señas. Cuando el vehículo se detiene, los niños corren para darse un manguerazo.

[1]La primera parte de este reportaje está inspirada en Hiroshima, de John Hersey.


Historia de un paria

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Lea aquí otros reportajes finalistas del Festival Gabriel García Márquez: La ola: una reconstitución de la tragedia de Mariana, el peor desastre ambiental de Brasil y Los piratas del chavismo: así es la nueva guerra del Caribe

Como a Farah le gustan los tipos malos, a nadie sorprenderá saber que sus dos maridos salieron de la prisión del Combinado del Este el mismo día.

Bajo el indulto que el gobierno cubano concedió a más de tres mil quinientos presos por la visita del Papa Francisco a Cuba, en septiembre de 2015, quedaron absueltos Amed Negro Trujillo y  Andrés Bravo Cardenal.

Unas horas después de que sus maridos –como la mayoría de las travestis cubanas suele llamar a sus parejas en un gesto emancipador– fueran absueltos, Andrés se apareció en la ciudadela de San Leopoldo donde Farah vive.

Farah la incontinente, Farah la adicta sexual. Farah, que es cualquier cosa menos una mujer de romanticismos y tiernas fidelidades, yacía embelesada en los brazos de Minguito, uno de sus amantes de paso.

Andrés echó la puerta abajo. Le cayó a golpes a ella y le cayó a golpes a Minguito.

–Los dos se enredaron por mí, y yo corrí para la unidad de policía gritando “Auxilio” y “Socorro”. La gente del barrio me gritaba “¡Farah! ¡Dura!, ¡Quédate con los dos: un ratico uno y un ratico el otro!”.

***

Mucho antes de tener sesenta pelucas, de convertirse en carne de presidio, de que le hundieran un cuchillo en la ingle al hombre que más feliz la hizo, mucho antes de ser llamada Lulú y de ser llamada Farah María, Raúl Pulido Peñalver nació en San Antonio de los Baños –un municipio de la actual provincia Artemisa– el 24 de agosto de 1965.

Su madre, una hermosa mulata llamada Ana Julia Peñalver,  murió de leucemia cuando Raúl tenía seis años. Él y su hermano Efrén, de nueve, quedaron entonces bajo la custodia de Rubén Pulido, el padre de ambos. Un hombre demasiado recto pero de moral flexible que, esposa en lecho de muerte, ya llevaba el matrimonio en paralelo con una aventura amorosa en La Habana.

Al morir la madre de Raúl ya no había impedimentos para que Rubén Pulido se mudara a la capital con su amante Haydée. Se llevó a Raúl consigo. A Efrén lo terminarían de criar los abuelos maternos en San Antonio.

En la nueva casa –apartamento ubicado en el quinto piso de un edificio en la Calle San Nicolás, Habana Vieja- Raúl creció como un outsider. Haydée, su madrastra, tuvo tres hijos con Rubén Pulido: Isabel, Iván y Alexis, todos contemporáneos con Raúl, cuya existencia le recordaba constantemente a Haydée el amargo tiempo en que fue la segunda del hombre que le gustaba.

–A veces yo sacaba fotos de mi mamá para recordarla y esa mujer entraba en crisis.

En segundo grado, a Raúl Pulido lo becan en una escuela primaria de educación diferenciada para menores con trastornos del comportamiento, donde abundaban los casos sociales, en su mayoría niños huérfanos de padre y madre. La escuela quedaba en las afueras de la ciudad, cerca del Parque Lenin, lo suficientemente remota como para que Haydée y su familia se mantuvieran impermeables a los problemas del inquieto niño.

El pase era los fines de semana. Su padre no iba a recogerlo la mayoría de las veces, y con frecuencia alguna maestra se apiadaba del caso y cargaba con Raúl para su casa. Las otras veces se escapaba a las arboledas con los muchachos a los que tampoco iban a recoger, y pasaba el fin de semana mataperreando en los campos de la periferia.

Aunque sus calificaciones eran estupendas, los maestros hacían hincapié en ciertos gestos, ciertas inflexiones de la voz, ciertas marcas preocupantes en un niño varón. En una escuela donde cada alumno era especial, Raúl Pulido era ya el centro de gravitación de su pequeño mundo. La escuela, se podría decir, orbitaba a su alrededor, y en el medio estaba él, siete, ocho, nueve, diez, once años, un niño que bailaba femenilmente, que convocaba, que gesticulaba todo lo que no se supone que debía gesticular un hombrecito.

–Las maestras me regañaban y yo les decía: “No me digan más que no gesticule. Yo tengo nueve años, pero ya soy homosexual. Y voy a ser homosexual hasta el último día de mi vida”.

Los fines de semana en que traían a Raúl de pase, Haydée, especie de encargada del edificio, recibía quejas constantes de los vecinos, que ponían a secar sus sábanas y sus toallas en la azotea. Sábanas y toallas blancas. Sábanas y toallas limpias que el travieso Raúl Pulido descolgaba de las tendederas para ponerse de vestidos, para inventarse pelucas y desfilar provocativamente en la misma azotea, asomándose a la calle para soplar besos y saludar a su público imaginario, un grupo de vecinos que abajo, escandalizados y rojos de furia, veían ondear al aire sus pertenencias.

Raúl Pulido terminó la primaria entre las manchas del expediente –donde sabias maestras escribían párrafos altruistas y admonitorios que habrían de leer futuras maestras sobre la torcida conducta del niño descarriado– y las palizas del padre que cada vez resistía menos la rebeldía del hijo que comenzaba a manchar la imagen de su familia.

–Mi papá me daba tantos golpes por esas travesuras que un día me subí a la azotea del edificio y por poco me tiro. Vino la policía y vino todo el mundo, y yo gritando que me iba a tirar. Mi hermano Iván fue el que logró bajarme de ahí.

A los doce años, cuando Raúl Pulido empezó la secundaria en una Escuela Taller de la calle Manrique, en la Habana Vieja, su situación en la casa se había hecho intolerable para Rubén y Haydée. Además de sus travesuras en el edificio, Raúl comenzó a bailar en la calle al ritmo de las canciones de moda, a hacerles mandados a los vecinos y a limpiar casas para ganar su propio dinero. Dormía fuera con regularidad, comenzó a  juntarse con otros homosexuales y –lo más grave– cierto día apareció en la secundaria con uniforme de hembra. Una amiga del aula le prestó una saya y una blusa. Raúl se dividió el pelo en dos atrevidas motonetas y así se presentó en pleno matutino.

–Imagínate, yo en la fila de las niñas y todo. Se formó tremendo chisme y tremendo escándalo. Me llevaron para la dirección y mandaron a buscar a mi papá.

No solo la niñez, sino también la adolescencia, transcurrieron fuera del hogar, de una escuela de conducta en otra. Como la insubordinación nunca ha sido premiada con aplausos, a partir de los doce años Raúl no durmió nunca más dentro de la casa.

El cuartico de desahogo fue el castigo más drástico. Más drástico que los azotes con la chancleta y con el cinturón, porque esos golpes dolían, pero duraban poco. En el pasillo, al lado del apartamento donde seguía viviendo la familia, a Raúl Pulido, cachorro descarriado, lo encerraban en las noches bajo llave. Adentro había un canapé, un lavamanos, una taza y una ducha que usaba para bañarse. Comenzó a padecer crisis de asma por la humedad del lugar y algún que otro vecino preocupado le aconsejaba a Rubén y Haydée que sacaran al niño de ahí.

Isabel Pulido, hermana de Farah / Foto: Jorge Carrasco (Fuente: revista El Estornudo)

Isabel Pulido, única hermana de Raúl, tiene 52 años. En la casa de San Nicolás, donde actualmente cuida al padre de ambos, cierra silenciosamente la puerta y sale afuera. Adentro no se puede mencionar el nombre de Raúl. En el balcón, Isabel recuerda la época así:

–Él empezó a dormir en el bañito por todos los problemas. Ahora la homosexualidad es una moda, pero antiguamente tú no sabías si traía sífilis o cualquier otra enfermedad. Allí él dormía de lo más bien, porque eso estaba limpiecito.

Raúl entraba a la casa apenas para ver la televisión. El padre llegó a prohibir que se le diera comida si no cambiaba su conducta. A escondidas, Haydée o Isabel le alcanzaban a veces un plato al cuartico.

Poco tiempo después, la rectitud del padre terminó por hastiar a los hermanos varones de Raúl, que se fueron de la casa en cuanto pudieron. Isabel iba y venía, según el novio que tuviera en el momento.

A los doce años Raúl Pulido gimoteaba en un portal. Había tenido una pelea con el padre. Una pelea que terminó en juicio.

–Un día, en medio de una golpiza de mi papá, me reviré. En la casa había uno de esos botellones grandes de cristal. Cogí aquel botellón y se lo metí por la cabeza. Y de ahí fuimos para la policía.

Con una frialdad que da miedo, Isabel Pulido recuerda:

–Una difunta vecina del edificio se metió en la bronca y acusó a mi papá. Pero mi papá ganó, porque entre padre e hijo nadie se puede meter, y el padre le puede hacer al hijo lo que le dé la gana.

En aquel portal, antes de la policía, antes del juicio, Raúl Pulido, hermoso niño según quienes lo conocieron y según él mismo, lloraba sin consuelo. Ese día conoció a Jorge González Mesa, alias “La Reglana”, y desahogó con él sus penas.

***

Jorge “La Reglana” era un señor negro y gordo con un ojo de vidrio y una espantosa reputación. Homosexual. Santero. Hijo de Yemayá. Adicto a drogarse con medicamentos como el dexactedron y el parkisonil, Jorge “La Reglana” se le cruzó en el camino a Raúl Pulido en un momento drástico. Le secó las lágrimas y lo demás sucedió rápido: Jorge, que no tenía hijos y vivía solo en la calle Lagunas, apenas a seis cuadras de los Pulido, accedió a tomar la custodia de Raúl si su padre lo permitía. El padre dijo que sí, que por supuesto. Le dio de baja en la libreta de abastecimientos y se sintió aliviado. Haydée moriría un par de años después.

Jorge fue agua en el desierto. Le dio a Raúl un techo. Le quiso cambiar, aunque sin éxito, los apellidos. Lo llamaba “hijo” así como Raúl lo llamaba “padre”. Pero Jorge no trabajaba, vivía del negocio, de la venta de pastillas alucinógenas a las almas desesperadas de Centro Habana, y Raúl tuvo que comenzar a bailar en las calles, a limpiar casas nuevamente, a hacer los recados a los vecinos del nuevo barrio.

–¿Jorge era bueno contigo?

–Regular.

–¿Por qué?

–Porque era un homosexual muy fuerte.

–¿Te golpeaba?

–Una sola vez me dio un manotazo, porque le falté el respeto. Yo era muy bocón. No me daba golpes, pero era un señor muy fuerte, y no le gustaba que yo hiciera cosas malas. Fue bueno y fue malo. A veces me botaba de la casa y yo tenía que irme por ahí. Después me recogía de nuevo.

Teresa, una vecina que vive hace más de diez años en los altos de la casa de “La Reglana”, el nuevo hogar de Raúl, recuerda:

–Jorge no se movía de la silla y, sin embargo, no le faltaban ni la comida ni los cigarros. Cuando el muchacho no traía el dinero o las cosas para la casa, lo maltrataba bastante. Lo usó, como lo usan muchos todavía. Pero fue quien lo crió, quien lo acogió cuando en su casa lo despreciaron.

Por ese tiempo, finales de los setenta, Raúl Pulido salió de la casa por primera vez completamente vestido de mujer.

–Salí a tomar las calles en un vestido de quinceañera que me habían prestado. La gente escandalizada. Tú sabes cómo era la gente en esos años.

Después de tal paso no había ya razón para que Raúl siguiera llamándose como tal. Pensó que era mejor olvidarse de su propio nombre, tapiar también esa parte de la oscura fosa que era su corto pasado, y empezar de nuevo.

Cuando las calles de Centro Habana comenzaron a quedarle chicas, la gente empezó a llamarlo Farah María, a la sazón una cantante cubana que se hizo popular por su zalamera estrofa “Yo no me baño en el malecón, porque en el agua hay un tiburón”.

La interpretación de esa cancioncilla hizo a Raúl ganar algunos pesos en las calles de la Habana, y cierto día pensó que de Raúl había que zafarse. Que Farah, en cambio, era un nombre divino.

***

Farah, en un pérfido soplo. En un voluptuoso roce de los dientes de arriba con el labio de abajo.

F-A-R-A-H –con su sofisticada H al final– era el nombre mismo del éxito.

Nada malo podría pasarle a alguien llamado Farah.

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Foto: Almudena Toral (Fuente: revista El Estornudo)

Los años pasaron. Y Farah comenzó a pagar sus primeras multas por maquillarse y vestirse de mujer. Alguna que otra vez compareció en juicios populares junto a sus amigas travestis. Los juicios populares, en casos de conducta homosexual, eran ceremonias que pretendían la redención del gay a través de la terapia de choque de la vergüenza pública. En otras ocasiones la trasladaban a la unidad de policía más cercana, la ponían a limpiar el local en una rara medida de escarmiento. Unas horas después la dejaban en libertad.

Negra, homosexual y pobre, Farah reunía todas las condiciones para ser un paria social en la nueva Cuba que se construía. Un país edificado bajo el espejismo de las inclusivas promesas que juraron los hombres fuertes, los hombres de campo que hicieron la Revolución, y bajo cuya anuencia se institucionalizó paulatinamente la homofobia en la Isla.

A la vuelta de los años ochenta, el gobierno revolucionario había “saneado” el país de cientos de homosexuales que escaparon de Cuba durante el éxodo del Mariel. El Código Penal cubano establecía la sanción de cualquier actitud que pudiera ser considerada demasiado extravagante bajo el delito de ostentación pública, por el que se podía cumplir de tres a nueve meses de prisión.

Farah inició en 1982 un periplo dantesco por las cárceles cubanas. Las fechas precisas no las recuerda ni ella misma. Su cronología personal es tan atolondrada, tan llena de hitos, de escuelas de conducta, de maridos, de puñaladas, de juicios, que cualquier fecha puede estar sujeta a un cambio. En 1982, eso sí, está segura de haber pisado una cárcel por primera vez. Tenía dieciséis años.

–Estaba en la playa de Guanabo con un grupo de homosexuales. Dejamos la casa sola y al regresar nos habían robado, entonces fuimos a la estación de policía a hacer la denuncia. En vez de buscar a los ladrones, nos llevaron presas a nosotras.

En el Combinado del Este, la mayor prisión del país, Farah y sus amigas cumplirían nueve meses de cárcel.

–¿Cómo te fue allí?

–Fabuloso. Yo era la reina de la prisión. Estuve en un pabellón donde había alrededor de trescientos homosexuales. Aquello me encantó. Hacía lo que me daba la gana. Me vestía de mujer con vestidos hechos de sábanas, pelucas de tiras de saco. Con pasta de dientes me maquillaba los párpados y los labios me los pintaba con pintura roja.

Su nombre de pila en la prisión era Lulú, en honor a un dibujo animado donde la muñeca homónima se la pasaba chupando paletas. Farah era aficionada a chuparse el dedo.

Durante los nueve meses que estuvo presa, solo Jorge y su hermano Efrén la visitaron. Con los demás miembros de la familia –sobre todo con el padre- había ocurrido una irreparable fractura. En la propia casa de San Nicolás, su nombre se pronunciaba en sordina.

Isabel Pulido dice:

–Fue preso porque en cuanto desarrolló físicamente empezó a reunirse con “elementos”, con gente de la que no tenía que rodearse. Y mi papá lo enterró. Él sabía muy bien que el padre de nosotros trabajaba en la Seguridad del Estado y era muy recto, que cuando decía una cosa había que hacerla.

A la semana de haber quedado en libertad, Farah fue presa de nuevo. Esta vez adrede. Ella y Katia, otra travesti que también había pasado unos meses divinos en el Combinado del Este, comenzaron a hacer fechorías para que las capturaran nuevamente. Habían dejado sendos maridos en la prisión, y a la prisión había que volver. Entre rejas (extraña paradoja) algunos tenían más libertad que en la calle.

Lo primero que se les ocurrió fue ir a comer hasta el hartazgo en Las Bulerías, un lujoso restaurante del Vedado, a sabiendas de que no tenían un centavo para pagar la cuenta. Por desgracia para ellas, lo único que se buscaron fue una paliza y cincuenta pesos de multa.

Días después, Farah y Katia agarraron un pedazo de hierro e hicieron añicos una de las vitrinas de la tienda La Sortija. Mientras los empleados llamaban a la policía y los transeúntes disfrutaban del espectáculo, Farah y Katia se colaron en las estanterías, despojaron a los maniquíes de sus vestidos y sus pelucas, y se las encasquetaron, para posar inmóviles como gráciles figurillas dentro de las vitrinas destrozadas.

–En el juicio nos pidieron un año en el Combinado del Este. Fuimos a parar al mismo pabellón donde habíamos estado anteriormente.

Cumplió la condena. Salió. Calentó los motores en la calle y, casi dos años más tarde, la encarcelaron nuevamente por robarse, con otras tres consortes de causa, las prendas de mujer que colgaban en una tendedera en el municipio Guanabacoa.

–Nos descubrieron porque, en medio de la noche, un niño empezó a llorar y despertó a la gente en el edificio. El robo se valoró en unos ochenta y ocho pesos. No se me olvida. Esa vez nos pidieron once años de cárcel.

Once años de los que apenas cumpliría cuatro. Junto con una revisión de causa por la que quedaba absuelta en 1988, uno de los tantos presos a los que Farah había jurado amor eterno, la sorprendió con otro de los tantos presos a los que Farah había jurado amor eterno. En algunos sitios la infidelidad se paga con muerte. Y este hombre resentido, del que Farah ya no recuerda su nombre, la alzó en peso, y la arrojó del cuarto piso.

–Lo único que recuerdo es que me desperté en el hospital de emergencias de Carlos III.

Fractura de cráneo, parálisis temporal, pérdida casi total de la dentadura. Farah estaba viva de puro milagro.

En 1992 inaugura la prisión de Valle Grande, ubicada en el municipio La Lisa, en las afueras de La Habana. A partir de ahí la cárcel se convierte en algo eventual, casi siempre bajo los delitos de escándalo público o peligrosidad predelictiva. La peligrosidad predelictiva, que consta en la Ley 62 de 1987 en el Código Penal cubano, considera como estado peligroso y punible la proclividad de ciertos individuos a cometer delitos.

La conducta antisocial de Farah, que no tenía un trabajo estable, que se había pasado los últimos años de su vida en la cárcel, la convertían en una ciudadana potencialmente perniciosa para la sociedad.

***

A mediados de los 2000 su record delictivo estaba limpio. Hasta donde era posible, Farah era feliz. Llevaba casi diez años sin caer presa. La policía ya no se preocupaba por ella como antes.

Eusebio Leal, Historiador de La Habana y especie de indulgente guardián del centro histórico de la ciudad, emitió  alrededor de 2005 un documento por el que se prohíbe a las autoridades la detención de Farah por bailar públicamente y ostentar su homosexualidad en el centro turístico de la ciudad. Eusebio Leal la convirtió en intocable. En el documento la llama “personaje costumbrista”.

Farah había transitado, a base de constante gravamen, de paria social a personaje pintoresco con salvoconducto legal.

Foto: Almudena Toral (Fuente: revista El Estornudo)

En las calles comenzaban a reconocerla como la madre de las travestis cubanas. La precursora. En lugares turísticos del centro histórico (la cervecera de la Plaza Vieja, por ejemplo) le permitieron bailar con la orquesta musical de paso, y coquetear con el público, que podía  llegar a dejarle hasta quince dólares de propina en los días de más suerte.

La mega popular orquesta cubana Van Van la inmortalizó en su tema “El travesti” (Arrasando, 2000), donde después de mencionar a varios transformistas famosos de La Habana entonan: “(…) ¡Y qué decir de Farah María, Ave María por Dios!”.

Farah había conocido a Santiago Sánchez López, un joven de apenas veinte años con quien Jorge la dejaba convivir en la casa. Santiago había llegado para saciar un gran hambre de afecto.

–De todos mis maridos, fue el que más me quiso y el que más yo quise.

Con Santiago, Farah consiguió algunos de los pocos empleos estatales que le permitía su título de noveno grado. En el asilo de la calle Reina, por ejemplo, trabajaron juntos asistiendo a los ancianos. Como es de suponer, Farah le puso el alma a un sitio tétrico que olía a orina rancia.

–Los ancianos son personas muy susceptibles y me querían cantidad. Yo les hacía cuentos, les cantaba canciones infantiles, les celebraba los cumpleaños.

Con Santiago se fue a limpiar los pisos del Hospital Calixto García en 2008 para ganar un poco más de lo que ganaba en el asilo. Fiel guardián, Santiago no la perdía de vista. Teresa, la vecina, recuerda:

–Santiago tenía obsesión con ella. Si ella salía, él salía. Si ella entraba, él entraba. Y como ella es muy alta y él era muy bajito, parecía la cartera de Farah. El padre del muchacho quería conseguirles otro apartamento para que salieran de la casa de Jorge, que siempre estaba llena de homosexuales fajándose entre sí. Pero Farah no quiso. Para ese tipo de gente, ese cuarto tiene azúcar.

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El 29 de diciembre de 2008, mientras oscurecía y Farah buscaba los pesos en las calles de La Habana, Santiago cocinaba una olla de frijoles negros. Sandro, la pareja que Jorge tenía en aquel momento, metió un cucharón en la olla y a Santiago no le gustó. Santiago y Sandro se fueron a las manos y en fracciones de segundos Sandro le había clavado un cuchillo en la ingle a su contendiente.

Teresa sintió la gritería de Jorge: “!Lo mataste, lo mataste!”. El barrio se puso en función de la reyerta. A los minutos llegaba Farah de la calle, maquillada, contenta del buen día que había tenido.

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Cinco años de relación cortados por un solo tajo. Fin de Santiago Sánchez López. Fin de la historia.

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Elio-Medina-Farah-Maria

Farah con Elio Medina / Foto: Cortesía de Farah (Fuente: revista El Estornudo)

Dos años más tarde, en 2010, Jorge murió a causa de una cirrosis hepática por el abuso de los medicamentos que consumía.

–Lo cuidé hasta el final. Después de bailar en la calle y de buscar dinero, compraba comida, la cocinaba y se la llevaba al hospital. El día que murió yo estaba en la casa descansando. Acababa de dejarlo bañado en el hospital. Tres días antes de morirse conversamos y le perdoné todo lo duro que fue conmigo.

Sola de nuevo. Al padre se lo encontraba poco, y cuando coincidían en el barrio, cada uno hacía como que el otro no estaba ahí. Con sus hermanos apenas se cruzaba. Iván estaba preso hacía un tiempo en Orlando, Estados Unidos, por tráfico de drogas. En una ocasión le mandó doscientos dólares.

La casa había quedado reducida a un pequeño cuarto de usufructo, luego de que paulatinamente Jorge la desglosara en otros pequeños cuartos que vendió a inmigrantes y gente más o menos marginal.

–Me deprimí mucho por la muerte de Santiago y Jorge, y comencé a hacerle rechazo al cuarto. Empecé a pasar más tiempo en la calle buscando pareja.

Elio Medina es un homosexual santero que vive en otra ciudadela a un par de cuadras de Farah. La conoció cuando Jorge aún vivía, se encariñó con ella y se convirtió en una especie de amigo y guía espiritual. Elio cuenta:

–Ella es muy buena y confiada. Pasa por cualquier esquina, se encuentra a cualquier muchacho, y se lo llevaba a vivir a su casa. Una vez llegué a sacar de ahí a diecisiete personas. Fui a verla y la gente estaba durmiendo en el piso. Ella llevaba varios días sin comer.

Después de Santiago ha desfilado un pueblo por la casa de Farah. Holgazanes muchachos menores de treinta años. Ninguno negro, porque a ella los negros no le gustan. Nadie cercano a Farah ha conocido una pareja suya que no abusara de su confianza o no le diera una paliza cuando le ha sido imposible costear los lujos a los que aspiran esos tipos.

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Desde Santiago Sánchez López hasta la fecha varios chulos se han disputado la custodia de Farah, especie de gallina de los huevos de oro. Consumida por su necesidad de afecto y su flaca autoestima, Farah es capaz de aguantar casi cualquier cosa –desde humillaciones hasta golpes– por no pasar la noche sola.

Como es de suponer, el que quiere obtener algo de ella –un techo donde pasar la noche o pasar una temporada, un plato de comida– solo tiene que ser medianamente astuto para decirle lo que quiere escuchar. Farah se hace la vista gorda, se engaña a sí misma y trata de engañar a los pocos que se preocupan por ella, cuando asegura que a sus cincuenta años tiene a los jovenzuelos comiendo de su mano, hasta que las mentiras salen a flote y las relaciones –si ese nombre podemos darles– se vuelven insostenibles.

A saber, las más importantes de los últimos diez años comienzan con Vladimir, alias “La Muerte”, fumigador de oficio.

–Por qué le decían La Muerte?

–Niño, porque era un blanquito precioso, de ojos azules. Lo máximo. Pero de tan lindo, por dentro era un veneno. Era como Chucky, el muñeco diabólico.

Farah se fue a vivir con Vladimir “La Muerte” a un llega-y-pon que alquilaron en las afueras de San Miguel del Padrón. Se adaptó al aislamiento de la periferia. Rápidamente se convirtió en la criada del lugar. Fregaba, limpiaba, ordenaba, bailaba en la zona para conseguir dinero y comprar comida.

–Todo era color de rosa hasta que comenzó a robarme el dinero. Cuando quería dejarlo me caía a golpes y me amenazaba.

Para salir de Vladimir “La Muerte” Farah se buscó otro chulo. Con Amed Negro Trujillo duraría cinco años.

Se conocieron una noche en el Parque de la Fraternidad. Amed le preguntó si ella era Farah, la famosa. Ella respondió que sí. Ese día, después de hacerse de rogar –asegura–, se fueron juntos al cuarto de San Leopoldo.

–Le hice una “comidita de puta”: platanitos, tomates, arroz y huevo frito. Hicimos el sexo. Nos compenetramos, etcétera, etcétera.

Amed era epiléptico y pastillero. Cuando se juntaban las dos cosas Farah tenía que huir lejos, porque la tunda era segura. Fue preso varias veces por golpear a su abuela de crianza, por desorden público y por amenaza con arma blanca. La misma Farah lo denunciaba a veces por robo o por agresión física, para retirar la denuncia unas horas más tarde.

Cada vez que Amed caía, allá iba Farah, –tacones de brillo, vestido atrincado, motonetas– cargada de jabas con comida, a ver a su marido a la prisión. Cuando Amed salía de pase, se quedaba en la casa de ella.

Y ella proveía.

En una de las visitas a Amed, otro preso comenzó a ficharla. Andrés Bravo Cardenal alias “El Diente”, que estaba en la cárcel por robo con fuerza, salió de pase un día y se tropezó con Farah en un kiosco de fritangas.

–Había frío. Yo me estaba comiendo un pan con minuta y él me pidió que le comprara uno. Se lo compré. Empezamos a conversar y le dije que estaba cansada de Amed, que me daba muchos golpes. Él quiso acompañarme hasta el barrio, me iba a dejar en la esquina, porque Amed estaba en mi casa, de pase también. El final de la historia es que Andrés terminó entrando a la casa. Yo dije que él era un primo mío. Y Amed dijo: “¡Qué primo de qué, si él está en la prisión conmigo!”. Entonces planté: “Pues mira, a partir de ahora él es mi marido”. Niño, cinco de la madrugada y ellos se fueron a los golpes por mí. Tuvo que venir la policía.

Iniciales de Andrés, uno de sus maridos / Foto: Jorge Carrasco (Fuente: revista El Estornudo)

Farah se enamoró rápido, como se enamora ella cuando le muestran un mínimo de simpatía. Se hizo tatuar en la espalda las iniciales de Andrés Bravo Cardenal: “ABC”, con tinta azulada, escrito rústicamente. Él, por su parte, se tatuó “Farah” en el antebrazo. En alguna ocasión le escribió un par de cartas desde la cárcel. En un cuadernillo donde Farah anota números de teléfono y cosas importantes, conserva este pedazo quién sabe por qué razón:

“(…) es bueno que de vez en cuando salgas para la discoteca para que puedas divertirte un rato, porque tú eres merecedora de muchas cosas, pero también recuerda que la calle está mala cantidad, y no puedes llegar tarde a tu casa. Te amo mucho, Farah. De tu amor, Andrés”.

Las visitas a la prisión y las jabas de comida eran ahora para Andrés “El Diente”, un muchacho que en la calle parecía hermético, de carácter frío, duro e impenetrable. Pero que entre las cuatro angostas paredes del cuarto de San Leopoldo lo que le pedía a Farah era que lo penetrase. Así copulaban la mayoría de las veces.

–Me enganché con él, porque me trabajó la línea de fuego. Cuando nos enredábamos éramos Shakira con Beyoncé. ¡Ayyyyy! ¡Perra! ¡Dura! Andrés era una “salá” en la cama.

Cuando quedó en libertad y estuvo a tiempo completo en el cuarto de Farah, las golpizas comenzaron de nuevo.

–Era muy materialista. Al principio yo le puse los colmillos de oro, que me salieron en sesenta dólares cada uno. A plazos le terminé de pagar una cadena y después un reloj. Pero cuando no tenía dinero se ponía mal.

En una de las golpizas más fuertes que Andrés le atizó a Farah, Teresa tuvo que asomarse al balcón con un palo en la mano:

–Lo amenacé con caerle a palos si seguía maltratándola. A Farah aquí la quiere todo el mundo. Él me dijo que ella lo sacaba de paso. Yo le respondí que si lo sacaba de paso, que recogiera sus cosas y se fuera. Que si se quería comprar unos zapatos o lo que fuese, que trabajara. Farah es muy indefensa. Es poquita cosa. Anda siempre arreglada, sale para la calle y regresa con sus cuatro pesos, es la reina de la Habana Vieja. Pero no oye consejos.

Elio Medina, su padrino, fue una vez testigo de una escena similar en su casa.

–Vino un día a visitarme con Andrés, y él la ofendió delante de mí, la humilló. Lo agarré por el cuello y lo boté de mi casa. Farah no es muy inteligente que digamos, y cuando la ofenden y tiene lucidez, se demora mucho en dar una respuesta.

A principios de 2016, después de casi tres años aguantando golpes, bailando en la calle para mantenerlo, le cambió  la cerradura a la puerta y se deshizo de Andrés.

***

–Yo soy el tipo de homosexual al que le gusta llamar la atención. Mientras más extravagante me visto, más segura estoy de mí. Cuando me gritan en la calle “!Farah, perra, dura, diva, tú sí!”, me siento realizada. En una revista dijeron que yo sí tenía cojones y timbales, por haberme lanzado a las calles vestida de mujer sin importarme nada. Yo cuando joven fui un homosexual precioso. Fíjate que tengo cincuenta años y todavía me veo despampanante.

Foto: Almudena Toral (Fuente: revista El Estornudo)

He llegado a tener sesenta pelucas, y cuando se ponen feas las regalo o las boto. Cuando bailo en la cervecera, el que me quiere regalar dinero me lo tiene que poner adentro de la blusa. Le digo a todo el mundo que ese dinero es para ponerme las tetas de silicona. Eso sí quisiera. Cambiarme de sexo no. Yo he tomado anticonceptivos y hormonas, y me han salido mis teticas, pero las he dejado de tomar porque me dan nauseas y mareos.

Soy virgo. Los virgos somos alegres, tenemos suerte para el dinero. Somos muy queridos. Gente sencilla y natural.

Yo soy tan famosa que cuando Beyonce vino a La Habana, fue a la cervecera a conocerme. Del nerviosismo me mandé a correr y me escondí en el baño. Al final me pidió que bailara algo. Mandé a la orquesta a tocar “El cuarto de Tula”. Beyonce me regaló quinientos dólares y un vestido. Eso lo sabe todo el mundo. Con el dinero me fui para Varadero y me llevé seis “pepillos” y dos amigas mías travestis. Yo era la poderosa. Los “pepillos” me llovían y yo tenía para escoger.

***

En marzo de 2016 la casa de Farah es el mismo cajón de cuatro por cuatro que heredó de Jorge “La Reglana” en el barrio de San Leopoldo. El olor, en cuanto cruzas el umbral, te conecta con la miseria y la marginalidad en que transcurre su vida. El vaho nauseabundo de un sitio poco ventilado y que se limpia con escasa frecuencia y con escaso rigor.

Foto: Almudena Toral

Foto: Almudena Toral (Fuente: revista El Estornudo)

Como los típicos cuartos de usufructo en la superpoblada y ruinosa Centro Habana, el de Farah también queda fraccionado en planta baja y planta alta, con una división de madera llamada barbacoa. Arriba, el cuarto, con una camita personal de sábanas calamitosas y un escaparate viejo. Magullados zapatos de mujer en el suelo de tablas. Ropa vieja de colores chillones que le van regalando. Algunas figurillas de barro y un arcaico ventilador de pie. Dos posters en las paredes: uno de Shakira (frente a la cama) y uno de mujeres y hombres en cueros (a la cabecera de la cama).

Abajo, una sala-comedor-baño-cocina. La entrada del bañito no tiene puerta. Hay en el apretado espacio, con vista al inodoro blanco, dos muebles de una felpa cochambrosa color rojo vino. Las pertenencias de Farah son escasas. Si ha tenido algo de valor en algún momento de su vida, el marido de paso se lo ha robado. Nunca ha tenido, por ejemplo, un refrigerador. Los pocos alimentos que compra los cocina en el día. Cuando no tiene ganas de encender el fogón (la mayoría de las veces), lleva un pozuelo plástico al comedor de ancianos y casos sociales de la calle Perseverancia, y allí le dan algo.

Anclada a la pared de la salita, hay una complicada repisa de madera con varios compartimentos atiborrados de fotos y baratijas como pequeños muñecos de cerámica y flores artificiales. Un comprobante de pago de Aguas de La Habana, colillas, una caja vacía de cigarros Criollo.

En el resto de las paredes, un collage de desnudos masculinos que fueron arrancados de alguna revista erótica, y un afiche grande con la propaganda del perfume Le Male, de Jean Paul Gaultier, donde un imponente rubio muestra sus abdominales.

En otro destartalado estante de madera, hay un viejo equipo de música y una larga colección de discos llenos de polvo. De Rocío Durcal y Rocío Jurado, Un mano a mano de lujo; de Madonna, You can dance. El show Nuestra Belleza Latina, Donna Summer en concierto, la novela mexicana Amor por siempre. Una colección de documentales de Discovery Channel con los programas Armas de alta tecnologíaAliados de la II Guerra MundialDevoradores de HombresTrenes de alta velocidad y otros. Varios cassettes para VHS con filmes como Hércules y La máscara negra. Completa la colección un video pornográfico que tiene en la carátula fotos pequeñas que adelantan a dos tipos calvos teniendo sexo al lado de una piscina.

–Yo soy una enferma sexual. Me gusta mucho hacer el sexo.

En 2012 a Farah la invitaron unos turistas griegos al hotel Habana Libre para filmar una película pornográfica que luego se distribuiría en Internet. Durante tres días de filmación, Farah visitaba el hotel en las madrugadas para penetrar a seis hombres y seis mujeres, todos juntos en una misma habitación.

Farah no es muy buena con los detalles, y hay que preguntarle treinta veces para que termine de hacer un cuento. Su coherencia existe solo dentro de su propia fantasía. Es difícil sacarle datos precisos, fechas exactas. Anécdotas estrictamente confiables. Como si su vida fuera una loca fábula, y no interesara realmente cuándo sucedió esto o aquello, o como si fuera demasiado excesivo para haber ocurrido en la vida real.

–Me pidieron hacerles sexo oral a todos, y uno de los días de filmación hicimos una pirámide, unos subidos arriba de los otros. No lo hice por prostitución. Yo no me prostituyo como el resto de las travestis.

Los extravagantes griegos le pagaron, sin embargo, alrededor de doscientos dólares.

En otra ocasión la llevaron a la Sierra Maestra –el escenario de la lucha armada contra Batista antes de 1959– para rodar otro filme pornográfico con tres chicas y dos hombres.

–Yo entraba a la orgía vestida de cabaretera.

Por lo demás (y como cada vez que cuenta algo) hay pocos detalles.

En resumen: no conserva ni llegó a ver ninguna de esas películas. Pueden haber sucedido o no. En teoría, todas están colgadas en Internet, y hay que pagar por verlas.

Las pertenencias más preciadas de Farah son sus pelucas, sus vestidos viejos y sus propias fotos: la huella documental de su carrera, que han ido dejando fotógrafos y periodistas extranjeros a través de los años.

Foto: Cortesía de Farah (Fuente: revista El Estornudo)

Farah parando el transporte público, en una rara especie de glamour.

Farah encaramada en una cerca.

Farah dándole declaraciones a un micrófono de Telesur.

Farah saludando a su fanaticada en los carnavales de La Habana, que no son carnavales hasta que ella llega.

Farah agarrada de la mano de Mariela Castro, directora del CENESEX e hija del presidente, durante la primera Jornada contra la Homofobia en Cuba, en mayo de 2008.

–Mariela Castro esperó a que yo llegara para comenzar la marcha del orgullo gay. Me dijo: “Dale para que desfiles al lado mío”. Muy divina y fabulosa ella. Cuando se acabó la marcha, me dio un paquetico con cien dólares y me dijo: “Aquí tienes tu regalo”.

***

Elio Medina tiene una teoría interesante. Y según esta teoría, a Farah la protege algo sobrenatural.

–No es normal que siga viva con todas las cosas que le han pasado, dice.

En cuestiones de fe, Farah sigue el patrón de la conveniencia. Si los testigos de Jehová están haciendo donaciones, ella se convierte en seguidora de los Testigos de Jehová. Si los Adventistas del Séptimo Día le regalan un folleto que explica las evidencias históricas de que Jesús existió, puede que se haga seguidora suya. Si tiene la soga al cuello, le pide a Elio que interceda por ella ante Oggún o Elegguá, y se encomienda entonces a las deidades de la religión yoruba.

En un mismo año le dieron dos puñaladas (fue en los 2000, pero no recuerda con exactitud la fecha y nadie cercano a ella la recuerda tampoco). La primera en una reyerta en un bar de la calle Águila, de donde salió con un punzón clavado en la barriga. Los cirujanos tuvieron que abrirla como un cerdo para comprobar que el arma no le había dañado ningún órgano.

La segunda puñalada tiene varias versiones. Según Farah, fue un tajo accidental, en otra reyerta de jóvenes homófobos que la habían emprendido a cuchilladas contra los homosexuales reunidos en el Parque de la Fraternidad.  Según Elio Medina, estaba ella en el Barrio Chino, y la cortaron por interceder en una pelea. Según Isabel Pulido, el tajo se lo largó un hombre con el que ella se había propasado.

Cualquiera que sea la real, todas las versiones terminan en la misma escena:

Farah, con el filo de un machete hundido en el cuello. Farah engavetada en la morgue del hospital de emergencias de Carlos III.

***

La dieron por muerta. En la funeraria de la calle Zanja, sus vecinos y amigos (nunca sus familiares), esperaban el cadáver con el local lleno de coronas hechas de empalagosos gladiolos, envueltas en bandas de papel que decían cosas como “Descansa en paz, Farah”.

Al llegar al hospital con el cuello abierto, Farah sufre catalepsia (un padecimiento que la acompañará toda su vida) y que consiste en la pérdida temporal de los signos vitales, a un punto tal que los médicos asumen el fallecimiento del paciente.

Investigaciones científicas como la publicada en el British Journal of Medicine en 1876 definen a la catalepsia como un “episodio neurológico asociado a pacientes que sufren de esquizofrenia, histeria y hasta melancolía”. El relato de Edgar Allan Poe El entierro prematuro (The Premature Burial), reseña aparentes casos de catalepsia de personas que fueron enterradas vivas.

Engavetada en la morgue, Farah yacía con una etiqueta amarrada al dedo gordo del pie. La etiqueta decía Raúl Pulido Peñalver. Como la cordura de Farah existe fundamentalmente dentro de su propia imaginación, historias como esta hay que corroborarlas.

Elio Medina no deja mentir a su amiga:

–La funeraria estaba repleta de gente. Ella apareció con un vendaje en el cuello, con el suero en la mano y vestida con una bata de hospital. Cuando llegó, la gente empezó a gritar, a desmayarse.

Ella lo cuenta mucho mejor:

–La frialdad de las neveras me despertó. Armé una bulla tan grande que vinieron a sacarme. Se formó tremendo corre-corre. Me dijeron que en la funeraria de Zanja estaban esperando mi cadáver. Me tiré un trapo por arriba y me escapé. Salí a la calle y un muchacho me llevó en bici taxi hasta la funeraria. Llegué y empecé a gritar: “Yo no estoy muerta. ¿Qué cosa es esto?!”. Arranqué las coronas de las paredes y las tiré para el piso. Después me volvieron a llevar para el hospital.

Algunos aseguran que el médico que la sacó de la morgue estuvo varios años bajo tratamiento siquiátrico.

***

Alguien que no haya vivido en La Habana podría pensar que el barrio ha asumido a Farah con naturalidad, que los vecinos son amables, que todo el mundo la quiere, y ciertamente Farah no hace más que salir del solar y todo el que se cruza con ella le grita frases que ella valora mucho como: “¡Eres la única!”, “¡Estás espléndida hoy!”, etcétera, etcétera.

Foto: Almudena Toral (Fuente: revista El Estornudo)

En cambio, alguien que conozca medianamente cómo funcionan las cosas en estos barrios sabe que a Farah se le quiere, pero a cierta distancia, desde el otro lado de la acera, desde allá arriba en el balcón. Como se quiere a los leprosos, con ese indulgente cariño. Esa repugnante hipocresía.

Los vecinos más cercanos, eso sí, perdonan sus excesos y la ayudan en la medida de lo posible para personas que ya tienen suficiente con el peso de sus propias miserias.

***

La última vez que Farah se cruzó con su padre, había ido al edificio de la calle San Nicolás a visitar algunos vecinos.

–Me dijo: “¿Tú qué haces aquí?” Yo le respondí que él no era el dueño del edificio. Fue muy malo. Ahora está enfermo con problemas de la presión o del corazón. No sé. Paso por delante de él y es como si no existiera. Legalmente yo tengo derecho a esa casa, pero no quiero saber nada de ella.

–¿Qué harías si tu padre necesitara de ti en algún momento?

Farah mueve la cabeza para decir que NO, sin tener que abrir la boca.

–Cuando a mí me dieron las puñaladas y por poco me muero, él nunca fue a verme. Con él no tengo sentimientos.

***

El martes primero de marzo, al mediodía, suena el teléfono de Teresa en la calle Lagunas del barrio San Leopoldo. Alguien descuelga.

–Hola Teresa, Farah me dio este número en caso de que necesitara localizarla. ¿Sería posible hablar con ella?

–Farah está ingresada desde el doce de enero en el Sanatorio del SIDA, en Santiago de las Vegas.

***

Farah en el sanatorio / Foto: Jorge Carrasco (Fuente: revista El Estornudo)

Martes, primero de marzo de 2016. Primera visita.

Farah quiere atentar contra su vida. Promete que esta noche la encontrarán muerta, con un cóctel de pastillas en el estómago.

–Escucha lo que te estoy diciendo. De hoy no pasa.

Una enfermera (con ese condescendiente trato que aprenden a desarrollar en un sitio donde los pacientes están cruzados por la irreversible fatalidad), le dice a Farah en una indulgente broma que no se suicide hoy, que hoy es su guardia y no quiere complicaciones.

Desde que en 2009 la diagnosticaron como positiva al VIH, nunca había necesitado más que un par de dosis diarias de Nevirapina, Lamivudina y Tenofovir, para seguir bailando en la calle y luchando los pesos.

El epidemiólogo que la atiende desde hace ocho años, el doctor Rolando Valdez Cruz, se impresiona de las pocas recaídas que ha tenido su paciente respecto a la vida que lleva, y a la que debería llevar quien sufre de una retrovirosis crónica.

–Se ha mantenido compensada por años y, sin embargo, sus rutinas tanto de vida como de alimentación no son las adecuadas. Ella sale a la calle y se salta los turnos de desayuno, almuerzo o comida. Los pacientes con esta condición deberían tener al menos seis comidas al día y no andar trasnochando, porque todo esto puede inmunodeprimirlos.

Teresa, que lleva más de diez años asomándose al balcón para saber si Farah tiene qué comer, cuenta:

–A veces se pone a llorar. Dice que está enferma, que se siente decaída. Pero resulta que se ha pasado el día sin desayunar ni almorzar ni merendar. El dinero que hace no lo gasta en alimentarse. Lo gasta en ropa, en una peluca. En boberías.

Elio Medina expresa:

–Con el VIH ella no se cuida. No toma los medicamentos en hora, no se alimenta bien. Con una cajita de comida de una cafetería ya se conforma.

Farah evita hablar del asunto. Para ella, mientras menos piense en eso, tanto mejor. En 2009 se sometió a los exámenes después de una larga temporada sin subir de peso, padeciendo de frecuentes vómitos, fiebres y cuadros diarreicos. Desde el diagnóstico, muchos le achacan una presunta indiferencia ante la enfermedad.

Solo el que está enfermo sabe cuánto le duele su padecimiento.

La primera vez de Farah en el Sanatorio de Los Cocos es precisamente en una etapa de escasez. Cuando las cuotas de comida son demasiado magras para pacientes que necesitan una alimentación reforzada. Cuando la gestión interna y la administración fallan en sus tareas esenciales.

–Llegué aquí con doce CUC de mi lucha, pero ya no tengo un kilo. La comida es un sancocho y he tenido que gastarlo todo comiendo pan y refresco en una cafetería particular que hay allá afuera. No me puedo quedar mucho tiempo aquí, porque mi vida es otra cosa. Esto no tiene nada que ver conmigo y yo necesito salir a luchar mi dinero.

La prolongada estancia de Farah en el Sanatorio, sin embargo, se debe más a su mala cabeza que a su condición de salud. Ingresó voluntariamente para hacerse un chequeo más o menos rutinario. La ubicaron en una habitación compartida con un paciente de veintiséis años cundido de sarna noruega y casi cuarenta diluciones (dil) de sífilis. Farah se enamoró del paciente, se enredó con él, se contagió de sífilis. Y lo que pudo haber sido una visita de rutina al médico se convirtió en una estancia de casi tres meses bajo observación e inyecciones de penicilina.

–Empecé a tener una fiebre muy alta y a convulsionar. Sabía que algo no estaba bien. Menos mal que empezaron a ponerme el tratamiento rápido. Él no me habló claro. Pero a un gustazo, un trancazo. ¿No es verdad?

–¿Y lo dejaste?

–No. Seguimos juntos. Ayer se lo llevaron a un pabellón de aislamiento, y como no me dejaban verlo planté con los médicos. Fui a visitarlo y, ¿sabes lo que me dijo?: “Tú me gustas mucho, pero yo todavía no estoy enamorado de ti”.

Farah luce más descuidada que nunca. No usa maquillaje. Excepto en los momentos en los que habla del muchacho, se ve mustia y acorralada, con el rostro constantemente cruzado por expresiones de escepticismo. En el cuarto en que la ubicaron pasa el día observando sus propias fotos, que trajo de su casa y colgó en las paredes. El resto del tiempo se le va conversando con otros pacientes o mirando en un televisor pequeño la novela mexicana Barreras de Amor.

Actualmente en Cuba hay más de veinte mil pacientes vivos diagnosticados con el virus del SIDA, y más de tres mil fallecidos. En el Sanatorio de Santiago de las Vegas, el más grande de los tres que quedan en la Isla (los dos restantes se localizan en las provincias de Sancti Spíritus y Holguín), casi todos los internos están bajo tratamientos que no pueden recibir en hospitales comunes, o se quedaron a vegetar ahí por falta de una casa a donde regresar o de familiares que quieran responder por ellos.

Farah no tiene una familia que cuide de ella. Lleva más de dos meses ingresada y ninguno de sus hermanos ha hecho una sola llamada telefónica. Pero Farah sí tiene una casa. Más que una casa, tiene una carrera. Ella no llegó hasta aquí en la vida para tener un vulgar fin en semejante olvidado hospital.

Ella es una artista y tiene un público, y ese público está en la calle. Ese público debe extrañarla.

***

Viernes, once de marzo de 2016. Segunda visita.

Farah recibió una llamada de Teresa y tuvo que salir de pase el fin de semana anterior, de sábado a martes. Amed, uno de sus ex, conservaba la llave de la casa y, al enterarse de que ella estaba ingresada en el Sanatorio, se tomó la libertad de alquilarla a un grupo de homosexuales que tuvieron por unos días el barrio revuelto.

–Cuando llegué a la casa aquello era un prostíbulo. Amed tenía metidos allí a una pila de homosexuales, que hacían el sexo el día entero y gritaban. Un vecino fue a llamarles la atención, y lo amenazaron con tirarle agua hirviendo. Al final llamamos a la policía y los pudimos sacar.

Farah evacuó sus pocos efectos personales y los guardó con los vecinos porque Amed, a falta de algo valioso que robarse, le había vendido dos maniquíes que ella tenía de adorno en la sala.

Después de ponerle un candado a la puerta y clausurarla con un par de listones de madera, ingresó nuevamente en el Sanatorio el martes ocho.

De vuelta al encierro y a la depresión. Mientras estuvo de pase, conoció a otro muchacho en la Habana Vieja.

–Yo tengo mucha suerte con los hombres. El fin de semana barrí. Me encontré con tremendo mulato y él me pidió mi dirección. Le dije que estaba presa, y había salido de pase. “Estoy presa porque agredí a un tipo y le metí un cuchillo”, le dije. Tú sabes que yo soy ocurrente.

En un pequeño paseo por el Sanatorio, les informa a varios pacientes con los que ha hecho empatía que vinieron a verla de la calle.

–La que es dura, es dura–les dice.

***

Martes, quince de marzo de 2016. Tercera visita.

Hastiada de nuevo. Asegura que su vida es en la calle, bailando. Que está harta, que ya terminaron de ponerle la penicilina y la sífilis cedió.

–Llené dos maletines con todas mis cosas y me voy hoy mismo por la noche. A mi pareja me lo llevo para mi casa. Nos vamos juntos de este lugar horrible.

***

Una semana después de tenerlo viviendo en la casa, el veinteañero que la contagió de sífilis en el Sanatorio comienza a rechazar las caricias de Farah. En este punto de su vida, tan cansada de mendigar cariño, no insiste.

Se harta de él, le recoge los bártulos y lo echa a la calle.

–A fin de cuentas me puedo dar el lujo de escoger, porque la artista soy yo.

En marzo de 2016 las principales fobias de Farah siguen siendo las alturas y la soledad. Tuvo un perro llamado Miseria, un perro fiel que murió bajo las ruedas de algún camión. Miseria fue sustituido por Canelo, igual de famélico, porque Farah quiere tenerlos de compañía pero raramente les da un plato de comida.

–Tienen que aprender a luchar en la calle. Si yo lo hago, cómo no lo van a hacer ellos.

En marzo de 2016 Farah pesa cincuenta kilos repartidos en un cuerpo que sobrepasa el metro ochenta.

Flaca y larga como un palo de escoba.

Arácnida.

Un lunar falso tatuado entre las cejas.

En la boca, solo dos dientes son suyos: dos cascos medio prietos aferrados a la mandíbula de abajo. En la de arriba, las piezas alineadas y falsas de una prótesis.

En su fantasía de glamour y estrellato, una diva con solo dos dientes no deja de ser una diva.

Lea aquí el reportaje original, publicado en revista El Estornudo.

Los piratas del chavismo: así es la nueva guerra del Caribe

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Lea aquí otros reportajes finalistas del Festival Gabriel García Márquez: Historia de un paria y La ola: una reconstitución de la tragedia de Mariana, el peor desastre ambiental de Brasil

Eran las cuatro de la mañana de un día de septiembre. El mar Caribe, calmado. Nada auguraba la masacre en el silencio de la noche, que creyeron sería una más, rutinaria, tediosa, húmeda, bañada de estrellas. Rota tan sólo por escuetos gritos que transmiten órdenes o el ruido del generador que alimenta los cuatro luceros que permiten ver apenas lo suficiente para trabajar. Los seis tripulantes del Don Justo, un peñero artesanal de cuatro metros de eslora fondeado a pocas millas de la costa de la península de Araya, en la costa caribe del estado de Sucre, al oriente de Venezuela, terminaban de jalar el nailon, preparar la cabuya que marca su fondeadero y levantar el mandinga, la cuchara donde los peces se ahogan a saltos antes de ser izados al bote. Estaban casi listos para regresar a tierra con 200 kilos de sardina, lamparosa, pargo, cabaña y bagre que venderían en la boca de río de Cumaná, la capital del estado, a media hora de navegación.

De la oscuridad y el silencio -de la nada- llegó otra lancha. Seis encapuchados a bordo. Armados con fusiles y revólveres. Al verlos, un carajito de 12 años -siempre hay uno a bordo- y uno de los pescadores lograron esconderse bajo la paneta, a proa. El patrón, Edesio Rodríguez, de 42 años, que lleva pescando desde los ocho; su hijo de 21, Luis Miguel Rodríguez Marval, y dos de sus sobrinos, Junior Vera, de 23, y Daniel Jesús Reyes Marval, de 24, estaban vendidos. No tuvieron opción. Los ataron de pies y manos a los tablones del bote. Les golpearon con las culatas. Los rociaron con gasolina. Amenazaron con prenderles fuego. Se lo llevaron todo. Los dos motores, la pesca, las redes, el generador eléctrico. Todo.

Hasta aquí un robo.

Pero antes de irse, los piratas del mar, o robamotores, de los que hablan hoy todos los pescadores y habitantes del oriente de Venezuela, le metieron siete tiros en la cabeza a Daniel y cuatro a Junior y a Luis. A Edesio, empapado en el líquido en el que se freiría, llegaron a mostrarle el chisquero encendido, a amenazarle con lanzárselo encima. Pero no lo hicieron. Le dejaron vivir. Semanas después de aquello, cuando lo recuerda, aún es un hombre al que le cuesta articular palabra y que dice que no ha vuelto a salir al mar: «Dispararon sin ningún criterio, nadie se opuso, no dijeron nada. Y el que disparó se quitó la capucha para que le viera la cara».

Una hora después de los crímenes, otros pescadores les encontraron y los remolcaron hasta Caracolillo, en la península de Araya, de donde históricamente se extrajo sal para toda Venezuela, una industria de la que hoy sólo quedan desvencijadas ruinas carcomidas por la erosión y mucho desempleo. Un lugar de arena, calor irrespirable, casas de bloque, techos de lámina, sin agua y con poca luz. Un lugar en el que desde entonces reina el miedo a quien les atacó. Un pirata que no vive en una isla lejana, sino a un par de kilómetros de sus casas.

Denunciado con nombre y apellidos por los familiares de los muertos, pertenecientes al Clan Marval, el supuesto asesino es Alexander Vásquez, alias El Beta, de la banda de Los Trakis. La Guardia Nacional Bolivariana no logra detenerlo. Quizá tampoco quiera.

En la historia de estos pescadores de Caracolillo y su complejidad, llena de omisiones, medias verdades y mentiras, se reflejan la Venezuela de hoy, la debilidad de sus instituciones, la violencia y la corrupción. Quienes se sienten abandonados por todos se incorporan a un modelo, paradigma local, regional, continental: el del control por parte de pandillas, de la criminalidad organizada y tolerada, de territorios abandonados por estados que, desde su misma entrada en la modernidad, siguen peleando con mayor pena que gloria por consolidarse, sea cual sea el discurso que en cada ocasión se elige para fracasar.

La desembocadura del río Manzanares, en la ciudad de Cumaná, vierte aguas marrones, arenosas, a la lengua de mar Caribe que separa la ciudad de la península de Araya y es testigo de cómo lanza sus redes un enjambre de pescadores que avanzan a remo. Salen de madrugada y regresan cuando el sol comienza a picar demasiado. Colocan el jurel en la boca de río, una galería de puestos que emergen semivacíos -hasta el hielo se les hace caro ahora- al ritmo de Juan Gabriel.

A pie de escaleras hay tres descargadores. «Larry, Cool y Calimero», espetan los hombres, que añaden un «los tres chiflados» para hablar en grupo y, desconfiados, no dan su nombre real. «Ya nadie se atreve a salir al mar porque le quitan el motor y lo dejan a la deriva los piratas», dice uno. «Si no lo rescata un barco, desaparece en Dios».

Callan cuando se acerca la guardia, bolsa de plástico en mano, recorriendo puesto a puesto, recogiendo peces. Cobrándose la protección, mitigando el hambre también ellos. «Si no lo roban a uno en el mar, lo roban estos en tierra», masculla quien elige Calimero como seudónimo.

La de los piratas aquí es una historia antigua y repetitiva. Entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII, Holanda y la Corona de Castilla pelearon por el control de la península de Araya, donde se encontraba la mayor salina conocida del nuevo continente. Los piratas y filibusteros holandeses, franceses e ingleses asaltaron, robaron y explotaron el lugar en competición con los españoles en busca de la sal. También para beneficiarse del contrabando.

Desde el siglo pasado, el partido del presidente Hugo Chávez no ha perdido nunca un proceso electoral en Sucre, el estado más pobre y quizás uno de los más favorables al régimen de todo el país. Que vivía -malvive- en declive absoluto, rayano con ese colapso al que arrastra el abandono de su puerto -el de Cumaná- de la pesca, de sus pescadores.

Interminables colas para conseguir comida organizadas por hombres con armas largas, escasez de productos básicos, fallos en el suministro eléctrico y una protesta continua pero soterrada de todos en cada esquina, portal y charla. Que aún sin llegar al desborde -algunos saqueos esporádicos en junio pasado- puede estallar cualquier día. Es también un aeropuerto de vuelos a 10 dólares del que no sale un avión a tiempo. Inundaciones de lodo en las calles tras algo de lluvia, un hospital sin agua corriente, medicamentos o, muchas veces, luz que permita ver algo en una sala de emergencias alumbrada a linternas y velas o una comandancia policial donde los presos languidecen, hasta mueren, hacinados como animales.

Los niños de la familia Marval se pasan el día riendo y jugando en el mar. Meten una oreja en el agua y se tapan la otra. Dicen que se escucha el gorgojo del bagre y así reconocen cuando llega la buena captura. Ésa es sólo una escena que se disfruta de frente y con anteojos de turista. Ampliando el ámbito de visión a los lados, el paisaje que los rodea tiene poco de arcadia feliz. Es insalubre. A falta de baño, nunca lo hubo, y agua corriente en sus casas -porque lleva horas ir a acarrearla en cubos-, las necesidades mayores flotan cerca de la orilla. Hay que saltar sobre basura para poner un pie en el mar.

Esos baños junto a la inocencia de los más pequeños hablan mucho. Tanto como el escenario que les rodea, de hombres reparando redes y jugando a las cartas, de mujeres que pasan la tarde, enfadadas, cargando bebés, dando órdenes a gritos en un español roto e ininteligible, limpiando pescado, su única alimentación junto a un poco de arroz. Tras la primera entrevista, la de las víctimas de los piratas del mar, la de los robamotores, la de Edesio, el padre herido, la pobreza a primera vista y la exclusión social, la inocencia de un niño destapa una mentira.

- ¿Ésas son vuestras lanchas?
- Sí. Ésa es de mi tío y ésa de mi abuelo.
¿Y los motores? ¿Son motores nuevos?
- No, ya tienen años.
¿Pero no los habían robado?
- No, no los robaron.

La conversación no es literal, demasiados niños alrededor, jugando a las aguadillas. La idea lo es. Dice que hasta las víctimas mienten. Los niños, menos. Si en las lanchas fondeadas hay motores, ¿qué robaron los piratas? ¿Quince tiros en tres cabezas por unos kilos de pescado y unas redes?

En Caracolillo manda la familia de los tres pescadores muertos. Los Marval. La sociedad, matriarcal, gira en torno a la abuela de los tres. Luz María Durán, de 54 años, que ahora pasa a ocuparse de dos bisnietos huérfanos. Más bocas que alimentar, que sumar a los casi 50 nietos que le quedan vivos y a los 10 hijos e hijas que tuvo. Las hembras, como las llama, viven con ella. Luz es una mujer que, sentada, fuma, mientras deja que una de sus hijas le cepille una larga cabellera negra por la que no se abre paso una sola cana. Inexpresiva, silenciosa. Abre la boca lo mínimo. Ordena farfullando. El resto, obedece. Incluso su marido, Justo Marval, de 65 años, que rara vez se separa de su lado.

La rutina del día la marca la coreografía de las sillas de plástico en las que languidece una familia. Al comenzar el día, frente al mar, para ordenar lo sucedido con la captura de la noche. Cuando el sol aplasta, en un patio interior desangelado que hace las veces de depósito de motores bajo llave, las mujeres limpian chipi-chipi, una especie de almejas que cuecen con arroz. Y por la noche, en el portal de la casa, ubicada en la última calle de la aldea, los adultos juegan al dominó. Siempre atentos, de cara a una calle, de arena, que les comunica con el resto de su comunidad. Por donde podría llegar el ataque. Donde una manada de perros se pelea por sobras de comida ante la mirada -esa mirada de quien no espera ni siquiera que pase el tiempo- de dos docenas de mujeres y niños que temen a la oscuridad.

El tiempo, detenido, lo rompen los chamos. Los muchachos. Que irrumpen en fila india, caminando despacio, a saltitos, sin mirar a los lados, desde el foco de luz de los restos de lo que quiso ser cancha de fútbol. Son niños jugando a adulto. Con gorras, cadenas, zapatillas deportivas y ropa holgada. Alguno pesca y sólo se lava y cambia de ropa antes de salir a hacer la ronda de vigilancia. No llaman la atención hasta que están cerca, de tan integrado que está el movimiento circular y constante de cada uno de los grupos que revolotean en torno a la base del clan Marval, que es parte rutinaria de su ritmo de vida.

Son seis o siete. Y cargan un fusil, unas pistolas, un galil, un par de armas hechas a mano. Pasan sin saludar por delante del grupo de mujeres y niños y se meten en un cuarto. A fumar algo de peor calidad, incluso, que el crack. Creepy, lo llaman. Se pasan mensajes con las chicas, se mueven de casa en casa, de grupo en grupo, de esquina en esquina. Patrullan, vigilan. Se avisan. Cuando se acerca la guardia nacional para su ronda del día -con las luces encendidas y en ralentí total, como avisando- un sistema de silbidos sobre el cañón de la pistolapreviene con tanta antelación que los armados no necesitan ni darse prisa para disolverse y entrar en las casas. No llega ni a teatro, de tanto hábito que destila. La camioneta se detiene. Mira en silencio. Todos saben. La misma escena cada noche. Aquí no pasa nada.

Fueron pescadores. Ahora son otra cosa. En la aldea estos jóvenes son pandilla, autodefensa. Como miles más, víctimas de la crisis del mar, que irrumpió como cascada en todo el estado. Corriente floja primero, ha terminado aturdiendo y salpicando a quien se acerque.

Según datos de la organización patronal del sector, el atún, principal producto pesquero de la región, ha dejado de exportarse. La inflación para 2016 alcanzó el 800%. La flota pesquera se ha reducido a menos de un 20% de lo que fue y su producción total ha disminuido en un 75%. En el muelle del puerto mercante, con capacidad para 1.500 contenedores, ya no hay ninguno. Su hormigón agujereado, sin actividad económica ni mantenimiento. Se han perdido miles de puesto de trabajo.

Los empleados que quedan pasan el tiempo, pesado, lento, caribeño, sudoroso, en la sede de un sindicato, que no oculta -en contradicción cada vez más evidente- ni su fidelidad chavista ni su descontento con la dirección actual del país.

José Antonio García es cuadro político, representante de la Unión Regional de Trabajadores, y dispara desde la izquierda. «Respaldamos la ideología del presidente Chávez, pero no el accionar político que ha venido después», resume. «¿Guerra económica, dicen? Guerra es destruir la industria», explica. «De una actividad económica rentable se ha pasado a la quiebra por corrupción».

Empleado del puerto tras empleado del puerto, ingeniero naval tras ingeniero naval y pescador tras pescador explican que los pocos barcos que quedan salen a depósito lleno, venden el combustible y regresan con pescado no pescado, sino comprado en el mercado para justificar el viaje. Con los beneficios astronómicos de comprar gasoil barato, subvencionado, socialista y venderlo caro en el mercado capitalista. No sólo por el gasoil. Muchos contrabandean también comida. Tan escasa. Todo ante autoridades militares que miran hacia otro lado, dinero en mano. Como en el pasado. García cree que lo sucedido en el sector pesquero en Venezuela muestra la pérdida de ética, de institucionalidad, de conquistas sociales. Imbuida, eso sí, aún, de una retórica revolucionaria en la que ni los propios trabajadores creen. La crisis del gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez. «Chávez fue un río desbordado. Maduro no es capaz de controlar el sedimento que arrastró», afirma categórico José Antonio.

La crisis y el enojo hacen mella en la industria, golpeada y expropiada. En los hombres de las manos agrandadas por años de trabajo duro. De la decepción no escapan ni cuadros chavistas ni militantes de la primera hora. Como el pescador Luis Rodríguez, de 39 años, tan camiseta vieja de Chávez que vive en una invasión organizada por el movimiento nada más llegar al poder en 1999. Un hombre humilde que camina aún vestido con una franja horizontal desde la que le guían esos ojos situados a la altura del corazón y casi en cada esquina o pared de edificio construido por las misiones de vivienda del comandante, gran hermano, que vigila a sus seguidores. La devoción, su fidelidad, es inmune a la realidad. Confía, dedo índice levantado al cielo, «en el ejército de Jehová y en la revolución de Chávez».

Rodríguez preside el consejo de pescadores artesanales Cahihuire, que agrupa a 334 familias. Denuncia y camina. Muestra. En el sector llamado El Hueco, pegado al mar, al norte de Cumaná y que fue manglar antes que invasión revolucionaria, los compañeros de Rodríguez viven sin agua corriente, las aguas fecales surcan los espacios entre sus precarias construcciones de madera y sufren por el modo en que el mar invade sus infraviviendas cuando la marea golpea fuerte. Mientras trabajan, también escuchan a Chávez hablando desde la ultratumba de los Aló presidente, sus programas dominicales de televisión, grabados hace años y que suenan ahora tuneados con base de hip hop.

Tienen que bajar el volumen -regresar de la ensoñación- para poder hablar de su hoy. Entonces, Irvelia Vázquez, de 40 años, llora frustrada ante una imagen a tamaño real de la figura mítico-religiosa que preside el espacio en el que vive con su marido y tres hijos como presidió sus vidas. «Le están faltando a nuestro presidente. El gobernador, el alcalde, los diputados, los ministros, no tienen a los pescadores en cuenta. Muchos días sólo comemos algo que podemos pescar. Otros pasamos hambre». Y tras la frustración y la descripción de sus condiciones objetivas de vida, la fase de negación del creyente: «A Maduro le ocultan todo esto. Queremos que venga Maduro aquí y vea esto. Haría algo si supiera como vive su gente».

Además, cuentan Luis, Irvelia, los pescadores, también ellos, están los piratas del mar. Y presentan a otra de sus víctimas: Ramón Ramos, de 61 años, pescador desde los siete. La historia es sustancialmente la misma que relata Edesio. Sólo que sin muertos. «Íbamos tres, ellos eran cinco», comienza. «Estábamos fondeados durmiendo, cerca de una isla. Te amarran al bote, se lo llevan todo.El pescado, la central, los motores. Quitan tapones para que te hundas, te dejan a la deriva. Llegas a tierra. Vas a la guardia, no hace nada. Ellos mismos almacenan los motores que requisan y te acusan de autorrobo para cobrar un seguro. Luego les borran el número de serie y los venden fuera de aquí».

El relato de Edesio, el superviviente impregnado de gasoil del ataque que segó la vida de sus tres acompañantes, es mucho más detallado. Hace unos años aparecieron por aquí los Trakis, una banda de ladrones. El peor de todos ellos es Alexander, El Beta, el pirata, que vive cerca, a la vista, en los apartamentos, en «el barrio», un proyecto de viviendas construido por el gobierno chavista en su momento de dádiva y esplendor. Es el mismo que supuestamente asesinó a los tres pescadores Marval. En la versión de Luz, corroborada no sólo por la familia sino hasta por el párroco, todos les tienen miedo. Llaman por teléfono, amenazan, hacen tiros al aire. La policía no hace nada. Entran a robar a las casas. Todas las semanas asaltan a pescadores. Roban motores, les cambian los papeles y los envían fuera de aquí para venderlos. «Nosotros no nos vamos a dejar. Nosotros tenemos que hacer algo para defendernos», explica Luz, que pone historia y contexto al grupo de adolescentes armados. «Nosotros somos pescadores y seguimos pescando. Pero los de El Beta ya sólo se dedican a robar. Yo conocí a los abuelos, a los papás, a la familia de todos esos carajillos, gente normal, pescadores. Pero hasta a su propia familia tienen amenazados esos de El Beta».

En cada historia de Montescos y Capuletos hay una anécdota fundacional, un hito que, desde su voluntad ejemplificadora, muestra el carácter del enemigo. Dicen todos en Caracolillo que la primera vez que los Beta les robaron un motor, el padre vino a devolverlo y desde entonces, de tan malos que son allí en «los apartamentos», hasta los padres viven amenazados por los hijos. Cada tanto, las mujeres se acercan en grupo a la comandancia de la Guardia Nacional y hacen guardia. Corren rumores. Que si han detenido a alguien, que si quieren denunciar que han visto a tal o cual de los miembros de la banda de El Beta merodeando por el cementerio, un lugar emblemático, frontera de separación de ambas comunidades, donde casi no se atreven a ir a recordar a sus muertos porque no sólo ha sido saqueado y las tumbas no tienen nombre o cruz, sino que sus enemigos esconden motores robados en las tumbas abiertas. Identifican al comandante de la guardia como aliado del grupo. Se muestran contrarios. Ponen sobre la mesa al gobierno, la política. Tienen hasta un primo concejal, denuncia la matriarca Luz, sí, aquí en Araya. Una localidad que gobierna el Partido Socialista Unificado de Venezuela.

Un círculo de piratería y crisis que comienza a cerrarse. De nuevo, sobre un esquema de siglos de antigüedad. Así se fundan las pandillas que controlan y pelean gran parte de América Latina, desde las villas del conurbano bonaerense a las colonias de Tegucigalpa. Venezuela no tenía por qué ser menos. Malandros los llaman aquí. Descendientes de los malandrines castellanos de la época en la que esta misma península fue acosada por los piratas. Y en alguna connivencia con las autoridades, del color que sean éstas.

«Tenemos que protegernos», dice Luz, que remite para cualquier explicación sobre las armas y el grupo de jóvenes, Los Cainos, se llaman, a Franklin Marval, el jefe de la banda, su sobrino. Encarcelado en la Comandancia de Cumaná desde hace un año por matar a tres personas a tubazos dentro del interior de una casa. Se supone que ladrones, se supone que de la banda del Beta. Para entrar en el centro penal de Cumaná, donde un hombre murió hace poco tras pasarse un mes esposado desnudo a una verja de la puerta de entrada de las visitas, es necesario hacerlo con Luis Soto, delegado en Sucre del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos. Soto, abogado nervioso, hablador, empapado en sudor, muestra fotos de presos fundidos en la sarna que se extiende por el lugar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que emitir medidas cautelares en abril de 2016 para ordenar la situación después de que siete presos que a falta de espacio estaban encerrados en el interior de un vehículo policial en el patio se quemaran en un incendio provocado por un hilillo de gasolina que salió de la celda de un grupo rival.

Aquí, de una celda de 10 m² en la que se turnan para dormir 125 personas, sacan a Franklin, de apodo El Chupacabras, un hombre de 40 años suave, casi atildado, educado, limpio, jefe, articulado -mucho más que cualquier miembro de su familia- como lo son los malandros de verdad. Lo sacan de la celda del Carro Azul, donde se aísla y separa de sus enemigos a los miembros de esta megapandilla de Cumaná, matriz de Los Cainos de Araya. Esos enemigos son miembros de la megapandilla rival El Tren, matriz a su vez de Los Trakis de Araya, la banda a la que pertenece El Beta. Franklin, de quien hasta el párroco de Araya dice que su comunidad le considera un Robin Hood porque roba y reparte, porque protege, ya sin reparos, recibe a los enviados de su tía abuela, Luz, y explica.

«Desde que yo caí preso, el control allí se fue y por eso mataron a los chamos. Yo llegué de Cumaná a Caracolillo en 2008. Era taxista, Había estado preso alguna vez por algunos ilícitos. Me encontré con que Los Trakis atronaban y robaban. Saqué un arma, sí. Y puse orden. El primer muerto fue 2009, por robamotores.En 2012 hubo otro. Le agarramos titico [traduce, que quiere decir en grupo]. Y murió a escopetazos». Sigue. «El último día de 2013 se nos metió un ladrón con un taxi robado y el pueblo salió a buscarlo. Lo matamos. La policía no se metía, había que defender a la comunidad. El 7 de julio de 2015 me arrestaron por los tres que agarramos a tubazos. Ni saqué el arma. Estaban en una casa robando y entramos varios a por ellos. Cuando yo vivía allí, los motores dormían en el agua. Ahora hay que sacarlos cada día del mar, ponerlos bajo llave y cuidarlos en patrullas. Organicé lo de los chamos. Hablé a los dueños de los peñeros y como ellos dan un servicio de colaboración para la seguridad de todos, ellos les proveen de pescado y de harina y de una cantidad para la familia».

No, a Edesio y los muertos no les robaron los motores. Franklin confirma lo que contaban los niños mientras se bañaban, medio en broma, sin ser conscientes de que destapaban la olla de un conflicto más profundo. «A los muertos les cayeron en el mar, en el trabajo, porque los veían vigilando y en tierra, en la comunidad, no se atrevían a atacarlos. El Beta es un cobarde y para seguir robando tiene que deshacerse de quienes protegen. Sean pescadores o chamos armados. Porque el negocio son los motores. Desde que empezó a subir el dólar nadie puede comprar motores ni reparar nada. Las piezas y los insumos no llegan. Ése es el mercado negro que alimenta todo este conflicto. Por eso los mataron, por proteger motores».

Y por política. El Beta, delincuente victorioso por el momento, no es el único que tiene un primo concejal, en el gobierno. Franklin Marval, derrotado y encarcelado, confirma que le pagó parte de la campaña y le cedió una casa a la candidatura municipal de la oposición en las últimas elecciones a la alcaldía de Araya. Quizás esa derrota, la de la correlación de fuerzas políticas, también haya influido en la de una pandilla frente a otra. En quien sigue libre y quien está encarcelado. En que el conflicto no tenga visos de solución a corto plazo, porque es trasunto delictivo del problema político del país.

Además, el conflicto, consustancial a estas situaciones, amenaza con contagiarse al interior del grupo, donde los hay que son disidentes hasta de los disidentes. En Caracolillo, algunos de los jóvenes que duermen agrupados en colchones sobre el suelo, espantando moscos y cucarachas con un trozo de arroz y pescado en el estómago, se despiertan a las dos de la mañana para salir al mar a buscarse el jornal con hambre y el miedo a un ataque, oscilan, dudan, bailan, del trabajo duro a la prepotencia del vigilante querido, reconocido y mantenido por la comunidad. No sin recelos. No hace falta escarbar para detectar la protesta, el disenso en voz baja, de primos contra primos. «¿Por qué tengo que trabajar yo para que esos se las den de guapos?».

Conscientes de la imagen de división que transmiten, no profundizan. Al mismo tiempo, alguno de sus primos, que también pesca, cuenta con orgullo cómo han dejado reducidas a escombros algunas de las viviendas de su comunidad. En ellas habitaban partidarios del grupo rival. Y esa pertenencia no se perdona.

La violencia cae de todos los lados. Todos aquí son víctimas y victimarios.Igual que chavistas y antichavistas. Incluso al mismo tiempo. Cuando el conflicto se basa en enfrentamientos familiares, las cunetas y, en este caso el mar, siempre guardan espacio para nuevas víctimas.

Daniel Marchán, 20 años, es secretario de finanzas del sindicato de Pescalba, estandarte de la industria pesquera socialista. Puede elevar la explicación de la piratería, las pandillas, la crisis de la pesca hasta el conflicto político nacional. Es chavismo enojado, preocupado. Miembro del partido, desde la infancia. Producto del proceso que el país ha vivido. Recuerda que a los 10 años vivía en un rancho de suelo de barro. Cazaban pájaros para comer. «Antes había de todo en las tiendas. No había dinero. Ahora hay algo de dinero, pero no hay nada en las tiendas. Algo se ha hecho mal». Está enfadado.

Daniel cuenta que cuando el gobierno de Chávez decidió entrarle a la pesca, una de las primeras medidas que tomó fue la defensa del pescador artesanal. Prohibió la gran pesca de arrastre cerca de la costa y dio créditos para lanchas y motores. Quien perdía su empleo en la industria podía convertirse en pescador artesanal. Muchos -dice, rodeado de un grupo de compañeros de trabajo que asiente- los vendieron y se quedaron sin nada. Cuando se les acabó el dinero, ya no tenían puesto al que regresar porque no había empleo. Llegó la pobreza. La delincuencia. Cierra el círculo que lleva a los piratas del mar, azote del pequeño pescador. Cierra el círculo de la desindustrialización, de la privatización que ahora quieren detener, de la mala planificación económica, de la revolución traicionada.

«Amor con hambre no dura», sentencia, en frase hecha a partir de retazos machistas pretendidamente románticos y elevada a análisis político. «Puedes amar a Maduro y al partido, pero con hambre y necesidad, buscarás un cambio».

Las autoridades, como corresponde al contexto, guardan silencio. La única voz oficial que se pronunciaría sobre el problema de los piratas y la violencia es Gluber Meza. Capitán General del puerto de Sucre, un militar en situación de retiro. En su despacho, a diferencia, por ejemplo, de las Urgencias del hospital regional, sí hay aire acondicionado. Tanto que lleva a temblar de frío en apenas cinco minutos y él no se quita la chaqueta durante toda la entrevista, casi una trampa tendida por los propios sindicalistas del puerto, que querían presentarle a alguien que trataba entender los problemas del sector pesquero.

Su respuesta a la pregunta sobre los piratas del mar, la crisis de la pesca, se muestra escueta, dentro de esa marea de verborrea vacía instalada por su líder y a la que cada cuadro chavista parece haberse sumado. Resumiendo: «El robo de motores es un problema mundial que se da también en Europa. No victimicen a Venezuela. Mientras haya compradores, habrá ladrones. Los pescadores tienen que aprender a protegerse. Lo que usted me pregunta es una nimiedad comparado con la trata de blancas o el tráfico del polvo blanco. Cuando alguien es víctima del hampa es legítimo que diga que la culpa es de las autoridades. A mi hija le robaron la cartera en Madrid y usted no va a escribir un reportaje sobre eso y echarle la culpa a Rajoy, ¿verdad?». Termina la charla abriendo el frigo y ofreciendo un trago de chingaparao. Una bebida fuerte, en chupito, hecha a partir de ron y melado de papelón aliñado con especias.

En ninguna comunidad atravesada por la violencia, la crisis eterna y la ausencia de Estado faltan las buenas intenciones. Que tratan de organizar treguas entre organizaciones armadas en las que los combatientes son apenas adolescentes y reproducen cuitas abiertas por sus padres y abuelos. Que, cargadas de ilusión, dicen que para rebajar la tensión, los chamos tienen que jugar un partido de fútbol con sus enemigos. Montescos contra Capuletos. En eso trabaja aquí, en este caso, el padre Albert Marchán, de alzacuellos y camisa azul celeste, barba recortada y lentes de lector, que tiene apenas 30 años y es párroco de Araya desde hace dos. Conoce perfectamente el problema. Ser cura en esta zona -explica no sin cierto orgullo, a fin de cuentas habla de sí mismo y los dos seminaristas silenciosos que le acompañan hundidos con su larga sotana negra en el calor- tiene un componente de «misión».

«No hay día que no escuchemos una historia de piratas y violencia. Es el tema de discusión». Pero concluye, imposible saber si resignado o crítico con el gobierno: «La política de las autoridades es la inacción. Dejar que se maten entre ellos. En un país sin empleo, comida, agua o luz donde el Estado ha dejado de cumplir sus obligaciones, de proveer seguridad a la población. Las armas son ya el único mecanismo de diálogo entre quienes no están de acuerdo en algo».

Lea aquí el reportaje original, publicado en El Mundo.

La muerte de 31 ancianos en hogar del Senama sigue sin sanción

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La primera alerta llegó en agosto de 2015, apenas un mes después de que la Fundación Amsca (Agrupación Médica y Social Chile Ayuda) se hiciera cargo de uno de los hogares para adultos mayores más grandes del país. El informe de supervisión del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) advirtió que algo andaba mal en el Centro Cordillera (en Puente Alto, con más de 80 residentes): “Falta de insumos como, por ejemplo, medicamentos, pañales, materiales de enfermería”. Desde entonces, mes a mes las alertas se repitieron y cada vez más duras. A pesar de ello, solo un año después el Senama puso fin a su relación con Amsca. Pero, para entonces ya habían muerto 31 ancianos.

El Senama solo actuó en febrero de 2016, cuando el marco de una puerta del hogar cayó sobre la cabeza de Margarita Lobos (83 años), provocándole la muerte. Tres meses más tarde, en mayo, el servicio puso fin al convenio y estampó una denuncia ante la Fiscalía de Puente Alto por la muerte de cinco ancianos durante la administración de Amsca. Uno de ellos presentaba una desnutrición severa: habría estado nueve días sin comer.

Un reportaje de El Mostrador denunció en junio de 2016 las precarias condiciones en que vivían los adultos mayores, a quienes además Amsca no pagaba sus pensiones. En febrero de este año un informe de la Contraloría General de la República constató las irregularidades cometidas por esa fundación en los casi 12 meses que estuvo a cargo del hogar, el mismo lapso en que murieron los 31 ancianos (vea ese informe).

CIPER reconstruyó la ruta de las advertencias que tuvo en sus manos la cúpula del Senama. Recogió testimonios y documentos que evidencian que, a pesar de la gravedad de las alertas, la Dirección Nacional de ese servicio no solo no ordenó una respuesta inmediata, sino que le bajó el perfil a la situación. La investigación de CIPER determinó que tanto el jefe de la División de Gestión y Coordinación Territorial –de la que dependen los hogares que tiene Senama, a través de la Coordinación Regional-, Rubén Valenzuela, como la entonces directora nacional, la socióloga Rayen Inglés (ambos militantes democratacristianos), estaban informados desde el principio de las peligrosas falencias en la administración de la fundación. Aun así, mantuvieron una actitud pasiva.

CIPER tuvo acceso a una voluminosa documentación que demuestra las fallas y carencias (citada en el informe de la Contraloría) y, aunque hay un sumario en curso en el Senama y una investigación de la Fiscalía por las causas del fallecimiento de siete adultos mayores, aún no hay sanciones en el servicio.

Por el contrario, Rubén Valenzuela, el sociólogo que entonces estaba a cargo del departamento que lleva la relación con el hogar Cordillera, fue nombrado director nacional del Senama en reemplazo de Rayen Inglés, quien hoy es candidata a diputada por el Distrito 22 (Región de la Araucanía) en un cupo de la DC.

Rayen Inglés y Rubén Valenzuela en un evento en el hogar Cordillera (Fuente: Senama.cl)

Rayen Inglés y Rubén Valenzuela en un evento en el hogar Cordillera (Fuente: senama.cl)

Las autoridades del Senama hasta ahora han sido incapaces de responder por qué esperaron casi un año y la muerte de una treintena de ancianos para cortar el contrato con Amsca, por el cual le transfirieron $517,4 millones a esa fundación.

En entrevista con CIPER, Rubén Valenzuela deslindó responsabilidades respecto de lo ocurrido en el centro Cordillera. Afirmó que, a diferencia del resto de las entidades que administran hogares para el Senama, la Fundación Amsca se entendía directamente con la ex directora nacional, Rayen Inglés. También sostuvo que fue Inglés quien le bajó el perfil a los alarmantes informes que se recibían desde la residencia y que los funcionarios que la supervisaban se inhibieron de actuar por temor a entrar en conflicto con la fundación y así poner en peligro su estabilidad laboral.

CIPER se contactó con la ex directora, quien dejó el cargo en marzo del año pasado. Rayen Inglés afirmó que supo lo que ocurría en el hogar recién en diciembre de 2015, negó tajantemente que le haya brindado un trato preferente a la fundación y sostuvo que no tiene vínculos personales con directivos de Amsca. Agregó que apenas se enteró de la situación, ordenó que se visitara la residencia y dijo que no pudo hacer más porque un mes después presentó su renuncia.

–No hubo antes de diciembre de 2015 un informe directo que me advirtiera de esa situación. De hecho, si usted le pide a Rubén Valenzuela un correo electrónico o algún memorándum donde él me informara de la situación, no hay– dijo a CIPER la ahora candidata a diputada.

La versión entregada a CIPER por Rayen Inglés difiere completamente de la de Rubén Valenzuela. Para intentar aclarar quiénes estuvieron informados de las falencias detectadas en el hogar y qué medidas adoptaron, CIPER solicitó al Senama los oficios o correos electrónicos relacionados con el centro Cordillera. El servicio envió una larga carta en la que detalla lo que, mes a mes, hicieron (vea ese documento).

Según esa carta, fuera de las supervisiones de rutina –que estaban obligados a hacer por convenio–, la primera acción concreta que toma el Senama para “corregir las irregularidades detectadas en el primer informe” fue una reunión entre los funcionarios de Senama y los de Amsca el 11 de noviembre de 2015.

El acta de esa reunión –que el servicio adjuntó en su respuesta a CIPER como respaldo– tiene cinco páginas, está escrita a mano y, aunque no incluye la nómina de los asistentes, sí están sus firmas. Entre los temas tratados están: “revisión del primer reporte técnico correspondiente a los meses de julio y agosto 2015”, “subsanación de las observaciones”, “organigrama no cumple con lo presentado en el plan de costo”, “solicitud de contratos, curriculums y certificados de título tanto para el equipo técnico y administrativo” (vea ese documento).

Todo indica que la Fundación Amsca se fundó con el objetivo de administrar el hogar Cordillera: obtuvo su personalidad jurídica en diciembre de 2014, apenas dos días antes del segundo llamado a licitación que hizo el Senama para conseguir una institución que administrara el centro.

El director de la fundación -con oficinas en Rancagua- es Antonio Fernando Lepe Valenzuela. Según publicó El Mostrador, cuando en febrero de 2016 más de la mitad de los funcionarios del hogar renunciaron porque no tenían las condiciones mínimas para trabajar, Lepe puso en su reemplazo a familiares. Su papá, Antonio Lepe Alegría, asumió como director administrativo; su hermana, Catherine Lepe, como encargada de recursos humanos; su cuñado, Óscar Argomedo –quien, según la misma publicación, era funcionario en la Intendencia de la Región de O’Higgins–, como responsable de los convenios. Para entonces, la crisis en el hogar estaba desatada: ya había 24 ancianos muertos.

Cuando estalló la noticia y se supo del abandono en que vivían los adultos mayores a cargo de la Fundación Amsca, Valenzuela salió al paso con una declaración pública. En ella, intentó liberarse de toda responsabilidad, diciendo que las fallas se debieron a que el Senama estuvo más de dos meses sin entregarles los recursos que les correspondían. Según su versión, fue “la Agrupación (Amsca) y su presidente, junto a sus cercanos, quien debió pagar más de $100 millones, todo ello para costear las necesidades de los mayores”.

Antonio Lepe Valenzuela, director de la Fundación Amsca

Antonio Lepe Valenzuela, director de la Fundación Amsca (Fuente: plus.google.com)

CIPER se comunicó con Antonio Lepe, para obtener su versión sobre lo ocurrido en el hogar Cordillera. La historia que cuenta el director de la Fundación Amsca es muy distinta a las de Inglés y Valenzuela. En ella, el responsable de la muerte de los 31 ancianos es el Senama:

–Las condiciones en que recibimos el hogar eran deplorables, recibimos unos 80 adultos mayores y la mitad estaba en pésimas condiciones. Doce de ellos escarados, 26 estaban postrados… Un hogar como el que administrábamos nosotros no tiene -por definición- la capacidad de hacerse cargo de postrados que requieren grados de hospitalización. El ingreso de adultos mayores lo hace el servicio, e ingresaban al hogar Cordillera a personas que tenían problemas de salud que no eran tratables por nosotros–, dijo a CIPER el director de Amsca.

Lepe también hace una acusación grave: “Todo lo que pusieron en las fichas de supervisión es falso. Hay plazos para entregarlas, para que uno corrija si está haciendo algo mal, y en todo el 2015 no nos mandaron ni una sola”.

El director de Amsca alega, además, que Senama no cumplió con su parte del contrato: “Se demoraron dos meses en entregarnos los recursos. Prometieron capacitarnos y no lo hicieron. No nos entregaron las fichas clínicas de los residentes, no sabíamos nada de ellos. Tuvimos que empezar de cero, y recién en febrero de 2016 nos entregaron los computadores, pero sin Windows. ¿Cómo podíamos cumplir nosotros si ellos no nos estaban dando las condiciones mínimas?”.

Además de su rol como director en Amsca, Antonio Lepe aparece como Presidente de la Federación Estudiantil Chile Internacional (FECHI), creada, según el mismo Lepe indicó a CIPER, para “mejorar el desarrollo cultural de la comunidad juvenil chilena residente en Argentina”. También es el director ejecutivo de Ala Sedi, una empresa en la que participa junto a su padre, Antonio Lepe Alegría, y que, según su sitio web, ofrece servicios que van desde los de una agencia de viajes, pasando por la producción de publicidad, servicios domésticos y hasta consultoría financiera, legal y comercial. Según el Linkedin de Lepe Valenzuela, también presta servicios a la empresa como médico.

LA CADENA DE MANDO

Desde que la Fundación Amsca se hizo cargo de la administración del hogar Cordillera, en julio de 2015, empezaron los problemas. Al finalizar ese mismo mes de julio, las fallas -según la Fundación Amsca- se debieron a dos demoras: en el traspaso de información desde el Hogar de Cristo, que administraba el hogar hasta entonces, y en la entrega de recursos desde el Senama. Así consta en la ficha de supervisión de julio, realizada por funcionarios del Senama y que se hacen cada mes para controlar el funcionamiento de las residencias.

A partir de agosto de 2015, las actas donde se registra la supervisión mensual por parte del Senama van mostrando cómo se fue gestando progresivamente una falla multisistémica: faltaban profesionales para darle atención adecuada y oportuna a los adultos mayores, no se registraban las atenciones de salud, escaseaban los medicamentos y, según indicaron los propios ancianos a los inspectores del Senama, también la comida.

Después de cada fiscalización, el acta respectiva debía seguir un camino bien delimitado:

-Una copia se queda en el hogar, como una forma de hacer presente a la organización a cargo de administrar la residencia las deficiencias que se pueden haber detectado, para que las resuelva. Obviamente nos quedamos nosotros con una copia también -dijo Rubén Valenzuela a CIPER.

Esa segunda copia debía pasar a los encargados de programa a nivel regional, luego al encargado nacional del programa, al jefe de Gestión y Coordinación Territorial (entonces el propio Valenzuela) y de ahí a la Dirección Nacional. Es decir, cuando en octubre de 2015 la ficha de supervisión del hogar Cordillera (correspondiente a septiembre) alertó de la falta de personal, de la falta de registro en las actas clínicas y de la disminución de la comida que les daban a los ancianos, toda esa cadena debió enterarse ese mismo mes.

En esa acta de septiembre –revisada por CIPER– consta otro de los graves reclamos: los responsables de la Fundación Amsca no les entregaban a los ancianos el 15% de sus pensiones, como correspondía. Y ello desde julio, el mismo mes en que se hicieron cargo del hogar.

La inspección siguiente fue lapidaria. En los cuatro meses que habían transcurrido desde que la Fundación Amsca empezó a administrar el hogar Cordillera (julio) y la supervisión realizada entre el 2 y el 6 de noviembre de 2015, ya habían fallecido 14 ancianos. La sola cifra de los muertos debió encender las alarmas. No fue así. Y ello, a pesar de que en el mismo periodo, según la nómina publicada en el sitio del servicio, en la residencia del Senama en Puerto Montt –de condiciones similares al hogar Cordillera– habían muerto cuatro ancianos.

En el informe respectivo se lee: “Constantes denuncias recibidas (…) las cuales informan sobre malas prácticas en la atención de residentes, falta de personal sobre todo de equipo de trato directo, las que afectan en la entrega del servicio comprometido para las personas mayores”.

Rubén Valenzuela, director del Senama

Rubén Valenzuela, director del Senama (Fuente: senama.cl)

CIPER le preguntó a Rubén Valenzuela por qué la dirección del servicio no actuó con carácter de urgencia tras conocer la situación. Su respuesta fue concisa: porque el contrato suscrito con Fundación Amsca no lo permitía. Valenzuela dijo que, para finiquitar el convenio antes del plazo de término, el Senama requería que sus supervisores rechazaran dos de los informes que la fundación enviaba al servicio cada dos meses informando de su gestión.

Para corroborar los dichos de Rubén Valenzuela, CIPER buscó el contrato suscrito con Fundación Amsca. Y allí se lee que el Senama podía darle fin anticipado al menos por dos razones que, en este caso, ya se habían constatado. La primera, si se producía un “incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente convenio por parte de la Entidad Operadora, según calificación fundada”; y la segunda: “Por dos informes de supervisión seguidos, realizados por el Servicio durante la vigencia del convenio, que den cuenta del cumplimiento deficiente de las actividades realizadas y en que no se verifiquen acciones tendientes a las mejoras sugeridas” (revise aquí ese documento).

Es decir, a diferencia de lo que afirmó Rubén Valenzuela, con la evidencia que emerge del acta de la supervisión de octubre, el Senama pudo haber puesto fin al convenio con Fundación Amsca.

Así, a pesar de las graves falencias que registran las actas de supervisión de los funcionarios del Senama, el hogar Cordillera siguió funcionando con sus más de 80 ancianos bajo la administración de la Fundación Amsca.

Deberían pasar cinco meses y registrarse otros diez decesos de ancianos para que recién la autoridad del Senama reaccionara. Eso ocurrió en marzo de 2016, tras la muerte de Margarita Lobos por el golpe que recibió al caer el marco de una puerta, cuando el Senama rechazó el informe bimensual de gestión (noviembre y diciembre) enviado por la Fundación Amsca. Antes de eso no hubo ningún cambio que diera cuenta de una modificación radical en la gestión del hogar Cordillera.

Para entonces, Amsca ya llevaba operando en el hogar nueve meses y contaba 24 ancianos muertos, casi cinco veces el promedio de los fallecidos (cinco decesos) en las otras 11 residencias del Senama en el país en ese mismo periodo,según las cifras que publica el mismo servicio en su sitio web.

EL ROL DE RAYEN INGLÉS

En diciembre de 2015 la coordinadora regional Metropolitana del Senama, Natalia Zúñiga, encendió una bengala difícil de ignorar. Cumpliendo las formalidades administrativas le envió a la directora nacional un oficio informándole de las graves falencias e irregularidades en el funcionamiento del hogar Cordillera. Allí se habla de problemas en la cantidad y calidad de la alimentación; incorrecta implementación de ésta; falta de personal, tanto de trato directo como de profesionales, y la permanente rotación de los que sí tenían disponibles; contrataciones que no correspondían a las solicitadas en las bases y falta de protocolos, entre otras anomalías. En síntesis, la Fundación Amsca no estaba cumpliendo el contrato por el cual Senama le transfirió $517,4 millones por la gestión de un año.

“Nunca se había enfrentado una situación como esa y, por lo tanto, había mucha inexperiencia sobre cómo enfrentar ese tipo de problemas”, dijo Rubén Valenzuela a CIPER. Esto, según el director del servicio, empeoraba por un segundo factor: “Todo indicaba que en vez de creerle a los propios funcionarios de la institución, más bien se tendía a pensar que había una persecución encubierta a Amsca”.

Ante la consulta de CIPER, Valenzuela evitó señalar explícitamente si era la entonces directora nacional, Rayen Inglés, la que “no le creía a los funcionarios”. Solo se limitó a indicar:

–Cada vez que pude subrogar, yo actué de acuerdo a lo que pensé era lo mejor para asegurar el buen funcionamiento de la residencia Cordillera.

Rayen Inglés, ex directora del Senama (Fuente: senama.cl)

Rayen Inglés, ex directora del Senama (Fuente: senama.cl)

Respecto de si informó a su entonces jefa, Rayen Inglés, de lo que ocurría en el hogar, Valenzuela también respondió con evasivas y pidió que nos remitiéramos a lo que él declaró ante la Contraloría. En el informe de ese organismo fiscalizador se puede leer su intervención:

Desde el inicio de la operación de Amsca, la ex directora nacional del Senama, señora Rayen Inglés Hueche, apoyó el modelo de trabajo que tenía dicha entidad operadora, cuestionando los hallazgos encontrados por los profesionales de la División de Coordinación Territorial”.

El mismo documento indica que el 5 de septiembre de 2015, Rayen Inglés envió un correo a Valenzuela en que le bajaba el perfil a lo que ocurría en el hogar:

Se trata de un caso aislado, que requiere una conversación con el equipo (tuya), nuestra partida fue con dificultades, este es el motivo, sumado a actitudes negativas del profesional del equipo (del Senama) y mi compromiso a respaldar la gestión conjunta y apoyar la instalación socio sanitaria con énfasis comunitario que la Fundación (Amsca) quiere entregar”.

Inglés no considera que eso haya sido minimizar el problema. En conversación con CIPER, dijo: “Nunca le he bajado el perfil a lo que pasaba en el hogar, todo lo contrario. Inmediatamente tomé acción. Yo durante mi gestión supe muy poquito, porque esa información se generó en diciembre y yo en enero presenté mi renuncia”.

La ex directora dijo que cuando la coordinadora regional le envió su informe, inició las acciones:

–Inmediatamente, envié a todo el equipo a terreno, con los asesores, el jefe de gabinete, a revisar, a visitar. Hubo una reunión entre Amsca y todos los jefes de división. Yo también asistí a una reunión y se acordó en ese momento gestionar las mejoras correspondientes a lo que significaba la manutención de las personas mayores.

Una ex trabajadora de Amsca en el hogar Cordillera dijo a CIPER que recuerda solo una visita de la ex directora que no haya sido por alguna celebración: una reunión que tuvo lugar aproximadamente dos meses después de que la fundación se hiciera cargo de la residencia, cuando le dijeron a Inglés que había días en que no contaban con insumos médicos y que a todas luces la administración hacía una mala planificación de los recursos.

– (Rayen Inglés) nos dijo que era cosa de tiempo, que iban a mejorar las cosas, pero eso no pasó –dijo a CIPER la ex empleada de Amsca.

En enero de 2016, un mes después de la alerta de la coordinadora regional, la directora nacional solicitó una supervisión a la residencia. Sin embargo, según la Contraloría “dicho informe sólo constató irregularidades subsanables”.

El documento de la Contraloría indica que se ordenó, también en enero, una “supervisión de emergencia debido a reclamos recibidos en el servicio, donde se presentaban fotografías de tres residentes con lesiones”. Según el informe, el resultado de esa inspección fue sugerirle a Amsca, “entre otros aspectos, mejorar el registro y ordenamiento de las fichas de los residentes actuales y adultos mayores fallecidos, incorporar los certificados de defunción y remitirlos al servicio y definir con mayor claridad el rol y responsabilidades del enfermero y directora técnica en asuntos médico legales”.

Ese mismo mes, Rayen Inglés presentó su renuncia ante el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza (PC). Ésta se hizo efectiva en marzo, luego de que la entonces directora tomara sus vacaciones en febrero.

VÍNCULO DIRECTO

Valenzuela dice que adoptó medidas correctivas apenas tuvo las atribuciones para hacerlo: primero cuando le correspondió subrogar a Rayen Inglés y luego cuando se convirtió en director nacional. Antes, aseguró, no podía:

–Es que había una forma de proceder que no se ajustaba al resto de las instituciones con que tenemos programas. Ellos (Amsca) se vinculaban directamente con la Dirección Nacional.

¿Por qué pasaba eso?

-–No le puedo decir por qué, yo no era el director nacional.

Fundación Amsca en hogar Cordillera (Fuente: twitter.com)

Fundación Amsca en hogar Cordillera (Fuente: twitter.com)

Rayen Inglés niega terminantemente que eso fuera así:

–Eso es absolutamente falso. El servicio tiene un procedimiento formal y ese fue el que siempre se utilizó. Los informes le llegan al encargado del programa de establecimientos de larga estadía, él los hace llegar al jefe de la División Territorial, que entonces era Rubén Valenzuela, quien mantiene una relación constante y permanente con el director.

Ahí, según la ex directora, la comunicación se cortó: “Él (Valenzuela) no me informó, yo me enteré por la Dirección Regional”.

Lo cierto es que luego de que Rayen Inglés dejara el cargo, Rubén Valenzuela asumió como director nacional. Entonces solicitó una fiscalización de la Seremi de Salud para que constatara lo que desde hacía meses advertían las fichas de supervisión. Según el informe de la Contraloría de febrero de este año, la seremi encontró en su visita del 28 de abril de 2016 problemas graves, que no habían sido señalados en los informes levantados por funcionarios del Senama.

Los principales hallazgos fueron minutas no actualizadas y que no coincidían con el estado nutricional de los pacientes; la constatación de que un anciano presentaba un evidente estado de desnutrición y que no contaba con las sondas que necesitaba para consumir alimentos, medicamentos e hidratarse; no existía registro de estos hechos en la ficha clínica del paciente; había balones de oxígeno sin fijar; los baños y sectores de duchas estaban en deficiente estado de aseo y mantención, entre otras deficiencias.

Tuvieron que pasar diez meses –lapso en que los ancianos del hogar fallecidos aumentaron a 29– para que se hiciera la fiscalización de la Seremi de Salud. No quedan claras las razones que justifican esa tardanza. Valenzuela dijo a CIPER que esa inspección podría haber sido en cualquier fecha del año, y que si no se hizo antes fue porque no estaba “entre los procedimientos que teníamos establecidos”.

CIPER le preguntó al director nacional cómo es posible que pedir una fiscalización de la Seremi de Salud no se considere un “procedimiento establecido”, si entre las atribuciones de esa seremi está la inspección de los hogares del Senama. Valenzuela respondió que “la Seremi podría haber ido por iniciativa propia”.

­Y ustedes podrían habérselo pedido, también.

–Sí, y podríamos no habérselo pedido.

De hecho no lo hicieron hasta marzo, y para cuando fueron, en abril, ya habían muerto 29 ancianos, ¿por qué no llamaron a la seremi antes?

–Porque tomamos la decisión en marzo. Y ¿por qué no antes? Porque no lo hicimos. No está dentro de los procedimientos.

Según el informe de la Contraloría, el mismo día de la inspección de la Seremi de Salud, el hogar Cordillera contó a su muerto número 29. En su artículo de junio de 2016, El Mostrador narró que mientras los examinadores visitaban el hogar falleció uno de los residentes, Raúl González (84 años), y que los funcionarios de Amsca lo envolvieron y lo mantuvieron en una pieza hasta que los supervisores se fueron un par de horas después. El reportaje informó que el anciano falleció de una falla orgánica múltiple, insuficiencia hepática y presentaba un “evidente estado de desnutrición”, pues  llevaba nueve días sin comer y sin recibir medicamentos.

La ex directora, Rayen Inglés, dijo a CIPER:

–Esto que pasó es algo que muchos sabían. El silencio con el que la gente cuida su trabajo frente al maltrato, el abuso, el abandono -y me refiero a quienes ejercen, los técnicos-,  es lo que genera estas situaciones. Aquí el silencio es lo que ha permitido el maltrato a los adultos mayores.

Si en ese silencio estaba la propia directora y la cúpula del Senama, incluido su actual jefe máximo, es algo que las investigaciones internas aún no aclaran. Lo que sí pudo a acreditar CIPER, es que todos ellos estaban al tanto de lo que ocurría.

La responsabilidad del SII en el ataque Zombi

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Los reportajes de esta serie:

 

Un capítulo crucial en la historia del ataque zombi contra las arcas fiscales es el juicio que entabló el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de la empresa Vital S.A. en 2005. Aunque el SII cuestionó a 47 empresas por usar esa estrategia para tributar menos de los que les correspondía, solo en dos casos recurrió a la justicia penal: con la norteamericana Johnson and Son (un juicio breve que no prosperó) y Vital. Con Juan Toro como director, el SII desplegó en esos años toda la artillería en contra de esta filial de Embotelladora Andina (entonces controlada por la familia Said y Coca Cola Company, entre sus directores tenía al presidente de la CPC, Juan Claro). Ante los tribunales buscó no solo recuperar el dinero, sino que los ejecutivos de esta empresa pagaran con cárcel.

Con ello, el SII quiso dar una señal clara a todos los grandes empresarios que habían recurrido a zombis, desde Sebastián Piñera hasta Julio Ponce Lerou, pasando por Andrónico Luksic, los Cueto, los Abumohor, los controladores de Falabella y del Grupo Penta. El mensaje fue: o pagaban los impuestos adeudados y renunciaban a usar las zombis que habían comprado, o se enfrentarían a la máquina judicial del SII, lo que implicaba juicio penal y escarnio público.

Hoy nos hemos acostumbrado a ver a grandes empresarios acusados de fraude y colusión, pero en los inicios de los años 2000, sin fiscales y con prensa poco incisiva en el área económica, tuvo un enorme impacto saber que el SII acusaba de evasión tributaria y fraude a una empresa cuyo principal controlador era José Said. Más aún: amenazaba con hacer lo mismo con los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín.

Una fuente reservada dijo a CIPER que Ricardo Escobar ordenó explícitamente detener la causa contra Vital S.A. “No se tramitará más para obtener condena”, habría sido la expresión textual de Escobar.

Dos años después de entablada la querella, el 33º Juzgado del Crimen resolvió que lo denunciado por el SII “no era constitutivo de delito” y la Corte de Apelaciones dictaminó el sobreseimiento de la causa. Ese final fue justamente lo que volvió crucial este juicio, pues se lo usó luego como argumento para validar todas las prácticas zombis. A diez años de ese dictamen, cuando CIPER inició esta investigación, muchos tributaristas argumentaron que el fallo de Vital mostraba que la práctica zombi era “perfectamente legal”: eludía impuestos sin vulnerar la letra de la ley.

Hay que indagar en la historia real de ese juicio para entender que esa conclusión no es veraz. El caso se verá en detalle más adelante, pero es importante tener claro que la querella presentada en la administración de Juan Toro, fue impulsada con convicción hasta el último día de su mandato. Su sucesor en el SII, el abogado Ricardo Escobar, actual socio del estudio Bofill y Escobar, imprimó un énfasis distinto: llegar a acuerdos con las empresas para asegurar el pago de impuestos. Así, la querella contra Vital fue literalmente abandonada por el SII. CIPER revisó el expediente de ese juicio y constató que desde que llegó Escobar, en marzo de 2006, el abogado del servicio a cargo de la causa presentó un solo escrito: su renuncia a la representación que tenía.

Esta investigación obtuvo testimonios indicando que Ricardo Escobar directamente ordenó que “la causa no se tramitara para obtener condena”.  En su respuesta, Escobar dijo a CIPER que nunca intervino directamente en esa ni en ninguna causa, pero admitió que su política general respecto de las zombis consistió en abandonar el frente judicial, tanto el civil como el penal, y negociar con las empresas. Esto se debió, dijo, a que varios juicios parecían encaminarse a derrotas, según un análisis hecho por la Subdirección Jurídica. Un fallo adverso en la Corte Suprema –afirmó- habría significado un precedente para que las zombis siguieran reclamando su derecho a existir. Por ello, optó por la vía de los acuerdos para acabar con la estirpe.

Lo cierto es que en este juicio emblemático, el equipo del Fisco se retiró de la cancha. Perdió por walkover, en una estrategia enfocada -según afirma Escobar- a salvar las arcas fiscales.

Por eso, cuando se dice que en la historia de las zombis la Justicia nunca encontró nada ilegal, hay que tener en cuenta que las convicciones de quienes dirigieron el SII fueron un factor crucial para que se perdiera el juicio contra Vital.

HABITACIONES OLVIDADAS

Los cuatro reportajes anteriores han mostrado que importantes empresarios chilenos pasaron más de 10 años construyendo zombis (entre 1990 y 2004 aproximadamente). Esta última entrega se enfoca en los 10 años en que el SII trató de terminar con esa estrategia (entre 1998 y 2008), periodo en que el organismo público fue comandado por tres directores de  signo muy distinto: Javier Etcheberry (1990-2001), Juan Toro (2002-2006) y Ricardo Escobar (2006-2010).

En una larga entrevista con CIPER Ricardo Escobar negó haber ordenado terminar la querella contra Vital. “Lo que dije fue: no hay que llegar a la Suprema con ninguna de estas causas, porque si alguien nos gana ahí, se hace fácil que otros ganen y el efecto va a ser desastroso”, explicó.

En los dos primeros periodos un hombre clave fue René García (88 años),  importante asesor del actual director Fernando Barraza. De baja estatura, anteojos gruesos y una vida gastada en el arte de leer y redactar normas tributarias, durante los ‘90 y buena parte de los ‘2000 ejerció su influencia dirigiendo una dependencia de tan bajo perfil como él: la Subdirección Normativa. Desde esa oficina llena de legajos, en el piso 5° del edificio central del SII, fuera del radar de la prensa pero visitado asiduamente por abogados y contadores, se  interpreta administrativamente la ley, esto es, se fijan los márgenes en los que las leyes tributarias se pueden usar.

Es una oficina crucial. A veces pasa que surgen negocios y los contribuyentes se preguntan si tal norma antigua se puede usar en ese nuevo escenario; otras veces las leyes han quedado mal hechas y astutos tributaristas aprovechan los loopholes para rebajar los impuestos de sus clientes. Lo más frecuente, según afirma la profesora emérita del Centro de Estudios Socio-Legales de la Universidad de Oxford, Doreen McBarnet, es que los tributarista no encuentren debilidades en la ley (como quien encuentra un billete en la calle), sino que construyen argumentos para debilitar la norma. Son argumentos que actúan como ganzúas y combos y abren forados en la ley, lo que no tiene nada de fortuito. Cualquiera sea el caso, en un diálogo con los bufetes privados, la Subdirección Normativa construye el edificio tributario real: no el que sale del Congreso, sino el que funciona en la cotidianeidad, en cada declaración de renta.

Rene García

René García recibiendo a los visitantes que acudieron al SII en el día del Patrimonio Nacional. Fuente: SII

García ha sido por décadas la gran voz normativa del SII. Pese a que no es abogado, su conocimiento del edificio legal es único. Un ejemplo ocurrió en 2002, cuando estalló el Caso MOP- GATE (el juicio por el pago de sobresueldos a 129 funcionarios públicos por trabajos que nunca se realizaron) y una esquirla ardiendo cayó en el SII y amenazó con quemar a todo el gabinete del gobierno de Ricardo Lagos.

La esquirla saltó de una entrevista al ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, en la que admitió que, además de su sueldo, recibía mensualmente un sobre con $1,8 millón que se registraba como “gastos de representación”. Cruz dijo que todos los ministros recibían esos “sobre- sueldos”. Dado que ese dinero aumentaba los ingresos de los funcionarios, estos debían incluir esos ingresos en sus declaraciones tributarias. Pero no lo hacían, por lo que la acusación de evasión sobrevoló las cabezas de todo el gabinete de Lagos, entre los que estaba la actual Presidenta, Michelle Bachelet.

“René García, que era el hombre histórico de la Subdirección Normativa, me preparaba los papeles, y nunca me dijo ‘mire, con esto se aumentan los usos de la pérdida’. No sé si a él le metieron estos goles, pero nunca firmé algo pensando en que se iba a usar para aumentar los tipos de pérdida”, dijo a CIPER Javier Etcheberry.

Los ojos se volvieron hacia Juan Toro. Y él, obviamente, miró a René García.

El SII demoró 15 días en emitir una respuesta: “Tratamiento tributario de los gastos de representación que indica”. En su resolución, Juan Toro determinó que esos sobres con sueldo no eran tributables y, por lo tanto, los ministros no eran evasores. Argumentó que, debido a que esos recursos provenían de los gastos reservados, esa reserva afectaba las atribuciones del servicio de conocer su uso. Y citó una norma de 1932, “el origen histórico” del uso de los gastos reservados, la que solo exige para rendirlos un “certificado de buena inversión” expedido por un funcionario competente “que declare que los fondos fueron bien y debidamente invertidos”.

Solo René García podía conocer esa norma del año 32, esa habitación abandonada del edificio tributario.  Eso explica por qué todos los directores lo mantenían en la Subdirección Normativa, hasta que llegó Ricardo Escobar, cuyo conocimiento de la norma rivalizaba con el de García y —dicen testigos— podía escribir de su puño y letra los dictámenes que en los mandatos de Etcheberry y Toro se redactaban en el piso 5.

EL 3066

En la ofensiva zombi, García también tuvo al menos dos actuaciones cruciales. Con una puso en riesgo las arcas públicas; con la otra logró revertir ese daño y asestarle un golpe a las zombis.

Como se  explicó en el reportaje anterior, el ataque zombi tuvo dos grandes oleadas. En la primera, entre 1990 y 1996, se utilizaron empresas originadas en la quiebra del Grupo Cruzat-Larraín. Con contabilidades ordenadas y unas deudas que tenían una parte real, esas zombis no generaron reparos en el SII, donde por entonces no se entendían bien las estrategias que desplegaba la elite.

Javier Etcheberry

Javier Etcheberry

-En los ‘90 existía una brecha muy grande entre lo que los abogados privados diseñaban y lo que nosotros estábamos en condiciones de entender -dijo a CIPER un funcionario que alcanzó puestos altos en el SII en esos años (ver reportaje).

Recién en 1998, cuando esa primera ola de zombis estaba causando una creciente merma tributaria, el SII comandado por Javier Etcheberry revisó el tema.

Ricardo Escobar, que en ese momento asesoraba al Ministerio de Hacienda en materias tributarias, dijo a CIPER que en 1998 Etcheberry le preguntó qué podían hacer. Escobar opinó que las empresas que usaban zombis estaban abusando y sugirió presentar un par de querellas para dar una señal. Etcheberry le dijo que eso no era una opción, porque el SII ya había aceptado muchas de esas operaciones y había devuelto una buena cantidad de impuestos. “Le sugerí entonces que hiciera un dictamen que aclarara el uso de la ley”, recordó en entrevista con CIPER. Su propuesta, reconoce Escobar, habría significado dar por perdidos todos los impuestos que los empresarios habían dejado de pagar hasta ese momento. Pero ese costo –agrega- era aceptable: habría detenido la ola que vino después.

Para algunos miembros del equipo anti zombis de Juan Toro, la llegada de Ricardo Escobar fue un balde de agua fría. Aunque había sido asesor ad honorem del Ministerio de Hacienda desde los ‘90, era visto como un contendor del SII.

Al final, ninguna de las propuestas de Escobar se acogió y el tiempo siguió corriendo. “Creo que hubo errores estratégicos en el manejo legal de este tema en la época de Javier (Etcheberry). Ahí se equivocaron en la solución”, afirmó Escobar a CIPER.

-Probablemente Ricardo Escobar me hizo las recomendaciones que señala. No lo recuerdo. Pero lo que sé es que, aunque no me parecía correcto el uso de las pérdidas, no considerábamos que había delito ahí y yo no era partidario de que el servicio se querellara sin tener piso -dijo Etcheberry a CIPER (ver recuadro).

Esa era la idea dominante cuando vino una segunda oleada de zombis. Originadas en empresas quebradas del grupo de Javier Vial, el ataque comenzó en 1999 y se extendió hasta 2004. Estas zombis, como se ha dicho, eran un desastre contable y sus pérdidas eran muy cuestionables. El principal reparo: la mayor parte de sus pérdidas se originaban en deudas prescritas, que eran solo números en una contabilidad, pero que no ocasionaban perjuicio patrimonial porque no había ningún acreedor. Por ello, no era tan fácil presentar estas zombis para no pagar impuestos. Para que fueran aceptadas en el SII, hubo primero que sondear a la autoridad y sobre todo, generar un marco interpretativo.

Ese marco legal se construyó a través de consultas que diversos abogados y contadores ligados al negocio de Javier Vial hicieron a la Subdirección Normativa, el reino de René García. No se preguntaba si era posible usar pérdidas prescritas, sino que se hacían consultas parciales que en conjunto fueron generando el argumento de que las zombis de Vial se ajustaban ciento por ciento a la ley.

CIPER detectó al menos tres consultas que generaron tres oficios: el 2838, publicado en 1999, sobre los efectos del sobreseimiento de la quiebra en la deuda pendiente; el 4054, de ‘2000, que pregunta por los intereses de una deuda condonada; y el oficio 4474, de ‘2001, que indica cómo deben calcularse los intereses que quedó debiendo una empresa que quebró. Todos llevan la firma de Javier Etcheberry.

Visto desde ahora me doy cuenta de que estábamos desafiando al 1%. En ese tiempo no teníamos mucha conciencia de los poderes con los que nos estábamos metiendo, pero sí sentíamos que estábamos haciendo algo importante por Chile, al recuperar esos impuestos” dijo a CIPER un abogado que integró la fuerza de tarea que formó Toro en el SII.

El SII no percibió de inmediato el impacto de estos pronunciamientos. Sí lo hicieron las fuerza de ventas de zombis organizada por Vial y sus abogados al poder argumentar  a los potenciales compradores que estas zombis eran “perfectamente legales”. Para ‘2002, cuando asumió Juan Toro, esa nueva ola de zombis ya estaba lista para ser usada en la rebaja de grandes montos de impuestos. Vital era parte de esta camada y arrastraba una pérdida de $48 mil millones. Un monto importante, pero pequeño si se lo compara con los $940 mil millones de deuda que tenía San Patricio, sociedad que compró María Luisa Solari Falabella.

Javier Etcheberry dijo a CIPER no haber estado consciente de la importancia de esos dictámenes que emitió el SII bajo su dirección y se sorprendió del uso que se les dio:

-René García, que era el hombre histórico de la Subdirección Normativa, me preparaba los papeles, y nunca me dijo ‘mire, con esto se aumentan los usos de la pérdida’. No sé si a él le metieron estos goles, pero nunca firmé algo pensando en que se iba a usar para aumentar los tipos de pérdida.

Un funcionario que estuvo en el círculo más estrecho de Juan Toro al momento de estudiar el origen del problema zombi, presenció una escena que parece corroborar que para René García esos pronunciamientos fueron goles. Fue la reunión en la que García, con los dictámenes y documentos en mano, se dio cuenta de que los tributaristas ligados al Grupo Vial habían abierto una brecha en la ley usando los oficios que habían salido de su oficina.

-Don René se puso blanco y dijo: “¡Estos conchas de su madre!”. Don René es un hombre amable y no es frecuente verlo así –dijo el funcionario.

La palidez y la ira de García eran lógicas.  Cuando la Subdirección Normativa define los usos aceptables de la ley, no solo instala señales en el camino de los contribuyentes; tan importante como eso es que se limita la posibilidad del propio SII de reaccionar (por ejemplo, del Departamento Jurídico). Y dado que el SII tiene el monopolio de la acción penal en casos tributarios, todo el sistema queda paralizado.

En su querella contra Vital S.A., el SII acusó que la contabilidad de la empresa era “una contabilidad derechamente falsa, sin sustento de hecho ni de derecho, confeccionada solo con el propósito de dar apariencia legal a una supuesta pérdida tributaria, lo que constituye una conducta jurídicamente reprochable”.

Pero ese no habría sido el único motivo de su enojo. García habría sospechado que esos dictámenes se consiguieron con ayuda interna de la Subdirección Normativa. Esto nunca fue investigado, pero a varios de los profesionales que trabajaron luego en la caza de las zombis, les quedó la impresión de que algún funcionario que conocía las lógicas y procedimientos de esa subdirección, había guiado las preguntas de los tributaristas, de modo de conseguir dictámenes favorables sin despertar las sospechas de García.

En esa reunión en que García perdió el color, Toro propuso hacer un dictamen que corrigiera de ahí en adelante la interpretación que abrió la brecha. García, se sobrepuso al golpe y pudo “salir jugando”. Según las fuentes que consultó CIPER García sostuvo que eso no era una buena idea pues implicaba que todas las zombis que ya estaban funcionando y absorbiendo utilidades lograrían su cometido. Opinó, en cambio, que había que hacer un dictamen especial: uno que sostuviera que todo lo que se había hecho, siempre estuvo prohibido.

Ese fue el origen del dictamen 3066,el primer golpe contundente del SII contra las pretensiones elusivas de varias empresas y que desató las manos del organismo.

CIPER intentó hablar con René García para conocer su punto de vista sobre este capítulo, pero no quiso referirse a estos temas.

LA EMBESTIDA DE TORO

Neutralizados los dictámenes contradictorios, Juan Toro se lanzó en una ofensiva contra los usuarios de zombis. Formó una fuerza de tarea multidisciplinaria con funcionarios traídos de varias regiones y de distintas subdirecciones del SII. El equipo comenzó a trabajar usando los datos de empresas que habían registrado abruptamente la aparición de fuertes pérdidas. Más de 700 empresas se incluyeron en la lista inicial. El listado se redujo a 73 cuando se limitó a pérdidas que provenían de sociedades quebradas.

Parte central del trabajo realizado por el SII fue rastrear el origen de esas pérdidas. Todas las que nacían de intereses de deudas condonadas fueron cuestionadas siguiendo el oficio 3066. En esos casos, el paso siguiente fue recalcular las declaraciones y cobrar (liquidar) los impuestos correctos. Esto implicaba, además, llegar a acuerdos con las empresas para que renunciaran a usar las pérdidas que todavía arrastraban.

Los abogados de los ejecutivos de Vital -Hugo Rivera y Luis Ortiz Quiroga, entre otros-, reclamaron ante el tribunal por el escrito del SII que solicitaba periciar los documentos: “Protestamos enérgicamente frente a vuestra señoría de esas alusiones que pretenden poner en entredicho la seriedad de nuestro representado y la honestidad de quienes lo representan”, alegó Ortiz.

Sebastián Piñera, que tenía ambiciones políticas, pagó sin reclamar. Varios otros empresarios hicieron lo mismo. Pero también hubo quienes se resistieron, como los controladores de Penta y SQM. También los controladores de Vital, quienes presentaron un reclamo por el nuevo cálculo hecho por el SII.

Toro decidió dar una señal contundente: querellarse. Eligió Vital, una empresa grande cuya zombi era un desastre contable. Se presentó el 17 de julio de 2004 en el 33º Juzgado del Crimen de Santiago y la querella tuvo el efecto de una bomba entre los usuarios de zombis. El reclamo vino a través de los medios. “Said hizo lo que el 90% de los empresarios ha hecho en Chile en las últimas décadas. Si la tesis de Impuestos Internos se impone, las secuelas serán demoledoras en la clase empresarial”, declaró una fuente anónima en un artículo publicado en La Tercera en octubre de 2004 (“La cruzada de Eyzaguirre que inquieta a la elite empresarial”).

Al interior del SII la querella fue una señal de cohesión interna:

-Visto desde ahora me doy cuenta de que estábamos desafiando al 1%. En ese tiempo no teníamos mucha conciencia de eso, de los poderes con los que nos estábamos metiendo, pero sí sentíamos que estábamos haciendo algo importante por Chile, al recuperar esos impuestos, al parar esas estrategias – recordó un abogado que integró la fuerza de tarea que formó Toro en el SII.

La querella contra Vital se enfocó en sus principales ejecutivos, los que habían decidido que la zombi era un buen negocio: Jaime Andrés García Rioseco, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina y presidente del directorio de Vital; Pedro Pellegrini, gerente general del Grupo Andina; y Osvaldo Garay, César Vargas y Augusto Veas, representantes legales de Vital. Estos cinco ejecutivos fueron acusados de vulnerar el artículo 97 del Código Tributario (inciso 1 del nº 4), que contempla penas de cárcel.

En la querella, el SII acusó que, con la compra de una zombi, Vital se fabricó una pérdida de $47.504 millones que correspondían exclusivamente a reajustes y correcciones monetarias de deudas que nunca se iban a pagar. Y se calculó en $3.040 millones el perjuicio tributario al Fisco. Citando el fallo del tribunal tributario, el SII acusó que la contabilidad de Vital “no solo es no fidedigna y distorsionada, sino que es una contabilidad derechamente falsa, sin sustento de hecho ni de derecho, confeccionada solo con el propósito de dar apariencia legal a una supuesta pérdida tributaria, lo que constituye una conducta jurídicamente reprochable”. El SII remató que se trataba de una “pseudo contabilidad, fraudulenta en su forma y fondo y confirma lo actuado por el SII en las liquidaciones reclamadas”.

La parte más delicada de la acusación surgió a partir de la revisión de los préstamos que dieron origen a la deuda de la zombi. A esos préstamos, en la contabilidad reconstruida se les aplicó la tasa máxima. El punto es que se trataba de préstamos entre empresas del mismo grupo de Javier Vial, por lo que para los abogados del SII no tenía sentido que el empresario se auto cobrara altos intereses.

La centralidad que tuvo la interpretación legal en el éxito de las zombis, parece darle la razón a la profesora McBarnet, cuando argumenta que si bien las chapucerías de los congresos explican algunos problemas en las leyes tributarias, estas se distorsionan principalmente por la interpretación astuta impulsada por grupos de abogados que escanean la ley y generan grietas.

La duda se transformó en certeza cuando al revisar los contratos originales de esos préstamos los investigadores del SII observaron que en todos ellos había una frase borrada con corrector. Poniendo el documento a contraluz, se podía leer que la frase borrada era: “renunciando a los intereses”.  El hallazgo se volvió clave: si esa frase no se hubiera borrado, la enorme pérdida de la zombi, construida a punta de intereses, habría desaparecido. Una duda subsistió: ¿cuándo se borro la frase? Para dilucidarlo, el SII solicitó un peritaje al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (Lacrim).

Ya no era solo una disputa tributaria: se abría la puerta de la falsificación. Los abogados de los ejecutivos de Vital -Hugo Rivera y Luis Ortiz Quiroga, entre ellos-, reclamaron ante el tribunal por el escrito del SII solicitando periciar los documentos: “Protestamos enérgicamente frente a vuestra señoría de esas alusiones que pretenden poner en entredicho la seriedad de nuestro representado y la honestidad de quienes lo representan”, alegó Ortiz.

Así estaba la causa Vital cuando terminó el periodo de Toro y asumió Ricardo Escobar.

LA NEGOCIACIÓN

Para algunos miembros del equipo anti zombis de Toro, la llegada de Escobar fue un balde de agua fría. Aunque había sido asesor ad honorem del Ministerio de Hacienda desde los ‘90, era visto como un contendor del SII. Abogado del Estudio Langton Clark (1990-1994), luego independiente y después socio del Estudio Carey, al momento de ser nombrado por Michelle Bachelet tenía unas 20 causas en las que era contraparte de Impuesto Internos y a las que tuvo que renunciar con su designación. Debido a eso, tras la salida de Toro, hubo una semana en que el SII estuvo dirigido por René García en forma interina.

Sobre el rol de Escobar en la historia de las zombis esta investigación encontró dos versiones. Sus matices llevan a formarse juicios distintos respecto a por qué en la causa Vital el SII terminó perdiendo.

Para un importante ex funcionario a quien Escobar le pidió su salida, este llegó con una tarea clara: terminar con el juicio contra Vital. Según esta versión, Escobar ordenó no seguir alegando y con ello dejó morir la causa. Pero ocurrió un incidente. Por algún motivo, esa instrucción no llegó directamente hasta los abogados litigantes, quienes el 9 de junio de 2006 solicitaron una nueva diligencia: que Vital presentara documentos para determinar cuál era la contabilidad original de la zombi y si la reconstruida por Vital tenía algún asidero real.

En este punto del relato se suma otra fuente reservada del SII: Escobar estaba furioso y allí habría hecho explícita la orden de detener la causa. “No se tramitará más para obtener condena”, habría sido la expresión textual de Escobar. Esa estrategia habría sido resistida por el subdirector jurídico, Bernardo Lara, razón por la que Escobar lo habría despedido en agosto de 2006. En esta decisión habría influido también que Lara, por la desconfianza que tenía en las intenciones de Escobar, se habría negado a entregarle los estados de avance de todos los juicios que el SII llevaba respecto de las zombis (CIPER intentó obtener la versión de Bernardo Lara, quien regresó al cargo de subdirector jurídico del SII, pero no respondió a nuestros correos).

Los antecedentes recabados sugieren que es necesario observar constante y atentamente a la elite y a quienes trabajan para ella, grupo que el politólogo Jeffrey Winters ha llamado “la industria de la defensa de la riqueza”. Como la gran mayoría de las estrategias que juegan con los límites de la ley, la ingeniería tributaria necesaria para llevar adelante el ataque zombi fue una estrategia que solo los más ricos pudieron usar.

Lo que sí consta en el expediente es que un mes después de ese último escrito, uno de los abogados del SII en este juicio renunció dejando en su lugar a un abogado que presentó como “egresado de Derecho”. El mensaje fue claro: la querella ya no es importante para el SII. En efecto, la revisión del expediente  que realizó CIPER muestra que luego de la renuncia del abogado al patrocinio no hubo una nueva presentación ni requerimiento de parte del SII. Nada.

En una larga entrevista con CIPER, Escobar negó que hubiera llegado con la idea de terminar la querella contra Vital. También descartó que hubiera influido en esa u otra causa. “El director del SII no se mete en los juicios”, dijo. Y explicó que lo que sí hizo fue reaccionar ante un problema que encontró al llegar: la amenaza de que algunos casos —tanto las dos investigaciones penales como la decena de juicios civiles que examinaban jueces tributarios en primera instancia— se estuvieran tramitando mal y se perdieran:

-No sé cuál fue el caso que evidenció problemas, pero a partir de eso pedí un levantamiento completo de la situación de todos los juicios y una evaluación, sistematizada por grupos, para saber cosas básicas que no se sabían cuando llegué: cuántos casos eran, en qué tribunales estaban, qué avance tenían y qué probabilidades de éxito. Lo que hice fue sistematizar lo que hasta ese minuto estaba desordenado. Y el problema que apareció es que algunos contribuyentes estaban en etapa de apelación con posibilidades de ganar.

Ricardo Escobar

Ricardo Escobar

- ¿Vital, por ejemplo?

- No revisamos caso por caso, sino por categorías, por etapas de desarrollo. Lo que nos preocupaba era que una sentencia adversa de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, podía tener consecuencias devastadoras si, por ejemplo, la Suprema determinaba que la pérdida había sido bien ocupada. Eso podía no solo fortalecer la posición de las causas que teníamos en ese momento, sino también revivir las zombis que se habían neutralizado en la administración anterior. Y esto porque las pérdidas siguen ahí, no prescriben. Y el problema es que, si perdíamos, las empresas podían volver a intentar usarlas. Entonces, la consecuencia de perder estos casos que no estaban siendo gestionados en forma coordinada, sin seguimiento hasta que llegamos nosotros, era desastrosa.

- ¿Le dijo al equipo jurídico que en el juicio de Vital no se iba a litigar para conseguir condenas?

- Le reitero: para mí no había problemas de caso individuales. El asunto era que no perdiéramos. Porque daba lo mismo si ganábamos cinco y perdíamos uno, porque ese uno tenía implicancias para todo el conjunto que se seguía tramitando. Entonces, lo que dije fue: no hay que llegar a la Suprema. Si uno nos gana ahí, se hace fácil que otros ganen y el efecto es desastroso.

- Entiendo que Bernardo Lara se opuso a este cambio de foco y se resistió a que el juicio Vital muriera. ¿Lo despidió por este tema?

- Bernardo nunca me expresó una opinión en ese sentido. Por lo demás, el informe que mostró que varios casos tenían serios riesgos de perderse, se hizo en su subdirección. A Bernardo le pedí la renuncia luego de que perdiera en el Tribunal Constitucional un tema que él propuso y alegó (se refiere la implementación de un sistema de jueces delegados).

Escobar dijo a CIPER que la decisión de no avanzar en causas judiciales y sentarse a negociar con los contribuyentes no la tomó solo:

-Se la comuniqué al gobierno, específicamente a la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart. Le dije cuál era la situación de desorden, cuál era el análisis. Le expliqué que iba a parar las acciones e iba a negociar. Le expliqué las implicancias que eso podía tener, que iba a haber noticias.

El gobierno, dijo Escobar a CIPER, estuvo de acuerdo.

Recart, consultada por CIPER, dijo no recordar tal conversación y puntualizó que el SII es un organismo autónomo que toma sus decisiones en forma independiente.

Escobar estructuró una fuerza de tarea como la de Toro, pero esta vez solo negociadora. Mientras tanto, con la cancha despejada, los defensores de Vital comenzaron a pedir el cierre de la investigación. En septiembre de 2006, Hugo Rivera argumentó que ya no había más que investigar, tal como lo mostraba “la circunstancia de que durante todo este tiempo la querellante no ha solicitado ninguna nueva diligencia de investigación”, frase que a los abogados del SII debe haberles sonado a burla.

Tras meses de silencio del SII, pero de permanentes solicitudes de los abogados defensores, el 3 de mayo de 2007 la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por Dobra Luksic, Manuel Valderrama y María Valencia, cerró el sumario. En la misma fecha la jueza Cecilia Venegas sobreseyó temporalmente la causa y el 10 del mismo mes vino el sobreseimiento definitivo.

Para entonces, el impacto de la querella contra Vital se había olvidado y el centenar de empresarios que había recurrido a zombis podía mirar tranquilo el fin de este ciclo. Se habían ahorrado importantes montos de impuestos y no habían sido expuestos a la evaluación pública por el uso de esta estrategia (como Sebastián Piñera, de cuyas exitosas operaciones zombis no se supo hasta el reportaje de CIPER; o Andrónico Luksic, cuyo negocio solo se ventiló en 2012 en The Clinic).

En ese momento, el balance del combate contra las zombis indicaba que de las 73 empresas en las que se concentró la investigación del SII, 25 habían sido neutralizadas durante la administración de Juan Toro y  22 bajo la de Ricardo Escobar. La tabla confeccionada por CIPER muestra que Toro fue más efectivo que Escobar tanto en los montos de impuestos recuperados, como en las perdidas que se rechazaron a las zombis (ver tabla).

¿Pagó Vital los impuestos que reclamaba el SII? Según constató CIPER al revisar el expediente, una parte de los impuestos fueron cancelados, en medio de la ofensiva de Toro. Miembros del equipo jurídico del SII de esos años, afirmaron a CIPER que la negociación que impulsó Escobar le permitió a Vital y a otras empresas usar parte de las pérdidas que habían comprado. El punto no pudo ser resuelto en conversación con Escobar, pues éste no recordaba detalles de ese caso.

Poco después de haber perdido el juicio contra Vital, la administración de Escobar estimó necesario darle un cierre público a toda la historia zombi y el SII le entregó a El Mercurio un balance general de la cacería. “SII ha investigado a 73 empresas que traspasaban utilidades a empresas en quiebra”, fue el título de la nota que destacó los montos de impuestos recuperados. Se omitieron varios hitos: la historia de desaciertos interpretativos del SII, que fue clave para la expansión de la estrategia zombi; la demora de Impuestos Internos en reaccionar, lo que permitió que prescribieran todas las operaciones hechas durante los ‘90; o el hecho de que la estrategia del garrote desplegada por Toro aparecía más efectiva que la de la negociación de Escobar.

Tampoco se mencionó lo más importante: que los impuestos recuperados tras 10 años de batalla eran simplemente lo que grandes y muy prósperas empresas habrían tenido que pagar si no fueran más listas y más decididas que la autoridad pública.

CONCLUSIONES: IDEAS SOBRE ESTA SERIE

Si los medios de comunicación tuvieran una sección especial para hechos que asquean al ciudadano común pero son legales (o se ubican astutamente en la frontera de lo legal), muchas cosas serían más claras.  Por ejemplo, se podría desplegar ahí los puntos clave del financiamiento ilegal de la política y el lector entendería rápidamente que aquello que se le informa causa daño a la democracia y es una vergüenza que difícilmente puede defenderse en público, pero sus autores  probablemente no tengan sanción penal, pues el principal perjuicio que ocasionaron (por ejemplo, dejar a las mayorías sin representación dándole una influencia mayor a quienes financian), no está contemplado en una ley especifica o es tan difícil de probar que el sistema bajará pronto los brazos.

Si los medios de comunicación tuvieran esta sección, probablemente muchos escándalos tributarios caerían ahí, como esta investigación sobre las empresas zombis. Y los medios se ahorrarían el espacio que ocupan los penalistas cuando arguyen que todo lo que han hecho sus clientes es “perfectamente legal”, porque al estar en esa zona se entendería que nadie disputa ese hecho (o al menos no es el punto central).

Nos concentraríamos entonces en algo que usualmente no se aborda: cómo es que la ley ya no puede castigar el daño social, o cómo lo “perfectamente legal” se ha transformado en sinónimo de perfectamente abusivo, parafraseando una expresión de la citada Doreen McBarnet (ver reportaje).

Podríamos salir entonces del estrecho modelo en que lo legal es bueno y lo ilegal malo, para ver con claridad cómo ciertas actuaciones legales sí ocasionan un daño social. Tendríamos que enfocarnos en algo que el debate público rara vez pone al centro: la historia de  de la ley. Y preguntarnos por qué pasa tan seguido –sobre todo el área tributaria– que el bien público que se quiere proteger (por ejemplo, el desarrollo de todo el país o el incentivo de las pymes) no se cautela y, en cambio, las normas terminan muchas veces beneficiando a los más ricos. Un resultado que si bien puede ser legal (pues cumple con la letra de la ley), nunca se debatió públicamente y nunca estuvo en el espíritu de la norma.

En el caso de las zombis, esto significa preguntarse qué ocurrió para que una norma que buscaba respaldar a las empresas que pasaban por momentos difíciles, se usara para algo que nadie planteó nunca abiertamente: para que los más ricos de Chile se libraran de pagar impuestos por las utilidades que obtenían, usando pérdidas ajenas que compraron a precio de liquidación.

Frecuentemente se escucha decir a los abogados tributaristas que cuando una ley no cumple con su tarea, cuando ellos pueden usar intersticios para hacerla operar de una manera distinta a la que la originó, la culpa es del Ejecutivo y del Congreso, de sus deficiencias técnicas que generan  leyes chapuceras. Pero la centralidad que tuvo la interpretación en el éxito de las zombis, como muestra la lucha que dio René García desde la Subdirección Normativa, parece darle la razón a la  profesora McBarnet, cuando argumenta, como otros abogados, que si bien la chapucería explica algunos problemas, “lo perfectamente legal” es principalmente el resultado de la interpretación astuta impulsada por grupos de abogados que escanean la ley y generan grietas a través de interpretaciones.

El argumento de McBarnet reordena los elementos. Sugiere que hay que mirar cómo se crean y se discuten las leyes, pero pone el foco también en los actores que intervienen en el proceso de interpretación. Sugiere que el problema crucial no es quién sabe más de derecho tributario, como muchos tributaristas repiten constantemente, sino de qué manera se entiende la ley: como algo que tiene sentido de fondo o como un argumento retórico, donde lo que importan son solo las palabras.

Esta investigación ha tratado de aprovechar la radiografía de la ofensiva zombi y su contraparte, para poner la mirada en las instituciones y empresas que interpretan la ley y que operan con casi nulo perfil y menos control público que aquellos que aparecen con un rol protagónico en la confección de la ley, como el Ejecutivo y el Congreso.

Los antecedentes recabados sugieren también que es necesario observar constante y atentamente a la elite y a quienes trabajan para ella, grupo que el politólogo Jeffrey Winters ha llamado “la industria de la defensa de la riqueza”. Como la gran mayoría de las estrategias que juegan con los límites de la ley, la ingeniería tributaria necesaria para llevar adelante el ataque zombi fue una estrategia que solo los más ricos pudieron usar.

Aquellos que naturalizan el uso de las zombis diciendo “es lo que hicieron todos en Chile”, olvidan un pequeño dato: fue una práctica pensada y ofrecida por los bufetes más importantes y, por lo tanto, de alto costo. La frase correcta es: “solo los más ricos usaron la estrategia zombi”. Aunque eso tampoco es exacto: de las 12 familias chilenas que la revista Forbes ubicó en 2015 en el top de las fortunas, esta investigación no encontró empresas zombis ni en manos de los Matte ni del Grupo Angelini ni de Horst Paulmann ni de Álvaro Saieh ni de Luis Enrique Yarur.

Si nuevas investigaciones encuentran esos vínculos, se demostrará que este trabajo no está completo; y también que la intuición de que esta estrategia sí fue una práctica de los más ricos es más cierta de lo que aquí se sostiene.

LA CONVICCIÓN DE ETCHEBERRY: CAMBIAR LA LEY

Durante la administración de Javier Etcheberry las zombis se expandieron sin que el SII hiciera gran cosa.  Etcheberry reconoció a CIPER  que, si bien hacia finales de la década del ’90 el problema parecía crecer, la única vía que le pareció correcta era un cambio legal. Y esa vía se concretó incluyendo en la reforma anti-evasión de 2001 algunas limitaciones para el uso de las pérdidas. Entre ellas, que las empresas que eran meros “cascarones” no podían hacer uso de las pérdidas, y tampoco las sociedades que cambiaban de giro (una pesquera como Tarapacá no se podía transformar en un holding de inversiones como Penta y pretender usar sus pérdidas).

Pero lo cierto es que esa reforma no cambió la práctica del uso de las pérdidas. Ello solo ocurrió con la reforma tributaria de Michelle Bachelet de 2014. La reforma de 2001 puso algunos requisitos que las empresas rápidamente pudieron sortear, y tuvo, estratégicamente, otro grave defecto. Dejó intacto el stock de zombis que ya estaban operando. Por una parte, dado que la retroactividad de las leyes es compleja (por un asunto de derechos adquiridos), la reforma hacía difícil —si no imposible— que el SII se querellara.

La lógica era la siguiente: si lo hecho a partir de 2001 quedaba expresamente prohibido, las empresas podían argumentar que antes de esa ley estaba autorizado. Una norma transitoria reforzaba este punto, remarcando que las limitaciones para el uso de las pérdidas se harían efectivas solo desde la publicación de la ley.

En su rol de asesor del ministerio de Hacienda, Ricardo Escobar también fue consultado para esta reforma. Recordó haber redactado las nuevas exigencias legales antizombi: “Lo hice porque me lo pidieron, pero yo les dije que no era una buena decisión. Con esa ley se cerraba la posibilidad de una querella”, dijo. Y reconoció que la ley no fue solución y que siguieron generándose zombis.

- ¿Usted redactó la norma transitoria?

- No. Y no sé quién la propuso -dijo Escobar a CIPER.

El abogado Ricardo Escobar dijo que ni en 1998 ni en 2001 le pareció que en el SII “había conciencia del tamaño del problema que esto significaba”.

Javier Etcheberry remarcó a CIPER que la ley no fue todo lo que hubiera querido. Aunque no lo recuerda con precisión, piensa que el artículo transitorio fue parte de “una transaca”: una cesión a la derecha para que apoyara con sus votos una reforma anti-evasión que contemplaba muchas otras áreas a las que se oponían con ferocidad.

-Me acuerdo que varios senadores de la derecha decían que, con esta reforma, el país se iba a acabar, se dañaba a las pymes, etc. La norma transitoria debe haber sido una exigencia de ellos, a cambio de darnos algunas herramientas antievasión -explicó Etcheberry.

 

Glencore: se abre el cuarto de los secretos del gigante global de materias primas

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La oficina de Glencore en la sede central de Appleby en Bermudas no era muy llamativa. Ubicada frente al baño de mujeres, en la sala dedicada a uno de los clientes offshore más importantes del bufete, había un archivero, una computadora, un teléfono, una máquina de fax y una chequera. Una vez, en 2009, se convirtió brevemente en un espacio para fiestas. “Es mi cumpleaños”, escribió el anfitrión. “El pastel está en el segundo piso, en la Sala Glencore”.

Pero, aún siendo modesta, dicha sala contenía una gran cantidad de secretos.

“Glencore” se refiere a Glencore Plc., uno de los conglomerados de minería y agricultura más grandes del mundo. Ocupa el lugar número 16 en la lista Fortune Global 500 de las empresas más grandes a nivel internacional y el año pasado obtuvo ingresos por más de US$170.000 millones. Es el operador de materias primas más grande del mundo: proveedor de zinc y cobalto, comerciante de trigo y de garbanzos, sus productos afectan cotidianamente a cualquiera que haya manejado un automóvil, usado un teléfono inteligente o incluso comido una rebanada de pan.

Glencore también ha concitado la atención de oficinas gubernamentales que por años han investigado, multado y criticado al gigante de las materias primas.

Esta nueva filtración de información financiera offshore -que empieza en la Oficina Glencore pero va mucho más lejos-, ha tumbado la cortina dejando al descubierto algunos de sus más grandes secretos para su escrutinio.

La información surgió de las oficinas del despacho de abogados offshore Appleby y el proveedor de servicios corporativos Estera, que operaban de manera conjunta bajo el nombre de Appleby hasta 2016. Copias de más de 6,8 millones de archivos que documentan décadas de actividad dentro de la sede en Bermudas y otras oficinas, fueron obtenidas por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidas con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) así como con 94 medios de comunicación asociados, entre ellos CIPER.

Los archivos sobre Glencore contienen correos electrónicos confidenciales, actas del consejo directivo, diagramas de restructuración impositiva, contratos de préstamos multimillonarios, acuerdos de venta y conversaciones abiertas sobre qué reglas se podían o no violar como parte del debate riesgo-beneficio.

Dan Gertler (Fuente: totpi.com)

Dan Gertler (Fuente: totpi.com)

Los registros ilustran cómo un coloso global, asistido por su despacho de abogados offshore de mayor confianza, utiliza paraísos fiscales para llevar a cabo sus lucrativos tratos en secreto, incluso cuando ejerce una vasta influencia en partes del mundo ricas en recursos y, a la vez, plagadas de corrupción. Los documentos de Appleby muestran que Glencore desvió millones de dólares a través de Bermudas y otros paraísos fiscales mientras eludía declaraciones de impuestos y litigios en Europa y el Caribe.

No obstante, es en el país más pobre del mundo -la República Democrática del Congo (RDC), donde Glencore adquirió parte de la propiedad de importantes minas de cobre—donde la larga trayectoria de Glencore se revela en detalle en los documentos.

A lo largo del tiempo, investigadores han intentado reconstruir la magnitud de la relación entre Glencore y Daniel Gertler, un empresario israelí con amigos en altas esferas de la RDC, quienes ayudaron a Glencore a negociar el acceso a la rebosante mina Katanga. Las nuevas revelaciones, puestas al descubierto en más de mil páginas de documentos, muestran cómo Glencore prestó US$45 millones a una compañía controlada por Gertler, después de reclutarlo en los esfuerzos para cerrar el trato por la mina con autoridades congolesas.

Los archivos filtrados proporcionan la prueba más detallada hasta el momento, del lobby que realizan los gobiernos tras bastidores y de los flujos de capital que ayudaron a Katanga, mina en la que Glencore era accionista en ese momento, a adquirir licencias mineras. Al mismo tiempo, se plantean nuevas preguntas sobre cómo y por qué Katanga, posteriormente adquirida por Glencore, pagó un precio que los críticos han considerado menor a su valor real.

En respuesta a las preguntas realizadas por ICIJ, Glencore dijo que el precio de las licencias mineras reflejaba la cantidad acordada antes de que Gertler entrara a formar parte de las negociaciones. Y señaló que el préstamo a la compañía controlada por Gertler fue “realizado en términos comerciales” acorde a las disposiciones estándares vigentes.

Glencore también dijo que recientemente movió todas sus entidades comerciales -a excepción de tres- de las Bermudas a Suiza o al Reino Unido.

LA MINA KATANGA

A inicios de este siglo, la República Democrática del Congo era un lugar caótico. En 2003 terminó una larga guerra civil y en 2006 se llevaron a cabo las primeras elecciones en 40 años. Bajo el liderazgo del Presidente Joseph Kabila, la República Democrática del Congo estableció un comité para revisar los contratos mineros con compañías extranjeras. La revisión provocó el desconcierto de los cuarteles corporativos de Glencore en Europa, Asia y las Américas, incluyendo las oficinas de Katanga Mining Ltd.

La compañía minera con sede en Canadá poseía derechos sobre los valiosos depósitos de cobre en la República Democrática del Congo. Y Glencore, desde ese tiempo accionista de Katanga, tenía los ojos puestos en la mina con un entusiasmo cada vez mayor.

A principios de 2008, con la inminente revisión de los contratos de la RDC y con la inversión de cientos de millones de dólares en juego, Katanga y sus accionistas tuvieron que actuar.

Inicialmente, Katanga creía tener poco de qué preocuparse, de acuerdo a uno de los cientos de momentos capturados “en vivo” en las actas de reuniones encontradas en los archivo de Appleby. A pesar del “tono político” del comité de revisión establecido por el gobierno, en febrero de 2008 el presidente ejecutivo de Katanga le dijo al resto de los miembros del consejo directivo que era poco probable que el país quisiera tener una participación mayor en la empresa en virtud de la alianza estratégica (joint venture) existente.

Sin embargo, meses después, el organismo gubernamental encargado de negociar las concesiones mineras a inversionistas privados, comenzó a insistir en cambios en los programas de ejecución propuestos por Katanga. La compañía minera del gobierno congolés planteó una serie de contrapropuestas “bastante inaceptables”, según acordó la junta directiva de Katanga en una reunión en junio de 2008.

Y entonces, a la junta directiva se le ocurrió un plan.

“Dan Gertler, quien tenía un interés indirecto sustancial en la Compañía, debería recibir un mandato de la Junta para negociar con las autoridades de la RDC”, acordó la junta directiva de Katanga en un almuerzo de trabajo el 23 de junio, celebrado en el hotel Hilton cercano al aeropuerto de Zúrich (Suiza). Entre los miembros de la junta de Katanga se encontraba el accionista y director de Glencore, Aristotelis Mistakidis.

Mina Katanga, en la República Democrática del Congo (Fuente:  glencore.com)

Mina Katanga, en la República Democrática del Congo (Fuente: glencore.com)

Gertler, un distribuidor israelí de diamantes y cobre que mantenía sus acciones en Katanga a través de un fideicomiso offshore, estaba bien conectado en la República Democrática del Congo. Era particularmente cercano a la mano derecha del presidente Kabila, Augustin Katumba Mwanke. Los abogados de Gertler le dijeron al Consorcio (ICIJ) que los dos hombres establecieron “un trato personal” solo después de que Katumba se retirara del gobierno.

Conocido por muchos congoleños como “Dios Padre” (God the Father), Katumba también era conocido por ser el contacto ideal para quien buscara acceso a las enormes reservas de recursos naturales de la República Democrática del Congo.

En una ocasión, Gertler, Katumba y sus familias vacacionaron juntos en un yate por el Mar Rojo antes de que Katumba ingresara a un hospital israelí para un tratamiento quirúrgico. Después de que fallara la cirugía, Katumba entró en coma, por lo que Gertler apresuradamente le llevó a 13 médicos, incluidos tres de Londres.

“Durante los 12 días que permanecí en el hospital, Dan no me abandonó”, escribió posteriormente Katumba en sus memorias. “Dejó todo, su negocio, su familia, su vida. Permaneció a mi lado día y noche”. En palabras de Katumba, Gertler le salvó la vida.

A nivel internacional, la cercanía de Gertler con el régimen congolés ha concitado el escrutinio público. En 2001, dos informes de las Naciones Unidas sobre la explotación de los recursos naturales en la República Democrática del Congo, incluidos “diamantes de conflicto” o piedras preciosas que se intercambian para financiar ejércitos enemigos, describieron la amistad de Gertler con Kabila e informaron que una de las compañías de Gertler recibió un monopolio minero de diamantes. Uno de los informes argumentaba que, como parte del negocio de los diamantes, Gertler acordó entregar armamento a las fuerzas armadas congoleñas durante la época en que los ejércitos nacionales en disputa, las milicias y los caudillos militares, mataban y violaban indiscriminadamente, de acuerdo a los observadores de derechos humanos.

Años después, en 2013, un grupo de expertos dirigido por el ex secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan, hizo referencia a las compañías de Gertler en un reporte, acusándolas de adquirir activos mineros de la RDC por cerca de un sexto de su valor comercial.

Los abogados de Gertler dijeron a ICIJ que el empresario negó las acusaciones de los reportes de la ONU de 2001 y dijo no haber tenido oportunidad de réplica antes de su publicación. La ONU no lo ha mencionado desde 2001, dijeron sus abogados. Respecto al reporte de 2013, los abogados de Gertler dijeron que las compañías del grupo empresarial tampoco tuvieron oportunidad de responder a las acusaciones, las cuales “rechazan categóricamente”.

“El señor Dan Gertler es un empresario respetable que aporta la vasta mayoría de su riqueza y tiempo a los necesitados, así como a diversas comunidades, por un valor igual a grandes sumas de dinero”, dijeron sus abogados al Consorcio (ICIJ). “Sus transacciones de negocio se llevan a cabo de manera justa y honesta y en estricto apego a la ley”.

OPTIMISMO, ANGUSTIA Y PERSEVERANCIA

The Financial Times, Bloomberg, la ONG anticorrupción Global Witness y otros han pasado años reuniendo casos que involucran a Glencore, Gertler y a los líderes de la RDC con la finalidad de entender cómo uno de los países más ricos en recursos naturales de todo el mundo ha permanecido tan pobre. Ahora, la filtración de archivos de Appleby revela un recuento mensual de la forma en que Glencore dependió de la intermediación de Gertler.

Poco después de aquel acuerdo de junio de 2008 en Zúrich, sobre la necesidad de reclutar a Gertler, Katanga celebró buenas noticias. “Dan Gertler cumplió satisfactoriamente su mandato”, anunció a la junta directiva el director general saliente, durante una teleconferencia el mes siguiente. “Las reuniones de los pasados dos días fueron extremadamente productivas”, indicanlos archivos internos de Appleby.

Oficinas de Appleby en Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, reportero del Asahi Shimbun, Japón)

Oficinas de Appleby en Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, reportero del Asahi Shimbun, Japón)

Un nuevo memorándum de entendimiento solicitaba un pago adicional al gobierno por US$10 millones en regalías futuras, a cambio de un acuerdo. A pesar de todo, la junta directiva de Katanga expresó su aprobación.

En octubre de 2008, Glencore nombró a su gerente general Steven Isaacs como director ejecutivo interino de Katanga. Poco después, la compañía minera estatal de la RDC regresó con más exigencias, incluyendo “dineros adicionales” por un total de US$585 millones en un bono por subscripción (signing bonus).

Para resolver ese “asunto de vital importancia”, la Junta decidió que cuatro ejecutivos de Katanga, incluidos Isaacs y Mistakidis, de nuevo “sostuvieran una conversación con Dan Gertler”.

Mientras los directivos se preocupaban por las solicitudes de más dinero por parte del gobierno, la compañía se encontraba corta de liquidez. Los registros muestran que Katanga estaba en la búsqueda de dinero de potenciales inversionistas para mantener a la compañía funcionando.

Y entonces les llegó dinero caído del cielo.

UN PRÉSTAMO OPORTUNO

En febrero de 2009, Katanga notificó a la Bolsa de Valores de Toronto de un millonario préstamo de Glencore y otros, incluyendo Lora Enterprises, una compañía en las Islas Vírgenes Británicas, propiedad de un fideicomiso que beneficia a la familia Gertler. Los detalles proporcionados al respecto fueron pocos.

No fue sino hasta 2014 que Global Witness, la organización anticorrupción sin fines de lucro con sede en el Reino Unido, publicó documentos mostrando que Glencore había prestado el capital a la compañía de Gertler, la que a su vez, había hecho el préstamo a Katanga. La compañía de Gertler y Glencore, además, adquirieron nuevas acciones en Katanga.

Ahora, los documentos e intercambios descubiertos en los archivos de Appleby, proveen mayor información sobre cómo el préstamo de Glencore a la compañía de Gertler mantuvo al ya bien posicionado israelí cercano a Glencore como un accionista dentro de Katanga, mientras Katanga terminaba los últimos meses de negociación con el gobierno de la RDC.

Así es como se dieron los préstamos: el 9 de enero de 2009, cuando las negociaciones con la RDC se convulsionaban, Glencore envió documentos a sus abogados en Bermudas, entre los cuales había uno denominado hoja de términos. “Glencore deberá usar su voto en la junta directiva de Katanga para garantizar que Dan Gertler sea exclusivamente encomendado para asistir a Katanga a finalizar los términos de la alianza estratégica”, indicaba la hoja de términos.

Un documento autorizaba a los abogados internos de Glencore y Mistakidis, el director de Glencore que también formaba parte de la Junta Directiva de Katanga, a aprobar un préstamo bianual por US$45 millones a Lora Enterprises.

Faena minera Katanga, en la República Democrática del Congo (Fuente: katangaminingnews.com)

Faena minera Katanga, en la República Democrática del Congo (Fuente: katangaminingnews.com)

La hoja de términos muestra que Glencore tenía el derecho a exigir el reembolso del préstamo si la alianza estratégica que Gertler estaba ayudando a negociar con la RDC no se concretaba dentro de pocos meses. En otras palabras, el préstamo de US$45 millones de Glencore a Gertler dependía de que las autoridades de la RDC aprobaran un acuerdo con Katanga.

“El préstamo a Lora refleja los términos apropiados negociados con base en condiciones equitativas”, respondieron los abogados de Gertler a ICIJ y sus socios, agregando que no es poco común que las transacciones mineras en África exijan al prestamista reclamar el reembolso del préstamo si la alianza estratégica fracasa. El préstamo a Lora se amortizó completamente en 2010 y “ni Lora Enterprises ni el señor Gertler ni ninguna compañía o persona relacionada con ellos, recibió los fondos del préstamo directamente”, dijeron los abogados.

En marzo, dos meses después de que la hoja de términos fuera aceptada, el director ejecutivo de Katanga anunció a la junta directiva que se había reunido con Gertler en Kinshasa, la capital congoleña. “Como resultado…Katanga realizó revisiones a las propuestas resolviendo la mayoría de los temas” con las autoridades de la RDC, de acuerdo a la minuta de la reunión.

No sólo se avanza con el acuerdo, dijo el director ejecutivo, sino que Katanga también ha convencido a la RDC de aceptar un bono de suscripción de US$140 millones, en lugar de uno de más de US$580 millones. La reducción del bono significaba que Katanga habría pagado un cuarto de lo que otras compañías mineras habrían pagado, en promedio, por tonelada de cobre en ese tiempo, concluyó Elisabeth Caesens, una experta en acuerdos mineros congoleños, quien revisó los documentos filtrados.

El acuerdo Katanga-RDC fue firmado en julio de 2009, semanas después de que Glencore aumentara una vez más sus acciones en Katanga, hasta una cantidad que se aproximó al control total de la compañía.

-Los documentos revelan que si Gertler hubiese fallado en obtener ese contrato, Glencore podría haber demandado inmediatamente el pago del préstamo de US$45 millones -explicó Caesens.

Al haber firmado ese acuerdo, “Glencore ignoró las muchas señales de alarma que debieron haber surgido, por los antecedentes y vínculos del señor Gertler, y se expuso al riesgo de incumplimiento de leyes anticorrupción”, dijo Caesans, quien asesora al Carter Center, la organización en defensa de los derechos humanos sin fines de lucro, fundada por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter.

Durante una reunión anual de la compañía, el presidente de Glencore les dijo a socios de ICIJ que las comprobaciones de antecedentes de Gertler fueron “amplias y extensas”. En una respuesta por escrito, Glencore también señaló que el acuerdo de la firma del bono fue decidido antes del mandato de Dan Gertler. Los abogados de éste último, dijeron a ICIJ “de manera clara e inequívoca” que las acusaciones de que los préstamos fueron usados para realizar pagos corruptos eran “falsas y sin fundamento alguno… el señor Gertler enérgicamente las rechaza por completo”.

Katanga no recibió trato preferencial en su alianza estratégica como resultado del involucramiento de Gertler, aclararon sus abogados a ICIJ y sus medios asociados. Todas las negociaciones fueron realizadas de buena fe, acotaron.

Departamento de Justicia de Estados Unidos  (Fuente: wikipedia.org)

Departamento de Justicia de Estados Unidos (Fuente: wikipedia.org)

En febrero de 2017, Glencore compró las participaciones de Gertler en importantes minas de la RDC, incluyendo Katanga, por más de US$500 millones.

Después de diez años de negociaciones, emprendimientos en hoteles aeroportuarios y miles de páginas de documentos circulando entre compañías offshore, ahora Glencore y la RDC son dueños de la mina Katanga prácticamente en su totalidad.

Cinco meses antes de que Glencore comprara la participación de Gertler, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos resolvió un caso, conforme a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés), contra el hedge fund Och-Ziff Capital Management Group, con sede en Nueva York. El Departamento de Justicia discutió sobre Lora Enterprises, a quien la resolución de la disputa describe como controlada por un israelí no identificado “socio de la RDC” y muy posiblemente Gertler.

El Departamento de Justicia alegó que una compañía de Och-Ziff prestó US$110 millones a Lora Enterprises en noviembre de 2010 y que, desde ese mes y hasta febrero de 2011, “el socio de la RDC provocó que se hicieran pagos corruptos por aproximadamente US$20 millones a varios funcionarios”, incluyendo a un “funcionario de la RDC 2”  no identificado, quien se cree es Augustin Katumba Mwanke. En septiembre de 2016, una filial de Och-Ziff se declaró culpable y acordó pagar US$413 millones en multas y penalizaciones.

El acuerdo al que llegó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con Och-Ziff “no constituye evidencia de nada en contra del señor Gertler”, dijeron sus abogados. “En la medida en que dicho acuerdo se presuma estar relacionado al señor Gertler, se hizo sin su participación ni oportunidad alguna de proveer cualquier comentario… el señor Gertler rechaza absolutamente cualquier acusación de ofensa o criminalidad en su contra”. El Presidente Joseph Kabila no respondió a repetidas peticiones de comentario. Katuma murió en un accidente aéreo en 2012.

Lora Enterprises no fue acusada de ningún delito en el caso Och-Ziff, el cual no involucró a Glencore.

UN TITÁN CORPORATIVO

Las agresivas prácticas empresariales de Glencore en África central postconflicto, no sorprenden a nadie familiarizado con la compañía y su historia.

Glencore es la sucesora corporativa de la firma comercializadora fundada por Marc Rich, el infame inversionista que pasó años como fugitivo en la lista de los más buscados del FBI antes de ser indultado en 2011 por el presidente Bill Clinton, en el último día de su mandato.

Marc Rich, un niño refugiado de la ocupación nazi en Bélgica, asistió a escuelas privadas en Manhattan antes de abandonar sus estudios en New York University para trabajar en la compañía comercializadora de metales, Philipp Brothers, ahora PhiBro, donde conoció a su futuro socio de negocios: Pincus Green. En 1974, se mudaron a Suiza para conformar Marc Rich + Co AG, cuyo nombre posteriormente se cambió por Glencore Xstrata Plc, comercializadora de hierro y metales, la que después se expandió al petróleo en Rusia y África, granos en Europa y más.

La compañía, como posteriormente la describió un perfil de Vanity Fair, “floreció como prestamista y canjeador con países del Tercer Mundo y el bloque oriental que se encontraban carentes de liquidez o en deuda, pero que contaban con materias primas como garantía, las cuales Rich podía obtener y vender con un amplio margen de ganancia”.

En 1983, Rich y Green fueron acusados en Estados Unidos por evasión de impuestos y de evadir un embargo comercial con Irán durante la crisis de rehenes. En vez de enfrentar la acusación por 65 cargos, Rich huyó.

Marc Rich (Fuente: wikipedia.org)

Marc Rich (Fuente: wikipedia.org)

Marc Rich continuó a cargo de la compañía hasta 1993, cuando en un intento fallido quiso arrinconar el mercado global de zinc, dejando a la compañía con una deuda de US$172 millones. Presionado por sus socios, Rich vendió la mayoría de su participación en 1994 por US$600 millones. La compañía renació como Glencore, el nombre supuestamente sacado de las primeras dos letras de cada palabra de Global Energy Commodities and Resources.

Glencore tuvo éxito sin Rich y en 2011 empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Londres. De un día para otro, un puñado de sus accionistas mayoritarios se hizo multibillonarios. El director ejecutivo Iván Glasenberg se volvió tan rico, que el pueblo suizo donde vive, Rüschlikon, recortó los impuestos municipales para todos los demás ciudadanos, como resultado de la creciente cantidad de impuestos que él pagaba.

En 2013, Glencore finalizó la adquisición del gigante minero Xstrata, en una de las fusiones corporativas más grandes de todos los tiempos en el sector de recursos naturales.

La compañía con sede en Suiza ha trabajado arduamente en restaurar su imagen. Ha fundado programas antimalaria en Zambia, patrocinado un barco a indígenas australianos para investigar sobre tortugas y ayudado a desparasitar vacas, alpacas y llamas en Perú.

Sin embargo, Glencore nunca se ha podido alejar de titulares negativos. En años recientes, sus empleados han protestado por presuntas condiciones de trabajo peligrosas y bajos salarios en Canadá, Australia, Burkina Faso, Namibia y Colombia.

Científicos australianos vincularon a la compañía minera con la contaminación del aire y la tierra que causó envenenamiento de plomo en niños. Después de acusaciones de evasión de impuestos en Zambia, el Banco de Desarrollo de la Unión Europea le suspendió en 2011 préstamos a su filial, propietaria de una mina de cobre en Zambia. En Filipinas en 2012 y 2013, fuerzas paramilitares mataron a tres aldeanos en medio de protestas contra la mina de cobre y oro de Glencore; y en 2017 en Argentina, una corte suspendió temporalmente las operaciones mineras de cobre y oro de la compañía, tras alegatos por contaminación. En todos los casos, Glencore ha negado las presuntas irregularidades.

PERO APPLEBY ESTÁ AHÍ

Durante todo este tiempo, Glencore ha escogido a Appleby como su bufete de abogados offshore por excelencia.

Appleby trabajó por muchos años para Marc Rich en sus asuntos de negocios, incluyendo bienes raíces, aún después de los cargos imputados en Estados Unidos en 1983. Cuando se dio a conocer la muerte de Rich, en junio de 2013, uno de los abogados más antiguos de Appleby envió un correo electrónico al abogado principal de Glencore: “En nombre de los socios y el personal de Appleby, le ruego acepte nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del señor Marc Rich. Un verdadero titán empresarial de nuestros tiempos”.

Por mucho tiempo, Glencore fue uno de los grandes clientes de Appleby, bufete que convirtió en 2016 gran parte de su negocio de gestión de patrimonio en una compañía independiente llamada Estera. En su conjunto, para el año 2014, el conglomerado Glencore, con su caballería de 107 compañías offshore, se convirtió en uno de los clientes más importantes del bufete.

Glencore trabajó con Appleby  en grandes proyectos con nombres en clave, como Project USA (cuando compró al operador de granos más grande de Canadá, en 2012), Project Great Game (un acuerdo comercial en Rusia) y los proyectos Ranger, Sunset, Everest y Pebble. Un empleado de Glencore le dijo a Appleby que la compañía no tenía un esquema completo que mostrara todas sus entidades en offshore “principalmente porque ocuparía toda una pared”.

Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

La “Sala Glencore”, que la oficina de Appleby en Bermudas puso a su disposición, le permitía al gigante de los commodities hacer creer que tenía una “robusta huella física” en las Islas Bermudas, según se lee en un correo electrónico de un gerente de Appleby en 2014.

Esa sala pudo haber ayudado a Glencore a despistar a cualquier recaudador fiscal curioso haciéndole creer que desde Bermudas se llevaban a cabo negocios verdaderos, explicaron expertos a ICIJ.

Glencore cuenta con 800 empleados en su sede suiza. No tenía ningún empleado en su filial financiera en las Bermudas, a excepción de un empleado de Appleby, quien se desempeñaba simultáneamente como director sustituto oficial, por un “número muy reducido de horas”. El contrato de ese empleado estaba diseñado para mantener al director por debajo de los requisitos que hubiera requerido el pago de impuestos sobre la renta y contribuciones de seguridad social, según se lee en una nota de un expediente preparado por Appleby en mayo de 2014.

Los archivos de Appleby también revelan preocupaciones sobre las exigencias que Glencore -una confiable fuente de ingresos- le hizo al bufete en Bermudas a través de los años.

Una vez en 2006, un abogado de Appleby dijo haberse negado a firmar un documento que declaraba que los préstamos de Glencore a sus sucursales por US$2.000 millones “beneficiarían a las compañías”, porque no había leído sus contenidos.

“Esto sí plantea la cuestión sobre nuestra responsabilidad como directores y cómo podemos desahogar asuntos a completa satisfacción tanto del cliente como de nosotros mismos, durante un plazo aceptable y bajo una remuneración razonable”, dijo el mismo abogado. “Ese debate riesgo-beneficio se ha convertido en el tema”.

Finalmente, el documento solicitado por Glencore fue firmado por el abogado de Appleby.

Solicitudes de Glencore de que empleados de Appleby cambiaran las fechas de documentos retroactivamente, desencadenaron puntos álgidos recurrentes, revelan los archivos de Appleby. Por ejemplo, el 6 de mayo de 2009, Glencore pidió a Appleby firmar una moción de aprobación de la junta cuya fecha era el 28 de abril del mismo año. Glencore se comportaba “de manera engañosa desde mi punto de vista”, dijo una administradora en Bermudas.

“Glencore ya volvió a sus andadas”, le escribió un abogado de Appleby a un colega en diciembre de 2013, quejándose de que Glencore estaba haciéndole firmar un documento atestiguando que una compañía había aprobado una decisión antes de haberlo hecho.

Glencore declinó hacer comentarios sobre sus prácticas de cambio de fecha a sus documentos. La compañía cumple con sus obligaciones tributarias, dijo a ICIJ. Appleby no contestó al detallado cuestionario enviado por ICIJ, pero publicó un comunicado de prensa que indica: “Somos una firma legal offshore que aconseja a clientes por vías legítimas y legales a conducir sus negocios. No toleramos comportamientos ilegales”.

En 2014 ambas partes acordaron, finalmente, no fechar más los documentos retroactivamente. Así se lee en las notas de una reunión en Zúrich que duró 90 minutos.

MISERIA Y SUPERVIVENCIA

Lejos de Suiza y lejos también de la sala especial con la que el conglomerado cuenta en Bermudas, los congoleños que viven y trabajan cerca de las minas tienen su propia opinión sobre las operaciones de Glencore, las que les atañen directamente.

Leonie Kamanda, una supervisora del parque nacional en Kisenda, un pueblo cercano a las operaciones de cobre de Katanga Mining Ltd., ha atestiguado por años de cómo la vegetación del parque se torna amarilla, como resultado del escurrimiento del mineral de las excavaciones de cobre y cobalto que operan dentro y alrededor del parque. Leonie Kamanda trabaja dentro de una reserva protegida de caza en donde conviven hipopótamos, simios, búfalos y operaciones mineras controladas por diversas corporaciones.

Katanga, República Democrática del Congo (Fuente: bbc.com)

Katanga, República Democrática del Congo (Fuente: bbc.com)

Las compañías mineras no respetan el medio ambiente, dijo Kamanda, y la deforestación es abundante. Glencore dice que sus políticas y prácticas ambientales cumplen y exceden los estándares de la industria a nivel internacional.

A pesar de ser la región mineral más rica de la República Democrática del Congo, entre el 60% y el 70% de los habitantes de la región que alberga las operaciones de Glencore, viven en la pobreza. Pasaron al menos diez años para que los pueblos cercanos a la mina tuvieran agua corriente, dijo Christian Sapu Kankonade, un activista de derechos humanos. “La población se encuentra a merced de sus propios medios para sobrevivir”.

-Nosotros somos los que estamos en el terreno. Cuando visitas el pueblo, puedes prácticamente leer la miseria en la cara de la gente -reclama Daudet Kitwa Kalume, un abogado de derechos humanos en Kolwezi, la localidad más grande cercana a la alianza estratégica minera de Katanga.

Traducción al español realizada por Univision Noticias para el resto de socios de ICIJ.

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